CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Núm. 119
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 23 de febrero de 1999
ORDEN DEL DIA:
Primero
--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 9 y 10 de febrero de 1999.
Segundo
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a ordenar
a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) la mejora de la
calidad de los servicios ferroviarios que actualmente presta en la
provincia de Almería, y a suscribir diversos convenios para mejorar
distintas vías ferroviarias (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 636, de fecha 22 de febrero de
1999) (Número de expediente 671/000062).
Tercero
Mociones:
--De los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas Vascos y
Mixto por la que se insta al Gobierno a continuar interesándose por la
situación del ciudadano español D. Joaquín José Martínez, condenado a
muerte en el Estado de Florida (Estados
Unidos), a hacer un seguimiento del proceso legal planteado por él ante
el Tribunal Supremo de Florida, y a que España fomente la presentación en
la Asamblea General de las Naciones Unidas de un proyecto de resolución
común en favor de una moratoria universal de las ejecuciones, con vistas
a la abolición de la pena de muerte (Número de expediente 662/000163).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a promover, en el marco de la Unión Europea, una normativa que
limite o prohíba la comercialización y, en su caso, publicidad de los
videojuegos en los que se ensalza la violencia o conductas socialmente
censurables y de los juguetes que inducen al maltrato o a la tortura, así
como a propiciar, en el ámbito nacional, un acuerdo de autocontrol con la
industria y con los establecimientos del sector sobre limitación en la
producción y venta de estos juegos y juguetes (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 636, de fecha
22 de febrero de 1999) (Número de expediente 662/000162).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
que, en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
de forma urgente, adopte todas las medidas necesarias para reparar los
daños producidos en esta Comunidad por causas sísmicas, especialmente en
los municipios de Mula, Campos del Río y Albudeite (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 636,
de fecha 22 de febrero de 1999) (Número de expediente 662/000161).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a que,
con carácter de urgencia y antes de la próxima convocatoria electoral,
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 68.5 de la
Constitución, elabore y apruebe un Decreto que regule los criterios y
limite los supuestos de aplicación del artículo 75 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 636,
de fecha 22 de febrero de 1999) (Número de expediente 662/000160).
Cuarto
Toma en consideración de Proposiciones de Ley del Senado:
--Proposición de Ley de modificación de la regulación de la declaración
de fallecimiento de los desaparecidos con ocasión de naufragios y
siniestros. (Autor: Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos), (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie III A, número 14, de fecha 25 de enero de 1999) (Número de
expediente 622/000014).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 9 y 10 de febrero de 1999
Se aprueban las Actas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 5606)
--Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a ordenar
a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) la mejora de la
calidad de los servicios ferroviarios que actualmente presta en la
provincia de Almería, y a suscribir diversos convenios para mejorar
distintas vías ferroviarias (Página 5606)
El señor Román Clemente defiende la moción. El señor Arance Soto defiende
la enmienda del Grupo Popular. El señor Román Clemente expone la posición
de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En turno de
portavoces, hace uso de la palabra el señor Bonilla Rodríguez, por el
Grupo Socialista. Los señores Arance Soto y Román Clemente intervienen de
nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Mixto por 90 votos a favor, 121 en contra
y 17 abstenciones.
MOCIONES (Página 5612)
--De los Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Socialista, Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas Vascos y
Mixto, por la que se insta al Gobierno a continuar interesándose por la
situación del ciudadano español D. Joaquín José Martínez, condenado a
muerte en el Estado de Florida (Estados Unidos), a
hacer un seguimiento del proceso legal planteado por él ante el Tribunal
Supremo de Florida, y a que España fomente la presentación en la Asamblea
General de las Naciones Unidas de un proyecto de resolución común en
favor de una moratoria universal de las ejecuciones, con vistas a la
abolición de la pena de muerte (Página 5612)
El señor Nieto Cicuéndez defiende la moción en nombre del Grupo Mixto. El
señor Bolinaga Bengoa defiende la moción en nombre del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor Capdevila i Bas defiende la moción en
nombre del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor
Díez González defiende la moción en nombre del Grupo Socialista. El señor
Jaén Palacios defiende la moción en nombre del Grupo Popular.
Se aprueba la moción de los Grupos Popular, Socialista, Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto
por 220 votos a favor de los 220 emitidos.
--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a promover, en el marco de la Unión Europea, una normativa que
limite o prohíba la comercialización y, en su caso, publicidad de los
videojuegos en los que se ensalza la violencia o conductas socialmente
censurables y de los juguetes que inducen al maltrato o a la tortura, así
como a propiciar, en el ámbito nacional, un acuerdo de autocontrol con la
industria y con los establecimientos del sector sobre limitación en la
producción y venta de estos juegos y juguetes (Página 5617)
La señora López Garnica defiende la moción. No se hace uso del turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Varela i
Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Oyarzábal Uriarte, por el Grupo Socialista, así como la señora López
Garnica, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por asentimiento de la Cámara.
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
que, en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
de forma urgente, adopte todas las medidas necesarias para reparar los
daños producidos en esta Comunidad por causas sísmicas, especialmente en
los municipios de Mula, Campos del Río y Albudeite (Página 5623)
La señora Martínez García defiende la moción. El señor Fernández Aguilar
defiende la enmienda del Grupo Popular. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra las señoras De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y
Martínez García, por el Grupo Socialista, así como los señores Beguer i
Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Fernández Aguilar, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Popular, por asentimiento de la Cámara.
--Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a que,
con carácter de urgencia y antes de la próxima convocatoria electoral,
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 68.5 de la
Constitución, elabore y apruebe un Decreto que regule los criterios y
limite los supuestos de aplicación del artículo 75 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Esta moción ha sido retirada.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 5629)
--Proposición de Ley de modificación de la regulación de la declaración
de fallecimiento de los desaparecidos con ocasión de naufragios y
siniestros. (Autor: Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos) (Página 5629)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la toma en consideración. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y
Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Carrera i Comes, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Rodríguez Rodríguez, por el
Grupo Socialista, y Ariznavarreta Esteban, por el Grupo Popular. El señor
Gatzagaetxebarría Bastida interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba la toma en consideración por asentimiento de la Cámara.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cincuenta minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO DE 1999.
La señora PRESIDENTA: ¿Pueden entenderse aprobadas por asentimiento las
actas de las sesiones anteriores celebradas los pasados días 9 y 10 de
febrero? (Pausa.)
Quedan aprobadas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ORDENAR
A LA RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES (RENFE) LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTA EN LA
PROVINCIA DE ALMERIA, Y A SUSCRIBIR DIVERSOS CONVENIOS PARA MEJORAR
DISTINTAS VIAS FERROVIARIAS (671/000062).
La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos al punto segundo del orden
del día.
Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto por la
que se insta al Gobierno a ordenar a la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles (RENFE) la mejora de la calidad de los servicios ferroviarios
que actualmente presta en la provincia de Almería, y a suscribir diversos
convenios para mejorar distintas vías ferroviarias.
A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Para la defensa de la moción originaria tiene la palabra por tiempo de
cinco minutos, por el Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.
La moción que presentamos en este Pleno, consecuencia de la interpelación
realizada en el Pleno del día 10 de febrero, viene a plantear la
necesidad de abordar inversiones en política ferroviaria en Andalucía
Oriental en general, en concreto en la provincia de Almería, para lo que
propone una serie de iniciativas que contribuirían a esas necesarias
inversiones.
Esta moción está hecha desde un espíritu constructivo de colaboración.
Con ella se pretende que todas las instituciones implicadas en
inversiones que mejoren la situación del ferrocarril en la provincia de
Almería puedan colaborar, coordinarse y no demorar estas necesarias y
urgentes inversiones.
Quiero hacer un repaso a cada uno de los puntos que contempla nuestra
moción. El primer punto hace una reflexión sobre la situación del
transporte de viajeros y mercancías en la citada provincia de Almería;
situación que se ha ido deteriorando progresivamente y que llevaría a una
urgente medida en torno a RENFE para que mejore la calidad de los
servicios ferroviarios, tanto en el transporte de viajeros como en el
transporte de mercancías, actuando sobre el material rodante. Es de sobra
conocido en Almería que la situación en la que se encuentra el material
rodante en las diferentes líneas, sobre todo en las grandes, es
sencillamente lamentable. Diferentes gobiernos y, recientemente el
Gobierno del Partido Popular, prometieron la llegada de la tecnología
TALGO, de una nueva generación de tecnología TALGO Pendular para la
provincia de Almería. Ni será la última ni, desde luego, va a ser esta
provincia una pionera en cuanto a la utilización de este material, pero
al menos constituía una mejora en cuanto al material rodante, pero esta
promesa se ha visto incumplida.
Está por ver también cuándo se va a acometer la necesaria electrificación
de la línea de Almería, imprescindible para abordar el problema del
soterramiento, imprescindible para acortar los tiempos y que exista una
mayor solicitud por parte de los ciudadanos de ese modo de transporte.
Decíamos que había que adecuar horarios para hacer un uso más intensivo
de estos servicios. Es lamentable --y tampoco se puede acortar esta forma
de definirlo-- la conexión, por ejemplo, de Almería con Levante, de
Almería con Murcia y Alicante; con Murcia es inexistente hoy por hoy, y
con Alicante, señorías, conocen cuál es la situación; conseguir una buena
comunicación con Barcelona es sencillamente imposible; prometían desde
RENFE que iba a mejorar esta situación y las promesas han quedado
reducidas a un empeoramiento del servicio, y a una mayor tardanza del
mismo.
En segundo lugar, queremos que se paralice algo que decidió el Consejo de
Ministros el día 2 de mayo de 1998: el levantamiento de las vías del
trazado Guadix-Almendricos, porque creemos que un nuevo estudio sobre
demanda, sobre rentabilidad económica podría aportar unos datos que
serían necesarios para la puesta en funcionamiento de nuevo de esa línea,
dada la pujanza que ahora mismo está teniendo toda la comarca del mármol.
En tercer lugar, planteábamos --y no por ello son excluyentes estas
medidas-- y planteamos suscribir un convenio de colaboración con el
Gobierno andaluz, porque no puede ser de otra forma si queremos y creemos
en la capacidad de autogobierno de Andalucía. Si queremos y creemos que
Andalucía puede y debe contribuir al desarrollo de sus competencias es
imprescindible formalizar un convenio de cooperación, de colaboración
para que lo que está recogido en el Plan Director de Infraestructuras que
ha hecho público el Gobierno andaluz y lo que puede estar recogido en el
Plan Director de Infraestructuras del Gobierno de España, con las
diferentes inversiones que se puedan acometer en un futuro, se haga desde
la necesaria colaboración-cooperación en dos grandes temas: en el
corredor Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén-Almería, y en la conexión de
Almería al Euromed. El trazado Almería-Murcia
es una demanda que recientemente han reafirmado los sectores económicos
de la provincia de Almería, presentando razones y datos que avalan un
uso, tanto para mercancías como para viajeros, de ese tramo
Almería-Murcia. Almería debe estar conectada a Murcia, y a través de ella
a Euromed, ya que a Euromed le interesa llegar a Almería.
El cuarto punto viene a decir precisamente lo que, tímidamente, es
verdad, el Gobierno empieza a plantear como un cambio en la prioridad en
las inversiones en los diferentes corredores ferroviarios. También
planteamos la necesidad de abordar lo que el Plan General de Ordenación
Urbana plantea para la provincia de Almería: soterramiento del
ferrocarril. Almería hoy día está partida, y hacer frente al
soterramiento del ferrocarril es una necesidad; incluir en ese
soterramiento la posibilidad de conexión con el puerto, por el desarrollo
económico que supone para la provincia de Almería y por el desarrollo
económico que está manteniendo el puerto, es también otra necesidad.
Recientemente, diferentes Administraciones han presentado en Almería la
intermodalidad entre los diferentes modos de transporte, y vienen a decir
que la estación que comienza su construcción en Almería puede ser de las
primeras de este país en cuanto a la intermodalidad, pero para eso hay
que hacerlo efectivo. Hay que hacerlo efectivo porque según dicen otros
estudios, muy pocos viajeros van a coger el tren, mientras que el
porcentaje de los que cogerán el autobús sigue siendo muy elevado: sólo
diez viajeros de cada cien viajeros cogerán el tren en la estación
intermodal, el resto tomará el autobús. Y es que con esos horarios y esos
trenes es difícil pensar que alguien en Almería se atreva a coger alguno
de estos trenes para ir a Barcelona porque puede estar recorriendo medio
país para llegar y tardará muchas horas. Es increíble que todavía se
puedan seguir manteniendo unos trenes que pasan por algunos tramos en los
que sólo falta empujarlos, porque su velocidad no llega ni a los 35
kilómetros por hora.
Y un último punto. Creemos necesario que ese arco mediterráneo no
concluya en Almería. Creemos que sobre ese arco mediterráneo se deben
hacer los estudios pertinentes, tal y como recogen algunos proyectos de
la Unión Europea, para que pueda continuar a Málaga y Algeciras. La
conexión y vertebración de toda Andalucía depende, señorías, de las
inversiones que se realicen en política ferroviaria.
Quisiera terminar por donde empezaba cuando interpelaba en un pasado
Pleno al Ministro de Fomento. Si se quiere plantear desde el Gobierno
como justificación ante los ciudadanos de Almería que es imposible
abordar todas las inversiones que necesita la provincia, que hay muy poco
para invertir y son muchas las demandas, es difícil mantener esa posición
--ya se lo anticipo-- en nuestra provincia. Almería ha sido paciente, muy
paciente, a la hora de esperar inversiones en infraestructuras. A Almería
primero se le dijo que se harían inversiones en autovías, y que
posteriormente llegarían otras inversiones --ferrocarril, agua o gas--.
Hasta el momento la concreción de esas inversiones siempre se limita y se
refiere a promesas. Este es el momento. El Gobierno no puede cambiar la
prioridad en las inversiones en política ferroviaria porque es una
necesidad que no admite demora, y en Almería estamos acostumbrados a
presenciar y a observar que cuando algo no se realiza es que
definitivamente se pierde.
En esta ocasión quiero hacer un llamamiento a toda la Cámara. Creemos que
esta moción es medida, creemos que esta moción es justa, creemos que esta
moción es necesaria para Almería, para Andalucía, para su crecimiento
económico, y creemos que es fundamental para consolidar el crecimiento
económico de la provincia de Almería. Una simple lectura de los datos de
crecimiento en los últimos años en la provincia de Almería nos lleva a
ser algo más generosos en cuanto a lo que debe recibir la provincia de
Almería y lo que la provincia de Almería contribuye al producto interior
bruto de Andalucía y al producto interior bruto de este país. Las
necesarias inversiones en política ferroviaria consolidarían este
crecimiento; demorarlo no tiene ninguna razón, ninguna justificación.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.
Para la defensa de la enmienda tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, el Senador Arance, por un tiempo de
cinco minutos.
El señor ARANCE SOTO: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Román, desde esta tribuna le garantizo que mientras este
país esté gobernado por el Partido Popular no se perderá nada en Almería.
Han pasado los tiempos en que Almería, como usted bien decía, se perdía
algo. Le puedo garantizar que con este Gobierno poco o nada se va a
perder en Almería.
Señoría, intervengo en nombre del Grupo Popular para, en primer lugar,
felicitar al Senador Román Clemente por el tono y el talante que ha
exhibido a lo largo de toda su intervención.
Permítame, señor Román, que le facilite porque, tal y como hizo en la
interpelación que trae como consecuencia esta moción, su talante ha sido
de diálogo, de entendimiento y de querer solucionar los problemas que
afectan hoy día a la provincia de Almería, en este caso en materia de
infraestructuras.
En segundo lugar, intervengo para plantear una enmienda de modificación,
que --a mi entender-- refleja con mucha mayor exactitud y realismo la
solución de la problemática de las infraestructuras ferroviarias en la
provincia de Almería que la contemplada en la moción presentada por su
señoría.
Es verdad, señor Román, que Almería tiene carencias en materia de
infraestructuras, no podemos negar la evidencia, y, si me apura,
posiblemente sean más evidentes en lo que se refiere al ferrocarril, pero
no es menos cierto que el Gobierno de la nación está siendo sensible a
estos problemas y está apostando claramente por una adecuación razonable
de nuestras infraestructuras, con la construcción de vías o carreteras de
alta capacidad, que den cumplida respuesta a las demandas de la sociedad
almeriense y que sirvan como ejemplo a los compromisos del Gobierno para
conectar adecuadamente Almería con su entorno inmediato,
Andalucía. Podemos hablar de lo avanzado de los estudios y plazos
correspondientes a la obra de construcción de la autovía del
Mediterráneo, así como, en lo que se refiere a competencias del Estado,
de la conexión de Almería con la Autovía del 92, aquella que juntaba
voluntades, señor Román, pero que, en su momento, juntó todas menos la de
Almería. En este momento, el Gobierno quiere juntar esas voluntades y, de
hecho, ya sabe que se está estudiando la adecuación del tramo
Almería-Tabernas para su construcción.
En lo que se refiere al ferrocarril, señoría, es clara y patente --así lo
planteó el señor Ministro de Fomento en su comparecencia ante esta Cámara
para dar respuesta a su interpelación-- la voluntad del Gobierno de
acelerar los estudios previos como antesala del futuro. De hecho, usted
sabe que, en su día, en la Comisión de infraestructuras del Congreso de
los Diputados, se aprobó un proposición no de ley en este sentido,
proposición no de ley que el Ministerio de Fomento está cumpliendo en
todos sus términos. Esa proposición no de ley pretendía acelerar los
estudios previos, como antesala al futuro proyecto de la construcción de
los 220 kilómetros de los tramos La Encina-Alicante y Alicante-Murcia,
del corredor Murcia-Valencia-Barcelona, y los nuevos a emprender como
paso previo a la incorporación de Almería a la conexión con el levante en
el Proyecto Euromed. La aceleración de los estudios ya emprendidos por el
Ministerio de Fomento para consolidar la inclusión de Almería dentro de
los grandes corredores ferroviarios y, sobre todo, la adecuada
integración del ferrocarril en la ciudad de Almería, es otra prueba de la
voluntad del Gobierno y de su preocupación por los problemas que afectan
a nuestra provincia, y me estoy refiriendo al corredor
Madrid-Jaén-Almería.
En cuanto a la línea Guadix-Almendrico, he de recordarle que, por acuerdo
del Consejo de Ministros de 20 de octubre de 1995, previo a la solicitud
de RENFE, a propuesta del entonces Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, y por motivos que en su día se detallaron,
se autorizó el levantamiento de la vía e instalaciones anejas en un total
de 20 tramos de la red ferroviaria, cerrados previamente al tráfico por
otro acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 1984. Es
verdad que en un principio se acordó un estudio conjunto entre RENFE y el
Ministerio de Defensa sobre el interés de esta línea para las necesidades
de la defensa nacional, aunque este estudio concluyó, como usted muy bien
sabe, en el sentido de que dicho tramo había dejado de ser de interés
estratégico para la misma. La realidad, señoría, es que este tramo, ya
desmantelado en casi su totalidad en nuestra provincia, aunque valoramos
su rentabilidad social, no sería posible ponerlo nuevamente en
funcionamiento, pues su coste económico supondría una inversión que
correspondería prácticamente a la apertura de una nueva línea férrea,
dado el mal estado en que se encuentra, y supondría una inversión
importantísima, enorme. Ya le dijo el Ministro de Fomento que la
construcción de estos nuevos tramos podríamos cifrarla entre 1.000 y
2.000 millones de pesetas por kilómetro de vía puesta en funcionamiento,
cantidad excesiva a todas luces, dada la escasa rentabilidad económica de
la misma y el correspondiente incremento del déficit para RENFE.
En cuanto al soterramiento, se continúan las negociaciones desde el
Ayuntamiento de Almería y desde la Mesa de las infraestructuras y no
damos por descartado que se pueda llegar a un acuerdo.
En cuanto a la inversión que propone, señoría, usted comprenderá que un
Gobierno que lleva gobernando escasamente tres años no puede hacer frente
a esas inversiones que en otro momento no hubo voluntad política de
realizar, por lo cual nosotros tendremos que hacerlas adecuándolas a los
tiempos y a las necesidades que tenga cada una de nuestras provincias.
Quiero que sepa, Senador Román Clemente, que mi Grupo, mi Partido y el
Gobierno estamos por la mejora de las infraestructuras en la provincia de
Almería. No en balde estamos vinculados a la Mesa de las
infraestructuras, a través de la Diputación Provincial y del propio
partido en Almería.
Como estoy convencido de que su señoría pugna por esa mejora, le planteo
la enmienda, que supongo en su poder, de modificación para que, una vez
aprobada, podamos ir de la mano en las reivindicaciones que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de todos los almerienses.
La enmienda se resume en tres apartados fundamentales, a los que voy a
hacer referencia muy brevemente, señora Presidenta. El primero, continuar
mejorando los servicios ferroviarios que presta RENFE en la provincia de
Almería. En segundo lugar, acelerar, en la medida de lo posible, los
estudios acometidos por el Ministerio de Fomento sobre los tramos La
Encina-Alicante y Alicante-Murcia y los que se han de iniciar a fin de
realizar la incorporación de Almería al tramo Euromed. Y, en tercer
lugar, activar los estudios emprendidos por el Ministerio de Fomento que
consoliden la inclusión de Almería dentro de los grandes corredores
ferroviarios y sobre la integración del ferrocarril en la ciudad de
Almería y su conexión con el puerto, a fin de poder acordar con las
administraciones afectadas y en el plazo más breve posible la solución
más adecuada para la integración del ferrocarril en la ciudad de Almería.
