CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 348
COMISION DE DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. AGUSTIN DIAZ DE MERA
Y GARCIA CONSUEGRA
celebrada el lunes, 26 de octubre de 1998
ORDEN DEL DIA:
Contestación del Gobierno a las siguientes preguntas:
--De don Gabriel Elorriaga Fernández (GPP), sobre el número de submarinos
de la clase «scorpene» que podrían construirse para sustituir, a partir
del año 2006, a los actuales, así como las cualidades de los mismos
(681/000969).
--De doña María Jesús Castro Mateos (GPS):
* Sobre el número de trabajadores que se verán afectados por la
profesionalización de las Fuerzas Armadas en lo que se refiere a la
reducción del personal civil (681/001132).
* Sobre la ubicación prevista por el Ministerio de Defensa para los
polvorines de Fadricas, actualmente en San Fernando (Cádiz) (681/001133).
* Sobre la partida presupuestaria contemplada para el inicio de las
obras de adecuación de los nuevos emplazamientos de los polvorines de
Fadricas, actualmente en San Fernando (Cádiz), con indicación de la fecha
prevista a este fin (681/001134).
--De don Gabriel Elorriaga Fernández (GPP), sobre la fase en la que se
encuentran los trabajos de la Comisión de Estudios de la Armada (COMESAR)
para proponer los cambios de estructura y organización derivados de la
plena profesionalización de las Fuerzas Armadas y la integración en la
nueva estructura militar de la Alianza Atlántica (OTAN) (681/001165).
--De doña María Jesús Castro Mateos (GPS), sobre la fase en que se
encuentra el proyecto que está elaborando la Dirección General de
Armamentos y Construcción para recuperar la totalidad de la playa de
Camposoto, en San Fernando (Cádiz), y su uso para prácticas de tiro sin
ninguna restricción durante todo el año (681/001172).
--De don Guillermo Varela Flores (GPS), sobre las razones por las que
España no participará con fuerzas de la Guardia Civil, en la unidad
especial que va a crear la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) para el mantenimiento del orden público en Bosnia-Herzegovina
(681/001173).
--De don Ignacio Díez González (GPS), sobre las previsiones del Gobierno
para acometer la construcción de un cementerio militar de carácter
nacional en la Academia de Infantería de Toledo o en otro lugar dentro
del territorio español (681/001174).
--De doña María Jesús Castro Mateos (GPS), sobre si la afectación del
hospital militar de San Carlos, en San Fernando (Cádiz), a la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), tiene como
consecuencia no poder firmar el Convenio que actualmente se está
negociando con el Servicio Andaluz de Salud para el uso, por parte de la
población civil, de determinadas prestaciones desde dicho hospital
(681/001186).
--De don Arturo González López (GPS), sobre la valoración del Gobierno en
relación con el expediente disciplinario abierto a un suboficial de la
Academia de Artillería de Segovia, por hechos acaecidos en la
organización de un baile con ocasión del día de la Patrona del Arma
(681/001177).
Se abre la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
Ruego al señor Letrado que compruebe la asistencia delos señores
Senadores.
Por el señor Letrado se procede a la comprobación de las señoras y los
señores Senadores presentes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En primer lugar, pido autorización a sus señorías para aprobar el acta
del día 30 de septiembre. ¿Hay algún inconveniente para ello? (Pausa.)
Muchas gracias.
Como siempre, damos la bienvenida a esta Casa al señor Secretario de
Estado, quien va a contestar las preguntas incluidas en el orden del día
de hoy. Pero antes de comenzar, me gustaría saber si existe alguna
objeción para acumular las preguntas de la Senadora Castro Mateos números
681/001133 y 681/001134, ambas referidas a los polvorines de Fadricas.
Señora Castro Mateos, ¿tiene algún inconveniente en que se acumulen
dichas preguntas?
La señora CASTRO MATEOS: Ninguno, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, así queda establecido.
Muchas gracias.
CONTESTACION DEL GOBIERNO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--DE DON GABRIEL ELORRIAGA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
SOBRE EL NUMERO DE SUBMARINOS DE LA CLASE «SCORPENE» QUE PODRIAN
CONSTRUIRSE PARA SUSTITUIR, A PARTIR DEL AÑO 2006, A LOS ACTUALES, ASI
COMO LAS CUALIDADES DE LOS MISMOS (681/000969).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos, pues, el orden del día. Contestación del
Gobierno a las siguientes preguntas. En primer lugar, de don Gabriel
Elorriaga, del Grupo Popular, sobre el número de submarinos de la clase
«scorpene» que podrían construirse para sustituir, a partir del año 2006,
a los actuales, así como las cualidades de los mismos.
Para formular la pregunta en cuestión, tiene la palabra el Senador
Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, aunque la pregunta enunciada por el señor
Presidente está clara por sí misma, me gustaría que precisara un poco más
este tema.
Sabemos que existe el proyecto de dotar a la fuerza submarina española de
este tipo de submarinos, y como se supone que los mismos tendrán más días
de posible permanencia en la mar, más capacidad armamentística, u otras
cualidades que hagan que uno de su clase sea superior a los que
actualmente están en servicio, el motivo de mi pregunta es saber si será
necesario sustituir tantos submarinos como el número que en estos
momentos compone la fuerza submarina española --que cuenta con ocho
unidades, aunque no sé si todas ellas son operativas-- o si con un número
menor se pueden cumplir los objetivos que lleva a cabo la actual
flotilla. Es decir, me gustaría conocer en qué
términos está estudiado ese relevo, el número de submarinos que va a
haber, y las razones que existen para ello; por ejemplo, la mayor
posibilidad de permanencia en la mar, su potencia destructiva, etcétera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señorías.
He creído entender que la pregunta incluye dos partes: Una, referida a
las condiciones técnicas de los nuevos submarinos, y otra, consecuencia
de la definición de estas condiciones, relativa al número de submarinos
que, por fin, será el que tenga la flota de estos sistemas de armas en
España en el futuro.
El Ministerio de Defensa informó el pasado 6 de mayo ante el Pleno de la
Cámara que se había abierto el proceso de obtención de los nuevos
submarinos de la serie S-80, en el que ya están trabajando el Ministerio
de Defensa y la Empresa Nacional.
Este programa está encaminado a sustituir a los de la serie 60, «delfín»,
construidos en el período 1965-1975, que se darán de baja
progresivamente, y siempre según se vayan adquiriendo los siguientes, a
partir del año que viene.
Las características del nuevo submarino en lo que se llama buque básico,
es decir, las líneas del buque y la submotorización, son en principio las
que corresponden al sistema hispano-francés «scorpene», desarrollado,
como sus señorías saben, por la Empresa Nacional Bazán y por la Dirección
General de Construcciones Navales de Francia.
No obstante, se habrán de tener en cuenta en la nueva modalidad del
submarino español nuestras necesidades, es decir, los requisitos
operativos, deducidos de las específicas amenazas de las zonas de
actuación y de las misiones que ha establecido el Estado Mayor de la
Armada, así como los modos de operar concretos de nuestra arma submarina.
En el período de noviembre de 1997 a septiembre de 1998 el Estado Mayor
de la Armada llevó a cabo la fase conceptual del programa S-80, en
colaboración con la Empresa Nacional Bazán. Se han efectuado los estudios
de previabilidad y viabilidad basados en el proyecto franco-español, que
he citado, y se han adoptado los requisitos de éste a la Armada, los
cuales, a la vez que evaluados, han sido modificados a lo largo del
anteproyecto, sobre todo por la nueva definición de necesidades y también
pensando en el número de submarinos que al final conformarán la flota
española.
El resultado se ha plasmado en el documento «Requisitos operativo del
S-80», que aprobó el Almirante Jefe del Estado Mayor el 2 de octubre del
presente año en Junta de Estado Mayor. Cabe destacar su cuota de
inmersión, su capacidad para lanzar armas, tubos lanzatorpedos activos y
el alto grado de automatización, salvo en aquello que pueda afectar a la
seguridad en la inmersión.
Este nuevo submarino español cuenta además con un mamparo estanco que
permitirá dividir en caso de accidente el submarino en dos zonas de
escape, con las escotillas correspondientes separadas, en donde podría
acoplarse además un vehículo de salvamento. El motor de propulsión y la
mayoría de los motores eléctricos de a bordo serán de corriente alterna,
lo cual supone una diferencia notable con respecto a los submarinos
clásicos actuales, un menor mantenimiento y una mayor seguridad.
Asimismo, se ha aumentado notablemente la capacidad de las baterías que,
como saben sus señorías, alimentan a la motorización del submarino en
inmersión. El submarino está preparado para recibir un sistema de
propulsión independiente del aire, en el caso de que la evaluación
actualmente en desarrollo resultase positiva en el futuro. Tendrá un
coeficiente de discreción que no tiene en estos momentos ningún submarino
con desplazamiento y dimensiones parecidas.
Aprobados los requisitos por el Almirante Jefe de Estado Mayor, por el
Estado de la Armada, se iniciará en breve el proyecto de definición del
contrato que consiste en materializar las características, someramente
esbozadas, en planos y especificaciones técnicas que permitan construir
el buque.
Se contratará la fase de definición del proyecto con la Empresa Nacional
Bazán, con cargo a fondos de I+D, para lo que ya hay previstos 400
millones de pesetas para el año 1999 y 600 millones de pesetas para el
año 2000. Al final de este año, si las cosas marchan bien y tenemos
recursos presupuestarios suficientes, podríamos empezar la construcción.
En cuanto al número de submarinos, por el que preguntaba su señoría,
dependerá también de las posibilidades de financiación. Desde el punto de
vista actual, la capacidad de los nuevos submarinos podría sustituir cada
uno de ellos a dos de la serie «delfín» que actualmente tenemos. Sin
embargo, las series deberían de hacerse de dos en dos, sin que Defensa
renuncie a la segunda serie de dos submarinos. Por tanto, habría dos
submarinos en la primera serie y dos en la segunda, pero en series
separadas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra el Senador Elorriaga Fernández.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Secretario de Estado,
por la precisión de la respuesta. Parece bastante claro que dentro de la
flexibilidad que puedan provocar las distintas circunstancias en los años
en que se va a desarrollar el programa, la flota submarina en principio
quedaría reducida a la mitad de unidades, es decir, cuatro en lugar de
ocho, lo cual demuestra la capacidad operativa de estos submarinos, que
es mucho mayor que la de los actuales, así como sus menores costes de
mantenimiento, su mayor radio de acción, etcétera.
La cifra nos parece razonable, dada la potencia de estos submarinos,
aunque quizás hay también factores como son la disponibilidad del número
de unidades en todo caso, con más o menos potencia y tiempo. Dado que
siempre habrá
problemas de mantenimiento, problemas de carena, etcétera, es decir,
todos los que tienen los submarinos, quizá la cifra de cuatro se quede un
poco corta como plan. Es un tema a reflexionar.
Muchas gracias por su información.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señoría.
Me gustaría hacer una precisión. En estos momentos tenemos una serie de
cuatro y una serie de cuatro. Yo lo que he dicho es que la nueva serie
del submarino «scorpene» sería de seis o de ocho. Es decir, una cosa es
que vayamos a sustituir los cuatro «delfines» por dos «scorpenes» en la
primera parte de la serie de los «scorpenes», quedando los segundos, los
«agosta» y los nuevos «scorpene» y otra cosa es que, al final, la segunda
serie de los que actualmente tenemos sólo podamos sustituirlos por los
cuatro que tenemos, por las razones que apuntaba su señoría.
Así pues, seis serían los mínimos que necesitaríamos --dos de la serie
nueva y cuatro de la antigua-- y, en el caso de que se fuesen a sustituir
los cuatro de la segunda serie en la primera fase, probablemente
deberíamos hacerlo por cuatro más o, por lo menos, por cinco y, en ningún
caso, podrían quedar en cuatro.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DOÑA MARIA JESUS CASTRO MATEOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE EL NUMERO DE TRABAJADORES QUE SE VERAN AFECTADOS POR LA
PROFESIONALIZACION DE LAS FUERZAS ARMADAS, EN LO QUE SE REFIERE A LA
REDUCCION DEL PERSONAL CIVIL (681/001132).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de la Senadora María Jesús
Castro Mateos, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el número de
trabajadores que se verán afectados por la profesionalización de las
Fuerzas Armadas, en lo que se refiere a la reducción del personal civil.
Tiene la palabra su señoría para formular la pregunta.
La señora CASTRO MATEOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, señorías, la preocupación primera que yo
traigo esta tarde a esta Comisión es la que me transmite el personal
civil al servicio de la Administración Militar sobre su situación futura
y la reducción de puestos de trabajo que se está produciendo en el
Ministerio de Defensa.
