ORDEN DEL DIA:
Contestación del Gobierno a las siguientes preguntas de don Félix Lavilla Martínez (GPS):
--Sobre las inversiones previstas por el Ministerio de Administraciones Públicas para el año 2002, en relación con la iniciativa «Info XXI: La Sociedad de la Información para todos», con indicación de la evaluación realizada por el Gobierno del funcionamiento de dicha iniciativa en el citado Ministerio y de las medidas previstas para mejorarlo. (Número de expediente 681/000185).
--Sobre las inversiones previstas por el Ministerio de Administraciones Públicas para el año 2001, en relación con la iniciativa «Info XXI: La Sociedad de la Información para todos», aprobada por el Gobierno. (Número de expediente 681/000194).
--Sobre las cantidades ejecutadas por el Ministerio de Administraciones Públicas durante el año 2000, en relación con la iniciativa «Info XXI: La Sociedad de la Información para todos», con indicación de las actuaciones concretas que se han llevado a cabo en cada una de las partidas. (Número de expediente 681/000203).
Comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de doña Roser Martínez Quirante, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona (UAB), para exponer el panorama legislativo sobre las armas en los países de la Unión Europea y del continente americano. (Número de expediente 713/000790).
Debate y votación de las siguientes mociones:
--Del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, por la que se insta al Gobierno a que impulse la declaración del muelle de Puerto del Rosario (Las Palmas) como frontera exterior, según el Acuerdo de Schengen. (Número de expediente 661/000247).
--Del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, por la que se insta al Gobierno a que impulse la declaración del muelle de Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife) como frontera exterior, según el Acuerdo de Schengen. (Número de expediente 661/000252).
--Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas administrativas y económicas necesarias para poner fin a la situación de abandono y degradación en que se encuentran los puntos fronterizos de la provincia de Girona. (Número de expediente 661/000257).
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
CONTESTACION DEL GOBIERNO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE DON FELIX LAVILLA MARTINEZ (GPS):
--SOBRE LAS INVERSIONES PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS PARA EL AÑO 2002, EN RELACION CON LA INICIATIVA «INFO XXI: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION PARA TODOS», CON INDICACION DE LA EVALUACION REALIZADA POR EL GOBIERNO DEL FUNCIONAMIENTO DE DICHA INICIATIVA EN EL CITADO MINISTERIO Y DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA MEJORARLO (681/000185).
--SOBRE LAS INVERSIONES PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS PARA EL AÑO 2001, EN RELACION CON LA INICIATIVA «INFO XXI: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION PARA TODOS», APROBADAS POR EL GOBIERNO (681/000194).
--SOBRE LAS CANTIDADES EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DURANTE EL AÑO 2000, EN RELACION CON LA INICIATIVA «INFO XXI: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION PARA TODOS», CON INDICACION DE LAS ACTUACIONES CONCRETAS QUE SE HAN LLEVADO A CABO EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS (681/000203).
El señor PRESIDENTE: Permítanme, en primer lugar, dar la bienvenida al señor secretario de Estado y agradecer la diligencia con que ha atendido el requerimiento de esta comisión. Las preguntas --y me dirijo al autor de la misma-- se tramitan con un retraso considerable, imputable a la Presidencia de la comisión, por haber sólo dos preguntas relativas a este ministerio. Quiero dejar las cosas claras en ese sentido y sé que el senador autor de la pregunta comprenderá la razón de este retraso o lo disculpará al menos.
En segundo lugar, procede la aprobación del borrador del acta de la sesión del 16 de diciembre del año pasado. Fue distribuida a los señores portavoces. No se ha recibido ninguna sugerencia o reparo y entiendo que puede considerarse aprobada. (Asentimiento.) Pasamos a las preguntas formuladas por don Félix Lavilla Martínez. La primera es sobre las inversiones previstas por el Ministerio de Administraciones Públicas para el año 2002, en relación con la iniciativa Info XXI: La sociedad de la información para todos, con indicación de la evaluación realizada por el Gobierno del funcionamiento de dicha iniciativa en el citado ministerio y de las medidas previstas para mejorarlo.
Tiene la palabra el senador Lavilla.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias.
Con el fin de agilizar la comisión, y dado que tengo tres preguntas que
--como usted muy bien ha dicho, señor presidente-- fueron formuladas el día 8 de marzo del 2002, por mi parte no habría ningún problema en acumularlas. Ahora bien, si quiere que haga un debate individualizado tampoco tengo ningún problema.
El señor PRESIDENTE: Se agradece la sugerencia del señor senador.
Acúmulense, pues, las otras dos preguntas, sobre las inversiones previstas por el Ministerio de Administraciones Públicas para el año 2001, en relación con la iniciativas Info XXI: La sociedad de la información para todos, aprobada por el Gobierno; y sobre las cantidades ejecutadas por el Ministerio de Administraciones Públicas durante el año 2000, en relación con la iniciativa Info XXI: La sociedad de la información para todos, con indicación de las actuaciones concretas que se han llevado a cabo en cada una de las partidas.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor secretario de Estado, como usted muy bien sabe, España ocupa el penúltimo lugar en nivel de acceso a Internet y, además, el Plan de Acción Info XXI prácticamente se da por fracasado. Estas preguntas pretenden saber el nivel de ejecución presupuestaria. Como ya he dicho,
fueron formuladas el día 8 de marzo de 2002 y la Mesa del Senado amparó a este senador en otras iniciativas parlamentarias referidas al plan Info XXI porque el Gobierno se ha negado sistemáticamente a dar información precisa sobre cada uno de los programas que ha ido elaborando cada uno de los ministerios, y dentro de estos ministerios se incluye el de Administraciones Públicas.
En relación con el plan Info XXI, señor secretario de Estado, uno de los pilares fundamentales que anunció su ministerio y el presidente Aznar cuando presentó el Plan Info XXI era el portal único de las administraciones, en el que se ha invertido aproximadamente unos 1.000 millones de pesetas, más de cinco millones de euros, y este Año Internacional de la Discapacidad, pese a los muchos anuncios, todavía sigue sin ser accesible. Señor secretario de Estado, las preguntas literales se refieren a cada una de las partidas. Este era un compromiso del Gobierno, un compromiso que se asume con bastante antelación, y este parlamentario desde el Grupo Socialista, quiere denunciar que todavía sigue sin ser accesible en este Año Internacional de la Discapacidad.
Por otro lado, había otra serie de actuaciones comunes a los formularios administrativos por Internet, la «Ventanilla Unica Empresarial», donde las Cámaras de Comercio han hecho alguna iniciativa, pero los objetivos que se plantearon, como el poder realizar en una única ventanilla todos los trámites con agilidad y simplificación, todavía no se han puesto en marcha. La Intranet administrativa desde los ayuntamientos, para que desde el ayuntamiento --que es el lugar más próximo de la Administración al ciudadano-- se pueda hacer ese tipo de trámites, señor secretario de Estado, tampoco se ha hecho ni el plan de extensión de las nuevas tecnologías a los ayuntamientos. Hemos formulado diversas preguntas parlamentarias al respecto, pero aún no hemos podido ver presupuestos comprometidos para las corporaciones locales.
Hay otra serie de actuaciones menores donde algunos proyectos, que tienen que ver directa o indirectamente con su ministerio, llevan un indudable retraso. Por ejemplo, el DNI electrónico, que tiene que ver con el Ministerio de Administraciones Públicas y con el del Interior, se anunció que se pondría en marcha en enero de 2003, y las últimas noticias son que se aplaza hasta finales de este año, en el mejor de los casos. Es decir, se trata de un conjunto de actuaciones aisladas y algunos secretarios de Estado han visto que este plan Info XXI, desde que se presentó en Consejo de Ministros el 26 de noviembre del año 1999 por el actual titular, Josep Piqué, no ha dado los resultados previstos.
En relación con estas partidas presupuestarias que le he planteado, me gustaría que nos dijera qué dinero van a invertir hasta marzo de 2004 y qué se va a hacer para impulsar el desarrollo de la sociedad de la información en España, dada la situación que tenemos de ser el penúltimo país en acceso a Internet. Es cierto que a nivel de la Administración el dato no es tan malo, pero tenemos que analizar con rigor el resultado final y podemos deducir que es el Ministerio de Hacienda el que eleva el nivel de calificación si comparamos a España con otros países. El Ministerio de Hacienda sí que está realizando una gestión adecuada, como hemos reconocido.
Me gustaría preguntarle, señor secretario de Estado, por estos datos concretos y saber qué vamos a hacer para intentar empujar a España a unas posiciones medias, conseguir que en este Año Internacional de la Discapacidad esta web sea accesible para todos, que exista interactividad real para los ciudadanos, que todos esos proyectos que se anunciaron puedan ser impulsados en este poco más de año que queda y, por último, qué plazo y cuánto dinero se va a destinar a ese proyecto tan ambicioso de Intranet, para que los ayuntamientos sean la vanguardia de la Administración para conectar a los ciudadanos con el resto de administraciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor senador.
Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Gómez-Pomar Rodríguez): Señor presidente, señorías, muy buenas tardes.
Voy a intentar dar una respuesta amplia a las cuestiones que suscita, pero entenderá su señoría que ciña muchos de los comentarios y de las consideraciones que haga a las preguntas que se han formulado, sin perjuicio de que pueda contestar en otro momento, si así se desea, a algunas de las cuestiones que usted ha planteado y que comprenden ejercicios o consideraciones que van algo más allá del propio tenor de las preguntas que motivan mi comparecencia en esta comisión. Intentaré, insisto, dar una respuesta lo suficientemente amplia como para comentar muchas de las cuestiones que suscitaba en su intervención.
Es cierto que la primera iniciativa del Gobierno, como consecuencia de los debates que se están celebrando en el ámbito europeo, fue la de constituir en el año 1999 la Comisión Interministerial sobre la Sociedad de la Información. Esta comisión elaboró la iniciativa estratégica Info XXI y con la constitución del nuevo Gobierno, después de las elecciones de marzo de 2000, la iniciativa se convirtió en enero de 2001 en el Plan de Acción Info XXI, y digo esto porque los trabajos anteriores a 2001 fueron trabajos preparatorios, que en unos casos se integraron en acciones más amplias y en otros no fueron incluidos dentro del plan de acción.
El Plan de Acción Info XXI se aprueba, por tanto, para el período 2001-2003, lo que significa que éste es su último año de ejecución.
Recoge más de 300 acciones a desarrollar, con un presupuesto global superior a los 5.000 millones de euros. De las más de 300 acciones, 21 son acciones emblemáticas, y de éstas, diez se refieren a la potenciación de la Administración electrónica. De entre estas diez, la que coordina y dirige el Ministerio de Administraciones Públicas es la del portal único, al que ha hecho referencia su señoría, y fuera de ellas hay otra serie de actuaciones que dirige el Ministerio de Administraciones Públicas, como son la Intranet, los formularios administrativos por Internet, y la «Ventanilla Unica Empresarial Virtual».
Además, colaboramos en otras acciones financiadas por otros ministerios, a las que hacía referencia su señoría, como el DNI electrónico u otras como el proyecto Ceres, de certificación electrónica, Pista--Ventanilla Unica II, proyecto Sílice, etcétera.
Realizada esta breve referencia de lo que ha sido el camino que traza el Gobierno en materia de desarrollo de la sociedad de la información, voy a contestar a las preguntas realizadas, en dos bloques. El primero de ellos se refiere a las inversiones que ha realizado el Ministerio de Administraciones Públicas, con las actuaciones concretas llevada a cabo, tal y como me ha sido solicitado, así como a las acciones de coordinación para impulsar Info XXI. Y en un segundo bloque me referiré a la evaluación del funcionamiento del Plan de Acción Info XXI, a las mejoras programadas y a las previsiones de futuro.
En cuanto a las inversiones realizadas por el Ministerio de Administraciones Públicas en el Plan de Acción Info XXI, hay que señalar las siguientes, atendiendo a los proyectos concretos. En cuanto al «Portal del Ciudadano», puesto en marcha en septiembre de 2001,como es sabido, ofrece un punto de entrada común a las administraciones públicas, a través de Internet. Desde el año 2000 hasta el año 2002, se han invertido, para poner en funcionamiento el portal, 7.437.459 euros, y para 2003 el presupuesto alcanza los 2.150.000 euros. Próximamente vamos a poner en marcha una segunda edición del «Portal del Ciudadano», que incorpora una nueva presentación: un servicio de referencia geográfica que permite la localización de las oficinas públicas más cercanas al lugar donde se encuentre el ciudadano, proporcionar una mayor accesibilidad con una versión sólo-texto para discapacitados visuales, y ofrecer también los menús de navegación en lenguas cooficiales. Contendrá también un portal internacional, además de en español, en francés y en inglés, concebido para los usuarios extranjeros.
A través de la Intranet administrativa, la red interna de comunicaciones, que interconecta a los departamentos ministeriales y va a servir de base a una serie de servicios, se están distribuyendo ya más de treinta aplicaciones y servicios, y a lo largo del año 2003 estará plenamente operativa para la Administración del Estado. Desde el año 2000 a 2002 se han gastado 5.745.266 euros y para 2003 está prevista una inversión de 3.505.000 euros. Un proyecto integrado en la Intranet y que, de alguna manera, queremos que sea su cara visible, es el Portal del Empleado Público, con el nombre de presentación «funciona.es», que está operativo desde el pasado 26 de febrero, y que se desarrollará plenamente durante los ejercicios 2003 y 2004. Se trata de un instrumento para los empleados, que les permite disponer de servicios importantes, como el directorio, la consulta de la nómina de haberes y el calendario laboral, el acceso al área virtual de formación del INAP, a la oferta de empleo público, al «Boletín Oficial del Estado» y acceso a las páginas web internas de los ministerios. El portal del empleado ofrece la conexión con el recién creado portal de Muface, con información para los mutualistas.
En el año 2000 se puso en servicio la Guía de Procedimientos, Prestaciones y Servicios. Uno de sus servicios es ofrecer los formularios administrativos por Internet. Se trata de catalogar los formularios e impresos de los procedimientos más relevantes para el ciudadano e incorporarlos a los servicios web, con posibilidad de descarga y, en algunos casos, de cumplimentación. Están ya incorporados al portal 84 formularios, estando pendiente la incorporación de otros 245. El presupuesto medio anual destinado a la guía de procedimientos ha sido de 30.000 euros.
En cuanto a la «Ventanilla Unica Empresarial Virtual», se ha puesto en marcha en octubre del ejercicio 2002. Consiste en incorporar al portal las 22 ventanillas empresariales que vienen funcionando ya con éxito en España. Está financiada esta acción por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, excepto en la adquisición de maquinaria, que se hace con cargo al portal. En el año 2001 se invirtieron más de 360.000 euros y en el año 2002 se han gastado 128.653 euros.
Respecto a los puntos de atención al ciudadano, se han invertido en el año 2002 más de 156.000 euros, 45.075 en el año 2001 y hay una previsión de 30.000 euros para su ejecución a lo largo del año 2002.
Las actuaciones a las que me he referido hasta ahora son aquéllas responsabilidad del Ministerio de Administraciones Públicas, pero como indicaba al principio de esta contestación colaboramos también en otras acciones del Plan de Acción Info XXI, como el DNI electrónico, que lidera, como señalaba su señoría, el Ministerio del Interior, el proyecto Ceres, de certificación electrónica, que coordina el Ministerio de Economía, o proyectos como el Pista--Ventanilla Unica II, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con dirección técnica del Ministerio de Administraciones Públicas, y Sílice, que lo financia el Ministerio de Hacienda.
En aplicación del proyecto Ceres, el pasado 25 de febrero hemos suscrito un convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la prestación de servicios de certificación electrónica. Con la expedición de estos certificados el Ministerio de Administraciones Públicas podrá relacionarse telemáticamente con los usuarios que reciban el certificado, y servirá para que los ciudadanos se relacionen con las diferentes administraciones públicas ya adheridas.
