CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2003 VII Legislatura Núm. 122 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LUCAS GIMENEZ Sesión del Pleno celebrada el miércoles, 12 de febrero de 2003

ORDEN DEL DIA:

Primero
Preguntas:


--De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los motivos por los que el Gobierno ha anunciado un incremento de las tasas aeroportuarias del aeropuerto de Girona en el período comprendido entre los meses de mayo y octubre de 2003. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001022).


--De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si el Gobierno continúa considerando acertada la orden que emitió de alejar de la costa el buque petrolero «Prestige». (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001026).


--De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones de interés general que justifican la decisión de desalojar sesenta familias residentes en el distrito de Barajas de Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003).
(Número de expediente 680/001031).


--De Dña. MARIA ROSARIO FATIMA ABURTO BASELGA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la línea ferroviaria que une Huelva con Zafra (Badajoz). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001035).



--De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las ventajas que van a tener los usuarios con la construcción en Madrid del túnel que unirá las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios, en la nueva conexión de cercanías entre Atocha y Chamartín. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001036).


--De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación en que se encuentra el Sistema de Información Geográfica (SIG) Oleícola para su homologación por parte de la Comisión Europea.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001027).


--De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones del Gobierno para corregir la asistencia sanitaria que tiene la flota atunero congeladora española, en la zona del canal de Mozambique en el océano Indico.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001043).


--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno de resolver el error científico que se produce en la catalogación que realiza la Biblioteca Nacional, en Madrid, de los libros escritos en lengua catalana. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003).
(Número de expediente 680/001028).


--De D. ANTOLIN SANZ PEREZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el modo en que se van a gestionar los fondos dispersos del Museo Nacional del Prado. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003).
(Número de expediente 680/001037).


--De D. ROGELIO PARDO GABALDON, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno con respecto a la nueva Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001039).


--De D. FRANCISCO JAVIER SANZ CARRAMIÑANA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para poner en marcha una ley de responsabilidad civil de riesgos medioambientales. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001034).


--De D. JAVIER SOPEÑA VELASCO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si puede informar el Gobierno acerca de la reunión del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), celebrada en Nairobi (Kenia) durante los días 3 a 7 de febrero de 2003. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001040).


--De D. CESAR AJA MARIÑO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos previstos por el Gobierno con la firma de los tres convenios de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Norte y varios organismos de la Comunidad Autónoma de Galicia para la recuperación ambiental de márgenes de ríos y otros espacios. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001041).


--De Dña. INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si el Gobierno comparte las manifestaciones realizadas por el Presidente del Tribunal Constitucional en la conferencia celebrada el día 21 de enero de 2003 en el Fórum Europa. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001024).


--De Dña. ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Ministerio de Sanidad y Consumo de iniciar actuaciones frente a los graves casos ocurridos por el uso de silicona inyectable. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/01033).


--De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las próximas actuaciones del Gobierno en relación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tras la dimisión de su Presidente. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001023).



--De D. RAMON ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las iniciativas políticas y legislativas que piensa impulsar el Ministro de Ciencia y Tecnología en lo que resta de la presente Legislatura. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003).
(Número de expediente 680/001025).


--De Dña. MARIA MERCEDES COLOMA PESQUERA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno con respecto a la reciente implantación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001042).


--De D. JOSE IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas generales del nuevo Convenio Económico con la Comunidad Foral de Navarra. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001038).


--De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos por los que el Gobierno ha realizado una campaña de publicidad en relación con los derechos de los pensionistas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001029).


--De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los resultados de la aplicación del plan «Focus» de lucha contra la delincuencia en Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001030).


--De D. MANUEL ARJONA SANTANA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la información que puede facilitar el Gobierno acerca de la muerte de siete inmigrantes en el incendio ocurrido en los calabozos de la Comisaría de Policía de Málaga. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001032).


--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la valoración del Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con el procedimiento establecido para informar a las Comunidades Autónomas de la elaboración y negociación de Tratados y Convenios Internacionales que afecten a materias de su interés.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001044).


--De Dña. CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Ministerio del Interior para facilitar la reagrupación familiar, y la consiguiente repatriación, de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a las islas de la Comunidad Autónoma de Canarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 680/001045).

Segundo
Interpelaciones:


--De D. SEGUNDO BRU PARRA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno en orden a rectificar su política económica en materia de inflación. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003).
(Número de expediente 670/000176).


--De D. FELIX LAVILLA MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de la sociedad de la información y del conocimiento en nuestro país tras los cuatro años de gestión de la iniciativa «Info XXI:
La Sociedad de la Información para todos» y la entrada en vigor de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 670/000177).


--De D. DOMENEC SESMILO I RIUS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que la gestión de los fondos para la formación continua se traspase a las Comunidades Autónomas con competencia acreditada por Sentencia del Tribunal Constitucional. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 670/000173).


Tercero
Informes sobre la actuación de la Comisión de Peticiones:


--Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones febrero-junio de 2002, aprobado por la Comisión en su sesión del día 16 de diciembre de 2002 y emitido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 562, de 20 de diciembre de 2002). (Número de expediente 871/000004).

Cuarto
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:


--Convenio entre el Reino de España y la República de Turquía, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 5 de julio de 2002.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 201, de 27 de noviembre de 2002). (Número de expediente S.
610/000201). (Número de expediente C. D. 110/000201).


--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Bulgaria, hecho en Valencia el 13 de mayo de 2002. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 202, de 27 de noviembre de 2002). (Número de expediente S. 610/000202).
(Número de expediente C. D. 110/000202).


--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Checa, hecho en Valencia el 13 de mayo de 2002. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 203, de 27 de noviembre de 2002). (Número de expediente S. 610/000203). (Número de expediente C. D. 110/000203).


--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Federal de Nigeria, hecho en Abuja el 9 de julio de 2002. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 205, de 26 de diciembre de 2002).
(Número de expediente S. 610/000205). (Número de expediente C. D.
110/000205).

Quinto
Mociones:


--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta a la Comisión General de las Comunidades Autónomas a celebrar las sesiones necesarias para debatir y promover una actuación conjunta y debidamente coordinada del Gobierno central con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas ante situaciones de emergencia y catástrofes como la reciente del buque petrolero «Prestige». (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003).
(Número de expediente 662/000270).


--Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para introducir una obligación informativa dirigida a las instituciones de inversión colectiva y a los planes y fondos de pensiones, acerca de si utilizan criterios éticos o de responsabilidad social y medioambiental en la selección de sus inversiones. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 588, de 10 de febrero de 2003). (Número de expediente 662/000266).

SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y veinte minutos.

PREGUNTAS (Página 7520)
De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los motivos por los que el Gobierno ha anunciado un incremento de las tasas aeroportuarias del aeropuerto de Girona en el período comprendido entre los meses de mayo y octubre de 2003 (Página 7520)
El señor Xuclà i Costa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si el Gobierno continúa considerando acertada la orden que emitió de alejar de la costa el buque petrolero «Prestige» (Página 7521)
El señor Gibert i Bosch formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gibert i Bosch. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).

De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones de interés general que justifican la decisión de desalojar sesenta familias residentes en el distrito de Barajas de Madrid (Página 7522)
El señor Barranco Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Barranco Gallardo. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).

De Dña. MARIA ROSARIO FATIMA ABURTO BASELGA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la línea ferroviaria que une Huelva con Zafra (Badajoz) (Página 7523)
La señora Aburto Baselga formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Aburto Baselga. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).

De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las ventajas que van a tener los usuarios con la construcción en Madrid del túnel que unirá las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios, en la nueva conexión de cercanías entre Atocha y Chamartín (Página 7524)
El señor Van-Halen Acedo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).

De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación en que se encuentra el Sistema de Información Geográfica (SIG) Oleícola para su homologación por parte de la Comisión Europea (Página 7525)
El señor Cabrero Palomares formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cabrero Palomares.

De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones del Gobierno para corregir la asistencia sanitaria que tiene la flota atunero congeladora española, en la zona del canal de Mozambique en el océano Indico (Página 7526)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).

De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno de resolver el error científico que se produce en la catalogación que realiza la Biblioteca Nacional, en Madrid, de los libros escritos en lengua catalana (Página 7527)
El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra.
En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).

De D. ANTOLIN SANZ PEREZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el modo en que se van a gestionar los fondos dispersos del Museo Nacional del Prado (Página 7529)
El señor Sanz Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sanz Pérez.


De D. ROGELIO PARDO GABALDON, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno con respecto a la nueva Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Página 7530)
El señor Pardo Gabaldón formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).

De D. FRANCISCO JAVIER SANZ CARRAMIÑANA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para poner en marcha una ley de responsabilidad civil de riesgos medioambientales (Página 7531)
El señor Sanz Carramiñana formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sanz Carramiñana. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).

De D. JAVIER SOPEÑA VELASCO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si puede informar el Gobierno acerca de la reunión del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), celebrada en Nairobi (Kenia) durante los días 3 a 7 de febrero de 2003 (Página 7532)
El señor Sopeña Velasco formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).

De D. CESAR AJA MARIÑO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos previstos por el Gobierno con la firma de los tres convenios de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Norte y varios organismos de la Comunidad Autónoma de Galicia para la recuperación ambiental de márgenes de ríos y otros espacios (Página 7533)
El señor Aja Mariño formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Aja Mariño.

De Dña. INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si el Gobierno comparte las manifestaciones realizadas por el Presidente del Tribunal Constitucional en la conferencia celebrada el día 21 de enero de 2003 en el Fórum Europa (Página 7534)
La señora De Boneta y Piedra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Arenas Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora De Boneta y Piedra. En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ministro de Administraciones Públicas (Arenas Bocanegra).
De Dña. ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Ministerio de Sanidad y Consumo de iniciar actuaciones frente a los graves casos ocurridos por el uso de silicona inyectable (Página 7535)
La señora Aránega Jiménez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Aránega Jiménez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián).

De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las próximas actuaciones del Gobierno en relación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tras la dimisión de su Presidente (Página 7536)
El señor Albistur Marin formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Albistur Marin. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps).

De D. RAMON ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las iniciativas políticas y legislativas que piensa impulsar el Ministro de Ciencia y Tecnología en lo que resta de la presente Legislatura (Página 7538)
El señor Espasa i Oliver formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene

de nuevo el señor Espasa i Oliver. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps).

De Dña. MARIA MERCEDES COLOMA PESQUERA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno con respecto a la reciente implantación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (Página 7539)
La señora Coloma Pesquera formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps).

De D. JOSE IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas generales del nuevo Convenio Económico con la Comunidad Foral de Navarra (Página 7540)
El señor Iribas Sánchez de Boado formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Iribas Sánchez de Boado.

De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos por los que el Gobierno ha realizado una campaña de publicidad en relación con los derechos de los pensionistas.

Esta pregunta ha sido aplazada.

De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los resultados de la aplicación del plan «Focus» de lucha contra la delincuencia en Madrid.

Esta pregunta ha sido aplazada.

De D. MANUEL ARJONA SANTANA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la información que puede facilitar el Gobierno acerca de la muerte de siete inmigrantes en el incendio ocurrido en los calabozos de la Comisaría de Policía de Málaga.

Esta pregunta ha sido aplazada.

De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la valoración del Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con el procedimiento establecido para informar a las Comunidades Autónomas de la elaboración y negociación de Tratados y Convenios Internacionales que afecten a materias de su interés.

Esta pregunta ha sido aplazada.

De Dña. CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Ministerio del Interior para facilitar la reagrupación familiar, y la consiguiente repatriación, de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a las islas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta pregunta ha sido aplazada.

INTERPELACIONES (Página 7542)
De D. SEGUNDO BRU PARRA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno en orden a rectificar su política económica en materia de inflación (Página 7542)
El señor Bru Parra realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).
Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).

De D. FELIX LAVILLA MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de la sociedad de la información y del conocimiento en nuestro país tras los cuatro años de gestión de la iniciativa «Info XXI:
La Sociedad de la Información para todos» y la entrada en vigor de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) (Página 7547)
El señor Lavilla Martínez realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor Ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps).

De D. DOMENEC SESMILO I RIUS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado

de Convergència i Unió, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que la gestión de los fondos para la formación continua se traspase a las Comunidades Autónomas con competencia acreditada por Sentencia del Tribunal Constitucional.

Esta interpelación ha sido aplazada.

INFORMES SOBRE LA ACTUACION DE LA COMISION DE PETICIONES (Página 7555)
Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones febrero-junio de 2002, aprobado por la Comisión en su sesión del día 16 de diciembre de 2002 y emitido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado (Página 7555)
El señor Madrid López, presidente de la Comisión, presenta el informe a la Cámara.

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 7557)
Convenio entre el Reino de España y la República de Turquía, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 5 de julio de 2002 (Página 7557)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Bulgaria, hecho en Valencia el 13 de mayo de 2002 (Página 7557)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Checa, hecho en Valencia el 13 de mayo de 2002 (Página 7557)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Federal de Nigeria, hecho en Abuja el 9 de julio de 2002 (Página 7557)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

MOCIONES (Página 7557)
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta a la Comisión General de las Comunidades Autónomas a celebrar las sesiones necesarias para debatir y promover una actuación conjunta y debidamente coordinada del Gobierno central con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas ante situaciones de emergencia y catástrofes como la reciente del buque petrolero «Prestige» (Página 7557)
El señor Lago Lage defiende la moción. El señor Escutia Dotti defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor Lago Lage expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lago Lage, por el Grupo Socialista, y Escutia Dotti, por el Grupo Popular. Los señores Lago Lage y Escutia Dotti intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.

Se suspende la sesión a las quince horas y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.

Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para introducir una obligación informativa dirigida a las instituciones de inversión colectiva y a los planes y fondos

de pensiones, acerca de si utilizan criterios éticos o de responsabilidad social y medioambiental en la selección de sus inversiones (Página 7573)
El señor Cambra i Sánchez defiende la moción. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra las señoras De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, así como los señores Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Socialista, y Soto García, por el Grupo Popular.

Se aprueba la moción del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, con una propuesta de modificación sobre la base de la enmienda de sustitución del Grupo Popular.

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta a la Comisión General de las Comunidades Autónomas a celebrar las sesiones necesarias para debatir y promover una actuación conjunta y debidamente coordinada del Gobierno central con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas ante situaciones de emergencia y catástrofes como la reciente del buque petrolero «Prestige» (Votación) (Página 7578)
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 65 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.

El señor Laborda Martín interviene en este momento para una cuestión de orden, a la que contesta el señor Presidente.

Se levanta la sesión a las diecisiete horas y quince minutos.


Se abre la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Ruego disculpas a los señores senadores y a los miembros del Gobierno por el retraso en el comienzo del Pleno, dada la reunión que tenía prevista con los señores senadores de la Comunidad Valenciana.

PREGUNTAS:


--DE DON JORDI XUCLA I COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO HA ANUNCIADO UN INCREMENTO DE LAS TASAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO DE GIRONA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE MAYO Y OCTUBRE DE 2003 (680/001022).

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día. Preguntas. Pregunta del excelentísimo señor don Jordi Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los motivos por los que el Gobierno ha anunciado un incremento de las tasas aeroportuarias del aeropuerto de Girona, en el período comprendido entre los meses de mayo y octubre de 2003.
Tiene la palabra el senador Xuclà.

El señor XUCL I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, a través de esta pregunta queremos plantear ante el ministro --y me parece que una forma efectiva de hacerlo es a través de la sesión de control al Gobierno-- algo que está preocupando mucho en Girona, pero también en el conjunto de Cataluña y es el modelo de gestión aeroportuaria. Concretamente en el artículo 19 de la Ley 52/2002, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, se produce un incremento de las tarifas aeroportuarias, en particular de las tasas de aterrizaje en el período comprendido entre el día 1 de mayo y el 31 de octubre, pasando de tercera a segunda categoría.
Este aumento de tasas aeroportuarias llega en un momento en el cual existen grandes expectativas para los aeropuertos de Girona-Costa Brava y de Reus, ante la realidad de los vuelos a bajo precio, concretamente unos vuelos que actualmente significan el 5 por ciento en España y el 20 por ciento en Estados Unidos, y se prevé, según distintos estudios, que pueden suponer el 25 por ciento del mercado en el horizonte del año 2010.
Estos vuelos a bajo precio pueden operar y operan en pistas infrautilizadas, a una cierta distancia de la capital --en este caso Barcelona-- y pueden ejercer una función complementaria o como pista alternativa. Es una gran oportunidad para potenciar unas infraestructuras infrautilizadas, como son los aeropuertos de Girona y de Reus.
Creemos que el Gobierno y AENA no han entendido bien las potencialidades de estas nuevas ofertas de vuelos y las posibilidades de potenciar aeropuertos infrautilizados. Girona cuenta con unas buenas instalaciones y con una plantilla de 116 funcionarios, pero ha tenido, por ejemplo, en el año 2002 sólo 750 vuelos, no todos de carácter comercial; no hay una optimización de los recursos públicos en el aeropuerto de Girona. Nos parece que a veces prima más la voluntad de cuadrar unas cuentas de resultados de un ente público, como es AENA, que servir a un territorio de forma flexible y con la participación de los entes públicos y de la iniciativa empresarial. Girona tiene un gran potencial turístico que se podría canalizar con una forma distinta de gestión aeroportuaria y con unas tarifas aeroportuarias también distintas.
Es cierto que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió votó afirmativamente los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, y votó afirmativamente la ley de acompañamiento, pero también es cierto que planteó enmiendas en este punto porque no estaba de acuerdo con él y, como sabe el señor ministro, que ha sido vicepresidente y ha negociado con el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, hemos encontrado puntos de acuerdo y puntos de discrepancia. En ese aspecto vemos una clara discrepancia; nuestra filosofía, nuestro planteamiento es tarifas más bajas, más vuelos y más ingresos. Por eso, señor ministro, le pregunto cuáles son los motivos que han llevado al ministerio a incrementar de las tarifas aeroportuarias.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, su señoría sabe que la política aeroportuaria española se enmarca en el ámbito de la política de transporte aéreo en Europa, que es una política liberalizada --primera premisa que no se puede ignorar a la hora de plantear un régimen de subvenciones, que es lo que propone su señoría.
En segundo lugar, las políticas de tasas, por definición, mantienen el principio de equivalencia, que dice que las tasas tenderán a cubrir el coste o servicio de la actividad que constituye su hecho imponible. Esto se recoge en la Ley de 1989 de Tasas y Precios Públicos, y no conozco enmiendas de ningún grupo parlamentario en relación con el concepto y el principio que debe regir la fijación de las tasas.
Sentadas estas dos premisas, quiero añadir que las tasas aeroportuarias españolas son las más bajas de Europa, y si su señoría se quiere centrar en los aeropuertos de Girona y de Reus, le diré que las tasas de estos dos aeropuertos son un 30 por ciento inferiores a las de Bruselas, un 45 por ciento a las de Roma o un 60 por ciento a las de Montpellier, para que nos situemos en el escenario en el que nos encontramos.
En tercer lugar, el conjunto de las tasas aeroportuarias en los vuelos normales supone el 5 por ciento del precio de los billetes, y en los vuelos de bajo coste puede llegar hasta el 10 por ciento de dicho precio.
Las rebajas que propone su señoría pueden incidir un 1 o un 2 por ciento en el precio del billete, y éstos son los datos de la realidad. Los precios

de los billetes serán o no disuasorios para viajar, pero las tasas aeroportuarias españolas, las de Reus, las de Girona y las del resto de los aeropuertos, no son disuasorias en términos comparados con el transporte aéreo europeo. Los aeropuertos de Girona y de Reus han cambiado de categoría porque han aumentado el número de pasajeros. Han superado los 500.000 pasajeros en el año 2001. Su señoría me puede reprochar que AENA haya tardado dos años en aplicar el cambio de categoría. Tiene razón su señoría. Podía haberlo hecho hace dos años, y lo ha retrasado a la temporada de verano del año 2003. Este reproche lo puede hacer su señoría. Lo que no puede hacer su señoría es acusar a AENA de trato discriminatorio con Reus y con Girona porque aplica los mismos principios que se aplican para el resto de la red aeroportuaria española, que se gestiona con criterios de autosuficiencia, y por eso podemos tener operativos en nuestra red 45 aeropuertos en toda España.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DON ARSENI GIBERT I BOSCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE SI EL GOBIERNO CONTINUA CONSIDERANDO ACERTADA LA ORDEN QUE EMITIO DE ALEJAR DE LA COSTA EL BUQUE PETROLERO «PRESTIGE» (680/001026).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si el Gobierno continúa considerando acertada la orden que emitió de alejar de la costa el buque petrolero «Prestige».
Tiene la palabra el señor Gibert i Bosch
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor presidente, señorías, señor ministro.
La pregunta concreta es la que figura en el enunciado. ¿Tres meses después todavía sostiene el Gobierno que la orden de alejar el «Prestige» de la costa no fue una decisión errónea? Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente, señor senador.
Seguramente todo es opinable, y en este caso también lo es. No le voy a dar los argumentos del Gobierno; le voy a dar los argumentos de la primera autoridad europea en catástrofes marítimas, Michel Girin, director del Cedre. Le cito literalmente.
Lo único que puedo decir es que hemos analizado los casos, los precedentes. Hay muchos precedentes en los cuales se tomó la decisión de alejar el buque y se salvó el buque en alta mar antes de remolcarlo a un puerto después del mal tiempo. No conozco ejemplo de una decisión de entrar un buque en un puerto en la tempestad en el mal tiempo, de entrar un buque petrolero perdiendo petróleo en una zona, tomando voluntariamente la decisión de contaminar una zona específica y de contaminarla terriblemente. No conozco tal decisión.
Me gustaría que su señoría invocara la autoridad en virtud de la cual considera que esta decisión no fue la adecuada.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el señor Gibert i Bosch.

El señor GIBERT I BOSCH: Gracias.
Era precisamente mi intención, señor ministro, invocar una autoridad que me parece solvente.
El doctor Lora Tamayo, presidente del Comité Científico Asesor, nombrado «ad hoc» por el Gobierno, estuvo hace justo una semana en esta Cámara, y uno de los ejes de su detallada explicación fue el afirmar que si las dos partes del buque estuvieran hundidas a menor profundidad el escenario sería otro. Se podría escoger tranquilamente --dijo-- entre diferentes soluciones porque habría varias que ofrecerían garantías de éxito casi al 100 por 100, mientras que, al estar a 3.500 y 3.800 metros, respectivamente, las dos partes del buque, es la profundidad la que está penalizando cualquier iniciativa. No hay precedentes ni experiencias, no existe ninguna certeza de que lo que se vaya a hacer vaya a salir bien. Los artilugios mecánicos dirigidos a distancia han bajado a estas profundidades para observar y explorar, pero no para misiones operativas, etcétera.
Desde esta realidad y a nuestro juicio, esto es un argumento a favor --no digo que sea evidente pero es un argumento a favor-- de que la decisión de dejar el buque, más allá de su buena intención, que no ponemos en duda, fue un error y, visto desde el punto de vista de las consecuencias, probablemente un grave error. Hemos querido darle una oportunidad de explicarse y eventualmente de reconocerlo. Nos parecería lógica la posibilidad de que fuera un error y sentimos que no lo quiera usted aprovechar.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente.
Señor senador, a tres meses vista del acontecimiento, cuando ya se conocen a posteriori todos los datos, cuando se sabe que el barco se rompió el quinto día y cuando se conocen una serie de detalles después de meses de estudio por parte de quienes están dando su opinión se pueden justificar muchas decisiones, pero la primera que todavía no ha justificado nadie es cuál es la buena decisión. Fíjese usted, todos los que han hablado para criticar al Gobierno han dicho cuál era la peor y no nos han dicho cuál era la mejor. ¿Y sabe por qué no nos han dicho cuál es la mejor?

Porque ésta es la mejor decisión, la única que hubiera tomado una autoridad marítima responsable, la única que se ha tomado siempre por autoridades marítimas ante circunstancias semejantes y lo demás es demagogia crítica para hacer responsable al Gobierno de una catástrofe que sólo tiene responsables en el armador, en el naviero, en el fletador de la carga, en el asegurador y en la sociedad clasificadora. Estos son los auténticos responsables, porque por Finisterre, señor senador, pasan todos los años 45.000 buques y durante todos estos años sólo se rompió un buque, que es éste.
Por lo tanto, el problema será este buque y quien permitió que navegara en estas condiciones, y quien lo contrató en estas condiciones, y ahora los culpables de esta decisión están intentando salvar su responsabilidad para que no se cumpla el principio de que el que contamina paga, y que ahora paguemos todos los españoles la responsabilidad del que causó la contaminación. Yo le invito a su señoría a que medite seriamente de qué lado tiene que estar cualquier grupo parlamentario responsable a la hora de delimitar quién es el culpable de esta catástrofe, que no es más que el fletador, el naviero, el asegurador y la sociedad clasificadora.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


--DE DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES DE INTERES GENERAL QUE JUSTIFICAN LA DECISION DE DESALOJAR SESENTA FAMILIAS RESIDENTES EN EL DISTRITO DE BARAJAS DE MADRID (680/001031).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones de interés general que justifican la decisión de desalojar 60 familias residentes en el distrito de Barajas.
Tiene la palabra el senador Barranco Gallardo.

El señor BARRANCO GALLARDO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, nos gustaría saber qué razones de interés general y de utilidad pública justifican la decisión urgente de expropiar y desalojar a más de 60 familias en el distrito de Barajas de Madrid.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): El señor senador que hace la pregunta sabe que en estos momentos se sigue negociando con las familias para intentar llegar a mutuos acuerdos, que es la posición razonable de una administración en el proceso de expropiación.

El señor PRESIDENTE: En turno de réplica, tiene la palabra el senador Barranco Gallardo.

El señor BARRANCO GALLARDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, lamento decirle que no solamente este humilde senador no sabe que están ustedes negociando para buscar una solución, sino que los vecinos, que están en la tribuna, tampoco lo saben. Así que yo le agradecería que se informara mejor. Lo único que saben es que han recibido unas órdenes de desalojo por una expropiación que todavía no se ha justificado, es decir, no se sabe el porqué, no se conoce tampoco la urgencia y la situación actual de los vecinos es de una gran indeterminación y sobre todo de un gran temor, ellos lo que se temen es que se va a expropiar para especular y una administración pública no puede especular con una expropiación porque eso sería una cacicada institucional.
También es extraño que en ese ámbito --estamos hablando de 30 hectáreas, de 50 viviendas-- una de las instalaciones que pertenece a la ONG Mensajeros de la Paz, que en principio iba a ser expropiada, luego se le ha comunicado que no se les expropia y, sin embargo, la casa que está pared con pared sí va a ser expropiada. Supongo que no tendrá nada que ver que esa ONG tenga como presidenta de honor a doña Ana Botella. El caso es que el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa establece que excepcionalmente se podrán declarar de urgente ocupación los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada. Pues bien, los bienes y derechos contenidos en el expediente de expropiación no han sido previamente delimitados ni individualizados, no se conocen los motivos que lo justifiquen, hay trato desigual entre personas e instituciones que están en la misma zona ubicadas y no se les ha facilitado la información solicitada y necesaria para defender sus derechos.
Por eso, señor ministro, yo quisiera rogarle, primero, que por innecesario se suspenda el expediente urgente de expropiación para la ampliación del aeropuerto de Barajas; en segundo lugar, la retirada inmediata de la orden de desalojo, que ya se les ha comunicado a los vecinos y, en tercer lugar, que efectivamente, como usted ha indicado al principio, se haga cierto eso y se abra una mesa de negociación con la totalidad de los afectados.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barranco.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero reiterarle que hasta el momento no se ha producido ningún desalojo forzoso de ningún

afectado, ni se han realizado actuaciones ante los juzgados para conseguir que estos desalojos afecten a las propiedades. Asimismo le reitero que AENA sigue manteniendo diálogo y reuniones a través de los abogados de las partes afectadas con el único fin de intentar alcanzar mutuos acuerdos, como es habitual en el procedimiento expropiatorio.
En segundo lugar, como su señoría ha deslizado algunas sutiles insidias en relación con el expediente, quiero decirle que en relación con la parcela que le preocupa a su señoría de la ONG, Mensajeros de la Paz, a petición de la Concejalía delegada del Area de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, de 16 de febrero de 2001, se solicitó la exclusión para que se produjera la desafección de esta finca por razones de una problemática social que se resume en el escrito de la concejalía, diciendo que la expropiación y consecuente necesidad de desalojo de la edificación plantearía problemas al Plan municipal contra las drogas del Ayuntamiento de Madrid, por cuanto resultaría prácticamente inviable encontrar un lugar alternativo para ubicar este servicio, al menos de momento, dadas sus características. Esta es la razón por la cual ha sido atendida una petición del Ayuntamiento de Madrid.
Me gustaría que su señoría dejara claro, por lo menos en sus declaraciones públicas, si está de acuerdo con los principios que rigen el procedimiento de expropiación forzosa que, por otra parte, es un procedimiento centenario en nuestro país, absolutamente garantista con los afectados y que además tiene el mecanismo del mutuo acuerdo para, hasta el último momento, intentar llegar a las soluciones que causen el menor perjuicio social a los afectados, porque sabe su señoría que sin el procedimiento de expropiación no se podrían hacer ni infraestructuras ni equipamientos sociales en ningún país civilizado y, como lo sabe su señoría, me gustaría que, con independencia de que le guste o no el proyecto de ampliación del aeropuerto de Madrid, dejara claro que la Administración respeta, ha respetado y va a seguir respetando el procedimiento reglado y, en particular, los derechos de los afectados.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
--Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: Muy bien.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


--DE DOÑA MARIA ROSARIO FATIMA ABURTO BASELGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE LA LINEA FERROVIARIA QUE UNE HUELVA CON ZAFRA (BADAJOZ) (680/001035).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña María Rosario Fátima Aburto, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la línea ferroviaria que une Huelva con Zafra (Badajoz).
Tiene la palabra la senador Aburto Baselga.
La señora ABURTO BASELGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace poco más de un año le pregunté por la modernización de la red ferroviaria en Huelva, y usted me reiteró la buena noticia de que la línea Huelva-Zafra se iba a mantener abierta; el problema es que entonces no era muy creíble y ahora lo es menos, por lo que le tengo que volver a preguntar, señor ministro: ¿Cuáles son los planes del Gobierno sobre esta línea? Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
De momento, su señoría no ha podido preguntar por qué el Gobierno no ha cerrado la línea, lo cual quiere decir que su señoría reconoce que la línea sigue abierta, a pesar de que el Consejo de Ministros en el año 1984 decidió su cierre --digo esto aunque sé que a su señoría no le gusta que le recuerden estas cosas--, y en el año 2003 seguiremos invirtiendo en la línea, para lo cual se iniciará en los próximos meses la redacción del proyecto de mejora del tramo Fregenal-Zafra, que está incluido en el estudio de mejora de la red ferroviaria de Extremadura y que prevé una inversión de 29 millones de euros.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra la señora Aburto Baselga.

La señora ABURTO BASELGA: Muchas gracias, señor presidente.
Dice usted que la línea no está cerrada; desde luego ha estado cerrada por completo durante 17 días, entre los meses de noviembre y diciembre, y ahora está abierta un tramo, hasta Jabugo, lo que es, por otra parte, habitual, porque normalmente esa línea la tienen que cerrar en invierno por motivos de inseguridad y esta vez ha habido mucha suerte porque en el accidente que ocasionó el cierre, debido a que el tren chocó contra una piedra de 15 toneladas, solamente se produjeron tres heridos. No se corresponde la idea de que quieren mantenerla abierta con la absoluta falta de inversión. Usted dice que se va a estudiar el invertir.
Estudiar, estudian mucho, pero no he podido preguntar por el resto de las líneas férreas de Huelva porque siguen en estudio. No se ha movido un papel. En ésta vamos para atrás. Respecto a las otras no he preguntado por ellas porque siguen exactamente igual.
De todas formas, todos los sectores de opinión en Huelva están de acuerdo en que esta línea es necesaria para su desarrollo socio-económico. Lo están los sindicatos, la FOE, todos los partidos políticos, incluido el suyo. Pregúnteselo al diputado de su grupo, don Luis Martínez, que está de acuerdo en que es necesario que se mantenga abierta.
Sin embargo, el problema de la línea Huelva-Zafra se enmarca en la ineficacia del Gobierno en la seguridad de

los servicios públicos. Ha habido más de seis accidentes ferroviarios en lo que va de año con dos muertos y más de 80 heridos, señor ministro. Se enmarca en la inseguridad completa que ustedes mantienen en este país, con un aumento de la criminalidad de más del 5 por ciento; un 20 por ciento en la ciudad de Huelva; con más de 12 muertes por violencia de género y con un desgobierno que se enmarca, por ejemplo, en el «decretazo» y marcha atrás y en el acoso a Andalucía porque no se vota Partido Popular. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señora senadora, esta línea se mantiene abierta por la voluntad política del Gobierno, a través de Renfe, y gracias a los esfuerzos de la Junta de Extremadura y del Ministerio de Fomento porque ambas instituciones suscriben y negocian convenios, entre otras cosas, para mantener abierta esta línea.
Yo esperaba que su señoría me trajera la buena noticia de que su discurso venía respaldado por una declaración de intenciones de la Junta de Andalucía de invertir en esta línea y no en otras en las que lo está haciendo el Ministerio de Fomento para hacerse la propaganda con los carteles de inversión de dicho ministerio. Es lo que debería hacer su señoría si de verdad está preocupada por esta línea.
En todo caso, conviene recordar que los tráficos en ella no llegan a 200 viajeros diarios, que el mayor tráfico se produce entre Huelva y Jabugo, con un máximo de 57 viajeros y un mínimo de 52, y que, en cuanto a mercancías, lamentablemente, al suprimirse la actividad del único cliente de la empresa que producía ácido sulfúrico, Fertisac, que cesó en el año 2001, no hay tráfico de mercancías en la línea. Y, a pesar, de ello, señoría, en el año 2002 Renfe y el Ministerio de Fomento hemos invertido 3,6 millones de euros en los tramos comprendidos entre Huelva y Cumbres Mayores. Y en el año 2003 nos proponemos, de acuerdo con las negociaciones del convenio con la Junta de Extremadura, mejorar el tramo Fregenal-Zafra a través de la redacción de este proyecto, que va a comportar una inversión de 29 millones de euros. En este apoyo falta alguien. Su señoría ya me ha entendido.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


--DE DON JUAN VAN-HALEN ACEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS VENTAJAS QUE VAN A TENER LOS USUARIOS CON LA CONSTRUCCION EN MADRID DEL TUNEL QUE UNIRA LAS ESTACIONES DE ATOCHA Y NUEVOS MINISTERIOS, EN LA NUEVA CONEXION DE CERCANIAS ENTRE ATOCHA Y CHAMARTIN (680/001036).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Juan Van-Halen, del Grupo Parlamentario Popular, sobre las ventajas que van a tener los usuarios con la construcción en Madrid del túnel que unirá las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios en la nueva conexión de cercanías entre Atocha y Chamartín.
Tiene la palabra el senador Van-Halen Acedo.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la ciudad de Madrid es una de las ciudades europeas que más ha utilizado y utiliza el transporte público. A ello, sin duda, ha contribuido el gran esfuerzo del Gobierno regional durante las dos últimas legislaturas, esta y la anterior, para favorecer las infraestructuras del metro, incluso realizando más del doble de la oferta electoral, en cuanto a kilómetros de metro, en esta legislatura metro sur. Pero también tiene mucho que ver la apuesta del Gobierno central a través de la mejora de nuestra red ferroviaria de cercanías.
Señor ministro, la red de cercanías se ha convertido, de hecho, en una de las primeras opciones de transporte de los madrileños para acceder a nuestra ciudad desde cualesquiera de las localidades vecinas y creemos que es un elemento fundamental para la vertebración en nuestra comunidad, como así lo demuestra la reciente demanda de este servicio, que dicho sea de paso, es cada vez más moderno, cómodo y rápido. Suponemos que este incremento será mayor con la puesta en funcionamiento de toda la red del metro sur.
Señor ministro, dentro de este contexto se ha hablado mucho del túnel de cercanías entre Atocha y Chamartín, con la parte correspondiente a Atocha-Nuevos Ministerios, pero pensamos que los potenciales usuarios no somos conscientes todavía de que este proyecto ya está en marcha, ya se han licitado las obras.
En este sentido, señor ministro, y para saber precisamente las ventajas que este nuevo tramo de infraestructuras ferroviarias de cercanías va a tener para los potenciales usuarios madrileños, este senador se ha permitido dirigirle la pregunta que figura en el orden del día.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, aunque el protagonismo de la política ferroviaria lo tienen, generalmente, las líneas de largo recorrido y de alta velocidad, los programas más importantes desde el punto de vista social en cada uno de los territorios afectados son los programas de cercanías de Renfe y de FEVE, que en España mueven en concreto 439 millones de viajeros y sólo en la Comunidad de Madrid se mueven 238 millones de viajeros al año. Y, en concreto, dentro de las cercanías de Madrid, por el núcleo fundamental, que es la estación de Atocha, pasan diariamente 456.000 viajeros.


Por ello, está plenamente justificada la inversión de más de 300 millones de euros, de los cuales 277 ya están licitados para los dos tramos del túnel y para la primera de las estaciones que va a tener la de Sol-Gran Vía --falta por licitar la de Alonso Martínez-- para completar las cercanías ferroviarias de Madrid como un nuevo eje norte-sur, que garantice la permeabilidad.
Este nuevo túnel va a permitir circular un tren cada dos minutos por cada sentido, va a suprimir la mayor parte de los transbordos que se producen en la estación de Atocha, convirtiendo en pasante la mayoría de los trenes que actualmente finalizan en esta estación. Los tiempos de viaje en las cercanías en los tránsitos norte-sur se van a reducir de forma sustancial, al suprimirse el tiempo de transbordo y mejorando el confort y la calidad del viaje.
Las líneas que utilizarán esta infraestructura, además, van a proceder básicamente de la nueva área de movilidad generada por el sistema de metro sur, construido por la Comunidad de Madrid, que también forma parte del incremento de la capacidad de movilidad que van a tener los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, tanto hacia el centro como a través del centro, en los tránsitos norte-sur o sur-norte.
El túnel está proyectado con un criterio de moderna red metropolitana. Va a ampliar también de forma espectacular --ya se lo he dicho-- la interconexión con el metro de Madrid, a través de esas dos estaciones, la de Sol-Gran Vía, que conecta con cuatro líneas de metro, la 1, 2, 3 y 5, y en Alonso Martínez, que conecta con las líneas 4, 5 y 10. A su vez, en Nuevos Ministerios conecta con las 6,8 y 10 y una de ellas, recuerdo a su señoría que ya conecta directamente Nuevos Ministerios con los recintos feriales y el aeropuerto de Barajas.
Por todas estas razones, creo que es uno de los símbolos más relevantes del proyecto de modernización de Madrid, el esfuerzo por realizar este túnel para completar la red de cercanías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


--DE DON JOSE CABRERO PALOMARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) OLEICOLA PARA SU HOMOLOGACION POR PARTE DE LA COMISION EUROPEA (680/001027).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación en que se encuentra el Sistema de Información Geográfica Oleícola para su homologación por parte de la Comisión Europea.
Tiene la palabra el senador Cabrero Palomares.

