BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES SENADO VII LEGISLATURA Serie I: BOLETIN GENERAL 16 de octubre de 2002 Núm. 514

I N D I C E
PONENCIAS DE ESTUDIO

--Informe de la Ponencia de estudio sobre la situación jurídica, personal y familiar de los ciudadanos españoles internados en prisiones de países extranjeros, constituida en el seno de la Comisión Constitucional (543/000003) (Página 1)
PONENCIAS DE ESTUDIO
543/000003
PRESIDENCIA DEL SENADO
Se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del Informe de la Ponencia de estudio sobre la situación jurídica, personal y familiar de los ciudadanos españoles internados en prisiones de países extranjeros, constituida en el seno de la Comisión Constitucional.
Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 14 de octubre de 2002.
--P. D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor en funciones del Senado.

La Ponencia de estudio sobre la situación jurídica, personal y familiar de los ciudadanos españoles internados en prisiones de países extranjeros, constituida en el seno de la Comisión Constitucional, e integrada por los Excmos. Sres. D. Pedro Agramunt Font de Mora (GPP), D.
Joseba Andoni Aurrekoetxea Bergara (GPSNV), D. Hilario Caballero Moya (GPS), D. Manuel Cámara Fernández (GPMX), Dª.
María José Camilleri Hernández (GPP), D. Félix Colsa Bueno (GPP), D.
Victoriano Ríos Pérez (GPCC), D. Jerónimo Saavedra Acevedo (GPS), D.
Domènec Sesmilo i Rius (GPCIU), D. Jordi Solé Tura (GPECP) y Dª. María Rosa Vindel López (GPP) ha acordado aprobar por unanimidad el siguiente Informe y elevarlo a la Comisión Constitucional.

Palacio del Senado, 30 de septiembre de 2002.
--Pedro Agramunt Font de Mora, Joseba Andoni Aurrekoetxea Bergara, Hilario Caballero Moya, Manuel Cámara Fernández, María José Camilleri Hernández, Félix Colsa Bueno, Victoriano Ríos Pérez, Jerónimo Saavedra Acevedo, Domènec Sesmilo i Rius, Jordi Solé Tura y María Rosa Vindel López.

INFORME DE LA PONENCIA ENCARGADA DE ESTUDIAR LA SITUACION JURIDICA, PERSONAL Y FAMILIAR DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES INTERNADOS EN PRISIONES DE PAISES EXTRANJEROS
(Constituida en el seno de la Comisión Constitucional del Senado. VII Legislatura. Junio de 2000-octubre de 2002)
I.PARTE EXPOSITIVA
1.ANTECEDENTES 2.COMPARECENCIAS 3.TRABAJO DE CAMPO 4.DOCUMENTACION
II.PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DE LA PONENCIA

I.PARTE EXPOSITIVA
1.ANTECEDENTES
El Grupo Parlamentario Popular del Senado presentó una moción para su debate y aprobación, en su caso, en el Pleno del Senado por la que se pedía la creación de una Ponencia, en el seno de la Comisión Constitucional de la Cámara, encargada de estudiar la situación jurídica, personal y familiar de los españoles internados en prisiones de países extranjeros (BOCG Serie I, 26 de junio de 2000, número 27, páginas 5 y 6).
En la exposición de motivos de la moción se fundamentaba la pretensión en el artículo 25 de la Constitución española que prevé la orientación de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad hacia la reeducación social y que, asimismo, establece que «el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria». Los proponentes de la moción manifestaban que hay más de mil españoles cumpliendo condena en cárceles extranjeras, de los cuales algunos están condenados a muerte, y la mayoría de ellos en condiciones de vida bastante duras. Por ello, aducían los autores de la moción, es necesario prestar atención a estas personas y «que las cortes Generales sepan del trato que reciben los compatriotas presos en distintos países extranjeros».
En virtud de estas consideraciones el petitum de la moción solicitaba la creación de esta Ponencia de estudio sobre la situación jurídica, persona y familiar de los ciudadanos españoles internados en prisiones de países extranjeros «con especial atención a todos aquellos que estén condenados a penas de muerte, a los que visitará personalmente, lo mismo que a los que estén en condiciones particularmente penosas». De otra parte la Ponencia presentará un informe al Pleno del Senado en el plazo de un año «con el resultado de sus trabajos en referencia al trato que reciben los españoles presos en cada país y al mismo tiempo, propondrá cuantas medidas políticas y legislativas sean necesarias y oportunas, para mejorar la situación de los presos españoles que actualmente cumplen condena en el extranjero».
El Pleno de la Cámara debatió la moción el 27 de junio de 2000 (Diario de Sesiones del Pleno del Senado de 27 de junio de 2000, séptima Legislatura, número 10, páginas 332 a 341) y la aprobó por asentimiento.
Por acuerdo de la Comisión Constitucional, a petición de la Ponencia, a la vista de la conveniencia de seguir con sus trabajos un periodo algo mayor del inicialmente previsto, se solicitó al Pleno de la Cámara la prórroga de otro año para la finalización de sus trabajos, lo que fue acordado en estos términos por el Pleno del Senado en su sesión de 21 de junio de 2001 (BOCG Senado, Serie I, 28 de junio de 2001, número 228, página 4).
Desde junio de 2000 hasta el momento la Ponencia ha manejado un importante volumen de documentación, bien preparada como base de sus trabajos; bien aportada por comparecientes o instituciones invitadas por la Ponencia o remitidas a la misma desde diferentes ámbitos: sean los propios españoles presos en el extranjero, sus familiares, instituciones vinculadas al apoyo y defensa de los derechos fundamentales y, concretamente, de los derechos de los ciudadanos encarcelados en el exterior, autoridades relacionadas de un modo u otro con los españoles en el extranjero; autoridades de países que han sido visitados por la Ponencia, o personas, instituciones o titulares de órganos que trabajan en el ámbito de quienes están en estas circunstancias.
En estos dos años la Ponencia ha celebrado veintiuna reuniones, han comparecido ante ella más de 35 personas en representación de todos los sectores relacionados con la situación de los ciudadanos encarcelados en países extranjeros, desde ex presos y familiares de presos a abogados defensores y magistrados; autoridades policiales y penitenciarias; responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Justicia; representantes de asociaciones y ONGs; máximas autoridades de la abogacía, como fue el Presidente del Consejo General de la Abogacía y el Decano del Colegio de Abogados de Madrid; diplomáticos que han desempeñado funciones consulares; en fin, los ex Senadores que iniciaron actividades sobre el objeto de la Ponencia en la anterior Legislatura.
Además, la Ponencia, mediante distintas delegaciones ha llevado a cabo un complejo trabajo de campo con visitas a países, autoridades políticas, judiciales y policiales, centros penitenciarios y reclusos españoles en Marruecos, USA, Venezuela, Ecuador y Egipto, todos ellos lugares de destino escogidos a modo de muestreo de las diferentes preocupaciones de la Ponencia: sean éstas la masificación y el importante número de ciudadanos presos en un país vecino, como fue el caso de Marruecos donde, además, se dan unas singularidades procesales cuales son el sistema de multas con posible concurrencia que dificultan la aplicación rápida del convenio bilateral para el cumplimiento de condena en el país de origen, circunstancia que no impidió el traslado a España de tres reclusos en Marruecos (E. L. C., J. A. S., y A. B.), después de la visita a este país de una delegación de la Ponencia; o el específico caso de los condenados a muerte en algunos lugares, como algunos Estados de Estados Unidos de América del Norte donde existe la pena de muerte, caso de Florida, donde dos españoles se encontraban en el corredor de la muerte y, asimismo, un tercero, en vías de recuperación de la nacionalidad española, de los cuales los dos primeros están respectivamente en libertad el primero de ellos tras un segundo juicio absolutorio y en régimen de cadena perpetua, tras serle conmutada la pena de muerte, el segundo; o la singular situación de numerosos españoles presos en cárceles iberoamericanas con penosísimas condiciones de vida y de seguridad; o la difícil situación de uno de los presos más antiguos --14 años-- el Sr. G. B., verdadero ejemplo de rehabilitación en un entorno de dificilísimas condiciones, en un país de cultura muy distinta a la española y europea en general y con singulares condiciones

carcelarias, amén de extraordinarios problemas para la aplicación del convenio bilateral por parte del país de condena.
Fruto de las comparecencias que la Ponencia ha llevado a cabo, de los documentos manejados, de las entrevistas y visitas, es este Informe que comprende dos partes, la primera expositiva en que la Ponencia da cuenta, bien que necesariamente resumida, de sus actividades y materiales de estudio y la segunda en que la Ponencia propone determinadas medidas como consecuencia vinculada a su reflexión y análisis.
Cúmplese con ello el ejercicio de un conjunto de facultades parlamentarias de información e impulso político que subyacen y justifican las tareas llevadas a cabo por este órgano parlamentario de estudio, constituido, por mor de una moción del Pleno del Senado, en el seno de la Comisión Constitucional de la Cámara.
En cuanto a la composición, organización y funcionamiento de la Ponencia, hay que destacar que, por acuerdo de la Comisión Constitucional, de conformidad con el artículo 65 del Reglamento del Senado, ha estado compuesta por once Senadores: cuatro del Grupo Parlamentario Popular
--Excma. Sra. Dª. María José Camilleri Hernández, Excma. Sra. Dª. Mª.
Rosa Vindel López, Excmo. Sr. D. Pedro Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión Constitucional y Excmo. Sr. D. Félix Colsa Bueno--; dos Senadores del Grupo Parlamentario Socialista --Excmo. Sr. D. Hilario Caballero Moya y Excmo. Sr. D. Jerónimo Saavedra Acevedo-- y un Senador más en representación de cada uno de los otros grupos parlamentarios de la VII Legislatura --Excmo. Sr. D. Domènec Sesmilo i Rius, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; Excmo. Sr. D. Jordi Solé Tura, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; Excmo. Sr. D. Joseba Andoni Aurrekoetxea Bergara, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Excmo. Sr. D. Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y Excmo. Sr. D. Manuel Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.
En cuanto al modo de organización, se ha operado, según viene siendo habitual en estos órganos de estudio, mediante la adopción de acuerdos por consenso y la representación de la Ponencia hacia el exterior por el Presidente de la Comisión Constitucional o, en su ausencia, por un Senador o Senadora del Grupo mayoritario o de los restantes grupos por su orden de composición. A los efectos de llevar a cabo aquella parte de su tarea con el menor gravámen posible para la Cámara, la Ponencia acordó que los desplazamientos, como han sido los viajes de trabajo, se harían por delegaciones integradas por turno de los grupos parlamentarios; idea en la que coincidió la Mesa del Senado quien corroboró el sistema de desplazamientos por turnos, afinando la composición de las delegaciones.
En cuanto al funcionamiento de las comparecencias se ha mantenido el procedimiento convencional, esto es, la información de los comparecientes seguida del oportuno turno de preguntas y respuestas; y en lo atinente a los desplazamientos de trabajo, también se ha seguido una pauta consistent--Ministerio de Justicia, Director General de Instituciones Penitenciarias, Fiscal General, Director del centro penitenciario y reunión con los españoles detenidos y entrevista con el personal consular español.
Por último procede indicar el importante conjunto de documentación que ha manejado la Ponencia preparada por la Cámara, entregada por comparecientes o remitida a través de las numerosas comunicaciones oficiales a los Senadores miembros de la Ponencia por presos, jueces, familiares, instituciones de defensa de derechos humanos o autoridades implicadas.
Todo lo cual: resumen de las comparecencias, resumen de los viajes de trabajo y relación de documentación, así como propuestas de la Ponencia se incluye a continuación.

2.COMPARECENCIAS

--RELACION GENERAL DE COMPARECIENTES AGRUPADOS POR SESIONES.

Día 28 de junio de 2000

--Dª. Sara Pérez y D. Joaquín Martínez, padres de D. Joaquín José Martínez, español preso en una cárcel norteamericana excondenado a muerte.

Día 19 de septiembre de 2000

--Ilmo. Sr. D. Fernando Alvargonzález San Martín, Director General de Asuntos Consulares y protección de los españoles en el extranjero del Ministerio de Asuntos Exteriores.

--Ilmo. Sr. D. Arturo Reig Tapia, Subdirector General de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores.

--D. Jesús Alarcón Bravo, Subdirector General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia.

Día 20 de septiembre de 2000

--D. Joaquín Bravo, Presidente de la Asociación para la Ayuda a los Presos Españoles en el Extranjero (APEX).

--D. Esteban Beltrán Verdes, Presidente de Amnistía Internacional.

--Dª. Isabel Miranda, en su condición de Directora Gerente de la Fundación Ramón Rubial Españoles en el extranjero, acompañada por personas de su equipo.

Día 28 de septiembre de 2000

--Excmo. Sr. D. Enrique Múgica Hérzog, Defensor del Pueblo, acompañado por los Adjuntos al Defensor del Pueblo.

--Excmo. Sr. D. José Chamizo de la Rubia, Defensor del Pueblo Andaluz.

Día 2 de octubre de 2000

--D. Peter Raben, abogado defensor de D. Joaquín José Martínez, preso español en Miami que ha estado condenado a muerte.



--D. José Ramón Serrano-Piedecasas Fernández, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

Día 3 de octubre de 2000

--Excmo. Sr. D. Gonzalo Robles Orozco, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

--Excmo. Sr. D. Eugenio Gay Montalvo, Presidente del Consejo General de la Abogacía.

--Excmo. Sr. D. Luis Martí Mingarro, Decano del Colegio de Abogados de Madrid.

Día 5 de marzo de 2001

--Excmo. Sr. D. Siro García Pérez, Magistrado Presidente de la Sala de lo Penal y de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, y Excmo. Sr. D.
Carlos Cezón González, Magistrado Presidente de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

--D. José Aranda Guerrero, Jefe de Interpol de Madrid.

--D. Juan González Cebrián, Diplomático ex Cónsul de España en Rabat.

Día 17 de abril de 2002

--Dª. Julia Bonavila Magriña, esposa de un camionero preso por tráfico de drogas en Niza, J. R. F. F.

--Excmos. Sres. D. Ignacio Díez González, D. Manuel Jaén Palacios y D.
José Luis Nieto Cicuéndez, ex senadores.


--RESUMENES DE LAS COMPARECENCIAS EFECTUADAS ANTE LA PONENCIA ENCARGADA DE ESTUDIAR LA SITUACION JURIDICA, PERSONAL Y FAMILIAR DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES INTERNADOS EN PRISIONES DE PAISES EXTRANJEROS.

Comparecencia de Dª. Sara Pérez y D. Joaquín Martínez, padres de D.
Joaquín José Martínez, español preso en una cárcel norteamericana ex condenado a muerte. 28 de junio de 2000.

Interviene el señor Martínez explicando que por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Florida de 15 de junio se revocó la sentencia a muerte de su hijo aunque no las dos sentencias de cadena perpetua anexas.
A partir de ese momento, indica el compareciente, hay que empezar nuevamente de cero y, aduce que no hay pruebas contundentes, pues algunos de los testimonios, parece ser, según afirma, que fueron obtenidos de forma un tanto irregular, concretamente la transcripción del relato que aparece en el vídeo incriminatorio fue efectuada, según indica, por un policía familiar de una de las víctimas, así como por el Fiscal y un detective. Indica que desde el momento en que se produce un traslado a la cárcel primaria de Tampa es posible pedir la libertad condicional, lo que no es fácil, o en su defecto el arresto domiciliario. También manifiesta que, por hipótesis, resultaría factible que no hubiera un nuevo juicio.
El señor Martínez incide en la importancia de tener un buen equipo de abogados y argumenta indicando que ellos, en los últimos tiempos, han contado con un excelente abogado el señor Raben y con la ayuda impagable del Colegio de Abogados de Madrid que ha actuado como «amicus curiae».
Por último, manifiesta el compareciente que, si no hubiera pruebas y existiera un ambiente favorable, podría darse el caso de que el Estado de Florida llegase a retirar todos los cargos y de esta manera evitar que el contribuyente tuviera que hacerse cargo de los dos millones de dólares que, aproximadamente, cuesta un juicio de esta categoría.
En turno de preguntas de los Senadores miembros de la Ponencia interviene el Senador Cámara Fernández del Grupo Parlamentario Mixto quien manifiesta su agradecimiento a los comparecientes y a continuación se refiere a una reciente visita a Estados Unidos donde comprobó la complejidad de los procedimientos judiciales norteamericanos; acto seguido el Senador pregunta qué necesita la familia Martínez para ayudarles en su lucha.
Interviene el señor compareciente para responder al Senador Cámara Fernández expresando que lo que necesitan es sobre todo un buen equipo de defensa jurídica puesto que muchas veces se comenta en Estados Unidos que «la pena capital es para el que no tiene capital». Afirma, refiriéndose al coste del proceso en el que ellos están inmersos, que son necesarios unos 700.000 dólares y un largo tiempo, de tres a cuatro años, para que se desarrollen las complejidades procedimentales. Manifiesta que ellos denunciaron irregularidades procedimentales desde el principio y que, sin embargo, no contaron, en un primer momento, con la necesidad de una defensa adecuada. El compareciente señala que lo fundamental para ellos es ayuda institucional en la defensa de los emigrantes en el exterior.
Los Senadores que fueron el año anterior a Estados Unidos ayudaron extraordinariamente sobre todo con el factor de difusión social de la ayuda de los Parlamentarios españoles a sus ciudadanos en el extranjero.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos interviene el Senador Aurrekoetxea Bergara quien inicia su intervención apoyando al compareciente como, señala, lo hicieran en su momento el Presidente del Parlamento Vasco y el de la Comisión de dicha Cámara de Derechos Humanos.
El Senador del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos manifiesta que hay voluntad institucional de apoyar a los españoles que se encuentran en esas circunstancias en el extranjero como lo demuestra la creación de esta Ponencia y además indica que están a disposición de los comparecientes para cualquier cuestión en la que pudieran ayudar. Ante estas manifestaciones el señor compareciente agradece lo expresado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el Senador Caballero Moya quien, además de agradecer la comparecencia de los señores Martínez y Pérez y felicitarles por el excelente ánimo que mantienen, pregunta qué se puede hacer para ayudar, no sólo desde el punto de vista

meramente humanitario sino también desde el punto de vista institucional, a las personas que se encuentran en esta situación.
Responde el compareciente, señor Martínez, que desde luego las modificaciones legislativas podrían ayudar, pero que resulta fundamental la asistencia consular a los ciudadanos españoles en el exterior para dar la confianza que corresponde a las representaciones consulares o diplomáticas en el extranjero. A este respecto, el señor compareciente, alude a ciertas intervenciones, antes de que su hijo fuera sentenciado, de algún representante consular en Miami que no fueron satisfactorias, en su opinión, y de la llegada después de otros representantes consulares que, en este caso, manifiesta, sí llevaron a cabo una excelente labor de apoyo. El señor Martínez expresa que si hubiera habido los cónsules que hubo después o el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores --como sucedió con el entonces Ministro Matutes-- a lo mejor su hijo no hubiera sido sentenciado a muerte. Al respecto, incide el compareciente, en la importancia de los consulados dónde debería haber un equipo de abogados recomendables para las personas que lo necesitaran, con ello se evitarían, señala el compareciente, situaciones de auténtico fraude en circunstancias, normalmente, muy dramáticas. Finaliza, el compareciente, indicando que el apoyo consular no sólo es necesario sino que contribuye a prestigiar un país, porque cuanto más apoyo manifiesta un país a sus ciudadanos en el exterior, mayor es su propio prestigio.
Por el Grupo Parlamentario Popular interviene la Senadora Camilleri Hernández quien da la bienvenida y enhorabuena a los comparecientes por el empuje y fuerza en apoyo de la causa de su hijo.
Interviene el Senador Agramunt Font de Mora por el Grupo Parlamentario Popular quien pregunta cuánto tiempo lleva el hijo de los comparecientes en todo el proceso. A ello responde la madre de D. Joaquín José Martínez que en total cuatro años y medio en la cárcel de los que tres años fueron en el corredor de la muerte.
Interviene la Senadora Vindel López por el Grupo Parlamentario Popular quien inicia su intervención indicando la satisfacción por tener ante la Ponencia a los padres de Joaquín José Martínez, como ya estuvieron en el debate de Pleno en el que se creó esta Ponencia por unanimidad. A continuación la Senadora les pregunta: ¿tienen información del otro español condenado a muerte en Estados Unidos y que al parecer ha estado en la misma cárcel que Joaquín José Martínez?; Señala la señora Senadora que la Ponencia piensa efectuar un viaje para visitar al otro recluso en Florida y, por lo tanto, agradecerían cualquier información suministrada al respecto puesto que colaboraría en la formación del plan de trabajo de la propia Ponencia.
El Senador Cámara Fernández interviene también para indicar que le ha llamado la atención especialmente la frase, que al parecer es una muletilla en Estados Unidos, de que «la pena capital es para quien no tiene capital». Seguidamente pregunta, además de esta circunstancia, cuál es sociológicamente el ambiente respecto de la pena de muerte en Estados Unidos.
Toma la palabra el Senador Agramunt Font de Mora del Grupo Parlamentario Popular para señalar que ayer precisamente el Consejo de Europa aprobó el ingreso de dos nuevos países, Acerbayán y Armenia, y que llama la atención que en el caso de uno de ellos una de las condiciones previas para el ingreso en el Consejo fuera la abolición o por lo menos la moratoria de la pena de muerte, ello demuestra, afirma el Senador, como este es un tema clarísimo en Europa pero que sin embargo es un asunto en discusión en Estados Unidos.
El compareciente señor Martínez pasa a responder a las preguntas de los señores Senadores indicando: Primero. En cuanto a la concepción de la pena de muerte en Estados Unidos afirma que ésta es un negocio, porque le supone al Estado un coste de alrededor de los dos millones y medio de dólares para un conjunto de procesos que giran en torno a la pena de muerte y que, sin embargo, una cadena perpetua podría decirse que sale por unos quinientos mil dólares, luego, por lo tanto, los fiscales, a juicio del compareciente, prefieren sentenciar a muerte porque ello mueve más dinero; Segundo. La sociedad norteamericana, afirma el compareciente, es la más violenta del mundo, es el país con mayor número de presos por habitante en todo el planeta; Tercero. El concibe la pena de muerte como una especie de venganza puesto que, ejemplifica con afirmaciones, al parecer efectuadas por un fiscal norteamericano que, ante la muerte natural de un condenado a muerte, llegó a decir a la prensa: «la muerte nos robó la justicia». Ha habido en Estados Unidos, señala, desde el punto de vista social, un 78 por ciento aproximadamente de población favorable a la pena de muerte, pero las últimas encuestas demuestran que está en torno a un 60 por ciento y sigue bajando el número de ciudadanos a favor de la pena de muerte en Estados Unidos, sobre todo cuando se observan los errores judiciales, como afirma, en el caso de D. Joaquín José Martínez; Cuarto. Existen además problemas con los abogados, puesto que muchas veces los abogados buenos son costosísimos y ello redunda en las dificultades procesales de quienes no tienen medios; Quinto. Además de todo ello, el sistema de selección por votación de los jueces, fiscales o sheriffs de distrito hace que la justicia muchas veces se convierta en un asunto un tanto peculiar. En este orden de cosas, señala el compareciente, ellos han ido al Parlamento Europeo, volverán después, y han ido también al Senado italiano en su campaña a favor de su hijo y en contra de la pena de muerte. El compareciente manifiesta que resulta fundamental el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores en la información, puesto que en ocasiones se empieza por desconocer la pequeña ayuda mensual, cien dólares como máximo, que tienen los ciudadanos españoles presos en el extranjero, además de todo ello, hay casos de conmiseración y de pura ayuda humanitaria puesto que los presos obviamente son personas y el Estado podría intervenir para paliar sus situaciones miserables.
En referencia a la pregunta de la Senadora Vindel López sobre el ciudadano español J. M. señala que al parecer se trata de una persona con graves problemas mentales, sentenciado a muerte además por dos crímenes que, según parece, se cometieron con ocasión de una audiencia de conciliación en la que el implicado mató a su jefe y a una abogada embarazada. Por lo visto, se trata de un enfermo paranoico y que está abandonado a su suerte. La familia

Martínez, señala el señor Martínez, le entregó algo de prensa española y se interesó por él en su pueblo de origen, pero son conscientes de que es un caso muy complicado en el que la ayuda podría ser fundamentalmente de carácter humanitario puesto que se trata de un enfermo mental que bien podría ser ayudado a ingresar en un hospital penitenciario.

Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Fernando Alvargonzález San Martín, Director General de Asuntos Consulares y protección de los españoles en el extranjero del Ministerio de Asuntos Exteriores, y del Ilmo. Sr. D.
Arturo Reig Tapia, Subdirector General de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores. 19 de septiembre de 2000.

El señor compareciente agradece la intervención ante la Cámara y especifica que en su condición de miembros de la misma Dirección General intervendrá, en primer lugar, él mismo y a continuación, el Subdirector General de Asuntos Consulares, Ilmo. Sr. D. Arturo Reig Tapia. De modo que tras una primera intervención del propio Director General ésta será completada con otras manifestaciones por parte del Subdirector General de Asuntos Consulares.
Inicia su intervención el Director General de Asuntos Consulares refiriéndose a que son tres los temas fundamentales a los que se va a referir: En primer lugar, el fundamento legal de la intervención consular en el caso de españoles detenidos en el extranjero; En segundo lugar qué instrumentos tienen y qué instrucciones han dado a los Cónsules para proteger a los detenidos españoles; y en tercer lugar, cuál es la situación real de los detenidos en estos momentos.
En cuanto a la primera cuestión, referente al fundamento legal de la intervención consular española en el extranjero, señala que la normativa básica viene dada por el Convenio de Viena sobre relaciones consulares y, concretamente, sus artículos 36 Apartado b) y Apartado c). Esta norma contiene lo que son derechos del detenido: ser informado por las autoridades locales correspondientes a la Oficina Consular competente si el interesado lo solicita; cursar a la Oficina Consular cualquier comunicación del detenido sin demora; informar al detenido sobre los derechos que le corresponden; y en cuanto al Cónsul, éste ha de visitar a los detenidos, conversar con ellos y tratar de ayudarles a organizar su defensa; además de todo ello, estas prerrogativas han de ejercerse conforme a las Leyes y Reglamentos del Estado receptor. De estas reglas básicas deriva la actuación consular en la materia, que tiene, como es lógico, que responder a un equilibrio, no siempre fácil, entre ayuda al detenido y respeto al sistema jurídico, judicial y penitenciario del país de que se trate. También intervienen principios de Derecho Internacional, como el derecho a la no discriminación del detenido extranjero, según las condiciones penitenciarias locales, que deben en todo caso respetar un mínimo estándar internacional reconocido, así como el derecho a la intimidad del preso, que puede limitar la actuación consular.
Respecto de la segunda cuestión objeto de su intervención manifiesta el compareciente que hay unas 150 Oficinas Consulares a lo largo del mundo y que cuando no existen tales oficinas consulares españolas, por nuestra pertenencia a la Unión Europea, se aplica el Artículo 8 letra c) del TUE conforme al cuál todo ciudadano de la Unión Europea puede recurrir a otra embajada de países comunitarios.
Las instrucciones o principios a los que se ajustan estas instrucciones que reciben los cónsules son, con carácter general, las siguientes:
flexibilidad y adaptabilidad al caso concreto; inmediatez en el conocimiento que abarca desde el primer contacto, donde está, quién es, si es o no residente, si tiene o no abogado defensor, si desea que se le comunique su situación a la familia, etc.; visitas periódicas flexibles por ejemplo cada dos meses cuando el establecimiento penitenciario radica en la misma ciudad consular, a veces, señala el compareciente, esta visita se realiza a través de voluntarios españoles laicos o religiosos; informar al detenido de las diferentes noticias que deba conocer para arbitrar su defensa, por ejemplo, lengua, selección de defensor, información sobre el sistema jurídico, etc. Este es un punto en el que normalmente cuando hay reuniones de los cónsules de países comunitarios suele ser cuestión recurrente y parte ordinaria del orden del día.
Señala el compareciente que el objetivo principal es tratar de evitar situaciones de indefensión. El sistema de apoyo, a estos efectos, es muy diferente según se trate de uno o de otro tipo de países, así, por ejemplo, ejemplifica señalando como en países del tercer mundo la ayuda a veces es en especie --alimentos, ropas, medicinas, etc.
--; En otros casos se trata de dar ayuda, con el límite de los cien dólares mensuales, para gastos de bolsillo; otras veces se trata de conseguir cosas concretas y no fáciles de obtener; Y en otras ocasiones la ayuda consiste en la matriculación en centros de enseñanza a distancia o facilitando el acceso a esta clase de enseñanza. En fin, como señala el compareciente, se trata desde casos de extrema necesidad en los que las situaciones son dramáticas a otros en los cuáles hay que facilitar el acceso a la información, etc. El compareciente indica que hay países que son reticentes a suscribir convenios bilaterales sobre el cumplimiento recíproco de condena, puesto que aunque existen convenios, aproximadamente, respecto de sesenta países, no siempre es posible suscribirlos porque sigue presente la idea de que representan una cierta intromisión en su soberanía.
Interviene seguidamente el Subdirector General, Sr. Reig, quien inicia su comparecencia aludiendo al número aproximado de presos españoles en cárceles extranjeras, número que indica que es aproximado toda vez que es objeto de continuas fluctuaciones y que en estos momentos está en torno a 1.325 españoles sentenciados cumpliendo condena en cárceles de 59 países.
Esta cifra, indica el compareciente, variaría si no existiera una amplia red de convenios que ha permitido, en los últimos cuatro años, que más de 600 españoles hayan sido trasladados para el cumplimiento de condena en España. A continuación el compareciente se refiere a los países con mayor número de presos, de entre los cuáles destacan Francia, el Reino Unido o Marruecos y ejemplifica con los diez que tienen el número mayor de presos españoles. Señala que la inmensa mayoría de los españoles detenidos son personas que viajan y cometen

delitos en el exterior puesto que los delincuentes residentes son un número pequeño, comparativamente hablando. En muchas ocasiones, afirma el compareciente, el tipo de persona es de edad avanzada o persona con graves problemas económicos e incluso con enfermedades terminales cuya debilidad humana es aprovechada por los narcotraficantes.
A continuación el señor compareciente alude a las cantidades destinadas al apoyo a los españoles detenidos en el extranjero que fueron en 1998 de 92 millones, en el año 1999, 73 millones, y a 31 de agosto de 2000, 38 millones de pesetas.
Finalmente señala que el recurso a Oficinas Consulares de otros países europeos es bastante inusual.
En turno de intervención de Senadores el Senador Sesmilo i Rius, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, pregunta en qué consiste la intervención consular cuando hay orden internacional de captura de un presunto delincuente, asimismo, pregunta sobre las siguientes cuestiones: El derecho a la intimidad afecta a todos, incluido el detenido si es menor; Los detenidos en masa cuando se trata por ejemplo de detenciones con ocasión de algaradas, de partidos, etc. ¿Hay también refuerzo en estos casos de las autoridades consulares?; En el asunto C. ¿se sabe protegido el ciudadano español fuera?; En cuanto al traslado de presos, ¿qué sucede en supuestos de doble evaluación de pena por un mismo delito?; ¿Está prevista la ayuda en Euros?; Es posible saber el listado, finaliza el señor Senador en su turno de preguntas, de los presos cuyo último domicilio ha estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, sobre todo, si hay conocimiento de un caso detectado referente a una chica de Badalona que se encuentra al parecer presa en Tailandia.
El Senador Agramunt Font de Mora, del Grupo Parlamentario Popular, pide a los comparecientes un listado en el que se distribuya a los diferentes presos españoles en cárceles extranjeras según sean residentes en España o no.
El Senador Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, interviene para efectuar una serie de consideraciones en relación con lo expuesto por los señores comparecientes.
El Senador Aurrekoetxea Bergara, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tras efectuar una serie de consideraciones, pregunta ¿cómo se vería desde la Dirección General de Asuntos Consulares una visita con los medios de comunicación social a lugares donde hay presos en países extranjeros? El Senador Solé i Tura, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, indica que hay 1.325 presos españoles en estos momentos y sobre 600 repatriados, y pregunta si hay alguna pena por cadena perpetua en algunos de los países extranjeros, como por ejemplo, Malasia, y ¿qué sucede en estos casos? Pregunta también cuáles son las condiciones de las cárceles habitualmente; igualmente pregunta cómo se seleccionan los repatriados y cómo cumplen las penas aquí en España. Por último, finaliza su intervención inquiriendo qué países de origen controlan de algún modo el cumplimiento aquí de la pena restante.
El Senador Caballero Moya, del Grupo Parlamentario Socialista, inicia su intervención reflexionando sobre si además de las instrucciones no existen propiamente normas de más rango, quizás, por huir de un reglamentarismo que puede tener sus ventajas pero también sus inconvenientes. Tras esta afirmación, pregunta las siguientes cuestiones:
Es tónica general la colaboración contractual con el Ministerio en sustitución de los cónsules en esta materia; Si pudiera obtenerse un listado por Comunidades Autónomas o por provincias de los presos españoles en el extranjero; Si existen países con convenios en negociación con respecto a los cuáles exista alguna necesidad urgente; Cómo se puede mover una persona que esta interesada por estas cuestiones desde España; y por último, si es la nacionalidad el único requisito para la ayuda por parte de España y si existe o no agilidad en los trámites del traslado.
La Senadora Camilleri Hernández, por el Grupo Parlamentario Popular, inquiere cuál es el tiempo de información a la Oficina Consular conforme al Convenio de Viena; Asimismo pregunta si hay problemas de algunos cónsules en encontrar un abogado para quienes se lo soliciten; Si la visita obligada cada dos meses se cumple; si se da publicidad a las penas superiores respecto de tráfico o consumo de drogas en otros países; Si hay reticencias de algunos países por suscribir convenios que permitan el traslado de presos; Si hay actualización de los listados de presos españoles en el extranjero; Si se presta especial atención a los presos en situaciones delicadas; Si hay suficiente dotación presupuestaria para las Oficinas Consulares; y también, por último, solicita el listado de países objeto de posible visita en caso de presos con situaciones especiales.
Interviene el Director General de Asuntos Consulares para responder a los Senadores que han efectuado diversas preguntas indicando que, evidentemente, existe una aparente contradicción pues, a veces, los cónsules tienen que proteger fuera de España a personas que, en España, tendrían la condición de perseguidos, por eso, habla del difícil equilibrio ejemplificado en esta clase de situaciones; En cuanto al detenido menor de edad inmediatamente se contacta con quienes tienen la patria potestad; respecto de las detenciones masivas expresa que obviamente los espectáculos de alto riesgo y las situaciones de alta complejidad dan lugar a refuerzos especiales, contactos entre policías y especial atención consular, a este respecto, matiza el Subdirector General Sr. Reig que, con ocasión de la reunión del FMI en la Cumbre de Praga y, a tenor de las previsiones de incidentes, hay un reforzamiento de la Embajada en Praga y una especial atención para tratar de ayudar en la identificación de las personas que van a ser expulsadas, así como también, en los casos en que pudiera haber imputación penal si hubiera indicios de comisión de delito, de modo que la Embajada está preparada para actuar.
Se refiere también el compareciente a la intervención de la Embajada española en Méjico y posteriormente de la Embajada española en Washington para ayudar en el trato al ciudadano español C., y la queja manifestada al respecto.
El compareciente alude a la cuantificación en euros de la ayuda que no tiene ningún problema puesto que consistirá en una aplicación general de la normativa referente a la entrada en vigor del euro.


En cuanto a las situaciones de traslado y al cumplimiento en España de las penas pendientes indica que los presos suelen conocer fenomenalmente bien las posibles distorsiones y los beneficios o desventajas que suponen los cambios de un país a otro. Indica que como aquí no hay cadena perpetua hay que estar a las disposiciones que prevea el correspondiente convenio bilateral y después, a lo establecido respecto de la adecuación de la pena restante por las autoridades judiciales españolas.
Se refiere a que en el traslado de los presos confluyen tres voluntades, el implicado, el Estado receptor y el Estado de nacionalidad del preso.
En cuanto al número de personas detenidas por Comunidades Autónomas, sexos y condición de residente o no en el extranjero manifiesta que no pueden dar listados nominales puesto que hay que garantizar el derecho a la intimidad de estas personas; eso sí indica el compareciente que en la ultimísima nota respecto del número de españoles presos hay 1.233 presos españoles en cárceles extranjeras de los cuales 232 tenían la consideración de residentes en el extranjero y 901 eran ciudadanos españoles de viaje por el extranjero. Respecto de los países que tienen una situación más delicada por cuanto son los que albergan en sus cárceles a españoles condenados a muertes señala que éstos son el Yemen, donde hay un ciudadano español por matrimonio y que está acusado de un delito contra la seguridad del estado, respecto del que hay toda una serie de gestiones en marcha para intentar evitar el cumplimiento de la condena a muerte; el ciudadano español J. M. en Estados Unidos y también el que estuviera en el corredor de la muerte, ciudadano Martínez que, afirma, como es bien sabido, ya no se encuentra en dicha situación. En cuanto al señor J. M. señala que se trata de un ciudadano que ha recuperado la nacionalidad española recientemente. Por último, el señor compareciente en cuanto a la respuesta a la pregunta sobre la oportunidad de los viajes señala que ellos tienen poco que decir pero que pueden aportar toda clase de antecedentes, datos, información, etc. para facilitar los viajes si es que SS. SS. deciden hacerlos y en cuanto al posible acompañamiento de medios de comunicación social señala que habría que avisar a las autoridades locales para que conocieran y en su caso aceptaran este evento.
El compareciente señor Reig afirma que no hay problemas jurídicos respecto de los medios de comunicación social pero siendo eso así sí tiene dudas respecto de que países tercermundistas puedan ver como algo perfectamente normal la asistencia de medios de comunicación social. Por tanto, la clave está en los propios detenidos que lo autoricen y en las autoridades locales que no manifiesten sus reticencias al respecto.
Los comparecientes aluden a que en el caso del ciudadano con pena de muerte no es posible su traslado pero sí en casos de cadena perpetua al tratar de traer aquí al ciudadano español conforme al correspondiente convenio.
Hay otros casos, afirman, muy especiales puesto que en alguna ocasión los implicados no quieren volver para no tener antecedentes en España.
En cuanto a la regulación por reglamento u otra clase de norma de las funciones consulares señalan los comparecientes que fijar lo que se puede o no hacer por parte de un cónsul mediante ley puede ser complicado y que es un tema pendiente y objeto de debate.
Se refiere en esta materia a la existencia del Reglamento de la carrera consular aprobado en 1900 y que contempla las obligaciones fundamentales de protección consular.
Respecto a la ayuda instrumentada a través de religiosos señala que sobre todo en Sudamérica y Africa, en el Congo, Ruanda, Burundi, etc. no es habitual pero sí eficacísima. Se trata siempre de ayudas insustituibles las que prestan este tipo de personas pertenecientes a órdenes o a grupos religiosos.
Asimismo, el señor Alvargonzález se refiere a la labor que realizan algunos cónsules honorarios al respecto.
En cuanto a aquellos países en los que es complicada la realización de un convenio bilateral por diferentes razones los comparecientes se refieren a las negociaciones con I. que parece que no ve con los mejores ojos llevar a cabo esta clase de convenio por considerarlo de alguna forma una cierta injerencia en su soberanía y otro tanto sucede, afirman, con F. o con la R. D. donde también hay cierta susceptibilidad en estos asuntos, por las razones apuntadas u otras.
Por lo que se refiere a las ayudas de las familias en España ellos suelen hacer de enlace y a veces hacen el camino a la inversa a través de ellos y el cónsul.
Respecto de si es posible extender esta clase de protección a no nacionales afirman los comparecientes que no, puesto que la nacionalidad es el criterio esencial para cubrir esta clase de protección.
Señalan los comparecientes que hay siempre en el Ministerio una guardia las veinticuatro horas del día a cargo de un diplomático para tratar de atender inmediatamente cualquier contingencia.
Asimismo aluden a la existencia en ocasiones de algunos problemas por el reconocimiento de la autoridad correspondiente a la tarea consular; Se refieren también a ciertas dificultades de algunos traslados desde el país en el que se encuentra el preso hasta España y a cómo los cónsules tienen un listado de abogados para tratar de proporcionarlo a aquellos ciudadanos españoles que así lo necesiten. Respecto del cumplimiento de las condenas aluden a que este es un tema que se tratará de forma extensa y detallada por el siguiente compareciente perteneciente al Ministerio de Justicia.
En cuanto a la información preventiva señalan ellos que en Internet existe una información general sobre este tipo de situaciones incluyendo posibles penas al consumo o al tráfico de drogas, por ser estos los delitos de mayor incidencia. También responden que efectivamente existe una especial atención para personas con dificultades lo que ejemplifican con algún supuesto.
En materia de presupuesto en la Dirección General consideran que éste de 650 millones de pesetas es suficiente y que por lo tanto el capítulo está perfectamente atendido.
Respecto de la información de origen no siempre las autoridades lo hacen convenientemente a veces porque se trata de países con un desarrollo no muy amplio.
En cuanto a los viajes indican que existen efectivamente opciones muy interesantes como pudiera ser la de

Marruecos que es un lugar que por su cercanía y sus especificidades tienen buen número de presos españoles y con una problemática muy compleja. Se refieren también a Sudamérica, a la Unión Europea y a Estados Unidos atendiendo a las preguntas de los señores Senadores.
Por último, en relación con esta comparecencia la Senadora Vindel López solicita una estadística actualizada con la pormenorización indicada respecto de Comunidades Autónomas, delitos, residentes, no residentes, personas penadas o personas en situación de prisión provisional, personas con sentencia o en expectativa de sentencia, etc.

Comparecencia de D. Jesús Alarcón Bravo, Subdirector General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia. 19 de septiembre de 2000.