Por otra parte, en relación con las reuniones y la coordinación que se ha llevado a cabo por el Ministerio de Administraciones Públicas para impulsar Info XXI, hay que señalar que la cooperación se ha desarrollado con éxito a dos niveles: a nivel bilateral, con cada comunidad autónoma, y a nivel multilateral, con todas las administraciones autonómicas. Hasta ahora hemos firmado cuatro convenios de colaboración (con Galicia, Cataluña, Murcia y Canarias) para implantar servicios electrónicos interadministrativos en los que se exige la participación de los distintos niveles de la administración. Próximamente se firmarán convenios con Madrid y Cantabria.
En el ámbito de la cooperación multilateral, hemos celebrado ya cinco jornadas de administración electrónica (con sedes en Madrid, Zaragoza, Valencia, Barcelona y Tenerife) con el objeto de detectar los proyectos de interés común y procurar una implantación homogénea de la administración electrónica en todo el territorio. Fruto de estas
jornadas se han creado seis grupos de trabajo en áreas específicas y se ha constatado la necesidad de constituir un órgano de cooperación. En este sentido hemos iniciado los trabajos para la creación de una conferencia sectorial que, además de tratar temas de organización territorial y de función pública en su caso, contará --y esto es lo que me interesa destacar aquí-- con una comisión especializada de Administración electrónica.
Señalaba al comienzo de mi intervención que me iba a referir a dos bloques en el tratamiento de las contestaciones. En el segundo de ellos deseo dar respuesta a las preguntas formuladas sobre la evaluación del funcionamiento del Plan de Acción Info XXI, mejoras programadas y previsiones de futuro.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información realizó el pasado 4 de marzo, en su comparecencia ante la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, de esta Cámara, una evaluación sobre lo que ha sido el Plan de Acción Info XXI.
Señalaba, por una parte, que el plan había planteado algunos problemas por el elevado número de acciones que integra y por la ausencia de un único mecanismo de control. Por otra, señalaba que, al amparo del plan de acción, se han ejecutado iniciativas de gran trascendencia y calado.
En el ámbito de la responsabilidad del Ministerio de Administraciones Públicas, puedo decir que los retos que se plantearon en el año 2001 han evolucionado de forma muy positiva y que el desarrollo de la Administración electrónica es hoy claramente superior al que existía hace tres años. El «Portal del Ciudadano» y el «Portal del Empleado» han marcado un hito muy importante en la evolución de la sociedad de la información en España desde el punto de vista de las acciones de la Administración electrónica.
Otras iniciativas como la aprobación, el pasado mes de febrero, de un real decreto por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la presentación de un logotipo único de la Administración electrónica, han supuesto también, en mi opinión, un paso muy importante en la construcción de la Administración moderna y eficaz que todos queremos.
El real decreto por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos posibilita, por una parte, la presentación de solicitudes a la Administración todos los días del año durante las 24 horas, y proporcionará a los ciudadanos un domicilio electrónico único para recibir las notificaciones de la Administración. Para la creación de esta dirección única, aprobaremos en breve una orden ministerial. Por otra parte, hace posible que los ciudadanos y las empresas no tengan la obligación de aportar certificados de datos que obran ya en poder de la Administración. Este efecto se produce en dos momentos. Desde la entrada en vigor del real decreto, los ciudadanos y las empresas ya no tendrán obligación de aportar certificaciones que haya de expedir la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. En un segundo momento, y en el plazo de un año desde su entrada en vigor, los demás órganos y entidades de la Administración General del Estado también deberán adoptar las medidas precisas para la supresión de sus certificados.
Asimismo, hemos querido dar un nuevo impulso al Consejo Superior de Informática como órgano encargado de elaborar y aplicar la política informática del Gobierno. A través del real decreto sobre registros y notificaciones telemáticas al que estoy haciendo referencia este consejo ha pasado a denominarse Consejo Superior de Informática y para el Impulso de la Administración Electrónica, reforzando con ello la dirección y coordinación de todos los proyectos y actuaciones en esta materia.
Me he referido también a la presentación, el pasado 26 de febrero, de un logotipo único de la Administración electrónica para el conjunto de la Administración General del Estado, que supone un esfuerzo decidido para lograr una imagen de cohesión de todas las iniciativas y facilitar la información a los ciudadanos e incentivar el desarrollo de la Administración electrónica.
Por último, voy a hacer una breve referencia a las mejoras previstas.
Como sus señorías saben bien, el Plan de Acción Info XXI se encuentra en su último año de ejecución, es decir, que en este tiempo no solo nos hemos ceñido al plan de acción sino que hemos querido continuar avanzando al mismo tiempo que desarrollábamos Info XXI. Con vistas a los próximos años, nos hemos planteado nuevos retos para que la Administración electrónica alcance en España cotas de desarrollo más altas que las conseguidas hasta ahora. Se está diseñando un plan de actuación para la Administración electrónica, con el objeto de que España pase a situarse dentro de los tres primeros países de la Unión Europea en el grado de desarrollo de la Administración electrónica. En estos momentos nos encontramos en el quinto puesto entre los países de la Unión Europea en cuanto a implantación de servicios en red.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información les informó también el pasado 4 de marzo sobre la intención del Gobierno de elaborar un plan global de desarrollo de la sociedad de la información dirigido no sólo a las administraciones públicas sino también a la sociedad en su conjunto. Uno de los pasos dados fue la designación, el pasado mes de noviembre, de una comisión de expertos independientes para que, en un período breve de tiempo, analice el grado de implantación de la sociedad de la información en España y proponga actuaciones. El plan global se elaborará teniendo en cuenta las recomendaciones que formule esta comisión de expertos e incorporará lo que ha sido el programa Info XXI hasta el momento.
Señorías, qué duda cabe de que el desarrollo de la sociedad de la información y de la Administración electrónica constituyen un elemento extraordinario de competitividad, crecimiento económico y mejora de la calidad de vida para el conjunto de nuestros ciudadanos. El Gobierno está apostando decididamente por la sociedad de la información y el Ministerio de Administraciones Públicas en concreto está impulsando actuaciones muy relevantes en materia de Administración electrónica.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Para turno de réplica, tiene la palabra el senador Lavilla Martínez.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Gracias. Muchas gracias, señor secretario de Estado.
El Gobierno se ha referido a esto muchas veces, y dispongo del documento, que puedo hacerle llegar a través de la Presidencia de esta comisión, según el cual el día 26 de noviembre del año 1999, el actual titular del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en aquel momento ministro de Industria y portavoz del Gobierno, comprometió en un Consejo de Ministros
--estamos hablando del Consejo de Ministros--, 140.000 millones de pesetas para el año 2000, dando por iniciado el plan Info XXI.
Dispongo también, y asimismo puedo hacérselo llegar a través de la Presidencia de la comisión, del documento en el que se distribuyen los recursos financieros que dan cumplimiento a los acuerdos de ese Consejo de Ministro del 26 de noviembre de 1999, en el que encaja la cantidad, y el plan que en su día se planteaba era para 2000-2002. No es un tema baladí, porque si aceptamos el retraso, supone que se han evaporado todos esos fondos anteriores de 1999 y de 2000 especialmente presupuestados.
Este documento del plan Info XXI, en la página 26, dice: En lo que se refiere al año 2000, a los efectos de las aportaciones con cargo a la Administración General del Estado, se estará a lo que establezcan los Presupuestos Generales del Estado para dicho año. Las cantidades consignadas para los años 2001 y 2002 no suponen compromisos presupuestarios. Esto es lo que dice el documento del plan Info XXI. Creo que es fundamental realizar esta primera precisión, porque en ese Consejo de Ministros se asumieron una serie de compromisos que se comunicaron en rueda de prensa y además tengo aquí el acta para todos los que quieran leerla. En este momento, el titular que comprometió esas inversiones es el mismo que tiene ahora la responsabilidad en Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, quiero dejar ese hecho bastante claro.
Por otro lado, me gustaría referirme, señor secretario de Estado, a algo que usted ha mencionado. Ha dicho que España ha avanzado y que estamos mejor que hace tres años. ¡Faltaría más! En materia de sociedad de la información lo importante no es avanzar sino compararnos con el resto de los países, que también avanzan, para saber qué nivel tenemos. En el año 1999, en el nivel de acceso a Internet Portugal creció un 319 por ciento, por eso nos superó en cuanto al nivel de acceso de los ciudadanos, al nivel de uso de Internet por los ciudadanos. No podemos contemplar a la Administración como a un ente aislado de la ciudadanía. Esa es una de las cuestiones que se han planteado dentro del plan Info XXI: contemplar, por un lado, a la Administración y, por otro lado, a los ciudadanos, es decir, puntos de conexión y formación para acceder a esos medios tecnológicos. En este sentido ,señor secretario de Estado, tengo el dato exacto del nivel de ejecución presupuestaria del Plan Info XXI, que prácticamente casi todo el mundo asume que ha fracasado.
El Plan Info XXI en cuanto a puntos de conexión a Internet, señor sectretario de Estado, contemplaba 559,23 millones de euros. Se ha ejecutado tan solo el 8,35 por ciento del presupuesto. Este es un asunto muy importante para las administraciones públicas y para su responsabilidad. Se contemplaba, señor secretario de Estado, y usted no ha hecho ninguna referencia a ello, que tanto en los ayuntamientos como en los servicios de Correos se iban a poner terminales de acceso para que los ciudadanos pudieran usar la Administración. ¿De qué nos sirve hacer una Administración perfecta si los ciudadanos no tienen la formación y si no tienen puntos de conexión? Pues el nivel de ejecución de este famoso plan ha sido del 8,35 por ciento del presupuesto. En el año 2000 había 1.500 millones presupuestados; para el año 2001, 2.200 millones y para el año 2002, había 3.000 millones. En total, 6.700 millones. El nivel de ejecución, como le digo, ha sido del 8,35 por ciento que, expresado en millones de euros, suponen 40,27. Se han incumplido todos estos puntos de conexión, y me gustaría que nos diera una explicación precisa porque, como ya he manifestado, la Mesa del Senado me ha amparado porque el Gobierno se niega a darme información concreta.
Por lo tanto, me parece muy bien lo que me ha contado, pero estos datos, por lo menos en los apartados y programas que he podido analizar en diversas respuestas parlamentarias, indican que no se ha cumplido el plan y, como consecuencia de ello, ahora tenemos que inventarnos otra cosa, la comisión de expertos, para el año que queda hasta que finalice el mandato de este Gobierno.
Si el plan Info XXI no hubiera fracasado, si el plan Info XXI funcionara bien, si el plan Info XXI hubiera ejecutado el presupuesto que comprometió dotando de formación y de puntos de conexión a los ciudadanos, probablemente no tendríamos que revisarlo.
Ya nadie sostiene, ni siquiera en el Gobierno, que no haya que revisarlo.
El plan Info XXI no ha funcionado, y ese es el problema que tiene la sociedad española. Por eso ocupamos el penúltimo lugar.
Ya le he dicho, señor secretario de Estado, que el nivel de la Administración sube nuestra posición --y usted bien lo sabe--, sobre todo por el buen trabajo --y este portavoz lo ha reconocido en diversas intervenciones-- que ha realizado el Ministerio de Hacienda, porque es verdad que estaba todo en discos, había que ponerlo en red y se ha hecho un trabajo loable --así lo hemos reconocido en determinados momentos-- para que el Estado pueda cobrar, algo importante para posteriormente distribuir los ingresos. En este aspecto sí hemos avanzado. Lo que le he dicho es que ocupamos globalmente el penúltimo lugar en nivel de acceso de usuarios.
Por otro lado, se ha referido usted, señor secretario de Estado, al programa «funciona.es». Exactamente a las cuatro menos cuarto de la tarde he intentado acceder porque había problemas. Sabe usted que en algunos medios de comunicación el portal «funciona.es» fue motivo de crítica periodística porque se intentaba acceder y no funcionaba. Yo he intentado acceder --se puede comprobar si usted quiere-- esta misma tarde y no ha sido posible. Tengo aquí
impresa una hoja con la hora donde pone que no me deja acceder. No creo que sea problema del acceso a Internet desde el Senado porque he accedido a otras páginas web a esa hora y no ha habido ningún problema. Esto me permite afirmar que es muy posible que el portal «funciona.es» no funcione. Por lo menos no ha sido posible. El hecho es que desde el Senado, a las cuatro menos cuarto de esta tarde, el portal «funciona.es» no funciona. Habría que ver la causa.
También le he preguntado sobre otro de los programas que se planteaban dentro de la responsabilidad del Ministerio de Administraciones Públicas en este Año Internacional de la Discapacidad. El ministerio ha invertido casi mil millones de pesetas en un portal que algunos internautas califican de excesivamente caro, que con cien millones se podía haber hecho muchísimo más y muchísimo mejor de lo que está ahora en red. Se ha comprometido una y mil veces que sería accesible para todos los ciudadanos. La Administración del Estado tiene que dar ejemplo en esto.
Me gustaría, señor secretario de Estado, que realizase usted un compromiso exacto y concreto para decirnos en qué fecha va a estar accesible el portal «administración.es» para todos los ciudadanos, como digo, en este Año Internacional de la Discapacidad.
Se ha referido usted, señor secretario de Estado, al DNI electrónico. Ya le he dicho que hay un año más de retraso, es decir, prácticamente se va a terminar la legislatura y uno de los programas estrella casi va a ver la luz.
Además, señor secretario de Estado, es un proyecto interesante y en España tenemos lo más importante, que es la cultura del DNI. Internet no es una realidad aparte de la propia realidad, sino que es parte de la realidad. En España todo el mundo asume el DNI como un derecho, como una forma de identidad del ciudadano. Por lo tanto, ponerlo en red no es tan costoso, sino simplemente un tema tecnológico, y existen ahora tecnologías adecuadas. Hay que definir lo que se quiere hacer y ponerlo en marcha. Este programa, como le digo, lleva un notable retraso.
Al final ha terminado refiriéndose de nuevo a los puntos de conexión a Internet. Los puntos de conexión a Internet son fundamentales para vertebrar --y se ha referido usted a ello-- el territorio, es decir, existe una verdadera Administración única con los mismos derechos para todos los ciudadanos garantizando la cohesión social y territorial cuando hay puntos de acceso. Señor secretario de Estado, en Soria, provincia por la que soy parlamentario, senador del Grupo Parlamentario Socialista, existe en estos momentos un 40 por ciento de los núcleos de población del medio rural sin acceso a Internet.
En una enmienda a la Ley de servicios de la sociedad de la información planteamos que la conexión de esos puntos, que está prevista finalizar en diciembre de 2004, tendría que hacerse en marzo de 2004, que es cuando termina realmente la responsabilidad de este Gobierno.
En cualquier caso, desde 1996 a 2002 no se han conseguido fondos Feder para desarrollar las nuevas tecnologías en el medio rural. Esto es importante para unir el territorio y cohesionar socialmente el acceso de los ciudadanos.
Termino ya, señor secretario de Estado, diciendo que las preguntas escritas eran más amplias, pero al resumir el epígrafe, a efectos prácticos, lógicamente he tenido que sintetizar. España en esta cuestión no va bien, desgraciadamente. Tenemos que darle un impulso a todo lo que es la sociedad de la información en España y para esto nos queda tiempo, y el tiempo en nuevas tecnologías no es lo mismo, porque el resto de países avanza. Europa está retrasada con relación a Estados Unidos, y España ocupa, desgraciadamente, una de las últimas posiciones. Los compromisos que se asumieron el 26 de noviembre de 1999 no se han cumplido y eso, probablemente, ha traído como consecuencia que España no esté donde realmente le corresponde.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor senador.
En turno de dúplica y para finalizar este trámite tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Gómez-Pomar Rodríguez): Muchas gracias, presidente.
Voy a intentar contestar a las distintas cuestiones que se han puesto de manifiesto, si bien hay algunas que ya el propio ámbito de la consideración supera la posibilidad material que yo tengo de trasladarle información, porque es evidente que en la contestación a las preguntas he hecho una referencia general a toda la aplicación de la sociedad de la información y al plan Info XXI, pero necesariamente mi ámbito de responsabilidad se acota al impulso de la Administración electrónica, que es donde yo le puedo dar una información más precisa y más puntual.
Esto no quiere dejar de poner de manifiesto que para el Gobierno por supuesto que es una preocupación continua hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir la implantación lo más extensa y lo más intensa posible de la sociedad de la información.