El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el Comisario Fischler ha dicho recientemente que el Gobierno de España ha enviado un aviso a la Comisión, en relación al Sistema de Información Geográfica Oleícola y que, hasta tanto no se presenta el informe final por parte del Gobierno de España, no se puede empezar a evaluar dicho SIG.
Queremos conocer como está todo el proceso, la posibilidad de homologación y la viabilidad que permita resolver los problemas que existen en este momento en torno a este SIG, que no son pocos señor ministro.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en octubre de 2002 el Gobierno solicitó la homologación del SIG Oleícola. El 4 de febrero de 2003, hace una semana, el Gobierno remitió el informe técnico correspondiente a las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid, que suponen el 80 por ciento de la superficie olivarera, y ahora estamos a la espera de los informes de las comunidades autónomas restantes. Baleares y Valencia ya nos han dicho que lo van a presentar en breve plazo y, progresivamente, presentaremos la totalidad de informes ante la Comisión para que analice las características del sistema, haciendo la comprobación y evaluación.
Efectivamente, el proceso de elaboración del SIG ha tenido muchas dificultades evidentes, tanto técnicas como de falta de cooperación por alguna comunidad autónoma. Dificultades técnicas porque el SIG es una herramienta ciertamente compleja y hay que hacer varias fases intermedias para comprobar la información fotográfica sobre el terreno, notificar a los agricultores las diferencias que declaran y contrastar esas diferencias entre hortofotos, vía las comprobaciones de campo pertinentes y, después, con los recursos y alegaciones que se derivan de la puesta en marcha de tan sofisticada herramienta técnica.
Su financiación --por una decisión que yo no acierto a comprender-- recae íntegramente en los Presupuestos Generales del Estado, mientras que las administraciones competentes en la gestión y control de las ayudas, que son las que tenían que haber financiado el SIG, no aportan nada. Por tanto, el Estado ha asumido una función que no le correspondía en esta materia.
Sumándose a estas dificultades técnicas que el Gobierno ha superado incrementado los medios materiales y humanos, el otro problema fundamental es la falta de colaboración de alguna comunidad autónoma. En muchas comunidades autónomas los gobiernos autonómicos han colaborado con el Gobierno de la nación y los SIG han desarrollado con toda normalidad el proceso de comprobación, pero en otras, como Andalucía, la comunidad que es responsable de la gestión ha dicho que no tenía nada que ver con esta herramienta, a pesar de que la tiene que administrar y manejar y es el instrumento de control. Eso ha retrasado

todo el proceso de cumplimentación de las distintas fases.
Hemos tenido que hacer un procedimiento de notificación extra, respecto a otras comunidades, a más de 112.000 oleicultores andaluces, y a pesar de ello hemos presentado formalmente el informe técnico. Quiero decirle que de 307.403 declaraciones de cultivos presentadas en Andalucía, en este momento están en situación de discordancia 11.832, que son un 3,8 por ciento; porcentaje inferior al 5 por ciento que exige la Unión Europea.
Hemos reducido el porcentaje de discordantes resolviendo alegaciones y haciendo comprobaciones sobre el terreno, y de los 11.832 discordantes 10.566 no han contestado a las notificaciones formales que por dos veces se les han remitido. Es decir, a estas personas que hacen declaración de cosecha se les ha notificado en las señas que figuran en su declaración de cosecha, pero no contestan a ningún requerimiento de la administración.
No obstante, estoy convencido de que la comisión, ahora que se ha enviado el informe técnico, hará las auditorías del sistema y las visitas de comprobación y, pese a la escasa colaboración de alguna comunidad autónoma y a los mensajes alarmistas que se están dando en determinados medios, a lo largo del primer semestre del año se remitirán a la Comisión todos los informes finales pendientes sobre esta materia y se podrá homologar el SIG, que será un instrumento de gestión y control fundamental para el pago de una de las ayudas que más volumen tiene dentro del FEOG-Garantía.
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica tiene la palabra el senador Cabrero Palomares.

El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, lo cierto es que el proceso del SIG está creando ya problemas a los oleicultores de Andalucía y de otros puntos de España.
Hay quienes no han cobrado la subvención de la campaña pasada por las divergencias que existen entre la declaración de cultivos y los datos que se han aportado en el SIG, y hay quienes lo han cobrado parcialmente. Y ello, a pesar de la colaboración de los agricultores y oleicultores en relación a la resolución de las discordancias que ellos no han creado, sino que han sido creadas por el sistema utilizado y el proceso llevado a cabo por el propio ministerio en relación con las fotos para contabilizar los olivos. Por ello, puede decirse que la responsabilidad derivada de las discordancias producidas es exclusivamente del SIG.
Por el contrario, sí conocemos el fuerte y amplio nivel de colaboración que han tenido los agricultores al tener que buscar datos e investigar y hacer cola en las OPR, etcétera, hasta aclarar su situación. A pesar de eso, han continuado las notificaciones de discordancia y no se les ha resuelto el problema. Efectivamente, el número de discordancias es elevado pues, según los datos de los que disponemos, podemos estar hablando de más de 30.000, no localizados únicamente en Andalucía sino en toda España. Es un número importante, más del 5 por ciento, que se puede considerar aceptable desde el punto de vista de la viabilidad en relación a la homologación. Nos preocupa muchísimo lo que pueda pasar en el futuro si no se resuelven este tipo de discrepancias porque para las siguientes campañas va a ser muy determinante lo que salga del SIG a partir de su homologación, y si no está bien resuelto, habrá retrasos, no se cobrará, incluso se podrán reclamar pagos de otras campañas.
Señor ministro, le pedimos la necesaria beligerancia, un trabajo claro, transparente, también en colaboración con las comunidades autónomas, para que llegue bien a Bruselas el informe definitivo y haya grandes posibilidades para la viabilidad de homologación de nuestro Sistema de Información Geográfica Oleícola, porque si no, habrá muchos problemas en el futuro y de ello será responsable el Gobierno.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El señor ministro ha utilizado todo su tiempo en esta pregunta.


--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA CORREGIR LA ASISTENCIA SANITARIA QUE TIENE LA FLOTA ATUNERO CONGELADORA ESPAÑOLA, EN LA ZONA DEL CANAL DE MOZAMBIQUE EN EL OCEANO INDICO ( 680/001043).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones del Gobierno para corregir la asistencia sanitaria que tiene la flota atunero congeladora española, en la zona del canal de Mozambique en el océano Indico.
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría .

El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, sabe usted que es competencia del Gobierno la prestación de la asistencia sanitaria a los trabajadores del mar cuando se encuentran a bordo de los buques o en el extranjero. Por lo tanto, siendo esta una competencia del Gobierno, nosotros queremos sensibilizarle sobre una problemática que existe en este momento con los trabajadores del mar en el océano Indico. Alrededor de 19 empresas vascas están operando en el océano Indico, casi 500 trabajadores, desde la zona de Kenia hasta el sur de Africa, es decir, hasta Mozambique, fundamentalmente en la captura del atún a cerco, pero también opera flota gallega mediante la técnica del palangre en la pesca del pez espada. Por tanto, hay un contingente importante de buques, de tripulantes y, sobre todo, de capital humano y financiero que está cotizando al Instituto Social de la Marina.


Por eso las campañas que se realizan en el océano Indico oscilan entre la zona norte, cuyo puerto base puede estar en Mombasa, en Kenia, o en Port Victoria en Seychelles, y durante un período de tiempo de cuatro meses, de marzo a junio, en que la flota atunera se desplaza hacia el sur, en concreto al caladero del canal de Mozambique. Y ahí, señor Ministro, no hay ningún tipo de asistencia. Lo reconocía el otro día en declaraciones públicas la señora Lucena, Directora General del Instituto Social de la Marina.
Por lo tanto, ¿qué es lo que se le pide al Gobierno? Le pedimos tres cosas; en primer lugar, que monte un operativo importante para otorgar cobertura sanitaria de carácter general asistencial y de carácter especializado en la zona del canal de Mozambique, en el espacio que va del mes de marzo al mes de junio, porque no hay ningún tipo de asistencia a estos trabajadores españoles que están cotizando al Instituto Social de la Marina, al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
En segundo lugar, hay otra posibilidad. El Gobierno construyó hace un año un buque hospital operativo con una gran logística sanitaria y capacidad para poder faenar en todos los mares del mundo, que es el «Esperanza del mar». Por eso le pedimos que estudie esta la posibilidad ya que, como dice en estas declaraciones públicas la señora Lucena, este buque tiene la función de prestar asistencia a todos los tripulantes españoles que se encuentren en todos los mares del mundo, y le remito a esa publicación que usted seguro que conocerá porque es oficial.
En tercer lugar, señor Ministro, otra alternativa puede ser la mejor dotación a través de políticas concertadas con las autoridades malgaches.
Es decir, el ISM puede concertar directamente, bien con entidades públicas o privadas, centros asistenciales directos o especializados, porque en este momento hay un malestar en cuanto al funcionamiento de esa asistencia sanitaria.
Como la campaña en el canal de Mozambique está a punto de comenzar en el mes de marzo, nosotros le trasladamos al Gobierno esa petición que nos han realizado los representantes de los tripulantes y de las empresas que operan en el canal de Mozambique, y esperemos que el Gobierno pueda disponer y poner en marcha un operativo para dotar de una adecuada asistencia sanitaria a este gran número de trabajadores del mar, que operan en esa zona del océano Indico.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete):
Muchas gracias, presidente. Gracias, señoría.
En primer lugar, tenemos que señalar que los factores que inciden en la precariedad de la asistencia sanitaria vienen determinados por la infradotación en materia de centros sanitarios, tanto hospitalarios como ambulatorios, en todo el territorio de Madagascar y es concordante con la situación de subdesarrollo en que se halla la isla y las difíciles circunstancias sociopolíticas que atraviesa el país. También es necesario destacar, como conoce su señoría, que la actividad pesquera de la flota española en el Indico tiene características especiales y peculiares que hacen más compleja su atención en materia sanitaria. Es una actividad que se hace forma fragmentada, no va toda la flota en bloque y, como ha señalado su señoría, en períodos de tres meses, entre marzo y junio, es la época en que las unidades se concentran en la zona y utilizan como base de trabajo el puerto de Diego Suárez.
Ante la complejidad de esta situación, el Gobierno, para dar una cobertura sanitaria lo más eficaz posible, ha establecido dos centros asistenciales con carácter estable en la zona: en la ciudad de Victoria, en la isla de Mahé, en las Seychelles, y en Mombasa, en Kenia. Al frente de los mismos, y dada su actividad meramente estacional, se encuentra un facultativo de sanidad marítima. De esta forma y para optimizar al máximo la capacidad de respuesta, el facultativo se desplaza cuando la presencia de la flota lo requiere a la localidad antes referida de Diego Suárez, en Madagascar, actuando en colaboración con centros hospitalarios del territorio de aquella zona.
No obstante, el Gobierno es consciente de la situación y necesidades que ha planteado su señoría, así como de las peculiares circunstancias que concurren en la zona, por lo que está trabajando en nuevas soluciones que permitan ampliar la cobertura sanitaria de manera más eficaz para la flota dentro de las disponibilidades de medios al respecto. Entre las soluciones que se pondrán en marcha con carácter inmediato está, en primer lugar, el reforzamiento de los centros asistenciales con la incorporación de un segundo facultativo de sanidad marítima; en segundo lugar, teniendo en cuenta la excelente infraestructura sanitaria de que disponen las islas de La Reunión, Mayotte y Mauricio, se van a establecer contactos, como propone su señoría, con centros sanitarios públicos o privados de dichos territorios para suscribir convenios de colaboración que permitan disponer de centros concertados de carácter hospitalario y de cuadro de especialistas dirigidos a la atención de la flota.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGÚNCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO DE RESOLVER EL ERROR CIENTIFICO QUE SE PRODUCE EN LA CATALOGACION QUE REALIZA LA BIBLIOTECA NACIONAL, EN MADRID, DE LOS LIBROS ESCRITOS EN LENGUA CATALANA (680/001028).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno de resolver el error científico que se

produce en la catalogación que realiza la Biblioteca Nacional, en Madrid, de los libros escritos en lengua catalana.
Tiene la palabra el senador Varela i Serra.

El señor VARELA I SERRA: Gracias, presidente.
Señora ministra, ayer el señor Racionero hacía unas declaraciones en la emisora Catalunya Radio que se reproduce en diversos medios respecto al problema de catalogación de los libros escritos en catalán en bal y Cat.
El reconocía que el catalán, el valenciano y el balear es la misma lengua, lo reconocía, pero decía que también hay que respetar lo que dice el Estatuto de Valencia. Esta era la respuesta del señor Racionero y decía: Me duele enormemente esta situación porque me encuentro con una cosa a la que soy contrario y me la he encontrado hecha, porque es un problema que viene de hace 19 años, de la época del PSOE.
Efectivamente, señora ministra, es una situación dolorosa para las personas que amamos esta lengua, tanto en Baleares como en Valencia como en Cataluña, y es una situación también dolorosa a título de política lingüística, porque la persistencia en prácticas políticas que vayan en la dirección de trocear una lengua la debilitan y comprometen su futuro.
Como esto es un problema político, no técnico --porque hay medios técnicos para garantizar que se mantenga la denominación valenciano pero dentro del catálogo Cat, que es el único científicamente aceptado a nivel internacionales--, pregunto a la ministra: ¿piensa el Gobierno emprender acciones políticas para resolver un tema que está mal resuelto, que ustedes no han creado pero que se creó en la época del PSOE? ¿Tendrán ustedes hoy la valentía política de hacer la pedagogía necesaria para resolver este problema científico mal resuelto? Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.

La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera):
Señorías, señor presidente.
El Gobierno, lógicamente y como usted puede comprender, debe siempre someterse al imperio de la ley, a lo que dicen las normas que ordenan cualesquiera de los ámbitos en los que tuviera competencia para intervenir cualquier nivel de la Administración del Estado. En el caso concreto del que estamos hablando, los criterios que se aplican para la catalogación del valenciano, con el acrónimo Val, tienen que ver con lo que dice el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y el Gobierno tiene que respetar lo que dice el mencionado estatuto.
¿Cómo se opera para catalogar las obras en valenciano? Pues bien, las publicaciones oficiales editadas por la Generalitat Valenciana se codifican como valenciano, Val, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en virtud del cual los dos idiomas oficiales de la comunidad son el valenciano y el castellano; eso es lo que dice literalmente este artículo. En este sentido, también debe tenerse en cuenta la Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de la Comunidad Valenciana, por la que se crea la Academia Valenciana de la Lengua. No se cataloga como Val por el lugar de publicación --que es el tercer criterio-- y, en caso de duda, se cataloga Cat.
¿Qué pasa con las obras escritas en Balear, Bal? Teniendo en cuenta que en el Estatuto de Autonomía de Baleares no se diferencia el mallorquín como lengua, la Biblioteca Nacional ha decidido no utilizar la referencia Bal, sustituyéndola por la referencia Cat, en todos los registros donde se detecte la existencia de esa otra referencia de catalogación, porque el estatuto de autonomía no dice nada a tal efecto.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
En turno de réplica, señoría, tiene la palabra el senador Varela i Serra.

El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora ministra.
Efectivamente, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana habla de valenciano, pero no dice que sea una lengua diferente.
No nos causa ningún problema y aceptamos que la denominación empleada allí sea valenciano, pero es la misma lengua y eso es algo aceptado universalmente por todos los filólogos. Hay medios técnicos para catalogarlo como Cat y, dentro del código MARC mencionar la palabra valenciano, de manera que se respete perfectamente lo que dice el estatuto y lo que dicen las normas internacionales de catalogación.
Emplear una metodología diferente supone apoyar las intenciones de algunos --no de todos--, de separar las lenguas, hacerlas realmente diferentes cuando no lo son, tal y como se ha aceptado internacionalmente por los lingüistas.
Por tanto, es esencial que el Gobierno haga esta labor pedagógica y, aceptando lo que dice el estatuto --pues no tenemos ningún problema con esta denominación, que es secular en Valencia--, aceptar también la realidad aún más secular de que es la misma lengua y hay que protegerla porque si no peligra su pervivencia.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra la señora ministra de Educación.

La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera):
Gracias, señor presidente.
Señoría, en este turno voy a volver a insistir en lo que ya he dicho en mi primera respuesta: que el Gobierno se tiene que atener a lo que dicen las normas. En este caso, se trata de una norma superior de ordenamiento de las actividades en el ámbito de la Comunidad Valenciana, en concreto, sobre la lengua valenciana y lo que dice sobre ella el estatuto de autonomía. Esta es la realidad normativa a la que se tiene que atener el Gobierno.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DON ANTOLIN SANZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL MODO EN QUE SE VAN A GESTIONAR LOS FONDOS DISPERSOS DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO (680/001037).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Antolín Sanz Pérez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el modo en que se van a gestionar los fondos dispersos del Museo Nacional del Prado.
Tiene la palabra el senador Sanz Pérez.

El señor SANZ PEREZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, buenos días.
Como todos los ciudadanos conocen, gracias a colecciones tan importantes como las de Velázquez, el Greco, Zurbarán, Goya, Tiziano y otros muchos, el Prado es considerado el mejor museo en cuanto a pintura de los siglos XVI y XVII.
Al mismo tiempo, el Museo del Prado, en el edificio conocido como Villanueva, reúne la colección más completa de pintura española de los siglos XI al XVII, y se exponen cuadros de autores españoles desde el Románico hasta principios del siglo XIX. Además, en este Museo Nacional del Prado disponemos de un importante número de lienzos de las escuelas italiana, flamenca, inglesa, alemana, holandesa, etcétera.
Este museo cuenta con un número importantísimo de obras en su sede, con cerca de 18.000 obras en exposición, pero también es verdad que hay una cantidad importante --cerca de 12.000 obras-- que se encuentra en los almacenes del propio museo, y más de 4.000 obras que conforman lo que se denomina el Prado disperso.
En función de todo ello, señora ministra, este senador desearía conocer de qué forma se van a gestionar los fondos dispersos del Museo Nacional del Prado.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.

La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera):
Gracias, señor presidente.
Señoría, ha planteado usted una cuestión de extraordinaria importancia para quienes nos dedicamos a gestionar materias culturales, y desde luego para todos los españoles, porque, efectivamente, el Prado, si no es la mejor pinacoteca del mundo --para mí sí lo es--, desde luego es uno de los más grandes museos de pintura del mundo, especialmente de los siglos XVI y XVII, como su señoría ha señalado.
La gestión de los fondos dispersos del Museo Nacional del Prado se realiza a través de dos líneas de actuación contempladas en el programa general de actividades del Museo del Prado y que son las siguientes: «El Prado disperso» y «El Prado itinerante». «El Prado disperso» gestiona el control, la ordenación y conservación de los fondos pertenecientes al Museo Nacional del Prado que están depositados en numerosas instituciones distintas al Prado; normalmente son instituciones públicas, unas en territorio español y otras fuera de España. «El Prado itinerante» contempla la organización de exposiciones temporales con fondos exclusivamente del Museo del Prado, la mayoría de ellos procedentes de todos estos depósitos, exposiciones que están estructuradas en los distintos programas que desarrolla el propio museo.
Todo esto se desarrolla en torno a tres ejes estratégicos que son las líneas de trabajo del Museo del Prado en la actualidad: la ampliación, la modernización y la actividad y el servicio. En primer lugar, yo quisiera resaltar, respecto de la ampliación, que también incluye una nueva sede situada fuera de Madrid, el Palacio de los Aguila en Avila, que será centro de gestión de «El Prado disperso» y de «El Prado itinerante». Por lo que se refiere a la modernización, se va a prestar especial atención a la gestión de «El Prado disperso» y de «El Prado itinerante». Por lo que respecta a la búsqueda de objetivos de excelencia en la actividad del museo y en el servicio que presta a la sociedad española, el Prado va a desarrollar en el año 2003 tres programas prioritarios de actuación: «El Prado propone», que engloba trabajos de conservación y restauración; «El Prado atiende», que es un programa de calidad en el servicio al público visitante, y «Trabajando para el nuevo Prado», programa cuyo objetivo es coordinar el servicio con las obras de ampliación de tal modo que la repercusión en el visitante sea la mínima. Por tanto, estos son los tres programas que de manera inmediata se van a desarrollar también.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica tiene la palabra el senador Sanz Pérez.

El señor SANZ PEREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra, por su extensa información, y sobre todo por la clara definición de objetivos que usted y el ministerio que dirige nos marcan y vienen marcando desde hace tiempo. En ello también va incluido nuestro agradecimiento por su sensibilidad por la cultura y el arte.
Definir la gestión de «El Prado disperso» y «El Prado itinerante» --luego me referiré a ello para comentar la noticia que usted nos ha dado-- y poner en marcha la transformación más importante que está acometiendo el Museo Nacional del Prado desde su apertura en el año 1819 es un reto importante y ambicioso y, desde luego, sin duda es algo que beneficiará, no ya a la sociedad española, sino a ese importante número de visitantes que acuden muy especialmente a ver el museo sobre todo por su ampliación.
Como usted comprenderá, señora ministra, no me voy a referir a la ampliación de Madrid, sino a algo importante que marca la historia del Museo del Prado: por primera vez se crea una nueva sede situada fuera de Madrid. Señora

ministra, como senador que soy por Avila, yo le agradezco que esa sede se inscriba en un edificio emblemático de la ciudad de Avila, en el Palacio de los Aguila, un edificio del siglo XVI que, como usted ha dicho, va a ser el centro de gestión de «El Prado disperso» y de «El Prado itinerante». Esta ampliación llega a su nueva sede, Avila, ciudad Patrimonio de la Humanidad, nombramiento muy importante, ciudad en la que existe una intensísima actividad cultural no sólo de consumo interno sino también externo, lo que hará que se incrementen de forma importante esos casi 800.000 visitantes que hoy tenemos. Por tanto, esa apuesta decidida por el progreso que usted hace con la ampliación del Museo del Prado, sin duda dará un mayor servicio público y sobre todo algo importantísimo: una intensa actividad científico-académica.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON ROGELIO PARDO GABALDON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA NUEVA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE REGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO (680/001039).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Rogelio Pardo Gabaldón, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno con respecto a la nueva Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Tiene la palabra el señor Pardo.

El señor PARDO GABALDON: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, el pasado 12 de diciembre el Pleno del Senado aprobó con sólo cinco votos en contra el proyecto de ley del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Cuando entró en esta Cámara la recibimos con la satisfacción del cumplimiento de una promesa electoral, del conocimiento de ser fruto de mucho diálogo y aportaciones parlamentarias y extraparlamentarias y la percepción de ser una ley necesaria, querida y compartida por la sociedad, por los ciudadanos y por nuestros representados.
Desgranándola pudimos apreciar la sensibilidad social y la inteligencia económica de una ley que, gracias a un régimen fiscal favorable, propicia una intensa colaboración entre el sector público y el sector privado para multiplicar los recursos y generar voluntariado y miles de empleos que sólo con el sector público no sería posible atender. El proyecto de ley se ha transformado en la Ley 49/ 2002 de 23 de diciembre. Después de casi dos meses de andadura, ¿cómo valora el Gobierno la citada ley y su incipiente desarrollo? El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.

La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera):
Gracias, señor presidente.
Señoría, aunque la ley que usted ha mencionado, Ley 49/2000, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal sobre las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, es eminentemente de carácter fiscal, en cambio tiene unas repercusiones de una importancia extraordinaria sobre las actividades no sólo de naturaleza cultural sino también de investigación científica y deportiva, y en los tres ámbitos tiene mucho que decir, obviamente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Nosotros entendemos que las medidas que se contemplan en la ley van a ser muy positivas. Hay que significar que suponen una mejora sustantiva de la ley anterior, del año 1994, ya que conlleva un incremento muy notable de estímulos fiscales a la colaboración privada. ¿Qué aspectos serían los más destacables? Yo subrayaría los siguientes: en primer lugar, la ampliación de las entidades a las que se les puede aplicar el régimen tributario de las entidades sin fines lucrativos, como fundaciones, asociaciones, federaciones deportivas, Comité Olímpico Español, Comité Paralímpico Español y otras asimiladas, como por ejemplo el Instituto de España y las reales academias españolas. Supone en este sentido una extensión considerable de la asignación de beneficios a un conjunto de entidades que contribuyen y coadyuvan con este ministerio a las actividades que lleva a cabo en distintos ámbitos sectoriales.
El segundo aspecto que entiendo que se debe subrayar como muy positivo es el establecimiento para las fundaciones y otras entidades no lucrativas de un régimen fiscal en el impuesto de sociedades próximo a la exención total, ya que sólo tributará al tipo del 10 por ciento por aquellas actividades económicas no recogidas entre los supuestos de exención. Esta nueva situación deberá, lógicamente, provocar un aumento de los recursos disponibles, teniendo en cuenta el carácter no lucrativo de estas entidades cuyas actividades se orientan predominantemente hacia el mundo cultural.
El tercer rasgo que me gustaría señalar es la ampliación de los supuestos objetivos de mecenazgo junto a la evaluación de los tipos de desgravaciones, tanto para personas físicas como jurídicas, y la eliminación de determinadas limitaciones para ciertas modalidades de colaboración empresarial.
Todo ello deberá contribuir a dinamizar los fenómenos del patrocinio y del mecenazgo, haciendo atractiva fiscalmente para empresas y particulares la colaboración en proyectos y actividades de interés general, que es sumamente necesario para un desarrollo sostenido y al alza de las actividades relacionadas , insisto, no sólo con lo estrictamente cultural sino también con lo deportivo, con la investigación, así como con otras actividades que se puedan asimilar a estas últimas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DON FRANCISCO JAVIER SANZ CARRAMIÑANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA PONER EN MARCHA UNA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES (680/001034).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Francisco Javier Sanz Carramiñana, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para poner en marcha una ley de responsabilidad civil de riesgos medioambientales.
Tiene la palabra el senador Sanz Carramiñana.

El señor SANZ CARRAMIÑANA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ya sabe cuál es la pregunta y, por tanto, lo único que me queda es conocer su respuesta.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señor presidente.
Señoría, como usted sabe, las previsiones a este respecto son la aprobación del anteproyecto que ya está confeccionado cuando se apruebe la directiva de responsabilidad , que es la que nos acota el marco de aprobación definitiva de esta ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para turno de réplica, tiene la palabra el senador Sanz Carramiñana.

El señor SANZ CARRAMIÑANA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, parece que estamos de acuerdo en cuanto a la conveniencia y la necesidad de elaborar una ley de responsabilidad civil sobre los riesgos medioambientales, además de la ya existente referente al tráfico marítimo. Por cierto, tengo que recordarle que la aprobación de la citada ley fue una propuesta del Gobierno español bajo la Presidencia de la Unión Europea y un compromiso personal suyo y prioritario. Y voy a citar sus palabras en una reunión celebrada en Palma de Mallorca: Plan de acción concreto en la declaración y en la acción. Directiva contra el abuso ambiental. Se fijaba como fecha junio 2002, y han pasado prácticamente nueve meses.
En este momento usted ha manifestado que el Gobierno ha elaborado un anteproyecto y me gustaría conocer las líneas en las que puede ir encaminado. Pienso que urge la aprobación de la citada ley y no podemos olvidar que el 20 por ciento de la contaminación marítima procede de los buques, mientras que el 80 por ciento restante se ha originado por residuos urbanos e industriales, y considero que sobre esta cuestión poco o nada se está haciendo.
Hasta el año 1967 aproximadamente, también a consecuencia de un accidente de un buque petrolero, no vio la luz el convenio internacional de responsabilidad civil que, por cierto, fue elaborado en menos de 18 meses, y tuvo lugar como consecuencia de catástrofes que dieron lugar a mareas negras y permítame que le cite algunas: «Urquiola», «Exxon Valdez», «Mar Egeo», «Erika» y últimamente, la desgracia del «Prestige».
Ustedes, el Gobierno del Partido Popular, que tanto copian a sus amigos norteamericanos, bien podían copiar en este mismo sentido. La Agencia de Protección Ambiental americana, persigue, localiza y hace pagar a las empresas el 70 por ciento de los daños. En nuestro país da la sensación, señor ministro, que el lema de «quien contamina paga» se ha convertido en «a quien contamina se le premia». No tengo muchas esperanzas de que usted tome cartas en el asunto, máxime cuando nos hemos enterado de la apertura en Bruselas del expediente a España por no colaborar en denuncias medioambientales, y me refiero a la falta de colaboración del Gobierno español a la hora de ofrecer información.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que la nueva ley debe ser objeto de debate social, participación y consenso; debe recoger que hechos de tales características no se queden impunes , que se resarcen los daños que se produzcan al medio ambiente y se vuelva al entorno natural.
Unicamente quiero recordar al señor ministro la mayor catástrofe que tuvo lugar en España, las minas de Boliden en Aznalcóllar. Como he dicho anteriormente, en Estados Unidos, como antes he dicho, la empresa que genera la contaminación es la que paga el 70 por ciento de los daños y en este sentido el anteproyecto de ley del Gobierno, como mínimo, debe partir de estos parámetros. También se deben tener en cuenta los cobros de las indemnizaciones de los afectados y que no suceda como con el petrolero «Mar Egeo», que después de verter 73.000 toneladas de crudo frente a las costas de La Coruña, diez años después, sólo se va a cobrar el 10 por ciento de los daños ocasionados.
Asimismo, se deben suscribir seguros específicos por riesgos ecológicos y considero que lo más importe es la prevención porque estamos convencidos de que es el arma más eficaz y económica para luchar contra la contaminación...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de dúplica tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, coincido completamente con lo que usted ha dicho. Ya sabe que aprobar esta ley es un compromiso del Gobierno, como lo fue también de la Presidencia española. Pero de su intervención me han llamado la atención un par de cuestiones. La primera es que, si esta ley era tan importante, considerando lo que ocurrió con el «Mar Egeo», no sé por qué ustedes no la elaboraron. No lo entiendo, porque

hubo tiempo más que suficiente para hacerlo. En cualquier caso, la rectificación es bienvenida.
Por otro lado, el anteproyecto, que usted dice que no conoce, ha sido ya sometido a consulta de todas las comunidades autónomas, de todos los agentes económicos y sociales interesados, del sector asegurador y también del Consejo Económico y Social. Asimismo, hemos recibido informes del Consejo General del Poder Judicial y de la Comisión General de Codificación. Es decir, ya está tramitado, y no tengo ningún inconveniente en hacérselo llegar.
Nosotros somos los primeros interesados en que exista una ley de responsabilidad civil medioambiental, y ya durante la Presidencia española conseguimos avanzar mucho en esta directiva. Lo que ocurre es que España no puede aprobar una normativa que vaya en contra de una directiva comunitaria --creo que en eso coincidiremos, ¿verdad? Imagínese el ridículo que haríamos si aprobáramos una normativa que fuera contraria a la directiva--, con lo cual, estamos desarrollando una normativa propia para que una vez se apruebe la directiva europea podamos realizar inmediatamente la transposición de esa norma. Ese es nuestro interés. Así pues, insisto en que en la prioridad es que se apruebe la directiva europea para que en ese momento España pueda llevar a cabo esa transposición.
Por otra parte, coincido completamente con usted en el deseo de que esta ley entre en vigor cuanto antes para que el principio de que quien contamina paga sea una realidad en la Unión Europea. Y si hay algún otro método para ello que usted crea que se pueda utilizar estaré encantado de que me lo indique, pero no conozco otro que no sea el de aprobar la directiva de forma inmediata y que, a continuación, España sea el primer país, porque es el más interesado, en llevar a cabo su transposición.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


--DE DON JAVIER SOPEÑA VELASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO ACERCA DE LA REUNION DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA), CELEBRADA EN NAIROBI (KENIA) DURANTE LOS DIAS 3 A 7 DE FEBRERO DE 2003 (680/001040).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Javier Sopeña Velasco, del Grupo Parlamentario Popular, sobre si puede informar el Gobierno acerca de la reunión del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, celebrada en Nairobi, Kenia, durante los días 3 a 7 de febrero de 2003.
Tiene la palabra el senador Sopeña Velasco.

El señor SOPEÑA VELASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor ministro, sucesos como el del «Prestige» han hecho que la Unión Europea, por iniciativa del Gobierno español, haya emprendido acciones encaminadas a reforzar la seguridad marítima con el fin de tratar de evitar hechos de consecuencias tan nefastas como el mencionado.
Por otra parte, es indudable que la toma de postura en este sentido por parte de otros organismos internacionales supondría una presión importante sobre la organización marítima internacional (OMI) en lo que se refiere a revisar la legislación internacional relativa al transporte marítimo de sustancias contaminantes en barcos de un solo casco, así como al establecimiento de medidas que permitieran paliar los daños causados por vertidos de petróleo al mar.
Señor ministro, somos conocedores del interés del Gobierno español por trasladar esta iniciativa al Consejo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y, dado que se ha celebrado una reunión del PNUMA en Nairobi durante los primeros días del presente mes de febrero, ¿puede confirmarnos si en la misma se ha analizado la propuesta española e informarnos sobre lo tratado en dicha reunión? Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias señor Presidente.
Señoría, efectivamente, el día 5 de febrero dio comienzo el segmento ministerial de esta cumbre, en la que se celebraron tres mesas redondas sobre la implementación de los resultados de Johannesburgo, en especial, sobre los aspectos de la iniciativa para Africa, Nepat, los patrones de producción y consumo sostenibles y los recursos naturales como base para luchar contra la pobreza.
Quiero destacar que en esta reunión España ha presentado efectivamente un proyecto de decisión dentro de la Unión Europea sobre seguridad marítima a raíz del accidente del «Prestige». El Consejo del PNUMA aprobó esta propuesta en la que se invita a la Organización Marítima Internacional (OMI) a revisar la legislación internacional en esta materia para prohibir los tanques monocasco y a la creación de un fondo suplementario que cubra no sólo a las víctimas de estas catástrofes, sino también todos los efectos medioambientales derivados de las mismas.
La propuesta de España, que naturalmente había sido ya asumida por la Unión Europea, ha sido aceptada por el plenario en la reunión del PNUMA con el apoyo expreso de un gran número de delegaciones. El Consejo de Administración aprobó también las decisiones relativas al estado del medio ambiente en químicos, mercurio, medio ambiente marino, estrategias sobre el agua, apoyo a Africa, medio ambiente y diversidad cultural, cambio climático, coordinación y cooperación dentro del marco de las Naciones Unidas en cuanto al papel del PNUMA en el refuerzo de las actividades regionales y la cooperación en la organización subregional, la función de la sociedad civil y la gobernanza ambiental internacional.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DON CESAR AJA MARIÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS OBJETIVOS PREVISTOS POR EL GOBIERNO CON LA FIRMA DE LOS TRES CONVENIOS DE COLABORACION ENTRE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE Y VARIOS ORGANISMOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL DE MARGENES DE RIOS Y OTROS ESPACIOS (680/001041).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor, don César Aja Mariño, del Grupo Parlamentario Popular, sobre los objetivos previstos por el Gobierno con la firma de los tres convenios de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Norte y varios organismos de la Comunidad Autónoma de Galicia para la recuperación ambiental de márgenes de ríos y otros espacios.
Tiene la palabra el senador Aja Mariño.

El señor AJA MARIÑO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el paulatino abandono de sus tierras por parte de los habitantes de la zona rural por motivos obvios, concretamente en Galicia, modifica sustancialmente el campo gallego, y por supuesto también las zonas limítrofes con los ríos gallegos. Concretamente en zonas y lugares próximos a la zona marítima las plantaciones autóctonas que hasta ahora existían vienen siendo suplantadas por plantaciones de eucalipto. Ello, como digo, modifica sustancialmente tanto la fauna como la flora de nuestros ríos. Si a ello añadimos la protección de ciertas especies como la nutria y la garza, se dificulta enormemente el crecimiento de otras especies autóctonas, como las truchas, en los ríos gallegos.
Consecuentemente es necesario que por parte del Ministerio de Medio Ambiente se vaya recuperando el ecosistema primitivo para conservar y preservar las especies autóctonas de los ríos gallegos, tal y como hasta ahora se viene haciendo.
Por todo ello mi pregunta se centra en cuál es el objetivo perseguido por el Gobierno con la firma de los tres convenios de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Norte y varios organismos de Galicia para recuperar y restaurar ambientalmente márgenes de ríos y otros espacios.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente hemos suscrito tres convenios de colaboración con varios organismos de Galicia que se enmarcan dentro de este plan de restauración hidrológica, protección y regeneración de cauces y enclaves naturales del ministerio. Con ello realizaremos la restauración forestal de áreas que hoy son susceptibles de erosión y arrastre de terrenos, la regeneración de cauces y la protección de zonas y enclaves naturales relacionados con el medio ambiente fluvial, tal y como se recoge en el acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre.
Los tres convenios ascienden a un importe aproximado de cuatro millones 258.000 euros. El primero de ellos es el convenio de colaboración entre la Consellería, el Organismo Autónomo de Aguas de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Norte para la financiación, ejecución y explotación del proyecto de recuperación del cauce y márgenes del río Arnoia, en el término municipal de Allariz. El segundo, es el convenio de colaboración para el acondicionamiento de la margen derecha del río Miño, a su paso por Salvatierra de Miño, término municipal de Salvatierra de Miño, en Pontevedra; y el tercero, es con la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma y con la de Medio Ambiente, así como con la Asociación Gallega de Pizarristas, para la financiación y desarrollo de la dirección técnica de los proyectos y obras de todas las actuaciones de restauración hidrológico-forestal en las áreas afectadas por antiguas escombreras de pizarra de toda la Comunidad Autónoma de Galicia.
Pues bien, el primer convenio pretende ejecutar, de forma coordinada, la actuación en 1,5 hectáreas y en unos 3 kilómetros de ribera. El segundo convenio también pretende la ejecución de una actuación de restauración hidrológico-forestal en un área de 6 hectáreas y 2 kilómetros de ribera, y el tercer convenio pretende paliar los impactos ambientales hidrológicos que las industrias del sector de la pizarra ocasionan sobre el medio hidráulico, sobre el terreno y sobre la cubierta vegetal, fundamentalmente en la zona de Valdeorras, en Orense, y Quiroga, en Lugo, pertenecientes a la cuenca del río Sil, donde existen unas 170 hectáreas de terreno deforestado, árido y degradado.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Aja Mariño.