Señorías, señor Román, en caso de aceptar nuestra propuesta estaríamos en
disposición de votar favorablemente esta moción; en caso de no aceptarla,
lamentablemente, tendremos que votar en contra, lo cual no significa que
dejemos de comprometernos a que se siga trabajando desde el Grupo
Parlamentario Popular, desde el Partido Popular y desde el Gobierno para
la mejora de las infraestructuras en su conjunto en la provincia de
Almería.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Arance.
¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario Mixto?
(Asentimiento.)
Senador Román, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Arance, al final votarán en contra. Dicen que están dispuestos a
hacer inversiones, pero votan que no, y le voy a explicar por qué.
Su enmienda plantea continuar mejorando los servicios ferroviarios que
presta RENFE en relación con la provincia de Almería. Le voy a poner dos
ejemplos; por un lado, la conexión Barcelona-Granada-Almería y, por otro,
Barcelona-Málaga. El primer tren sale de Barcelona a las 18:33, y media
hora después sale el que va con destino a Málaga. ¿Sabe cuándo llegan a
Castellón? Pues el que ha salido media hora después llega una hora y
catorce minutos antes a Castellón. Es decir, se puede perder el primero,
ir a Castellón y coger el segundo para hacer el tramo Granada-Almería.
Sale antes y llega muchísimo más tarde, porque hace paradas inexplicables
de cuarenta o cincuenta minutos y en algunos tramos su velocidad no llega
a alcanzar los 35 kilómetros por hora.
¿Es eso seguir mejorando por parte de RENFE la conexión con Almería y con
Granada? Pero hay más, ni siquiera RENFE estudia la posibilidad de
incluir un vagón de literas en la conexión Barcelona-Málaga que pudiera
llegar a Granada o Almería. Para poder coger el tren en Almería hay que
desplazarse a Morera junto con otros viajeros; suelen ser personas
mayores que utilizan con frecuencia el ferrocarril y que aguantan unas
condiciones insoportables.
¿Mejorar el servicio de RENFE significa reducir la plantilla y pasar de
los 300 trabajadores de 1994 a los 230 del año 1997? ¿Mejorar la
situación es que en la conexión Almería-Madrid no se superen los 53
kilómetros por hora, o que el TALGO, que es un rápido, no alcance los 83
kilómetros por hora? Es difícil explicar que ésa es una política de
mejora.
Su enmienda plantea tres cuestiones. A la primera ya he hecho referencia.
En cuanto a la segunda, se refiere a acelerar las medidas para analizar
si el tramo Almería-Murcia puede estar incluido en el Euromed. Pero,
Senador Arance, en Almería muy pocos se cuestionan el derecho a la
conexión de Almería con Murcia y su inclusión en la alta velocidad que
supone el Euromed. Se entiende como una traición hacia Almería
cuestionarse en estos momentos la necesidad de esta inversión; y su
señoría lo sabe, porque, no sólo su Presidente en Almería, sino también
su Partido, tienen que estar acogiéndose continuamente a la promesa de
que Almería no puede quedarse descolgada del Euromed. Esa es una realidad
que queremos que se concrete en un plazo razonablemente corto. Por eso su
enmienda, no sólo no añade nada, sino que además diluye cualquier
compromiso al respecto.
Es en el punto tercero donde más se avanza en este tema. Pero quisiera
entender que eso no se debe a razones estrictamente electorales, porque
existe el compromiso por parte del Ayuntamiento de Almería --desde que lo
incluyó en el Plan General de Ordenación Urbana-- de acometer el
soterramiento del ferrocarril. Por otro lado, es imprescindible la
colaboración entre las diferentes administraciones, y sólo en este punto
se hace una vaga referencia a la necesidad de dicha colaboración. Y le
diré algo al respecto: el papel de la Junta de Andalucía en el desarrollo
de la política ferroviaria de Almería tiene que ser de decidida
participación y colaboración. Sin embargo, su enmienda anula cualquier
posibilidad de colaboración con la Administración andaluza. Y es curioso,
porque ustedes gobiernan en la Región de Murcia, y precisamente en breve
van a suscribir un convenio de cooperación con el Gobierno andaluz para
mejorar las comunicaciones --en concreto, el transporte ferroviario--;
van a aunar esfuerzos para conseguir que el Euromed llegue a Murcia y
Almería.
Decididamente, su enmienda no aporta nada. Y tiene usted razón: desde el
primer momento hemos querido que esta moción pudiera ser entendida desde
el punto de vista de la cooperación, del desarrollo equilibrado y
solidario que necesita la provincia de Almería. Y no me basta que se diga
que con el Gobierno del Partido Popular Almería no quedará al margen de
las inversiones y que el Gobierno del Partido Popular atenderá las
mismas, si esta tarde ustedes van a votar en contra de esta propuesta
porque no son capaces de obtener un compromiso mayor del Ministerio de
Fomento.
Lo que esta tarde estoy planteando no es algo insolidario; ni siquiera
localista. Simplemente, le he recordado que en Almería hemos sido muy,
muy pacientes con las inversiones.
La señora PRESIDENTA: Señoría, le ruego que vaya concluyendo.
El señor ROMAN CLEMENTE: Termino ya, señora Presidenta.
Ha hecho usted bien, Senador Arance, recordando otras inversiones que se
han acometido en materia de autovías, aunque, por cierto, sin concluir.
Así, la localidad de la que procede su señoría, Adra, todavía no puede
estar conectada con Motril, y tampoco se ha podido finalizar hasta Málaga
la autovía que debía articular Almería con el resto de Andalucía. Por
tanto, les ruego que hagan un esfuerzo. Analicen las distintas
prioridades, y finalicen los estudios que están en marcha por parte del
Gobierno: grandes corredores, soterramientos, diferentes modalidades de
transporte, etcétera. Insisto, hagan un esfuerzo, votando afirmativamente
una moción que toda la sociedad de Almería tiene asumida y que no es
bandera de nadie, sino el derecho de un pueblo a estar bien comunicado y
a su desarrollo económico.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román. (El señor Arance
Soto pide la palabra.) No puede intervenir en este momento, señoría,
porque corresponde ahora hacer uso de la palabra a los grupos
parlamentarios que no han hecho uso de la misma.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por tiempo de
cinco minutos, el Senador Bonilla.
El señor BONILLA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en la provincia de Almería el ferrocarril sigue estando,
afortunadamente, de actualidad. La opinión pública almeriense está
plenamente concienciada de la importancia que tiene el ferrocarril para
nuestra provincia. Ese es el estado de opinión porque todos sabemos que
para una provincia tan lejana como la de Almería el ferrocarril es vital.
Nuestro desarrollo económico, que como decíamos en el Pleno anterior se
basa fundamentalmente en la agricultura, en la extracción de la piedra
natural y en el turismo, necesita de importantes medios de transporte, y
el ferrocarril lo es, sin duda alguna.
Creemos que es importante el hecho de que la opinión pública almeriense
esté plenamente convencida de que el ferrocarril es bueno para nuestra
provincia. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista en la tarde de hoy
va a votar favorablemente la moción que ha presentado el representante de
Izquierda Unida.
Señorías, en los últimos años del Gobierno Socialista se acometieron
diversas actuaciones en la vía férrea de Almería hasta Guadix. Se
cambiaron algunas zonas de ese trazado y se electrificó una parte
importante del mismo, pero en este momento el gran problema que tenemos
en cuanto a la comunicación con el centro de España, con Madrid, es que
el material circulante por esa vía no son trenes de tecnología digna,
sino chatarra circulante, que es el más exacto calificativo para ser
objetivos, y valga la redundancia. Esa chatarra no nos puede servir a los
ciudadanos que vivimos en aquella tierra.
Señorías, les voy a poner un ejemplo. El tren regional hace un recorrido
de unos 520 kilómetros de Almería a Sevilla, para lo que utiliza cinco
horas y veinte minutos. De Almería a Madrid tan sólo hay 40 kilómetros
más que en el recorrido anterior y para ellos la diferencia en el tiempo
es de una hora y veinte minutos. Sin duda alguna, es debido a que el
material que se utiliza es de tercera categoría.
Asimismo, señorías, en el Pleno anterior pedimos al Gobierno que
paralizara el desmantelamiento de la vía Guadix-Almendricos. El Senador
Arance ha hecho referencia cronológica a las decisiones de los Consejos
de Ministros, pero se ha olvidado de la más importante, de la del 22 de
mayo de 1998, en la que el Consejo de Ministros autorizaba a RENFE el
levantamiento de la vía férrea entre Guadix-Almendricos. Esa es la
referencia histórica ajustada a la objetividad, según el acuerdo del
Consejo de Ministros.
También quiero decirle, señor Arance, que la Junta de Andalucía ha
ofrecido en repetidas ocasiones su colaboración al Gobierno de la Nación.
Lo hemos hecho, aunque la Constitución dice bien claro que las
competencias ferroviarias cuando afectan a distintas provincias de
distintas Comunidades Autónomas es del Estado. No obstante, la Junta de
Andalucía ha manifestado su voluntad de colaboración.
Por ello, el Consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, en
repetidas ocasiones y desde hace varios meses, viene pidiendo al
Gobierno, al Ministro de Fomento, una entrevista para tratar globalmente
todos los aspectos de la política ferroviaria que son competencia de
Andalucía, concretamente de la provincia de Almería y muy singularmente
la conexión Almería-Murcia a través de lo que llamamos al Euromed.
La respuesta hasta este momento ha sido la callada. El Consejero de Obras
Públicas de la Junta de Andalucía sigue en lista de espera hasta que el
señor Ministro tenga a bien recibirle. Pero es más, en repetidas
ocasiones, la Mesa de las Infraestructuras que se ha creado en la
provincia de Almería para reivindicar aspectos importantes, como es el de
la política ferroviaria, ha pedido al Gobierno, al Ministro,
entrevistarse. La respuesta ha sido un no rotundo. Lo oíamos en el Pleno
pasado por boca del propio Ministro: No recibirá a la Mesa de las
Infraestructuras.
Les comunico, señorías, que en esa Mesa de las Infraestructuras están
representadas todas las fuerzas políticas de la provincia de Almería:
sindicatos, partidos políticos, organizaciones empresariales, el mundo de
la prensa; está representada toda la sociedad almeriense, luego es un
foro de debate y es una voz cualificada para transmitir al Gobierno lo
que desde allí se reivindica con justicia y con objetividad. El Ministro,
una vez más, se niega a oír la voz de los almerienses.
Señores que apoyan al Gobierno de la nación, debo decirles que, en este
caso, el Partido Popular no quiere oír hablar de Almería. Y es muy grave
que entre un Gobierno y una sociedad rompan los lazos de conexión, las
intercomunicaciones, en este caso con foros cualificados, como es la Mesa
de las Infraestructuras, que representa y defiende los intereses de
aquella tierra.
La necesidad del soterramiento y su conexión con el puerto de Almería es
un proyecto de vital importancia para la ciudad, sobre todo si pensamos
que a finales del mes de abril Almería va a ser nominada para organizar
los Juegos Mediterráneos del 2005. Esa es una obra simbólica, es una obra
emblemática por la cual tenemos que apostar todas las fuerzas políticas,
especialmente las instituciones.
Por ello, Senador Arance, ésta es una ocasión para que el Partido Popular
diga sí a esa obra simbólica y emblemática con motivo de la organización
de los Juegos Mediterráneos del 2005.
Empezamos a conocer parte de ese estudio.
La señora PRESIDENTA: Señoría, le ruego que vaya concluyendo.
El señor BONILLA RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta. Le ruego
benevolencia para este Senador que está hablando de su tierra.
Decía que en la parte que se conoce de ese proyecto se dice que va a
tener tan sólo un kilómetro. Es un proyecto raquítico, cuando todos
sabemos que el trazado de la vía férrea por la ciudad de Almería tiene
una longitud de al menos 5 kilómetros. Este es un proyecto que debemos
acometer, porque es vital para la ciudad de Almería.
Se señala también en la moción del Senador Román Clemente lo importante
que es la conexión entre Almería y Murcia. Es un proyecto fundamental
para los intereses económicos y sociales de Almería, pero también es
importante
que se estudie entre las dos administraciones competentes, la conexión
entre Almería, Adra, Motril y Málaga para completar parte del Corrredor
del Mediterráneo y dar continuidad a lo que conocemos por el proyecto
Euromed.
Debo señalar, señorías, lo que manifestaba recientemente un dirigente de
Izquierda Unida en su visita a Almería: Almería lo tiene crudo para
recibir inversiones en los próximos diez años. Lo decía don Felipe
Alcaraz en su reciente visita a Almería. Queremos, de verdad, que esta
afirmación no se cumpla, porque deseamos que se siga actuando y se sigan
completando las infraestructuras que quiere y desea nuestra tierra.
Para terminar, señorías, debo decirles que la política ferroviaria que ha
diseñado el gobierno del Partido Popular en Almería está llena de
indefiniciones. Para el Partido Popular no es prioritaria la política
ferroviaria en la provincia de Almería; no lo es. La gestión del Partido
Popular en Almería no existe, señor Arance, y usted lo sabe igual que yo,
está carente de contenido. Cuando no se quiere recibir a la Mesa de las
Infraestructuras es porque no se tiene nada que decir, porque no se
quiere asumir el valor de lo concreto, el compromiso de un gobierno que
apuesta por una tierra.
La señora PRESIDENTA: Señoría, vaya concluyendo.
El señor BONILLA RODRIGUEZ: Termino, señora Presidenta.
Somos una provincia que, tal como ha venido haciendo en el pasado, sigue
apostando por un futuro de progreso. Para ese futuro de progreso no
podemos permitir que el Gobierno de la nación nos dé la espalda en temas
tan importantes como el ferroviario. Pero lo que es más grave todavía, y
hoy con la enmienda que se ha presentado a esta moción se viene a
testimoniar con toda nitidez, es que se pretende generar incertidumbre y
vaguedades para confundir a la opinión pública y a los ciudadanos de
Almería. Y eso, honestamente, no se puede permitir en una democracia
transparente.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bonilla. (El señor Arance
Soto pide la palabra.)
Senador Arance, ¿pide usted la palabra? (Pausa.)
El señor ARANCE SOTO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Pido la palabra por el artículo 87, si la señora Presidenta lo estima
conveniente.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra al amparo del artículo 87 por una
sola vez y por tiempo que no puede exceder de dos minutos. (El señor Aleu
i Jornet: ¡No, no, no!)
El señor ARANCE SOTO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Estoy sorprendido porque no sabía que desde el último Pleno hubiera
cambiado la Presidencia del Senado. Parece que se ha trasladado a esas
filas, que son los que dicen el sí o el no. (Rumores.)
Señor Román Clemente, la autovía a la que hacía referencia y afecta
particularmente a mi pueblo de nacimiento será una realidad con un
Gobierno del Partido Popular. Como usted decía, posiblemente haya un
cierto tono de vaguedad en la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, pero puedo garantizarle que el proyecto Euromed
también será una realidad con un Gobierno del Partido Popular, no le
quepa duda.
Al señor Bonilla le recuerdo que, aparte de las loas hechas al gobierno
regional que tutela hoy la Comunidad Autónoma de Andalucía, como diría un
ínclito representante en el pasado de su Partido: «me deja usted pasmao».
Y me deja usted pasmado porque parece que en este país desde 1982 hasta
1996 han gobernado los marcianos, cuando durante esos años en este país
gobernaba un Partido con unas siglas detrás. Y en la provincia de
Almería, señor Bonilla, usted sabe que no se ha hecho ni una inversión en
infraestructuras por parte de un Gobierno sustentado por el Partido
Socialista Obrero Español. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
Yo sí puedo garantizarle, señor Bonilla, que verá cumplidas las
aspiraciones de su Grupo y de su Partido, precisamente con el Gobierno
del Partido Popular, y no con el Gobierno que ustedes tuvieron en otro
tiempo.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arance.
¿Debo entender que el proponente de la moción no acepta la enmienda que
se ha presentado? (Pausa.) (El señor Román Clemente pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señora Presidenta, solicito la palabra también
por el artículo 87.
La señora PRESIDENTA: Tiene usted dos minutos.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Arance, yo creía que cuando su señoría solicitaba la palabra por
el artículo 87 era directamente para contestar a alguna alusión que se le
había formulado, pero no para realizar un propósito de enmienda porque la
enmienda a la moción que había presentado no es aceptada por este
Senador; para mostrar su arrepentimiento o, en su caso, para que su
señoría diga: esta tarde votamos que no, pero les garantizo, palabra a
palabra, que en un futuro eso será una realidad.
Senador Arance, el futuro empieza hoy y hoy van a votar en contra de esta
moción. En Almería no podrán presentarse en el futuro diciendo que van a
hacer mañana lo que hoy niegan. ¿Qué credibilidad van a tener mañana si
hoy, que tienen la oportunidad, la dejan pasar?
Harían un esfuerzo también de enmienda, en este caso no de enmienda a la
moción, sino al comportamiento de su Ministerio en dos cuestiones. Una,
no dar la espalda a la demanda de la sociedad almeriense. La Mesa de
Infraestructuras
que esta tarde su señoría ha querido reconocer aquí integrándose en ella,
no puede automáticamente cerrar la puerta a cualquier posibilidad de
discusión, diálogo o debate con el Ministerio de Fomento, simplemente
porque a éste no le convenga.
Y la segunda cuestión. Esta tarde, esta noche, mañana, cuando quieran
presentarse ante Almería diciendo que prometen inversiones, examínense un
poco y terminen con la siguiente conclusión: a Almería otra vez le va a
tocar esperar.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Entiendo que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular no
ha sido aceptada.
Por tanto, vamos a proceder a la votación de la moción.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 90; en contra, 121; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción.
Antes de dar lectura a la siguiente moción, quisiera llamar la atención
de sus señorías sobre el hecho de que la que vamos a tratar a
continuación ha entrado en el orden del día con el consenso de todos los
grupos políticos de esta Cámara y sobre cuyo contenido quisiera llamarles
expresamente la atención.
MOCIONES:
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, CATALAN
EN EL SENADO DE CONVERGÚNCIA I UNIO, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS Y
MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTINUAR INTERESANDOSE POR LA
SITUACION DEL CIUDADANO ESPAÑOL D. JOAQUIN JOSE MARTINEZ, CONDENADO A
MUERTE EN EL ESTADO DE FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), A HACER UN SEGUIMIENTO
DEL PROCESO LEGAL PLANTEADO POR EL ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE FLORIDA, Y
A QUE ESPAÑA FOMENTE LA PRESENTACION EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS
NACIONES UNIDAS DE UN PROYECTO DE RESOLUCION COMUN EN FAVOR DE UNA
MORATORIA UNIVERSAL DE LAS EJECUCIONES, CON VISTAS A LA ABOLICION DE LA
PENA DE MUERTE (662/000163).
La señora PRESIDENTA: La moción es de los Grupos Parlamentarios Popular
en el Senado, Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de
los Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto por la que se insta al
Gobierno a continuar interesándose por la situación del ciudadano español
D. Joaquín José Martínez, condenado a muerte en el Estado de Florida
(Estados Unidos), a hacer un seguimiento del proceso legal planteado por
él ante el Tribunal Supremo de Florida, y a que España fomente la
presentación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de un proyecto
de resolución común en favor de una moratoria universal de las
ejecuciones, con vistas a la abolición de la pena de muerte.
Por acuerdo de la Junta de Portavoces, adoptado en su reunión de la
mañana de hoy, habrá únicamente un turno de diez minutos para cada uno de
los portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el
Senador Nieto.
Señorías, les ruego que guarden silencio, por favor.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, me van a permitir que, en primer lugar, salude a los padres de
Joaquín José Martínez que se encuentran entre nosotros y les dé la
bienvenida a este foro, al Senado de España.
Dicho esto, permítanme decir que subo a esta tribuna como portavoz de mi
Grupo Parlamentario convencido de que en esta ocasión el tema que estamos
tratando tiene la unanimidad de toda la Cámara. En este foro, hace algo
más de un mes, hicimos un debate con motivo del L Aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esta moción que traemos
hoy aquí de alguna manera es continuación de aquella Declaración que
hicimos por unanimidad todos los Grupos de la Cámara.
Los derechos humanos en general se defienden en lo concreto, tienen, a
veces, nombres y apellidos, tienen detrás de ellos una carga enorme de
sufrimientos, de fatigas, de entrega y de sacrificios no solamente de
quienes sufren de alguna manera la transgresión de esos derechos, sino
también de su entorno, de sus familias, etcétera, como en el caso que nos
ocupa.
Por tanto, esta moción trata de alguna manera de defender para nosotros
lo obvio, pero lo obvio a veces conviene repetirlo porque en algunas
ocasiones no valoramos suficientemente lo que supone para nuestro país
tener una Constitución como la que tenemos y tener un ordenamiento
jurídico como el que tenemos. Con él hoy podemos decir con satisfacción
que estamos en el buen camino de ese cumplimiento y desarrollo de la
Declaración Universal de hace 50 años. No siempre fue así en nuestro
país. Por tanto, es un gran motivo de satisfacción, al menos para este
Senador, y creo que también para el resto de la Cámara, el que el Senado
manifieste su unanimidad en una cuestión como ésta. Estoy convencido de
que así va a ser, y así lo ha sido en el planteamiento de la moción que
nos ocupa.