El señor compareciente indica que está a disposición de SS. SS. y acto seguido se refiere al procedimiento y expedientes de traslado de personas condenadas puesto que ésta es, esencialmente, su competencia.
Indica el señor Alarcón que España es uno de los países que primero ratificó el Convenio Multilateral europeo de traslado de personas condenadas de 1983, número 112 del Consejo de Europa en 1985 y el Convenio de 1987 que fue ratificado en el año 1996, además de los artículos 67, 68 y 89 del convenio de Schengen. De este modo, sigue el compareciente, en virtud de los tratados multilaterales de ámbito europeo y de los 17 tratados bilaterales suscritos con diferentes países del mundo hay un total de 63 países con los que existe un sistema contractual para el cumplimiento de condenas en territorio español.
El Convenio Europeo sobre valor internacional de las sentencias penales que solamente ha sido ratificado por diez países, uno de ellos España, ha sido aplicado en dos ocasiones frente a las casi 2.000 en que se ha aplicado el convenio de traslado de personas condenadas.
En relación con estas materias señala el compareciente la singularidad que permite el cumplimiento de condena en países de la Unión Europea que no sean el propio.
Seguidamente el compareciente alude a diferentes supuestos como por ejemplo la situación pendiente de renegociación del convenio con U. La R.
D. indica, no tiene demasiado interés puesto que le gustaría tratar de excluir del convenio bilateral los delincuentes por materia de droga.
Está pendiente también la suscripción del oportuno convenio bilateral con R.; Hay países africanos como por ejemplo E. y otros asiáticos como T. en los que existe una fuerte penalización por la posesión de cantidades pequeñas de droga de modo que el mecanismo penitenciario hace que las personas sentenciadas por este tipo de delito pasen de pena de muerte a condenas de larga duración, sobre 50 años, que quedan al final en torno a unos 20 años reales de condena; En este caso, señala el compareciente, hay en torno a 20 o 21 personas españolas que han podido ser trasladadas a España teniendo cadena perpetua; El compareciente se refiere a la adaptación de este tipo de condena al marco del vigente Código Penal español; e indica al respecto que conforme al artículo 65.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo que es la adaptabilidad de este tipo de condenas de españoles presos de cárceles extranjeras y con sistemas de penas foráneos pero que ello no impide que en algunas ocasiones haya algunas cuestiones interpretativas entre esta previsión de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los jueces de vigilancia penitenciaria. Se refiere el compareciente a que en materia de extradición o de auxilio judicial en el caso de las comisiones rogatorias se aplica el principio de reciprocidad implícitamente, en la práctica; él sólo conoce un caso, cita, en que la Audiencia Nacional pidió la acreditación del principio de reciprocidad con Rusia.
En el campo de personas condenadas, sigue el compareciente, no se usa el principio de reciprocidad, pero el proyecto de ley de cooperación jurídica internacional en su artículo 45.3 sí lo admitía.
El compareciente se refiere al incremento de casos y de expedientes desde el inicio de la aplicación en 1985 del correspondiente convenio, concretamente señala que en 1983 hubo ocho supuestos de los cuáles cinco eran extranjeros que estaban en España y tres eran de otros países. En el año 1990, sigue en el uso de la palabra el señor Alarcón, de los 38 casos 29 eran extranjeros y 6 españoles. En los dos últimos años ha habido, indica, 230 casos en los que el Consejo de Ministros autorizó el traslado, con lo que se está igualando o incluso superando el número de españoles que quieren venir.
El señor Alarcón manifiesta que el número de extranjeros presos en cárceles españolas es importante, en torno a 8.500 personas, y siguiendo con estos datos indica que el total de traslados desde 1983 a la actualidad ha sido en torno a 1.300 de los que, aproximadamente, la mitad corresponden a extranjeros y la otra mitad a españoles.
Precisa el compareciente que el número de solicitantes españoles en el extranjero en los cuatro últimos años ha sido de 150 en Portugal, 65 en Marruecos, de los cuáles todos ellos han sido ya trasladados, 40 en Argentina y 38 en Venezuela.
Asimismo, manifiesta el compareciente que la petición de solicitudes para cumplimiento de pena en otros países es variable en función de los países. Por ejemplo, Marruecos que tiene casi 2.000 presos en las cárceles españolas no suele ser un país al que se solicite el traslado por sus nacionales presos en España; El compareciente también se refiere a los españoles en prisiones extranjeras indicando que hay 23 países con cuatro o más presos españoles en sus cárceles. Sin embargo, hay algunos países en los que existe un número mayor de presos españoles, como por ejemplo Francia, Alemania, Portugal, Marruecos, Estados Unidos y Colombia.
Se refiere el compareciente a que los preventivos no pueden solicitar el traslado como tampoco pueden aquellos presos a los que les quedan menos de seis meses de condena.
Holanda, indica el compareciente, es el país donde más extranjeros han solicitado ser enviados. Mientras que al país que menos extranjeros solicita el envío es el Reino de Marruecos.
A continuación el compareciente alude al número de españoles presos en diferentes países teniendo en cuenta que se trata de aquellos con mayor número de presos españoles,

en este sentido se refiere a Marruecos con 76 presos españoles en total, sobre 49 solicitudes de traslado y 65 que ya se han efectuado en los dos últimos años; en Francia hay un total de 288 solicitudes de presos españoles en las cárceles de los cuáles hay 13 solicitudes de traslado; En Alemania, 156 presos y ha habido cinco traslados. Holanda es un país en el que por razones de períodos de condena suelen solicitar el traslado los nacionales de tal país en España; Por el contrario, en Marruecos por razones socioeconómicas es, como ya ha indicado el compareciente, uno de los países a los que menos se solicita el traslado. En cuanto a los españoles presos fuera de España hay en Iberoamérica numerosas peticiones de traslado, lo que se explica por las terribles condiciones de la mayor parte de las prisiones de esa parte del continente americano.
En materia de procedimiento se refiere el señor Alarcón a que éste no se encuentra regulado de una manera específica y uniforme sino que se efectúa mediante una interpretación analógica desde hace 15 años de la fase gubernativa del procedimiento de extradición. Sintéticamente este procedimiento consiste en lo siguiente: Solicitud de la persona que se encuentra presa, cumplimiento de los requisitos en el país de origen, verificación de tales requisitos en España en cuanto país de destino y a través del Ministerio de Justicia, elevación de la propuesta para la correspondiente autorización del Consejo de Ministros, autorización del Consejo de Ministros y posteriormente comunicación al Tribunal sentenciador. El órgano jurisdiccional a quien le corresponde atender, una vez ya se encuentran los presos en territorio español, a los temas de ejecución del resto de condena pendiente es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La antigua proposición de ley de cooperación jurídica internacional sí regulaba el procedimiento estableciendo que después de la solicitud del preso en el extranjero era el Ministerio de Justicia a quien correspondía considerar pertinente o no el traslado y, de no hacer uso de esta facultad, remitir lo actuado a la Audiencia Nacional que, tras oír al Ministerio Fiscal, resolvería por auto si acepta o no el traslado.
En turno de preguntas de Senadores intervino la Senadora Camilleri Hernández, del Grupo Parlamentario Popular, quien efectuó una serie de observaciones a lo expuesto por el compareciente y acto seguido la Senadora Vindel López, del mismo Grupo Parlamentario, quien preguntó concretamente por las razones por las que existiendo convenio bilateral con Egipto no se había resuelto la venida a España de un ciudadano español de origen gallego en prisión en dicho país; la misma Senadora inquiere cuál es el tiempo usual en caso de acuerdo de las tres partes implicadas en esta materia; pregunta, asimismo, cuál es la regulación legal de los traslados; qué número de solicitudes de traslado están en tramitación y, por último, si se podrían ahorrar, a juicio del compareciente, trámites burocráticos.
Interviene el Senador Sesmilo i Rius quien también agradece la información exhaustiva proporcionada por el señor Alarcón y a continuación el Senador Agramunt Font de Mora quién también pregunta qué pena es la que se cumple en España, si la impuesta en origen y la adaptación de la pena de común acuerdo o de motu propio en España; El mismo Senador solicita también respuesta en lo referente a si es posible instar al Gobierno español para que inicie un procedimiento de retorno a España para cumplimiento de condena.
El Senador Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, pregunta si el compareciente puede proporcionar un expediente completo en esta materia y asimismo, cuál es el nivel de atención humanitaria a los presos.
El Senador Aurrekoetxea Bergara, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, solicita del compareciente que si es posible remita su exposición por escrito. A lo que responde el señor Alarcón que así lo efectuará.
El Senador Solé i Tura, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, pregunta qué sucede cuando la persona que retorna para cumplimiento de resto de pena en una cárcel española está condenado a cadena perpetua y, acto seguido, cuál es el porcentaje de detenidos por delitos relacionados con la droga.
El Senador Caballero Moya, del Grupo Parlamentario Socialista, se suma a la pregunta efectuada por la Senadora Vindel López y añade, como pregunta propia, cuál es el plazo de demora media para tramitación de un expediente de este tipo por la Administración española; asimismo, solicita respuesta sobre el procedimiento de ingreso en centros y la clasificación del penado.
La Senadora Camilleri Hernández, del Grupo Parlamentario Popular, pregunta el tiempo medio que existe entre la solicitud efectuada por un preso español en una cárcel extranjera y el momento en el que se efectúa el traslado efectivo; asimismo, pregunta cuál es el promedio de solicitudes que llegan a buen término.
El compareciente señor Alarcón interviene en un turno de respuesta a las preguntas efectuadas por los señores Senadores indicando que respecto del planteamiento acerca de la aplicación del convenio bilateral con Egipto, en un principio se excluyeron los delitos relacionados con la droga y que después, una vez se negoció el convenio, se incluyeron todos ellos; A pesar de ello, manifiesta el compareciente, Egipto dice que hay una norma de orden público en el caso comentado que impide la tramitación normal del procedimiento de retorno a España. Por lo que se refiere al tiempo mínimo que dura un expediente o tiempo promedio para ser más exacto, indica que son unos ocho meses. La causa de esta duración es la intervención de diferentes administraciones y de diferentes fases procesales: Sentencia, comunicación de sentencia, delimitación judicial de la condena, etc. Remisión de todos estos documentos al país de cumplimiento, información, tras la acreditación de la nacionalidad, de la legislación aplicable al caso, intervención del Ministerio de Justicia, traspaso del Ministerio de Justicia al Ministerio de Asuntos Exteriores, en los casos de convenios bilaterales, Consejo de Ministros, Ministerio del Interior, Interpol, etc. Señala al respecto el compareciente que la intervención del Consejo de Ministros no suele tardar más de quince días pero que muchas veces la lentitud se produce en el ámbito de la administración judicial de otros países, hasta el punto de que en ocasiones es necesario proceder a recordatorios a los jueces que intervienen

en la materia. En cuanto al traslado de los presos, por ejemplo, señala que el traslado desde Francia puede llevar unos dos años y medio, que se puede decir que no es nada; Indica igualmente, en respuesta a otro de los Senadores, que los expedientes de traslado son aproximadamente 200 y hay en torno a 460 solicitudes; También en respuesta a otro Senador manifiesta que la Interpol suele hacer los traslados en torno a unos 20 días o algo más; En respuesta al sistema de penas indica que hay dos grandes sistemas contenidos o regulados en los artículos 9, 10 y 11 del convenio de traslado de personas condenadas: En primer lugar, la prosecución de condena que es el que tiene España y que significa que desde que llega aquí se aplican las normas españolas, es decir, Código Penal y Ley General Penitenciaria, pero no hay reconversión. Luego se cumple la pena impuesta fuera, con arreglo a las normas de ejecución españolas. En segundo lugar, el sistema de conversión conforme al cuál es el juez el que determina la continuación o el sistema de pena. También en contestación al procedimiento por el que se insta este sistema de cumplimiento de condena en el país de origen señala que puede solicitarse desde aquí o desde fuera pero que es más rápido solicitarlo desde allí.
En respuesta a la solicitud de un Senador manifiesta que remitirá un expediente tipo siempre a salvo las cuestiones referentes a la personalidad de los sujetos implicados. Responde también a las dificultades que entraña en ocasiones en estos procesos el sistema de traducción y asimismo efectúa una serie de manifestaciones respecto de un español preso en Australia. En lo referente al porcentaje de delitos relacionados con droga señala que este gira sobre un 80 por ciento. En materia de solicitud y de denegaciones, expresa el compareciente que no hay jamás denegación por España, de hecho, señala ha habido un único caso, llevado a Consejo de Ministros dos veces, pero que al final terminó con el retorno aquí, a España, de la persona implicada.

Comparecencia de D. Joaquín Bravo, Presidente de la Asociación para la Ayuda a los Presos Españoles en el Extranjero (APEX). 20 de septiembre de 2000.

En su primera intervención el señor compareciente agradece explícitamente la moción de la Senadora Dª. Rosa Vindel López e indica que un asunto fundamental en esta materia es no olvidar a los familiares de los presos.
Señala cuáles son los objetivos básicos de su asociación desde el respeto a los países y los sistemas, y que una de sus metas consiste en informar a los presos de los beneficios sociales que tienen en España. Alude el compareciente a que el problema principal es que los cónsules hacen su labor pero a veces la propia distancia impide que esta se efectúe como sería más conveniente. Además, indica, si un cónsul no asiste a una prisión no hay sanción alguna. El problema, precisa el señor Bravo, quizás es que se les pide a los cónsules una labor de asistencia social, y en esta labor el resultado depende de la buen voluntad de cada uno; Seguramente, manifiesta el compareciente, la intervención de ONGs sería más conveniente para que este sistema funcionara bien. En otro orden de cosas manifiesta el compareciente que si bien la defensa gratuita no tiene sentido, sí lo tiene garantizar el derecho de defensa a los españoles que se encuentran presos en cárceles extranjeras.
En turno de preguntas de señores Senadores intervienen el Senador Sesmilo i Rius, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, quien pregunta que sucede con los detenidos por causas que en España no constituyen delito y también pregunta por cuál es la actitud de las autoridades españolas. El compareciente señor Bravo responde que el número total de detenidos sólo lo conoce en realidad el Ministerio de Asuntos Exteriores y que ellos tienen constancia de unos mil doscientos y pico, de entre los cuales ellos tienen correspondencia con unos trescientos cincuenta y entre ello no hay ningún caso como el que plantea el Senador. Además, señala, por otra parte, que cada país tiene un propio sistema penal y penitenciario.
El Senador Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, efectúa una serie de preguntas sobre el origen de esta asociación, la clase de ayudas que recibe, cómo se ayuda a los familiares y a los presos, y cuál es la estructura de la asociación. El compareciente señor Bravo explicita que la asociación APEX nació hace dos años y medios constituida por tres abogados y tres periodistas que viendo la información en prensa idearon este modelo de asociación para ayudar a los españoles en el extranjero, presentaron los Estatutos y en el año 1998 empezaron a funcionar, han pedido apoyo, manifiesta el compareciente, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pero su actividad no encaja exactamente en los diferentes y numerosos programas de este Ministerio y de la Secretaría de Estado para Asuntos Sociales, razón por la cuál intentaron buscar ayuda de la cooperación internacional española pero técnicamente tampoco encajaban en este tipo de ayudas, por lo que se dirigieron a las Comunidades Autónomas y de ellas, sólo Murcia respondió, y ellos pretenden que haya una respuesta más globalizada de las Comunidades Autónomas. Sigue en el uso de la palabra el compareciente quien expresa que han visitado las cárceles de la República Dominicana, Costa Rica y Panamá donde contactaron tanto con los presos como con los cónsules. Este año, expresa el compareciente, Castilla-León se ha sumado a las ayudas y ellos tienen previsto ir a visitar cárceles en Ecuador. En sus viajes suelen llevar bibliotecas, material sanitario y también otro tipo de ayudas directas. Siguen también tratando de incorporarse a los programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional y continúan intentando la inscripción en los registros de asociaciones de Comunidades Autónomas. Respecto de los familiares expresa que son el núcleo normal de apoyo a la asociación y que por lo tanto este es el elemento básico de potenciación de sus funciones. El compareciente manifiesta que sería muy conveniente el plantear como recomendación de esta Ponencia la extensión del Plan de Ayuda a exreclusos también a los españoles presos en prisiones de países extranjeros. Finaliza la respuesta al señor Senador expresando que un alto porcentaje de delitos tiene relación con las drogas y que, en muchos casos, este es el primer delito que cometen las personas que se encuentran en países extranjeros.
Interviene la Senadora Vindel López quien agradece la presencia del compareciente e indica que esta Ponencia,

entre otros factores, se creó para viajar y tratar de ver in situ aquellos casos donde la existencia de presos españoles en el extranjero es más dramática. Por ello, a la vista de la experiencia de APEX, pregunta qué lugares serían convenientes visitar por su problemática y se refiere también a la situación de una española presa en Pakistán así como a qué sugerencias o recomendaciones efectuaría el señor Bravo. El señor Bravo expresa en respuesta a la Senadora que cuanto peor es el país, peor se encuentra la situación carcelaria. Por lo tanto, en cualquiera de las cárceles donde la diferencia de lenguaje, cultural o socioeconómica es mayor paralelamente la situación de la cárcel es peor. En este sentido abunda en su razonamiento indicando que en las prisiones europeas la situación es algo mejor que en las americanas. Sobre la española presa en Pakistán, de origen balear, según parece, está a punto de dar a luz y ellos contactaron con la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno Balear que se comprometieron a acompañar a los familiares para tratar de traer al menor a España. Ha intervenido, expresa, el Defensor del Menor y el Consell Insular de modo que ya está en esta cuestión la familia y la Administración Balear, además de otro tipo de autoridades. Finaliza su respuesta en materia de sugerencias refiriéndose a la conveniencia de suscribir convenios entre ONGs y asociaciones de presos para la colaboración social de ayuda a estas personas; asimismo se refiere a la conveniencia de incrementar la dotación de la Dirección General de ayuda a españoles en el exterior y, por último, también a la conveniencia de no hacer depender de los cónsules exclusivamente esta clase de asuntos.
El Senador Solé i Tura, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, pregunta, sumándose a otras preguntas de la Senadora Vindel López, si tiene relaciones recíprocas la asociación APEX con entidades en algunos países. El compareciente señor Bravo señala que han tenido algún contacto con españoles en el extranjero por ejemplo, Consejos de residentes de las colonias españolas y que ellos intentan acercarse a casas de España también para que ayuden en este tipo de cuestiones aunque, manifiesta que quizás no es el mejor método. Indica igualmente que han tenido contactos con ONGs locales pero que no es fácil aunque sí han encontrado facilidades respecto de autoridades penitenciarias en Perú y Panamá.
El Senador Caballero Moya, del Grupo Parlamentario Socialista, pregunta si APEX considera necesaria una regulación de la asistencia y que ésta no dependa exclusivamente de la voluntad de los cónsules; Asimismo, inquiere si los convenios son homogéneos y, si no lo son, pregunta si ello no complica los traslados; Por último pregunta si no tienen fondos cómo se subvenciona la actividad esta organización y finaliza inquiriendo si hay alguna otra ONGs o asociación que se dedique a estos temas. El señor Bravo expresa en que coincide en la conveniencia de que haya una normativa que regule la intervención consular. En la práctica, afirma el compareciente, no se aplica por ejemplo la normativa respecto del libro de visitas. Expresa que cuanto más convenios se suscriban se podrán hacer más cosas. Indica que su organización no percibe emolumentos por su actividad puesto que sólo cobran unas cuotas de asociado lo que ha provocado que en el primer año de vida de la organización tengan déficit y en el segundo año merced al convenio con Andalucía que les sufragó con tres millones o el convenio con la Junta de Extremadura que les dio dos millones o con Murcia que les dio una cantidad en torno al millón, esto permite que, unido a las aportaciones de los fundadores, ellos puedan haber funcionado con cierta confortabilidad; se refiere al conocimiento de la Fundación Ramón Rubial aunque no hay acercamiento en España pero sí trabajos fuera de España, sin perjuicio de que, indica, la Fundación Ramón Rubial tiene junto a su objetivo esencial otros objetivos políticos. Afirma el compareciente que no conoce otras ONGs.
Interviene el Senador Aurrekoetxea Bergara, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, quien pregunta más detalles sobre la actividad de APEX. El señor Bravo responde al Senador que, por ejemplo, su asociación participa en lo que son solicitudes de prisión en España, igualmente se refiere a otra de las cuestiones manifestadas por el Senador indicando que los expedientes de traslado suelen durar en torno a un año y medio y siempre cuando hay sentencia firme, de modo que en total suelen llevar desde el momento de la solicitud hasta la efectividad del traslado un promedio de tres años; en cuanto a la ayuda familiar señala que ellos llegan hasta donde pueden pero que sería muy conveniente el tener ayuda de todas las Comunidades Autónomas.
El Senador Solé i Tura, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, inquiere sobre una serie de materias a las que responde el señor Bravo manifestando que los ciudadanos españoles presos fuera proceden de diversas partes del territorio español y que la oficina de información diplomática habla de en torno a unos 1.400 españoles presos en esta situación.
Por otra parte alude a que hay aproximadamente un número de unos 300 familiares de presos españoles en el extranjero que son socios aunque no siempre sean socios con cuotas actualizadas. El señor Bravo se refiere también a la conveniencia de efectuar acciones o medidas de política preventiva y en concreto manifiesta que ya se están haciendo cosas desde la Secretaría Nacional del Plan contra la Droga y en colaboración con la Fundación Ramón Rubial, quizás en la idea de prevenir se debería incidir en buscar otros sistemas preventivos.

Comparecencia de D. Esteban Beltrán, Presidente de Amnistía Internacional. 20 de septiembre de 2000.

El señor Beltrán agradece la bienvenida que le han manifestado e indica su satisfacción de encontrarse de nuevo interviniendo como experto ante una Ponencia como ésta. A continuación se refiere al sistema carcelario exterior aludiendo a cómo, por ejemplo, en las cárceles de Brasil sólo una de 35 reuniría los estándares internacionales penitenciarios mínimos, dicho esto, se centra en los españoles condenados a muerte en el extranjero de los que excluye a Joaquín José Martínez puesto que ya no es, técnicamente, un condenado a muerte, en este sentido se refiere a otro español condenado a muerte en Florida cuyas iniciales responden a las letras J. M. y también a otro español cuyas siglas

de las iniciales son N. M. que se encuentra en el Yemen y enumera diferentes detalles en relación con ambas personas.
En turno de Senadores interviene el Senador Saavedra Acevedo, del Grupo Parlamentario Socialista, quien inquiere si el compareciente conoce datos sobre el procedimiento penal en Estados Unidos en la fase en que se encuentra uno de los españoles condenados a muerte; En este orden de cosas el señor Senador pregunta si se trata únicamente de aceptar el estado de enajenación mental o se encuentra el procedimiento en otro momento procesal. En este mismo orden de cosas el Senador Saavedra Acevedo se refiere a la actuación ejemplar del cónsul de España en Miami.
Toma la palabra el Senador Aurrekoetxea Bergara, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, quien pregunta por las condiciones generales de reclusión en Estados Unidos y en Yemen. A continuación la Senadora Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular, da la bienvenida y agradece la presencia del señor Beltrán, especialmente teniendo en cuenta que acaba de regresar de un viaje de trabajo. La Senadora se congratula de haber sido ella misma quien dio el pasado julio la noticia de la conmutación de la pena de muerte de Joaquín José Martínez al señor Beltrán. La Senadora indica que confía en visitar a los españoles presos y condenados a muerte en cárceles extranjeras y tiene la esperanza de que no se produzca ningún efecto bumerán. Termina la intervención la señora Senadora manifestando ya los antecedentes de la Cámara en contra de la pena de muerte, como fue la declaración institucional del Senado respaldando las actuaciones de la Unión Europea para incluir en la Asamblea General de Naciones Unidas la moratoria universal en la ejecución de penas de muerte.
Interviene el Senador Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, quien se refiere a la falta de garantías procesales en ciertos países y pregunta si hay delegación o contactos con países donde hay presos españoles por parte de la organización del compareciente.
El Senador Sesmilo i Rius, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, interviene para manifestar que la lucha contra la pena de muerte es un compromiso de A. I. y de todas las fuerzas políticas españolas.
El Senador Agramunt Font de Mora, del Grupo Parlamentario Popular, alude a la diferencia importante entre presos condenados y presos preventivos y se refiere a las escasas posibilidades de trabajo en relación con los segundos.
El compareciente señor Beltrán expresa en su intervención que se congratula de las resoluciones favorables en el caso de Joaquín José Martínez que permiten dedicarse a otros asuntos y acto seguido alude a la situación psiquiátrica del español J. M. como muy compleja puesto que no ha sido declarado inhábil ya que no quiere que su informe psiquiátrico se use como medio de defensa. Se refiere también a que en este caso la estancia carcelaria podría haber aumentado o incrementado su grado de deficiencia mental, lo que da paso al compareciente a referirse a la reducción en Estados Unidos de los presupuestos para abogados de oficio y a otra serie de características propias del sistema judicial norteamericano. Alude a las condiciones de reclusión muy diferentes pero que en ningún caso cumplen requisitos básicos de reclusión; por ejemplo señala como en algunas cárceles norteamericanas se usan grilletes, incomunicación, aislamiento, etc. mientras que, por el contrario, en Yemen las condiciones son de hacinamiento, deficientes condiciones sanitarias e higiénicas, tortura sistemática, etc. Luego, afirma, por diferentes razones, en ambos lugares no hay unas condiciones idóneas.
Alude a dos informes de Amnistía Internacional sobre Yemen y Estados Unidos que enviará a la Ponencia. Indica que los dos casos de los condenados a pena de muerte no son nada fáciles, señala como, en otro orden de cosas, en la Asamblea General de Nacional Unidas va a haber un debate importante sobre la moratoria de la pena de muerte y que sería muy interesante el que esta moratoria pudiera salir. Alude a una ONG francesa llamada Observatorio Internacional de Prisiones indicando que ellos tratarían de poner en contacto al Senado con ella y que tiene informes de todo el mundo sobre el sistema penitenciario. En cuanto a delegaciones señala que sólo hay dos casos en que las delegaciones nacionales pueden trabajar en casos concretos mientras que en los demás es en la central de Londres desde donde se trabaja en términos generales. Manifiesta que en América Latina aproximadamente el 85 por ciento de los presos están en situación preventiva y que hay un colapso de los sistemas judiciales; Amnistía Internacional, afirma, tiene un informe sobre las cárceles en Rusia y también sobre los presos en Estados Unidos. Asimismo señala que en Brasil hay un sistema de terribles condiciones carcelarias y otro tanto se puede decir del hacinamiento de los presos españoles en cárceles de Panamá. Señala el compareciente que no conocen casos de presos de conciencia españoles aunque existe el caso de un ciudadano de origen chino que vivió mucho tiempo en España y volvió a su país y ahora esta en la cárcel; sí hay gente vinculada a las guerrillas en Colombia y en Perú; asimismo, expresa, hay casos de personas defensoras de derechos humanos con doble nacionalidad.

Comparecencia de Dª. Isabel Miranda en su condición de Directora Gerente de la Fundación Ramón Rubial Españoles en el extranjero, acompañada por personas de su equipo. 20 de septiembre de 2000.

La señora Miranda comparece ante la Ponencia en compañía del señor Alarcón Director de Programas de la Fundación y del señor Hernando Asesor Jurídico de la misma.
La señora Miranda inicia su intervención agradeciendo la invitación a comparecer e indica que entregará una documentación a todos los Senadores sobre las funciones y características de la Fundación que gestiona.
La señora Miranda se refiere al programa de españoles en el extranjero y señala que colabora con la administración en detectar y poner los casos en conocimiento de la administración y, a su vez, ésta les aporta datos.
También se refiere a las campañas que han efectuado en colaboración con la administración española concretamente el Plan Nacional contra la Droga, todas ellas de carácter preventivo; asimismo, señala la compareciente que su Fundación

colabora en el terreno médico con Médicos del Mundo por ejemplo, facilitando la colaboración del desplazamiento de médicos con funcionarios de la Interpol cuando se trata de traer a España a un preso con condiciones sanitarias deficientes desde una cárcel extranjera; asimismo, colaboran, siendo esto lo más difícil, en el procedimiento de traslado para el cumplimiento de condena en España e indica que en ocasiones falta una partida de nacimiento y ello puede demorar hasta tres meses la realización del traslado, razón por la cuál es fundamental apoyar la agilización de trámites y la conducción de las personas desde la cárcel de destino al país de origen; señala la señora compareciente, que según su criterio, habría que tratar de agilizar la fase de clasificación en la Audiencia Nacional o donde corresponda. Con estos datos y con la documentación que entrega la señora compareciente indica que ha tratado de dar un resumen muy esquemático de la intervención de su organización en este tipo de actividades; En total, señala la señora Miranda hay unas 30.000 personas, los implicados y sus propias familias, relacionadas con este problema, por lo que alaba la creación de esta Ponencia y agradece la labor del Senado.
La señora Miranda propone que se estudie crear una Comisión Interministerial compuesta por representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior, Educación y Sanidad con el objetivo de tratar de facilitar las diferentes intervenciones administrativas en esta materia.
Interviene el Senador Aurrekoetxea Bergara, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que agradece la breve presentación y el apoyo documental entregado. El Senador Caballero Moya, del Grupo Parlamentario Socialista, agradece también la exposición y documentación y efectúa las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las quejas que les llegan sobre el funcionamiento de la Administración?, ¿Es pertinente la asistencia jurídica gratuita para este tipo de personas?, ¿Debería haber regulación específica sobre el papel de los cónsules en esta materia? El Senador Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, también agradece la presencia de la señora compareciente y señala que habrá que estudiar la documentación entregada pero afirma que sería de interés estudiar la posible regulación por ley de la asistencia al preso y a su familia, acto seguido el señor Senador pregunta: ¿Es posible la asistencia jurídica gratuita?, ¿Colaboran en el extranjero con otras organizaciones afines en lo político o en lo finalista? La Senadora Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular, efectúa las siguientes preguntas, tras agradecer la presencia de la compareciente: El 80 por ciento de los preventivos es alarmante sin embargo esta Ponencia se centra en los que están en condiciones de condena, respecto de lo cuál pregunta ¿Tienen estadísticas que distingan entre presos en una u otra situación?; ¿Existen países de los que se tengan constancia que presten asistencia jurídica gratuita a sus nacionales en el extranjero?; ¿Ustedes, refiriéndose a la compareciente, encajan en algún tipo de programa en que puedan nutrirse de fondos públicos?; Uno de los objetivos de esta Ponencia es visitar Yemen y Estados Unidos para ver a los españoles condenados a pena de muerte, a este respecto pregunta: ¿Qué cárceles por diversas circunstancias considera la compareciente que serían aquellas más penosas a las que procedería efectuar una visita de la Ponencia, en su caso?; Por último, felicita por la excelente idea de la campaña preventiva titulada «Lista de precios» puesto que es una idea muy buena en la política de prevención en esta materia.
Interviene la señora Miranda que solicita de la Ponencia le permitan responder ella a algunas de las preguntas y otras que serían contestadas por los señores Alarcón y Hernando, lo que así se efectúa. Responde al Senador Cámara Fernández sobre organizaciones afines en el sentido de españoles que entraron en contacto con ellos, bien directamente y así se han efectuado diferentes convenios, o bien a través de centros, incluso centros regionales, señala también que a veces hay ciertas reticencias de colaborar unos con otros cuando lo importante es unirse puesto que se tienen los mismos objetivos.
Toma la palabra el señor Alarcón, Coordinador directo de este programa, quien señala que muchas de las preguntas efectuadas por los Senadores tienen respuesta en el Informe que han preparado para esta comparecencia, caso de la asistencia consular o la asistencia jurídica en otros países.
Respecto de las quejas sobre el funcionamiento de la Administración española ellos creen que, fundadas en algunos casos, la mayoría lo son por la falta de regulación del papel consular puesto que la actuación de los cónsules queda diferida a la buena voluntad del cónsul de que se trate y a veces hay excelentes colaboraciones y en otros casos intervenciones de carácter muy crítico; Se trataría, señala el compareciente, de organizar la asistencia mínima como derecho personal y familiar; Otra queja que existe también en materia de intervención de la Administración se refiere a la falta de dinamismo en la tramitación de los procedimientos de traída de españoles de origen a cárceles españolas; En cuanto a la asistencia jurídica en otros países indica que formalmente la mayoría la reconoce pero materialmente, en Hispanoamérica y algunos europeos no es posible llevarla a cabo; Manifiesta el señor Alarcón que una delegación de su organización viajó a Marruecos, a Rabat y a Tánger y la situación, que ha mejorado muchísimo, tiene sin embargo una lacra que es la imposición de multas que supone arresto sustitutorio en caso de impago, sistema similar al francés, lo que hace que se ralenticen muchos de los trámites administrativos; Expresa el señor Alarcón la conveniencia de visitar objetivos claros y precisos y efectuar después una continuidad de seguimiento, en este sentido, alude a una visita hace algún tiempo que creó falsas expectativas e incluso algún resentimiento por parte de los visitados; En este orden de cosas expresa que sería interesante visitar el Ministerio de Justicia de aquellos países en los que puede haber convenio pero hace falta una agilización de los trámites ministeriales; Extendiéndose en este orden de cosas indica que, a su juicio, los lugares donde las visitas podrían ser más convenientes son Iberoamérica, concretamente Ecuador y sobre todo Quito, Venezuela, Perú y en otro orden de cosas Tailandia, todos los cuales tienen en común cárceles con grave riesgo para la integridad física de las personas que se encuentran en ellas.
Acto seguido interviene el señor Hernando quien se refiere a la asistencia jurídica gratuita que ya estuvo contemplada

en una proposición de ley y también a la financiación de la Fundación; Señala el señor Hernando que la asistencia jurídica gratuita debe ser extraterritorial con base a dos principios, por una parte, el respeto a la soberanía del país de que se trate y por otra parte, existencia de un número de letrados previsto con unos honorarios tipo y homologables a los españoles o bien mediante convenios entre colegios de abogados y estableciendo las obligaciones de manera que se traslade el sistema español de justicia gratuita a la colaboración de los cónsules. La Ley de asistencia global a los españoles en el extranjero que inició su tramitación jurídica sería muy útil puesto que contempla el conjunto de los derechos de españoles en el extranjero, a la educación, sanidad, asistencia consular, ayuda económica, etc.; Por otra parte se refiere a la conveniencia, quizás mediante una proposición no de ley que permita homogeneizar los requisitos mínimos de los convenios de traslado entre los diferentes países. En materia de financiación señala el señor Hernando que no es posible recibir de las partidas presupuestarias del IRPF puesto que esta es para la Agencia Española de Cooperación Internacional sólo para extranjeros hay una partida de 0,5 del IRPF que gestiona la Secretaría de Asuntos Sociales pero que también se traslada a la ECI para cooperación internacional si bien podría destinarse para ayuda a españoles en el extranjero; ellos no tienen para este programa ninguna subvención pública.
La señora Miranda interviene de nuevo para referirse a la urgencia de una ley que regule el papel de las oficinas consulares en el extranjero como verdadero cordón umbilical entre España y los españoles en el exterior.

Comparecencia del Excmo. Sr. D. Enrique Múgica Herzog, Defensor del Pueblo, acompañado por los dos Adjuntos. 28 de septiembre de 2000.

El señor Múgica agradece la comparecencia e invitación del Senado, más allá de lo meramente protocolario, puesto que esta Ponencia tiene una clara y evidente conexión con competencias del Defensor.
El Defensor del Pueblo manifiesta que tiene la idea de que la defensa de los derechos humanos y la supervisión, a estos efectos, de la actuación administrativa requiere una presencia del Defensor del Pueblo que no se limite al Informe anual, sino a un constante informe de la situación de los Derechos Humanos a las Cámaras.
Entrando en materia señala el Defensor del Pueblo que en el Informe Anual de 1996 se consideró especialmente este asunto y destaca que hay en estos momentos 15 quejas sobre ciudadanos españoles privados de libertad en el extranjero, sobre todo en cárceles marroquíes e iberoamericanas. Algunas quejas, manifiesta el Defensor, son de difícil investigación pues la irregularidad puede provenir de las autoridades carcelarias extranjeras y ello es imposible de investigar por el Defensor del Pueblo español, así ejemplifica con el caso de un ciudadano en Ecuador que esta esperando que las autoridades ecuatorianas informen habiéndose producido, por ello, un retraso considerable. Se refiere también el Defensor a los límites legales que siempre existen y que vienen impuestos por la soberanía de los Estados. Por otra parte, alude también a la lentitud en la tramitación de los convenios y a su entrada en vigor que puede ir de dos a cuatro años o más. Cita datos de Marruecos y, en concreto, los problemas que supone el impago de multas obstativo para la libertad; El Defensor del Pueblo considera que la carencia de medios no debería agravar la situación carcelaria de las personas. En este orden de cosas alude el Defensor del Pueblo a la importancia de reforzar el personal diplomático para que, en este tipo de circunstancias intervenga de forma efectiva y eficaz.
Se refiere el Defensor a la situación de las cárceles en la República Dominicana, en Ecuador y también en Cartagena de Indias y al mal estado de las infraestructuras así como a las peculiaridades de estos centros que han llevado a que existan dos investigaciones abiertas de españoles en Quito y en Cartagena de Indias. Es intención del nuevo equipo, manifiesta el Defensor, aprovechar algún viaje institucional para visitar a los presos españoles que están en este tipo de lugares y tratar de preparar un plan que permita asesorarles en países extranjeros; Se refiere también a que en el verano el Defensor estuvo en contacto diario con la Dirección General de Asuntos Consulares y protección de españoles en el extranjero con ocasión de un ciudadano español en Malabo y expresa que hubo una total colaboración diplomática y muy escasa y confusa información por parte de las autoridades del país.
La mayoría de las prisiones, afirma el Defensor, no tienen las condiciones de habitabilidad e higiénicas de los establecimientos en España.
Acto seguido se refiere el Defensor a los convenios multilaterales y bilaterales existentes así como al espectacular incremento de españoles presos en Marruecos, y termina aludiendo a que no se puede afirmar que los convenios vigentes estén ofreciendo un desarrollo óptimo, lo que ejemplifica con datos sobre solicitudes en los diferentes años desde 1997 hasta la actualidad.
Señala el Defensor que no hay estudios que permitan conocer las características del tipo de delincuente que se encuentra preso en el extranjero, aunque sí señala que hay un altísimo porcentaje de hombres en relación con mujeres y que, en cuanto a las Comunidades Autónomas de origen, son la Andaluza en un extremo la que más presos tiene fuera y la Comunidad Navarra de la que provienen menos presos en el extranjero.
En materia de propuestas de reforma de esta situación el Defensor del Pueblo alude a las siguientes: Conforme al artículo 119 de la Constitución la justicia gratuita es un derecho prestacional que ha de ser desarrollado por Ley que tendría que contemplar una extensión de este derecho o de esta prestación de la justicia gratuita; Hacer frente a todos los gastos de defensa en el extranjero, señala el Defensor, supondría primar al español preso en el extranjero respecto de los españoles, luego se trataría de poner en semejante situación al español que se encuentra dentro o al que está preso fuera en el extranjero; Sería muy interesante a este respecto tratar de celebrar convenios de asistencia jurídica gratuita recíproca entre España y otros países.
En otro orden de cosas el Defensor del Pueblo expresa que quizás fuera conveniente elevar el rango de la normativa legal que desde 1982 a 1988 se ha tratado con órdenes

circulares, de modo que cuestiones como el libro de visita, las comunicaciones, etc. o bien la ayuda económica a los presos en el exterior estuvieran reguladas actualizando estas disposiciones y de forma que estas ordenes internas tuvieran publicidad más adecuada y más adecuado rango normativo.
Asimismo, señala el Defensor del Pueblo que los artículos 73 a 75 de la Ley General Penitenciaria y su Reglamento deberían contemplar el trato igual a los excarcelados en la asistencia post-penitenciaria ya provengan de cárceles españolas o del extranjero.
En otro orden de cosas se refiere el Defensor del Pueblo al reconocimiento en nuestro ordenamiento de los beneficios penitenciarios obtenidos fuera, señala al respecto que la práctica judicial no es unánime puesto que parece que hay quien considera que es competencia de los jueces de vigilancia penitenciaria, mientras que otros, con base en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial consideran que debe ser la Audiencia Nacional. Como resultado de estas circunstancias a veces hay cierto desconcierto y necesidad de una ley que regule el procedimiento de las actuaciones de los jueces de vigilancia penitenciaria al respecto; señala como hubo una proposición de ley en la pasada legislatura que no llegó a tramitarse, que abordaba este tema.
También como propuesta alude el Defensor del Pueblo a la importancia de la información exhaustiva a los presos sobre la normativa penitenciaria española.
En cuanto a los dos españoles condenados a muerte manifiesta que el Defensor del Pueblo reitera su total rechazo a la pena de muerte y, respecto de los presos en general, dice, como el lema de una organización vinculada a estos temas, que habría que tratar de no hacérselo más difícil sino todo lo contrario.
En turno de intervención de Senadores el Senador Caballero Moya, del Grupo Parlamentario Socialista, felicita al Defensor del Pueblo por el excelente Informe y pregunta si hay quejas sobre el funcionamiento de la Administración en lo atinente a traslados con participación de Interpol.
El Defensor del Pueblo responde que no tiene noticia de estas quejas pero existe una presunción de buen trato y el lógico deseo de mejorar.
Interviene nuevamente el Senador Caballero Moya para matizar que más que quejas se refería a hipotéticas dificultades en el traslado y, en su caso, en el acompañamiento con sanitarios.
Participa por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Colsa Bueno, quien da la bienvenida al Defensor del Pueblo y a los Adjuntos y les felicita por el excelente Informe, acto seguido, manifiesta el Senador que le preocupan dos temas que seguramente estarán en el Informe: El trato consular a los presos y también a los familiares y, en relación con ello, la conveniencia de hacer un seguimiento exhaustivo y estímulo a la Administración pública en el exterior; y en segundo lugar, el número de tratados efectivos que tiene España. El Defensor del Pueblo responde al Senador que podría haber trato a veces no adecuado en el extranjero dependiendo de la calidad de los diplomáticos pero que ellos no han tenido quejas. Ellos tratarán, expresa, de que el Defensor del Pueblo si percibe quejas de familiares entre en la materia.
Interviene el Senador Sesmilo i Rius, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, quien también agradece la presencia del Defensor del Pueblo y su equipo y pregunta: ¿Si es que Rioja y Cantabria no tienen presos en el extranjero? Luego Navarra sería la que menos pero de la relación de las que sí lo tienen, ¿es ello así?; Seguidamente se refiere a las condiciones socioeconómicas de los presos españoles y hace una referencia a que si se está mejor en el sistema penitenciario español que en otros países conviene saberlo y decirlo sin perjuicio de mejorar todavía más. El Senador plantea dos posibles actuaciones del Defensor del Pueblo en esta materia, en primer lugar, respecto de los cónsules porque si ha oído bien hay una especie de agregado del Defensor del Pueblo en algunos países; y en segundo lugar, inquiere sobre si es suficientemente diligente el Ministerio de Justicia y se agilizan suficientemente los trámites. El Defensor del Pueblo responde al Senador que las pretensiones de la Institución a su cargo son más modestas puesto que no se trata de que haya un ciudadano que represente al Defensor del Pueblo en países sino que en los Consulados se dediquen lo más y mejor posible a estos temas; al respecto, añade, cada miércoles ellos visitan las cárceles del territorio nacional y esto es importante para la atención a las quejas.
Interviene el Senador Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, quien agradece la visita y el riguroso Informe entregado, a continuación expresa su temor en la Ponencia porque esta derive hacia lo humanitario y no hacia lo justo y tras esta reflexión pregunta: Si el consumo tiene relación con los lugares donde se efectúa el pequeño comercio de drogas y la criminalidad al respecto, esta estadística sería de interés conocerla, afirma el Senador, para proponer soluciones preventivas de carácter informativo a todos los españoles y después soluciones a posteriori.
También el Senador alude a los problemas en la detención que supone el desconocimiento de la lengua, así como a la necesidad de que exista un estadillo rigurosamente seleccionado de abogados o acuerdos entre Colegios de Abogados para prestar colaboración en estas cuestiones; en otro orden de cosas alude a la necesidad de resolver la situación de los presos que todavía no están en situación de condena firme como un tema importante. Por último, el Senador se refiere a la dotación económica básica y suficiente para atender a estas situaciones y finaliza afirmando que antes de que acabe la Ponencia sería quizás de interés volver a citar al Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo responde en relación con el Senador que la Ponencia tendrá toda la colaboración y la comunicación permanente que sea menester. Sigue el Defensor del Pueblo expresando que la justicia abstracta no basta sino que son necesarias medidas lo que ejemplifica con datos sobre porcentaje de los presos por droga en diferentes países. En relación con el traslado en Europa señala que estas peticiones son menores en la región debido a que se trata de sistemas penitenciarios similares y además la Administración de Justicia funciona de una forma rigurosa y cuidadosa con los procedimientos, a todo ello habría que añadir, señala el Defensor del Pueblo, posiblemente el carácter de residentes en aquellos países de los españoles presos en cárceles europeas. Evidentemente, manifiesta el

Defensor del Pueblo, y en ello coincide con lo manifestado por diferentes Senadores, es importante el papel consular al servicio de los ciudadanos españoles y en su caso de los familiares de los presos en el exterior.
Igualmente se manifiesta de acuerdo con la existencia de una lista de abogados para que puedan ser facilitados a los detenidos y, por último, en materia de sentencias no firmes indica que no pueden hacer nada puesto que todavía, desde el punto de vista procesal, no existe una situación firme de condena. En cuanto a los medios económicos, señala el Defensor del Pueblo, ojalá estos fueran más amplios siempre.
El Senador Agramunt Font de Mora, del Grupo Parlamentario Popular, efectúa dos preguntas sobre si puede ser una razón de la no llegada de presos en Europa el que estos no lo soliciten y en segundo lugar quién paga los costes del traslado. El Defensor del Pueblo indica que el coste del traslado corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y en cuanto a los problemas de los traslados puntualiza que estos son diversos pues, por ejemplo, en Francia las multas y el previo cumplimiento de la responsabilidad civil impiden en ocasiones que se pueda agilizar un traslado, criterio que en cierto sentido comparte, pues también hay que prestar atención a las víctimas.
El Senador Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, interviene de nuevo para preguntar ¿cuántos presos han pedido el traslado y cuánto tarda en efectuarse estos traslados?; y, ¿en materia de multas?, ejemplifica señalando como las personas incursas en este tipo de delitos suelen ser personas de escasos medios por lo que también entre los delincuentes cabe hablar de su general adscripción a clases más desfavorecidas. El Defensor del Pueblo manifiesta que está de acuerdo con lo expuesto por el Senador en el sentido de que no todos los delitos y delincuentes son iguales y, a continuación, ejemplifica el tiempo promedio de los traslados con los correspondientes a Ecuador que suelen tardar unos dos años.