Desde el año 1997 hasta ahora los puestos de trabajo se reducen en dicho
Ministerio y al personal civil le gustaría saber si la profesionalización
del Ejército va a traer como consecuencia una reducción importante del
personal que trabaja al servicio de la Administración Militar.
Por tanto, mi pregunta se concreta en el número de trabajadores a los que
va a afectar la profesionalización de las Fuerzas Armadas, si se va a
reducir el personal civil y qué especialidades que actualmente cubre el
personal laboral y funcionario van a ser sustituidas por personal
militar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Castro.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoría.
En la formulación de su pregunta relativa a las especialidades
actualmente cubiertas por el personal laboral y por el funcionario en el
Ministerio de la Defensa, he creído entender que decía: van a ser
sustituidas y, sin embargo, en la pregunta escrita figura asumidas.
El señor PRESIDENTE: ¿Puede aclararlo, señoría?
La señora CASTRO MATEOS: Realmente existen las dos preocupaciones. Pero,
como en mi pregunta escrita consta especialidades, si el señor Secretario
de Estado de la Defensa no tiene respuesta para el otro tema, le ruego me
conteste a la formulada por escrito, que se refiere a qué especialidades
existen, porque había algunas que estaban siendo realizadas por el
personal civil y ahora mismo están sustituyéndose por profesionales de
las Fuerzas Armadas. Por tanto, si puede hacerlo, contésteme a las dos
preguntas; si no, hágalo a la escrita.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señoría. Queda aclarado el tenor de la pregunta.
No es la primera vez que comparece este Secretario de Estado ante esta
Comisión para explicar que la profesionalización de las Fuerzas Armadas,
y por consiguiente la reducción del número de personal militar, llevará
consigo un incremento o, por lo menos, el mantenimiento del nivel de
utilización de personal civil laboral en todo lo que es el proceso de la
defensa en España.
Es una razón puramente lógica e, independientemente de que haya una
redefinición de las tareas encomendadas a la defensa y de que las tareas
que la defensa, vía el presupuesto de defensa, tenga que llevar a cabo,
me parece que es evidente. Además, comparativamente con otros sistemas de
defensa en el mundo, es notorio que la utilización de personal civil en
los ministerios de Defensa es cada vez
mayor en aquellos que han decidido proceder a la profesionalización de
las Fuerzas Armadas.
Sus señorías conocen también que el objetivo fundamental del proceso de
profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas es garantizar
su eficacia y operatividad. Para ello, tenemos que redefinir,
fundamentalmente, las tareas y quién las va a llevar a cabo, teniendo en
cuenta la vinculación directa del personal militar de las Fuerzas Armadas
con las tareas que podríamos llamar esencialmente operativas y
específicas de estos militares.
Para establecer la fórmula y los plazos para alcanzar la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas se ha constituido la Comisión
Mixta no permanente del Congreso de los Diputados y del Senado. En el
dictamen de esta Comisión, aprobado por el Pleno del Congreso de los
Diputados el 28 de mayo y por el Senado el 9 de junio, se han determinado
los principios generales del nuevo modelo de Fuerzas Armadas
profesionales, entre los que se recogen el número máximo de efectivos,
los rasgos básicos de los compromisos y la formación de los militares
profesionales de tropa y marinería, así como el período transitorio
adecuado para su implantación de forma que no se vea reducido el nivel
operativo de los ejércitos.
Por tanto, es necesario que el Ministerio de Defensa busque las
soluciones en las que se compagine el número de efectivos con su calidad
y preparación. Esta necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas con un
elevado nivel de preparación y un alto grado de disponibilidad, aconseja
que la totalidad de sus componentes sean profesionales.
La decisión de profesionalizar las Fuerzas Armadas lleva aparejada no
sólo el aumento de efectivos profesionales de tropa y marinería en
relación con el actual modelo mixto, en el que los militares de reemplazo
son el componente esencial, sino también un cambio cualitativo en las
misiones que éstos realizan. El cambio cualitativo implica que el militar
profesional deberá desarrollar prioritariamente trabajos específicamente
militares. Para conseguir esta operatividad es necesario disponer de
hombres y mujeres que cuenten con la especialización oportuna y
suficiente para manejar unos medios puestos a disposición de las Fuerzas
Armadas que cada día son más complejos técnicamente lo cual invalida
emplear a este personal en cometidos distintos a los estrictamente
militares.
Por otra parte, se considera adecuado en el futuro Ejército profesional
el volumen de efectivos de personal civil, laboral y funcionario, que,
actualmente, presta servicio en nuestro Departamento, teniendo en cuenta
la ratio personal civil-personal militar de otros ejércitos profesionales
en países de nuestro entorno, si bien, previsiblemente, será necesario
llevar a cabo una reordenación de este personal en función de las tareas
que tenga que desempeñar, formación necesaria, etcétera.
Con esta finalidad, en la Subsecretaría de Defensa se realiza en estos
momentos un estudio sobre las plantillas de personal civil de los
distintos ejércitos y, en su día, se llevarán a cabo las adaptaciones
oportunas de este personal a las necesidades que se definan como
consecuencia del proceso de profesionalización y de la dedicación del
personal militar a las tareas esencialmente operativas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra la Senadora Castro.
La señora CASTRO MATEOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Lo que afirma el señor Secretario de Estado en esta Comisión, y ha
mantenido en otras ocasiones, es que no sólo no se va a reducir sino que
se puede incrementar el personal civil al servicio de la Administración
Militar. Pero los datos que esta Senadora tiene en estos momentos dicen
que en el año 1997, en un informe emitido de común acuerdo entre los
ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas, se
acuerda la supresión de 2.321 puestos de trabajo de personal laboral,
aparte de la eliminación que se produjo, también en ese año, de 1.800
funcionarios que, aun siendo funcionarios, se considera personal civil al
servicio de la Administración Militar, con lo cual el catálogo de puestos
de trabajo del Ministerio de Defensa pasa de 36.668 en 1993, a 34.275 que
se contemplan a final del año 1997.
No se queda ahí el tema. Parece ser que todos aquellos puestos de trabajo
que se están desarrollando por personal que por motivos como jubilación,
etcétera, dejan de hacerlo, desaparecen del cuadro numérico o de la RPT,
como le queramos llamar. Por ello, no me coinciden los datos que obran en
mi poder con los que el señor Secretario de Estado ofrece en esta
Comisión. Me gustaría que se aclarase este asunto.
Hay un planteamiento que no compartimos. Pensamos que las plantillas
objetivo o las plantillas tipo de los cuarteles generales, del órgano
central o de los organismos autónomos tendrían que estar definidas
--aunque dice que la Subsecretaría de Estado las está confeccionando-- y
después, basado en las plantillas realmente necesarias se hiciera la
reducción de puestos de trabajo y no a la inversa: se reducen los puestos
de trabajo sin tener en cuenta cuáles van a ser las plantillas tipo o las
plantillas objetivo necesarias para los cuarteles generales, organismos
autónomos, etcétera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Castro.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoría.
Del año 1994 al año 1995 se redujeron los puestos de trabajo del personal
civil en el Ministerio de Defensa. Del año 1995 al año 1996 se produjo,
asimismo, una reducción de dichos puestos de trabajo. Quiere decirse que
esta reducción viene siendo habitual en los últimos años, no dispongo de
los datos anteriores, pero supongo que por lo que
decía su señoría es evidente que dichos puestos se han reducido también.
Yo lo que he dicho es que en estos momentos puede haber una reducción
coyuntural de los puestos de trabajo que se han amortizado en el
Ministerio de Defensa, y precisamente lo que tiene que haber --que es lo
que estamos haciendo-- es lo que reclama su señoría: no esperar a reducir
unos puestos de trabajo o a amortizarlos, sino establecer cuáles son
aquellos ámbitos en los que se van a necesitar más empleados civiles,
dentro del Ministerio de Defensa, sujetos a un plan que podrá definirse
una vez que conozcamos con exactitud cuál es el modelo exacto que podamos
tener de fuerzas armadas profesionales; es decir, cuál será el total
máximo de los soldados profesionales con los que podremos contar y cuál
será, en consecuencia, el número de tareas que estos soldados
profesionales deberán realizar; cuáles son las capacidades que
desarrollan en estos momentos los militares que tenemos ahora y cuáles
podrán ser aquellas que tengan que ser excluidas de su actividad o de su
responsabilidad para ser desempeñadas por personal laboral.
Tratar de unir un criterio coyuntural de gestión de un año o dos años con
un criterio estructural de las Fuerzas Armadas, que va mucho más allá de
lo que pueda ser el año 1996 y el 1997, en el que se definirán aquellas
tareas que tengan que realizarse por el personal civil, creo que es un
elemento comparativo que distorsiona la realidad del proceso en el que
estamos involucrados, que no es otro que la redefinición estructural de
las Fuerzas Armadas.
¿Cuál será el número de sus componentes? ¿Cuáles serán sus tareas? Es por
ahora prematuro adelantarlo, y ya le digo, señoría, que el proceso de
disminución viene de largo. Es un proceso de unas magnitudes que no son
significativas a la hora de establecer una tendencia, sino todo lo
contrario, y por tanto no creo que se pueda deducir de este proceso de
reducción que las Fuerzas Armadas del futuro vayan a tener menos personal
civil, sino que puede deducirse que podrá ser el mismo con otras
cualificaciones, una vez definidas estas tareas, o incluso aumentarse si
se decide que Defensa deba de hacer frente con su propio presupuesto a
tareas que hoy tiene encomendadas o a otras que, no teniéndolas hoy,
pueda tenerlas en un próximo futuro, porque así se decida por el Gobierno
en pleno. Por otra parte, debo decir que es el propio Gobierno el que al
final tendrá que definir quién, qué cantidad de personal y qué tareas se
desarrollarán internamente en Defensa o cuáles no.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DOÑA MARIA JESUS CASTRO MATEOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA:
ÑSOBRE LA UBICACION PREVISTA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA LOS
POLVORINES DE FADRICAS, ACTUALMENTE EN SAN FERNANDO (CADIZ) (681/001133).
ÑSOBRE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA CONTEMPLADA PARA EL INICIO DE LAS OBRAS
DE ADECUACION DE LOS NUEVOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS POLVORINES DE FADRICAS,
ACTUALMENTE UBICADOS EN SAN FERNANDO (CADIZ), CON INDICACION DE LA FECHA
PREVISTA A ESTE FIN (681/001134).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas de la Senadora Castro
Mateos, relativas a la ubicación prevista por el Ministerio de Defensa
para los polvorines de Fadricas, actualmente en San Fernando, y a la
partida presupuestaria contemplada para el inicio de las obras de
adecuación de los nuevos emplazamientos.
Para formular las preguntas en cuestión, tiene la palabra la Senadora
Castro Mateos.
La señora CASTRO MATEOS: Muchas gracias, señor Presidente.
En esta Comisión de Defensa aprobamos el día 6 de marzo de 1997 una
moción por la que se daba conformidad al traslado de los polvorines de
Fadricas, ubicados en la localidad de San Fernando. Haciendo un
seguimiento del tema, vemos cómo en un Boletín del Senado, de fecha 3 de
octubre de 1997, se dice que se encuentra en estudio el traslado de los
polvorines y que está previsto que se inicie el desalojo de los mismos en
enero de 1998.
Ha salido en prensa, y se ha mencionado igualmente en alguna
comparecencia, que el señor Secretario de Estado ha manifestado en el
Congreso de los Diputados que los polvorines se iban a trasladar a las
ciudades de Rota y Barbate, en concreto al Retín. Esto produjo un gran
problema y al final se desistió de la ubicación en Barbate. No se ha
dicho oficialmente, que yo sepa, que no se van a trasladar a Rota, y
tampoco se ha comunicado oficialmente, por lo que yo he averiguado, al
Ayuntamiento de Rota que una vez consultado dice no saber nada de forma
oficial sobre el posible traslado de los polvorines a la base. Está claro
que debido a los problemas de ubicación surgidos con este tema, no se han
iniciado las obras a principios de 1998, como estaba previsto, o al menos
yo no tengo conocimiento de ello, lo que está retrasando el proyecto que
había de traslado de los polvorines en una fecha concreta.
Mi pregunta en este sentido es si se me puede contestar cuál va a ser la
ubicación que los polvorines van a tener definitivamente y si se sabe
dónde, así como cuándo se va a iniciar el traslado de los mismos. Además
habíamos incluido también la siguiente pregunta, relacionada con el mismo
tema, que es relativa a qué partida presupuestaria se contempla para el
inicio de las obras de adecuación de los nuevos polvorines.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Senadora.
Tiene la palabra, señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente.