Creo que repetir algo tan elemental como la defensa del derecho a la
vida, la defensa del derecho a un juicio justo --que es, en definitiva,
lo que estamos pidiendo--, es un elemento también importante, y no sólo
para nosotros, porque las instituciones --y en este caso la del Senado--
también tienen que servir --y sirve-- de estímulo para esa defensa de lo
obvio, porque para las nuevas generaciones de nuestro país --y hoy veo
con satisfacción en este Pleno una serie de jóvenes que nos están
escuchando-- la defensa de esos valores es también un elemento educativo
para hoy, para todos nosotros y también para el futuro, pues, ante algún
asunto distorsionador grave que se suscite --y en nuestro país sufrimos
mucho de eso--, siempre existen en la sociedad sectores que pueden sentir
la tentación de volver a intentar resucitar eso del ojo por ojo y diente
por diente, o sea, la ley del Talión. A veces, ese ojo por ojo y ese
diente por diente se lleva por delante a inocentes, y no hay manera de
reparar el mal. Este es también un factor muy importante.
Por fortuna, en nuestro país la sociedad civil está mayoritariamente
sensibilizada ante estos asuntos, pero también es importante que las
instituciones, a base de repetir lo obvio, impulsen, eduquen y sean un
estímulo para que esa sociedad civil se manifieste cada vez ante
cualquier atisbo de injusticia que pueda plantearse en cualquier lugar
del globo, y hoy estamos ante uno de ellos. Creo que puede ser
gratificante esta unanimidad en la defensa de la vida, en la defensa de
la justicia, en la defensa de los valores más sublimes del género humano,
que son los de la libertad, la justicia y el derecho a la vida.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Gracias.
Señora Presidenta, señorías, en verdad que voy a ser breve, porque
entiendo que el tema de hoy está perfectamente sustanciado en la propia
redacción de la moción presentada que, además, cuenta con el añadido
siempre agradable, aleccionador inclusive, de que se haya consensuado en
todos sus términos por todos los grupos representados en esta Cámara, en
definitiva, por todas las señoras y señores Senadores que la componemos.
Si hay algo que en verdad lo reconforta a uno en su trabajo parlamentario
es precisamente la unidad de sentimientos en el tratamiento y en el
enfoque de cuestiones relacionadas con aspectos de carácter humanitario,
en definitiva y de forma sustancial, con la verdad misma de los hechos de
fondo y con el sentimiento de que la justicia, que jamás debe estar
reñida con la misericordia, se imponga con equidad y acierte en el
cometido de sus funciones.
Sin duda alguna, señorías, es, en general, lo que todos ansiamos siempre,
y en particular hoy en todo lo que se refiere al caso de nuestro
conciudadano Joaquín José Martínez, cuya inocencia en relación con las
imputaciones en las que se ha visto involucrado erróneamente no nos
ofrece la más mínima duda y, en mala consecuencia, condenado
injustamente.
Del caso de Joaquín, señora Presidenta, señorías, hemos hecho el caso de
esta Cámara. Por tanto, su inocencia o culpabilidad es nuestra inocencia
o nuestra culpabilidad. Y siendo nosotros inocentes, Joaquín es inocente
y debe quedar libre y absolutamente exonerado de toda culpa. El honor de
esta Cámara del Senado así nos lo exige y debe hacernos obrar en
consecuencia siendo fieles colaboradores con el Gobierno en cada uno de
los puntos en que es instado por nosotros en la moción que acaba de ser
leída y transmitida.
Los padres de Joaquín están hoy aquí con nosotros, junto con una
representación de Amnistía Internacional. Su presencia, señorías, nos
honra por entero. Son, pudiera decirse, los padres coraje que, con
absoluta fe en su hijo pero también con absoluta fe en su verdad y con
total esperanza en que ésta reverdezca con plena justicia, han trabajado
lo indecible para que así tenga que ser resuelto por los tribunales de
justicia.
A este elevado fin han dedicado y dedican por entero su vida y su tiempo.
Lo han dado todo, dicho todo en el sentido literal y pleno de la palabra
moral y materialmente entendida. No nos queda más que agradecer y admirar
su entrega y sus esfuerzos sin límite por una causa justa, la causa de
Joaquín José Martínez, su hijo, al que por su mediación enviamos nuestro
abrazo más fuerte y expresamos nuestro deseo más vivo de que recupere su
libertad y reinicie su vida con entera normalidad lo más pronto posible.
Esperamos que todo ello sea así por amor y por justicia. Dicho de otro
modo, esperamos que todo ello sea así por nuestro amor a la justicia.
Pienso realmente que éste y no otro es el espíritu, el sentido y la
filosofía de la moción que vamos a aprobar entre todos dentro de unos
instantes, y vamos a aprobarla en gracia y fundamento precisamente de
nuestras más profundas convicciones, las de todos nosotros en pro de las
libertades y de los derechos humanos fundamentales.
Esta vez, señorías, de verdad y definitivamente, se produce mi última
intervención en este Senado. Hoy va muy en serio. Me reitero, por tanto,
en lo manifestado sobre mis sentimientos hacia ustedes en mi anterior
intervención y con un abrazo les digo hasta siempre. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar quiero sumarme, como lo han hecho los portavoces que me
han precedido en el uso de la palabra, a dar la bienvenida a los padres
de Joaquín José Martínez, que han tenido a bien estar esta tarde con
nosotros en el debate de esta moción producto del consenso de todos los
grupos parlamentarios y que vamos a votar precisamente de forma unánime,
favorable a la misma.
El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la entonces reciente
Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en París la redacción
definitiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
considerado hasta ahora como el texto más importante del siglo XX como
respuesta a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y que representó
la común voluntad de no desear un siniestro como aquél.
Son treinta artículos a través de los cuales se trata de señalar qué
cualidades nos definen como humanos y qué derechos,
deberes y responsabilidades nos corresponden en nuestras relaciones
mutuas. Abarca pues elementales derechos como la dignidad y el desarrollo
de todo ser humano, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres como
también de las naciones grandes y pequeñas.
La celebración del L Aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos no puede quedar sólo en una lista de actos, más o menos
institucionalizados, para dar publicidad a los artículos, que también,
sino como defensa de tales derechos, que lo son de todos, y si se
vulneran, todos, absolutamente todos hemos de sentirnos agredidos;
derechos que están estrictamente ligados a los conceptos de democracia,
paz y desarrollo, y por consiguiente la motivación contra la injusticia
es una responsabilidad de todos ya que defender tales derechos debe
convertirse en un deber que la sociedad entera tiene ya bastante asumido.
El hecho de que hoy, por primera vez en la historia del mundo, haya más
países en contra de la pena de muerte que a favor, sólo podemos
interpretarlo de una forma positiva. La proyección de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en España tuvo su momento clave el día
27 de diciembre de 1978, con motivo de la aprobación de la Constitución
Española, que incorporó aquellos principios como criterios prioritarios
de la interpretación de las normas relativas a los derechos y a las
libertades, que precisamente formaron parte de la construcción del
ordenamiento jurídico interno de España, y oportunamente en un proceso de
adecuación de todas las leyes y disposiciones de España en la
Constitución. Por otra parte, se dejó sentir en la política exterior de
España, cada vez más comprometida con el cumplimiento de los derechos
humanos.
Fruto precisamente de estos antecedentes expuestos fue la comisión del
Senado que durante el pasado mes de enero estuvo en Florida, visitando y
preocupándose por la situación del ciudadano español Joaquín José
Martínez, condenado a muerte, y cuya suerte está pendiente de un recurso
de apelación ante el Tribunal Supremo de Florida, dejando patente los
compromisos de España relativos a la abolición de la pena de muerte,
expresados en la firma del Protocolo número 6, de 28 de abril de 1983,
del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, del Consejo de Europa, y la
eliminación de esta pena en el ordenamiento jurídico español, así como la
resolución del propio Parlamento Europeo, en la sesión plenaria del
pasado 17 de diciembre, sobre la abolición de la pena de muerte, citando
específicamente al ciudadanos español Joaquín José Martínez.
De ahí pues que esta moción la consideremos justa, necesaria y
conveniente para nuestro peregrinar en pro de los derechos humanos.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Díez
González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, quiero aprovechar la ocasión para saludar, lo mismo que han
hecho los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, a los
padres de Joaquín José, doña Sara y don Joaquín, que hoy nos acompañan en
esta sesión en la que todos los grupos parlamentarios hemos presentado,
de forma unánime, una moción pidiendo al Gobierno, como se ha dicho, no
solamente el apoyo que en este momento se está dando, y continuar con el
mismo, sino también para que nuestro Gobierno, en representación de esta
Cámara, de la ciudadanía española, presente en los foros internacionales
la posición que España tiene en relación con la pena de muerte.
Las instituciones que encarnan la democracia en España, es decir, las
Cortes Generales, demostraron poco después de las primeras elecciones
democráticas, el 15 de junio de 1977, el sentir de nuestro pueblo en
relación con la pena de muerte, aboliéndola en uno de sus primeros actos
parlamentarios.
Posteriormente, nuestra Constitución --por vez primera no lo olvidemos--
recoge en el Capítulo Segundo, Derechos y libertades, del Título I, y
como derecho fundamental, que todos los españoles tienen derecho a la
vida, quedando abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer
las leyes penales militares para tiempo de guerra. En el año 1995,
también para esa situación de tiempo de guerra, se eliminó de nuestro
ordenamiento jurídico, de las ordenanzas militares y, por supuesto, del
ordenamiento jurídico militar, la pena de muerte.
España, desde 1977, ha venido suscribiendo y liderando en todos los foros
internacionales compromisos relativos a la abolición de esta pena. Somos
uno de los 55 países del mundo que no contempla en su ordenamiento
jurídico esta pena, y esto es algo de lo que nos podemos sentir muy
orgullosos. Estamos convencidos de que la pena de muerte es un recurso
equivocado para impartir justicia y su aplicación implica un acto cruel e
inhumano.
Por eso, una vez más, el Parlamento español, la sociedad española que
repudia y rechaza esta pena, se moviliza junto a su Gobierno cuando
conoce las circunstancias por las que está pasando un ciudadano español,
Joaquín José Martínez, y su familia, porque ésta, señorías, es una
ocasión más para reafirmar nuestras convicciones en contra de la pena de
muerte y en defensa de un ciudadano español y su familia. La angustia y
la zozobra que están padeciendo tiene la compensación de la movilización
total de la sociedad española: organizaciones cívicas --citaba antes
Amnistía Internacional, con la que tuvimos el honor de comparecer el
pasado día 11 en la presentación de una campaña de apoyo a Joaquín y
también en contra de la pena de muerte en el ámbito internacional--,
organizaciones sociales, medios de comunicación, instituciones, Cortes
Generales y Gobierno de la Nación estamos todos juntos proporcionando
apoyo y ayuda a una familia y a un ciudadano español que realmente lo
necesitan.
Creemos que el caso de Joaquín José Martínez nos permite alzar la voz
contra una pena que constituye una afrenta a la dignidad humana, porque
la pena capital es la forma más extrema de castigo de cuantas se puedan
infligir.
Los que conocemos a Joaquín podemos decir, además, que tanto él como su
familia tienen una gran fortaleza de ánimo y demuestran --qué gran
paradoja-- una gran confianza en las instituciones judiciales del Estado
de Florida. Señorías, esto dice mucho de la calidad humana y moral de
esta familia.
¿Qué pedimos con esta moción? En primer lugar, un reconocimiento unánime
del esfuerzo y tesón de estos padres y de Joaquín por parte de esta
Cámara que representa al pueblo español. En segundo lugar, y dirigido al
Gobierno, competente en política exterior, que continúe como lo ha hecho
hasta ahora, y lo ha hecho bien, interesándose por la situación de
Joaquín José Martínez, apoyándole a él y a su familia con todos los
recursos que legalmente le correspondan y haciendo un seguimiento del
proceso legal planteado ante el Tribunal Supremo del Estado de Florida. Y
aquí quiero destacar la labor que está desarrollando nuestro Servicio
Exterior, tanto el Embajador en Washington, don Antonio de Oyarzabal,
como el Cónsul General de España en Miami, don Miguel Carlos Díaz-Pache.
Nuestro Servicio Exterior, en este caso, también está a la altura de las
circunstancias y de lo que la sociedad española demanda.
Finalmente, se solicita que España fomente la presentación en la Asamblea
General de las Naciones Unidas de un proyecto de resolución común en
favor de una moratoria universal de las ejecuciones con vistas a la
abolición de la pena de muerte, considerando que esta abolición
contribuye al refuerzo de la dignidad humana y a la ampliación progresiva
de los derechos fundamentales. Esta es también, señorías, una ocasión
para transmitir lo que siente toda una sociedad como la española que
repudia y rechaza la pena capital a la vez que siente como propia la
erradicación universal de esta crueldad.
No quiero terminar esta intervención sin trasladar la esperanza para
Joaquín y su familia, que queda mejor expresada en un verso de un
ciudadano español preso desde hace once años en una prisión de Egipto.
Joaquín, doña Sara, creo que es bueno transmitir a Joaquín la esperanza;
la esperanza en la justicia, la esperanza en el apoyo de todo el pueblo
español expresada con la aprobación de esta moción. El poema dice: Sé que
algún día me tocará la alegría como me ha tocado esta no buscada
desdicha. Sé que algún día mis cansados ojos volverán a mojarse de la
belleza húmeda de mi tierra lejana. Sé que algún día sonreiré al pasado
sin rencor.
Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Díez González.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
Senador Jaén Palacios.
El señor JAEN PALACIOS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, estos días Amnistía Internacional acaba de presentar su informe
correspondiente al año 1998. Uno de los apartados de esta publicación,
que les muestro, se dedica especialmente a la pena de muerte, en
concreto, a la pena de muerte en los Estados Unidos.
Sobre esta cuestión estamos tratando hoy, y salgo aquí con la
satisfacción de decir que lo hacemos desde la unanimidad y desde el
consenso. Y lo hacemos no en abstracto, como decía el Senador Nieto, sino
que lo hacemos en concreto, con el nombre y apellidos de un español, el
único español que está condenado a muerte en estos momentos.
Pero antes de entrar en la cuestión quisiera hacer algunas reflexiones.
La primera es que voy a realizar mi intervención, como es natural y todos
ustedes la han hecho, desde el respeto más absoluto a los derechos
humanos. En segundo lugar, que hay un derecho fundamental e inalienable,
el derecho a la vida, que es el primero de todos, porque si ese derecho
no se cumple los demás no puede disfrutarse. En tercer lugar, mi
intervención, como no puede ser de otra manera, como las de mis colegas
que me han precedido, está teñida de una experiencia personal; una
experiencia personal en dos ocasiones que yo no olvidaré nunca, que
siempre tendré presente.
Quisiera hacer una reflexión en torno a la pena de muerte. Saltaré
algunas cuestiones porque los compañeros ya las han citado. Hay una
opinión general el día de hoy, a la que ha hecho referencia el portavoz
de Convergència i Unió, y es que el movimiento abolicionista ha avanzado
mucho; todavía ha de avanzar mucho más, pero lo cierto y seguro es que
los ciudadanos, en España y en los países de nuestro entorno, están a
favor de ese movimiento abolicionista y confirman que es una pena cruel,
que es una pena inhumana y que, en los casos de error judicial, no es
posible ninguna rectificación, porque la única rectificación posible es
devolver la vida y eso no se puede hacer. En consecuencia, estamos
convencidos de que, como los tribunales no tienen el don de la
infalibilidad ni los jurados tampoco, en muchas ocasiones, por desgracia,
se han cometido ejecuciones en personas que son inocentes. El Consejo de
Europa lo ha estudiado y ha encontrado muchos casos de este tipo. Por
desgracia también, en el Consejo de Europa ocho países tienen todavía la
pena de muerte, tres de ellos en tiempos de guerra y cinco en su
totalidad.
Por desgracia, hay muchos argumentos a favor de la pena de muerte;
también hay otros muchos en contra, pero, sin duda, podemos decir, como
un escritor, Bockelman, que el principal argumento racional en contra de
la pena de muerte es que no existe ni un argumento racional a su favor.
La Declaración de la ONU, de la que acabamos de celebrar el L
Aniversario, dice en uno de sus artículos que nadie podrá ser sometido a
torturas, ni a penas o tratos degradantes. La pregunta que nos viene a la
cabeza es si realmente la pena de muerte y su ejecución lo es. Nosotros
tenemos muy clara la respuesta a esa pregunta. A pesar de eso, se intenta
justificar la pena de muerte como medio para prevenir el delito, o --como
antes ha dicho el Senador Nieto-- como la ley del Talión, o incluso como
el principio germánico de la venganza de sangre. Obviamente, todos ellos
principios que están muy en contra de aquel mandamiento de la ley mosaica
que decía no matarás.
Muchos aducen a favor de la pena de muerte su carácter defensivo, y dicen
que el Estado debe defenderse de los criminales al igual que las personas
se defienden en legítima defensa. Aducen también que la pena es un
castigo que hace de fin retributivo y que es proporcionado al delito
cometido: a un gran crimen le corresponde una gran pena. Algunos aducen
la finalidad ejemplar y tan sólo unos pocos, afortunadamente, aducen a la
teoría del criminal nato de Lombroso, que propugna la eliminación de las
personas por considerar que son incurables. A nuestro juicio, son
argumentos poco defendibles.
La pena de muerte no tiene eficacia intimidatoria, las estadísticas y los
estudios así lo corroboran, ni resulta eficaz para evitar que las
personas reincidan.
Creo en el derecho a la vida, todos creemos en él, y mantengo esta
postura en todas sus manifestaciones. Por tanto, hemos de decir que no
podemos compartir la existencia de la pena de muerte. En ese sentido
también se ha pronunciado Su Santidad, Juan Pablo II, en un mensaje de
Navidad y en su visita a Estados Unidos, a Missouri, en San Luis, donde
dijo que había que desterrar la pena de muerte.
Pero vamos a analizar cuál es la situación en los Estados Unidos en
relación a la pena de muerte. País constituido por cincuenta Estados, y
en treinta y ocho se practica la pena de muerte; treinta y ocho que
cuentan con muchas personas en sus cárceles. Es verdad que se aplica en
casos de asesinato con agravante, pero también existe legislación federal
que condena con la pena de muerte determinados delitos.
¿Por qué? En principio, porque de la existencia de la pena de muerte se
derivan réditos políticos o electorales. No son raros los presidentes
demócratas o republicanos que propugnan el mantenimiento de la pena de
muerte porque saben que ése es el deseo de los ciudadanos; tres de cada
cuatro, el 75 por ciento de la población, están a favor de la pena de
muerte y, por desgracia, siguen en esa línea.
En el año 1972 la Corte Suprema de Estados Unidos hizo una moratoria
porque entendía que se aplicaba de forma caprichosa y que era un castigo
cruel y excepcional. Durante los cuatro años que duró la moratoria se
modificó la ley de los distintos Estados, pero en 1976 se puso de nuevo
en funcionamiento. Son muchos los ejecutados, sobre todo en Estados como
Texas, California, Louisiana, Missouri y Florida. Más de 500 personas han
perdido la vida en Estados Unidos por la práctica de cualquiera de los
procedimientos: el fusilamiento, la inyección letal, la silla eléctrica,
el ahorcamiento, etcétera. Más de 3.000 personas están a la espera de la
ejecución.
Como veo que el tiempo apremia, quiero hacer una referencia al caso de
Joaquín José Martínez. Fue detenido en enero de 1996 y acusado de dar
muerte a una pareja; homicidios calificados por el tribunal como
asesinato en primer grado. El 27 de mayo del año 1997 el Tribunal de
Tampa, siguiendo la recomendación del jurado, le condenó a muerte, porque
en Florida, a diferencia de otros sitios, el jurado no condena sino que
recomienda la condena. No quiso acogerse al pacto que acordaron el Fiscal
y su abogado defensor y renunció a la cadena perpetua que le ofrecían; no
quiso declararse culpable y hoy en día sigue manteniendo su inocencia, en
la que nosotros creemos.
El principal argumento incriminatorio fue un vídeo cuya transcripción
tengo aquí. Dicha transcripción fue presentada al jurado y hoy se ha
presentado en la apelación, pero en ella hay páginas en las que sólo
queda una línea en vivo porque el resto se inventó al hacer la
transcripción. Ese dato se presentó en la apelación que tuvo lugar el 6
de enero como documento anejo a la misma.
La condena de Joaquín se basó, como se recoge en la apelación, en varias
cosas: en primer lugar, en el cambio de testimonio de testigos. Así, en
vísperas del juicio varios testigos lo eran de la defensa y pasaron a ser
testigos de la acusación, no sabemos muy bien por qué, aunque lo
intuimos. En segundo lugar, en la grabación subrepticia que se hizo en
casa de su ex esposa, cuya transcripción --no hay duda de ello, porque
está certificado-- fue manipulada. En tercer lugar, como se indica en la
apelación, los veredictos fueron obtenidos por la mala práctica de la
Fiscalía. Y en cuarto lugar, como también recoge la apelación, se produjo
la violación de dos enmiendas: la número 6 de la Constitución americana,
y la número 14 de la Constitución del Estado de Florida.
En definitiva, en su apelación la defensa pone un énfasis especial en un
juicio justo, según las palabras que escuchamos de su abogado y que hemos
escuchado en varias ocasiones del abogad Peter Raben.