Comparecencia del Excmo. Sr. D. José Chamizo de la Rubia, Defensor del Pueblo Andaluz. 28 de septiembre de 2000.

El Defensor del Pueblo Andaluz interviene refiriéndose en primer lugar al número de presos y el porcentaje de ellos que lo están por delitos relacionados con las drogas. Del número de presos, manifiesta el Defensor del Pueblo Andaluz, ciento cuarenta y cinco son andaluces y de ellos el 86 por ciento son presos por tráfico de drogas, siendo los países en los que existe mayor número de presos de origen andaluz Francia, Marruecos y Portugal.
El Defensor del Pueblo Andaluz pone a disposición de la Ponencia un Informe elaborado en 1996 conforme al cual se observa que el número de presos se mantiene en descenso que es notable en el año 2000 excepto en el caso del Reino Unido donde casi se han duplicado y en los Estados Unidos. Ahora bien, matiza el Defensor del Pueblo Andaluz, está hablando de presos andaluces.
El Defensor del Pueblo Andaluz alude a como la Constitución, la Ley General Penitenciaria, y diversas resoluciones de Naciones Unidas como la de Tokio en 1980 apoyan la cercanía del preso al ambiente familiar lo que produce arraigo y ayuda a la reinserción de los presos. Siguiendo con este orden de cosas manifiesta el Defensor del Pueblo Andaluz que otros sistemas penitenciarios resultan claramente peyorativos en relación con el español. También reitera que ha habido un descenso del número de presos, refiriéndose a los andaluces, debido seguramente a los convenios bilaterales suscritos con otros países. Señala el Defensor del Pueblo Andaluz que es muy conveniente la intervención de los Cónsules en la ayuda a los presos en el extranjero. Finaliza su intervención el Defensor del Pueblo Andaluz proponiendo como medidas más suscripciones o nuevas suscripciones de convenios bilaterales o multilaterales; la agilización de los trámites para el traslado; la agilización de la intervención de las oficinas consulares y por último buscar alternativas al sistema de pago de multas.
En turno de intervención de Senadores interviene el Senador Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, quien pregunta: ¿Qué medidas parlamentarias se han adoptado en la Comunidad Autónoma Andaluza para tratar esta materia?; ¿Si existe dotación presupuestaria en las Comunidades Autónomas para este asunto?; ¿Si se ha previsto algún sistema de asistencia jurídica?; y si está previsto que los Consulados tengan un listado de abogados así como ¿cuál es exactamente el papel del Defensor del Pueblo Andaluz en estos asuntos? El Defensor del Pueblo Andaluz responde al Senador Cámara Fernández que los Consulados españoles no siempre funcionan. En tal sentido pone como ejemplo, afirma el compareciente, el Consulado de Rabat que ha sido un modelo de eficacia y sugiere que los Ponentes visiten Consulados para conocer in situ la realidad de ellos; Respecto de la asistencia jurídica expresa que a veces esta se lleva a cabo por algún intermediario indirecto; en cuanto al papel del Defensor del Pueblo indica que hay un convenio con el Defensor, la Institución estatal, en materia de prisiones, pero que a él, afirma, «no le van a parar las competencias que tiene» por ello, señala, él lo comunica, pero sugiere al Gobierno andaluz lo que corresponda incluyendo la atención social a las familias.
Toma la palabra el Senador Caballero Moya, del Grupo Parlamentario Socialista, quien agradece la exposición al compareciente y solicita opinión sobre si es conveniente la existencia de normativa especial sobre el papel de los cónsules; asimismo inquiere cuál es la opinión del compareciente sobre la aprobación del principio de justicia gratuita; y por último pregunta si hay dotación en el Ministerio de Asuntos Exteriores para esto.
El compareciente Sr. Chamizo de la Rubia responde que en cuanto a normativa respecto del papel consular sería esta muy bienvenida por lo que supone de homogeneizar las funciones consulares que tienen estos funcionarios; afirma que sí cree conveniente la extensión del derecho de justicia gratuita puesto que, señala, hay «casi robos a las familias»; aunque manifiesta las obvias dificultades en articularla. En cuanto a la dotación presupuestaria considera, coincidiendo con el Senador que ésta es importante.
La Senadora Camilleri Hernández, del Grupo Parlamentario Popular, interviene agradeciendo en primer lugar la comparecencia del Sr. Chamizo de la Rubia y el honor

de estar en una Ponencia con el representante de una Institución con la que ha tenido contactos en el pasado.
Acto seguido efectúa una serie de preguntas: sobre si hubo algún caso de clara vulneración de derechos del que tuviera noticia el compareciente; sobre si tiene experiencia en la tardanza en materia de repatriación; pregunta asimismo, si el compareciente considera que la conveniencia de seguir firmando convenios bilaterales al respecto podría ser una de las recomendaciones de la Ponencia; por último incide en la utilidad de que haya listado de abogados en los Consulados.
El Defensor del Pueblo Andaluz responde a la señora Senadora que el número de presos ha descendido gracias al convenio con Marruecos; que el tiempo medio de duración del proceso de traslado a España está en torno a un año aunque señala, puede ser menor. A este respecto, señala el compareciente, ha habido un caso de la intervención de un parlamentario nacional que ha agilizado el tiempo; señala igualmente que los casos más dramáticos se han resuelto ya y, así, ejemplifica con la existencia de un recurso de casación cuando ya todo estaba listo para el traslado; lo más grave, indica el compareciente, es quizás la cuestión de la atención sanitaria puesto que gracias al Cónsul de Rabat se ha conseguido tratar alguna persona en un hospital, lo que no siempre es fácil; se refiere el compareciente seguidamente al perfil de los presos que suele ser de dos clases. Por una parte hombres entre 25 y 30 años que tienen alguna vinculación con el país de condena y, por otro lado, mayores de 40 que suelen ser personas con un problema económico a los que se utiliza eventualmente, caso de pescadores o camioneros en el Reino de Marruecos.
En cuanto a los abogados expresa la conveniencia de que se orientara a los detenidos sobre quiénes son los mejores abogados para su caso en cuestión.

Comparecencia del señor Peter Raben, abogado defensor de D. Joaquín José Martínez, preso español que ha estado condenado a muerte en Miami. 2 de octubre de 2000.

El señor Raben se presenta ante la Ponencia del Senado y agradece la invitación a deponer ante la misma indicando que es el representante legal del señor Martínez en Estados Unidos. Expresa el señor Raben que el 60 por ciento de los castigos jurisdiccionales en Estados Unidos tienen problemas de revocación y cuestiones de procedimiento.
Indica el compareciente los antecedentes del caso Martínez, que, a su juicio, son: una mala investigación, fallos judiciales e incluso, manifiesta Raben, una actitud xenófoba de la gente de Estados Unidos ante los extranjeros en su país. En este orden de cosas, sigue indicando Raben, los acusados extranjeros no suelen hablar inglés lo que contribuye a las dificultades para entender los entresijos procedimentales; además, sigue diciendo Raben, hay actitudes de tipo «Judas» como que, indica, en el informe preliminar hubo factores de todo tipo, incluido en el caso del Fiscal; igualmente se refiere al ambiente dentro de la comunidad y a la presión para tratar de resolver casos. Expresa que, según el Informe preliminar del Tribunal Supremo de Florida, el abogado presentó una defensa basada en una coartada de la que no se informó al imputado. El señor Martínez, indica Raben, estaba en otro lugar, y fue esta una de las razones que provocó que después se retractara; indica también que la cinta de vídeo fue, según su criterio, preparada por la policía, y que esta cinta fue la principal prueba acusatoria, lo que no resulta del todo ortodoxo.
Se refiere también el señor Raben a que mientras se producía el juicio de Joaquín José Martínez personas cercanas a su entorno parece ser que, afirma, estuvieron en contacto muy directo con policías.
Finaliza su intervención el señor Raben expresando que la organización de una defensa en condiciones es enormemente cara en Estados Unidos, puesto que es necesario contar con expertos, investigadores, criminalistas, etc.
Dicho lo cuál finaliza su intervención y se lleva a cabo el turno de intervenciones de Senadores.
El Senador Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, pregunta al compareciente sobre el papel de la investigación en todo este asunto y sobre niveles del coste económico en los procedimientos judiciales norteamericanos.
El Sr. Raben responde que ha habido numerosos problemas en la investigación como falta de evidencias claras, parentescos, relaciones humanas complejas, etc. En cuanto al coste medio de una buena defensa, éste es de cientos de miles de dólares.
El Senador Aurrekoetxea Bergara, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, agradece la presencia y las explicaciones del compareciente y pregunta cuáles son las sugerencias para este caso que provienen de la familia y, de otra parte, el papel del Consulado en esta causa; si fue de suficiente apoyo.
El señor Raben responde que en los casos que él conoce y suele representar a bastante extranjeros, el papel de los Cónsules es alabado porque se considera que estos son muy competentes, así concretamente el Cónsul español fue a Tampa para visitar al detenido y estar presente en la vista preliminar por lo que él, como abogado del señor Martínez, sin saber si este es el foro adecuado sí ruega que estas felicitaciones se trasladen por el conducto que corresponda a los superiores del citado Cónsul. Asimismo se refiere a que la familia Martínez ha recibido el apoyo consular y, con carácter general, señala que el papel del cónsul en países extranjeros es conveniente que se conozca así como también una breve información sobre el Convenio de Viena. Cualquier información, expresa el señor Raben, sobre el sistema penal, el sistema penitenciario y el sistema consular es conveniente efectuarla con carácter previo. En este orden de cosas ejemplifica señalando que en los vuelos norteamericanos de TUA con destino al extranjero se suele repartir información básica sobre los países de destino conteniendo estos extremos.
Interviene el Senador Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, quien felicita al compareciente por el caso que lleva y como lo lleva y se felicita por lo positivo que es la demostración de posibles errores como elemento contra la pena de muerte. Se trata de un debate importante, expresa el Senador, y de profundas implicaciones pues, como señalaron en su comparecencia los padres

de J. J. Martínez, «la pena capital es para los que no tienen capital».
Tras estas consideraciones el Senador pregunta al compareciente ¿Qué opina sobre el sistema judicial en Estados Unidos? ¿Qué piensa sobre el papel de la asociación F. O. P. patronal de la policía y su intervención en este hecho?; ¿Qué opina sobre la repercusión de las elecciones en todas estas cuestiones?; ¿Y por último pregunta cuál es la opinión al respecto del candidato Bush? El compareciente responde agradeciendo las preguntas, muy bien ilustradas, y señala que la pena de muerte es un debate que ha ido últimamente hacia aspectos positivos en cuanto a que algunos Estados empiezan a plantearse los posibles errores en la aplicación de la pena de muerte y, en coherencia con ello, su erradicación o moratoria de facto.
Señala que muchos liberales y grupos que están a favor de la erradicación de la pena de muerte piensan que hay altos porcentajes estadísticos, en torno a un 44,6 por ciento, que estarían por la moratoria de esta pena si se ofrece como alternativa la cadena perpetua, sin remisión. En cuanto a Bush señala que tienen una intervención muy clara a favor de la pena de muerte y, expresa el compareciente, él personalmente está a favor de Gore. Indica el compareciente que la Fiscal Janet Reno ha efectuado un estudio sobre las personas que serían candidatas a la pena de muerte cuya conclusión es que el 78 por ciento de ellos eran negros, mejicanos o colombianos. En cuanto a la policía señala que está integrada por personas como nosotros que si piensan que alguien es culpable harán todo lo posible por demostrarlo y si apuestan por ello a veces es posible que se equivoquen.
Interviene el Senador Saavedra Acevedo, del Grupo Parlamentario Socialista, quien agradece la intervención del compareciente y pregunta por qué cuando se condena a una persona en el sistema penitenciario americano a una pena de muerte pasa a un llamado corredor de la muerte y, acto seguido, pregunta de nuevo, si cuando salen del corredor de la muerte ¿se le traslada a otras prisiones? A qué obedece ello; se trata de que hay apelaciones o revisiones de las restantes pruebas y, en definitiva, ¿cuál es la fundamentación legal y penitenciaria de estas vicisitudes? El señor Raben responde que la detención y el encarcelamiento en un lugar se suele hacer en primera instancia, se podría decir, cerca del lugar de detención; pero, una vez condenado, el encarcelamiento ya no tiene porque ser en un lugar cercano a su abogado o al lugar de detención, concretamente en el caso de Martínez, señala el señor Raben, fue trasladado a Stark cerca de doscientas millas de Tampa. En cuanto a las pruebas usadas no pueden volver a utilizarse, si bien expresa que se volverá a enjuiciar de nuevo y la vista volverá a ser de nuevo en Tampa frente al mismo Juez, el próximo 23 de octubre, y en esta vista tanto el Juez como el Fiscal tratarán de fijar el día del juicio que puede ser ante el mismo Juez o no, a este respecto señala que es un Juez que se elige lo que, expresa, supone implicaciones como así se vio en el citado informe de la Universidad de Columbia.
Por el Grupo Parlamentario Socialista interviene también el Senador Caballero Moya quien solicita del compareciente su opinión sobre la actuación de los consulados en estas materias y se refiere a una pregunta efectuada al Ministro de Asuntos Exteriores la semana pasada en el Congreso de los Diputados; Por último, el Senador Caballero Moya pregunta cuál es su opinión sobre la trascendencia de las actuaciones de los Cónsules.
Interviene el señor Raben quien se refiere en su respuesta al importante papel de los cónsules y al papel positivo efectuado o llevado a cabo por los cónsules españoles en Miami, concretamente por el actual Cónsul en Miami.
En turno también de Senadores interviene la Senadora Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular, quien agradece la presencia del señor Raben y felicita como colega al compareciente por su espléndida participación en este asunto. La Senadora Vindel López señala que el Cónsul al que se refiere el compareciente, como persona que ha prestado el máximo interés hacia J. J. M. y su familia, no es el anterior sino el actual. A continuación efectúa unas preguntas sobre si hay cargos suficientes, a juicio del compareciente, por parte del Fiscal para mantener una acusación contra Joaquín José Martínez; si el Fiscal y la policía que intervino en la investigación siguen siendo los mismos; si ha pensado el Estado de Florida en modificar el denominado turno de oficio; por último pregunta si hay algún dato que le haga pensar al compareciente que Gore no actuará de la misma manera.
El compareciente señor Raben se refiere al sistema electoral de cargos judiciales en Estados Unidos e indica que, en este caso, el Fiscal y el otro abogado están en una difícil situación y podrían efectivamente ser los mismos; Además se refiere a que el juicio ha de empezar otra vez y como será en la vista del día 23 de octubre cuando decidirán si existe o no materia para poder proseguir el proceso; En cuanto al policía indica que va a ser el mismo policía; Finaliza su intervención indicando que la posibilidad de designar jueces, según se haga por unos u otros serán de matiz conservador o progresista, cuando lo cierto es que la participación judicial de minorías sería conveniente.
La Senadora Vindel López recuerda al compareciente que no ha contestado a su pregunta sobre el turno de oficio y éste indica que desde 1996 cada Americano tiene derecho a abogado y que la cuestión es si se trata de un abogado en sentido amplio o alguien que simplemente ha acabado la carrera de Derecho.
No habiendo más preguntas que tratar finaliza la comparecencia del señor Raben.

Comparecencia de D. José Ramón Serrano-Piedacasas Fernández, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 2 de octubre de 2000.

El señor Serrano-Piedacasas Fernández agradece la convocatoria y felicita a la Comisión y a la Cámara por esta iniciativa extremadamente importante y que aumentará el prestigio de España fuera de nuestro país.
Indica el señor Serrano-Piedacasas Fernández que el objeto de su intervención como experto, en cuanto penalista, se une a su intervención coincidente con la experiencia personal pues por diversas circunstancias, estuvo casi doce años preso en prisiones de países extranjeros, concretamente

en Uruguay, de forma que tratará de dar una información sobre la propia experiencia personal en una cárcel política así como sobre las posibles vías de atención personal desde esta perspectiva y los problemas que supone la estancia en este tipo de cárcel.
Indica el señor Serrano-Piedacasas Fernández que actualmente existe un sólo preso español por razones política en el Yemen, luego ha habido una importante evolución desde años atrás a la actualidad. En una cárcel política señala el compareciente, no hay posibilidad de convenios o acuerdos sobre mejora de las condiciones de vida del detenido, además, señala, no hay respeto a los derechos humanos tampoco durante el proceso de instrucción porque las cárceles políticas buscan, afirma, la destrucción de la persona implicada y la búsqueda de una confesión por todos los métodos.
Las fases de la detención de un preso político, señala el compareciente, suelen ser la detención que se lleva a cabo normalmente mediante un auto militar, el pasillo y la instalación, una vez hay una clasificación basada en la identificación del detenido con un nivel, y la distribución por zonas.
El régimen de detención, manifiesta el compareciente, es el correspondiente a la situación de aislamiento, con un escasísimo paseo alrededor de 45 minutos, sistema de censura de las lecturas, y, en términos generales, mucho control sobre los internos. Expresa el compareciente que en Uruguay era distinto a Chile y Argentina pues en aquél país no había destrucción física como en los otros, según indica el compareciente, aunque sí había una política de hostigamiento psicológico mediante cambio constante de reglamentos, lo que daba lugar a casos de enfermedades mentales; y, además, se distribuían ansiolíticos de modo que cuantos éstos se suprimían se exigía para su nueva obtención la colaboración. Otra característica del internamiento de presos políticos en aquellos países y en aquellas etapas era la reclusión de presos políticos con otros con trastornos psiquiátricos, además de ello, añade el compareciente, había inasistencia letrada o era esta muy precaria pues en ocasiones se trataba de un abogado militar de oficio que en su intervención se asemejaba al Fiscal. Señala el compareciente que a partir de la llegada de la democracia a España la situación cambió completamente con el Embajador D. que era entonces primer Secretario de la Embajada y su papel fue clave pues simplemente con su visita periódica consular a las cárceles ayudó extraordinariamente a los presos. Por ello, afirma el compareciente, hay que resaltar el papel ejemplar de los españoles y otros europeos en el cuidado o la vigilancia de las garantías procesales de los detenidos. Ya que le consta que la Embajada española y otras Embajadas europeas hicieron una labor muy positiva con los presos políticos en países del cono sur de América latina.
En otro orden de cosas, concretamente en asistencia sanitaria, el compareciente alude a que se trataba de una situación muy precaria en aquel lugar pues, por ejemplo, se llevaban a cabo extracciones dentales sin anestesia, etc. En materia de protección jurídica se refiere el compareciente también a que la única normativa aplicable en defecto de criterios específicos, es la propia de la normativa europea sobre derechos humanos, hasta tanto empiece a actuar o a pronunciarse el Tribunal Internacional Penal, además de la protección por requerimiento de los agentes consulares.
En Europa, manifiesta el compareciente, hay problemas también, este es el caso en Francia donde la prisión de dos meses sustituye al impago de multas, pero son «peccata minuta» comparados con los existentes en países de América del sur o Africa; en tal clase de países, señala el compareciente, no hay reglamentos penitenciarios por lo que cualquier regulación es discrecional a criterio del director de la prisión, eso, cuando no hay una situación de auténtico desgobierno y anarquía en el interior de las cárceles; en este sentido se refiere el compareciente a al cárcel de Medellín donde existen incluso secuestros en el interior de las propias cárceles.
A este respecto ejemplifica el compareciente con la situación de Colombia donde en el interior de las cárceles puede haber hasta tres grupos distintos como son los de las FAR, los que están relacionados con el narcotráfico, y los paramilitares, todos ellos con propiedades, sistemas de organización interna, etc. Que incluye, ejemplifica el compareciente, a veces, la exigencia de dinero para ocupar una celda o el suelo correspondiente a uno de los detenidos. Señala el compareciente que un español en este tipo de cárceles aún cuando sea una persona carente de medios, como viene del primer mundo y saben que España acabará interviniendo, suele ser objeto de extorsión y quizás por ello, sugiere el compareciente, que una posible ley debería contemplar en primer lugar el agrupamiento de españoles en una cárcel determinada; y en segundo lugar, el traslado lo más pronto posible a territorio español, mediante los correspondientes convenios; a este segundo efecto es fundamental, resalta el compareciente, el papel del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Afirma el compareciente que existe voluntad en Latinoamérica de «sacarse encima españoles, pero siempre con dinero por medio»; en Asia, indica el compareciente, es distinto pues especialmente Tailandia donde por razones intimidatorias y disuasorias tienen penas muy altas para según que delitos y además tienen un especial cuidado en que nada interrumpa o moleste o pueda afectar al concepto de soberanía absoluta.
La actuación de las oficinas consulares, señala el compareciente, ha sido hasta ahora algo que dependía del Cónsul concreto, por lo que convendría que pasara a un nivel normativo superior.
En turno de Senadores interviene el Senador Saavedra Acevedo, del Grupo Parlamentario Socialista, quien agradece como coordinador en estos momentos de la Ponencia la realista y objetiva exposición del señor Serrano-Piedacasas Fernández.
El Senador Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, agradece también la doble visión de penalista y persona con experiencia directa en estos asuntos del compareciente, y efectúa unas consideraciones sobre el impacto directo o indirecto, positivo o negativo de las visitas a otros países a la par que pregunta si el compareciente considera que en conjunto el balance sería comparativamente hablando positivo o negativo en el caso de internos por delitos comunes en Hispanoamérica.
El compareciente señor Serrano-Piedacasas Fernández manifiesta que es un asunto de reciprocidad y de incremento

de la cooperación internacional; pues, por ejemplo, Alemania ha reforzado su política de cooperación sobre todo en áreas jurídicas, mediante análisis de la legislación, proponiendo reformas, capacitando al personal penitenciaria, etc.; pero, sigue el compareciente, eso es lo que USA y Canadá están haciendo en Colombia, concretamente en el Plan Colombia, un ocho por ciento aproximadamente de las subvenciones están dedicadas al Plan penitenciario. La universidad, indica el compareciente, podría ser un vehículo de cooperación y democratización muy importante.
El Senador Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, agradece la comparecencia y señala que ya ha respondido el compareciente a preguntas sobre determinadas cuestiones que él también iba a plantear referentes al papel de los cónsules, etc. Acto seguido pregunta sobre la actuación jurídica que, afirma, sobre el papel y como mínimo debe ser igual a la española, en lo referente a abogados, financiación, etc. y señala que esto debería ser una de las recomendaciones de esta Ponencia.
El señor Serrano-Piedacasas Fernández responde sobre el asunto de los presos políticos indicando que la defensa jurídica es fundamental aunque tropieza con problemas como la existencia de sistemas jurídicos corruptos; por ello es clave el papel del Cónsul y la existencia de una lista de abogados que debe de estar actualizada además de, quizás, una pequeña publicación informativa referente al sistema jurídico del país.
El compareciente señala que, según su criterio, la defensa jurídica debería ser gratuita o mediante sistema de anticipos, etc. además de todo ello, añade, debería de haber campañas preventivas como por ejemplo la que se llevó a cabo en la Embajada española en el Salvador editando un folleto donde se explicaba zonas de seguridad, zonas peligrosas, amén de enfermedades de la zona, etc. En consecuencia, recapitula el compareciente, información preventiva, información sobre el país y concretamente su sistema jurídico penal y asistencia letrada mediante criterios que posibiliten, si fuera necesario, el adelanto económico, son la clave.
El Senador Colsa Bueno, del Grupo Parlamentario Popular, agradece la presencia el compareciente y pregunta sobre la posibilidad de articular un sistema de atención subrogatoria dependiendo de las zonas de influencia y si ello sería o no efectivo.
El compareciente indica que sería muy conveniente homogeneizar las materias y encontrar garantías comunes de la Unión Europea. A este respecto, señala, con lo que finaliza su comparecencia, que España podría jugar un papel importante al respecto y sobre todo en Iberoamérica.

Comparecencia de D. Gonzalo Robles Orozco, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 3 de octubre de 2000.

El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas inicia su comparecencia agradeciendo la invitación a asistir a esta sesión de la Ponencia y refiriéndose a las características de la institución a su cargo concebida como centro horizontal con asistencia de diferentes cargos del Gobierno, lugar de coordinación e impulso de diferentes centros administrativos.
Señala el Delegado que las competencias directas consisten en efectuar o adoptar políticas preventivas y completar acciones de los Ministerios de Justicia e Interior. Así ellos apoyaron este verano la iniciativa de la Fundación Ramón Rubial para informar en los aeropuertos sobre los problemas derivados del tráfico de drogas. Indica que hay otras asociaciones como la asociación de ayuda a españoles en el extranjero u otro tipo de organizaciones que reciben apoyo del Plan Nacional y que en este sentido la evolución ha sido positiva.
Indica el Delegado que el 73 por ciento de los detenidos españoles en el extranjero lo son por tráfico de drogas. Señala al respecto que es en Sudamérica donde existe mayor número de detenidos españoles y concretamente en Brasil y Venezuela.
En los aeropuertos existen también detenciones cuya procedencia es por orden de mayor a menor los procedentes de Venezuela, de Marruecos, de Brasil, de Argentina y de Alemania. Se refiere el Delegado a los llamados vuelos de riesgos que son los relacionados con aquellos países de los que se tiene noticia que existe mayor riesgo de tráfico tales como Colombia, Ecuador, Venezuela o Brasil. También Marruecos, afirma el Delegado, en la medida en que guarda frontera con Ceuta y Melilla es zona de concentración del tráfico «minorista». En Europa los implicados son en relación con tráfico de nuevas drogas sintéticas, el llamado «tráfico del hormiguero» en la medida en que son pequeñas cantidades pero cualitativamente importantes. Por el contrario en el caso del tráfico procedente de Marruecos o del Norte de Africa en general es un tráfico al por mayor de cannabis.
El perfil del traficante es el de un hombre de entre treinta y cuarenta años con dificultades económicas que habitualmente tienen antecedentes y a veces son también consumidores, denominados «mulas» o «correos»; Las organizaciones que se dedican al tráfico suelen buscar gente con necesidades económicas, de bajas capas económicas o culturales; Un treinta por ciento lo hacen o efectúan este tráfico eventualmente con ocasión de turismo o por aventurerismo.
Señala el Delegado que hay firmados veinte acuerdos bilaterales y multilaterales entre los cuáles cita el Convenio Europeo 112 en vigor desde 1985 y también el otro Convenio Europeo.
Indica el Delegado que actualmente hay sobre 214 peticiones de traslado de las que unos 154 aproximadamente están ya en España.
Se refiere a las trabas de carácter administrativo que se producen en países como Egipto, Perú, Francia y Marruecos.
Tras esta información se efectúan las siguientes intervenciones de los Senadores.
El Senador Caballero Moya, del Grupo Parlamentario Socialista, tras agradecer la presencia del Delegado manifiesta que éste ha hablado de la colaboración de ONGs tales como Médicos del Mundo, APEX, Proyecto Hombre y otras, y pregunta si el Delegado cree que sería interesante escuchar a representantes de estas ONGs que no hayan comparecido ya en otras comparecencias.


El señor Robles Orozco responde al Senador que las dos asociaciones que lideran este asunto son la Fundación Ramón Rubial y APEX y que, según tiene noticias, ambas han comparecido; el resto de organizaciones apoyan la participación de la Delegación y de las dos ONGs centrales y, señala, que lo importante es la continuidad de estos apoyos y las campañas que garanticen que en el mapa de zonas calientes que concentran el 80 por ciento de riesgo, haya una acción constante de prevención y disuasión.
La Senadora Camilleri Hernández, del Grupo Parlamentario Popular, agradece la presencia del compareciente y expresa que el 30 por ciento que no se corresponde, según el perfil indicado, como el propio del correo que profesionalmente traslada drogas, si hubiera una campaña preventiva quizás se evitaría, por lo que incide la señora Senadora en la conveniencia de campañas de prevención incluso empezando desde las propias agencias de viajes. Tras estas reflexiones pregunta la Senadora como poder evitar las trabas administrativas en los cuatro países citados.
El Delegado, señor Robles Orozco, responde a la señora Senadora que en los países de la Unión Europea desde el Consejo de Tampere se tiende a la confluencia de un espacio jurídico europeo cada vez con mayor fuerza y que en el resto hay que ir estudiando caso por caso; por ejemplo, Marruecos ha mejorado el clima y la dotación material, lo que genera un clima de confianza, se refiere en este sentido a la existencia de una base de datos conjunta Hispano-Marroquí. En Perú la situación es específicamente singular puesto que es una zona de producción de hoja de coca que se trata de erradicar con bastante éxito, se refiere a la singular situación de este país donde podría haber habido supuestos de sintonía entre productores de droga y guerrillas lo que da lugar a una situación muy complicada en lo que es el enfoque de este problema; En otros países, sigue diciendo el Delegado del Plan Nacional contra la Droga, hay diferencias culturales, por ejemplo es el caso de los países islámicos que tienen una extrema dureza en la represión del consumo de droga. En consecuencia, sintetiza el Delegado del Gobierno, es importante la labor diplomática y mantener la continuidad de prevención y de lucha contra estos factores, además, indica, es necesario romper tópicos como por ejemplo que en viajes de estudiantes el consumo de pequeñas cantidades de droga que, tal y como sucede en España no tienen una penalización, puede suponer en países donde no existe tolerancia al respecto estar sometidos a procesos con cadenas larguísimas de cumplimiento extraordinariamente difícil para los internos.
El Senador Aurrekoetxea Bergara, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, también agradece en su intervención la presencia del Delegado y pregunta si el 80 por ciento más o menos de los detenidos lo son por tráfico de drogas, en qué medida pertenecen todos estos detenidos a redes de tráfico.
El Delegado del Gobierno en el Plan Nacional contra la Droga responde al señor Senador que hay un dato y es que el 70 por ciento de este 80 por ciento de detenidos por drogas son personas con antecedentes y el 30 por ciento hacen el llamado «turismo de la droga». Señala también que el camello supone un nivel bajísimo en la organización y que incluso a veces se les utiliza como cebos. Manifiesta el delegado que hay drogas como la heroína, la coca, las pastillas, que con pocas cantidades alcanzan precios enormes, a diferencia del cannabis o hachís que requiere grandes cantidades de tráfico, de ahí la diferencia de presos tipo en Marruecos y en otros países. Indica que las llamadas «redes de pitufos» captadas por las organizaciones entre inmigrantes, con niveles de necesidad económica, que trafican con pequeñas cantidades es también otro elemento existente en este peculiar comercio.
El Senador Agramunt Font de Mora, del Grupo Parlamentario Popular, señala que esta comparecencia evidencia la importancia de la información que, al igual que decía la Senadora Camilleri Hernández, debe manifestarse desde el propio momento en que se organizan los viajes, pero que ello también supone dificultades de organización, añade, que existe otro aspecto que es el conocimiento básico de las situaciones penales y procesales, mediante guías, como alguien ha sugerido, vía consulados y que todo ello debería plantearse. Seguidamente efectúa una pregunta sobre si existe alguna clase de concertación de información desde el Plan Nacional contra la Droga con Exteriores y concretamente con los cónsules. Asimismo pregunta si hay grandes diferencias entre la legislación española y la de otros países.
El señor Robles Orozco expresa que ellos están trabajando hace tiempo con la Dirección General de Asuntos Consulares y que considera que es conveniente ampliarlo a países donde bien a través de Agencias u otros procedimientos haya vínculos calientes para que también llegue la información a estos lugares de modo que sin llegar a una información universal sí haya una extensión de esta clase de información. Asimismo, el Delegado diferencia países donde la situación es más dramática, en lo que al sistema carcelario se refiere, entre otros el llamado triángulo de oro y el creciente dorado como Pakistán, Miamar, Tailandia, etc. donde hay un panorama durísimo con endurecimiento penal en cárceles verdaderamente terribles y también Iberoamérica, como por ejemplo Colombia o Venezuela, situaciones todas estas distintas a Europa donde hay también un cierto endurecimiento, al respecto se refiere al caso de Holanda donde la adquisición de 25 gramos de cannabis en los Coffee Shop ha ido transformándose en la adquisición de cinco gramos como límite a partir del cuál se entra en el terreno delictivo, luego se va discretamente bajando las cantidades y, paralelamente, incrementando el nivel de presión al respecto; Además, frente a lo que se piensa, en este mismo país esta penado el tráfico y el consumo de otra clase de drogas.
En los países nórdicos, indica el compareciente, se está hoy en el extremo opuesto al de los años 60, puesto que las legislaciones se han endurecido extraordinariamente.
Interviene el Senador Saavedra Acevedo, del Grupo Parlamentario Socialista, quien pregunta si es cierto que a veces se utilizan personas de vida ordinaria camuflando droga en equipajes particulares para que actúen sin conocimiento de causa.
El señor Robles Orozco indica que esto sucede en una clarísima minoría de casos, aunque ha habido algunos y se suele esgrimir frecuentemente como argumento exculpatorio.


A continuación el señor Robles expresa que hay funcionarios de enlace en muchos países, concretamente hay un grupo que es el de aeropuertos que tienen protocolos que permiten identificar situaciones de riesgo.

Comparecencia del Excmo. Sr. D. Eugenio Gay Montalbo, Presidente del Consejo General de la Abogacía. 3 de octubre de 2000.

El señor Gay Montalbo, agradece la citación a comparecer de la Ponencia e indica que se congratula con esta iniciativa del Senado, que afecta a algo fundamental, como es el derecho de defensa. A continuación se remonta al Derecho Romano y al debate existente actualmente en el ámbito nacional y en el internacional al respecto. Manifiesta que la abogacía española estableció unos servicios de orientación jurídica para extranjeros y también servicios de orientación jurídica penitenciaria; estos servicios, indica el compareciente, han sido extraordinariamente bien acogidos y se usan con mucha frecuencia en nuestras cárceles.
Junto a ello, expresa el compareciente, es importante la situación de los españoles presos fuera de España de los que la inmensa mayoría lo están por delitos relacionados con el narcotráfico.
Precisa el señor Gay Montalbo que el principio conforme al cuál la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento existe en todas partes y hay, afirma, incluso casos de condena a muerte por delitos relacionados con el narcotráfico.
Se refiere el compareciente al caso concreto del español Joaquín José Martínez y así habla de la evidencia de que la asistencia jurídica que tuvo en el primer juicio no estuvo a la altura de las circunstancias.
Acto seguido se refiere a otro compatriota A. R. condenado por tráfico de drogas en Tailandia en cuya lectura de sentencia no estuvo su abogado, luego es posible que no tuviera la asistencia debida.
En un mundo globalizado, señala el compareciente, los abogados desempeñan sus tareas en el entorno europeo, en el que España y los demás países son un espacio realmente privilegiado de seguridad jurídica; siendo éste un ámbito que cada vez tendrá mayores conexiones, lo que ejemplifica citando el debate sobre la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que, expresa, es innecesaria, pues ya se tiene el Convenio de Roma. Además, afirma, existen conexiones evidentes tanto en el ámbito normativo europeo, caso del Convenio Europeo que es un excelente marco jurídico, como otro tipo de disposiciones de carácter internacional cuál es el Convenio de Viena sobre relaciones consulares que contempla la actuación de los cónsules en su artículo 36.
Existe pues, señala, un marco que permite el cumplimiento de las penas a personas condenadas mediante el correspondiente traslado a su país de origen y así existe también, expresa, el derecho a asistencia consular de los nacionales de un país detenidos en un país extranjero, que es de gran importancia.
El señor Gay Montalbo alude a las tremendas condiciones de las cárceles en algunos países, como por ejemplo en Latinoamérica, por hacinamiento, por las vulneraciones que se producen de derechos fundamentales y también por otra serie de circunstancias singulares.
De ello deduce el compareciente la importancia de la función consular y también la del Defensor del Pueblo.
Se refiere el señor Gay Montalbo al artículo 6 del Convenio Europeo donde se deja claro que los derechos de los detenidos han de quedar absolutamente garantizados.
En Europa existe el Libro Verde de la justicia en litigios civiles que debería de ser la pauta para la ampliación del espacio común en materia de procesos penales.
Se está trabajando, indica el compareciente, en una base de datos de abogados y sobre abogados competentes para cada tipo de proceso en los diferentes países europeos en la que se podrá contar también con los diferentes auxilios judiciales para atender los casos que se produzcan de atención jurídica en el extranjero. Se refiere también a las dificultades que existen en la selección de abogado en procesos penales en el extranjero por razón de la lengua y a veces también por el problema del coste de la justicia.
La jurisprudencia de Luxemburgo, indica el compareciente, considera que el Convenio de Roma es derecho de aplicación en caso de existencia de conflicto, asimismo, señala que se ha propuesto el derecho a utilizar la propia lengua como instrumento irrenunciable relacionado con las garantías de la defensa.
Indica el compareciente que por otra parte, el sistema de Estrasburgo ha tenido que desarrollar los preceptos del Convenio de Roma y ha extendido los derechos de justicia gratuita y abogado de oficio, también a los procesos civiles. En alguna sentencia, se dejaba clarísimo que cualquier persona en situación económica precaria tiene derecho a la justicia gratuita, sea en los procedimientos que sean, por eso se ha seguido ese criterio en la ley de asistencia jurídica gratuita de 1996 en el artículo 2 y este derecho se extiende a nacionales y también al resto de los europeos.
Se debe garantizar el derecho de defensa en su más amplio sentido, expresa el compareciente, tanto dentro como fuera del territorio. La abogacía, concluye el compareciente, debe ofrecer a la sociedad española la colaboración en la designación de abogados competentes.
El Senador Saavedra Acevedo, del Grupo Parlamentario Socialista, efectúa dos preguntas al compareciente sobre el grado de cooperación del Consejo General de la Abogacía y órganos equivalentes con Iberoamérica y pregunta también si hay conocimiento de que los detenidos por tráfico de drogas cuentan con algunos servicios de asistencia letrada previamente conocida.
El señor Gay Montalbo responde que la abogacía española tiene relaciones excelentes con todo el mundo y en especial en Europa y están en contacto todos los Colegios en el Consejo General Consultivo de los Colegios de Abogados de Europa, así como con otras organizaciones hermanas sobre temas concretos de carácter profesional. Con Iberoamérica señala que también tienen relaciones muy estrechas y que en concreto este tema se ha tratado en los órdenes de abogados de Filipinas y de la República Dominicana que siguen sistemas tipo USA o modelos tipo USA como el Bar Council o la llamada Law Society.