El señor AJA MARIÑO: Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente quiero agradecerle todo este esfuerzo que su departamento viene realizando en Galicia, y créame que hablo con perfecto conocimiento de causa, puesto que son muchos los años que llevo en el ayuntamiento.
Gracias también porque el esfuerzo que se viene realizando va a recuperar los ecosistemas gallegos, que se están perdiendo y, al mismo tiempo, va a recuperar también los nichos ecológicos gallegos así como las costas.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



--DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE SI EL GOBIERNO COMPARTE LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA CONFERENCIA CELEBRADA EL DIA 21 DE ENERO DE 2003 EN EL FORUM EUROPA (680/001024).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si el Gobierno comparte las manifestaciones realizadas por el presidente del Tribunal Constitucional en la conferencia celebrada el día 21 de enero de 2003, en el Fórum Europa.
Tiene la palabra la senadora De Boneta.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige que los pronunciamientos por parte del Tribunal estén dentro de los aspectos de dignidad e imparcialidad, necesarios para la emisión de sus resoluciones. El señor presidente del Tribunal Constitucional el día 21 de enero emitió una serie de opiniones, bajo mi punto de vista fuera de lugar y fuera de tiempo, sobre interpretaciones concretas de la Constitución Española que, como mínimo, deberían ser calificadas como frívolas, además de adelantar --y esto es más grave-- una opinión privada sobre un pronunciamiento que sólo el Tribunal Constitucional debe decidir.
Existen precedentes de otras actuaciones de este señor, y además existe algo que pone en peligro la imagen de imparcialidad del Tribunal Constitucional, puesto que ya ha sido recusado en otras ocasiones.
El Gobierno, a través de alguno de sus miembros, estaba presente en esa conferencia. Oficialmente no se ha pronunciado, pero a través de las imágenes de la televisión pública pudimos observar que algún ministro aplaudía, con cierta complacencia, las declaraciones del señor Jiménez de Parga en dicha conferencia, cuando además estas declaraciones peyorativas coincidieron con unas manifestaciones del señor presidente del Gobierno que hacían referencia a la tribu. Por tanto, quisiera saber si el Gobierno comparte estas declaraciones o siquiera comparte que el Presidente del Tribunal Constitucional actúe fuera de lugar y de tiempo, haciendo manifestaciones que, desde mi punto de vista, sólo han de hacerse dentro del ámbito del propio tribunal.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señor presidente.
Señora senadora, no es misión del Gobierno compartir o no opiniones de otras instancias o autoridades del Estado. De todas formas, sí le quiero decir algunas cosas que tenemos muy claras. En España no hay que desterrar ninguna opinión; en España no hay que desterrar ninguna idea; en España lo único que tenemos que desterrar son las pistolas y el terrorismo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) En segundo lugar, el Gobierno no comparte en absoluto sino que denuncia que existe una estrategia permanente de deslegitimación del Tribunal Constitucional por parte de algunas opciones nacionalistas.
En último lugar, deseo manifestarle que, si hace referencia en la pregunta a alguna sonrisa o a algunos aplausos, como su señoría sabe, al menos por cortesía, yo siempre aplaudo y lo hago cuando estoy de acuerdo y cuando no lo estoy.
Con respecto a la sonrisa, su señoría y yo compartimos que la peor de las sonrisas es la que se observa muchas veces en el País Vasco cuando algunos se sonríen o se ríen ante el asesinato de alguna persona que no comparte sus ideas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra la senadora De Boneta y Piedra.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias ,señor presidente, señor ministro.
Tengo que compartir con usted algunas de las cuestiones, y espero que con su referencia a las sonrisas no aludiera ni a mí ni a ninguna persona de mi ideología política o de mi partido. Estoy de acuerdo en que lo único que debe estar desterrado, efectivamente, es el aplauso a las pistolas y al terrorismo.
En segundo lugar, señor ministro, no creo que pueda mantenerse una actitud complaciente hacia una acción que deslegitima a un tribunal, hacia una acción que deslegitima al Tribunal Constitucional. No estamos poniendo en duda sino aquellas cuestiones y actuaciones que miembros del Tribunal Constitucional, en este caso su presidente, desgraciadamente, han tenido a bien manifestar en público. Por supuesto que el señor Jiménez de Parga tiene derecho a mantener sus ideas, y todos conocemos las ideas al parecer fuertemente centralistas y uniformistas que mantiene este señor, y su interpretación muy personal de la Constitución, que creo que puede ser interpretada de otras maneras. Las ideas son libres, sin embargo hay ideas que desde las instituciones encargadas de pronunciarse en el ámbito judicial y en del ámbito del Tribunal Constitucional no deben ser expresadas por respeto a la propia institución.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Arenas Bocanegra):
Gracias.


Señora senadora, con un profundo respeto hacia su persona y la opción política que representa debo decirle que no comparto en absoluto que haya ninguna interpretación uniformista por parte del Tribunal Constitucional, y entre otras cosas no lo comparto porque entre todos hemos conseguido que España sea el país más descentralizado de la Unión Europea, y entre todos, incluido el Tribunal Constitucional, con sus interpretaciones, hemos conseguido también que el País Vasco sea la comunidad de Europa con un nivel más alto de autogobierno. Por eso nunca entenderé que aquellos que han manifestado reiteradamente su compromiso con el Estatuto hayan desarrollado un giro tan radical e intenten deslegitimar las actuaciones del Tribunal Constitucional. En este caso, son las palabras del presidente del Tribunal Constitucional. Y por cierto, he de decirle que el concepto de comunidades históricas nunca debe utilizarse para agraviar a otras comunidades de España. Nunca. Andalucía tiene mucha Historia, y ¿quién puede negar la Historia de Castilla? Por tanto, yo pediría a su señoría que todos juntos respetásemos la Historia y que todos juntos respetásemos los hechos diferenciales que consagra la Constitución Española, muchos de los cuales tienen que ver con la Historia y con la cultura como, por ejemplo, la foralidad o las otras lenguas oficiales.
Respeto a la Historia, respeto a la Constitución.
Cuando he hablado de sonrisas ante el asesinato de alguien, lo he comprobado en Andoain, no me refería ni a su persona ni a su grupo, pero ya que hablo con usted, si usted no se enfada, le diré que hagan lo que puedan para que en Andoain no haya un alcalde de Batasuna, porque es lo mismo que decir que hay un alcalde de ETA. (Aplausos.) Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.


--DE DOÑA ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO DE INICIAR ACTUACIONES FRENTE A LOS GRAVES CASOS OCURRIDOS POR EL USO DE SILICONA INYECTABLE (680/001033).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Excelentísima señora doña Antonia Aránega, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Ministerio de Sanidad y Consumo de iniciar actuaciones frente a los graves casos ocurridos por el uso de silicona inyectable.
Tiene la palabra la senadora Aránega.

La señora ARANEGA JIMENEZ: Gracias, señor presidente.
Queda formulada la pregunta en los términos que usted la ha expresado.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.

La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero precisar que los productos destinados a inyectarse para modificar la anatomía con fines estéticos tiene la consideración legal de productos sanitarios implantables. Los inyectables de silicona líquida con fines estéticos no han sido autorizados nunca en España como implante clínico y no se ha realizado la preceptiva notificación de comercialización en España de ningún inyectable de silicona líquida con marcado CE, de acuerdo con la directiva comunitaria aplicable en esta materia. Por lo tanto, la comercialización y utilización de inyectables de silicona líquida para con fines estéticos deben considerarse actividades clandestinas, sujetas a las acciones de control de mercado y política administrativa que corresponden a las comunidades autónomas, como expresamente recoge el Real Decreto 414/1996 por el que se regulan los productos sanitarios.
No obstante lo citado, nosotros estamos manteniendo contacto permanente con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que nos está informando puntualmente de por qué se desvió de su uso un producto químico como es el aceite de silicona.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
En turno de réplica, tiene la palabra la senadora Aránega.

La señora ARANEGA JIMENEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la verdad es que con su respuesta no queda cubierta la responsabilidad en el ámbito de la sanidad y del consumo. Porque recientemente, como usted ha recordado, en Las Palmas en una peluquería se inyectaba aceite de silicona, prohibida, como bien ha dicho, con fines médicos, a diferentes mujeres. Pero además en Santa Cruz de Tenerife tres personas, de forma ilegal, realizaban implantes de silicona. La última víctima de esta falta de control fue una mujer que necesitó la amputación de ambas mamas. Facultativos en diferentes sitios denuncian las lesiones irreparables en senos y en otras partes de la anatomía por intervenciones clandestinas. Es más, en Valladolid una paciente denuncia, también recientemente, graves daños sufridos por haberse sometido a intervención estética con silicona de soja que, como bien sabe, está prohibida también por su toxicidad y que le ha producido diversas incapacidades, entre otras la imposibilidad de masticar.
La asociación de defensor del paciente, ante este grave incremento de falta de control, manifiesta que alguien debe tomar cartas en este asunto, que está absolutamente descontrolado.
Hay más casos: dos peluqueras de 30 y 46 años --eso apareció en la prensa-- a la vez que cepillaban el pelo inyectaban silicona líquida en las mamas y en otras partes del cuerpo. Y la verdad, señora ministra, si todo esto no fuera tan grave por los casos que estoy citando y que todos

conocemos parecería esperpéntico y casi surrealista, pero lo terrible es que de esta falta de control se genera alarma social. ¿Por qué? Porque derivan extirpaciones de senos, granulomas faciales múltiples, incluso posibles enfermedades autoinmunes, etcétera. Y eso por no hablar de la venta y del consumo indiscriminado de anabolizantes, de la venta fraudulenta de la hormona del crecimiento, de los medicamentos milagro antiobesidad, del uso de rayos uva y láser en centros de belleza que anuncian tratamientos varios, y todo esto por destacar sólo lo que dramáticamente se está haciendo presente.
Señorías, se están produciendo en cascada y coetáneamente delitos graves que atentan contra la seguridad vital y contra la salud pública y es una irresponsabilidad decir que la culpa pueden tenerla las comunidades con competencias o incluso las propias personas afectadas, porque si esto fuera así, cabría preguntarse cuál es la razón de ser de su ministerio, de su presupuesto y del gasto que ocasiona.
Señora ministra, yo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, he denunciado en diferentes ocasiones la falta de control y de seguridad en estos campos, que generan, con razón, alarma social. Por eso le pido que se tome en serio estos temas que afectan tanto al ámbito de la salud como al ámbito del consumo y que establezca las medidas informativas y legislativas oportunas y necesarias para proteger a los ciudadanos, y les requiero, una vez más, medidas políticas que produzcan información transparente y garantías de calidad y de seguridad en torno a estos temas que están produciéndose exponencialmente y que causan graves daños en los ciudadanos que nosotros denunciamos sistemáticamente.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad.

La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Gracias, señor presidente.
Señoría, lo que usted ha hecho en el tiempo que le ha tocado intervenir es generar una cierta alarma social. (Rumores.) Y le quiero decir lo siguiente: La ministra de Sanidad y Consumo se toma en serio las responsabilidades que le competen al Ministerio de Sanidad y Consumo, que, por cierto, son muchas, no le quepa la menor duda, ... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): ... y que son el establecimiento de los criterios de seguridad, de eficacia y de calidad que deben reunir los productos para poder ser comercializados, exactamente como prevé el Real Decreto 414/1996. Cuando usted habla en ese largo listado --por cierto, yo no le ha pagado por que lo diga--, por ejemplo, de los rayos uva o de la hormona del crecimiento, quiero recordarle, señoría, que por primera vez en España se ha regulado la utilización de los rayos uva, y ha sido precisamente por el Gobierno que en este momento gobierna en España, por un Gobierno del Partido Popular.
Y le voy a decir más: nosotros en este sentido queremos seguir avanzando, señoría, porque a la ministra de Sanidad le preocupa el hecho de que haya solamente una mujer que pueda tener algún problema.
¿Quiere que le diga una cosa? ¿Sabe que hoy en Europa se está debatiendo precisamente este tema? ¿Sabe usted que muchas de las recomendaciones que entre hoy y mañana sacará la Unión Europea son algunas de las aportaciones que ha hecho el Gobierno de España? ¿Sabe usted que estamos trabajando para que en breves fechas podamos disponer de un registro de todos los implantes que se realizan en España? Eso son actuaciones, señoría, y no venir a aquí a leer un listado que a usted le parece que es... (Protestas.) El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.

La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): ... que a usted le parece que pueden ser responsabilidades del Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
--Varios senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien, muy bien!--La senadora Aránega Jiménez:
Ministerio de Sanidad y Consumo.
--Fuertes protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.


--DE DON FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS PROXIMAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) TRAS LA DIMISION DE SU PRESIDENTE (680/001023).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Francisco Xabier Albistur Marin, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las próximas actuaciones del Gobierno en relación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tras la dimisión de su Presidente.
Tiene la palabra el senador Albistur.

El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo únicamente espera saber la opinión y perspectivas de actuación del Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.

El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a seguir trabajando para mejorar la situación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo venimos

haciendo desde hace muchos años; se han incrementado mucho los presupuestos, se ha incrementado mucho las ofertas públicas de empleo, se ha incrementado la coordinación con otros organismos públicos de investigación. Sé que hay problemas, pero los estamos abordando y los vamos a abordar con independencia de las personas concretas que en cada momento ocupan la Presidencia del Consejo. Como es natural, hay nombramientos, hay dimisiones, hay ceses, pero en cualquier caso la línea política del Gobierno va a seguir siendo la misma.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Albistur Marin.

El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, a nosotros nos parece que éste, que puede ser un hecho puntual, es un hecho preocupante. Nuestro grupo considera --y voy a repetir algo que ya dije también públicamente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en una conferencia en la que tuve la oportunidad y la fortuna de participar, porque me parece que éste es un tema más serio que la pura dimisión del todavía actual presidente-- que la política científica y tecnológica o el llamado sistema de ciencia y tecnología son realmente el resultado de una política del ministerio o de los ministerios, y cambiantes según sus dirigentes, pero no son verdaderamente el resultado de una política de Estado, preocupación que también ha sido formulada por el actualmente dimitido director de investigación en su comparecencia del miércoles pasado. Falta un consenso político parlamentario y quedan por integrar las importantes iniciativas de las comunidades autónomas, la universidad y también una parte importante de la investigación privada.
Los Presupuestos Generales del Estado denominan al Consejo Superior de Investigaciones Científicas como el órgano encargado de la ejecución del programa de investigación científica, dado su carácter de entidad vinculada a la Administración.
A mi modo de ver, ésta es una muestra de uno de los problemas graves que supone la intervención política y administrativa que ha caracterizado la política científica y tecnológica española y cuyas consecuencias limitan la libertad investigadora y la creatividad y condicionan los objetivos y resultados a través del control de los recursos.
El sistema reclama una modernización de sus instituciones y, por eso, a nuestro modo de ver, es necesario desinstrumentalizar el Consejo Superior de Investigaciones Científicas separándolo de la Administración, dejando de ser un ente más del Gobierno, un Instituto más de la Administración, con toda su excelencia reconocida, pero que conlleva el sello del Gobierno de turno correspondiente.
Y planteamos incrementar su autonomía investigadora impidiendo que el científico distraiga su tiempo en gestión administrativa y financiera y se vea influido o condicionada para las posiciones ideológicas del partido dominante. Y hay modelos en Europa cuya calidad y resultados no tienen discusión y que son fácilmente imitables. Un Consejo Superior de Investigaciones Científicas que esté gobernado por la comunidad científica, financiado por la Unión Europea, la Administración Central, las comunidades autónomas y las empresas, constituido como institución científica administrativa y políticamente independiente, cuyos presupuestos se fundamenten en las aportaciones de estas instituciones citadas y los proyectos en los que participe.
La propuesta tiene su fundamento en la introducción, en la política científica y tecnológica de los siguientes criterios que les voy a enumerar porque no me va a dar más tiempo: potenciar la diversidad y heterogeneidad en las instituciones que deben constituir el sistema de ciencia y tecnología; eliminar el dirigismo político; fomentar la competitividad, y romper con el sistema de burocracia administrativa y funcionarial actual.
Todo esto, como también concluía el dimitido director de Investigación en su comparecencia del miércoles pasado, es lo que se propone como política de Estado, libre de toda atadura partidista o de una propuesta administrativa o gubernamental, para ceder la formulación de sus contenidos y control tanto a la comunidad científica como a las Cortes Generales, y de esta forma asegurar la continuidad y durabilidad a largo plazo de la política científica de la cual el Consejo Superior es un importante instrumento.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.

El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
Si usted ha venido siguiendo algunas de mis intervenciones públicas sobre la situación de la investigación y el desarrollo tecnológico en España en las últimas semanas, cosa a la que no está obligado como es natural, si fuera así, habrá observado que he expresado una preocupación sobre la necesidad de dar un salto cualitativo en la investigación y en el desarrollo y en la innovación tecnológicos. Atribuyo una gran responsabilidad para que ese salto cualitativo se produzca a la actuación de las empresas del sector privado, pero también soy muy consciente de que la articulación de todo el sistema de ciencia-tecnología-empresa-sociedad pasa por un funcionamiento más eficaz de los organismos de investigación, tanto públicos como privados. Y dentro de los organismos públicos de investigación lógicamente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas juega un papel clave.
Por todo ello, hemos puesto en marcha un debate social en el que se incluyen los organismos públicos y privados de investigación, las universidades, las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, para que en el marco de elaboración del Plan Nacional de I+D para los

años 2004-2007 podamos también introducir criterios de mejora en el funcionamiento del Consejo.
Eso no quiere decir que estemos descontentos de los resultados. Se han hecho grandes esfuerzos y yo quiero valorar expresamente el trabajo de los investigadores y del personal de apoyo del Consejo en estos últimos años, con grandes resultados.
Hemos ampliado el presupuesto, casi duplicado, desde el año 1997. Se han hecho ofertas públicas de empleo, sobre todo en estos últimos años, muy importantes. Estamos analizando algo que preocupa a los investigadores, y al personal del Consejo en su totalidad, y con razón, que es el sistema de retribuciones, porque se han ido produciendo, en función del proceso de transferencias de las universidades a las comunidades autónomas, desigualdades salariales que hoy son difícilmente comprensibles para trabajos de igual característica. Pero vamos a ver cómo podemos ir afrontándolo entre todos.
La voluntad del Gobierno es muy clara. Consideramos al Consejo como una pieza clave. Yo no tengo inconveniente en discutir cómo podemos introducir mayor grado de autonomía en el funcionamiento del Consejo respecto de las directrices estrictamente políticas, pero si que le tengo que decir que, en cualquier caso, eso siempre tiene que estar supeditado a los principios orientadores del Plan Nacional de I+D que, a su vez, tiene que estar en coherencia con los programas marco de la Unión Europea que nos señalan unas prioridades a las que todos nos debemos. En ese terreno --yo le agradezco el tono de su intervención, señorías-- podemos seguir trabajando.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE DON RAMON ESPASA I OLIVER, DEL EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS INICIATIVAS POLITICAS Y LEGISLATIVAS QUE PIENSA IMPULSAR EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LO QUE RESTA DE LA PRESENTE LEGISLATURA (680/001025).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Ramón Espasa i Oliver, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés , sobre las iniciativas políticas y legislativas que piensa impulsar el Ministro de Ciencia y Tecnología en lo que resta de la presente Legislatura.
Tiene la palabra el senador Espasa i Oliver.

El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.
Podría dar por formulada la pregunta en sus propios términos, pero quisiera ampliarla un poco para facilitar la respuesta del señor ministro.
Es conocido, público y notorio, al menos en Cataluña, la próxima presentación del señor Piqué como candidato a la Generalidad de Cataluña.
Este es el motivo de la pregunta. ¿Cuánto tiempo va a estar usted más en el ministerio, señor Piqué? ¿Va a dimitir? ¿Va a ser cesado? ¿Es usted un ministro a plazo fijo? ¿Cómo va a compatibilizar el cargo de ministro de Ciencia y Tecnología su agenda política importante, importantísima, con nuevas dedicaciones, y cuándo se producirá esto si es que se va a producir?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.

El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ( Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
Yo no sé si es público o notorio, pero sí suficientemente conocido, y si no yo lo digo aquí, que soy presidente del Partido Popular de Cataluña desde hace unos pocos meses. En el último Congreso tuve el honor de ser elegido por mis compañeros. Y como presidente del partido debo ser el que respete más escrupulosamente los procedimientos y las normas internas de mi propia formación política.
Por tanto, quiero decirle que como no se ha producido ninguna proclamación oficial de ninguna candidatura al parlamento de Cataluña no tengo nada más que añadir. Yo lo que no puedo hacer es saltarme los procedimientos propios de mi propia fuerza política. Pero, yendo al contenido de su pregunta, le diré que los ministros, por definición, tenemos que trabajar como si tuviéramos todo el horizonte temporal por delante, pero siendo muy conscientes de que uno puede dejar esa responsabilidad en cualquier momento por voluntad del presidente del Gobierno. Y así es, y así debe ser, y no hay nada más que añadir.
Estoy trabajando como si tuviera todo el horizonte temporal necesario por delante porque hay muchas cosas en marcha, muchas de ellas muy ambiciosas que, además, espero que podamos ver concretadas y materializadas antes de que termine esta Legislatura.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Espasa i Oliver.

El señor ESPASA I OLIVER: Gracias.
Señor presidente, señor ministro, desde luego, y formalmente su respuesta es impecable. No esperaba otra respuesta de su parte. Sabía que tenía posibles salidas en el terreno de la formalidad, pero no en el terreno político en el que le planteaba la cuestión.
Usted, como el señor Matas, son ministros a plazo fijo. Y ésta es, en la opinión de mi grupo y del senador que les habla, una utilización perversa de los cargos políticos que hace el presidente del Gobierno. Si quiere le exonero a usted, pero en todo caso, su Gobierno, su partido, y el presidente de su Gobierno hace una utilización perversa de ciertos cargos políticos tan importantes, por cierto, como los de ministro del Gobierno de España.
Tener ministros a plazo fijo y dudar si será mejor hacerlo antes o después del verano, puesto que las elecciones en Cataluña serán en octubre; especular sobre cuál es el

mejor momento para aprovechar la popularidad del ministro tal o cual, en este caso el excelentísimo señor Piqué, repito, es una utilización perversa, políticamente perversa --corrijo-- de los cargos públicos, de la función del Gobierno y del altísimo papel que tiene y debe tener un ministro del Gobierno de España.
Yo no voy a ser el que haga comparaciones y diga qué es más importante, si ser candidato a la presidencia de la Generalitat de Catalunya o ministro. Las dos cosas son igualmente importantes. Las comparaciones son odiosas y no las voy a hacer. Lo que sí es odioso es jugar, con las cartas un poco o un mucho marcadas, o pasar de un cargo al otro, no sabemos si por dimitir o por ser cesado, para utilizarlo en beneficio propio, no digo personal, propio de la ideología del partido del que usted es meritoriamente, como nos ha dicho, presidente en Cataluña.
Recordando su larga trayectoria en las administraciones públicas y en la empresa privada, puede decirse que la de usted ha sido una tarea de dedicación profunda y exclusiva: en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, con Convergència i Unió, en ERCROS, donde se dedicaba en cuerpo y alma a la empresa que en aquel momento usted representaba y de la que recibía sus emolumentos, y ¿por qué cuando hace de ministro del Gobierno de la nación se dedica a hacer pluriempleo? ¿Es que es menos importante ser ministro de Ciencia y Tecnología que ser consejero delegado de ERCROS o director general en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya? ¿Es que podemos permitirnos los españoles que un cargo tan importante, como ser miembro del Gobierno, pueda compatibilizarse a tiempo parcial con hacer precampañas políticas? Nos parece que desde Cataluña esto será visto, y ya se está viendo, muy mal por su parte.
Si usted, legítima y honorablemente, aspira a ser presidente de la Generalitat de Catalunya no debería compatibilizar esta aspiración con un cargo político tan importante. O dicho al revés, si usted es ministro de España...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.

El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. Lamento que no haya podido terminar su intervención, pero me da la impresión de que era reiterativa. (Risas.) Por lo tanto, creo que le he entendido bien y que le podré contestar. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Qué gracioso!) Yo soy de los que creo que a veces se pueden hacer dos cosas simultáneamente. Cuando desempeñaba una actividad privada también me dedicaba a algún tipo de actividad pública; recuerdo que presidía una institución muy conocida en Cataluña, el Circulo de Economía, que usted también conocerá. Después, a lo largo de mi actividad política en el Gobierno de España, durante dos años compatibilicé la responsabilidades de ser ministro de Industria y Energía con las de ser portavoz, e hice lo que pude. Siempre cuesta y hay que dedicar más esfuerzo pero, si me lo permite y sin falsa modestia, puedo decir que no obtuve malos resultados.
Ahora conozco a muchos responsables políticos en Cataluña --la tira, si me permite la expresión poco parlamentaria-- que tienen responsabilidades políticas y administrativas y al mismo tiempo responsabilidades partidistas. El presidente de la Generalitat es quien es y, además, es presidente de su partido. El conseller en Cap es quien es y, además, es secretario general y el que había sido conseller de Governació también era secretario general de la federación. Pero incluso en el Partido Socialista el presidente de la Junta de Andalucía resulta que es presidente del Partido Socialista a nivel de toda España. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Yo no me escandalizo por eso, porque de lo que se trata es de que cada cual haga lo que sus responsabilidades políticas le permitan y obliguen.
Insisto en que yo asumo mi responsabilidad como presidente del partido.
Me presenté en el congreso con posterioridad a mis responsabilidades como ministro de Ciencia y Tecnología, porque creo que es un momento clave para actuar en política catalana al abrirse una nueva fase --creo que en esto todos coincidimos-- , pero al mismo tiempo sigo trabajando en mi departamento con plena dedicación. Al responder a la pregunta anterior he hablado del Plan nacional de I+D, pero podría haber añadido el ambicioso paquete legislativo que preparamos en el ámbito de las telecomunicaciones, que espero que podamos tenerlo en esta Legislatura.
Gracias. (Aplausos.) --DE DOÑA MARIA MERCEDES COLOMA PESQUERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA RECIENTE IMPLANTACION DE LA LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DE COMERCIO ELECTRONICO (680/001042).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Pregunta de la excelentísima señora doña María Mercedes Coloma, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la valoración del Gobierno con respecto a la reciente implantación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Tiene la palabra la senadora Coloma.

La señora COLOMA PESQUERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, espero que esta pregunta se ajuste más a su departamento de Ciencia y Tecnología. (Risas.) El pasado mes de junio se aprobaba definitivamente el proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, después de una tramitación previa del proyecto transparente y participativo, como lo demuestra el hecho de que, por primera vez, la difusión de un anteproyecto haya estado expuesto durante mucho tiempo en la web del Ministerio de Ciencia y Tecnología recogiendo sugerencias y aportaciones de muchos colectivos

representantes del sector y enriqueciéndose con la incorporación de enmiendas en el trámite parlamentario llevado a cabo tanto en el Congreso como en el Senado.
Con esta ley lo que se establece es un marco regulatorio apropiado para el desarrollo de los servicios por vía electrónica en nuestro país con el objetivo de generar confianza y seguridad en el empleo de este nuevo medio, protegiendo los derechos de los usuarios y dotándoles de garantías ante determinados servicios y suministros ofrecidos por vía electrónica en la realización de sus actividades, ya sean empresariales, profesionales o particulares, siempre que tengan un carácter comercial o que persigan un fin económico.
Otro de los objetivos fundamentales es evitar que la realización de esas actividades por vía electrónica resulte más complicado que por los medios tradicionales y que cualquier persona que pretenda hacer una transacción comercial por Internet pueda hacerlo con la misma tranquilidad que cuando se hace en el mundo físico.
Lo que se ha pretendido con esta ley, señor presidente, señorías, es fomentar el desarrollo de los servicios de la sociedad de la información y, en particular, del comercio electrónico en España, y aprovechar las muchas oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen al conjunto de la sociedad como un potencial de generación de actividad económica con beneficios para los ciudadanos y para las empresas, al implicar un incremento de su productividad y una mejora de su competitividad en una economía cada vez más global.
Por todo ello, la pregunta que desde el Grupo Parlamentario Popular le formulo es la siguiente: ¿qué valoración hace el Gobierno de la reciente implantación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico? (El señor Rodríguez Cantero: ¡La misma que tú!) Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Ciencia y Tecnología. (El señor Rodríguez Cantero pronuncia palabras que no se perciben.) Silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
El Gobierno, como no puede ser de otra manera, hace una valoración muy positiva de la aplicación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Pero la hace porque estamos tratando de una cuestión extremadamente importante que, por cierto, ha ido resolviendo muchas de las cosas que se planteaban desde el principal grupo de la oposición, que al fin, acertada y razonablemente, renunció a interponer recurso de inconstitucionalidad, como en algún momento había llegado a anunciar.
En línea con los principios inspiradores de la ley, que son la información, la transparencia y la protección de los usuarios, y en respuesta a ciertas inquietudes expresadas por algunos sectores, como eran los titulares de páginas web personales, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, conjuntamente con otros departamentos, estamos informando a los sectores afectados, y creo que hemos disipado esas dudas planteadas inicialmente a través de una serie de medidas. Hemos puesto en marcha una página web, en la que se pueden encontrar los contenidos y novedades de la misma y las respuestas a preguntas o dudas más frecuentes. También hemos puesto en marcha un servicio de información y consultas, y un tríptico impreso en el que se describen los aspectos fundamentales de cómo afecta la ley a cada uno de los grupos de usuarios de la red; es decir, las empresas que realizan comercio electrónico, las que hacen publicidad por vía electrónica, los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, de alojamiento de datos o buscadores y titulares de webs personales.
En cuanto a su desarrollo reglamentario, el Gobierno no contempla una reglamentación omnicomprensiva, porque estamos ante una norma de carácter horizontal que se aplica con todas las normas generales y especiales existentes, y nos vamos a limitar a regular determinados aspectos relacionados con la especialidad del medio; es decir, el medio electrónico. Sí que se desarrollarán las materias relacionadas con el deber de retención de datos de tráfico bajo el principio de neutralidad tecnológica, la contratación telefónica o electrónica, y los distintivos para identificar a los prestadores que se adhieran a códigos deontológicos. Y, por otro lado, el Gobierno confía en que los códigos de conducta del sector contribuyan a la adopción de pautas de actuación adecuadas para el desarrollo del comercio electrónico, esperando con carácter general que se incremente la confianza de los consumidores y empresas en el uso de todos los servicios de la sociedad de la información.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DON JOSE IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS LINEAS GENERALES DEL NUEVO CONVENIO ECONOMICO CON LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (680/001038).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don José Iribas Sánchez de Boado, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas generales del nuevo Convenio Económico con la Comunidad Foral de Navarra.
Tiene la palabra el senador Iribas Sánchez de Boado.

El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, interesa a este senador que su señoría exponga ante la Cámara los objetivos que se persiguen en las líneas generales con arreglo a las cuales se ha suscrito el nuevo Convenio Económico del Estado con la Comunidad Foral de Navarra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la actualización del convenio económico que regula las relaciones entre la Hacienda estatal y la Hacienda foral de Navarra es un paso más en la vertebración territorial acometida por el Gobierno de España, con el que llevamos adelante la renovación de la normalidad institucional existente entre la foralidad y la Constitución Española, nuestro ordenamiento jurídico básico. En la presente legislatura, además de la actualización de este convenio, el Gobierno ha puesto en práctica un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas de régimen común, que les ha dado claramente una capacidad mayor de decisión, ha renovado, siempre de mutuo acuerdo político, el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y ha implantado en el año 2003 y de manera consensuada políticamente con la Federación Española de Municipios y Provincias un nuevo modelo de financiación local que aspira a ser estable en el futuro y que elimina cargas tributarias tan importantes como la Impuesto sobre Actividades Económicas para más del 92 por ciento de los contribuyentes.
El nuevo convenio permite a la comunidad navarra el establecimiento de tributos propios distintos de los convenidos, amplía de 3 a 6 millones de euros el límite de facturación necesario para que las empresas tributen de manera exclusiva en Navarra, modifica los puntos de conexión de algunos tributos --como el de patrimonio o transmisiones patrimoniales-- para adaptarles a la nueva legislación de las comunidades de régimen común y conviene el nuevo impuesto minorista sobre hidrocarburos para que la Hacienda foral pase a recaudarlo y asuma su capacidad normativa.
En el ámbito financiero se determina la aportación de la comunidad navarra al Estado para el año base 2000 en 360,9 millones de euros y se fija su evolución durante el quinquenio 2000-2004. Igualmente, se establece un sistema de módulos que permite financiar con holgura la actual plantilla de la policía foral hasta el año 2004 y los incrementos previstos para el período 2005-2007.
En definitiva, el nuevo convenio económico otorga a Navarra más capacidad fiscal y financiera, facilita las relaciones entre el contribuyente y las administraciones tributarias, potencia la colaboración entre la Hacienda estatal y la foral y contribuye a reforzar la integración de Navarra en el proceso de desarrollo económico que está viviendo el conjunto de España.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Iribas Sánchez de Boado.

EL señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor ministro.
El convenio económico entre nuestro viejo reino y el Estado es consecuencia de la autonomía financiera de Navarra dentro de la nación española, con fundamento en razones históricas --no hace falta recordar cómo la Constitución Española ampara y respeta expresamente nuestros derechos históricos, recogidos además en la Ley de reintegración y amejoramiento del fuero--. El convenio es, pues, uno de los sustentos de nuestra realidad institucional, la de una Navarra cuyos ciudadanos han optado mayoritaria y permanentemente por mantenerse como comunidad foral diferenciada dentro de la nación española y en solidaridad con todos sus pueblos (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la presidencia.) El régimen singular de autonomía y de participación solidaria en las cargas del Estado que constituye el convenio se fundamenta en el pacto.
Partiendo de la ley paccionada de 1841, han sido numerosas las ocasiones en que se ha dado forma concreta al acuerdo financiero entre Navarra y el Estado: 1877, 1927, 1941, 1969, 1990, 1997 y la más reciente de 2003.
La presente actualización del convenio económico nos dota de un texto claramente mejor que el de 1997, que ya era bueno. Desde nuestra comunidad foral valoramos especialmente el reconocimiento expreso de nuestra capacidad para establecer tributos distintos de los del Estado y de nuestro derecho a decidir el destino de esos hipotéticos ingresos, el mantenimiento de lo que venimos en denominar neutralidad financiera, la imputación a las cargas generales del Estado del costo real de la policía foral y el respeto a la personalidad propia de Navarra a la hora de acordar los escenarios de estabilidad presupuestaria.
Debemos felicitarnos --y con ello quiero concluir-- tanto por la lealtad que ha presidido la aplicación del convenio ahora reformado como por cómo se ha negociado y acordado el nuevo convenio alcanzado. Somos conscientes de que sólo desde el respeto hacia el marco normativo vigente y hacia los derechos que el mismo reconoce o ampara, sólo desde actitudes de lealtad, de cooperación y colaboración es posible garantizar a los ciudadanos, a nuestros ciudadanos, los resultados que demandan, en concreto el más eficiente servicio de sus gobiernos y administraciones en un ámbito de convivencia armónica, en libertad y con un elevado grado de bienestar y calidad de vida, de desarrollo material y moral. Con la renovación de este convenio, pactado desde un talante de encuentro en el marco de nuestra Constitución y el Amejoramiento y acordado desde la lealtad hacia la historia y hacia los intereses generales de nuestros ciudadanos del siglo XXI, estamos sin duda satisfechos por la modernización y el desarrollo que tan útil instrumento posibilita, en beneficio de nuestra comunidad foral y de España, nuestra nación, que se enriquece con la diversidad de todos.
Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Iribas.
El señor ministro no hace uso de la palabra. Gracias.


INTERPELACIONES:


--DE DON SEGUNDO BRU PARRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A RECTIFICAR SU POLITICA ECONOMICA EN MATERIA DE INFLACION (670/000176).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pasamos al punto segundo del orden del día: Interpelaciones.
La interpelación del señor Sesmilo i Rius ha sido aplazada.
Pasamos a la interpelación del excelentísimo señor don Segundo Bru Parra, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno en orden a rectificar su política económica en materia de inflación.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador Bru.