No hace mucho que acabamos de celebrar el L Aniversario de la Declaración
de los Derechos Humanos, y hoy más que nunca, en un mundo donde la
violencia está tan presente, es fundamental inculcar valores. La
educación no sólo transmite conocimientos y favorece actitudes, hábitos o
destrezas, sino que, fundamentalmente, inculca valores. Y uno de ellos es
el derecho a la vida.
Hoy el Senado da muestras más que evidentes de una preocupación por los
derechos humanos. Y no es la primera vez: en el pasillo, frente a esta
Sala, hay muchos murales que así lo demuestran. Hoy el Gobierno adquiere
un compromiso que sabemos que cumplirá fielmente, y nosotros le
ayudaremos a ello. Y también hoy, la carga que Joaquín Martínez y Sara
Pérez, los padres de Joaquín, vienen asumiendo desde hace mucho tiempo
está mucho más repartida, porque todos vamos a ayudarles a hacerla más
llevadera.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Jaén Palacios.
Vamos a proceder a la votación de la moción.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 220.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, la moción queda aprobada por
unanimidad de todos los presentes. (Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A PROMOVER, EN EL MARCO DE LA UNION EUROPEA, UNA NORMATIVA QUE
LIMITE O PROHIBA LA COMERCIALIZACION Y, EN SU CASO, PUBLICIDAD DE LOS
VIDEOJUEGOS EN LOS QUE SE ENSALZA LA VIOLENCIA O CONDUCTAS SOCIALMENTE
CENSURABLES Y DE LOS JUGUETES QUE INDUCEN AL MALTRATO O A LA TORTURA, ASI
COMO A PROPICIAR, EN EL AMBITO NACIONAL, UN ACUERDO DE AUTOCONTROL CON LA
INDUSTRIA Y CON LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SOBRE LIMITACION EN LA
PRODUCCION Y VENTA DE ESTOS JUEGOS Y JUGUETES (662/000162).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente moción, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a
promover, en el marco de la Unión Europea, una normativa que limite o
prohíba la comercialización y, en su caso, la publicidad de los
videojuegos en los que se ensalza la violencia o conductas socialmente
censurables y de los juguetes que inducen al maltrato o a la tortura, así
como a propiciar, en el ámbito nacional, un acuerdo de autocontrol con la
industria y con los establecimientos del sector sobre limitación en la
producción y venta de estos juegos y juguetes.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora López
Garnica para la defensa de la moción por tiempo de 20 minutos.
La señora LOPEZ GARNICA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Jóvenes brillantes de aspecto desaliñado, con frecuencia con los ojos
hundidos y brillosos, pueden verse sentados frente a la consola de una
computadora con los brazos tensos y esperando accionar los dedos,
preparados para atacar las teclas y botones, los cuales cautivan su
atención, como lo hace el movimiento del dado para los jugadores. (El
señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Cuando no están tan desfigurados, generalmente se sientan a la mesa
cubiertos por hojas impresas de computación, las que leen absortos, como
poseídos estudiosos de un texto cabalístico. Trabajan hasta caerse, 20 ó
30 horas seguidas. Siempre les llevan la comida, si es que piensan en
ella, café, Coca-Cola, bocadillos. Si es posible, duermen en catres,
cerca de las hojas impresas. Su ropa arrugada, su cara sin lavar ni
afeitar y sus cabellos despeinados. Todo refuerza la idea de que son
indiferentes a sus cuerpos y al mundo en que se mueven. Son los bohemios
de las computadoras, programadores compulsivos.
Este texto del libro «Computer Power and Human Reason», de 1969, causó
una gran indignación entre los programadores de la época a mediados de
los años 70, donde fue considerado como una calumnia y constituye,
probablemente, la primera referencia escrita acerca de los hipotéticos
efectos nocivos de la alta tecnología. Este pretendía describir a los
integrantes más jóvenes del laboratorio de inteligencia artificial del
MIT, pero era extensivo también a un importante grupo de jóvenes y
adolescentes repartidos por todos los Estados Unidos.
Entre estos jóvenes adictos se encontraban adolescentes como Bill Gates,
que, lejos de arruinarse y arruinar su vida con su trastorno, amasó
enormes fortunas con las empresas que fundó.
Ya en nuestro país, la revista «Epoca» publicaba en su número 370, del 30
de marzo de 1992, un artículo acerca de los videojuegos titulado:
«Adictos a los videojuegos». En él se destacaban aseveraciones como: los
psicólogos afirman que estas máquinas afectan seriamente al desarrollo
intelectual y social de los jóvenes y actúan como psicofármacos a
pequeñas dosis. Niños y padres parecen estar al margen de los gravísimos
problemas que nuestra adicción infantil conlleva. Nos encontramos con un
niño solitario, introvertido, que no sabe o que no quiere jugar con otra
cosa que no sean unas teclas y una pantalla. El cerebro tiene que tomar
decisiones muy rápidas, pero en ellas no interviene la inteligencia. Y
otras del tipo como: al igual que una droga, hay que acabar de
dosificarlo hasta terminar con la dependencia.
También en el mes de diciembre de 1992, con la difusión de una noticia de
agencia, se relataba el caso de un niño italiano que había sido curado de
su peligrosa adicción a los videojuegos. Así, por primera vez, había una
víctima con nombre y apellidos. No obstante, lo más sorprendente fue que,
tras registrarse ese primer caso, inmediatamente se le otorgó rango de
trastorno y, cómo no, se le asignó un nombre, que fue el de
«videohipertesia».
En «El Mundo», el 15 de diciembre de 1992, se decía textualmente:
detectada una nueva enfermedad que pueden sufrir los adictos a los
videojuegos. Este síndrome afectaría a personas que están más de ocho
horas diarias ante el ordenador. También se hacía referencia a la
situación de un niño italiano --primer caso de hipertesia-- y se afirmaba
que en dicha enfermedad se detecta una atrofia de parte del cerebro.
Otra de las bombas informativas de la época de primeros de 1993 la
constituyó la asociación entre el uso de videojuegos y la epilepsia. Así,
se consideró que el brillo de la pantalla era el responsable de que los
jugadores pudieran experimentar crisis convulsivas durante el juego,
sembrándose así una nueva alarma al considerar el público que los
jugadores de videojuegos, por el hecho de serlo, podían convertirse en
enfermos epilépticos.
El clímax de esta carrera de informaciones se alcanzó con los siguientes
titulares, que también fueron publicados en los primeros días de enero de
1993. Por ejemplo, en «La Vanguardia», el 11 de enero de 1993 se decía
textualmente: advierten que la adicción a los videojuegos puede matar.
Idéntica frase figuraba en «El Mundo» del mismo día 11 de enero de 1993.
Pero esto, que puede parecer un poco exagerado, considero que no es nada
comparado con el contenido violento o agresivo que se atribuye a la
mayoría de los videojuegos, uno de los aspectos que más preocupan, que es
precisamente en el que se centra esta moción.
Algunos trabajos coinciden en señalar la aparición de un mayor número de
comportamientos y de actitudes agresivas después de jugar con videojuegos
de contenido hostil. En este caso debemos considerar la teoría de la
estimulación y la teoría de la catarsis, dos teorías contrapuestas, que
explican las conductas hipotéticamente agresivas a las que estos juegos
pudieran inducir.
En términos generales, la teoría de la estimulación sugiere que aquellos
que ven escenas de violencia presentan un incremento en la posibilidad de
cometer actos agresivos en la vida real. Desde la teoría de la catarsis
--que es el punto de vista contrapuesto-- se argumenta cómo la
contemplación de la violencia elimina en el observador la tendencia a la
agresión y, de este modo, la posibilidad de violencia en la vida real
disminuiría. Pero la mayoría de estudios de laboratorio han encontrado un
escaso soporte en la teoría de la catarsis y se inclinan mayoritariamente
en favor de la teoría de la estimulación.
Un modelo agresivo especial y potencialmente peligroso lo hallamos en
aquellos juegos que presentan figuras humanas en situaciones violentas.
Estos juegos facilitan extraordinariamente el aprendizaje de estos
comportamientos mediante un modelo imitativo, coincidiendo además con que
el modelo se ve reforzado porque el jugador es el protagonista del juego
y, además, tiene la posibilidad de ensayar la conducta agresiva inmediata
y contingentemente con la presentación del modelo.
Por otra parte, la tendencia de muchos videojuegos a presentar la
violencia como la única respuesta posible al peligro, así como a ignorar
los sentimientos, a distorsionar las reglas sociales, a estimular una
visión discriminatoria y excluyente de la mujer y de ciertos grupos
raciales o étnicos, incluso a alentar una visión caótica del mundo, a
fomentar que todo vale como norma aceptable de comportamiento y a
estimular así todo tipo de actitudes insolidarias despierta una gran
inquietud en los sectores sociales, porque la violencia gratuita es cada
vez más el signo distintivo de muchos juegos de ordenador y de
videoconsolas.
Tanto fabricantes como editores de videoconsolas no tienen reparo en
resaltar la violencia realista de sus programas. Incluso en las revistas
especializadas, que son dirigidas mayoritariamente a un público de niños
y adolescentes, acostumbran a establecer una relación directamente
proporcional entre la violencia de un juego y su calidad.
Así, en la publicación «Super Juegos», en su número 29, de 1994, se dice:
«Mortal Kombatt II --título genial-- es una exaltación de la violencia
más absoluta que jamás hayas podido imaginar; un cartucho único que con
el tiempo será vital para entender la esencia de los videojuegos.» O la
revista «Micromanía», en su tercera época, el número 1 de 1995, en el que
se dice textualmente: no hay historia que contar, todo será acción,
muerte y destrucción sin límites. Resultará curioso comprobar cómo una
vez que el juego aparezca se tachará de extremadamente violento y se
acusará a la compañía y a la prensa de promover actitudes agresivas, y a
todo eso ya nos estamos acostumbrando. Creo que estos textos son
suficientemente significativos.
Se suele establecer un paralelismo entre los videojuegos y la televisión
o el cine. Sin embargo, los videojuegos, a diferencia de estos otros
medios, no muestran la violencia, sino que involucran en ella a quien
juega mediante un proceso de simulación, sin el cual nada de lo que
sucede en la pantalla ocurriría.
Nos acompaña hoy en esta sesión desde la tribuna de invitados el Defensor
del Menor de la Comunidad Autónoma de Madrid, don Javier Urra Portillo
--estellés como yo, de lo cual me siento muy orgullosa--, al que quiero
agradecer no sólo su presencia, sino haber hecho nacer en mí la
preocupación por estos videojuegos de contenido violento o que incitan a
la violencia.
A finales del año pasado él abrió una investigación de oficio en relación
con el videojuego denominado Carmageddon, tildado como el más violento
por todas las publicaciones especializadas, que estaba siendo distribuido
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid y en cuya publicidad
se divulgaba el mensaje: Carmageddon, muerte en las calles. El mencionado
videojuego contenía mensajes que pudieran incitar a la violencia, que se
podían considerar contrarios a los derechos reconocidos en la
Constitución y/o de carácter apologético de formas de delincuencia.
Este Comisionado remitió escrito al Instituto Madrileño del Menor y la
Familia, organismo autónomo competente para ello, informando sobre los
mencionados hechos para la verificación de esta situación y que, en caso
de que así procediere, se incoasen los oportunos expedientes
sancionadores. El Comisionado recibió respuesta del citado organismo en
la que se comunicaban las dificultades existentes para proceder, en aras
a la protección de los menores, a la incoacción, resolución y sanción de
los responsables de la distribución y de la comercialización del
videojuego en cuestión. Las razones aducidas por el Instituto Madrileño
del Menor y la Familia giraban en torno a que en la legislación vigente
los llamados videojuegos no tienen consideración de obra o de producción
audiovisual y, además, señalaba que la ley no prohíbe su fabricación y
distribución, sino la venta o alquiler de estos productos a menores, por
lo que la problemática detectada trascendía de su ámbito de competencias.
Recientemente hemos sabido que se ha puesto a la venta la segunda parte
del videojuego, que dio lugar a las actuaciones anteriormente descritas,
con el título Carmageddon II, Carpocalypse Now, que tiene si cabe unos
contenidos todavía más perjudiciales para el público menor de edad.
Por otra parte, la Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios ha
realizado en el año 1994, con el patrocinio de la Comisión de las
Comunidades Europeas, una amplia e intensa encuesta de ámbito estatal
entre alumnos, padres y profesores de casi 50 centros de enseñanza de
todo el país, pertenecientes a unas siete Comunidades Autónomas. El
número de participantes en esta encuesta fue de 2.724 padres, 4.016
alumnos y 330 profesores, como hemos dicho, de ámbito estatal. El estudio
profundiza sobre todo en los efectos que tienen los videojuegos en
aspectos como la sociabilidad o el rendimiento escolar, y también la
posible transmisión de valores violentos, sexistas y discriminatorios a
través de estos juguetes.
Resumiendo los resultados, lo que confirma el estudio de la CECU es la
enorme presencia en estos videojuegos de valores que podrían considerarse
negativos, sobre todo en lo que puede relacionarse con juegos violentos.
Según las encuestas, los profesores pensaban que estos juegos crean o
transmiten valores violentos y agresivos, sobre todo algunos videojuegos,
lo que se confirma en la preferencia expresa por parte de los alumnos
hacia los juegos de pelea y acción. Otro dato que se desprende de este
estudio es que el 36 por ciento de los padres creen que sus hijos
prefieren los videojuegos sin ningún tipo de violencia, a pesar de que la
mitad de los padres encuestados afirman que la mayoría de los mismos
transmiten valores violentos, sexistas o discriminatorios, y sólo el 25
por ciento están seguros de que sus hijos sí prefieren los videojuegos de
luchas y peleas.
Ya en el aspecto legislativo, la libertad de expresión y de creación,
consagradas en el artículo 20 de la Constitución, tienen, desde luego, su
límite en el respeto a los derechos reconocidos en el Título I de la
misma y en la protección a la juventud y a la infancia. En otros ámbitos
de protección así ocurre como, por ejemplo, en relación con la venta de
tabaco o alcohol a menores o con la asistencia a espectáculos
pornográficos en que actúan menores, etcétera.
Y aun cuando la legislación específicamente dirigida a la protección del
menor como puede ser, por ejemplo, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, sobre Protección Jurídica del Menor, o la legislación autonómica
sobre la materia como puede ser la Ley 8/1995, de 27 de julio, del
Parlamento catalán, sobre Atención y Protección de los Niños y los
Adolescentes, o la Ley 6/1995, de la Comunidad Autónoma de Madrid, de
Garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia de la
Comunidad Autónoma establecen como reprobables conductas que pudieran
perjudicar moral o físicamente al menor, en todo caso no prohíben la
fabricación y la distribución de este tipo de juegos, sino la venta o
alquiler de estos productos a menores.
Por otra parte, la experiencia muestra la dificultad de aplicar la
normativa vigente a este tipo de productos y en algunos casos los efectos
rebote que algunas de las acciones pudieran ocasionar, que incluso
podrían conducir a un aumento en la venta de los mismos.
Pero todas estas circunstancias, evidentemente complejas, no son en
ningún caso óbice para desarrollar medidas que supongan una respuesta
eficaz ante este problema. Y entre estas medidas se incluyen las que
precisamente constituyen el contenido de esta moción que hoy presentamos
a la consideración del Pleno del Senado, por la cual éste insta al
Gobierno, en primer lugar, a estudiar la posibilidad de promover en el
marco de la Unión Europea una normativa que limite o prohíba la
comercialización y, en su caso, la publicidad de los videojuegos en que
se ensalza la violencia o conductas socialmente censurables y de los
juguetes que inducen al maltrato o a la tortura y, en segundo lugar, a
propiciar en el ámbito nacional un acuerdo de autocontrol sobre
limitación en la producción y venta de estos juegos y juguetes con la
industria y con los establecimientos del sector.
Este es el texto de la moción, que someto a la consideración de la Cámara
y para el que pido su apoyo por unanimidad. (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora López
Garnica.
¿No hay turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Xabier Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo comparte el contenido de esta moción, que ya ha sido
tratado bajo diferentes aspectos también en esta Cámara. En esta Cámara
ha sido tratado desde el punto de vista de toda la influencia en materia
educativa, como también respecto al control de los contenidos de los
medios audiovisuales.
No obstante, la moción, si se me permite una pequeña crítica, se queda, a
nuestro modo de ver, un tanto corta. Quizás debería haber mostrado una
mayor valentía y haberla ampliado a todo lo que puede ser el mundo que
está conectado con el de los videojuegos, que cada vez está más vinculado
a lo que es el ámbito de Internet, donde se cuelan aspectos como los
relativos a la venta de armas, la publicidad de todo tipo de instrumentos
que afectan verdaderamente a la moral o a los derechos humanos, al
tratamiento de dominio entre los sexos, etcétera. Nos hubiera gustado que
se pudiera haber tratado desde un punto de vista amplio, yo lo llamo
valiente, y perdónenme, aunque no lo digo en un sentido peyorativo, pero
nos hubiera gustado que este problema se hubiera abordado de manera
omnicomprensiva.
Nos parece que es necesario, aunque es complejo, promover en el marco de
la Unión Europea una normativa que limite o prohíba la comercialización
y, en su caso, la publicidad de este tipo de instrumentos, pero es
necesario algo más que el estudio. Por eso nuestro voto, que va a ser
favorable a la moción, exige o pide que haya, además, una continuidad en
esta materia en la oportuna Comisión, mediante las comparecencias
correspondientes, para que esto no quede simplemente en un trabajo de una
tarde, aquí, en el Senado, sino que se establezcan los canales de control
del propio Gobierno para que tengamos resultados en un cierto tiempo.
Nos parece que abrimos un camino en donde muchos ciudadanos se encuentran
desamparados en función precisamente de toda una influencia mediática, en
donde muchos ciudadanos se ven de alguna manera dominados por todo un
mundo publicitario que está dirigido por intereses determinados, muy
monetarios y económicos a corto plazo y tremendamente especulativos, y
que están, además, libres de toda acción judicial, porque se basan en la
opacidad y en la clandestinidad de la gente.
Por eso nos gustaría que se iniciara una actuación desde este Senado no
solamente en el sentido de la recomendación del estudio, sino también en
el control de la continuidad y seguimiento de esta moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
el Senador Varela i Serra tiene la palabra.
El señor VARELA I SERRA: Gràcies, senyor President.
Señorías, yo, desde luego, felicito a la Senadora Rosa López Garnica por
su moción en la que nos plantea un tema muy interesante. También me sumo
a las declaraciones del Senador Albistur de que esta cuestión no quede en
un trabajo de una tarde en el Senado, sino que sigamos estudiando esta
materia tan importante.
Entre las cosas que deben hacer los Gobiernos con competencia en esta
cuestión está la promoción de campañas de sensibilización dirigidas a los
padres sobre la importancia de estas cuestiones. Por ejemplo, en Cataluña
hay una institución similar al Defensor del niño que es el Síndic de
Greuges --sinónimo del Defensor del Pueblo en Cataluña-- que recibió el
año 1998 solamente una denuncia por este Carmageddon II. Con esto quiero
decir que quizá los padres no estén suficientemente sensibilizados sobre
los graves inconvenientes que tienen esos juegos, y no estoy echando la
culpa a los padres, sino que estoy diciendo que los Gobiernos, aparte de
lo que se señala en la moción, con la cual estamos de acuerdo, deberían
promover campañas de sensibilización acerca de los daños que sobre la
psicología de nuestros adolescentes pueden ocasionar estos juegos.
Como ya ha dicho también la Senadora López Garnica, en Cataluña está la
Ley sobre Atención y Protección de los Niños y los Adolescentes, que
prohíbe vender y alquilar a infantes y adolescentes este tipo de
videojuegos tan violentos. Pero hay que dar un paso más, que es lo que se
pide en esta moción, es decir, poner más inconvenientes al uso de estos
videojuegos.
El Consell de l'Audiovisual Catalá, que es esta autoridad independiente
que pedimos para todo el Estado para regular los contenidos de los medios
audiovisuales, sugiere en su informe --porque también ha sido denunciada
allí esta cuestión-- que cuando los jóvenes vayan a comprar esos vídeos a
las tiendas que los expendan les pidan el carné que demuestre la edad que
tienen, es decir, que se adopten medidas realmente coercitivas. Esas son
las cuestiones que se pueden estudiar en relación con un asunto tan
interesante.
Aparte de los puntos de la moción que acabo de indicar --sensibilización,
más medidas coercitivas, que ya se pueden adoptar ahora, como exigir el
carné para poder comprar esos vídeos, como sugiere, por ejemplo, el
Consell de l'Audivisual Catalá--, quisiera hacer una última reflexión de
tipo general.
Nosotros, como legisladores, deberíamos preguntarnos cuáles son las
causas que provocan la necesidad de ver tales tipos de juegos, por qué
nuestros jóvenes --algunos, afortunadamente no todos-- sienten la
necesidad de usar tan a menudo esos juegos tan violentos. Esta es una
reflexión que debemos hacer. La existencia de esos tipos de juegos, su
uso, su éxito es en cierta manera una señal alarmante, el fracaso de un
tipo de civilización al que estamos llegando y que hemos de reconducir.