Depende de la masificación tener o no abogado previamente previsto; hay casos, señala, en que la detención de un occidental se considera por algunos países como un buen negocio.
El Senador Caballero Moya, del Grupo Parlamentario Socialista, pregunta qué sucede en aquellos países en los que no hay un convenio para cumplimiento de condena en España, asimismo pregunta si considera el compareciente que una recomendación podría ir en la línea de que las bases de datos de abogados estuvieran en conexión con el Ministerio de Asuntos Exteriores para facilitar el acceso a las mismas de los detenidos.
El compareciente, señor Gay Montalbo, responde que efectivamente ha manifestado su satisfacción sobre el marco normativo europeo. En materia civil, indica, hay casi plenitud de derechos, pero no está resuelto totalmente el tema pues hay países donde la asistencia jurídica gratuita ni siquiera existe para los nacionales, y otros en que la tienen plenamente extendida; sin embargo, no es así en materia penal. Ellos creen que la asistencia jurídica gratuita, señala, debería garantizarse a todos los españoles en España y fuera de España y a todos los ciudadanos del mundo que se encuentren aquí y todo ello con base a lo que podría denominarse derecho de gentes. En el caso de existir convenios bilaterales es fácil el problema es que a veces la dificultad estriba en que no existen tales y tampoco existe un marco jurídico universal. En cuanto a la base de datos europea se construye sobre elementos de las propuestas del Libro Verde europeo en materia civil. Termina afirmando, en respuesta al Senador Caballero Moya, que ellos no están en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores en asuntos relacionados con esta base pero sí en materia de cooperación internacional con los países iberoamericanos en la formación, por ejemplo, la ayuda a las escuelas de práctica jurídica; pero --señala el Sr. Gay-- anota también esta otra vía de cooperación como algo sobre lo que habría que trabajar.
La Senadora Camilleri Hernández, del Grupo Parlamentario Popular, da la bienvenida al compareciente y manifiesta su preocupación por aquellos países donde no hay Convenio por ejemplo el caso australiano, en tal sentido pregunta si donde no hay Convenio ¿hay algún tipo de colaboración previsto? El compareciente señor Gay Montalbo responde que la cuestión que expone la Senadora es lacerante pues hace falta información incluida información sobre el papel de los cónsules y de las embajadas. La abogacía española, manifiesta el señor Gay Montalbo tiene relaciones con asociaciones y corporaciones profesionales de todo el mundo así como también con organizaciones destinadas o encargadas del respeto y la impulsión del respecto a los derechos humanos, además, indica, España pertenece a la Unión Interamericana de Abogados que es una importantísima entidad receptora de problemas en los países integrantes. La abogacía española, indica el señor Gay Montalbo, esta en condiciones de elaborar un mapa de la colaboración entre abogados.
El Senador Aurrekoetxea Bergara, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pregunta sobre posibles alternativas en los foros internacionales para evitar la terrible estancia en según que cárceles y si existe alguna reflexión en la institución colegial de los abogados al respecto.
El señor Gay Montalbo expresa que efectivamente hay que hacer esa reflexión pues es uno de los principales problemas. A continuación el compareciente efectúa una serie de consideraciones sobre la pena de muerte cuya existencia repugna en la actualidad, indica, y sobre el valor educativo de la pena; esfuerzo que se hace en muchos países europeos que a veces se conoce y otras veces no y, por el contrario, hay países, indica, donde los presos comen encadenados, luego el panorama no es en absoluto uniforme. Se ha de avanzar, indica el compareciente, en la creación de una cultura jurídica basada en el absoluto respecto de los derechos fundamentales, al respecto manifiesta que Europea es un pequeño oasis pero existen muchas otras partes del mundo.
El Senador Agramunt Font de Mora, del Grupo Parlamentario Popular, abunda en la idea expresada de posible colaboración de los Colegios de Abogados con los Cónsules en materia de preparación de listados de abogados, sobre todo en los «países calientes», en lo que es el planteamiento de Convenios recíprocos para finalización del cumplimiento de condena en el país de origen y, señala también si existe alguna experiencia en cumplimiento de resto de condena en España y en concreto cuál es el régimen de aplicación de los beneficios penitenciarios en estos supuestos.
El señor Gay Montalbo expresa el total compromiso de la abogacía española y la participación como «amicus curiae» del Colegio de Abogados de Madrid en algunos supuesto como por ejemplo en el juicio de Joaquín José Martínez.
Asimismo el compareciente indica que por resolución del Consejo General de la Abogacía se solicitó la conmutación de la pena en el caso de este español en Miami. Además ellos se dirigieron también directamente al Gobierno USA y al propio Gobierno local en este sentido. Se refiere también a la condena de un súbdito español en Francia y a la intervención del Colegio de Abogados en Barcelona que consiguió la conmutación de la pena de muerte a finales de los años 60. La abogacía española, afirma el compareciente, estará siempre contra la pena de muerte.
Ellos reciben, indica, solicitud de ayuda también de abogados que tienen problemas en otros países, Chile, Perú, Colombia o El Salvador y a veces también en países de Africa como Sudán, Guinea Ecuatorial o Ruanda.
En materia de beneficios penitenciarios expresa que tienen que ser los correspondientes y aplicables a cualquier otro ciudadano español. Esto no obstante en el Convenio Europeo se prevén las condiciones de acogida a estos beneficios, a partir del sistema correspondiente en el país.
No conocen, indica el compareciente, quejas por la aplicación de este sistema o por lo menos ellos no lo han detectado.

Comparecencia del Excmo. Sr. D. Luis Martí Mingarro, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 3 de octubre de 2000.

El señor Martí Mingarro inicia su comparecencia refiriéndose al honor de estar en el Senado para hablar de

forma sencilla de «cosas de abogados» como profesionales que están cerca de los que sufren y que al mismo tiempo tienen la responsabilidad de ayudar en la impartición de justicia.
Se refiere a la experiencia de participación en el Colegio de Abogados de Madrid desde 1974 en estas materias y así también como Secretario General de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados.
El compareciente alude a diferentes áreas jurídico-político-culturales pues no es lo mismo la situación en Europa que en Iberoamérica o Estados Unidos.
En Europa, señala, desde 1977 funciona muy bien la Directiva de libre prestación profesional de servicios, aunque existían precedentes consuetudinarios de la aplicación a relaciones bilaterales como por ejemplo las hispano-francesas en materia de abogados desde tiempo anterior. Este asunto, pues, de colaboración entre profesionales de derecho está resuelto en el ámbito europeo pero no en otros lugares, incluso de la propia Europa, caso de los Balcanes donde los Colegios de Abogados españoles tienen una importante política de colaboración desde hace cuatro años en la función de respeto de los derechos humanos. En Turquía, también ámbito europeo, cuyo sistema jurídico se modernizó con Kemal Ataturk entrando en la esfera que podría llamarse del mundo germánico aunque afines también a los modos del foro, hay casos de ayuda entre abogados de ambos lugares de España y Turquía.
En Asia la situación de lejanía y el débil vínculo histórico, a excepción de las Filipinas, da lugar a que haya otro tipo de relaciones excepto con éste último país donde tres casos han sido atendidos por abogados españoles con feliz resultados dos de ellos.
En Africa el caso de Guinea Ecuatorial hay colaboración entre el Colegio de Abogados de Madrid y los abogados guineanos, ha habido incluso regalos de togas o apoyo en la formación, etc. en el caso Marroquí hace siete años funciona el aula de extranjería en la que 400 abogados del Colegio de Madrid prestan asistencia jurídica a los inmigrantes desde su propio origen. Hay además, cita, convenios con ACNUR, Cruz Roja, etc. Hay conexión concretamente con Colegios de Abogados de Rabat y Casablanca y se puede hablar, señala el compareciente, de resultados muy satisfactorios que permiten la colaboración entre abogados de ambos países.
En el caso de Estados Unidos de América del Norte el proceso de Joaquín José Martínez ha dado lugar a la personación como amicus curiae del Colegio de Abogados de Madrid en tal proceso. Este es un supuesto de cooperación importante, aunque las diferencias penitenciarias entre Estados dentro de Estados Unidos son enormes y existen además obvias consideraciones basadas muchas veces en prejuicios. De ahí la importancia de los cónsules y también tratar de establecer cooperación con los sistemas colegiales americanos como la «American Bar».
En Iberoamérica es un ámbito donde hay una estrecha cooperación ya desde el año 1976 cuando los abogados del Mar del Plata tenían ya estrecha vinculación con el Colegio de Abogados de Madrid. Hay un entramado de relaciones que opera en etapas de vacilante recuperación constitucional y una gran cooperación por parte de los Colegios Iberoamericanos; hay casos muy llamativos de esta cooperación respecto de los cuáles ilustra el compareciente a los señores Ponentes.
Sigue explicando el compareciente los diversos tipos de cooperación con Iberoamérica, que es muy profunda con Argentina desde antiguo cuando años ha se dio cobijo a abogados perseguidos políticos; de hecho, afirma, hay abogados colegiados en Argentina y en España. Con Chile hay una colaboración muy profunda. En Bolivia existe también una colegiación de abogados emergente de carácter obligatorio y también una cooperación emergente de estos Colegios con España. Perú alguno de cuyos colegios de abogados nació como filial del de Madrid hace dos siglos y pico tienen desde entonces, como es lógico, una estrecha colaboración con el Colegio de Madrid y sin embargo hay que decir que tiene un sistema penitenciario muy difícil y del que normalmente surgen numerosas peticiones de traslado. En Venezuela el sistema penitenciario se puede decir que es casi el más deteriorado de todo el panorama iberoamericano puesto que las cárceles son un nido del crimen y de abyección. Colombia tiene también una terrible situación y hay colaboración con los abogados colombianos si bien es un sistema tan peculiar en materia penitenciaria que las cárceles no son sólo del Estado y el sistema de la fuerza y la ley del más fuerte es evidente. La ayuda existe con Colombia como ya ha indicado, aunque no siempre es fácil. Con Panamá y el resto del istmo hay una buena relación.
En Méjico la situación de las cárceles es bien distinta según se trate de algunas de ellas y en general el resto del sistema. Hay grandes oportunidades de colaboración con Méjico, señala el compareciente, y de hecho hay un programa de colaboración recíproca.
El Colegio de Abogados, concluye el señor compareciente, convoca reuniones con los representantes consulares de los países de inmigración para tratar de que haya mejoras y una de ellas es que los centros de internamiento mejoren al menos con estándares semejantes a otros centros penitenciarios.
El Senador Saavedra Acevedo, del Grupo Parlamentario Socialista, interviene para agradecer la magnífica exposición del compareciente y efectúa algunas consideraciones del siguiente tenor: Se puede hablar de que existen tres tipos de sistemas los que cuentan con asistencia programada los que cuentan con asistencia general recíproca pero además necesitan importantes ayudas y por último los que no tienen ningún tipo de asistencia que tendrán o no turno de oficio según las circunstancias.
Seguidamente el Senador Saavedra Acevedo señala si sería conveniente plantearse una ley de derechos de los españoles en el exterior que estableciera la obligación de asistencia jurídica para ellos. Asimismo, finaliza su intervención preguntando si las visitas de los Colegios de Abogados a las cárceles, ellos tienen acceso e imponen respeto en ellas.
El Senador Caballero Moya, por el Grupo Parlamentario Socialista, agradece también la comparecencia del señor Martí Mingarro y efectúa una pregunta refiriéndose a la carta de un preso español en que señala que sus familias entregan cantidades contínuas a un letrado sin resultados, ¿cuál es la pauta de conducta en estos casos?

El senador Aurrekoetxea Bergara, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, se refiere también a que ha sido muy ilustrativa la pasión transmitida por el compareciente y señala que desde su perspectiva les anima a seguir en esta línea y se congratula de que la Ponencia le haya servido para tratar de potenciar todavía más este tipo de relaciones.
El compareciente señor Martí Mingarro procede a responder a los distintos Senadores indicando que el peso de los Colegios varía en general desde donde es la colegiación obligatoria a aquellos otros donde no es así.
Concretamente el Colegio de Abogados de Madrid tiene un extraordinario peso específico en Iberoamérica.
En cuanto a la asistencia jurídica al desvalido es desigual en unos u otros lugares señala que hay disposiciones constitucionales en las que así se prevé pero hay otros en que no incluso muy cerca de nosotros, por ejemplo en Alemania o en Austria donde es una abogacía que está en un estatus social elevado y por tanto presupone un poder adquisitivo muy alto.
En cuanto a aquellos abogados inhábiles indica que la Comisión del Colegio de abogados de Madrid tiene un excelente sistema disciplinario hasta el punto de que se han expulsado 17 personas y hay numerosos casos a debate cuando hay supuesta existencia de abusos por parte de un abogado hasta la comprobación de si existe venalidad o negligencia en el asunto de que se trate.
Agradece el señor compareciente las palabras manifestadas por el Senador Aurrekoetxea Bergara y termina esta comparecencia con la intervención del Senador Agramunt Font de Mora, del Grupo Parlamentario Popular, quien, como comentario final, manifiesta que observa que uno de los problemas es el desconocimiento de listas de abogados por parte de españoles que se encuentran en la tesitura de ser detenidos y juzgados en el extranjero y señala que por parte de los Consulados esta es una obligación de poner a disposición de tales personas los listados a cuyo efecto reflexiona en voz alta el Senador si sería una buena fórmula la colaboración entre Colegios de Abogados y Cónsules.

Comparecencia del Excmo. Sr. D. Siro García Pérez, Magistrado Presidente de la Sala de lo Penal y de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, y del Excmo. Sr. D. Carlos Cezón González, Magistrado Presidente de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 5 de marzo de 2001.

El Sr. Magistrado señala que para él, en su condición de Magistrado del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional es un honor comparecer en el Senado puesto que la Administración de Justicia, afirma el compareciente, es un poder del Estado funcionalmente subordinado al Legislativo, ya que su función es aplicar las leyes que aprueba el Parlamento.
El Sr. Magistrado señala que los convenios o acuerdos de traslado de personas condenadas tienen como objetivo la reinserción social, no son, señala, en absoluto sustitutivos del sistema penal, ni tampoco del penitenciario, de ahí que haya múltiples restricciones que se contemplan en los propios tratados. Restricciones estas, indica el Sr.
compareciente, que suelen guardar proporcionalidad en relación con el grado de confianza que existe entre los Estados signatarios.
Manifiesta el compareciente que el sistema de tratados para el cumplimiento de condenas en los países de origen se asienta sobre un doble principio: en primer lugar el principio de la doble incriminación y el de mínimo de pena que resta por ejecutar. El primero supone que el hecho ha de estar penado en los dos Estados, lo que no equivale a identidad punitiva, y en segundo lugar se exige el mantenimiento de la pena de forma que la aplicación del tratado no suponga exención de la misma.
A efectos expositivos, el compareciente se refiere a cuatro tipos diferentes de tratado: el tratado europeo, el tratado con Venezuela por tratarse un país en el que existe un importante número de personas detenidas; el tratado con Marruecos que es el correspondiente a un país vecino y con un singular sistema de multas y por ultimo el tratado con Tailandia un país donde hay también singularidades procedimentales. El Tratado del Consejo de Europa es abierto y parte del principio de una gran confianza en los Estados. El de Venezuela sólo admite la modalidad de prosecución. El de Marruecos permite un cierto grado de conversión. El de Tailandia facilita dar gran cantidad de información penal y penitenciaria al Estado de cumplimiento.
El Sr. compareciente se refiere a que hay países tan garantistas que obligan a incluso comprobar que el condenado quiera trasladarse por parte de las autoridades, pero lo habitual, manifiesta, es exigir el mantenimiento de la pena en un triple campo: en su naturaleza, en su duración y en su subsistencia.
Señala el compareciente que la cuestión de la adaptación de la pena tiene su importancia en los casos de cadena perpetua y a continuación alude al tratamiento de la adaptabilidad de la pena en diferentes modelos de convenio siendo norma general, señala, la no admisibilidad de la reformatio in peius.
Además de ello, señala el compareciente, los tratados suelen requerir que el Estado de condena informe del curso del desarrollo de su cumplimiento.
Siendo, de otra parte, la Audiencia Nacional, en virtud del artículo 65.2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el órgano jurisdiccional ejecutor a quien compete la ejecución de sentencias dictadas por Tribunales extranjeros en procedimientos penales iniciados en el extranjero y el cumplimiento de pena de prisión impuesta por tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, o la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad.
Es la Audiencia Nacional, señala el compareciente, quien efectúa la liquidación de condena y cuestión distinta es que la evaluación se efectúe por el juez de vigilancia penitenciaria; actualmente se remite una providencia al centro penitenciario de cumplimiento haciendo advertencia de las competencias de la Audiencia Nacional al respecto.
En materia de tratados existen cláusulas de discrecionalidad exacervadas como por ejemplo en el caso del tratado

con Venezuela; conforme al tratado con Marruecos se puede denegar el cumplimiento de condena en el país de cumplimiento si el Estado requerido prevé que ello vulneraría su soberanía; estas cláusulas potestativas, señala el compareciente, pueden contener conceptos jurídicos indeterminados que no facilitan precisamente la aplicación con plenas garantías jurídicas.
Cada vez es más patente, indica el compareciente, la necesidad de tribunales con jurisdicción obligatoria, mejor que los comités permanentes interpretativos de los convenios; en tal orden de cosas, expresa el compareciente, se debería aprovechar la creación y ratificación del tratado de Roma de constitución del Tribunal Penal Internacional para resolver no sólo sobre la condena de los delincuentes sino también para solucionar de manera vinculante para las partes las controversias jurisdiccionales entre Estados que surjan de los Tratados Internacionales.
Otra cuestión distinta pero implícita en el sistema jurídico de algunos países ocon los que existe convenio, caso de Marruecos, es la de las responsabilidades pecuniarias cuya solución debería tratar de estudiarse por los países, con medidas normativas que garantizaran la posterior repetición de las mismas sobre los condenados u otros sistemas.
En turno de intervención de Senadores participa D. Hilario Caballero Moya del Grupo Parlamentario Socialista quien efectúa a los comparecientes tres preguntas: En primer lugar si hay, como se ha dicho, en los expedientes referentes a estas materias muchos errores materiales, y complejidades en la resolución, como podría ser las traducciones necesarias, etcétera, que complican su tramitación e impiden la agilización de la misma que viene a tardar hasta ocho o nueve mese; en segundo lugar si conoce el compareciente el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional de la VI Legislatura y considera que tal proyecto favorecería o no la situación de lo que se discute; en tercer lugar, por último, pregunta si hay o no un procedimiento para que las condenas de después del año 96, esto es con el nuevo Código Penal, tengan posible aplicación de la reducción de penas por el trabajo aunque tal beneficio no esté expresamente contemplado en el vigente Código Penal.
Responde el compareciente Sr. García indicando que no hay dilación alguna en la intervención de la Audiencia Nacional, en cuanto se tiene noticia de que el Gobierno ha acordado la transferencia se pone en marcha Interpol, la liquidación de condena e inmediatamente sin solución de continuidad la finalización del procedimiento, asimismo indica que la traducción no es un obstáculo.
Interviene en turno también de respuesta el compareciente D. Carlos Cezón quien indica que en materia de cumplimiento de la pena una vez llegado a España no es ningún problema; aunque a veces sí hay retrasos debido a expedientes incompletos o a procedimientos defectuosos. El principio general, afirma el compareciente, es el sometimiento del penado trasladado a las reglas del país de cumplimiento; en cuanto a la aplicación de beneficios tipo de reducción de penas por el trabajo, esto fue posible antes del 25 de mayo del 95 pero indica el compareciente, que hay algunos casos en los que la aplicación de los denominados indultos parciales del vigente Código Penal está prohibida expresamente por la expresa prohibición del indulto, este es el caso del convenio con Argentina. En cuanto a las competencias del juez de vigilancia penitenciaria manifiesta que estos tienen iguales competencias que en relación con otro tipo de presos pero hay una particularidad y es que lo ya cumplido es inmodificable; cuestión distinta es que el Estados extranjero informe del cumplimiento de condena y de otros beneficios que resultaran aplicables por la estancia penitenciaria en dicho país de condena pero lo que es evidente es que la remisión de la sentencia corresponde al país o al Estado de condena.
El Sr. García Pérez interviene de nuevo y expresa que los Estados se reservan la jurisdicción sobre revisión de sentencias y a veces incluso respecto de indultos. La Audiencia Nacional interviene cuando se le solicita criterio que se traslada al Estado de condena y allí es donde se resuelve.
Toma la palabra la Senadora Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular, quien tras la bienvenida a los comparecientes plantea algunos problemas de interpretación como es por ejemplo la reticencia de determinados Estados, caso de Tailandia o de Egipto, respecto de la aplicación de los acuerdos de cumplimiento recíproco de condena y termina su intervención planteando la conveniencia de que haya una corriente internacional a favor de este tipo de cumplimiento en los denominados países de cumplimiento. La Sra. Senadora inquiere asimismo cuál es el número de expedientes en tramitación.
El compareciente Sr. García Pérez responde a la Senadora refiriéndose a diferentes convenios internacionales o supranacionales creadores de órganos como el de Viena, el de la Haya o el de Luxemburgo en los que ya se trata en cuanto órganos incipientes de tener una jurisdicción internacional. Ahora bien, muchas veces todo depende de los Gobiernos y no de los representantes del Poder Judicial. En esta línea, indica el compareciente, pudiera resultar preocupante la tendencia a suprimir la intervención pasiva de los jueces en los procedimientos de extradición, por citar un caso ejemplificativo de esta tendencia a que no sea el Poder Judicial el que participe en estos asuntos. Finaliza su intervención el compareciente en respuesta a la Senadora expresando que una jurisdicción obligatoria penal internacional podría ser una solución. Mientras esto no exista, señala, estos temas tienen difícil solución.
El compareciente Sr. Cezón responde a la Sra. Senadora manifestándole que en estas cuestiones han de coincidir tres requisitos: consentimiento del Estado de condena, consentimiento de la persona implicada y por último consentimiento del Estado de cumplimiento. No siempre es posible la articulación plena de los tres factores.
El Sr. García interviene de nuevo para referirse al fenómeno de afluencia de solicitudes cuando un tratado está recién firmado y después la tendencia a mantener el mismo número, lo que está así desde que se iniciara esta clase de experiencias jurisdiccionales.
Interviene el Senador Cámara del Grupo Parlamentario Mixto quien plantea, a la vista de diferentes cartas escritas por familiares y por personas interesadas en la materia qué sugerencias pueden hacer los comparecientes a esta Ponencia,

al legislativo y, en su caso, para ser transmitidas al Gobierno, para mejorar la solución del ciudadano; cómo agilizar los traslados; qué hacer respecto de los preventivos. Finaliza el Senador indicando que si consideran oportuno no contestar ahora y remitir alguna clase de información escrita también lo agradecería.
El compareciente D. Siro García responde al Senador que él no puede hablar sobre la rapidez del procedimiento administrativo pues una vez éste está ya en la Audiencia Nacional y es de su responsabilidad ya de procedimiento administrativo se transforma en procedimiento jurisdiccional. La mejor ayuda a un ciudadano en el extranjero, afirma el Sr. compareciente se encuentra en tener datos sobre su situación que, obviamente, deben proceder o podrían proceder del Consulado; después de ello es fundamental garantizar los derechos y podría ser adecuada la existencia de una Ley que regulara el apoyo económico, informativo, etc., para ciudadanos en el exterior y también el apoyo ante los organismos internacionales, como por ejemplo el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En cuanto a los preventivos es una situación difícil puesto que hay que tener la condena para el traslado de los propios condenados; por otra parte responde que muchas veces el problema no está tanto en las normas cuanto en la carestía de los Letrados, además de la superabundancia de estos, lo que puede complicar los procedimientos.
El compareciente Sr. Cezón indica que no hay seguimiento de expedientes porque ellos sólo saben cuándo hay asentimiento de ambos Estados desconociendo los otros aspectos relacionados con esta materia.
Por el Grupo Parlamentario Popular interviene la Senadora Camilleri quien agradece la comparecencia de los Sres. García Pérez y Cezón y pregunta si pueden indicarle cuánto tarda en venir un preso al que ya el Ministerio de Justicia le ha concedido el llamado transfer; asimismo inquiere sobre si existe algún tipo de controversia entre los Magistrados de la Audiencia Nacional y sus competencias en este asunto y los Jueces de Vigilancia Penitenciaria. A lo que responden los Sres. comparecientes que no hay ninguna clase de controversia puesto que los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, según manifiesta el Sr. Cezón si existiera alguna diferencia entre unos y otros en el pasado ahora ya se van percatando de la intangibilidad de los principios de cumplimiento de condena, de que el Juez natural en estas materias es la Audiencia Nacional y que debe ser el Juez naturalmente idóneo por su carácter centralizado en materia de relaciones penales internacionales. Interviene el Senador Agramunt quien pregunta a los comparecientes por el principio de doble incriminación como causa de que existan supuestos en los que algo no tipificado como delito impida el traslado al país de cumplimiento. En estos casos afirma el compareciente Sr. García Pérez la única solución es el criterio de reciprocidad, y establecer o tratar de llegar a un pacto ad hoc para estos supuestos.
El Magistrado Cezón expresa que el fundamento de la doble imputación es así porque también a España le interesa mantenerlo como general respecto de cualquier otro país. Interviene por último el Senador Agramunt actuando como coordinador de la Ponencia para agradecer la comparecencia que ha ilustrado de forma muy conveniente y muy amplia a la Ponencia sobre las competencias de la Audiencia Nacional en esta materia y solicita de los Sres. comparecientes que si desean expresar ante la misma cualquier otra información no duden en hacerlo puesto que será muy bien recibida por la Ponencia.

Comparecencia del Jefe de Interpol de Madrid, D. José Aranda Guerrero. 5 de marzo de 2001.

Directamente con las preguntas de los Sres. Senadores comienza esta comparecencia, con la intervención de la Senadora Camilleri del Grupo Parlamentario Popular quien pregunta, tras explicitar determinados detalles del viaje de una delegación de la Ponencia a Marruecos, cuál es actualmente la situación de algunas de las personas por las que la Ponencia se interesó y de las que tienen constancia de que su transferencia ha sido aprobada ya por el Consejo de Ministros.
Responde el Sr. compareciente que los que estaban pendientes de venir a España llegaron la semana pasada y que, ahora mismo, no hay ninguna persona en Marruecos pendiente de traslado por haber sido ya éste aprobado por los dos Estados.
De nuevo la Senadora Camilleri inquiere sobre cuánto se suele tardar desde que se acuerda en Consejo de Ministros el traslado hasta que llega a España.
El compareciente Sr. Aranda indica que depende de los países puesto que cada país tienen su caracterología y que el promedio tipo está en torno a diez días-dos semanas aunque también hay que tener en cuenta el sistema penal y penitenciario del país de condena según el tipo que sea y el país del que se trate.
El Senador Caballero, del Grupo Parlamentario Socialista, agradece la presencia al Sr. Aranda y efectúa diferentes preguntas: ¿quién corre con los gastos de traslado hasta que llega al país; en qué condiciones se hacen los traslados; es cierto que ha habido casos en los que el traslado de un furgón ha consistido en su transporte en las bodegas de un buque; se ponen en disposición de trasladar a personas los miembros de Interpol independientemente del número de presos? El Sr. Aranda interviene para responder que Interpol es parte del Cuerpo Nacional de Policía que presta servicios en base a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La base de actuación, indica el compareciente es el acuerdo del Consejo de Ministros, aprobándose el expediente de gastos por el Ministerio de Justicia; las condiciones de los traslados desde que él se hizo cargo, señala el compareciente, se producen siempre que hay una persona en condiciones de traslado. No tiene noticias el Sr. Aranda de que haya habido traslados con detenidos dentro de furgones en bodegas de buques, antes al contrario, afirma, la mayoría de los traslados se efectúan por vía aérea, excepto en el caso de Tánger puesto que el juzgado más próximo es el de Algeciras, y en los casos de alguna zonas francesas o portuguesas que se hace por carretera. Termina el compareciente indicando

que en el año 2000 se han efectuado 87 traslados de personas.
El Senador Aurrekoetxea del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos pregunta si es posible traer a un preso a través de acuerdos con otros países o siempre ha de efectuarse a través de Interpol.
El Sr. Aranda expresa que ellos contactan con Interpol del país de que se trate y con la Embajada de España y, manifiesta, que dependen muchos factores del tipo concreto de país. En total el ámbito de trabajo de Interpol son 278 países y obviamente las condiciones difieren de la Interpol de unos y de otros, aunque siempre interviene la Interpol del país de origen y la española que los trae a España, sin perjuicio de intervenciones también de las embajadas y específicamente del agregado de Interior. Finaliza su intervención indicando que en el año 2000 sólo hubo un caso de regreso de vacío de una expedición de Interpol que luego se resolvió. La intervención de Interpol siempre se basa en, señala el compareciente, los principios de agilidad, capacidad y discreción. En los supuestos en los que el traslado es de personas enfermas hay colaboración con ONGs como por ejemplo Medicos Mundi.
El Senador Ríos agradece la comparecencia y pregunta si ha habido durante los traslados algún intento de evasión o conatos de violencia.
El Sr. Aranda expresa que todo el personal de Interpol rota y que el clima y las instrucciones suelen ser de que exista paz y tranquilidad que cree un clima de serenidad en el viaje de ida y de vuelta. Normalmente, afirma, la delegación suele ser un inspector y un policía y solamente han tenido incidencias en un vuelo precisamente desde USA en el que el comandante se negó a trasladar a una persona traída por una delegación de Interpol.
El Senador Ríos vuelve a preguntar si hay interferencias de familiares en estos temas.
El compareciente Sr. Aranda responde que no puesto que son intervenciones efectuadas con discreción.
El Senador Aurrekoetxea pregunta de nuevo si solo interviene Interpol.
A esta pregunta responde el Sr. compareciente que traslados y entregas sólo son competencias de Interpol.
La Senadora Vindel actuando como coordinadora de la Ponencia solicita del compareciente que si hubiera alguna manifestación, petición, etc., que hacer la efectúe y la Ponencia se hará eco de ello.
El Sr. compareciente agradece la oportunidad de intervenir y expresa su disposición a hacer las cosas de la mejor manera posible.
El Senador Ríos pregunta de nuevo cómo se resuelven los problemas de interpretación.
El Sr. Aranda indica que habitualmente ellos hablan una o dos lenguas y que el grueso de la información lo es en inglés --sobre un 60%, en torno a un 30% lo es en francés y aproximadamente un 10% en otras lenguas.
El Senador Aurrekoetxea pregunta si las quejas se dirigen a Interpol España o a Interpol internacional.
El Sr. Aranda expresa que entre ellos se comunican mediante los correspondientes mensajes.
Comparecencia del ex cónsul de España en Rabat, D. Juan González Cebrián.
5 de marzo de 2001.

El Sr. González Cebrián agradece la invitación a comparecer que considera un honor y expresa que va a contar una serie de experiencias de su etapa de cónsul en Rabat, que se inició en 1996, si bien en estos momentos se encuentra a cargo de otro tipo de funciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y manifiesta que, en todo caso, es un honor comparecer a petición de esta Ponencia.
Indica el Sr. compareciente que estuvo en Rabat coincidiendo con una etapa de crisis. Tuvo oportunidad en su función consular de visitar las cárceles y conocer los problemas, entre otros, sanitarios, que allí había.
Efectúa el Sr. compareciente que un somero análisis sociológico de la mayoría de los penados responde a un nivel o a un perfil de personas que no tienen gran capacidad económica sino que son captadas por las redes de narcotraficantes para hacer contrabando de sustancias prohibidas. Se refiere a la situación de carencia de medicamentos que tuvo que atender durante su etapa en Rabat tratando de normalizar la recepción de medicamentos por parte de los presos. También durante su etapa de cónsul en Rabat se transformó en habitual la ayuda institucional de 100 dólares mensuales para ayudar a proporcionar una dieta alimenticia más razonable a los internos españoles en las prisiones marroquíes. Explicita una serie de detalles referidos a la utilización de una especie de buhonero para que llevara comida y otros sistemas que permitieran sortear las dificultades que la ayuda de toda índole a los presos requería.
La estancia en Rabat, indica el compareciente, coincidió con la firma del convenio bilateral y diez meses más tarde empezaron a llegar los primeros traslados. Indica el compareciente que hay dos requisitos que dificultan el retorno de españoles presos en Marruecos: el que la condena ha de ser firme y el que tienen que pagar la doble multa del «Règie des Tabacs» y la de los tribunales. La primera es negociable y se puede reducir hasta un 50 o 60% a veces y la segunda es una multa muy alta e innegociable.
Se refiere el compareciente a la situación de R. M. como ejemplificativa de un supuesto de sustitución de impago de multa por cárcel que conduce a situaciones muy difíciles.
Plantea el Sr. compareciente la cuestión de los abogados como un tema importante en estas materias porque, señala, los funcionarios no pueden dar nombres de abogados sino listas. a veces hay hasta abogados que sólo hablaban árabe con lo cual en ocasiones esta es una materia muy delicada en la que quizá habría que plantear convenios con colegios de abogados para la determinación de una lista de abogados idóneos, aunque el compareciente señala que ello es bastante difícil.
En concreto respecto de Marruecos el principal obstáculo son el pago de las multas y, a sensu contrario, si ha habido casos de razones humanitarias que han posibilitado el traslado a España. Se refiere el compareciente a dos casos de detenidos que eran casos humanitarios preocupantes como son los de D. F. G. y D. M. D. en la cárcel de Tánger.
Durante su etapa en Rabat el consulado trató de crear una biblioteca, establecer un sistema de acceso a televisión

y, contando con apoyo de algunos internos impulsores, se permitió también que hubiera traslado a la nueva ala de la cárcel con duchas y celdas para cuatro internos; también se consiguió que los sábados y domingos pudieran salir de las celdas, que tuvieran teléfono, incluso se llegó a configurar un sistema de bis a bis.
En turno de Senadores el Senador Caballero Moya del Grupo Socialista se refiere a la escasez de presupuesto para atender al creciente número de españoles que viajan fuera y específicamente a aquellos que tienen algún problema con la justicia de países de destino; también se refiere a la fundamental labor del cónsul y a la conveniencia o no, aspecto sobre el que pregunta al compareciente, de un texto legal que aborde la actividad de los cónsules.
El Sr. González Cebrián indica que un texto normativo tendría el problema de la rigidez aunque el pequeño opúsculo existente sobre lo que han de ser tareas consulares quizá sí podría estructurarse algo mejor. Señala el compareciente que el funcionariado español en el exterior es muy sensible a la situación de los compatriotas y que en caso de detención hay dos momentos claros, indica, en la detención y las primeras 72 horas donde no existe control del consulado y hay desconocimiento total y es donde a lo mejor se producen malos tratos; y en la instalación en la cárcel con participación ya del consulado donde no parece haber malos tratos.
En turno también de preguntas la Senadora Camilleri indica que la asistencia diplomática es esencial en el exterior y pregunta si hay algún acuerdo con el Consejo General de la Abogacía, por último se refiere a la conveniencia de una norma de rango superior para evitar que quede al buen criterio de los cónsules, generalmente muy eficaces, afirma la señora Senadora, el actuar de un modo u otro. Termina su intervención agradeciendo alguna sugerencia, si las hubiera, por parte del compareciente.
El compareciente responde a la señora Senadora indicando que lo esencial sería que alguien del consulado estuviera desde el primer momento de la detención, pero ello no siempre es fácil. Termina refiriéndose el compareciente a una cuestión a la que no ha aludido anteriormente cual es el tiempo que transcurre desde la declaración de que no hay impedimento para el traslado --unos dos meses aproximadamente-- y también a ciertos retrasos que se pueden imputar a Interpol a veces y seguramente porque no hay suficientes funcionarios para lo que es propiamente el traslado una vez finalizado el procedimiento, cuando, afirma, esto debería ser una prioridad.

Comparecencia de Dª. Julia Bonavila Magriña (asistió acompañada por su marido --J. R. F. F.
--, camionero español detenido en la frontera francoitaliana acusado de tráfico ilegal de estupefacientes). 17 de abril de 2002.

La Sra. Bonavila agradece la presencia ante la Ponencia a los Señores Senadores y, especialmente, al Presidente de la Comisión Senador Agramunt, y hace entrega a todos los miembros de la Ponencia de un conjunto de documentación que incluye cartas de esposas de detenidos españoles en Francia en situación similar a la de su marido, así como diversa documentación relacionada con la detención del Sr. J. R. F. F.
A petición del Sr. Presidente de la Comisión Constitucional la Sra.
Bonavila dio cuenta de su experiencia personal y, entre otras cosas manifestó al respecto lo siguiente: en qué circunstancias se produjo la carga en el transporte que conducía su esposo y la posterior detención en Niza hace ahora aproximadamente un año, donde estuvo en prisión durante cuatro meses y de donde salió transcurrido este período sin fianza como residente francés. Alega la Sra. Bonavila que hubo tardanza en los consulados que no fueron avisados sino que se enteraron por la familia y, según dice, tardaron en comunicárselo lo que, según indica la compareciente, unido a retrasos en la rogatoria y problemas de tramitación en Francia y en España supuso dilaciones indebidas.
La Sra. Bonavila se refiere también al «CMR» alegando que en materia de control sobre el transporte los conductores preferirían que el responsable sea el del lugar en que se cargue. Asimismo la Sra. Bonavila plantea otras solicitudes como por ejemplo el sistema de las aduanas voluntarias, que en la actualidad suponen costes importantes a cargo de transportista; las especiales circunstancias de los conductores que atraviesan territorio marroquí, donde, manifiesta, más del 80 por ciento de los implicados en tráficos ilícitos no saben lo que llevan en el camión, e incluso a veces casi casi se ven «obligados» a aceptar algunas cargas; los métodos no precisamente exquisitos, dice, de algunos policías de Marruecos para que los detenidos firmen el acta de culpabilidad, etc.
La Sra. Bonavila alude en su intervención a diferentes manifestaciones de autoridades españolas alegando retrasos en la tramitación de las causas fuera de España; y también, en otro orden de cosas, expresa sus quejas porque el sistema de trabajo carcelario retribuido en Francia acaba siendo una fuente económica que se absorbe por el propio centro penitenciario donde en las cantinas se gasta el dinero que se percibe con creces. A preguntas de algún Senador la Sra. Bonavila expresa que no recibieron dinero ni visitas consulares en los cuatro meses que su marido estuvo en Niza y, según ella, indica también que hay un preso español en Lyon que lleva más de un año en la cárcel y que no ha recibido visita consular en ocho o nueve meses aunque le entregaron a los tres meses de estancia en la cárcel diez mil pesetas de ayuda pero, sostiene la Sra.
Bonavila, no han vuelto y, según dice la compareciente «los consulados pasan bastante de todo». La Sra. Bonavila expresa que si a su marido le soltaron es porque hubo presiones de España y al final el juez que llevaba su causa después de oír en numerosas ocasiones a la Sra.
compareciente, entendió que así procedía.
También se refiere la Sra. compareciente a una abogada que, al parecer, cobró elevadas minutas por ayudar a su marido sin demasiada eficacia hasta que intervino otro segundo abogado.
A preguntas de uno de los Senadores miembros de la Ponencia la Sra.
Bonavila expresa que no tiene escrito de liberación en el que se exprese las condiciones de la misma y efectúa una serie de precisiones sobre la salida de la cárcel y la posterior entrada en España.


En su intervención la compareciente se refiere a la historia laboral de su marido en la empresa y señala que, tras las vicisitudes ocurridas, el panorama de su familia es muy difícil; con respecto a lo cual expresa que si hay ayudas para todos por parte de diferentes niveles, emigrantes incluidos, lo que ella no valora, pero sí entiende que también debería haberlas para españoles con problemas.
En turno de Senadores interviene el senador Aurrekoetxea, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, quien manifiesta que el caso narrado recuerda a muchos otros de los que han tenido conocimiento los ponentes por otras comparecencias, o por exposiciones que han recibido.
El Senador Saavedra, del Grupo Parlamentario Socialista, pregunta si hay escritos del juez al empresario interesándose por la responsabilidad de la carga, etc.; a lo que indica la Sra. Bonavila que no se ha pedido habitualmente esta información.
El Senador Colsa, del Grupo Parlamentario Popular, pregunta por qué se dirigieron a la abogada que según ha manifestado la compareciente resultó no demasiado eficaz; a esto responde la Sra. Bonavila que tuvieron noticias de esta persona a través del consulado.
El Senador Agramunt puntualiza que como es posible que diga que tuvieron noticias de la abogada a través del consulado si la compareciente ha manifestado que no tuvieron noticias del consulado; a lo que la Sra.
Bonavila responde que por teléfono, puesto que le dijeron que esta señora hablaba español. Mientras que el segundo abogado fue buscado a través de UGT y de los sindicatos internacionales de transporte.
La compareciente expresa que hay alrededor de cincuenta choferes españoles presos en Francia y 60 o 70 en Marruecos, todos con la misma acusación de tráfico ilícito de estupefacientes.
El Senador Cámara, del Grupo Parlamentario Mixto, agradece en su intervención a la Sra. compareciente las manifestaciones vertidas en la Ponencia para ilustrar a la misma.

Comparecencia de los tres ex Senadores que iniciaron en la sexta Legislatura las actividades en pro de los presos españoles en cárceles de los países extranjeros. Excmos. Sres. D. Manuel Jaén Palacios, D. José Luis Nieto Cicuéndez y D. Ignacio Díez González. 17 de abril de 2002.