Le he dado datos concretos de las actuaciones que se han desarrollado en el ámbito de la Administración electrónica. Usted ha hecho referencia también a algunos de los proyectos respecto a los que haré también un comentario. La opinión y las evaluaciones de los expertos independientes respecto del Plan de Acción e-Europa 2005, la Europa electrónica 2005, sitúan a la Administración pública española en el quinto lugar del conjunto de países que están en la iniciativa. Esto significa que estamos por encima de la posición media de los países de la Unión Europea. Ello no debe ser motivo de complacencia (y he hecho referencia en esta comparecencia a la idea de presentar un plan de choque, un plan de acción más intensivo que permita mejorar nuestra posición relativa hasta un tercer puesto, hasta los puestos de cabeza), pero desde luego significa que en materia de Administración electrónica la Administración pública y el Ministerio de Administraciones Públicas está haciendo sus deberes.
No considero conveniente, y con eso paso a otra de las consideraciones, que las recomendaciones de un plan de expertos haya que situarlas en el escenario de una legislatura. Hablar de la implantación de la sociedad de la información y del impulso de la Administración electrónica
y de que expertos independientes fijen cuáles deben ser las líneas estratégicas de progresión debe ser una tarea que involucre en todo momento y a todos los gobiernos. Por lo tanto, no creo que podamos decir que no ha lugar el que convoquemos a una serie de expertos independientes para que nos ofrezcan cuál es su criterio sobre la visión estratégica de las actuaciones cuando queda un año legislatura.
Comentaba usted que a una cierta hora de la sesión de esta tarde le ha resultado imposible acceder a «funciona.es», y a mí me hubiera sorprendido notablemente que lo hubiera conseguido, porque «funciona.es» es un portal para los funcionarios públicos que se ejecuta sobre la Intranet administrativa. Por lo tanto, si usted hubiera entrado a través de Internet nos hubiese puesto en evidencia un problema de seguridad en el funcionamiento de la red.
En cualquier caso, si usted hubiera conseguid entrar se le hubiera solicitado el número de registro de personal y se le hubiera facilitado una clave en dos etapas, una clave alfanumérica, una parte por correo electrónico y otra parte por correspondencia.
No obstante, si hay interés de acceso al directorio que ofrece «funciona.es», nosotros examinaremos dentro del Ministerio de Administraciones Públicas y entraremos en contacto con los servicios de la Cámara por si es oportuno facilitar un acceso a determinadas funcionalidades de este portal. Insisto, es un portal para los funcionarios con unos elementos de confidencialidad por razón de la información que a través de ella discurre y no lo hace por Internet sino por la Intranet administrativa.
En el año 2003, sin ninguna duda, vamos a ofrecer la segunda versión del «Portal del Ciudadano»; la versión sólo-texto para las personas con discapacidades la vamos a someter al análisis de las fundaciones de discapacitados para que nos ofrezcan comentarios sobre la calidad de las mismas.
Estamos también en la etapa de las traducciones que tenemos preparadas en el «Portal del Ciudadano» con las lenguas cooficiales para que o los responsables con capacidad de análisis y de estudio de las lenguas cooficiales en cada comunidad autónoma nos den su opinión y su diagnóstico sobre los textos que hemos preparado.
Por lo tanto, en el curso de este año y en muy breve plazo tendremos la segunda versión del «Portal del Ciudadano».
Respecto al programa del DNI electrónico, la ley de firma electrónica, con la previsión correspondiente y algunas modificaciones, está actualmente en un trámite interno. Yo confío en que lo antes posible podamos ver este proyecto, que va a tener un gran alcance en la seguridad de las transacciones entre los ciudadanos y la Administración.
No sigo puntualmente los calendarios de este programa, que es más un proyecto de otros departamentos ministeriales, pero les puedo decir que hoy en día el acceso de los ciudadanos por medios electrónicos se puede hacer acreditándose en cualquiera de las oficinas de registro de firma electrónica y, por lo tanto, no deberían tener problema para hacer esas transacciones. Sin duda, tenemos interés en que el DNI electrónico vea la luz lo antes posible y suponga la extensión y generalización de la firma electrónica a todos los ciudadanos para cuando deseen relacionarse por medios electrónicos con la Administración.
Es cierto que hoy en día la cobertura de Internet tiene lagunas. Yo no conozco exactamente la situación de la provincia por la que ha sido elegida su señoría, pero sí sé que el programa operativo de sociedad de la información, el programa Feder, que es multirregional, tiene entre sus previsiones la extensión a través de los sistemas de satélite de Internet en las distintas áreas del territorio nacional. No le puedo dar más información, porque tampoco tengo el conocimiento puntual de todas y cada una de las acciones que se están siguiendo, pero sí tengo la seguridad de que el programa operativo Feder, para el período 2002-2006, de la sociedad de la información contempla múltiples actuaciones para hacer llegar Internet a todos los puntos del territorio nacional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez-Pomar.
Suspendemos la sesión durante tres minutos para recibir a la siguiente compareciente. (Pausa.) --COMPARECENCIA, A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGÚNCIA I UNIO, DE DOÑA ROSER MARTINEZ QUIRANTE, PROFESORA TITULAR DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (UAB), PARA EXPONER EL PANORAMA LEGISLATIVO SOBRE LAS ARMAS EN LOS PAISES DE LA UNION EUROPEA Y DEL CONTINENTE AMERICANO (713/000790).
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos la bienvenida a esta comisión a la profesora doña Roser Martínez Quirante, de la Universidad de Barcelona, que comparece a petición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, para exponer el panorama legislativo sobre las armas en los países de la Unión Europea y del continente americano. Quiero entender que la petición de comparecencia que formula dicho grupo parlamentario nace de la reciente presentación de la tesis doctoral de la profesora Martínez Quirante sobre un tema que me atrevo a asegurar es altamente sugestivo y del que desde ahora ya pronostico que resultará del interés de sus señorías.
Sin más preámbulos, y agradeciendo a la profesora Martínez Quirante su presencia ante esta comisión así como la rapidez con que ha aceptado nuestra invitación, le concedemos la palabra para escucharla.
La señora MARTINEZ QUIRANTE (Profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB): Muchas gracias, señor presidente. Gracias por haber tenido la deferencia de invitarme a venir a esta comisión. Gracias también al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y más concretamente
al senador Xuclà por haberme propuesto. Gracias, señorías, por estar presentes en este momento.
Venir a hablar hoy sobre el modelo americano lleva aparejado el pensar en la crisis mundial que estamos viviendo. El estudio que he realizado trata del modelo armado interno americano, y creo que a través del mismo podemos llegar a explicar el porqué del comportamiento americano y por qué desde ese país se intenta proyectar ese sistema a escala global. En mi investigación expongo sobre todo el abismo que hay entre la sociedad europea y la americana, debido a que nosotros creemos en un tipo de Estado concreto y en unas políticas preventivas y no sólo en el principio liberal de más mercado y menos Estado. Y es que cuando un país opta por armar a sus ciudadanos para que se autoprotejan renunciando a hacerlo el Estado a través de su propia policía, automáticamente hay más violencia.
Por el contrario, en la tradición europea, donde el monopolio legítimo de la fuerza, de la violencia, lo tiene el Estado y, por tanto tiene también el monopolio de las armas, esta violencia es claramente inferior. Pues bien, estos dos modelos deben tener también un origen diferente y, por tanto, conviene analizarlos.
Una idea común y dominante es que el Estado se formó a partir del proceso de monopolización de las armas por el poder público y, consecuentemente, a partir del momento en que se les restringe a los ciudadanos el derecho a llevarlas. Este principio de monopolización se dio en los Estados europeos, y significaba a la vez la creación de unas instituciones administrativas profesionalizadas a las que se les atribuía el empleo legítimo de la fuerza, es decir, ejércitos profesionales o cuerpos de policía. Sin embargo, este modelo, esta tradicional identificación entre el Estado y el monopolio de las armas perfectamente conocido en Europa no ha sido el único modelo existente en los procesos de formación de los Estados modernos.
El sistema colonial norteamericano y la creación de los Estados Unidos con la Constitución de 1787 desembocaron en un nuevo modelo con unos principios contrapuestos al modelo europeo. Se instaura un Estado basado en el derecho individual a llevar armas, en el autogobierno de la comunidad y en el rechazo inicial a una administración profesionalizada que pretendiera suplantar las tareas del ciudadano en las funciones públicas.
Por tanto, ni policía pública ni ejército profesional federal ni jueces que decidan unilateralmente. Los ciudadanos organizaban su seguridad a través de una institución llamada «Posse Comitatus» que era una fuerza civil armada que estaba al servicio del «sheriff», con lo cual, en el momento en que sonaba la alarma todos los ciudadanos estaban bajo sus órdenes. También instrumentalizaron la Milicia Estatal, que era un cuerpo de voluntarios que hacían las funciones de ejército sin haberse creado uno propiamente dicho, e institucionalizaron la figura del jurado.
Así pues, podemos ver que han existido dos modelos de Estado completamente contrapuestos en función de la distinta concepción que tuvieran sobre las armas. Un Estado al que denomino «administratocéntrico» o centralista, de gobierno por la administración, de influencia católica, y un Estado «individuocéntrico» y federal, de gobierno por los ciudadanos y por la comunidad, de clara influencia protestante. Por tanto, el factor religioso fue clave para la formación de un tipo u otro de Estado.
¿Y cuál fue el origen del ciudadano armado en Norteamérica? Las razones remotas que dieron lugar al derecho a poseer armas en Norteamérica son variadas. Por un lado, la tradición protestante puritana de protagonismo del individuo y de participación directa en el gobierno de la comunidad; por otro, la antigua tradición inglesa del «Posse Comitatus», el deber de colaboración de los individuos en el mantenimiento del orden y la seguridad, y sobre todo el espíritu de frontera y las condiciones de conquista singulares de la América colonial durante buena parte del siglo XIX. Posteriormente, la segunda enmienda americana, que confiere y declara explícitamente el derecho constitucional a que los ciudadanos lleven armas.
Todo ello comporta que el individuo crea en sí mismo, en su poder personal, que debe salir adelante sin esperar a que una administración omnipotente le vaya a solucionar los problemas. El debe decidir por sí mismo, y debe ser el mejor y el más fuerte para poder sobrevivir. Pero no solamente debemos apreciar una visión individualista en este modelo puesto que los americanos creen sobre todo en la comunidad, luchaban por ella y, consecuentemente, la gobernaban ellos mismos, como he dicho antes, a través del «Posse Comitatus», del «spoil system», del «sheriff», del jurado, etcétera.
A finales del siglo XIX y principios del XX se produce un movimiento reformador de orientación administrativizadora que llena este vacío de administración, y sobre todo en este tipo de modelo predomina el clientelismo, la corrupción, fenómenos como el «vigilantismo» o un auge desmesurado de la seguridad privada. Se crean, por tanto, instituciones administrativas y se fortalecen otras. Empieza a crearse ya a principios del siglo XX la policía local, nuevos cuerpos de policía federal, y se transforma la Milicia Estatal en una guardia nacional de cada Estado pero más federalizada, etcétera. Sin embargo, esta administrativización, esta cercanía al modelo europeo no supuso, en cambio, la limitación de la posesión de las armas por los individuos ni una monopolización de estas armas por el Estado a través de la policía. De manera que ha sobrevivido a todas las reformas la raíz más característica y originaria del Estado «individuocéntrico», es decir, el ciudadano armado, aunque es verdad que ahora ya no tiene tan amplias funciones en el Posse Comitatus o en la milicia.
Por tanto, la problemática actual de las armas en los Estados Unidos estriba en que, aun siendo casi un Estado administrativo como lo son los europeos, el derecho de los ciudadanos a llevar armas representa un panorama para la seguridad muy diferenciado y queconviene tener en cuenta para que Europa no caiga en los mismos errores. Comprobémos éstos.
Si Estados Unidos es una sociedad violenta es, sobre todo, debido a que es una sociedad armada, lo que hace que se multipliquen y agraven los problemas y los conflictos sociales. El modelo americano se basa en que cualquiera puede tener derecho a poseer armas y, por tanto, cuando se crea una industria y una producción masiva de
armas hay correlativamente una necesidad de venderlas y de instaurar un mercado libre para fomentar su consumo tanto en el interior como en el exterior de Estados Unidos. El modelo se basa en vender armas a todo el mundo. Con ello se facilita la aparición de más criminales dentro, pero también fuera. El gran negocio de la industria de armamento promociona la violencia y fomenta la aparición de más delincuencia, y es que no son simplemente los hombres los que matan, sino que son las armas las verdaderas responsables.
Hemos de tener en cuenta que en Estados Unidos un tercio de toda su población, es decir unos 90 millones de personas, disponen de armas, lo que comporta unos trágicos efectos. La mortalidad en Estados Unidos provocada por 200 millones de armas de fuego en circulación eleva las cifras a 30.000 víctimas anuales, de las cuales 13.000 son asesinatos en Estados Unidos, mientras que en Europa la cifra desciende a 1.300, teniendo en cuenta el mismo número de población. ¿Qué quiere decir? Que en Estados Unidos mueren 10 personas por cada 100.000 habitantes y en Europa una persona por cada 100.000 habitantes, y en este caso no por armas de fuego sino por cualquier tipo de arma. Esto liga con las teorías del último Premio Nobel de Ecomonía, Daniel Kahneman, que defiende en sus investigaciones con un profesor de Derecho Administrativo de Chicago, Sunstein, que la regulación predetermina los comportamientos humanos, por tanto es importantísimo tener en cuenta la regulación.
No se pueden asimilar los conceptos de violencia y delincuencia. Los índices porcentuales de los delitos cometidos en Estados Unidos no difieren demasiado del resto de países occidentales, sin embargo hay una diferencia abismal respecto a sus cifras de violencia. Ello demuestra que en una sociedad armada se incrementa directamente el número de delitos con resultado de muerte y en cambio no se consigue disminuir el número de delitos en general. Los países con menores muertes provocadas por delincuencia son Gran Bretaña, Japón y Holanda y, sin embargo, esas cifras no son correlativas con sus índices de delincuencia no violenta.
Estudios comparativos entre Sidney y Los Angeles, que tienen la misma población, muestran que en la ciudad australiana, que dispone de un régimen restrictivo de armas, se comete un 10 por ciento más de robos con allanamiento de morada que en Los Angeles, sin embargo Los Angeles tiene un 10 por ciento más de robos con violencia e intimidación en general.
¿Ello qué comporta? Que en Sidney mueran 50 personas por homicidio, haya 50 homicidios al año, y en Los Angeles, 1.000 homicidios al año, produciéndose más robos pero sin violencia en Sidney. En definitiva, en la ciudad australiana, como ocurre en la mayoría de ciudades europeas, como Barcelona o Madrid, la delincuencia no amenaza a la seguridad de sus ciudadanos, pueden llevarse a cabo más robos pero se cometen sin violencia, lo que comporta que no haya tanto peligro para la vida y la integridad física de sus habitantes.
Esta situación simplemente se debe a la diferencia entre un sistema libre de posesión de armas o un sistema de restricción. Esos efectos catastróficos en los Estados Unidos por el derecho a llevar armas, sobre todo a partir de los años 60 --recordemos que hay 30.000 muertes anuales entre suicidios, homicidios, accidentes, etcétera--, está dando un enfoque como si fuera una verdadera epidemia, y se están aportando nuevos sistemas para la elaboración de políticas de prevención, y sobre todo se están desmitificando las concepciones, los prejuicios y las sensaciones de la sociedad como la creencia de que al disponer de un arma en casa nuestra vida va a correr menos peligro, o que todas las muertes cometidas con arma se llevan a cabo por delincuentes típicos o por criminales estereotipo. Esto es falso, por un lado, aunque parezca mentira, en sociedades armadas los criminales cometen, en comparación, un tanto por ciento de muertes menor que las que causan los hombres inicialmente fuera de toda sospecha; por otro lado, se ha demostrado que el poseer un arma en casa, aunque pueda parecer que confiere protección, en realidad expone a los miembros de la familia a un peligro sustancial, sea por accidentes o por acciones no premeditadas derivadas de la violencia doméstica. Por ello, aunque los ciudadanos norteamericanos se gastan ingentes cantidades de dinero en sistemas de seguridad para sus casas: alarmas, cierres blindados y seguridad privada, ignoran que el principal factor de riesgo es tener un arma en casa. Hay un dato interesante a tener en cuenta, y es que en sociedades armadas un arma guardada en casa por motivos de seguridad es seis veces más probable que se use contra un familiar o contra un amigo que contra un intruso.