No pretendo, de ninguna manera, defender una educación edulcorada, de
color de rosa, evidentemente, pero sí defiendo una educación que funcione
de verdad, una educación en la que los valores y el respeto a los
derechos del hombre, el respeto a las personas, estén situados en la
primera línea de las prioridades; en una sociedad en la que no existieran
los terribles e injustos desequilibrios que hay en la actualidad creo
sinceramente que tales juegos no tendrían el éxito que tienen en la
actualidad.
Señorías, está bien que estudiemos medidas coercitivas en relación con
este tipo de juguetes, de vídeos tan aberrantes, pero es más importante
todavía que analicemos el tipo de sociedad que estamos generando, que
hace que nuestros jóvenes sientan la necesidad de usar ese tipo de
juegos. Hemos de reflexionar profundamente sobre estas cuestiones y,
después de hacerlo, actuar con sentido práctico, con políticas que
insistan en la adopción de medidas que conduzcan a una educación mejor y
a una sociedad más armónica.
Nuestro objetivo, para decirlo de una manera un poco humorística a pesar
de ser un asunto tan serio, y aun defendiendo el derecho que tienen los
fabricantes de videojuegos a subsistir, repito, nuestro objetivo debería
consistir en que los que fabrican juegos tan violentos y tan aberrantes
fuesen a la ruina.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Moltes gràcies, Senador Varela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Oyarzabal.
La señora OYARZABAL URIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular presenta para su discusión en esta sesión
plenaria la moción que estamos debatiendo, a través de la cual se
pretende que el Senado inste al Gobierno a estudiar la posibilidad de
promover, en el marco de la Unión Europea, una normativa que limite o
prohíba la comercialización y, en su caso, la publicidad de los
videojuegos en los que se ensalza la violencia o conductas socialmente
censurables, así como a propiciar, en el ámbito nacional, un acuerdo
sobre la limitación, producción y venta de estos juegos y juguetes.
Anticipo que el Grupo Parlamentario Socialista va a posicionarse
favorablemente, pero no sin antes plantear algunas cuestiones que
consideramos que son de carácter básico.
Los chavales intercambian ahora juegos, disquetes, direcciones
electrónicas y CD-Rom, como antes cromos y
tebeos. Los juegos de ordenador estimulan una red de chicos
interconectados que tienen su propio lenguaje: se cuentan trucos,
novedades, noticias. Ahora, nuestros hijos pilotan aviones, conducen
coches, meten goles, zumban a los malos, salvan a la chica, construyen
civilizaciones, persiguen a Drácula y se divierten en un parque de
atracciones virtual, visitan países lejanos o se montan sus propias
aventuras a la carta. Pero es que también, en Carmageddon, por ejemplo,
pueden encarnar a psicópatas nacidos de un cadáver, que conducen coches
especialmente rápidos y diseñados para matar peatones. Por cierto, lo que
más puntuación da es matar mujeres embarazadas y personas mayores.
Además, este juego, en su siguiente versión, más increíble todavía,
Carmageddon II, puede también dinamitar edificios.
El debate europeo sobre el amplio espectro de servicios audiovisuales y
de información de que se dispone actualmente se sitúa en el punto de
convergencia entre los sistemas de radiodifusión y de comunicación de
masas tradicionales y regulados y los nuevos servicios disponibles a
petición individual o de grupos.
Se han multiplicado las videoconferencias, el vídeo a la carta, los
intercambios de datos y los juegos interactivos, así como el nuevo y
extraño universo de Internet. La televisión está configurada como un
servicio público esencial. No es necesario resaltar su influencia, y su
protección exige un posicionamiento activo para sustituir el déficit de
autoprotección que tanto la infancia como la juventud pueden otorgarse a
sí mismos.
A juicio del Grupo Parlamentario Socialista no debemos sustraernos de la
realidad. Los juguetes que se venden son los que salen en la tele. Hay
que ser más exigentes con la televisión pública cuya financiación, en
parte, corresponde al Estado, lo que le otorga precisamente el carácter
de servicio público, siendo el Estado el que tiene el deber de marcar las
obligaciones de la televisión pública. Sin embargo, al estar financiada
en su otra parte por la publicidad, compite al mismo nivel que la
televisión privada en detrimento de sus contenidos.
El debate que de manera amplia reclamaba el Senador del PNV, Xabier
Albistur, ya ha tenido lugar precisamente en la Ponencia para el estudio
de los hechos y comportamientos violentos relacionados con los menores de
edad puesto que, tras coincidir la treintena de expertos que han
comparecido a lo largo de año y medio en la importancia de los medios de
comunicación y, en especial, de la televisión, en el fomento de actitudes
y comportamientos, solicitamos la comparecencia de diversos
representantes de los diferentes medios; Ponencia, por cierto, que lleva
medio año parada, sin convocatoria. Después de obtener valiosísima
información, dicha Ponencia no es capaz de elaborar sus conclusiones por
falta de convocatoria. Este es el interés real del Grupo Parlamentario
Popular. Esta conclusión que se está exponiendo ahora en esta Cámara
debía haberse extraído ya del informe que la Ponencia adeuda a esta
Cámara; es más, ya debían estar vigentes tales modificaciones.
Señorías, siguen siendo demasiado frecuentes las quejas que desde
diversos puntos de vista cuestionan los contenidos de la programación de
las distintas cadenas de televisión. Sería prolijo enumerar aquí los
motivos por los que los ciudadanos, organizaciones sociales
representativas, asociaciones, etcétera, acuden al Defensor del Pueblo,
si bien dichos motivos se reducen a tres aspectos: publicidad,
contraprogramación y emisión de escenas o mensajes de contenidos
inadecuados o perjudiciales para la juventud y la infancia. La Ley
25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 89/552 de la Comunidad, sobre coordinación de
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva, incide nuevamente en la protección de los menores frente a la
publicidad y frente a la programación, prohibiendo que aquélla contenga
imágenes o mensajes de cualquier tipo que puedan perjudicar seriamente el
desarrollo físico o moral de los menores y en los que se fomenten el
odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza,
sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia
personal o social.
Ya en el año 1996 el Defensor del Pueblo se puso en contacto con el
Ministerio de Fomento trasladándole estas graves inquietudes, y su
respuesta confirma lo que es notorio: existe y existía un incumplimiento
frecuente, y repito, desde 1996. ¿Qué hace el Ministerio de Fomento? Las
escasas y ridículas sanciones impuestas están basadas en el exceso de
publicidad, pero ¿cuándo le toca a la calidad? Es hora de que el Gobierno
aborde este tema desde la perspectiva ética.
El propio Defensor del Pueblo estima que debería abordarse de manera
inmediata la creación de algún organismo independiente, desvinculado
jerárquicamente de la Administración, dotado de un alto grado de
«auctoritas» en la materia, que tuviera como primera misión aplicar el
régimen sancionador previsto puesto que, de lo contrario, quienes verán
debilitada la protección que merecen serán, en último término, los
menores de edad.
El Defensor del Pueblo recuerda que es vital la creación del Consejo
Superior de los Medios Audiovisuales, idea que ya había sido aportada por
unanimidad en la anterior legislatura por la Comisión Especial sobre los
Contenidos Televisivos del Senado, presidida entonces por la Senadora
Victoria Camps. Tres años más tarde, cuatro proposiciones de ley en el
Congreso siguen refrendando esta línea. Y hay una quinta y disidente, la
del Partido Popular. El Libro Verde, por otra parte, solicita a los
Estados miembros que establezcan el procedimiento jurídico más eficaz
antes del 31 de diciembre de 1998, que elaboren un marco normativo que
contenga las normas mínimas respecto al contenido ilícito presente en los
medios audiovisuales y de información, y este Gobierno aún no ha hecho
los deberes.
La proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
garantiza la pluralidad, la calidad de los programas y la regulación de
la publicidad. La Ley de la protección de la infancia resulta difícil de
interpretar, y por ello los socialistas resaltamos la necesidad de crear
un organismo de autorregulación, entendida como autocontrol organizado,
que ofrezca un cauce de diálogo y de formación
de criterios que ayude a cumplir esta función. Por ello esperamos que el
Grupo Parlamentario Popular se avenga al consenso en esta materia.
El Libro Verde adopta una postura relativamente laxa en lo que se refiere
a la reglamentación de los contenidos en los casos en los que los
servicios son con mayor probabilidad de carácter global, pero cuyo
suministro es más bien individual e interactivo. Ahora bien, el debate en
el seno de la Comisión de Cultura y en el Parlamento, relativo a la
protección de menores y a la prohibición de material que atenta contra
nuestros valores comunes, fue lo suficientemente vehemente como para
poner de relieve que estas preocupaciones abarcan nuevos servicios, lo
que en el Libro Verde se denomina modelos editoriales e interactivos. El
debate abarcó amplios ámbitos en los que la ingenuidad de los menores
puede ser objeto de explotación, especialmente mediante la combinación de
publicidad, dirigida a fines determinados, y productos y juegos
interactivos.
Los socialistas estamos de acuerdo con el contenido de la moción, como no
podía ser de otra forma, pero no sirve de nada aprobar iniciativas en
esta línea si luego no se cumplen. Señorías, los socialistas queremos
recuperar la capacidad de lo público para intervenir, no solamente para
promover normativas, acuerdos de autocontrol, sino también para hacer
efectivos dichos acuerdos.
Senadoras y Senadores del Partido Popular, vamos a votar a favor, pero
que esta moción no sea un brindis al sol, porque la realidad es tozuda y
al Gobierno se le amontona el trabajo. Porque, como dice el Libro Verde,
existe un debate real sobre el tema de la libertad, la permisividad y la
protección que necesita la sociedad para defenderse de las fuerzas brutas
de las demandas del mercado o de las intenciones destructivas
individuales, pero debemos tener en cuenta, señorías, los ingeniosos
métodos para eludir la ley, por lo que conseguir este objetivo conllevará
una lucha incesante en un ámbito en el que el territorio electrónico
cambia con mayor velocidad que los métodos de control. Es por ello que el
Grupo Parlamentario Socialista insistirá, con más ímpetu si cabe, en la
necesidad ante todo de promover medidas generadoras de antídotos
naturales para armar de recursos sobre todo a los más deformables, es
decir, a los menores, a los más desiguales, en la importancia del papel
primero y fundamental que desempeñan la responsabilidad y la capacidad
crítica, individual y familiar, potenciadas básicamente a través del
sistema educativo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Oyarzabal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora López
Garnica.
La señora LOPEZ GARNICA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quería agradecer a todos los Grupos su, por mí
solicitado y por ellos ya anunciado, apoyo a esta moción. Al Senador
Albistur he de decirle, con todo cariño, que creo que es un Senador
valiente donde los haya, pero creo que el más valiente es el que presenta
la iniciativa parlamentaria. En todo caso, yo esperaba, como es costumbre
en esta Casa, las diferentes mejoras de los Grupos; como el Senador sabe,
el Reglamento permite la introducción de enmiendas transaccionales a las
mociones. Me parece correctísimo todo lo que ha indicado, pero yo
esperaba, de alguna manera, que su señoría hubiera presentado con
anterioridad al transcurso del debate su iniciativa.
Al Senador Varela debo decirle que es importante la profundidad de la
reflexión que él se hace sobre las causas por las que los niños acuden a
este tipo de juegos, la pregunta de por qué son tan demandados. Yo creo
que ahí es donde debemos actuar; como en medicina, hay que actuar en
prevención, en la causa, no en la consecuencia, pero de alguna manera
éste es un paso a dar que, desde luego, no quita para que se den otros
muchos, y, en todo caso, comparto su deseo de que los fabricantes de
estos videojuegos se arruinen o al menos se dediquen a otras cosas.
A la Senadora Oyarzabal quiero decirle, con todo el cariño, que ésta no
es la moción «Pisuerga», que aprovechando un contenido concreto no
podemos hablar aquí de todo; en todo caso, una moción es algo concreto y
un acuerdo que el Senado adopta por el que, en su competencia de impulso
al Gobierno, le insta a actuar de una determinada manera.
Hay muchas cosas por hacer y, desde luego, la sociedad española
desgraciadamente tiene muchos más problemas que éste, pero creo que la
moción es lo suficientemente concreta como para instar al Gobierno a
actuar de una determinada manera, y, repito, todo esto se lo digo con
todo el cariño.
En todo caso, me van a permitir sus señorías que termine leyendo un texto
cortito del libro del profesor Rojas Marcos «Las semillas de la
violencia». Dice: La agresión maligna no es instintiva, sino que se
adquiere, se aprende. Las semillas de la violencia se siembran en los
primeros años de la vida, se cultivan y desarrollan durante la infancia y
comienzan a dar sus frutos malignos en la adolescencia. Estas simientes
se nutren y crecen estimuladas por los ingredientes crueles del medio
hasta llegar a formar una parte inseparable del carácter del adulto. Los
seres humanos heredamos rasgos genéticos que influyen en nuestro
carácter, pero nuestros complejos comportamientos, desde el sadismo al
altruismo, son el producto de un largo proceso evolutivo condicionado por
las fuerzas sociales y la cultura. Debemos alimentar una cultura que
fomente el crecimiento y el desarrollo saludable de los niños, que
neutralice las fuerzas sociales desestabilizadoras y que busque construir
una convivencia más generosa, más justa, más ecuménica, más participativa
y más esperanzadora. Necesitamos cambiar el modo de vernos y tratarnos
unos a otros, porque el sufrimiento, el desperdicio y el coste humano que
ocasiona la violencia son extraordinarios. Con todo, no podemos ignorar
que los antídotos de la violencia más poderosos y universales son las
tendencias altruistas naturales de los seres humanos. De hecho, el
rechazo de la violencia es uno de los atributos de la humanidad. La
prueba de que la gran mayoría de los hombres y las mujeres
no somos destructivos es que perduramos. Si fuéramos por naturaleza
crueles y egoístas la humanidad no hubiera podido sobrevivir, porque
ninguna sociedad puede existir sin solidaridad, sin que sus miembros
estén ayudándose continuamente los unos a los otros.
Estos son los deseos y objetivos del Grupo Parlamentario Popular, y
después de las intervenciones de sus señorías estoy segura que de todos
los grupos, en beneficio de nuestros niños y nuestros jóvenes, los
hombres y mujeres del mañana, a quienes, en todo caso, tenemos la
obligación de educar, y nuestra responsabilidad es la de hacer de ellos
hombres y mujeres sanos, libres, racionales y convencidos del poder de la
razón, de la bondad y de la solidaridad y la convivencia en igualdad con
todos los seres humanos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora López
Garnica.
Propongo a los diversos portavoces que se pueda aprobar por asentimiento.
(Asentimiento.)
Así es y, por lo tanto, queda aprobada esta moción según el texto
presentado por el Grupo Parlamentario Popular.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE, EN COLABORACION CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA Y
DE FORMA URGENTE, ADOPTE TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REPARAR LOS
DAÑOS PRODUCIDOS EN ESTA COMUNIDAD POR CAUSAS SISMICAS, ESPECIALMENTE EN
LOS MUNICIPIOS DE MULA, CAMPOS DEL RIO Y ALBUDEITE (662/000161).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente moción la presenta
el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que,
en colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y de
forma urgente, adopte todas las medidas necesarias para reparar los daños
producidos en esta Comunidad por causas sísmicas, especialmente en los
municipios de Mula, Campos del Río y Albudeite.
Tiene la palabra la Senadora doña María Antonia Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista.
La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
En el pasado Pleno se aprobó, con el voto en contra --hay que decirlo--
del Grupo Socialista, el informe sobre catástrofes naturales, en el cual
se incluyó un apartado, sin que hubiera sido objeto de estudio en la
Comisión correspondiente, relativo al riesgo sísmico. En ese apartado se
incluían diversas recomendaciones y propuestas que ponen de manifiesto la
falta de actividad en el desarrollo de la directriz básica de
planificación y protección civil para riesgo sísmico aprobado por el
Gobierno en mayo de 1995. Este hecho habría dado de forma congruente con
una intervención de mi Grupo Parlamentario, sobre todo de control,
precisamente interesándose por la actividad del Gobierno en relación con
el desarrollo de estas medidas y recomendaciones que ya formaban parte en
su gran mayoría de ese informe que aprobó esta Cámara. Señorías, esto, de
entrada, me produce una reflexión, y es que yo creo que estamos poniendo
en cuestión la utilidad de algunos trabajos parlamentarios e informes que
está aprobando esta Cámara, así como la inmovilidad, la falta de
propuestas y de innovación que está surgiendo de algunos de estos
trabajos.
Sin embargo, señorías, la naturaleza es caprichosa y, sin duda, por qué
no decirlo también, la lentitud con que se valoran los daños que ésta
produce, ha hecho coincidir que después de ese debate, precisamente hoy,
en el Pleno siguiente, traiga el Grupo Socialista una iniciativa sobre un
desastre natural ocasionado por riesgo sísmico. Esto quiere decir que la
naturaleza no ha secundado el ritmo de las administraciones públicas y
que, por el contrario, durante estos últimos años se ha mantenido muy
activa, sísmicamente hablando, en la Región de Murcia.
En estos últimos años, en la Región de Murcia, se han producido varios
terremotos, todos por encima de una magnitud de 4 puntos. Ya en 1995
tuvimos algunos seísmos importantes, como el de Alcantarilla, de 4,2
puntos; el de Fuente Alamo, de 2,5 puntos, y el de Alhama, de 3,5 puntos.
En 1996, sufrimos un terremoto en las proximidades del municipio de
Mazarrón, de una magnitud de 4,4 puntos, con réplicas superiores a 3
puntos. Ese mismo año, 1996, el Director del Instituto Geográfico de
Murcia constataba la periodicidad de estos fenómenos, así como que no
podía descartarse un terremoto catastrófico en la Región de Murcia.
Mientras tanto, el Director General de Protección Civil de la Región de
Murcia anunciaba que al Plan de emergencia sísmica le quedaban años, y
qué razón tenía, señorías.
Como digo, ha sido un capricho de la naturaleza que hoy nos encontremos
aquí analizando esta catástrofe natural, coincidiendo con la celebración
--y quiero hacer una mención expresa a ello-- del aniversario de los 18
años en que sufrimos una catástrofe no natural, y lo celebramos
debatiendo aquí un tema tan interesante como es la oposición a la pena de
muerte. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
Lo que trae mi Grupo hoy es una propuesta de impulso al Gobierno, y no de
control. Esta iniciativa tiene por objeto demandar la necesaria
solidaridad y apoyo del Gobierno para reparar los daños ocasionados por
una catástrofe natural, y procuraré --y espero conseguirlo-- no entrar en
la crítica a su gestión, sino centrarme en estimular a sus señorías para
que apoyen la moción del Grupo Socialista y, a través de ella, el celo
del Gobierno para que se ponga remedio a los daños producidos, puesto
que, como ya decía en esa introducción de mi moción, resultan
insuficientes los que pueden prestar tanto la Comunidad Autónoma como los
tres municipios especialmente afectados: Campos del Río, Mula y
Albudeite. La alcaldesa de Campos del Río y el alcalde de Albudeite nos
acompañan hoy y sé que al alcalde de Mula le hubiera gustado, pero no ha
podido asistir por causas ajenas a su voluntad. A los tres quiero mostrar
mi respeto y consideración por el esfuerzo que han hecho a lo largo de
este mes y por el que, sin duda, todavía les queda por llevar a cabo.
Dentro de ese ánimo de no entrar en crítica a la gestión, creo, sin
embargo, que no está de más, señorías, que anuncie en nombre de mi Grupo
que, en breve, tenemos que hacer iniciativas de control y seguimiento a
la actuación del Gobierno central y también de las Comunidades Autónomas,
sobre todo cuando nos encontramos con fenómenos de la magnitud del que
debatimos esta tarde. Sobre todo, señorías, cuando los expertos están
anunciando que pueden producirse fuertes seísmos en ciudades próximas a
Murcia, como Granada o Almería, debido precisamente --dicen los
expertos-- a los efectos del retorno que se producen cuando hay un
movimiento de tierra de la intensidad del ocurrido durante este mes.
Señorías, según el mapa de peligrosidad sísmica de España para un período
de 500 años, del Instituto Geográfico Nacional, de los 45 municipios de
los que consta la Región de Murcia, 35 están incluidos en el área en la
que son previsibles seísmos iguales o superiores al punto 7, ya que la
Región de Murcia está dentro del corredor de desgarre del sureste de
España, área en la que se ha producido este terremoto de intensidad 5,2
que se produjo el pasado 2 de febrero y las más de 40 réplicas que
siguieron a ése, 31 de ellas superiores en intensidad a 2 puntos.
Afortunadamente, en esta ocasión, como ya sucedió en el año 1996, el
epicentro del seísmo ha tenido lugar en núcleos de población pequeños,
con una densidad de población baja. Concretamente, la pedanía donde se
produjo el epicentro del seísmo, Puebla de Mula, tiene 400 habitantes.
Precisamente, que el epicentro se produjera en un núcleo tan reducido
unido al hecho de que se vienen cumpliendo de forma regular las
recomendaciones de sismorresistencia en construcciones, no sólo las de
1994 sino también las impuestas desde el año 1968, ha hecho posible que
no se hayan producido víctimas y que los daños se hayan registrado en
construcciones muy antiguas. Pero, señorías, según han afirmado algunos
expertos, cosa distinta podría haber sucedido si el epicentro se hubiera
producido en núcleos de población más poblados, por ejemplo en el mismo
municipio de Mula o en la ciudad de Murcia. Dada la magnitud del seísmo,
podemos decir afortunadamente que hemos tenido mucha suerte.