Al inicio de la intervención el Presidente de la Comisión Constitucional llevó a cabo una breve exposición sobre la importancia de las actividades que iniciaron en la sexta legislatura los ex Senadores presentes y el Senador Bolinaga, quien no ha podido estar en esta ocasión. De hecho, afirma, la Ponencia ha dado continuidad a aquel trabajo previo, por lo que agradece y felicita a los Senadores por aquella actividad y, especialmente, al ex Senador Manuel Jaén quien fue el verdadero primer impulsor de esta materia.
El Senador Caballero, del Grupo Parlamentario Popular, agradecie también la presencia de los ex Senadores y les ruega que si consideran oportuno expresen aquellas recomendaciones de interés para la Ponencia.
El ex Senador Manuel Jaén agradece a la Ponencia la preocupación del Senado por un tema social de indudable interés en el que él, precisa, entró por circunstancias de la vida en 1998 cuando, en un viaje particular a Miami, tuvo noticias a través de un familiar del caso Joaquín José Martínez. Desde ahí, indica el ex Senador, probablemente la experiencia más rica de su vida parlamentaria, empezó a recibir cartas de presos y familiares de presos en diversas partes del mundo, y viajó a diferentes lugares como Argentina, Colombia, Marruecos, Portugal, Venezuela, USA, etc., y no pudo por la lejanía ir, como hubiera querido, a Australia a visitar a dos presos en aquel país.
El Sr. Jaén señala que puede y debe mejorarse la atención de los servicios consulares, aunque, ciertamente, el nuestro es de los mejores de la Unión Europea.
El Sr. Jaén expresa que en uno de sus viajes fue a la prisión «el dorado» con una avioneta alquilada y tuvo oportunidad de ver a los seis españoles que había y todos ellos querían venir a España para terminar de cumplir condena con unas mínimas condiciones de vida. Lo que le lleva a decir que es menester ampliar los convenios de traslado de personas condenadas cualitativa y cuantitativamente.
Finaliza su intervención el Sr. Jaén refiriéndose a las mafias, verdaderas alentadoras de tráfico ilícito, cuyas víctimas son personas normalmente sin recursos e indica también la importancia de la atención médica a los reclusos en el extranjero, así como la labor preventiva, como ha venido haciendo la fundación Ramón Rubial, para advertir antes del viaje especialmente a la gente joven.
El Sr. Jaén deposita una documentación sobre algunos presos detenidos en Argentina y otros asuntos fruto de su experiencia que entrega para el uso de la Ponencia.
El ex Senador José Nieto Cicuéndez agradece también la invitación y señala que un país como España que se preocupa por esto no solo ayuda a los presos sino también a la propia imagen exterior de España, e incluso mejora la propia actividad de la Administración española porque, indica, desde que el Senado se preocupa por esta materia ha mejorado la asistencia consular a los presos en el exterior; el ex Senador precisa también que él sabe lo difícil que es para algunos consulados atender a cárceles lejanas y que también conviene reflexionar sobre cómo debería mejorar la propia organización consular.
Expresa el ex Senador que él ha recibido y recibe una avalancha de cartas sobre estas materias de la que deduce que a veces hay ignorancia, otras picaresca, y en otras ocasiones demasiada «alegría» en los jóvenes que viajan y aceptan un tráfico eventual para «sacar una pequeña cantidad de dinero».
Hace hincapié el Sr. Nieto en la conveniencia de que los medios de comunicación social alerten y prevengan sobre el riesgo de estos temas y no caigan en el puro sensacionalismo de la noticia posterior.
Interviene el Senador Cámara quien agradece al ex Senador Nieto su presencia y le ruega que si tiene alguna idea que hacer llegar a la Ponencia así lo efectúe. Asimismo el Senador Cámara indica que la Ponencia debería dirigirse, antes de finalizar sus trabajos, a los padres de P. I., con los

que se entrevistó en Florida, por si necesitaran algo que se dirijan a ella. Termina el Senador Cámara indicando que confía que los trabajos de la Ponencia continúen más allá de la misma, especialmente en el tema consular, con el objetivo de que quede claro que el Estado español ha de preocuparse por sus ciudadanos estén donde estén.
El ex Senador Ignacio Díez González inició su comparecencia expresando que, según es su costumbre, suele leer las Memorias del Defensor del Pueblo que son, por su propia naturaleza, fuente inagotable de iniciativas parlamentarias y fue precisamente mediante este sistema de trabajo cuando hace unos seis años tropezó con el problema de la situación de los españoles presos en el extranjero asunto que empezó a trabajar desde entonces.
Desde su propia experiencia el ex Senador se refiere a una serie de sugerencias como son: todas las recomendaciones han de partir del derecho a la reinserción social recogido en la Constitución española, Convenio Europeo de 1984 y Convenios bi o multilaterales, etc.; pues bien, matiza el compareciente, hay convenios que son papel mojado como el de Egipto, para el caso del español G. B. que lleva más de 14 años sin poder acceder a su traslado a España, luego estos convenios deberían tratar de revisarse. Como segunda sugerencia indica el ex Senador Díez la conveniencia de resolver las lagunas que existen, por ejemplo en materia de intervención de Interpol y agilización de la documentación penitenciaria y sanitaria del penado para traerle a España en el más breve plazo posible; asimismo, la existencia de cuatro secciones, indica, en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional produce un modo distinto de funcionamiento. La LGP no se refiere a los presos que vienen a cumplir condena, como tampoco el reglamento penitenciario, y ésta es una cuestión que debería abordarse en esta clase de disposiciones. Se podría resolver con ello también la cuestión de la clasificación penitenciaria que es diferente según cada prisión, luego este es un problema de inclusión en la normativa penitenciaria de las previsiones penitenciaras que contemplen el supuesto de llegada a España para cumplimiento de condena.
Como tercera sugerencia indicaba el Sr. Díez que cuando no existe consulado o embajada (caso de M., en Yemen) otro consulado o embajada de la Unión Europea debe actuar. Como cuarta recomendación indicaba que la prevención es tan importante como lo que más en un triple ámbito, en el ámbito educativo (Ministerio de Educación y Comunidades Autónomas), en los propios aeropuertos y por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Señalaba por último, el ex Senador Díez como quinta recomendación la conveniencia de agilizar las gestiones diplomáticas en los países en los que no hay convenio y aprovechar, tal y como se ha hecho y se viene haciendo, las visitas al extranjero para que algún miembro de la delegación pueda visitar a los españoles presos. Finaliza su intervención refiriéndose al preso E. E. que lleva 18 años en «La Rochelle» y se refiere a la paradoja de esta situación en un país como Francia.
En turno de Senadores el Senador Saavedra plantea de nuevo la situación de Ibars y la plataforma de apoyo a este preso constituida en el País Vasco, a la que se ha invitado a asistir al Senado sin que haya habido respuesta.
El ex senador Díez manifiesta que él pertenece a esta plataforma y que le consta que existen deseos de trabajar en una dinámica semejante a la que se siguió con Martínez; expresa que ha habido contactos del comité con el Subsecretario del Ministerio de Justicia para interesarse por la recuperación de la nacionalidad y que se trata también de recaudar recursos.
El exSenador Jaén expresó que él conocía a la familia y tenía la impresión de la existencia de cierto desconcierto sobre cómo plantear estas cuestiones en el entorno familiar del penado.
Finaliza esta comparecencia con la entrega de un documento sobre los presos en el extranjero por parte del ex-Senador Díez.

3.TRABAJO DE CAMPO
1º.VISITA DE TRABAJO DE LA PONENCIA ENCARGADA DE ESTUDIAR LA SITUACION JURIDICA, PERSONAL Y FAMILIAR DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES INTERNADOS EN PRISIONES DE PAISES EXTRANJEROS. MARRUECOS. 5 A 8 DE NOVIEMBRE DE 2000.

La Delegación de la Ponencia de la Comisión Constitucional del Senado compuesta por los Excmos. Sres. Senadores Dª. María José Camilleri Hernández, D. Hilario Caballero Moya, D. Félix Colsa Bueno, D. Joseba Andoni Aurrekoetxea Bergara, y D. Domènec Sesmilo i Rius, presidida por la Senadora Camilleri Hernández, viajó en la tarde del día 5 de noviembre de Madrid a Tánger y el día 6 de noviembre se iniciaron las sesiones de trabajo.
En esta fecha a primera hora de la mañana del día 6 de noviembre la Delegación se desplazó hasta las oficinas del Consulado español en Tánger para llevar a cabo una reunión de trabajo con el Cónsul español en Tánger, D. José Manuel Remacha, y su equipo. En dicha reunión asistieron, además del propio Cónsul y la Delegación del Senado, D. Alejandro Beltrán, funcionario de la Embajada directamente a cargo de las cuestiones relacionadas con los españoles presos en la cárcel de Tánger.
En una primera intervención el Cónsul Español en Tánger informa a la Delegación de la Ponencia sobre su papel en la defensa de garantizar y velar por el pleno respeto a los derechos humanos, así como de otra serie de asuntos, indicando que es muy diferente el papel de los Consulados al que se desempeña en las Embajadas. En otro orden de cosas el Cónsul de España en Tánger se refiere a que hoy, 6 de noviembre de 2000, es el 25 aniversario de la marcha verde por lo que es un día festivo en Marruecos y que, pese a ello, el Director General de Instituciones Penitenciarias, señor Lididi, ha tenido la amabilidad de trasladarse a Tánger para reunirse en la cárcel con la Delegación de Senadores españoles y facilitarles de esta forma la información que requieran así como el contacto con los propios presos españoles. El Cónsul en Tánger informa que tras la reunión de trabajo el propio Director General de Instituciones Penitenciarias desea ofrecer un almuerzo típico marroquí en la propia cárcel a la

Delegación de Senadores y a los 35 españoles detenidos en la misma.
El Cónsul de España en Tánger, señor Remacha, informa acerca del papel del Consulado en relación con los presos así como sobre las condiciones generales carcelarias que estos viven, indicándoles, entre otras cosas, que el tabaco es muy necesario en las cárceles donde viene a actuar prácticamente como moneda para permitir el trueque o cambio por otra serie de productos necesarios para los presos. El señor Remacha entrega a la Delegación del Senado un dossier elaborado por la Oficina Consular consistente en documentación sobre todos y cada uno de los presos españoles en la cárcel de Tánger en la que figuran datos referentes al nombre y apellidos, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, domicilio en España, y otra información sobre la fecha de detención, la sentencia en primera instancia, en apelación, y si hay o no casación, con el alcance de la condena, existencia de multa o multas a satisfacer tanto del monopolio de tabacalera cuanto de la aduana marroquí; Asimismo este dossier contiene información sobre el estado de salud anímico, sobre el pago de multas, la solicitud o no de traslado por parte de los presos españoles en la cárcel y otros extremos como si tienen o no abogado, número de teléfono, fecha de salida, etc. En el dossier se contiene también la relación de detenidos ordenados por Comunidades Autónomas siendo la que con más presos cuenta en la cárcel de Tánger la de Andalucía, con nueve presos, seguida por la de Murcia, con ocho presos, y la de Valencia con seis presos. Además de esta información el dossier del Consulado contiene la relación de recursos pendientes de casación con información facilitada por la Dirección de la propia prisión; Otra información recogida en el dossier se refiere a la relación de reclusos que han solicitado el traslado con su número correspondiente y la fecha de traslado de la que se infiere que cuatro de ellos tienen ya el traslado aprobado. Asimismo en otra relación se expresa quiénes de los reclusos en la cárcel de Tánger tienen la multa pagada o pendiente; Por otra parte el dossier contiene información sobre las ayudas concedidas a los detenidos españoles en Tánger desde principios de año hasta 30 de octubre de 2000; Ayudas abonadas a españoles en el extranjero en el año 2000; Lista de abogados de Tánger que hablan español con indicación de dirección y teléfono y, por último, el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia a personas detenidas y traslado de personas condenadas, texto del que Sus Señorías ya tenían conocimiento por el dossier elaborado por los servicios del Senado para la preparación de su viaje a Marruecos.
Acto seguido el Cónsul en Tánger presenta a la Delegación a la persona colaboradora de la Embajada que va a efectuar la traducción del árabe al español.
El intérprete informa a la Delegación de una serie de características relativas a la sociedad marroquí actual y a la historia del Reino de Marruecos así como a diferentes caracteres de la vida marroquí.
Al finalizar esta reunión de trabajo, la Delegación en compañía del Cónsul se trasladó desde el Consulado hasta la cárcel de Tánger donde fueron recibidos por el señor Lididi, Director General de Instituciones Penitenciarias en el Ministerio de Justicia del Reino de Marruecos.
El señor Lididi da en primer lugar la bienvenida a la Delegación en nombre del Ministro y señala que Marruecos está en la primera etapa de aplicación provisional del acuerdo que permite conocer además la voluntad de los dos Gobiernos y por lo tanto detectar aquellos elementos que será conveniente mejorar en el futuro. Seguidamente, el señor Lididi, se refiere al viejo problema sobre el papel de las cárceles y la dicotomía entre aquellos que consideran que debe ser un elemento de rehabilitación de delincuentes y la de quienes piensan que la cárcel resuelve un problema social en la medida en que permite alejar a los presos de la sociedad. El señor Lididi manifiesta también que ha preferido recibir a la Delegación en la propia prisión y ha elegido este día para tener un contacto más directo con el propio ámbito de la prisión y con los Senadores españoles. Indica, asimismo, a la Delegación que las instalaciones del centro están abiertas para el conocimiento de la Delegación de los Senadores y que todos los presos españoles en la misma, los 35, van a tener la posibilidad de hablar directamente con la Delegación de Senadores. Indica el señor Director General de Instituciones Penitenciarias que, tal y como suele ocurrir normalmente, los presos suelen afirmar que no están bien en prisión porque, obviamente, la prisión no es un estado ideal ni mucho menos, pero que él es consciente de que ha habido desde la reforma legal del año 1998 en materia penitenciaria en Marruecos un objetivo de mejorar tanto el sistema de garantía de derechos en las cárceles cuanto el propio régimen penitenciario y las instalaciones. Finaliza esta intervención del Director General de Instituciones Penitenciarias con la entrega del texto de la nueva Ley 23/1998, relativa a la organización y el funcionamiento en los establecimientos penitenciarios, así como otra documentación que contiene, entre otros materiales, la Guía del detenido en versión completa y en versión abreviada, e información sobre el sistema de monopolio del régimen de tabaco en Marruecos y, por último, normativa referente a la represión de la toxicomanía y prevención de los toxicómanos que modifica otras normas anteriores.
Acto seguido interviene en representación del resto de la Delegación la Senadora Camilleri Hernández, quien agradece la gentileza y disponibilidad de las autoridades marroquíes para facilitar el trabajo de la Ponencia de estudio del Senado español sobre la situación personal, jurídica y familiar de los ciudadanos españoles presos en el extranjero, y manifiesta que el objeto de la visita es analizar cuál es la situación de los españoles fuera para, en su caso, elevar las oportunas propuestas cuando se debata el Informe de la Comisión en el Pleno del Senado; De otra parte, la Senadora Camilleri Hernández señala que el objetivo de visitar Marruecos en primer lugar obedece a la cercanía geográfica, además de a la proximidad en cuanto a buenas relaciones entre el Reino de Marruecos y el Reino de España, e igualmente a ser el Reino de Marruecos uno de los países donde hay mayor número de ciudadanos españoles detenidos. La Senadora explica los antecedentes en la constitución de esta Ponencia: la moción aprobada

por la unanimidad del Senado en el mes de junio pasado, las tareas efectuadas de comparecencias, hasta el momento, y la pretensión de, tras este viaje, efectuar otros que permitan conocer perfectamente la situación, detectar los problemas y, si así procede, proponer las medidas pertinentes.
La señora Senadora indica que, obviamente, no se trata de efectuar ninguna investigación, que sería improcedente a todas luces, sino de estudiar la situación de los ciudadanos españoles en el extranjero.
El Director General de Instituciones Penitenciarias a preguntas de los Senadores manifiesta que del número de ciudadanos extranjeros presos en la cárcel de Tánger el mayor porcentaje corresponde a españoles seguido de franceses y que el 99 por ciento de los detenidos lo son por delitos relacionados con el tráfico de drogas; Manifiesta que Marruecos desde los años 90, siguiendo indicaciones, entre otras instancias de la propia Unión Europea, esta teniendo una política muy dura en la represión del tráfico de drogas lo que da lugar a que exista una especial dureza en la prevención y el castigo de estos delitos; Asimismo se refiere el señor Lididi a la existencia de una doble pena, por un lado, la de privación de libertad y junto a ella la pecuniaria, expresando además que normalmente los detenidos por droga no se benefician del acortamiento de condena; Señala el señor Lididi que el sistema de traslados conforme al Convenio esta resultando bastante positivo. En cuanto a los datos sobre la aplicación del Convenio expresa que ha habido 107 presos, de los cuáles 63 ya han sido trasladados para terminar de cumplir su condena en cárceles españolas, seis están en tramitación, 24 están a la espera del pago de las multas derivadas de su proceso, tres están en espera de sentencia en recursos de casación, ocho están en espera de abonar las multas resultantes del recurso de casación y uno ha fallecido; Señala, asimismo, que hay algunos casos de atención humanitaria debido a diversas razones. Indica el Director General de Instituciones Penitenciarias que el principal problema con el que se tropieza para el traslado de los presos a España es el abono de las multas de tabacalera porque conforme al sistema marroquí, mientras la multa no es satisfecha no procede el traslado para terminar de cumplir la condena en el país de destino.
También se refiere el señor Lididi a que hay otra serie de consideraciones relativas a la alimentación o de carácter sanitario que han mejorado extraordinariamente pero que deben contemplarse desde la perspectiva de las diferencias de socialización en un país del mundo árabe distinto a los países europeos; esto no obstante, matiza el señor Lididi, no hay trato penitenciario diferenciado dentro de las cárceles marroquíes, sino que, como ocurre en la prisión de Tánger, el doce por ciento de los presos que son españoles reciben un tratamiento igual a los demás presos, sean otros europeos, marroquíes o de otros lugares.
A continuación los Senadores miembros de la Delegación efectúan algunas preguntas u observaciones al Director General de Instituciones Penitenciarias marroquí sobre si existe sida en el ámbito carcelario, sobre si hay o no trabajo de formación, así como remuneraciones por este trabajo; y sobre si existe o no la posibilidad de «bis a bis». El señor Lididi responde a estas preguntas que existen talleres, que hay trabajo remunerado, aunque no mucho, y que existen, como luego podrá comprobar la Delegación, salas habilitadas para la celebración de «bis a bis». En cuanto al sida manifiesta que hay una serie de controles sanitarios de carácter penitenciario y de carácter general en el propio Reino de Marruecos.
A preguntas de los Senadores sobre cuál es el régimen de visitas de familiares manifiesta el señor Lididi que éstos pueden visitar a los presos una vez por semana pero que existe cierta flexibilidad de forma que si familiares de presos españoles efectúan un viaje ex profeso se les suele dejar que los visiten seguido hasta una semana entera.
Tras esta reunión de trabajo la Delegación del Senado en compañía del Director de la cárcel, el Director General de Instituciones Penitenciarias, el Cónsul de España en Tánger y otro personal del Consulado proceden a visitar los diferentes talleres de costura, talleres de trabajos manuales, la biblioteca, igualmente se visita uno de los «barrios» y las celdas que dan al mismo pudiéndose observar las condiciones de habitabilidad de los internos en la prisión de Tánger.
Acto seguido la Delegación y el personal del Consulado saludaron uno por uno a cada uno de los 35 internos en Tánger y en una sala común de la prisión procedieron a tener entrevistas con todos y cada uno de los internos en grupos de cinco en cinco. En dichas entrevistas los internos manifiestan a la Delegación de Senadores sus características personales, familiares o jurídicas en relación con su situación de detención. Los Senadores pueden detectar que la mayor parte de los problemas están relacionados con el impago de la multa que imposibilita el traslado para finalizar el cumplimiento de condena en cárceles españolas donde la mayoría de ellos han solicitado ser trasladados y se refieren también entre otros factores a la inexistencia de clasificación penitenciaria, al problema del recurso de casación que a veces supone una circunstancia añadida cuando parece que ya se han resuelto las cuestiones que impiden el ser trasladados para acabar cumpliendo la condena en España.
Igualmente aluden a la existencia de masificación en las celdas y a la conveniencia de que hubiera algún curso de informática puesto que, según indican, podrían disponer de ordenadores para que tuvieran algún tipo de actividad en el período de estancia en la cárcel; Se refieren la mayoría de los internos a que el trato en términos generales es bueno en las prisiones aunque, en algunos casos, manifiestan, no fue tan correcto en el momento de su detención; Igualmente se refieren al papel del Consulado actual como muy loable en la ayuda y en la tramitación de aquellas necesidades perentorias de los diferentes internos así como al papel que desempeña una religiosa en la ayuda para satisfacer necesidades materiales domésticas de los internos.
Al finalizar la mañana hubo un almuerzo en la propia sala social de la prisión de Tánger al que asistieron los 35 internos españoles, los representantes de la Dirección General de Prisiones marroquí, Dirección de la cárcel, Consulado español en Tánger y la Delegación de Senadores.
En la tarde del propio día 6 de noviembre tras celebrar una reunión de trabajo en la residencia del Cónsul a la que también asistió el Director General de Prisiones marroquí,

así como la religiosa de la Orden de San Vicente de Paúl que está en contacto directo con los internos, la Delegación se trasladó en un microbús escoltados por policía marroquí hasta la ciudad de Rabat.
En la noche del día 6 de noviembre el Embajador de España en Rabat, Excmo. Sr. D. Jorge Dezcallar, ofreció una cena en la residencia de la Embajada Española a la Delegación española en la que coincidieron tanto la propia Delegación cuanto alrededor de unas quince personas representantes de la Embajada en sus diferentes secciones. En esta cena el Embajador expresó ante la Delegación un panorama general del Reino de Marruecos, principales cuestiones en las relaciones de este país con España y dio la palabra a los especialistas en diferentes materias:
agricultura y pesca, seguridad e interior, cultura, asuntos políticos, asuntos relacionados con política exterior española, etc., quienes efectuaron una cumplida información sobre la situación de las relaciones entre ambos países y las diferentes materias de actualidad en las mismas.
En esta cena la Senadora Camilleri Hernández, que encabezaba la Delegación, y los demás Senadores que la integraban expresaron también cuáles eran los antecedentes de la Ponencia, los objetivos, el procedimiento a seguir, las comparecencias ya efectuadas ante la misma y la finalidad del viaje de trabajo así como las primeras impresiones acerca de la sesión de la mañana y primera hora de la tarde en la cárcel de Tánger con el Director General de Instituciones Penitenciarias, el Cónsul español en Tánger y los 35 internos españoles en dicha prisión.
El día 7 de noviembre por la mañana tuvo lugar una reunión de trabajo en las instalaciones de las Oficinas Consulares de España en Rabat asistidos por el Cónsul de España en Rabat, D. Marcelino Cabanas Ansorena. En esta reunión el Cónsul, además de presentar a parte del personal del Consulado, especialmente los relacionados con la atención a los presos españoles en cárceles, les indicó el régimen de visitas semanales a la cárcel, el debate sobre las penas y su variabilidad, que los Senadores habían percibido en las reuniones con los propios presos, el papel de personas que desde organizaciones no gubernamentales de carácter religioso ayudan o colaboran en la atención a los presos como ocurre con el padre Manuel, así como el objetivo principal de los presos que es agilizar la tramitación, conforme al Convenio, para poder regresar a España y terminar de cumplir la condena en las cárceles españolas. Por último el Cónsul indicó que hay diez españoles en la fecha de la entrevista detenidos en la cárcel de Rabat-Salé y que de estas diez personas les llamaba la atención a los Senadores sobre el caso de un preso E. L. C. respecto del que convendría hacer todo lo posible por ayudar y agilizar el traslado, toda vez que se trata de un hombre que ha tenido una hemiplejía en la propia cárcel, está en silla de ruedas no se vale por sí mismo y, al parecer, tiene problemas importantes de depresión. Igualmente el Cónsul en Rabat informa de todos y cada uno de los presos y sus circunstancias personales, familiares y jurídicas, así como la procedencia de la Comunidad Autónoma de cada uno de ellos y los distintos delitos por los que se encuentran en prisión.
Tras esta información y diferentes preguntas planteadas por los señores Senadores acerca de cuál es el régimen de ayuda por parte del Consulado así como cuáles son los problemas y características de toda índole de los internos españoles en las cárceles de Rabat a los que responde el Cónsul de España en Rabat, la Delegación se trasladó a la cárcel de Rabat-Salé donde fueron recibidos por el Subdirector General de Instituciones Penitenciarias y por el Director de la cárcel quienes en una primera reunión con la Delegación y el personal consular de Rabat explicaron a la misma las características de la prisión y escucharon a su vez una exposición de los Senadores sobre el origen, características, procedimiento de trabajo de la Ponencia y objetivos en línea con los ya manifestados el día anterior al Director General de Instituciones Penitenciarias en la cárcel de Tánger.
Acto seguido se llevo a cabo una reunión en una sala social de la prisión de Rabat-Salé con los diez presos españoles en dicha cárcel en la que cada uno de ellos expresó a los Senadores distintas cuestiones relacionadas con su situación personal, jurídica, y familiar y, de nuevo, surgió como uno de los temas más reiterados por todos ellos la dificultad de abonar la multa, el problema de la imposibilidad de ser trasladados a cárceles españolas sin el previo abono de la multa, y el problema añadido de la Casación respecto de la cuantía de multas planteada por aquellas partes en el proceso con derecho a resarcimiento. En la cárcel de Rabat-Salé también se plantearon temas relacionados con sanidad, higiene personal, algunas cuestiones relacionadas, igualmente, con la alimentación o con otro tipo de necesidades domésticas, etc. En esta reunión los internos de esta prisión manifestaron que ya habían recibido antes la visita de algún otro parlamentario e indicaron su preocupación porque estas visitas no se queden en la mera visita sino que puedan tener algún tipo de cumplimiento de objetivos. En esta cárcel los diferentes internos solicitan de los Senadores la posibilidad de que se pudiera remitir un lote de libros a la cárcel así como les hicieron llegar diferentes escritos personales sobre reflexiones acerca de su situación personal o su situación jurídica o bien familiar.
A media tarde y tras finalizar esta reunión en la cárcel de Rabat-Salé la Delegación se trasladó a visitar al Presidente del Tribunal de Casación en una reunión que tuvo lugar junto con los Presidentes de la Cámara Primera y Cámara de lo Penal de dicho Alto Tribunal marroquí y con el Fiscal General del Reino de Marruecos. En dicha reunión y tras los correspondientes saludos de cortesía por parte de los anfitriones marroquíes así como de correspondencia a la misma y exposición de los antecedentes de la Ponencia por parte de la Delegación de Senadores, el Vicepresidente de la Corte Suprema marroquí expuso que el Tribunal de Casación es el equivalente al Tribunal Supremo español, incluso con un modelo parecido puesto que ambos, afirmó, están en línea con el modelo francés; Asimismo indicó el Vicepresidente que España y Marruecos son Estados de Derecho con respeto al Derecho como una necesidad cotidiana y que ambos consideran, señaló el Vicepresidente del Tribunal Supremo marroquí, la justicia como fundamento del orden civil y de la paz y a su vez único árbitro de los conflictos; El Vicepresidente marroquí señaló que en un mundo globalizado la necesidad de promover la ley es muy importante y en esta línea se refirió al respeto a los

derechos humanos pero también al respeto a las convenciones y a la cooperación, especialmente entre países vecinos y amigos. El Vicepresidente habló también de que es especial preocupación del Tribunal Supremo marroquí: velar por el bienestar de los disminuidos y, entre ellos, a los que se encuentran detenidos. Las autoridades marroquíes señalaron que entienden la preocupación de los Senadores españoles pero que ellos tienen que expresar también su extrema preocupación por los delitos relacionados con el tráfico de drogas. Acto seguido intervino la Senadora Camilleri Hernández quien expresó a los representantes de las altas autoridades judiciales marroquíes cuáles eran los objetivos de la Ponencia y aludió también al problema detectado en las reuniones de las dos mañanas durante los días 6 y 7 con los diferentes internos en el sentido de que el sistema de sustitución de cárcel por las multas impagadas como indemnización durante el proceso dificultaba enormemente la aplicación del Convenio de traslado a España de los internos que lo hubieran solicitado, concretamente la Senadora expresó su inquietud por el sistema de doble multa y el posterior sistema de Casación que, en muchas ocasiones, paralizaba un envío de personas que, en aplicación del Convenio, solicitaban finalizar el cumplimiento de su condena en España.
A estas manifestaciones respondió el Vicepresidente de la Corte Suprema marroquí que las inquietudes de la Delegación eran las suyas y que existían instrucciones de la Fiscalía para que ésta apelara para agilizar los problemas; señalaron además que a veces la lentitud obedece a la sobrecarga de trabajo y que, en ocasiones, la intendencia jurídica está por debajo de la criminalidad pues hay muchos asuntos en un mundo globalizado y con enorme complejidad.
La Senadora Camilleri Hernández expresó su interés por la agilidad del procedimiento marroquí que verifica, según expresión de las autoridades judiciales marroquíes, las dos instancias aproximadamente en seis meses, pero indicó que se podría tratar de agilizar también lo relativo a las multas. Ante esta pregunta inquirió el Jefe de Gabinete del Tribunal Supremo marroquí que es lo que proponían los Senadores y la Senadora Camilleri Hernández manifestó que se están estudiando estas cuestiones pero que el caso de aquellas personas que no pueden pagar la multa por ser insolventes requeriría, con independencia del tratamiento objetivo que se le pueda dar a la cuestión, resolver por razones no sólo estrictamente jurídicas sino también y junto a ellas con criterios humanitarios. El Vicepresidente del Tribunal Supremo marroquí indicó que ellos aplican la ley y la Senadora Camilleri Hernández precisó que el Poder Legislativo hace las leyes o propone las medidas para orientar o manifestar la posición del Parlamento a las autoridades administrativas.
Tomaron la palabra también el Presidente de la Primera Cámara Civil y el Presidente de la Cámara Penal quienes hicieron determinadas manifestaciones sobre el sistema jurídico marroquí y concretamente sobre la fundamentación legal del sistema de multas.
Acto seguido los Senadores intervinieron efectuando una serie de preguntas sobre los detenidos que ya han pagado la multa y cómo evitar el volver a impedir el retorno a una cárcel de su país de origen por los recursos de Casación, a lo que respondieron las autoridades marroquíes que ello es imposible hoy por hoy o es difícil porque el sistema marroquí prevé el abono de la multa con carácter previo al traslado a su país de origen. El Senador Caballero Moya inquirió sobre cuál es el criterio que da lugar a la diferente ponderación de penas y multas, y si éste está vinculado a la cantidad de sustancias prohibidas que han sido objeto de tráfico ilícito; a lo que responden las autoridades marroquíes que al igual que en España la pena no depende de la cantidad, pero sí la multa.
Por otra parte se pregunta por parte de otro de los Senadores por qué se recurre la multa antes del pago, a lo que responden las autoridades marroquíes que existen dos entidades con capacidad para recurrir la cuantía de las multas.

2º.VISITA DE TRABAJO DE LA PONENCIA ENCARGADA DE ESTUDIAR LA SITUACION JURIDICA, PERSONAL Y FAMILIAR DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES INTERNADOS EN PRISIONES DE PAISES EXTRANJEROS. ESTADOS UNIDOS. 27 DE MAYO A 2 DE JUNIO DE 2001.

El domingo 27 de mayo de 2001 una delegación de la Ponencia de la Comisión Constitucional integrada por los Senadores: Dª. Mª. Rosa Vindel López y D. Pedro Agramunt Font de Mora, ambos del Grupo Parlamentario Popular; D. Jerónimo Saavedra Acevedo, del Grupo Parlamentario Socialista; D. Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; D. Manuel Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto (Izquierda Unida); se trasladó desde Madrid a Miami para asistir al nuevo juicio del español condenado a muerte en su primer juicio D.
Joaquín José Martínez, y visitar a los otros dos españoles internados en diferentes cárceles de la Florida, ambos condenados a muerte --Sres. J.
M. y P. I.
A la llegada al aeropuerto de Miami la delegación fue recibida por el Cónsul General de España en Miami, D. Javier Vallaure y por el Canciller D. Miguel Angel Torre, efectuándose seguidamente una reunión de trabajo entre el Presidente de la Comisión Constitucional, la Letrada de la Comisión Constitucional y el Cónsul General de España en la que éste informó que de los tres detenidos el estado más preocupante era el de J.
M., por sus especiales circunstancias de salud y equilibrio mental; asimismo informó también el Sr. Cónsul sobre diversos asuntos relativos a la organización y desarrollo de la visita, e indicó una serie de detalles en relación con la situación de P. I. y también con respecto a Joaquín José Martínez; igualmente se refirió el Sr. Cónsul al resto de las entrevistas con las autoridades norteamericanas: Fiscal General de la Florida, equipo jurídico del Gobernador Jeb Bush y Director General de Instituciones Penitenciarias. Asimismo les proporcionó detalles acerca de la reunión con miembros del Hogar Canario, representantes de la emigración a América; y con una serie de personas relacionadas con la emigración del mundo de los negocios, universidad y otros sectores que también se encontrarían con la delegación en la residencia consular.


La mañana del día siguiente lunes 28 de mayo, festivo en Estados Unidos, la delegación salió una vez reunida con la Sra. Karen Martín del equipo del Consulado, hacia el aeropuerto para volar con destino a Jacksonville.
El propio día 28 la delegación se trasladó desde la ciudad de Jacksonville por carretera a la zona de prisiones estatales de Railford y Starke, con el objetivo de visitar y efectuar sendas entrevistas con los dos españoles condenados en el corredor de la muerte Sres. J. M. y P. I.
Llegados a la zona de los establecimientos penitenciarios federales la delegación entró en la cárcel de Railford donde tuvo lugar una entrevista de todos los miembros de la delegación y la Sra. Martín del consulado español con el interno Sr. J. M.
En una sala de reuniones de la propia prisión la totalidad de los miembros de la delegación española se reunió con el Sr. J. M. quien apareció en silla de ruedas, con esposas en las muñecas y grilletes en los tobillos. Antes de iniciarse la exposición del Sr. J. M. y el diálogo entre los miembros de la delegación y dicho interno la Sra. Evan informó a todos ellos que como es habitual en este tipo de salas se graban las conversaciones. El Sr. J. M. indicó, con lenguaje propio de una persona de cierta formación y no exenta de imaginación, diversos episodios de su vida hasta los 75 años, edad que tiene en estos momentos; en este sentido se refirió a que vino a los Estados Unidos en los años 60 porque le llamaron como especialista en tratamiento de aguas, y que en los 70 estuvo en Venezuela país cuyas circunstancias y los problemas por los que atravesaba Chile dieron lugar a que volviese de nuevo a Estados Unidos.
Antes, manifiesta el Sr. J. M., había vivido en la época de Franco en España donde llegó a pertenecer, por razones de afiliación obligatoria, al SEU (Sindicato Español Universitario durante la etapa franquista). En su narración el Sr. J. M. indicó a los miembros de la delegación que ya a los 14 años fue captado por una bailarina de la Scala de Milán que era espía para el régimen político alemán y que estuvo trabajando también para Londres y después intervino en diferentes visicitudes en el norte de Africa durante la etapa correspondiente a la Segunda Guerra Mundial. Al acabar la guerra, indica el Sr. J. M., le dieron una medalla; regresó a España y representó a España en el Vaticano en el Año Santo de 1950 para, después, hacia los 60, según había indicado, marchar a los Estados Unidos donde se especializó en ingeniería genética, concretamente en clonación de mamíferos. En 1989 tuvo un accidente de avión que le dejó una serie de secuelas; había sido nombrado notario público en Florida y se le solicitó que diese fe de unas gestiones por lo que recibió amenazas y después casi fue objeto de un atentado, razón por la cual contrató a un investigador privado para que le ayudara en la investigación y propia defensa en relación con estas materias. En un juicio intentaron matarle y durante 7 meses volvieron a intentarlo de formas distintas y la policía, afirma, no hizo nada porque recibían dinero de las personas que pretendían matarle.
Se refirió el Sr. J. M. a distintos aspectos relacionados con prácticas no excesivamente ortodoxas de algunas compañías, afirmó, que recibían una serie de ayudas estatales de las cuales sólo parte de ellas se destinaban al objetivo de la compañía y otras, mientras, eran desviadas para usos menos ortodoxos. Al respecto, aludió el Sr. J. M., registró las compañías a su nombre, congeló los fondos y a partir de ahí se iniciaron los intentos de matarle por parte de las personas responsables de estas compañías, siendo el grado de persecución tan notable que, afirma textualmente, «yo iba a Misa con la pistola en el bolsillo». Indicó el Sr. J. M. que intentaron también en su casa envenenar el aire e intentaron, igualmente, matarle echándole de la autopista. En estas circunstancias había quedado en un edificio con estas personas y hubo un incidente de forma que cuando regresó a la sala en la que se celebraba la reunión de carácter jurisidiccional pudo ver a través de la puerta, según afirma, a un hombre con careta y pistola y esta visión le atemorizó hasta tal punto que su pistola se disparó sola y mató a la abogada.
Posteriormente, expresó, la policía retiró todas las evidencias y él cree que, incluso, señaló, a lo mejor no fueron sus propias balas sino las del hombre de la puerta las que provocaron las muertes, de ahí al juicio y a la calificación como homicidio en primer grado. Se refiere a que él no citó al hombre sino que fue citado y, añade además, que le robaron documentos que le exoneraban. Así se celebraron una serie de juicios que terminaron en la situación en la que se encuentra. El Sr. J. M. hizo una serie de consideraciones sobre el sistema de asignación de casos en Florida y también se refirió a un supuesto Juez homosexual que trabajó, afirmó J. M., para ayudar a su amante culpable. El Sr. J. M. indicó que en el juicio habló latín y que la sentencia en dicho juicio fue la condena a muerte. El Sr. J. M. reconoció su responsabilidad moral pero también aludió al miedo que sentía y al sentirse amenazado como razones exculpatorias. Se refirió igualmente el Sr. J. M. al caso de Martínez y dijo que también en su caso debería haber un segundo juicio.
El Senador Ríos le preguntó si tiene pendiente una apelación.
El Sr. J. M. respondió que sí que nombraron un abogado no especializado que era, según le califica, «un mercenario» y ahora está en medio de una polémica. Haciendo una serie de consideraciones en relación con su situación jurisdiccional el Sr. J. M. que tiene un amplio dossier que, expresa, le cuesta extraordinariamente reproducir por el coste de las fotocopias pretendió entregar dicho dossier a la delegación lo que efectuó entregando dicho dossier a la Sra. Karen Martín del Consulado Español para que prepare un escrito dirigido a la adjunta del Defensor del Pueblo. A continuación se refirió al Consulado Español que, afirmó, ya en 1971 se negó a hacer lo que tenía que hacer en relación con una solicitud suya referente al doctorado y que tampoco en 1974 cuando descubrió agentes cancerígenos en el agua y lo comunicó al Consulado tampoco se le ayudó a trabajar contra ello. Manifiesta al respecto que todos tienen ayuda menos los españoles.
El Senador Ríos le preguntó cuándo va a ser la vista de la apelación. El Sr. J. M. respondió que sería en un momento u otro porque ellos quieren ejecutarle lo antes posible.
El Senador Agramunt le preguntó a qué edad ya no se ejecuta en Estados Unidos, a lo que responde el Sr. J. M. que el Cónsul pidió documentos por indicación suya.


De nuevo el Senador Agramunt le preguntó qué tal le tratan en la cárcel de Railford respondiendo el Sr. J. M. que están siempre las manos unidas a un cinturón y que tiene que ir incluso de esta manera con las esposas unidas al cinturón a la biblioteca. El senado Ríos preguntó al Sr. J. M.
sobre sus condiciones físicas y éste respondió que está parapléjico de cintura para abajo. El Senador Ríos le preguntó de nuevo qué tratamiento sigue y en respuesta a qué problemas a lo que respondió el Sr. J. M. que tiene úlcera y atrofia del intestino delgado, por lo que tiene dieta especial, lo que, expresó, es un problema sobre el que el Cónsul dijo que trataría de ayudarle. Al parecer, manifestó el Sr. J. M., habló con alguien y cuando se enteraron en la prisión comenzaron a hostigarle.
El Sr. J. M. expresó en respuesta al Senador Ríos quién le preguntó qué medicamentos tomaba, que aproximadamente 10 diarios. De nuevo el Senador Ríos inquirió sobre qué medicamentos estaba tomando. El Sr. J. M. le respondió que para el corazón, problemas neurológicos consecuencia de su accidente de avión, etc. Intervino el Senador Saavedra y planteó una serie de cuestiones en relación con su apelación a las que respondió el Sr. J. M. El Senador Ríos le manifestó que el padre de Joaquín Martínez le había dicho que cuando acabe el juicio de su hijo seguirían preocupándose por él y el Sr. J. M. expresó que él necesita sellos porque ello le permite utilizarlos en cierto modo como moneda en la cárcel. El Sr. J. M. pidió que le envíen sellos a lo que contestó la Sra. Martín que se los devuelven, insistió el Sr. J. M. que pongan «privileged mail» insistiendo la Sra. Martín que se los devuelven, lo que dió lugar a reiteraciones de nuevo por parte del Sr. J. M.. Así las cosas y tras dos horas de reunión con el Sr. J. M. la delegación abandonó el penal de Railford.
A la salida de este centro penitenciario esperaban ya en la zona ajena a los patios que rodean el establecimiento un grupo de periodistas corresponsales de diferentes medios de comunicación españoles efectuaron sendas entrevistas a cada uno de los Senadores integrantes de la delegación.
Seguidamente la Delegación se trasladó al penal de Starke donde se encontraba internado el preso Sr. P. I. que en estos momentos tramitaba su adquisición de la nacionalidad española.
La delegación, ya en el interior del penal, se trasladó a una sala común en la que en presencia de dos miembros de la vigilancia penitenciaria tuvo lugar la reunión entre P. I. y los miembros de la delegación.
El interno P. I. expresó a los Sres. Senadores su estado de nervios y su timidez ante la visita de un grupo tan importante lo que le suponía no saber por dónde empezar dicha entrevista.
El Senador Agramunt indicó a P. I. que los Senadores formaban parte de una delegación de la Ponencia de la Comisión Constitucional del Senado español en la que hay representantes de diferentes grupos parlamentarios y le rogó que expresara lo que tuviera por conveniente comunicar a dicha delegación.
El Sr. P. I. les indicó que tiene 29 años, lleva 7 años en prisión y que tiene miedo porque un cubano que estaba también internado en la prisión murió a golpes; incluso, manifestó, que hay en estos momentos un juicio pendiente para algún oficial de la administración penitenciaria imputado en estos hechos; manifiestó que recibe libros pero sólo lo pueden mandar las editoriales por razones de sistema de correo penitenciario; se refirió a su primer juicio y al abogado de dicho juicio así como al segundo juicio que fue bastante más corto que el primero que duró mucho tiempo; y terminó indicando que lleva 7 meses en el corredor de la muerte. Expresó a los Sres. Senadores que es posible que Peter Raben, el abogado de Martínez, cuando acabe el juicio de aquél se haga cargo de su defensa y que él es consciente de que la ayuda de su familia es fundamental al respecto. A continuación aludió a los hechos por los que fue imputado indicando que en aquél triple crimen hubo huellas por todas partes pero que no ha podido en ningún caso demostrarse que hubiera algún tipo de restos de ADN correspondiente a él en el lugar de los hechos. La Sra. Martín del Consulado preguntó a P. I. qué actividades físicas le permiten en el establecimiento, a lo que éste respondió que tiene sólo dos veces por semana dos horas de ejercicio y que es un establecimiento muy caluroso donde verdaderamente las condiciones son duras; los Senadores le preguntaron al Sr. P. I. cuál era su dedicación profesional antes de tener el problema penitenciario a lo que respondió que era jugador de cesta punta.
La Senadora Vindel preguntó al Sr. P. I. cuánto tiempo deliberaron los jurados y este responde que en el primer juicio 9 semanas y en el último unos cuantos días; le preguntaron también los Senadores cuánto calcula, según le indica el Sr. Cónsul, en poder adquirir la nacionalidad española y el Sr. P. I. respondió que él cree que será cuestión de dos o tres meses aproximadamente. Se refirió también a la única prueba incriminatoria en su proceso que constituye un vídeo de una grabación de vigilancia doméstica tomado desde arriba de escasísima visibilidad en la que aparece un hombre que incluso seca el sudor de su frente con su camiseta, camiseta que ha sido encontrada y que parece que no coincide, según manifiesta, con el ADN del propio P. I. En manifestación a los Senadores les indicó que no quiere ser trasladado de esta prisión a otra.
Los Senadores le preguntaron cómo conserva la buena forma física a lo que respondió que hace ejercicios en su celda lo que le permitió referirse a las características de la celda, un espacio pequeño y sin ningún tipo de distracción dentro de ella.
Tras expresarle los Senadores al Sr. P. I. lo importante que es tener confianza en su futuro y luchar por tratar de salir adelante, se despidieron de esta persona y la delegación abandonó el penal siendo, de nuevo, recibidos por un grupo de periodistas españoles a la salida del mismo que efectuaron las correspondientes entrevistas a los Sres.
Senadores.
Desde esta zona de penales la Delegación se trasladó a Talahassee capital administrativa del Estado de Florida.
El martes día 29 de mayo la Delegación por la mañana se trasladó al Capitol Building, lugar donde se concentran las diferentes autoridades administrativas del Estado de Florida. En primer lugar a las nueve de la mañana tuvo lugar una entrevista de trabajo con el Sr. Canady, asesor jurídico del Gobernador del Estado de Florida y con funciones equivalentes, mutatis mutandis, a un abogado del Estado.