Además, nos compungimos cuando conocemos las cifras diarias de un conflicto armado, pero lo más preocupante es que no nos damos cuenta del goteo diario de víctimas que se produce en los Estados Unidos en tiempo de paz. Los datos los han expuesto congresistas durante el debate de la Ley Bradye. Por ejemplo, durante la II Guerra Mundial murieron 400.000 norteamericanos, pero si nos damos cuenta, son los mismos que han muerto durante diez años por el hecho de tener la población el derecho a llevar armas. Otro dato es que durante los diez años que duró la Guerra del Vietnam murieron unos 60.000 soldados, que es la gente que muere en dos años en Estados Unidos en tiempo de paz. Si comparamos la cifra de homicidios en Europa y en Estados Unidos, teniendo en cuenta 280 millones de habitantes cada uno, la media de homicidios por arma de fuego es de 700 víctimas anuales, lo cual quiere decir que si el Congreso norteamericano se atreviera a establecer leyes de prohibición como las europeas, cada año Estados Unidos salvaría cuatro veces las víctimas equivalentes a las torres gemelas.
Otro dato que no se acostumbra a destacar es el de las lesiones irreversibles que provoca el contexto armado estadounidense en tiempo de paz. La cifra oficial que se señala es que por cada ciudadano que muere por herida de bala tres quedan heridos, uno de los cuales queda parapléjico, queda incapacitado de por vida.
Pasemos ahora a sacar a la luz el problema de la contaminación de violencia en la sociedad europea, asunto pendiente, sin medir la invasión de la cultura norteamericana mediática de violencia y de apología de las armas de fuego que al final contamina y repercute en la sociedad europea,
en sus aptitudes, en su forma de resolver los problemas, en sus conflictos, etcétera. La contaminación de violencia a través del cine, de la televisión y de los videojuegos es evidente. Este concepto de contaminación ha sido acuñado por destacados economistas, como James Hamilton, que a partir de la extrapolación de principios jurídico-económicos del derecho ambiental lo utilizan y lo trasladan al campo de la prevención de la violencia.
En los Estados Unidos incluso algunas resoluciones judiciales han obligado a pagar a empresas al imputarles responsabilidad por generar o patrocinar programaciones violentas que posteriormente han sido reproducidas o imitadas en acciones criminales. Aunque los Estados europeos continúen pasivos en la regulación y en la prevención de la violencia, muy pronto asistiremos a movimientos ciudadanos que aplicarán las exigencias de responsabilidad pública y privada, al igual que se ha hecho con el tabaco.
El desconocimiento y la relativización que hacemos los europeos de nuestros propios valores nos llevan a paradojas como que no ahondamos en políticas y en regulaciones que se orienten en esta línea de desarme; estamos acomplejados frente al modelo americano y a veces incluso hacemos un cierto seguidismo.
Pues bien, Estados Unidos está marcando la pauta precisamente en proyectos de regulación y de intervencionismo administrativo enfocados a controlar y a limitar las fuentes que generan la cultura de la violencia en lugar de ser Europa la que lidere esta cuestión, pues en el año 2000 la Federal Trade Commission emitió un informe sobre programación violenta infantil en televisión, cine y videojuegos y ya se está replanteando este mercado, hasta ahora liberalizado, y pretende intervenir en este tipo de programación.
La historia nos ha enseñado lo beneficioso que fue el establecimiento de un proteccionismo administrativo en los años 60 respecto a las importaciones europeas de automóviles, cuando frenaban el paso de nuestros automóviles alegando que no tenían condensadores o filtros estandarizados para reducir las emisiones contaminantes. Pues bien, sea por reimplantación de los valores del medio ambiente o, por el contrario, por un puro interés proteccionista del mercado norteamericano, lo cierto es que Europa tuvo que modificar y adaptarse a sus altas exigencias ambientales para introducir poco a poco sus productos en América.
Hoy, en el mercado de la industria del entretenimiento deberíamos invertir los términos y levantar unas barreras de protección para impedir esa intoxicación de violencia a través de la importación que estamos haciendo de sus programas. El establecimiento de lo que yo denomino cordón regulador no sólo se justificaría para la preservación de los valores europeos, sino también para frenar esa avalancha de poderes oligopolistas mediáticos norteamericanos y propiciar, asimismo, un surgimiento de una industria europea propia basada en unos principios que no pasen por la violencia gratuita que estamos sufriendo.
En todo caso, creo que ya hay signos de esta contaminación cultural de violencia, como lo demuestran los siguientes ejemplos. Aunque Europa dispone de mucha menos gente armada, solamente un 8 por ciento de la población frente al 30 por ciento en Estados Unidos, durante los últimos años hemos superado a los Estados Unidos en asesinatos en masa, como prueban los atentados de Dunblane, con 17 muertos; del Ayuntamiento de Nanterre, con 8 muertos y 20 heridos, o del Instituto de Erfud, con 16 muertos. Todos ellos fueron cometidos por ciudadanos libres de toda sospecha, con armas legales y con permisos reglamentados.
El riesgo de un arma corta está relacionado con su disponibilidad, de ahí la necesidad de que surja en Europa una revisión de la normativa para preservar este espacio paradisiaco de seguridad y de protección del derecho a la vida que en comparación con Norteamérica tenemos. A pesar de estas masacres, recuerden que tienen diez veces más víctimas mortales que en Europa.
Pasemos a analizar el papel de la Directiva de armas de 1991. En el año 1991 se dictó la Directiva de armas, una norma comunitaria que pretendía compatibilizar la abolición de las fronteras internas y la libre circulación con la preservación de los poderes de los Estados en materia de control de armas y seguridad; es decir, pretendía uniformizar bajo un modelo de intervención mínimo general. Hay que decir que la normativa española tiene los estándares más rigurosos de todos los Estados miembros, y ha sido la que ha arrastrado al Derecho europeo a una regulación más estricta que la que predominaba en el resto de Estados miembros.
La Directiva, aunque deja un margen de regulación posterior, establece que los Estados sólo podrán aprobar medidas aún más restrictivas. Sin embargo, la ventaja de mantener una abertura de diversidad reguladora en el marco de la directiva permite experimentar nuevas medidas y nuevas técnicas de control jurídico. De este modo, un Estado emprendedor podrá establecer nuevas medidas y, posteriormente y si tienen éxito, podrán ser emuladas por otras regulaciones.
La Directiva ha establecido como mayor novedad la tarjeta europea de armas, expedida por las autoridades nacionales a instancia del titular o del usuario del arma de fuego y cuyo objetivo es facilitar la libre circulación de cazadores y tiradores deportivos por la comunidad. En ella se reflejan las armas prohibidas en cada uno de los Estados miembros, con lo cual el titular de una tarjeta tiene pleno conocimiento en todo momento del régimen sobre armas que existe en el país donde se desplaza.
Ahora bien, a pesar del establecimiento de este mecanismo, no se ha desapoderado a los Estados de las competencias ejecutivas de control sobre las armas, puesto que pueden establecer medidas suplementarias y, en todo caso, se mantiene la obligación de comunicar a las autoridades nacionales el propósito de entrar en un país con armas.
Con esta técnica se ha construido un espacio europeo en esta materia y se ha obtenido mayor seguridad jurídica para que cualquier ciudadano europeo circule entre los países miembros, pero sobre todo se ha triunfado en una visión de rechazo del arma como si fuera un producto industrial y comercial más al que aplicar las disposiciones relativas al mercado único. Ciertamente, la comunidad no ha basado su enfoque únicamente en criterios comerciales y
económicos y ha antepuesto uno de los principios que define la civilización y la sociedad europea; el principio de rechazo de un ciudadano armado y la preservación del monopolio del ejercicio de la coacción directa en manos de los poderes públicos.
En todo caso, la comparación entre Europa y Norteamérica evidencia que las tímidas medidas parciales que se lleven a cabo en un Estado a veces son contraproducentes y generan incluso efectos perversos y actitudes a favor del derecho de las armas. Les explico. Si no hay una prohibición efectiva de venta de armas global y uniforme en todos los Estados miembros de una federación, una medida restrictiva unilateral de un Estado supondrá un grave riesgo para sus ciudadanos desarmados por el denominado efecto llamada que provocan los delincuentes. Es decir, los delincuentes se trasladan a cometer sus delitos al Estado desarmado puesto que saben que allí no van a tener problemas o tanto riesgo de reacción por parte de sus víctimas. Al final, una medida parcial de restricción en un pequeño enclave puede dar lugar a resultados contraproducentes y conclusiones perversas. Sin embargo, esta tesitura se derrumba completamente si la medida de prohibición de restricción se extiende a todo el territorio de una nación y, sobre todo, si hay un control efectivo en las fronteras. El defecto norteamericano es que si un Estado establece una prohibición de armas estricta, no puede impedir materialmente que de otros Estados penetren delincuentes armados, puesto que no disponen de un efectivo control fronterizo.
Europa debe tener muy en cuenta esta lección. Primero, porque se han relajado los controles, no sólo fronterizos sino internos, en lugar de potenciar la actividad de vigilancia sectorial sobre las armas legales e ilegales. Segundo, en el caso de que un país tenga una legislación más permisiva, esta movilidad sin fronteras puede llegar a repercutir en que se produzcan efectos perversos como en Norteamérica; es decir, la deslocalización de delincuentes armados a otro país miembro. Asimismo, puede ocurrir que, ante el aumento de la delincuencia armada y de la violencia, los ciudadanos piensen que la única solución es armarse y autoprotegerse prescindiendo y desconfiando de la protección del Estado.
Esta filosofía no sólo se está generando en sectores populistas sino que algunos políticos con responsabilidades de gobierno han llegado a propugnarla públicamente, aunque no en España. Es el caso del ministro de Defensa del Gobierno de Berlusconi, Antonio Martino, que el año pasado defendió la liberalización del uso de las armas para defensa personal.
Argumentaba lo siguiente --y cito literalmente--: «Nuestra legislación restrictiva ha desarmado a todos los que obedecen la ley, pero no ha desarmado a los delincuentes. Esta tentación de americanización de Europa lo único que pone en evidencia es la incapacidad de algunos Estados de controlar las armas ilegales y de restringir la libre circulación y disponibilidad absoluta de las armas legales.» Dos días después de que el señor Martino hiciera esta aseveración tuvo lugar la matanza de Erfurt, realizada con un arma legal, propiedad no de un delincuente, sino de un ciudadano común y con licencia reglamentaria hasta ese momento.
¿Qué reacción hubo en Francia después de la masacre de Nanterre? Ocurrió hace justo un año y en ella murieron los regidores del Ayuntamiento de Nanterre, poniendo en sobreaviso al Gobierno francés, que empezó a estudiar las medidas más adecuadas para llevar a cabo. ¿Qué establecieron? Un reforzamiento del certificado médico, una prohibición de determinadas categorías de armas, rebajar el número de armas que podía tener un tirador deportivo de doce a seis, que las prefecturas de policía pudieran intercambiarse información entre los clubes, etcétera. Todas estas medidas no aportan ninguna novedad a nuestra regulación, ya que tradicionalmente hemos sido más restrictivos y más intervencionistas en comparación con Francia. Esto se ve, precisamente, en la mortalidad existente. En Francia un 23 por ciento de la población dispone de armas frente al 8 por ciento de España, pero también hay tres veces más víctimas por arma de fuego en Francia que en España.
En Alemania, después de la masacre de Erfurt, se dispusieron a modificar su ley de armas, su Waffengesetz. El objetivo del Gobierno alemán era proceder a un endurecimiento de la regulación de armas y, entre otras medidas, decidieron aumentar la edad legal necesaria para poder disponer de un ama de tiro deportivo, pasando de 18 años a 21 la edad para obtener permiso e incluso hasta 25 para determinados calibres. Se ha endurecido el examen, el permiso y la reglamentación de las armas de tiro deportivo y se ha establecido la obligatoriedad de tener una tarjeta de armas para armas de aire comprimido. Pero todas estas medidas ya están contempladas en nuestra regulación.
Sorprende el hecho de que todo sean medidas más restrictivas excepto una:
han rebajado la edad de los menores de 12 a 10 años para que puedan tener pistolas de pequeño calibre, es decir, incluso niños de 10 años pueden disponer de armas de tiro deportivo en determinados calibres.
También se han planteado el tema de la violencia en videojuegos y el Gobierno alemán pretende retomar este asunto e introducir medidas para prohibir determinados videojuegos que fomenten la violencia.
Para finalizar, voy a hacer un balance general de la cuestión. La relajación de los controles --transformados a menudo en simples supervisiones administrativas-- es uno de los factores que determinan este tipo de masacres en un contexto generalizado de sociedad desarmada
--Erfurt, Nanterre--, pero la clave explicativa de estos fenómenos está en la posesión y en la disponibilidad en todo momento del arma por parte de unos ciudadanos con licencia deportiva. La medida legal e ineludible a formular es que dichas armas --las armas de tiro deportivo-- o sus piezas esenciales deban ser depositadas obligatoriamente en la federación o en los clubes. Todas y cada una de las matanzas que hemos sufrido no han sido cometidas, repito, por el estereotipo de hombre malo, de delincuente tradicional pertrechado con armas robadas, sino que por el contrario han sido realizadas por ciudadanos aparentemente libres de toda sospecha y con armas y licencias legalmente atribuidas para poder disponer absoluta y permanentemente de ellas y realizar funciones deportivas, es decir, funciones de utilización del arma solamente en el club. De ahí viene la gran paradoja de legislaciones como la alemana,
la francesa, la italiana o incluso la española de permitir la circulación y la disponibilidad de dichas armas fuera de los clubes.
En 1999, cuando presenté mi tesis doctoral, pronosticaba que la ausencia de prohibición sobre este tema ocasionaría nuevos Dunblanes, que era la matanza última de la cual yo tenía conocimiento. Hoy ya podemos afirmar con más seguridad que después de las matanzas de Nanterre y Erfurt debe establecerse una norma nacional y europea que prohíba tajantemente la salida del club o de la federación de las armas --eso sí, con excepciones puntuales, como competiciones, reparación, etcétera--, de lo contrario en el futuro, lamentablemente, contemplaremos y sufriremos nuevos sucesos con las mismas características letales que los anteriores. Otras medidas que convendría tener en cuenta son la reforma de los certificados psicotécnicos, que ya se intentó sin éxito por lo demasiado formalistas que se pretendieron, o la creación de entidades de colaboración con la administración a través de las armerías para ofrecer una especie de ITV pero de armas, sobre todo para las de caza.
Simplemente quiero resaltar que la superioridad americana --indiscutible en muchos campos-- queda en entredicho cuando analizamos las consecuencias letales de la libre circulación de armas. El mayor grado de seguridad pública y de protección del derecho fundamental a la vida son factores definitorios de la solidez y la reputación de un país, y precisamente están mejor garantizados, 10 veces mejor garantizados, en el sistema europeo que en el americano. El modelo de restricción de armas a los ciudadanos propio de Europa y de otros países, como Japón, no se circunscribe a una mera opción jurídico--técnica, sino que a la vez representa una concepción no individualista del ciudadano y de protagonismo de un Estado administrativo, intervencionista y preventivo.
Sin embargo, creo que no valoramos las virtudes de nuestro modelo frente a la tradicional concepción americana de más mercado y menos Estado, plasmada en: liberalización, comercialización, posesión y uso de las armas, menos intervencionismo administrativo preventivo y menos policía pública, 500.000 efectivos menos que ellos suplen con 1.000.000 de agentes de seguridad privada más que en nuestro modelo --esto lo analiza mi catedrático el doctor Manuel Ballve en unos estudios sobre policía pública y da estos datos.