El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, aunque, lógicamente, mi interpelación iba dirigida al Gobierno, como es preceptivo, esperaba fundadamente que la respuesta me vendría dada por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, señor Rato. Su ausencia, que estimo plenamente justificada puesto que sus obligaciones en el día de hoy le impiden comparecer en esta Cámara, ha hecho que recaiga en usted la responsabilidad de responderla y comienzo por agradecer su presencia.
Además, he de congratularme por este hecho por un doble motivo: porque espero que tengamos la oportunidad de debatir en un ambiente y un tono más distendido -que viene propiciado por una interpelación en esta Cámara- que en otro tipo de debates más cálidos, y en ocasiones hasta ardorosos, que ambos tenemos ocasión de protagonizar regularmente; y porque posiblemente tengamos la oportunidad de aclarar algunas dudas que ya le planteé en el último debate que mantuvimos, el presupuestario, tanto sobre la política fiscal, en la parte que es su responsabilidad directa, como sobre la aparente discrepancia, a mi juicio, entre los distintos miembros del equipo económico del Gobierno.
No creo que sea preciso, señor ministro, extenderme en consideraciones preliminares sobre el fenómeno inflacionista que nos aqueja, que son harto conocidas y, por ello, voy a pasar directamente al estado de la cuestión en sí. Es más, en aras de la brevedad expositiva por economía procesal y con el espíritu constructivo que le aseguro que me anima en el día de hoy, espero que dé por buenos los datos que voy a exponer, los datos son los que son, que son datos oficiales, datos gubernamentales, estadísticas europeas, etcétera.
Señor Montoro, supongo que estará de acuerdo con el señor Rato en reconocer que la inflación, el fenómeno generalizado de la elevación del nivel de precios, es hoy el principal problema de la economía española.
Digo que supongo porque le he oído a usted en ocasiones restar importancia a la cuestión y, obviamente, ésta es una de las discrepancias que aprecio entre los equipos de Hacienda, que usted encabeza, y el de Economía. En este sentido, desde el Ministerio de Economía, tanto el señor Rato como el señor De Guindos son más claros --más crudos, en ocasiones-- al hablar del problema de la inflación en España que las veces que he tenido ocasión de leer o escuchar declaraciones de usted o de algún otro miembro de su equipo.
Señor Montoro, voy a presumir su reconocimiento de las declaraciones formuladas por el equipo del Ministerio de Economía, por el señor Rato, de que hoy por hoy la inflación, el fenómeno generalizado de alza de precios, es el problema principal de la economía española. Esta es una cuestión innegable, ya que partiendo de los datos que conocemos, que son datos inapelables, tenemos una tasa de inflación que se sitúa en un preocupante 4 por ciento y, lo que es más grave, que las perspectivas de futuro de la economía española establecen una evolución al alza, con un diferencial creciente respecto tanto a la media de la Unión Europea como, sobre todo, a la inflación en los países que son los principales destinos de nuestras exportaciones, puesto que prácticamente cuadruplicamos la tasa de inflación alemana, duplicamos la francesa y es muy superior a la italiana.
Señor Montoro, sin ningún tipo de alarmismo --no está en mi ánimo refocilarme en una situación preocupante y seria para la economía española-- pero sin rehuir la cruda realidad, creo que este problema comienza ya a presentar aspectos muy severos, tanto desde el punto de vista social como desde una perspectiva estrictamente económica.
Socialmente, creo que coincidirá conmigo en que la inflación, como se ha calificado, es el impuesto más injusto que existe porque detrae capacidad adquisitiva sin ninguna contraprestación, erosiona las rentas de las familias, de los ciudadanos españoles --especialmente de los más modestos y de los más indefensos ante el funcionamiento de los mercados--, que han visto reducida su capacidad adquisitiva, sin ninguna capacidad de reacción, nada menos que un 14 por ciento en los últimos cuatro años, que es la inflación acumulada en España desde 1999. Y por otra parte la inflación castiga enormemente el ahorro familiar. El 74 por ciento de dicho ahorro, en otras palabras, las tres cuartas partes del ahorro de los españoles, se encuentra hoy por hoy en pérdida real. Es decir, los españoles obtienen hoy por sus ahorros menor retribución que lo que sube la inflación, con lo cual en términos reales los españoles estamos perdiendo dinero.
En cuanto a la competitividad de los productos españoles, sin querer ser alarmistas hay que decir que nos encontramos en una situación, si no de caída libre, sí de serio deterioro puesto que en los últimos cinco años hemos retrocedido 5 puntos medidos en función del diferencial de precios relativos reales. Si bien es cierto que el comercio exterior de toda la Unión Europea está experimentando un retroceso, no es menos cierto que somos nosotros los que sufrimos la mayor caída.
En cuanto al esfuerzo fiscal, sólo el descontrol de la inflación en el presente ejercicio nos va a suponer a los españoles, en concepto de actualización de las pensiones, en torno a los 2.100 millones, eran 2.071 según cifras oficiales, pero se han corregido al alza. El sector privado, debido

a las revisiones salariales, sufrirá una sangría estimada, según la patronal, en unos 2.700 millones de euros. Luego, directamente, sin entrar en otras magnitudes derivadas, por ejemplo, coste social público y privado de la inflación, en magnitudes directamente cuantificables --no voy a referirme a otras estimaciones indirectas-- tenemos ya 5.000 millones de euros, una cifra que me parece considerable.
Señor ministro, como lo que yo pretendo es oírle a usted, voy a ir sintetizando. Mi intención no es utilizar esta interpelación como herramienta política de desgaste del Gobierno --insisto en ello-- ya que mi ánimo es constructivo. Lo que quiero realmente es conocer el diagnóstico que ustedes hacen desde el Gobierno de este fenómeno, porque en los últimos años yo les he oído decir prácticamente de todo. He oído en boca de los distintos responsables del equipo económico toda una parafernalia de explicaciones en torno al fenómeno de la inflación. Se la he oído atribuir al mayor crecimiento diferencial de España respecto de otros países, cosa insostenible; se la he oído atribuir a causas estructurales que tampoco se justifican plenamente; se la he oído atribuir a la diferente conducta de la expansión de la masa monetaria en España... Es decir, he oído explicaciones de todo tipo. Pero lo primero que hay que hacer cuando hay un problema --por decirlo en términos casi de Perogrullo--, cuando hay una enfermedad o una anomalía,es diagnosticarla adecuadamente, porque no es lo mismo dar una aspirina que proponer una terapia de choque. Pero yo no he sabido de un único diagnóstico por parte del Gobierno, de un diagnóstico claro, concreto y preciso sobre este fenómeno con el que después se podrá coincidir o no.
En cuanto a medidas, cuando ya el fenómeno empieza a ser preocupante desde el Gobierno se pasan las etapas lógicas en estos procesos: primero se ignora el problema, luego se minimiza más o menos, luego se buscan responsables --siempre tiene que ser alguien externo; en este caso por fortuna no podía achacarse a la herencia socialista--, se buscan crecimientos en márgenes empresariales, en precios de carburantes, etcétera. Y después de esas lógicas etapas de distracción política sobre el problema ya estamos en situación de reconocimiento de los hechos aunque con escasa actuación por parte del Gobierno porque, ¿qué ha sido de las famosas medidas de choque que ustedes anunciaban al principio reiteradamente? En febrero de 1999 se anunció convenientemente un plan de medidas de choque de reformas que no tuvo ningún efecto, y en junio de 2000 hubo otro paquete de medidas de choque, pero hay que decir que con lo que chocan estas medidas es con la realidad; se dan de bruces con ella porque no han conseguido arañar ni una sola décima a la inflación. O sea, que en los años 1999 y 2000 hay una cierta reacción y el Gobierno anuncia sucesivamente, con un lapsus de seis meses, distintas medidas de choque que fracasan estrepitosamente, y desde entonces hasta la fecha ha habido el más absoluto silencio por respuesta, no he vuelto a oír ningún tipo de actuación concreta por parte del Gobierno.
Insisto, hoy estoy más dispuesto a escucharle a usted que a seguir con el uso de la palabra, pero le rogaría, con el mismo espíritu de concreción con el que he intentado sintetizar mi intervención, que me ofreciera, desde la óptica gubernamental, diagnósticos sobre el problema y propuestas de actuación por parte del Gobierno. Si estimara conveniente realizar un ejercicio de autocrítica y explicarnos por qué ha fracasado el Gobierno estrepitosamente en la materia se lo agradecería, pero tampoco es obligatorio.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Bru.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.
Senador Bru, en primer lugar, quiero explicar que mi presencia es en sustitución del vicepresidente segundo, a quien le hubiera correspondido responder a esta interpelación. A causa de las obligaciones que hoy están entreteniéndole en otro lugar de España, atiendo a la misma con mucho gusto para darle la explicación que su señoría ha solicitado del Gobierno y el diagnóstico que el Gobierno hace de la evolución de la inflación en España.
El Gobierno coincide con su señoría en calificar la inflación como el problema principal que tiene la economía española en estos momentos en su evolución. A ese respecto, la evolución de los precios en nuestro país es inquietante, es preocupante y, por tanto, el conjunto de las acciones del Gobierno ha ido orientado precisamente hacia ese control en la evolución de nuestros precios, a atemperar su subida.
Como su señoría conoce, desde hace años el Gobierno no tiene un objetivo de inflación distinto al objetivo que expresa el Banco Central Europeo.
La inflación es un fenómeno monetario, y en esto coincidiremos todos los representantes de la soberanía popular en España cuando lo que hemos hecho ha sido crear una institución, el Banco Central Europeo, que es el árbitro de los precios de la economía europea, que es el diseñador de la política monetaria y por tanto del objetivo de inflación para el conjunto de la zona del euro en la evolución de precios del 2 por ciento, que es el objetivo que, en definitiva, el Gobierno, año tras año, hace suyo, lo ha hecho estos últimos años y lo vuelve a hacer para el año 2003. No debemos tener otro objetivo que no sea el de la política monetaria, puesto que, insisto, en primer lugar, coincidirá conmigo en que la inflación es un hecho fundamentalmente monetario. Para eso tenemos los bancos centrales y para eso hemos creado nada menos que la responsabilidad de las autoridades monetarias a la hora de articular el instrumento principal que tiene una economía desarrollada y no desarrollada cual es la evolución de las magnitudes monetarias.
Siendo así, existiendo una política monetaria común para la zona del euro, lo que está sucediendo es que dentro de dicha zona hay crecimientos económicos muy diferentes entre países. Hay países que encabezamos el crecimiento económico, como es el caso de Irlanda, Grecia, Holanda, Finlandia y España. España está a la cabeza del crecimiento

económico de la zona del euro. Frente a ellos hay un estancamiento económico de los países de mayor tamaño de la zona del euro, como es el caso de Alemania y la misma Francia. Alemania está parada económicamente, y Alemania no tiene mayor inflación con las condiciones monetarias que marca el Banco Central Europeo porque, señorías, tiene un parón económico y, por tanto, la comparación con Alemania, ni siquiera en términos de inflación, no es la que nos debe preocupar. El problema de Alemania, como algunos expertos internacionales vienen señalando, puede ser incluso el de deflación y, por tanto, es una situación muy negativa para toda Europa y desde luego para España, a la que no conviene en absoluto el estancamiento económico de países tan importantes como éste y los problemas de falta de inflación, de cercanía en la evolución de la inflación a los valores que marca el Banco Central Europeo.
España va a entrar en 2003 en su séptimo año de crecimiento económico; España está creciendo, señorías, desde hace varios años sobre su demanda interna, sobre el consumo y la inversión que estamos realizando. En los dos últimos ejercicios el sector exterior no está aportando nada a nuestro crecimiento económico. La aportación es cero, incluso ligeramente negativa. Existen unas condiciones monetarias relativamente relajadas en España, porque el crédito concedido por nuestras instituciones financieras al sector privado el año pasado creció al 14 por ciento, mientras que en la zona euro lo hacía al 4 por ciento.
En definitiva, ésta es la razón de una inflación que, sin duda alguna con causas monetarias, tiene una explicación consecuente con el crecimiento de nuestra economía en el marco de unas condiciones monetarias que son francamente relajadas, hasta el punto de que nunca antes habíamos vivido tipos de interés como los que hoy tenemos en nuestro país; nunca antes, señorías, habíamos conocido tipos de interés como los actuales.
En el debate de los Presupuestos Generales del Estado tuve ocasión de insistir en esta Cámara en que la inflación del 4 por ciento del año pasado se corresponde con unos tipos de interés que en el bono español a 10 años son de poco más del 4 por ciento. En el año 1995 teníamos una inflación del 4 por ciento y el bono español a 10 años tenía tipos de interés del 12 por ciento; teníamos tipos de interés a corto plazo de intervención del Banco de España del 9,25 por ciento para una inflación del 4 por ciento, mientras que en la actualidad los tipos de interés de intervención del Banco Central Europeo son del 2,75 por ciento. Por tanto, el 4 por ciento del año 1995 en inflación no es igual que el 4 por ciento del año 2002, puesto que las condiciones monetarias actuales son absolutamente diferentes, y son las que están explicando la evolución económica de nuestro país, las que están financiando nuestras pequeñas y medianas empresas, la adquisición de viviendas por las economías familiares y, en definitiva, la recuperación económica de nuestro país y también financiando mejor al Estado.
A ello hay que añadir en el plano del diagnóstico en el que insistía su señoría el hecho de que en esta legislatura hemos sumado una crisis petrolífera terrible que vivimos en los años 2000 y 2001, agravada por la devaluación del euro, lo cual es sin duda una factura que hemos tenido que pagar como país y que hemos pagado sin mermar nuestro crecimiento económico y sin perjudicar nuestra creación de empleo por primera vez en nuestra historia. Pero hemos pagado un shock petrolífero que se está reproduciendo ahora como consecuencia también de las tensiones prebélicas que está viviendo el mundo, existe una prima de riesgo en el barril de petróleo que estamos padeciendo en las tensiones de precios que sufre la economía española. A ello hay que añadir igualmente una crisis alimentaria, como la de las vacas locas, o las malas condiciones climatológicas que hemos vivido y que han explicado una evolución alcista de los precios de la alimentación en nuestro país desde el año 2001 hasta finales de 2002 y que posiblemente se corrijan ahora a raíz de esta evolución climatológica que estamos registrando desde el pasado invierno.
Señorías, hemos tenido una tensión de precios de alimentación bastante considerable a la que hay que sumar unos efectos muy coyunturales como son los derivados de la actualización de determinados tributos, consecuencia del nuevo modelo de financiación autonómica que hemos aplicado, que son pasajeros, que tuvieron lugar a comienzos del año 2002 y que no lo tendrán a comienzos de 2003; por tanto, descontaremos el efecto positivo, tendremos una menor inflación en este año 2003 como consecuencia de no actualizar los impuestos indirectos en este año 2003, a lo que igualmente hay que añadir los efectos del redondeo del euro producido en España precisamente en un clima de crecimiento económico basado en la evolución positiva de nuestro consumo.
Así pues, hemos sufrido circunstancias adversas que explican de forma suficiente la inflación, circunstancias que están siendo contrarrestadas por las principales políticas antiinflacionistas del Gobierno, entre las que se encuentran las políticas de liberalización, que han llevado a la bajada de los precios de la energía, por ejemplo, de la energía eléctrica, que en los últimos años ha sido de un 30 por ciento en términos reales, o a la bajada del precio de las comunicaciones, que en el IPC de 2002 ha sido de un 5 por ciento, como ustedes conocen, por ser datos oficiales. Por tanto, las liberalizaciones económicas están funcionando, están promoviendo mejores condiciones de inflación en nuestro país, lo que no es óbice para que la evolución de los grandes componentes de los precios en nuestro país explique, como digo, un diferencial de inflación que es inconveniente para la economía española.
Otra gran política, la política presupuestaria, también está contribuyendo a la contención de la inflación. En este sentido, tanto todos los organismos internacionales como la Comisión de la Unión Europea califican la política presupuestaria española de política neutral sobre el desarrollo económico, es decir, de política no inflacionista. Con los presupuestos del Estado no estamos presionando la inflación, y esa es la virtud del presupuesto equilibrado. A este respecto, les anuncio que el cierre definitivo de la Administración central del Estado de 2002
--compuesta por el presupuesto del Estado y el presupuesto de la Seguridad Social-- ha sido positivo: de dos décimas del producto interior bruto. Por tanto, con nuestros presupuestos estamos

contribuyendo al equilibrio económico para sostener nuestro crecimiento económico, que tan creador de empleo está siendo. Así, en 2002 en España ha habido 440.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Sé que sus señorías celebran, como también lo hace el Gobierno, que en España cada vez haya más trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social.
Ese es el resultado de una política económica que está impulsando el crecimiento económico y ayudando a corregir los efectos más perversos que se derivan de la inflación.
Efectivamente, la inflación es un impuesto injusto, pero quiero dejar claro ante la Cámara que no se ha producido una pérdida del poder adquisitivo en 2002. La masa salarial que se deriva de las estadísticas recaudatorias del Estado --de la evolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, por tanto, de lo que las empresas retienen a sus trabajadores-- ha evolucionado el año pasado en torno al 4 por ciento.
Eso indica que se atiene a la evolución de los salarios fijados por convenio, que es de algo más del 3 por ciento. Repito que no ha habido pérdida de capacidad adquisitiva durante el año pasado, y eso explica que en 2002 el consumo privado se haya sostenido con incrementos realmente altos. Precisamente las estadísticas del INE indicaban ayer que durante el mes de diciembre de 2002 las ventas en grandes superficies habían aumentado más de un 7 por ciento, mientras que las ventas del comercio minorista habían crecido entre un 2 y un 3 por ciento, sobre el mes de diciembre anterior.
Estamos viviendo una evolución económica diferencial positiva en la que, efectivamente, ha habido un despunte de la inflación que el Gobierno espera que se corrija con objeto de que durante la próxima primavera la inflación en España esté por debajo del 3 por ciento. Eso es factible, y según los pronósticos de todos los organismos internacionales dentro de dos o tres meses la inflación en España no estará en el 4 por ciento, sino por debajo del 3 por ciento, a tenor del descuento de los factores coyunturales que la impulsaron a comienzos del año pasado. Así pues, queremos una inflación más baja, una inflación que se atenga en mayor medida a la evolución prevista por el Banco Central Europeo, es decir, del 2 por ciento. Queremos un diferencial inferior de inflación.
Por otro lado, debo corregirle, senador Bru, ya que España no ha perdido cuota de mercado en el comercio mundial. Los datos son los datos. Sin embargo, otros países que su señoría ha citado, como Alemania, Francia o Italia, han sufrido caídas muy serias de su participación en el comercio mundial. España no ha caído hasta esa cuota de mercado en el comercio mundial a pesar de la desaceleración de nuestras exportaciones, que en definitiva se corresponde con la desaceleración del comercio mundial.
Queremos que en España no exista un diferencial de inflación que merme nuestra competitividad. Ese es nuestro objetivo, y para ello el Gobierno está aplicando, y profundizará en ellas, las medidas de reforma estructural, de liberalización económica, y mantendrá un equilibrio presupuestario, unos presupuestos del Estado equilibrados que contribuirán de forma positiva a la contención de precios y al sostenimiento de un crecimiento económico que en nuestro país se está traduciendo en una cada vez más intensa creación de empleo.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor ministro de Hacienda.
Tiene la palabra el senador interpelante, señor Bru.

El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, con su intervención se han visto corroborados mis temores o mi percepción acerca de serias discrepancias dentro del equipo económico de Gobierno. Aceptemos su visión de la inflación como un fenómeno fundamentalmente monetario, pero en tal caso no establezca usted una relación que no es biunívoca entre crecimiento e inflación. Usted sabe perfectamente que puede haber crecimiento estable sin inflación. ¿Y ello por qué? En España, por ejemplo, si hay crecimiento y no se producen tensiones sobre los costes laborales porque existe una política de moderación sindical --en mi opinión los sindicatos están dando en España prueba considerable de moderación en sus pretensiones, y en el último acuerdo interconfederal así se ha manifestado--, si, como digo, los sindicatos hacen ese ejercicio de responsabilidad junto con la patronal y no se produce el traslado de ningún problema de crecimiento a los costes laborales, no tiene por qué plantearse ningún problema. Insisto, si la oferta se adecua al crecimiento de la demanda no tiene por qué haber ningún problema.
Usted se ha vuelto a referir al precio de los carburantes y a la apertura energética. A este respecto debo decirle, con ese talante distendido con el que estamos hoy aquí, que todo esto me recuerda a aquella vieja canción infantil, pero es que el patio de mi casa en España no es particular, llueve y se moja como los demás, y si el precio de los carburantes sube, lo hace para toda Europa, porque ni Alemania ni Italia tienen petróleo y Noruega tiene sólo un poco. Así pues, como digo, cuando sube el precio de los carburantes lo hace igual para todo el mundo, como cuando llueve, que todos se mojan. ¿Por qué entonces el precio de los carburantes va a actuar en España de una forma sensiblemente diferente a como lo ha hecho en el resto de Europa? Y lo mismo ocurre, señor Montoro, con la política monetaria, porque el Banco Central Europeo es quien la establece y ahora resulta que en España tiene unos efectos que no tiene en otros países, cuando en realidad se trata de normas generales para todos. Estamos dentro de la Unión Monetaria, y por tanto, establezca lo que establezca y fije lo que fije el Banco Central Europeo, ello actúa de forma uniforme en todos los países. Por tanto, insisto, ¿por qué en España dicha política funciona de una forma y en otros países de otra? Así tenemos también el tema del redondeo del euro, que se produce igual en toda Europa porque toda ella ha entrado en el euro. ¿Por qué aquí este fenómeno va a tener unos efectos intrínsecamente perversos? Usted me dirá que ello es porque hay un mayor consumo. (El señor ministro de Hacienda, Montoro Romero, hace signos afirmativos.) No, señoría, eso no se lo voy a admitir.


Entremos ahora en lo que realmente me interesa, en las discrepancias que, insisto, presumía existían cuando le he planteado esta interpelación y que usted con su intervención me ha corroborado. Cuando iniciaron aquella moda --y no lo digo en plan despectivo-- de decir que iban a actuar con un paquete de medidas de choque contra la inflación, ¿cómo lo llamaban ustedes? Lo llamaban medidas liberalizadoras. Usted ha dicho aquí que ha habido un proceso de desregularización, que ha habido una liberalización que ha constituido un elemento básico en la lucha contra la inflación. A este respecto debo decirle que en la comparecencia de don Luis de Guindos ante la Comisión de Economía del Congreso del día 11 de septiembre del pasado año éste dijo literalmente: Le vuelvo a repetir --decía el compareciente a un diputado interpelante-- que no existe una correlación entre liberalización y evolución de la inflación.
Usted aquí acaba de decir que la liberalización, que la inflación es una parte de la política, pero el señor de Guindos dice que no existe correlación entre liberalización y evolución de la inflación. Me admitirá esa contradicción entre usted y el señor De Guindos, porque además el señor de Guindos es consciente, como lo es el señor Rato --y lo ha respondido a preguntas mías--, de que aquellas medidas de choque no tuvieron efecto, lo que quiere decir que no estaban dirigidas a enfocar el problema. Una de dos: o no consiguieron liberalizar nada, lo cual sería grave, o, si lo consiguieron y admitimos que el Gobierno tuvo éxito en liberalizar, no han tenido efecto sobre la inflación, y, por tanto, desde el equipo de economía se admite y se canta la palinodia, diciendo concretamente --y se lo repito--: no existe correlación entre liberalización y evolución de la inflación. Explíqueme, señor ministro, esa contradicción porque, tal y como me temía, existe.
Entremos en la parte fundamental de su intervención, porque además es responsabilidad suya y...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Le ruego vaya concluyendo, senador Bru.

El señor BRU PARRA: Dos minutos, señor presidente, y acabo.
Usted, señor ministro, acaba de definir la política presupuestaria como arma contra la inflación. No, señoría. El señor Rato ha dicho con toda claridad que tenemos una política presupuestaria en España claramente antiinflacionista, una política presupuestaria restrictiva; y usted se ha cansado de decir en la presentación de los presupuestos que son equilibrados --que es algo contable--, pero que también son --y cito sus palabras-- expansivos, porque contienen una bajada de impuestos y un aumento de la inversión, y yo estoy de acuerdo con usted. El señor Rato dice que el Gobierno tiene en marcha una política macroeconómica claramente antiinflacionista, una política presupuestaria restrictiva, y usted le da ración doble de presupuestos expansivos: vía gasto con incremento, y vía impuestos con la bajada. Por tanto, la política presupuestaria en España, que es su responsabilidad, está en contradicción con la política antiinflacionista que es responsabilidad de Economía.
El señor Rato y el señor de Guindos dicen con toda claridad --lo cual comparto-- que en una Unión monetaria el único instrumento que tenemos para contener la presión inflacionista es la política presupuestaria restrictiva, y cito sus palabras en declaraciones que tengo delante. Son unos presupuestos equilibrados pero expansivos, expansivos porque contienen incremento de inversión, incremento del gasto y bajada de impuestos, y esto es de manual; si se incrementa el gasto público y se bajan los impuestos, y además sube usted los impuestos indirectos, todo ello conduce indefectiblemente a tensiones inflacionistas, como reconocen el señor de Guindos y el señor Rato, que a preguntas mías en esta Cámara...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Bru, concluya.

El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente. Abuso de su paciencia dos segundos para acabar la frase.
Imputan a su política fiscal de incremento de impuestos indirectos entre un 0,5 y un 0,7. Y usted en ciertas declaraciones suyas ha dicho que no tiene ninguna incidencia. Existe una grave contradicción que tenían ustedes que aclarar.
Gracias por su paciencia, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Bru.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.
Senador Bru, yo deduzco de su planteamiento que lo que quiere es que España no crezca. (Denegaciones por parte del senador Bru Parra.) Si no crecemos no vamos a tener inflación; no se preocupe su señoría que no tenemos ningún problema con los precios (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), no tenemos ningún problema con la demanda, ése es el modelo del Partido Socialista y eso es lo que el Grupo Socialista pretende, por lo visto, cuando sube a la tribuna a decirle al Gobierno que no haga una política que realmente sostenga el crecimiento económico en España a través de su presupuesto y a través de la liberalización económica, porque yo no he entendido de su señoría nada más que eso. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías, por favor.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Cuando el Banco Central Europeo determina una inflación idónea del 2 por ciento, entiende compatible una evolución económica dentro de la zona del euro y, por tanto, que haga posible la creación de empleo, su señoría estará reconociendo que una economía necesita algo de inflación;

no lo reconoce su señoría, pero lo reconocerá el Banco Central Europeo; su señoría aquí ha venido a reconocer que ojalá no haya crecimiento económico. (Rumores.) Pero, insisto, los países que tenemos más crecimiento económico en Europa somos los que tenemos más inflación diferencial, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo su señoría puede decir que la misma política monetaria, la que hace el Banco Central Europeo, tiene el mismo efecto en una economía creciente, como es la española, que crece sobre su demanda interna, y que debería tener la misma consecuencia que en Alemania, que no crece sobre su demanda interna? Es que su señoría está olvidando las reglas básicas de la ley. En España hay crecimiento económico porque hay creación de empleo, porque hay confianza en el futuro, porque hay estabilidad, y eso está haciendo que se produzca un crecimiento del consumo que ha sido fundamental para sostener nuestro crecimiento económico. Por eso se da un comportamiento de las variables monetarias absolutamente distinto, señoría. ¿Por qué el crédito bancario en España crece el 14 por ciento y en otros países no crece nada? ¿Por qué, con los mismos tipos de interés? Pues porque aquí hay gente con confianza que está adquiriendo su vivienda porque tiene empleo y porque confía en su futuro, señoría. Esa es la diferencia entre el crecimiento económico de España y la falta de crecimiento que sufren otros países, y esa es la diferencia en la aplicación de las políticas monetarias en las diferentes zonas del euro. Esa es la situación, difícil de aplicar, de hacer una política monetaria para toda la zona del euro cuando nuestros ciclos económicos son distintos. Es la misma razón por la que un shock petrolífero no produce las mismas consecuencias en una economía con demanda que en una economía sin demanda, señoría. No es tan difícil, senador Bru. Si tenemos una economía con demanda y con demanda alta, evidentemente las posibilidades de traslación de precios de la oferta al conjunto de la economía son mayores que cuando no se tiene crecimiento económico y no existe ninguna posibilidad de trasladarlo a una evolución del conjunto de la economía. Eso es así, y lo que está haciendo el Gobierno son políticas de oferta.
La liberalización económica, la que está promoviendo la bajada del precio de las comunicaciones, la que ha hecho que caiga el IPC un 5 por ciento en el año 2002, esa política de bajada de las comunicaciones es una política del lado de la oferta. Mejora los costes de producción de la economía, mejora los costes de producción de la pequeña y mediana empresa, junto a la mejora de los costes energéticos de la economía y de esa pequeña y mediana empresa, y mejora las condiciones y la capacidad adquisitiva de las familias españolas, y eso hace que la economía española tenga un crecimiento económico diferencial, basado en la pequeña y mediana empresa. Esa es la diferencia fundamental, señoría, entre una evolución económica como la que está registrando España gracias a políticas de liberalización, que son las que impulsa el propio Consejo Europeo, que son las que impulsa la propia construcción europea en cuanto a tener marcos desregulados, liberalizados, en competencia suficiente en mercados estratégicos de la economía y sobre las que nosotros hemos avanzado sustancialmente. Esa es la liberalización que promueve condiciones de oferta a la que está contribuyendo el Gobierno con sus reformas fiscales, porque lo que hacemos al bajar el Impuesto sobre la renta es bajar los impuestos sobre los salarios, señorías, y de esa manera estamos favoreciendo la capacidad adquisitiva de millones de trabajadores españoles y de millones de pensionistas españoles, y por cierto, también la de su señoría, porque también bajamos el Impuesto sobre la renta a sus señorías, y a mí también, por supuesto, porque somos beneficiarios. Lo notarán en el mes de febrero, señorías. (El señor Mesa Ciriza: ¡Eso lo llevan diciendo cuatro años y todavía no los han bajado!) En febrero bajamos las retenciones en contra de su voto, eso sí. Pero a pesar de haber contado con su oposición vamos a bajar el Impuesto sobre la renta, y de esa manera vamos a favorecer también las condiciones de oferta de la economía, vamos a favorecer la formación de salarios capaces de ser compatibles en su moderación con la evolución económica de nuestro país y, por tanto, vamos a favorecer la continuidad del crecimiento económico y de la creación de empleo, señorías.
Esa es la política del Gobierno. Comprendo que a su señoría le parezca una política hasta contradictoria, iba a decir cuasi milagrosa, señoría.
Comprendo que sus señorías estuvieron mucho tiempo en el Gobierno e hicieron la política contraria, y nos convirtieron en el adalid del paro mundial y nos llevaron a protagonizar una política de despilfarro presupuestario que lo que estaba haciendo era endeudar incesantemente a los españoles. Hoy, el Gobierno está llevando a cabo esa política presupuestaria en la que compatibilizamos el impulso económico con la ayuda al control de la inflación, y estoy convencido, como antes le decía, de que esta la tendremos pronto en nuestro país una vez que se venzan los problemas, las incertidumbres derivadas de la situación prebélica que está viviendo el mundo y que está viviendo España. En consecuencia, tendremos una inflación por debajo del 3 por ciento en la próxima primavera.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor ministro de Hacienda.


--DE DON FELIX LAVILLA MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO EN NUESTRO PAIS TRAS LOS CUATRO AÑOS DE GESTION DE LA INICIATIVA «INFO XXI:
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION PARA TODOS» Y LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DE COMERCIO ELECTRONICO (LSSI) (670/000177).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pasamos a la interpelación del excelentísimo señor don Félix Lavilla

Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de la sociedad de la información y del conocimiento en nuestro país tras los cuatro años de gestión de la iniciativa «Info XXI: La Sociedad de la Información para todos» y la entrada en vigor de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador Lavilla.

El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Al Partido Socialista le gusta que los fondos públicos se inviertan en subir las pensiones y no gastarse tanto en publicidad. Por ejemplo, lo que cuesta la publicidad en elevar la pensión a las viudas.
Señor ministro de Ciencia y Ciencia y Tecnología, a pesar de los vientos de guerra --ustedes nos llevan directos a la guerra, haciéndole la pelota a Bush con su ya famoso reclinatorio y separándonos de la posición europea, aunque los ciudadanos españoles claman por la paz y por eso los jóvenes en Cataluña, señor ministro, le abuchean y por eso Aznar recibe miles de e-mail para que trabaje por la paz y no por la guerra--, nos centraremos en la interpelación que hoy nos compete, pero no sin antes señalar algunas afirmaciones que usted ha hecho, ya que ha necesitado esas preguntas colchón de su grupo parlamentario para intentar buscar un poco de aire.
Señor ministro, para demostrarle cómo la famosa LSSI, que ha cosechado la mayor movilización en la red que se conoce en la historia de España, tiene dos efectos perversos: es débil con los fuertes y fuerte con los débiles, acabo de imprimir esta misma mañana la página web de Batasuna.org. El Partido Socialista ya le advirtió que toda norma que no sea global --porque Internet es global-- pone dificultades a las empresas y actividades que se generan en España y no nos protege de los efectos perversos que a través de la red nos pueden llegar. Podríamos hablar de la pederastia y de otras cosas más. Pero le voy a decir más, señor ministro. Comparando esta situación, le puedo decir también que me ha llegado un e-mail --este debate se sigue a través de la red-- de una empresa española a la que, a través de la LSSI o del guirigay de la Ley de Protección de Datos y todo esto que han montado, le han impuesto por mandar tres e-mail 50 millones de pesetas, es decir, 300.506,05 euros. Yo no digo si esto es justo o injusto, lo que sí le digo, señor ministro, es lo que ya denunciamos en la tramitación parlamentaria: que la LSSI generaba inseguridad jurídica sin aportar ningún beneficio. La página web de Batasuna está abierta y a una empresa española, que factura 30 millones le van a imponer 50 millones por mandar tres e-mail.
También le diré, señor ministro, en la interpelación que nos compete que el plan tecnológico del Gobierno, el plan del Partido Popular ha fracasado, es así de sencillo. Quiero advertir que interpelo a todo el Gobierno y no tan sólo a su ministerio, ya que los compromisos del Plan Info XXI competen a todos los ministerios y han sido públicamente asumidos por el señor presidente del Gobierno. No le atribuiré al señor presidente la metáfora de «perro que ladra su incompetencia por la esquinas», pero sí -- y dígaselo usted en el próximo Consejo de Ministros-- la de un presidente que no tiene palabra y ha colocado --y luego demostraré por qué-- por su incompetencia política a España en los últimos lugares en materia de innovación tecnológica y, por tanto, de competitividad, en lo que es sentar las bases del bienestar y del empleo futuro de nuestra sociedad.
Le voy a dar algunos datos, señor ministro. Ocupamos el penúltimo lugar de la Unión Europea en materia de acceso a Internet. Somos uno de los pocos países de todo el mundo, junto con Argentina, donde el número de internautas decrece; es decir, no es que vayamos a más, aunque ocupemos el penúltimo lugar en Europa, sino que vamos a menos. En 1999 ocupábamos la penúltima posición en número de patentes de toda la Unión Europea y hoy en día mientras la media de la Unión Europea es de 160 patentes por millón de habitantes, en España sólo llega a 25 y encima muchas de ellas corresponden a multinacionales. En inversión y desarrollo, a pesar de los gastos que incluyen para Defensa, no llegamos al 0,97 por ciento, penúltimos en toda la Unión Europea.
Puedo dar más datos: la Fundación Sedisi ya lo ha dicho, al igual que la CEOE y la Fundación Cotec. Pero como, según deduzco de su intervención, usted va a ser un ministro a tiempo parcial --se necesitarían seis ministros no un ministro a tiempo parcial para sacar a España de la situación en la que está--, le citaré un informe de la Caixa: «Internet, situación actual y perspectivas», de Félix Badia, que afirma que el escaso desarrollo de la sociedad de la información en España puede lastrar gravemente la competitividad de su economía. Además, la negativa posición de España en comparación con otros países desarrollados lo refleja también el «Center for International Development» de la Universidad de Harvard. Sitúa a España en el número 26 del «ranking» de países según su nivel de preparación para el desarrollo futuro de la sociedad de la información, es decir, señor ministro, la sitúa en uno de los últimos lugares de los países occidentales.
Si el retraso de España es evidente a un año del final de la legislatura, no sabemos lo que le queda a usted como ministro, mirando más a las elecciones catalanas que al impulso de las nuevas tecnologías en nuestro país. Nos tenemos que preguntar qué es lo que ha hecho el Gobierno en este tiempo y si los grupos parlamentarios, especialmente el grupo socialista, han advertido de eso.
Usted, señor ministro, ha faltado antes a la verdad cuando ha dicho: el Partido Socialista no recurrió como había anunciado la LSSI. Eso no es cierto. El Partido Popular había presentado dos enmiendas que eran claramente anticonstitucionales, y fueron ustedes, señor ministro, los que cambiaron la posición para intentar sortear la constitucionalidad de la ley. Le recuerdo la enmienda número 172 del Grupo Parlamentario Popular, firmada por su portavoz, el señor don Esteban González Pons, que dice que la retención de datos lo abre a las autoridades judiciales o policiales. Esto claramente es anticonstitucional, y fueron ustedes los que lo cambiaron, no nosotros, no le quepa ninguna duda.