En la entrevista el Sr. Canady estuvo acompañado por la Sra. Wendy Berger, asistente del asesor jurídico del Gobernador del Estado de Florida.
Intervino en primer lugar el Senador Agramunt, en su condición de Presidente de la Comisión Constitucional del Senado para agradecer la amabilidad y las facilidades en el acceso a los centros penitenciarios que había tenido la delegación y para exponer los antecedentes de la creación de la Ponencia y el método de trabajo así como la composición plural por parte de diferentes Grupos Parlamentarios de la Cámara. El Sr.
Canady tras escuchar estas manifestaciones del Senador Agramunt expresó que antes de ahora fue Presidente del Subcomité de asuntos Jurídicos y Constitucionales y por eso las materias objeto de la Delegación están dentro de sus competencias; excusa la inasistencia a esta reunión del Gobernador Jeb Bush porque en esta etapa, manifiesta, no hay sesiones parlamentarias y el Gobernador está sumamente ocupado, tras lo cual indica que él agradece la oportunidad de esta entrevista.
De nuevo intervino el Senador Agramunt quien explicitó que desde el más exquisito respeto al sistema penal y penitenciario norteamericano la Delegación trabajaba por la causa de ls españoles detenidos en el extranjero; y que es, eso sí, unánimemente beligerante contra la pena de muerte, en línea con el sistema jurídico constitucional español y con el criterio unánime de los países de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Asimismo el Senador Agramunt manifiestó a los Sres. Berger y Canady que la Ponencia tiene dos objetivos concretos: en primer lugar el analizar las condiciones de los españoles en países con difíciles situaciones carcelarias, caso de Marruecos o de otros países como Venezuela, India, etc; y en segundo lugar la ya indicada beligerancia contra la pena de muerte. a continuación el Senador Agramunt presentó a los Sres. Canady y Berger los diferentes componentes de la delegación indicado su pertenencia a los distintos grupos Parlamentarios. El Sr.
Canady expresó que estaba allí para escuchar y que si procediera hacer algún comentario lo haría después de que intervinieran los Senadores miembros de la delegación.
El Senador Ríos indicó que procedía de las Islas Canarias lo que da lugar a un comentario complaciente por parte del Sr. Canady quien expresa que las visitará algún día, y siguiendo en el uso de la palabra, expresó el Senador Ríos que en España estaba permitida la pena de muerte antes de la Constitución Española de 1978 pero que a partir de dicha Constitución se han introducido en España tres elementos fundamentales en lo que constituye el armazón de un Estado democrático, avanzado y moderno: en primer lugar el propio sistema de alternancia democrática; en segundo lugar el sistema autonómico; y en tercer lugar la abolición de la pena de muerte.
El Senador Saavedra agradeció la oportunidad de encontrarse con las personas que han recibido a la delegación y manifestó su total identificación con lo expuesto por el Senador Ríos a la par que añadió que hay que asumir los derechos humanos en su totalidad y en ese sentido se refirió al valor básico de la vida.
El Sr. B., Fiscal español en excedencia que colaboraba en la asesoría jurídica en la embajada española en Washington y que acompañaba a la delegación agradeció la entrevista y expresó el punto de vista de la Embajada que, por hablar de forma realista, es de preocupación por los tres españoles en el corredor de la muerte --J. M., Martínez y P. I.
--. Al respecto señaló que hay una excelente cooperación entre las autoridades americanas y las españolas, y en relación con J. M. indicó que es un hombre anciano de 75 años, probablemente con importantes problemas de percepción de la realidad, y parece que hay datos sobre errores judiciales que habrían de ser tenidos en cuenta a la hora de tratar de buscar una solución razonable a este caso; asimismo indicó que hay problemas de prueba por lo que quizás fuera conveniente revisar el caso y tanto en los supuestos de P. I. como de J. M. que se abrieran puertas para revisar aquellos aspectos que estuvieran faltos de clarificación.
El Senador Cámara agradeció la cooperación de las autoridades americanas y especialmente la oportunidad de esta entrevista y expresó que desde una posición ideológica distinta, sin embargo ello no empece para que esté totalmente de acuerdo con quienes le han precedido porque en España, afirmó, hay práctica unanimidad en considerar que desde la Constitución de 1978, de extraordinario arraigo en la conciencia y espíritu de la ciudadanía, no procede la existencia de pena de muerte. Es, manifiesta el Sr. Cámara, una preocupación común a todos los demócratas españoles la erradicación de la pena de muerte. Pues, su aplicación sea en Estados Unidos, China, Cuba, etc. se considera que es un atentado contra un derecho humano esencial; finalizó su intervención el Senador Cámara indicando que de los cuatro españoles condenados a muerte tres de ellos están en el Estado norteamericano de Florida.
La Senadora Vindel intervino y planteó tres cuestiones: en primer lugar, indicó que cuándo en España cada año se aprueba la Ley de Presupuestos se consigna la correspondiente previsión para atender al derecho a la justicia jurídica gratuita mediante el llamado turno de oficio y preguntó a continuación si en Estados Unidos se vigila ese tema.
En este estado de las preguntas de la Senadora Vindel el Sr. Canady responde que tienen defensores públicos y que existe una oficina que regula la consignación de abogados de oficio así como la previsión de que estos atiendan a las personas que los necesitan requeridos por cargos similares al juez de vigilancia penitenciaria.
Siguió la Senadora Vindel usando la palabra para preguntar si estaban satisfechos con el funcionamiento del turno de oficio.
El Sr. Canady respondió que no en todos los casos, que es adecuada la representación de las oficinas de los abogados de oficio pero que es un sistema que revisan entre todos.
La Sra. Vindel efectuó una segunda pregunta para inquirir si una vez finalizan los distintos procedimientos judiciales la gracia es competencia exclusiva del Gobernador.
Respondió a la Sra. Vindel la Sra. Berger indicando que es del Gobernador, oído el órgano gubernamental colegiado, de modo que el Gobernador necesita el apoyo de otros tres miembros de su Gabinete para proceder a aplicar

o no la gracia, a su vez, manifiesta la Sra. Berger que el Gobierno está, en los supuestos de condena a muerte, en estrechísimo contacto con el Tribunal Superior del Estado, también del Tribunal Supremo para asegurarse antes de que se ejecute la decisión que no haya habido orden de suspensión.
La Senadora Vindel efectuó su tercera pregunta que se refiere, señaló, al aspecto más político de sus planteamientos y, en este sentido, planteó si existe criterio sobre la posibilidad de establecer una moratoria mundial de las ejecuciones, para lo cual requiere la opinión de las personas que se encuentran reunidas con la delegación.
La Sra. Berger contestó que agradece la oportunidad de esta reunión y que por parte del Gobernador Bush y del estado de Florida se valora extraordinariamente el valor de la cultura española que ha enriquecido al Estado de Florida. A continuación expresó que el asunto de la pena de muerte es objeto de controversia en los Estados Unidos en estos momentos.
Además existen opiniones diversas sobre este aspecto y, señaló, el sistema político aquí es diferente; pues ambos partidos políticos norteamericanos están a favor de la pena de muerte, y ello es un reflejo de la propia opinión pública. Son distintas las situaciones en Estados Unidos y en Europa porque en Estados Unidos la opinión pública apoya la pena de muerte, de forma que, respetando la opinión de los que están en contra por razones religiosas o morales, y teniendo en cuenta que por ambas partes existen buenas intenciones, llegan, sin embargo a conclusiones diferentes. La moratoria, afirmó, es una cuestión solicitada y que existe en muchos lugares, concretamente en Florida el Gobernador no apoya la moratoria pero considera que debe estudiarse caso por caso. El Gobernador se ocupa de que las personas gocen de todas las garantías y que no se ejecute a los enfermos mentales. Luego, a preguntas de los Senadores matizó la diferencia entre enfermo mental y retrasado mental.
Asimismo indicó que la edad de aplicación es de 16 años como mínimo por abajo, no existiendo límite por arriba, los que se consideraban como topes de edad para la aplicación de la pena de muerte; expresó también que la condena a cadena perpetua es sin remisión en la Florida e insistió en que la opinión pública está a favor de la pena de muerte. A continuación se refierió también el Sr. Canady a los tres casos planteados por la delegación española indicando que el Sr. J. M. por su problema mental será muy controlado para que no haya ejecución sin cerciorarse de todas las circunstancias e indica también que los otros dos casos tendrán un larguísimo camino.
El Senador Agramunt expuso las difíciles situaciones de quienes están en el corredor de la muerte, concretamente al escaso tiempo para ejercicio de que disfruta el Sr. P. I. y también a que no les permiten acceder libremente a libros o revistas.
La Sra. Berger expresó que comparte la frustración por la tardanza del sistema de apelación y también la necesidad de agilizarlo. De hecho, afirmó, están trabajando para mejorarlo y además van a investigar el asunto de los libros y del ejercicio físico para tratar de darle la mejor solución.
La Sra. Martín del consulado preguntó sobre el papel que lleva a cabo la Comisión de evaluación.
El Sr. B. de la Embajada española expresó que mandarán una carta refiriéndose a la situación de los tres españoles presos, para ilustrar la entrevista y otras gestiones efectuadas con más detalles.
A continuación del debate en relación con estas materias la Senadora Vindel indicó, refiriéndose a J. M. que su peor enemigo es el propio Sr.
J. M.
El Sr. Agramunt agradeció las intervenciones comprensivas por parte del Sr. Canady y la Sra. Berger y expresó que todos están comprometidos en el ámbito europeo contra la pena de muerte lo que se une a la preocupación de la delegación por las circunstancias concretas de los españoles presos.
El mismo día tuvo lugar una nueva reunión con el Director General de Instituciones Penitenciarias Sr. Michael Moore, quien asistió acompañado de un amplio equipo de siete personas encargadas de distintas actividades en el entorno del sistema administrativo relativo a las prisiones.
En primer lugar el Senador Agramunt agradeció la entrevista y las facilidades para contactar con los españoles presos y explicó los antecedentes y objetivos de la Ponencia constituida en el seno de la Comisión Constitucional del Senado español.
El Sr. Moore explicó que la pena de muerte es objeto de debate importante en la sociedad americana y creciente en estos momentos. Manifiestó que ellos se ocupan del cumplimiento de esta y de todo tipo de penas desde el arresto domiciliario hasta la pena de muerte y que ellos como institución no tienen otra alternativa sino acatar la Ley.
El Senador Cámara agradeció las facilidades que se han dado a la delegación para acceder a los establecimientos penitenciarios y se refirió al empeño común en Europa y concretamente en España para que se termine con la pena de muerte, empeño que transmitió a las autoridades con las que se celebraba la entrevista, desde el más exquisito respeto al sistema democrático americano. A continuación el Senador Cámara preguntó por detalles de los presos en las cárceles americanas en materia de tiempo de espera, de recursos, de aislamiento, etc. y asimismo preguntó si en los casos en los que aun pende la apelación se podría suavizar el régimen penitenciario.
El Sr. Moore indicó que ellos quieren equilibrar la libertad del preso dentro de la cárcel y la seguridad de los funcionarios. Florida, manifiestó, es uno de los pocos sistemas penitenciarios que permiten televisión en el interior de las celdas y que puedan recibir libros de los editores. Ellos no opinan sobre las sentencias, indica el Sr. Moore, pero sí tratan de mejorar las condiciones y, así, ellos proyectan ampliar de cuatro a seis las horas de ejercicio que se efectúan y, él concretamente lleva ya dos años en este puesto trabajando lo mejor que puede y manteniendo la seguridad general.
La Senadora Vindel preguntó por qué se llevó a una persona que no puede andar, como es Julio J. M. a la sala en que se celebró la entrevista con los Senadores esposado de pies y manos, mientras que en el caso de P. I.
llegó sin grilletes y sin esposas y, en relación con ello, solicitó saber, si era posible, quién aprobaba las normas para la prisión y si se tiene o no un criterio divergente, por lo que parece, entre unas y otras cárceles.


El Sr. Moore respondió que hace dos años cada Jefe de una prisión era autónomo lo cual podía ser problemático y por eso se acordó tener una política común.
La Senadora Vindel preguntó si se trata de leyes o de qué clase son las reglas por las que se rigen los sistemas penitenciarios, a lo que respondió el Sr. Moore que son las normas carcelarias teniendo en cuenta las disposiciones. La Senadora Vindel preguntó por el tiempo de ejercicio de los presos en el interior de las cárceles, a lo que respondió el Sr.
Moore que este tiempo aparentemente escaso es difícil de administrar porque si bien ellos tienen que hacer ejercicio ya que hay una Ley Federal que obliga, los traslados de un lugar a otro de la prisión son complicados.
La Senadora Vindel incidió en la cuestión de la recepción de libros por los internos; lo que dió lugar a una intervención del Sr. Moore expresando que pondrían en contacto con las personas implicadas a los responsables de la oficina de su equipo encargada de estos temas, refiriéndose a esta cuestión, señaló el Sr. Moore, esta oficina fue creada por su equipo, que es muy bueno, y, cuando el presupuesto lo permita, tratarán de mejorar todavía más la función que desempeñan.
Intervino el Senador Ríos quien se refiere a tres de los más importantes logros de la Constitución española vigente de 1978; concretamente aludió al proceso democrático, al Estado de las autonomías y a la supresión de la pena de muerte; el Senador Ríos comentó que su circunscripción
--Canarias-- casualmente se encuentra en el mismo paralelo 28 que Florida, lo que fue celebrado por los demás asistentes.
El Senador Saavedra manifestó que todo los partidos políticos españoles comparten la inquietud y el compromiso en pro de la abolición de la pena de muerte, y efectuó una pregunta sobre un gráfico, a lo que responde el Sr. Moore que es el porcentaje de presos que han cumplido el 85% de su tiempo de condena, y se trata, manifiestó, de una información que ha de presentar al Congreso de Florida. El Sr. Moore expresó que las prisiones son un microcosmos de los problemas de la sociedad, dentro del cual se trata de readaptar de nuevo para la vida social.
Intervino otro de los ayudantes del equipo del Sr. Moore quien expresó que dos tercios de los crímenes son cometidos por un tercio de la población y el objetivo de la política es proteger y rehabilitar, asimismo manifiestó que siempre hay que contar con algunas dificultades presupuestarias. En el Estado de Florida se ha efectuado un endurecimiento de las leyes y paralelamente una mejora en los programas sociales, religiosos, de voluntariado, etc. en el interior de las cárceles.
Intervino el Sr. B. de la Embajada española en Estados Unidos que pregunta quién toma las decisiones sobre la evaluación psiquiátrica de los enfermos y, concretamente se refiere a la terrible situación mental del Sr. J. M. inquiriendo sobre si se podría tratar de reevaluar esta situación. El Sr. Moore expresa que ellos tratarán de ponderar esta situación y efectuar de nuevo los correspondientes análisis sobre la misma.
En la tarde del mismo día 29 de mayo la delegación tuvo una entrevista con el Fiscal General de Florida Mr. Robert Butterworth.
Antes de iniciarse la entrevista con el Fiscal General recibió a la delegación la directora de la Comisión de Gracia, Unidad integrada en el equipo de la Fiscalía General. Esta señora explicó a los miembros de la delegación las características de la situación penitenciara en el Estado y la situación de los condenados a muerte. A continuación y tras unos breves momentos se incorporó a la reunión el Fiscal General de Florida.
El Senador Agramunt tras los oportunos saludos y la expresión de agradecimiento por la colaboración prestada en la tarea de la Ponencia, por parte de las autoridades del Estado, indicó que a su juicio no es conveniente la existencia de la pena de muerte en ningún lugar, a lo que siguió una serie de consideraciones en relación con el trabajo de la Ponencia.
Seguidamente el Sr. Butterworth llevó a cabo reflexiones sobre la vigencia de la pena de muerte en el Estado de Florida y se refirió a los tres españoles que se encuentran en situación de condena a muerte:
concretamente al inicio del segundo juicio del Sr. Martínez; a la situación de J. M. y a la apelación pendiente del Sr. P. I. Manifestó el Sr. Butterworth que hay cuatrocientas personas en el corredor de la muerte y aproximadamente unas 3000 personas en todo Estados Unidos; e indicó el Fiscal General que solamente se dan 2 o 3 ejecuciones al año en Florida puesto que la realidad es que la mayoría de los condenados se quedan en cadena perpetua pues aproximadamente dos tercios de las condenas capitales pasan a ser convalidadas por la Corte Suprema, que vela de manera rigurosa por aquellos casos de condenas a muerte. El Fiscal manifestó también que su oficina sigue cuidadosamente todos estos asuntos y que por supuesto la oficina prefiere que haya condonación de la condena a muerte y conversión a cadena perpetua. El Senador Ríos intervino para referirse al largo camino en Europa y en España respecto a la abolición de la pena de muerte.
El Sr. Butterworth indicó, a su vez, que algo está cambiando en el porcentaje de personas en Estados Unidos a favor o en contra de la pena de muerte, de modo que se puede afirmar que hay una ligera modificación tendencial en detrimento de quienes están por la pena de muerte.
La Senadora Vindel preguntó qué ocurre cuando un Tribunal sentencia a muerte, además de la posibilidad de apelación, la anulación de la sentencia primera, la celebración de un nuevo juicio, etc. La ayudante del Fiscal General aludió al porcentaje de 50% de personas que recurren y que por lo tanto tienen oportunidad de contar con un segundo juicio.
El Senador Saavedra expresó que en el caso del condenado J. M. los miembros de la delegación tienen casi la seguridad moral de que se trata de un estado mental muy precario el de esta persona y preguntó si podrían someterle de nuevo a examen. La ayudante del fiscal manifestó que les consta que está enfermo pero que se niega a ser revisado porque no admite su propia enfermedad.
Finalizadas las reuniones con las autoridades del Estado de Florida relacionadas con el objeto de trabajo de la Ponencia, la delegación se trasladó en la tarde del día 29 de mayo desde Talahassee, capital administrativa del Estado de Florida, a Tampa, donde llegó aproximadamente a las

10 de la noche para reunirse con el embajador de España en Estados Unidos, Sr. Rupérez y con el Cónsul Honorario en Tampa, Sr. S. En esta reunión se plantearon diferentes temas en relación con las visitas efectuadas hasta el momento tanto a los españoles internos y pendientes de condenas a muerte cuanto respecto de las autoridades del Estado.
El día 30 de mayo la delegación salió a primera hora de la mañana hacia el edificio judicial de Tampa donde estaba celebrándose el juicio contra Joaquín José Martínez. En la sala donde se celebraba este juicio presidido por el Juez P. estaba presente la delegación de Senadores, así como numerosos periodistas españoles destacados por diferentes medios para asistir a este juicio. Todos ellos presenciaron la presentación de las alegaciones preliminares así como algún incidente prejudicial planteado primero por parte del fiscal y después por el equipo de la defensa. En un receso de la celebración de este juicio la delegación de la Ponencia se reunió con familiares del interno P. I., concretamente con el padre C. I., con las hermanas de P. I. y con la mujer del interno, en una de las salas del propio edificio de los juzgados y, con ocasión de esta reunión, los miembros de la Ponencia recibieron información sobre la situación de P. I., los juicios previos celebrados y el costoso proceso que tienen por delante que, según indica el padre, puede ser aún más caro que el de Martínez. El padre de P. I. aludió a que su hijo tuvo antecedentes de robo con homicidio y estando preso es cuando le consideraron posible autor del homicidio por el cual se le pide la condena a muerte, por ello, afirma, está en el corredor de la muerte desde el 11 de diciembre. El Sr.
I. expresó que ellos han hablado ya con el abogado de Martínez, el Sr.
Raben, y que es posible que se haga cargo de la defensa de P. I., lo que efectuaría, en su caso, comenzando con la solicitud de las transcripciones de los juicios anteriores.
El Senador Agramunt expresó en relación con lo expuesto por el Sr. I. que desde luego ellos saben que es muy costosa la preparación del equipo de la defensa en un juicio en Estados Unidos pero que ha de quedar muy claro que el Senado como institución no puede colaborar en la defensa en modo alguno sino que se trata de un asunto que la familia ha de hacer llegar a la sociedad española de forma que ellos tengan los apoyos sociales que les preste la sociedad española, como los que han conseguido, trabajando duramente, los padres de José Joaquín Martínez.
Los Senadores expresaron también a los familiares de P. I. que ellos ya han pedido a las autoridades que presten especial atención al caso y que, si así procede, lo volverán a hacer por escrito.
El Senador Ríos preguntó cuándo tendrá P. I. la nacionalidad española, a lo que respondió el Senador Agramunt que ya está en ello y «a tope» la Embajada española y el Consulado.
El Senador Cámara matizó que está de acuerdo con el resto de los Senadores pero que una cosa es que los parlamentarios no se encarguen de la infraestructura de la defensa y otra distinta es que la familia de P.
I. pueda contactar con partidos, asociaciones o instituciones de modo que desde éstos se les apoye en sus movimientos a favor de su hijo.
El Senador Ríos expresó que hay buen ambiente sobre una moratoria de pena de muerte lo cual podría ser también sumamente importante.
La Senadora Vindel efectuó también una serie de preguntas sobre la situación de los juicios anteriores y se refierió a la percepción de que existen determinadas situaciones no claras en el ámbito procesal, en la cuestión de la demostración o no de la coartada, etc.
Tras este cambio de impresiones entre la familia I. y los Sres. Senadores miembros de la delegación finaliza la reunión y el propio día 30, también en un receso del juicio de Joaquín José Martínez, la delegación de la Ponencia tuvo la oportunidad de reunirse con el propio preso quien se refirió a su situación de nerviosismo ahora, aunque el en juicio está calmado porque, manifestó, sabe que cuenta con una muy buena defensa.
El Sr. Martínez manifestó a los Senadores, que, según cree, el juicio durará poco, a lo sumo hasta el lunes o el martes.
Los Senadores comentaron que al conocerse desde la tarde de ayer que el fiscal no va a pedir la pena capital ello, parece permitir relajar la tensión.
El Sr. Martínez coincidió en que ello es cierto, y que ello les permite saber ahora que se pueden concentrar en lo que es la primera parte del juicio, es decir, en tratar de conseguir la libertad.
El Senador Agramunt preguntó al Sr. Martínez sobre si tenía alguna noticia acerca de si va a haber o ha habido alguna clase de gestiones procesales y el Sr. Martínez respondió que no, que además él no querría, pero que este es un tema que acatará en los términos en que sus propios padres decidan.
El Embajador de España en Estados Unidos efectuó también alguna pregunta que respondió el Sr. Martínez.
El Senador Ríos expresó que la delegación estaba algo sorprendida por el papel del fiscal y de los abogados en sembrar dudas razonables en el jurado.
La Senadora Vindel preguntó si hay, según se ha dicho en la prensa, otras personas que podrían ser los culpables y si se encuentran, como ha dicho la prensa, en la propia sala, a lo que el Sr. Martínez respondió.
Los Senadores finalizaron esta reunión con el Sr. Martínez indicándole que ellos entendían que, al conocerse la no petición por parte del fiscal de la pena de muerte, con ello finalizaban la tarea fundamental que ellos traían en relación con este caso, sin perjuicio de que todos ellos desearan que en lo personal resulte la mejor solución, como es lógico, para el Sr. Martínez. El procesado Sr. Martínez agradeció enormemente la presencia de los Senadores en el juicio y el mensaje de apoyo que estaba recibiendo.
En la tarde del día 31 la delegación se trasladó desde Tampa a Miami y en la noche del día 31 se celebró una reunión con el Hogar Canario con asistencia de la Junta Directiva presidida por Dª. María Teresa Arias y otros cuatro componentes así como los expresidentes y presidentes honorarios de dicho centro de la emigración y también con asistencia del Cónsul General en Miami Sr. Vallaure y con otro personal del consulado.
En este encuentro tuvo lugar un intercambio de opiniones y planteamientos entre los Senadores

y estos representantes de la emigración canaria en Miami.
La mañana del día 1 de junio se celebró otro encuentro en la residencia consular al que asistieron diversos representantes de sectores económicos y sociales en Miami. Todos ellos tuvieron oportunidad de conversar con los miembros de la delegación y el propio Cónsul e intercambiar opiniones sobre los asuntos generales de interés para la colonia española y para los representantes de grupos económicos españoles en este Estado americano tan vinculado con Iberoamérica, y en general también exponer opiniones sobre la materia objeto de la Ponencia.
Finalizada esta reunión la delegación se trasladó al aeropuerto para retornar a España donde llegó en la mañana del día 2 de junio.
A destacar en este viaje la numerosa presencia de medios durante todos los actos que integraron el viaje de trabajo, y el seguimiento mediático, desde la salida del propio aeropuerto español así como la llegada, visitas a las prisiones, visitas a las autoridades y asistencia al juicio de Joaquín José Martínez.

3º.VISITA DE TRABAJO DE LA PONENCIA ENCARGADA DE ESTUDIAR LA SITUACION JURIDICA, PERSONAL Y FAMILIAR DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES INTERNADOS EN PRISIONES DE PAISES EXTRANJEROS. ECUADOR Y VENEZUELA. 13 A 19 DE ENERO DE 2002.

La delegación que asistió a este viaje a Ecuador y Venezuela, según acuerdo de la Mesa del Senado de 27 de noviembre de 2001, estuvo integrada por los Senadores: Excma. Sra. Dª. María José Camilleri Hernández, del Grupo Parlamentario Popular, Excmo. Sr. D. Hilario Caballero Moya, del Grupo Parlamentario Socialista, y Excmo. Sr. D.
Joseba Andoni Aurrekoetxea Bergara, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

VIAJE A VENEZUELA (13-16 DE ENERO DE 2002)
El domingo día 13 la delegación salió de Madrid con destino a Caracas donde fue recibida en la tarde de dicho día por el Cónsul General en Caracas, D. Eduardo Cerro y personal de seguridad del consulado.
En la mañana del lunes día 14 de enero se iniciaron las diferentes visitas de la delegación de la Ponencia, con una reunión en el Consulado General español en Caracas con asistencia, además del Cónsul General, del personal del Consulado: D. Miguel Oliveros Torres, Cónsul General Adjunto, Dª. Caridad Batalla Junco, Cónsul, y D. Javier González Hidalgo, agregado del Consulado. Asiste igualmente una funcionaria del Consulado, Dolores, que es la persona que habitualmente lleva a cabo el contacto con los presos españoles en cárceles venezolanas.
El Cónsul General y demás personal del consulado ofrecieron a los Senadores información general sobre dicho consulado; concretamente aludieron a la escasez de medios del mismo, que necesitaría contar con unas catorce personas más, y que, sin embargo, ha tenido restricciones importantes en las renovaciones de personal; por el Consulado, según señaló el personal, pasan del orden de mil trescientas a mil setecientas personas diarias, puesto que en Venezuela hay diecinueve viceconsulados, la mayoría honorarios, si bien el trabajo se efectúa básicamente en el Consulado General. La colonia en Venezuela es, afirmaron, en general muy trabajadora y emprendedora, lo que ha dado lugar a que exista una emigración que actualmente en Venezuela es de clase media alta:
comerciantes, empresarios, profesionales, etc., fundamentalmente de gallegos y canarios; y todos ellos, señala el Cónsul, tienen buenos centros, algunos de los cuales son verdaderos centros culturales y de promoción que los Senadores visitarían durante su estancia en Venezuela.
Manifestó el Cónsul que hay relaciones con la mayoría de los centros que representan a casas regionales excepto con el centro vasco que no tiene relación alguna con los demás.
Indicó el señor Cónsul que todos los representantes de la emigración están en el CRE (órgano consultivo de la emigración).
Manifestó también el Cónsul que, en cuanto al CERA de Caracas, a 31 de diciembre tienen aproximadamente 180.000 inscritos en el libro de registro consular de los cuales unos 98.000 están en el CERA. Indica el señor Cónsul en que la cuestión estriba en que España ha pasado a ser de país de emigración a un país de inmigración y se refirió también al sistema de voto por correo que hace que, teniendo en cuenta las dificultades del voto por correo, y del correo en general, no siempre puedan llegar los votos a su destino en las fechas correspondientes. Se refirió el Cónsul a la posibilidad de estudiar sistemas que permitieran otra forma de voto que facilitara el envío y la recepción de los votos por correo.
El Cónsul pasó a informar de los detenidos españoles en Venezuela que eran en total, a la fecha de esta reunión, 89, la mayoría acusados de narcotráfico. Hay españoles detenidos en quince centros penitenciarios venezolanos de los cuales se ha seleccionado Los Teques e INOF por entender que son representativos y están relativamente cercanos a la capital para facilitar el acceso de los Senadores. Indicó el Cónsul que se trata de detenidos muy reivindicativos y que viven en penosísimas condiciones. Manifestó el Cónsul que los detenidos reciben ayudas por importe máximo de 100 ecus al mes por cada detenido, siendo el problema cómo hacerles llegar esta ayuda porque aquí prefieren recibirla en metálico para poder ellos hacer sus compras, trueques, etc. La entrega de la ayuda se llevaba a cabo por una persona recomendada por un sacerdote como «facilitador», se podría decir, pero ha habido un problema y es que los presos se han quejado de que esta persona les cobraba una comisión que él, a su vez, alegaba que era por cobrar los cheques, etc., detectado este problema, tratan de solucionarlo. En todo caso, manifestó el Cónsul, es difícil estudiar el procedimiento para hacer llegar la ayuda.
Asimismo el Cónsul se refirió a que los casos en que hay enfermos el consulado facilita la visita de un médico que es pagado con cargo al consulado; en cuanto a las penas de los detenidos éstas van de seis a doce años siendo el

período básico de tramitación del convenio de cumplimiento recíproco de condena de un año y seis meses y alegando el consulado que es muy lenta también la tramitación en la parte española.
En estos momentos, informa el Cónsul, hay veinte peticiones de traslado conforme al convenio bilateral de cumplimiento de condena hispanovenezolano.
El Cónsul manifestó cuál es el procedimiento habitual para solicitar la aplicación del convenio, consistente en que los presos se dirigen al consulado tras la detención y una vez se ha producido la determinación de condena, en procedimiento breve, en supuesto de asunción de culpabilidad o por procedimiento ordinario, ya ellos dirigen la petición al consulado, en cuanto se ha obtenido sentencia, para el cumplimiento de la pena en cárceles españolas.
El Senador Caballero, del Grupo Parlamentario Socialista, se manifestó preocupado por la importante bajada de transferencias a cárceles españolas de presos españoles en Venezuela, que los diplomáticos atribuyeron a la llegada de Chaves y a la lenta impartición de justicia; concretamente ejemplifica con el caso de E. T. en el que hubo retrasos en el expediente y se refiere también a R. M. que está pendiente de traslado por parte de Interpol y M. M. que está pendiente de que el Gobierno español autorice su transferencia a España. Asimismo el Senador preguntó si hay listado de abogados que el consulado facilite a los detenidos, bien por sí mismo, o en colaboración con los colegios de abogados de Venezuela; inquirió igualmente sobre las mafias carcelarias internas.
El Cónsul respondió que la atención de la administración española a los detenidos en el extranjero es, sin duda, la mejor de los diferentes países europeos, según tiene constancia. Asimismo manifestó el Cónsul que desde luego tiene que haber sistemas mafiosos en el interior de las cárceles porque, por ejemplo, todos los detenidos o muchos de ellos tienen dentro de la cárcel teléfono móvil; señaló también el Cónsul que por parte del Ministro de Justicia venezolano hubo alguna reunió concretamente con Finlandia y trataron de estudiar una fórmula conjunta para todos los países de la Unión Europea. Por último, expuso el Cónsul que ha habido casos de asalto físico a personas que iban a ofrecer la ayuda por parte del consulado en el interior de las cárceles, que carecen, propiamente, de vigilancia interna.
Tras esta reunión de trabajo la delegación de la Ponencia junto con el personal consular se trasladó a visitar la prisión de Los Teques en una localidad cercana a Caracas. Reunión que se llevó a cabo en el interior de la prisión, a la que no accede la policía nacional venezolana, en una de las salas que se destina a sala de lectura, con unas deficitarias condiciones de todo tipo, con los diferentes presos españoles. Esta reunión se inició con una exposición del Senador Caballero sobre el sentido de la delegación y de la propia Ponencia y sus objetivos que no son tanto, afirmó el Senador, de carácter particular sino para estudiar la situación general personal, familiar y jurídica y tratar de proveer medidas que la mejoren en términos objetivos.
De los veintidós presos españoles en este penal reunidos con los Senadores y el personal del consulado V. N. expresó que tiene solicitada la repatriación y que ya ha cumplido prácticamente su condena aunque no accede a la libertad provisional por riesgo de fuga planteando de paso este recluso los problemas del sistema penitenciario venezolano.
J. L., otro de los presos, dijo que no tiene apoyo alguno por parte del consulado excepción hecha de la funcionaria Dolores. Expresó que los papeles que ellos mandan a los tribunales no llegan y que ha visto a su abogado (M. A. O.) una vez en tres años. Los presos se manifiestaron respecto de otros centros penitenciarios venezolanos como Jabell donde en seis meses han sido asesinados 69 reclusos.
Asimismo expresaron los reclusos que el riesgo de fuga hace que se apliquen estrictamente las condiciones carcelarias para aquellos presos que consideran que no tienen arraigo; por eso ellos consideraban que están peor que los propios presos venezolanos, aun cuando no haya discriminación en el régimen interno.
Manifiestaron también los reclusos que cuando son enviados a otros lugares ello les deja sin el escaso apoyo familiar con el que cuentan en este centro y, dijeron, los traslados obedecen a que los Teques es un centro preventivo y que envían reclusos a otros centros tras el llamado test psicosocial.
Otros presos se refirieron a que es muy común la enfermedad de la biliasis, por el agua, así como son generales la escasez de médicos y de medicinas; los propios presos indican que los vigilantes no tienen autoridad alguna y que ello hace que se trate de una cárcel enormemente insegura.
Los presos contaron que están en celdas de no muy amplio perímetro: más de 38 hombres por celda y que la comida, consistente normalmente en pasta, es muy escasa y de dudosa higiene.
Algunos presos (dos hermanos de procedencia andaluza) indican que no tienen ni colchón donde dormir.
Otro de los presos (J. G.) se quejó también de la escasa alimentación, del escasísimo momento de recreo, que además es en pasillos, de la contaminación del agua, del hedor, de la enfermedad, de la falta de seguridad, etc.; el preso R. M. manifiestó que está pendiente de la firma del Ministro Miquelena razón por la cual los Senadores tomaron nota para plantearlo, en su caso, en su entrevista con el Ministro de Justicia.
El recluso J. A. B. indicó que los jueces son trasladados de modo que eso añade una gran inseguridad al sistema judicial venezolano.
El recluso J. L. S. expresó que está detenido seis meses y que está enfermo del corazón y sin ayuda alguna.
Manifestaron que están pendientes de traslado los reclusos V. N; R. M; J.
L.; F. C.; y G. F. todos ellos además a punto de ser trasladados a otros penales, muchos más peligrosos aún.
El senador Caballero indicó que España no puede entrar en las cuestiones relativas al sistema penal y penitenciario de otro país soberano como es el caso de Venezuela o cualquier otro país, pero sí estudiar desde la perspectiva española qué hacer para agilizar los trámites del convenio.
El recluso J. S. expresó que está enfermo de SIDA y que le hacen pruebas pero le dicen que no tiene SIDA cuando él tiene constancia de que es así.