Aunque parezca que se ahorran una omnipresente administración pública como la europea, lo cierto es que mantener este sistema en los Estados Unidos --armas para todos, reducción de efectivos policiales, reducción de organizaciones administrativas y de programas de prevención social-- provoca que a posteriori surja un sobredimensionado Estado represivo y penitenciario porque si no no pueden responder a esta criminalidad. Si hay una libre posesión de armas de defensa personal y un mercado y una industria interesados en su venta y distribución, está claro que se multiplican los actos criminales y entonces aparece la necesidad de organizar una guerra contra esta criminalidad; en cambio, si no se distribuyeran estas armas y se restringiera su producción y el libre mercado, a mi modesto parecer también se reduciría esta multiplicación de criminalidad en el interior, pero seguro que también en el exterior. Por lo tanto, lo más adecuado son las políticas de prevención al estilo europeo.
En España, como en el resto de países europeos, el promedio de presos es de 125 presos por 100.000 habitantes; en cambio, en Estados Unidos la cifra asciende a 500 presos por 100.000 habitantes, es decir, cuatro veces más población reclusa. La comparación es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que en España tres presos de esos 125 o tres presos de cada 100.000 habitantes lo son por asesinato y, en cambio, en los Estados Unidos el número de reclusos por este tipo de delitos son 50, es decir, 17 veces más, la mayoría de ellos provocados por la alta disponibilidad de armas de fuego.
En definitiva, las soluciones americanas para garantizar la seguridad basadas en la posesión de armas por los ciudadanos para su propia protección y la generalización de una cultura y de unos métodos para la resolución de estos conflictos a través del uso de las armas de fuego se demuestran ineficaces e ineficientes. La ignorancia de estos datos y el propio desconocimiento de nuestros valores europeos son el primer indicio de contaminación cultural violenta que nos está invadiendo. Todo ello puede debilitar a Europa en la preservación de su patrimonio y en el debate global para diseñar no sólo regulaciones concretas, sino modelos administrativos intervencionistas y preventivos.
En definitiva, hay un modelo de civilización y de seguridad basado en las armas como defensa personal y hay otro completamente diferente basado en un desarme preventivo, o mejor dicho, en un no armamento. Europa demuestra que la alternativa a la paz y a la seguridad se encuentra en el monopolio de las armas por el Estado y no en la posesión y venta libre de armas por los ciudadanos. El reto será comprobar si la nueva Europa que se está construyendo será suficientemente consciente de sus virtudes o si al final, como pretenden algunos, europeizarnos simplemente consista en americanizarnos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, profesora Martínez Quirante.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del grupo solicitante de la comparecencia, senador Xuclà.
El señor XUCLA I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, deseo agradecer a la doctora Roser Martínez Quirante su comparecencia ante esta comisión. Después de tres años de trabajo compartido con mis compañeros de comisión creo interpretar --ellos en su momento también lo podrán expresar-- que usted nos ha aportado algunos datos que entran de lleno en de las funciones de esta comisión y que son de un altísimo interés para conformar nuevas opiniones o nuevas opciones legislativas.
También le quiero agradecer la resistencia a una tentación muy habitual, que es que cuando alguien ha hecho una tesis doctoral sobre un tema intenta hablar de todo y de todo a la misma vez, pero usted ha escogido algunos de los temas que conforman su tesis doctoral. Por ejemplo, no ha
profundizado en un aspecto que a mí me ha resultado especialmente interesante y que simplemente quiero apuntar: el sustrato cultural e incluso el factor religioso y comunitarista distinto entre Estados Unidos y Europa en la conformación del papel de lo público y en la concepción del Estado en este abismo que ya es clásico y que, sin querer entrar en situaciones muy presentes, se reproduce entre la cultura administrativista americana y esta vieja Europa que de una forma u otra se tiene que poner al día.
Por otra parte, usted hacía referencia a la raíz liberal del discurso americano, pero también existe un discurso liberal de raíz europea, que tiene en consideración los aspectos de la seguridad y de la intervención de los poderes públicos. Después le formularé un par de preguntas concretas, pero he querido hacer mención previa sobre este discurso liberal, porque me parece una opción mucho más garantista, regulacionista y reglamentarista.
Cuando el presidente Chirac encargó formar Gobierno al primer ministro francés, de adscripción ideológica liberal, éste inició su discurso de presentación del programa de Gobierno para esta legislatura con una frase muy contundente: la seguridad es la primera de las libertades. A partir de aquí, desarrollaba un concepto de políticas liberales en las cuales también la intervención pública era muy importante porque, más allá de aquella concepción ideal o idílica de los hombres y las mujeres perfectamente responsables de sus actos, en algunos casos --como muy bien ha apuntado la doctora Roser Martínez-- es necesaria la intervención de los poderes públicos.
En este sentido, y sin querer abusar del tiempo ni entrar en alguna otra de las consideraciones genéricas que ha planteado la compareciente
--porque los administrativistas somos siempre partidarios de lo micro--, yo quería plantear un par de aspectos. Usted no ha abordado esta cuestión en relación con la legislación española --aunque en su tesis doctoral y en sus trabajos publicados sí hay un extenso desarrollo-- y quiero señalar que, desde mi punto de vista, es chocante comprobar que en muchos países de la Unión Europea, de esta vieja Europa, tienen una cobertura legislativa o reglamentaria de carácter legal, mientras que en España nos encontramos con sucesivos reglamentos: el reglamento del año 1944, el del año 1981 y el de 1993, si bien es cierto que es un reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana de ese mismo año, pero que se basa y se fundamenta únicamente en el artículo de dicha ley orgánica, de manera que se puede considerar básicamente un reglamento con un amplio margen de autonomía y no como un mandato del poder legislativo.
Me sorprende esta autonomía reglamentaria, esta autonomía del poder ejecutivo frente a otros modelos más garantistas y de mayor intervención del poder legislativo en otros países europeos. Por ello, me gustaría que profundizara sobre esta deficiente cobertura legal por parte de la legislación española.
Asimismo, ha hecho referencia a las armas de caza y a los deportes de tiro al señalar que, tanto en un caso como en el otro, no es obligatorio depositar las armas en los campos de tiro o, en el caso de la caza, en algunos centros acreditados o en algunos armeros que podrían actuar como agentes calificados por parte de los poderes públicos. Este contexto se aleja del modelo regulacionista europeo y, por ello, me gustaría también conocer su opinión sobre la necesidad de una mayor intervención por parte de aquellos que sean competentes en la materia --por ejemplo, de la Guardia Civil--, así como la posibilidad de que algunos agentes, bien sean los armeros o los propios centros o campos de tiro, sean entidades autorizadas para el control de este armamento y para una mayor comunicación con la policía y la Guardia Civil.
Quiero terminar mi intervención apuntando que éste es un tema que podría dar para bastante más y, por ello, sugiero a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios la posibilidad de que en el marco de esta Comisión de Interior profundicemos un poco más sobre este aspecto, sobre los retos apuntados y sobre la necesidad de conectar esta cuestión con algunos aspectos muy nuevos, por ejemplo, esa contaminación de la cultura violenta que se expresa en los videojuegos, matiz que hace diez o quince años aún no se producía, de manera que probablemente estemos ante un reto de innovación regulacionista, que desearía se tradujese en una innovación en el ámbito legislativo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Xuclà.
¿Desea la compareciente contestar ahora o agrupar las respuestas?
La señora MARTINEZ QUIRANTE (Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona): Prefiero que se agrupen.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
En ese caso, tiene la palabra la senadora Morales, portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Aunque no soy miembro de esta comisión, pero estoy en ella porque posteriormente tengo que defender una moción, he de decir que ha sido muy grato para mí estar presente porque me parece que la profesora Martínez Quirante ha hecho una exposición brillante, interesante y rigurosa sobre las consecuencias de la utilización de armas, permitidas o no por los diferentes Estados. Por ello, quisiera felicitarla y agradecer su comparecencia en esta comisión.
Considero que su tesis de 1999 está de máxima actualidad, si tenemos en cuenta el momento que estamos viviendo. Usted hablaba sobre el origen cultural y religioso de esos modelos de administración donde se fortalece, por un lado, al Estado, en el caso de los países europeos y, sin embargo, en Estados Unidos se mantiene una raíz más liberal. Me da la sensación de que este hecho se puede trasladar a determinados comportamientos actuales según los cuales el individuo cree en sí mismo como defensa y que se han convertido también en comportamientos del propio Estado. Así, ese Estado «individuocéntrico» que usted señalaba, en el que el individuo utiliza las armas y se defiende
a sí mismo, podría parecer que también se ha trasladado al Estado, de forma que estamos ante un Estado que se quiere defender a sí mismo, y lo hace unilateralmente, sin atenerse a convenios o tratados internacionales, etcétera.
Asimismo, se ha mencionado que, durante la creación de Estados Unidos, el Estado no quería sentirse controlado por la policía ni por jueces o ejército, por ningún tipo de control y me parece que es lo que ahora mismo estamos viendo en un país que también cree en sí mismo, gobiernan ellos mismos aislados del mundo y sin querer ningún tipo de compromiso con esos organismos internacionales. No sé si usted comparte este planteamiento y, por ello, me gustaría que usted hablase un poco más sobre ello porque creo que su estudio nos muestra, una vez más, que esa concepción americana no debe servir de modelo a la vieja Europa.
Me preocupa tremendamente que en Europa suframos esa invasión de la apología de las armas de la que hablaba, y ha señalado una serie de pasos importantes que se deben adoptar con el fin de controlar, regular y prevenir la violencia. En este sentido, comentaba que España tiene uno de los estándares más rigurosos y, sin embargo, hacía hincapié en la necesidad de una legislación común dentro de la Unión Europea, frente a las posiciones del armamentismo individual y también del armamentismo preventivo. Creo que es importante resaltar ese aspecto, sobre todo de cara al fortalecimiento de la Unión Europea y de sus políticas.
Asimismo, al hablar del modelo estadounidense hacía referencia al crecimiento de la seguridad privada frente a la pública. A mí me preocupa mucho este aspecto porque me da la sensación de que también en Europa, y en nuestro Estado, es una política que se está haciendo cada vez más patente, de manera que se está potenciando esa seguridad privada frente a la seguridad pública y, como usted decía, ya hemos visto que ese sistema no funciona y que no está cumpliendo los objetivos de controlar la delincuencia que es, en definitiva, de lo que se trata.
Otra cuestión en la que me gustaría incidir es en la necesidad de articular políticas de prevención.
Por último, me gustaría señalar que sería bueno que la comisión contara con este estudio porque sería enriquecedor, sobre todo de cara a futuros trabajos acerca de la utilización de las armas, la seguridad, la prevención y todo ello no sólo dentro del marco del Estado español sino de la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Morales. Su señoría no tiene que justificar su presencia en esta comisión. Nos encontramos muy a gusto con el senador Perestelo, pero hoy no hemos salido perdiendo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Barranco.
El señor BARRANCO GALLARDO: Con la venía, señor presidente.
Señorías, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la señora Martínez Quirante su comparecencia en esta comisión, a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y además felicitarla por los datos y trabajos que nos ha aportado que, a mi juicio, son extraordinariamente importantes e interesantes, porque en estas cuestiones, como en otras muchas, cada uno tiene sus intuiciones, reflexiones y puntos de vista, y la comparecencia de la señora Martínez nos ha permitido no sólo tener intuiciones sino también datos y certezas sobre una cuestión, en definitiva, tan importante como es la evolución de la violencia en nuestro país , en el conjunto de Europa y también en Estados Unidos; índices y datos que habremos de leer después en el «Diario de Sesiones» con mucha más tranquilidad para sacar las conclusiones pertinentes pero que son absolutamente clarificadores y contundentes.
En relación con Estados Unidos , ha utilizado usted la expresión epidemia, lo que supone la proliferación de la violencia, como consecuencia también de esa tenencia de armas de forma indiscriminada.
Por no hablar --no sé si formó parte de su trabajo en su día-- de la fuerza que tiene una asociación como la de «Amigos del Rifle» --ese «lobby» americano-- no sólo desde el punto de vista social sino también político, en Estados Unidos de Norteamérica. El hecho de que el número de actos de violencia allí sea muchísimo mayor que en Europa, el hecho de que el porcentaje de armas en Europa sea de un 8 por ciento mientras que en Estados Unidos alcanza un 30, etcétera, son datos importantes y clarificadores.
También me alegro de constatar, a través de sus datos y de su intervención, que en España tengamos una de las normativas más rigurosas en el conjunto de los países de la Unión Europea, camino que no debemos abandonar.
No me quiero extender en mi intervención, pero , aprovechando sus conocimientos y presencia en esta comisión, me gustaría preguntarle sobre un fenómeno que, al menos, a mí me preocupa mucho; preocupación que ha aumentado debido a un suceso que ha ocurrido precisamente en la Comunidad de Madrid con motivo de la proliferación de las armas simuladas o imitaciones que cada vez parecen estar más al alcance de cualquiera. No sé si usted lo conocerá, pero en fecha reciente se produjo un atraco a un club de carretera en la Comunidad de Madrid donde hubo alguna víctima, en el que los delincuentes exhibieron armas de este tipo, y hay que decir que incluso a expertos profesionales de la Guardia Civil les resulta imposible distinguir entre un arma simulada o una imitación y un arma real, hecho que además puede suceder más a menudo. Posiblemente, los delincuentes utilizan este tipo de armas pensando que en el caso de ser detenidos las penas van a ser más suaves o más benignas. Pero la tenencia indiscriminada de este tipo de armas puede provocar tantos actos violentos, incluso muertes --como desgraciadamente hemos constatado en Madrid-- como portar armas auténticas.
En este sentido, me gustaría saber si usted se ha acercado en sus estudios a este tipo de problemas, si existen datos o cifras elaboradas al respecto; también quisiera conocer si en relación con este tipo de armas simuladas o imitaciones existe algún tipo de legislación que usted conozca.
El senador Xuclà, proponente de esta comparecencia, al final de su intervención nos ha hecho una invitación a todos los miembros de esta comisión en el sentido de que debemos profundizar en esta cuestión; invitación que acepto con mucho gusto y uno, como acabo de comentar, mi preocupación por la proliferación de estas armas simuladas que posiblemente deban ser objeto de otra sesión y de alguna medida en el seno de esta comisión o del conjunto de las Cortes Generales.
Nada más y muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Barranco.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, senador Barquero.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero dar la bienvenida a la profesora Martínez Quirante y agradecerle su presencia en el Senado y, en segundo lugar, agradecerle su completa exposición que, aunque sin duda, como ocurre siempre con la tesis doctorales, podría haber sido mucho más brillante, mucho más larga, considero que el resumen y la problemática que ha planteado ha estado muy bien definida y condensada, y ciertamente es una cuestión interesante e importante; por tanto, me alegro mucho de la solicitud de comparecencia del senador Xuclá y de su presencia hoy en esta comisión del Senado.
Además de felicitarla, quiero hacer unos breves apuntes sobre lo que nos ha comentado. Creo conocer algo de la sociedad anglosajona, concretamente la inglesa, son sociedades que tienen su peculiaridades. En el caso de Estados Unidos de América, probablemente, además de su Constitución y su historia, su mismo proceso de formación de los distintos Estados federales, incluso hasta el proceso de población de lo que hoy constituyen los Estados Unidos de América, puede explicar en el pasado la libertad en la posesión de armas. Lo que ocurre es que a nosotros nos resulta difícil entender esta libertad de posesión de armas sin ningún tipo de restricción ante la esencia del Estado moderno, que tiene el único monopolio legítimo de la violencia.
Es verdad que el derecho a tener armas es un derecho condicionado. Quien le habla podía tener arma, según algunos debería tener arma y, sin embargo, no la tiene, primero, porque no quiere; segundo, porque no sabe usarla y tercero porque le dan miedo. Es decir, la actitud ante el arma en ocasiones es muy personal, pero la permisividad de la legislación tiene mucho que ver con esta actitud personal.
Comprendo lo que de influencia tiene el protestantismo en el concepto social y de servicio público de las sociedades anglosajonas, pero lo que no entiendo muy bien es qué influencia ha podido tener el protestantismo
-- si no la he entendido mal-- en el hecho de que la sociedad americana sea una sociedad armada porque, por ejemplo, las sociedades inglesa o escocesa son tan o más protestantes y, sin embargo, no son sociedades armadas.