Tras este fracaso, ¿qué le queda por hacer al Gobierno? Pues correr una cortina de humo para buscar culpables. ¿Qué culpables han encontrado? Usted ha dicho la burbuja tecnológica, como si la burbuja tecnológica no afectara al resto de países de nuestro entorno que nos superan en esta carrera en movimiento; a estos países también les afecta, señor ministro, y, sin embargo, ellos avanzan y nosotros nos retrasamos.
Asimismo, hemos de tener en cuenta que la culpa se la ha echado usted a los ciudadanos al decir: Internet avanzará en nuestro país si cambia la mentalidad colectiva de los ciudadanos respecto a la innovación en España. Usted sabrá que más de 750.000 españoles ya han leído un manifiesto en el que ponen en entredicho su gestión y le exigen una rectificación por estas afirmaciones y por la falta de política para conseguir el desarrollo de España en esta materia.
El presupuesto de 2003 es continuista y ha sido aprobado a menos de un año de cambio de Gobierno; no tiene crédito ni posibilidad real de mejorar. Ha despreciado una vez más las iniciativas de todos los grupos políticos de esta Cámara. Se han votado una tras otra todas las mociones e iniciativas que intentaban que España despegara en esta materia. En este año, como le digo, sólo le queda disimular su fracaso e intentar montar comisiones para buscar más tiempo, pero es lo único que no tiene, señor ministro, usted no tiene tiempo, y España necesita que por lo menos este tiempo se dedique a impulsar la sociedad de la información en España.
¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular? Dos fundamentalmente: el Plan Info XXI, que ustedes mismos, en una respuesta escrita, dijeron que era un plan de trabajo, desmintiéndole a usted, o sea que no dicen la verdad en la respuesta escrita o usted no dice la verdad en rueda de prensa el 26 de noviembre de 1999 porque dijeron que el Plan Info XXI tenía la virtualidad de tres presupuestos consecutivos hasta el año 2002, con 450.000 millones de pesetas de inversión --tengo ahí el documento y la literalidad de lo que usted dijo en esa rueda de prensa--. También el señor Aznar, en la Cumbre de nuevos empleos, como trompetero mayor del Reino, dijo nuevamente que el Plan Info XXI nos iba a traer 14.000 empleos y se iba a formar un millón de ciudadanos españoles en «Internet para todos». Cinco veces han presentado ustedes este plan, cinco veces, señor ministro, y ninguna de ellas ha causado efecto, tan sólo ha llegado a formar a unas 90.000 personas. El Plan Info XXI, como le digo, es un plan que nunca existió, según sus propias palabras. Pero vamos a centrarnos sobre todo en el año 1999, en sus compromisos personales como portavoz de todo el Gobierno, porque como ustedes han dicho que el Plan Info XXI no ha existido, que ha sido un plan de trabajo, vamos a ver qué comprometió usted como portavoz de ese Gobierno en materia de nuevas tecnologías e innovación en España.
Usted se comprometió a la creación de una red de puntos de acceso público a Internet en núcleos rurales, bibliotecas y centros educativos. Señor ministro, esto lo iban a hacer a través de Correos. Tengo los datos. (El señor Lavilla Martínez muestra un papel a la Cámara.) Si tiene la amabilidad de mirar, es el color rojo y pone 0,9 por ciento de ejecución del presupuesto según respuestas oficiales del Gobierno año por año, es decir, que ustedes se han dejado de ejecutar prácticamente todo el presupuesto, no han hecho nada. Contésteme usted a eso. Nada, no han hecho nada. Seguimos. Usted ha dicho que hay que dotar de equipos informáticos a todos los centros educativos del Estado. Fíjese, señor ministro, en esta tabla, si tiene la amabilidad. (El señor Lavilla Martínez muestra un documento.) No es una nueva, es la actualización, por si alguien dice lo que no es. En color rojo figura el presupuesto que tenían que haber realizado. En color azul lo que han ejecutado. Es evidente: el 15,42 por ciento, ratificado por la señora ministra de Educación. No hay nada más.
La educación es tan importante --como dijo el señor presidente del Gobierno-- que sólo ejecutan el 15 por ciento de lo que ustedes han dicho. Hablaban de formar a 125.000 profesores en tecnología de la información y no han invertido un duro. Si algo se ha hecho lo han hecho las comunidades autónomas. Ustedes no han hecho nada en materia de formación de profesorado.
Hablaban también de acceso a la red en condiciones de calidad y precio asequibles. En 1999 el Ministro Arias Salgado se comprometió a que para el año 2000 desaparecerían las carencias de la red y que se iban a poner en España más de dos millones de líneas ADSL. Pero añadió: no vamos a dejar que el operador dominante despliegue la red de ADSL hasta que la red de cableado se extienda en España, con lo cual en este momento, ¿qué tenemos? Que esa red no ha despegado por la falta de voluntad política para impulsarla y, por otro lado, la operadora dominante que en 1999 no dejaron ustedes desplegar es la que tiene que hacer ahora esa red.
Pero es que, además, esta red, según un artículo muy bien elaborado por Olalla Cernuda en «El Mundo» nos dice, haciendo una comparación, que tenemos el ADSL más caro y más lento del mundo y que, además, el que menos servicios ofrece.
También --y usted me imagino que estará al tanto-- con la implantación de los proxy tenemos una navegación simulada por Internet. Ya no navegamos por Internet. Navegamos a través de un disco duro. Tenemos el ADSL más caro; el más lento; el que menos servicio nos ofrece y encima le colocamos el proxy para navegar a través de un disco duro. Eso afecta, señor ministro, sobre todo, a las pequeñas empresas porque cuando actualicen sus productos y su imagen no van a poder verlos.
Otro objetivo que usted mismo anunció y se planteaba en 1999 era el de la potenciación del castellano en la red hasta llegar al 15 por ciento de los contenidos de nuestro idioma. ¿Sabe cuál es la cifra? Con 400 millones de personas sólo tenemos el 5,6 por ciento. Se lo he dicho alguna vez a la Ministra Birulés. No avanzamos. Retrocedemos, al nivel casi de Corea.
Podríamos hablar también de accesibilidad para personas con discapacidad del portal único de la Administración que ha costado casi mil millones de pesetas, señor ministro. Y es un portal normalito que está más o menos en línea

con los múltiples portales que existen en España. Yo me imagino que si usted les da 1.000 millones de pesetas a todos los creativos de la red hubieran hecho un portal mil veces mejor.
Quiero decirle que, según el baremo mundial de accesibilidad de la red, la web administración.es no llega ni al nivel 1 de accesibilidad, señor ministro, en un año que es el Año Internacional de la Discapacidad, pues no llegamos ni al uno por ciento.
Podría detallarle, pero se me va agotando el tiempo, las carencias que tiene, además, de no ser accesible. Le diré sencillamente que no lo cumplen. Es decir, que vemos un plan que no existe, un plan que no se ejecuta, y, además, vemos un ministerio que ni siquiera cumple con lo que se le ha encomendado.
He traído los compromisos que usted asumió en materia de inversión en ciencia y tecnología. Se publicitaron 378.637 millones de euros, 63. 000 millones de pesetas para el año 2002. ¿ Sabe cuántos se han realizado ? Se han ejecutado 130 millones de euros, es decir, 21.000 millones de pesetas. Contando incluso Defensa, y todos los proyectos tan sólo se ha ejecutado el 34,51 por ciento del total. Esta es su responsabilidad en materia de nuevas tecnologías. Está avalado --veo que hace signos negativos con la cabeza-- por respuestas parlamentarias escritas en relación con el Plan Info XXI, señor ministro.
Es decir, le queda tan sólo un año. Vemos que España no avanza y los datos son los que son. Nos gustaría que fueran otros porque a nosotros nos gusta gobernar un país en marcha, un país más próspero, y han perdido ustedes este tiempo y encima con el poco tiempo que le queda va a ser un ministro a tiempo parcial. Yo le animo, señor ministro, a que el uso, por ejemplo, de los proxy que se está aplicando en España en este sistema de comunicación instantánea, como Internet, vuelva a los plazos del correo postal, según la carta de José Antonio Millán en Ciberpaís.
España en esta materia, señor ministro, no va bien. Lo hemos advertido.
Los compromisos que usted personalmente asumió en 1999 --como le he demostrado uno por uno-- no se han cumplido. Se necesita una rectificación a fondo para colocar a nuestro país en el lugar que nos corresponde.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Lavilla.
Para contestar a la interpelación, tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología, en nombre del Gobierno.

El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
No tenía el placer de conocer a su señoría (Rumores.), pero ya me habían advertido que su capacidad para la demagogia era, realmente, notable.
(Risas.) Pero debo decir que me ha sorprendido usted. (Un señor senador desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: Pues todavía no le conoce.) Creo que todavía debe ser capaz de más porque lo ha demostrado.
Llevo siete años, más o menos, en esto y jamás había visto una intervención tan demagógica en las Cámaras españolas, de verdad, como la que usted ha planteado.
Yo siempre procuro huir de eso. Intento hacer las cosas seriamente, exponer mis argumentos y hacerlo con moderación. Creo que puedo tener capacidad para la autocrítica. Veo las cosas positivas y las negativas.
Lo normal de cualquier persona normal. Pero si se dibuja un país que, según su visión, es una auténtica catástrofe en todos los aspectos, que no se ha hecho ni una sola cosa bien , que se falsifican y se tergiversan los datos, que se mezclan los años y que se habla de cosas completamente distintas y se meten en un mismo paquete, para después decir, simplemente, que el Gobierno no lo hace bien, ésa es tarea de la oposición, pero no vale de nada, porque ejercer la oposición seria y responsable es dar argumentos y datos de verdad, decir que hay cosas que van de una determinada manera y que pueden ir más o menos bien, otras que se pueden mejorar, otras criticables, como es natural, lo que cualquier persona llamaría una oposición constructiva, la que responde a un partido que quiere volver a ser Gobierno --espero que tarde mucho-- y que lo ha sido durante muchos años. A veces pienso en cómo pueden tener la desfachatez de hablar de las pensiones cuando dejaron quebrada la Seguridad Social. (Risas.
--La señora Arnáiz de las Revillas García pronuncia palabras que no se perciben.
--Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías. Senadora Arnáiz. Silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Lo digo porque su señoría, muy amablemente, refiriéndose a la sociedad de la información, del Info XXI, ha empezado hablando de las pensiones y de la guerra. (Rumores.) Sí, sí, sí. Yo también podría empezar a hablar de la guerra porque he visto en la historia de su señoría, que lleva muchos años en el aparato de su partido, que, seguramente, votó a favor de la OTAN después de haber dicho que no, y estuvo a favor de la guerra del Golfo (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
--Rumores.) Pero voy a entrar en materia, señoría, porque, insisto, a mí lo que me gusta es hablar de las cosas con seriedad. Quisiera hacerle una serie de consideraciones previas para, después, hablarle de cuál es el balance que hacemos de la situación y cuáles son los ejes de la política del Gobierno, que, sin ninguna duda, vamos a seguir y, a la vista de lo que hoy he escuchado, desde luego, no van a ser modificados por las brillantes aportaciones de su señoría.
La situación de la sociedad de la información en España tiene luces y sombras. Las hay. Por tanto, hace falta que hagamos un análisis de esa situación a partir de unas reflexiones previas y ver qué políticas podemos hacer para que la situación sea cada día mejor porque estoy seguro de que sí que compartimos, por lo menos, el objetivo esencial, que es lograr, de la forma más rápida y acompasada, la plena incorporación de nuestro país, de sus ciudadanos, de sus

empresas, de las administraciones públicas, a la sociedad de la información.
Voy a hacer dos reflexiones previas, que podrá compartir o no, pero que creo que lo podrá hacer cualquier persona que mire con un mínimo de objetividad a la realidad.
La plena incorporación a la sociedad de la información no se consigue en poco tiempo. Tenemos muchos retos: tecnológicos, jurídicos, económicos, sociales, porque la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento es un concepto integral, que cuesta y lleva su tiempo.
La segunda reflexión es que la nueva realidad de la sociedad de la información hoy no es la que imperaba a comienzos del año 2000. Había grandes expectativas de crecimiento en todo el sector de las telecomunicaciones, una gran euforia respecto al advenimiento inmediato de las nuevas tecnologías y de lo que tenía que ser la digitalización de la vida social y económica, lo que no ha sido así, ni en España ni en ningún sitio. Y a nivel internacional , europeo, se han cometido errores estratégicos en la identificación de tiempos, ritmos y procedimientos.
Por cierto, si les hubiéramos hecho caso en sus aportaciones, por ejemplo, en cuanto a la aplicación del sistema de subastas en tecnologías de tercera generación de teléfonos móviles, nuestra situación sería todavía peor. (Un señor senador desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: Peor imposible.) Sí, sí. Lo explicaré. Si ustedes están interesados en conocer datos y no chascarrillos, les explicaré algunas cosas sobre esto. (Rumores.
--La señora Arnáiz de las Revillas García:
Explique lo de la operadora de Telefónica.) Veo que el senador Lavilla tiene dificultades para entender que el Plan de acción Info XXI abarca el período 2001-2003, lo digo porque ha hecho continuas referencias a 1998,1999 y 2000. Bien, no le voy a desanimar a que siga perseverando en sus errores, pero sepa que estamos hablando de un Plan de acción que comprende el período 2001-2003 y que, por lo tanto, está vigente.
Analizando la aplicación del plan, vigente todavía, con seriedad y perspectiva, tengo que decir que, desde el punto de vista de los programas básicos --y debo hacer una excepción, porque el programa «Internet para todos» no ha funcionado como queríamos--, casi todos los programas, con algunos ajustes, han funcionado razonablemente bien. Le voy a dar algunos datos.
Con carácter general el plan ha avanzado a buen ritmo y al finalizar el año 2002 teníamos ya en servicio, de las 306 acciones, 160 y otras 100 en fase de contratación y ejecución; es decir, casi el 80 por ciento. Pero, como el plan está en ejecución, puede haber un 20 por ciento que todavía no esté en esas fases. Fijarse sólo en eso para descalificar el conjunto del plan tiene un nombre y no hace falta que lo vuelva a repetir, es simplemente falsear la realidad.
Se ha ejecutado más del 95 por ciento del presupuesto previsto para las acciones en el ejercicio 2001 y en algunas de ellas incluso se ha ido más allá, más del cien por cien para 21 acciones emblemáticas de diferentes ministerios. Debo decirle que el grado de ejecución del presupuesto para el Plan Info XXI y la sociedad de la información, dentro de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y sociedad de la información y según las cifras de las que ya disponemos sobre el 2002, supera el 97 por ciento del total de créditos presupuestarios. Por lo tanto, se ha hecho un extraordinario esfuerzo del que estoy muy orgulloso y quiero agradecer a los servicios del ministerio su trabajo excepcional y la profesionalidad que han demostrado. También debo decir, ahora que hemos superado el ecuador del plan, simplemente el ecuador, que hay que tener en cuenta un elemento nuevo que, por lo tanto, nos obliga a adaptarlo --el Plan e-Europe 2005-- y un nuevo escenario que hace conveniente alguna remodelación y ajuste.
Paso a referirme a cuál es la situación de la sociedad de la información en nuestro país hoy por hoy. Según los últimos datos, casi el 25 por ciento de la población de más de 14 años se conecta a Internet de modo habitual, y es cierto que estamos todavía por debajo de las cifras medias de la Unión Europea. Es objetivo prioritario que las podamos alcanzar y, por eso, estamos trabajando en diferentes líneas, siendo los resultados satisfactorios en algunos ámbitos. Por ejemplo, en la conexión a Internet en las escuelas estamos por encima de la media comunitaria: el 94 por ciento frente al 93 por ciento en la Unión Europea, y también nos encontramos por encima de la media en número de ordenadores por cien alumnos.
Por otro lado, en los últimos años el nivel de acceso a internet en los hogares españoles se ha multiplicado por cuatro, y su señoría me dirá con razón que seguimos estando muy por debajo del promedio. Es verdad, pero hemos multiplicado por cuatro mientras que en Europa ha sido por tres.
Por lo tanto, estamos hacia la convergencia también en este tema.
La administración electrónica se está desarrollando, y eso lo reconoce todo el mundo, a mayor ritmo que en otros países europeos. Estamos por encima de la media de la Unión en la disponibilidad de servicios «on line», siendo líderes en temas como la gestión del IVA o en las denuncias a la policía. Incluso puedo mencionar un dato que creo que es muy ilustrativo. En la última campaña del Impuesto sobre la renta más de un millón de contribuyentes hicieron su declaración a través de la red, que no me parece un dato desdeñable.
Se ha producido una fuerte expansión de las infraestructuras de banda ancha; hay más de un millón de líneas ADSL y hace dos años prácticamente no había. Somos el segundo país en crecimiento en términos absolutos, después de Alemania, que tiene 81 millones de habitantes como posibles usuarios de esta tecnología. Además, en cable tenemos 300.000 accesos más, pero es verdad también que en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas o en el porcentaje de internautas que compran a través de la red estamos por debajo, y por lo tanto debemos mejorar. Pero ésa es la responsabilidad del Gobierno, de las diferentes administraciones y de la sociedad en su conjunto: identificar aquello que va bien para mejorarlo y aquello que no va tan bien para corregirlo. En eso estamos, y seguiremos trabajando con independencia de determinadas manifestaciones de todo tipo.
Me ha sorprendido una afirmación que quiero rebatirle. Creo que el desarrollo de la sociedad de la información en España es responsabilidad de todos, no sólo del Gobierno.


Por lo tanto, me parece absolutamente positivo que el Gobierno haya acudido a diferentes sectores y profesionales de reconocido prestigio de la sociedad civil para que en un plazo muy breve de tiempo --tienen que presentar sus conclusiones el mes que viene-- aporten sus ideas e indicaciones respecto a qué es lo que podemos hacer en la actual situación y en base a los nuevos datos para implementar la sociedad de la información en nuestro país. Creo que ésta es una aportación positiva y, por otra parte, absolutamente lógica y coherente con una fuerza política como es la nuestra, que cree sinceramente en las aportaciones de la sociedad civil y confía en sus iniciativas.
Y en función de todo eso estamos desarrollando una política que tiene, si me lo permite, muy brevemente, los siguiente ejes. Primero, para potenciar la sociedad de la información necesita pasar por un desarrollo del sector de las telecomunicaciones, tanto en telefonía fija como en telefonía móvil, y ahí hemos adoptado ya todo un paquete de medidas en telefonía fija, que su señoría sin ninguna duda conoce, y en telefonía móvil, sobre todo buscando la rápida incorporación de nuevas tecnologías, que su señoría también conoce, con el fin de mantener e, incluso, aumentar el ritmo de inversión de infraestructuras de banda ancha, y que permite la prestación de nuevas aplicaciones y de nuevos servicios de la sociedad de la información.
También estamos trabajando en todo lo que debe constituir el marco y el contexto jurídico de la sociedad de la información. Efectivamente, el pasado año entró en vigor la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Ustedes nos auguraban grandes desastres, quejas y problemas, pues hasta ahora, francamente, aunque todas las quejas y problemas merecen consideración, en ningún caso se ha producido ese fenómeno que ustedes auguraban, sino todo lo contrario; la ley se está aplicando con normalidad, estamos procediendo al desarrollo reglamentario de la misma, y seguiremos trabajando con la tranquilidad y serenidad necesaria porque estamos hablando de una cuestión muy seria.
También hemos presentado y está pendiente del dictamen del Consejo de Estado, la nueva ley general de telecomunicaciones, que transpone el «paquete Telecom», que liberaliza todavía más el sector y afronta una nueva fase del proceso de liberalización de las telecomunicaciones, tanto en nuestro país como en el conjunto de Europa, que espero que vaya dando también buenos resultados.
De igual modo estamos trabajando en una nueva ley de firma electrónica, que presentaremos muy brevemente, en una orden ministerial sobre el dominio.es, que constituye, por así decirlo, una matrícula de identificación de la pyme española y que garantiza un alto nivel de seguridad jurídica. Y estrechamente ligado a lo que estamos considerando, una nueva ley general de radio y televisión que ponga orden en la enorme dispersión legislativa que afecta a ese sector desde hace muchísimos años.
En tercer lugar estamos reforzando la dimensión social de nuestra política, de tal manera que todos los ciudadanos gocen de igualdad de oportunidades, que podamos impedir la denominada brecha digital, y asegurar el acceso de todos al bienestar mediante la regulación del servicio universal, los diversos programas de formación e incentivos y actuaciones específicas para discapacitados. Y desde el pasado mes de octubre, gracias a una iniciativa del Gobierno, por cierto con el voto en contra del grupo político al que su señoría representa, el acceso a Internet forma parte del servicio universal de telecomunicaciones. Y por eso hemos puesto en marcha un plan de sustitución de las llamadas líneas TRAC, que hará que a finales del año 2004 todas ellas estén ya sustituidas por posibilidades de acceso funcional a Internet de manera adecuada.
En cuarto lugar estamos actuando en tres frentes vitales, el sistema educativo, las pymes, la administración electrónica, y quiero resaltar los avances producidos en una acción muy relevante como es Internet en la escuela. Se han firmado varios convenios bilaterales entre Red.es y comunidades autónomas de cualquier color político, y también estamos potenciando el papel instrumental del organismo Red.es, orientado a la prestación de servicios a la comunidad de internautas, que quiero mencionar: la administración del dominio.es, como antes he dicho, la gestión del Centro de alerta antivirus, el programa de navegación segura para la infancia y, además, tenemos la voluntad de convertir a este organismo en una herramienta tecnológica de todas las administraciones.
En definitiva, señoría, los ritmos de avance de la sociedad de la información en España han sido razonablemente buenos, convergemos. Es cierto que siempre se puede hacer más deprisa, a todos nos gustaría converger más deprisa con el promedio de la Unión Europea en términos de renta real. Llevamos siete año haciéndolo, estuvimos muchos años sin hacerlo antes de 1996, pero ahora estamos también convergiendo en eso.
Nos gustaría hacerlo más deprisa y estamos intentando implementar políticas para que pueda ser posible, aprendiendo de errores propios y ajenos porque estamos ante una crisis global del sector de las telecomunicaciones que debemos tener en cuenta, pero las cosas se consiguen mejorar a base de aportaciones positivas, constructivas, teniendo en cuenta la opinión de personas razonables y sensatas, y de seguir trabajando como lo hemos hecho siempre desde el Gobierno, sabiendo que uno de nuestros objetivos es que todos nuestros ciudadanos tengan los mismos derechos a la hora de acceder a los niveles de bienestar que se merecen. Y vamos a seguir así, con independencia de lo que puedan decir los demás.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor ministro de Ciencia y Tecnología.
Tiene la palabra el senador Lavilla.

El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, yo pensaba que tendría un poco más de clase. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías.


El señor LAVILLA MARTINEZ: Venir aquí sin datos, sólo a descalificar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es tener poca clase, señor ministro. (La señora Díaz Villegas: ¡Pero qué falta de respeto!) Yo he dado una serie de datos avalados por informes oficiales. Usted no ha aportado ni un solo dato, ni uno, se ha limitado únicamente a descalificar a quien daba los datos para que esos datos no tuviesen validez. Yo voy a mostrar los documentos, señor ministro, documentos.
Muéstreme usted documentos, no palabras, no descalificaciones. Por mucho que le jaleen la realidad es así.
Señor ministro, ha dicho que no sabe usted qué voté yo en la OTAN. La verdad, se lo voy a decir con toda sinceridad, no pude votar porque no me llegaron las papeletas, las debí pedir tarde. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Lo que sí le puedo asegurar, señor ministro, es que, por coherencia personal, siempre he defendido lo mismo; no sé si usted lo ha hecho así. Yo siempre he defendido lo mismo y siempre he estado en el Partido Socialista. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) En relación con los documentos, señor ministro, le voy a citar uno. (El señor Lavilla Martínez muestra un documento a la Cámara.) Dice: página 26 del Plan Info XXI --mírelo usted, se puede ver desde allí--. Anualidad de 2000 --y ahí vienen las cantidades--. Consejo de Ministros del 26 de noviembre --que son sus palabras--, donde se enumeran, señor ministro, todos y cada uno de los objetivos que usted se marcaba en 1999 en el Plan Info XXI, y está escritos en la página moncloa.es, que es de donde los he sacado, pero usted no ha dado respuesta a nada.
Castellano en la red; mal. Nivel de usuarios de Internet, mal. Todos los países avanzan, España retrocede --sólo lo hace Argentina, señor ministro--. Patentes: los últimos de Europa en esta materia. Son datos, señor ministro. Descalificación de la ley: lo ha hecho hasta el fundador de la Internet, o sea, que no sólo lo hace el Grupo Socialista. Señor ministro, le he citado una enmienda del Grupo Popular que era anticonstitucional y la tuvieron que cambiar; le he citado el número de la enmienda y no me ha dicho usted que no porque eso no se puede negar, cualquier internauta lo puede ver en la red, eso está publicado y son hechos consumados.
Señor ministro, todos los datos que le dado están avalados por documentos. Yo le digo que el Gobierno ha dicho que el Plan Info XXI es un mero documento de trabajo, y le digo la página: «Boletín Oficial del Senado» número 427, de 14 de mayo, página 32. (El señor Abejón Ortega:
¿De qué años?) Lo tengo aquí, señor ministro, ustedes mismos han dicho que el Plan Info XXI era un mero plan de trabajo, y usted dijo en rueda de prensa el 26 de noviembre de 1999 que se comprometían todas y cada una de las actuaciones que yo antes le he enumerado, a lo cual usted no ha dado ninguna respuesta. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Yo le he hablado de esfuerzo, y es la sociedad la que hace el esfuerzo.
Le he dicho que el presupuesto de educación no se ejecuta, señor ministro, pero es que le voy a dar otra cifra. Esta es la última encuesta del EGM --le doy documentos, no palabras--: el nivel de usuarios que acceden desde el centro educativo en el año 1996 era el 17,8, en el año 2000 subió al 19,7. ¿Sabe usted cuál es la cifra? El 12 por ciento, hemos caído el 7 por ciento, y no son acumulativas, señor ministro, no son acumulativas. ¿Sabe el nivel de interconectividad que hay en Estados Unidos? El 60 por ciento desde los centros educativos. En España el 12, hemos caído. El esfuerzo que hace la Administración pública no es suficiente. Usted dice que hay más ordenadores por aula, pero yo le pregunto: ¿cuánto dinero ha puesto el Gobierno para que haya más ordenadores por aula? A ver si en Extremadura, que están invirtiendo de su presupuesto para innovar y para mejorar, va a resultar que es el Gobierno el que lo hace cuando no les da un duro. ¿Qué ha puesto el Gobierno? Ya le he dicho: ha ejecutado el 15 por ciento de su presupuesto en materia educativa, y lo ha dicho la señora ministra aquí, en respuesta oral, documentos que usted puede leer. No son palabras, no son descalificaciones, son hechos, señor ministro.
Yo no digo que la situación de Internet en España esté mal porque sea demagógico, como ha querido usted descalificarme para que las cifras no sean escuchadas por el resto de parlamentarios. El señor Folgado, Secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa dijo que la implantación de Internet en España es insuficiente y que había que cambiar la política porque afectaba gravemente a la competitividad. No es que lo diga yo, es que lo dice él.
Señor Ministro, ¿para qué quiere usted retener los datos durante un año si no se puede encontrar a los delincuentes? ¿Cuánto personal se destina a esta función? Le voy a dar una respuesta escrita que aparece en la página 69, del Boletín Oficial del Senado de 15 de octubre: 21 ciberpolicías; es decir, los datos de todos los españoles están guardados durante un año y contamos con 21 ciberpolicías para analizarlos. Ese es el motivo de que la página web de batasuna, sin coordinación internacional, esté vigente y de que las empresas españolas tengan esas dificultades.
Antes de terminar le voy a citar otro documento. Mire usted, señor ministro, yo le he dicho que la LSSICE nos aleja de Europa, no nos acerca, que nos pone trabas que el resto de países europeos no tienen y que, además, es ineficaz --sirva como ejemplo que la página web de batasuna sigue en marcha--, pero es que ha llegado a mis manos un documento --si quiere, luego le haré una copia-- en el que el Ministerio de Educación dice lo mismo que ha dicho este parlamentario sobre esa ley; se lo voy a leer: Quizá el problema estriba en que la denominación de la ley propuesta es mucho más general que la Directiva 2000/31/CE que transpone Relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, con lo que deja claro que no se refiere en todo lo concerniente a los servicios de la sociedad de la información sino sólo a algunos aspectos, concretamente, el comercio electrónico en el marco de la Unión Europea. (Una señora senadora del Grupo Parlamentario Popular:
¿A qué viene eso?) Esta es la posición que ha mantenido siempre el Partido Socialista. Además, sigue diciendo: otro elemento desacertado

es la equiparación, mediante yuxtaposición de servicios. Si, por el contrario, el anteproyecto se mantuviera tal como está, parecería conveniente modificar su denominación.
El propio Ministerio de Educación --y con esto termino-- recoge en este documento los argumentos que el Partido Socialista ha mantenido en toda su tramitación parlamentaria.
Yo, señor ministro, aporto documentos, doy hechos; usted, descalificaciones.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Ciencia y Tecnología.

El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, veo que es muy difícil debatir con usted porque hablamos en lenguas distintas. Además, he de decirle que es metafísicamente imposible que siendo del Partido Socialista desde hace tantos años siempre haya dicho lo mismo. (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
--La señora Arnáiz de las Revillas García: ¡Más descalificaciones!) El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): No, no es una descalificación, simplemente hago un comentario y una constatación de la realidad. (Protestas.
--El señor Madrid López pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio! Señor Madrid, guarde silencio.

El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Votan de entrada, no; después, sí...; antes, guerra del Golfo, sí; ahora, no...
(La señora Arnáiz de las Revillas García: ¡Pero nunca nos cargamos al embajador de Marruecos!)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señoría! ¡No interrumpa! Guarde respeto al señor ministro y a la Cámara. (El señor Madrid López y el señor Fernández Zanca pronuncian palabras que no se perciben.
--La señora Arnáiz de las Revillas García: ¿Y él?) Señoría, guarde respeto al presidente.

El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias.
No hay manera porque insiste en hablar de 1999, etcétera, pero la vigencia del Plan Info XXI es de 2001 a 2003. Por tanto, si usted quiere que hablemos de una iniciativa estratégica de 1999, que se aprobó muy poco antes de la disolución de las Cámaras, hablaremos de eso; además, tuve cierta responsabilidad sobre esa cuestión y me siento muy orgulloso de la misma porque creo que hicimos un buen trabajo. Sin embargo, después se estableció un plan de acción, Info XXI, para los años 2001-2003, que está en ejecución, que ha pasado justo el ecuador, que se tiene que valorar por tanto en esos términos y que está intentando avanzar.
Yo también les he facilitado bastantes datos sobre temas que considero relevantes, en otros casos he reconocido que no hemos avanzado suficientemente y tampoco tengo ningún inconveniente en reconocer que estamos por debajo de donde deberíamos estar --lo digo todos los días--, pero también he de insistir en que estamos avanzando, que estamos convergiendo --a lo mejor no todo lo rápido que desearíamos--, y que tenemos que seguir haciéndolo.
Como es natural, no sé las cifras de ejecución del presupuesto de Educación, pero sí sé las de mi ministerio y, como ya le he dicho, nuestro grado de ejecución presupuestaria en 2002 ha sido excelente. Es nuestra obligación, no lo presento como un mérito, pero insisto en que el grado de ejecución ha sido excelente.
Ha hablado de los porcentajes de acceso a Internet desde los centros educativos, y los porcentajes, en sí mismos, son un instrumento muy importante para conocer la realidad, pero suelen ser producto de una división que depende de la base sobre la cual se divida y, por tanto, el descenso del porcentaje de acceso a Internet desde las universidades es posible que quiera decir que sigue aumentando, pero que hay otros accesos a Internet desde muchos otros sitios --desde las empresas, desde los hogares, etcétera--. (El señor Lavilla Martínez hace signos negativos.) Hay que ver las cosas con un mínimo de objetividad.
He de recordarle que el programa de Internet en la escuela --y le he dado los datos y los resultados-- se aplica siempre a través de convenios con comunidades autónomas, con financiación compartida entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y las propias comunidades autónomas. Ayer mismo fue aceptado por la Comunidad Autónoma de Andalucía, hace muy poco estuve en Asturias por el mismo motivo, y usted sabe cuál es el color político de los gobiernos de estas dos comunidades autónomas. Por tanto, estamos haciendo las cosas como deben hacerse.
Respecto a sus comentarios sobre la Ley de Servicios de la sociedad de la información, debo decirle que eso ya se debatió en su momento. Le reitero que nosotros consideramos que es una buena ley y que todas esas catástrofes que ustedes nos auguraban no han sucedido, todo lo contrario.
Por tanto, vamos a seguir aplicando su desarrollo reglamentario procurando reconocer bien la realidad.
Usted se ha referido a la lengua castellana y a Corea, pero hay una diferencia sustancial: afortunadamente hoy hay más porcentaje de contenidos en castellano que en coreano, ¡faltaría más! Es decir, eso también va mejorando. Pero es que, además, hay una pequeña diferencia. En la primera mitad de los años noventa, en Corea se adoptó una política de desarrollo de la banda ancha y de competencia en el sector de las telecomunicaciones. Si hubiésemos seguido con la política del Partido Socialista hoy tendríamos todavía el monopolio de Telefónica.


Muchísimas gracias. (Rumores.
--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

INFORMES SOBRE LA ACTUACION DE LA COMISION DE PETICIONES:


--INFORME SOBRE LA ACTUACION DE LA COMISION DE PETICIONES EN EL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES FEBRERO-JUNIO DE 2002, APROBADO POR LA COMISION EN SU SESION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2002 Y EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 195 DEL REGLAMENTO DEL SENADO (871/000004).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día: Informes sobre la actuación de la Comisión de Peticiones. Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones febrero-junio de 2002, aprobado por la Comisión en su sesión del día 16 de diciembre de 2002 y emitido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra don Demetrio Madrid López, en representación del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor MADRID LOPEZ: Permítame, señor presidente, que antes de informar a todas sus señorías sobre la gestión de la Comisión de Peticiones que me honro en presidir, dé cuenta de un acontecimiento inusual en nuestro quehacer parlamentario.
Señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, los pasados 24 y 25 de octubre hemos celebrado en nuestra sede del Senado de España unas jornadas en las que hemos querido aproximarnos al desarrollo de la ley del derecho de petición. A las mismas asistió un buen número de senadores y senadoras y, por invitación de esta Cámara, representantes de las comunidades autónomas, de sindicatos, de los consumidores, del Defensor del Pueblo, del Defensor del Menor, colegas de otros parlamentos y representantes de distintos ministerios.Tengo un cierto pudor en manifestar que dichas jornadas constituyeron un éxito y fueron muy bien aprovechadas por los asistentes, de los cuales seguimos recibiendo muestras de agradecimiento. Para dar cumplida información pública de dichas jornadas, y de acuerdo con la Mesa del Senado, estamos redactando una publicación para que sirva de información y amplia difusión. Como resumen de las distintas intervenciones habidas, quisiera destacar algunas de las ideas que los ponentes, tanto en el diálogo como en el coloquio con los asistentes a las jornadas, expresaron de forma mayoritaria.
Transcurrido un largo o corto período de tiempo desde la recuperación de la democracia --nunca se sabe, depende de cómo se analice--, nuestro país ha cambiado profundamente. Nadie niega la transformación intensa y profunda que ha tenido en términos fundamentales. Desde los últimos tiempos de la dictadura, durante la transición y hasta nuestros días, varias generaciones han sabido crear unas nuevas condiciones sociales, económicas y culturales, en definitiva, unas nuevas condiciones políticas.
Es verdad que algunas generaciones han coincidido con más intensidad que otras en esta construcción del tránsito de una sociedad autocrática a una sociedad democrática. Mientras tanto, hemos aprendido que la Constitución y todas las leyes, así como las libertades públicas, los partidos y sindicatos, no son por sí mismos la solución de todos los problemas, pero también hemos comprobado que sin las grandes transformaciones del nuevo edificio constitucional no hubiera sido posible la modernización y desarrollo de España. Hemos puesto, por tanto, las condiciones necesarias, en términos institucionales y de convivencia, homologables con los países más avanzados. Eso significa que las actuales libertades públicas no tienen nada que ver con el tiempo de la dictadura, que el acceso a la universidad ha significado una revolución, así como la incorporación de la mujer a todos los campos de la vida económica, laboral, cultural y social, por fijarnos en algunos ejemplos. Así se podrían analizar --seguían diciendo y manifestando los miembros que asistieron a estas jornadas-- cada una de las facetas. Incluso en el aspecto físico nuestro país ha cambiado, en general para bien, y los transportes y las vías de comunicación son infinitamente mejores.
En definitiva, el actual Estado del bienestar, aunque manifiestamente mejorable, nos sitúa entre los países más avanzados y descentralizados.
Teniendo claro que hemos cubierto con acierto una etapa crítica, inmediatamente tenemos que afirmar que no estamos en el mejor de los puntos, lo que significa que hay que mantenerse en guardia en relación con el asentamiento inequívoco de la democracia y de la libertad. Tanto estas conquistas como todas las demás es necesario ganarlas cada día.
En definitiva, y por resumir: hemos construido las bases del Estado moderno que generaciones anteriores quisieron y no pudieron, hemos tenido la responsabilidad y la fortuna de crear unas reglas del juego que deseamos y queremos que sean duraderas, porque son aceptadas por la inmensa mayoría del pueblo español.
Hay que desarrollar todas las capacidades que contienen las grandes leyes que dimanan de la Constitución, como son los derechos y deberes fundamentales y, entre los mismos, el artículo 29, que determina que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, y para su desarrollo ya contamos con una ley orgánica, aprobada por las dos Cámaras por unanimidad, que puede y debe ser un buen instrumento y que debemos utilizar.
Como dice la propia ley, el destinatario de la petición puede ser cualquiera de los poderes públicos o autoridades, incluyendo los diferentes poderes y órganos constitucionales. Asimismo, las peticiones pueden incorporar sugerencias e iniciativas, una información, expresar quejas o súplicas, por tanto se caracterizan por su amplitud y están referidas a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular.


Quiero destacar que la ley establece que la regulación del ejercicio del derecho de petición debe caracterizarse por su sencillez y antiformalismo, que es como un aire fresco que hay que agradecer frente a tanto formulismo y burocracia.
Aunque la Comisión de Peticiones del Senado ya lo viene haciendo en su afán de innovación positiva, la ley establece la posibilidad de convocar en audiencia especial a peticionarios, si así se considera oportuno.
Nuestra experiencia viene demostrando la eficacia y grado de satisfacción de esta medida, lo que significa un acercamiento del Senado a los problemas de los ciudadanos.
Merece la pena destacar que la nueva ley de peticiones se ha ejercido con toda naturalidad, desde antes incluso de producirse, para que toda persona, natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, pueda acercarse y exponer cualquiera de sus problemas, dando comunicación incluso de una manera informal, como acabamos de decir. Así pues, ya tenemos los instrumentos necesarios: una nueva ley, comisiones e instituciones y, desgraciadamente, ciudadanas, ciudadanos y colectivos necesitados de recurrir a quien podemos y debemos ofrecer nuestra intermediación en búsqueda de soluciones para su problemas.
Esta disposición de los representantes legítimamente elegidos por los ciudadanos es, señor presidente, y a usted especialmente se lo recuerdo, la continuidad de la mejor de las tradiciones de los procuradores de las tierras de las viejas Cortes de León y de Castilla, procuradores que en las encrucijadas de los caminos recibían las solicitudes y peticiones de los ciudadanos más necesitados.
Algunas de las reflexiones que acabo de exponer se expresaron en los debates celebrados en las jornadas sobre el derecho de petición y deseo manifestar mi personal agradecimiento, entre los muchos funcionarios que colaboraron a su buen funcionamiento, al letrado señor Pérez Dobón.
Para terminar, ciñéndome a la actividad de la Comisión de Peticiones, hay que manifestar que en el curso de la sesión celebrada el pasado 16 de diciembre, ésta aprobó el informe correspondiente a las actividades desarrolladas en el período de sesiones comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de junio. Conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado, dicha comisión acordó en esa misma sesión elevar a la Presidencia de la Cámara el informe de referencia, donde se ofrece una relación de peticiones, de las decisiones adoptadas sobre las mismas y de las contestaciones recibidas de las autoridades, dando a ellas su traslado.
Quisiera destacar el creciente volumen, la importancia y calidad de las peticiones recibidas. Durante el período de sesiones al que se contrae el presente informe, la comisión ha recibido 167 peticiones, las cuales han dado lugar a determinados trámites. Algunas de ellas, como no puede ser menos, han sido archivadas (sin perjuicio, no obstante, de dar conocimiento a los peticionarios, si hay en el escrito datos que lo permitan) por no tener a veces el carácter de petición o faltarle las indicaciones oportunas y, en todo caso, para conocer mejor su objeto y no tener en ocasiones otra finalidad que el conocimiento por la propia comisión, o por tratarse de reiteraciones, que a veces también existen, en cuestiones ya resueltas anteriormente por la comisión sin que se aporte ningún elemento o juicio nuevo.
Hemos trasladado a los grupos parlamentarios, a los que desde aquí quiero llamar la atención, un buen número de peticiones porque muchas de ellas podrían dar lugar al estudio de algunas iniciativas por parte de los distintos grupos, para que se propusieran iniciativas en el debate parlamentario y se formularan solicitudes al Gobierno.
Asimismo, se han enviado peticiones a las siguientes instituciones:
Presidencia del Gobierno; ministerios de Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales, Defensa, Hacienda, Interior, Asuntos Exteriores, Educación, Cultura y Deporte, Sanidad y Consumo, Fomento, Administraciones Públicas; Fiscal General del Estado; Consejo General del Poder Judicial; Defensor del Pueblo; Consejo de Estado; Consejo General de la Abogacía; Colegio de Abogados de Barcelona y de Castilla y León; Junta de Castilla y León; Generalitat Valenciana; Junta de Extremadura; la Comunidad de Madrid; la Comunidad Autónoma de Cantabria; Comunidad Autónoma de Canarias; Comunidad Autónoma de Andalucía; Ayuntamiento de Málaga y otros ayuntamientos del conjunto de España.
Dado el número de peticiones que debe trasladarse a otros organismos, la comisión se ha preocupado del seguimiento de las mismas, a cuyo efecto se cuenta con expedientes individuales de cada una, siempre actualizados, que permiten consultar y conocer en todo momento el estado de su tramitación.
Quiero manifestar que los señores y señoras senadores de esta comisión tenemos especial interés para que en ninguna de las solicitudes o contactos, bien a través de escrito, el medio más común, bien por teléfono o por cualquier otro tipo, quede descolgada la relación de actividad entre la persona que se dirige a esta comisión, que es tanto como decir al Senado, y el problema, así como entre las personas que siempre están detrás de cada uno de los mismos. A veces somos como los abogados defensores de los que no tienen defensa, de los que no tienen otros medios y nosotros --me refiero al Senado-- nos hemos convertido en vehículo para que esta Cámara no solamente llegue a ser algún día la Cámara de representación territorial sino también la Cámara de los ciudadanos y, sobre todo, de los más necesitados.
Sólo me queda expresar desde esta tribuna --y hablo como un miembro más de la Comisión de Peticiones y en nombre de mis compañeros-- mi más sincero agradecimiento a todas las personas que nos ayudan a cumplir con nuestro trabajo, desde el letrado, señor Pérez Llorca, hasta las secretarias, pasando por todos los senadores integrantes de esta comisión.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Alguna de sus señorías desea intervenir? (Pausa.) Muchas gracias.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:


--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE TURQUIA, PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, HECHO EN MADRID EL 5 DE JULIO DE 2002 (S.
610/000201) (C. D. 110/000201).