La Comisión de Defensa del Senado, como decía su señoría, en su reunión
del día 6 de marzo de 1997, aprobó una moción por la que se instaba al
Ministerio de Defensa a iniciar los trámites para trasladar los
polvorines de Fadricas a otro lugar que se adecuara a las necesidades de
la Armada. A tal fin, se consideraron distintos emplazamientos, entre
ellos los de Rota y el Rancho de la Bola. En el campo de adiestramiento
de la sierra del Retín nunca se ha pretendido instalar un polvorín
militar, sino un depósito para almacenar parte de la munición depositada
en los polvorines de Fadricas, o sea, simplemente disponer de un lugar de
reducidas dimensiones donde guardar munición que fuera a ser consumida en
los ejercicios de tiro, con un contenido realmente específico. Analizadas
y estudiadas todas las ventajas e inconvenientes: racionalización de los
gastos, coste económico e incidencia medioambiental y social del entorno,
se ha tomado la decisión de situar también este depósito de Rota. Esta
decisión viene igualmente favorecida por el hecho de que los gastos de
infraestructura en Rota ya están hechos.
Los datos económicos y plazos de traslado de los polvorines de Fadricas y
del Retín son los siguientes. El presupuesto inicial era de 912.253.951
pesetas, resultando adjudicado por un importe total de 498.363.767
pesetas, lo que significa una baja en el proceso de adjudicación de
413.899.164 pesetas.
La fecha de aprobación de autorización para contratar fue el 25 de marzo
de 1998, y el plazo del proyecto es de 16 meses. Las obras han comenzado
ya el 10 de septiembre de 1998 y tienen prevista su finalización el 31 de
diciembre de 1999. La empresa adjudicataria fue Fomento de Construcciones
y Contratas, y en el año 2000, ya finalizado el traslado se declararán
los polvorines de Fadricas como de no interés para la defensa, paso
previo a su total puesta a disposición de la Gerencia de Infraestructuras
para su gestión y, en su caso, enajenación. La basa naval de Rota será el
destino último de toda la munición almacenada hoy en día en Fadricas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra, Senadora Castro Mateos.
La señora CASTRO MATEOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, una de las preguntas concretas era el destino
definitivo de los polvorines, y he creído entender, cuando dice que
también este depósito que se iba a instalar en Barbate va a ir a Rota,
que el total de los polvorines, aunque oficialmente no se había
concretado el sitio, van a instalarse en la base de Rota, y que las obras
han comenzado en el mes de septiembre. De ser así, me gustaría que me lo
confirmara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente.
Tengo que discrepar de su señoría respecto a que no se había hecho
oficial. Ha habido un proceso de contratación y de licitación pública,
publicada en los edictos que tiene que llevar a cabo, por imperativo
legal, el Ministerio de Defensa. El hecho de que el polvorín de Fadricas
vaya a trasladarse a Rota, con la pequeñísima excepción de un depósito de
munición para armas ligeras que iba a establecerse en el Retín, se debe a
razones de pura utilidad más que de tipo estratégico o táctico.
En primer lugar, este hecho era conocido; en segundo lugar, era oficial,
porque se había contratado por vía oficial, y, en tercer lugar, llevarse
los polvorines a Rota es una decisión sensata, teniendo en cuenta la
disposición de la Bahía de Cádiz y, sobre todo la del polvorín de
Fadricas en San Fernando, que no podía estar situado en las cercanías de
la ciudad, como estaba en esos momentos, y así lo había manifestado esta
Comisión a su debido tiempo.
El tema del pequeño depósito del Retín, en relación con el polvorín de
Fadricas y el polvorín de Rota, es algo tan nimio que no tiene ninguna
capacidad de adjetivar la decisión que hemos tomado.
En cualquier caso, me gustaría señalar que ha sido el Gobierno actual el
que ha puesto en marcha, ha desarrollado, ha financiado y va a hacer que
el polvorín de Fadricas, con todos los problemas que tenía y que eran
patentes desde hace muchos años, se traslade a la base de Rota, donde
está su lugar natural.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DON GABRIEL ELORRIAGA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
SOBRE LA FASE EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS DE LA COMISION DE
ESTUDIOS DE LA ARMADA (COMESAR) PARA PROPONER LOS CAMBIOS DE ESTRUCTURA Y
ORGANIZACION DERIVADOS DE LA PLENA PROFESIONALIZACION DE LAS FUERZAS
ARMADAS Y LA INTEGRACION EN LA NUEVA ESTRUCTURA MILITAR DE LA ALIANZA
ATLANTICA (OTAN) (681/001165).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Elorriaga Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre la fase en la que se encuentran los trabajos
de la Comisión de Estudios de la Armada (COMESAR) para proponer los
cambios de estructura y organización derivados de la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas y la integración en la nueva
estructura militar de la Alianza Atlántica.
Tiene la palabra el Senador Elorriaga, para formular la pregunta.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
No parece necesario ser repetitivo, dada la enumeración que el señor
Presidente hace de las preguntas. Está claro su contenido. Se basa en las
noticias que tuvimos los miembros de esta Comisión en su momento sobre la
creación de una comisión «ad hoc» en el Cuartel General de la Armada, a
efectos de preparar estos objetivos.
Nos gustaría saber en qué situación se encuentran estos estudios, dado
que el proceso de integración en la estructura militar integrada de la
OTAN, los avances del establecimiento de un cuartel general regional en
España, etcétera, siguen su calendario, y suponemos, por tanto, que estos
estudios irán en un grado avanzado de elaboración. Esa es la pregunta,
señor Secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Elorriaga.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente; gracias, señoría.
Efectivamente, en septiembre de 1997 se constituyó en el Estado Mayor de
la Armada una comisión de estudios con el objeto de proponer las
modificaciones a la organización de la estructura de la Armada necesarias
para posibilitar el logro óptimo de los objetivos que este Ejército tiene
encomendados, teniendo en cuenta, especialmente, la plena
profesionalización, la integración en la nueva estructura militar de la
OTAN y la nueva estructura del mando operativo de nuestras Fuerzas
Armadas.
Desde su creación, la Comisión ha trabajado en los cinco campos que
constituyen actualmente el soporte de una organización: la estructura,
las personas, el entorno, los procesos de trabajo y la tecnología,
señalando los criterios a aplicar en la Armada respecto a ellos.
Se ha trabajado así en el establecimiento de los objetivos de la
organización en el nuevo entorno y en la definición de los principios
orgánicos que deben regirlo, ambos elementos imprescindibles para el
correcto funcionamiento de una institución de la complejidad de la
Armada.
Los trabajos se han visto directamente influidos por los que ha llevado a
cabo la Comisión Mixta Congreso-Senado para establecer la fórmula y
plazos para alcanzar la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas,
dada sobre todo la trascendencia que el nuevo modelo tendrá en la
organización de este ejército.
Actualmente, está en estudio la definición de la nueva estructura
resultante de la aplicación de los criterios citados, que he establecido
antes y, sobre todo, de los efectivos disponibles, una vez se defina la
estructura del nuevo Ejército profesional.
Con independencia del número de personas que en el futuro constituirán la
Armada, existen una serie de aspectos de la organización que pueden ser
afrontados, ya hoy, a la luz de los criterios definidos. En este sentido,
el pasado mes de mayo se iniciaron por parte de la COMESAR los trabajos
necesarios para modificar la estructura y formas de trabajo de la
Jefatura de personal de la Armada, mediante la aplicación de las técnicas
de reingeniería de procesos, que son además las que se aplicarán en todas
las actividades del cambio orgánico que en estos momentos estamos
estableciendo.
Los trabajos de reingeniería de procesos iniciados en la Jefatura de
personal están encaminados a guardar aspectos tales como la captación, la
motivación, el liderazgo, la comunicación y el seguimiento del personal,
la mejora en su gestión y el uso generalizado de la tecnología y la
racionalización de los centros docentes.
Esta es la situación en el momento en el que informo a sus señorías de
este aspecto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra el Senador Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente; gracias
señor Secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Elorriaga.
--DE DOÑA MARIA JESUS CASTRO MATEOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA FASE EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO QUE ESTA ELABORANDO LA
DIRECCION GENERAL DE ARMAMENTOS Y CONSTRUCCION PARA RECUPERAR LA
TOTALIDAD DE LA PLAYA DE CAMPOSOTO EN SAN FERNANDO (CADIZ), Y SU USO PARA
PRACTICAS DE TIRO SIN NINGUNA RESTRICCION DURANTE TODO EL AÑO
(681/001172).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora Castro Mateos, sobre la fase
en que se encuentra el proyecto que está elaborando la Dirección General
de Armamento y Construcción, para recuperar la totalidad de la playa de
Camposoto, en San Fernando, y su uso para prácticas de tiro sin ninguna
restricción durante todo el año.
Tiene la palabra su señoría, para formular la pregunta en cuestión.
La señora CASTRO MATEOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Entramos a debatir un tema conocido por todos los miembros de esta
Comisión, puesto que ya ha venido varias veces a ella. A mí me hubiera
gustado no tenerlo que traer una vez más aquí, principalmente porque
sería señal de que ya estaba solucionado, pero, por algunas
circunstancias, no es así.
El 30 de junio de 1997, en esta Comisión, el señor Secretario de Estado,
señor Morenés, en contestación a una pregunta de esta Senadora, decía que
la línea de tiro se iba a desviar en breve, y daba una fecha para el
inicio del desvío de la misma: octubre de 1997. Aparte del debate que
habíamos mantenido sobre el tema, lo importante es que las fechas ya
estaban decididas, y ya se sabía cuándo se iba
a lograr iniciar el desvío de la línea de tiro. Yo me alegré de que el
señor Secretario de Estado confirmase que las obras se iban a iniciar en
cuanto concluyese el verano de 1997, pero ha pasado el verano de 1998 y
el tema está sin solucionar.
Esta Senadora sabe los problemas que han surgido con el tema, de ahí que
vuelva a preguntar esta tarde por ello. Sabemos que existe un proyecto de
una isla de tiro con la que se pensaba desviar la servidumbre que
actualmente tiene la playa. En cumplimiento de la normativa vigente, se
solicitaron informes a todas las instituciones afectadas, y como
consecuencia de sus múltiples objeciones y de la protesta social que este
proyecto suscitó, finalmente, el Gobierno ha desistido de realizarlo.
Esto, además se me contestó a mí en una pregunta escrita que tengo aquí.
Parece ser que se sigue pensando que la línea de tiro hay que desviarla,
y se están planteando otros proyectos alternativos. En ese sentido, mi
pregunta sería en qué fase está ahora mismo el proyecto que se está
elaborando por parte de la Dirección General de Armamento y Construcción
para recuperar la totalidad de la playa de Camposoto en San Fernando y
liberarla de las prácticas de tiro que la afectan actualmente y de esta
forma poder utilizarla sin ninguna restricción durante todo el año.
También había una pregunta sobre si además de las prácticas de tiro que
se realizaban actualmente, se iba a añadir alguna otra que se estuviese
haciendo en otro lugar y, si era así, en qué lugar se estaba haciendo
antes de su traslado a la ciudad de San Fernando.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente.
Gracias, señoría. Creo que su pregunta tiene bastantes facetas y trataré
de contestar a todas ellas.
Conoce su señoría que el 15 de noviembre del año 1994 se suscribió un
acuerdo de dos años de vigencia entre el Ministerio de Defensa y el
Ayuntamiento de San Fernando por el que se hacían compatibles --o
incompatibles, como se quiera leer-- en determinadas épocas del año las
actividades propias de los polígonos de experiencias Costilla y González
Hontoria de la manera que estaban estructurados entonces y que siguen
estructurados ahora, aunque ya en proceso de cambio, en terrenos
afectados a la Defensa, parte de la playa de Camposoto, con el disfrute
alternativo de los mismos por particulares.
Estos polígonos de Costilla y González Hontoria, como ya manifestamos,
son absolutamente necesarios para la Defensa. No se realizan --porque
hemos prorrogado, de facto, esa situación-- ejercicios de tiro ni en
fines de semana, ni durante la Semana Santa, el verano, ni las Navidades,
con el fin de no causar molestias a los posibles usuarios de la playa.
Además, el Ministerio de Defensa, en constante participación en la
política de medio ambiente del Gobierno, ha tomado las medidas necesarias
con objeto de que la playa de Camposoto pueda ser utilizada libremente
por la población a cualquier hora durante todo el año. Para ello, era
indispensable proceder al desvío de la actual línea de tiro y efectuar
los disparos hacia el mar y perpendicularmente a la costa.