No obstante, señorías, los daños producidos son cuantiosos, y no me
importa plagiar algún titular de prensa regional para describirles,
porque creo que lo hacen de forma muy plástica, cómo se han valorado los
daños. Un titular de un diario de la región decía que los seísmos han
producido --en este orden-- temor, siete heridos y cuantiosos años
materiales y, además, en el Hospital General y en algunos barrios de la
ciudad de Murcia, angustia y pánico. ¿Por qué angustia y pánico en estos
dos lugares de la ciudad de Murcia? Porque previamente al suceso el
Consejo de Gobierno de la Región había acordado, era público y está en
debate, la demolición de dicho hospital; imagínense qué pensaron quienes
allí estaban cuando se produjo el temblor. Y, en segundo lugar, porque
todavía no hemos acometido --y espero que después de este desastre
podamos dar un impulso a la acción del Gobierno desde esta Cámara-- los
daños producidos en los edificios de ciertos barrios de la ciudad de
Murcia a causa de la bajada del nivel freático.
Señorías, no voy a entrar en analizar estos dos supuestos, porque espero
que tengamos ocasión de dar un impulso a la búsqueda de soluciones de
dichos problemas, sino que quiero centrarme en aquellos daños que derivan
directamente de los seísmos acontecidos a lo largo de este mes. Todos los
daños son importantes, tanto los materiales como los psicológicos, y
todos tenemos la obligación de dar una respuesta institucional, cada uno
desde su responsabilidad.
Señorías, tan sólo un día después de presentar esta moción, el día 16 de
febrero, se produjo un nuevo seísmo de intensidad 2,7. Esto quiere decir
que tanto la valoración provisional como la que cada día suministra el
Gobierno es susceptible de aumentar, ya que con la sucesivas réplicas que
se han producido los desperfectos se agravan, sobre todo por lo que
respecta a infraestructuras, paredes y tejados.
Siendo los daños importantes, no hay que dejar a un lado los daños
psicológicos. Hay que tener en cuenta que el pánico y el miedo se apropió
del ánimo de muchísimas personas, mayores y niños, que habían vivido
recientemente con intensidad y con preocupación los efectos del terremoto
sucedido en Armenia, Colombia, con el que sólo hay ocho décimas de
diferencia. Si a esto añadimos que algunos medios de comunicación,
fundamentalmente televisiones locales, tuvieron el poco acierto de emitir
ese mismo día reportajes sobre los efectos del terremoto de Armenia, que
por supuesto no transmitieron la serenidad que la población necesitaba,
el resultado es obvio: el miedo y el pavor se apoderó de la población.
Esos daños todavía persisten; son muchas las personas mayores que están
pendientes de controlar su tensión, muchos los niños que no quieren y no
pueden dormir solos y se siguen despachando multitud de tranquilizantes
en los centros sanitarios y en las farmacias de la región. Así lo han
puesto de manifiesto y lo vienen haciendo continuamente.
El estado de ansiedad que aún persiste en la población hace necesario, y
así lo decimos, que se refuerce la asistencia especializada en psicología
de desastres naturales que se ha puesto a disposición de los
Ayuntamientos por parte de la Administración central; en estos momentos
cuentan con tres expertos, pero creemos que este personal debe
aumentarse.
Pero, además, entendemos que ha llegado el momento de que todas las
administraciones públicas --también la Administración central, porque se
ha obligado a ello a través de esa Directiva básica para la protección
civil en caso de riesgo sísmico-- lleven a cabo con seriedad y rigor una
campaña de información y concienciación a una población que sabe que
tiene que convivir con un fenómeno natural, que produce y puede producir
efectos catastróficos y ante el cual debe estar preparada para reaccionar
y asumirlo como algo normal en su vida.
Como se indicaba en la moción, los daños materiales fueron valorados
provisionalmente el 11 de febrero en un montante de 7.300 millones de
pesetas. Dicha valoración no contempla la mayoría de las
infraestructuras, sobre todo, las correspondientes a servicios públicos o
municipales, como son las redes de abastecimiento de agua, el
alcantarillado, etcétera. Las empresas concesionarias de estos servicios
están realizando un estudio muy riguroso de los daños de todas las
infraestructuras. A título de ejemplo, les diré que, en los días
siguientes al suceso, en el municipio de Mula se produjo un consumo de
agua superior en un 40 por ciento al habitual, con lo cual, las roturas y
escapes de agua eran evidentes. Como digo, se sigue efectuando esa
evaluación de daños, porque cada día se descubre alguno nuevo.
Sin duda, los bienes más afectados han sido las viviendas. Así, de las
5.000 existentes en Mula, 4.000 sufren desperfectos. De las 600 de
Albudeite, 500 tienen desperfectos y en Campos del Río, donde hay 600
viviendas censadas, 450 también tienen desperfectos. Han sido derribadas
34 viviendas; 123 requieren una reparación completa, por lo que han
tenido que ser desalojadas; 1.110 viviendas presentan daños sustanciales,
necesitando una reparación en estructuras --1.000 en Mula, 60 en Campos
del Río, y 50 en Albudeite--, y el resto de los edificios tienen grietas
y fisuras en techos y paredes.
Casi 1.000 personas han tenido que ser alojadas en viviendas de alquiler
o de familiares. Se ha anunciado por la Administración central la
instalación de 15 viviendas prefabricadas, de las cuales sólo tres
estaban empezando a ser instaladas el día 20 de febrero. Han sufrido
desperfectos 22 centros educativos, y tres de ellos han tenido que ser
demolidos. También se han producido daños en el Centro de Salud de Mula y
en las casas-cuartel de la Guardia Civil de Mula y Cehegín. Asimismo, han
sufrido daños importantes bienes del Patrimonio Histórico, como el Museo
de Arte Ibérico y el Castillo de Mula, al igual que varias iglesias y
monasterios.
Tal como anunció el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en su reciente comparecencia en la Asamblea Regional, siguen
produciéndose daños, por lo que se sigue realizando una evaluación.
Precisamente, el día que tuvo lugar su comparecencia, el 17 de febrero,
dichos daños ascendían a la cantidad de 8.100 millones de pesetas.
Pero al margen de estos daños --cuya valoración provisional empieza a
conocerse--, hay otros municipios de la región que también han sufrido
desperfectos. Así sucede, por ejemplo, en Archena, donde ya hay más de
200 solicitudes no valoradas por importantes desperfectos en viviendas.
Lo mismo ocurre en otras 50 casas de un barrio del propio municipio de
Murcia, al igual que en Cieza, Abarán, y en algunos más.
Y precisamente la valoración de estos daños ocasiona la primera inquietud
e incertidumbre en los afectados. La valoración se está llevando a cabo
muy lentamente. El cálculo provisional de los daños ha sido aleatorio, y
en estos momentos puedo decirles que, en lo que respecta a la valoración
de desperfectos en viviendas, tan solo se ha procedido a una estimación
completa del 20 por ciento de las casas afectadas en Albudeite y en torno
al 25 ó 30 por ciento de las de Campos del Río, a pesar de los equipos
que el Gobierno regional ha contratado. En estos momentos se estima que a
cada equipo técnico contratado --compuesto por un arquitecto y un
aparejador-- le corresponde la valoración de 400 expedientes concretos,
con lo cual, la misma se presenta dificultosa y se está haciendo con
mucha lentitud.
A esta incertidumbre hay que añadir otra: la falta de concreción de las
ayudas que se han venido anunciando por parte de la Comunidad Autónoma,
de la propia Delegación del Gobierno, y a través de alguna comparecencia
del portavoz del Gobierno, señor Piqué. ¿Por qué digo esto? Porque al
principio se decía a los afectados que no se preocuparan, que las casas
se iban a arreglar con cargo al Plan ordinario de vivienda.
Posteriormente, se dijo que habría ayudas directas; más tarde, se afirmó
que se promulgaría un real decreto; a continuación, que se trataría de un
real decreto-ley, etcétera. En realidad, en este momento los afectados no
tienen conocimiento del tipo de ayuda que van a poder disfrutar --si de
disfrutar se puede hablar en este momento--, lo que ha provocado,
precisamente, que antes de ayer ocho asociaciones de vecinos hayan
mostrado su malestar y su queja públicamente, si bien, han manifestado su
agradecimiento y respaldo a las entidades locales, que en todo momento y
con pocos medios y muy buena voluntad han puesto en marcha el plan de
emergencia de Protección Civil que tiene cada municipio.
Es evidente, señorías, que ambas administraciones, como antes decía, por
sí solas no pueden acometer el importe de los daños que estos seísmos han
provocado. No quiero abundar en muchos detalles, pero los tres municipios
más afectados tienen unos presupuestos muy bajos, siendo el máximo de
1.200 millones de pesetas, en inversiones, 325 ó 330 millones de pesetas,
pero, como bien saben sus señorías, los presupuestos de inversiones de
las corporaciones locales están afectos a los planes de obras, servicios
y gastos muy puntuales.
Lo que estos municipios necesitan es la adopción de unas ayudas directas
de apoyo para reparar las infraestructuras municipales que se han visto
deterioradas; asimismo, medidas legales que suplan el colapso y la
paralización que de la vida administrativa se está produciendo en cada
uno de los ayuntamientos, con posible incumplimiento de plazo y no
atención a demandas por parte de los ciudadanos, como la tramitación de
pensiones y otro tipo de prestaciones. También necesitarán que --espero
que se dé el caso-- el Gobierno exima a los afectados de impuestos
municipales, como el IBI, y que se compense la falta de recursos y de
ingresos que estos pequeños ayuntamientos van a tener y que forman parte
esencial de su vida cotidiana, de mantenimiento de los gastos corrientes
que precisa el ayuntamiento. Por tanto, son insuficientes las medidas que
puedan adoptar los ayuntamientos y la Comunidad. Aparte de la
insuficiencia económica, algunas de las medidas que deben adoptarse no
son sino competencia de la Administración del Estado. Incluso algunas no
son suficientes
a través de un Real Decreto, sino que se precisará la elaboración y
promulgación de un real decreto-ley.
Señorías, como he dicho al principio, no es tiempo de críticas en torno a
cómo está actuando la Administración. Es tiempo de respuestas y, por
ello, tan sólo me he hecho eco a lo largo de mi intervención de las
quejas que han hecho públicamente los afectados, incluidos los alcaldes,
que son verdaderos sufridores, por activa y por pasiva, de las
consecuencias de estos seísmos.
Yo no cuestiono la colaboración que está existiendo entre las
administraciones públicas ni la falta de presencia de la Administración
del Estado en el territorio de la Región de Murcia. Al día siguiente de
producirse el terremoto mayor, el día 2 de febrero, estuvo el Director
General de Protección Civil, y me consta que la Subdirectora de
Subvenciones de la Dirección General de Protección Civil también ha
estado en alguna reunión en la Delegación del Gobierno. El Delegado del
Gobierno ha estado presente en todo momento y el Gobierno regional. Lo
que cuestiono es la insuficiencia de esta colaboración, fundamentalmente
de los recursos precisos para paliar los efectos materiales y
psicológicos y de medidas legales para subsanar estos daños.
Yo creo, señorías, que en estos momentos el Senado no puede responder a
estos más de 5.000 ciudadanos afectados con meros informes y propuestas.
Por cierto, no creo que en ninguna región se hayan seguido con tanto
interés los resúmenes, la traslación pública que ha tenido el contenido
del informe que aprobó en su último Pleno el Senado. Pero creo que es
insuficiente. El Senado no puede responder sólo con informes y
propuestas; tiene que responder con impulso y soluciones de presente, un
presente que estos ciudadanos están viviendo de forma alterada por
estarlo su vida cotidiana, la de los ayuntamientos; un presente que se
vive con inquietud, inseguridad, todavía miedo y, sobre todo, con una
merma de la calidad de vida que les proporciona su propia casa, su
vivienda, su entorno y los servicios públicos a los que tienen derechos.
Señorías, por tanto, este Senado debe responder instando al Gobierno para
que adopte ya, con urgencia, todas las medidas precisas para dar
respuesta, solución, a los problemas que están viviendo los ciudadanos de
una gran área de la Región de Murcia.
Por ello, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta
moción, para la cual pido el apoyo de su voto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Martínez.
A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández Aguilar, por
tiempo de diez minutos.
El señor FERNANDEZ AGUILAR: Señora Presidenta, señorías, el pasado día 2
de febrero, hace hoy 21 días, mi región, la región de Murcia, que
secularmente padece la escasez de agua, en esta ocasión sufrió un nuevo
cataclismo de la naturaleza. Esta vez fue un terremoto, uno de los
movimientos sísmicos más importantes habidos en España en lo que va de
este siglo XX, que ya se nos escapa de entre las manos.
No sé si sus señorías han sufrido alguna vez la experiencia de un
terremoto. Eran las dos y cuarto del mediodía cuando sucedió el primer
terremoto y muchos murcianos habían llegado o estaban llegando a sus
domicilios para almorzar. Era ése mi caso, y excepcionalmente ese día
llegué pronto porque dos de mis nietas me habían convocado para darme el
parte de guerra de sus correrías infantiles. Todo tembló: los cuadros,
los platos y los vasos sobre la mesa, las sillas y los muebles. Pero aún
debía venir algo peor. Media hora más tarde, a las tres menos cuarto,
hubo un nuevo terremoto aún más fuerte, que alcanzó en el registro una
magnitud de 5,2 grados en la escala Richter.
El epicentro estaba localizado en las inmediaciones de la ciudad de Mula
y a unos 73 kilómetros de profundidad. El temblor, naturalmente, fue
mayor. Entonces, junto al temor causado por el fenómeno excepcional ante
lo que pudiera ocurrir, se unió una extraña y profunda turbación personal
de desequilibrio interno. Pasado el temblor telúrico, llegó a una nueva
sensación, la del ansia por conocer el alcance y las consecuencias de lo
acaecido.
Disculpen sus señorías que les hable en primer persona, como lo haría un
hombre de la calle, porque me interesa subrayar lo importante que es en
política, y en la vida parlamentaria, tratar de apartarse de la
confrontación y la demagogia de lo que divide y separa, buscando a toda
costa fórmulas y vías de encuentro, de convivencia, soluciones positivas.
Por ello, y como debemos ser justos, quiero resaltar aquí un hecho que
debería ser normal en la vida española y que, sin embargo, a veces parece
excepcional: el que exista armonía y coincidencia de esfuerzos en la
gestión entre una Comunidad Autónoma y la Administración del Estado.
Lo que más nos tranquilizó a todos los murcianos fue precisamente que, a
las dos horas escasas del terremoto, el Presidente de la Comunidad
Autónoma de Murcia se desplazara a la zona afectada junto al Delegado del
Gobierno, aunando los esfuerzos de ambas administraciones y tomando ya
las primeras decisiones firmes sobre el terreno; que al día siguiente ya
estuviera en Murcia el Director General de Protección Civil del
Ministerio del Interior y se celebraran reuniones con las distintas
corporaciones locales afectadas; que a las 24 horas del terremoto todos
los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional de Murcia formularan
una declaración institucional en favor de los damnificados por el
terremoto e instaran al Gobierno de la región y al de España --y cito
textualmente-- a que ambos actuaran decididamente en la misma dirección;
que a las 24 horas del terremoto se reuniera el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Murcia adoptando importantes acuerdos, como las
órdenes cursadas de ayuda al desempleo estacional, la puesta en marcha
inmediata de equipos de trabajo de evaluación de daños y la elaboración
de proyectos de rehabilitación y restauración de viviendas e
infraestructuras, daños que, por cierto, ya se estimaron el pasado día 10
en 17.244,4 millones de pesetas, y que en una segunda valoración
ascienden al día de hoy a 9.188
millones de pesetas, con más de 4.950 viviendas dañadas y 34 de ellas
absolutamente irrecuperables. El Consejo de Gobierno acordó también
establecer convenios singulares con los municipios afectados, así como la
creación de un grupo de trabajo de coordinación de las Administraciones
autonómica y la del Estado. Se ha elaborado un proyecto de ley de crédito
extraordinario para la atención de los gastos, así como otras medidas que
no enumero aquí para no fatigar a sus señorías.
En este punto querría dejar constancia de la magnífica intervención de la
Senadora María Antonia Martínez, en la que ha denotado que, como
Presidenta que ha sido de la Comunidad Autónoma, entiende muy bien lo que
es la tarea de gobierno y lo que es el día a día en la gestión. A ella le
doy las gracias.
Estoy en desacuerdo con algunas de sus valoraciones, como es natural, que
no concuerdan con lo que acabo de exponer, concretamente en su valoración
de algunos aspectos, como los cuidados que necesita la población después
de un terremoto. La gran preocupación psicológica de muchos ciudadanos es
otra de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de la nación y, a
día de hoy, hay equipos de sociólogos y psicólogos trabajando en Murcia.
Se está imprimiendo la máxima celeridad no solamente en la gestión de la
Comunidad Autónoma, sino en las acciones emprendidas por el Gobierno de
la nación.
Quiero terminar este turno para presentar la enmienda, que ruego a la
Senadora Martínez y al Grupo Parlamentario Socialista que admitan,
diciendo que, afortunadamente, no tenemos que lamentar víctimas
personales, aunque los daños materiales sean muy serios y cuantiosos.
Mejor así, porque lo segundo nos corresponde solucionarlo a los políticos
y a los ciudadanos, aunque haya muchas dificultades que vencer. Es lo que
está haciendo Ramón Luis Valcárcel, Presidente de la Comunidad Autónoma
de Murcia, que es el verdadero impulsor de las medidas adoptadas, que en
unión con el Gobierno de España van reconduciendo lo que ha podido ser
una tragedia humana inmensa. Para su información permítanme que les diga
que hasta la tarde de ayer, día 22, y desde el día 2, hemos sufrido más
de 45 terremotos en nuestra región.
Porque se adapta bien y mejor a cuanto les he narrado, ruego al Grupo
Parlamentario Socialista que acepte la enmienda de modificación, que con
ánimo constructivo y de colaboración les propongo, animando al Gobierno
de España a que continúe por el camino emprendido y a que las ayudas por
recibir se extiendan a todos los municipios afectados por el terremoto
acaecido en la Región de Murcia.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Fernández Aguilar.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Creía que en este momento iba a intervenir la Senadora proponente para
aceptar o, en su caso, rechazar la enmienda que se propone.
En todo caso, no quería dejar pasar este turno sin dejar constancia de la
intervención del Grupo Mixto y de esta Senadora de Eusko Alkartasuna que
les habla para expresar la solidaridad y el total apoyo a cuantas medidas
se planteen oportunamente, así como en cuanto a esta moción que con tanto
rigor y oportunamente ha planteado la Senadora Martínez, del Grupo
Socialista.
Asimismo, debo expresar también una solidaridad especial con el Senador
Fernández Aguilar, quien ha intervenido en nombre del Grupo Popular y
también ha vivido en primera persona esta situación tan difícil. Sería
deseo de este Grupo que esta moción y esta enmienda confluyeran, puesto
que nosotros --y en este caso desde fuera-- no somos quienes para
enmendar la plana.
Esta intervención quiere reducirse a apoyar con toda la fuerza posible
todas las medidas que se estimen necesarias y con la mayor urgencia para
solucionar los problemas derivados de esta situación, afortunadamente,
tal y como se ha indicado, sin víctimas personales, aunque sí con
cuantiosos daños materiales para muchas familias afectadas, de manera que
esos aproximadamente 5.000 afectados de Murcia vean paliados sus
problemas con la mayor celeridad posible.
En ese sentido, por tanto, nada más que expresar esta solidaridad, al
tiempo que el todo el apoyo a la iniciativa que se plantea.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Tiene la palabra la Senadora Martínez García, del Grupo Parlamentario
Socialista, autor de la moción.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Me van a permitir sus señorías que, después de una semana políticamente
algo crispada como llevamos en la Región de Murcia, le devuelva hoy un
piropo a mi paisano y colega, el Senador don Adolfo Fernández Aguilar.
Yo también viví personalmente el seísmo, pero seguro que no habría podido
explicarlo con ese lirismo con que él lo acaba de hacer. Pero esto no es
un piropo, es una cualidad del Senador.
No obstante, sí quiero aprovechar esta ocasión para reconocerle y
recordarle, después de esta semana --insisto-- de crispación que llevamos
en la Región de Murcia, que su voz me ha sonado esta tarde tan sosegada
como me lo pareció la noche del 23 de febrero, hace 19 años, cuando a
través de la emisora de la que era locutor gritaba de vez en cuando: Viva
la Constitución.
El Grupo Parlamentario Socialista va a aceptar la enmienda que presenta
el Grupo Parlamentario Popular, pero permítanme que haga alguna
manifestación en relación a la misma. Desde el principio digo que sí, que
la vamos a aceptar en su conjunto, pero quiero manifestar que me parece
que la enmienda muestra un aspecto defensivo ante algo
que yo no he cuestionado a lo largo de mi intervención, ni en lo que se
refiere a la gestión y colaboración entre Gobiernos ni en cuanto a la
presencia de las autoridades competentes en la Región de Murcia. Podría
hablar del comportamiento o gestión del Presidente de la Comunidad
Autónoma, pero, como siempre --para eso tengo el Parlamento autonómico--,
lo haré allí, y, además, cuando el momento sea más propicio, porque creo
que estamos en unos momentos, como he dicho, de dar respuesta, y no de
hacer crítica; de pedir el esfuerzo de todos, para que lleguen a quienes
las necesitan las soluciones que están demandando.