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto cuarto del orden del día:
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
Convenio entre el Reino de España y la República de Turquía, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 5 de julio de 2002.
No se han presentado propuestas en relación con este convenio dentro del plazo que a tal efecto se señaló.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) ¿Se puede entender concedida la autorización por asentimiento? (Asentimiento.) Así se acuerda, y en consecuencia se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del citado convenio.


-- CONVENIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BULGARIA, HECHO EN VALENCIA EL 13 DE MAYO DE 2002 (S.
610/000202) (C. D. 110/000202).

El señor PRESIDENTE: Convenio de la Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Bulgaria, hecho en Valencia el 13 de mayo de 2002.
Tampoco se ha presentado ninguna propuesta en relación con este convenio dentro del plazo señalado.
¿Desea intervenir algún grupo? (Pausa.) ¿Se puede entender concedida la autorización por asentimiento? (Asentimiento.) Así se acuerda, y en consecuencia se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del convenio citado.


--CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA CHECA, HECHO EN VALENCIA EL 13 DE MAYO DE 2002. (S. 610/000203) (C. D.
110/000203).

El señor PRESIDENTE: Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Checa, hecho en Valencia el 13 de mayo de 2002.
Igualmente, en este caso no se han presentado propuestas en relación con este convenio dentro del plazo que al efecto se señaló.
¿Desea intervenir algún grupo? (Pausa.) ¿Se puede entender concedida la autorización por asentimiento? (Asentimiento.) Así se acuerda, y en consecuencia se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del citado convenio.


--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA FEDERAL DE NIGERIA, HECHO EN ABUJA EL 9 DE JULIO DE 2002 (S. 610/000205) (C. D. 110/000205).

El señor PRESIDENTE: Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Federal de Nigeria, hecho en Abuja el 9 de julio de 2002.
Tampoco se ha presentado ninguna propuesta en relación con este acuerdo.
¿Desea intervenir algún grupo? (Pausa.) ¿Se puede entender concedida la autorización por asentimiento? (Asentimiento.) Así se acuerda, y en consecuencia se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del acuerdo citado.

MOCIONES:


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA A LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A CELEBRAR LAS SESIONES NECESARIAS PARA DEBATIR Y PROMOVER UNA ACTUACION CONJUNTA Y DEBIDAMENTE COORDINADA DEL GOBIERNO CENTRAL CON LOS GOBIERNOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CATASTROFES COMO LA RECIENTE DEL BUQUE PETROLERO «PRESTIGE» (662/000270).

El señor PRESIDENTE: Señorías, de acuerdo con los grupos, continuamos la sesión con el debate de la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta a la Comisión General de las Comunidades Autónomas a celebrar las sesiones necesarias para debatir y promover una actuación conjunta y debidamente coordinada del Gobierno central con los Gobiernos de las comunidades autónomas ante situaciones de emergencia y catástrofes como la reciente del buque petrolero «Prestige».
La Presidencia quiere indicar que la votación de esta moción se llevará a cabo cuando se vote la moción que queda pendiente en esta sesión, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para introducir una obligación informativa dirigida a las instituciones de inversión colectiva. Es decir, la moción cuyo debate ahora se inicia será sometida a votación con posterioridad a la de la moción del Grupo Parlamentario Catalán a la que he hecho referencia.


A esta moción del Grupo Socialista se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la moción, por el Grupo Socialista tiene la palabra el senador Lago.

El señor LAGO LAGE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, Galicia se enfrenta desde hace ya tres meses a una catástrofe social, económica y medioambiental, originada por el desastre del «Prestige», a la que tiene que responder con decisión aportando soluciones de futuro. De esta crisis, aunque en menor cuantía y medida, participan también otras comunidades del Cantábrico (Asturias, Cantabria y Euskadi) e incluso estos días también saltó la alarma marítimo-medioambiental en Andalucía, concretamente en la Bahía de Algeciras.
La sociedad gallega, y en general la española, tiene ante sí el reto de afrontar la salida de la crisis y dar un doble salto que vaya más allá de la simple solución de los ya de por sí graves problemas sociales, económicos y medioambientales planteados. Es necesario impulsar la convergencia en la normativa de responsabilidad ambiental en vertidos de hidrocarburos entre la Unión Europea y los Estados Unidos y abordar las acciones necesarias para paliar los efectos de la crisis en los principales sectores afectados; aportar una solución final a los vertidos procedentes de los restos del barco y proceder de inmediato y, seguir así, hasta la completa limpieza de toda la costa gallega y cantábrica.
Además, en paralelo, también es imprescindible integrar estas acciones en un plan global y coordinado que contemple medidas de reactivación e impulso de la actividad económica y de preservación y regeneración ambiental, muy especialmente del medio marino, sin olvidar también la seguridad como un derecho más de los ciudadanos.
Se puede decir que ante el primer tropiezo operaron con claridad y crudeza las debilidades estructurales de nuestro país, es decir, los déficit en capital físico, humano y tecnológico que restan a la economía gallega y española capacidad de respuesta ante las dificultades y los retos del futuro en un mundo globalizado. Por ello es necesario --así lo creemos-- plantear la salida de la crisis en términos globales y de cooperación institucional entre el Gobierno central y los gobiernos de las respectivas comunidades autónomas. Es el conjunto del país, el conjunto de España quien debe abordar la salida de esta crisis. Se trata así de canalizar la conciencia colectiva como país y dar el salto cualitativo que permita pasar de la cultura de la ayuda y la resignación a la cultura del impulso de la actividad emprendedora, de la creación de riqueza y del bienestar.
Durante estos tres insufribles meses de crisis aguda, el Gobierno se ha limitado a realizar una valoración económica del desastre a corto plazo.
Es necesario valorar el impacto a largo plazo, teniendo en cuenta las consecuencias derivadas de la destrucción medioambiental, de la desaparición parcial de la actividad económica, del impacto negativo en los mercados respecto de la imagen de productos marinos y turísticos, de la pérdida de puestos de trabajo, del aumento de paro y de la emigración entre los jóvenes. La minimización de la magnitud de la crisis practicada hasta ahora por el Gobierno aumentará sin duda en el futuro su coste social y económico. Por ello creemos que es fundamental evaluar el impacto de la crisis de forma dinámica y a largo plazo, analizando pérdidas actuales y perspectivas de futuro que puedan verse frustradas, tanto desde el punto de vista de las rentas, como del capital físico, tecnológico y humano.
Para conocer de verdad la valoración económica más aproximada de los daños ocasionados por el desastre, hay que coordinar y centralizar todos los esfuerzos y recursos. Una línea de trabajo podría ser --que no lo es-- la creación de un organismo autónomo con participación del Estado y de las comunidades autónomas que tuviera entre sus funciones conocer, canalizar y gestionar el volumen total de fondos durante todo el período que duren los efectos de la crisis. Hay cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de hacer esta valoración, como son los costes originados por la protección contra la marea, la eliminación del fuel y la limpieza de las costas, las indemnizaciones a colectivos directa o indirectamente afectados, otros gastos colaterales judiciales y sanitarios, y además de ello hay que valorar el coste de la reposición del medio natural y cuantificar la degradación producida en nuestro patrimonio natural.
En el mercado turístico la catástrofe del «Prestige» incide en uno de los elementos esenciales de la imagen de Galicia y de la cornisa cántabra como destino turístico por su gastronomía, belleza de paisaje y conservación medioambiental. Es urgente, por tanto, el diseño y puesta en marcha de una estrategia turística coherente, eficaz y agresiva, contando con la colaboración de organizaciones sectoriales, los mejores profesionales nacionales y extranjeros, una acción planificada y coordinada de todas las instituciones, tanto de la central, como de las autonómicas y locales. Además de todo ello, es preciso poner en marcha acciones encaminadas a crear un clima de confianza en el sector empresarial, ya que las primeras valoraciones indican que las consecuencias económicas del «Prestige» crean una inseguridad mayor que la que produjo la adaptación de la peseta al euro.
Señorías, consideramos urgente y necesario que los gobiernos central y autonómicos, con sus alternativas y propuestas, generen confianza en la solución de la crisis en la sociedad gallega, asturiana, cántabra, vasca, en la sociedad española en general y en los mercados exteriores. Entre las propuestas deberá tenerse en cuenta la mejora del capital físico sobre la base de tres ejes: En primer lugar, mejorar la flexibilidad exterior e interior del país, hacer que la calidad medioambiental del patrimonio natural sea un principio inspirador de todas las políticas y mejorar la oferta de infraestructuras para las actividades industriales y de logística; en segundo lugar, reducir el déficit de ocupación y formación del capital humano como elemento esencial para caminar hacia la convergencia real con la Unión Europea, alcanzando mejores niveles de competitividad y bienestar y, en tercer lugar, aumentar el capital tecnológico impulsando actividades de I+D+I públicas y privadas y fomentando la difusión y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información.
Hay que apoyar a los sectores productivos. La catástrofe, además de afectar de forma más directa las actividades

pesqueras, marisqueras y acuícolas, ha repercutido también en otros sectores como el del turismo y el del comercio, así como sobre otras actividades vinculadas, por lo que es necesario poner en marcha un programa de modernización y mejora de la competitividad de los sectores productivos.
La pesca, que es uno de los sectores básicos de la economía de Galicia y el Cantábrico, tiene una doble dimensión: social y económica, en relación con la explotación, transformación y comercialización de los recursos, y un reto: ser puntera en un escenario cada vez más complejo y exigente. La catástrofe del «Prestige» no ha afectado a todo el sector, pero sí repercute en la imagen de todos los productos del mar en los mercados nacionales y extranjeros. Las medidas que se adopten deberían tener la vocación de convertir la catástrofe en una oportunidad de desarrollo, modernización y diversificación de la actividad económica de las comarcas más dependientes del sector, y, por lo tanto, incrementar la calidad de vida de los pueblos en las zonas costeras afectadas.
Galicia debe ser un destino turístico de calidad, igual que la cornisa cantábrica. El turismo es una de las actividades fundamentales, como sector generador de riqueza. La situación de expansión de este sector puede verse seriamente afectada por la catástrofe desencadenada en torno al «Prestige», dado que la imagen turística de Galicia y del Cantábrico se relaciona directamente con los espacios naturales y con la calidad de su gastronomía y productos del mar. Por eso es imprescindible abordar un programa de promoción turística de Galicia y del Cantábrico, con el objeto de diversificar la oferta (turismo cultural, de ciudades, náutico, natural, rural) y recuperar su imagen como destino turístico de calidad.
El sector comercial y fundamentalmente el pequeño comercio es uno de los sectores principalmente afectados, no sólo en las ramas de actividad más vinculadas al mar sino en todo el conjunto del sector, por la incidencia que tiene la pérdida de rentas inmediatas y las expectativas de futuro en una parte importante de la población. La situación de debilidad de la estructura comercial, con deficiente especialización, poca formación, escasa presencia de nuevas tecnologías, y, por tanto, niveles bajos de competitividad, la hacen más vulnerable si cabe a los efectos negativos originados por esta catástrofe. Además, hay que tener en cuenta el papel social que el pequeño comercio juega en una parte importante de nuestra población, como uno de los pocos elementos de diversificación económica y de creación de empleo.
Es un hecho también que en una economía globalizada y abierta a la competencia internacional, la inversión en ciencia y tecnología se perfila cada vez más claramente como una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico. La catástrofe del «Prestige» requiere que se pongan en marcha distintos programas destinados a aumentar nuestro capital tecnológico. Las actuaciones en I+D+I y telecomunicaciones deben permitir paliar los efectos negativos derivados de la crisis, y aportar el conocimiento y la tecnología necesarios para prevenir en el futuro este tipo de situaciones.
Un apartado importantísimo, después del económico y social, es el de la recuperación medioambiental, que es otro sector que hay que impulsar, relacionado con la actividad de preservación, conservación y regeneración del litoral y del medio marino, con un programa integral de desarrollo sostenible. Esta catástrofe ha servido para despertar la conciencia colectiva, en relación con el valor económico y ecológico del mar y de nuestras costas y, lo que es más importante, ha servido también para considerarlo patrimonio de todos los ciudadanos. Las líneas de investigación relacionadas con la regeneración y la gestión sostenible del medio marino, así como las medidas a adoptar para su preservación y conservación, deberán servir de base para una cooperación institucional que reclamamos y que debe satisfacer las demandas de una sociedad cada día más exigente.
No se trata de que con motivo de la catástrofe ecológica causada por la marea negra se actúe aisladamente con medidas paliativas de carácter parcial, sino con un proyecto ambicioso de carácter integral de recuperación, protección y puesta en valor del territorio costero de Galicia y el Cantábrico, en el marco de un desarrollo socioeconómico caracterizado por su sostenibilidad.
La ejecución de este programa deberá hacerse con todas las garantías científico-técnicas, por lo que su horizonte temporal es necesariamente a medio plazo, y deberá contar con la participación sobre todo de equipos de investigación propios de universidades y centros de investigación, así como con expertos del resto de España y del mundo. Pero hoy hay que pensar en dar una solución urgente a algunos de los problemas que todavía siguen vigentes, después de tres meses. Hay que dar una solución urgente a los restos del «Prestige» y a la tercera marea negra que está por llegar a las costas. No lo decimos solamente los políticos, lo dice incluso, el 21 de diciembre, el presidente del Comité Científico Asesor del Gobierno: hay que sacar el fuel del petrolero porque puede convertirse en una bomba de relojería.
Hay que realizar la limpieza y retirada del material contaminante de las costas gallegas, que ya se está haciendo, pero hay que intensificar esos trabajos con medios técnicos suficientes, materiales y humanos.
Defender el empleo. Las zonas afectadas por esta catástrofe se caracterizan por tener históricamente unas tasas de paro superiores a la media estatal. A la precariedad del trabajo se suma la escasa vitalidad y diversificación de la economía. Esto hace absolutamente imprescindible un programa activo en la defensa del empleo en estas comarcas, con medidas de promoción, de fomento, de protección y de formación, sustentadas en los presupuestos de las diferentes administraciones, así como un amplio programa de servicios de ayuda a las familias, aumentando la cobertura de servicios sociales y de dotación de viviendas de promoción pública, teniendo en cuenta que por lo menos el 50 por ciento sea destinado al alquiler.
El tercer sector importante al que me gustaría referirme es la vertebración territorial. La vertebración territorial de Galicia necesita actuaciones claras en el plano de las infraestructuras para mejorar la accesibilidad del país y actuaciones

integrales en materia de reequilibrio de los territorios que la conforman. Después de esta catástrofe, Galicia necesita un programa urgente de inversión pública, pero un programa realista y con presupuestos además de propaganda. Para eso es necesario proceder indudablemente a la mejora de las comunicaciones, restablecer el equilibrio territorial, el sostenimiento medioambiental y el asentamiento poblacional. Resulta por lo tanto imprescindible ganar la centralidad mediante la aproximación a los espacios europeos y la integración en la eurorregión Galicia-norte de Portugal.
Además de nuevas inversiones, se necesita anticipar en el tiempo los proyectos estratégicos que ya están vigentes en el plan 2000-2007 y que todavía, después de 7 años, siguen en la fase del estudio informativo:
infraestructuras ferroviarias, mejora de la red interior y entrada en la red europea de alta velocidad, anticipación de inversiones en aeropuertos, en puertos de categoría estatal, comenzar de inmediato tramos que están pendientes como la autovía del Cantábrico, que se acaben de una vez los estudios de Lugo-Orense, Lugo-Santiago y Orense-Monforte-O Barco-Ponferrada, y ejecutar actuaciones necesarias para mejorar las comunicaciones entre ciudades.
En cuanto a la materia de prevención y salvamento marítimo, que se puso de manifiesto con esta catástrofe, la carencia de planes de emergencia y de medios han sido más que evidentes. De hecho, el Gobierno ha estado más interesado en minimizar los efectos de la catástrofe y en justificar su propia falta de previsión que en organizar una respuesta ante la marea negra.
Con esta catástrofe, nuevamente hemos podido constatar la falta de medidas preventivas eficaces, la ausencia de planes de acción, la escasez de recursos, la falta de coordinación y la adopción de medidas deficientes, inadecuadas y a destiempo, pese a la gravedad y frecuencia de ese tipo de sucesos en los últimos treinta años. Para esto no hay más que recurrir incluso a informaciones como la de los expertos de Estados Unidos, que se reunieron recientemente en Vigo, según las cuales España arrastra un retraso de diez años en la lucha contra las mareas negras.
Ninguno de los barcos especializados que recogen en estos momentos el vertido es español. Las costas gallegas solo cuentan con tres remolcadores de escasa potencia, un barco sanitario, cuatro helicópteros de salvación y salvamento. Las barreras flotantes eran pocas y de altura insuficiente. En muchos casos todavía permanecen en el puerto por orden de la Administración, a la espera del momento adecuado, mientras los pescadores recogieron más de una vez el fuel con las manos. Por lo tanto, la carencia de medios ha sido y todavía es la tónica general.
En el marco del siglo XXI, con los recursos tecnológícos existentes a nuestro alcance, Galicia tiene que poder cambiar su rumbo y su destino, hoy marcado por la mayor catástrofe ecológica y social de su historia. Es necesario implicar en esta tarea a España y a Europa para afrontar con determinación y con voluntad política la necesidad de cambiar radicalmente un modelo de transporte marítimo internacional que es incompatible con los intereses generales y el medio ambiente, y aplicar el principio de tolerancia cero contra los contaminadores.
El Estado tiene una responsabilidad ineludible e intransferible. La dejadez por parte de los actuales gobernantes respecto a problemáticas como la medioambiental y la seguridad marítima conduce a paradojas como la de que el más potente remolcador del que dispone Salvamento Marítimo tenga base en el puerto de Gijón, desprotegiendo los 1.200 kilómetros de costa gallega ante amenazas y catástrofes como la reciente del «Prestige». Debe lograrse un mayor y más fiable control del tránsito de las mercancías peligrosas, y se debe disponer de planes de emergencia y respuesta operativa con medios y recursos propios del actual desarrollo tecnológico.
Señorías, la propuesta que hoy traemos al pleno del Senado nace con la vocación de suscitar la participación y recoger las aportaciones de las instituciones, fuerzas políticas, sindicatos, agentes económicos y sociales, sectores afectados, universidades, centros de investigación, entidades financieras, en definitiva, la implicación del conjunto de la sociedad. Resulta necesario realizar un planteamiento de carácter general ante situaciones análogas a las derivadas de la catástrofe del «Prestige» y en términos de cooperación institucional entre el Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas.
Para hacer frente a la catástrofe del «Prestige» y otras que puedan sobrevenir son necesarias tres cosas: la verdad, un plan y un compromiso.
La verdad sobre el caso «Prestige» ha ido abriéndose paso poco a poco a pesar del Gobierno, a pesar de las reticencias intencionadas del Gobierno, aunque todavía queda pendiente un esclarecimiento esencial de responsabilidades políticas y decisiones fundamentales como qué hacer con el barco hundido. El plan, para que sea veraz y efectivo, deberá concitar el mayor nivel de consenso posible, un nivel de consenso que permita aproximarlo e implicar a los ciudadanos. No debemos querer un plan que tenga nada que ver con los paseos militares ni con las decisiones unipersonales que se sienta por encima del bien y del mal.
De aquí nace la tercera premisa: verdad, plan y compromiso. Hay una visión proverbial de una Galicia oprimida, ofendida y resignada, que da lástima y despierta compasión, que algunos pretenden aliviar con muletas y aspirinas en forma de supuestas obras públicas, sin la implicación de los gallegos. Ante una prometida inversión de tal magnitud se necesita una visión global e integradora que nos permita dar el salto del crecimiento sostenible y la modernidad en el concierto gallego; se necesita conseguir un plan comprometido con Galicia y que los gallegos se comprometan con el plan. De alcanzarlo, el plan tendrá con toda seguridad sus cifras y sus plazos y contará con la suficiente credibilidad para ser posible. Ningún otro lugar más idóneo que esta Cámara del Senado para desarrollar este debate y alcanzar este acuerdo y consenso institucional.
Quiero recordar solamente el artículo 56, que habla de as funciones propias de la Comisión General de Comunidades Autónomas, y se refiere entre otras, la de promover la cooperación y la coordinación entre las diversas administraciones públicas en materia de su competencia, favoreciendo

la colaboración entre ellas. Los senadores estamos obligados moral y políticamente a entender el artículo 69.1 de la Constitución, que dice que el Senado es la Cámara de representación territorial. Este es un mandato que convierte al Senado en Cámara de representación territorial y quiere reflejar lo mejor posible la realidad del Estado autonómico español, contribuyendo a que las comunidades autónomas tengan un auténtico foro parlamentario de encuentro, de debate y de formación de la voluntad del Estado. Tan sólo depende de nuestra voluntad política canalizar en esta Cámara la consecución y seguimiento de acuerdos de cooperación entre el Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas y propiciar el debate de políticas que afecten a las propias comunidades autónomas y hacerlo con su propia participación, contribuyendo así al enriquecimiento del proyecto común que debe suponer nuestra actuación ante una crisis tan profunda como la del «Prestige» o ante cualquier otra crisis que pueda producirse.
Todo ello, cree sinceramente el Grupo Parlamentario Socialista que justifica y recomienda la presentación y aprobación de la siguiente moción: Instar a la Comisión General de Comunidades Autónomas a celebrar las sesiones de carácter específico que fuesen necesarias para debatir y promover una actuación conjunta y debidamente coordinada del Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas ante situaciones de emergencia y catástrofes como la reciente del «Prestige». Así lo esperamos y así lo deseamos.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador señor Escutia.

El señor ESCUTIA DOTTI: Muchas gracias, señor presidente.
Tengo un pequeño conflicto a la hora de defender nuestra enmienda de sustitución, ya que lo que pide la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista es que este Pleno se pronuncie y pida a la Comisión de Comunidades Autónomas que se reúna para tratar un tema general. Toda la exposición de la moción iba en el sentido en que el senador que la ha defendido hoy en el Pleno planteaba, centraba toda la cuestión en la problemática surgida en Galicia y en la cornisa Cantábrica con el hundimiento del «Prestige». Pero lo que quiere la moción es que el Pleno inste a una comisión de esta Cámara a que se reúna. Nosotros hemos tenido que presentar una enmienda de sustitución intentando interpretar positivamente el espíritu de la moción, es decir, hemos de preguntarnos
--y yo creo que esa reflexión que hacemos en voz alta la tenemos que compartir todos-- qué sentido tiene que el Pleno le pida a una de sus comisiones --precisamente a una de sus comisiones que probablemente más se reúne-- que se reúna. Eso es lo que se pide. Esa reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas se puede producir simplemente porque la convoque o el presidente, o el presidente de la Cámara o porque la solicite el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, o un tercio de los miembros de la comisión. Por lo tanto, habiendo tantas vías para que la Comisión General de Comunidades Autónomas se reúna, no tiene sentido que instemos a ello mediante una moción.
Obviamente, la duda razonable surgía al evaluar que lo que se solicitaba no tenía sentido y que la exposición de motivos que justificaba el «petitum» no se centraba en las catástrofes en general o en las situaciones de emergencia, sino en concreto en el problema del «Prestige», lo que nos hizo plantearnos que esa moción la única intención que tenía era una triquiñuela --dentro de la legalidad, obviamente-- para volver a traer a la Cámara el debate de las actuaciones del «Prestige». Y eso es lo que ha demostrado el portavoz socialista al defender no el porqué de la presentación de esta moción, sino únicamente las actuaciones del «Prestige» y sus propuestas de lo que se debería haber hecho.
Nosotros seguimos intentando interpretar en positivo la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, si es verdad que todos queremos que en situaciones de emergencia y de catástrofes la coordinación institucional funcione mejor de lo que lo haya podido hacer en esta ocasión, e incidiendo un poco en lo que parece que ha sido la cuestión que únicamente ha quedado un poco más en duda, es decir, la coordinación de los países de la Unión Europea y con la Unión Europea, proponemos modificar la moción que han presentado para que el Pleno inste al Gobierno a que se potencie el funcionamiento de las agencias europeas de seguridad ante catástrofes y a que se estudie en el seno de la Unión Europea la mejor forma de dotarlos de medios eficaces de coordinación de sus actuaciones. Y todo ello independientemente de que ustedes como grupo parlamentario soliciten que se reúna la Comisión General de Comunidades Autónomas para tratar todos los temas que ustedes estimen oportunos respecto de las actuaciones que ha realizado el Gobierno en lo que se refiere al «Prestige» o a que cumpla con su objetivo de coordinar a las comunidades autónomas y al Gobierno en situaciones de emergencia o de catástrofes.
No quiero entrar en ningún planteamiento más relativo a las acciones referentes al «Prestige». Usted nos ha propuesto un plan; el Gobierno ya ha hecho un Plan Galicia. No quiero entrar en comparaciones de cómo se ha actuado en esta ocasión y de cómo se actuó en ocasiones anteriores porque es reiterar un debate con el que, además, lo único que hacemos es echarnos trastos a la cabeza y olvidarnos de que los que lo están pasando mal son los ciudadanos que necesitan la ayuda del Gobierno que estemos atentos por ver si esas ayudas del Gobierno están llegando en tiempo y forma.
Por lo tanto, si esa interpretación positiva que hacemos de la moción puede ser entendida como tal por parte del grupo socialista, no creemos que tenga inconveniente en aceptar la enmienda de sustitución y permitir que todos apoyemos una moción en ese sentido, independientemente, como digo, de todas las acciones que considere necesario llevar a cabo ese grupo parlamentario en desarrollo de sus derechos en esta Cámara para que la Comisión General de Comunidades Autónomas se reúna y trate los temas que estime oportunos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción originaria, ¿desea intervenir su portavoz? (Pausa.) Tiene la palabra.

El señor LAGO LAGE: Muchas gracias, señor presidente.
Usted estará sorprendido por nuestra moción, pero más sorprendidos estamos nosotros por su enmienda, incluso por su intervención.
Yo no sé si será una triquiñuela o no, pero benditas sean las triquiñuelas si de alguna forma nos traen el problema catastrófico que hay en este momento en Galicia y que afecta globalmente a España
--incluso a nivel europeo ya hay algunos que lo califican como la mayor catástrofe medioambiental de Europa-- para seguir debatiéndolo en el Senado, a no ser que la estrategia del partido popular sea la de seguir las directrices de sus dirigentes de que el tema ya se ha acabado; se ha acabado, no existe problema, sigamos y hablemos de otra cosa.
En principio no vamos a admitir su propuesta como enmienda de sustitución. Es normal. Nosotros hablamos de reunir, de debatir, de hacer planes, de que se busquen posiciones consensuadas y globales para salir de la crisis del «Prestige», y de cualquier otra crisis que se plantee en este país, entre el Gobierno central y comunidades autónomas, y que todo ello se haga en este marco parlamentario, y usted me habla de instar a que se potencien las agencias europeas de seguridad. No sé si uno está hablando de la velocidad y otro aparece hablando del buen tiempo que hace. En todo caso, nosotros mantenemos nuestra moción; no admitimos su moción de sustitución. Al final, quizás le pueda hacer una propuesta si ustedes la aceptan. Usted me ha dado una serie de argumentos sobre lo innecesaria que era esta moción. En aplicación de la «teoría Pons» yo le podría decir que ninguno de sus compañeros aludió nada respecto de la admisión de esta moción en la reunión preceptiva que se celebró de Mesa y Portavoces. Pero como este argumento personalmente no me parece suficientemente sólido, y más bien resulta algo flojo políticamente, le diré que la presentación de esta moción la fundamentamos en el sentido de que el Pleno del Senado inste a su comisión para que haga este debate entre las comunidades autónomas y el Gobierno. ¿Por qué? Porque ya tenemos constancia de la práctica extremadamente dilatoria que hace su grupo político en algunos debates de gran interés. Y como prueba le puedo dar un dato. El Grupo Parlamentario Socialista tiene solicitado un debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, por los métodos que usted indicó, sobre los efectos de los fondos estructurales y el reparto en España. Ese debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas se solicitó el 27 de junio del año 2001. Usted comprenderá que con este precedente nosotros, conscientes de que todos los senadores, como usted bien ha dicho, están tan preocupados por este problema, queramos traerlo al propio Pleno del Senado, para mandatar a una Comisión de esta Cámara que haga ese debate en profundidad con todas las comunidades autónomas.
Es verdad que hay muchos problemas, pera también hay que saber elaborar entre todos un verdadero plan de prevención marítima. Es tal la riqueza de nuestras costas, gallegas y del resto de España, y pivota alrededor de unas condiciones ecológicas a veces tan necesitadas que mantener sus condiciones en perfecto equilibrio resulta difícil, y el menor peligro o amenaza exterior puede romperlo como ocurrió en este caso.
Cualquier amenaza procedente del exterior puede constituirse en un punto de difícil y a veces imposible retorno, arruinando una riqueza extraordinaria y unas zonas de incalculable valor ecológico.
Un dato importante es que frente a nuestras costas, por el corredor de Finisterre, de Fisterra, circulan cada año unos 13.000 buques abarrotados de mercancías de alto riesgo. Y la actual regulación de transporte marítimo internacional y más concretamente la de mercancías peligrosas y contaminantes no garantiza en estos momentos ni la seguridad del transporte ni la asunción de todas las responsabilidades de las empresas operadoras en caso de accidente.
Por eso, creemos que es necesario ese debate, pero con el compromiso y la corresponsabilidad de todos los afectados, que en este caso deben ser el Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas. Todo ello conduce a que el medio marino esté sometido constantemente a agresiones medioambientales permanentes.
Estamos, sin duda --y así se lo manifiesto y, por eso, nuestra preocupación y nuestro interés en que sigamos debatiendo, porque la catástrofe del «Prestige» está tan viva o más viva que nunca--, estamos
--digo-- ante un alto factor de inestabilidad y riesgo. Y, además, esto viene agravado para las duras normas sobre seguridad marítima que usted sabe muy bien tiene Estados Unidos en base a en la tolerancia cero frente a la contaminación. Eso hace hoy que se desvíen hacia Europa los buques tanques en peores condiciones y aumenten así las probabilidades de que se produzcan accidentes que desemboquen en mareas negras.
El único modo posible de contrarrestar este peligro creemos que es a través de la acción política dirigida a la convergencia de la normativa que hay en la Unión Europea y los Estados Unidos. Hay que formar la voluntad del Estado español, y en esa formación de voluntad tienen que estar participando corresponsablemente las comunidades autónomas.
Ha dicho usted que las medidas y las soluciones están en marcha. Ha hablado del Plan Aznar que se presentó en A Coruña, el viernes 24 de enero de 2003. Tengo que decirle que, desde el punto de vista jurídico, es un acuerdo del Consejo de Ministros que no ha tomado forma de real decreto ni de ley; está pendiente de desarrollo con leyes y pactos con otras administraciones y la Unión Europea. De ahí también la necesidad y la vigencia de ese debate que estamos proponiendo. Un plan, el Plan Aznar, con mucha promesa numérica. Y alguno puede creerse que el hundimiento del «Prestige», al final, fue una bendición del cielo

y que toda Galicia se va a forrar a costa de un accidente que sólo los grandes estadistas del Gobierno supieron en su momento valorar en su justa medida, mientras algunos aldeanos, entre los que me incluyo, nos dejábamos sobreimpresionar y nos dejamos todavía sobreimpresionar por la magnitud de esta catástrofe. Parece que ese milagro del plan Aznar va a convertir a aquellos hilillos, que usted recordará muy bien, de plastilina en caudalosos ríos de euros dorados, que nos convertirán en el pueblo más rico de Europa.
Y, ¿cuál es la realidad de ese plan? ¿Cuál es la realidad de ese gran maravilloso y espectacularmente vendido plan Aznar? En nuevas inversiones reales, prometidas, pero sin presupuesto ni financiación, solamente son 3.000 millones de euros. El resto es limpiar las playas y hacer las infraestructuras del plan 2000-2007, que ya estaban en los proyectos del Gobierno.
Con este plan el presidente Aznar tardó un mes en viajar --podría decir casi entre comillas-- clandestinamente a Galicia porque decía que no quería venir a hacerse una foto demagógica con los gallegos. Se trasladó el día 18 de diciembre con una gran solución para Galicia: los fondos europeos, 5 millones de euros, menos de lo que muchas empresas privadas de Galicia --que no es momento de decir el nombre-- han donado ya voluntariamente para esta catástrofe. Mucho menos. A hacerse la foto demagógica, según el señor Aznar, el presidente del Gobierno, fueron otros: El Rey, Zapatero y otros muchos. Aznar no quiso retratarse con el chapapote, no quiso retratarse con los marineros ni con los voluntarios.
Era demagógico. Sólo le gustan las fotos con Bush, sentado a su derecha.
Claro, a los grandes líderes del mundo mundial suele ocurrirles esto. Con toda seguridad el 24 de enero Aznar viajó para presentar su plan. Yo creo que era lo que pretendía. La madre de todas las fotos demagógicas.
El plan Aznar seduce por sus cifras. Muchos cayeron en el camino seducidos por sus grandísimas y elocuentes cifras. Pero inquieta, y mucho, por las lagunas temporales y financieras. La inconcreción de plazos, la ausencia de asignaciones presupuestarias precisas representan las mayores incertidumbres de este programa de intenciones. Por tanto, no es un verdadero plan. Este hay que debatirlo y consensuarlo entre todos.
Es una carta de intenciones, una salida para delante, una propuesta publicitaria. Es, señorías, un producto cosmético de laboratorio, espectacularmente presentado, sin compromisos y sin presupuestos. Frente a semejante carga de la caballería demagógica y mediática puesta al servicio del plan Aznar, difícil fue y será para algunos no caer en la tentación de rendirse. Pero es un plan virtual. No hay período de vigencia, no hay calendario ni plazo de ejecución, no existe planificación presupuestaria, no contiene mecanismos de evaluación y seguimiento. Es una propuesta unilateral sin diálogo ni consenso. A eso hemos venido a este Pleno, a solicitar diálogo y consenso. No aborda lo urgente e inmediato. Hay 40.000 toneladas de fuel hundidas en el Atlántico y 14.000 toneladas flotando en las aguas del Cantábrico. No pone fin al permanente flujo de chapapote a las costas gallegas y cantábricas. No define una solución definitiva y urgente a las miles de toneladas que todavía se encuentran.
Señorías, creemos sinceramente --y así se lo hago constar-- que para salir de esta crisis y otras que puedan venir, las medidas deben ser eficaces y solventes, deben pensar en futuro y es imprescindible la elaboración y gestión de un plan realizado con rigor, transparencia y participación, tres elementos fundamentales que han de estar presentes en todo el proceso de elaboración y desarrollo del plan.
El estado de movilización y conciencia social permanente en el que se encuentra Galicia es un elemento central y profundo que nos invita, y de forma urgente, a dar una respuesta global, coordinada y de futuro a la crisis del «Prestige». Es el momento, señorías, de abrir el debate social y político ante el reto ecológico y de seguridad al que nos enfrentamos, sin ocultaciones, sin manipulaciones y sin minimizar ni el debate ni el alcance de la crisis. Durante todo este proceso muchos gallegos han perdido la confianza de un Gobierno porque en los momentos más difíciles se han sentido abandonados, se les ha dado la espalda y se les ha llegado a mentir.
Quisiera recordar las primeras decisiones del Gobierno, que fueron:
desinformar, minimizar las consecuencias, negar la evidencia y ocultar la verdad. La ciudadanía debe conocer en todo momento cuáles son los objetivos a perseguir, qué recursos se van a invertir, a qué medidas se van a destinar y cuáles son los resultados obtenidos.
Es evidente que la descoordinación y la falta de medios obliga a poner en marcha en este momento y de forma inmediata la revisión de los planes de seguridad marítima para aumentar los medios y los sistemas de actuación ante posibles accidentes marítimos después del «Prestige». Es triste pero hay que decirlo. Hace tres días, un patrón mayor de una cofradía de las rías Baixas decía: «A día de hoy no sabemos de qué medios se dispone en las rías Bajas.» Esto lo decía un patrón mayor de las rías Bajas hace tres días, tres meses después de la crisis del «Prestige».
Para una aproximación a la valoración económica de limpieza y eliminación del fuel, de regeneración medioambiental del medio marino y pérdida del patrimonio natural, quizá se pueden tener en cuenta los costes originados en desastres anteriores como el «Erika» o el «Exxon Valdez». Si se tienen en cuenta estos vertidos y el del «Prestige», que por desgracia es uno de los fueles más contaminantes, se puede llegar a creer razonable que las estimaciones de costes, solamente en lo que es la limpieza y eliminación del fuel, puede superar los 4.000 millones de euros; cantidad muy importante y a tener en cuenta.
La financiación de todas estas medidas debe contemplarse en un período inmediato de cinco años. Por lo tanto, creemos que debería proceder de indemnizaciones sufragadas por empresas responsables del accidente, de la Administración central y de la Unión Europea. Las administraciones deben reordenar el gasto del presupuesto del año 2003, y así lo pedimos. En el presupuesto del 2003 debe haber créditos extraordinarios, priorizando actuaciones que contribuyan al equilibrio territorial, a la cohesión social y a la restauración medioambiental.