Cuando en el año 1997 su señoría pregunta a este Secretario de Estado
sobre qué se pensaba hacer, nosotros teníamos ya un plan establecido, un
plan que venía avalado por nuestras ingenierías y que sometimos, como es
absolutamente natural, a todas las instituciones que algo tenían que
decir sobre el particular, y éstas manifestaron una serie de puntos de
preocupación. No creo que fue una descalificación técnica, ni muchísimo
menos, lo que las instituciones presentaron, sino una oposición a que se
estableciese un punto de tiro fijo, a pesar de que el mismo era capaz de
liberar toda la playa de Camposoto, que es, precisamente, lo que se
solicitaba a la Defensa, y no la no construcción de una isla flotante. Es
decir, cuando en el año 1997 nos preparamos para hacer un proyecto que
liberaba ya la playa de Camposoto, fueron precisamente las instituciones,
y no ajeno a ellas, el propio municipio de San Fernando, quienes
anunciaron su oposición a lo que era una solución, como digo,
perfectamente coherente con las técnicas establecidas y que ya entonces
podía haber liberado la playa. Pero entendemos perfectamente bien sus
opiniones. Creo que la Defensa es flexible y lo suficientemente
inteligente para aceptar opiniones basadas en criterios que, a lo mejor
en un principio, no se tuvieron en cuenta por la misma y en estos
momentos estamos tratando de sustituir la isla fija, por los problemas
que creaba, por otra suerte de soluciones técnicas, que actualmente
analizamos con varias empresas.
Quisiera decir que contra la plataforma, que en principio se estableció
como fija, no se iban a realizar disparos, ni mucho menos, y que dada su
cercanía a la costa, las trayectorias de los proyectiles iban a ser
medidas con instrumentos capaces de hacerlo en la actualidad como son
sistemas de sensores rádar, que nos permitirían, desviando el tiro hacia
alta mar, tener la constancia necesaria para que las pruebas fueran
eficaces ante las mediciones que se pretenden.
El Ministerio de Defensa está estudiando soluciones alternativas, que se
podrían orientar bien hacia la construcción de una plataforma móvil sobre
pilares sumergibles, o bien hacia la fabricación de unas torres móviles
semisumergibles que se construirían en dos cuerpos separados: un cuerpo
tendría como misión proporcionar la flotabilidad necesaria en navegación
y la estabilidad precisa cuando el artefacto esté sumergido, y el otro
sería una torre abatible que, en posición de izado, actuaría como soporte
del cable.
En resumen, no se puede decir que esté previsto incrementar ni el número,
ni el tipo de los ensayos, ya que, en todo caso, se trataría de poder
acometer los mismos tipos de ensayos que en la actualidad. Con estos
estudios, el Ministerio de Defensa pretende investigar y desarrollar
ideas y proyectos que den respuesta adecuada a las necesidades de las
Fuerzas Armadas, que satisfagan las necesidades de la Defensa Nacional,
que no sean contrarias a la opinión de las instituciones locales y que
permitan, preservando los intereses de la Defensa, preservar a su vez los
intereses de la población de San Fernando y del medio ambiente, y le
puedo asegurar a su señoría que, con mucho gusto, hemos variado nuestro
criterio de la isla fija, para estudiar cuáles podrían ser las
alternativas y conseguir plataformas móviles que se puedan llevar y
retirar del agua, que permitan la misma línea de tiro hacia alta mar y
que hagan factible, desde el punto de vista de todos los implicados --y
algunos de nosotros pasamos algún tiempo allí, permítaseme la
personalización--, el disfrute de los recursos naturales, sin mengua de
los intereses de Defensa.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra la Senadora Castro Mateos.
La señora CASTRO MATEOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero puntualizar que lo que he manifestado tiene su base en los
problemas que ha conllevado el rechazo de la construcción de la isla de
tiro. En una contestación que el Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes me daba, se dice que se ha podido constatar que el proyecto ha
motivado múltiples gestiones por parte de las administraciones públicas
consultadas, como son la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, la Dirección General de la Marina Mercante, la Dirección
General de Costas y los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando, razón por
la cual, finalmente, se ha desestimado el proyecto. Asimismo se dice que,
no obstante, dada la importancia para el desarrollo turístico y económico
de la zona, el Ministerio de Defensa se compromete a estudiar la
posibilidad de otras soluciones alternativas --que supongo que son las
que el señor Secretario de Estado nos estaba manifestando--, que permitan
la consecución del objetivo del que estamos hablando, que es liberar la
playa de la servidumbre ocasionada por la línea de tiro que actualmente
la afecta.
Invitaría al Ministerio a que en esta ocasión se tuvieran en cuenta
--como parece ser que ha manifestado el señor Secretario de Estado--,
antes de terminar el proyecto, otras opiniones pertinentes, porque creo
que lo que anteriormente sucedió fue que el proyecto se elaboró sin
contar con las administraciones y sectores sociales afectados, lo que
ocasionó un rechazo importante cuando el mismo estaba prácticamente
realizado.
Por tanto, como nos interesa liberar la playa cuanto antes, como los
plazos se están incumpliendo, según el objetivo existente y por los
motivos que ya estamos argumentando, reitero que invitaría al Ministerio
a que antes de finalizar un proyecto de unas características tan
delicadas, se vaya trabajando a la vez con las administraciones y los
sectores que tengan algo que decir al respecto, al tiempo que se
contemplan aquellos puntos más preocupantes, como es el impacto
medioambiental, en una zona muy delicada, situada entre la playa y un
parque natural, para la que habrá que adoptar, insisto, medidas muy
especiales a la hora de realizarlo.
Así pues, pido al señor Secretario de Estado que en la medida en que el
proyecto vaya avanzando, se vaya comunicando a fin de que no suceda como
en la actualidad, es decir, que si, una vez realizado, no gusta, vayamos
alargando el tema y el mismo siga frenando el desarrollo de la ciudad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, lo que hemos hecho es seguir el trámite que está establecido
administrativamente para la autorización de solicitudes. Sería
absolutamente impensable que el Ministerio de Defensa se dirigiese a las
instituciones locales, por vía oficial, pidiéndoles una opinión sobre lo
que no es ni simplemente un proyecto. Por tanto, creo que en ese sentido
hemos cumplido perfectamente con la reglamentación oportuna. No obstante,
por vía extraoficial hemos hablado con las autoridades locales --aunque
no quisiera tener que argumentar sobre aspectos que han constituido
conversaciones informales--, las cuales estaban totalmente informadas de
cuáles podrían ser las soluciones técnicas que podríamos haber llevado a
cabo. Pero una cosa es comentar extraoficialmente una determinada cosa, y
otra muy distinta es solicitar la información o la opinión oficial de las
instituciones. No se puede preguntar sin dar datos sobre lo que se
pregunta, y el dato mínimo que puede aportarse para que las partes
técnicas e institucionales opinen es precisamente el referido a los
proyectos.
Nuestro Ministerio, que en fase de información está abierto para quien
quiera interesarse sobre cuáles son esas posibles soluciones que vamos a
tratar de desarrollar, tendrá que pedir la opinión formal de las
diferentes instituciones y tendrá que presentar el correspondiente
proyecto, ya que así está establecido reglamentaria y
administrativamente. Por tanto, señoría, en ese sentido creo que
solamente nos hemos limitado a cumplir con nuestra obligación.
En cuanto a otros aspectos del proceso, puedo garantizarle a su señoría
que en las zonas en que están instalados hoy en día los centros de
experiencias de González Hontoria y de Costilla se tiene un especialísimo
cuidado, y se va a tener aún más, con todo lo relacionado con el medio
ambiente. Cualquiera que sea la utilización que se haga de los polígonos,
es evidente que vamos avanzando en la concienciación que debe haber
respecto del medio ambiente. No es lo mismo la concienciación que existía
hace quince años que la que hay ahora; es evidente que vamos progresando.
También es evidente que la Dirección General de Infraestructuras y la
Dirección General de Armamento y Material dedican ya importantes recursos
a la preservación de los ámbitos naturales en los campos de tiro y en los
polígonos de experiencia. Quiero tranquilizar a su señoría, ya que este
Ministerio es enormemente sensible a todo eso. De hecho estamos
consiguiendo ya la aprobación y los certificados de calidad que emiten
institutos de la categoría de
AENOR, para, por ejemplo, los campos de tiro que tenemos en estos
momentos en funcionamiento.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DON GUILLERMO VARELA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE ESPAÑA NO PARTICIPARA, CON FUERZAS DE LA
GUARDIA CIVIL, EN LA UNIDAD ESPECIAL QUE VA A CREAR LA ORGANIZACION DEL
TRATADO DEL ATLANTICO NORTE (OTAN) PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN
PUBLICO EN BOSNIA-HERZEGOVINA (681/001173).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta del Senador Varela Flores, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que España no
participará con fuerzas de la Guardia Civil en la unidad especial que va
a crear la Organización del Tratado del Atlántico Norte para el
mantenimiento del orden público en Bosnia-Herzegovina.
Senador Varela, tiene la palabra para formular la pregunta.
El señor VARELA FLORES: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señor Secretario de Estado.
La respuesta a esta pregunta está ya un poco desfasada ya que esto
sucedió hace bastantes meses, y a mí se me antoja que en temas
relacionados con la OTAN los retrasos en las respuestas sólo son
equiparables a los retrasos por parte de la OTAN a la hora de intervenir
en las distintas operaciones internacionales, que también son
considerables en lo que a prevención de conflictos se refiere.
La pregunta es clara por sí misma. Por aquel entonces la respuesta del
Gobierno fue dada por el Ministro de Defensa a los medios de
comunicación. El Ministro dijo que no se iban a enviar efectivos de la
Guardia Civil ante el requerimiento que hacían las autoridades de la
Alianza Atlántica que tenían como responsabilidad la intervención en esos
países. Interesaría, por tanto, saber cuáles son las causas para que se
haya adoptado este criterio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias,
señor Presidente. Gracias, señoría.
Efectivamente, la respuesta llega un poco tarde --así nos lo parece a
todos, por lo menos a este compareciente se lo parece-- no por otra cosa
sino porque ya es conocida.
Como sabe su señoría, la contribución de España a la pacificación de
Bosnia tuvo lugar desde el primer momento en que la comunidad
internacional requirió la ayuda de las naciones para tratar de dar una
solución a lo que luego ha sido, como sabe su señoría, un largo y
sangriento conflicto. Unidades de los tres Ejércitos y de la Guardia
Civil han participado en todas las misiones derivadas de las resoluciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y más tarde como parte
de las fuerzas lideradas por la Organización del Tratado del Atlántico
Norte para aplicar los Acuerdos de paz de Dayton.
Asimismo, y según acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de junio de 1998,
España va a seguir participando en la nueva Fuerza de estabilización que
el pasado verano comenzó su andadura en Bosnia con la finalidad de
contribuir a la definitiva implantación de los aspectos civiles del plan
mediante el mantenimiento del ambiente de seguridad necesario. Esta
Fuerza incluye una entidad multinacional especializada, cuyos cometidos
serán los de fortalecer las capacidades de las policías locales ante los
problemas de orden público que todavía existen en Bosnia. Para esta
unidad, la OTAN cuenta con la participación de fuerzas de varios países
que han ofrecido su colaboración con unidades de carácter policial.
España no se ha opuesto a la constitución de esta unidad especializada y
ha dado su respaldo en el Consejo Atlántico a la constitución de la
misma. No obstante, en el momento actual España no va a participar en
ella con unidades de la Guardia Civil. España defiende la postura de que
tienen que ser las policías locales, vigiladas, dirigidas y controladas
por la policía internacional, quienes deben asumir la responsabilidad del
mantenimiento del orden público, dado que existen dudas sobre la
capacidad legal de actuación en el campo de la seguridad pública en un
Estado soberano.
La Guardia Civil española ya participa con unidades en Bosnia a nivel de
teatro de operaciones, división y brigada en misiones propias de policía
militar y en atestados. Además, participa en la Fuerza Internacional de
Policía, y asimismo en la escolta y seguridad del alto representante de
España, señor Westendorp.
Aproximadamente 150 guardias civiles se encuentran desplegados en Bosnia
de forma permanente. El Gobierno considera que la entidad de la
participación en Bosnia de las Fuerzas Armadas y de la propia Guardia
Civil que proporcionan seguridad a los cuarteles generales de la fuerza
de Estabilización y al alto representante es ya de por sí suficientemente
significativa y supone un generoso esfuerzo de España a la contribución
de la paz en ese país.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, me consta la disposición de nuestro país para
la intervención en este tipo de operaciones en aras de la solidaridad
internacional y de los compromisos que nuestro país tiene adquiridos con
las organizaciones
internacionales de las que es miembro. No obstante, ante ese
requerimiento, me cabe la duda de si no habría sido necesario que España
hiciera una vez más un esfuerzo con la participación de guardias civiles
precisamente para dar esa ayuda de dirección y apoyo a las policías
locales por las misiones específicas que éstas deben hacer.