En este sentido, me alegro de la intervención de la Senadora De Boneta,
puesto que una de las quejas que tenían las asociaciones de vecinos --y
la han hecho pública en un comunicado-- era que se sentían un poco
abandonadas y con falta de atención de los grupos políticos a nivel
nacional. Sin duda, hoy es una magnífica ocasión para hacerles ver que no
es así. Afortunadamente, no ha habido daños personales, lo que ha
motivado que la repercusión del desastre haya sido menor, pero valoramos
en lo que vale la importancia de los daños.
¿Y por qué digo que la enmienda es defensiva? La enmienda introduce una
modificación en relación a la moción que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista en el sentido de añadir «que continúe» la colaboración de
ambas administraciones. Yo no la cuestiono. Colaborar se está
colaborando. Suprime el término «todas» cuando hace relación a las
medidas a adoptar por el Gobierno de España. Quiero explicar que cuando
en la moción nosotros ponemos «todas» no queremos decir que asuma
aquellas que no le son propias o que supla las que compete hacer a
sectores privados, como es el consorcio de seguros. No, no. Cuando
decimos «todas las medidas» hacemos referencia a las que afectan a daños
materiales, apoyo técnico y medidas legislativas y fiscales que sean
precisas para dar respuesta a un desastre natural que aunque no requiera
una declaración de zona catastrófica sí entendemos que necesita de
algunas medidas excepcionales.
Esta enmienda también suprime la referencia a los tres municipios que han
sido especialmente dañados, Mula, Campos del Río y Albudeite. En nuestra
moción consta expresamente que instamos al Gobierno para reparar los
daños producidos en la región de Murcia y decimos «especialmente» en
estos tres municipios, porque entendemos que son los que de una forma más
directa están sufriendo las consecuencias no sólo materiales sino
psicológicas del seísmo.
Pero lo que abunda no daña, señoría. Acepto la moción con las
modificaciones en los términos que planteados por el Senador Fernández
Aguilar, si eso no daña el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a la
moción.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer por tiempo de diez minutos.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nuestra intervención será breve pero, en cualquier caso, para, en primer
lugar, mostrar nuestra solidaridad completa con la Región de Murcia y con
las poblaciones de Mula, Campos del Río y Albudeite y, en segundo lugar,
para dar nuestro apoyo a la moción y a la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.
La Senadora María Antonia Martínez nos ha expuesto con detalle los daños
producidos no sólo en viviendas, en patrimonio artístico, en centros
educativos, etcétera, sino aquellos otros que afortunadamente no causaron
víctimas pero sí, ciertamente, una sensación, como ha dicho, de pánico
que difícilmente van a olvidar durante algún tiempo muchos de los
ciudadanos que lo padecieron. Afortunadamente hubo muy pocos heridos y no
hubo víctimas que es lo esencial.
Nosotros entendemos que los daños producidos, aun siendo elevados, van a
poder resolverse. No pueden resolverlos sólo los municipios con unos
presupuestos limitados y seguramente será difícil para la Comunidad
Autónoma ayudar a resolver estos daños con sólo sus propios medios. Pero
entendemos que con el esfuerzo de todos y, por tanto y en este sentido,
con el de la Administración central será posible reparar en su inmensa
mayoría los daños que ha habido, de forma que estas poblaciones que
durante algunos días, quizá durante algunas semanas están padeciendo de
verdad el pánico producido por el seísmo, puedan ver paliados los daños
de sus viviendas y, a través de las subvenciones, de las ayudas, de los
créditos que se puedan aprobar, que se vayan resolviendo en su totalidad.
Por tanto, nuestro Grupo, mostrando de nuevo su solidaridad con estas
poblaciones, va a dar soporte a la moción defendida por la Senadora
Martínez y, en su caso, a la enmienda, que se ha aceptado también, del
Senador Fernández Aguilar.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Beguer.
Tiene la palabra el Senador Fernández Aguilar por tiempo de diez minutos.
El señor FERNANDEZ AGUILAR: Muchas gracias, señora Presidenta.
Necesariamente he de intervenir para dar las gracias por la emoción que
me ha deparado las palabras tan afectuosas, tan cariñosas, de la Senadora
Martínez, para agradecerle su tono constructivo nuevamente, para
agradecerle su aportación y que su intervención haya servido para
demostrar su inmenso amor a la Región de Murcia.
He de decirles, señorías, que también me sumo al saludo a la Alcaldesa de
Campos del Río y al Alcalde de Albudeite, presentes en este debate, y
disculpo la ausencia del Alcalde de Mula, quien me ha llamado diciendo
que, al final, ha sido imposible su desplazamiento.
No piense en ningún momento, señora Martínez, que la enmienda que de
forma tan generosa han aceptado contiene ninguna razón oculta. Con toda
honradez le diré que únicamente nos parece que enriquece su idea
primitiva, su idea primera, y que, al decir que el Gobierno de la nación
continúe con la labor emprendida, es porque, en verdad, el
Gobierno de la nación, al igual que el de la Comunidad Autónoma, está
trabajando muy seriamente para reparar los daños ocasionados.
En segundo lugar, deben aparecer todos los municipios afectados y no
solamente tres, aunque es cierto que son, con mucho, los que más daños
han sufrido. Por no cometer la injusticia del olvido, que sin duda no
estaba en su ánimo, cito también municipios como Archena, Blanca, Bullas,
Cehegín, Ceutí, Cieza, Molina de Segura, Murcia, Ojós, Pliego y Las
Torres de Cotillas, que son los que, en mayor o menor medida, también han
sufrido daños.
Con respecto a la actuación del Gobierno de la nación, he de recordar a
sus señorías que el pasado viernes, día 19, el portavoz del Gobierno,
Josep Piqué, a la terminación del Consejo de Ministros, ya informó de que
el Gobierno de la nación se ha comprometido formalmente a aprobar en
breve el real decreto ley que regulará la concesión de subvenciones
económicas a los damnificados, así como la adopción de medidas urgentes
para reparar los daños causados por el terremoto del pasado día 2.
Confiamos en que dicho decreto ley, cuyo borrador, al parecer, está ya
redactado, recoja la participación igualitaria entre el Estado y la
Comunidad Autónoma de Murcia, conducente a paliar los daños causados,
borrador que ahora comienza su lógico itinerario legal. Debemos urgir al
Gobierno a que lo haga con la mayor prontitud, pero es absolutamente
necesario que se cumpla su trámite: primero, la obtención de la
conformidad de los ministerios afectados; segundo, la preceptiva
aprobación del Consejo de Estado y, finalmente, la definitiva aprobación
en el Consejo de Ministros.
Confiamos en que la actuación del Gobierno de España en la Comunidad
Autónoma de Murcia sea la de una participación similar a las medidas
adoptadas y a las ayudas concedidas con ocasión de la catástrofe de
Badajoz, producida por la inundación en la noche del 5 al 6 de noviembre
de 1997, y que consistieron en una intervención paritaria del 50 por
ciento del Estado y otro 50 por ciento de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Independientemente de la aprobación del referido Real decreto-ley, la
Dirección General de Protección Civil, al amparo de la Orden Ministerial
de 18 de marzo de 1993, que regula el procedimiento para la concesión de
ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de
emergencia, catástrofes y calamidades públicas, ya viene desarrollando
distintas acciones entre las que destacan como las más urgentes. El
Gobierno de la nación tiene en proceso de ejecución y en firme distintas
actuaciones que ascienden ya a un importe aproximado de 250 millones de
pesetas, invertidos hasta la fecha por el Estado. Así, es posible que ya
se hayan efectuado al día de hoy el transporte, el montaje, la
cimentación, y que se hayan realizado las acometidas de agua,
electricidad y saneamiento de las viviendas prefabricadas. Se están
llevando a cabo también obras de arreglo en las fachadas, aleros y
balcones, para evitar desplomes, en Mula, Albudeite y Campos del Río, así
como diversas acciones con carácter urgente que se vienen realizando por
la Dirección General de Protección Civil en los municipios afectados. Vea
por qué nuestro interés en que figurara la frase «que se continúe con esa
labor».
Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias de nuevo al Grupo
Parlamentario Socialista, a la Senadora De Boneta, al portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y a todos
cuantos apoyan con su voto nuestra enmienda y la moción presentada en la
tarde de hoy.
La señora PRESIDENTA: Entiendo que la enmienda ha sido aceptada por la
Senadora proponente. Por tanto, ¿se puede votar la moción por
asentimiento con la enmienda? (Pausa.) Queda aprobada.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:
--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DE LA REGULACION DE LA DECLARACION
DE FALLECIMIENTO DE LOS DESAPARECIDOS CON OCASION DE NAUFRAGIOS Y
SINIESTROS (622/000014).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley del Senado.
Proposición de Ley de modificación de la regulación de la declaración de
fallecimiento de los desaparecidos con ocasión de naufragios y
siniestros, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa a la del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Por tanto, tiene la
palabra para la defensa de la toma en consideración de la proposición de
ley el Senador Gatzagaetxebarría por un tiempo de diez minutos.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente nuestro Grupo Parlamentario ha presentado esta proposición
de ley teniendo en cuenta que el pasado mes de diciembre desaparecieron
diez pescadores, diez arrantzales vascos en el Buque «El Marero» el buque
Aketxe de los puertos de Pasajes a Ondarroa. Hoy es titular en varios
periódicos nacionales: «Mueren tres marineros al embarrancar un pesquero
en aguas de Lanzarote»; es titular también de periódicos nacionales la
noticia de que ayer se hundió un buque pesquero español cerca de las 300
millas al sur de Canarias, junto a la costa de Cabo Blanco. En
definitiva, señorías, nos encontramos ante tragedias no deseadas pero que
ocurren reiterada y constantemente a lo largo de la geografía española,
fundamentalmente en el Atlántico, en el caladero canario sahariano, en
aguas del golfo de Vizcaya, es por ello por lo que nuestro Grupo
Parlamentario ha presentado esta iniciativa de modificación legal.
Señora Presidenta, el ejercicio de las actividades marítimas, tanto de
transporte como de pesca, conforman un
sector de la vida económica que se desarrolla en un medio físico natural
como es el mar. Ello implica que se produzca un mayor índice de
dificultad, penosidad y, principalmente, mayor riesgo para la vida y la
integridad física de los trabajadores de dicho sector. La actividad
marítima, tanto de transporte como de pesca, está sometida a elevados
riesgos, como averías, incendios, hundimientos de los buques y,
fundamentalmente, a las adversidades climatológicas que suelen acarrear
siniestros y graves consecuencias cuando se manifiesten en alta mar.
Todo este cúmulo de circunstancias ocasionan que la actividad de
transporte marítimo y principalmente la pesca extractiva por razón de la
dimensión de los buques, sean actividades laborales de elevado riesgo en
las que desgraciadamente se producen con mayor frecuencia que la deseada
pérdida de vidas humanas, tanto de carácter colectivo con ocasión de
naufragio de buques, como individuales por caídas al mar, así como la
inmersión en el agua de la persona con su posterior desaparición física.
Los trabajadores del mar desaparecidos en naufragios con carácter
individual son víctimas de una labor hecha con dignidad al servicio de su
vida y la de otras personas, pero ese mar tan amado, tan noble y tan rico
en sus ofertas y aun tantas veces amenazador ha podido con ellos.
Se trata pues de vidas arrancadas por la violencia de la naturaleza, pero
también unas vidas dadas por una causa humana: la causa de ser hombres,
junto con otros, por el trabajo del servicio prestado al realizarlo. En
este momento quiero expresar un reconocimiento social a la dignidad, al
valor de los trabajadores del mar, tantas veces ignorados por quienes no
compartimos su suerte, hecha de incertidumbre y de riesgos e incluso de
deficiencias del cumplimiento de unos derechos que la sociedad, tan
orgullosa del progreso social, tan celosamente defiende otros ámbitos de
la actividad laboral.
Nosotros, como representantes del pueblo, tenemos la responsabilidad y la
obligación moral de actuar con presteza, creatividad, sentido social y
generosidad, poniendo toda la atención debida a favor de las personas y
familias de los desaparecidos, promoviendo para ello las modificaciones
legales que humanicen el tratamiento de estas situaciones dramáticas de
desaparición, actualizando las normas legales anacrónicas a las
exigencias de nuestro tiempo.
Tenemos que tener en cuenta que hoy en día existen medios de control de
los buques, existen medios de salvamento marítimo, existen adelantos en
los medios de comunicación marítima; tan es así, que este próximo 20 de
junio va a ponerse en marcha, en el sistema de navegación español en
materia de pesca, el sistema obligatorio de control, vía satélite, a
través de las «cajas azules», que a partir del año 2000 va a ser
obligatorio en todos los buques españoles que faenen más de un día en
alta mar. Con ello, todos los buques españoles van a estar
permanentemente controlados por ese centro de coordinación marítima, que
va a estar ubicado en la Secretaría General de Pesca, del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Todos, absolutamente todos los buques
pesqueros van a estar controlados, y se va a saber su posición, dónde
pescan, en qué aguas y qué capturan a través de este mecanismo de control
centralizado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Con eso, en definitiva, lo que pretendemos es adecuar la legislación, que
data de 1939, a la realidad de los nuevos tiempos, legislación que no
tiene sentido puesto que cuando se estableció, en el año 1939, la actual
redacción del Código Civil ni existía la Sociedad Estatal de Salvamento
Marítimo, ni existía el Servicio de Comunicación Público Marítimo, que
tutela la Dirección General de Marina Mercante y gestiona a través del
operador público Telefónica, ni existían los sistemas de comunicación vía
satélite, ni los mecanismos de control que, a partir del día 30 de junio,
se van a poner en marcha.
En definitiva, todos esos mecanismos que no existían y por los que ahora
sabemos cuándo un buque va a pique, cuándo un buque desaparece en la mar
automáticamente, requieren la humanización del drama y requieren, por lo
tanto, la modificación del anacronismo legal de los artículos 193 y 194
del Código Civil.
Porque la desaparición de una persona en el mar origina, principalmente,
un gran drama humano para sus familiares, y suscita paralelamente
diversos problemas de orden personal, asistencial, administrativo y
económico, que requieren de un marco legislativo eficaz, operativo y
ajustado a la realidad, que ayude a paliar el gran problema humano
provocado por la desaparición en la mar de un familiar.
Acaecido un hecho de esta naturaleza, la legislación de Seguridad Social,
el artículo 172.3 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
estas Cortes, ha establecido mecanismos protectores, tanto para hacer
frente a las indemnizaciones por accidente de trabajo como al
reconocimiento, en su caso, de las pensiones de viudedad y orfandad,
reconociéndose las indemnizaciones y estas pensiones que he indicado en
el plazo de tres meses desde que ha desaparecido físicamente dicho
cuerpo, bien sea por razón de accidente de trabajo o bien de accidente no
laboral.
No obstante, para el resto de las cuestiones de carácter jurídico,
privado y patrimonial de una persona --la transmisión de bienes, la
actualización de sus cuentas corrientes, qué ocurre con sus créditos
hipotecarios, con sus créditos personales, con sus fondos de pensiones,
con el cobro de seguros, con su régimen económico matrimonial-- la
legislación vigente establece unos plazos de dos o tres años, dependiendo
de las circunstancias de la desaparición. Circunstancias que pueden ser,
en función del artículo 194 del Código Civil, el naufragio comprobado,
para lo cual la ley establece un plazo de dos años, o el naufragio
presunto, para el cual establece un plazo de tres años, aspecto sobre el
cual existe un debate en la doctrina española sobre si son acumulativos o
no estos plazos; mayoritariamente, autores como Bercovitz o Mucius
Scaevola son partidarios de la tesis de que no se produce esa
acumulación, sino que si se trata del naufragio comprobado el plazo legal
para la declaración judicial de fallecimiento serían dos años, y si es el
presunto serían tres, y no cinco, como la doctrina minoritaria ha opinado
al respecto.
La declaración de fallecimiento, en definitiva, señora Presidenta,
señorías, constituye un mecanismo jurídico, una figura jurídica dirigida
a dar seguridad, estabilidad y solución a las cuestiones y problemas
administrativos, patrimoniales y económicos que se suscitan en los
familiares de los desaparecidos. El Código Civil, en su artículo 194,
cuya redacción, reitero, data de una Ley de la Guerra Civil de 1939,
establecía estos dos supuestos, en virtud de los cuales se realiza un
juicio de probabilidad y una presunción legal de muerte a todos los
efectos de los desaparecidos en la mar.
La declaración de fallecimiento es una institución autónoma e
independiente que no se puede encuadrar ni dentro de la figura de la
ausencia ni de la muerte natural. Mediante esta figura, mediante la
declaración de fallecimiento, no se realiza una constatación de que se
haya producido la muerte, sino que a través de este auto judicial sólo se
constata la desaparición de una persona y es gracias a un juicio de
probabilidad y a una valoración de los hechos acaecidos establecidos por
el legislador, pero que ha de valorarlos el juez, mediante el cual se
alcanza los mismos efectos que con el fallecimiento real. Esta
declaración judicial, que se manifiesta en un auto del titular del
juzgado, tiene una eficacia «erga omnes», por lo que afecta a la
generalidad de los ciudadanos. Y esta declaración no es una simple
presunción legal por haberse dado las circunstancias y los plazos
previstos en la ley, sino que es necesaria la comprobación del
cumplimiento de los requisitos legales por parte del juez en un
procedimiento de jurisdicción voluntaria incoado al efecto en el que el
titular del órgano jurisdiccional puede desplegar una intensa actividad
de investigación en aras a la comprobación de los hechos.
Señorías, los efectos del auto de declaración de fallecimiento son:
primero, el acceso al registro civil; segundo, el acceso al registro de
la propiedad; tercero, la incapacidad legal del declarado fallecido para
adquirir bienes y derechos; cuarto, la apertura de la sucesión
hereditaria del declarado fallecido; quinto, la disolución del
matrimonio; sexto, la extinción del régimen económico matrimonial, y
séptimo, el nacimiento de nuevas situaciones jurídicas en cuanto a
derechos y obligaciones, entiéndase derecho a las prestaciones de
Seguridad Social, viudedad, orfandad, subsidio temporal en favor de
familiares, indemnizaciones por accidente de trabajo, devengo del
impuesto sobre sucesiones, el abono de los seguros de vida, la
subrogación en los contratos de arrendamiento. En definitiva, un cúmulo
de circunstancias jurídicas que requieren de una legislación práctica,
eficaz, con presteza, que resuelva todo este entramado jurídico y de
complicaciones que se originan en la vida de la viuda y de los hijos del
desaparecido en la mar.
La experiencia práctica de los siniestros y naufragios ocurridos nos
enseña que, para intentar paliar con sensibilidad e inmediatez los graves
daños que en las familias origina la desaparición de seres queridos en la
mar, es necesaria esta modificación puntual que adecue a la realidad los
artículos reseñados, de manera que se acorten los plazos establecidos
para efectuar dicha declaración de fallecimiento. Así, señorías, se
producen paradojas, como que el crédito hipotecario con una entidad
financiera se debe seguir pagando por la viuda y los hijos y, en cambio,
un fondo de pensiones en favor de la viuda y de los hijos en la misma
entidad no pueda ser percibido o rescatado por la misma hasta que hayan
transcurrido los plazos señalados para la declaración de fallecimiento de
dos o tres años. Paradojas como ésta es la que tenemos la responsabilidad
legal y la obligación moral de resolver modificando, a través de esta
iniciativa, la legislación vigente, que data de hace 60 años.
Recientemente, reitero --y he empezado así mi intervención
parlamentaria--, se han producido naufragios en el País Vasco, pero se
han producido ayer mismo en aguas del caladero canario sahariano con
buques de arrastre, con buques de cerco. En definitiva, a lo largo de
1998, con ocasión de accidentes de buques españoles en la mar, han
fallecido 43 personas, pero es que los desaparecidos han sido 89, y es
que el drama es muchísimo mayor en lo que se refiere a los desaparecidos,
porque todas esas cuestiones jurídicas de orden privado-patrimonial por
lo menos, con algunas limitaciones, pueden ser solucionadas por los
familiares de los tallecidos con mayor inmediatez, mientras que las
familias de los desaparecidos deben de esperar dos o tres años en función
de si el naufragio es presunto o es comprobado.
Igualmente, además de los naufragios y desapariciones individuales en la
mar, se producen otro tipo de siniestros que originan la desaparición de
los cuerpos, ya sean accidentes laborales como explosiones, catástrofes
naturales, inundaciones, tormentas de montaña u otros similares que
suelen ocasionar, desgraciadamente, la desaparición de personas sin dejar
rastro alguno, motivo por el cual también procede, mediante esta
iniciativa legislativa, modificar puntualmente el artículo 193 del Código
Civil que se refiere a la desaparición de personas con ocasión de
catástrofes o siniestros naturales.
Es por ello, señora Presidenta, que ante esta coyuntura nuestro Grupo
Parlamentario ha presentado esta proposición de ley de modificación de la
legislación vigente en aras a acortar a tres meses los plazos de la
presunción legal de muerte que culminen en la declaración judicial de
fallecimiento en los supuestos de desaparición física indicados, tanto en
naufragios como en catástrofes naturales y, de esa manera, humanizar el
tratamiento legal y administrativo a estas situaciones dramáticas de
desaparición.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, obviamente voy a apoyar esta proposición de ley cuya toma en
consideración estamos debatiendo.