Otro de los presos indicó que el Ministerio de Justicia e Interior venezolano trata de agilizar las marchas pero es enormemente difícil y que además debería tenerse en cuenta que cuando hay casos de enfermedad terminal estas personas no deberían estar encarceladas.
Tras esta visita la delegación se trasladó a la cárcel de mujeres del INOF y llevó a cabo una reunión a la que asisten seis presas españolas que plantearon diferentes cuestiones a los Senadores miembros de la Ponencia. El Senador Caballero expresó que lo que se trata es de ver, con carácter general, cuál es el sistema en el que se encuentran estas personas y cuál es la aplicación del convenio. De las seis presas detenidas en la cárcel de INOF sólo una ha solicitado el traslado para cumplimiento de condena en España.
Eso sí, todas las presas expresaron su temor de ser trasladadas a otras cárceles distintas de INOF y dicen que, según creen ellas, es posible evitar el traslado por cuestiones de amistad pero que ello depende de los jueces.
Las reclusas contaron que tienen una alimentación deficitaria, que están en celdas con más de tres reclusas, no existe agua caliente en la prisión, tampoco hay utensilios de limpieza y que las ayudas consulares llegan pero que faltan más medicinas, ropa, etc. Asimismo dijeron que se encuentran sin teléfonos y una de sus quejas más llamativas es que no hay transporte público para trasladarlas a las diferentes vistas que tienen con los tribunales por lo que esto, a veces, en casos extremos, ha dado lugar a que el Tribunal, cuando lleguen, no haya podido recibirlas por ser tarde y hayan perdido la posibilidad incluso de obtener la libertad.
Las reclusas hicieron llegar individualizadamente a la delegación diferentes problemas y así I. S. A. y A. M. Y. indicaron que tienen sentencia pero que no han firmado la ejecución de sentencia por lo que no pueden solicitar la aplicación del convenio; M. A. G. y L. N. así como N.
L. dijeron que la cantidad destinada a ayuda consular ha bajado de cien dólares a cien euros.
Tras la visita a estas dos cárceles la delegación se trasladó de nuevo a Caracas para llevar a cabo una entrevista con la Directora General de Custodia y Rehabilitación de Reclusos Dª. Aurora Angarita, visita a la que asistieron personas del equipo de la Sra. Directora, como la Jefe Médico o la Jefe de Rehabilitación.
La Sra. Directora indicó que efectivamente hay algunos retrasos procesales en cuanto a los sistemas de vista de las diferentes causas y que la semana que viene tendrá una reunión con el Tribunal Supremo de Justicia, con el Juez Miranda para tratar de agilizar estos problemas.
Asimismo la Directora expresó que ellos tratan de cambiar un sistema verdaderamente corrupto en el interior de las cárceles y hacer que funcione de mejor modo. Se refiere la Directora a los distintos pasos que se están operando en diferentes materias para mejorar el sistema penitenciario.
El Senador Caballero planteó a la Sra. Directora la cuestión del transporte desde las cárceles hasta los tribunales, a lo que contestó la Directora que efectivamente hubo un problema con un autobús por causa de bebidas alcohólicas y que eso hizo que a partir de ese momento fuera diferente el sistema de transportes, que están tratando de sustituir por el sistema anterior. La Directora habló de que las cárceles van a ser transferidas a los Estados y que además están discutiendo un código penitenciario. La Directora expresó que ellos necesitan algún tipo de escrito para no trasladar a los presos.
De los 18.000 internos que hay, según indicó, en las cárceles venezolanas en condiciones verdaderamente difíciles, manifestó la Sra. Angarita que tienen el proyecto de hacer un conjunto de centros en diferentes lugares que es un proyecto a cinco años que sustituya el sistema anterior por un sistema mejor comprendiendo hospitales psiquiátricos, hospitales penitenciarios, etc.
Ante las manifestaciones de los Senadores la Directora expresó que se comprometía a que no trasladen desde los Teques a otros centros penitenciarios a los presos españoles. Y dijo asimismo, que tratarían de agilizar el examen psicológico de aquellos presos pendientes del proceso de aplicación del convenio. La Sra. Directora solicitó que se concretasen a estos efectos cuestiones en el planteamiento de los Senadores para tratar de atenderlos y así éstos le expresan el caso del interno S. A., quien les ha manifestado que tiene SIDA; por lo que la Directora dio órdenes a la Jefe de los Servicios Médicos para que efectuaran los análisis que determinen qué hay de real en este asunto.
En torno a este asunto, expresó la Directora que una presa anterior que estaba enferma de SIDA es tratada gracias al tratamiento que envía el Gobierno de Canarias.
Los Senadores indicaron también que la obligación de comunicación consular una vez detenido un ciudadano español parece ser que no siempre se cumple. La Directora expresó que lleva dos meses en el cargo y su objetivo es el respeto a los derechos humanos y cambiar la filosofía para que la cárcel en lugar de ser un lugar de encierro y apartamiento, pase a ser un sistema de rehabilitación, lo que requiere, expresó, obviamente, depurar el sistema penitenciario. El problema, indicó la Sra. Directora, está en los funcionarios a veces más que en los propios internos y en que todo es una cuestión de cambiar la cultura organizacional del sistema penitenciario, lo que ejemplifica la Sra. Directora con aspectos como la comida u otro tipo de cuestiones.
Los Senadores en la mañana del día del 15 de enero acudieron al Ministerio de Justicia e Interior para entrevistarse con el Viceministro de Seguridad Jurídica, D. Paul Valerí Albornoz.
La Senadora Camilleri expuso al Viceministro los antecedentes de esta Ponencia de la Comisión Constitucional del Senado e indica que, desde el respeto exquisito a cada país y su modo de organizarse, el objetivo esencial de la misma es conocer directamente las necesidades personales, sociales, jurídicas de los compatriotas españoles, y, particularmente, el cumplimiento del convenio recíproco de condenas bilateral entre España Venezuela.
El Sr. Valerí expresó que Venezuela tiene interés en cumplir con el convenio internacional, aunque sólo fuera por descongestionar los centros penitenciarios que están ahora en proceso de reestructuración y que ellos pretenden encargar a empresas que los gestionen en su totalidad por el pago de 35 dólares diarios. Al respecto dijo que hay ya hoy una cárcel modelo en Mérida con talleres, radio, etc.,

y, en suma, con un tratamiento distinto a la concepción tradicional de las cárceles iberoamericanas. Indicó el Viceministro que la Directora Angarita está empeñada en cambiar el sistema penitenciario, en colaboración con la Universidad de los Andes donde existe una licenciatura en criminología que ayudará en la preparación teórica de la nueva filosofía penitenciaria. También dijo el Viceministro que le consta que la comida no llega al preso; y, en otro orden de cosas, manifestó que se va a eliminar la presencia de la Guardia Nacional en las cárceles, que, indicó, pasará a estar sólo fuera, y que ellos están trabajando en pro de mejorar el sistema alimentario, educativo, de trabajo y en general de infraestructuras de las cárceles venezolanas.
Sin embargo, como indicó el Viceministro, Venezuela tiene un ochenta por ciento de población en situación de pobreza, un trece por ciento que tienen un nivel medio de vida, en los últimos años cada vez más proletarizado, y un siete por ciento que viven fantásticamente y en estas condiciones, es en las que ellos desenvuelven su nuevo sistema que también afecta al nuevo sistema penitenciario.
Manifestó el Viceministro que ellos están hablando con la iglesia católica para potenciar el aspecto educativo y asistencial de las prisiones, hoy algo descuidado.
Se refirió también el Viceministro a las 61 extradiciones de españoles que están paralizadas en la Corte por falta de notas originales diplomáticas y, señaló, que están desde 1990 paradas. Sugirió el Viceministro que la extradición requiere ayuda de abogados de las representaciones diplomáticas para que se agilicen los procesos.
Concretamente habló de 89 presos, a día de hoy, españoles en las cárceles venezolanas y señaló que la tramitación del convenio de cumplimiento recíproco de condena tiene en estos momentos 29 presos pendientes del mismo.
El Viceministro pidió un contacto más directo del ministerio venezolano con el consulado español para agilizar estos temas.
Intervino el Senador Caballero quien expresó al Viceministro que la Ponencia de la Comisión Constitucional del Senado se preocupa del cumplimiento de condena en España de presos comunes, culpables, desde luego, pero que al no tener arraigo en Venezuela pueden tener un mejor cumplimiento y mayores posibilidades de reinserción en España; señaló el Senador que ha habido una escasa aplicación del convenio para el cumplimiento recíproco de condenas en los dos últimos años y asimismo aludió a otros temas como son la dilación hasta la sentencia, la imposibilidad de a veces de comparecer en juicio debido a causas singulares como es la inexistencia de transporte, según manifestación de los propios reclusos, y la larga duración de los procesos.
El Viceministro Valerí afirmó que al haberse fusionado los dos Ministerios anteriores esta puede haber sido la causa de la aplicación lenta del convenio.
El Senador Caballero señaló que hay algún caso de lentitud por, al parecer, falta de firma del propio Ministro, lo que convendría, si así fuera posible, agilizar.
El Viceministro expresó que con criterio general va a haber una ley de simplificación administrativa.
El Senador Caballero adujo que hay dos presos en concreto (R. M. G. y J.
A. M. M.) que esperan que el Ministerio de Justicia venezolano autorice el desplazamiento de Interpol a Caracas.
El Sr. Viceministro Valerí se refirió de nuevo a las causas pendientes respecto de 61 casos de extradición y citó por su nombre algunos de ellos.
El Senador Caballero insistió en que la preocupación de la Ponencia son los presos por delitos comunes, y se refirió a la existencia de dos personas que aducen tener más de 70 años en el penal de Los Teques y que, al parecer, conforme a la legislación venezolana deberían salir de prisión para pasar a un régimen de prisión domiciliaria, lo que así corroboró el propio Viceministro.
El Cónsul intervino para manifestar que las personas en esta situación son S.A.R.V. que al parecer nació en 1930 y U.L. que también parece tener más de 70 años. En todo caso el Cónsul anunció que remitirá la relación de las personas en cada una de estas diversas circunstancias.
A continuación la delegación se trasladó al edificio del Consulado en Caracas para llevar a cabo una reunión con los miembros del CRE.
Participaron en esta reunión los Sres. Armengol Abreu (Presidente, de origen canario) y cuatro miembros más del citado CRE.
El Sr. Armengol Abreu dio la bienvenida a Venezuela a la delegación del Senado y expresó su deseo que delegaciones parlamentarias visiten con más frecuencia América porque, señala, América tiene un status diferente a Europa. Manifestó el Presidente del CRE que el principal problema en Iberoamérica es la inexistencia de un adecuado régimen de Seguridad Social. Señala el Sr. Armengol que ellos «reciben limosnas cuando en una época contribuyeron a la riqueza española», eso no quiere decir que estén pasando factura, pero, manifestó, sí piden ayuda a la comunidad española; la mayoría de la emigración española en Venezuela tiene una buena posición económica y social pero hay una minoría importante, sobre todo ancianos, con problemas sanitarios e incluso algunos casos de necesidades extremas muy dramáticas.
La Senadora Camilleri se refirió al Real Decreto de 28 de diciembre de 2001 en el que se contemplan a las pensiones asistenciales para ancianos emigrantes, actualizando las cuantías, etc.
El Vicecónsul Primero, Sr. Oliveros, indicó que la cuestión de la recuperación de la nacionalidad es previa y que la mayoría de los españoles eran autónomos por lo que tenían un singular sistema de cotización. Muchos emigrantes no habían pensado en el futuro aseguramiento médico y el convenio bilateral entre España y Venezuela en la materia se remite a la Seguridad Social venezolana, que es, según parece, muy deficitaria. El Ministerio de Asuntos Exteriores, continuó el Sr. Oliveros, en algunos casos dona hasta un 70% del coste de los medicamentos, además, señaló, hay una sociedad médica de beneficencia que prevé mediante gastos de carácter anual, para mayores de 65 años que tengan necesidad, un fondo de un millón de pesetas, que algo ayuda.
Otro de los intervinientes del CRE, D. Manuel García Iglesias, se refirió a un proyecto hospitalario y planteó cuál es la mejor fórmula, que, a su juicio, es de apoyo benéfico concreto, siendo muy fácil recurrir a la sanidad particular cuando se trata de un empresario rico, pero no así en otros

supuestos en los que ha habido fallecimientos por no poder pagar costosos tratamientos; la Seguridad Social venezolana, afirmó el interviniente, y el convenio de Seguridad Social o de protección social bilateral no funcionan para nada; sobre 1.200 personas quedarán sin ayudas por no computar a efectos de pensiones contributivas; a continuación el mismo señor planteó cómo pueden los emigrantes organizados ayudar a los presos españoles en el país. Finalizó su intervención indicando que la nacionalidad española a la que algunos tuvieron que renunciar parecer ser que puede ser recuperada conforme a las iniciativas legislativas en tramitación respecto de las cuales solicita información.
La Letrada de la Comisión indicó que enviaría al Consulado los distintos proyectos o proposiciones sobre nacionalidad, así como que indicaría el método para que se acceda a esta clase de información parlamentaria vía páginas web. La Senadora Camilleri intervino para explicar concretamente cuál es el objetivo de la Ponencia y otro tanto efectuó el Senador Caballero.
La Sra. Rosario Cazorla, abogada que trabaja en contacto con los presos en Valencia indica que ella había visto las difíciles relaciones de estas personas y que el Consulado está haciendo un trabajo positivo con ellos, pero manifestó que la propia Dirección General ni siquiera coincide en la lista con la que tiene el consulado y, señaló, además se les manda dinero pero por un mecanismo que es desigual pues hay cárceles horrorosas como la de Valencia, señalando al respecto que el CRE podría intervenir en los asuntos relacionados con el envío del dinero a los españoles en las cárceles desperdigados por diferentes establecimientos penitenciarios. A continuación la misma Sra. Cazorla, miembro del CRE, preguntó cómo evitar que la situación de los españoles en Venezuela no acabe para los profesionales como está sucediendo en Argentina y solicitó información sobre ayudas a españoles en el exterior incluyendo las ayudas a los jóvenes profesionales y para la vivienda de jóvenes.
El Sr. Armengol insistió en alguna posible ayuda del CRE a los presos españoles en materia de arraigo, etc.
La Sra. Cazorla planteó tener más información sobre Venezuela en los informativos españoles y, por último, una vez se incorporó el Cónsul a la reunión informando que ese mismo día han pasado por el consulado 1855 españoles hasta media mañana.
En el mismo día 15 de enero la delegación se entrevistó en su despacho con el Ministro de Interior y Justicia Sr. Miquelena, encuentro al que también asistieron los dos Viceministros y la Directora General de Prisiones.
En este encuentro el Cónsul explicó el programa de trabajo de la Ponencia en el seno de la Comisión Constitucional del Senado, y, acto seguido, tanto la Senadora Camilleri como el Senador Caballero expusieron los objetivos de la Ponencia, específicamente el convenio de aplicación recíproca de condenas y las dificultades que se observaban en la aplicación del mismo. Los Senadores españoles se refirieron a la necesidad de agilizar, si es posible, los trámites por parte de las autoridades venezolanas para permitir que quienes hubieran solicitado la aplicación del convenio pudieran obtener los beneficios del mismo.
El Ministro manifestó que la colaboración con España es muy rica y fluida en materia policial y judicial y señaló que él va ahora mismo a acometer una política de reforma de las cárceles que obviamente beneficiaría a todos puesto que el sistema hasta el momento tiene claras deficiencias.
El Cónsul manifestó que ellos colaborarían en la medida de lo posible y que ellos han tenido, como sabe muy bien el Ministro, toda la colaboración que han requerido de España.
Se plantearon diferentes temas de colaboración entre España y Venezuela en materia penitenciaria como por ejemplo la propia construcción y organización de centros por expertos así como colaboración en la gestión carcelaria.
El Ministro preguntó a su equipo, a preguntas de los Senadores españoles, por qué se retrasan algunos casos. Semejantes cuestiones fueron tratadas con el Embajador Español en Venezuela --Sr. De la Torre-- durante un encuentro con autoridades venezolanas (Sra. Directora General de Rehabilitación y Magistrado Sr. González Vizcaya) en la residencia del Embajador.
En la mañana del día 16 de enero la delegación de la Ponencia llevó a cabo una visita a la Asamblea Nacional en el Palacio Legislativo donde tuvo lugar una reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia y Derechos Humanos y con el Presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales. El Presidente Jover, de la primera de las comisiones citadas, tras exponer las características de la Comisión a su cargo, de naturaleza compleja, e inmersa como las demás Comisiones de la Cámara en un estado en transformación y en proceso constituyente expuso a los Senadores las características de esta etapa de desarrollo constitucional y el apoyo prestado por juristas españoles y por la propia Embajada para elaborar en su momento la propia Constitución. Señaló el diputado Jover que no hay presos políticos en Venezuela e insistió en la garantía de los derechos humanos en Venezuela conforme a la nueva Constitución que trata de racionalizar el sistema penitenciario y hacerlo con colaboración, como ha sucedido en la propia elaboración constitucional, de la ayuda española.
Manifestó que hay un convenio entre el Ministerio de Interior y Justicia y el Gobierno de España para la asesoría en la realización de cárceles, la adaptación del reo y la gestión penitenciaria.
La Senadora Camilleri se refirió al carácter de la Ponencia y relató los antecedentes de la misma así como los correspondientes a las diferentes gestiones efectuadas en la visita, manifestó la Senadora que el objetivo se fundamenta en el propio artículo 25 de la Constitución Española a cuyo efecto se han llevado a cabo diferentes viajes de trabajo, análisis documental y comparecencias y dentro del propio viaje a Venezuela las visitas a los centros penitenciarios de Los Teques e INOF y también las entrevistas con diferentes autoridades como la Directora General de Instituciones Penitenciarias, el Viceministro de Interior, el Ministro de Justicia o la visita a la propia Cámara. La Senadora se refirió a la conveniencia de agilizar las peticiones de traslado de presos y, finalizó esta primera intervención, invitando al Presidente de la Comisión, Sr.
Jover, a visitar el Senado y a visitar España.


El Senador Caballero en su intervención aludió a que la Ponencia estudia la situación personcal, jurídica y familiar de los presos españoles en el extranjero, con análisis específico de la aplicación del convenio de cumplimiento recíproco de condenas, cuya aplicación, dijo, en los dos últimos años ha hecho que disminuyera el número de presos trasladados de manera sensible, cuando, manifestó el Senador, el interés común es el traslado por obvias razones, lo que debería dar lugar a agilizar el cumplimiento por ambas partes.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado de origen indio amazónico, intervino también en esta reunión para hablar de las condiciones terribles para un europeo en las cárceles en que no se respetan los derechos humanos y, señaló, esta es la razón de la preocupación en el ámbito legal y en el práctico para transformar el sistema de corrupción y mafia organizada en el interior de las cárceles en un sistema de nuevo cuño, a cuyos efectos elogió la presencia de la delegación española. El Presidente Jover incidió de nuevo en algunos casos en los que ciudadanos venezolanos también han tenido problemas en otros países, en este caso, con implicaciones políticas. Manifestó el diputado Jover que Venezuela está en guerra contra el narcotráfico y que el sistema de justicia estaba ----dijo-- inoperativo, todo está, señaló el diputado, marcado por la inoperancia y la corrupción, Venezuela, afirmó el diputado, necesita mil fiscales para activar los procesos porque hoy en día hay más de doce millones de expedientes judiciales abiertos.
La Senadora Camilleri solicitó que cuando se detiene en el aeropuerto, según prevén las disposiciones al respecto, se vele porque se produzca una comunicación inmediata al consulado.
El diputado Jover indicó que la Comisión que preside y la propia Constitución prevén la comunicación inmediata a las autoridades del país, no obstante, señaló, hay veces en que hay dificultades administrativas, que, por minucias, pueden retrasar la información o incluso paralizar un expediente y ello puede suponer a veces hasta un año de retraso.
La Senadora Camilleri expresó que nadie está libre de culpa porque hasta en el mejor sistema a veces hay que dar un «tirón de orejas» a las propias autoridades.
El Diputado Jover expuso que existe una Ley en Venezuela que prevé que la propia Asamblea Nacional o una Comisión ordene al Juez la evacuación de pruebas en un proceso.
El Cónsul y el representante del Embajador, D. Eduardo Aznar, quien excusa al Embajador por una reciente operación, expresaron que por parte de España existe la mejor disposición para colaborar en lo que se necesite, como así viene sucediendo.
El Diputado Jover indicó que la Comisión tiene que ver con cuestiones relacionadas con la política de nacionalidad y anticipa futuras colaboraciones entre España y Venezuela al respecto.
El diputado Jover solicitó el envío de la última reforma del Código Penal más las reformas posteriores a la Asamblea Nacional de Venezuela a su propio nombre como documentos de gran utilidad para las reformas en curso.
VIAJE A ECUADOR (16-19 DE ENERO DE 2002)
En la tarde del día 16 vía Bogotá y Quito la delegación se trasladó a Ecuador donde fue recibida por el Embajador español D. Andrés Collado y por el Consejero encargado de Asuntos Consulares, D. Gabriel Alou. En la mañana del día 17 de enero la delegación acompañada por personal del consulado llevó a cabo la primera entrevista con el Vicepresidente del Congreso Nacional del Ecuador, Sr. Diputado Rubio Posse en la sede del Parlamentario Ecuatoriano. Junto al Presidente acompañan en la reunión de trabajo a la delegación el Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, diputado Hugo Moreno y el Presidente de la Comisión de Emigración Diputado D. Eduardo Pacheco Gárate y Presidente de la Comisión especializada en derechos humanos, diputado H. Bolívar Sánchez Rivadeneira. En la reunión con el Vicepresidente de la Cámara y tras la correspondiente bienvenida, la Senadora Camilleri expuso cuál era el objetivo y fundamento de la Ponencia, refiriéndose al artículo 25 de la Constitución Española, al convenio bilateral y a la necesaria agilización del convenio.
El Vicepresidente de la Cámara informa a la delegación que se ha suspendido la elección del Presidente de la Corte Suprema que estaba prevista para el lunes próximo, razón por la cual ellos probablemente se entrevisten con el Presidente cesante pues aún no hay un nuevo Presidente de la Corte Suprema.
El Senador Caballero expresa que ellos inciden singularmente en la cuestión de la agilización del traslado para tratar de que los presos españoles puedan retornar al país y encuentren mayores facilidades de reinserción social.
El Encargado de Negocios de la Embajada española Sr. Alou expresó que desde hace un año no se ha trasladado a ningún preso español y que, conforme al convenio, la autoridad central en Ecuador es el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema ecuatoriana. La delegación española indicó que es su objetivo, a partir del obvio respeto al derecho ecuatoriano, tratar de preocuparse y facilitar, si ello es posible, la situación de los españoles presos, que incluye el retorno para el cumplimiento de condena en España. Hay en estos momentos en Ecuador, según manifiesta la delegación española, 49 presos, y de ellos 48 son por delitos relacionados con el tráfico de drogas y uno por utilización dolosa de documentación falsa. La Embajada española en Quito, así se dijo, trata de reagrupar a todos los presos españoles en Quito para facilitar la ayuda de la propia Embajada.
El Senador Aurrekoetxea pregunta si el número de españoles presos se incrementa, a lo que responde el Vicepresidente de la Asamblea Ecuatoriana que sí y que el penal García Moreno es un lugar muy duro, como van a poder comprobar los propios Senadores y que ellos están tratando de construir nuevos centros penitenciarios que modifiquen el sistema.
A continuación en una sala de reuniones de la Asamblea se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Presidente y Vocales de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos Internacionales, en la que el Presidente de la

Comisión de Derechos Humanos diputado Sr. Bolívar empezó explicando que él había visitado España presidiendo una delegación parlamentaria para tratar el tema de los derechos humanos. La Senadora Camilleri, tras esta primera intervención, agradece la intercesión que llevó a cabo en su momento la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Ecuatoriano en apoyo a la solicitud de indulto a una española enferma de SIDA. Dicho lo cual la Señora Senadora expuso los antecedentes de la Ponencia, su encaje constitucional con el artículo 25 y continuó refiriéndose al exquisito respeto al derecho del país en la materia, como es lógico, pero también a la necesaria garantía de los derechos humanos de los ciudadanos españoles dentro y fuera de España; en tal sentido y expresándose en relación con los españoles presos en Ecuador manifiesta que sería de interés facilitar la aplicación del convenio bilateral que, por el contrario, ha estado un tanto inactivo en los últimos tiempos.
El Diputado Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales Sr.
Moreno indicó que es cuestión de operatividad del convenio y que ellos presionarán a la Dirección General de Rehabilitación para que así sea; expresa el Señor Diputado que le hubiera gustado que la corta estancia prevista de los Senadores fuera más amplia y ello les permitiera conocer a fondo la situación de Quito y la situación de Ecuador y trabajar sobre otros temas como el de emigración.
El Diputado Bolívar intervino para indicar que a ellos les gustaría empezar con un sistema de convenio bilateral para crear una Comisión para migraciones e inversión entre España y Ecuador; y, añadió, que Ecuador es una tierra muy rica que puede y debe evitar la marcha de sus hijos acuciados por la pobreza a otros lugares y que este es un tema sobre el que le gustaría hablar con los Senadores.
La Senadora Camilleri expresó que ella hablaría con una diputada experta en estas materias para ver la posibilidad de tener un contacto permanente sobre estas cuestiones.
El Senador Bolívar indicó que en la reunión de Madrid se trató sobre diversas cuestiones como agricultura, minería, etc., y se habló también de la conveniencia de aprovechar los conocimientos de los inmigrantes por ejemplo en materia de cultura, comercio, etc., para favorecer su arraigo en España.
El Senador Caballero agradeció el recibimiento a la delegación parlamentaria e indicó que además de la correspondiente colaboración entre Gobiernos, hay lazos comunes y el papel de España como puente para la unión entre la Unión Europea e Hispanoamérica, todo lo cual contribuye a que las cuestiones que se planteen entre ambos países cuenten, además de con los correspondientes grupos de trabajo en su correspondiente ámbito, con la mejor disponibilidad por parte de todos.
El Diputado Moreno expresó que le gustaría establecer una relación bilateral en materia de inversiones españolas y que se invierta aquí, en Ecuador, de forma que pueda producirse en Ecuador aquello por lo que los emigrantes van a trabajar a España; todo ello a través de un convenio de apoyo económico y de promoción lo que redundaría también en la disminución de la mutua criminalidad.
El Diputado Eduardo Pacheco Presidente de la Subcomisión de Emigrantes agradeció la visita de la Ponencia y pidió apoyo de los Senadores españoles respecto de los ecuatorianos que muchas veces, debido al tráfico ilícito y mafioso entre personas (cuya tipificación penal él promovió, el llamado coyoterismo que se pena de tres a seis años), son objeto de explotación por estas mafias. Ellos han planificado un foro en Quito para tratar las leyes de persecución de la emigración clandestina y para la protección del emigrante de forma que ellos pedirán el envío de delegados al Congreso español. El diputado agradece la presencia de los Senadores y pregunta si va a haber contacto directo con el Parlamento español o se tiene que hacer a través del Consulado.
El Senador Aurrekoetxea manifiestó que él forma parte de un pueblo milenario y emprendedor como el vasco y que transmitirá a su Gobierno este planteamiento para que por su parte, bien con carácter institucional, o privado, vengan aquí porque desde luego la solidaridad y el apoyo de los ciudadanos es un elemento fundamental.
El Diputado Bolívar expresó que en unas semanas estarán en España para ver el tema de la emigración y continuar estas cuestiones.
El Consejero de la Embajada española Sr. Alou expresó que la Embajada y su equipo están a la disposición de los empresarios y parlamentarios y, a tal efecto, existe la agregaduría comercial que lleva estas materias.
Recordó además que el convenio ya existente prevé aspectos de codesarrollo como por ejemplo el microcrédito y también medidas de apoyo al retorno por parte de Ecuador para sus emigrantes. Manifiestó el Sr.
Alou que la Administración española hace un gran esfuerzo para combatir a las mafias y a los empresarios ilegales y que también tiene Ecuador que combatir a los coyoteros.
La Senadora Camilleri invitó a los Señores Parlamentarios ecuatorianos a seguir hablando de esta problemática en el parlamento español y recuerda, que ésto no obstante, con ser muy importante este asunto, el objetivo de esta Ponencia es el estudio de la situación personal, jurídica y familiar de los presos españoles en el extranjero, por lo que este y no otro es el objetivo de la misma.
A continuación la delegación de la Ponencia se dirigió a la sede del Ministerio de Gobierno y Policía para llevar a cabo una entrevista con el Director General de Rehabilitación Social, de quien dependen los establecimientos penitenciarios, D. Luis Alfredo Muñoz Neira y con el Subsecretario del Ministerio de Gobierno y Policía D. Maximiliano Donoso Vallejo.
El Director General de Rehabilitación Social, tras dar la bienvenida a la delegación de la Ponencia, manifestó que ha habido un incidente con una reclusa española como consecuencia del cual ésta ha fallecido en una prisión y entregó una copia certificada del informe al Sr. Alou de la embajada española. Asimismo indicó que, según esta información, durante las pasadas Navidades hubo bastante consumo de alcohol en el interior de un establecimiento penitenciario y como se trata de fechas en las que existe cierta permisividad respecto del contacto

entre personas, al tratarse de un centro en régimen mixto y donde no hay suficiente aislamiento, parece ser que la interna pasó a la cárcel de varones donde se encontró con un conocido y su exmarido acometió un ataque contra la misma, de resultas de lo cual falleció a lo largo de la noche del 31 de diciembre lo que, por ser esta fecha, impidió que el Director del centro penitenciario que estaba de vacaciones se enterara hasta la mañana del día siguiente. El Director General expresó que lamentaba profundamente este incidente que acabó desgraciadamente con la vida de la reclusa española N. J.
La Senadora Camilleri tras escuchar esta exposición explicó cuál es el fundamento y objetivo de la Ponencia y el Director General respondió a estas manifestaciones que sí coincidía con la conveniencia de agilizar determinados trámites administrativos para que el convenio bilateral funcione mejor.
Por parte del Consulado se indicó que hay unas diez personas que se han beneficiado del cumplimiento del convenio recíproco de condenas hasta el momento, desde su entrada en vigor y, el Sr. Alou expresó que el problema no es el convenio sino la agilidad en la tramitación del convenio que, en el caso de Ecuador, corresponde como autoridad central, principalmente, a la Corte Suprema de Justicia.
El Director General sugierió que un funcionario de su institución específicamente lleve la tramitación administrativa relacionada con el convenio y, a tal efecto, señaló que la próxima semana el exembajador en Argentina Pedro Sas podría ser la persona que se encargase de la materia con carácter exclusivo; planteó asimismo el Director General que la rebaja de las penas las concede el Consejo Nacional de Rehabilitación, órgano que sesiona cada quince días y que, a su vez, necesita certificado sobre cumplimiento de la condena en los centros de modo que éste debe ser remitido en cuanto la sentencia sea ejecutoria para que se agilicen los trámites; en este orden de cosas el Director General indicó que así lo hará saber al funcionario específico que esté en contacto con el Cónsul para estas cuestiones.
El Senador Caballero manifestó que de los 49 presos españoles en Ecuador sólo 10 han pedido el traslado y preguntó por qué.
El Director General adujo que las cárceles no son excelentes pero que, además, hay quien no tiene sentencia luego no puede todavía solicitar el convenio, en otros casos por vergüenza a que se conozca su situación o porque no quieren ser trasladados.
La Senadora Camilleri manifestó su preocupación, coincidente con el resto de la delegación, por el retraso en tener sentencia. A ello respondió el Director que ellos calculan que debe haber un período de unos seis meses para obtener la sentencia y que no siempre es posible que ello se verifique así, puesto que a veces incluso puede haber largas prisiones preventivas; expresó también el Director que, por su parte, van a agilizar en la medida de sus posibilidades el envío inmediato de la documentación sobre sentencias firmes de extranjeros de modo que actúen en paralelo al Tribunal Supremo y, según ya ha indicado, con el Sr. Sas como persona ad hoc que gestione en el Tribunal Supremo y en la embajada la tramitación del convenio. Expresa el Director General que en la reunión que tendrá lugar al mediodía en la residencia del Embajador, a la que tiene pensado asistir, entregará una copia certificada de estas órdenes para que así consten para los representantes españoles.
Respecto de las solicitudes de agrupación que plantea el Cónsul, el Director respondió que en cuanto tengan detenidos fuera pedirán audiencia y ofreció que se trate de reagruparlos en Quito para facilitar el auxilio de la Embajada.
Acto seguido la delegación se trasladó al penal García Moreno y centros penitenciarios adyacentes cárcel número dos clínica de conducta y número tres centro de detención provisional. El objetivo de esta visita era tener entrevistas con los presos españoles en estos penales y también con la fundación San Pablo de la Iglesia católica encargada de la asistencia jurídica y social, así como de proponer medidas de apoyo legislativas, o actuaciones judiciales, para mejorar la situación de los presos; a cuyo cargo se encuentra D. Jorge Crespo, quien manifestó a los Senadores cuáles son las características de esta fundación y su ayuda a los detenidos. El Sr. Crespo indicó a los Senadores que, conforme a la legislación ecuatoriana, si una persona en prisión preventiva transcurre seis meses sin juicio para los supuestos que tienen prisión inferior a determinado período, o un año para la reclusión, sin que haya juicio, dispone la legislación ecuatoriana que el preso queda libre. Sin embargo hay más de 300 presos que no tienen por qué estar en las cárceles y ello es una cuestión importante para conseguir en el futuro una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Asimismo indicó el Sr. Crespo cuál es el origen de su fundación en Brasil y Ecuador: que es trabajar para cambiar la vida de los presos. Se trata de un plan, afirma, desde la fe religiosa que consta de cinco etapas: dos de ellas se desarrollan en la cárcel y son a base de rehabilitación por la autodignidad, el trabajo en talleres, etc., y las tres restantes fuera de la cárcel.
La Senadora Camilleri presentó ante los presos españoles reunidos en una sala con los Senadores y con personal del consulado los objetivos de la Ponencia y solicitó que manifestaran lo que estimasen a los Senadores, sobre sus circunstancias personales, jurídicas o familiares.
El recluso O. A. V. expresó que lleva dos meses ya después del cumplimiento de la condena y estaba pendiente de su liberación, sin entender a qué obedece el retraso.
Otro recluso expresó que faltan S. G. y K. de los diferentes presos españoles en esta prisión.
El recluso O. A. V. insistió en que lleva ya dos meses con la condena cumplida y el período de rebajas ha terminado, por lo que no le queda pena por cumplir y, aunque no tiene el parte, sabe que el Consejo se reunió ayer y manifestó que además tiene ya preparado su billete para salir del país; sin embargo todavía está a la espera de acontecimientos.
El recluso R. J. R. A. manifestó que a principios de agosto planteó un problema y que sus dificultades provienen de la demora de la jueza en España.


El recluso O. A. V. contó que pidió a los siete meses la aplicación del convenio de cumplimiento recíproco de condena y lleva dos años en la cárcel y once meses en espera de poder marchar.
El Senador Caballero refiriéndose a una cuestión sobre supuesta confusión de identidad planteada por un recluso preguntó en general si los reclusos saben o no de la existencia de convenio y preguntó también cómo se aplica y, de otra parte, cómo se comporta la representación española consular con los presos.
El recluso C. V. M., periodista que está condenado a 14 años de cárcel en Ecuador y manifestó no tener queja ninguna de los diplomáticos, expresó que hay casos donde hay personas mayores de 65 años que deberían tener el régimen de tercera edad y que han pedido el traslado sin conseguirlo. Se refiere al artículo 57 del Código Penal de Ecuador conforme al cual él no debería estar en esta prisión por cuestiones de edad; además no tiene partes de mal comportamiento. Entregó asimismo una documentación al Senador Caballero.
El recluso E. J. P. O. expresó que ha habido en su caso intervenciones de no buena fe a cuyo efecto entrega una documentación a los Señores Senadores.
El Cónsul explicó la diferencia entre el convenio de cumplimiento recíproco de condena y la repatriación, ante determinadas alusiones de los reclusos.
El Senador Caballero manifestó que, al parecer, las autoridades ecuatorianas piensan poner a una persona para hacer el seguimiento de expedientes de traslado de cumplimiento recíproco de condena de españoles.
Intervino acto seguido uno de los reclusos que se beneficia de la intervención de la fundación San Pablo J. C. N. Manifiesta este recluso que era ingeniero aeronáutico de C. A. S. A. y actualmente es Director de Producción de agencia de publicidad y, dijo, que no tiene nada contra Ecuador pero que rechazaba la actuación policial y judicial porque, afirmó, «aquí no hay rehabilitación, sino maltrato, directores que piden compensaciones económicas, guías penitenciarios que cobran por detrás otro sueldo para favorecer entradas de droga, etc.», además, expresó que la comida tiene unas condiciones pésimas, pues no recoge ni las mínimas recomendaciones de la OMS; expresó también que en la Embajada antes había un Embajador con problemas muy serios que incluso denegó vitaminas a un preso, según dice, ellos mandaron una carta al Rey, al DP, a Amnistía Internacional y al Presidente del Gobierno. Indicó este recluso que la Embajada es su apoyo y su contacto entre ellos y la familia. Pidió que la delegación de Senadores ayude todo lo que pueda a Gabriel Alou para que él transmita sus peticiones y que se agilice la aplicación del convenio donde existen numerosos obstáculos por parte de la Administración ecuatoriana.
El recluso P. expresó que está enfermo del corazón y en relación con ello adujo que el tema sanitario es terrible en la cárcel sobre todo a partir de las cinco de la tarde en que no hay ni un solo médico disponible ni localizable.
Se expresó por parte de los reclusos que la Embajada colombiana ayuda mucho y que también lo hace el hogar San Pablo y que deberían plantearse también algún tipo de ayuda complementaria por parte de la Embajada española.
El recluso P. M. C. se quejó de malos tratos aunque dijo que él no ha tenido nunca partes y sin embargo nunca ha tenido apoyo de la Embajada.
El recluso J. F. M. M. pidió los papeles a España hace un año y no le han llegado, por lo que se quejaba del retraso.
Tras esta entrevista con todos los presos la delegación se trasladó al penal B donde hay tres reclusos españoles. Ellos no han pedido el traslado mediante la aplicación del convenio porque no tienen todavía copia de la sentencia y, específicamente, A. F. F. espera la correspondiente rebaja de condena del consejo quinquenal.
A continuación se trasladó la delegación a la clínica de conducta donde otros tres reclusos J. G. A. de Valencia; J. I. P. de Alicante, y A. O.
V. de Palma de Mallorca en su reunión con la delegación, en el patio de la cárcel, dijeron que han oído historias en la prisión sobre que es necesario que llegue un preso de Ecuador para poder marchar uno de ellos.
En concreto el preso A. O. afirmó que ha sido declarado incapaz por un Tribunal Español y cuando se enteró el Defensor del Pueblo ecuatoriano intercedió por su caso puesto que tiene una condena de ocho años pero que, en revisión de personalidad, un Tribunal ecuatoriano le consideró perfectamente capacitado.
El recluso J. G. A. estaba pendiente de la calificación del Consejo de la Rehabilitación y planteó el problema de la falta de dinero para el avión que le transporte para cumplir su condena en España. El Cónsul dijo que en casos extremos corresponde a la embajada solicitándolo del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es quien lo autoriza, adelantar el dinero para un traslado a España.
El recluso J. G. A. manifestó que si le liberan su mujer es ecuatoriana y no se puede quedar sino que tiene necesariamente que volver a España. El recluso J. J. P. expresó que no quiere ser trasladado a la prisión de Guayaquil.
Tras estas reuniones en la tarde de ese mismo día se celebró un encuentro en la residencia del Embajador con la asistencia del Vicepresidente de la Cámara, Viceministro del Ministerio de Gobierno y Policía, Director Nacional de Rehabilitación y Defensor del Pueblo D. Claudio Muecai y D.
Pablo Crespo de la Fundación San Pablo, junto con la delegación española.
Finalizado este encuentro la delegación se trasladó a la Defensoría del Pueblo donde fueron recibidos por los adjuntos Sres. Bonilla y Silva representantes del Defensor del Pueblo en relación con extranjeros.
Estos señores plantearon el caso de la ecuatoriana Sra. Navarrete en la cárcel en España y se interesaron vivamente para que pueda volver a Ecuador y cumplir en Ecuador su condena. La Senadora Camilleri expresó en relación con tal tema que con mucho gusto se interesará, puesto que están hablando de cumplimiento recíproco de condenas, y ya que si ellos solicitan la aplicación ágil del convenio en Ecuador éste debe ser también aplicado ágilmente en España.
El Sr. Silva de la Defensoría del Pueblo ecuatoriana se quejó de que, a su juicio, el Defensor del Pueblo español no ha oído las opiniones de algunos internos ecuatorianos en España y por lo tanto manifestó su pesar. A lo que expresó

la Senadora Camilleri que, en cuanto regresara a España, se iba a interesar por este asunto.
El Sr. Oliver Vera indicó, respecto del recluso A. O. V., que se portó como una persona normal ante el Tribunal, razón por la cual pese a la inclinación de apoyo por parte de la Defensoría del Pueblo ecuatoriana los Tribunales le consideraron normal; asimismo indicó que la reclusa M.
D. C. enferma de SIDA, por la que intercedió la Defensoría del Pueblo ecuatoriana, fue un caso de humanitarismo por el que ellos se interesaron. Expresa el Sr. Silva que el sistema penitenciario ecuatoriano pese a sus deficiencias es bastante democrático, existiendo incluso una representación de presos; asimismo manifestó que la Defensoría está haciendo un censo de presos, de cuántos están procesados y cuántos sentenciados y a ellos les gustaría conocer cuántos de sus conciudadanos están en prisión en España y que hubiera facilidades para defender a los ciudadanos ecuatorianos en España igual que las tienen los españoles; indicaron asimismo que muchos españoles presos en Ecuador no desean, y así se lo dicen, volver a España para cumplir allí condena. Se incorporó a la reunión el Sr. D. Camilo Restrepo Defensor Nacional de los derechos de los emigrantes quien indicó que tienen mucho interés en tener una relación directa y bilateral con el Defensor del Pueblo español, en lo que diversas autoridades ecuatorianas coincidieron y, además, añadieron que hay en España 85.000 ecuatorianos censados y ellos calculan que aproximadamente 100.000 más ilegales, por lo que el Sr. Restrepo plantea temas de interés para ellos como son el que se pueda conseguir, en virtud de la aplicación del convenio bilateral para la emigración España-Ecuador, que ellos puedan colaborar facilitando la tramitación en los pueblos de la documentación necesaria para la emigración a España.
Los Senadores expresaron que ellos no son una delegación que trate el tema de emigración para lo que, sin duda, han viajado y hay personas más adecuadas, pero que con mucho gusto transmitirán estas cuestiones a sus colegas parlamentarios encargados de estas competencias.
Tuvo lugar después de esta reunión un encuentro con el CRE compuesto por D. José Mayo, D. Antonio Teixidor, Presidente del Casal Catalán, D. Jaime Seguí, también del Casal Catalán, Dª. Pilar Alvarez, del CRE, y D. José Enrique Fuster, de la Cámara Oficial española. En esta reunión, celebrada en la sede de la Embajada Española, los miembros del Consulado y del CRE expresaron a los Senadores que hay unas 6000 personas emigrantes en Ecuador y unos 800 transeúntes aproximadamente. El CRE está compuesto de siete miembros y hay otras instituciones españolas como son el Casal Catalá, la Asociación de Beneficiencia, la Asociación Guayaquil de damas españolas, y España sin fronteras. El problema principal que tiene la emigración española en Ecuador es que en Ecuador no funciona la Seguridad Social y además que sólo tiene derecho en todo caso el titular del trabajo, de modo que el que quiere tener un sistema normal de Seguridad Social tiene que autocontratárselo. Expresó el Cónsul que el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales está tratando de hacer convenios con la Seguridad Social en diferentes países para atender estos problemas pero que, no obstante, para pensionistas no contributivos y para minusválidos se intentó negociar un posible convenio de intercambio con hospitales de las Fuerzas Armadas y al final no se pudo llegar a un acuerdo.
Expresó el Cónsul que hay gente mayor en Guayaquil y de ahí que otro tema que tiene la emigración española es el de las pensiones.
Los miembros del CRE manifestaron su apoyo y sus elogios al personal consular e indicaron que puede haber en el futuro una nueva regulación de la nacionalidad, de la que se está hablando, por la que se interesaron.
Manifestaron que la doble nacionalidad desde junio del 99 permitirá la declaración de la desvinculación del convenio de forma que en el convenio de doble nacionalidad ecuatoriano se obligaba a tener pasaporte del país de nueva nacionalidad por lo que, se da la paradoja de que siendo españoles, ellos tenían sólo pasaporte ecuatoriano y tenían que renunciar al pasaporte español.
La Senadora Camilleri preguntó una serie de datos sobre esta cuestión que dijo trasladaría a las autoridades españolas. Preguntaron también cuál es el sistema y estado de las inversiones en este país a lo que manifestaron los miembros del CRE que ellos creen que hay unas leyes muy restrictivas y mediatizaciones muy singulares de modo que por ejemplo existen prohibiciones como la de invertir a cuarenta kilómetros de la zona costera hacia el interior por considerar que son zonas de protección que requieren el copaternariado con empresas nacionales.
El día 18 por la mañana antes de regresar a España la delegación tuvo una entrevista con el Presidente de la Corte Suprema Dr. Ordaz, a la sazón Presidente interino, quien asistió a la reunión acompañado por el Secretario General y manifestó que él participaba teniendo en cuenta esta condición interina.
La Senadora Camilleri explicó las razones de la Ponencia, el artículo 25 de la Constitución, los trabajos efectuados, la fundamentación y objetivos de la Ponencia y concretamente se refirió a la necesaria colaboración y agilización para el cumplimiento del convenio bilateral entre la autoridad central ecuatoriana y la española.
El Presidente de la Corte Suprema manifestó que él ha viajado mucho a España y que tiene magníficas relaciones con el Profesor Doctor O. de Galicia a partir de lo cual y tras la correspondiente salutación y bienvenida a la delegación española se refirió a distintas materias relacionadas con la autoridad central y a la conveniencia de que hubiera un apoyo de abogados por parte del consulado español para el seguimiento de estas materias. Se refirió también a que los jueces no tienen nada que ver con la situación carcelaria puesto que, como saben muy bien los Senadores, este es un tema gubernamental. Se refiere el Sr. Presidente de la Corte Suprema a que ellos plantearon la posibilidad a los delegados del Banco Mundial de que financiaran un proyecto carcelario en Ecuador pero este plan no interesó a tales personas.
Se refiere, igualmente, al mandato constitucional conforme al cual seis meses sin libertad y sin sentencia en lo que es pena de prisión, o un año sin sentencia en la reclusión, suponen automáticamente la liberación del recluso, asunto que a veces se lleva con cierta picardía.