Es cierto que nosotros tenemos tropas allí y que tenemos también guardias
civiles dedicados a otro tipo de funciones, pero no a tareas concretas de
policía. Me parece que eso sería necesario y, por tanto, no comprendo del
todo la aplicación de ese criterio de no intervención en las tareas
específicas de las policías locales puesto que éstas tienen,
efectivamente, una relación con la población civil muy especializada que
no puede ser encomendada a otro tipo de unidades militares. La
preparación de las policías --Guardia Civil en este caso-- o de las
unidades militares es muy diferente, y este tipo de operaciones, así como
el apoyo de las mismas, no debe conferirse a otras unidades militares que
están para otro tipo de cuestiones.
España está respondiendo siempre con prontitud. Incluso creo que la
respuesta de nuestro país a la decisión de que intervenga la comunidad
internacional en este tipo de operaciones se produce bastante antes de
que ésta sea adoptada. Por tanto, en este sentido no tengo ninguna
crítica que hacer, pero me parece conveniente que unidades de la Guardia
Civil de nuestro país estén preparadas, no ya para este caso concreto,
pues prácticamente está ya superada su necesidad de intervención, sino
para otras actuaciones en el futuro y no sólo en Europa. Y es que,
desgraciadamente, en este momento tenemos el caso concreto de Kosovo, que
posiblemente conduzca a la necesaria intervención de tropas de tierra y
posteriormente también a un requerimiento de policías internacionales
para conseguir el restablecimiento de la normalidad en esta área
territorial. Es decir, hay también áreas alejadas de la nuestra en las
que la conflictividad puede estallar en cualquier momento y también habrá
un requerimiento a aquellas organizaciones internacionales que tienen
capacidad y medios para que se lleve a cabo una intervención. Yo creo que
existen unidades de la Guardia Civil preparadas, y que deben estar
preparadas en este tipo de operaciones. Si se nos requieren unidades de
policía, no podemos enviar únicamente soldados; si tenemos que hacer un
bloqueo marítimo, no podemos enviar simplemente aviones. Cada misión
necesita una especialización respecto a los medios que se pongan a su
disposición.
El Gobierno ha entendido que este tipo de operaciones debía ser llevado
por policías locales sin intervención de policías de otros países en
aplicación ¼--creo haber entendido bien-- del principio de soberanía,
pero en este caso concreto me parece que las partes, las autoridades
afectadas, estaban de acuerdo con esta operación. De hecho, ninguna de
estas operaciones se lleva a la práctica si no hay un acuerdo de las
partes afectadas y del conjunto de las Organización de la Alianza
Atlántica para la intervención. La prueba es que otros países sí han
mandado efectivos de policía para esta tarea, y yo creo que España debía
haberlo hecho en su momento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias,
señor Presidente. Gracias, señoría.
Es evidente que las Fuerzas Armadas españolas y la Guardia Civil están
perfectamente preparadas y tienen las reservas necesarias y la capacidad
para poder llevar a cabo las intervenciones que el Gobierno, en su caso,
decida en los países que lo necesiten, y buena prueba de ello están dando
desde hace ya varios años.
Las razones por las que la Guardia Civil no ha ido a efectuar labores de
policía local en Bosnia son las que ya he manifestado, y corresponden a
dos argumentos. El que entendemos que conviene que esas labores sean
desarrolladas por las policías locales, atendiendo a un criterio de
permanente emancipación de esos países de la situación que en estos
momentos les aflige y a que han de superar su permanente imposibilidad de
crear instituciones suyas, nacionales, que les permitan desarrollar un
Estado independiente, un Estado soberano y una convivencia pacífica por
sus propios medios. Yo creo que hay una cierta labor pedagógica en este
asunto. Y hay otro argumento muy importante, que es que España tiene unos
medios limitados. Nosotros tenemos unos presupuestos y hacemos unos
esfuerzos, y debo decir que España es ahora, por su participación en
operaciones de paz, uno de los líderes del mundo en este tipo de acción
solidaria exterior, pero los presupuestos de Defensa tienen unos límites,
y dentro de ellos están otras necesidades internas de España que deben
tenerse en cuenta.
Por ese equilibrio presupuestario, por ese equilibrio de políticas, por
esas dos razones, el Gobierno de España ha decidido no estar presente con
la Guardia Civil para aspectos de policía local en Bosnia, y este
Secretario de Estado no hace sino compartir el criterio del Gobierno,
como no podía ser de otra manera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA ACOMETER LA CONSTRUCCION DE UN
CEMENTERIO MILITAR DE CARACTER NACIONAL EN LA ACADEMIA DE INFANTERIA DE
TOLEDO O EN OTRO LUGAR DEL TERRITORIO ESPAÑOL (681/001174).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ignacio Díez González, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para
acometer la construcción de un cementerio militar de carácter nacional en
la Academia de Infantería de Toledo o en otro lugar dentro del territorio
español.
Para formular la pregunta, tiene la palabra su señoría.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señor Secretario de Estado.
Este Senador ha tenido la ocasión, en los pasados períodos de sesiones,
de plantear varias preguntas en relación con un asunto parecido, en
concreto una relacionada con las gestiones que el Ministerio de Defensa
viene desarrollando para ubicar los restos de los españoles fallecidos en
Rusia durante la II Guerra Mundial y los acuerdos firmados por el
Ministerio de Defensa con la Fundación alemana Volksbund que han
permitido no sólo realizar los trabajos de investigación pertinentes para
encontrar los restos de los ciudadanos españoles fallecidos en la II
Guerra Mundial, sino también ubicarlos en un cementerio a 200 kilómetros
de San Petersburgo, concretamente en Novgorod. Sé que se sigue
investigando para tratar de reunir estos restos y mantener ese cementerio
que, como ya he dicho, está administrado por esta fundación alemana, y
que el Gobierno tiene establecidos los contactos pertinentes --así se me
informaba por el Ejecutivo en una contestación por escrito-- para que, en
su caso, se puedan repatriar estos restos de los ciudadanos fallecidos en
Rusia durante la II Guerra Mundial.
En esa pregunta yo también planteaba la posibilidad de estudiar la
ubicación de un cementerio militar nacional en el territorio español. En
la misma contestación, el Gobierno me dijo que estaba estudiando la idea
de que existiera un cementerio nacional militar en España, e incluso
avanzaba la posibilidad de situarlo como estudio --así lo contesta el
Gobierno-- en la Academia de Infantería de Toledo. En principio, la idea
parece interesante. A este Senador, personalmente, le parece positiva esa
decisión y que esos trabajos vayan encaminados en esa dirección, habida
cuenta, además, de que hace poco, el día 16 de octubre, precisamente en
el Alcázar de Toledo se inauguró una importante biblioteca que es símbolo
de la reconciliación nacional española, y nunca mejor dicho porque esa
ciudad simboliza valores como la convivencia y la tolerancia, ya que
Toledo se ha caracterizado históricamente por la expresión de esos
valores con la convivencia de tres culturas. Esa idea es plausible, y lo
único que quiero en este momento es conocer en qué medida esa idea en la
que viene trabajando el Ministerio de Defensa se va plasmando en una
realidad que, evidentemente, este Senador apoya, y que espero que lo
hagan todos los grupos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente.
Gracias, señoría, por su pregunta.
En el año 1995, el Ejército de Tierra inicia el planteamiento previo para
la construcción de un cementerio militar. Los fallecimientos en misiones
de paz, junto con la dificultad de conservación de nuestros cementerios
en el norte de Africa y de Rusia, avalaban la conveniencia de iniciar los
estudios encaminados a su posible construcción.
No está definido aún el lugar concreto, puesto que se está haciendo un
estudio de las características freáticas del suelo de la zona de Alijares
(Toledo) por parte de los técnicos. E igualmente se va a realizar un
estudio del impacto medioambiental que supondría el proyecto. Las
características del futuro cementerio militar tienen, pues, que ser
definidas de manera definitiva. Se ha creado una comisión al efecto, con
representantes del Estado Mayor del Ejército y del Mando del Apoyo
Logístico.
Inicialmente, dicho cementerio se ejecutaría mediante una obra que se
prevé se lleve a cabo en dos fases. En la primera se construiría un
edificio de dependencias generales, una plaza conmemorativa, una capilla
funeraria y un número aún no determinado de sepulturas. En la segunda
fase, se completaría el número de sepulturas y se acometería la
urbanización de caminos de acceso y tránsito y el ajardinamiento y
cerramiento perimetral.
Las actuales restricciones presupuestarias no permiten por ahora incluir
en el Plan Director de Infraestructuras dotación para este propósito, y
en ese plan se prevén las inversiones hasta el año 2000, por lo que, en
el caso de que se finalicen los estudios indicados anteriormente, no se
podrían acometer las obras hasta pasado dicho año.
En cualquier caso, el Ministerio de Defensa financia actualmente la
reconstrucción de los cementerios españoles existentes en Rusia y en
Marruecos. En el año 1996, en el norte de Marruecos, se financiaron con
18 millones de pesetas; en 1997, con 8.600.000 pesetas; en 1998, con
16.831.000 pesetas; y en el año 1999, los financiaremos con 23 millones
de pesetas. Los cementerios españoles en Rusia recibieron, en el año
1997, un millón de pesetas; en el año 1998, 480.000 pesetas, y en el año
2000 recibirán 23 millones de pesetas, según el Plan Director de
Infraestructuras. Esta reserva de crédito a Rusia está condicionada a la
finalización de los trabajos de exhumación que, financiados por la
Dirección General de la Política de Defensa, se están llevando a cabo en
las distintas zonas del territorio ruso a tal efecto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
De su respuesta deduzco que al Ministerio, al Gobierno, la idea le parece
interesante. Está realizando los trabajos de prospección, de
investigación, e incluso de preparación para determinar el lugar donde
puede estar ubicado ese futuro cementerio militar.
Ahora bien, yo querría recordarle --es algo que conocen perfectamente las
señorías que nos acompañen en la Comisión y por supuesto usted-- que
todos los países OTAN, nuestros aliados, tienen en común el mantenimiento
de cementerios militares. España tiene cementerios --usted lo señalaba en
su contestación-- en el norte de
Marruecos y en Rusia, por citar dos casos --que pueden existir más-- que,
evidentemente, se administran presupuestariamente con cantidades muy
pequeñas. La posibilidad de que en nuestro territorio pueda ubicarse un
cementerio de carácter militar español nos parece una idea positiva. Como
decía anteriormente, es encomiable esa posibilidad y habría que hacer un
esfuerzo presupuestario.
Usted ha señalado que por lo menos hasta el año 2000 no va a haber
partida presupuestaria para el cementerio nacional y sería interesante,
ahora que estamos en la fase de debate presupuestario, que los grupos
parlamentarios presentasen alguna enmienda para que esa partida figurase
en la Ley General de Presupuestos para el próximo año. Ello no sería
malo, puesto que ganaríamos tiempo, adelantaríamos la posibilidad de la
ubicación e incluso se agilizaría la presión --entiéndase bien el
término-- del Estado Mayor de la Defensa de cara a definir la ubicación
de ese cementerio nacional que, además, es necesario, y en cuanto se
ofrezca la posibilidad de reunir los restos que tenemos en el norte de
Marruecos y en Rusia, esa posibilidad va a ser real. Desde el punto de
vista de la identidad nacional sería una idea plausible e interesante. Si
además el Gobierno ha pensado en ello, es el momento de que se vaya
concretando.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Díez González.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias,
señor Presidente; gracias, señoría.
Todos los países que han tenido que salir fuera de sus fronteras para
combatir en guerras en las que consideraron que debían intervenir tienen
sus cementerios fuera de sus fronteras. Es decir, Estados Unidos tiene
cementerios en Francia, los franceses, en Alemania; los alemanes en
España; los italianos también, y nosotros tenemos cementerios en Rusia y
en Marruecos. El hecho de que se tengan cementerios en los países en
donde se ha combatido no es extraño para ninguno de los países que en
estos momentos están en la cabeza del mundo. Ahora bien, lo que hay que
hacer es tener los cementerios en condiciones.
Este Secretario de Estado ha estado visitando Marruecos, y personalmente
tomó la iniciativa de ir a visitar los cementerios que tenemos allí, muy
particularmente los de Larache. A partir de esa visita, se han realizado
las inversiones progresivas que acabo de mencionar. Dentro de los
presupuestos de Defensa, no creo que 23 millones sea una cantidad exigua
para mantener un cementerio. Además, debo decir que la obra que se ha
realizado en el cementerio del interior, en Larache, lo ha dejado en unas
condiciones realmente presentables, que es lo que tiene que ser; ocurre
lo mismo en el cementerio Marino, en el que vamos a invertir las
cantidades que estamos señalando, con objeto de darle una solución.