También es cierto que a pesar de que el concepto de servicio público hoy se ha liberalizado mucho en todos los países, incluso en los europeos, la educación, siendo un servicio público, no es monopolio del Estado; la sanidad, siendo un servicio público, no es monopolio del Estado; sin embargo, la seguridad, siendo un servicio público, es prácticamente monopolio del Estado. Nosotros tenemos una ley de seguridad privada --y en esto discrepo con la senadora del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-- que, además, creo que se votó conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Popular durante el Gobierno del Partido Socialista. En mi opinión se trata de una legislación muy restrictiva e intervencionista, que es como debe ser,que da muy poco margen a la posibilidad de que exista una seguridad privada que muchas veces se critica al margen del Estado. En la legislación española, como usted sabe perfectamente, eso es prácticamente imposible y creo que es bueno que sea así, como también lo es el control que tiene nuestra Guardia Civil respecto de la producción de armas en España, un control que conozco y que es exhaustivo.
Por último, quisiera decir que las cosas están bien como están. El concepto de seguridad hoy ha cambiado; en las sociedades democráticas de todo el mundo, y en las europeas también, ésta depende más que del ataque individual, de otro tipo de ataques. Estos días hemos estado hablando del terrorismo internacional, pero sobre todo de las armas de destrucción masiva, químicas y biológicas, y habrá que revisar conceptos como el de legítima defensa --que no el de guerra preventiva, que me parece un disparate--, y debe revisarse en función de las nuevas formas de violencia y ataque, pero en ningún caso esta revisión nos debe llevar a creer que el hecho de tener armas del tipo de las que usted ha hablado va a producir una sociedad más segura, sino en todo caso una sociedad más violenta sin duda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Barquero.
Tiene la palabra la señora Martínez Quirante.
La señora MARTINEZ QUIRANTE (Profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB): Muchas gracias.
Dado que algunas de las preguntas que me han formulado están interconectadas entre sí, voy a responder de forma agrupada, aunque no siga el orden en el que me las han formulado sus señorías.
Comenzando con el tema del sustrato cultural y religioso, entre lo protestante y lo católico, debo decir que evidentemente la sociedad inglesa es, tal y como usted ha dicho, una sociedad desarmada, pues ni siquiera los «bobbies», que conforman la policía pública, llevan armas, sino sólo un silbato y una porra. Ello es cierto, pero en sus orígenes esto no era así. Fue el protestantismo quien hizo que el individuo fuera el protagonista, el que tuviera que defenderse, el que, como decía Lutero, interpretara libremente la Biblia; no tenía que esperar a que una autoridad superior o una administración decidiera por él. Así pues, considero que ahí se encuentra la raíz, y efectivamente en Inglaterra y en Alemania fue así, pero, como digo, sólo en
un primer momento. En el siglo XVIII esto cambió en Inglaterra y se pasó a un modelo administrativista, en tanto que perduró en Norteamérica y en Suiza, los dos núcleos en los que el protestantismo hizo mella y donde la sociedad armada así ha continuado.
El modelo católico proyectó un sistema según el cual era la Iglesia quien tenía que proteger a sus fieles, y lo hizo a través de dos instituciones muy importantes: «la tregua Dei» y las órdenes religioso-militares. Se trataba de toda una estructura administrativa de protección a sus súbditos. La Iglesia estructuró esas instituciones e incluso, posteriormente, los reyes se aprovecharon de esas estructuras y comenzaron a constituir sus ejércitos y cuerpos de policía. Pero, como digo, el hecho de que la Iglesia instaurara «la tregua Dei» y comenzara a prohibir el uso de las armas durante unos períodos de tiempo determinados, como era el domingo, la Cuaresma y la Navidad, o en unos perímetros determinados, como las zonas sagradas, etcétera, fue un progreso; posteriormente fue la Administración pública quien se aprovechó de eso y lo monopolizó. No obstante, en las sociedades protestantes no fue así.
En cuanto a la legislación española, a la que se refería el senador Xuclà, es cierto que no ha habido tradición de establecer la regulación de las armas a través de una ley. En nuestro país sólo hay un par de artículos en la Ley de protección de la seguridad ciudadana dedicado a ello, dejando el resto para su desarrollo reglamentario. Esto no sucede así en todos los Estados miembros; así, por ejemplo, Alemania tiene una Ley de armas y, en mi opinión, sería conveniente que aquí esta materia tuviera su regulación mediante ley.
Respecto de la pregunta que me han formulado sobre el hecho de si las armas de tiro deportivo deberían depositarse en los clubes o no, se trata, efectivamente, de una de mis propuestas, como también lo es el hecho de que no sólo las armas de tiro deportivo, sino también las de caza deban estar depositadas, cuando menos, en un armario armero dentro de los domicilios de los particulares, pues de lo contrario el derecho a la caza se transforma en un derecho a poseer el arma en cualquier momento.
La senadora Morales afirmaba que España tiene los estándares más rigurosos, y ciertamente es así. Lo importante es que los nuevos Estados miembros que vayan ingresando en la Unión Europea adopten también dichos estándares estrictos, pues de lo contrario un Estado podría establecer una normativa muy reglamentista e intervencionista, pero en una Unión Europea sin fronteras esta cuestión sería difícil de controlar.
En cuanto a la seguridad privada, cuestión a la que se ha referido el senador Barquero, debo decir que es cierto que tenemos una ley de seguridad privada que restringe la posesión de armas a sus miembros, que en principio no pueden llevarlas, excepto para determinados servicios peligrosos, nocturnos, etcétera. Ya en la Ley de seguridad privada se establece ese monopolio del Estado a este respecto, algo que no sucede en los Estados Unidos, que utilizan la seguridad privada para hacer frente al vacío existente en lo que a agentes de seguridad pública se refiere en dicho país. No obstante, la seguridad privada es necesaria, pero, como digo, ese vacío al que me he referido no puede llenarse con ella, pues ésta no puede llevar a cabo las investigaciones necesarias para el descubrimiento y persecución de los delitos que se comenten.
En cuanto a la pregunta del senador Barranco sobre la NRA, es cierto que se trata de una fuerza poderosísima y esto ha constituido uno de los principales motivos por los que las iniciativas legislativas de intervención de armas en los Estados Unidos no se han podido llevar a cabo. Ha habido dos iniciativas al respecto, una es la ley Brady, a la que ya me he referido, que establecía un control en el sentido de que unos días antes de entregar el arma a un ciudadano la armería debía comprobar los datos del comprador a través de la Administración estatal.
Es decir, la Administración federal establecía que la Administración de cada Estado tenía que comprobar si esa persona tenía o no antecedentes.
La Corte Suprema declaró inconstitucional esta ley porque decía que si la Administración federal establecía unos controles más estrictos, éstos se debían implementar a través de sus funcionarios y no a través de los funcionarios de los Estados. La cuestión fue, pues, que por un tema competencial se cargaron esta legislación que pretendían implementar.
Otra norma que también declaró inconstitucional la Corte Suprema fue la ley federal de zonas escolares libres de armas, que establecía que en un perímetro de 200 metros alrededor de las escuelas nadie podía llevar armas; pues bien, se declaró inconstitucional porque no afectaba a la cláusula de comercio y, por tanto, no era competencia de la Federación regular estas cuestiones, que se debían dejar en manos de los Estados, algunos de los cuales lo regularon, en tanto que otros no.
En cuanto a ese 30 por ciento de la población americana que tiene armas, al que usted se refería, debo añadir un dato más sorprendente aún, y es que un 50 por ciento de los hombres americanos lleva armas. De cada dos hombres americanos, uno lleva arma. El porcentaje disminuye hasta el 30 por ciento porque solo un 10 por ciento de las mujeres dispone de armas.
Pero me atrevo a decir que son más de un 50 por ciento los hombres que en Estados Unidos las llevan. De manera que en esta ocasión la diferencia la marcan las mujeres, que a menos en Estados Unidos defienden que hay otros instrumentos más adecuados para hacer frente a la violencia.
Respecto a la pregunta sobre armas simuladas, el Reglamento de armas regula los revólveres y pistolas detonadoras como armas de séptima categoría, de modo que sólo hace falta que quien pretenda comprar un arma de este tipo presente su DNI en la tienda y esta realice un registro de que tal persona ha comprado tal arma. Por tanto, se pueden llevar a casa sin que se produzca un control estricto. Es verdad que este Reglamento dice que sólo se pueden tener en el domicilio o para actividades deportivas, puesto que, en principio, las pistolas detonadoras se hacen servir a tal fin. Sin embargo, se ha transformado su función y realmente se produce una comercialización de este tipo de armas que ha llevado a los resultados tan trágicos que su señoría citaba. Pero, en definitiva, están consideradas en la categoría 7.1: revólveres, pistolas detonadoras y pistolas lanzabengalas. También pueden ser de fogueo y, al fin y al
cabo, son imitaciones de armas de fuego que explosionan cargas de pólvora sin proyectil. Por tanto, están reguladas, si bien se hace un uso incorrecto de este tipo de armas. Finalmente, hay otras que no son de fogueo y lanzan bolas de plástico. Aunque hoy día ya no está tan de moda, hace año y medio podía verse a los adolescentes jugando a tirar bolas de colores con estas pistolas. Por tanto, es un problema. No son armas prohibidas, excepto si se utilizan para un fin prohibido.
Creo que las preguntas que me ha formulado el senador Barquero ya han sido contestadas, por lo que doy por finalizada mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Algún senador o senadora tiene alguna cuestión que formular? (Pausa.) Reitero mi agradecimiento por su comparecencia y mi felicitación por el nivel de su intervención.
Me queda solo una duda y no puedo resolverla. Lo haré en privado, puesto que desde la Presidencia no puedo formularla. Es si en su tesis se hace referencia a la prohibición específica de nuestro Reglamento, que nos impide entrar con armas en el Senado. (Pausa.) DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COLACION CANARIA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE IMPULSE LA DECLARACION DEL MUELLE DE PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA) COMO FRONTERA EXTERIOR, SEGUN EL ACUERDO DE SCHENGEN (661/000247).
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE IMPULSE LA DECLARACION DEL MUELLE DE SANTA CRUZ DE LA PALMA (LA PALMA) COMO FRONTERA EXTERIOR, SEGUN EL ACUERDO DE SCHENGEN (661/000252).
El señor PRESIDENTE: Corresponde dar trámite a la moción del Grupo de Senadores de Coalición Canaria por la que se insta al Gobierno a que impulse la declaración del muelle de Puerto del Rosario como frontera exterior, según el Acuerdo de Schengen.
A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. (La señora Morales Rodríguez pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.
La señora MORALES RODRIGUEZ: Señor presidente, se han presentado dos mociones, una para declarar puerto fronterizo al muelle de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y otra referente al muelle de Santa Cruz de la Palma.
Puesto que son dos mociones con el mismo fin, quizás las podamos debatir conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que se han presentado enmiendas a las dos mociones.
Aunque la votación la podamos hacer por separado, si no hay inconveniente, no veo obstáculo para poder hacerlo así.
Por tanto, iniciamos el trámite. El Reglamento no es absolutamente preciso en la cuestión. Sugiero que haya un primer turno a favor de las mociones, seguidamente un turno para el autor de las enmiendas y contestación sobre si se aceptan o no para que, a efectos de las intervenciones subsiguientes, se sepa si serán sobre las enmiendas aceptadas o no.
Así pues, en un turno a favor de las mociones presentadas, tiene la palabra la senadora Morales.
La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Las dos mociones que presento ante la Comisión de Interior en nombre de mi grupo parlamentario tienen un mismo objetivo y es la declaración como frontera exterior, según el Acuerdo de Schengen, de los muelles de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, y de Santa Cruz de la Palma. Es por eso que voy a defender las dos mociones en un solo turno.
En el caso de Fuerteventura, isla a la que represento en esta Cámara, quisiera incidir en algunos aspectos que desde nuestro punto de vista fundamentan nuestra petición y justifican la necesidad de que las instalaciones de Puerto del Rosario sean declaradas como frontera exterior.
Geográficamente, Fuerteventura es la isla del archipiélago canario más cercana al continente africano y éste es un hecho que debe ser valorado por el Ministerio del Interior a la hora de sopesar esta petición. Las fronteras exteriores sirven para el control de los flujos de personas procedentes de terceros países y no se debe obviar una circunstancia tan objetiva como es la cercanía geográfica con Marruecos y el norte del Sahara Occidental.
Desde el punto de vista económico, Fuerteventura es una isla que depende casi exclusivamente del turismo y su declaración como puerto Schengen sería vital para su desarrollo y consolidación como escala de los cruceros turísticos que llegan a Canarias después de haber atracado en algún puerto del continente africano.
Además, en estos momentos se está planteando y ya se está llevando a la práctica un nuevo modelo de desarrollo turístico en las islas, con el que se persigue que prime la calidad frente a la cantidad. En Canarias y, por tanto, en Fuerteventura se aboga por frenar el turismo masivo y apostar por la calidad tanto en el servicio como en el cliente. Y en este sentido, el turismo de crucero es uno de los principales objetivos, dado que es un tipo de turista con mayor poder adquisitivo y porque además no contribuye a degradar el medio ambiente ya que se trata de un turismo que no conlleva aparejada la construcción de establecimientos hoteleros y, por tanto, no consume territorio.
A pesar de que, como decía, en Canarias se ha trazado un nuevo modelo de desarrollo, en Fuerteventura contamos con un serio «handicap» para incorporarnos al turismo de cruceros, que es el hecho de que el Ministerio del Interior no haya declarado el muelle de Puerto del Rosario como frontera exterior. Y los efectos negativos de este hecho ya han tenido su consecuencia. El día 6 de noviembre del pasado año, las Fuerzas de Seguridad del Estado impidieron la entrada a la isla de unos 1.500 turistas que recalaron en Puerto del Rosario a bordo del crucero «A Rosa Blue», al proceder el buque de un puerto de un tercer país, Marruecos. El barco tuvo que zarpar hacia Arrecife, en Lanzarote, sin que se diese la posibilidad a los 1.500 pasajeros de que visitasen la isla. Este duro revés para los promotores de este crucero y para las autoridades de la isla que gestionaron esta iniciativa puso en jaque un proyecto a través del cual se esperaba la llegada a la isla de 40.000 turistas entre noviembre de 2002 y abril de 2003 solo en lo que respecta al buque «A Rosa Blue».
Este hecho puntual pone de manifiesto el obstáculo que supone la no declaración del muelle como frontera exterior. Supone una barrera para el turismo de cruceros ya que éstos en sus viajes por el Atlántico habitualmente realizan una escala en el continente africano y, además, porque pone freno al importante esfuerzo económico que han realizado las instituciones de la isla y el propio empresariado, así como los agentes de viajes y touroperadores para promocionar Fuerteventura como escala para el turismo vacacional de cruceros.
Este impedimento ha generado un importante debate en la isla de Fuerteventura. De hecho, ya en el año 1993 el cabildo insular, a través de una resolución aprobada por el Pleno, solicitó al Ministerio del Interior que incluyese Puerto del Rosario en la relación de fronteras Schengen. No obstante, no es hasta que se produce el incidente de «A Rosa Blue» cuando se reivindica con mayor ahínco esta petición. El primero en reaccionar es el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que aprobó en la sesión celebrada el día 7 de noviembre una moción por la que se instaba a solicitar a las autoridades competentes la calificación del muelle de Puerto del Rosario como frontera exterior Schengen que posibilitase, entre otras cosas, que la isla de Fuerteventura entrase en los circuitos de cruceros procedentes de terceros países.
En este mismo sentido se pronunció también el cabildo insular y además, el debate trascendió la frontera de las islas y el Pleno del Parlamento de Canarias aprobó el pasado día 18 de diciembre una proposición no de ley por la que instaba al Gobierno de Canarias a que realizase las gestiones necesarias ante el Gobierno de la nación para que con la máxima urgencia posible se les otorgue la condición de puerto fronterizo del Estado a los puertos de Puerto del Rosario en Fuerteventura y de Santa Cruz de la Palma en La Palma para que puedan tener un desarrollo armónico y equilibrado con respecto a otras islas de la Comunidad Autónoma de Canarias. A estos acuerdos hay que añadir el tomado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, organismo dependiente del Estado, y en cuyo consejo de administración están representados el Estado, la comunidad autónoma, los cabildos, los ayuntamientos y la empresa privada y sindicatos, un foro, por tanto, en el que están presentes todos los estamentos afectados. En Canarias en estos momentos existen solamente tres puertos que tengan esta condición: Las Palmas de Gran Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife, en la isla de Lanzarote.