Respecto a las inversiones en infraestructuras a las que antes se refería usted, para la puesta en marcha del Plan que Aznar presentaba recientemente tendrá que ser la Administración central la que asuma responsablemente el mayor esfuerzo, porque son fundamentalmente de su competencia y porque, además, en los últimos siete años --se lo tengo que decir-- la inversión estatal en Galicia ha experimentado disminuciones sucesivas, llegando en los últimos años de su mandato al 50 por ciento de reducción respecto de los primeros años.
Señorías, quiero recordarles que hacemos una propuesta global en la que deben participar no solamente el Gobierno central sino también las comunidades autónomas. Una propuesta de regeneración económica de Galicia que pasa, como les indicaba al principio, por propuestas de seguridad y prevención marítima, por recuperación de actividad económica, por fomento del empleo, por promoción de ventas y recuperación de mercados, por amortizar la caída del PIB, por regeneración ecológica, por relanzamiento de la economía como inversión pública y privada. Para que este lamentable panorama cambie es necesario que las administraciones en todos los ámbitos, comunidades autónomas, Gobierno central y Unión Europea, adquieran también el compromiso de luchar de forma conjunta y coordinada para mejorar la seguridad en el transporte marítimo de mercancías y se comprometan a crear un auténtico plan integral de seguridad.
Desgraciadamente para Galicia, será demasiado tarde. Por ello, será necesario intensificar y solucionar la limpieza del litoral afectado por la marea negra y la recuperación económico-social y medioambiental de la zona, sin olvidar, por supuesto, que el «Prestige» sigue hundido con miles de toneladas de fuel. Insistimos en la necesidad de la participación y de la cooperación institucional en una tarea de seguridad global y de desarrollo sostenible, tarea que debe comprometernos a todos.
Por ello, anuncio al portavoz y al Grupo Parlamentario Popular que la intención del Grupo Parlamentario Socialista es admitir su enmienda cambiando el término de sustitución por el de adición. Nos parece que tener un doble debate a nivel español en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde participe el Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas, es aceptable, como también lo es que ese debate se traslade a Europa. Si ustedes cambian esa enmienda de sustitución por una de adición, estaríamos en condiciones de admitirla.
De esa forma, entre todos podríamos hacer un nuevo esfuerzo por llegar a solucionar problemas tan graves como los que en estos momentos afectan a Galicia, a la zona del Cantábrico y también al Estado español.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cámara.

El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, permitanme que empiece diciendo que los de los bancos de mi derecha no tienen solución, están un poco noqueados. (El señor Ainsa Escartín: ¿Que no tenemos solución? Un respeto, Senador Cámara. Usted quizá no tenga solución y yo no me siento noqueado.) Yo tengo mucho respeto y si les digo que están noqueados les voy a explicar por qué.
Permítame el debate dialéctico político. (El señor Ainsa Escartín:
¡Impresentable!) No me interrumpa, por favor. Digo que están noqueados porque el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción que, al margen de su contenido o de la dialéctica aquí, es una propuesta que desde luego yo de ustedes personalmente hubiese aceptado, porque no pretende otra cosa que debatir, investigar y concordar entre partes la actuaciones más beneficiosas para este tipo de situaciones como la que ha originado el «Prestige».
Por tanto, creo sinceramente que siguen mareando la perdiz, en mi opinión, desde una concepción vertical de la política, porque se niegan comisiones de investigación y estudio, se niega, incluso, la participación y debatir en el marco de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de este Senado, y se hace una propuesta de modificación de la moción, que ya está en marcha puesto que hay iniciativas, y que siendo importante nos aleja del necesario debate entre las diferentes fuerzas políticas.
Señorías, han pasado tres meses desde la catástrofe, efectivamente son ya muchos meses, pero los que nos quedan son unos cuantos mas. Galicia tiene un futuro tan negro como el chapapote, muy negro, otras comunidades como Asturias, Cantabria y Euskadi se han visto afectadas, pero el caso de Galicia en mi opinión es dramático, pues al desastre con sus repercusiones sociales, económicas y medioambientales se une el atraso en políticas, en inversiones necesarias. Un atraso secular en varios aspectos de Galicia que es preciso solucionar en un proceso sostenido en el tiempo, más allá del desastre del «Prestige», pero que también hay que mencionar porque hace falta mayor dedicación, inversión y la equiparación de Galicia con el conjunto del Estado en muchas cuestiones.
Los gobiernos del Partido Popular --lo subrayo porque es así-- han respondido mal e, insisto, señorías, noqueados tanto por el desastre como por sus ineficacias reconocidas por mucha gente, incluidos muchos de ustedes, en mi opinión no han estado a la altura de las circunstancias que requería esta situación. La sociedad gallega y española en general sigue movilizada porque este desastre ha calado hondamente en la conciencia, y las necesidades políticas paliativas, pero también preventivas, se han puesto de manifiesto en este desastre del «Prestige».
Y como ayer se convocaba una manifestación --yo ya dije que esta Cámara iba a ser un auténtico desastre porque desde aquí íbamos a convocar muchas manifestaciones--, yo voy a convocarles a participar el día 23 en Madrid en una gran manifestación como consecuencia de este desastre ecológico, medioambiental, económico y social del «Prestige» en Galicia.
Aunque el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ya lo ha dicho y creo que bien, después de las enseñanzas --entre comillas-- que nos ha dado el Grupo Parlamentario

Popular en torno a este tema, su moción es tan suave y tan fácil de aceptar que me sorprende que no se acepte, y aunque espero que en el transcurso del debate exista una corrección de última hora, vamos a apoyar esta moción. Usted ha estado más acertado en toda la exposición que en lo que es en sí mismo la moción final, puesto que deja una salida airosa al Partido Popular si es que la quieren recoger para parecer que en el Senado todos los grupos políticos ya hemos acordado un marco de debate, de actuación, de discusión, de investigación, etcétera, con respecto a este caso en concreto y otros que pudiera haber en el futuro.
Yo la voy a aceptar porque nos parece correcta, pero ya está bien, ya está bien.
Según ha dicho el senador del Grupo Socialista, el plan --que de forma muy acertada ha denominado plan Aznar en vez de plan Galicia-- tiene una serie de inconcreciones enormes, pero tiene algo que es conveniente poner de manifiesto: es insuficiente, insuficiente, porque el conjunto del plan destina a propaganda casi 12.500 millones de euros, de los cuales para medidas paliativas hay dos partidas con 1.000 millones para limpieza y regeneración de las playas, costa, litoral, etcétera, cuando el senador del Grupo Socialista decía que harían falta solamente en esa partida unos 4.000 millones; asimismo, hay medidas al estímulo de actividades económicas también de carácter horizontal y de carácter sectorial, pero de esa cantidad de dinero solamente 5.200 millones --que el propio Gobierno central admite-- son nuevas aportaciones, porque el resto ya estaba previsto como inversiones concebidas anteriormente.
No tengo tiempo para desarrollar las cifras del plan Galicia, están aquí, pero es una auténtica mentira la disponibilidad del Gobierno central para abordar las políticas necesarias hoy, con la inversión necesaria hoy para este desastre de ahora, más todas las políticas necesarias para hacer las políticas preventivas de inversiones de futuro, y es que, desde luego, no se pueden juntar unas cosas con otras, incluyendo en esos 12.000 millones el tema del AVE y otras cuestiones más. No, aquí se trata de hablar de cuestiones que hoy requieren soluciones, por ejemplo, y como dije antes, inversiones sostenidas en el tiempo para el futuro desarrollo de Galicia, efectivamente, pero también hace falta concretar mucho más qué políticas se van a realizar para paliar las consecuencias económicas, sociales y medioambientales que ha provocado realmente el desastre del «Prestige».
(El señor vicepresidente Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Popular, les recomiendo sinceramente que no se pongan a la defensiva. Todo el mundo puede cometer errores, que desde luego han sido graves y serios sobre todo en los primeros momentos: los elementos justificativos, los elementos de bajada de guardia, sin saber qué hacer, respondiendo mal, tarde, de mala manera muchas veces, no admitiendo una cierta participación en la política de carácter más horizontal, más participativo, más democrático, negando todo
--que nadie se mueva--, todo en vertical --instemos al Gobierno, el Gobierno hará, el Gobierno dirá-- y el resto no pinta nada. Sinceramente me parece que ustedes se seguirán equivocando de continuar en esta línea.
Puede que aquí en concreto tengan ustedes una muy buena oportunidad para iniciar otro camino de consenso y acuerdo con la oposición. Espero que corrijan las primeras palabras, de no ser así tengan en cuenta que la opinión pública, los ciudadanos de España --desde luego los de Galicia--, se lo van a demandar.
Les reitero: están ustedes invitados el día 23 en Madrid a una gran manifestación por este desastre, que no ha sido provocado por el Gobierno pero en el que el Gobierno ha sido incapaz, tanto preventivamente como en el momento en el que ocurre, de dar solución a los problemas que ha originado en Galicia y en otras comunidades autónomas.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cámara.
Corresponde el turno al Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. En su nombre, tiene la palabra el senador Arroyo Hodgson.
El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente en este debate sobre la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Es oportuno hacer referencia a la moción, también del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se instaba al Gobierno a adoptar diversas medidas para hacer frente a las consecuencias derivadas de la catástrofe del buque petrolero «Prestige», debatida en esta Cámara el pasado 18 de diciembre. En este sentido, quiero decir que lamentamos profundamente la absoluta falta de consenso para acordar entre todos las diversas medidas ante tamaña catástrofe y que aprovechamos de nuevo la oportunidad para expresar nuestra total solidaridad y afecto al pueblo gallego por esta tragedia, la mayor catástrofe, el mayor desastre medioambiental ocurrido en España; una gran catástrofe producida por la marea negra consecuencia del fuel vertido por el «Prestige».
Desde Canarias, desde el extremo sur de España, también han acudido voluntarios a las costas gallegas afectadas, en un avión fletado por el Gobierno de Canarias, para contribuir en las labores de limpieza del chapapote, en un gesto de solidaridad ante una situación de extrema emergencia y a pesar de que ambas comunidades autónomas están separadas aproximadamente por 3.000 kilómetros. Por ello, quiero mostrar también nuestra gratitud a esos voluntarios canarios.
Me parece importante hacer referencia a la comparecencia del Presidente del Comité Científico Asesor de la catástrofe del «Prestige» --Comité creado por el Gobierno--, el doctor Lora-Tamayo, Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tuvo lugar ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta Cámara --que me honro en presidir--, hace justamente una semana, el pasado miércoles 5 de febrero.
El profesor Lora-Tamayo, en su intervención inicial de aproximadamente una hora, realizó un pormenorizado relato cronológico de lo ocurrido con el buque petrolero monocasco «Prestige» desde el pasado día 13 de noviembre, cuando

cargado con 77.000 toneladas de fuel sufrió una rotura de su casco y, por tanto, de sus tanques, aproximadamente a treinta millas de la costa gallega.
En dicha comparecencia se pusieron de manifiesto las grandes dificultades existentes para controlar las 40.000 toneladas de fuel contenido en los dos pecios o pedazos en que se fracturó el casco del buque, hundido finalmente a 133 millas de la costa, y a una profundidad de 3.600 metros.
Se refirió a las dificultades para trabajar a esta profundidad y esbozó las diversas soluciones que está estudiando el Comité Científico Asesor como hacer una coraza de hormigón o metálica, reflotar el buque, bombear el fuel, pero todo esto se encuentra con grandes dificultades debido a que no hay precedentes porque no se han llevado a cabo experiencias tecnológicas en estas profundidades. A este respecto, estamos expectantes del informe final del Comité Científico Asesor.
En relación con la moción que presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta a la Comisión General de las Comunidades Autónomas a celebrar las sesiones que fuesen necesarias para estudiar y promover actuaciones conjuntas y coordinadas entre el Gobierno central y los Gobiernos de las distintas comunidades autónomas ante situaciones similares a ésta y habiendo anunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que está dispuesto a aceptar como enmienda de adición la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, estamos pendientes de la intervención del portavoz de este último grupo.
Efectivamente, ante tragedias o catástrofes de este calibre, debemos profundizar sobre este tema y tener en cuenta que España tiene cerca de 8.000 kilómetros de costa, de los que alrededor de 1.500 kilómetros están ubicados en el archipiélago canario y, además, hay que considerar la situación geográfica y estratégica de Galicia, de otras partes del territorio español y de las islas Canarias en relación con el transporte marítimo, ya que buques de este tipo --y algunos buques basura-- pasan o arriban a la refinería de petróleo de CEPSA en Santa Cruz de Tenerife, la primera que se instaló en España. Sabemos que el Gobierno está haciendo unos esfuerzos muy importantes en este asunto. En el debate del día 18 de diciembre el portavoz del Partido Nacionalista Vasco dijo que este asunto tenía entidad suficiente como para crear un ministerio de asuntos marinos. Esa será una decisión del Gobierno, pero estamos de acuerdo en que las competencias en asuntos marítimos andan dispersas entre diversos ministerios.
Tenemos problemas con la normativa marítima al respecto. Hay que emprender actuaciones junto con la Comisión Europea ante la Organización Marítima Mundial y ante la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Hay que revisar la legislación marítima, repito, porque lo que se debe hacer en primer lugar es atacar las consecuencias que ha traído esta desgracia, y por otra parte deberían adoptarse en paralelo y en profundidad unas importantes medidas de prevención, unas medidas que sirvan para intentar que no vuelvan a ocurrir catástrofes de esta magnitud.
Acabo ya reiterando que a nosotros en principio nos parece bien la propuesta que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a que se pudiese trabajar en paralelo con la Unión Europea en esta cuestión desde la Comisión General de las Comunidades Autónomas en este Senado. Como no nos hemos caído ayer del nido precisamente, quiero decir que por el cariz que esto ha ido tomando, por los acontecimientos habidos y también por el debate que se celebró en esta Cámara el día 18 de diciembre, sabemos que probablemente será muy difícil hacer ese trabajo en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero en cualquier caso creemos que vale la pena intentarlo puesto que estamos obligados a que nuestro Senado funcione tanto en Pleno como en Comisión.
Nada más. Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Arroyo Hodgson.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En su nombre tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.

El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros creemos que sigue teniendo actualidad lo que plantea el Grupo Parlamentario Socialista ya que ésta es una catástrofe de grandes dimensiones que no sólo afecta a Galicia sino también a Asturias, a Cantabria , al País Vasco y a la zona atlántica francesa puesto que también hasta Francia está llegando la contaminación. Por tanto, como usted decía, señor Lago, se trata de la mayor catástrofe ambiental que hemos tenido en los últimos 50 años. Por tanto, repito que esta cuestión sigue teniendo actualidad como para que se debata políticamente. Hay argumentos suficientes para que haya un control parlamentario, para que se haga un análisis, en definitiva, para que se haga un seguimiento de las políticas llevadas a cabo en esta materia por las administraciones públicas.
Decía el senador Arroyo que España ha vivido de espaldas al mar. Cuando ocurre un problema de la envergadura de éste, los poderes del Estado
--este Gobierno, como podía haber ocurrido con otro anterior-- no sabían qué hacer. Ese ha sido el meollo de la cuestión. Ha habido 442 científicos españoles de 25 universidades que han criticado la actuación que ha tenido el Gobierno en cuanto a la gestión de la contingencia ocurrida.
Entre las investigaciones judiciales que se hagan saldrá un protocolo de actuación de contingencias en materia de salvamento marítimo y contaminación marina de Sasemar. Ya verán cómo esa información va a salir con el tiempo. Pues bien, el protocolo de actuaciones ante esas contingencias indica lo contrario de lo que se hizo. Ese es el fondo de la cuestión. La investigación judicial está ahí y por eso se han solicitado todos esos documentos. Se va a tomar declaración a los funcionarios que anduvieron en la negociación y en la propuesta de adopción de medidas al respecto, y en definitiva va a salir esa responsabilidad a causa de un funcionamiento anormal o normal por parte de los servicios públicos que ha tenido el Estado. Va a ser un pleito largo, pero ya apuntan por ahí los indicios de la investigación judicial en la materia.


Aquí hay otra cuestión y es: ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado en el control de la contaminación marina? El País Vasco está actuando como un Estado independiente en la lucha contra la contaminación marina como si no existieran los poderes centrales del Estado. No ha habido ninguna actuación ni ninguna autoridad del Estado que haya puesto medios económicos para luchar contra la contaminación marina en un bien de dominio público estatal, que es la zona marítimo terrestre, las aguas jurisdiccionales de las 12 millas y la zona económica exclusiva. Toda la contaminación se produce en zona demanial del Estado, y las actuaciones las está realizando el Gobierno de Euskadi, todas. La semana pasada han salido 150 barcos para recoger fuel contaminante, todos financiados por la Administración pública vasca. ¿Dónde está el Estado? Cuando no tiene competencia, el Estado suele decir: no ejerzan competencias ustedes que ya veremos lo que pasa, ya acudiremos a los tribunales. Al Estado no le interesa acudir a los tribunales. No hay medios materiales. Ese es el problema de la cuestión. Pongo este ejemplo gráfico para que reflexionemos sobre la necesidad de que haya una mayor sensibilidad en cuanto a entender los problemas del mar, porque España ha vivido de espaldas al mar, España está viviendo de espaldas al mar, con 8.000 kilómetros de costa, un país que casi es una isla, está rodeado prácticamente de agua, con 8.000 kilómetros de costa y no ha tenido la mentalidad suficiente, ni éste ni los anteriores gobiernos, de tener un ministerio del mar que englobe y tenga una visión integral, horizontal y pluridisciplinar de la problemática del mar. Y eso es lo que ha pasado.
Cuando a un señor ministro que gestiona infraestructuras ferroviarias, ferrocarriles, seguridad aérea, le plantean un problema marítimo, la Dirección General de Marina Mercante es el ente de menor entidad dentro del Ministerio de Fomento, y es lógico, el director general tiene por encima al subsecretario y al secretario de Estado, y para cuando llega al ministro el problema se ha producido el evento y la tragedia.
España necesita una visión integral y pluridisciplinar de la problemática del mar, sobre todo porque tiene dos puntos, Gibraltar y Finisterre, que son los dos centros geográficos de mayor tráfico marítimo del mundo, y tiene las islas Canarias y las Islas Baleares. Eso es lo que hace falta, esa es la reflexión que queremos hacer nosotros y transmitir a las autoridades, a los poderes del Estado, a las Cortes, al Gobierno central.
Y nosotros, dentro de nuestra modestia, hemos actuado y estamos actuando con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, sin tener ninguna competencia, porque cuando plantea el Grupo Parlamentario Socialista la colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, pero ¿qué coordinación si las comunidades autónomas no tienen ninguna competencia? El medio es dominio público estatal y, aunque ello no sea un elemento delimitador de la competencia, lea usted la legislación española sobre vertidos al mar, es preconstitucional, sólo habla de la Dirección General de la Marina Mercante, ni una comunidad autónoma puede gestionar un vertido aunque esté a dos metros del cantil de la zona en que se ha efectuado el vertido, ¡ninguna! ¿Esto es sensato en un país que se llama España, Estado de las Autonomías? ¿Qué le pasa al Estado? Se está viendo que no es sensato el modelo de gestión en materia de salvamento y medio ambiente marítimo que tenemos. Toda la competencia es del Estado y éste no puede llegar cuando ocurre un evento de esta categoría. Y ¿por qué? Porque el Estado tiene 8.000 kilómetros de costa , lo que es inabordable para éste y para cualquier otro Estado. Por eso es necesario reformular la mentalidad y la política marítima española, y esto vale para este Gobierno, para el que venga y para los anteriores. Debemos reflexionar entre todos y adoptar otro tipo de políticas para implementar la profesionalidad hacia la gente de la mar, hacia la gente de la marina mercante, hacia la gente de la pesca, hacia la gente de la náutica recreativa, que está originando innumerables problemas de asistencias y salvamentos cuando España es uno de los países líderes en materia de náutica deportiva, en construcción, en utilización y en puertos deportivos, y la cuestión de fondo es que no tenemos una visión integral de la problemática del mar.
Por eso, nuestro grupo parlamentario apoya cualquier medida que venga de un grupo de la oposición que pretenda dotar de mayores medios, que pretenda fortalecer la política marítima, que pretenda hacer un seguimiento, un control y un análisis de lo que está haciendo el Gobierno, y por eso nosotros creemos que cuando ustedes plantean que se inste al Gobierno a colaborar con las agencias relacionadas con las catástrofes de la Unión Europea..., señor Escutia, con todos los respetos, es una propuesta muy vaga, porque al decir agencias en materia de catástrofes, ¿a qué se refiere? ¿A la de seguridad laboral? ¿A la de seguridad alimentaria? ¿A la de seguridad marítima, que está creada el pasado mes de septiembre pero que todavía no tiene sede en cuanto a su funcionamiento? Por cierto, la Agencia de Seguridad Marítima es un ente simplemente consultor, un ente asistente de la Comisión Europea, sin capacidad para adoptar medidas normativas ni medidas ejecutivas.
Por tanto, instamos a todos ustedes y al Grupo Parlamentario Socialista para que tengan unos principios en común básicos para abordar la problemática que España tiene en cuanto a la gente de la mar, que no se siente suficientemente representada por la sensibilidad que la clase política está adoptando hacia esta cuestión, porque lo que ha sucedido ha sido simplemente por no entender lo que significa un buque dentro de la zona económica exclusiva con 70.000 toneladas de material muy contaminante y adoptar las decisiones que se tomaron.
Por ello, reflexionemos sobre esta cuestión, es importante que los poderes políticos, y nosotros como representantes públicos, estemos sensibilizados hacia esta cuestión y vayamos sembrando camino, estableciendo líneas de actuación para que esta tragedia no vuelva a ocurrir, porque tenemos los dos mayores centros neurálgicos de tráfico marítimo, que son Finisterre y Gibraltar, y es normal que vuelva a suceder cualquier otra tragedia y, por tanto, España necesita un tipo de política y de Administración enormemente sensibilizada y con una visión integral y pluridisciplinar de la problemática del mar.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Gatzagaetxebarría.
Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Tiene la palabra el señor Molas.

El señor MOLAS I BATLLORI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la propuesta que presenta el Grupo Parlamentario Socialista a través del senador Lago Lage me parece muy positiva a fin de que el Senado contribuya de una forma activa a la salida de una crisis, previendo las condiciones que permitan evitar que pueda repetirse la mayor catástrofe conocida de la historia en nuestros mares.
Pienso que se han de aprovechar las desgracias y los errores. Los errores del Gobierno deben ser aprovechados y en esta ocasión se ha equivocado.
No ha estado a la altura y lo que ha hecho lo ha hecho tan mal que a veces parece difícil que lo pudiera superar. Aun así, se ha de aprovechar para poder plantear lo que puede ser un futuro en mejores condiciones.
Hemos de aprender de los errores y de las desgracias y sobreponernos a ellos. Se han de depurar los errores que se hayan podido cometer y, sobre todo, debe salirse de la crisis con una confianza en las instituciones públicas y con la capacidad de reacción de las mismas suficientemente previsible por nosotros, o que al menos así lo consideremos.
Hemos de hablar del futuro; hemos de referirnos a este caso pero se ha de hablar del futuro. Y cuando el senador Lage ha utilizado las palabras verdad, plan y compromiso, estaba estableciendo tres niveles de lo que debería hacerse. Es evidente que sin verdad las heridas no se curan y no se limpian y es cierto que sin un plan no se puede ir hacia delante, pero también es verdad que sin un compromiso de coparticipación y coordinación de todos sobre el plan es difícil que éste salga adelante, es difícil que se lleve a cabo solamente con una administración técnica y más en aquellos casos que no se repiten cada semana sino que ocurren de muchos años en muchos años, donde normalmente las reacciones son lentas y en ocasiones los planes son inadecuados.
Lo más importante es superar los atrasos en previsión y cooperación y la cooperación institucional, más allá de las competencias concretas, debe ordenarse ante situaciones de emergencia y de catástrofes. El senador tiene ahora una oportunidad para hacerlo, para tratar esta cuestión y para involucrar a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en la que, recordemos, están representados los gobiernos de las comunidades autónomas, a fin de hablar con el Gobierno e impulsar además esta Comisión para que no constituya sólo un escaparate de debate sobre discursos que no se improvisan pero que los que han de intervenir conocen en su momento y no se han podido estudiar anteriormente.
Esta medida me parece fructífera y buena pero podría ir algo más allá y ahora tiene una oportunidad para ello: se trata de debatir en las correspondientes sesiones y promover la actuación conjunta y coordinada entre Gobierno y comunidades autónomas en el marco de la existencia de una catástrofe tan importante que ha hecho reaccionar a todos, incluida la mayoría política actual, a fin de enfocarlo de una forma diferente para que cuando se produzca otra existan los mecanismos, la confianza, la iniciativa y la actuación del Gobierno suficientes como para poder ordenar una acción común que palie y remedie las consecuencias de la catástrofe.
Como ya se ha hablado de forma suficiente sobre este tema, voy a referirme ahora a un aspecto positivo. Les pido que adoptemos la actitud de trabajar conjuntamente, haciendo extracción del «ordeno y mando» que se ha llevado a cabo desde unas instituciones que no han funcionado o que lo han hecho de tal forma que a aquellos que éramos críticos con la acción política del Gobierno nos ha llenado de vergüenza y de dolor.
Intentemos, pues, encontrar una vía para afrontar las catástrofes cuando éstas se produzcan, aunque deseo que eso no ocurra, de forma distinta, mejor, más coordinada y eficaz.
Así pues, votaremos a favor de esta moción. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Molas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Beguer.

El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señor presidente.
Señorías, la catástrofe del «Prestige» es sin duda el hecho que ha llenado más páginas en los periódicos y ha ocupado más espacios en otros medios de difusión, como la radio y la televisión, más portadas, más artículos y más editoriales de prensa en los últimos lustros, aunque casi me atrevería a decir en los últimos decenios.
Las vicisitudes iniciales del Gobierno para salvar la situación o para resolverla del mejor modo posible han dado paso a actuaciones más concretas. De cualquier forma, a pesar de la mayor eficacia lograda a lo largo de las semanas durante estos tres larguísimos meses desde que se produjo el siniestro, todavía en estos momentos se sigue luchando contra la marea negra, no sólo en Galicia y el norte de Portugal, sino en todo el Cantábrico, e incluso en Francia, donde también ahora se observa este siniestro con verdadera preocupación.
Desde hace algunas semanas la labor de los distintos ministerios, y especialmente el de Fomento, que colaboran en la solución de este problema desde el Gobierno central e incluso desde la Xunta de Galicia, sin olvidar ni mucho menos la acción que están llevando a cabo con mucha eficacia los municipios y organizaciones de voluntarios, está resultando mucho más efectiva que en los momentos iniciales. Pero ello no es óbice para que, por otra parte, se produzca un debate parlamentario sobre este asunto, debate que en esta Cámara no ha sido todo lo extenso que hubiera podido ser debido al período de vacaciones parlamentarias. Pero sí lo ha sido en el Congreso, que, como sus señorías saben, es una Cámara más ágil que el Senado. Y así, en el Congreso los distintos ministros han comparecido en la Comisión de Infraestructuras, por descontado, pero también en las Comisiones de Economía, Sanidad,

Medio Ambiente, Asuntos Exteriores, Mixta Congreso-Senado de la Unión Europea, y quizá en alguna otra que en estos momentos no recuerde. Es decir, tanto el vicepresidente primero, señor Rajoy, como los señores Alvarez-Cascos y Montoro, la señora De Palacio, el señor Matas y la señora Pastor han dado cuenta de las acciones que se llevaban a cabo sobre esta problemática y han debatido con la oposición, como también lo ha hecho el presidente Aznar en el Pleno del Congreso.
Por tanto, desde que el Gobierno se dio cuenta de la magnitud de la catástrofe y corrigió las dudas y los errores iniciales está emprendiendo un camino del que todavía quedan pasos por recorrer. No olvidemos que aún estamos pendientes del informe final que la comisión de expertos ha de evacuar para determinar cómo se resolverá definitivamente el problema del Prestige y el futuro del fuel-oil que queda. Por otro lado, también el señor Martín Villa, comisionado específico, espera datos para hacer propuestas definitivas a ese respecto. Pero todo ello no obsta para que, como digo, se produzca un debate que pueda arrojar nuevas luces sobre el problema.
Si en el Congreso se ha tramitado este debate con amplitud, es lógico que la Cámara Alta, dentro de sus competencias constitucionales, pueda también debatir esta cuestión, y a nosotros nos parece razonable que ello tenga lugar en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. No olvidemos que ayer el Pleno autorizó posponer durante seis meses la presentación del informe final de la Ponencia de estudio sobre la seguridad de las infraestructuras y los transportes, constituida en el seno de la Comisión de Infraestructuras, debido en buena parte a que el tema de las posibles catástrofes marinas no había sido estudiado con la profundidad con que se podía haber hecho a tenor de la reciente experiencia con el «Prestige». Por tanto, la misma ponencia va a acabar de estudiar esta problemática antes de evacuar su informe. Así pues, es lógico que la Comisión de Comunidades Autónomas pueda establecer un debate al respecto.
Nosotros hemos afirmado de forma reiterada en otros foros, como la Cámara Baja, que estamos en contra de determinadas comisiones de investigación, sobre todo en determinados momentos, pero aquí no se nos propone la constitución de una comisión de investigación --comisiones que, en todo caso, tienen su momento--, sino que se trata de una comisión de trabajo y de búsqueda de soluciones. Quizá se podría decir que la catástrofe del «Prestige» se plantea como una excusa, como un ejemplo, es decir, se insta a la Comisión General de Comunidades Autónomas a celebrar las sesiones necesarias para debatir y promover una acción conjunta y debidamente coordinada del Gobierno central con los gobiernos de las comunidades autónomas ante situaciones de emergencia y catástrofes como la reciente del «Prestige». Se trata de conocer, de prever y de arrojar una luz sobre este problema a partir de estos debates.
Nuestro Grupo considera razonable esta propuesta y, antes de emitir el voto final, y tras escuchar las intervenciones de los grupos Socialista y Popular, esperamos que sea posible llegar a un acuerdo sobre la fórmula que unos y otros han planteado, siendo la del Grupo Parlamentario Socialista la que inicialmente nos parece correcta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Beguer.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre tiene la palabra el senador Lago.

El señor LAGO LAGE: Gracias, señor presidente.
El hecho de tener que hablar antes que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que en este caso ha presentado una enmienda a nuestra moción, no es lo más habitual en un debate. Ello no quiere decir que el grupo mayoritario no tenga su prerrogativa de cerrar los debates, pues ésa es otra cuestión.
En todo caso, señor Escutia, debo decirle con todo respeto y manifestando mi admiración por el papel que está desarrollando en el sentido de defender en nombre de su Grupo la enmienda que el mismo ha presentado, así como la posición que éste mantiene en relación con esta moción, que he visto clara una vez más cuál es la consigna oficial del Gobierno: no hablar del «Prestige», no hablar de la catástrofe y transmitir que el problema está estabilizado, tal y como decía personalmente incluso algún responsable del Gobierno. Este es un diagnóstico similar al que refleja el parte médico de los moribundos que llevan siete días en la UCI:
Estabilizado dentro de la gravedad más absoluta. Esa es la realidad; la realidad es que en estos momentos sólo la mitad del fuel vertido por el «Prestige» ha sido recuperado, unas 17.000 toneladas en total. En el mar y en las costas quedan entre 13.000 y 15.000 toneladas, y 40.000 toneladas o más --en este punto no hay acuerdo-- están todavía en los tanques del «Prestige» hundido, y no sabemos qué puede pasar al respecto; 423 playas afectadas, 264 de ellas gallegas; más de 950 kilómetros de costa gallega están afectados; más de un millón 500.000 personas de la población del litoral gallego han sido afectados directa o indirectamente; el 48 por ciento de las embarcaciones censadas en España son gallegas. Son los datos que yo quería traer a esta Cámara para que hiciéramos la reflexión, y que de alguna forma solicito que se lleven a debate a la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
Nos decía el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Cámara, que parece blanda, suave, la presentación de la moción. Esa era precisamente nuestra intención; no era otra --y sigue siéndolo-- que el acuerdo, el consenso, y alcanzar el debate; por eso queremos plantear mociones y propuestas que el Grupo Parlamentario Popular pueda admitir, porque lo que perseguimos está muy claro: el compromiso de la coparticipación y la coordinación para la solución de los problemas, porque, como decía un librito religioso de la infancia, es justo y necesario. Y estoy convencido de que es justo y necesario que hablemos de la catástrofe y que pongamos sobre la mesa todos los datos para solucionarla. No sólo lo dice este portavoz del Grupo Parlamentario Socialista o lo dicen parte de los gallegos, sino que, según el barómetro del CIS, el «Prestige» es el tercer problema que más preocupa a los españoles. Sin preguntar

por la catástrofe del «Prestige», los ciudadanos lo dicen de forma espontánea, figúrese usted el resultado si se preguntara directamente, en diciembre o en enero, por la catástrofe del «Prestige».
La catástrofe del «Prestige» ha sido un auténtico hachazo a la economía gallega. Rebajará entre 5 y 6 puntos porcentuales cada año el crecimiento de la economía gallega, por lo menos hasta el año 2005 --y son los vaticinios de economistas--; se dejarán de generar entre 1.400 y 1.700 millones de euros por año en ese período de cinco años, en una comunidad, Galicia, que usted sabe muy bien --Objetivo 1 en la Unión Europea-- que dispone actualmente tan sólo del 65 por ciento del PIB per cápita de la media española; en una región que tiene la convergencia europea más lenta de la Unión. Incluso la renta de un andaluz o un extremeño en estos últimos años ha crecido el doble que la renta per cápita de un gallego.
La propia Xunta de Galicia asevera estos datos y, en un documento también propagandístico de ese plan Aznar, dice textualmente: el proceso de convergencia real de Galicia corre el riesgo de verse frenado por las consecuencias del accidente del «Prestige» en el conjunto del tejido productivo gallego. Estos son datos, afirmaciones reales que ni siquiera hace este portavoz.
El paro alcanza, con el último sondeo, el 12,69 por ciento en Galicia, cuando la media en España está en el 9,44, según la última encuesta de población activa. La producción pesquera gallega emplea, directa o indirectamente, a 120.000 personas, más del 12 por ciento del total gallego.
Señorías, tres meses han pasado desde el accidente del «Prestige» y el chapapote sigue llegando a la costa gallega; el fuel del buque hundido sigue sin solución definitiva, y el país --Galicia, España-- no puede seguir atemorizado durante meses y en la incertidumbre de que un día llega el fuel y otro día sale de las rías, es decir, un día sí y otro también. Hay intentos de la administración gallega y española de aparentar normalidad. Uno de ellos es no debatir, no hablar del «Prestige»; es una cosa de hace tres meses. El otro día incluso el subsecretario general, señor Arenas decía: hablemos de municipales, no hablemos de las catástrofes, no hablemos de los problemas de España, cuando hablar de las municipales es hablar de los problemas reales que afectan a los ciudadanos. Otro intento fue, recientemente, la apertura de la veda a marisqueo y pesca, postura controvertida, que tiene sus defensores y sus detractores. Pero, una noticia de prensa dice: playas abiertas al marisqueo reciben manchas por tercer día consecutivo, una vez abierta la veda. Y la propia Consellería de Pesca de la Xunta dice: se reconsiderará la veda en algunas zonas si el fuel sigue llegando a la costa. Todos sabemos que esta medida se tomó con dos objetivos: aparentar normalidad, que ya no hay «problema Prestige», y por otro lado --también hay que decirlo-- aminorar costes a la Administración, porque cuando se abre la veda se dejan de pagar los subsidios a las familias afectadas.
Se necesita imperiosamente todo el esfuerzo de recursos económicos y tecnológicos para dar soluciones definitivas; eso es lo que queremos y lo que traemos aquí, porque Galicia y las comunidades afectadas --Asturias, Cantabria, País Vasco--, España en su conjunto, tienen y deben elegir el modelo que van a seguir para abordar la salida de esta crisis y de cualquier otra que se pueda producir.
Hay dos formas de encajar una crisis de este tipo. Por una parte, está el modelo de paliar simplemente los efectos, basado en subvenciones transitorias, negando en parte la importancia de la catástrofe, para recobrar lo antes posible una falsa o virtual normalidad, y evitar así un posible mayor deterioro político del Gobierno. Para eso se gestionan los recursos que se ponen sobre la mesa con criterios clientelares y de rentabilidad político-electoral de carácter inmediato. Pero hay otros modelos alternativos, y ese es el debate que queremos. Hay otros modelos que convierten la crisis del «Prestige» en un auténtico reto y que, además de ayudas temporales a los afectados, que son necesarias y urgentes, plantea la necesidad de llevar a cabo con rigor, transparencia y participación y en un tiempo prefijado, un plan global de recuperación económica, medioambiental y social que permita dar ese salto cualitativo, al que me refería antes, en el desarrollo económico de los territorios afectados.
Eso no es nada nuevo. Incluso está surgiendo de forma espontánea y decidida en algunas comunidades. La última noticia la veíamos hace unos días: Cantabria, el País Vasco y Francia diseñarán una estrategia común para combatir la marea negra. A mí me gustaría más ver la noticia de que el Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas diseñarán una estrategia común para combatir la marea negra y cualquier otra catástrofe. Esa sería la noticia que a mí me gustaría ver en los diarios, y no que Cantabria, el País Vasco y Francia van a diseñar una estrategia común.
El Senado es el lugar adecuado. La Comisión General de las Comunidades Autónomas, si realmente nos creemos dónde estamos y para lo que estamos, es el lugar adecuado. No lo digo yo solo. Voy a utilizar unas palabras de alguien que seguramente ustedes tengan en cierto escalón de admiración, un ex senador del Partido Popular, el señor Ruiz Gallardón, que dijo el 3 de noviembre del año 1993: Queremos ser una cámara de representación territorial, ser el parlamento en el que se residencie el diálogo entre la Administración central y las comunidades autónomas. Si queremos una cámara donde de verdad las comunidades autónomas tengan voz propia es porque creemos lo que dice la Constitución, porque creemos que la soberanía nacional reside en la totalidad del pueblo español. Asimismo, en 1994, el 11 de enero, en la aprobación en pleno de la propuesta de reforma del Reglamento del Senado, decía el mismo ex senador Ruiz-Gallardón: El Senado tiene que ser la institución del Estado en la que se residencie el diálogo necesario entre las comunidades autónomas y el Gobierno y la formación de la voluntad del Estado. Eso es lo que queremos con esta moción tan simple y tan sencilla, siempre oídas las voces de las comunidades autónomas. Y añadía al final: Esta Cámara tiene que ser y va a ser, y eso es lo que queremos todos que sea, la cámara de las autonomías.
Señorías, ésas eran las palabras de su antiguo compañero del Senado, el ex senador Ruiz-Gallardón.