Como su señoría conoce, para poder desarrollar una política en este
sentido es muy importante --aunque suene un poco macabro-- identificar
los restos y reunir los que en estos momentos están dispersos, y no
quisiera entrar en más detalles por respeto a los que están enterrados
allí.
Por otro lado, junto con los criterios que estamos siguiendo de mantener
lo que ahora tenemos, debemos abordar una política de más altos vuelos,
que sería traer a España todos los restos de los españoles que murieron
fuera defendiendo los intereses de nuestro país. Ese proyecto, como ya he
explicado, tiene que pasar por un estudio profundo de viabilidad técnica
y, por qué no decirlo, por unos condicionantes financieros, en cuya
resolución puede estar segura su señoría que el Gobierno está
absolutamente comprometido. Mientras no se tengan esas cantidades y ese
proyecto técnico que dé sentido a la inversión que se deba realizar, el
Gobierno lo que debe hacer es mantener los cementerios en los que reposan
los españoles en las mejores condiciones, que es lo que viene haciendo en
los últimos años.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Quiero dar una explicación al Senador Díez González, que le afecta a él,
me afecta a mí como Presidente de la Comisión y afecta al Gobierno.
La Mesa del Senado, en su reunión del día 20 de octubre, es decir, el
martes pasado, acordó la inclusión en el orden del día, en función de lo
establecido en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara, de una
pregunta que su señoría había formulado relativa a las previsiones de la
Dirección General de Infraestructuras de la Defensa respecto al inicio y
finalización del proceso de recalificación y uso de terrenos de la base
militar de Agonzillo, en La Rioja. En función de lo establecido en el
169.2, esa pregunta debía ser incluida en el orden del día de la primera
Comisión que se celebrara después de la reunión de la Mesa. Pero sucede
que el señor Presidente de la Cámara me ha trasladado, con fecha 23, es
decir, el viernes, ese acuerdo de la Mesa. Esta Presidencia ha tenido
conocimiento de ese acuerdo esta misma tarde y, en consecuencia, el
Gobierno acaba de tener conocimiento de ello en este mismo momento.
Quiero trasladar al señor Díez González que, en función de estas
dificultades cronológicas, de tipo técnico, y de lo establecido en el
169.2, en la primera sesión de la Comisión se considerará en el orden del
día la pregunta de su interés.
Muchas gracias por su comprensión.
Tiene su señoría la palabra.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La explicación es razonable y acepto la decisión de la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, una vez más, por su comprensión,
Senador Díez González.
--DE DOÑA MARIA JESUS CASTRO MATEOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE
SI LA AFECTACION DEL HOSPITAL MILITAR DE SAN CARLOS, EN SAN FERNANDO
(CADIZ), A LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE (OTAN), TIENE
COMO CONSECUENCIA NO PODER FIRMAR EL CONVENIO QUE ACTUALMENTE SE ESTA
NEGOCIANDO CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD PARA EL USO, POR PARTE DE LA
POBLACION CIVIL, DE DETERMINADAS PRESTACIONES DESDE DICHO HOSPITAL
(681/001186).
El señor PRESIDENTE: Quiero proponer a sus señorías una alteración del
orden del día, que la pregunta número diez pase a ser la nueve, ya que la
Senadora Castro Mateos tiene que ausentarse. ¿Está de acuerdo el Senador
González López? (Asentimiento.)
Gracias.
Para la formulación de la pregunta, que no voy a enunciar por razones de
tiempo, tiene la palabra la Senadora Castro Mateos.
La señora CASTRO MATEOS: Gracias, señor Presidente.
La pertenencia de España a la estructura militar de la OTAN afecta, según
fuentes no oficiales, al funcionamiento del hospital naval de San Carlos,
en San Fernando, en cuanto a su total utilización.
Actualmente se están manteniendo conversaciones entre representantes de
la Consejería de Salud y del Ministerio de Defensa que deberán plasmarse
en un acuerdo de colaboración que permita compartir recursos sanitarios,
en consonancia con el acuerdo marco de colaboración en materia de
asistencia sanitaria suscrito por el Ministerio de Defensa y el
Ministerio de Sanidad y Consumo en diciembre de 1992.
El SAS quiere ampliar dicho acuerdo --que fundamentalmente alivia las
listas de espera-- extendiéndolo a la utilización conjunta del hospital
naval de San Carlos, con el fin de mejorar la atención a la población de
San Fernando, acercando así la asistencia especializada al ciudadano y
logrando la rentabilidad de los recursos públicos existentes en dicha
localidad.
Para conseguir ese objetivo esta Senadora ha presentado en el mes de
septiembre una moción en la cual se insta al Gobierno a que suscriba este
convenio para el uso compartido con la población civil de San Fernando
del hospital naval de San Carlos, moción que debatiremos en su momento en
esta Comisión. Para ello es fundamental conocer --como pretende esta
pregunta-- si la afectación del hospital naval de San Carlos a la OTAN
tiene como consecuencia que no se pueda firmar el convenio que
actualmente se está negociando con el Servicio Andaluz de Salud para el
uso por parte de la población civil de determinadas prestaciones en dicho
centro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Castro.
Señor Secretario de Estado, su señoría tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente, y muchas gracias, señoría.
El actual hospital militar de San Carlos ocupa el terreno que antes
ocupaba el viejo hospital, el Policlínico, y parte del centro de
adiestramiento. La misión fundamental del hospital naval de San Carlos es
el apoyo logístico del cuarto escalón sanitario a la flota que tiene su
ubicación en Rota y que constituye el núcleo básico y más numeroso de la
fuerza naval.
Dentro del apoyo logístico, la función asistencial del tipo
diagnóstico-curativo es sólo una de las que realiza el hospital, aunque
sea la de más relevancia, ya que tiene además otras funciones muy
importantes, como las de adiestramiento de personal, selección del
contingente, peritaciones, etcétera, que no sólo no están disminuyendo,
sino que están aumentando en cuantía y complejidad.
Actualmente el hospital naval de San Carlos no se encuentra afectado a la
OTAN, no existiendo, por tanto, ningún protocolo firmado entre dicho
hospital y la citada Organización. No obstante, este hospital estuvo
afectado a la OTAN en 1991, durante la pasada Guerra del Golfo, no
llegándose a utilizar en esas fechas ninguna de sus instalaciones.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa se halla en conversaciones con
el Servicio Andaluz de Salud para incluir al hospital naval de San Carlos
en un convenio anejo al existente entre dicho Servicio y el hospital
militar de Sevilla Vigil de Quiñones, y cuyas estipulaciones son
similares al citado convenio existente. Este borrador de convenio anejo,
que cuenta con la conformidad de la Asesoría Jurídica e Intervención
General del Ministerio, ha sido remitido en fechas pasadas al Servicio
Andaluz de Salud para su estudio, encontrándose actualmente a la espera
de la correspondiente respuesta.
Por tanto, señoría, en primer lugar, en nada puede influir la afectación
de dicho hospital militar a los temas de la OTAN, porque dicha afectación
no existe, y en segundo lugar, todos los procesos de negociación con las
instituciones andaluzas de salud siguen en marcha en la línea en que se
habían planteado, y de esas negociaciones podrá llegarse a unos acuerdos
últimos, por supuesto, sin mengua de los intereses que ya he manifestado
que tendrá la Defensa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
Senadora Castro, su señoría tiene la palabra.
La señora CASTRO MATEOS: Gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, me alegro de que el hospital no tenga ninguna
servidumbre con la OTAN, ya que así su utilización podrá ser máxima. Ello
beneficiará el acuerdo que se está negociando entre el Ministerio y el
SAS, así como su posible ampliación, que se seguirá negociando por ambas
instituciones, para el uso compartido del mismo. Cada vez existe una
mayor demanda ciudadana
para que un hospital público, aunque pertenezca al Ministerio de Defensa,
se utilice por parte de toda la población. Esperemos que eso se logre
cuando ambas instituciones se pongan de acuerdo. Como digo, la no
afectación del hospital a la Organización del Tratado del Atlántico Norte
podrá facilitar su utilización, porque no tendrá que reservar un número
muy importante de camas y de servicios hospitalarios para casos de
emergencia, lo que ocurriría de estar afectado al citado Tratado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, aunque parezca una obviedad, la no afectación a
la OTAN supone que el hospital militar de San Carlos no va a tener que
destinar unos hipotéticos recursos --tanto de camas, como de materiales--
a lo que pudiera derivarse de la actividad de dicha Organización.
Sin embargo, debo decir que las negociaciones que se están llevando a
cabo entre el hospital y las autoridades andaluzas de salud están sujetas
a las necesidades que tenga Defensa, independientemente de la adscripción
de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y digo esto,
porque las limitaciones que tiene el hospital de San Carlos para una
cesión plena de todas sus capacidades al Servicio Andaluz de Salud no se
derivan solamente de la unión de nuestro país a la citada Organización,
sino que precisamente las características estratégicas que tiene España
por su propia connotación militar interna son las que hacen que existan y
deban existir unas determinadas limitaciones a la hora de la utilización
plena por parte del Servicio Andaluz de Salud de ese hospital militar.
Por tanto, ésas serán las limitaciones que se pondrán sobre la mesa, con
ellas habrá que convivir, y teniéndolas en cuenta se tendrán que
finalizar los acuerdos a los que se llegue después de la fase de
negociación que su señoría ha citado, y sobre la que yo también he hecho
unas puntualizaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DON ARTURO GONZALEZ LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA VALORACION DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
ABIERTO A UN SUBOFICIAL DE LA ACADEMIA DE ARTILLERIA DE SEGOVIA POR
HECHOS ACAECIDOS EN LA ORGANIZACION DE UN BAILE CON OCASION DEL DIA DE LA
PATRONA DEL ARMA (681/001177).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta del orden del día --que
en realidad es la novena--, del Senador González López, del Grupo
Socialista, sobre la valoración del Gobierno en relación con el
expediente disciplinario abierto a un suboficial de la Academia de
Artillería de Segovia por hechos acaecidos en la organización de un baile
con ocasión del día de la Patrona del Arma.
Para formular tan peculiar pregunta, su señoría tiene la palabra.
El señor GONZALEZ LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, en septiembre de 1997, y tal como se indica
en la pregunta, un suboficial de la Academia de Artillería de Segovia fue
comisionado para la organización de un baile de gala cuya característica
principal es la presentación de las señoritas de la sociedad segoviana y
su puesta de largo.
Pero, además, dicho baile tiene algunas características que me gustaría
enumerar por guardar relación con este caso: su realización no está
contenida en el orden de la Academia, la asistencia no es obligatoria
para los mandos, está prohibido que al mismo acuda la tropa y los mandos
militares que asisten tienen que pagar una cuota o precio. Además, se
contrata a civiles para que presten sus servicios en las barras de los
bares y en las orquestas, y también acude personal civil por invitación.
He querido enumerar estas características para que se pueda comprobar que
éste no es un acto solemne ni militar, y que el baile --que, como se
decía, se celebra el día de Santa Bárbara-- tampoco es un acto de
servicio, sino particular, celebrado por un colectivo militar del arma de
artillería.
Las funciones de este sargento consistían en el mando de soldados de
reemplazo para el transporte y acarreamiento de utensilios (mesas,
sillas, etcétera), además de su limpieza y colocación, así como su
recogida una vez finalizado el acto y la carga y descarga de camiones.
El sargento muestra su disposición personal para realizar las tareas que
se le encomiendan, pero manifiesta su disconformidad para ordenar a la
tropa de reemplazo los trabajos encomendados, basándose --como él mismo
manifiesta en su escrito de alegaciones-- en que son tareas que no se
corresponden con aquellas a las que el servicio les obliga fuera de los
horarios de trabajo, incluso en días festivos, y no siendo misiones de
vigilancia o seguridad de las instalaciones militares. Dicho sargento,
entendiendo que las actividades que le ordenan que él ordene nada tienen
que ver con los cometidos tácticos, técnicos y logísticos propios de la
actividad militar, ni con cualesquiera otros de apoyo necesario para el
funcionamiento de la unidad, pide que la orden quede sin efecto y
manifiesta su voluntad de no cumplirla.
Como consecuencia, se le abren diligencias por un posible delito de
desobediencia que el juez togado militar archiva en un auto, del que me
gustaría leer simplemente un párrafo. Este dice: Parece evidente que la
asistencia a un baile no guarda ninguna relación con las funciones que
corresponden a cada militar en el cumplimiento de sus específicos
cometidos que legalmente le corresponde y, en consecuencia, no encaja con
lo que, en conformidad con el artículo
15 del Código Penal Militar haya de entenderse como acto de servicio.