En todo caso, debo añadir algunas cosas, aunque sean muy viejas, a las
que ha expuesto, con carácter casi exhaustivo, el Senador
Gatzagaetxebarría.
Señorías, el día 12 del año 12, día de Santa Clara, se produjo una
galerna en el Cantábrico que se llevó prácticamente a toda la flota
pesquera de Lequeitio, ocasionando infinidad de muertos y desaparecidos.
Afortunadamente, era 12 de agosto y la flota de Ondarroa y muchas otras
flotas de los alrededores de Donostia --San Sebastián-- estaban en el
puerto, porque se celebraban las fiestas patronales de los pueblos
marineros a los que he hecho referencia. Esta galerna tuvo también
efectos en zonas de Vizcaya, alejadas de Lequeitio, como Plencia, pero
--como digo-- por tratarse de unas fechas muy festivas en el País Vasco,
gran parte de la flota estaba amarrada.
He oído decir muchas veces a un hijo póstumo del patrón de uno de los
barcos de Lequeitio desaparecidos, que cuando él tenía ya quince años su
madre todavía no podía disponer de ningún bien, no podía vender ni
comprar por las limitaciones legales que el Código Civil imponía en
aquellos momentos a una mujer casada.
En 1939, efectivamente, se produce la modificación del Código Civil a la
que ha hecho referencia el Senador Gatzagaetxebarría, pero, obviamente,
consideramos que esa modificación no ha cubierto ninguna de las
necesidades que se producen en casos no solamente de naufragios sino de
otro tipo de siniestros, a los que se ha referido, y en los que no
aparecen los cuerpos de las personas fallecidas, por lo que se consideran
simplemente desaparecidas.
Es cierto que los legisladores deberíamos prever estas situaciones y ver
la incongruencia de algunos textos legales que se mantienen, para cubrir
las necesidades que se derivan de determinadas situaciones. También es
cierto que, a veces, reaccionamos a impulsos de una situación concreta,
que nos ha afectado con mucha cercanía, como puede ser el presente
desastre del barco «El Marero», o en otros naufragios que han tenido
lugar en aguas del Cantábrico. Entre las fechas que he mencionado y el
día de hoy, se han producido muchos naufragios, no solamente en las aguas
a las que he hecho referencia, que son las que más cercanas me resultan,
sino que también hemos tenido ocasión de ver siniestros que han afectado
a ciudadanos de Galicia, de todo el Cantábrico en general y del resto de
las comunidades marítimas del Estado español. El señor Gatzagaetxebarría
ha hecho referencia a accidentes de este tenor producidos ayer y hoy en
el banco canario-saharaui o en aguas de Lanzarote.
Por esta razón hay que adecuar la ley a la realidad, y por esta misma
razón creemos que todos los efectos civiles que se producen al constatar
la desaparición física de un ciudadano tienen que tenerse en
consideración con la debida premura. Debe ser así, porque los efectos a
los que ya he hecho referencia como el registro civil o registro de la
propiedad y, sobre todo, el acceso a las pensiones de viudedad, orfandad,
etcétera, que suelen ser muy necesarias para los familiares de las
víctimas, agravan la situación de incertidumbre, situación más dura que
la propia muerte ante la desaparición de un familiar.
No quiero añadir nada más, tan sólo felicitar, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, al Senador Gatzagaetxebarría por su rápido y
profundo planteamiento. Yo y toda la Cámara tendríamos que entonar el mea
culpa, porque siempre reaccionamos cuando algo nos conmueve íntima y
cercanamente. Su intervención ha sido muy oportuna, y estoy segura de que
todos los grupos de la Cámara, estén más o menos afectados por estas
situaciones, darán su voto a favor de la proposición planteada, y así lo
espero también del Grupo Parlamentario Mixto, desde luego lo hará esta
Senadora.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo con suma brevedad para dejar constancia de que vamos apoyar la
toma en consideración de la presente proposición de ley.
Sin duda, el ejercicio de las actividades marítimas tiene un mayor índice
de dificultad y está sometido a elevados riesgos; por otra parte, la
desaparición de una persona en el mar origina un gran drama humano y al
tiempo suscita diversos problemas de orden asistencial, administrativo y
económico que requieren de un marco legislativo ajustado a esta realidad.
La legislación vigente establece unos plazos de dos o tres años para
poder abordar y solucionar las cuestiones que se originan, pero la
experiencia nos enseña que para intentar paliar los graves daños que
sufren las familias es necesaria una modificación puntual a fin de
acortar los plazos establecidos.
La proposición de ley modifica los artículos 193, número tres, y 194,
número dos, reduciendo en todos los casos el período a tres meses. No me
atrevo a valorar si este plazo es el óptimo o no, aunque la tramitación
parlamentaria posterior permitirá estudiarlo adecuadamente.
Por tanto, señora Presidenta, señorías, vamos a apoyar la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez por un tiempo de diez minutos.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoras y señores Senadores, intervengo para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista acerca de esta proposición de ley de
modificación de la regulación de la declaración de fallecimiento de los
desaparecidos con ocasión de naufragios y siniestros.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la toma en
consideración de esta proposición de ley por dos razones fundamentales.
En primer lugar, porque, como principal partido de la oposición es una
norma habitual de mi grupo parlamentario, salvo en aquellas cuestiones
que puedan ser contradictorias con nuestro programa electoral,
posibilitar y facilitar aquellas iniciativas que traten de suplir las
carencias o insuficiencias del grupo mayoritario del Gobierno en el
ejercicio de la iniciativa legislativa que le concede el artículo 87 de
la Constitución.
En segundo lugar, en el caso concreto que nos ocupa hoy lo haremos por
coherencia con nuestra posición y preocupación por estos temas: la
peligrosidad del trabajo en el mar, los siniestros en general y las
desgracias irreversibles en vidas humanas, que lamentablemente son
excesivamente frecuentes en nuestro país, y por razones humanitarias como
luego expondré.
Empezando por esta última razón de nuestro apoyo, he de recordar al Pleno
de esta Cámara que en el debate de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1999, en la Sección 21, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y en apoyo de una de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista --defendidas por el portavoz que les está
hablando--, la argumentación hacía referencia a la excesiva proliferación
de estos accidentes, a la necesidad de adoptar medidas preventivas y a la
urgencia de no bajar la guardia en la lucha contra los siniestros en el
mar; aunque hay que decir que tuvo poco éxito, puesto que entonces
nuestras enmiendas fueron rechazadas. Pero ahí ha quedado, para lo que se
quiera tener en cuenta de aquel debate. También hay que decir que todo
ello fue anterior sólo en unos días a la tragedia del pesquero «Marero»,
que se produjo unas semanas después, y que, según se ha dicho hoy aquí,
guarda una relación directa con el origen de esta iniciativa.
La modificación legal que hoy se nos propone afecta al título del Código
Civil que regula la ausencia legal en su concepto, significado o fases
legales, y particularmente al capítulo que se refiere a la declaración de
fallecimiento, por la cual se declara judicialmente a una persona
fallecida.
Por otra parte, la ausencia está regulada en nuestro Código Civil en los
artículos 181 a 197, ambos inclusive, y comprende tres fases o
situaciones que son independientes entre sí --es conveniente
resaltarlo--, de tal manera que, aunque la declaración de fallecimiento
sea una de las causas por las que se pone fin a la situación de ausencia
legal, para pedir aquélla no se requiere la previa declaración de
ausencia legal.
Los artículos 193 y 194, cuya modificación hoy se nos propone, forman
parte del capítulo de la declaración de fallecimiento. Y esta
modificación, que también se hace extensiva a las desapariciones, no sólo
en el mar, sino también por otras causas, como pueden ser las catástrofes
naturales, sin duda permitirá agilizar trámites en beneficio de las
familias, así como otras cuestiones jurídicas y patrimoniales, tal como
aquí se ha explicado.
Me recordaba esta mañana mi compañero el Senador Martín Rite, que la
muerte es principio y fin de infinidad de relaciones jurídicas. En
concreto, la declaración judicial de fallecimiento crea una situación
jurídica según la cual se califica a una persona desaparecida como
fallecida, y se abre, como aquí se ha dicho, su sucesión. Y como también
aquí se ha dicho, entre otras consecuencias importantes, la declaración
de fallecimiento disuelve el matrimonio.
Como ha indicado el representante de Convergència i Unió, en el proceso
de tramitación posterior se podrá profundizar sobre todas estas
cuestiones jurídicas, así como sobre los plazos propuestos. En este
sentido, nuestro Grupo entiende que sería conveniente un estudio del
conjunto de los plazos que figuran en la regulación de la declaración de
fallecimiento.
Y permítanme, señora Presidenta, señoras y señores Senadores, que antes
de finalizar haga una reflexión añadida. Legislar o modificar la
legislación para una mejor adecuación a la realidad social es, sin duda,
algo necesario, beneficioso y oportuno. Y con toda probabilidad ésta
parece ser la intención y el objeto de esta iniciativa. Pero teniendo en
cuenta las circunstancias inmediatas que la motivan, me parece inevitable
hacer algún comentario sobre éstas, y no me voy a resistir a ello.
Creo que hay un aspecto muy relacionado con el tema del debate de hoy que
no sé si calificar de asignatura pendiente, pero sé que requiere una
reflexión paralela: se trata del exceso de accidentes que se producen
cada año en las actividades marítimas; particularmente, en los buques de
pesca. Algo ha citado al respecto el señor Gatzagaetxebarría. Pero según
las cifras que yo manejo, se producen unos 2.000 accidentes laborales al
año en la actividad pesquera, muchos de ellos mortales. Sólo en Galicia,
el año 1998 finalizó con la trágica cifra de 30 marineros muertos o dados
por desaparecidos cuando faenaban en el mar. Son unos cifras demasiado
dramáticas como para no tenerlas presentes o no prestarles atención. Se
citaba el caso sucedido ayer. Con respecto a los desaparecidos, el tema
más inmediato es el del «Marero», con ocho tripulantes desaparecidos en
el mes de diciembre. Pero es que precisamente el 2 de noviembre se había
hundido el barco «Pescalanza», con base en Marín, Pontevedra, y seis de
sus doce marineros murieron ahogados, y dos de ellos, desaparecidos. En
marzo se produjo el naufragio del «Peix del Mar» con diez víctimas
mortales y dos desaparecidos. La lista sería, probablemente, muy larga o
interminable.
Hoy abordamos modificaciones jurídicas consecuentes con estas
situaciones, las cuales, sin duda, son necesarias, como ya he dicho, por
razones fundamentalmente humanitarias, pero es necesario señalar también
que lo son otras medidas, como también lo manifestaba la señora De
Boneta.
Los expertos afirman que la alta siniestralidad en el sector pesquero no
es fruto de la casualidad y atribuye la mayoría de los accidentes a la
escasa formación de los tripulantes, a las jornadas agobiantes, a la
polivalencia de los trabajadores del mar, a la antigüedad de las
embarcaciones y, claro está, a los accidentes producidos por el mal
tiempo.
Todo ello invita a reclamar invertir en seguridad por encima de otras
necesidades. Permítaseme decir que es lo que hemos intentado los
Socialistas en su momento --estoy hablando del debate de Presupuestos-- y
hoy quiero traerlo al presente por su relación con el debate, aunque,
como diría alguien, hoy no toque hablar de estos temas, sino sólo de
pasada.
Señoras y señores Senadores, por todas las consideraciones que he ido
desgranando, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la
toma en consideración de esta proposición de ley para su tramitación
posterior.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Ariznavarreta Esteban por tiempo de diez minutos.
El señor ARIZNAVARRETA ESTEBAN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos hoy
somete a la consideración de esta Cámara la conveniencia y el acierto de
tramitar parlamentariamente la modificación parcial del régimen legal
regulador de la declaración de fallecimiento.
El Grupo Parlamentario Popular no puede permanecer ajeno o insensible
ante esta iniciativa parlamentaria, que tiene razones convincentes y
poderosas, algunas de ellas apuntadas en la exposición de motivos de la
proposición y otras que se podrán añadir, que avalan la pertinencia en
cuanto a la presentación de la proposición de ley.
Por supuesto que nuestro Grupo hace suyos cuantos argumentos y razones
existen, que aconsejan, desde una visión real y práctica del problema
planteado, la modificación de los artículos 193 y 194 del Código Civil,
en el ánimo de intentar paliar con rapidez y eficacia los daños y
pérdidas, en los más de los casos irreparables, que originan los
siniestros y accidentes, no sólo marítimos sino de todo tipo, y que
sufren fundamentalmente los familiares de las víctimas y las personas
vinculadas a éstas.
En lo que podemos manifestar nuestra discrepancia o nuestras diferencias
y, aunque, evidentemente, no es el momento procesal oportuno, es en la
fijación de los tiempos que propone el Grupo autor de la iniciativa o en
que esos tiempos o plazos sean los adecuados o más acertados en el
tratamiento del tema que nos ocupa.
Pero en los trámites parlamentarios subsiguientes a esta toma en
consideración, los adecuados en todo caso para el tratamiento acertado de
la iniciativa, la reforma propuesta se enriquecerá y conseguirá, como
siempre, satisfacer el interés general de los ciudadanos, así como un
tratamiento más eficaz y ágil del instituto jurídico que nos ocupa: la
declaración de fallecimiento. Sobre ella se han pronunciado y han opinado
los Senadores que han hecho uso de la palabra y, efectivamente, esta
institución jurídica, declaración de fallecimiento ya muy antigua en
nuestro derecho, constituye en esencia la última fase o situación en el
régimen y tratamiento de la ausencia que, junto a ella, se trata en
nuestro Código Civil, y que antes de la reforma de éste, en 1939, se
calificaba o conceptuaba claramente como una presunción de muerte. Sus
características esenciales, que aun teniéndolas, no nos permiten
delimitarla con total precisión, hacen referencia a que se trata de una
situación independiente --también se ha dicho en esta Tribuna-- que,
aunque implica el cese de la situación de ausencia legal, como es lógico,
por otro lado, cuando ésta haya existido, no requiere para que se
produzca una declaración de fallecimiento la previa declaración de
ausencia legal.
Por otro lado, y como apuntábamos antes, esta declaración de la que se
trata de reducir los plazos legales, que puede ser concedida por la
autoridad judicial y para algunos supuestos concretos, lleva consigo una
presunción de muerte o, mejor expresado, una amortiguación de la
presunción de vida, dando preponderancia a la probabilidad de la muerte,
mientras que en las situaciones de ausencia de hecho o de ausencia legal
declarada se parte de la existencia presunta del ausente y, por ello, los
efectos de una y otra situación son distintos, siendo más importantes y
trascendentales a todos los resultados los generados por la declaración
de fallecimiento, ya que con ella cede protagonismo la protección que
nuestras leyes otorgan al desaparecido para concedérsele a los derechos
de sus presuntos herederos, derechos que hoy nos motivan en este debate,
pero que en un debate parlamentario en profundidad, más intenso, más
sosegado de esta iniciativa, no han de ser únicos y exclusivos.
Señorías, precisamente por la existencia y complementariedad, en un
determinado momento, de estos dos derechos existentes y razonados, el del
desaparecido, no despejados de ellos por justa causa, y el de los
presuntos herederos, así como por el hecho de que comparadas la muerte
natural con la declaración de fallecimiento que ahora nos ocupa, aun
produciendo efectos semejantes no pueden ser nunca instituciones iguales,
es por lo que parece obvio abordar esta reforma con sensibilidad hacia
ambos derechos, pero también con cautela y rigor jurídico, con
escrupuloso respeto al principio de seguridad jurídica, principio general
del derecho, máxime si con la citada declaración de fallecimiento se
pueden afectar derechos de terceros, no tanto en el plano sucesorio,
donde existen limitaciones legales concluyentes en garantía de los
derechos del desaparecido, como en situaciones, por ejemplo,
matrimoniales y análogas, ya que la declaración de fallecimiento no cabe
enmarcarla dentro de los medios de prueba de la muerte pero sí disuelve
el matrimonio con todos sus efectos.
Permítanme en este momento hacer una brevísima digresión, a propósito de
la seguridad jurídica, para poner en conocimiento de algunos de ustedes y
para recordarles, en todo caso, a muchos, lo que fue un testimonio real
de una pasajera de un famoso buque, el «Titanic», en el que pereció su
marido, pero sin que nunca apareciera el cadáver. La madre de éste simuló
la compra de un cadáver aparecido o recogido por un buque canadiense en
las aguas donde se hundió el «Titanic» con el único objeto de acelerar e
instar la declaración de fallecimiento de su hijo, contrayendo su nuera
nuevas nupcias seis años después de la citada tragedia. Todo ello
precisamente porque la legislación de la época exigía que transcurrieran
al menos 20 años para considerar oficialmente muerta a una persona
desaparecida siempre que no se tuvieran noticias de ella en ese plazo de
tiempo.
Creemos sinceramente que lo que ahora nos ocupa --y coincidimos con el
Grupo proponente-- no son cuestiones de picaresca --en todo caso siempre
tan próximas--, sino que abordamos necesidades reales y exigencia de
soluciones para unas circunstancias trágicas de accidentes,
fundamentalmente
producidos en el mar, que se repiten mucho más que lo que cualquiera de
nosotros desearíamos, pero el tratamiento que el Parlamento dé a esta
realidad no debe conducirnos a otras situaciones irregulares y no
deseadas como la referida anteriormente.
La reforma, señorías, además de por todo lo expuesto, es necesaria
también por la propia evolución del Derecho y por el camino acorde que
éste debe recorrer junto a la realidad en la que despliega sus efectos.
Es clara en este sentido la evolución de nuestro ordenamiento jurídico en
esta materia de la declaración de fallecimiento, de acuerdo con el avance
que la sociedad ha experimentado respecto de los medios materiales e
instrumentos a su alcance, para poder averiguar con exactitud y precisión
el lugar donde se encuentran o pueden estar un conjunto de personas
víctimas de un accidente o siniestro, en las conocidas popularmente como
operaciones de búsqueda o similares, o por cualquier otro medio técnico
moderno de los que ha citado el Senador defensor de la proposición, y
siempre que se trate de la declaración de fallecimiento de desaparecidos,
también denominada ausencia calificada, supuestos caracterizados por el
riesgo o por el peligro.
Este avance en los medios materiales y en los instrumentos de búsqueda
acelera, sin duda alguna, señorías, la posibilidad de poder asegurar con
certeza la desaparición y con ella la muerte de una persona, pero no
existe en ningún caso la certeza del cien por cien, por lo que también en
esta situación debemos seguir siendo sensibles con los avances, pero
respetuosos con el principio de seguridad jurídica. Incluso en los
supuestos de declaración de fallecimiento de ausentes en sentido estricto
se han dado pasos y avances muy significativos de la mano de los medios
de comunicación social, fundamentalmente la televisión o los programas de
participación y colaboración ciudadana, en la búsqueda de este tipo de
personas o ausentes que nos hacen replantearnos la regulación legal
existente.
Por ello, no puedo sustraerme a comentar y plantear una cuestión que me
llamó poderosamente la atención acerca de la ausencia, los desaparecidos
y la declaración de fallecimiento ofrecida en uno de estos programas de
televisión. Una familia y un programa de televisión, con todo su equipo
de colaboradores y redactores, se afanaban en buscar y encontrar a una
persona que había desaparecido y que como tal tenía la condición de
ausente. Hallado el interfecto, la alegría de la familia era
indescriptible; por el contrario, el enojo del hasta ese momento ausente
era soberbio: quería seguir siendo ausente.
Por ello, señorías, en el momento en que esta proposición, a la que mi
Grupo va a votar favorablemente, siga su tramitación parlamentaria,
tengamos en cuenta todas las situaciones posibles, incluida ésta del
ausente por deseo propio, y no le facilitemos excesivamente las cosas con
declaraciones de fallecimiento muy aceleradas o excesivamente rápidas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. (El señor
Gatzagaetxebarría Bastida pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría por el artículo 87.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En nombre de nuestro Grupo Parlamentario quería dar las gracias a la
Senadora De Boneta y a los Senadores Rodríguez, Carrera y Ariznavarreta
por la sensibilidad, la deferencia y el criterio de oportunidad que han
tenido al estimar y tomar en consideración esta iniciativa parlamentaria,
que agradecerán todo el grupo de familias del sector del transporte
marítimo pesquero español, fundamentalmente aquellas viudas, familiares y
seres queridos de las personas que han desaparecido en catástrofes
naturales en la mar, de los cuales se encuentra en la tribuna siguiendo
los debates parlamentarios una representación importante de la Cornisa
Cantábrica, de la Federación Española de Cofradías y, en concreto, de la
Cofradía de Pasajes del Puerto de Ondarroa que, en representación del
sector pesquero al que en este momento mandatan, agradecerán mejor que yo
la sensibilidad que han mostrado en el día de hoy los portavoces que han
intervenido en nombre de sus grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Vamos a proceder a la votación. ¿Puede entenderse esta proposición de ley
aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Por tanto, queda aprobada en los términos en que se ha presentado.
Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y cincuenta minutos.
CORRECCION DE ERRORES: En el Diario de Sesiones número 117, del martes 9
de febrero de 1999, página 5500, donde dice: «El señor LABORDA MARTINEZ»,
debe decir: «El señor LABORDA MARTIN».