Por otra parte, en el caso de La Palma, aunque seguramente el senador José Luis Perestelo lo defendería mejor que yo, voy a hacer una defensa porque es importante para esta isla. El sector económico de La Palma se nutre de los ingresos procedentes de la agricultura, especialmente de la producción del plátano y, al ser un sector que depende en gran medida del apoyo del sector público, va a tener unas dificultades tremendas en el futuro para seguir siendo el eje económico de esta isla, por lo que La Palma ha comenzado a abrirse al turismo, creando infraestructuras para ello. No ha vivido el «boom» registrado en otras islas, pero sí ha ido dando pasos que le han permitido convertirse en un apreciado destino turístico por las virtudes de su naturaleza y por tratarse de una isla rural de una belleza muy particular, y entre los pasos que ha dado cabe destacarse su apertura al mercado de cruceros.
La Palma es una de las islas con menor renta per cápita del archipiélago y obstáculos como el que representa el hecho de que su puerto no sea frontera Schengen dificulta los avances que están logrando las instituciones palmeras, el Gobierno de Canarias y el propio sector privado y que han servido para allanar su ingreso en el difícil ámbito turístico, especialmente en mercados emisores tan codiciados como el alemán y el británico. Así lo han entendido las instituciones palmeras y el Parlamento de Canarias, que se han pronunciado favorablemente con respecto a este asunto, además del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de la Palma, que lo hizo el pasado día 20 de febrero de 2003.
En este sentido, me gustaría agregar otro argumento que sería un añadido a los antes realizados, y es el hecho insular que sirve para ambas islas.
Cualquier crucero que entre en cualquier otro puerto de una comunidad no insular no plantea ningún problema si los turistas quieren realizar un desplazamiento a una ciudad de una provincia diferente a donde se realizó el atraque dado que pueden realizar el trayecto por tierra. En el caso de Canarias se plantea el obstáculo de la insularidad y los desplazamientos no son tan sencillos, planteándose graves consecuencias tales como las ocurridas, como decía, en el caso del «A Rosa Blue». Los cruceros no realizan escalas en todas las islas sino en algunas de ellas y son favorecidas aquellas que son puerto fronterizo.
Las fronteras exteriores Schengen, fronteras terrestres y marítimas, así como los aeropuertos y puertos son propuestos por los Estados a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea para su inclusión en el Anexo I a que se refiere el Manual Común de Fronteras Schengen. En principio, y según establece la legislación relativa a esta materia, las fronteras exteriores sólo podrán cruzarse por los pasos fronterizos y durante las horas de apertura establecidas. Impulsar la declaración de una frontera exterior supone un importante esfuerzo gubernamental en el que
deben participar los ministerios de Interior y Fomento, dado que ello conlleva la creación de las infraestructuras pertinentes y la designación por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad del catálogo y plantillas para ambos Cuerpos de Seguridad, así como los medios necesarios para el cumplimiento de los fines encomendados tanto a la policía como a la Guardia Civil.
Por último, antes de concluir mi intervención quisiera insistir en la importante de esta petición para la economía de las islas, especialmente en unos momentos como los que se viven actualmente marcados por la incertidumbre económica. El Estado, a tenor de los pronunciamientos que ha habido en las islas, con el apoyo de todos los grupos políticos sólo tiene que dar luz verde a una demanda con la que se lograría derribar barreras y abrir puertas a un mercado como el de cruceros, también al de embarcaciones deportivas y de ocio en auge en la zona, tan apreciados por el sector turístico de las islas por los ingresos que genera y el escaso deterioro del medio que produce. Por ello, sería lamentable que se rechazaran estas mociones, porque supondría limitar el desarrollo económico de dos islas y, por tanto, generaría pérdidas de un potencial importante no sólo en el presente sino de cara al futuro si no se habilitan los puertos de Fuerteventura y La Palma como puertos fronterizos.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Morales.
A estas dos mociones se han presentado sendas enmiendas. En su primera redacción se apreciaron errores, que se rectifican en un segundo escrito que creo que está en poder de sus señorías.
Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Popular, la senadora Navarro.
La señora NAVARRO DE PAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, las mociones presentadas ante esta comisión por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, relativas a la declaración de los muelles del Puerto del Rosario y de Santa Cruz de la Palma, ubicados en la isla de Fuerteventura y de La Palma respectivamente, como frontera exterior según el Acuerdo Schengen, vienen a proponer una iniciativa ya planteada con anterioridad por los diputados canarios del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, y siendo esta declaración una iniciativa de mi propio partido, el Partido Popular, es lógico que estemos de acuerdo con que los muelles del Puerto del Rosario y de Santa Cruz de la Palma puedan convertirse en su momento en frontera exterior según el Acuerdo Schengen, pero realizando previamente todos los estudios e informes necesarios para determinar, por una parte, las previsiones de movimientos de buques de pasajeros y, por otra, los recursos humanos y técnicos necesarios para cumplimentar todos los controles y actuaciones propias de cualquier frontera exterior Schengen.
En este sentido, señorías, basta el mero examen de dicho Acuerdo de 14 de junio de 1985 y de su Convenio de aplicación de 19 de junio de 1990 para comprobar que cualquier frontera exterior Schengen tiene que poseer las dotaciones de personal y de medios técnicos suficientes para poder realizar sus funciones propias, expresamente establecidas, como son el control de identificación y de visado uniformes en el cruce de fronteras, con exclusión de todas aquellas personas incluidas en las listas de no admisibles, los sistemas de cooperación policial entre todos los Estados Schengen, la asistencia judicial en materia penal, incluyendo la transmisión de la ejecución de sentencias penales, la extradición de los ciudadanos reclamados por otros Estados Schengen, el examen de las solicitudes de asilo y el llamado Sistema de Información de Schengen.
Evidentemente, señorías, la declaración de frontera exterior Schengen implica necesariamente la realización de todas estas actividades propias de cualquier frontera exterior y, antes de efectuar tal declaración, se impone un estudio detallado de las dotaciones de personal, infraestructuras y medios técnicos e informáticos necesarios para que los muelles de Puerto del Rosario y de Santa Cruz de la Palma estén en condiciones de efectuar todas estas actividades y convertirse en frontera exterior Schengen. Pero además de la concreción tras los oportunos informes de los medios materiales y humanos requeridos para esta declaración de los muelles de Puerto del Rosario y de Santa Cruz de la Palma como frontera exterior Schengen entendemos, señorías, que resulta de todo punto necesario conocer, reitero, las previsiones de movimientos de buques de pasajeros en dichos puertos para, en función de las necesidades existentes y de los recursos disponibles, establecer la prioridad que pueda darse a esta declaración.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular entiende que no es posible efectuar la declaración solicitada en las mociones que nos ocupan sin antes, insisto, conocer las previsiones de movimiento de los buques de pasajeros en dichos muelles y los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para desarrollar las funciones propias de cualquier frontera Schengen y, por lo tanto, proponemos a la aprobación de esta Comisión de Interior las siguientes enmiendas: El Senado insta al Gobierno a recabar los informes y estudios necesarios a fin de conocer las previsiones de movimientos de buques de pasajeros así como del personal policial y administrativo, las instalaciones, infraestructuras y medios técnicos e informáticos necesarios para que el muelle de Puerto del Rosario y el de Santa Cruz de la Palma, en la isla de Fuerteventura en el primer caso y en la isla de La Palma en el segundo, pudieran estar en condiciones de realizar todas las actuaciones y funciones propias de una frontera exterior Schengen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Sugiero a la señora senadora que, para el caso de que prosperen las enmiendas, se modifique ya de antemano la expresión «El Senado insta» por «La Comisión de Interior del Senado insta...».
Tiene la palabra la senadora Morales para manifestar su aceptación o no de las enmiendas.
La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, presidente.
La posición del Grupo de Senadores de Coalición Canaria ante las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Senado es la siguiente. Vamos a aceptar la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular, pero insistiendo en una cuestión. Nos sorprendía que el Grupo Parlamentario Popular no presentara enmienda alguna a las mociones de los diversos grupos, porque es la técnica habitual en esta Cámara. De todas formas, lo que más nos preocupa es que estas enmiendas, que se presentan constantemente a iniciativa de otros grupos y también del nuestro, se redacten de tal manera que los compromisos que pedimos en la moción inicial se vean un poco mermados con la nueva redacción de esta propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Sin embargo, entendemos que realizar los estudios también nos abre a nosotros una vía para hacer un seguimiento de cuáles son estos estudios, porque estamos convencidos de la necesidad urgente de que sean habilitados como puertos fronterizos tanto Puerto del Rosario como Santa Cruz de la Palma.
Sé que ha habido una voluntad muy importante por parte de la senadora del Grupo Parlamentario Popular, la señora Navarro, para que por lo menos se planteara una enmienda a esta moción que fuese aprobada en esta Comisión de Interior, pero mi grupo parlamentario está cansado de este procedimiento. Además, en este trámite incluso hemos intentado llegar a un consenso incorporando a esta enmienda la palabra «impulsar» para que quede claro este compromiso, pero no ha habido voluntad por parte del Grupo Parlamentario Popular. Creo que no estamos haciendo ningún favor a esta Cámara si no podemos realizar la labor parlamentaria si no es desde el sillón de los distintos ministerios.
Dicho esto, espero que, aun con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, se apruebe definitivamente la creación de estos puertos fronterizos en estas islas, porque no se pueden frenar ni paralizar aspectos importantes en el desarrollo de las islas por falta de compromisos claros del Estado.
Espero que los estudios sean ágiles, convencidos de que no hacen falta, pero en cualquier caso serán positivos, porque no estamos hablando de planificar para el futuro. Hablamos de una necesidad inmediata del presente, que se tenía que haber realizado en el pasado.
El estudio no debe hacerse teniendo en cuenta sólo el tráfico de los cruceros y embarcaciones deportivas y de recreo actuales sino las posibilidades y el potencial que poseen las islas con vistas al futuro y que en la actualidad se están recortando, aunque tengan unas condiciones inmejorables en el caso de Fuerteventura, de establecer un puente marítimo entre Marruecos y Canarias.
La negativa o el retraso injustificado en el caso de la creación de estos dos puertos fronterizos impediría que las islas se integraran en el circuito de cruceros turísticos, lo que sería un obstáculo para el desarrollo comercial y el tráfico de pasajeros.
Para que se hagan una idea de las pérdidas por cada viaje que no se ha podido hacer, comentaba antes, con el «A Rose Blue» a Fuerteventura después de los incidentes del pasado mes de noviembre, les diré que estaban cifradas en unos 100.000 euros cada viaje, además de la pérdida de esos 40.000 turistas que podían haber venido hasta el mes de abril, es decir, desde noviembre hasta el mes de abril de este año.
También quería manifestar que nuestras instituciones tienen mayoría de edad en el sentido de que, cuando hay acuerdo de todos los grupos políticos sobre las distintas iniciativas institucionales que se han adoptado, tanto en el ayuntamiento como en el cabildo o en el Parlamento de Canarias o en la Autoridad Portuaria, cuando todos los grupos políticos representados en estas instituciones están de acuerdo es porque estamos detectando la necesidad urgente de crear los puertos fronterizos en Santa Cruz de la Palma y en Puerto del Rosario.
Por todo lo anterior, solicitamos que los ministerios correspondientes realicen un esfuerzo importante para agilizar los trámites necesarios y que comprendan una realidad que sabemos que no siempre se entiende. Fruto de esta incomprensión y desconocimiento de los temas son los errores como el de la enmienda inicial, en la que se hace referencia al Puerto del Rosario en la isla de Las Palmas. Tenía por aquí la comunicación del Ministerio de la Presidencia al Gobierno de Canarias en la que se dice que se ha dado traslado del Ministerio de la Presidencia sobre el puerto fronterizo Puerto del Rosario a los ministerios de Administraciones Públicas, de Sanidad y Consumo y de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando los ministerios competentes son el Ministerio del Interior y el Ministerio de Fomento. No se entiende este desconocimiento por parte del propio ministerio.
En fin, se han producido una serie de incidencias sobre esta cuestión, pero, en definitiva, creo que es urgente la creación de estos puertos fronterizos, y a pesar de que las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular no recogen exactamente nuestra intención de que se impulsara de inmediato, las vamos a aceptar, y esperamos que esto suponga un compromiso.
Están registradas también varias iniciativas, pero en el Congreso de los Diputados no existe ahora mismo ninguna presentada por el Grupo Parlamentario Popular, aunque sí por el Grupo Parlamentario Socialista.
No obstante, el Partido Popular, tanto en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario como en el cabildo insular o como en el Parlamento de Canarias, como algunos de los representantes del Partido Popular que están en la Autoridad Portuaria, están firmemente convencidos de que esta es una necesidad urgente. Por tanto, espero el apoyo del resto de los grupos y el compromiso del Partido Popular, en su relación con el Gobierno, de agilizar esto porque, como indicaba, es fundamental para el desarrollo económico de la isla de Fuerteventura y de la isla de La Palma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Morales.
Entiendo que «autoincorporó» el turno de portavoces. (Pausa.) Si es así, se entiende que se aceptan también las respectivas enmiendas. Sobre esta base, continuamos con el turno de portavoces.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, senador Xuclà.
El señor XUCLA I COSTA: Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve.
El grupo parlamentario autor de la moción ha aceptado la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Popular, y el voto de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió será afirmativo.
Deseo simplemente recordar que la senadora Morales, hace unos cuantos Plenos, en una sesión de control al Gobierno, planteaba precisamente la posibilidad de convertir el Puerto del Rosario en frontera hacia países terceros. Justo en esa misma sesión de control, este senador formulaba una pregunta al ministro Acebes --no nos habíamos puesto de acuerdo con la senadora Morales; es fruto de la conjunción astral-- sobre la posibilidad de que el puerto de Palamós también fuera frontera Schengen, frontera con terceros países, de tal forma que si nos tuviéramos que remitir al lenguaje del Código Civil, formularía simplemente lo que podríamos llamar un contrato de adhesión absoluta a los planteamientos de la senadora Morales. Conocemos de cerca esta situación; las tenemos parecidas. No se trata de empezar a convertir puertos españoles en frontera Schengen de forma indiscriminada, pero sí de estudiar casos concretos y su repercusión en muchos ámbitos ya apuntados por la portavoz del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de flujo de personas, pero también desde un punto de vista turístico. Se apuntaba el factor turístico en las islas Canarias, y se podría apuntar igualmente el factor turístico en el caso de Palamós y en el de la Costa Brava. De la misma forma que de manera simultánea le preguntábamos al Ministro del Interior sobre la posibilidad de establecer un puerto para terceros países, una frontera Schengen en Puerto del Rosario y en Palamós, en este caso el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria se ha adelantado, pero quiero decir que en su momento el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió también traerá, para su discusión y posterior aprobación en esta comisión, la conversión del puerto de Palamós en puerto frontera Schengen para terceros países. Y también quiero manifestar que me parece que nos hemos quedado a un paso de lo que sería lo óptimo, lo ideal; nos hemos quedado a un paso de una resolución acorde con el sentimiento unánime de las instituciones de las distintas islas Canarias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Barranco.
El señor BARRANCO GALLARDO: Con la venia, señor presidente.
Habida cuenta que el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, acepta las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, nosotros también vamos a apoyar esta decisión en el sentido planteado por la senadora Morales: que esta moción constituya realmente un compromiso por parte del Gobierno de realizar estos trabajos para dar a esta materia una solución positiva en los mismos términos que se plantean en la moción.
Que ello suponga un compromiso serio, real y riguroso, y que no sea tan sólo una forma de eludir un debate que está planteado ya desde hace tiempo en las propias islas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barranco.
Tiene la palabra la senadora Navarro.
La señora NAVARRO DE PAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Antes de nada quiero agradecerle a la senadora Morales la mención específica que ha hecho sobre el interés que me he tomado en las mociones planteadas por su grupo. Es evidente que ese interés no obedece a otra razón que no sea la de que, como canaria que soy, deseo el progreso de todas las islas que conforman mi comunidad.
Pero me va a permitir la senadora Morales que le diga al mismo tiempo que lamento muchísimo la forma en que se ha desarrollado su intervención. He de decirle con toda sinceridad que me he quedado con la sensación de que le ha molestado tremendamente que estas mociones se aprueben junto con dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Como canaria que es su señoría, y como defensora --al igual que nosotros-- del desarrollo de la isla que representa en esta Cámara, hoy tendría que estar contenta porque estamos dando el primer paso sobre la base de las normas que establece el Parlamento Europeo, normas que acaban de salir, si se me permite la expresión coloquial, puesto que son de fecha 15 de enero de 2003. En la misma línea en que se expresaba el senador Xuclà, no se trata precisamente de estar todos los días decretando fronteras Schengen. En ese sentido debo decirle que se han hecho una serie de consideraciones para que todo eso se tenga muy presente en todos los Estados miembros. De ahí el interés del Gobierno del Partido Popular de que todo ello se cumpla.
Le voy a leer una parte para que vea su señoría que en realidad se viene a decir lo mismo que en nuestras enmiendas: Primero. Es necesario considerar la redefinición de los cometidos que deben llevarse a cabo en las fronteras exteriores con arreglo a las experiencias adquiridas y a una norma común. Segundo. Se considera conveniente efectuar un análisis de la práctica operativa en la aplicación del Acuerdo Schengen con vistas a elaborar una política común sobre la vigilancia de las fronteras exteriores actuales y futuras... Señoría, y podría seguir y seguir leyendo. Por tanto, lo que estamos haciendo es cumplir la normativa que emana del Parlamento Europeo, la cual es de fecha de 15 de enero de 2003, quiero que quede muy claro.
No es sólo interés de la senadora Morales que estos temas salgan. Ya dije en mi primera intervención que los propios diputados canarios habían presentado una iniciativa en este mismo sentido. Esto por un lado. Por otro le diré, señoría, que no es técnica del Grupo Parlamentario
Popular presentar enmiendas, como ha puesto de relieve la senadora Morales, con el ánimo de retrasar las cuestiones o de cambiar los objetivos. Sinceramente le digo que hemos presentado dos enmiendas porque entendíamos --lo digo con todos mis respetos-- que sintácticamente el texto que presentaba la senadora Morales era incorrecto.
Por último, quiero comentar la mención que se ha hecho a que existían una serie de deficiencias en el primer texto de las enmiendas. Efectivamente ha sido así. Ahora que se ha aprobado la LOCE, espero y deseo que eso no vuelva a ocurrir. Espero que todos los españoles y todos los ciudadanos del mundo conozcan dónde están nuestros puertos, cómo se llaman nuestras islas y sepan también que pertenecemos a España y a Europa.
Agradezco a la senadora Morales su apoyo a nuestra enmienda.
Muchas gracias, señor presidente. (La señora Morales Rodríguez pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Navarro.
Tiene la palabra su señoría por tiempo de dos minutos en función del artículo 87 del Reglamento.
La señora MORALES RODRIGUEZ: Señor presidente, no voy a necesitar siquiera esos dos minutos.
Lo único que quiero decir es que, efectivamente, lo que acaba de leer la senadora Navarro son los trámites administrativos necesarios para declarar frontera exterior los puertos que se crea necesario. Por otro lado, esos trámites administrativos llevan su tiempo; hay que crear las infraestructuras necesarias; tanto la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de la Palma como el Parlamento de Canarias están comprometidos en ese sentido; hay que dotar de personal a estos puertos, etcétera, y para ello hay que hacer los estudios necesarios. Pero la voluntad política, que es lo que debatimos aquí --el procedimiento es otro-- es de lo que tratan estas mociones. En ese sentido, nos habría gustado que se incluyera el término «impulsar» por entender --la senadora Navarro conoce todo esto perfectamente-- que ya es necesario que se cree la frontera exterior en esas islas. En cuanto a los trámites administrativos, ya los conocíamos, no son nuevos para nosotros. Esperemos que estos estudios avalen esa necesidad de impulsar la creación de las fronteras exteriores en Fuerteventura en el puerto de Puerto del Rosario y también en el de Santa Cruz de la Palma. (La señora Navarro de Paz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene dos minutos para intervenir, senadora Navarro, en justa correspondencia.
La señora NAVARRO DE PAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Ahora sí debo congratularme por las manifestaciones de la senadora Morales. Por sus palabras intuyo --aunque no está muy claro-- que está convencida de que estamos iniciando los trámites previos para que consigamos, en definitiva, que estos dos puertos a los que nos estamos refiriendo sean fronteras exteriores para que concretamente las islas de Fuerteventura y La Palma consigan el desarrollo que tanto deseamos los canarios.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el sentido de las intervenciones, entiendo que se pueden someter a votación conjuntamente las dos mociones,con las correspondientes enmiendas que sus señorías conocen incorporadas. (Pausa.) Quedan aprobadas por unanimidad.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGÚNCIA I UNIO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS NECESARIAS PARA PONER FIN A LA SITUACION DE ABANDONO Y DEGRADACION EN QUE SE ENCUENTRAN LOS PUNTOS FRONTERIZOS DE LA PROVINCIA DE GIRONA (661/000257).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas administrativas y económicas necesarias para poner fin a la situación de abandono y degradación en que se encuentran los puntos fronterizos de la provincia de Girona.
Tiene la palabra el senador Xuclà.
El señor XUCL I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, uno de los hechos más importantes que se han producido hasta el día de hoy en el proceso de integración económica de Europa ha sido la supresión de las fronteras interiores, lo que ha permitido la libre circulación de personas, capitales y mercancías. Esta decisión crucial del proceso europeo, que sólo encuentra una comparación de magnitud parecida en la entrada en circulación de la moneda única, dejó sin utilidad los puntos fronterizos interiores entre los Estados miembros de la Unión. Los Acuerdos Schengen acabaron de perfilar este espacio único europeo de seguridad y de libre circulación de personas, mercancías y capitales.
A pesar de que ha transcurrido más de un lustro desde la puesta en funcionamiento de estos acuerdos, en la actualidad aún existen físicamente estos puntos fronterizos interiores, los cuales se encuentran en situación de abandono. Además, se trata de instalaciones situadas en lugares importantes para conformar una primera impresión de España al encontrarse en los puntos de entrada por carretera del Estado.
Concretamente en la demarcación de Girona hay cuatro puntos fronterizos:
Puigcerdà, Coll d'Ares en Camprodon y Molló, La Jonquera y Portbou, que sufren esta situación de abandono y de degradación. Así fue reconocido por el propio Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior en respuesta a una pregunta oral en la sesión de control al Gobierno del día 19 de junio de 2002. Fruto de este planteamiento, la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió insta al Gobierno a lo siguiente: al desmantelamiento del punto fronterizo abandonado de Puigcerdà. A la conservación y adecentamiento del punto fronterizo de Coll d'Ares en el municipio de Molló? A la adecuación de las instalaciones de La Jonquera a la nueva situación de libre circulación de personas, capitales y mercancías. (Quiero recordar que por el punto fronterizo de La Jonquera transitan cada año más de 16 millones de personas y muchos turistas.) Por último, la reversión al cedente del punto fronterizo de Portbou una vez se ha extinguido el objeto de la cesión modal.
A partir de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, se ha llegado a una transaccional con el grupo de la mayoría, el Grupo Parlamentario Popular, cuyo portavoz será el encargado de dar lectura al texto transaccionado, que también ha llegado a la Mesa y a todos los portavoces de esta comisión.
Quiero recordar que es la tercera vez --afortunadamente, será la última, a la tercera va la vencida- que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió trae a debate en esta comisión la situación de abandono de una realidad que se podía haber subsanado, como mínimo, desde el año 1998 o con anterioridad a la plena entrada en vigor de los Acuerdos Schengen.
Fruto de la respuesta razonable, templada y en sintonía con la realidad existente en estos cuatro puntos fronterizos que dio el entonces Ministro del Interior y Vicepresidente Primero del Gobierno, don Mariano Rajoy, se presentó por primera vez esta moción ante la Comisión de Interior. En aquel entonces fue declinada por el voto de la mayoría y hace tres meses hubo un segundo debate y el senador Barquero insistió en que ya se estaba trabajando en todos estos puntos. Afortunadamente, como les decía, a la tercera va la vencida.
Simplemente, quiero aprovechar este turno para poner de manifiesto la gravedad de la situación de abandono en la que se encuentran estos puntos fronterizos. Por un lado, está la imagen de España ante los millones de extranjeros que transitan cada año por los puntos fronterizos de la provincia de Girona, igual que sucede con cualquier otro punto fronterizo abandonado. Por otro lado, está la cuestión de seguridad y de abandono y negligencia del deber de vigilancia de las administraciones públicas de su patrimonio. A ello hay que añadir la situación de abandono de documentos muy delicados. Lo que planteo aquí para ilustrar esta situación de abandono lo hago sin presencia de la prensa y, simplemente, con la constancia del «Diario de Sesiones», porque no hay ningún interés de ventilar este grave asunto mediáticamente.
La segunda vez que esta moción fue presentada ante la Comisión de Interior los medios de comunicación de la provincia de Girona se hicieron eco de esta situación de abandono y, concretamente, el día 27 de enero del año 2003 en un periódico de la provincia, «El Punt», se reproducían algunos documentos abandonados en el punto fronterizo de Coll d'Ares. He traído el artículo y la reproducción en prensa de estos documentos abandonados pero, como no quiero aburrir a sus señorías con la relación del conjunto de los extractos de los documentos reproducidos en prensa, sólo les leeré y traduciré del catalán tres documentos encontrados abandonados en el punto fronterizo de Coll d'Ares con las puertas abiertas.
De una primera clasificación de la documentación recibida en esta área, relativa a notas intervenidas a militantes de la organización terrorista ETA detenidos en Francia, se desprende que la banda armada está actualmente utilizando los vehículos que se indican en la relación que se adjunta. Documento del 4 de noviembre del año 1987. El segundo documento de los muchos encontrados en el punto fronterizo de Coll d'Ares es el siguiente. En la nave del polígono industrial de Fornells robo de 100 jamones ibéricos y otros efectos por valor de 1.751.000 pesetas. Otro documento señala que el teniente de la Vila de Blanes informa que alguien
--se omite la persona-- expone haber sido objeto de violación y posterior robo de 12.000 pesetas.
A la tercera va la vencida. Afortunadamente, hemos llegado a un acuerdo con el grupo de la mayoría y en este momento el Ministerio de Fomento, que no el del Interior, ha anunciado que en dos o tres meses iniciará la remodelación de las instalaciones de La Jonquera. Aún queda todo por hacer en el punto fronterizo de Portbou, donde se debe proceder a una cesión modal, a una reversión de la titularidad por extinción del objeto de la cesión modal. Se ha hecho una primera intervención en Coll d'Ares pero la lectura de los documentos a los que acabo de hacer referencia plantea una violación de derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, y una situación evidente de abandono de las instalaciones y de unos materiales muy sensibles.
Insisto en que ni en el pasado, ni actualmente, ni en el futuro he deseado hacer una utilización mediática de estos extremos, que son graves. Celebro haber llegado a un acuerdo con el grupo de la mayoría y deseo que a partir de ahora la Administración general de Estado, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Fomento empiecen con urgencia a adoptar las medidas pertinentes.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Xuclà.
Entiendo que no hace falta dar lectura al texto que se ha hecho llegar a la Mesa porque ya es conocido por los grupos parlamentarios.
Como supongo que no hay turno en contra, damos paso al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Morales.
La señora MORALES RODRIGUEZ: Rápidamente, para decir que la moción transaccional a la que han llegado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular tendrá el apoyo del Grupo Parlamentario de Senadores Coalición Canaria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Morales.
Senador Barranco, tiene la palabra.
El señor BARRANCO GALLARDO: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con absoluta brevedad para manifestar nuestro apoyo a la transaccional a la que han llegado el grupo proponente y el grupo mayoritario de esta comisión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Barquero.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, he de reconocer la constancia del senador Xuclà y la tenacidad que ha demostrado en este tema; la constancia y la tenacidad son valores muy importantes en la vida, en general, y en la acción política en particular.
Quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular valora la contribución de fondo de su señoría y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió a la buena imagen de España como país moderno y de primer nivel, así como el hecho de que quieran que esta imagen positiva se transmita en la primera impresión que cualquier ciudadano que entra en España obtiene nada más pasar la frontera.
Evidentemente, mi grupo parlamentario y el Gobierno participan de este objetivo y de esta finalidad que inspira el fondo de esta moción y, por ello, han querido contribuir a su aprobación con la propuesta de modificación presentada. No sé si procede que la lea yo o la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: El texto de la moción transaccional, si le damos este calificativo, ha sido repartido a los grupos, ha llegado a la Mesa y, a efectos del acta, obra en poder del letrado. Entiendo que no es necesario, pero si su señoría quiere hacerlo puede dar lectura a la misma.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Como es muy breve, señor presidente, voy a leerla.
La Comisión de Interior y Régimen de las Administraciones Públicas del Senado insta al Gobierno a continuar y en lo posible intensificar y acelerar las decisiones y acciones conducentes a conseguir la reconversión, supresión o reversión, según proceda en cada caso, de las instalaciones que se encuentran en los puntos fronterizos de la provincia de Girona y que son las siguientes: Puigcerdà, Coll d'Ares, La Jonquera y Portbou.
Termino diciendo que yo sí que pido al senador Xuclà y a su grupo parlamentario que comprendan que en este caso, como ya he dicho en otras intervenciones, el Gobierno tiene que actuar con prudencia porque precisamente en este momento el sistema de vigilancia de fronteras de la Unión Europea está sometido a revisión.
La senadora Navarro ha hecho referencia a uno de los documentos aprobados en el Parlamento Europeo en la sesión del 15 de enero de 2003.
Precisamente es una recomendación de varios puntos --que no voy a leer--, que abunda en la revisión y en la seguridad de la cuestión de fronteras hablando de dotaciones técnicas, que seguramente va a ser necesario volver a colocar en estas fronteras o colocar por primera vez, incluso
--y esto sí me lo voy a permitir porque tiene que ver con las instalaciones-- el cuerpo europeo famoso de guardia de fronteras. El Parlamento Europeo se queja en esta resolución del poco entusiasmo por la idea de un cuerpo europeo de guardia de fronteras que manifiesta el Consejo. Es partidario de la creación de un cuerpo europeo de guardia de fronteras integrado por unidades especiales que reciba financiación comunitaria y se ponga a disposición de las autoridades nacionales y considera que para la creación de este cuerpo europeo de guardia de fronteras se precisa un nuevo fundamento jurídico y, por consiguiente, pide a la Convención Europea que examine este asunto, lo cual nos llevaría a un replanteamiento distinto de las instalaciones, y probablemente a otro tipo de instalaciones.
Por ello --y termino con esto--, yo le rogaría al senador que vea la prudencia del Gobierno en esta actuación porque está en revisión en estos momentos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barquero.
Procedemos a votar la moción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Advierto a sus señorías que de haber estado presente un senador menos no se hubiese podido votar. (El señor Barranco Gallardo pide la palabra.) Tiene su señoría la palabra entiendo que por una cuestión de orden.
El señor BARRANCO GALLARDO: Ni siquiera eso, señor presidente. Es para expresar un ruego. Sé que usted lo tiene presente en sus preocupaciones, y es sobre las quince comparecencias que tenemos solicitadas en esta comisión del Ministro del Interior. Solamente quiero rogarle que vuelva a insistir usted a ver si conseguimos que el señor Acebes comparezca para que no ocurra lo que sucedió con el señor Rajoy.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Esta presidencia atiende la sugerencia y aclara que las quince no son de la autoría del Grupo Parlamentario Socialista, sino del conjunto de los grupos.
Se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos.