Hasta aquí todo parecería correcto, si no fuera porque, a continuación,
una vez que el juez togado militar anula el expediente, se abre al citado
sargento otro expediente disciplinario por el deber de obediencia.
Si el juez deja claro que las órdenes dadas a dicho sargento no guardan
relación con las funciones militares ni puede entenderse como acto de
servicio, ¿está obligado el sargento a cumplirlas? Caso de cumplirlas y
ordenar a los soldados de reemplazo, ¿no estaría cometiendo una falta?
¿Qué pasaría si un soldado de reemplazo se niega a cumplir las órdenes
dadas por el sargento? ¿Qué pasaría si en el cumplimiento de estas
órdenes un soldado de reemplazo sufriera un accidente y exigiera
responsabilidades? Además, ¿cómo es posible que se pueda incoar un
expediente a alguien por algo que las leyes militares, o alguna de ellas,
dice que no hay que cumplir y que, además, hay que denunciar?
Todos los que hemos hecho la mili sabemos que los soldados de reemplazo
han sido utilizados para ejercer de camareros en comuniones y en saraos;
cocineros para servicios particulares y festejos privados: comuniones,
bodas, bailes, clases particulares, arreglos de viviendas privadas,
etcétera. La Oficina de Defensor del Soldado ha denunciado estos casos
porque son contrarios al artículo 27.1 de la Ley del Servicio Militar,
aprobada en el año 1991, que dice taxativamente que los soldados no
podrán realizar tareas ajenas al servicio. Para acabar con estas
prácticas, que todavía se producen, aunque en menor número, hace falta
tener conocimiento de las leyes militares, pero también hace falta que
existan militares valientes que denuncien estos hechos y se nieguen a
cumplir órdenes de este tipo, y que se haga además cumplir la legislación
militar, si es posible, clarificándola en muchos aspectos. Desde luego,
lo que no acaba con este tipo de prácticas son hechos como el acaecido al
sargento don Carlos Llanos en la Academia de Artillería de Segovia,
porque tiene todos los visos de ser algo así como: ahora te vas a enterar
de quién manda. Los mandos militares tienen que concienciarse de que
desobedecer órdenes ilegales o ilícitas no va en contra de su autoridad
sino que va a favor de una mayor profesionalidad de las Fuerzas Armadas
y, sobre todo, no va en contra de la autoridad de ningún mando, porque
siempre será en beneficio de una mayor democracia interna de nuestras
Fuerzas Armadas.
El Ministerio de Defensa tiene la obligación de hacer que esto sea así y,
además, de tomar cartas en el asunto cuando vea que se están cometiendo
injusticias como la que, según mi opinión, se ha cometido con dicho
sargento, porque ¿alguien se va a atrever a denunciar, a partir de ahora,
alguna irregularidad? En Segovia posiblemente no teniendo como
antecedente lo ocurrido con el referido sargento. Además, ¿quién se va a
proteger del intríngulis burocrático de la justicia militar, o de la
obcecación de algún mando o jefe despechado porque cree erróneamente
discriminada su autoridad?
Como bien sabe su Ministerio, el expediente disciplinario se ha resuelto
con una sanción de un mes y un día de arresto en un centro disciplinario
a dicho sargento; sanción que no se ha llegado a cumplir totalmente, sólo
17 días, porque el señor Ministro estimó el recurso del sargento y anuló
dicha sanción. Tengo que decir que, aunque tarde y a medias, el señor
Ministro ha puesto las cosas en su justa medida. Ahora sólo queda que el
Ministerio sea más vigilante y diligente en hechos como éste y, sobre
todo, con aquellos soldados o militares que no tienen galones, o éstos
son menores, pensando, fundamentalmente, en una tropa y marinería
profesional que en una situación parecida les pueden suponer la
resolución de un contrato de trabajo y la pérdida del empleo, y, por
tanto, tengan muchos más reparos y miedos a denunciar irregularidades
como las acaecidas.
Para terminar, le pediría al Ministerio también que fuera vigilante con
las posibles represalias que se puedan producir. Este sargento ha
cumplido prisión de 17 días en unas condiciones que no son las más
deseables, pero, además, las calificaciones recientes que me acaban de
hacer de todo el año son totalmente negativas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González López.
Supongo que se da usted perfecta cuenta de que no ha formulado sólo una
pregunta, sino que ha hecho un desarrollo amplio de la misma que tendría
que haber realizado en su turno de réplica. En todo caso, una vez más,
aunque sin ninguna esperanza obviamente, insisto en la conveniencia de
ser escrupulosos con el Reglamento en lo que se refiere a la formulación
de las preguntas.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado para responder a la
pregunta.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente. Gracias, señoría.
Me pide usted clarificación de la Ley. A riesgo de ser tedioso, y sin
perjuicio de criterios que podamos más tarde establecer, voy a intentar
hacer una clarificación jurídica de este asunto porque, aunque su señoría
ya lo ha relatado, me parece que es importante conocer exactamente cuál
ha sido el proceso por el que ha pasado todo este asunto y cuál ha sido
el final.
Voy a empezar diciendo que es evidente que ni al Ministerio de la Defensa
ni al estamento militar le satisfacen estas situaciones; también es
evidente que los criterios, tanto en la justicia militar como en la
propia Administración del Estado, están variando, e igualmente es
evidente que hay veces en que los límites entre lo legítimo y lo lícito
tienen que definirse de una determinada manera y siempre con intervención
de terceros, en un caso, los jueces y, en otro, la autoridad
administrativa máxima, que sería el Ministro.
Conocen ustedes que el citado suboficial elevó una instancia al General
Director de la Academia de Artillería, fechada el 24 de octubre, en la
que manifestaba entre otras cosas, que cuando fue convocado por el
Comandante Jefe de la Comisión le manifestó su disposición personal para
realizar las tareas encomendadas, pero su negativa a ordenar a la tropa
de reemplazo los trabajos de transporte, acarreo, colocación y limpieza
de utensilios, por considerar que tal tipo de tareas no se corresponde
con aquellas a que el servicio les obliga, así como su parecer de que el
acto no se identificaba con los caracteres propios del servicio y que no
era estrictamente castrense. Manifestaba también en la instancia su
desacuerdo y su voluntad de no cumplir la orden, y solicitaba que se
dejara sin efecto la orden descrita, modificándola y precisando, en su
caso, el modo de cumplirla sin implicar la realización de órdenes al
personal militar de reemplazo.
El 24 de noviembre, el General Director de la Academia, de acuerdo con el
informe al efecto de la Asesoría Jurídica, comunicaba al sargento que
desestimaba su solicitud y le reiteraba la orden dada. Por otro lado, el
Comandante Jefe de la Comisión le reiteró la orden por escrito,
especificándole las tareas concretas encomendadas, tal y como le
solicitaba en un escrito, el día 5 de ese mes.
Ante la negativa expresa del sargento, y en presencia de testigos, a
cumplir la orden, dicho Comandante dio parte de los hechos al General
Director. Ese mismo día, el sargento don Carlos Llanos fue relevado de la
comisión mediante escrito. El 23 de diciembre recurrió la resolución del
General Director de la Academia ante el General Jefe de la Dirección de
Enseñanza, y el recurso fue desestimado por dicha autoridad el 5 de
febrero de 1998. A raíz del parte, y a instancia del fiscal jurídico
militar del Tribunal Militar Territorial Primero se le abrieron
diligencias previas en el Juzgado Togado Militar Territorial número 13.
El auto de archivo del mismo, que su señoría ha mencionado, establece que
el hecho de que la conducta del sargento no sea constitutiva de delito no
prejuzga en absoluto acerca de que el mismo haya podido incurrir en
responsabilidad disciplinaria al quebrantar el deber que le impone el
artículo 32 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de dicho Cuerpo Legal. En
consecuencia, se le abrió expediente disciplinario.
La Ley Orgánica 12/1985, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas
establece cuáles son los hechos que constituyen las faltas, y en ella el
artículo 9.16 establece que será falta grave la falta de subordinación
cuando no constituya delito. En este sentido, permítanme que les haga las
siguientes consideraciones de matiz jurídico.
Orden, según el artículo 19 del Código Penal Militar, es todo mandamiento
relativo al servicio que un superior militar da, en forma adecuada y
dentro de las atribuciones que legalmente le correspondan, a un inferior
o subordinado para que lleve a cabo u omita una acción concreta. Ahora
bien, el mandato puede ser legítimo, en tanto que emana de quien ostenta
facultades para ello, pero no ser objetivamente acorde con las normas, ya
que debe tenerse en cuenta que el mandato, como fundamento de la relación
jerárquica castrense a la que se refieren con carácter general los
artículos 10, 12 y 32 de las Reales Ordenanzas, ha de ser no sólo
concreto, sino personalísimo y directo. Esta definición, evidentemente,
no está referida a toda orden posible, sino exclusivamente a la orden
legítima, y resulta complementada con el artículo 15 del mismo Código
cuando igualmente, a los efectos del mismo, se definen los actos de
servicio como todos los que tengan relación con las funciones que
correspondan a cada militar en el cumplimiento de sus específicos
cometidos.
La orden implica que, como presupuesto para la existencia del mandato, es
preciso tanto la competencia o facultad del superior para ordenarla como
la competencia del inferior o subordinado para ejecutar el acto ordenado,
esto es, que resulta exigible que el contenido del mandato esté dentro de
las atribuciones que legalmente le correspondan al superior y, en su caso
--ya lo he dicho--, al subordinado.
Es doctrina reiterada de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal
Supremo que en el seno de las Fuerzas Armadas toda orden legítima y
lícita ha de ser obedecida, so pena de incurrir en el delito de
desobediencia, y sólo en el caso de que la orden sea ilícita, esto es,
cuando entrañe la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios
a las leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular
contra la Constitución, no sólo existe el derecho, sino el deber, como
señalaba su señoría, de no cumplirla. La negativa a obedecer una orden
ilegítima pero no ilícita puede no ser constitutiva de delito, pero ello
no la hace impune en el orden disciplinario, porque el militar que recibe
una orden no está facultado para incumplirla si la estima ilegítima, por
cuanto que según el artículo 32 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas
Armadas le compete acatarlas sin perjuicio de formular la oportuna
objeción. Unicamente, y como ya he quedado expuesto, cuando las órdenes
sean ilícitas, es decir, contrarias a las leyes y usos de la guerra o
constituyan delito, en particular contra la Constitución, no sólo
desaparece el deber de cumplirlas, sino que surge el deber de
desobedecerlas. En conclusión, el incumplimiento de una orden ilegítima
pero lícita debe ser tenida, en principio, como un acto contrario a la
disciplina.
A mayor abundamiento, y como ha señalado la jurisprudencia, el militar
inferior no está facultado para examinar el mandato del superior y para
incumplirlo si lo tiene por ilegítimo. La calificación del hecho como
falta disciplinaria y la determinación de su gravedad dependerá del
conjunto de factores que en cada caso concurran: la importancia de la
orden para el servicio, notoriedad y alcance de su eventual ilegitimidad,
grado y empleo del superior que la emite y del inferior que la recibe,
circunstancias de lugar y tiempo, actitud adoptada por el inferior en el
momento de expresar su decisión, etcétera.
Atendiendo a estos parámetros, no ya penales, por cuanto consta en el
procedimiento de auto de sobreseimiento y archivo judicial sino
disciplinarios, es reseñable en el presente supuesto que la actitud del
interesado, con independencia de si su valoración respecto a la misión u
orden recibida fue ajustada al ordenamiento jurídico, se atempera, sin
embargo, con las prescripciones que a tal efecto establece el artículo 32
de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, es decir, presentar la
objeción pertinente siempre que no perjudique a la misión encomendada, en
cuyo caso la reservará hasta haberla cumplido.
En este orden de cosas, y simplemente de la lectura del escrito de 27 de
octubre de 1997, por la que el interesado elevó su reclamación ante el
superior jerárquico, en este caso el General Director de la Academia de
Artillería, se desprende sin ningún género de dudas que no se encontraba
en el ánimo del sancionado el perjudicar la misión encomendada, cual era
organizar el baile en honor de la patrona, Santa Bárbara, con la debida
eficacia, ya que incluso el propio recurrente en aquel momento se puso a
la entera disposición de los mandos de la Academia de Artillería para
realizar los trabajos pertinentes, de tal forma que su pretensión de no
implicar al personal militar de reemplazo, con la salvedad ya dicha de su
trascendencia jurídica y a efecto de disciplina militar, que luego se
analizará, en modo alguno afectaba al debido fin de la misión
encomendada, cuestión nunca puesta en entredicho por parte del suboficial
recurrente.