El Senador Caballero manifestó que una de sus principales quejas es la demora en los traslados y preguntó por qué tardan tanto cuando así se solicitan y si no sería posible agilizarlo.
El Presidente de la Corte Suprema respondió que deberían designar por parte española un representante abogado en los consulados que siguiera la tramitación de estas materias.
El Sr. Cónsul D. Gabriel Alou manifestó que no cabe delegación de un Ministerio o que el Consulado contrate abogados, pero sí cabría una solución generalizada y que a través de los oficios de la Embajada se tratara de agilizar, mediante la oportuna notificación del Ministerio de Justicia español. Asimismo expresó que el Director Nacional de Rehabilitación se ha comprometido a hacer un seguimiento de las materias relacionadas con presos españoles y que ha ordenado disponer que en quince días tengan los extranjeros la certificación de sentencias y penas para agilizar la tramitación del convenio.
Otro tema que planteó el Secretario General de la Corte Suprema fue el impago de multas que da lugar a que el detenido tenga que atender a su responsabilidad civil.
El Presidente de la Corte Suprema señaló que se debería de presentar todo: la petición, la declaración jurada de aceptación de traslado, el juramento, etc., en el mismo acto para evitar dilatar las fases del procedimiento.
Acto seguido manifestó el Presidente de la Corte Suprema que debería haber un procedimiento standard. En todo caso por parte del Presidente de la Corte Suprema y los Senadores se llevó a cabo un repaso a la lista y expedientes de todas las personas que están ante la Corte Suprema. De ellos en algunos casos faltaba la información o documentación procedente de España y en otros por ejemplo partida de nacimiento, certificación de la multa por parte de la unidad de sustancias estupefacientes, en otros casos faltaba el pasaporte, en otros la multa y el pasaporte, hay supuestos también en los que faltaba el certificado del Consejo de Rehabilitación, etc. Tras repasar el convenio por ambas partes se intentó tratar de indagar qué se puede hacer desde el punto de vista administrativo para que los diferentes casos tengan su mejor final, siempre con la necesaria colaboración consular en la agilización y simplificación de trámites.
A continuación, y como finalización de este viaje de trabajo, la delegación se trasladó al Centro Penitenciario Femenino de El Inca cerca de Quito con 236 internas de los cuales 15 son españolas.
Antes de entrar la directora de la prisión y la doctora Noguera manifestaron que hay casos en los que hay personas con problemas físicos importantes de salud y algunas incluso tienen ya sentencia y esperan recibir el correspondiente traslado. El abogado del penal se refiere a todas y cada una de las reclusas que se reunieron todas ellas, junto con una religiosa de origen español, con la delegación y fueron manifestando las diferentes circunstancias de la detención y condena de cada una de ellas. Estas quince reclusas lo son por tráfico de drogas todas ellas y tienen condenas que oscilan de cuatro a doce años.
Tras esta presentación del abogado las reclusas se refirieron a los diferentes problemas que tienen, por ejemplo hay cinco de ellas que están pendientes de la sentencia y su posible traslado; en otro caso hay un supuesto de una persona I. J. C. que tiene ya sentencia y espera el inicio de los trámites y hay otros supuestos en los que tres reclusas están a disposición del Tribunal.
La Senadora Camilleri preguntó si conocen la cuestión del convenio y el Senador Caballero solicitó que manifiesten qué problemas tienen en el traslado o en diferentes aspectos personales, jurídicos o familiares, con carácter general.
Casi todas, según manifestó una reclusa, tienen todos los requisitos cumplidos pero muchas de ellas todavía no tienen la comunicación de sentencia. Las reclusas manifestaron que hay corrupción, discriminación racial en su contra, una sola pastilla de jabón para todas, lo que revela malas condiciones higiénicas, y que, tienen difíciles condiciones que tratan de superar gracias a la hermana Eva, manifestaron algunas, que es una persona que les ayuda un poco y que les permite salir adelante. Había también por otra parte quejas sobre la situación alimenticia o la sanitaria que afecta gravemente a una de las presas M. P. M. que tiene una brecha en el cráneo y requiere de unas pruebas costosas que solamente se pueden hacer con carácter particular. Las reclusas también se quejaron de la lentitud administrativa y burocrática para asistir a los tribunales o para poder trasladarse las que así lo han pedido. De otra parte plantearon que la reclusa P.M. está enferma y necesita que le hagan una entomografía.
La ayuda consular es la ayuda directa en las cárceles, los cheques de las familias o los dólares que da el Ministerio español de Asuntos Exteriores, materia sobre la que las presas manifestaron alguna queja por no recibirla en tiempo y suficientemente.
Se quejaron también de tener retraso en la recepción de las medicinas que necesitan y el Cónsul manifestó que se hace todo lo que se puede pero que también las familias, como ocurre en el caso de una de las enfermas de SIDA que está entre las internas, deben ayudar y así en este caso envían periódicamente las medicinas que esta persona necesita. Las reclusas expresaron que no reciben los cien dólares al mes ni suficiente apoyo por parte de la Embajada. El Cónsul repuso que se trata de una cantidad mensual máxima y que se entrega muchas veces a través de ayuda material y no sólo en metálico. Después del cumplimiento de todo, hay una persona que parece ser que tiene pendiente en España alguna documentación para su traslado: se trata de la reclusa E. S. por la que la delegación española manifestó que se interesará.
Del grupo de reclusas españolas llamaba la atención el caso concreto de una muchacha de 19 años --C. C.
-- que está penada a ocho años por tráfico de drogas cuyas condiciones si resultara factible, deberían tratar de mejorarse porque es una persona muy joven cuya rehabilitación en España resultaría más sencilla que no estando situada lejos de su país y en medio de circunstancias adversas de todo tipo, siendo este un típico asunto que justificaría la conveniencia del traslado lo más rápido posible, en aplicación del Convenio.
Finalizada esta visita y acompañados por la religiosa dominica misionera hermana Eva los miembros de la delegación

volvieron a Quito para iniciar el regreso a España el día 18 de enero.

4º.VISITA DE TRABAJO DE LA PONENCIA ENCARGADA DE ESTUDIAR LA SITUACION JURIDICA, PERSONAL Y FAMILIAR DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES INTERNADOS EN PRISIONES DE PAISES EXTRANJEROS. EL CAIRO. 17 Y 18 DE MAYO DE 2002.

La delegación de la Ponencia estuvo compuesta en esta ocasión por la Senadora Excma. Sra. Dª. María Rosa Vindel López y el Excmo. Sr. D.
Jerónimo Saavedra Acevedo. Han acompañado a la delegación en su viaje unos periodistas de Televisión Española desplazados por esta cadena para hacer el seguimiento del mismo. El día 17 de mayo se desplazo de Madrid a El Cairo donde la noche de la llegada tuvo lugar un encuentro en la residencia del embajador durante el cual éste (D. Pedro López Aguirrebengoa), la Cónsul General en El Cairo (Dª. Eva Martínez), y otro personal de la Embajada informaron a los Senadores de la situación egipcia y los antecedentes referentes a J. J. G. B., que es uno de los presos españoles en el extranjero que lleva más años cumpliendo condena
--catorce años-- y sobre el que ha habido numerosas gestiones desde el más alto nivel, planteadas en diferentes ocasiones y, hasta el momento, sin éxito puesto que el país de condena entiende que se trata de un delito que afecta de manera directa a la soberanía y a la seguridad del Estado.
En la mañana del día 18 de mayo la delegación se trasladó a la cárcel de Al Kaneter situada a unos 30 km. de El Cairo, acompañada por el Embajador de España, la Cónsul General en El Cairo y un coronel del ejército egipcio en funciones de protección de la delegación. Asimismo los periodistas españoles viajaron también hasta el exterior de la cárcel.
En la prisión de Al Kaneter la delegación reunida con diferentes militares y miembros de la policía de seguridad de prisiones así como con el coronel D. Fayed Abdallah, director de la cárcel, se entrevistó con J.
J. G. B. quien entregó a los Senadores unos dibujos efectuados por él mismo y se refirió a su situación personal expresando que es consciente de que había cometido un error en el pasado puesto que cayó en el mundo de las drogas y delinquió como consecuencia de ello; el Sr. G. B.
manifestó a los senadores que actualmente tiene 41 años y una hija de 20 años a la que apenas conoce, y que le gustaría, si fuera posible, organizar en adelante su vida afectiva. El Sr. G. B. insistió en que la droga hace que se pierda algo muy importante y fundamental como es el sentido de la responsabilidad con uno mismo y que él en estos años de prisión ha intentado recuperarse. Explicó el Sr. G. B. que fue cogido en su primer error de tráfico de drogas y reiteró que sobrevive en el mundo en que se encuentra aunque algo deteriorado.
El Sr. G. B. precisó que gracias a la atención de la Embajada y de la Cónsul se siente bien cuidado y atendido y ello para una persona en sus circunstancias es enormemente importante.
El Senador Saavedra preguntó al Sr. G. B. si esta ha sido su única prisión en Egipto a lo que el Sr. G. B. respondió que no, que es la tercera prisión en la que ha estado y seguramente la mejor.
La Senadora Vindel expresó que lo que se ve de la prisión no está aparentemente nada mal. Y el Sr. G. B. indicó que el personal penitenciario se viene esforzando desde ayer en que todo esté lo más correcto posible.
El Senador Saavedra preguntó al Sr. G. B. por sus estudios y este precisó que está estudiando tercero de Derecho con ciertas dificultades porque por ejemplo no hay biblioteca y carece de un lugar idóneo para estudiar; se refiere el Sr. G.B. a que vive unas 16 horas diarias en un espacio de 7,5 por 3 metros que comparten 16 hombres y ello hace muy difícil el estudiar en estas condiciones. El Sr. G. B. se refierió a los textos con los que estudia Derecho Internacional y Administrativo y a la vida que hace yendo por las mañanas al taller de madera donde además puede estudiar un poco.
El Sr. G. B. preguntó a los Senadores cómo ven las cosas respecto a la posibilidad de su transferencia a España en virtud del convenio bilateral y, en este sentido, se refierió a su salud con diferentes problemas entre los que alude a la perforación de tímpano que le hace ir perdiendo oído y le preocupa considerablemente, aunque, manifiesta, le hicieron unas pruebas médicas sobre hepatitis y los médicos del país le dicen que su salud no es preocupante, aunque él no haya visto los resultados.
La Senadora Vindel habló al Sr. G. B. de que para la aplicación del convenio es menester la coincidencia de tres voluntades como son la del Estado de condena (Egipto), la del Estado de cumplimiento (España) y la de la persona implicada (el Sr. G.B.), en su caso, señaló la Senadora, las dos últimas coinciden obviamente en la conveniencia del traslado pero no parece ser el caso respecto de la primera.
El Sr. G.B. expresó a preguntas de los Senadores que hay seis europeos en esta cárcel y que hubo un caso de autorización del traslado a su país de origen en el año 92 cuando, al encontrarse John Mayor en Egipto con ocasión de la conmemoración de la victoria de la batalla de El Alamein y por haber colaborado con ayuda humanitaria en una situación catastrófica se autorizo la marcha de un británico a su país.
El Senador Saavedra preguntó cómo se comportan los guardias de la prisión a lo que el Sr. G. B. respondió que bien «si no te metes en líos».
Expresó también el Sr. G. B. que la comida la compran a veces en la propia cárcel con algún incremento económico y que tienen que cocinársela ellos mismos pero, paradójicamente, a veces les requisan los hornillos.
En otro orden de cosas el Sr. G. B. manifiestó que el 90 por ciento de los presos son delincuentes por trafico de drogas pero que también hay casos de asesinato, etc.
El Sr G. B. insistió en que la ayuda de las personas de la Embajada, que él sabe aprecian su esfuerzo por superase, es lo que día a día le motiva para seguir manteniendo cierto optimismo, junto con una relación afectiva con una ciudadana española con la que mantiene correspondencia desde hace algún tiempo.
A preguntas de los Senadores el Sr. G. B. expresó que él se ha autodesintoxicado en la propia prisión y que para él

el mérito principal radica en que ha superado la peor secuela de la droga que es hacer perder el valor y la confianza en las potencialidades de la persona.
La Senadora Vindel le preguntó cómo se puede escribir poesía estando en la cárcel a lo que respondió el Sr. G. B. que ello es una válvula de escape que junto con el sentido del humor ayuda a resistir. El Sr. G. B.
expresó que le quedan seis años de condena aunque hay una Ley (la 122/89 egipcia) cuya modificación precisamente se debate en el Parlamento el 19 de mayo que podría ayudarle en el acortamiento de la condena.
El Sr. G. B. matizó que él intenta sacar optimismo de donde sea pero que a veces percibe el cansancio de tantos años como algo angustioso que además le hace pensar en qué ocurrirá el día que por fin pueda salir y cómo estos años que son un verdadero agujero en su vida pueden afectarle.
a este respecto el Sr. G. B. se refierió a diferentes casos de los que ha tenido conocimiento en los que la intervención de los Senadores ha sido fundamental y él, dice, se alegra mucho por ellos pensaba que si hay esfuerzo de todos y voluntad de arreglar su situación su problema también podría arreglarse.
Durante esta visita el Sr. G. B. hace entrega a los Senadores de una serie de trabajos hechos por él mismo y manifiestó unas palabras para que los Senadores, si así lo estimaban, y si las autoridades lo permitían puedan comunicarlas.
La Senadora Vindel preguntó si necesitaba algo específico que ellos pudieran resolver y el Sr. G. B. pidió que, si es posible, soliciten del Director de la cárcel que le facilite un espacio para poder estudiar, como tienen al parecer los estudiantes de religión en el establecimiento penitenciario.
Los Senadores plantearon al Director esta posibilidad y el Director, tras hacer alguna mencion a las dificultades que ha habido con ocasión de determinados acontecimientos internacionales tiempo atrás, expresó que intentará que pueda tener un espacio para estudiar el Sr. G. B.
Tras un intercambio de obsequios en el que el director hace entrega de pequeños objetos manuales hechos por los reclusos y tras visitar una exposición de manualidades en el patio de la cárcel finalizó esta visita.
En la misma mañana se llevó a cabo una entrevista con e Excmo. Sr.
Ministro del Interior General D. Habib El Adly en el Ministerio del Interior.
Tras los oportunos saludos al inicio de la entrevista el Sr. Ministro del Interior se refierió a su condición de Senador miembro del Consejo Consultivo, Cámara que podría considerarse de primera lectura en el procedimiento legislativo egipcio, lo que dio lugar a un intercambio de datos sobre el procedimiento legislativo en ambos países. Durante esta parte inicial de la entrevista asiste el equipo de TVE, que efectuó un «mudo» de la reunión.
Tras esta primera intervención del Sr. Ministro del Interior tomó la palabra la Senadora Vindel quien en primer lugar agradeció la facilidad en poder visitar al ciudadano español G. B. en Al Kaneter donde al parecer se le da una buena atención y, a su vez expreso su agradecimiento por haber sido recibidos por el Ministro del Interior a quien expuso los antecedentes y circunstancias de la Ponencia a la par que presentó a los miembros de la delegación.
Tras esta introducción la Senadora Vindel expuso las razones por las que esta delegación se había trasladado a Egipto: en primer lugar porque G.
B. es el «decano» de los presos españoles en el extranjero; en segundo lugar porque la sociedad española directamente y a través de diversas ONGs o instituciones está muy involucrada en el caso G. B., saben, precisa la senadora, que cometió un error y lo está pagando pero también saben que está rehabilitado como lo demuestra que está estudiando y que es incluso autor de libros de poemas. La Senadora expresó la concepción de la pena que tiene la Constitución Española y señaló que todos los Senadores verían con agrado que G. B. cumpliera el resto de su condena en España para mejor reinsertarse en su sociedad.
Existe un convenio bilateral de cumplimiento de condena, señaló la Senadora, y las autoridades egipcias son serias y escrupulosas en el rigor respecto de determinados delitos, ahora bien, esta delegación quiere pedir al Ministro que reconsidere este extremo rigor y pondere la posibilidad de que pueda ser transferido a España, no tanto, o no solo, por razones legales, cuanto humanitarias, sobre todo por la edad de la madre, ya octogenaria, del recluso, su enfermedad, el que es hijo único, tiene una hija a la que apenas conoce y que dejó con muy pocos años y, además de todo ello su autoreinserción. Expresó la Senadora que el Pleno del Senado verá el informe de esta Ponencia en junio y que G. B. es un hombre emblemático en España, cuyo comportamiento en la propia prisión conoce el Ministro mejor que nadie.
El Senador Saavedra ratifica lo dicho por la senadora Vindel y expresa que en este asunto hay unanimidad de todos los Senadores por la previa comprobación de la circunstancia de rehabilitación de un detenido.
El Sr. Ministro reiteró la bienvenida a la delegación y expresó que, interesándose por G. B. ya ha habido diversas manifestaciones del propio Rey de España y del Presidente del Gobierno quienes han tratado el tema con el Presidente egipcio Mubarak; asimismo en la Embajada y el Consulado hay reiteradas manifestaciones de interés por esta persona, y ahora, señala el Ministro, esta delegación en la que hay representación tanto de partidos políticos del Gobierno como de la oposición. Eso sí, precisa el Ministro del Interior, resulta llamativo oír hablar de «decano de los presos», puesto que para Egipto el narcotráfico es un crimen al que no se le aplican los tratados de cumplimiento de condena por el peligro de este delito significa para la sociedad y sus régimen político. Hubo hace unos doce años una excepción en el caso de dos ciudadanos griegos pero el conocimiento posterior de su libertad una vez estuvieron en Grecia llevó a una no aplicación de convenios similares. Otro tanto sucedió cuando se negó al Primer Ministro británico algo semejante; y en recientes entrevistas con máximas autoridades españolas se acordó que una comisión de carácter sanitario evaluara la situación de G. B., si bien parecer ser que su grado de salud no supone un peligro para el preso y por lo tanto no es una causa suficiente de transferencia. El Ministro precisa que él no sabía que estudiaba derecho y que podrá seguir estudiando puesto que es de apreciar los procesos de autoayuda humanitaria; indica el Sr.
Ministro que le satisface que el propio preso esté contento de su autorecuperación y le hubiera gustado poder facilitar

que la visita terminara con los mejores resultados aunque ello no está en manos del Ministro sino de una comisión que integran el Ministerio de Interior, el de Justicia y el de Asuntos Exteriores.
El Senador Saavedra insiste en que el preso tiene dificultades auditivas que se agravan por la falta de tratamiento.
El Sr. Ministro del Interior expresa que los resultados de la comisión sanitaria que le evaluó hace unos meses por afectación de oído y aparato digestivo no eran alarmantes sobre su estado sanitario y que hay que dejar pasar tiempo para llevarlo a otra comisión sanitaria que lo vuelva a evaluar.
La Senadora Vindel expresa que comparte la preocupación del Ministro por la represión del narcotráfico aunque el traslado a España no supondría liberarlo sino que correspondería a la Audiencia Nacional determinar, a la vista de la información de Egipto, cuánto tiempo le queda de condena; luego no se pide ni indulto ni amnistía, sino que cumpla condena en España.
El Senador Saavedra expresa que el Gobierno español no tiene facultades para hacer lo que según parece ocurrió en otro país.
El Sr. Ministro indica que tomará en consideración estas palabras aunque ha habido recientes casos en que ni siquiera para príncipes de Estados cercanos y hermanos han sido aceptadas las peticiones de extradición aunque en algún caso las circunstancias son muy parecidas a las de G. B.
Finaliza el Ministro indicando que está seguro de que España siempre cumpliría sus compromisos como siempre lo ha hecho y que por lo que a él se refiere sólo cabe plantearlo ante la comisión de revisión sanitaria.
Tras la reiteración de agradecimientos por la entrevista y los saludos entre la delegación del Senado y el Ministro de Interior egipcio finalizó esta reunión y en la noche de ese día la delegación regresó a España.
Con posterioridad la Ponencia ha tenido conocimiento de que el 7 de julio se le efectuaron unos análisis de sangre al Sr. G. B. que, por los resultados, requerirían análisis más exhaustivos que según información a 14 de octubre de 2002, pensaba efectuar la nueva Cónsul en El Cairo, Sra.
Moreno.

4.DOCUMENTACION
DOCUMENTACION RELACIONADA CON LAS COMPARECENCIAS ANTE LA PONENCIA.


--Dossier elaborado para la Ponencia encargada de estudiar la situación jurídica, personal y familiar de los ciudadanos españoles internados en prisiones de países extranjeros, constituida en el seno de la Comisión Constitucional del Senado (julio de 2000) (contiene normativa española de ámbito estatal y autonómico, normativa supranacional e información de la Unión Europea sobre precedentes de órganos parlamentarios que hayan estudiado materias semejantes en otros países).

--Transcripción mecanográfica de las cintas de las comparecencias ante la Ponencia.

Sesión del 19 de septiembre de 2000
Documentación entregada por D. Fernando Alvargonzález San Martín, Director General de Asuntos Consulares y Protección de los Españoles internados en prisiones de países extranjeros:


--Relación de los españoles detenidos en el extranjero, distribuidos por Comunidad Autónoma de procedencia y por países.

Sesión del 20 de septiembre de 2000
Documentación entregada por D. Esteban Beltrán Verdes, Director de la sección española de Amnistía Internacional:


--Intervención de Amnistía Internacional ante la Ponencia.

--Proposición de Ley sobre asistencia a presos españoles en el extranjero.

--Orden circular número 3016. Protección a detenidos españoles en el extranjero.

--Proyecto de médicos del mundo. Asistencia médica y/o sanitaria.

Documentación entregada por Dª. Isabel Miranda Martínez, Directora de la Fundación Ramón Rubial Española en el mundo:


--Atención a los presos españoles en el extranjero: Propuestas para mejorarla.

--Folletos.

--Fundación Ramón Rubial/Españoles en el mundo.

--Programa de asistencia a presos españoles en el extranjero. Guía de la ayuda que podemos ofrecer.

--Estás a punto de pisar territorio español. Aquí tienes la respuesta a muchas de tus preguntas.

--Drogas en el extranjero. Lista de precios.

--European Group for Prisoners Abroad. General Information.

--Programa de las Jornadas de la Fundación Ramón Rubial: Españoles en el mundo y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, de la Universidad Carlos III de Madrid: «Los españoles privados de libertad en el extranjero: Problemas jurídicos y sociales».

Sesión del 28 de septiembre de 2000
Documentación entregada por D. Enrique Múgica Herzog, Defensor del Pueblo:


--Texto de la comparecencia.

--Relación numérica de presos españoles en el extranjero. (Se indica la Comunidad Autónoma a la que pertenecen y si son hombres o mujeres.)


--Relación de presos trasladados a España (Se especifica por países.)
--Relación numérica de presos españoles en el extranjero (Se indica el país y si están por drogas.)
--Relación de convenios de traslados.

Documentación entregada por D. José Chamizo de la Rubia, Defensor del Pueblo andaluz.


--La situación de los presos andaluces que cumplen condenas en centros penitenciarios fuera de Andalucía (Libro).

Sesión del 17 de abril de 2002
Documentación entregada por D. Manuel Jaén Palacios, ex Senador:


--Informe sobre el viaje a la República Argentina para visitar a los presos españoles en esa nación.

Documentación entregada por D. Ignacio Díez González, ex Senador:


--Informe sobre derechos de los ciudadanos presos fuera de su país.

Documentación entregada por Dª. Julia Bonavila Magriña, esposa del camionero preso por tráfico de drogas D. José Ramón Forcadell Fuster:


--La responsabilidad penal de los chóferes internacionales: Un problema que necesita soluciones.

--Nota sobre los problemas de los españoles presos en Marruecos.

--Referencia al tema en el Informe del Defensor del Pueblo español
--Carta de la Fundación Ramón Rubial a Dª. Loyola de Palacio.

--Relación de estas materias en las Cortes Valencianas.

DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS VIAJES DE LA PONENCIA.

Marruecos

--Dossier preparado por la Dirección de Estudios y Documentación del Senado.

--Carpeta del Consulado conteniendo el programa de la visita, información sobre presos y ayudas económicas y copia del convenio bilateral de traslado.

--Código de Aduanas e Impuestos Indirectos y circular explicativa de las principales modificaciones introducidas en el mismo.

--Guía de los detenidos y extracto de la misma.

--Convenio bilateral sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visita y devolución de menores.

--Convenio bilateral de cooperación judicial en materia civil, mercantil y administrativa.

--Ley 23-98 relativa a la organización y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios.

--Folleto sobre la Corte Suprema del Reino de Marruecos.

Estados Unidos

--Dossier preparado por la Dirección de Estudios y Documentación del Senado.

--Recortes de Prensa sobre la situación de P. I.

--La verdad sobre J. M., un enfermo mental condenado a muerte.

-- Carta de J. M. a la delegación de la Ponencia.

--Folleto informativo de la Corte Suprema de Florida.

--Sentencias de la Corte Suprema de Florida relativas al caso de J. M.

--Ayuda a D. Joaquín J. Martínez. Ayuntamientos e Instituciones. Relación de ingresos al 31/12/2000.

--Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Madrid acordando destinar una partida presupuestaria destinada a contribuir a la causa de Joaquín José Martínez.

--Recortes de prensa relacionados con el caso de Joaquín José Martínez.

--Documentación remitida por la Oficina del Gobernador del Estado de Florida informando de la situación de P. I. y J. M.

Ecuador y Venezuela

--Dossier elaborado para el viaje de la Ponencia por la Dirección de Estudios y Documentación del Senado.

Venezuela

--Programa de la visita elaborado por el Consulado General en Caracas.

--Relación de detenidos a espera de recaudo por el Ministerio de Justicia venezolano
--Relación de detenidos que están a la espera de recaudo por el Ministerio de Justicia español.

--Información del Consulado sobre detenidos españoles en Venezuela.

--Documentación preparada por la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.

--Folleto de la Asamblea Nacional venezolana.

--Constitución de Venezuela.

--Testimonio de la Comisión Legislativa Nacional y Poder Legislativo:
presente y futuro (libros de la Comisión Legislativa Nacional).

Ecuador

--Agenda elaborada por la Embajada en Quito.

--Informe sobre la situación de los presos españoles en Ecuador.

--Escrito del recluso D. E. P. O. (Penal número 1 de Quito) relativo a su situación personal, penal y penitenciaria.



--Escrito al Director General de Instituciones Penitenciarias y Rehabilitación Social firmado por 16 reclusos en el que plantean diversas circunstancias relativas a un supuesto proyecto de fuga.

--Copia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia respecto del español D. A. M. O. V.

--Folleto del Defensor del Pueblo de Ecuador: Lo que usted debe conocer sobre los derechos y deberes de los detenidos.

--Libro «Hacia la libertad», de D. Jorge Crespo Torán, Presidente de la Fundación San Pablo que atiende el Penal masculino de Quito.

--Carta remitida por seis presos en el Centro de Rehabilitación Social Varones número 2 de Quito a la delegación de la Ponencia expresando su interés en recibir información y asesoramiento jurídico.

Egipto

--Libro de poesía «Piedras», escrito por D. J. J. G. B.

--Carta de Dª. María José Cabezudo Bajo, profesora de Derecho de la Universidad Carlos III relativa a la situación del Sr. Beltrán.

--Dossier del viaje preparado por la Dirección de Estudios y Documentación del Senado.

--Información confidencial entregada por el Consulado en El Cairo.

OTROS

--Información diversa remitida por la Dirección de Asuntos Consulares y Protección de los españoles en el extranjero.

--Documento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia: Ayuda a los detenidos en el extranjero.

--Nota remitida por la Embajada de España en Brasil: Nota sobre la situación de los presos españoles en Brasil.

--Certificado del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Cúllar (Granada) en virtud del cual se impulsan medidas de apoyo a favor de D.
Luis Galera Collados, camionero retenido en una cárcel de Francia.

--Folleto de la Asociación para la ayuda a los presos españoles en el extranjero (APEX): No se lo hagamos más difícil. ¡Necesitan ayuda!
--Memoria de actividades del APEX (1999-2000: primer semestre).

--Programa «Puente con España» para la donación de Bibliotecas a Centros penitenciarios de Costa Rica y Panamá y visita a Surinam (remitido por APEX).

--Algunos apuntes en torno al tema de los presos españoles en el extranjero (documento remitido por APEX).

--Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores 1059/2002, de 25 de abril, de bases reguladoras de las ayudas de protección y asistencia consulares en el extranjero.

--Correspondencia de autoridades y público en general a los Senadores sobre la materia objeto de la Ponencia.

--Correspondencia de los Senadores relacionada con la Ponencia.
II.PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DE LA PONENCIA
La Ponencia de estudio sobre la situación de los españoles internados en prisiones de países extranjeros, constituida en el seno de la Comisión Constitucional, como conclusión de sus trabajos, desarrollados desde julio de 2000 a octubre de 2002, en los términos que se contienen en la parte expositiva de este INFORME, plantea las siguientes PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES:

A)MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO.
B)MEDIDAS DE CARACTER PALIATIVO Y ASISTENCIAL.
C)MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO Y PROGRAMATICO.

A)MEDIDAS DE CARACTER PREVENTIVO
Se trata de articular medidas que contribuyan a informar a los ciudadanos y, por ende, a prevenir actuaciones que pudieran estar incursas en tipos penales de los que derivasen penas de cárcel o similares, singularmente en el campo del tráfico de drogas puesto que más del 90% de los españoles presos en cárceles extranjeras lo están por delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
En este ámbito la Ponencia:

1)RECOMIENDA la entrega de un FOLLETO INDICATIVO DE LAS PENAS por tráfico de drogas en los países de destino; bien en general, bien con las legislaciones más severas. Este folleto podría ser elaborado por el Gobierno a través de los órganos administrativos con competencias en la materia (Ministerio de Asuntos Exteriores; Dirección General de Protección Consular; Plan Nacional Contra la Droga), o en colaboración con las ONG, algunas de las cuales ya tiene experiencia en actuaciones semejantes.
El folleto se entregaría en las Agencias de Viajes con ocasión de la adquisición de billetes y en la facturación del aeropuerto o centrales de facturación de equipaje.
2)La Ponencia reconoce y EXHORTA A la ACTIVA COLABORACION DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL --prensa, radio, tv--, ya sean públicos o privados, en las labores de información y prevención de la comisión de delitos en el extranjero.
Asimismo se SOLICITA la COOPERACION ENTRE GOBIERNO, COMUNIDADES AUTONOMAS, AYUNTAMIENTOS, FUNDACIONES Y ONG en estas tareas informativas y preventivas.

B)MEDIDAS DE CARACTER PALIATIVO Y ASISTENCIAL.

Pretenden arbitrar actuaciones de distinto alcance para quienes ya están detenidos o presos:

1)Aunque España se halla lejos de países como Holanda, que cuenta con más de 3.000 presos en el extranjero,

desde hace unos años el número de españoles encarcelados en otros países no baja de las 1.000. Actualmente la cifra es de 1.426 (a 18 de septiembre de 2002).
Uno de los derechos fundamentales básicos es la debida asistencia letrada de los detenidos y presos desde el mismo momento en que son puestos a disposición de la autoridad, policial y judicial.
En el caso de países en los que no existe defensa de oficio, la ponencia RECOMIENDA AL GOBIERNO que, previo incremento de la partida presupuestaria, MANTENGA LAS AYUDAS PARA ASISTENCIA JURIDICA A LOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO para los gastos de su defensa en juicio penal siempre y CUANDO EL NACIONAL ESPAÑOL CAREZCA DE MEDIOS, EN LA FORMA Y REQUISITOS VIGENTES EN ESPAÑA PARA ACCEDER AL TURNO DE OFICIO. Tendrán PRIORIDAD los CASOS en los que el solicitante esté acusado de la comisión del delito para el que bien el Ministerio Fiscal, bien la acusación particular, solicite la PENA DE MUERTE.
2)Los detenidos y presos españoles internados en prisiones en el extranjero disponen de ayudas periódicas que les son entregadas por los Consulados. Además de estas AYUDAS PERIODICAS los detenidos en el extranjero pueden solicitar AYUDAS EXTRAORDINARIAS INDIVIDUALES, en circunstancias puntuales, para atender necesidades concretas no cubiertas por el respectivo sistema penitenciario. Por ello, La ponencia RECOMIENDA INCREMENTAR ESTA PARTIDA PRESUPUESTARIA, ANTE EL ELEVADO NUMERO DE ESPAÑOLES detenidos o encarcelados en el extranjero, y ADECUAR LA CANTIDAD periódica AL PODER ADQUISITIVO DEL PAIS de que se trate.
3)Se PROPONE suscribir un CONVENIO entre el MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES y el Instituto CERVANTES para proveer de LIBROS a los españoles encarcelados en el extranjero.
4)La Ponencia RECOMIENDA al Gobierno, a fin de facilitar lo más posible la labor de los Cónsules, realizar cuantas gestiones sean necesarias para AGRUPAR A LOS ESPAÑOLES encarcelados en el extranjero EN LAS PRISIONES MAS PROXIMAS A LOS CONSULADOS, al objeto de prestar la mejor atención a los detenidos.
5)La ponencia ha constatado, por un lado, la importancia extraordinaria de prestar por los Consulados no sólo ya la información del sistema penal y judicial del país a los detenidos y encarcelados, sino también la orientación tanto a éstos como a sus familiares, y por otro, ha podido comprobar que el elevado número de españoles detenidos y encarcelados en el extranjero desborda y, en muchos casos, sobrepasa los medios humanos con que cuentan nuestros Consulados. Por ello, La ponencia RECOMIENDA AL GOBIERNO, bien la SUSCRIPCION DE CONVENIOS con las ONGs LOCALES, para prestar asistencia a los encarcelados en el extranjero, bien la SUSCRIPCION DE CONVENIOS entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales PARA PROVEER DE PERSONAL COOPERANTE ESPECIALIZADO EN TRABAJO SOCIAL A LOS CONSULADOS que así lo necesiten.
6)La Unión Europea está desarrollando el concepto de ciudadanía europea, lo que desembocará, previsiblemente, en la promulgación de la Constitución Europea.
Dado que hay un elevado número de ciudadanos europeos detenidos y encarcelados en el extranjero y que la asistencia jurídica es uno de los derechos fundamentales básicos de la persona, la ponencia PROPONE QUE EL GOBIERNO PLANTEE EN LA UNION EUROPEA AMPLIAR LA POLITICA DE PROTECCION DE SUS NACIONALES, DESTINANDO FONDOS COMUNITARIOS para PRESTAR ASISTENCIA LETRADA EN EL EXTRANJERO A LOS NACIONALES DE LA UNION, con especial atención a aquellos para los que se solicita la pena de muerte.
Dichos fondos tendrían carácter finalista y se destinarían a las Embajadas y Consulados de los países de la Unión.
7)Para atender especiales circunstancias de españoles presos en países cuyo sistema de multas da lugar, en algún caso, a penosas situaciones procesales y personales se RECOMIENDA estudiar la posibilidad, en casos de especial necesidad, y con carácter excepcional y reintegrable, de atender LA AYUDA respecto de las MULTAS IMPUESTAS.
8)La ponencia ha constatado la existencia de numerosos conductores de vehículos de transporte por carretera que están detenidos o encarcelados por habérseles apreciado transporte de sustancias ilícitas, especialmente en aquellos países en los que no ha inspección aduanera de la carga. Por ello, La ponencia RECOMIENDA AL GOBIERNO que estudie y promueva una actuación multilateral comunitaria que OBJETIVE LA RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA, en el caso de tráficos ilícitos.

C)MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO Y PROGRAMATICO.

La Ponencia ha podido constatar que nuestro sistema de ayuda en lo referente a información, apoyo económico institucionalizado y en especie, es, sin duda, no solo razonablemente eficaz para quienes están en estas circunstancias, en que a la gravedad de la cárcel se suma la lejanía de su país de origen, sino, además, es uno de los pocos sistemas de apoyo que prevén ayuda institucionalizada para sus ciudadanos presos en el exterior; más aún, la Ponencia es conocedora de que ha sido al encuestar sobre este extremo en otros países cuando, en algún caso, estos países se han interesado por el sistema vigente en España, como «importable». Ahora bien, todo es mejorable y la Ponencia ha detectado algunas carencias o insuficiencias, que atañen al ámbito organizativo o programático, en el terreno administrativo, en el legal, en el presupuestario e institucional. Y para atender a estos planos la Ponencia plantea las siguientes medidas:


a)En el ámbito organizativo:

1)Los convenios internacionales reconocen como Autoridad en materia de nacionales encarcelados en el extranjero a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia. Son estos dos Departamentos los que velan en todo momento por los derechos de sus nacionales.
La ponencia ha reflexionado sobre la necesidad de que se realice un seguimiento integral de la situación de los presos españoles en el extranjero.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y Protección de los Españoles en el Extranjero, viene realizando esta función, hasta que el español condenado en el extranjero, ingresa en una prisión española para terminar de cumplir la pena impuesta, momento que cierra el expediente.
A estos efectos, resulta fundamental el intercambio constante y fluido de información del Ministerio de Justicia al de Asuntos Exteriores.
El Senado, y su Comisión Constitucional, han acreditado a lo largo de estos años su compromiso con los derechos fundamentales y con los valores constitucionales, por ello, La ponencia RECOMIENDA AL GOBIERNO que, en los términos de los artículos 109 de la Constitución y 67 del Reglamento del Senado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, REALICE Y ENVIE A LA COMISION CONSTITUCIONAL DEL SENADO UN INFORME SEMESTRAL SOBRE LA SITUACION PERSONAL Y JURIDICA DE LOS ESPAÑOLES ENCARCELADOS EN EL EXTRANJERO. Para la elaboración de dichos Informes contará con la información y colaboración de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, del Ministerio de Justicia.
2)La Ponencia PROPONE MANTENER Y POTENCIAR la POLITICA DE SUSCRIPCION de CONVENIOS para el traslado de condenados en el extranjero, entre España y aquellos países con españoles encarcelados y que no son parte de los Convenios Europeos al respecto. Y que se ESTUDIE LA POSIBILIDAD, en ausencia de convenio, de que se pueda conceder excepcionalmente un traslado POR VIA DE RECIPROCIDAD, POR RAZONES HUMANITARIAS.
3)La Ponencia PROPONE que el GOBIERNO, al objeto de ELABORAR UN REAL DECRETO DE PROTECCION CONSULAR DE LOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO, sería conveniente que contemplara con mayor precisión las obligaciones de los Cónsules y, entre ellas, la de efectuar un mayor seguimiento y presencia con los detenidos y presos españoles.
4)La Ponencia SUGIERE incrementar los efectivos de INTERPOL destinados al traslado de presos desde terceros países a España.
5)La Ponencia INSTA al Gobierno a dotar con MAS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES a la SUBDIRECCION DE COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL del Ministerio de Justicia, a fin de que pueda atender a estas competencias.
b)En el ámbito legal:

1)La Ponencia PROPONE que el Ministerio de Justicia regule la NORMATIVA ADMINISTRATIVA correspondiente a los PROCEDIMIENTOS DE TRASLADO de condenados, sobre la base de la AGILIZACION de los trámites actuales.
2)La Ponencia PROPONE que el Ministerio de Justicia aborde la REFORMA del REGLAMENTO PENITENCIARIO y LA LEY PENITENCIARIA, en su caso, a fin de REGULAR LA LLEGADA E INGRESO en las prisiones españolas de los condenados en el extranjero CON DETERMINACION CLARA DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES que intervienen en esta materia. Y, asimismo, la Ponencia PROPONE QUE LOS DIPUTADOS Y SENADORES de las Cortes Generales PUEDAN ACCEDER, CON LA MERA COMUNICACION AL DIRECTOR del centro, A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS para entrevistarse con los reclusos, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO PARLAMENTARIOS.

c)En el ámbito presupuestario:

1)La Ponencia RECOMIENDA el INCREMENTO de las DOTACIONES presupuestarias para el MINISTERIO DE JUSTICIA, para aumentar los medios personales y materiales de la SUBDIRECCION GENERAL DE COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL.
2)La Ponencia RECOMIENDA INCREMENTAR LA DOTACION PRESUPUESTARIA que corresponda, específicamente para incrementar el apoyo a los españoles presos en el extranjero.

d)En el ámbito institucional:

La pena de muerte es el castigo más cruel, inhumano y degradante que, lamentablemente, sigue vigente en muchos países. Es la negación del derecho a la vida y de otros muchos. A pesar de ello todavía se aplica.
La Constitución Española abolió la pena de muerte y, años después, las Cortes Generales, por iniciativa del Senado, eliminaron tal castigo, previsto para casos de guerra, de las leyes militares. Se alumbró así una nueva sociedad española, dinámica, generosa, solidaria y fuertemente comprometida con los derechos humanos y contra la pena de muerte.
Cuando comenzaron los trabajos de esta Ponencia, había cuatro españoles condenados a muerte. De ellos, a fecha de hoy, dos han salido de esta situación --por absolución de JJ. M. y conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua de J. M.
-- lo que constituye un éxito de todo el Senado que trabaja empeñadamente desde hace ya unas cuantas legislaturas contra la pena de muerte en distintos frentes y un acicate para seguir trabajando.
Por ello, la Ponencia RECOMIENDA:

1)AL GOBIERNO Y A LAS CORTES GENERALES que persistan en su actuación ante los distintos foros internacionales, y muy especialmente, la Organización de Naciones Unidas, para lograr la ABOLICION MUNDIAL

DE LA PENA DE MUERTE O, en su defecto, para lograr una MORATORIA UNIVERSAL EN LA APLICACION de la pena capital.
2)AL SENADO, para que al margen de la disolución de esta ponencia, y en cumplimiento de los derechos fundamentales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en la Constitución Española, y a través de su Comisión Constitucional, realice un SEGUIMIENTO ESPECIAL DE AQUELLOS PRESOS ESPAÑOLES que a fecha de hoy AUN PERMANECEN CONDENADOS A LA PENA CAPITAL.