Queremos un plan que nazca del diálogo, del acuerdo, del consenso de todos los grupos y de todos los sectores implicados. El plan Aznar no es fiable. Se lo tengo que decir así, claramente. No es fiable, no es creíble. A veces nos recuerda a algunas otras promesas pasadas. Le voy a referir dos o tres promesas de aquellas que se conocían como las promesas de Meirás.
Plan de desarrollo del año 1970. Se anunciaba un ambicioso plan de desarrollo y comunicaciones para Galicia: superpuerto de Villagarcía con dique de varios kilómetros de longitud. Al final, todo quedó en que ese proyecto fue a parar a Bilbao.
En febrero de 1971, otra promesa de Meirás: Plan de accesos a Galicia. La acción en infraestructuras más importante de la historia. Las obras finalizarán en 1976. Los famosos accesos a Galicia, que conocemos como autovías, se terminaron 26 años después, en el año 2002.
Autopista del Atlántico. En 1973, también promesa de Meirás, se decidió que estaría abierto al tráfico antes de 1982.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Lago, le ruego que concluya.

El señor LAGO LAGE: Hoy todavía está pendiente el tramo a El Ferrol.
Esto es lo que nos recuerda ese plan Aznar al que me refería antes.
Voy a terminar, si me lo permite, señor presidente. Solo le voy a pedir uno o dos minutos.
Este plan no es creíble porque las promesas sólo comprometen a aquellos que se las creen, y prueba de ello es que usted tenga que debatir conmigo esta moción a pesar del numeroso grupo parlamentario territorial que tiene el Partido Popular de Galicia, porque no se creen las promesa, por eso no las debaten.
Es un plan elaborado por un Gobierno débil, a la defensiva, desconfiado, autocomplaciente, que ha naufragado en la marea negra. Es un plan presentado por un presidente que se siente fracasado en materia de seguridad, en todos los ámbitos de la seguridad: laboral, ciudadana, familiar, vial, alimentaria, y también ahora medioambiental y marítima.
No es la respuesta a una crisis ni el respeto que los gallegos se merecen. Creemos que esta crisis se merece otra respuesta, y esta la podemos empezar a dar desde el Senado. Una respuesta leal a la ciudadanía y una respuesta comprometida con Galicia. Una propuesta acotada y definida en el tiempo, basada sobre todo en el principio de tolerancia cero y de responsabilidad civil limitada.
Señorías, acabo, si me permiten unos segundos, recordando el día 22 de enero, cuando más de 50.000 niños de toda Galicia abandonaron por un día sus colegios y se dirigieron a la Costa da Morte. Se enfrentaron a dos cosas: a las inclemencias del tiempo gallego, que «chovía», y a las no pocas zancadillas administrativas de la administración popular en el concierto con autobuses y, a pesar de eso, se dieron todos ellos la mano entre Muxía y Laxe, unieron sus corazones, y los niños pidieron que les dejemos al menos la Galicia que otros nos dejaron a nosotros, una Galicia limpia y llena de vida. Eso es lo que pidieron. Los gallegos quieren recuperar sus costas como las tenían, pero también quieren que se les oiga y se les vea, que no se les calle, que se sepa que no se conforman en esta historia ni se rinden y aunque tengan que recoger el chapapote con las manos, lo seguirán haciendo y aunque tengan que contratar autobuses en Portugal, lo seguirán haciendo, porque los gallegos, se lo digo sinceramente, no están dispuestos, ni quieren, ni pueden olvidar.
Hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista ante el Pleno del Senado de los pueblos de España esta moción, lo repito, ante el Pleno del Senado de los pueblos de España para que «nunca máis» vuelva a ocurrir nada como lo del «Prestige».
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Lago.
Para finalizar este turno de portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Escutia.

El señor ESCUTIA DOTTI: Muchas gracias, señor presiente.
En primer lugar...

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Perdón, senador Escutia.
Ruego que el Pleno autorice poder continuar el debate dado que llevamos más de cinco horas desde que comenzó la sesión esta mañana a las nueve y media. A efectos de cumplir con el Reglamento, ruego la autorización de la Cámara. (Pausa.) Muchas gracias.
Puede continuar, senador Escutia, y disculpe.

El señor ESCUTIA DOTTI: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, de las intervenciones de los portavoces, por lo menos del Grupo Parlamentario Mixto y del Partido Socialista, da la impresión que hay una afición a vernos noqueados o a vernos descolocados como grupo en la tarea, que aceptamos de buen grado, de sustentar al Gobierno del Partido Popular. Considero que la propia composición de la Cámara es buena muestra de lo poco noqueados que estamos porque alguno casi tendrá que ir dentro de poco como las antenas, con una luz luminosa para que se le localice en la Cámara. En cualquier caso, mi presencia aquí obedece al petitum de la moción. La moción plantea que se reúna la Comisión de las Comunidades Autónomas para tratar de coordinar las comunidades autónomas con el Gobierno central ante situaciones de emergencia y catástrofes, y estamos hablando de la catástrofe de un transporte marítimo y, como miembro de la Comisión de Infraestructuras, formo parte de una ponencia que está estudiando precisamente la peligrosidad de las infraestructuras de transporte, con lo cual creo que no hay nada más que hablar.
Otra cosa es que del debate que hemos tenido hoy en esta Cámara a mí me haya recordado a aquel escritor que

fue a un programa de televisión y se levantó con cajas destempladas diciendo que él había ido allí a hablar de su libro. Obviamente, la moción que ha presentado no tiene nada que ver con el debate que hemos tenido en la Cámara. Hoy parece, como se decía en un principio, que la moción se haya utilizado como una excusa para hablar del «Prestige». ¿No quiere hablar el Partido Popular del «Prestige»? ¡Pues claro que quiere hablar!, y se ha dicho en esta Cámara, lo que pasa es que por el funcionamiento y por las fechas se ha tratado más en el Congreso que en el Senado. ¿No quiere reunir el Partido Popular la Comisión de Comunidades Autónomas? ¡Pues claro que la quiere reunir, no hay ningún problema!, para eso es el funcionamiento normal de la Cámara. Lo que decimos es que no es lógico. Le podemos pedir al amo del perro que saque a pasear al perro, pero en su moción ustedes están pidiéndole al amo del perro que saque a pasear al amo del perro. Quieren que nos instemos nosotros a nosotros mismos a hacer algo, quieren que los senadores de este Pleno instemos a los senadores que son miembros de la Comisión de Comunidades Autónomas para que se reúnan.
Yo creo que ha quedado clara cuál era la intención, y la intención era hablar del «Prestige». Pues me parece bien, ya hemos hablado del «Prestige» y hemos hablado de la posición del Partido Popular al respecto. La posición del Partido Popular y del Gobierno ha sido la que ha sido, con sus errores y con sus aciertos, y a lo mejor en un primer momento hubo una falta de perspectiva para evaluar lo que ocurrió e incluso públicamente el presidente del Gobierno ha reconocido esos errores iniciales, pero se están dando pasos absolutamente firmes y notables para que, como dice el vicepresidente primero del Gobierno, no hablemos ya de «nunca máis», sino de Galicia «máis que nunca».
Podemos evaluarlo --para eso está esta Cámara--, podemos estudiar lo que se está haciendo y lo que se hará y podemos plantear, además, que se estudien cuáles son las medidas de coordinación entre comunidades autónomas y el Estado central para que cuestiones como ésta u otro tipo de emergencias que puedan ocurrir tengan otros cauces, incluso basándose en esta Cámara territorial. Pero no es la forma pedir que nosotros nos instemos a nosotros. Por eso no podemos admitir que nuestra enmienda de sustitución se plantee como una enmienda de adición porque entonces seguiríamos instando a nosotros mismos a que nos reunamos, y eso es lo que no puede ser.
En cualquier caso, y simplemente por hacer unas breves alusiones a lo que aquí se ha comentado, independientemente de lo que el Grupo Mixto ha transmitido de que nos negamos a crear comisiones de investigación y de que nos negamos a hacer muchísimas cosas, diré que obviamente nos negamos a hacer las comisiones de investigación que no nos parecen razonables y se hacen las comisiones de investigación en las que es preciso investigar o por lo menos puede dar esa sensación.
Dicen que ahora van a convocar una manifestación; bien, pueden convocar las manifestaciones que quieran. Realmente lo que parece es desviar el poder elegido por el pueblo en una comunidad autónoma, como la suya muy recientemente, y pretender que la representación que hay en la calle ostenta una representatividad mayor que el poder democrático. Nosotros, precisamente por el cargo que ostentamos y por lo que representamos en esta Cámara, no lo debemos admitir.
En cualquier caso, quiero indicar que el Plan Galicia, que usted denomina plan Aznar --y casi hasta me gusta que lo denomine así porque refleja una desvinculación completa del Grupo Parlamentario Socialista ante las inversiones que se van a acometer--, propone 12.459 millones de euros que van a impulsar realmente a Galicia. Contrariamente a lo que ha dicho, 5.200 millones de esos euros reflejan inversiones nuevas, y hay infraestructuras que no estaban contempladas en el Plan de transportes 2000-2006 que se van a estudiar y que se van a realizar.
Usted podrá decir que no tiene credibilidad el plan del Gobierno, pero es que los electores han dicho que este Gobierno sí que tiene credibilidad.
Los electores --precisamente la mayoría que ostentamos en esta Cámara es buen ejemplo de ello-- han creído y han visto que lo que se prometía se llevaba a efecto. Por tanto, le digo que lo llame plan Aznar porque los electores de Galicia tendrán la oportunidad, dentro de cuatro años, de comprobar que las promesas que se hicieron se han convertido en realidad y además lo asociarán precisamente al nombre de José María Aznar, al nombre de un gobierno del Partido Popular.
Dice usted que se ha vendido bien, y realmente tan bien se ha vendido que incluso usted mismo se lo cree o por lo menos eso se deduce del exponente de la moción.
Usted dice en la exposición de su moción que hay que dar un salto cualitativo que vaya más allá de la solución de los problemas sociales, económicos y medioambientales planteados, es decir, reconoce usted que hay que dar un salto para ir más allá porque la solución de los problemas sociales, económicos y medioambientales se está llevando a cabo gracias a las medidas que está tomando el Gobierno. Por eso, desde esta tribuna, aparte de agradecerle el tono de su intervención, como el de todos los intervinientes, porque desde luego el debate ha sido más que notablemente caballeresco, le agradezco el reconocimiento de que las cosas se están haciendo como se tienen que hacer.
Muchas gracias, señor presidente. (El senador Lago Lage pide la palabra.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Escutia.
Por el artículo 87, el senador Lago tiene la palabra por tiempo de un minuto.

El señor LAGO LAGE: Le manifesté mi respeto y mi admiración, pero no por eso me creo todo lo que ustedes dijeron o pueda decir su plan Aznar; no confunda usted las cosas.
Sigo manteniendo las cifras. Tengo aquí el Plan Galicia del señor Aznar y respecto a las cifras en nuevas iniciativas es verdad que son 5.200 millones de euros, pero quite usted todo lo que es limpieza de playas, lo que son subvenciones y déjese de nuevas iniciativas de obras viarias, y será que en lo que interesa a infraestructuras la cifra es de 3.500 millones de euros. Repito lo que le dije al principio,

haga usted eso. Ahora bien, se mete en limpiezas de playas también y en nuevas iniciativas; pues bien, deje las playas como están y no las limpie.
Aprovechando esta intervención, le voy a dar un consejo porque sé que están luchando desesperadamente en Europa para conseguir esos fondos con objeto de paliar la catástrofe, le voy a dar un argumento para que su Gobierno y el señor Aznar lo defienda en Bruselas: estoy convencido de que la crisis del «Prestige» fue una catástrofe natural, y hay que defenderlo así porque es de lo más natural del mundo. Con la descoordinación, la precipitación política, la ausencia de criterios técnicos en la toma de decisiones, la ausencia de los máximos responsables políticos provocaron realmente de forma natural esta catástrofe. Con un Gobierno y con los ministros del señor Aznar lo más natural del mundo es que ocurriera lo que ocurrió. Y mire, «máis que nunca Galicia», y se lo voy a decir de la siguiente forma: «Hoxe máis que nunca nunca máis» y, por si se me olvidaba, también: «No a la guerra».
(Risas.
--El señor Laborda Martín: Váyase, señor Aznar.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Lago.
Senador Escutia, tiene su señoría un minuto también.

El señor ESCUTIA DOTTI: Gracias.
Realmente hay que hacer una valoración completamente constructiva de lo que se realiza. Insisto, en mi intervención, ni en la primera ni en la actual he hecho ninguna comparación sobre cómo actuó su grupo cuando gobernaba en relación con el buque «Mar Egeo» y cómo está actuando el Gobierno del Partido Popular. Las comparaciones que se hicieron en sede parlamentaria no resisten la más mínima comparación. Coja usted los números y súmelos y réstelos como quiera. Pero lo cierto es que 5.200 millones de euros van a ir destinados a realizar infraestructuras nuevas y, por primera vez, el Gobierno plantea que las infraestructuras que no están contempladas en el Plan de Transportes 2000-2007 se van a ejecutar.
Todas esas infraestructuras suponen la mayor conectividad de Galicia tanto interna como con Europa. Por lo tanto, las inversiones están planteadas. Se van a hacer y desde mi grupo parlamentario no solamente estamos convencidos de que así será, sino de que los gallegos dentro de cuatro años (El señor Lago Lage: ¡El año que viene!) verán que, en efecto, lo que es efectivamente una catástrofe no causada por el Gobierno
-- no se líe usted con catástrofe natural atribuyendo toda la responsabilidad al Gobierno--, ha sido perfectamente solventada, aun con esas lagunas iniciales, por el Partido Popular, por el partido del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Escutia.
Finalizado el debate de esta moción, se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.
Se suspende la sesión.

Eran las quince horas y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA INTRODUCIR UNA OBLIGACION INFORMATIVA DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA Y A LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES, ACERCA DE SI UTILIZAN CRITERIOS ETICOS O DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL EN LA SELECCION DE SUS INVERSIONES (662/000266).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para introducir una obligación informativa dirigida a las instituciones de inversión colectiva y a los planes y fondos de pensiones, acerca de si utilizan criterios éticos o de responsabilidad social y medioambiental en la selección de sus inversiones.
Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el senador señor Cambra.

El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es para mí una satisfacción, como senador que lleva ya casi diez años en esta Cámara interviniendo siempre como portavoz de mi grupo en temas del área económica, poder presentar hoy una iniciativa que entiendo que es de alto contenido social, porque pocas veces los parlamentarios que nos hemos especializado por cuestión de formación, actividad previa, etcétera, en cuestiones económicas tenemos ocasión de tratar temas de estas características.
Asimismo, quiero hacer mención a que esta iniciativa ha sido preparada conjuntamente con el senador Josep Varela, compañero de grupo, cuyo alto sentimiento por los temas sociales son conocidos por esta Cámara, y con la colaboración del IPES, el Instituto Persona, Empresa y Sociedad, adscrito a ESADE, la escuela de negocios en la que me formé, que es una institución con un alto sentido de responsabilidad social de la empresa y que está realizando unos trabajos muy importantes en estas áreas y que ha colaborado con nosotros en esta iniciativa.
Desde Convergència i Unió pensamos que es un momento oportuno para iniciativas de este tipo porque hay una serie de antecedentes relacionados con crisis empresariales. Quiero recordar que nuestro grupo presentó esta moción en el registro a mediados de octubre, cuando aún estaban mucho más recientes que en la actualidad determinadas crisis empresariales conocidas por todos, como los

casos de Enron, WorldCom, Arthur Andersen, etcétera, o incluso más cercanos a nosotros, como Gescartera, que también ha sido tema de debate y de controversia, lo que se ha llamado falta de protección de accionistas minoritarios ante determinadas transacciones que se han llevado a cabo en importantes compañías en nuestro país, o debates abiertos sobre los criterios de buen gobierno en las empresas --me refiero al Código Olivencia o la comisión presidida por el señor Aldama--, cuestiones todas ellas pendientes de tramitación legislativa.
Entendemos, por tanto, que es un buen momento para tratar aspectos relacionados con la responsabilidad social de la empresa como contrapeso a estas incidencias que se han producido.
También quiero resaltar que en el pasado mes de diciembre, en el Congreso de los Diputados, se aprobó una proposición no de ley a través de la cual se ha creado una comisión técnica de expertos en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyo objeto es analizar la responsabilidad social de la empresa. Por tanto, aunque de una forma amplia y más genérica que la iniciativa que hoy vamos a presentar, también está dentro de este ámbito de la responsabilidad social de la empresa.
Con lo expuesto anteriormente pensamos que hay que recuperar la confianza en el sector empresarial, que la responsabilidad social de la empresa es una buena oportunidad para ello y debemos aprovecharla tomando las medidas oportunas en esta línea.
En este sentido hay abierto actualmente un debate sobre qué sociedad queremos construir y creemos que la contribución que las empresas de los mercados financieros pueden hacer a esta construcción de una sociedad distinta es muy importante, y en este marco de estas voluntades es donde hay que colocar la iniciativa que hoy presentamos en el Senado.
Nuestra propuesta a partir de estos antecedentes es muy concreta. Lo que nosotros queremos es potenciar en nuestro país la creación de fondos de inversión éticos y con responsabilidad social y medioambiental. ¿Qué es un fondo de inversión ético con responsabilidad social? Es un fondo que introduce explícitamente criterios de preselección en las actuaciones empresariales a partir de valores éticos y de responsabilidad social y medioambiental. Esta es la definición generalmente aceptada por los expertos que han trabajado en estos temas, y la que nos han transmitido de forma muy concreta los profesionales del IPES.
Estos productos financieros incorporan en su estructura forzosamente una serie de elementos. El primero de ellos consiste en una política de inversión con responsabilidad social que es la que define los criterios del fondo. Este es el elemento que diferencia de una forma más clara un fondo de inversión ético del resto de fondos de inversión o planes de pensiones que hay en el mercado; es decir, es la política de inversión con responsabilidad social la que define y califica un fondo de inversión como fondo de inversión ético.
El segundo elemento es una preselección de la cartera o universo de valores invertibles. Para ello se utilizan tanto criterios negativos o excluyentes como criterios positivos o incluyentes. Los primeros se determinan en función de la política de inversión que en el primer elemento ha sido informada a los inversores, a través de un documento que hay que hacer público y que debe ser conocido por el mercado. En cuanto a los criterios positivos o incluyentes, los hay en dos ámbitos distintos.
Por un lado, se dan en el ámbito medioambiental a partir de la aplicación del concepto de desarrollo sostenible vinculado a la gestión empresarial; de esta forma se identifican aquellas empresas que han adoptado en su gestión criterios de sostenibilidad. El otro ámbito es el social para identificar las empresas más innovadoras en este terreno, aquellas empresas que han optado por asumir un rol activo en la gestión de los impactos sociales en su actuación, o bien por otras políticas relacionadas con la responsabilidad social de la empresa.
El tercer elemento consiste en un equipo de investigación sobre ética y responsabilidad social de la empresa, que se puede llevar a cabo bien por equipos internos a la propia gestora bien por centros de investigación externos que prestan ese servicio, y que de alguna forma son los que llevan a cabo la preselección prevista como segundo elemento de la cartera o universo de valores invertibles.
El cuarto elemento es una institución de control independiente. Es muy importante que haya una plena seguridad por parte de los ciudadanos y del mercado de que los condicionantes que voluntariamente manifiesta la entidad gestora, por los cuales cataloga su producto de fondo de inversión ético, tengan un control rigurosísimo por parte de equipos de investigación, en este caso una institución de control independiente.
Finalmente, el último elemento imprescindible son los partícipes o inversores éticos, que es el mercado a quien va dirigido este producto.
Los motivos por los que hemos presentado esta propuesta se basan en que pensamos que es importante que la rentabilidad financiera de las multinacionales vaya acompañada de una mayor rentabilidad social, especialmente en un mundo como el actual, lleno de pobreza e injusticias, y en un contexto de globalización como el que estamos viviendo. Pensamos que esto es aún más importante en un país como España, que juega un importante papel de enlace entre Europa, Latinoamérica y el mundo árabe.
Otro motivo que también nos ha llevado a impulsar esa iniciativa es que la Comisión Europea está aconsejando este tipo de normas en su Libro Verde, el cual se presentó el día 18 de julio de 2001. En él se pretende fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de la empresa en el que se expone que la inversión socialmente responsable es uno de los mecanismos importantes para la aplicación de la responsabilidad social corporativa en Europa, e insta a los gobiernos a legislar en este campo.
Por tanto, en ese aspecto estamos haciendo lo mismo que nos está recomendando la Comisión Europea.
Asimismo, otro motivo es que ya son muchos los países que están compartiendo estas iniciativas. De hecho, ya en la década de los setenta del siglo pasado hubo iniciativas de este tipo en Estados Unidos y en el Reino Unido y hoy la mayoría de los países industrialmente avanzados tienen productos de esas características, incluida España,

aunque, lamentablemente, en nuestro país con una muy mínima presencia aún en la actualidad. De hecho, en este momento la única normativa en la que puede basarse la existencia de estos productos es una circular elaborada por Inverco, a petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde se constituye un marco de autorregulación del sector financiero y, por tanto, no responde a ningún marco legislativo gubernamental y es, simplemente, una situación de autorregulación voluntarista, lógicamente, con un efecto mínimo y ahí están los pocos productos financieros de esas características actualmente existentes en el mercado español.
También es interesante señalar que este último año Aenor ha elaborado una norma experimental para los instrumentos financieros éticos y socialmente responsables en nuestro país, pero es evidente que la función de Aenor no es la de regular el sector, sino establecer mecanismos que garanticen que estos productos funcionan correctamente.
A partir de estas propuestas nace el texto concreto de nuestra moción que, desde nuestro punto de vista, es un primer paso, si se quiere modesto, pero posible y fácilmente asumible por sus destinatarios.
Nuestra moción dice literalmente: «El Senado insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para introducir una obligación informativa dirigida a las instituciones de inversión colectiva y a los planes y fondos de pensiones, acerca de si utilizan criterios éticos o de responsabilidad social y medioambiental en la selección de sus inversiones.» Ello es tan sencillo como modificar simplemente dos disposiciones reglamentarias: El Reglamento 46/1984, de 26 de diciembre, regulador de las instituciones de inversión colectiva, y el 8/1987, de 8 de junio, de planes y fondos de pensiones. Por tanto, no estamos hablando de una necesidad de tramitación legislativa para llevar a cabo nuestra moción con la que estamos instando al Gobierno.
Con la aprobación de esta moción vamos a conseguir fundamentalmente tres cosas: En primer lugar, transparencia para con los ciudadanos que valoran los comportamientos éticos y creen en la responsabilidad social de la empresa, para que puedan tomar sus decisiones de ahorro e inversión utilizando estos criterios, sumados a los tradicionales de rentabilidad, riesgo, plazos, etcétera. Es decir, a los criterios que actualmente utilizan los ahorradores para tomar sus decisiones de inversión, se propone añadir la posibilidad de que puedan valorar los comportamientos de las empresas, si ésta es su voluntad.
En segundo lugar, nuestro objetivo es incentivar la creación de este tipo de productos financieros entre las instituciones de inversión colectiva.
Consideramos que si el primero de los objetivos se consigue y, por tanto, se genera una demanda de ese tipo de productos, serán las propias instituciones de inversión colectiva las que tengan interés en crear productos de estas características y, en consecuencia, estamos incentivando con ello la aparición de esos productos.
Y, en tercer lugar, incentivamos a las empresas que cotizan los mercados a poner los medios necesarios para cumplir con los valores éticos y de responsabilidad social y medioambiental, por el mismo motivo que el anterior. Si hay un mayor interés por parte de las instituciones de inversión colectiva en esos productos, lo habrá por parte de las empresas que cotizan en cumplir con estos requisitos que se dan en estos productos financieros y, por tanto, poder ser valores susceptibles de inversión por parte de los fondos de inversión éticos.
Por todos estos motivos esperamos el apoyo del Pleno de esta Cámara porque, además, creemos que es muy importante que la política, y en este caso el Pleno de este Senado, lidere y fomente actitudes cívicas comprometidas a partir de una mayor transparencia e información a los ciudadanos, en este caso concreto en sus decisiones de inversión.
Como es sabido por todos --porque ha sido una transacción que hemos firmado todos los grupos--, a partir de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular se ha firmado una transacción, que hemos aceptado.
Nosotros estamos satisfechos con el acuerdo alcanzado para poder sacar adelante esta moción. El texto concreto de la transacción es menos directo de lo que nosotros pretendíamos con el literal de la moción pero, como he comentado anteriormente, se aprobó por parte del Congreso de los Diputados la creación de esta comisión técnica de expertos y esperamos y deseamos que sus trabajos se lleven a cabo con la rapidez necesaria a fin de que, tal como se manifiesta en el texto que hemos consensuado todos los grupos --que es la voluntad clara del Senado de que se produzca la introducción de esta obligación informativa--, sea una realidad lo antes posible para la mejora de nuestro mercado financiero, sobre todo en una línea claramente social, que es lo que pretende esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En principio a esta moción se habían presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Mixto y otra del Grupo Parlamentario Popular, si bien con posterioridad se ha remitido a la Mesa una enmienda transaccional sobre la base de la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Popular.
Si así se considera oportuno, damos paso a los diversos turnos de portavoces para que debatan esta moción.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora De Boneta.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor presidente (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Sin duda un problema de coordinación en el Grupo Parlamentario Mixto ha producido la existencia de una firma en la enmienda transaccional sin tener conocimiento de ello la senadora del Grupo Parlamentario Mixto que había enmendado esta moción. Por una parte considero que ha sido una descoordinación en el grupo y, por otra, que no ha habido una excesiva cortesía por parte del grupo proponente al no comunicar --sí había mantenido un contacto pero no se lo comunicó-- la existencia de esta transaccional a alguien que había enmendado la moción.


No obstante, como el único propósito de esta senadora al presentar la enmienda era concretar las medidas que planteaba esta moción respecto a la obligación informativa y ampliarlas a otros sectores además de al sector financiero, y estando de acuerdo con el fondo de la moción, no voy a hacer cuestión de la pequeña indefensión que se ha producido --aunque en opinión de esta senadora era importante la ampliación que planteaba la enmienda-- ya que, en todo caso, estoy de acuerdo con el fondo de la moción presentada.
Insisto en que hubiera deseado conocer previamente de parte de los proponentes la existencia de esta enmienda transaccional pero, repito, no voy a hacer cuestión de la misma y manifiesto la posición favorable de Eusko Alkartasuna a esta enmienda transaccional que, si no es tan exigente como esta senadora hubiera querido y ni siquiera tan exigente como primitivamente era la moción presentada, al menos es un intermedio entre la moción y el planteamiento que inicialmente hacía en su enmienda el Grupo Parlamentario Popular. En todo caso, tenemos que felicitarnos de que salga aprobada por todos los grupos.
Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora De Boneta.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Morales.

La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, presidente.
El Grupo de Coalición Canaria va a votar favorablemente a esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y transaccionada con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Entendemos que esta iniciativa es importante en el sentido de la necesidad de impulsar y apoyar desde esta Cámara iniciativas que refuercen la responsabilidad social empresarial. Esta Cámara debe sumarse al debate actual y a las diversas iniciativas que se están llevando a cabo, por ejemplo, desde el ámbito de la Unión Europea.
Se ha hablado de ello en el propio Consejo Europeo de Lisboa, en el Consejo Europeo de Gotemburgo y, como decía el portavoz de Convergència i Unió, se ha elaborado el Libro Verde de la Comisión Europea, ejemplos de cómo está el debate ahora mismo dentro de este ámbito.
En España también se han llevado a cabo iniciativas, como el proyecto Fundación Empresa, ESADE, AENOR o la proposición no de ley presentada en el Congreso de los Diputados, a la que hace referencia la enmienda del Grupo Popular. Todas estas iniciativas inciden, como he dicho, en el sentido de la responsabilidad social de la empresa; responsabilidad social que se plantea desde una doble vertiente: desde la vertiente interna, que requiere responsabilidades en la mejora de la calidad del empleo, la seguridad, políticas de igualdad de oportunidades, etcétera; y, desde la vertiente externa, con una vinculación con el ámbito social en el que está, desde el punto de vista de favorecer la cohesión social, con una contribución al desarrollo sostenible y al medio ambiente. Por eso, nos parece positivo el objetivo que es, en definitiva, ligar la rentabilidad financiera a la rentabilidad social, como antes decía el portavoz que defendía esta moción.
En este debate nos parece importante que se puedan articular medidas que obliguen a informar sobre los criterios que utilizan las instituciones de inversión colectiva, sobre los criterios éticos de responsabilidad social y medioambiental en la selección de sus inversiones. La responsabilidad social depende, en muchos casos, de la voluntariedad, por lo que es importante que se informe de cuáles son los criterios ya que no cabe duda de que los mismos influyen, cada vez más, en las decisiones de inversión de las personas e instituciones, por lo que tendría consecuencias en un doble sentido: por un lado, permitiría la transparencia con respecto a los compromisos que se asumen y, por otro, serviría de mecanismo para incentivar la implicación con criterios de responsabilidad social en la selección de sus inversiones, en la medida que pueda tratarse de un criterio que pueda influir en las personas que decidan hacer una inversión en cualquiera de las instituciones de inversión colectiva y de los planes y fondos de pensión.
Por ello, como he dicho, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a votar favorablemente la moción transaccionada, presentada inicialmente por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora Morales.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) No hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu.

El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.
Dado que se ha producido un acuerdo entre todos los grupos, tengo que manifestar nuestro voto favorable a la moción, que previsiblemente va a ser aprobada.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero disculparme con la senadora De Boneta por el problema con su enmienda y decirle que, como ya le había comentado, con ella buscaba una amplitud mayor en cuanto al tratamiento de temas referidos a la responsabilidad social corporativa y de las empresas. Estamos plenamente de acuerdo en que son iniciativas interesantes y que convendría tratarlas en esta Cámara pero, como he dicho en la tribuna, el objetivo de nuestra moción era muy concreto, muy específico y estaba relacionado con los fondos de inversión éticos. Ese es el motivo por el que mi grupo parlamentario entiende que debemos centrarnos en ese tema.


En relación con la tramitación de la transacción, he de aclararle que cuando ésta se pasó a la firma, era el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto el que estaba en el escaño; en cualquier caso, le presento mis disculpas por no habérselo comentado con anterioridad.
Por lo demás, quiero agradecer el apoyo y la aceptación de la transacción por todos los grupos, que se alcanzó a partir de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y, aunque quizá me esté anticipando a los hechos, quiero agradecer la participación y la colaboración del senador Soto para llegar a este acuerdo. Quizá debería hacerlo luego, pero debido al orden previsto en el Reglamento, después de su intervención ya no tendré la posibilidad de hacerlo.
Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.
Intervengo para manifestar el voto favorable de mi grupo parlamentario, puesto que hemos apoyado la enmienda transaccional.
Sin embargo, quiero señalar que si ya era etérea la proposición inicial, la transacción nos deja poco satisfechos, pero algo es algo y será un paso adelante si es que se llega a tratar la cuestión, que parece que es algo diferente a estudiar. Por tanto, manifestamos nuestro apoyo.
Seguramente perdimos la ocasión de haber tratado el tema con más profundidad en la ley financiera pero esta también es una buena ocasión para reformar una Ley que seguramente no durará demasiado en el futuro.
Nada más. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Lerma.
Para finalizar el turno de portavoces, en nombre del Grupo Popular tiene la palabra el senador Soto.

El señor SOTO GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al grupo proponente de la moción esta oportuna iniciativa sobre una cuestión importante, con lo cual demuestra su permanente sensibilidad hacia todo el mundo de la empresa, que creo que ya se ha convertido casi en una tradición en esta Cámara.
El Senado necesitaba definir un poco su posición sobre la responsabilidad social de la empresa y esta es una buena oportunidad para ello, dado que estamos no solo ante una novedad sino también ante una nueva cultura empresarial, que, obviamente, está basada en tres puntos importantes: en primer lugar, esa transparencia y lealtad en el gobierno corporativo de las empresas; en segundo lugar, esa seguridad jurídica de los agentes que actúan en el mercado precisamente para consolidar la confianza de los inversores en el funcionamiento de los mercados; y, en tercer lugar, quizá lo más importante de todo y que está recogido en esta moción, el comportamiento ético y la responsabilidad social de las empresas.
A la habitual exigencia ya conocida de calidad y de excelencia de las empresas se añade ahora un concepto cualitativo novedoso como es su responsabilidad social, que, entre otras cuestiones, se manifiesta precisamente en la utilización de criterios éticos dirigidos a la sostenibilidad social y medioambiental del mundo empresarial, como muy bien dice la moción.
Es cierto que esta iniciativa de Convergència i Unió pretende circunscribir esta responsabilidad social a un aspecto concreto de la actividad financiera, como es el relacionado con las instituciones de inversión colectiva y los planes y fondos de pensiones, y el Grupo Popular ha entendido que había que aprovechar la oportunidad que nos brindaba la moción para hacerla extensiva a todo el entramado empresarial para poder plasmar la opinión de esta Cámara de forma general sobre la responsabilidad social de las empresas.
Esta es la razón de la presentación de la enmienda de mi Grupo, sobre la que se ha presentado la enmienda transaccional suscrita por todos los grupos de la Cámara, que, por una parte, recoge el contenido básico de la moción del Grupo de Convergència i Unió y también los compromisos a los que se somete el Gobierno de la nación recogidos en la proposición no de ley citada y aprobada en el Pleno del Senado el pasado día 27 de diciembre sobre esta misma materia.
Tanto la Comisión Olivencia como la Comisión Aldama suponen un soporte intelectual importante sobre los nuevos criterios de la gestión corporativa. Tampoco quiero dejar de citar los trabajos importantes que ha llevado a cabo la ESADE de Barcelona. Y en relación con la responsabilidad social de las empresas, también tenemos suficientes referencias, como las que se han citado de los Consejos Europeos de Lisboa y Gotenburgo, así como las del propio libro verde de la Comisión Europea, de manera que existen suficientes antecedentes para que la comisión de expertos que de inmediato va a constituirse en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pueda realizar un fructífero trabajo, cuyas conclusiones deben servir de soporte para una propuesta legislativa del Gobierno que integre adecuadamente esta responsabilidad social de la empresa en el tejido empresarial español.
Tendremos ocasión de analizar en la Cámara esta futura iniciativa legislativa y, por ello, vamos a apoyar esta moción, con la enmienda transaccional ya señalada, porque es importante para la empresa y es importante para la sociedad española y sus valores éticos.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Soto.
Finalizado el debate, ¿se puede entender que esta moción, con la propuesta de modificación, sobre la base de la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Popular, puede ser aprobada por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobada.



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA A LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A CELEBRAR LAS SESIONES NECESARIAS PARA DEBATIR Y PROMOVER UNA ACTUACION CONJUNTA Y DEBIDAMENTE COORDINADA DEL GOBIERNO CENTRAL CON LOS GOBIERNOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CATASTROFES COMO LA RECIENTE DEL BUQUE PETROLERO «PRESTIGE» (Votación) (662/000270).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Está pendiente de votar la moción del Grupo Parlamentario Socialista que fue objeto de debate en la mañana de hoy. (Pausa.) Señorías, sometemos a votación la moción, que ha sido objeto de debate en la mañana de hoy, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta a la Comisión General de las Comunidades Autónomas a celebrar las sesiones necesarias para debatir y promover una actuación conjunta y debidamente coordinada del Gobierno central con los gobiernos de las comunidades autónomas ante situaciones de emergencia y catástrofes, como la reciente del buque petrolero «Prestige».
Se vota la moción del Grupo Parlamentario Socialista sin la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que no ha sido aceptada.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 65; en contra, 117; abstenciones, seis.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): En consecuencia, queda rechazada la moción. (El señor Laborda Martín pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Laborda.

El señor LABORDA MARTIN: Señor presidente, seguramente es una cuestión de orden. Quiero poner en conocimiento de su señoría, y me gustaría obtener alguna explicación, un hecho que compruebo por los despachos de prensa.
En la Junta de Portavoces se nos dijo que el ministro de Trabajo estaba ausente. Ayer estuvo presente en estos escaños, hoy por la mañana ha aplazado las preguntas que distintos senadores le habíamos dirigido. Por distintos despachos compruebo que el ministro de Trabajo ha estado en un acto de partido en Valencia. Yo creo que esto requiere alguna explicación por parte de la Presidencia, porque yo me siento desamparado, señor presidente. (Algunos señores senadores del Grupo Parlamentario Popular:
¡Oh, Oh!--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías, por favor.
Senador Laborda, esta Presidencia toma nota de su desamparo. (Risas.) Lo que le puedo decir es que no corresponde a la Mesa ni a la Presidencia del Senado controlar dónde está o no está un miembro del Gobierno. Su señoría sabe que el ministro Zaplana se excusó debidamente y, en consecuencia, se aplazó la pregunta que su señoría tenía que haber formulado esta mañana. Tomamos buena nota de ello, se dará traslado de su protesta al Gobierno y si esta Presidencia o la Mesa del Senado considera oportuno que su señoría y su grupo tenga amparo, así se hará.
¿Alguna otra cuestión, senador Laborda?
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor presidente.
No había formulado protesta alguna, pero me felicito extraordinariamente de que su señoría haya adivinado el estado de mi pensamiento en la segunda parte de su intervención. La primera me ha parecido que sobraba.
(Aplausos.
--Rumores y protestas.) Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías.
Senador Laborda, en cualquier caso la intervención de esta Presidencia es la intervención que ha sido y así consta en el «Diario de Sesiones».
(Rumores.) Señorías, ruego silencio.
La Comisión de Sanidad y Consumo convocada para mañana a las 12 horas se celebrará hoy al finalizar este Pleno en la sala de Comisiones.
No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

Eran las diecisiete horas y quince minutos.