Partiendo, pues, de la actitud adoptada por el inferior, cuando menos
siempre respetuosa al momento de expresar su decisión, es especialmente
relevante analizar la importancia de la orden para el servicio y muy
significativamente si la misma lo era respecto al mismo.
La vinculación al servicio de la orden recibida y trascendencia o
afección a personal de reemplazo debe ponerse en relación con cuanto
señala el artículo 27.1 de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre,
del Servicio Militar, esto es-- y lo decía su señoría--: los militares de
reemplazo desarrollarán actividades tácticas, técnicas, logísticas, así
como administrativas y aquellas otras necesarias para el mantenimiento y
funcionamiento cotidiano de las unidades, para lo que recibirán la
instrucción y formación adecuadas con arreglo a lo que establece esta
Ley. No se les podrá encomendar tareas ajenas al servicio. En este
sentido, es patente el espíritu del legislador de excluir de las
funciones asignadas a los militares de reemplazo no profesionales, a
tenor del artículo 24.5 de la Ley Orgánica citada, aquellas que sean
ajenas al servicio, entendiendo éste como el conjunto de misiones que por
su destino pudieran corresponderle conforme al ordenamiento jurídico.
Tales funciones, en relación directa con el servicio, son las tácticas,
técnicas, logísticas y administrativas, tal y como se señala en el
transcrito precepto de la Ley Orgánica 13/1991, y coinciden generalmente
con las funciones del militar reguladas en el Título IV de las Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, siendo cierto que actividades tales
como las derivadas de la organización de un baile festivo y tradicional
con motivo de un festejo de la patrona de artillería, no tienen encaje en
ninguna de las actividades genéricas, ya sean tácticas, técnicas,
logísticas o ni siquiera administrativas. Pudiera, no obstante,
entenderse que el inciso del artículo 27 antes citado, en cuanto a otras
actividades necesarias para el mantenimiento y funcionamiento cotidiano
de las unidades, pudiera incluir actuaciones tales como las que ahora son
objeto de análisis. No obstante, en réplica a tal posible argumentación,
no sólo es reseñable que una fiesta patronal no tiene el carácter
cotidiano a los fines a que se refiere aquí el artículo 27, sino también
que aquel mantenimiento y funcionamiento diario no siempre tiene que
tener una relación directa con el funcionamiento de la unidad, y
obviamente con el fin para el que se encuentra constituida, no
considerándose en este orden de cosas que la organización y celebración
de un baile con motivo de una fiesta patronal tenga una relevancia
inmediata sobre el funcionamiento preciso de la unidad, en este caso, la
Academia de Artillería, la cual, por su denominación y configuración,
conforme a la Ley 17/89, de 19 de julio, se constituye como un centro
docente militar con finalidad de impartir las enseñanzas de formación
específicas que fuesen pertinentes. En definitiva, ninguna objeción
cabría a que la orden recibida fuera de funcionamiento o mantenimiento de
las dependencias de la Academia Militar en su versión de prestación de
servicio académico docente, mas no en aquéllas de carácter lúdico que,
por contra, se consideran ajenas al servicio propio de la unidad y, por
tanto, sería justificable la negativa a que personal de reemplazo, al
amparo del artículo 27, fuera obligado al cumplimiento de misiones ajenas
a las propias de la unidad.
Por todo lo anterior, el Ministro de Defensa, por resolución de 21 de
julio de 1998, con estimación del recurso presentado por el citado
suboficial, procedió a anular la sanción impuesta. Con ello, este
Departamento ha estimado que en la actuación de don Carlos Llanos Torres
no existe elemento alguno de antijuricidad que la haga susceptible de
reproche disciplinario.
En conclusión, y a la hora de valorarse por el Gobierno los hechos
acaecidos, en primer lugar y obviamente, el hecho de que la autoridad que
tenga la potestad disciplinaria la ejerza en virtud de la Ley Orgánica
12/1985, como hizo el Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército
de Tierra al ordenar la incoación del expediente disciplinario número
33/98, calificando la conducta del sargento Llanos Torres como
constitutiva de la falta grave antedicha y acordando imponerle la sanción
de un mes y un día de arresto, para nada indica que por dicha autoridad
disciplinaria se haya conculcado norma alguna. Naturalmente, y ya en vía
administrativa, resulta evidente cuál es la valoración que a este
Departamento merece dicha resolución dictada por el Jefe del Estado Mayor
del Ejército de Tierra en aquel expediente disciplinario 33/98, ello
tanto por los argumentos que se contienen en el dictamen de la asesoría
jurídica general de 20 de julio de 1998, que la resolución del Ministerio
de Defensa, de 21 de julio siguiente hace suyos en su integridad, como
por los que sucintamente han quedado expuestos anteriormente en mi
comparecencia. Por ello, no parece, visto lo acontecido, que pueda
reprocharse dejación alguna al respecto a las autoridades militares
competentes, tanto administrativas como jurisdiccionales, puesto que de
un lado por el juzgado togado territorial número 13 se instruyeron las
diligencias previas para la depuración de los hechos llevados a cabo por
el sargento Llanos Torres y acordado el archivo de las mismas y, por
otro, se ordenó por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra la
incoación en sede disciplinaria de un expediente de dicha índole en el
que, acordada la imposición de una sanción por falta grave a aquel
suboficial, el Ministro de Defensa, resolviendo favorablemente el recurso
interpuesto por el aludido sargento contra la resolución que le imponía
una sanción, acordó en consecuencia anular dicha sanción.
Todo ello permite afirmar que, tanto en el ámbito jurisdiccional como en
el administrativo, se ha procedido al más escrupuloso cumplimiento de la
ley en el presente caso y, por lo que concierne a esta última vía
administrativa, que es la disciplinaria militar, se ha procedido a
estimar, por cuantas razones se han señalado, las pretensiones
revocatorias del interesado, estimándose el asunto concluido.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Si prolija fue la pregunta, prolija ha sido la respuesta.
Tiene la palabra el Senador González López.
El señor GONZALEZ LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Habrá comprendido el motivo de mi extensión por la propia respuesta que
necesitaba el tema. Ahora le prometo ser muy breve en este aspecto.
No vamos a entrar en un debate jurídico --porque yo no soy quién para
ello-- en cuanto al concepto de orden, de legitimidad o ilegitimidad, de
licitud o ilicitud, que me he perdido, aunque he leído todos estos
documentos. Lo que sí es cierto es que, en algunos casos, por encima de
éstos, debe imperar el sentido común, que en este caso creo que no lo ha
hecho. Voy a poner un ejemplo muy práctico que hemos oído los que hemos
hecho la mili. Puede ocurrir que un subordinado reciba la orden de:
recoge a mis hijos del colegio y lleva a mi mujer a la compra. Esto les
suena, ¿verdad? Es algo que nos suena muchas veces a los que hemos hecho
la mili. Este subordinado debe obedecer la orden, ya que, de no hacerlo,
puede abrírsele un expediente por una falta grave. Sin embargo, el
superior que da este tipo de órdenes, si se le piden responsabilidades,
que rara vez alguien se atreve a pedírselas, tan sólo se vería expuesto a
cumplir una sanción por falta leve. Esto es algo que habría que corregir.
Fundamentalmente, lo que ha animado a este Senador a presentar esta
pregunta es que haya consciencia de que en el Ejército español, en las
Fuerzas Armadas, se siguen produciendo irregularidades de este tipo
--cada vez menos-- y de lo que se trata es de que se eviten en el futuro,
sobre todo en el futuro de unas fuerzas profesionales, donde cada uno, en
su sitio, debe ser respetuoso con las leyes militares, tenga o no
galones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González López.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente; gracias, Senador.
Este Secretario de Estado también ha cumplido con su servicio militar,
además, antes del año 1991, y jamás le ha ocurrido una situación de
éstas. Pongo este ejemplo personal para no caer en generalizaciones que
permitan juzgar a una institución como las Fuerzas Armadas por algunos
detalles que hayan podido ocurrir o que pueden estar ocurriendo;
afortunadamente, cada vez menos --como ha dicho su señoría.
Efectivamente --por eso he querido hacer una exposición larga y precisa
jurídicamente de este asunto--, creo que el sentido común es muy
importante, pero el cumplimiento de la ley, entendida como el producto de
la voluntad popular expresada en unas determinadas normas, es parte de
ese sentido común y, además, es parte importante para establecer un
sentido común general, que permita que no se apliquen los particulares a
determinados aspectos que tienen mucha más garantía en la ley que en el
sentido común.
¿Qué quiero decir con esto? Lo que nos hemos limitado a hacer en el
Ministerio de Defensa es a aplicar estrictamente la ley, desde el punto
de vista del fondo y desde el punto de vista del proceso. Es indudable
que tanto la jurisdicción militar como la administrativa han decidido, al
final, en contra de una decisión que se tomó en la escala administrativa,
por quien podía tomarla, y lo hizo de acuerdo con unos criterios
jurídicos que luego fueron interpretables en relación con el fondo.
No creo que de una decisión del Ejército de Tierra, basada en una
juricidad evidente, deba deducirse que en el Ejército, en las Fuerzas
Armadas, se producen, constante y generalmente lícitos --o, por lo menos,
legítimos-- abusos de poder, en los que no hay una clara denuncia, por
decirlo así, caso por caso. Pienso que esas generalizaciones --su señoría
estará de acuerdo conmigo-- no hacen ningún bien, ni a la institución ni
a quienes la gobiernan en estos momentos.
Por tanto, permítame decirle que tanto la parte civil del Ministerio --el
Gobierno-- como la parte militar --la institución de las Fuerzas
Armadas-- son plenamente conscientes, y hay muchos datos y muchas
actuaciones --precisamente hay una del Jefe del Estado Mayor del Ejército
de Tierra, que es el nuevo Código de Mando-- en las que se establecen los
nuevos criterios de gestión en relación con el personal de las Fuerzas
Armadas. Es un proceso que lleva tiempo, es un proceso de concienciación
en el que estamos todos.
Este asunto que hemos visto es una interpretación estricta --diría yo--
de unos determinados preceptos; interpretación que el poder político del
Ministerio ha considerado que es tan estricta que, siendo lícita y siendo
legítima, quizá no es la más procedente desde el punto de vista de la
situación actual de las Fuerzas Armadas.
La decisión la toma el Ministro de Defensa, con plena capacidad de
oponerse a una decisión disciplinaria; la toma porque considera que la
sanción no es procedente con la situación actual que ampara la ley y que
ampara estos días la conciencia general de qué debe ser y qué no debe ser
una determinada actuación, y la toma en relación con la sanción
administrativa, que no entra en el fondo del asunto, sino, precisamente,
en la capacidad que se tiene de interponer una sanción disciplinaria
cuando, siendo ilegítima una orden, sin embargo es lícita y, por el
incumplimiento que establece la propia ley, se puede sancionar. El
Ministro tiene administrativamente la capacidad de levantar esa sanción,
que es lo que ha hecho.
Creo que esto demuestra el talante de este Gobierno y, de otra manera, la
necesidad de que todo el proceso jurídico se desarrolle antes de llegar a
medidas que interpreten todo ese procedimiento sin mengua del principio
de la disciplina que sus señorías saben está ínsito en lo más profundo de
la organización militar.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Quiero dar las gracias al señor Secretario de Estado
por su comparecencia, y a sus señorías por la formulación de sus
preguntas.
Antes de levantar la sesión, quiero dar una noticia a la Comisión, que no
me gusta dar, pero tengo que hacerlo. Como saben sus señorías, el
Ministerio de Defensa invitó a esta Comisión a visitar diferentes
instalaciones militares, entre los días 4 y 7 de noviembre, en el
archipiélago canario.
Pues bien, la Mesa que nos gobierna a todos, la Mesa de esta Casa, ha
decidido autorizar ese viaje sólo a la Mesa y a los Portavoces y no a
toda la Comisión, siendo así que el Ministerio de Defensa había cursado
la invitación a su totalidad. Quiero que conste en acta mi disgusto como
Presidente, en nombre de la Comisión, por esta decisión. Me parece que la
Mesa ha tenido poca sensibilidad y no ha valorado bien el alcance de una
invitación del Ministerio de Defensa, que era para todos, no sólo para la
Mesa y los Portavoces. Mañana trasladaré mi queja al Presidente de la
Cámara. Bien es cierto que la Mesa no tiene por qué motivar ni justificar
sus decisiones, pero esta decisión, desde luego, perjudica a la Comisión
de Defensa, y mañana así se lo haré saber al Presidente de la Cámara.
Como siempre, agradezco la profesionalidad de los servicios de la Cámara
y, a todos, su presencia. Se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos.