CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2003 VII Legislatura
Núm. 165
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LUCAS GIMENEZ
Sesión del Pleno
celebrada el martes,
9 de diciembre de 2003
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CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2003 VII Legislatura Núm. 165 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LUCAS GIMENEZ Sesión del Pleno celebrada el martes, 9 de diciembre de 2003 |
ORDEN DEL DIA:
Previo
--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del Excmo. Sr.
Senador D. Francisco José María Subirats Rosiñol. (Número de expediente 500/000322).
Primero
Actas:
--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 25, 26 y 27 de noviembre de 2003.
Segundo
Mociones:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a potenciar la creación de herramientas informáticas en español que permitan fomentar nuestra lengua en el campo de las nuevas tecnologías. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 776, de fecha 9 de diciembre de 2003). (Número de expediente 662/000353).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a estimular la colaboración con las Comunidades Autónomas en proyectos enmarcados dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) para el período comprendido entre los años 2004 y 2007. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 776, de fecha 9 de diciembre de 2003). (Número de expediente 662/000354).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a que promueva las iniciativas legislativas necesarias para que las viudas que mantenían relación de convivencia estable como parejas de hecho con los militares fallecidos en el accidente del avión Yacolev 42 perciban la correspondiente pensión de viudedad. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 776, de fecha 9 de diciembre de 2003). (Número de expediente 662/000355).
--De los GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA, CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGÚNCIA I UNIO, ENTESA CATALANA DE PROGRES, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, DE SENADORES DE COALICION CANARIA y MIXTO por la que se insta al Gobierno para que en la proximidad de la fecha que se señale para celebrar las elecciones generales se lleve a cabo una campaña específica, institucional y explicativa sobre la forma de utilizar la papeleta oficial que en cada circunscripción se apruebe para elegir los senadores.
(Número de expediente 662/000357).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se propone al Pleno de la Cámara que se pronuncie en contra de la admisión a trámite de las enmiendas números 3 y 4, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado al Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, y acuerde su no tramitación por vulneración de los artículos 23.2, 86, 87, 88 y 90.2 de la Constitución Española y 106, 107 y 108 del Reglamento del Senado, retrotrayendo el procedimiento legislativo relativo a dicho Proyecto al momento inmediatamente anterior, en su caso, a la aceptación de dichas enmiendas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 776, de fecha 9 de diciembre de 2003). (Número de expediente 662/000356).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES por la que se insta al Gobierno a la creación del Consejo de los Medios Audiovisuales, así como a promover la elaboración de un código de autorregulación para las cadenas audiovisuales de titularidad privada. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 776, de fecha 9 de diciembre de 2003). (Número de expediente 662/000352).
Tercero Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Decisión del Consejo de la Unión Europea por la que se modifica el Acto relativo a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, anejo a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 20 de septiembre de 1976, hecho en Bruselas el 21 de mayo de 2002. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 276, de fecha 29 de noviembre de 2003). (Número de expediente S. 610/000276).
(Número de expediente C. D. 110/000272).
--Convenio entre el Reino de España y la República de Chile para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y Protocolo, hecho en Madrid el 7 de julio de 2003. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 277, de fecha 29 de noviembre de 2003). (Número de expediente S.
610/000277). (Número de expediente C. D. 110/000278).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del Excmo. Sr.
Senador don Francisco José María Subirats Rosiñol (Página 10373)
El señor Subirats Rosiñol promete acatar la Constitución.
ACTAS (Página 10373)
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 25, 26 y 27 de noviembre de 2003 (Página 10373)
Se aprueban las actas por asentimiento de la Cámara.
MOCIONES (Página 10373)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta
al Gobierno a potenciar la creación de herramientas informáticas en español que permitan fomentar nuestra lengua en el campo de las nuevas tecnologías (Página 10373)
El señor Martínez Oblanca defiende la moción, en los términos de la enmienda de sustitución presentada por su grupo parlamentario. El señor Varela i Serra defiende la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Lavilla Martínez defiende la enmienda del Grupo Socialista. El señor Martínez Oblanca expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cabrero Palomares, por el Grupo Mixto; Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Gibert i Bosch, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lavilla Martínez, por el Grupo Socialista, y Martínez Oblanca, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular, en los términos de la enmienda de sustitución, por 132 votos a favor, 82 en contra y 1 abstención.
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a estimular la colaboración con las Comunidades Autónomas en proyectos enmarcados dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) para el período comprendido entre los años 2004 y 2007 (Página 10384)
El señor Abejón Ortega defiende la moción. El señor Varela i Serra defiende la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Chivite Cornago defiende la enmienda del Grupo Socialista.
El señor Abejón Ortega expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Gibert i Bosch, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Chivite Cornago, por el Grupo Socialista. y Abejón Ortega, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por 138 votos a favor, 81 en contra y 1 abstención.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a que promueva las iniciativas legislativas necesarias para que las viudas que mantenían relación de convivencia estable como parejas de hecho con los militares fallecidos en el accidente del avión Yacolev 42 perciban la correspondiente pensión de viudedad (Páginas 10395 y 10403)
El señor Romero Calero defiende la moción. El señor Barquero Vázquez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cabrero Palomares, por el Grupo Mixto; Mendoza Cabrera, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Sesmilo i Rius, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Romero Calero, por el Grupo Socialista, y Barquero Vázquez, por el Grupo Popular.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 77 votos a favor, 137 en contra y 9 abstenciones.
De los GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA, CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, ENTESA CATALANA DE PROGRES, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, DE SENADORES DE COALICION CANARIA y MIXTO por la que se insta al Gobierno para que en la proximidad de la fecha que se señale para celebrar las elecciones generales se lleve a cabo una campaña específica, institucional y explicativa sobre la forma de utilizar la papeleta oficial que en cada circunscripción se apruebe para elegir los senadores (Página 10403)
Se aprueba la moción por asentimiento de la Cámara.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se propone al Pleno de la Cámara que se pronuncie en contra de la admisión a trámite de las enmiendas números 3 y 4, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado al Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, y acuerde su no tramitación por vulneración de los artículos 23.2, 86, 87, 88 y 90.2 de la Constitución Española y 106, 107 y 108 del Reglamento del Senado, retrotrayendo el procedimiento legislativo relativo a dicho Proyecto al momento inmediatamente anterior, en su caso, a la aceptación de dichas enmiendas (Página 10403)
El señor Galán Pérez defiende la moción. El señor Ferrández Otaño consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cabrero Palomares, por el Grupo Mixto; Mendoza Cabrera, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Zubia Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Marimon i Sabaté, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Galán Pérez, por el Grupo Socialista, y Ferrández Otaño, por el Grupo Popular. Los señores Marimon i Sabaté, Galán Pérez, Ferrández Otaño y Molas i Batllori intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 81 votos a favor y 138 en contra.
Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES por la que se insta al Gobierno a la creación del Consejo de los Medios Audiovisuales, así como a promover la elaboración de un código de autorregulación para las cadenas audiovisuales de titularidad privada (Página 10416)
La señora Duch Plana defiende la moción. El señor Bildarratz Sorron defiende la enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Van-Halen Acedo defiende la enmienda del Grupo Popular. La señora Duch Plana expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Bildarrats Sorron, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Arnáiz de las Revillas García, por el Grupo Socialista, y el señor Van-Halen Acedo, por el Grupo Popular.
Se rechaza la moción del Grupo Entesa Catalana de Progrés por 56 votos a favor, 120 en contra y 1 abstención.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 10425)
Decisión del Consejo de la Unión Europea por la que se modifica el Acto relativo a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, anejo a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 20 de septiembre de 1976, hecho en Bruselas el 21 de mayo de 2002. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 10425)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Reino de España y la República de Chile para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y Protocolo, hecho en Madrid el 7 de julio de 2003. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 10426)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.
Se levanta la sesión a las veintitrés horas.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
--JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DEL EXCELENTISIMO SEÑOR SENADOR DON FRANCISCO JOSE MARIA SUBIRATS ROSIÑOL (500/000322).
El señor PRESIDENTE: Procede el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del senador excelentísimo señor don Francisco José María Subirats Rosiñol.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor SUBIRATS ROSIÑOL: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Francisco José María Subirats Rosiñol ha adquirido la condición plena de senador. (Aplausos.)
ACTAS:
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2003.
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 25, 26 y 27 de noviembre de 2003.
¿Alguna observación? (Pausa.) ¿Pueden aprobarse por asentimiento? (Pausa.) Quedan aprobadas.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A POTENCIAR LA CREACION DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS EN ESPAÑOL QUE PERMITAN FOMENTAR NUESTRA LENGUA EN EL CAMPO DE NUEVAS TECNOLOGIAS (662/000353).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Mociones. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a potenciar la creación de herramientas informáticas en español que permitan fomentar nuestra lengua en el campo de las nuevas tecnologías.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción, ha presentado una enmienda de sustitución que sustituye al texto original de la moción. Además, se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción en los términos de la enmienda, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTINEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Señorías, a lo largo de la VI y VII Legislaturas el Senado de España se ha caracterizado por su adaptación a los nuevos tiempos tecnológicos y, además de su espectacular renovación interior que ha facilitado la relación entre los electores y sus representantes, ha promovido, como Cámara de impulso político, importantes iniciativas para favorecer la mejor y mayor incorporación de la sociedad española a las nuevas tecnologías de la información.
De este salón de Plenos han salido iniciativas que han resultado pioneras y que han despertado el interés de cuantos se ocupan y se preocupan de lo que se ha dado en llamar sociedad de la información. De hecho, y fruto de un acuerdo unánime de los siete grupos parlamentarios, nuestra Cámara tiene una comisión permanente no legislativa que funciona desde mayo de 2000, en los comienzos de la actual Legislatura, y que es consecuencia de los trabajos que se desarrollaron en los años 1998 y 1999 por la Comisión Especial de Estudio de Redes Informáticas, la popularmente denominada Comisión de Internet, de grato recuerdo por la implicación que consiguió entre senadores de todos los colores políticos, pioneros del desarrollo tecnológico social de España, y un buen puñado de amigos de la red, todos ellos cómplices de la causa internauta.
Permítanme, con el mayor respeto y consideración hacia todos los que protagonizaron aquella intensa aventura tecnoparlamentaria, que yo tenga un recuerdo muy especial hacia el primer presidente y principal impulsor de aquella inolvidable experiencia, Esteban González Pons, a quien personalmente le debo gratitud por su confianza en mi trabajo y a quien considero como uno de los políticos españoles que más ha influido en los primeros pasos de la sociedad de la información en nuestro país, un influjo tan fructífero como positivo y clarividente.
Fue precisamente el propio senador González Pons quien planteó ante esta Cámara Alta una moción en defensa de nuestra lengua, el castellano, y del resto de lenguas españolas ante los grandes desafíos que plantea la revolución tecnológica que ha llegado con el nuevo siglo y que ha penetrado en nuestra vida cotidiana.
Hoy el Grupo Parlamentario Popular vuelve a la carga con esta cuestión porque la consideramos de extrema importancia para el desarrollo de España y de lo español en sus aspectos social, cultural y económico. Los que nos hemos conjurado en defensa de «Interñet» --con eñe-- y del estratégico valor de nuestro idioma para 400 millones de habitantes de todo el mundo, fundamentalmente en Iberoamérica, pero con importancia numérica también millonaria en otras partes del planeta, sabemos que hay que seguir tenazmente en una competencia que exige una permanente puesta al día en la que nos va mucho.
Señorías, prosiguen las noticias alarmantes y de insospechadas consecuencias. El 80 por ciento de los ordenadores del mundo no tienen teclados con nuestra letra más característica, la eñe, tampoco poseen esos teclados nuestras vocales acentuadas, la u con diéresis o las aperturas de interrogación o admiración; es decir, y por simplificar, la posibilidad de utilizar nuestro idioma en casi cuatro quintas partes de los ordenadores que existen en el mundo está mutilada. (El señor vicepresidente, Caneda Morales, ocupa la Presidencia.) Otro tanto podría decirse del «software», palabreja que ya forma parte del lenguaje habitual entre nuestros jóvenes y entre todos aquellos que hacemos uso de las tecnologías y que no es otra cosa que un programa o las instrucciones interpretadas por una computadora para efectuar diferentes operaciones. Lamentablemente, el idioma español también tiene sus limitaciones respecto al «software».
La cuestión, insisto, es alarmante, más si cabe por cuanto nos movemos a grandes velocidades, a desafíos que exigen respuestas muy rápidas, a poderes que traspasan libremente fronteras y que influyen muchas veces de forma irreparable e irreversible en nuestra forma de expresarnos, de entendernos, de comunicarnos y de cultivarnos cultural e intelectualmente. También influyen en la aparición de nuevas formas de desarrollo económico y social.
A tenor de la evolución de nuestra lengua en la informática y de la informática en nuestra lengua, no parece difícil valorar en su justa importancia la necesidad de aprovechar las oportunidades que se abren con la utilización de las tecnologías informáticas y de la comunicación para una comunidad lingüística que ronda los 400 millones de personas.
Sin duda, el español está presente en Internet como producto y afán de las instituciones, empresas y personas que cuelgan en la red contenidos que hacen atractiva su consulta. Pero, en todo caso, seguimos convencidos de que junto a la creación de infraestructuras y el suministro de nuevas tecnologías, se hace obligada la promoción continuada de los contenidos en nuestra lengua. En nuestro país, el Gobierno ha suscrito desde los primeros tiempos de la explosión de Internet, allá por los lejanísimos años noventa, convenios con otros países latinoamericanos gracias a los que ha sido posible avanzar en las políticas social, cultural, comercial, técnica, de seguridad, económica, etcétera. Aglutinar el mundo hispano en torno a nuestro idioma y utilizar como vehículo la red de redes ha sido una de las características que ha marcado la acción del Ejecutivo en los últimos años, pero se hace imprescindible continuar y ampliar la conquista de un espacio en el que el español y lo español tiene que estar en lo más alto.
¿Cuánto español hay en la red? Daniel Pimienta, uno de los más acreditados investigadores del uso de las lenguas en Internet, apunta, con su logometría reticular, o ciencia que mide las lenguas en las redes informáticas, que aunque las páginas web en español han experimentado un nada despreciable incremento en los últimos años, el inglés es de lejos la lengua dominante en la red. Tal y como sucede en la vida cotidiana, pero acrecentado por el incuestionable liderazgo norteamericano en la conquista de espacios en la red, el inglés es y será el idioma dominante.
No obstante, como apunta reiteradamente uno de nuestros autores y editores más prolíficos y preparados, José Antonio Millán, que habita digitalmente en «Jamillan.com», no se trata tanto de criterios cuantitativos para valorar el activo de una lengua en la red, como de criterios de calidad que hacen realmente valiosa su presencia en Internet. Dicho de otra forma, lo importante y trascendental es la utilidad y la función que cumple un idioma en la red. Ahí es donde tenemos que seguir trabajando e incidiendo, en la creación de sitios de calidad en español, favoreciendo la creatividad y, muy importante, educando y formando a los usuarios, muy especialmente a nuestros estudiantes, tanto escolares como de enseñanza media universitaria, así como a nuestros profesores. Estos objetivos siguen siendo permanentes.
Estamos ante un desafío que no tiene un objetivo estático, sino que se desplaza a medida que se desplazan también estas nuevas tecnologías tan cambiantes en tan poco tiempo.
A la trascendencia del uso de nuestra lengua en la red como vehículo de transmisión de los valores culturales y como elemento de intercambio de conocimientos y de relaciones humanas, se une otro factor nada desdeñable: el uso del español como recurso económico.
Hace ahora dos años, en el Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Valladolid, se cuantificó por primera vez el volumen de negocio de nuestra lengua: sectores como la enseñanza y el turismo idiomáticos, la publicidad en castellano en países angloparlantes, la creciente conquista de la música latina en los «hit-parades» o en las listas de ventas en todo el mundo, incluso la producción de videojuegos en los que un producto realizado íntegramente en España, Comandos, demuestra la pujanza de nuestros creadores, todos estos sectores y más ponen de manifiesto que nuestra lengua tiene un significado como recurso económico nada despreciable.
Y ya que hablamos de economía, tal como se apuntó en esta misma Cámara Alta, en el interesantísimo debate sobre el uso del español en Internet, celebrado en 2001, la ley tecnológica impera sobre la ley democrática; sigue, señorías, la imposición de los intereses tecnológicos empresariales por encima de los intereses democráticos y, muy concretamente, por encima del derecho de todos a usar todas las lenguas en la red.
Estamos pagando con dinero contante y sonante por herramientas tecnológicas construidas en español por multinacionales que ignoran nuestra cultura, nuestras inquietudes, nuestras sensibilidades y nuestras características. Hay que continuar fomentando, por tanto, el desarrollo de «software» lingüístico para combatir la imposición tecnológica sobre la idiomática. En este sentido, celebramos la inequívoca labor del Gobierno de José María Aznar para apoyar e invertir en las industrias del lenguaje, como celebramos que haya sido también el Gobierno del PP el que afrontase con decisión, desde las primeras semanas de tomar posesión, una política comprometida a fin de favorecer el uso de Internet en España, sin olvidar en ningún momento la importancia estratégica de la presencia internacional de España y de lo español.
No olvidemos que el objetivo de consolidarnos en estas primeras décadas del siglo XXI como segunda lengua internacional
estriba en la dimensión americana del español, en su importantísima presencia en el mundo occidental, y en el dato relevante de que nueve de cada diez hispanohablantes están al otro lado del Atlántico.
Así las cosas, ese espacio virtual que hemos dado en llamar Internet, y al que nos gustaría algún día poder llamar «Interñet», exige una actitud de promoción del español a la que queremos instar con nuestra moción ante el Pleno del Senado, y cuyo contenido ampliamos con la presentación de una autoenmienda que especifica en diez puntos la propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Instamos al Gobierno a impulsar la promoción de la red de los contenidos en español; a establecer mecanismos de cooperación con observatorios del uso de la lengua española, con el fin de actualizar permanentemente su evolución en la red; a potenciar los planes de trabajo para ampliar la labor de identificación de portales en español a los 21 países que integran la Conferencia Iberoamericana, así como a aquellos países donde la presencia de nuestro lenguaje tenga singular importancia; instamos también a reforzar el nodo educación, coordinándolo con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; a incrementar paulatinamente la calidad de la oferta cultural en español en Internet, coordinándola con entidades y fundaciones que aporten contenidos de especial relevancia; a facilitar el desarrollo científico y tecnológico español, concretando contenidos y servicios que amplíen la visibilidad de los portales y su acceso a los ciudadanos; a potenciar el teletrabajo en español; a apoyar la colaboración entre telecentros de todo el mundo que utilicen nuestro idioma; a articular y favorecer acciones de fomento de las nuevas tecnologías de la información para continuar combatiendo la exclusión tecnológica, la brecha digital y aproximando la sociedad de la información al conjunto de los ciudadanos, y, por último, a impulsar la traducción al español de aquellas aplicaciones informáticas de tipo abierto o libre que sean consideradas de interés para la comunidad hispanohablante por la incidencia positiva que podría tener su uso en los distintos ámbitos económicos y comerciales, educativos y culturales.
Para todo ello les pedimos, señorías, el voto favorable a esta moción.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió el senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestra enmienda estaba presentada a la primera versión de la moción del Grupo Parlamentario Popular, pero la voy a explicar porque así se entenderá bien cuál va a ser nuestra posición respecto a la autoenmienda.
En la primera versión de la moción que estamos debatiendo el Grupo Parlamentario Popular presentaba un solo punto, en el cual se instaba al Gobierno a potenciar, tanto en España como en todos los foros internacionales de habla hispana, la creación de herramientas informáticas en español que permitan fomentar nuestra lengua en el campo de las nuevas tecnologías. En esta moción únicamente se habla de una lengua, el español, y por eso nosotros en nuestra enmienda distinguimos una parte a), que sería igual que la de la moción --además nos parece muy bien potenciar el español--, pero en una segunda parte se subsana un olvido y se añade un punto b) que se refiere a las otras lenguas oficiales en España: Fomentar, asimismo, en los mismos foros y con herramientas similares la divulgación de las otras lenguas oficiales en las distintas comunidades autónomas, puesto que son un patrimonio que debe ser objeto de especial respeto y protección, tal como reza el artículo 3 de la Constitución.
Pues bien, ahora la moción contiene un texto que consta de diez puntos, pero esencialmente ocurre lo mismo: únicamente se habla del español.
Aunque el señor Martínez Oblanca en su intervención sí que ha mencionado otras lenguas, el texto se refiere solamente al español. Ante esta redacción nosotros mantenemos prácticamente la misma enmienda, sólo que añadimos otro punto, señor Martínez Oblanca, que viene a decir lo señalado anteriormente, pero para otras lenguas. Esta sería la autoenmienda para nuestra enmienda.
Hemos de partir de la mentalidad de que el español tiene mucha mayor extensión y que es una lengua mucho más importante en cuanto a número, economía, etcétera. En esto estamos de acuerdo, y asimismo estamos de acuerdo en protegerla, pero también queremos proteger nuestra lengua.
Ustedes dicen «nuestra lengua» pero, como ya he dicho aquí muchas veces, para nosotros nuestra primera lengua es el catalán, para los vascos el euskera, para otros el gallego y para otros el valenciano --que es la manera de decir catalán en Valencia--, y es lógico que queramos defenderlas, de ahí que seamos un poco pesados en reivindicar esta cuestión, pero nos duele profundamente que siempre se olviden, que casualmente nunca recojan estos temas motu proprio en las mociones. Y ahora que todos estos días hemos estado conmemorando el 25 aniversario de la Constitución, no deja de ser un poco triste que el partido en el Gobierno se olvide sistemáticamente de que existen otras lenguas y que luego tengan que venir los pesados de los partidos nacionalistas con estos temas, que parece que no saben decir otra cosa. Pues bien, aparte de que decimos otras muchas cosas, casi siempre somos los únicos
--algunas veces otros grupos de la Cámara también-- que defendemos las exclusiones e intentamos solventar esos olvidos.
Por tanto, mi grupo parlamentario mantiene tal cual la enmienda que ha presentado --y que esperamos sea aceptada--, a pesar de la autoenmienda que ha formulado el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Varela.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lavilla.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Martínez Oblanca, mi grupo parlamentario coincide con usted en la importancia del español y del resto de lenguas en Internet; es más, el director de la Real Academia Española dijo que el español se la juega en Internet. Asimismo, coincido con usted en que todos los portavoces que formaron parte de la comisión de redes informáticas trabajaron de manera activa y que buena parte de nuestro trabajo está recogido en aquellas conclusiones que se aprobaron en su día. Sin embargo, ¿en qué no coincidimos? En las políticas concretas que hay que desarrollar para alcanzar los objetivos perseguidos.
El objetivo que se planteó el Gobierno el día 26 de noviembre de 1999, en el Consejo de Ministros, era llegar en el año 2002 al 15 por ciento de presencia del español en la red de Internet. Pues bien, la realidad actual es que la presencia es del 5,6 por ciento.
Todos los sectores de este país --empresariales, culturales, económicos, etcétera-- ponen de manifiesto que las políticas que se han llevado a cabo con el fin de potenciar la presencia del español en Internet no han dado ningún resultado, incluso hay teletipos y noticias en las que se indica la existencia de un claro retroceso. En este sentido, José Antonio Millán --al que usted ha citado-- denunció en «El País» la endeble presencia del español en Internet: La presencia del castellano en Internet no es un problema estrictamente lingüístico y cultural sino también político y económico, sin lugar a dudas.
¿Qué estrategias se siguen para alcanzar esos objetivos? Es cierto que en el Plan Info XXI se presupuestaban 15 millones de euros para el desarrollo del español en Internet. Además, dentro de las 21 iniciativas prioritarias, había dos iniciativas estratégicas que se centraban en el español y en el patrimonio. No obstante, la nueva ley general de telecomunicaciones, en lo que modifica a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, ha liquidado el plan «España.es»; tan sólo destina un 1,5 por ciento para estas cuestiones y ni siquiera habla de manera expresa del español en Internet, a pesar de ser un plan presentado recientemente por el Gobierno. Por tanto, no parece que haya un gran interés.
Muchas veces se nos tacha de catastrofistas, pero vamos a hacer un poco de memoria. En diciembre de 2001, ya dijimos que el español tenía un serio problema en Internet y que había otras lenguas que le iban a superar --se mencionaba el alemán, el coreano, etcétera--; la realidad, a fecha de hoy, es que estas lenguas han superado al español y no podemos comparar dos realidades que no son iguales porque el español tiene una presencia --directa o indirecta-- que afecta a 400 millones de personas.
Por tanto, no estamos aprovechando suficientemente ese potencial.
El 15 de octubre de 2001 también advertimos que el mayor ritmo y velocidad de otros países iba a provocar que nos superaran en el desarrollo de la sociedad de la información; hoy aparece una noticia en «El País» que señala que España retrocede cuatro puestos en tecnologías de la información. El foro económico mundial sitúa por delante a Malta y Malasia. Este artículo recoge todos los indicadores que se valoran y que ponen de manifiesto que no estamos bien, tal y como hemos denunciado constantemente.
No es suficiente con corear y aplaudir al señor ministro de turno cuando viene a esta Cámara a presentar planes relativos a la ciencia y tecnología, si posteriormente se demuestra que esas políticas no son positivas para nuestro país. Todos los países se están moviendo y hay que seguir al menos ese mismo ritmo. Tal y como señalamos aquel 15 de octubre, nos estamos quedando rezagados en esta materia y, por ello, nos han superado.
Por otro lado, como no somos adivinos, no hemos podido analizar el nuevo texto que presentan a través de una autoenmienda y que, además, tiene poco que ver con el texto original de la moción. Por ello, solicito formalmente una explicación de por qué lo han cambiado, aunque luego daré yo un argumento de por qué creo que lo han hecho.
La propuesta contenida en la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista analiza varios aspectos. Punto primero, nuestro país está retrasado en materia de sociedad de la información y del conocimiento. Ocupamos el penúltimo lugar a nivel de usuarios, y en el resto de indicadores el antepenúltimo lugar de toda la Unión Europea. Recordemos que el día 25 de septiembre de 2001 el Grupo Parlamentario Socialista, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, planteó que para salir de esta situación había que marcar un plan de convergencia --lo mismo que se hizo con el euro-- para todos los países de la Unión Europea, marcando unos objetivos claros y concretos: compararnos con Estados Unidos para converger con ellos. Eso se dijo el 25 de septiembre de 2001 y ustedes fueron los únicos que no lo incluyeron.
Por otra parte, analizamos el incumplimiento del Gobierno en dos mociones, una de ellas se aprobó en el Senado por unanimidad y otra que presento el Grupo Parlamentario Socialista para crear el primer dominio lingüístico en Internet. Y a los seis meses no solamente no han hecho el informe, como mandata el Reglamento, sino que a una pregunta de la senadora María Antonia Martínez interesándose por esta moción, el Gobierno ni siquiera ha contestado, por lo menos que yo sepa y hasta hace poco. ¿Para qué instamos al Gobierno y por qué pensamos que hay que compartir? Lo más importante es que si el castellano tiene que tener junto con el resto de lenguas una presencia fundamental en Internet, pongámoslo como un punto de ese plan de convergencia y destinémosle un presupuesto, unos objetivos y acciones concretas, junto con la periodicidad para conseguirlo como un indicador básico del idioma castellano. Todo lo demás será un brindis al sol en este momento, en el que la legislatura prácticamente está a punto de vencer.
También dentro de nuestra emienda se plantea que no se pueden aprobar mociones y, luego, si te he visto no me acuerdo, como si nada hubiera pasado. El Gobierno tiene la obligación de cumplir con aquello que le mandata el Parlamento. Entonces, de esas dos mociones, una se aprobó precisamente el 20 de marzo de 2001 y fue defendida por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular --menos mal que fue el portavoz y no le ha hecho caso el Gobierno, que
si llega a ser otro senador con menos peso político, no sé qué hubiera pasado--, sobre la creación de un grupo de trabajo para resolver las dificultades técnicas que a nivel electrónico tienen las diversas lenguas del Estado, sobre todo la castellana. Ese grupo de trabajo no se ha constituido todavía, y el Senado formaba parte del mismo. Y el día 21 de noviembre también se planteó dar un impulso político a la creación de un dominio de primer nivel destinado a fomentar la presencia de las lenguas y culturas de los países iberoamericanos, «punto his» u otro, pero impulsarlo con medidas concretas; tampoco se ha dado cuenta sobre ello.
Por lo tanto, en un contexto donde España retrocede cuatro puestos en tecnologías de la información, donde nos habíamos marcado como objetivo llegar al 15 por ciento de presencia del español en la red de Internet, en el ecuador de la legislatura si no hay un compromiso firme de quien tiene en estos momentos la mayoría, de incluir, si tan importante es, el español como un objetivo claro de convergencia, como un objetivo prioritario para el Gobierno, para el que se asignen recursos, presupuestos y se marquen unos períodos claros, el Grupo Parlamentario Socialista no puede participar en estos brindis al sol, que sirven para muy poco porque las políticas que se han desarrollado hasta ahora se han demostrado como un claro fracaso.
Y algunas de las advertencias que les hicimos se han cumplido. Se ha cumplido aquella de que si no corregíamos el rumbo, el español no solamente no iba a incrementar puestos, sino que iba a ser superado, como he dicho anteriormente, por otras lenguas; a fecha de hoy esto es así. Se ha cumplido también aquella advertencia que se hizo al ministro el día 15 de octubre, respecto a que si no incrementábamos el ritmo y los compromisos claros con ese plan de convergencia, otros países que se van a incorporar a la Unión Europea, por su mayor velocidad, aunque tienen un atraso en materia tecnológica, nos iban a superar; al final esto ha sido así.
Por lo tanto, reclamamos que ese plan de convergencia incluyendo al español sea un objetivo claro, para lo que realmente se inste al Gobierno y, si no, evidentemente no podremos apoyar el segundo texto sobre el primero que ustedes han planteado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, senador Lavilla.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular para manifestar si acepta o no las enmiendas.
El señor MARTINEZ OBLANCA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para anunciar que era nuestra pretensión trabajar en la elaboración de una transaccional que recogiese la enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió, porque creemos que efectivamente hace aportaciones y complementa algunas lagunas que teníamos en el conjunto de nuestras propuestas y muy especialmente al hablar de lenguas oficiales en las distintas comunidades autónomas, pero, salvo que haya algún tipo de cambio de opinión o algún otro tipo de negociación de aquí a la finalización del debate, me temo que no va a ser posible, en cuyo caso rechazaremos la enmienda presentada.
No obstante, senador Varela, reconocemos el compromiso y la aportación positiva que usted hace a través de su enmienda, que es justamente lo contrario de lo que pretende el Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado una enmienda que no es para aportar y construir sino para denigrar la indiscutible buena acción del Gobierno. Y en ese sentido, rechazamos de plano, señor presidente, toda posibilidad de aceptar esta enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, senador Martínez Oblanca.
¿Turno en contra? (Pausa.) Iniciamos el turno de portavoces.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cabrero.
El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señor presidente.
Somos aproximadamente 380 millones de personas en el mundo las que hablamos castellano y, por otra parte, como ya se ha dicho, esta mañana aparecía publicado un informe de organismos internacionales que vienen a decir que hay un retroceso en cuatro puestos en materia de desarrollo tecnológico en nuestro país, lo que evidencia que, efectivamente, el Gobierno no está cumpliendo los deberes en relación a las cuestiones sobre desarrollo e impulso tecnológico, en especial, por lo que se refiere a la sociedad de la información y las nuevas perspectivas tecnológicas en este campo.
Estamos de acuerdo en que es de justicia, por razones de carácter educativo y cultural y para facilitar los beneficios que hoy ofrece la nueva sociedad de la información, que se tenga en cuenta la creación de herramientas informáticas en español y se avance y se profundice en la potenciación del resto de las lenguas del Estado español en este campo de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías. Pero es cierto también que el Gobierno está incumpliendo los acuerdos que en ese sentido se han aprobado en esta Cámara a fin de que el castellano forme parte de las herramientas en Internet.
Por tanto, compartimos algunas de las cuestiones que se han planteado como enmiendas a la propia moción del Grupo Parlamentario Popular, incluso por lo que se refiere a la necesidad de que se presente el plan de convergencia para el desarrollo de la sociedad de la información con la Unión Europea y la creación del grupo de trabajo, que forma parte de un acuerdo alcanzado en el Pleno del Senado y fue apoyado por unanimidad, al objeto de que, efectivamente, sirva como instrumento para el seguimiento y el impulso del castellano en la red.
En este sentido, entendemos que incluso se lograría un impulso mayor teniendo en cuenta otras cuestiones que ya han sido aprobadas en el propio Senado, pero, como ya ha anunciado el Grupo Parlamentario Popular, no hay disponibilidad a aceptar enmiendas que, como estamos manifestando, creemos que son razonables.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, senador Cabrero.
Por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, el senador Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestra posición la vamos a definir al margen y no por ello obviando los problemas y los déficit que tiene el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento en España y de todo lo que hay que hacer para ponernos al día y, sobre todo, lograr la convergencia real o, por lo menos, el nivel necesario de convergencia con el desarrollo de las nuevas tecnologías y de sus aplicaciones en el mundo de nuestro entorno, especialmente en lo que se refiere a la Unión Europea y otros países con similar nivel de desarrollo.
Por tanto, centrándonos en el contenido de la moción objeto de este debate, nosotros la vamos a apoyar, sobre todo con la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular, que clarifica, amplía y concreta, aunque sin definir plazos ni objetivos específicos, el contenido de su propuesta.
Por la intervención del portavoz popular, señor Martínez Oblanca, da la impresión de que si el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió lo aceptara, el apartado d) de la enmienda de sustitución se podría asumir como de adición, lo que completaría perfectamente la moción --ya que es un fallo importante del Grupo Parlamentario Popular-- con las otras lenguas cooficiales del Estado español, y en ese caso nosotros apoyaríamos la inclusión de ese apartado d) de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Por supuesto que en el momento en que sea preciso y haya otro tipo de intervención para evaluar cómo se ha producido el desarrollo de la sociedad de la información en España en los últimos años, los distintos planes para la consecución de esos objetivos, los fracasos, problemas y déficit que han tenido estos planes para lograr dichos objetivos, en ese momento también haremos nuestro posicionamiento sobre ese debate. Pero en cuanto a la moción y al uso del idioma en todo lo que son las tecnologías de la información, la comunicación, y concretamente Internet, damos nuestro total apoyo a esta moción, con las concreciones que hemos expresado anteriormente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, como introducción a mi intervención quiero hacer dos pequeñas advertencias --y ya digo que pequeñas, porque no quiero entrar en más polémicas--. A mí me parece que el tema de «Interñet» sobra, perdóneme que se lo diga, pero me sueña a «ñoñada». Internet está inventado, por tanto dejemos que sea como sea. La eñe fue una casualidad, pero es consecuencia de la ene y la i, además de otras muchas cosas, y además de la forma de pronunciar que ha habido en este país desde los iberos, los celtas o de los que vinieron antes hasta ahora. Me parece muy bien lo de la eñe, pero trabajemos en lo que hay que trabajar: en el fondo de todos los temas.
No nos metamos --y ésta es mi segunda advertencia-- en palabrerías, en jergas, en citas a internautas famosos, que no valen para nada. Lo que vale de verdad son los contenidos y el trabajo de esos contenidos; el resto es pura técnica y pura gente que tiene tiempo para dedicarse a esas cosas y utiliza un instrumento durante muchas más horas que otros, que son los que verdaderamente trabajan para que en la red haya contenidos serios.
Me voy a ceñir a la enmienda de sustitución que han presentado, que tiene un contenido político mucho más importante del que ustedes han calculado, porque no sé si se dan cuenta de que cuando hablan del español, vinculado a América Latina, están ustedes abriendo la caja de Pandora, porque frente a una cultura como puede ser la española --que dudo que exista como tal cultura, aunque ustedes dicen que existe-- están abriendo, en ese contenido de toda la Conferencia Iberoamericana y de la Organización de Estados Iberoamericanos, la posibilidad de poder trabajar con más de un centenar de culturas y más de cien lenguas, que son las que existen.
No sé si ustedes se dan cuenta de todo eso, y para ello es necesario que ustedes acepten la enmienda que les presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que fue en su día consensuada previamente con todos los grupos políticos, y además aceptando las sugerencias que todos los grupos políticos en esta Cámara le hicimos, menos ustedes, porque lo que hay que conseguir realmente es dotar de la infraestructura, primero tecnológica, y en segundo lugar, de la elaboración de los contenidos, para que verdaderamente haya algo que transmitir en la red. Porque si no tenemos, primero, infraestructuras, como este Estado está a la zaga de los Estados europeos --se quiera o no se quiera reconocer está a la zaga, como lo está también en los asuntos relativos a la vinculación de la informática a la investigación--, como no consigamos verdaderamente un fuerte potencial de contenidos tecnológicos no seremos capaces de transmitir después contenidos en castellano, o en español, como ustedes dicen.
Me voy a referir simplemente a su primera frase: Impulsar la promoción en la red de los contenidos en español. Le voy a poner un ejemplo relativo al cine. Con todo el dinero que se gasta el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, prestando a los productores, con todo el dinero que se gasta Canal Plus, televisión española, en la financiación de contratos de cine, todavía el 60 por ciento de las compras de cine se efectúan en Estados Unidos, y el 60 por ciento de la distribución de cine en España y en Iberoamerica, en ésta mucho más, son películas americanas. Y no hablemos de los videojuegos, que se han citado aquí, un ejemplo nada más. No hay más que leer, no sé si el viernes o el jueves,
no recuerdo qué día, la separata que publica «El País» relacionada con Internet, y ya verá usted las numerosísimas referencias que se hacen a productos de carácter asiático --cada vez más--, pero sobre todo a norteamericanos. Tenemos que darnos cuenta y ser plenamente conscientes de ello.
Estoy de acuerdo con ustedes cuando hablan de potenciar los planes de trabajo para ampliar la labor de identificación de los portales en español a los veintiún países que integran la Conferencia Iberoamericana, pero todavía tenemos que trabajar con programas de cooperación para tratar de llevar a las escuelas e incluso a las universidades latinoamericanas soportes en «software» o en «hardware» para poder trabajar en la vía de la disposición de medios informáticos.
Que yo sepa y que nuestro grupo conozca, España no ha llevado a cabo una política de apoyo, de impulso del desarrollo tecnológico informático en América Latina. Lo siento mucho, pero no ha sido posible realizar todo eso. Cuando ustedes hablan de reforzar el nodo Educación, coordinándolo con la organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, me imagino que están contemplando lo que antes le he citado: la enormidad de culturas indígenas que existen en América Latina, y supongo que ustedes las incluirán ya que no incluyen las lenguas oficiales del Estado, como parte del esfuerzo que, desde España, hay que realizar para toda la difusión de las culturas iberoamericanas.
Hay muchas cuestiones sobre las que estamos hablando aquí, pero lo hacemos desde un punto de vista no sé si de querer cerrar una legislatura con palabrería que de alguna forma no se ha ido contemplando ni se ha ido aprobando ni apoyando a lo largo de cuatro años.
Por supuesto voy a apoyar la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y la del Grupo Parlamentario Socialista.
Las vamos a apoyar porque nos parece que tanto una como otra llegan al fondo de la cuestión. Pero voy a añadir algo más. Se acaba de crear una asociación internacional de la Administración informática. Mas de 1.500 representantes de Europa y de todo el mundo han acudido a esta conferencia que trata de impulsar en la Administración, con el apoyo de las Naciones Unidas, las aplicaciones informáticas y la tecnología para el servicio de los ciudadanos. Ustedes ni siquiera han estado presentes en una oportunidad de oro para que, por ejemplo, la enmienda que ustedes presentaron pudiera salir adelante. No me extraña. El presidente de esta asociación internacional es don Juan José Ibarretxe, al que todos ustedes conocen perfectamente. Pues esta es una oportunidad en la que el Gobierno español ni está presente ni tiene ningún interés en estar presente. Es más, se le ha criticado, Era una oportunidad para transmitir los conocimientos, los programas, los contenidos de una Administración que está siendo impulsada desde este Senado para que sea verdaderamente un instrumento al servicio de los ciudadanos.
Esperamos que de alguna manera haya una aplicación para potenciar y apoyar la colaboración e impulsar, primero, los instrumentos y, después, los contenidos. Ese es el futuro de este proyecto, mientras tanto nuestro grupo no va a votar a favor de la moción presentada, dado que verdaderamente nos resulta excluyente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, senador.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestra intención inicial fue la de enmendar esta moción del Grupo Parlamentario Popular, puesto que el texto propuesto no nos parecía un modelo de precisión. Ahora, nos alegramos de no haber presentado esta enmienda, porque la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular es en realidad una nueva moción con otros contenidos y, por lo tanto, enmendando la primera, nos sentiríamos fuera de lugar.
La enmienda que no hemos presentado hubiera servido, por una parte, para sustituir herramientas informáticas --entre paréntesis, «software»-- por herramientas y aplicaciones, puesto que, siendo importante el desarrollo del «software» autóctono, no es más en su dimensión tecnológica y económica que en la lingüística. En este campo, el de la lingüística, tienen más importancia las aplicaciones y presencia de la lengua en las redes que en las herramientas informáticas.
La autoenmienda corrige en alguna medida este aspecto y no hemos tenido tiempo ni excesivo interés en estudiar la nueva moción. Oída la autopropagandística y retórica de la intervención del señor Martínez Oblanca, del que tenemos y seguiremos teniendo una muy buena opinión, tampoco nos sabe muy mal no haber tenido ocasión de dedicarle el tiempo que requería. Por otra parte, nuestra enmienda hubiera ido en el sentido de incluir las demás lenguas españolas en la propuesta, lo que conlleva la habitual coletilla de en cooperación con las comunidades autónomas, aunque evidentemente --y queremos dejarlo claro-- el castellano puede y debe aprovechar la ventaja, para su presencia en la red, del hecho de que sea hablado por más de 300 millones de personas en el mundo.
Finalmente, desistimos de presentar la enmienda. Se trata de un debate bastante recurrente; mociones en este sentido ya se han aprobado en varias ocasiones. Esta es la inicial, que no aporta nada nuevo a las mismas, otra cosa es que el Gobierno haga más o menos caso a las mociones que aprueba el Senado. Para ser exactos, menos que más, como parece reconocer el Grupo Parlamentario Popular al presentar esta moción.
Cabe recordar que en el informe de la Comisión Especial de Redes Informáticas, aprobado por unanimidad en 1999, se hacían propuestas mucho más concretas y precisas en esta dirección. Por otra parte, en unos momentos en que contra todo rigor científico el PP anda inventando idiomas, no resulta difícil saber si cuando el Partido Popular habla del idioma español se refiere al castellano manchego o al castellano leonés, que son, evidentemente, idiomas claramente diferenciados. ¿No es así?
Por esas razones hemos desistido de presentar la enmienda y votaremos desfavorablemente a la moción. Por razones, a nuestro juicio, de poca seriedad en la propuesta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Gibert.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Varela.
El senador VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Lamentamos que nuestra enmienda no pueda ser aceptada, porque pensábamos que subsanaba un punto importante de la moción. El Grupo Parlamentario Popular propone modalidades lingüísticas y seguimos insistiendo en la necesidad de que sean lenguas. El catalán, el vasco y el gallego son lenguas y, evidentemente me parece muy bien que el bable se proteja, pero para nosotros las lenguas son básicas y no entendemos por qué no se ponen estas cuestiones en las mociones.
Es un tema de cajón, y es muy decepcionante que después de 25 años de aprobada la Constitución todavía estemos dándole vueltas a esta cuestión y que no esté resuelta para siempre. No consigo entender que no consideren como suyas el resto de las lenguas, es decir, el catalán, el vasco y el gallego.
Para terminar, quiero insistir en la reflexión que hacía el senador Albistur porque me parece muy interesante. Señor Martínez Oblanca, en el tercer punto se establece reforzar el nodo Educación coordinándolo con la Organización de Estados Iberoamericanos, y quisiéramos que aquí se hiciera mención a las otras lenguas que se hablan en Iberoamérica. Sería muy positivo para el Gobierno español y se ganarían simpatías si, por ejemplo, desde aquí se impulsaran acciones para que el guaraní se pudiera potenciar en la red. Sería muy importante para ellos y para que tuviéramos mejores lazos.
Usted se ha referido al tema económico, y se mejoraría si ellos vieran que desde aquí también se defienden sus lenguas. Pido un poco más de apertura, de defensa del español, sí, pero sin olvidar las otras lenguas que tienen en casa y las que existen en otras partes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, senador Varela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Lavilla.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Martínez Oblanca, lo que voy a decir no tiene nada que ver con el respeto profundo que le tengo y la amistad que mantenemos.
Creo que la propuesta que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista no puede ser más constructiva, y le voy a decir por qué.
El día 25 de septiembre del año 2001 todos los grupos políticos de la Cámara conseguimos plantear una propuesta, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista pero aceptando las sugerencias del resto de portavoces, para concretar la prioridad del impulso de la sociedad de la información en torno a un plan de convergencia. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Señor Martínez Oblanca, fíjese si la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista era tan destructiva --no sé exactamente qué es lo que ha dicho-- que después, el 4 de noviembre, se publica en el «Boletín Oficial del Estado», como disposición adicional sexta, un punto que modifica la Ley de servicios de la sociedad de la información que recoge exactamente lo mismo que le plantearon todos los grupos políticos de esta Cámara y que nuestro secretario general había dicho en junio del año 2001, como el establecimiento de un plan de convergencia con unos indicadores claros, con unos objetivos precisos, con un presupuesto concreto para desarrollar la sociedad de la información en nuestro país. Eso es lo que se le pedía, y se recoge en la ley.
Lo que le venimos a plantear hoy en esta Cámara, para desmontar la descalificación por la descalificación, es lo siguiente: Solamente se desarrollará la sociedad de la información y el conocimiento en nuestro país cuando haya un presupuesto concreto para que el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología --inexistente, porque se ha creado de nombre pero no tiene prácticamente peso político dentro del Gobierno-- tenga y pueda defender su presupuesto y sus objetivos de manera transversal con relación a los otros ministerios, como se hizo con el euro.
A nosotros nos parece tan importante, desde el punto de vista cultural
--y es evidente, con 400 millones de hispanohablantes, teniendo en cuenta que también figura en el texto de nuestra moción el respeto a las otras culturas de Iberoamérica--, la presencia y el impulso del español en Internet, que queremos que uno de esos indicadores de ese plan de convergencia sea el español. Dígame usted por qué se permite usted el lujo de decir que es algo destructivo --repito que no sé muy bien qué es lo que ha dicho--. No puede ser. Lo que nosotros dijimos en septiembre de 2001se introduce en la ley, y en esa misma ley, por la autoridad que nos da nuestra iniciativa decimos: como es tan importante el castellano en Internet, inclúyanlo como un indicador concreto. Eso es lo que nosotros venimos a decirles. ¿Y por qué? Porque si no, son brindis al sol.
Tengo delante la moción que aprobamos por unanimidad aquí en el Senado y que fue defendida por el senador González Pons, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Y dice así: El Pleno del Senado insta al Gobierno a la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes del Gobierno, del Senado, de la Real Academia Española, de las instituciones equivalentes en relación con las lenguas oficiales del Estado... Es decir, esa propuesta era mucho más progresista que lo que ahora se está haciendo cerrando esa puerta e intentando que no encaje algo que se pide de un modo razonable.
Y sigue diciendo: ... del Instituto Cervantes, de empresas hispanoamericanas del sector y de reconocidos expertos con objeto de analizar e impulsar, etcétera. Señorías, la
senadora María Antonia Martínez formuló incluso una pregunta escrita para ver por qué el Gobierno no ejecutaba, no daba cuenta en esos seis meses de plazo de esta moción aprobada por el Senado. No hubo respuesta. Se le preguntó al ministro oralmente y tampoco hubo una respuesta clara.
Parecía que todo iba bien, pero parece que ahora se necesita una moción para impulsar la presencia del español en Internet.
Nosotros decimos que no podemos apoyar la moción del Grupo Parlamentario Popular por una razón muy sencilla, senador Martínez Oblanca. Es que si no hay un compromiso claro casi no va a dar tiempo a tramitar la remisión por parte del Senado al Gobierno de lo que aquí se ha aprobado. Sí le vincularía si aquí se establece ese plan de convergencia. Por eso mismo nosotros no podemos aprobar un brindis al sol ya en el final de esta legislatura. Eso no serviría absolutamente para nada a excepción de que ocultaría el fracaso que ha tenido el Gobierno en lo que a impulso del castellano en Internet se refiere. Se marcó como objetivo un 15 por ciento y estamos en un 5,6. A eso no me ha respondido usted. Pero también le he comentado que había 15 millones de euros en el fracasado Plan Info XXI para el impulso del español en Internet. Pues bien, tampoco me ha dado cuenta de cómo se han gastado esos dineros. Todo eso son realidades.
Pero le he dicho más, senador. En el caducado Plan «España.es» figuran tan sólo dos páginas, las números 67 y 68, de las 93 que tiene dicho plan, páginas que, ligeramente, y estirando un poco los argumentos y la imaginación podemos entender que se refieren a la presencia del español en Internet en el apartado de contenidos. Se retrocede y se le concede aún menos importancia que al fracasado Plan Info XXI, y menos dinero, sin concretar absolutamente nada. Es decir, hay menos interés. Y hay que tener en cuenta que hemos retrocedido y que no hemos conseguido los objetivos. Parece que no es una buena política, si retrocedemos, recortar las ayudas en lugar de incrementarlas para corregir ese rumbo y mejorar así nuestra posición.
Senador Martínez Oblanca, un informe de «bakia. com» dice que el español sigue igual de apocado en la red que en 1999. Es decir, las políticas que se han practicado no han dado resultado, y tenemos un potencial no sólo cultural sino también económico muy importante --al que se refería el senador Albistur-- que es necesario aprovechar, pero no lo estamos haciendo y esta legislatura ya está tocando a su fin. Señorías, podíamos haber hecho mucho. Desde el Senado se plantearon algunas iniciativas positivas, pero el Gobierno ni siquiera ha hecho caso a mociones aprobadas por unanimidad en esta Cámara. Se le planteó otra iniciativa, la creación de ese primer dominio para toda Iberoamérica con denominación «.his» o con otra cualquiera, pero no sabemos qué gestiones han emprendido. Lo que sí le puedo asegurar, senador Martínez Oblanca, es que en toda Hispanoamérica se recogió con mucho cariño, con mucho afecto y también con mucho interés político esta iniciativa. Parlamentarios de otros países nos escribieron interesándose por esta iniciativa y animándonos a que lideráramos ese empuje para integrar a todos y para que esto fuera una realidad. El Gobierno ni siquiera se ha tomado la molestia de mandar el informe de cómo va la cuestión pasado el plazo de seis meses, como le obliga el Reglamento. ¿Cómo vamos a aprobar algo que es simplemente un brindis al sol al final de la legislatura, algo que no contribuye a nada en absoluto a desarrollar el español en Internet? Para nosotros es muy importante impulsar el castellano en Internet así como no descuidar el resto de las culturas que forman el conglomerado plural iberoamericano. Porque si todos vamos de la mano y respetamos a cada cual lo que tiene, probablemente integremos mucho más y empujemos con más fuerza hacia adelante, cosa que el Gobierno no ha sabido liderar.
Comenzaba mi intervención, senador Martínez Oblanca --y esto es importante--, señalando que hoy en «El País», página 24, artículo de Patricia Fernández de Lis, se decía que España retrocede cuatro puestos en tecnologías de la información. No es que vayamos acercándonos a los países que más empuje tienen, sino que vamos perdiendo posiciones.
Aspiramos a ser la octava economía del mundo y en el conjunto de países ocupamos el número 29. Esto no encaja. Las políticas que hemos aplicado en nuestro país sobre sociedad de la información no han dado resultado, como tampoco ha dado resultado dentro de esa política el empuje al castellano en Internet. Tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que cambiar la política y no podemos ser cómplices del retraso con mociones que no comprometen al Gobierno.
Senador Martínez Oblanca, me gustaría que nos explicara por qué han cambiado la moción. Yo le voy a decir por qué, y es porque el primer texto que ustedes han presentado era un apéndice de la moción que ya aprobó el Senado aquí. Por lo tanto, han pensado que se iba a dar cuenta el resto de los grupos y como ya habían presentado la enmienda, se autoenmiendan para no hacer el ridículo. La importancia que ustedes dan al español se recoge en el caducado Plan «España.es» y ocupa algo más de una página. Esa es la importancia que le dan frente a la que le daba el fracasado Info XXI.
Por consiguiente, no vamos por buen camino, no hemos conseguido los objetivos de llegar al 15 por ciento, por lo que bendiciendo políticas que nos han llevado al fracaso no ganamos nada. Precisamente lo constructivo es decirle al Gobierno que cambie y lo destructivo, senador Martínez Oblanca, es seguirle la pauta para que el fracaso se consolide en la red.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador señor Martínez Oblanca.
El señor MARTINEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, utilizo este turno de portavoces para tratar de hacer una serie de reflexiones en torno a la moción que hemos presentado en defensa de la promoción y difusión del español en la red y también para tratar de dar respuesta a algunas de las consideraciones de los distintos portavoces, lamentando de antemano el nulo espíritu de apoyo que ha
tenido en algunos grupos. Agradezco al Grupo de Coalición Canaria su apoyo explícito. Hasta hace un momento hemos intentado llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió para presentar una enmienda transaccional que incorporase el texto de su enmienda, pero desafortunadamente no ha sido posible.
Entendemos que existe una coincidencia generalizada en la necesidad de aumentar el número de usuarios como parámetro importante en la presencia española en Internet. Apelando a los estudios de Daniel Pimienta
--siento, señor Albistur, que usted no dé valor a lo que se hace en esta Cámara, es decir, en esta Cámara comparecen multitud de especialistas, sin ir más lejos en la Comisión de la Sociedad de la Información, que aportan sus reflexiones y creo que lo mínimo que podemos hacer los que nos hemos pasado decenas y de decenas de horas escuchando a esos especialistas es tratar de reflejar lo que hemos recogido positivamente de esas intervenciones--, especialista de la Fundación Funredes de la República Dominicana, vemos que hay una relación directa entre el número de páginas web en una determinada lengua y el número de usuarios de la red que hay en ella. De ahí que intentemos continuar con una política de incremento de la población de habla hispana en su acceso a las nuevas tecnologías en las mejores condiciones de calidad, de prestación del servicio y de precios asequibles para los usuarios.
Nosotros nos sentimos muy orgullosos de formar parte de una organización y de apoyar a un Gobierno que se ha caracterizado, y va a seguir haciéndolo, por igualar a todos los ciudadanos en su incorporación a la red. Paulatinamente se va eliminando en España la existencia de dos mundos separados: el de los conectados y el de los no conectados.
Creemos, y lo demostramos con hechos, que la política del Partido Popular no hace discriminación alguna, ni por lo que se refiere a localización geográfica, ni por capacidad económica, de ahí que exista una tarifa plana que proporciona a muchos millones de españoles la posibilidad de acceder a la red a través de un buen ancho de banda. Eso ha sido posible debido a una política que se inició en 1996, en la Europa avanzada, gracias, insisto, al Partido Popular, que partía de cero.
Otro de los aspectos que nos parece fundamental es la mejora de la calidad de los contenidos en español que circulan en la red. Podríamos decir que tenemos un buen nivel de periodismo digital, pero creemos que hay que apostar por un mejor y mayor tejido de contenidos en español que evite la emigración de usuarios a otras lenguas. Tecnología y educación son esenciales para el Partido Popular en orden a incrementar el peso de nuestra lengua en la red. Apostamos por políticas activas en el campo educativo, y en este sentido estamos muy satisfechos con la evolución de las nuevas tecnologías en el campo de la educación. Programas como las «Aulas Mentor», para la formación no reglada y a distancia, o «Aldea Digital», en el que han participado 2.500 localidades, más de 7.000 profesores y más de 70.000 alumnos, son sin duda datos reveladores.
Señor presidente, me gustaría hacer una referencia al asunto de las lenguas cooficiales y minoritarias. Una vez más constato el gran interés y el acreditado tesón del senador, don Josep Varela, en cuanto a la defensa de las mismas. Con esta iniciativa el Grupo Parlamentario Popular ha querido recoger una serie de propuestas que pueden propiciar la mejora de ciertos aspectos de la lengua española en la red. En nuestro texto no hemos querido referirnos específicamente a otras lenguas cooficiales de otras comunidades autónomas, pero es obvio que la continua mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones también va a repercutir favorablemente en todas ellas tanto en las lenguas cooficiales, como en todas aquellas que, no alcanzando esa categoría, también tienen una función comunicativa y de identidad. Así, por ejemplo, la lengua asturiana se está viendo beneficiada por el desarrollo de la banda ancha y la tarifa plana, aspectos éstos que se iniciaron en toda España con la liberalización del sector de las telecomunicaciones, que llega en 1996 de la mano de don José María Aznar.
En todo caso, señor Varela, los retos son comunes para todas las lenguas, sean éstas oficiales o no lo sean, y cuando hablamos de mejorar contenidos, ampliar infraestructuras, continuar rebajando tarifas y seguir formando a la población en los procesos de alfabetización digital, estamos refiriéndonos a una mayor presencia de lo español en la red, y dentro de ello figuran, como no puede ser de otra manera, el catalán, el vascuence, el castellano, el valenciano o, por citar lenguas no oficiales, el aranés o el asturiano.
Somos conscientes, y esta iniciativa parlamentaria es buena muestra de ello, de que lo público debe jugar un papel determinante en el impulso para la defensa y promoción de nuestro idioma, principalmente a raíz de la aparición de estas tecnologías. En este sentido algunas iniciativas que ya se están desarrollando, como el denominado portal Ciberoamérica, el proyecto Enlace o el proyecto de digitalización del patrimonio histórico-artístico y su correspondiente difusión a través de la red, son excelentes mecanismos para desarrollar y fomentar nuestra lengua a través de la misma. Saludamos la participación de entidades que están enriqueciendo la presencia del español en Internet y en nuestra iniciativa animamos a ampliar el número de instituciones existentes, como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes o Universia.net, así como a conveniar con ellas.
Me gustaría referirme a algunas de las intervenciones hechas por parte de algunos miembros del Grupo Parlamentario Mixto o del Grupo Parlamentario Socialista, y fundamentalmente a las del senador Lavilla. Su señoría dice que el Plan Info XXI ha fracasado, un plan todavía vigente que finaliza el día 31 de diciembre de este año, y da como caducado el Plan «España.es», un plan que entra en vigor el día 1 de enero de 2004. Para soportar sus argumentos esgrime el informe publicado hoy en el diario «El País», en su página número 24, según cual España retrocede cuatro puestos en tecnologías de la información.
Permítame que discrepe de cabo a rabo de la interpretación que usted hace de estos datos y además, que utilice estos mismos datos para rebatir lo que usted considera un
fracaso de la política del Gobierno de José María Aznar. A nosotros nos parece que figurar en el puesto 29 de 102 países analizados está muy bien, que no es ningún demérito, sobre todo, teniendo en cuenta que si gobernase el Partido Socialista Obrero Español en España no estaríamos ni en la lista debido a su política de comunicaciones anclada en la época del tantán, señor Lavilla; ¿o ya no se acuerdan de que en España había monopolio? Ya no se acuerdan que tuvo que ser el Gobierno de Aznar el que lo rompiese.
Su señoría hace del descenso de cuatro puestos en esta lista un auténtico drama. ¿Que tendrán que hacer en Finlandia que han pasado de ser los primeros a prácticamente tener la medalla de chocolate? ¿Qué tendrán que hacer en Alemania, Islandia, Holanda, Irlanda, Israel, o Bélgica que también han descendido puestos? ¿Qué castigo estará reservado al Reino Unido que ha perdido no cuatro, como España, sino ocho puestos en ese ranking de la WEF? Seamos serios, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, esta clasificación no hace otra cosa que confirmar que España va bien, tan bien en tecnologías de la información que estamos en el buen camino, que estamos avanzando. Esa es una realidad y no la libérrima interpretación de unos datos que no son en absoluto preocupantes y que, en cualquier caso, ratifican que estamos en el buen camino tecnológico.
Señor presidente, voy finalizando. En los últimos tres años con este mismo informe invocado por los portavoces de los grupos parlamentarios Mixto y Socialista se puede decir que en España hay un 14 por ciento más de líneas telefónicas operativas. Hay un 123 por ciento más de teléfonos móviles en los últimos tres años, nada menos que 33,5 millones de teléfonos móviles. (Rumores.) ¿Saben ustedes cuántos ordenadores personales más hay en los últimos tres años? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MARTINEZ OBLANCA: Un 42 por ciento más, señor presidente, de ordenadores personales en los últimos tres años en España.
Y finalmente, ya que hablamos de Internet en esta moción, señor Lavilla, ¿ sabe cuántos usuarios españoles nuevos tenemos en Internet en los últimos tres años? Tenemos el 178 por ciento más de usuarios de Internet en España. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MARTINEZ OBLANCA: Ya somos casi ocho millones de internautas.
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya finalizando.
El señor MARTINEZ OBLANCA: Señor presidente, voy finalizando, porque mal que le pese al Grupo Parlamentario Socialista los argumentos y los datos son demoledores . No puede compararse con nada de lo que hicieron los gobiernos socialistas sencillamente porque cuando llegó el Partido Popular no había nada. El Partido Popular partió de cero, señor Lavilla.
Hoy tenemos leyes avanzadas, modernas, democráticas, la Ley de la Sociedad de la Información y la Ley General de Telecomunicaciones. Con ustedes la única ley que había era la del monopolio y la ley del embudo que favorecía a las empresas amigas. (Rumores.
--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MARTINEZ OBLANCA: Concluyo, señor presidente, lamentando que lo que probablemente vaya a ser la última iniciativa...
El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene quince segundos para finalizar.
El señor MARTINEZ OBLANCA: Quince segundos para decir que en la que probablemente vaya a ser la última iniciativa tecnológica de esta legislatura hayan roto el consenso que teníamos en relación con la sociedad de la información. Más lamentable es el hecho de que hablamos de una propuesta para favorecer lo español y el español: «Interñet», señor Albistur, mal que a usted le pese, pero que a nosotros nos honra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (Rumores.) Silencio, señorías.
(Rumores.) Silencio, por favor. Ocupen sus escaños.
En el curso de esta mañana, señorías, ha tenido lugar la entrega de las medallas conmemorativas de la I Legislatura, la legislatura constituyente, en el hemiciclo antiguo. En la intervención del presidente ha habido una omisión por la que quiero públicamente pedir disculpas. Un miembro del Senado actual era presidente de la Cámara y, aunque él mismo me ha manifestado el deseo de que no lo haga, quiero no sólo corregir el error, sino pedir disculpas públicamente al señor Laborda, porque realmente he olvidado que él también fue presidente aunque sea actualmente senador. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a potenciar la creación de herramientas informáticas en español que permitan fomentar nuestra lengua en el campo de las nuevas tecnologías con la enmienda de sustitución del propio Grupo Parlamentario Popular y sin la aceptación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 132; en contra, 82; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTIMULAR LA COLABORACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN PROYECTOS ENMARCADOS DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA (I+D+I) PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2004 Y 2007 (662/000354).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a estimular la colaboración con las comunidades autónomas en proyectos enmarcados dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el período comprendido entre los años 2004 y 2007.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador señor Abejón.
El señor ABEJON ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Ciencia y Tecnología constituyen en las sociedades más avanzadas uno de los sectores estratégicos para el crecimiento económico y el bienestar social. La incorporación del conocimiento como un factor más de la producción tiene en estas sociedades su reflejo a través de métodos más eficaces de producción y organización del trabajo así como nuevos y mejores productos y servicios. (El señor vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Por esta razón, las políticas científicas y tecnológicas que se están llevando a cabo desde el Gobierno de la nación y desde las comunidades autónomas tienen como objetivo primordial dar un impulso decidido a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación como factores claves para la competitividad, la creación de empleo y para elevar el nivel cultural de los españoles, en definitiva, para convertir el conocimiento en una mejora de la calidad de vida y que nos permita reducir ese 14 por ciento que nos separa en la actualidad a los españoles respecto a los ingresos medios de los europeos de la Unión.
La misión de las administraciones públicas con competencias en esta materia debe estar enfocada, por una parte, a fortalecer la investigación básica como elemento fundamental para contribuir solidariamente a la generación del conocimiento, base de todo desarrollo a largo plazo y, por otra , a crear un clima favorable para que las empresas se incorporen plenamente a la cultura de la innovación tecnológica con el fin de incrementar su competitividad.
Por estas razones se ha de reforzar las políticas de articulación, para que, favoreciendo en general a la investigación y a la innovación tecnológica, se coordinen además de forma eficiente las tareas científico-tecnológicas de los distintos sectores públicos y privados, y de esta forma lograr no sólo la calidad de la investigación sino el valor de sus aplicaciones.
Es preciso tener en cuenta al establecer acciones de política de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que éstas afectan a instituciones y a agentes de muy diversa naturaleza, como pueden ser universidades, centros de investigación, parques científicos y tecnológicos, empresas, entidades financieras, usuarios e instituciones, entre otros, por lo que resulta necesaria la colaboración y cooperación de todos los implicados para lograr, por un lado, la integración del sistema y obtener, por otro, el mejor aprovechamiento de los medios humanos y materiales disponibles. En este sentido, el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, partiendo de los logros obtenidos en el Plan Nacional 2000-2003, supone un nuevo paso adelante en el esfuerzo de planificación de las actuaciones financiadas por los Presupuestos Generales del Estado; esfuerzo encaminado a la optimización de los recursos existentes mediante el refuerzo de las actuaciones de cooperación y coordinación con las comunidades autónomas para la programación de actividades de investigación, desarrollo e innovación en nuestro país.
Como no podía ser de otra manera, en la formulación del nuevo Plan de I+D+I recientemente aprobado por el Gobierno, se ha tomado en consideración la importancia de estas estrategias en pro de la calidad de vida de las personas; la experiencia adquirida de planificaciones anteriores; la puesta en marcha del espacio europeo de investigación e innovación a través del VI Programa Marco Europeo de I+D, y el reciente protagonismo que están adquiriendo los planes de I+D+I de las comunidades autónomas.
Es por ello que el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 supone no sólo un ejercicio de planificación a nivel nacional, sino también un decidido esfuerzo para el ejercicio de la coordinación a nivel regional y comunitario; ámbito de actuación que complementa el ámbito competencial del Plan Nacional y que conjuntamente, no me cabe ninguna duda, contribuirá al fortalecimiento del sistema español de ciencia, tecnología y empresa.
Señorías, en cuanto a la investigación científica, la actividad científica requiere en todos los países avanzados de un apoyo importante por parte de las administraciones públicas, ya que su elevado coste impide que el sector privado pueda acometerla por sí mismo, y para lo cual se hace necesario incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la investigación, al desarrollo y a la innovación, en especial en los puntos que paso a relatar.
En primer lugar, el fomento cualitativo y cuantitativo de recursos humanos. Para ello, por un lado, debe seguir incrementándose el número de becas predoctorales dirigidas a titulados superiores que deseen realizar una tesis doctoral o adquieran una formación especializada, tanto en España como en el extranjero, así como las becas postdoctorales a fin de adquirir una formación especializada fuera de los límites en el extranjero.
En segundo lugar, hay que seguir potenciando las ayudas para la contratación del personal investigador y técnico. En este sentido, es importante el fomento de los contratos de doctores en centros públicos y privados sin ánimo
de lucro, cuyas características permitan que los doctores contratados que superen los sistemas de evaluación establecidos puedan acceder a contratos indefinidos mediante ayudas complementarias; igualmente importantes son las ayudas para la contratación de doctores y tecnólogos en las empresas en las que se condicione la ayuda del tercer año de contratación a la formalización de un contrato indefinido con el doctor y el tecnólogo, y priorizando además la participación en esta contratación de pymes, empresas de base tecnológica y empresas «spin-off».
Es importante que en todas las ayudas de personal investigador y técnico se requiera con carácter general la cofinanciación en mayor o menor cuantía, dependiendo de cada caso, por parte de la entidad beneficiaria; asimismo, en las ayudas de contratación que se dirijan a personal investigador y técnico en centros de I+D públicos, se deberán concertar con las comunidades autónomas las características y financiación de dichas ayudas.
En tercer lugar, es necesario potenciar actuaciones conjuntas entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y las comunidades autónomas, a fin de fomentar la cultura científica y tecnológica, y ello debe hacerse mediante la difusión de resultados de investigación, a través de la incorporación voluntaria de las comunidades autónomas a los portales de la ciencia y de la tecnología; asimismo, mediante la divulgación de la ciencia en la sociedad, o con el fomento científico y tecnológico en las diferentes etapas educativas y con una mayor participación de todas las comunidades autónomas en la Semana de la Ciencia que, como sus señorías saben, se celebra todos los años en toda España.
En cuarto lugar, debe ser objeto de atención prioritaria la dotación de equipamientos y de instalaciones científico-técnicas. El incremento del personal de I+D+I del Sistema Español de Ciencia y Tecnología debe ir acompañado, como es lógico, del incremento y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas de acuerdo con los planes estratégicos del Gobierno y, como es natural, también en coordinación con las comunidades autónomas con el fin de racionalizar las actuaciones de crecimiento y mejora de las mismas. La mayoría de las actuaciones en este ámbito están ligadas a los programas cofinanciados con los fondos estructurales, Feder, y vinculados a zonas geográficas incluidas en los objetivos 1 y 2 dentro de los límites de actuación previstos en los acuerdos de cooperación y coordinación con las comunidades autónomas, acuerdos estos en los que se fijan las áreas estratégicas de cada comunidad, lo que permitirá la financiación adecuada de la construcción y ampliación de nuevos centros de investigación y mejorar las infraestructuras de los ya existentes.
En quinto lugar, está el apoyo a la creación y funcionamiento de nuevas unidades interfaz para fomentar la relación y transferencia de conocimiento entre los distintos agentes del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, por lo que en función de su actividad, ámbito de actuación y competencia debe apoyarse de forma sostenida a este tipo de unidades. En esta línea es especialmente interesante la concertación de actuaciones con las comunidades autónomas, considerando que la actividad de estas unidades de interfaz tienen una fuerte vertiente territorial.
Paso a continuación a referirme al desarrollo tecnológico e innovación.
El Grupo Parlamentario Popular comparte la política tecnológica del Gobierno orientada a impulsar la competitividad empresarial mediante la innovación. La nueva estrategia planteada para los próximos años apuesta no sólo por elevar la capacidad tecnológica e innovadora de las empresas, sino también por promover un nuevo tejido empresarial innovador mediante la creación de un entorno favorable a la inversión del sector privado en I+D+I. El objetivo de lograr en España una ratio de 29 empresas innovadoras por cada 100, frente a las 23,5 actuales, supondrá superar el gasto en innovación del 2,1 por ciento del producto interior bruto en el año 2005 y del 2,5 en 2007; ello implicará incrementar el gasto anual en I+D+I en un 10 por ciento. Este esfuerzo inversor requiere, por lo tanto, de la estrecha colaboración no solamente del sector empresarial privado, sino también de todas las administraciones públicas, en las que deben jugar un papel importante las comunidades autónomas.
Elevar la capacidad tecnológica e innovadora de las empresas supone prestar especial atención a las demandas y necesidades tecnológicas de las mismas, así como establecer marcos legislativos y reglamentarios que fomenten una mayor participación empresarial. Las pequeñas y medianas empresas, que representan el grueso de nuestro tejido industrial, deben gozar de cierta discriminación positiva, así como facilitar su acceso a los resultados de la investigación de calidad y la participación en el proceso investigador.
Promover la creación de tejido empresarial e innovador es fomentar y facilitar la creación de nuevas empresas biotecnológicas y biosanitarias, tanto a partir de otras empresas como de grupos o centros de I+D del sector público. En este sentido, es importante mejorar el acceso a los mercados financieros de capital-riesgo y de préstamos en las distintas fases de creación y consolidación de estas empresas, así como profundizar en el desarrollo de medidas legislativas que sigan favoreciendo y faciliten la incorporación a las mismas del personal de universidades y de organismos públicos de investigación. Contribuir a la creación de un entorno favorable a la inversión en innovación mediante medidas fiscales
--que ya en estos momentos son las más avanzadas de Europa-- es precisamente lo que necesita la empresa para iniciar actividades de riesgo económico y conseguir de esta forma el efecto multiplicador del sector empresarial.
Por último, señorías, la mejora de la capacidad tecnológica e innovadora de las empresas pasa también por apoyar y potenciar las funciones de intermediación entre los centros de I+D del sector público y las empresas, entre los que cabe mencionar los centros, los parques tecnológicos, las oficinas de transferencia de resultados de investigación, las fundaciones universidad-empresa y otras.
Una vez desarrollado lo que el Grupo Parlamentario Popular entiende que es la colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas --cuando estamos viendo que todas las comunidades autónomas tienen su propio plan de I+D+I, lo mismo que lo tiene el Gobierno central--, el nuevo plan nacional ha concretado este aspecto
de colaboración y cooperación entre comunidades autónomas y el Gobierno de la nación en tres perspectivas complementarias. En primer lugar, desde el punto de vista de la corresponsabilidad, que permita identificar las prioridades temáticas y actuaciones de interés común, desde el intercambio, flujo e información bidireccional, entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, o multidireccional, entre la Administración General del Estado y varias comunidades autónomas. Y, en segundo lugar, desde el punto de vista de la codecisión, en el diseño e implementación de convocatorias públicas conjuntas de ayudas, como alternativa al modelo actual de los procedimientos empleados en concurrencia competitiva.
Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular, tanto la coordinación como la cooperación debe llevarse a cabo desde tres puntos de vista complementarios: en primer lugar, estableciendo compromisos mutuos entre el Estado y las comunidades autónomas durante el período de vigencia del plan, que permitan su formalización a través de convenios marco y convenios específicos; en segundo lugar, identificando actuaciones conjuntas de interés común, en diversos ámbitos científicos y tecnológicos, que impliquen la asignación de recursos económicos de ambas partes para la realización de los mismos; y, en tercer lugar, teniendo presente el beneficio que la cooperación y coordinación tienen para la mejora de la capacidad científica y tecnológica de los agentes ejecutores públicos y privados del sistema nacional, ciencia, tecnología, empresa y sociedad.
Por ello, entendemos que los objetivos fundamentales a conseguir con esta moción son los siguientes: en primer lugar, facilitar a la comunidad científica y tecnológica española un marco convergente de actuación entre la administración del Estado y las comunidades autónomas que potencie la capacidad de los grupos de investigación y desarrollo, tanto del sector público como del privado y que evite la duplicidad de esfuerzos y recursos económicos; en segundo lugar, intensificar las actividades, proyectos, infraestructuras, etcétera, que se financien con el plan nacional, aportando financiación complementaria en algunas áreas temáticas de interés común, consolidando el uso de los fondos estructurales para ello; en tercer lugar, complementar las actuaciones que cada parte --el Estado y las comunidades autónomas-- realice, en relación con las áreas prioritarias horizontales financiadas en el plan nacional, con el objeto de potenciar las mismas en el contexto regional; en cuarto lugar, apoyar la cooperación entre comunidades autónomas dentro del marco del plan nacional, favoreciendo la interacción de sus planes regionales entre sí y con el plan nacional, y estableciendo los mecanismos de intercambio de información, etcétera, que sea preciso.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Señoría, vaya terminando.
El señor ABEJON ORTEGA: Gracias.
Señorías, espero contar con el apoyo de todas sus señorías para aprobar esta moción, que pretende impulsar aún más la coordinación y cooperación entre las comunidades autónomas y el Estado en un tema de vital importancia para todos: la ciencia, la tecnología y la innovación, como fuente de riqueza para la creación de empleo, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y generar empleo de calidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Abejón.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Abejón, he escuchado con interés su intervención sobre una cuestión que es de gran importancia para el futuro de nuestro país.
Conozco su buen trabajo en la Comisión de Ciencia y Tecnología y, por ello, quiero decirle que le ha tocado defender una moción que, tal y como está redactada, es un poco difícil; afortunadamente, veo que hay algunos intentos de cambio, que harán más fácil su defensa.
No tengo nada que objetar a su explicación; sin embargo, me parece lamentable el texto que vamos a votar: el Senado insta al Gobierno a estimular la colaboración con las comunidades autónomas en proyectos enmarcados dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, propiciando una máxima coordinación de sus actuaciones con el fin de mejorar la cohesión territorial del Estado. O sea, de su lectura se desprende una obsesión por la unidad
--por decirlo claramente--, una histeria por la unidad, que no se aguanta, señor Abejón. Hay que mejorar la colaboración con las autonomías para ser más eficaces en el gasto en I+D, en esto estoy de acuerdo, pero no para mejorar la cohesión. La finalidad de esta colaboración con las autonomías es ser más eficaces en la acción de Gobierno, ser más útiles a nuestros ciudadanos, que es nuestra obligación como gobiernos; y no mejorar la cohesión. Me parece lamentable; es una moción francamente esperpéntica. Insisto, que después de 25 años de Constitución se diga esto, es esperpéntico. Cuando, afortunadamente, hemos alcanzado un respeto por las autonomías, por las nacionalidades, por las regiones plurales de España, que todavía salgan con esto supone un paso atrás importante.
De ahí nuestra enmienda que contiene dos puntos: primero, estimular la colaboración, en eso estamos de acuerdo, pero con el objetivo, no de mejorar la cohesión --pues si hay colaboración habrá cohesión y si no hay colaboración no habrá cohesión--, sino de mejorar la investigación científica. El objetivo es mejorar la investigación científica porque aunque hemos avanzado, aún estamos atrasados. Y segundo, cuando hay un plan y todo el mundo en la Comisión Europea señala el índice del tres por ciento del PIB para el 2010, dado que aquí estamos tan atrasados
--insisto, a pesar de los avances que hayamos podido tener--, solicitamos que se doble el porcentaje actual y que antes del 2010 estemos en el entorno del dos por ciento.
En eso consiste nuestra enmienda. De manera que, por favor, señor Abejón
--aunque estoy convencido de que ésta no es su obsesión-- diga a quienes hayan redactado esta moción que dejen de obsesionarse por la unidad, que colaboren con las autonomías lealmente, y esos nubarrones de los que algunos hablan desaparecerán. Dije aquí hace tres semanas que el principal propagandista de Esquerra Republicana había sido el señor Aznar, y deben meditar mucho sobre ello. Por tanto, por favor, colaboren lealmente; respeten las competencias de las autonomías, y traten de aceptar esta enmienda porque me parece que contribuye a hacer de ella una moción positiva, y no con la finalidad absurda que tiene en este momento tal como está anunciada.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Varela.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
Señor Abejón, cuando escuchaba su intervención, la verdad es que no sabía si estaba escuchando a un senador del Grupo Parlamentario Popular en el Senado defendiendo la parte propositiva de la moción y explicando la parte expositiva, o si estaba escuchando realmente a algún funcionario del ministerio, porque lo que a mi me ha quedado de su intervención es más bien una exposición del futuro plan gubernamental de innovación.
Salvo en el final de su exposición, no creo que haya hecho alusión a uno de los elementos que establece dicho plan: la coordinación.
Voy a empezar por el final, es decir, por nuestra enmienda, por la que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a su texto, que es una enmienda de adición perfectamente integrable en ese espíritu de cohesión política, territorial y sectorial que usted apuntaba en su intervención, razón por la que me agradaría que el Grupo Parlamentario Popular, sin más filigranas parlamentarias, aceptase esta enmienda, así como la que ha presentado y ha defendido hace un momento el senador Varela en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Porque creo que son dos enmiendas que vienen a complementar el aspecto genérico de la parte propositiva de su iniciativa pero también porque van dirigidas precisamente al cumplimiento de los objetivos que ustedes marcan en su plan.
Por tanto, déjense de filigranas parlamentarias y acepten la propuesta de la oposición, que complementa, enriquece y perfecciona su iniciativa, sin bien, sin lugar a dudas, se trata de una decisión parlamentaria que obliga al Gobierno y ustedes no quieren admitir, razón por la que una vez más actúan con una finta parlamentaria, presentando una propuesta de consenso que es imposible aceptar, sobre todo cuando plantean parámetros y propuestas que no son asumibles, ni siquiera por ustedes mismos, porque su discurso expositivo no se corresponde con la parte propositiva.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, con todos los respetos, sinceramente, me gustaría poder apoyar esta iniciativa, me encantaría aprobarla. ¿Saben por qué? Porque es ni más ni menos que la puesta de manifiesto en sede parlamentaria de ocho años de fracaso de su política de innovación, primero, con el señor Rajoy --porque les recuerdo que desde el año 1996 hasta el año 2000 el responsable en materia de I+D en este país fue el señor Rajoy, ministro de Educación, bajo cuya tutela y responsabilidad estaba precisamente, entre otras, esta materia, junto con el señor Piqué, de forma compartida-- y después, en el año 2000, cuando nos sorprendieron con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Senador Abejón, aunque no se lo digo personalmente a usted, sino al conjunto de su grupo parlamentario, porque ya sabe que le tengo un gran cariño personal y un gran respeto parlamentario, que en tres años hayan pasado tres ministros por un ministerio de reciente creación no es ni más ni menos que la muestra del gran fracaso de diseño y, sobre todo, de orientación de las políticas, de la planificación, de la programación y de la presupuestación de un ministerio que no ha resultado efectivo.
Señoría, no le quepa la menor duda de que al leer detenidamente la exposición de motivos de su iniciativa no me cabe otra posición que la de compartir casi al cien por cien sus afirmaciones. En primer lugar, es cierto que en las sociedades desarrolladas la ciencia, la tecnología y la innovación son elementos básicos para atender y resolver las demandas sociales. En segundo lugar, es cierto, sin lugar a dudas, que la innovación es símbolo de una sociedad dinámica, de una sociedad en desarrollo, que está asociada con cualquier progreso tanto político, como económico, como social. En tercer lugar, para nosotros, igual que para ustedes, tal como exponen en su iniciativa, son de absoluta transcendencia la política científica y la política tecnológica, sobre todo, no pensando en el pasado, y mucho menos en el presente, sino mirando al futuro.
En cuarto lugar, en un Estado de las Autonomías, en un Estado descentralizado, en un Estado plural y diverso, lógicamente, las políticas que se implanten en cualquier territorio deben ser coordinadas, tanto en el aspecto institucional, llámense comunidades autónomas o corporaciones locales --que por cierto ustedes siempre olvidan en esta Cámara, no teniendo presente que la descentralización de este país, programada y prevista por la Constitución Española, es de doble vía:
comunidades autónomas y corporaciones locales, que también tienen iniciativas en materia de tecnología y de innovación-- como en el aspecto sectorial: universidades, organismos públicos de innovación, centros tecnológicos, empresas, entidades financieras, y los propios usuarios.
Cuando yo escuchaba su intervención pensaba que algo habían olvidado en la literalidad de su exposición, porque usted sí lo ha dicho, sin embargo no figura en los antecedentes. Realmente, la correcta planificación y programación de la innovación sólo se puede conseguir a través de la cooperación y de la complementariedad, no de la confrontación. Me gustaría llegar en esta iniciativa, a través del diálogo, a un encuentro que nos llevase
al consenso, y también a la concordia en materia de innovación, y no a la confrontación.
Sin lugar a dudas, señorías, la innovación bien orientada nos ha de permitir mayor productividad para nuestras empresas, mayor garantía de equilibrio territorial y social, mayor progreso en cuanto a la competitividad de nuestras empresas, y también de nuestros servicios. En definitiva, más igualdad de oportunidades, sea cual sea el territorio de origen o de residencia de cualquier español de los que tenemos reconocido nuestro derecho constitucional de nacionalidad.
Señorías, cuando leía su iniciativa pensé que me gustaría tener la oportunidad de apoyarla, tener la posibilidad de un mayor encuentro, pero cuando veo que la basan en la indefinición, cuando se presenta una vez más una iniciativa de campanario, una iniciativa reproducida, que no es ni más ni menos que el eco de otra que se presentó y debatió en el Congreso de los Diputados el 17 de junio de 2003, en un momento en que la confrontación territorial parece ser uno de los ejes de su confrontación política, señor Abejón, desde la lealtad, desde la voluntad, desde la decisión, desde la necesidad, les pido que corrijan esa iniciativa y acepten las enmiendas que tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió han presentado, porque sin lugar a dudas no distorsionan su ambición, al contrario, la recogen; recogen todas y cada una de sus promesas; recogen todos y cada uno de sus compromisos. Lean ustedes el informe que ha emitido el Consejo Económico y Social respecto al nuevo plan de innovación, lean ustedes en la hemeroteca lo que dice la CEOE, que se queja del desfase tecnológico que sufre España, lea usted con atención lo que decía el 18 de octubre de 2000 el señor Marimon: El Ministerio de Ciencia achaca el bloqueo de fondos a la investigación al anterior Gobierno --el suyo, por cierto--. Lea usted, señor Abejón, las numerosas alusiones al desfase de España, no ya sólo respecto a la media europea , sino mucho más respecto a los países más avanzados de la Unión Europea, y todavía más en comparación con Japón o con Estados Unidos, líderes en innovación en el mundo. Lea usted todos esos informes, relea usted lo que decía el señor Rajoy en el año 1999, relea lo que decía el señor Piqué en mayo de 2003, y no pierda de vista lo que decía la señora Birulés en el año 2000. De todas esas lecturas, de todas esas aspiraciones, de todas esas promesas, de todos esos compromisos es de donde el Grupo Parlamentario Socialista ha sacado el fundamento de la enmienda que hoy presentamos.
Por lo tanto, por coherencia con lo que dijeron, por la consistencia de la propuesta, admitan lo que presentamos y, sin lugar a dudas, estaremos haciendo un ejercicio real, desde el punto de vista parlamentario, de apoyo a la innovación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Chivite.
Tiene la palabra el senador Abejón.
El señor ABEJON ORTEGA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, paso a contestar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Creo que es positivo, como siempre, en lo que se refiere a Ciencia y Tecnología, porque como se ha podido desprender de la intervención de los dos portavoces anteriores, Ciencia y Tecnología tiene unos fines, tiene unos objetivos, y prácticamente todos coincidimos respecto a esos objetivos y esos fines.
Creo que la moción no tiene esa interpretación que se le quiere dar en cuanto a que podemos encontrarnos ante unas filigranas o unas iniciativas quemadas. Nada de eso, y se lo digo además, señor Chivite, de verdad. No hay nada de eso. Existe un nuevo plan, existen nuevas expectativas, y hay una nueva situación, y en ese caso, como es lógico, surge un nuevo contexto, y es muy importante la moción que se presenta hoy porque era algo que estaban demandando las comunidades autónomas.
Por lo que se refiere al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, ya le hemos hecho llegar que tanto el apartado a) como el apartado b) no deben llevar a esa interpretación del señor Varela en la que subyace la idea de la desconfianza hacia las comunidades autónomas. Le puedo asegurar que no es así. Para tranquilizarle le diré que no hay nada de eso. Es más, usted sabe que en el texto que le hemos hecho llegar el apartado a) coincide con lo que dice Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, es decir, si no le gusta ese último párrafo, esa última frase o esa última línea del Grupo Parlamentario Popular, se sustituiría por el siguiente texto: para mejorar la investigación científica y tecnológica en el Estado Español.
Eso, implícitamente, debe llevar al equilibrio territorial. Esto en cuanto a la primera parte.
En cuanto a la segunda, creo que el objetivo de todos es buscar la convergencia con Europa. Ese es el objetivo de la enmienda que presenta Convergència i Unió y el de la que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, pero tenemos que ser sensatos, tenemos que ser realistas. Yo podría decir ahora mismo: Adelante: un 2 por ciento de aumento en el gasto dedicado a I+D en España. Pero la realidad es la que tenemos. Por un lado se está dando una circunstancia muy positiva y es que cada vez hay más gasto en investigación, pero también cada vez crece más el denominador en España. Eso nos lo han dicho en Cataluña y en todas las comunidades autónomas en las que hemos estado, señor Varela. En su comunidad, en la mía y en el resto del territorio. Nosotros podíamos estar cumpliendo ahora la convergencia con Europa, y no estaremos bien, pero podríamos estar peor, porque se han dado tres factores muy importantes. Primero, se ha multiplicado por cuatro el gasto en I+D desde 1996. Hemos pasado de los 1.151 millones de euros exactamente a los 4.402. Señor Chivite, ésa es la realidad, y espero que luego me lo explique. Lo hemos multiplicado por cuatro pero a la vez nuestro PIB, con un crecimiento sostenido en esta etapa, ha subido. Entonces, el cociente de ambos no se ha visto reflejado; es decir, que, aun habiendo multiplicado
por cuatro el gasto en I+D, no hemos subido de ese espectacular 0,8 y estaremos por ese 0,96 y en 2003 estaremos por encima del 1 por ciento en gasto en I+D.
Por lo tanto, creo que lo que se propone en la transaccional para llegar en 2010 a ese 1,7 ó 1,8 del PIB es una realidad. Supone una décima cada año, casi 100.000 millones de pesetas de incremento en los Presupuestos Generales del Estado, en lo que pertenece a I+D del Estado. Esa es la realidad, aunque ustedes hablen del 2 por ciento. El primer punto lo aceptamos y en el segundo sólo hay una separación de dos décimas: 1,7 ó 1,8 y el doble de 0,96, que es 1,92.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que vamos a rechazar y en el turno de portavoces tendré la oportunidad de rebatirle todo lo que se ha dicho aquí, lo que se propone ya es una realidad y no vamos a duplicar lo que ya funciona. En estos momentos funciona el Consejo General de Ciencia y Tecnología y se nos propone que se cree una conferencia sectorial de ciencia y tecnología. En el Consejo General de Ciencia y Tecnología están el Gobierno y las comunidades autónomas, y es el órgano encargado de coordinar las políticas.
Lo que quiero resaltar es que en el nuevo plan hay un cambio sustancial e importante en el sentido de estrechar lazos de colaboración y cooperación en temas cada vez más importantes cualitativa y cuantitativamente, y que todo lo que propone la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista supone lo que he dicho antes; es decir, el contenido es el mismo, más recursos humanos, más instalaciones y un mayor impulso a la coordinación y cooperación.
Por lo tanto, de no aceptar la transaccional, rechazaríamos la enmienda del Grupo de Convergència i Unió y la del Grupo Parlamentario Socialista por duplicación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Abejón.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Arroyo.
El señor ARROYO HODGSON: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Abejón, nosotros hemos leído con detenimiento y cariño la moción, hemos atendido a sus explicaciones y de entrada quiero decirle que la vamos a apoyar. Ahora bien, vamos a hacer algunas consideraciones.
Empezando por el final, hay una supuesta transaccional que este grupo no tiene; ni al que le habla ni al portavoz le ha llegado esta transaccional.
Qué duda cabe, y lo han dicho incluso los senadores que han presentado enmiendas, que cualquier intento que se haga en este país para avanzar en ciencia y tecnología es una manera de aumentar el bienestar de los ciudadanos y de apostar por el futuro y garantizarlo. Y ésa es la principal razón por la que nuestro grupo parlamentario va a apoyar la moción que usted ha presentado hoy aquí.
En relación con las enmiendas, ha anunciado que no las va a aceptar, por lo menos la del Grupo Parlamentario Socialista.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, con todo el respeto que tengo al senador Varela, he de decirle que personalmente no interpreté su frase de mejorar la cohesión territorial del Estado en el mismo sentido en que él lo hizo. Sé, y es verdad que en el Senado hemos tenido ocasión de verlo en algunos proyectos de ley, que el Gobierno tiene tendencia a uniformar muchas cosas, a veces pasándose de la raya. En este caso concreto interpreté que en el sistema de I+D+I de este país, con la complejidad que tiene, con todos los agentes que intervienen --universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, empresas, etcétera--, sería bueno aumentar la cohesión en el tejido nacional español para que fuéramos más eficientes, más competitivos y tuviéramos mejores actividades de I+D. No obstante, sería bueno que en la transaccional que me acaban de hacer llegar en este momento cambiaran la frase para despejar dudas. Considero que la enmienda del Grupo de Convergència i Unió aporta más claridad al decir: «...
mejorar la investigación científica y tecnológica en el Estado español».
Respecto al segundo punto, todo lo que sea aumentar la financiación de la investigación es una mejora, pero estando como estamos, a final de legislatura y empezando un nuevo plan de I+D+I 2004-2007, entiendo la postura del Grupo Popular de que quizá no sea pertinente poner tan rotundamente esa frase como prioridad absoluta de que se doble el porcentaje del 0,98.
En relación con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista sobre la importancia de crear una especie de conferencia sectorial de ciencia y tecnología, debo decirle, senador Abejón, que usted sabe que en el seno de la Comisión de Ciencia y Tecnología hicimos comparecer al director general del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y se puso de manifiesto que en el sistema I+D+I agrario y agroalimentario español hay una muy buena coordinación con las comunidades autónomas, quizá porque las transferencias en materia de agricultura fueron las primeras y fueron mayores. No existe una conferencia sectorial de ciencia y tecnología como tal, pero existe un Consejo General de Ciencia y Tecnología con unas funciones similares y, desde ese punto de vista, no me parece sustancial esa parte de la aportación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, aunque sí la que señala --aunque no es tan rotunda como la de Convergència i Unió-- la necesidad de converger y aumentar el marco financiero para que sea suficiente, aunque nunca lo es del todo, y los que trabajamos en ciencia y tecnología y tenemos un «background» lo sabemos, y los propios investigadores siempre reclaman que nunca los fondos son suficientes.
Dicho eso, sin dejar de admitir algunas de las ventajas que tienen las enmiendas constructivas que han presentado los grupos de la oposición, nuestro grupo votará a favor de la moción.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Arroyo.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad, señor Abejón, es que este senador estuvo pensando en presentar una enmienda y al final no lo hizo porque realmente iba a ocurrir lo que está ocurriendo, que el Grupo Popular no la iba a aceptar porque está defendiendo otras cosas, otras iniciativas, y no iba a escuchar las buenas sugerencias de la oposición.
En primer lugar, tengo que hacer la reflexión siguiente: Si un partido que se propone crear en su nueva etapa de gobierno, como fue la segunda del Partido Popular, un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología; si un partido que cree de verdad en que ese ministerio va a modificar sustancialmente la situación de la ciencia y de la tecnología en España; si un partido está convencido de que todo esto se ha realizado, no hubiera presentado esta moción. Y no me vale el argumento que usted nos acaba de dar en la explicación de la no aceptación de las enmiendas de los grupos de Convergència i Unió y Socialista diciendo que ahora se empieza a ver un espíritu nuevo, porque han tenido en cuatro años un ministerio y tres ministros.
Ahora están haciendo ustedes un esfuerzo que tiene que ver más con el «marketing» que con un verdadero convencimiento; y parece que lo están haciendo ustedes para poder decir en ese proceso electoral que dentro de poco se va a abrir que la ciencia y la tecnología vuelve a ser para el Partido Popular una de las asignaturas pendientes, uno de los objetivos clave, un verdadero compromiso social, económico y político. Pero eso no es cierto, y ustedes lo acaban de demostrar por medio del mejor argumento. Me refiero a la enmienda transaccional presentada a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Ustedes no son capaces de aceptar algo que dice ese grupo: que se doble el 0,98 por ciento que actualmente destinamos a I+D antes del año 2010. Ni siquiera aceptan ustedes la propuesta de que se llegue al 2 por ciento. Y eso que ese 0,98 por ciento incluye los famosos gastos en temas de investigación militar, entre otros, por ejemplo, el enviar hasta cerca de la Luna a ese señor astronauta que tenemos por ahí o traernos un tanque por 14 millones de euros para pasearlo por las calles de Madrid, cosa que también se hizo con cargo a los gastos de investigación y desarrollo.
Señor Abejón, desde el absoluto diálogo con el que siempre participamos en esta Cámara, debo decir que la cooperación con las comunidades autónomas ha sido poca. En la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado mantuvimos un debate con los consejeros representantes de las comunidades autónomas cuando todavía estaba la ministra, y la queja principal de aquellos consejeros se centraba en que sí estaban de acuerdo con todos los convenios de cooperación, pero que se necesitaba dinero. Y dinero no ha habido.
Los convenios firmados son escasos porque no ha habido financiación. La financiación está pendiente, como lo está también el pago a los investigadores de las investigaciones realizadas durante los dos últimos años, y como está asimismo pendiente el que se tome finalmente una postura decidida y valiente, y aprovecho esta oportunidad para decir algo que ha ocurrido, y que fue vergonzoso, en la última reunión de ministros de Ciencia y Tecnología con lo de las células madre. Resulta que después de haberse aprobado en el Senado el informe de la correspondiente ponencia y después de aprobarse la ley, el señor ministro de Ciencia y Tecnología ha tomado la posición más conservadora que pueda existir en Europa. Y después de que en el Senado se ha pedido que en el próximo plan de ciencia y tecnología se incluyese la investigación --con las limitaciones que ustedes proponen, las aceptamos--, resulta que hasta eso se ha demorado o ha quedado pospuesto.
Nuestro grupo siempre ha propuesto tanto aquí como en otros foros --por ejemplo, yo lo he dicho en una conferencia celebrada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en nombre y representación del grupo al que pertenezco-- el establecimiento de un pacto de Estado para la ciencia y la tecnología, porque precisamente hay que modificar en nuestra sociedad la cultura que hoy existe en torno a la ciencia y en torno a la utilización de la tecnología. Pero no se trata de un pacto político de Estado como se pretende hacer creer, no. Se trata de un pacto mucho más profundo, y es que la política se tiene que enraizar justamente allá donde la investigación surge. Se trata de un pacto con los empresarios, con las universidades que investigan con grandes, con enormes dificultades de financiación. Es un pacto con los centros tecnológicos. Es un pacto, finalmente, con las comunidades autónomas, que son las verdaderas impulsoras de la investigación ya que ellas son las que se han comprometido con la introducción de la tecnología y de las empresas en su territorio, sea cual sea su estructura industrial, agrícola o de servicios. Es un pacto que supone la modificación sustancial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas vinculándolo a las instituciones existentes en Alemania o en Inglaterra, el Max Planck o la Royal Academy, para cambiar la asignación del CSIC logrando que deje de ser un mero instrumento para la evaluación de los programas no científicos y lo sea de los propios programas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para quitarle la burocracia que actualmente existe en ese organismo y convertirlo en un centro evaluador de la excelencia y de la eficiencia de los proyectos de investigación.
En numerosas ocasiones nuestro grupo ha planteado --y vuelve a hacerlo ahora con motivo de la presentación de esta moción-- la necesidad de crear algo similar a una especie de senado de científicos que verdaderamente sean los depositarios de ese ámbito para marcar las pautas de los planes de ciencia y tecnología aprobados finalmente por las Cortes Generales, pero donde las comunidades autónomas recojan, expongan y planteen también cuáles son los proyectos y objetivos que allí se formulan, de forma que verdaderamente exista una coordinación financiera, y no como sucede en el caso vasco, que además de financiarse con recursos propios y ahorrados con esfuerzo, contribuye vía cupo, porque no tiene transferidas las competencias en esta materia, a la financiación
de la ciencia y la tecnología en el Estado español. Como ha dicho uno de los portavoces que me ha precedido en el uso de la palabra, ése es el gran fracaso de uno de los objetivos de la política del Partido Popular planteado a bombo y platillo por su presidente a comienzos de esta legislatura.
Señorías, esta moción es precisamente la expresión de ese ámbito. Cuando apenas queda un mes para que todos estemos licenciados de este Senado, cuando ya no hay capacidad operativa para actuar en las instituciones políticas, el hecho de que nos digan que se proponen plantear una modificación sustancial de lo que ha sido la política del Partido Popular es algo poco creíble, sobre todo cuando el candidato ni siquiera ha afirmado que, si gana las elecciones --y lo digo de forma condicional--, mantendrá el Ministerio de Ciencia y Tecnología, algo que personalmente dudo que así sea, como creo que también dudan muchos de los senadores aquí presentes.
Por ello entiendo que hemos perdido otra gran oportunidad. Hemos mantenido un debate sobre lo que pensamos los señores senadores de la oposición y lo que piensan los representantes del Grupo Popular.
Nuevamente hemos pasado una tarde amena en un debate que no nos conduce a ningún sitio. Esperamos que la ciencia y la tecnología continúe siendo algo pujante en el Estado gracias a los agentes investigadores, al impulso empresarial, a la vocación científica de nuestras universidades y al empeño de las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, del texto original de la parte dispositiva de la moción del Grupo Parlamentario Popular, y más allá de nuestro juicio, no pertinente en este caso, sobre la cohesión y de un redactado francamente soso o poco comprometido, se desprenden dos posibilidades: o que el Gobierno ya estimula la colaboración con las comunidades autónomas en proyectos de I+D+I, pero el Grupo Parlamentario Popular opina que debe hacerlo todavía más, lo cual nos parece correcto, o que el Gobierno no lo hacía suficientemente y que debe hacerlo con mayor ahínco, lo cual también nos parece bien. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Cualquiera de las dos interpretaciones es adecuada para ser tenida en cuenta en el nuevo Plan Nacional de I+D+I para el período 2004-2007, y por tanto, y aunque no debería ser necesario formular y aprobar este tipo de mociones, todo invita en principio a votar a favor de la misma, a pesar de las discrepancias del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés con la política científica de este nuevo ministerio que, a nuestro juicio, todavía no acaba de encontrar su espacio.
En cualquier caso, y a pesar de esta predisposición inicial, las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Socialista aportan una mayor concreción y compromiso. El hecho de que el Grupo Parlamentario Popular no las acepte nos despierta una inevitable desconfianza sobre las intenciones y el alcance de la moción; una desconfianza que no se produciría en caso de incorporación de las enmiendas. Por cierto, nos cuesta entender que el Grupo Parlamentario Popular no acepte, por ejemplo, un margen en el objetivo de 2010 de entre el 1,7 y el 2 por ciento. Esto no parece descabellado, puesto que cualquier razonamiento indica que es posible alcanzar estas cifras, sobre todo si la precisión no es mucha.
Por esas razones, señor Abejón, si los enmendantes estuvieran satisfechos con esa transacción, nosotros, a pesar de las discrepancias que tenemos con la política de la Administración, estaríamos satisfechos y votaríamos favorablemente la moción. Puesto que no es así, y nos parece comprensible que no sea así, votaremos que no a la moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Gibert.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Es una verdadera lástima no poder aceptar esta transacción y no poder llegar a un acuerdo, porque, como he dicho antes, el texto original de la moción, que es el que al final vamos a votar si no se aceptan las enmiendas, es horroroso, señor Abejón, se lo digo con todos los respetos.
Es, en resumen, lo siguiente: A través de la ciencia hacia la unidad de la patria. Esto es la moción y es lamentable. Lo que deberíamos decir es:
A través de aumentar la ciencia, hacer progresar a este país. Esta es la moción y el sentido de las enmiendas del Grupo Socialista y del nuestro; es decir, a través de la ciencia mejorar el progreso del país.
En nuestro segundo apartado de la enmienda proponíamos tener como prioridad absoluta, dada la importancia de la ciencia para el futuro del país, en próximos presupuestos el objetivo de doblar antes del año 2010 el porcentaje del PIB que destinamos a I+D. Ustedes nos proponen una enmienda que dice que en el 2010 se logre entre el 1,7 y el 1,8, mientras que nosotros pedimos que antes de 2010, como mínimo se llegue al doble de lo que hay ahora, o sea, al 2 por ciento.
Lo que ha dicho el señor Gibert es lo que hemos dicho nosotros. ¿Por qué no aceptan un margen de flexibilidad entre el 1,7 y el 2 por ciento para que se vea la voluntad del Gobierno de aumentar esos presupuestos? El objetivo, señor Abejón, y usted lo sabe perfectamente, de la Unión Europea, tal como se plasmó en la Conferencia de Barcelona el año pasado, es el 3 por ciento del PIB como media. Hay países que están trabajando a fondo sobre esto y nosotros estamos jugando con el pan de nuestros hijos al no ser mucho más exigentes con esos temas, señor Abejón.
El señor Albistur hablaba de un pacto de Estado. Ha salido hace pocos días otro manifiesto de científicos que también lo pedían. Por lo que se ve aquí, no es posible hacer este pacto de Estado que pedimos. Nuestra enmienda decía que se tuviera como prioridad absoluta doblar el porcentaje. Ustedes en la enmienda ponen orientar la política presupuestaria, lo que es mucho más suave. Pongan unos topes claros. Si el objetivo de la Unión Europea es el 3 por ciento en el 2010, por lo menos tengamos el dos. Si no aceptan esta enmienda, esta voluntad de diálogo, es porque no tienen voluntad de progresar en esta cuestión y nos veremos obligados a rechazar la moción si no aceptan la transaccional, ya que su moción es horrorosa, lamentable. ¡Con la ciencia hacia la unidad! Es lamentable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor presidente.
Señor Abejón, sin ánimo de provocación, porque sé que seguramente lo habrá leído, le recomiendo la relectura de un libro publicado en 1998 por Cotec, organización nada sospechosa de ser ni rosa ni roja ni nada de esto, titulado «El Sistema Español de Innovación: Diagnósticos y Recomendaciones»; responsable de esta área el señor Rajoy, candidato a la Presidencia del Gobierno de España en las próximas elecciones. También le recomiendo, aunque sé que lo habrá hecho, la lectura del informe del Consejo Económico y Social, especialmente las páginas 16 y 17, sobre el estado actual después de la evaluación del plan anterior de desarrollo e innovación tecnológica, analizando el próximo programa 2004-2007.
Hagan una lectura sosegada, tranquila, pausada, reflexiva. Lleguen ustedes al diagnóstico adecuado. Lo tienen muy fácil. Sólo hace falta que sepan leer con tranquilidad, sin crispación, relajados, sin pensar en la cohesión de España, sin utilizar este argumento para alimentar la crispación basada en el nacionalismo o no nacionalismo centralista o descentralizado. Hagan una lectura sectorial tranquila, señor Abejón, y llegarán a conclusiones adecuadas que les permitirán aceptar sin lugar a dudas las propuestas que la oposición hace, las aportaciones que intenta hacer en esta Cámara.
Le decía en mi anterior intervención, señor Abejón, que compartíamos y compartimos la filosofía de la exposición de motivos. Le decía que compartíamos y compartimos que la planificación es un instrumento adecuado para desarrollar adecuadamente --valga la redundancia-- la política científica y tecnológica de nuestro país. Ahora bien, al igual que decía el senador Gibert, le pregunto: ¿Es que no lo han hecho así? ¿Es que después de ocho años nos vienen a decir que no lo han hecho así? ¿Es que después de haber tenido una Secretaría de Estado, un responsable como el señor Rajoy, un ministro como el señor Piqué, una ministra como la señora Birulés, el Gobierno no ha actuado en materia de ciencia e investigación tecnológica con cabeza? ¿Es que no lo ha hecho planificando, programando y presupuestando adecuadamente? Si lo ha hecho en el pasado no entiendo la razón de esta iniciativa. Pero si no lo ha hecho, ¿creen de veras que un Gobierno con fecha de caducidad puede en estos momentos plantear a través de su grupo parlamentario una iniciativa para cubrir sus deficiencias? Yo creo, señor Abejón, que a pesar de toda la buena voluntad que usted pone al dedicarse a este espacio sectorial de la política, el tema de la innovación en estos momentos está siendo utilizado y manipulado, quizás con su consentimiento o quizás no, para un interés electoral claro, como decía uno de los senadores que me han precedido.
Mire, señor Abejón, sin lugar a dudas, aquí hay unos datos reales, contrastados, una estadística que indica, primero, que en España existe un escaso peso de la inversión y el gasto en I+D+I en relación con el PIB. No manipule los datos, señor Abejón. No los manipule. Por lo menos no los maquille. Dice que se ha duplicado el gasto. El gasto, ¿sobre qué?, ¿el gasto bruto?, ¿en términos de cifras absolutas o en términos de PIB? Porque si en el año 1996 el gasto en I+D era entre el 0,83 o el 0,86
--depende de los estudios--, y ahora estamos en el 0,96, dígame usted qué calculadora tiene para que la multiplicación le dé ese duplo que usted apunta, porque seguramente a los trabajadores y a las amas de casa les interesaría conocerla para duplicar las escasas pensiones y los escasos salarios que les permitan llegar adecuadamente a fin de mes.
Señor Abejón, cifras reales de la estadística oficial del Gobierno: en el año 1995, entre el 0,83 y el 0,86 del PIB; en el año 2003, el 0,96. Lo dice el informe del propio Consejo Económico y Social, no lo dice este senador. Por tanto, dígame de dónde saca usted esa duplicación, porque, al menos en las calculadoras y en lo que a mí me enseñaron a multiplicar en la escuela, hubiera sido, cuando menos, de un 2,1 o un 2,2.
Sin lugar a dudas, ustedes han apuntado una serie de datos referidos a la necesidad de impulsar la innovación y la investigación y de apostar por la ciencia y la tecnología, y reitero que en el Grupo Parlamentario Socialista no sólo compartimos, sino que estaríamos dispuestos a apoyarle si realmente creyésemos en la sinceridad de esa propuesta, porque también entendemos que en España existe una gran imaginación creativa, existe una gran potencia en nuestra inteligencia y existe una gran capacidad de innovación que hace falta incentivar para evitar su diáspora a otros países, la dispersión de cerebros. Sin embargo, seguimos padeciendo un fuerte atraso en materia de innovación, falta espíritu innovador en las empresas, la demanda ha bajado, la potencia de investigación destructiva se incrementa y sólo basta ver de ese gran potencial y cifras de innovación que ustedes se apuntan, cuánto dedica España de gasto público a fabricar armas: un 0,34 por ciento de ese 0,96, es decir el 0,34 del 0,96 que ustedes apuntan está dedicado a innovación destructiva, no a innovación creativa.
Señor Abejón, no se atienden los factores fundamentales de la innovación pensando con perspectiva de futuro, de creación, de industria, de competitividad, de productividad, de servicios compartidos, de cohesión territorial, de
igualdad social, ahí es donde debía centrarse precisamente la apuesta innovadora de nuestro país.
Las perspectivas para el período 2004-2007 podrían haber sido más esperanzadoras sólo con que ustedes hubieran hecho una vez un ejercicio de flexibilidad aceptando que también los grupos de la oposición tienen ideas que pueden ser aprovechadas, y no instalándose en ese muro de inflexibilidad, de pensar que ustedes tienen la verdad absoluta, que son el partido único, que mantienen una filosofía que no puede ser compartida, ni siquiera en un pequeño espacio, con los miembros de la oposición.
Señor Abejón, estamos de acuerdo con la fase expositiva, excepto en aquello que hace alusión a la utilización perversa de la innovación para la utilización política desde el punto de vista de cohesión política y territorial. Tienen un instrumento. Usted apuntaba, en una crítica a mi exposición inicial, al Consejo de la Ciencia. Señor Abejón, usted sabe la gran diferencia existente. Sabe que la propuesta de conferencia sectorial que el Grupo Parlamentario Socialista propone en su enmienda tiene un carácter vinculante.
¿Por qué se niegan ustedes a que en el Ministerio de Ciencia y Tecnología exista una conferencia sectorial, como ocurre en el resto de los ministerios? ¿Cuál es el problema? Ustedes saben que en ella participan las más altas instancias de dirección a nivel de consejerías de las comunidades autónomas para decidir de forma compartida precisamente aquello que afecta a cada una de ellas y a España en su conjunto, desde esa perspectiva solidaria que comparte el Grupo Parlamentario Socialista, y sólo les quiero alertar de una cuestión...
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor CHIVITE CORNAGO: Señor presidente, si me permite, medio minuto y termino.
Señor Abejón, en materia de innovación han fracasado en la fase previa con el señor Rajoy; han fracasado en la segunda fase con su ministerio y han fracasado en la tercera con esta propuesta. No puede ser que ustedes sigan manteniendo aquella frase que queremos desterrar, que dice lo siguiente: que inventen ellos y nosotros nos aprovecharemos. Queremos inventar todos y compartir esa inteligencia que, sin lugar a dudas, españoles y españolas, vivan en el territorio en que vivan, están dispuestos a aportar al conjunto de España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chivite.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador señor Abejón.
El señor ABEJON ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Lo más importante de la moción presentada, de las enmiendas y del debate enriquecedor que ha tenido lugar en esta Cámara, es que las diferencias que se pretenden agrandar no son tales, y no lo son por lo siguiente: lo más importante que le puede ocurrir en estos momentos a la ciencia y la tecnología española es que converjamos con Europa a más velocidad que lo hacen los demás países. ¿Estamos o no todos de acuerdo con que España está a la cabeza de esos países? (Varios señores senadores: ¡No, no!) Díganme por qué no. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor ABEJON ORTEGA: Serán los únicos que piensan que España no está creciendo por encima de Francia, Reino Unido, Italia, etcétera, que anteriormente crecían más que nosotros. Por tanto, lo importante es seguir convergiendo, y esa convergencia nos ha de llevar a situarnos cada vez más cerca de otros países con una tradición de 50 y 100 años en investigación, como Francia, por citar un ejemplo; es decir, en cinco años no podemos realizar un esfuerzo que a otros países les ha costado cincuenta; tendría que preguntar a muchos de los intervinientes que están gobernando en este momento las comunidades autónomas si sus respectivos gobiernos aquí representados están de acuerdo con lo que se ha propuesto, porque no solamente ha de haber un esfuerzo inversor en el Plan Nacional de I+D sino también en los planes autonómicos de I+D, en el sector empresarial, en los ayuntamientos, en las corporaciones locales, en otros estamentos, etcétera; que yo sepa, en Europa, a la hora de medir el tanto por ciento del gasto en I+D se tiene en cuenta tanto el sector público como el privado, y no es sólo cuestión de que los Presupuestos Generales del Estado destinen un 1,8 por ciento del PIB.
Este debate es muy importante, como lo es, repito, que converjamos con Europa en todo. Como saben sus señorías, uno de los capítulos en investigación, desarrollo e innovación es el relativo a personal. Este no es un ministerio inversor y su capital se dirige principalmente a recursos humanos. Se habla de las cantidades que corresponden a España y al resto de Europa, pero también habrá que ver cómo está la vida en determinados países de Europa y cómo está en España. No es lo mismo lo que cuesta en España un investigador que lo que supone en Europa.
¿Algunas de sus señorías me puede decir que no es cierto que hemos pasado desde el año 1996 a 2003 de 50.000 a 83.000 investigadores, es decir, 33.000 más? Ha supuesto, por tanto, un esfuerzo muy considerable.
Pero escuche, señor Chivite --espero que me escuche--: en el año 1983 la cantidad de personas que trabajaba en España no llegaba a 12 millones y en la actualidad son 17 millones; en 1996 exactamente lo mismo, no llegaba a 12 millones, con lo cual entre 1983 y 1996 las cifras se estancaron, mientras que ahora hay 5 millones más. Hemos aumentado 33.000 investigadores, con lo que si dividimos los investigadores entre el empleo creado --5 millones-- el resultado es seis investigadores por cada empleo, lo cual es muy superior a la media europea.
Lo que no se me puede decir es que eso es usar mal la calculadora porque si dividimos el número de investigadores del año 1996 --50.000-- entre los trabajadores --12 millones-- daba 4, y si ahora dividimos 83.000 investigadores
entre 15 millones nos da 4,5, luego no ha habido esfuerzo. Esa no es la realidad. ¿Qué queríamos, que España no hubiese subido en empleo? ¿Qué queríamos, que España no hubiese subido en investigadores? Esa es la realidad. Usted puede decir que tenían unos datos favorables de investigadores respecto de la tasa de ocupación, es decir, respecto de 1.000 ocupados, pero nos estamos acercando a Europa y ya ve que el porcentaje es importante.
También han dicho que no se ha hecho esfuerzo, que ha habido un ministerio innecesario, que ha habido tres ministros y que el señor Rajoy empezó con la política de innovación. Señor Chivite, es usted al único que he escuchado que en España no ha habido política de innovación.
(Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡No, no!) Yo le animo a que vea las cifras del plan nacional: 2,1 por ciento del PIB en innovación, las previsiones para 2005 y las previsiones del 2,5 por ciento del PIB para 2007. (El señor Chivite Cornago muestra un documento a la Cámara.) Eso a usted le parecerá poco porque viene aquí con un informe del CES, pero, señoría, los informes oficiales los da el Instituto Nacional de Estadística. Usted es un afortunado porque ya tiene lo de 2003, pero no creo que nadie de la Comisión de Ciencia y Tecnología se atreva a dar ni lo de 2002 --el señor Varela ha hablado aquí de 2001, yo le digo que podemos estar en el 0,96 por ciento del PIB en el gasto de I+D aproximadamente y que esas cifras van a subir en 2002--. Le repito, señor Chivite, que la próxima semana el Instituto Nacional de Estadística va a dar las cifras del gasto de I+D en España, ya verá como es diferente al que tenemos ahora y que se habrá incrementado, pero el de 2003 lo sabremos dentro de un año aproximadamente.
Por lo tanto, se ha realizado un esfuerzo como nunca se había hecho en la política de I+D y, le guste o no, le tengo que decir que con calculadora o sin ella --porque no me hace falta calculadora--, es decir, con bolígrafo y papel, en el año 1996 en España se dedicaban 1.115 millones de euros a investigación y hoy se dedican más de 4.400 millones a I+D.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Dice también usted que la empresa se ha desfondado, que la empresa se ha desanimado, que la empresa no gasta en innovación, que la empresa está de espaldas. Con los datos que le acabo de dar de cada vez más dinero y cada vez más empleos, la empresa dedicaba en España antes alrededor de 1.115 millones de euros y un 46 por ciento era de la empresa privada --ya ve usted qué cantidad: unos 460 millones de euros--, y ahora dedica un 52 por ciento de 4.000 y pico millones de euros. Creo que la diferencia es clara y que no se puede cuestionar que no hay una política de innovación en el sector empresarial.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología era necesario. ¿Que ha habido tres ministros? Positivo, no veo por qué el que haya habido tres ministros sea negativo, han dado lo mejor de sí mismos en el tiempo que han estado y han sido enriquecedoras las ideas de los unos y las ideas de los otros.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Me puede decir su señoría que un ministro es muy bueno, pues si está mucho tiempo fenomenal, pero no siempre las personas son tan eficientes en los cargos públicos. Luego no creo que sea cuestionable y que se pueda decir que porque ha habido tres ministros en un departamento no hay política adecuada, o decir que la política inicial del señor Rajoy también era equivocada. Por lo tanto, creo que la política de I+D del Gobierno es esperanzadora.
Senador Chivite, a usted le voy a entender porque no es miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología, sin embargo, nunca podré entender que mis compañeros, en el penúltimo Pleno de esta legislatura, no admitan las dos transaccionales. Y, en este sentido, me gustaría conocer la opinión de todos los consejeros de las comunidades autónomas sobre si están o no de acuerdo con que, en el año 2010, España dedique el 1,8 por ciento del producto interior bruto a I+D.
Senador Varela, en relación al primer punto, le diré que hemos llegado a lo que usted había señalado; por tanto, no es cierto que haya un muro o que hagamos demagogia. Ustedes saben que trato de dialogar, de llegar al máximo consenso, pero creo sinceramente que subir una décima del producto interior bruto cada año, desde este momento hasta 2010, es algo muy importante y, desde luego, que hemos perdido una oportunidad para firmar una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor ABEJON ORTEGA: Ya termino, señor presidente.
Estoy de acuerdo en que la política de I+D debe ser de consenso, de diálogo, y no de enfrentamiento y, sobre todo, debe ser una política de bienestar para los ciudadanos; por ello, hemos defendido que todas las comunidades autónomas, que es donde se tiene que desarrollar esta política, crezcan en innovación, en desarrollo, en investigación, y en definitiva, que crezca la calidad de vida de todas las personas que habitan el territorio español.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a estimular la colaboración con las comunidades autónomas en proyectos enmarcados dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el período comprendido entre los años 2004 y 2007.
Se somete a votación la moción tal como fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sin la aceptación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 138; en contra, 81; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE PROMUEVA LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS NECESARIAS PARA QUE LAS VIUDAS QUE MANTENIAN RELACION DE CONVIVENCIA ESTABLE COMO PAREJAS DE HECHO CON LOS MILITARES FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE DEL AVION YACOLEV 42 PERCIBAN LA CORRESPONDIENTE PENSION DE VIUDEDAD (662/000355).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que promueva las iniciativas legislativas necesarias para que las viudas que mantenían relación de convivencia estable como parejas de hecho con los militares fallecidos en el accidente del avión Yacolev 42 perciban la correspondiente pensión de viudedad. A esta moción no se han presentado enmiendas. Para su defensa, tiene la palabra el senador Romero.
El señor ROMERO CALERO: Con la venia, señor presidente.
Subo esta tarde a la tribuna para defender una moción del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la propuesta de que se adopten las medidas legislativas necesarias dirigidas a que determinadas mujeres, compañeras de militares que fallecieron en el accidente del Yacolev 42, puedan percibir una pensión. (El señor vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Y expongo esta cuestión esta tarde después de que el pasado día 26 de noviembre, en el Pleno de control al Gobierno, el senador Laborda planteara una pregunta en relación con este mismo asunto y de que en el debate el ministro de Defensa explicara, de una manera expresa, que la propuesta apuntada por el senador Laborda acerca de adoptar una solución excepcional podría ser explorada. Quiero recordar las palabras textuales del ministro de Defensa, señor Trillo, que en cualquier caso figurarán en el «Diario de Sesiones», planteando que, efectivamente, dada la condición de excepcionalidad de la situación a la que nos estábamos enfrentando, merecería la pena explorar una solución también excepcional. Nuestra propuesta se enmarca, por tanto, en una solución excepcional a una situación excepcional, no en la aplicación de un determinado marco legislativo.
Adelanto ya a sus señorías que no voy a invocar esta tarde que se tengan en cuenta determinadas normas o preceptos, sino que lo voy a situar exactamente en los términos en los que lo estoy planteando. Se trata de que al regreso de una misión en Afganistán un avión sufrió un accidente, y no me voy a entretener ahora en profundizar sobre las causas del accidente, sobre las responsabilidades que se pudieran derivar o no, sino que lo que nos interesa esta tarde es centrarnos exclusivamente en la situación en que quedan las cuatro viudas-- entre comillas pero desde el punto vista social y familiar indudablemente viudas--, cuando al dolor que les ha supuesto la pérdida de un ser querido, en este caso de su esposo-- entre comillas pero su esposo también en términos sociales y familiares--, se une el hecho de que el Estado, basándose en que hay una laguna legal que no posibilita la aplicación de ninguna norma de las que en este momento están en vigor para atender estas contingencias, deja a estas personas en el más absoluto desamparo.
Por tanto, señorías, desde la perspectiva de encontrarnos en una Cámara legislativa con capacidad para tal fin, proponemos que se adopten las iniciativas legislativas necesarias para poder resolver esta circunstancia, pero no que se apliquen determinados preceptos o normas, ya que, independientemente de la opinión que nos merezcan las determinadas formas de convivencia familiares que se producen de hecho en España hoy día --cuando estamos celebrando el XXV Aniversario de la Constitución, en la que seguro que caben diferentes formas de convivencia familiares y todas resultan igualmente respetables-- porque no existe un documento que consagre de forma convencional la relación o unión matrimonial de cuatro de los militares fallecidos con sus respectivas compañeras, es decir, las personas con las que convivían de manera regular y estable, no de forma esporádica --incluso dos de ellas son madres de hijos de estos fallecidos-- estas personas quedan al margen de cualquier tipo de cobertura.
Pues bien, señorías, lo que estoy haciendo esta tarde es un llamamiento a sus conciencias, a la de todos y cada uno de ustedes, de manera que no decimos que el Grupo Parlamentario Socialista inste a que se promueva esta o aquella iniciativa concreta sino que, en el marco de la potestad de proposiciones legislativas que sin duda tiene el Gobierno, se adopten aquellas propuestas que se considere que mejor pueden resolver esta cuestión.
Es más, señorías, estoy un poco defraudado, porque estaba plenamente convencido de que el grupo mayoritario de la Cámara presentaría una enmienda a esta iniciativa que permitiera su aceptación por parte de todos los grupos y que de alguna manera supusiera arrojar algún tipo de luz sobre la cuestión que nos ocupa, pero, al no haberse presentado ninguna enmienda, deduzco de la práctica parlamentaria habitual que el grupo mayoritario va a rechazar la iniciativa.
En este sentido, desde esta tribuna ofrezco al Grupo Parlamentario Popular la retirada de nuestra moción si se acepta una enmienda transaccional «in voce» que me atrevo a formular con la pretensión de que el Gobierno estudie este asunto, es decir, lo único que queremos es que no se bloquee la posibilidad de que estas personas puedan ser objeto de una cobertura excepcional, dada la situación excepcional que viven.
Y hago esa propuesta, señorías, no de una manera arbitraria sino sobre la base de antecedentes que se dan en las propias Cámaras legislativas.
Dichos antecedentes no son relativos a casos exactamente iguales pero sí excepcionales también. Así, mi compañero, el senador Laborda, apuntó en la sesión de control a la que antes me he referido que, como consecuencia del asesinato perpetrado por ETA de un médico funcionario de la prisión del Puerto de Santa María, las Cortes, el Congreso de los Diputados y el Senado, arbitraron iniciativas dirigidas a dar cobertura de pensión a la viuda de dicho funcionario, que, por cierto, no
había completado las cotizaciones necesarias. Entonces no se pidió que se le aplicase una pensión sino que se estudió la mejor forma de desbloquear el tema, que en aquella ocasión fue mediante una iniciativa legislativa expresa a tal fin.
En otro orden de cosas, y como consecuencia del asesinato en atentado terrorista del diputado electo Muguruza, recordarán que la Mesa del Congreso y la Mesa del Senado, de manera unánime, adoptaron un acuerdo para que, a efectos de la indemnización que pudiera corresponderle a la familia, se considerara que tenía la condición plena de diputado, siendo necesario, como bien conocen sus señorías, para adquirir la condición plena de parlamentario el juramento o promesa de la Constitución Española, hecho que no se había producido, porque no había dado tiempo.
Es decir, ante una situación excepcional, el asesinato de un diputado electo, las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado, respondieron también con una solución excepcional. Y ante el asesinato de estos dos ciudadanos, el médico de la prisión del Puerto de Santa María y el diputado electo señor Muguruza, en ambos casos se planteó una solución excepcional a una situación excepcional. Es ahí justamente donde a mí me gustaría que situáramos el debate de esta tarde: en la excepcionalidad y en la capacidad que tiene el Poder Legislativo para abordar situaciones singulares, que no están enmarcadas en el tratamiento ordinario del ordenamiento jurídico, pero que no pueden ser ajenas a la sensibilidad y a la conciencia que tenemos todos y cada uno de nosotros, en tanto que representantes elegidos por los ciudadanos y las ciudadanas españoles.
Señorías, insisto en que la situación de estas cuatro señoras no ya merece, sino que exige por nuestra parte el que podamos abordar una solución que satisfaga el desamparo en que se van a encontrar si simplemente nos limitamos a que se aplique la legislación vigente. Si la cuestión se situara en el ámbito de aplicación de la legislación vigente, naturalmente no tendría que ser objeto de una iniciativa parlamentaria como la que esta tarde debatimos. Porque la situación es singular, es por lo que también hemos planteado una iniciativa singular, y hemos estimado que la mejor era instar al Gobierno a que promoviera medidas legislativas, que no decimos cuáles ni tampoco las proponemos.
No hemos presentado en el Congreso de los Diputados --que podríamos haberlo hecho-- una proposición de ley, porque creemos que éste no es un asunto del Grupo Parlamentario Socialista, sino que es un asunto de Estado, y como tal debe tener una respuesta de consenso y una respuesta unánime del conjunto de los grupos. Si aún así el Grupo Parlamentario Popular estima que mandatar expresamente al Gobierno de la nación a que adopte iniciativas legislativas en esta materia puede ser conflictivo, a la hora de poder aceptar una propuesta de esta naturaleza, mi grupo está en disposición de retirar la moción y de proponer una transaccional, que aceptemos todos los grupos, no ya para que el Gobierno promueva las iniciativas legislativas necesarias, tal y como plantea la moción, sino para que el Gobierno estudie cuál es la mejor forma que se podría plantear para que estas cuatro señoras no se quedaran desamparadas de cobertura, como se van a quedar si no lo remedia, en este caso quien lo puede remediar, el Poder Legislativo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.
Para turno en contra, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Barquero.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, senador Romero, la verdad es que uno, a veces, tiene que defender posiciones que desde el punto de vista del corazón van contra lo que uno siente, pero no así en cambio contra lo que racionalmente se impone en determinadas circunstancias y en determinados casos. Además, agradezco su tono, y es admirable realmente la sensibilidad con la que ha defendido usted esta moción. Le felicito por ello. Por este motivo es obligado que comience mi intervención de oposición a esta moción mostrando solidaridad, mía y de mi grupo parlamentario y supongo que de toda la Cámara, con las familias de los fallecidos en este trágico accidente, y hacer extensiva esta solidaridad, admiración y apoyo a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que desempeñan tareas humanitarias en diversas zonas del mundo, y, cómo no, también con las organizaciones no gubernamentales que, en su labor siempre generosa, sacrificada y con peligro de sus vidas en ocasiones, tratan de mejorar las condiciones de vida de muchos ciudadanos del mundo.
Pero, senador Romero, tengo necesariamente que entrar en nuestra legislación para contextualizar el tema que usted plantea y para ver hasta dónde nuestra legislación complementa estas ayudas. Lo que aquí se pide es, desde un punto de vista del concepto de ley y de la generalidad de la ley, algo muy complicado, porque usted sabe perfectamente que según todos los clásicos, la definición de ley es «ordinatio rationis ad bonum commune», es decir, una ordenación racional para el bien común, y solamente cuando se demuestra que el interés general está implicado es cuando se pueden justificar leyes excepcionales.
Usted me ha relatado aquí los dos ejemplos anteriores del asesinato del funcionario de prisiones en Andalucía y el del diputado, señor Muguruza
--en aquel momento yo me encontraba en el Congreso de los Diputados-- pero tengo entendido, a lo mejor me equivoco, que aquí las indemnizaciones fueron indemnizaciones y no pensiones de viudedad, y a esto me voy a referir, porque es que lo que aquí se pide son pensiones de viudedad, no indemnizaciones. Por lo tanto, permítame que haga una breve exégesis de lo que es nuestra situación actual legal para, a partir de ahí, razonar en este momento el voto en contra.
Es verdad que usted se ha referido a la pregunta oral en el Pleno del Senado, formulada por el senador Laborda, sobre las previsiones del Ministerio de Defensa para reconocer el derecho a la pensión a parejas de hecho de militares fallecidos en actos de servicio, y a mí me parece importante
comenzar recordando algunos datos que entonces dio el ministro de Defensa. El señor Trillo-Figueroa aportaba al Pleno de la Cámara estos datos. Primero, que la tramitación de las pensiones a quienes correspondía se hizo de la manera más rápida posible por parte del Gobierno. Segundo, que como consecuencia de los 62 expedientes tramitados, se reconocieron un total de 129 pensiones, todas ellas de carácter extraordinario, 37 de viudedad, 59 de orfandad y 33 a favor de los padres. Se dictaron --es verdad aquello a lo que usted se refiere-- 4 resoluciones denegatorias de pensión a otros tantos convivientes de fallecidos sin una relación jurídica porque así lo establece nuestra normativa legal y de acuerdo, además, con las sentencias, que luego citaremos, del Tribunal Constitucional, sobre todo dos de ellas. Y decía el ministro que, al tener cerrada la vía de la legalidad --esto es, en mi opinión, muy importante--, el Gobierno intentó una aplicación analógica de la legislación de clases pasivas, y el Gobierno se encuentra con que la propia sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de noviembre de 1990 decía que tal aplicación analógica no es posible concretamente para la pensión de viudedad, porque el legislador la ha limitado al cónyuge que contrajo el vínculo legalmente. Si quiere, luego comentamos la posibilidad que usted apuntaba del ministro, porque tengo aquí sus palabras textuales, pero lo que interpreto de dichas palabras es la enorme dificultad de una excepcionalidad legal. Eso es lo que encuentro en sus palabras.
Conviene, en segundo término, señorías, señor presidente, analizar la normativa vigente aplicable al caso, así como el objeto de la misma y distinguir su contenido de otras cuestiones conexas, porque, aunque sea una redundancia decirlo, estamos en un Estado de Derecho y esto es muy importante.
De acuerdo con nuestra normativa vigente, la existencia de un matrimonio legal es requisito imprescindible para ser titular del derecho a percibir pensión de viudedad con la única excepción de aquellos convivientes que, habiendo fallecido su cónyuge, contrajeran matrimonio por estar unidos por un matrimonio previo y antes de la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modificó la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determinó el procedimiento a seguir según las causas de nulidad, separación y divorcio. Es decir, a quienes queriendo adquirir la condición jurídica de matrimonio no podían hacerlo porque no existía una ley que autorizara el divorcio se les concedió la pensión de viudedad a los supérstites. Cuestión de absoluta y total justicia, porque estando en disposición de contraer nuevas nupcias no podían hacerlo, mejor dicho no estaban en disposición de hacerlo porque no se había anulado y no era posible el divorcio o el matrimonio previo.
A todos estos se les concedió la pensión de viudedad.
Es evidente que la finalidad de esta medida no era la equiparación de derechos entre personas casadas y no casadas, porque éste es el fondo de la cuestión en la pensión de viudedad, sino dar una solución a quienes no habían podido contraer matrimonio por no estar regulado el divorcio en España.
En cuanto a la legislación actual, constituida por el artículo 38 del Real Decreto Legislativo 670/1987, sólo concede derecho de pensión --y dice textualmente-- a quienes sean o hayan sido cónyuges legítimos del causante de los derechos pasivos. El vínculo conyugal que atribuye el derecho al reconocimiento de la pensión de viudedad sólo se crea en el derecho español actual como consecuencia de la realización del acto jurídico del matrimonio entendido como unión monógama y heterosexual que, contando con los requisitos de capacidad legalmente exigidos y teniendo en cuenta el libre consentimiento de los cónyuges al efecto, se celebra de la forma prevenida legalmente, debiendo posteriormente inscribirse en el Registro Civil.
Hago referencia a todo esto, señoría --y estoy convencido de que es consciente de ello--, para que vea el enorme calado político de la moción que usted plantea aquí. Voy a seguir citando algún otro texto legal para que, como consecuencia de ello, vea usted la cantidad de normas jurídicas importantes que hay que modificar para resolver esta cuestión, para resolver un problema de quien, pudiendo en un Estado de derecho cumplir con las normas y adquirir la condición jurídica y los derechos y deberes consiguientes al matrimonio, no lo hace como opción personal. Esto es lo lamentable. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: Porque no les da la gana.) Otra cosa distinta es aquel que no puede contraer matrimonio, por ejemplo las parejas homosexuales. Pero aquí hablamos, y si no es así espero que me corrija, de parejas de hecho heterosexuales; si no estoy mal informado, son heterosexuales y, por lo tanto, de quien pudiendo hacerlo no lo hace. Dentro del concepto de lo que es Estado de Derecho, como opción personal, es absolutamente libre de no hacerlo, pero --y luego veremos y comentaremos algunas sentencias del Tribunal Constitucional-- tampoco hay por qué equiparar las consecuencias y derechos que se derivan.
Habría que modificar, por lo tanto, el mencionado artículo del real decreto legislativo y el artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social, porque, si no, creamos una discriminación entre quienes están acogidos al régimen de derechos pasivos y al de la Seguridad Social.
Además, y en todo caso, habría que ir a una regulación específica de esta forma de convivencia no matrimonial en el Código Civil. ¿Que es posible? Claro que lo es, todo se puede hacer, y simplemente se lo manifiesto aquí con la mejor intención para que usted vea --ya sé que lo ve, pero para que quede constancia de ello-- el enorme calado político y de modificación legislativa que esto supone, no para indemnización, repito, sino para adquirir una pensión de viudedad quien no está regulado jurídicamente por un vínculo matrimonial.
Porque no se puede equiparar la unión estable de pareja y el matrimonio al tratarse de instituciones diferentes que obedecen a opciones personales distintas, y más, como le he dicho, en el supuesto de la moción, ya que los afectados eran heterosexuales y podían haber optado por contraer matrimonio y llevar aparejadas consecuencias jurídicas diversas, tal y como ha consagrado el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, entre las que voy a comentar brevemente dos, la del 15 de noviembre de 1990 y la del 25
de abril de 1994. Dicho Tribunal viene declarando que la diferencia de trato en la pensión de viudedad entre los cónyuges y quienes conviven de hecho no es arbitraria o carente de fundamento, por lo que no viola el principio constitucional de igualdad, no resultando discriminatorio que la legislación positiva otorgue a los cónyuges determinados derechos dimanantes de la relación matrimonial que mantienen que no reconozca también a las situaciones de convivencia meramente de facto.
En esa línea dicho Tribunal ha declarado que el libre desarrollo de la personalidad no resulta impedido ni coartado porque al supérstite de una unión de hecho la ley no le reconozca una pensión de viudedad.
El Tribunal Constitucional manifiesta igualmente que el derecho a contraer matrimonio es un derecho constitucional, lo que no ocurre con la unión de hecho, aspecto este que es muy importante para el legislador. La unión de hecho no es un derecho constitucional, mientras que el matrimonio sí lo es. El vínculo matrimonial genera en los cónyuges una pluralidad de derechos y deberes que no se producen de modo jurídicamente necesario entre el hombre y la mujer que mantienen una unidad de convivencia estable no basada en el matrimonio y, en consecuencia, la diferencia de trato en la pensión de viudedad entre los cónyuges y quienes conviven de hecho, sin que nadie ni nada les impida contraer matrimonio, no es arbitraria o carente de fundamento según la doctrina del Tribunal Constitucional. Además, este razonamiento de nuestro Tribunal Constitucional resulta confirmado por las normas y convenios internacionales que igualmente exigen como regla general el previo vínculo matrimonial con el causante para tener derecho a las prestaciones de viudedad por fallecimiento de aquél. Igualmente, en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno la ley exige la existencia de vínculo matrimonial para reconocer el derecho a la pensión de viudedad. Por tanto, la extensión de la pensión de viudedad a quienes conviven de forma estable extramatrimonialmente está lejos de ser la pauta en la legislación internacional y en el derecho comparado.
Es cierto, sin embargo, que la unión de hecho o de pareja estable, minoritaria en nuestro país y en los de nuestro entorno, pero merecedora de protección y protegida en algunos aspectos, como veremos a continuación, avanza en el sentido de la protección, pero no pueden aplicarse analógicamente y por extensión a la materia de clases pasivas posibles beneficios que en otras áreas asistenciales, sin embargo, se han podido conceder por parte del Estado. Así, la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de noviembre de 1990, a la que me he referido últimamente, señala que la conclusión alcanzada, es decir, que no es posible jurídicamente la pensión de viudedad, no se altera por el hecho de que en otros supuestos muy distintos al de la pensión de viudedad el legislador haya equiparado al cónyuge con el concepto de análoga relación de afectividad. Por ejemplo, artículos 11 y 18 del Código Penal, artículo 3.a) de la Ley Orgánica...
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Señoría, vaya terminando. Puede hacer luego uso del turno de portavoces.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Termino, señor presidente.
Estaba poniendo como ejemplo el artículo 3.a) de la Ley Orgánica reguladora del proceso de Habeas Corpus, y un artículo de la Ley 5/1984, de regulación del derecho de asilo y de la condición de refugiado. Pero tales supuestos no admiten comparación en nuestro ordenamiento jurídico general con estos otros supuestos. Por tanto, señoría, yo quiero que comprenda el calado profundo de la reforma que usted plantea, y es que, de hacer leyes con carácter de excepcionalidad podríamos discutir también sobre la excepcionalidad o la singularidad de este caso, un concepto que, por cierto, yo no veo suficientemente demostrado. Señoría, vea usted la profundidad de la modificación en nuestro corpus legislativo, para que comprenda por otra parte la postura racionalmente contraria --que no con el corazón y con los sentimientos-- a la propuesta que plantea usted en su moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Barquero.
En turno de portavoces tiene la palabra el senador Cabrero por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor Presidente.
No se trata con esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista de entrar en las razones de fondo del dramático accidente que provocó la muerte de 62 militares españoles, pero sí queremos valorar desde Izquierda Unida, en el Grupo Parlamentario Mixto, la importante misión que han llevado a cabo, una misión de carácter tan profundamente humanitario, esos 62 españoles que fallecieron en un empeño tan arriesgado.
En este debate que hoy se plantea se debe poner sobre la mesa la voluntad política que debe existir --en la exposición del senador Romero creo que esto ha quedado claro-- para resolver un problema que es, efectivamente, consecuencia del déficit que existe en materia de Derecho, de reglamentación y en general de leyes que tienen que ver con los derechos de los cónyuges o de las parejas de hecho en caso de fallecimiento de alguno de ellos por accidente, etcétera.
Sin embargo, a pesar de esa petición de voluntad política e incluso de consenso respecto de una enmienda transaccional, de algo que permita un acuerdo político en esta Cámara, la respuesta en realidad es toda una retahíla sobre una determinada concepción absolutamente obsoleta de la pareja, de la familia, del matrimonio, una concepción anticuada y que no tiene nada que ver, desde nuestro punto de vista, con lo que hoy son las relaciones de pareja en una sociedad moderna. Por ello nos parece una barbaridad la respuesta que se le da a esa moción con esa voluntad de diálogo político y de resolución de un problema así. Es verdad que existe un déficit jurídico muy importante en relación con el derecho que se puede tener o no a algo cuando se trata de una relación regular de convivencia entre una pareja. Es algo que, si se quiere, también puede tener un carácter
de excepcionalidad en relación con la solución que hay que darle a ese problema. También es verdad que hoy existen, por ejemplo, problemas de herencia relacionados con parejas de hecho, problemas que se les generan a muchas viudas por falta de prestaciones de la Seguridad Social y muchos otros. Por eso se trata de poner en marcha una iniciativa legislativa, pero desde la voluntad política que se plantea por parte del ponente, que resuelva esa situación y permita que a las viudas, a las parejas de hecho en una situación regular de convivencia, como ocurre en el caso concreto de los militares fallecidos en el accidente del avión Yacolev 42, se les resuelva el problema de su derecho de prestación por viudedad. Salirse por otro sitio y trastocar el debate, cuando menos nos parece una desproporción, no sólo una concepción obsoleta y totalmente anticuada.
Así pues, manifestamos nuestro apoyo a esta moción, que tiene un carácter de excepcionalidad y que pretende que en el futuro se pueda aplicar un tratamiento como el que se plantea para casos similares, algo que nos parece razonable. Si ello significa que hay que reformar algunas de las leyes que tienen que ver con este tipo de prestaciones, hagámoslo y demos un paso cualitativo importante a fin de resolver ese déficit jurídico hoy existente en nuestra legislación vigente. Se trata de tener la voluntad y la valentía política necesaria para dar respuesta a cuestiones relacionadas con una nueva forma, más moderna y avanzada, de relación que se da en un Estado de Derecho y en la que considero --al hilo de la celebración del XXV aniversario de la Constitución-- que deberíamos seguir profundizando. Es preciso avanzar y dejar atrás una visión anticuada sobre ese tipo de relaciones.
Insisto, pues, en que prestaremos nuestro apoyo a la moción. Lamentamos que siga existiendo esa perspectiva tan obsoleta sobre las relaciones entre las personas, sean éstas del mismo o de distinto sexo.
Nada más, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Mendoza.
El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a apoyar la moción que se ha planteado. Quisiera destacar especialmente la intervención medida y responsable del senador Romero en la defensa de la misma. Somos conscientes de que existen dificultades a la hora de aplicar la legislación y atender una situación como la que se ha producido. Los argumentos dados por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular son innegables, pero se trata de reconocer la existencia de una desgraciada situación que requeriría del esfuerzo de todos, así como del compromiso político para buscar una solución puntual a la misma, con independencia de que en el futuro podamos plantearnos otro tipo de iniciativas.
Se han puesto como ejemplo una serie de precedentes según los cuales, ante situaciones excepcionales se han aplicado medidas también excepcionales. Consideramos que sin duda este caso merece al menos un compromiso político del Gobierno para estudiar esta situación excepcional, buscando, como no puede ser de otra forma y con el apoyo de las Cámaras, una salida también excepcional.
Nada más, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Aurrekoetxea.
El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar quisiera manifestar nuestra solidaridad hacia las familias afectadas. Es una pena que sea la desgracia la que muchas veces nos mueva y nos haga darnos cuenta de las excepcionalidades y lagunas que existen en el Derecho. Por ello, y como sabemos que muchas veces nuestro Derecho y nuestras instituciones se han movido debido a situaciones excepcionales, tal y como recordaba el senador Romero, entendíamos apropiada la propuesta que se hacía, que además no prejuzgaba ni entraba en soluciones definitivas, sino que buscaba un encuentro de todos para resolver una situación concreta. Realmente no hemos visto ninguna dificultad a la hora de apoyar esta moción, pues, además, consideramos que lo que en ella se propone sería lo justo y conveniente en este momento.
Las razones que aquí se han expuesto en contra de la misma tienen a nuestro juicio una visión quizá demasiado corta para no entrar en esta cuestión, que se ha planteado con apertura y flexibilidad. Consideramos que las mismas tienen otro contenido y no la misión de estudiar el planteamiento hecho por el Grupo Parlamentario Socialista. Pero nosotros sí queremos manifestar que nuestro grupo tiene una voluntad política sobre este tema de las parejas de hecho, tal y como lo hemos demostrado, y ahí está nuestro Parlamento intentando entrar en el fondo de la cuestión con la ley de parejas de hecho que se aprobó en el mismo.
Nosotros queremos plantear nuestra voluntad política de entrar en esta excepcionalidad y resolverlo en lo posible, desde lo que podamos y estamos abiertos, como decía, a cualquier tipo de solución. Hubiéramos visto bien cualquier tipo de transacción, porque creemos que es una cuestión de justicia que trasciende a los partidos. Con esa amplitud debemos verla y tratarla. Por lo tanto, vaya por delante nuestra voluntad política de afrontarla, de estudiarla y de sumarnos a la moción que el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado. (El señor vicepresidente, Caneda Morales, ocupa la Presidencia.) Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, senador Aurrekoetxea.
Por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señor presidente.
Nosotros apoyaremos la moción. La sólida intervención del senador Romero acaba de confirmarme que los problemas deben resolverse y de una forma justa. Seguramente el hecho de que la moción haya llegado al Senado quiere decir que nadie de los que podían han buscado la vía para resolver este asunto. Es una lástima que no se haya buscado antes una solución por parte del Gobierno y que al final se haya presentado una moción, incluso se está dispuesto a modificar lo relativo a que se promuevan iniciativas legislativas para que se estudie la mejor fórmula y que el representante del Grupo Parlamentario Popular no sólo haga una intervención en contra, sino que cierre cualquier posibilidad de un acuerdo general de la Cámara en un asunto que debe resolverse.
A mí me parece bien disparar por elevación --a veces está muy bien--, pero en este caso de lo que estamos hablando no es --y, por tanto, me sobran algunas referencias que se han manifestado aquí-- de que los miembros que constituyen una familia y los que constituyen una pareja de hecho tengan los mismos derechos, no estamos hablando de eso. Entiendo que ésta es una cuestión de calado profundo, pero de lo que estamos hablando solamente es de que algunos defectos que tienen los miembros de una familia pueden tenerlos también los miembros de las parejas de hecho.
¿Que se necesita modificar la legislación? Por supuesto, sólo faltaría que no pudiera modificarse la legislación y que el Gobierno no hubiera resuelto el asunto. Pero no mezclemos las cuestiones, ya que no estamos haciendo un debate filosófico sobre la familia, las parejas de hecho, heterosexuales, homosexuales, elección libre. No es ésa la cuestión, la cuestión es una petición justa de unas viudas en régimen de pareja de hecho que piden la posibilidad de acceso a una pensión de viudedad. Se pueden estudiar todas las fórmulas. ¿Que no se quiere estudiar las fórmulas? Pues entonces nosotros proponemos la más normal, y es la modificación del sistema legal que rige actualmente.
Por tanto, votaremos a favor de la moción. Hubiéramos preferido una transacción de toda la Cámara para que se resolviera el problema y que se estudiaran las vías para resolverlo. Si esta solución se rechaza, quiere decir que el partido de la mayoría y el Gobierno no quieren resolver esta situación. Nosotros sí queremos resolver esta situación, por lo que creemos que deben reformarse las leyes para resolverlo. Por esta razón votaremos afirmativamente el texto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, senador Molas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sesmilo.
El señor SESMILO I RIUS: Muchas gracias, señor presidente.
He de empezar mi intervención diciendo que mi grupo está completamente de acuerdo con el fondo de la cuestión y más después de oír la ponderada y bien estructurada intervención del senador Romero. No obstante, tenemos alguna duda sobre la redacción de la moción, ya que no ofrece ninguna solución concreta, sino que insta al Gobierno, como si nosotros no tuviéramos capacidad de iniciativa legislativa, a buscar una solución que se prevé y que se ve difícil y compleja y que nosotros creemos que tiene solución. Es decir, antes el senador Aurrekoetxea hablaba del País Vasco.
En Cataluña tenemos una ley de parejas de hecho y si en el Estado hubiera una ley de parejas de hecho, si se aceptara como normal lo que es normal --yo no soy muy versado en leyes, pero siempre había oído que la moral pública viene etimológicamente de «mos, moris»: las costumbres--, si se aceptara lo que hoy en día es una costumbre, es un hecho normal, podríamos dar soluciones. Pero nos encontramos ante este problema porque no se acepta desde el partido del Gobierno un hecho que es normal y que en Cataluña y en otras comunidades autónomas se intenta resolver, dentro de lo que son sus competencias. Este es el quid de la cuestión.
A mí y a mi grupo nos preocupa que después del estrés legislativo al que nos ha sometido el Gobierno --como decía el presidente Aznar de que quería acabar con todo su programa legislativo-- al abordar lo que en principio llamaron un «contrato intervivos» o como lo llamaran porque, al final, debió resultar una especie de bodrio legislativo, el problema es no aceptar lo que es normal, pues hoy en día muchas parejas deciden libremente vivir de esta manera.
¿Qué ocurre no obstante? Quizás aquí vamos a ser un poquitín más exigentes. Vemos la dificultad que reconoce la moción. Nos preocupa que se intente solucionar un tema puntual cuando el tema es general. Si hablamos de precedentes excepcionales a partir de ahora, si aceptamos este principio, para cualquier servidor público que muere en un accidente y tiene pareja de hecho, como no se resuelve lo principal, sino lo accesorio, hay que buscar una solución excepcional. ¿Y por qué los servidores públicos sí y los que no son públicos no? A lo mejor también habría precedentes de gente con contratos en el extranjero o que asistiendo a una reunión sindical en cualquier lugar del mundo han tenido un accidente.
Es decir, lo que nos preocupa de la moción tal y como está planteada es que, primero, no aporta soluciones, lo cual para mí es un reconocimiento intrínseco de la dificultad que no nos tiene que arredrar y, segundo, que crea precedentes porque nos estamos amparando en precedentes anteriores.
El problema para mí es que al partido del Gobierno no le da la gana regular las parejas de hecho. Por lo tanto, una posición política, porque estamos de acuerdo en el fondo, sería votar a favor, precisamente para darle un tirón de orejas, pero llevados por un exceso de celo, del precedente que crean los que mueren en accidentes siendo servidores públicos, y la cadena que esto supone, nos vamos a abstener porque hubiéramos preferido haber dialogado y conocer las circunstancias porque tampoco sabemos si se trata de personas que han convivido muchos años, pocas semanas o décadas.
Al no conocer los datos hace que no podamos profundizar en el tema. He buscado la información, señor Carracao,
y no me ha sido posible encontrarla. Como estamos de acuerdo, pero no vemos la solución, el voto de nuestro grupo será el de abstención.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, senador Sesmilo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Romero.
El señor ROMERO CALERO: Gracias, señor presidente.
Empezaré por el final, por la intervención del senador Sesmilo, y procuraré modestamente arrojar alguna luz a sus inquietudes. Yo reconozco que, efectivamente, ésta es una moción posibilista porque se debate en el último Pleno de la legislatura y en función de un problema concreto.
Efectivamente es una moción posibilista. Ya he dicho antes que renunciamos en su momento a tratar la cuestión. Podíamos haber presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados y haber abordado el tema. Hemos optado por una solución de esta naturaleza en función de la respuesta que el ministro Trillo dio al senador Laborda en la sesión de control al Gobierno porque lo que nos anima fundamentalmente en este trámite es encontrar una solución concreta a este problema, sin perjuicio naturalmente de que pueda tener repercusiones en el futuro.
Querría detenerme un segundo en situar los tres planos de debate diferentes, distintos que, a mi juicio, se plantean en relación con el tema que nos ocupa esta tarde.
Hay un primer plano que se refiere a la relación jurídica entre diferentes personas, ya sean heterosexuales u homosexuales --en este caso se trata de relaciones entre heterosexuales, pero podían darse también entre personas homosexuales--, que se deriva de que haya un vínculo matrimonial o no, que sean pareja de hecho. Ese es un plano de debate que tiene que ver con cuestiones que todos tenemos en mente, pero que no es lo que esta tarde nos ocupa.
Hay otro plano de debate que es la legislación en relación con las clases pasivas del Estado, a la que se ha referido de manera exhaustiva el senador Barquero. Si el supuesto que esta tarde nos trae pudiera enmarcarse en alguna de las posibilidades que ha explicado el senador Barquero perfectamente desde la tribuna, no se plantearía. Yo suscribo todas y cada una de las afirmaciones y de las apelaciones a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha hecho el senador Barquero.
Hay, por fin, un tercer plano de la cuestión que es en el que nosotros querríamos situar el debate --seguramente por mi torpeza no he sido capaz de situarlo--, que es el que se deriva del desamparo de una cuestión concreta. Hay unos servidores públicos que están desarrollando una tarea en representación de toda la nación española y que, como consecuencia de una implicación directa en esas tareas, han fallecido, y hay cuatro personas, cuatro mujeres en este caso concreto, que por no tener un vínculo matrimonial de alguna naturaleza con cuatro de estos militares fallecidos se ven desamparadas porque nuestro ordenamiento jurídico no prevé de qué forma se puede dar cobertura.
El Grupo Parlamentario Socialista ha estudiado el asunto desde una posición posibilista, nada maximalista, desde una posición absolutamente alejada de lo excluyente, y hemos planteado una iniciativa en el sentido de que el Gobierno promueva iniciativas legislativas necesarias, pero no hemos dicho cuáles. Podríamos nombrarlas, pero si lo hacemos podemos cortar algunas posibles salidas del grupo mayoritario y eso no lo queríamos. Queríamos mostrar un planteamiento abierto en el que cupieran iniciativas de diferente naturaleza, porque, senador Barquero, su señoría ha planteado limitaciones en el ordenamiento jurídico en atención al reconocimiento de clases pasivas del Estado, que son indudables, pero nosotros no hablamos de iniciativas legislativas en un sentido concreto o unívoco, una iniciativa legislativa puede ser, por ejemplo, un crédito presupuestario. De todos es conocido que si hay una voluntad de abordar el asunto desde esta posición abierta a la que nosotros nos estamos refiriendo, hacer un cálculo actuarial de lo que supondría una pensión de viudedad de estas personas en el caso de que existiera un vínculo matrimonial, y decir: como el ordenamiento jurídico actual no permite el reconocimiento de la pensión en esos términos, y como estamos además al final de la legislatura, y como no es razonable que se pueda plantear una modificación legislativa de este calado, que yo comparto, en el corto o medio plazo, es perfectamente posible adoptar medidas desde el Congreso de los Diputados y desde el Senado, hacer un cálculo de esta naturaleza y transformar la pensión de viudedad en una indemnización actualizada. La iniciativa legislativa sería entonces el crédito presupuestario necesario para hacer frente a esas obligaciones del Estado.
Cuando me refería a los dos antecedentes, no estaba planteando que se pudieran seguir miméticamente; uno de ellos es, por cierto, el reconocimiento de una pensión de viudedad sin más, el de la viuda del funcionario asesinado en el Puerto de Santa María. Se planteó que, aun no existiendo las cotizaciones necesarias, se podría --y de hecho se hizo-- reconocer una pensión de viudedad en esas determinadas condiciones atendiendo a esas circunstancias excepcionales.
En el caso del diputado electo, señor Muguruza, que fue asesinado, se trata de una indemnización. Estaba llamando la atención de su señoría sobre la iniciativa que se tomó en su momento para reconocer la condición plena de diputado al diputado electo, señor Muguruza, sin que se hubiera producido un trámite que todos sabemos que es necesario y que no se había producido porque todavía no había pasado el tiempo necesario.
Por tanto, señorías, reconozco que hemos planteado una iniciativa posibilista enmarcada en el último Pleno de esta legislatura, con la última posibilidad de que en un corto plazo de tiempo estas cuatro mujeres no queden desamparadas; iniciativa que va dirigida a las modificaciones legislativas a las que ha hecho mención el senador Barquero y que no rehusamos, pues en el primer plano del debate referido anteriormente ya considerábamos que
el no reconocimiento de las parejas de hecho es ponerle puertas al campo porque es una realidad que se está produciendo y se va a seguir produciendo; el hecho de que dos personas, en el uso de su legítimo albedrío, decidan convivir sin casarse, no puede dar lugar a una discriminación por parte del Estado; por tanto, es algo que hemos planteado y que seguiremos planteando; como tampoco vamos a renunciar a la adecuación del marco normativo de la cobertura de clases pasivas a esta situación de hecho, para lo que propondremos iniciativas de diferente naturaleza. Pero hoy hemos querido centrar la cuestión en algo inmediato, que nos afecta, como es el hecho de que servidores modélicos del Estado no se vean discriminados porque la opción que eligieron en su momento fue convivir con una mujer, y que ésta tenga el mismo tratamiento material que si hubiera existido el vínculo matrimonial de la naturaleza que fuese.
Por ello, no es gratuito que hayamos planteado nuestra moción en estos términos porque, insisto, podíamos haber adoptado una posición maximalista, proponiendo una modificación legislativa, del ordenamiento jurídico, etcétera, pero hemos querido centrarnos exclusivamente en esta materia porque lo que realmente queremos es ofrecer una solución a este problema, para lo cual hemos presentado hoy esta moción al conjunto de senadores y senadoras de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Romero.
Para cerrar este turno, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Barquero.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a todos los señores portavoces. En primer lugar, no sé si se me habrá interpretado mal, senador Cabrero. Yo no he venido a plantear ningún debate sobre el matrimonio, ni sobre las parejas de hecho, ni nada semejante. Si usted me dice que en un Estado de Derecho defender la regulación como vínculo jurídico que se deriva de un contrato matrimonial es ser antiguo, tiene usted un concepto del Estado de Derecho que desde luego no conozco en ningún tratadista. Se ha ido usted por los cerros de Ubeda, pero eso es lo de menos.
Senador Romero, precisamente su último razonamiento relativo a que no pueda discriminarse a quien libremente y como fruto de su opción personal decide no casarse es un argumento que el Tribunal Constitucional no reconoce y al que es absolutamente contrario; es decir, ustedes presentan un «petitum» de una moción que solicita que se reconozca a cuatro personas una pensión de viudedad. Nuestro ordenamiento jurídico concede indemnizaciones en los supuestos de parejas de hecho, como por ejemplo en la ley de víctimas del terrorismo y en la ley de protección de delitos violentos; además el texto legislativo prevé que se concedan subvenciones a personas que tienen un vínculo sentimental y una convivencia permanente
--incluso la de víctimas del terrorismo-- de dos o más años salvo que haya hijos, pues entonces se reducen los dos años de convivencia en común. Pero les voy a decir más: el supérstite de la pareja de hecho tiene derecho al régimen de protección general de la Seguridad Social también. De modo que aquí lo único que se está discutiendo --en el sentido de que es lo que ustedes están pidiendo-- es la paga de viudedad, pero la paga de viudedad está atada en nuestro sistema legal, está absolutamente atada, por eso yo he manifestado todos los cambios legislativos que habría que hacer para que esto tuviese otro desenlace.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Usted me plantea que eso se podía cambiar por una indemnización, pero eso es otra cosa distinta, aunque creo que indemnizaciones no les han faltado a estas señoras.
Quiero que recapacite sobre otra cuestión de su «petitum»: pide una cosa para cuatro personas. La generalidad de la ley, que es un atributo fundamental de la ley, no puede restringirse al caso de cuatro personas.
Yo no quiero profundizar en este tema porque no quiero herir los sentimientos de nadie --porque además en este caso concreto heriría también los míos propios--, pero es que la singularidad del caso viene dada en concreto por unas circunstancias dramáticas, pero las circunstancias no determinan el descubierto; en todo caso el descubierto por la falta de pensión de viudedad es igual en estas cuatro señoras que en cualquier otro civil o militar que, teniendo una convivencia de hecho, perece por muerte natural o en un accidente de tráfico, o el caso de muchas parejas civiles, normales, que están conviviendo juntos, que incluso tienen fijada una fecha de boda y que por un accidente de tráfico uno de ellos muere. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Entienda usted, senador, que no se puede traer aquí como singularidad y excepcionalidad a cuatro personas --es verdad, víctimas de un trágico, dramático accidente, no solamente por la misión de la que venían, sino por el número de personas muertas, por las circunstancias, etcétera, todo lo cual dramatiza mucho más la cuestión--, el legislador está para legislar en general y en común y, repito, las leyes específicas se hacen solamente cuando repercuten en el interés general. ¿Repercute en el interés general una ley sólo para cuatro personas, una modificación legislativa para cuatro personas? No. Eso es lo que yo quería hacerle ver con nuestro planteamiento. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Que el Gobierno tiene que plantearse la pensión de viudedad en determinados supuestos de parejas de hecho? Señoría --y con esto termino ya, señor presidente--, esa es una de las cuestiones importantes de protección social y de política social que, si no recuerdo mal, hace muy pocos días --dos o tres--, nuestro candidato a la presidencia del Gobierno, el señor Rajoy, expresó que quiere plantearles a ustedes: el pacto de la protección social.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR, SOCIALISTA, CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGÚNCIA I UNIO, ENTESA CATALANA DE PROGRES, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, DE COALICION CANARIA Y MIXTO POR LA QUE EL SENADO INSTA AL GOBIERNO PARA QUE EN LA PROXIMIDAD DE LA FECHA QUE SE SEÑALE PARA CELEBRAR LAS ELECCIONES GENERALES SE LLEVE A CABO UNA CAMPAÑA ESPECIFICA, INSTITUCIONAL Y EXPLICATIVA, SOBRE LA FORMA DE UTILIZAR LA PAPELETA OFICIAL QUE EN CADA CIRCUNSCRIPCION SE APRUEBE PARA ELEGIR LOS SENADORES (662/000357).
El señor PRESIDENTE: Señorías, al amparo del artículo 174.a), del Reglamento de la Cámara, y firmado por los portavoces de todos los grupos parlamentarios, se presenta una moción que dice: El Senado insta al Gobierno para que en la proximidad de la fecha que se señale para celebrar las elecciones generales se lleve a cabo una campaña específica, institucional y explicativa, sobre la forma de utilizar la papeleta oficial que en cada circunscripción se apruebe para elegir los senadores.
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.) --DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE PROMUEVA LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS NECESARIAS PARA QUE LAS VIUDAS QUE MANTENIAN RELACION DE CONVIVENCIA ESTABLE COMO PAREJAS DE HECHO CON LOS MILITARES FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE DEL AVION YACOLEV 42 PERCIBAN LA CORRESPONDIENTE PENSION DE VIUDEDAD (662/000355) (Votación).
El señor PRESIDENTE: A continuación, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que promueva las iniciativas legislativas necesarias para que las viudas que mantenían relación de convivencia estable como parejas de hecho con los militares fallecidos en el accidente del avión Yacolev 42 perciban la correspondiente pensión de viudedad.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 77; en contra, 137; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE PROPONE AL PLENO DE LA CAMARA QUE SE PRONUNCIE EN CONTRA DE LA ADMISION A TRAMITE DE LAS ENMIENDAS NUMEROS 3 Y 4, PRESENTADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO AL PROYECTO DE LEY ORGANICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ARBITRAJE, Y ACUERDE SU NO TRAMITACION POR VULNERACION DE LOS ARTICULOS 23.2, 86, 87, 88 Y 90.2 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA Y 106, 107 Y 108 DEL REGLAMENTO DEL SENADO, RETROTRAYENDO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO RELATIVO A DICHO PROYECTO AL MOMENTO INMEDIATAMENTE ANTERIOR, EN SU CASO, A LA ACEPTACION DE DICHAS ENMIENDAS (662/000356).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista
--introducida sin absorber cupo, tal y como ha sido aprobado por la Mesa, oída la Junta de Portavoces--, por la que se propone al Pleno de la Cámara que se pronuncie en contra de la admisión a trámite de las enmiendas números 3 y 4, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado al proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, y acuerde su no tramitación por vulneración de los artículos 23.2, 86, 87, 88 y 90.2 de la Constitución Española y 106, 107 y 108 del Reglamento del Senado, retrotrayendo el procedimiento legislativo relativo a dicho proyecto al momento inmediatamente anterior, en su caso, a la aceptación de dichas enmiendas.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Galán, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GALAN PEREZ: Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna a defender la moción del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la decisión de la Mesa de la Cámara, admitiendo a trámite las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular a la ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, que fue remitida por el Congreso de los Diputados el 22 de noviembre; moción que presentamos sobre la base de los artículos 36.2 y 174, letra d), del Reglamento de la Cámara, una vez que ha sido desestimado nuestro escrito de reconsideración de dicha admisión a trámite por la Mesa, de forma no unánime. Proponemos, por tanto, al Pleno del Senado que se pronuncie en contra de la referida admisión a trámite y se retrotraiga el procedimiento legislativo relativo a dicho proyecto, hoy ya denominado proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal, al momento inmediatamente anterior a la aceptación de las referidas enmiendas, todo ello en base a la vulneración de los artículos de la Constitución y del Reglamento a los que se ha referido el señor presidente.
Señorías, todos ustedes saben lo ocurrido. El día 26 de noviembre finalizaba, en principio, el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Arbitraje y a la ley orgánica complementaria desgajada de la misma, ambas tramitadas por el procedimiento de urgencia. Pero, sorpresivamente, el Grupo Parlamentario Popular solicitó ampliación del plazo de enmiendas hasta el día 28, viernes. Los ponentes de la Ley de Arbitraje desconocen qué enmiendas van a formular a la ley o, al menos, eso nos dicen a preguntas de
los ponentes de nuestro grupo parlamentario. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ese día, el señor Michavila informa de que el Gobierno ha aprobado un informe con la propuesta de medidas para garantizar el sistema democrático en su lucha contra el terrorismo e, igualmente, la expresión de la soberanía popular y los derechos de las víctimas, y que suponen la creación en el Código Penal de tres tipos penales específicos y la adición en dicho texto legal de los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis, que entrarían plenamente en vigor en la presente legislatura.
Efectivamente, esa tarde del 28 de noviembre el Grupo Parlamentario Popular presenta en el registro de esta Cámara dos enmiendas, las números 3 y 4, a la ley orgánica complementaria a la de arbitraje, que al ser conocidas determinan que nuestro grupo parlamentario solicite su inadmisión a trámite por la Mesa de la Cámara.
El acuerdo del 2 de diciembre admitiendo las mismas en base a un criterio estrictamente formal, amparado en que el Reglamento de la Cámara no explicita ninguna limitación material al derecho de enmienda, desconoce, a nuestro juicio, que el objeto de dichas enmiendas no es mejorar, completar el referido proyecto de ley, tal y como prevén el artículo 90.2 de la Constitución y los artículos 106 y 107 del Reglamento, sino ejercer la facultad de una auténtica iniciativa legislativa, bien sea iniciativa del Gobierno o iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que es efectivamente el que firma ambas enmiendas, pero que, en definitiva, recogen un nuevo proyecto de ley, una nueva proposición de ley, alterando y creando tres artículos más en nuestra norma máxima penal, el Código Penal.
En efecto, el proyecto de ley que se pretende enmendar constaba de un artículo único y, curiosamente, traía su origen en una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, aprobada en el Congreso, y que, en principio, iba como disposición final cuarta pero que la Comisión de Justicia e Interior de la Cámara Baja desgajó de la ley por su carácter orgánico, y que se refería a la adaptación de la Ley Orgánica del Poder Judicial a una concreta disposición de la Ley de Arbitraje: el artículo 8.
La adición de un artículo 2 a esa ley mediante la aceptación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y la modificación de su título, por el que se produce una modificación transcendental del Código Penal, evidentemente, carece de cualquier fundamento de conexión con la iniciativa legislativa inicialmente en trámite. Tanto es así que una de las dos enmiendas propone que la modificación del Código Penal que por la aceptación de las mismas se produciría entre en vigor en fecha distinta a la prevista para el artículo único de la ley orgánica donde se sitúa esa modificación.
La presentación de estas enmiendas supone además una utilización instrumental de esta Cámara por parte del Gobierno. Mediante la utilización de la Cámara Alta para enmendar iniciativas legislativas del Gobierno, llevando a cabo por su grupo una nueva iniciativa legislativa que por ser presentada en el trámite de enmiendas impide absolutamente que los grupos parlamentarios del Senado así como los del Congreso puedan ejercer las facultades que la Constitución les atribuye de examen y enmienda de todos los proyectos de ley, en el caso que nos ocupa utilizando un proyecto en trámite, el Grupo Popular pretende modificar el Código Penal, que carece de conexión alguna con el arbitraje, sin que quepa examinar en detalle, enmendar o proponer el veto a la reforma propuesta.
Es cierto, señorías del Grupo Popular, que el Senado, en virtud del artículo 87 de la Constitución, tiene la facultad de iniciativa legislativa por parte de cualquier grupo de la Cámara, de acuerdo con la Constitución y el Reglamento, que establecen una serie de requisitos y de trámites, y la posibilidad de presentar proposiciones alternativas: la toma en consideración de la proposición a partir de un debate inicial en el Pleno de la Cámara, la remisión posterior de la iniciativa al Congreso y, a partir de ahí, la iniciación de un procedimiento legislativo similar al de los proyectos de ley.
Por ello, la presentación de estas enmiendas pretende conseguir el mismo objetivo que una iniciativa legislativa pero con una manifiesta desviación del procedimiento legislativo previsto constitucional y reglamentariamente, vulnerando gravemente, por tanto, el artículo 87 de la Constitución y las normas reglamentarias que desarrollan los requisitos para su ejercicio.
Ello es aún más grave en cuanto que la norma cuya modificación se pretende es nada menos que el Código Penal, que no solo tiene por objeto el «ius puniendi» del Estado como última ratio cuando hayan sido agotadas otras vías no penales reguladoras del orden social, en coherencia con el principio inspirador de toda norma penal que es el principio de intervención mínima, sino que, por el inevitable menoscabo de los derechos fundamentales que su aplicación comporta, que la pena lleva consigo, ha sido denominado doctrinal y jurisprudencialmente como la constitución en negativo de todo país.
De admitirse la utilización de un mero trámite de enmienda a otro proyecto de ley, sin conexión jurídica o política con el Código Penal, para lograr su modificación sustancial se estaría abriendo la vía para que con una mayoría suficiente se produjera en lo sucesivo cualquier reforma legislativa de transcendencia fundamental para nuestro ordenamiento jurídico o para el propio sistema jurídico constitucional mediante la adición de unas simples disposiciones finales a cualquier iniciativa legislativa que estuviera en trámite en esta Cámara.
Señorías, este grupo no desconoce la jurisprudencia considerada en el acuerdo de la Mesa; sin embargo, los supuestos que dieron origen a esas resoluciones eran manifiestamente distintos, sin que existiera una tan nítida falta de conexión, o sin que se dieran los elementos de hecho que en este caso concurren.
Señorías, afirmo con rotundidad esta tarde aquí, en el Senado de España, en nombre de mi grupo, que el derecho de enmienda, ese instrumento esencial de integración del pluralismo político en el procedimiento legislativo, sí tiene límites, y tiene que tenerlos porque de ser a veces usado abusivamente por las minorías como un elemento obstruccionista y retardatario del propio procedimiento hoy ha pasado a ser ya una fórmula del propio Poder Ejecutivo para
mantener la total disponibilidad de sus iniciativas legislativas hasta el final del trámite, invadiendo competencias que en realidad le corresponderían a su propio grupo parlamentario. (Aplausos.) Por ello, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha cambiado, señorías. Desde la sentencia 99/1987 que defendía un concepto formal de enmienda, dejando absolutamente el camino libre a que cualquier enmienda, cualquiera que fuera su contenido, pudiera encajarse en cualquier proyecto de ley, pasando por la sentencia del Tribunal Constitucional 23/1990, que ya cambia la filosofía, exigiendo una conexión u homogeneidad de objeto con el texto enmendado y una relación de congruencia con dicho objeto, hasta finalmente el auto del Tribunal Constitucional 118/1999, en el que determina la inadmisión, por carecer manifiestamente de contenido constitucional, de un recurso de amparo formulado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Hacienda contra la decisión de la mesa de dicha comisión en la Asamblea de Cantabria, y que inadmite a trámite dos enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, de acompañamiento de los presupuestos, pretendiendo reformar la Ley de la Función Pública. ¿Les suena a ustedes, señorías, esta música? Los valores superiores de nuestro ordenamiento, señores y señoras, se verían burlados totalmente si se aceptaran a trámite las enmiendas para las que les pedimos a ustedes su inadmisión. En absoluto podrá darse un debate informado, algo exigible en virtud del artículo 88 de la Constitución Española, que obliga a que los proyectos de ley vayan acompañados de una exposición de motivos, de los informes preceptivos y los antecedentes necesarios para mejor pronunciarse sobre ellos. La conculcación de las facultades de enmienda de los parlamentarios supone una vulneración flagrante del artículo 23.2 de la Constitución Española, que garantiza no sólo el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas y los desempeñen en conformidad con lo que la ley disponga. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias, como la 32/1985 o la 161/1988.
Debe destacarse que las enmiendas introducidas en el Senado no permiten, señorías, más que su aprobación o rechazo. ¿Qué ha sucedido con el derecho de enmienda de los diputados? ¿Dónde está el debate de totalidad de algo tan importante que los más de cincuenta penalistas que componen el grupo de política criminal han denominado la reintroducción en nuestro ordenamiento penal del delito político? ¿Por qué se ha impedido a los grupos parlamentarios del Senado ejercer nuestro derecho de veto y nuestro derecho de enmienda? ¿Por qué se nos niega, mientras el grupo de la mayoría abusa de él, utilizándolo fraudulentamente? Cabe extraer de los razonamientos anteriores dos conclusiones --y termino--. La primera es que aunque el Senado puede introducir enmiendas no es este un derecho absoluto sino que su ejercicio debe cohonestarse con otros principios y preceptos de nuestro sistema constitucional y fundamentalmente con el principio democrático, que se vería vulnerado a través de la limitación del derecho de las minorías y la identificación total del derecho de enmienda de la mayoría con la voluntad del Gobierno.
La segunda, que los procedimientos legislativos parlamentarios no son, señorías, procedimientos potestativos que permitan al Gobierno o a la mayoría parlamentaria que lo apoya utilizar uno u otro alternativamente, sino que cada uno de ellos responde a precisos supuestos de hecho y reglas constitucionales a las cuales debe adecuarse. Como ha escrito el profesor Rubio Llorente, se trata de recordar a todos ustedes que toda la arquitectura del Estado de Derecho bajo la cual seguimos o pretendemos seguir cobijados está construida con unos materiales de los que no podemos prescindir sin arruinarla. Lo que define al Estado de Derecho no es una finalidad determinada, señorías,...
El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya finalizando.
El señor GALAN PEREZ: Termino, señor presidente.
... que también creemos podría perseguir con éxito el filósofo-rey de Platón, sino una determinada estructura destinada a todos los ciudadanos para protegernos de cuantos tiranos más o menos bien intencionados --y la conciencia subjetiva de todo tirano puede estar llena seguramente en muchos casos de nobles ideales y elevados anhelos-- pretenden hacernos libres y felices a pesar nuestro.
En estos días, señorías, en que los demócratas celebramos alborozadamente los veinticinco años que llevamos viviendo en libertad y en democracia, citaría al profesor De la Quadra-Salcedo para concluir diciendo que es difícil frenar iniciativas que pretenden quebrar la arquitectura constitucional, el pacto estatutario y el principio de la soberanía del pueblo, de todo el pueblo español, que pretende alterarla por cauces fraudulentos o inconstitucionales, con el recurso a medidas que también violentan la Constitución, el procedimiento legislativo y el principio democrático. En sus manos, señorías, está el evitarlo. Voten, por favor se lo pido, a favor de la moción.
Gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? Tiene la palabra el senador Ferrández Otaño.
El señor FERRANDEZ OTAÑO: Señor presidente, señorías, la moción que ha sido presentada por el senador del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Galán, pretende, como él ha manifestado, que se adopte un acuerdo por este pleno en virtud del cual se pronuncie contra la admisión de las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Popular a la Ley de Arbitraje y, en concreto, a la complementaria que la acompaña, en relación con las modificaciones del Código Penal.
El senador Galán ha comenzado su exposición haciendo un prolijo, aunque bien es cierto que riguroso, relato de los hechos tal y como se produjeron para, a continuación, manifestar los argumentos que, a su juicio, avalan
y justifican las pretensiones que invoca en su moción. En este sentido, comienza por afirmar que la capacidad de enmienda del Senado no puede llegar a constituir una nueva iniciativa legislativa planteada de tal forma que impida a los grupos parlamentarios del Senado y del Congreso ejercer la facultad de examen y enmienda de los proyectos de ley, pues ello, a su juicio --y lo ha reiterado en varias ocasiones--, constituye un fraude del procedimiento legislativo.
La segunda cuestión que ha planteado para justificar la moción es que las enmiendas presentadas han de ser congruentes con el texto enmendado, afirmando en su exposición que las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en absoluto eran congruentes con la ley en la que se incorporaban, la Ley de Arbitraje.
En relación con la primera de las cuestiones planteadas, debo manifestar que el Senado no tiene una capacidad de enmienda diferente o disminuida de la que tiene el Congreso, de la que el Reglamento del Congreso y la Constitución atribuyen a esa Cámara, y esa capacidad plena deriva de un principio general, que es la plena potestad legislativa de esta Cámara.
El Poder Legislativo, según fue definido por el Tribunal Constitucional en su sentencia 17/81, de 1 de junio, en su fundamento jurídico cuarto, tiene la facultad de aprobar leyes que son emanación de la voluntad popular y que sólo pueden ser modificadas por las cámaras legislativas y controladas por el Tribunal Constitucional. En relación con esa cuestión y en base precisamente a esa potestad legislativa que tiene el Senado, los artículos 106 y 107 de nuestro Reglamento señalan que la Cámara dispone de un plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto por parte del Congreso, para aprobarlo expresamente o, por el contrario, para, mediante mensaje motivado, oponer un veto o formular las enmiendas que correspondan al texto. Asimismo, regula el plazo de las enmiendas y su posible ampliación, la legitimación para su presentación y el requisito de que éstas se formalicen por escrito y con justificación explicativa.
Esta plena capacidad no afecta a las facultades que la Constitución, como he dicho, atribuye al Congreso de los Diputados, pues el artículo 121 del Reglamento de esa Cámara establece que los proyectos de ley vetados o enmendados por el Senado serán sometidos a nueva consideración del Pleno del Congreso de los Diputados; previsión que, obviamente, permite pronunciarse sobre cada una de las enmiendas que puedan ser introducidas en la Cámara Alta. En consecuencia, no es cierto que el Congreso carezca de la posibilidad de discutir las enmiendas que se introduzcan en el Senado, aun cuando éstas sean absolutamente novedosas incluso con la ley que se vaya a tramitar.
En relación con este asunto, la sentencia del Tribunal Constitucional 194/2000, que resolvía un recurso de inconstitucionalidad referido a la Ley de Tasas, en la que se introdujo una enmienda para aprobar una disposición adicional nueva relativa al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que obviamente no tiene nada que ver con la ley que se estaba debatiendo, reconoce que los artículos 90.2 y 107 del Reglamento del Senado no limitan el alcance de las enmiendas senatoriales que modifiquen el texto del proyecto enviado por el Congreso de los Diputados; es decir, el Tribunal Constitucional admite que no hay limitación a la capacidad de enmendar que tiene el Senado. Al final de su fundamento tercero, establece que debe rechazarse también que los procedimientos empleados hayan restringido, en ese caso, las facultades del Congreso de los Diputados.
Por lo tanto, creo que está suficientemente claro que la posibilidad de enmendar que tiene el Senado, aun cuando sea a través de enmiendas que no tengan que ver con la ley objeto de tramitación parlamentaria, en modo alguno impide o dificulta que el Congreso pueda pronunciarse respecto de las mismas.
La segunda cuestión que ha planteado el senador Galán es la que hace referencia a que dichas enmiendas no son tales, sino proposiciones de ley, habida cuenta de que carecen de conexión con la ley en tramitación.
En este sentido también hay jurisprudencia, en este caso la sentencia 99 de 1987, que resolvía un recurso de inconstitucionalidad a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, en la que se introducían una serie de disposiciones adicionales nuevas reestructurando los cuerpos de funcionarios. En esta sentencia del Tribunal Constitucional se establece claramente que no existe ni en la Constitución ni en los reglamentos de ambas Cámaras norma alguna que establezca una delimitación material entre enmienda y proposición de ley, es decir, donde no hacen distinción ni las leyes ni la Constitución ni el reglamento ni incluso el Tribunal Constitucional parece ser que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista encuentra alguna similitud entre este tipo de enmiendas y las proposiciones de ley.
Esta misma sentencia establecía al final de su fundamentación que al aceptar como enmienda lo que un grupo parlamentario presentó como tal no ha habido ni podrá haber infracción reglamentaria alguna y, por tanto, tampoco inconstitucionalidad. Establece claramente que no hay inconstitucionalidad.
Por consiguiente, las apelaciones que se han hecho y las argumentaciones relativas a la posible inconstitucionalidad de las enmiendas introducidas por el Grupo Parlamentario Popular parece que carecen de fundamento jurídico.
Es cierto que en el año 1999, concretamente el 10 de mayo, se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional 118 a la que hacía referencia el senador Galán, y es cierto que en esa sentencia se modificaba en parte el criterio que hasta entonces había mantenido el Tribunal Constitucional, pero no es menos cierto también que el propio Tribunal Constitucional, con posterioridad a esta sentencia, concretamente en la sentencia 194/2000, de 19 de julio, a la que antes he hecho referencia, establecía con meridiana claridad que ni por su objeto ni por su contenido hay límite alguno a la facultad que los miembros de las Cámaras tienen para presentar enmiendas.
Por lo tanto, senador Galán, con la misma rotundidad con que usted ha afirmado lo contrario, yo afirmo en esta Cámara del Senado que la capacidad de enmienda de los senadores no tiene más límites que los que establecen la Constitución y el Reglamento de esta Cámara, y la Constitución
y el Reglamento de esta Cámara, tal y como le he puesto de manifiesto, no ponen ningún límite a la capacidad de enmienda de los senadores, y ello en base a la potestad legislativa que le reconoce la Constitución y el Reglamento a esta Cámara. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Por lo tanto, señorías, porque esta Cámara no tiene una capacidad de enmienda diferente del Congreso; porque el Senado tiene reconocida la plena potestad legislativa; porque no afecta a las facultades del Congreso; porque los artículos 90.2 y 107 del Reglamento no limitan el alcance de las enmiendas del Senado que modifiquen el texto del proyecto enviado por el Congreso; porque no existe ni en la Constitución ni en los reglamentos de ambas Cámaras norma alguna que establezca una delimitación material entre enmiendas y proposiciones de ley; porque no hay infracción reglamentaria ni constitucional, y porque ni por su objeto ni por su contenido hay límite alguno a la facultad que los miembros de las Cámaras tienen para presentar enmiendas, es por lo que el Grupo Parlamentario Popular considera que las propuestas de enmienda efectuadas a la Ley de Arbitraje son absolutamente constitucionales, legales y reglamentarias, y es por ello por lo que vamos a mantener esas enmiendas en contra de lo que ha solicitado el senador Galán.
Además, señorías, aparte de la reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional a que he hecho referencia y ha reconocido el propio senador Galán, resulta que en esta Cámara hay una muy larga historia en relación con tramitaciones absolutamente idénticas --no parecidas, idénticas-- a la que se está llevando a cabo por el Grupo Parlamentario Popular en relación con las enmiendas que son objeto de su moción. En este sentido, la más cercana es la tramitación que se llevó a cabo con motivo de la reciente Ley Orgánica del Poder Judicial, tramitación en la que no se modificó sólo una ley puesto que se modificó la Ley de planta, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Estatuto Fiscal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y ustedes dirán: Sí, pero es que son ustedes mismos los que han llevado a cabo esta tramitación fraudulenta, como ha afirmado el senador Galán.
Pues bien, la historia es mucho más pretérita que estos días atrás en que se tramitó la Ley Orgánica del Poder Judicial. La historia se puede retrotraer al momento en que queramos. Por ponerles algunos ejemplos, les diré a sus señorías que en la V Legislatura la Ley 9/1996, de 15 de enero, por la que se adoptaban Medidas Extraordinarias o Excepcionales y Urgentes en materia de Abastecimientos Hidráulicos como Consecuencia de la Persistencia de la Sequía, introdujo varias enmiendas, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, las cuales tenían por objeto introducir en el texto varias disposiciones adicionales dirigidas a modificar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que por cierto ya me dirán ustedes qué tiene que ver con la anterior.
Pero hay más precedentes. En la tramitación del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el padrón municipal, proyecto de ley tramitado también al final de la V Legislatura, se presentó por el Grupo Parlamentario Socialista una enmienda de adición de una disposición adicional referente a la aprobación de las ordenanzas fiscales, que tampoco tiene nada que ver.
A mayor abundamiento les diré que durante la tramitación de la Ley 19/1992, de 7 de julio, por la que se modifica la Ley 46/1984, Reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Senado diversas enmiendas al proyecto remitido por el Congreso que fueron finalmente incorporadas al texto y que propugnaban el cambio de nombre de la iniciativa y la adición de tres artículos y una disposición adicional para regular los fondos de titularización hipotecaria sin conexión alguna con el proyecto de ley remitido por el Congreso de los Diputados. Es decir, señorías, creo que los precedentes legislativos de una tramitación idéntica a ésta de la que estamos hablando ahora son muy abundantes. Yo les pregunto lo siguiente:
¿Qué razones hay para que lo que en su día era posible, legal, constitucional y no constituía fraude de ley no se pueda realizar a día de hoy? ¿Qué ha cambiado para que lo que en la V Legislatura se podía hacer no se pueda hacer en la VII Legislatura? Señorías, espero que en el siguiente turno puedan contestarme.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de portavoces tiene la palabra el senador señor Cabrero por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde Izquierda Unida queremos manifestar nuestra clara y rotunda oposición tanto a la forma como al fondo de la pretendida reforma del Código Penal, respaldando a la vez la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista para que no se admitan a trámite las enmiendas números 3 y 4 presentadas por el Grupo Parlamentario Popular por las que se pretende reformar el Código Penal a través del proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje.
Señorías, asistimos también en esta Cámara a una nueva modificación del Código Penal --son ya cuatro-- en un año, una modificación que presenta el Gobierno del Partido Popular, como digo, por cuarta vez. Este es un hecho insólito en la historia parlamentaria. Por sí solo pone de relieve lo que en Izquierda Unida ya veníamos planteando de manera reiterada, que el Gobierno del Partido Popular no tiene una propuesta integral sobre el modelo de justicia penal que necesita el Estado español. Desde nuestro punto de vista, la reforma del Código Penal por esta vía indirecta es un fraude al procedimiento legislativo establecido en la propia Constitución Española. En el Estado y en las comunidades autónomas se ha instalado la costumbre de adjuntar a la ley de presupuestos una llamada ley de acompañamiento en la que se incluye de manera injustificada,
y sólo por comodidad del Gobierno, la reforma de numerosas leyes que no tienen conexión con el contenido, en este caso económico, del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. El Tribunal Constitucional ya ha advertido del fraude que ello comporta. El auto del Tribunal Constitucional de 10 de mayo de 1999 aporta un límite al derecho de enmienda, así como la necesidad de que exista conexión entre la enmienda y el proyecto de ley que se tramita en el debate parlamentario.
Desde hace relativamente poco se ha introducido una variante de este perverso proceder que consiste en incrustar, en leyes que tienen un objetivo determinado, disposiciones, por ejemplo, derogatorias o adicionales relativas a otras materias completamente distintas y que no tienen nada que ver con el proyecto de ley en trámite. La perversión aumenta cuando la adición se hace también en el Senado, como si se tratase --y éste es el caso-- de una enmienda más al articulado de la ley aprobado en el Congreso de los Diputados, cosa que ni siquiera sucede ahora.
Como consecuencia de ello se hurta al Congreso y a los diputados la posibilidad de legislar sobre esta materia, pues de aprobarse en el Senado dicha enmienda --y todo indica que así será-- sólo cabe que la acepten o rechacen en bloque, sin poder enmendarla. A partir de la aprobación de esa enmienda en cuestión el Congreso de los Diputados no tiene posibilidad de iniciativa legislativa ni de examen.
Pero no es la primera vez que esto ocurre; el Gobierno abusa de su mayoría absoluta, tanto en la Cámara Baja como en la Alta, aunque los antecedentes no justifican de cara al futuro un comportamiento claramente contrario a la Constitución Española, máxime cuando se trata de la regulación de una de las más importantes leyes orgánicas, como es el Código Penal.
Señorías, no sólo nos encontramos ante una mala técnica legislativa, sino ante un fraude a la Constitución, al sistema parlamentario y al procedimiento legislativo que en ella se establece, así como al derecho fundamental de los diputados del Congreso a ejercer su función parlamentaria. (Rumores y protestas en los escaños del grupo parlamentario Popular.) En definitiva, nos encontramos ante un fraude a la Constitución precisamente cuando conmemoramos su 25 aniversario.
Señorías, el incluir dos materias totalmente distintas en una misma ley, como se hace en este caso con el arbitraje y la reforma del Código Penal, es una mala técnica jurídica, aunque se haga a través de la enmienda que se está planteando. Esa mala técnica se convierte en infracción jurídica muy grave cuando se trata de una ley orgánica, pues el artículo 81.2 de la Constitución exige que éstas se aprueben, modifiquen o deroguen por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del texto, lo que obliga a los diputados a pronunciarse globalmente sobre las dos materias, ambas muy diferentes. Esta técnica parlamentaria impulsada por el Grupo Parlamentario Popular con su iniciativa cae en esa infracción jurídica.
La inconstitucionalidad de este proceder se hace evidente cuando la vía para introducir la regulación de una nueva materia es este mecanismo de enmienda que ustedes plantean en el Senado. Pero además de ello, esta enmienda vulnera las competencias del Gobierno, pues es a él a quien corresponde la iniciativa para presentar un proyecto de ley, tal y como está previsto en la propia Constitución Española. En su día el Gobierno presentó el proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de arbitraje, que de aprobarse en esta Cámara pasará a llamarse proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal. Ello pone de manifiesto que la Cámara Alta se ha atribuido indebidamente la iniciativa para presentar un proyecto de ley cuando en realidad ésta es competencia del Gobierno.
El artículo 88 de la Constitución exige que los proyectos de ley vayan acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Nada de esto contiene la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que sólo aporta la justificación que éste hace de la misma. Para ser acordes con la Constitución Española y con el Reglamento del Senado se tendría que haber presentado una proposición de ley que se hubiera tramitado como tal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 89.2 de la Constitución Española y en el artículo 108 del Reglamento del Senado.
Esta iniciativa legislativa espuria, camuflada en una enmienda del Senado conculca también las competencias, y es más grave todavía, del Consejo General del Poder Judicial, porque es a este organismo al que le corresponde informar sobre los proyectos de leyes penales. Está previsto en el artículo 108.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, señorías, así lo ha puesto de manifiesto en el caso concreto que nos trae ahora mismo.
La enmienda en el Senado vulnera asimismo de manera flagrante el procedimiento legislativo en relación con las competencias que tiene el Congreso de los Diputados. El artículo 89.2 de la Constitución establece que, una vez adoptada una iniciativa legislativa, la primera fase del procedimiento legislativo se realice en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, las proposiciones de ley tomadas en consideración por el Senado se remitirán al Congreso de los Diputados para su trámite en este como tal proposición. De esta manera también se está vulnerando el artículo 89.2 de la Constitución e incluso el artículo 125 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
La posición constitucional del Congreso frente a las enmiendas que llegan del Senado es de Cámara revisora de un texto sobre cuya materia los diputados tuvieron previamente la oportunidad de debatir y de enmendar.
No es el caso que ustedes están imponiendo y, por lo tanto, también se transgrede en esta materia el artículo 90.2 de la Constitución. La intervención del Congreso de los Diputados en relación con las enmiendas que proceden de esta Cámara es de mera ratificación o rechazo, se pronuncia sobre la enmienda, se aceptan o no, pero no se permite y se posibilita actividad legislativa, y eso también vulnera el artículo 90.2.
Se limita al Congreso a una mera función de ratificación o rechazo de una materia que se introduce «ex novo» en el Senado. Su posición en el procedimiento legislativo queda, por consiguiente,
trastocada. Ustedes siguen vulnerando la legislación vigente en esa materia.
Por tanto, las enmiendas del Senado en cuestión son materialmente una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal, que se inserta en la tramitación del proyecto de ley de arbitraje. Esto, desde nuestro punto de vista, vulnera el procedimiento legislativo constitucionalmente establecido, el derecho fundamental de los diputados a ejercer su cargo representativo por sí o a través de los grupos parlamentarios. Ustedes están vulnerando de esta manera el artículo 23.2 de la Constitución en relación con el artículo 110, puntos 1 y 2, del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Señorías, desde nuestro punto de vista el Ministerio de Justicia está menospreciando de esta manera la separación de poderes, operando reformas en la legislación orgánica casi de manera directa, mediante la obediencia de los parlamentarios del Partido Popular que sustenta al Gobierno, pero privando al Parlamento, a las Cortes Generales de la realización de sus funciones propias. Señorías, esto es para nosotros, en este contexto de celebración del 25 aniversario de la Constitución, profundamente grave, sobre todo cuando se impulsa y se incita desde el Gobierno, desde el Ministerio de Justicia.
Quiero terminar diciendo que se han producido manifestaciones de profesionales del Derecho, concretamente de catedráticos de Derecho Constitucional como el señor Francisco Laporta, que en el artículo publicado en «El País» el día 5 de diciembre...
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor CABRERO PALOMARES: Voy terminando, señor presidente.
Son manifestaciones que indican que constituye un fraude a la Constitución la técnica de introducir enmiendas absolutamente ajenas a lo que se tramita, un ninguneo a las propias Cortes Generales.
En definitiva, la tramitación seguida para introducir las enmiendas 3 y 4 que presenta el Grupo Popular supone una evidente vulneración de los artículos 23.2, 86, 87, 88 y 90 de la Constitución y también de los artículos 106, 107 y 108 respectivamente del Reglamento de este Senado.
Señorías, por eso, nosotros daremos nuestro voto favorable a la moción que se trae a debate y votación, y queremos anunciar que, de producirse finalmente el objetivo que pretende el Grupo Popular con esta vulneración a la Constitución, nos sumaremos con otros grupos a los recursos procedentes de amparo e inconstitucionalidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Mendoza.
El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
En coherencia con nuestro voto ya manifestado vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta propuesta del Grupo Socialista por considerar que el procedimiento legislativo no se respeta escrupulosamente y que se hace una interpretación, a nuestro juicio, no adecuada.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mendoza.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
La completa, precisa y medida exposición que ha realizado el senador Galán en su turno de defensa de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista hace casi innecesario el uso de la palabra por parte de este portavoz.
Hacemos nuestro lo por él expresado en todos sus extremos. Coincidimos con él en que estamos ante una forma de legislar simplemente inaceptable.
Coincidimos con él en que una modificación de nada más y nada menos que del Código Penal vía enmienda en el Senado, aprovechando la tramitación de un proyecto de ley totalmente ajeno, cabe ser considerado perfectamente como fraude de ley.
Coincidimos, en definitiva, con él en que las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado al proyecto de ley, por cierto, Orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, vulneran tanto el artículo 23.2 de la Constitución como el procedimiento de elaboración de las leyes previsto y contenido en los artículos 81 y siguientes del propio texto constitucional, así como desarrollados posteriormente en los artículos 104 y siguientes del Reglamento de la Cámara.
Consiguientemente, con estas condiciones anunciamos que nuestro grupo parlamentario se va a sumar con su voto favorable a la moción del Grupo Parlamentario Socialista pronunciándose con ello en contra de la admisión a trámite de las citadas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Zubia.
Por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señor presidente.
Señorías, mis primeras palabras van a ser para manifestar que el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, en cuyo nombre intervengo, no está de acuerdo con la admisión a trámite por la Mesa del Senado de las enmiendas 3 y 4 aprobadas por el Gobierno y presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Cuando ha fallado la previsión, la prudencia y el buen hacer de los juristas, sólo nos queda mantener los principios y defender el Estado de Derecho, defender los derechos de los senadores y defender, si quieren, en palabras más gruesas, la Constitución.
Por todo ello pedimos al Senado la inadmisión de las enmiendas referidas, porque cuando las cosas se han hecho mal, rectificar es de sabios. Al fin y al cabo en nuestra escala de valores, al menos en la del senador que les está hablando, el fin no justifica los medios.
Nuestra posición se basa en tres razones. Primera razón, las enmiendas cuya tramitación discutimos no son enmiendas al proyecto de ley de arbitraje, sino que constituyen el texto de una ley nueva y distinta. No tienen ninguna conexión ni tan siquiera remota con el proyecto de ley de arbitraje. No tienen nada que ver con él. No deja de ser incluso un sarcasmo que el proyecto de ley de arbitraje acabe generando nuevos tipos delictivos.
Si el origen de esta nueva ley penal está en el Gobierno --como él mismo anunció, y no tengo razones para pensar que sea de otra manera--, exige su aprobación como proyecto de ley acordado en Consejo de Ministros, previo informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Si lo hiciere a través de otra vía, como así ha sido, se hurtan dichos informes y es un flaco servicio al funcionamiento del Estado de Derecho, pero incluso si se prefiere, puesto que la iniciativa parlamentaria en concreto que discutimos ha correspondido al Grupo Parlamentario Popular, su tramitación debería adecuarse al carácter de proposición de ley ante el Senado para que sea tomada, en su caso, en consideración antes de iniciar su tramitación en las Cortes Generales como ley. En ninguno de los dos casos se trata de enmiendas al proyecto de ley de arbitraje. ¿Alguien cree que son enmiendas al proyecto de ley de arbitraje? No he encontrado a nadie en privado que diga que son enmiendas al proyecto de ley de arbitraje, porque no lo son, y más claro agua, y lo que es verdad es verdad. Es tan manifiesta su incongruencia que incluso en el trámite de comisión ha caído del título de la ley orgánica cualquier referencia a la Ley de Arbitraje, porque hubiera sido ridículo que hubiera estado en el título en coherencia con el contenido mismo de la ley.
Los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, regulados en el Título I de la Constitución, como saben ustedes, no pueden ser objeto de decretos-ley y su regulación debe someterse al procedimiento legislativo ordinario. El artículo 86, al regular la legislación provisional de urgencia, establece que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-ley y que no podrán afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I. Es decir, establece la obligatoriedad de pasar por el «iter» legislativo en este caso aunque exista una extraordinaria y urgente necesidad. Para esos supuestos, por tanto, que comprenden el Código Penal y las leyes penales, su regulación debe hacerse mediante el proyecto legislativo correspondiente y por el procedimiento legislativo ordinario, o bien mediante una proposición de ley.
El procedimiento elegido para esta reforma del Código Penal --que, por cierto, hace un mes, en la última tacada de leyes, ya lo reformamos, y ahora a alguien se le ha ocurrido que debe reformarse más; hubiera podido ocurrírsele hace un mes y hoy no hubiera hecho falta formular esta intervención en esta Cámara-- es inconstitucional, pero sobre todo jurídicamente es una chapuza que cubre de gloria al Ministerio de Justicia, que les recuerdo que no es el Ministerio de Justicia del Partido Popular, es el Ministerio de Justicia de España, y hubiera querido otra gloria para este Ministerio de Justicia. O bien debe ser un proyecto de ley o bien es una proposición de ley, que sí lo es, aunque se presente con una calificación, en mi opinión, equivocada.
Segundo razonamiento, el procedimiento adoptado de introducción de una nueva reforma del Código Penal a través de enmiendas a la ley de arbitraje, vulnera los derechos de los senadores a realizar su función representativa, amparados en el artículo 23 de la Constitución, y en concreto los míos. Existen unos límites a la ampliación material de los textos legislativos en tramitación. Aunque el uso de esta ampliación material no sea infrecuente, debe existir siempre una cierta conexión material. La incongruencia manifiesta y denunciada vulnera el ejercicio de los derechos que tenemos como senadores. Cuando la incongruencia es manifiesta y manifestada, cuando se reclama la protección de los derechos de los senadores, no debe haber dudas sobre la prioridad, deben ampararse los derechos conculcados de los senadores y restablecer el orden constitucional. Y éste es el caso. La Mesa, como todo el Senado, está sujeta a la Constitución y a su propio Reglamento, y con la introducción de una nueva ley, cuyo texto ha sido visto y aprobado en Consejo de Ministros para su presentación como enmienda a la primera ley que se encuentre a mano, en mitad de una tramitación, se están vulnerando flagrantemente mis derechos como senador, los de todos los senadores de mi grupo parlamentario y los de todos los senadores, incluidos los de la mayoría, a presentar vetos y enmiendas. Es un atropello innecesario al Senado, y como senador solicito que se respeten y amparen mis derechos.
Hemos sido elegidos y estamos aquí para discutir las leyes y proponer alternativas al articulado de las mismas, no sólo para decir sí o no a lo que proponga el Gobierno, a través de su grupo parlamentario, en medio del «iter» legislativo, sin la posibilidad de formular vetos a una nueva ley ni enmiendas a la misma, sino sólo decir sí o no. Este no es el debate parlamentario, se llama de otra forma, y ustedes lo saben. En el siglo XIX se denominaba trágala. (Aplausos.) Este no es un parlamento de un país democrático. No pueden invocarse los precedentes porque, en lo que se me alcanza, no son idénticos. Por mi experiencia parlamentaria, en ningún caso ha sido presentado como enmienda una proposición o un proyecto de ley sobre materia tan dispar a la que está en examen, con el fin de alterar, de burlar, el «iter» legislativo --no hablo de la mala fe, sino objetivamente-- e impedir que este senador pueda presentar enmiendas.
En diversas ocasiones me han oído ustedes en esta tribuna insistir en la necesidad de que la introducción de enmiendas sobre materias distintas, aunque conexas, conlleva la referencia en el título para garantizar la seguridad jurídica; asimismo, he defendido la conveniencia de que los textos legislativos tuvieran una coherencia material interna. Pero esta vez se ha dado un paso más allá debido a la total incongruencia material, lo que sitúa formalmente las
enmiendas a ese texto legislativo fuera de los planes constitucionales y comporta un atropello, insisto, a los derechos de esta Cámara, no sólo míos.
Se estaba en el límite y se ha dado un paso más allá de lo habitual. Se han salido de madre, se han salido de la Constitución. El pie que ha avanzado no encuentra debajo tierra firme. En todo caso, los precedentes contra la ley y contra la Constitución nunca serían válidos para justificar la vulneración de nuestros derechos como senadores a cumplir con la función representativa que nos corresponde. Nunca pueden justificar un fraude de Constitución. La Constitución y el Reglamento del Senado contienen las garantías de los ciudadanos y de las minorías parlamentarias, las garantías de las reglas del juego; dentro de la Constitución, hasta donde se quiera, hasta donde nos lleve la mayoría después de dialogar con la oposición; para transitar fuera de la Constitución no cuenten con este grupo parlamentario.
Tercera razón, la tramitación como enmienda de esta iniciativa legislativa constituye un fraude a la Constitución. Saben ustedes que en ocasiones existen conductas que producen un resultado contrario al ordenamiento jurídico; aunque claramente consideradas, sin atender a los resultados, sean en sí conformes o no disconformes con las normas jurídicas, es decir, no hay una infracción directa a la norma jurídica.
De esta forma se oculta, con mala fe o a veces con buena fe, un comportamiento que persigue la infracción del ordenamiento bajo la apariencia del cumplimiento de las leyes, como saben lo que han estudiado Derecho. Muchos de ustedes recordarán que el Código Civil, en su artículo 6.4, establece que los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, constituyen fraude de ley. Formalmente la ley se cumple, pero de hecho se pretende su violación. Y conocen ustedes también que frente a ello el mismo artículo establece un remedio: Los actos ejecutados en fraude de ley no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. Por esta razón creemos que deben inadmitirse las enmiendas, retrotraer el procedimiento, conceder los derechos a los senadores de veto y enmienda --como mínimo de enmienda-- y restablecer el orden constitucional vulnerado. Debe repararse la herida causada al Estado de Derecho porque el acto no es aún irreparable, puede corregirse, estamos a tiempo aún, sin descalificar a nadie, sin decir que nadie ha cumplido con su misión, simplemente volviendo al orden constitucional, volviendo al Estado de Derecho, que se defiende aplicando el Estado de Derecho, no vulnerándolo --no hay defensa del Estado de Derecho vulnerando el Estado de Derecho.
Por todo ello apoyaremos la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, porque en la democracia, al menos tal como yo la entiendo, tal como está recogida en la Constitución, es decir, la democracia liberal, al menos en ésta la forma es el fondo, las reglas del juego deben ser mantenidas y no pueden ser forzadas, no pueden ser violadas.
Los derechos de los senadores en el procedimiento legislativo no pueden ser conculcados, no es admisible el fraude a la Constitución, la mayoría no lo puede todo, también está sujeta a la Constitución y a los principios básicos de funcionamiento del sistema parlamentario que nos hemos dado en ella.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Molas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Marimon.
El señor MARIMON I SABATE: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, quiero manifestar que nuestro Grupo, Convergència i Unió, va a apoyar la moción del Grupo Parlamentario Socialista, y ello por diferentes razones, al igual que mañana votaremos en contra de las enmiendas presentadas. ¿Por qué vamos a dar nuestro apoyo? Sencillamente, primero, porque creemos innecesaria esta reforma del Código Penal. Yo no soy un experto, antes han hablado oradores que por su formación lo han hecho con mucho mejor conocimiento y con más brillantez, pero sí me he tomado la molestia de leer las leyes que afectan a este ámbito: primera, la ley de referéndum, la Ley Orgánica 2/1980, donde se deja absolutamente claro el ámbito competencial de las consultas populares a través del referéndum; segunda, el actual Código Penal, que precisamente en los mismos artículos que se pretende enmendar ya prevé las sanciones y responsabilidades cuando se vulnera la ley. Por lo tanto, nosotros entendemos que es innecesaria, con aplicar la actual legislación era suficiente para prever lo que parece que quiere prever el Gobierno.
Segundo, porque aunque el trámite de estas enmiendas --y he escuchado con mucha atención también al portavoz del Grupo Parlamentario Popular-- es reglamentariamente posible, nuestro grupo, al igual que otros, las encuentra absolutamente incorrectas y muy especialmente en la forma dada la trascendencia de lo que se pretende en esta reforma, básicamente por los siguiente casos --los citaré puesto que ya se han desarrollado--.
Primero, falta de trámites previos, como es el informe preceptivo para realizar cualquier reforma legislativa y en este caso el informe del Consejo General del Poder Judicial. Segundo, no se ha seguido el trámite ordinario y se le niega al Congreso su participación. El senador Ferrández decía que el Congreso luego podrá opinar, pero no es así, porque el Congreso sólo podrá decir si acepta o no acepta estas enmiendas, es la única opinión que podrá manifestar el Congreso --decir que esto es participar en una ley entiendo que es un puro eufemismo--.
Asimismo, en el trámite parlamentario en el Senado se ha negado o se evita la participación parlamentaria al presentar estas enmiendas en el período de prórroga de la ley orgánica de arbitraje.
Esta fórmula subrepticia de presentación de enmiendas deja al resto de los partidos del espectro parlamentario sin posibilidad de ejercer nuestros derechos o nuestra capacidad legislativa. No se pueden presentar enmiendas a una ley que se está modificando, no se pueden presentar vetos y ni siquiera podemos ejercer el derecho a presentar un
voto particular. Por lo tanto, estamos absolutamente en contra de esta forma de proceder.
En todo caso, estos son los mismos hechos que han explicado todos los intervinientes --y mejor que este portavoz-- y, por ello, quiero centrarme en otra serie de reflexiones: ¿por qué toman ustedes esta decisión? ¿Por qué toma esta decisión el Partido Popular? Desde mi punto de vista, se trata de una clara voluntad coercitiva, por no decir amedrentadora, ante las inquietudes, por un lado, del Gobierno vasco y, por otro, de las numerosas voces que se levantan y que piden que se replanteen algunos aspectos de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución.
Recientemente, he leído un artículo muy explícito firmado por Miguel Roca, cuyo inicio creo que es absolutamente clarificador respecto a lo que estamos discutiendo hoy. El entendía que esta modificación, como lo entendemos todos, obedecía básicamente a la presentación del llamado plan Ibarretxe --aunque desde mi punto de vista se trata de un problema más generalizado--, y escribía lo siguiente: el problema del País Vasco no es un problema judicial, es un problema político; plantearse recurrir ante los tribunales la iniciativa que se sostiene en el plan Ibarretxe es un error. Una iniciativa política que se ha de debatir en una sede parlamentaria no puede ser objeto de una resolución judicial; en ningún caso los fundamentos jurídicos de una sentencia pueden sustituir al diálogo político. La política tiene unos protagonistas, la Justicia otros, cuando los planos se confunden los problemas se hacen más complejos y aún más difíciles de reconducir.
Señorías, no sólo tengo la percepción sino la certeza de que estamos avanzando en un camino de crispación. El diálogo y el acuerdo han sido las bases de la convivencia en este ya largo período democrático y la modificación de las leyes abusando de la mayoría, aunque pueda justificarse reglamentariamente, no es el mejor camino hacia el diálogo.
El hecho de que sea el Gobierno el que anuncie las enmiendas, sin siquiera guardar el decoro de que sea su grupo parlamentario quien lo haga y en el tono en el que se hizo, manifiesta poco respeto hacia la Cámara e incluso una total subsidiariedad de su propio grupo.
Señorías, sólo quiero añadir antes de terminar mi intervención que entiendo que han iniciado un mal camino; todavía podemos desandarlo y, por ello, como decía el senador Molas, que no haya victoria, méritos ni derrotas de nadie, no antepongamos el orgullo y lleguemos a un acuerdo.
Les pido que no sea la sinrazón el motivo para avanzar por este camino, porque si lo hacemos probablemente lleguemos a un espacio político en el que no será posible el retorno, y ese es un gran motivo de preocupación para este portavoz y su grupo parlamentario.
Creo que ustedes deberían contemplar la moción que estamos debatiendo hoy porque, aunque sé que ustedes van a defender su enmienda a capa y espada
--como ocurre últimamente con todo lo que hace el Partido Popular-- y sin modificar un ápice su contenido, en el fondo sé que muchas de sus señorías están absolutamente convencidas de que éste no es el camino que debemos seguir los españoles, que éste no es el camino para modificar una ley, máxime cuando ustedes tienen mayoría suficiente para hacerlo siguiendo los trámites ordinarios y que permiten la participación del resto del espectro político de ambas Cámaras. Ustedes saben que este no fue el camino que iniciamos con nuestra Constitución y en este momento entiendo que lo estamos desandando, y si lo estamos desandando, lo estamos haciendo por un camino equivocado, y que lo que se puede discutir en política, como decía el señor Miguel Roca, no lo tenemos que llevar a los tribunales. Si lo hacemos así, nos estamos haciendo un flaco favor, piénsenlo ustedes.
Muchísimas gracias, por su atención, señorías. Gracias, señor presidente.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, en turno de portavoces tiene la palabra el señor Galán.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor Galán, llevamos más de cinco horas de Pleno, ¿existe inconveniente por parte de algún grupo parlamentario en que continuemos? (Pausa.) Muchas gracias, señor Galán, puede continuar.
El señor GALAN PEREZ: Gracias, señor presidente.
En este turno de portavoces sencillamente voy a limitarme a contestar y puntualizar tres afirmaciones del senador Ferrández Otaño, desde el afecto y la amistad que sabe que le profeso. Su primera afirmación es que no existe ningún límite a la capacidad de enmienda de los senadores, a la capacidad de enmienda de esta Cámara. El artículo 90.2 de la Constitución Española y el artículo 107 de nuestro Reglamento no limitan para nada las enmiendas. Ese derecho es libre y se puede presentar cualquier enmienda a cualquier proyecto. Esta es la primera afirmación rotunda que ha hecho, incluso completándola con que tampoco el Congreso se ve perjudicado porque puede discutir la enmienda del Senado. No, puede decir sí o no, pero no hacer un debate sobre las cuestiones que se incorporan en esta Cámara. Pues bien, esa primera afirmación me ha preocupado profundamente porque no es la afirmación de un demócrata, sino la de una persona que, quizá, procurando hacer su tarea con la mejor buena voluntad, desconoce y no vive los principios de la democracia. Señor Ferrández Otaño, un ejemplo: con su primera afirmación está diciendo que se puede reformar la Ley Reguladora del Derecho de Reunión o la Ley de Libertad Sindical aprovechando el trámite en esta Cámara de la Ley del Ruido o de la Ley de Montes. Eso supone que hemos acabado con el sistema democrático y con el régimen parlamentario. (Aplausos.) Eso supone, señorías, que el Ejecutivo puede hacer en todo momento, a través del grupo de la mayoría, lo que le dé la gana. Hemos acabado con lo que es la esencia de un sistema democrático, lo que es la esencia del régimen constitucional, cuyo XXV aniversario celebramos ayer.
En segundo lugar, ha citado usted los antecedentes, y yo quiero decirle que no tiene comparación posible. Primer
antecedente, la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo critiqué igual y pedí a mi grupo parlamentario que fuéramos hasta el final, pero es indudable que modificar la Ley de Demarcación y Planta para recoger la necesidad de los cambios en la planta derivados de todas las reformas que se introducen en la ley y de otras previas, tiene una cierta relación. Hay alguna cuestión como, por ejemplo, la ejecución provisional de las sentencias indemnizatorias relativas al derecho al honor, que evidentemente tenía muy poco que ver, pero había un consenso en que era un buen momento para solucionar ese problema. Sin embargo, este tema es completamente distinto, no estamos hablando de una pequeña reforma de un tipo específico de un artículo del Código Penal para incorporar a los que hacen de interventores en un referéndum convocado por quien no tiene competencia para ello. Están creando tres tipos nuevos y, además, no están respetando el principio de legalidad penal, ni el principio de generalidad específico de la norma penal, y están utilizando el Código Penal como amenaza o como represalia contra personas que tienen nombres y apellidos (Aplausos.), que toda la Cámara sabe quiénes son y que ostentan responsabilidades institucionales en el Estado de las autonomías.
En tercer lugar, en cuanto a los otros antecedentes: abastecimientos hidráulicos, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, bases del régimen local, ordenanzas fiscales, inversiones colectivas, fondos de titulización, me parece que puede existir una relación de congruencia de la que carece absolutamente el caso que nos ocupa.
Y paso a la tercera referencia --y con esto termino, señorías--, que no es un argumento del debate sino, sencillamente, respecto a una pregunta que me ha hecho y que me ha preocupado, no por la pregunta en sí sino por la interpretación que ustedes pueden hacer si la paso por alto, y es por qué ahora; primero, porque es la gota que ha colmado el vaso y, segundo, porque no ha habido ningún diálogo previo, no ha habido ningún respeto a lo que es un pacto por las libertades y contra el terrorismo, sino que ha sido una decisión absolutamente unilateral.
Señorías, la estrategia del Partido Popular tanto en la defensa del Estado, de la unidad y de la cohesión de España como en la lucha antiterrorista en no querer socios y quedarse solos, porque ustedes consideran que a partir de esa soledad de toda la Cámara contra ustedes el Partido Popular se garantiza la mayoría absoluta, me parece lamentable. (Varios señores senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular: «No, no».
--Aplausos.) La inserción de nuevos tipos penales merecería al menos un acuerdo general en torno a la oportunidad de utilizar el instrumento penal para poner límites o dar respuesta adecuada a la conducta que ustedes consideran inadmisible --lo dice el profesor De la Quadra--. Y quiero entrar en el tema, señorías, no quiero que se me acuse de equidistancia, de debilidad, de tolerancia con el plan Ibarretxe.
El plan Ibarretxe, señorías, es un ataque brutal a la Constitución, a la soberanía del pueblo español y al pacto estatutario, que lleva en su seno, como ha escrito Javier Pradera, las semillas de la limpieza étnica dentro de la propia comunidad vasca y proporciona al terrorismo renovados pretextos relacionados con las reclamaciones territoriales respecto a Navarra, el País Vascofrancés y hasta el enclave de Treviño. Pero frente a ese plan anticonstitucional y antiestatutario, a los demócratas no nos cabe otro camino que el que representa mayor profundización en la Constitución y mayor profundización en la autonomía vasca. Esos son los únicos dos caminos que tenemos abiertos y por delante los demócratas.
(Aplausos.) Hay que volver la vista hacia el artículo 9.3 de la Constitución y estudiarlo con detenimiento. Allí nuestra norma fundamental garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras restrictivas de derechos individuales --piénsese en el tema del pago de subvenciones a los parlamentarios individuales que pertenecían al grupo Socialista Abertzaleak--, la seguridad jurídica, que aquí no ha existido y se ha quebrantado, y, finalmente, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Nadie puede, señor presidente, interpretar la Constitución contra el sentido común, a su medida, hacer de ella, patrimonializándola, un instrumento de su política, y nadie esta legitimado, señorías, por mucha mayoría mecánica de que se disponga, a malversar el consenso que la hizo posible y perdurable. Modificarla, alterarla, como ustedes intentan, es convertir una reforma del Código Penal en algo que repugna a la propia naturaleza de la norma penal.
Señorías, contra el plan Ibarretxe lo mejor que podemos hacer todos es luchar con los valores que hicieron posible la Constitución y que la mantienen viva: el diálogo, el entendimiento, la tolerancia, la búsqueda del consenso. La peor receta, la que más perjudica a todos es utilizar irreflexivamente, sin diálogo, en exclusiva, sin buscar acuerdos, los medios torticeros que ustedes vienen utilizando. Por graves que puedan ser --ha escrito el profesor De la Quadra, en «El País»-- las conductas que se quieren prevenir, por serias que sean las deslealtades que implican, por graves que puedan ser sus consecuencias, la Constitución debe ser siempre observada y aplicada con toda lealtad. De lo contrario, se puede producir la paradoja de que quienes se dicen sus defensores máximos, sin duda de forma inconsciente o no, sean quienes se ponen a una tarea que progresivamente va quebrando todo el edificio constitucional.
Espero que sea de forma inconsciente y que sus señorías reflexionen sobre estas palabras; si no lo es, señorías, ¡aviados vamos todos los demócratas! (Fuertes aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Galán.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Ferrández.
El señor FERRANDEZ OTAÑO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar mi intervención agradeciendo el tono de los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, que, a pesar de que en sus intervenciones hayan dicho cosas que pueden parecer excesivamente graves, la verdad es que lo han hecho con un tono absolutamente moderado, de forma que procuraré
contestar en el mismo tono moderado en que ustedes lo han hecho.
Al senador Cabrero Palomares, y haciendo uso de este tono positivo, quiero agradecerle muy sinceramente la defensa que ha hecho de la Constitución y de todos los preceptos constitucionales, porque sin duda su compañero el señor Madrazo, en el País Vasco, tomará buena nota de lo que usted ha dicho aquí para oponerse al plan Ibarretxe (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), que en más de cien ocasiones incumple la Constitución, y para oponerse al proyecto de referéndum que ha propuesto el lehendakari. Sin duda escuchándole a usted el señor Madrazo va a hacer buen uso de sus palabras y se va a oponer a eso que, por otra parte, ha manifestado que va a apoyar.
Coalición Canaria básicamente se ha limitado a mantener los argumentos del Grupo Parlamentario Socialista y a decir que la tramitación incumple la Constitución. Por tanto, en mi primera intervención creo haberle dado contestación, con lo que no voy a ir más allá.
Del mismo modo, el senador Zubia, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, ha reiterado su apoyo a la intervención del senador Galán. Así pues, me remito a lo manifestado en mi réplica a la moción del senador Galán.
Por contra, el senador Molas, de Entesa Catalana de Progrés, sí ha incidido algo más y se ha referido a tres cuestiones básicamente. Ha comenzado su intervención planteando la inadmisión. Difícilmente se puede plantear la inadmisión cuando ya han sido admitidas; habrá que tomar en consideración la reconsideración de esa admisión, no la inadmisión, como creo que comprobó en el informe del letrado de la Cámara; pero ésa es una cuestión al margen.
Usted ha dicho que no son enmiendas a la Ley de Arbitraje.
¡Evidentemente! No son enmiendas a la Ley de Arbitraje, y nadie ha dicho que lo sean, ni tan siquiera remotas; como tampoco fueron enmiendas a la LOGSE las que se introdujeron para modificar la Ley del Suelo. ¡Tampoco! Tampoco tenía nada que ver la Ley del Suelo con la LOGSE, pero aquellas enmiendas no las introdujimos nosotros, curiosamente.
Ha manifestado también que este tipo de tramitación exige la aprobación como proyecto de ley. Antes le he citado concretamente alguna sentencia del Tribunal Constitucional que hacía referencia a la reclamada conexión, que usted mencionaba, diciendo que no existe ni en la Constitución ni en los reglamentos de ambas Cámaras norma alguna que establezca una delimitación material entre enmienda y proposición de ley. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, esa referencia, esa relación que usted establece entre enmienda y proposición de ley, el Tribunal Constitucional entiende que no se produce porque no existe norma alguna que establezca una delimitación material entre enmienda y proposición de ley. Insisto en que no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional.
Ha dicho igualmente que la tramitación de la ley, tal y como se ha planteado, es claramente inconstitucional. La tramitación que se ha planteado en esta cuestión es idéntica a la que en su día estudió la sentencia 99/1987, del Tribunal Constitucional, que en su argumentación establecía que en modo alguno podía hablarse de infracción reglamentaria alguna ni tampoco de inconstitucionalidad. Por lo tanto, no es inconstitucional. Podremos querer que lo sea e incluso podremos estar de acuerdo en que sea necesaria alguna reforma o lo que quieran, pero hoy por hoy el planteamiento que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular es absolutamente constitucional y reglamentario. Lo prevé la Constitución, el Reglamento y lo reconoce el Tribunal Constitucional. Por consiguiente, toda esa amalgama de argumentos que se establecen para tratar de justificar la inconstitucionalidad de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular son absolutamente injustificados, no tienen apoyo legal alguno, no hay ni un solo precepto en el Reglamento ni en la Constitución que diga lo que ustedes manifiestan y, al contrario, existen reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, la última del año 2000, que admiten la posibilidad de llevar a cabo reformas legislativas a través de enmiendas aunque no tengan que ver básicamente con el proyecto de ley que se tramita. Creo que con esa argumentación se contestan bastantes de los argumentos esgrimidos en contrario por los distintos portavoces.
Convergència i Unió dice, en primer lugar, que considera innecesaria la reforma del Código Penal. No es ésa la cuestión que estamos debatiendo hoy. Mañana, durante la tramitación de esta ley, tendremos ocasión de discutir si realmente es o no es necesaria la reforma del Código Penal.
Ha insistido también en que la forma es incorrecta, pero, a diferencia del resto de los portavoces, ha admitido que es posible. Es incorrecta, no ha mencionado ni fraude ni ilegalidad ni nada por el estilo, simplemente entiende que es incorrecto, que debería haberse hecho de otra manera. En ese sentido a los mejor hasta puedo coincidir con usted, con que la reforma podría haberse hecho de otra manera. Sin embargo, las circunstancias han motivado que el Gobierno se viera obligado a tener que hacer esta modificación de la forma en que lo ha hecho, y ustedes lo saben perfectamente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Ya en otro tono y sobre algo ajeno a lo que estamos debatiendo en relación con las formas, ha manifestado que la reforma que pretende el Grupo Parlamentario Popular pone de manifiesto la voluntad coercitiva y amedrentadora del Gobierno. No puede suponer en absoluto que exigir el cumplimiento de la Constitución, impidiendo que una autoridad o un funcionario convoque un referéndum para el que no está legitimado en ningún momento y siendo manifiestamente incompetente, puede pretenderse decir que eso es una voluntad amedrentadora. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Todo lo contrario. Lo único que persigue es que se garantice la Constitución, que se respete la Constitución. Es lo único que pretende la reforma que plantea el Grupo Parlamentario Popular.
A día de hoy, todavía nadie ha incumplido la Constitución porque nadie ha convocado un referéndum siendo manifiestamente incompetente. El día en que lo haga tendrá que someterse a lo que la ley establece y al tipo penal que vamos
a aprobar mañana con los votos favorables, es probable que únicamente del Grupo Parlamentario Popular.
Por su parte, el senador Galán, del Grupo Parlamentario Socialista, ha hecho pública una manifestación de afecto, se la devuelvo y le expreso igualmente el afecto que le profeso. Me dice que le sorprende la expresión que he empleado respecto a que no existe límite en cuanto a la capacidad de enmienda en esta Cámara, y le parece que eso es algo inaudito, pero es que eso tampoco lo digo yo. Resulta que lo que le he dicho --y se lo he dicho así-- lo decía el Tribunal Constitucional en la sentencia 194/2000, de 19 de julio, y le repito que los artículos 90.2 y 107 del Reglamento no limitan el alcance de las enmiendas senatoriales que modifiquen el texto del proyecto enviado por el Congreso de los Diputados.
Eso es lo que le he dicho, y eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Usted puede no estar de acuerdo con el Tribunal Constitucional, pero no nos pida que nosotros también estemos en desacuerdo con él. Nosotros, para bien o para mal, estamos absolutamente de acuerdo.
Hay una cuestión relativa al tema de los antecedentes. Ha hecho referencia a que en la Ley Orgánica del Poder Judicial se introdujeron algunas enmiendas que modificaban el proyecto del Congreso; no tenían nada que ver pero, como habían sido consensuadas, sí se podían incorporar. Eso lo ha dicho usted, que venían precedidas de un consenso.
Evidentemente, no venían precedidas de un consenso unánime de toda la Cámara, y usted está diciéndonos que cuando el Grupo Parlamentario Popular consensua con el Grupo Parlamentario Socialista sí se puede hacer esta tramitación, pero cuando no consensua con el Grupo Parlamentario Socialista no se puede hacer. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Eso no me parece razonable.
Por otra parte, ha manifestado que la gota que ha colmado el vaso ha sido que no ha habido diálogo. En este sentido, puedo manifestarle que el mismo día en que se hizo pública la intención del Grupo Parlamentario Popular de presentar estas enmiendas el portavoz de nuestro grupo anunció a los distintos medios de comunicación la voluntad del Grupo Parlamentario Popular de poder alcanzar acuerdos con todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Pero a los grupos parlamentarios de esta Cámara, o por lo menos a quienes formulan la moción que estamos debatiendo, les interesaba más hacer un montaje escénico respecto a las formas de la moción para no tener que entrar en el contenido.
(Protestas.
--Aplausos.) Eso no les ha salido bien.
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor FERRANDEZ OTAÑO: No les ha salido bien, y lo lamento.
A la pregunta que yo les hacía al finalizar mi intervención sobre las razones que justificaban cuestionar a estas alturas las resoluciones del Tribunal Constitucional, como se ha hecho, no me han contestado. Tampoco me han contestado qué razones justifican que se haya montado todo esto a costa de la modificación propuesta por el Grupo Parlamentario Popular y qué diferencias había con lo que hacía el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor FERRANDEZ OTAÑO: No me lo han justificado. Lo que se hace hoy, se hacía antes.
Tampoco me han justificado qué razones justifican que se cambie la vara de medir dependiendo de si se está en el Gobierno o en la oposición. No me lo han justificado.
Los que estamos en esta sala conocemos exactamente las razones que han motivado que el Grupo Parlamentario Socialista no esté de acuerdo en esta modificación; desde luego, no son razones formales, ni jurídicas, ni políticas, son otras razones que ustedes conocen muy bien. Ustedes han puesto por encima los intereses de partido a los intereses generales del Estado, y ése es su problema y su elección, no la nuestra.
(Aplausos.
--Protestas.--El señor Marimon i Sabaté pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Senador Marimon, al amparo del artículo 87, tiene un minuto.
El señor MARIMON I SABATE: Muchas gracias, señor presidente.
Ya que usted ha dado esta interpretación, voy a leerle el artículo segundo de la Ley Orgánica de Referéndum que le he citado antes. Dice: La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades es competencia exclusiva del Estado. Es legislación actual, nadie la ha variado. Voy a leerle el artículo 506: La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictara una disposición general o suspendiere su ejecución será castigado..., etcétera.
Por lo tanto, señorías, esto está perfectamente tipificado y en este momento se hace --y me ratifico, aunque a ustedes no les guste lo que voy a decir-- con una clara voluntad coercitiva y de amedrantamiento. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Oh!--El señor Galán Pérez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Senador Galán, tiene usted un minuto.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Ferrández Otaño, no puede citarme una sentencia y luego interpretarla «pro domo sua». La sentencia dice que cualquier modificación que se haga de un texto legal, a través de una enmienda, es válida. Esto no es ninguna modificación del texto legal llegada a esta Cámara, sino otro texto legal distinto, una iniciativa completamente diferente. Por lo tanto, el argumento no vale.
Ustedes siempre desempolvan un precedente, y un discurso no puede estar nunca ligado al precedente. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor GALAN PEREZ: Es posible que lo que nos ha contado sobre la enmienda relativa a la Ley del suelo en la LOGSE sea un disparate parecido al de ahora, pero debieron haber recurrido esa infracción clara del procedimiento legislativo.
Por último, no estoy en absoluto convencido de que aquí hagamos un montaje ni que de esto podamos sacar ni más ni menos rentabilidad.
Estamos defendiendo los principios democráticos, esa democracia de la que ustedes creen ser únicos defensores, esa Constitución que ustedes homenajean por todas las fórmulas posibles, con desfiles, con medallas, condecoraciones, etcétera, pero que en la práctica no respetan.
(Rumores.) Y no respetan sus propios valores.
Lean el discurso del Rey del día 6 y aplíquenlo. (Rumores.
--Aplausos.--El senador Ferrández Otaño pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Ferrández.
El señor FERRANDEZ OTAÑO: Gracias, presidente.
Senador Marimon, con independencia de que la posibilidad de convocar referéndum esté regulada, y con independencia de que exista una norma que establece la sanción que corresponde a aquellas autoridades o funcionarios que utilicen las convocatorias públicas de manera ilegal o improcedente, etcétera, no tiene nada que ver con lo que estamos aquí planteando. Y en último término, si tuviera que ver, a mayor abundamiento no creo que en nada perjudique lo que está pretendiendo el Partido Popular. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Respecto a lo que ha manifestado el senador Galán, le voy a citar un precedente de la V Legislatura, cuando se tramitó la Ley 9/1996, de 15 de enero, por la que se adoptaron medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía y se modificó la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; y le voy a leer lo que decía su compañero en el Senado, que probablemente en aquel momento tenía un concepto diferente de la tramitación de las leyes en la Cámara Alta. Decía él: Seguramente, si contempláramos el proceso legislativo que hemos seguido durante esta legislatura, encontraríamos bastantes enmiendas introducidas en proyectos legislativos con cambios de leyes. En este caso se introducen unos cambios que creemos que mejoran la contratación y realización de estas obras, en una ley de abastecimientos hidráulicos. Así lo hacemos y entendemos que estamos legitimados para hacerlo como Cámara soberana.
Muchas veces se ha invocado aquí la soberanía de la Cámara, y es lo que estamos haciendo. Además, quiero recordar que en la ley que hemos debatido esta mañana se introducen fácilmente enmiendas que no tenían nada que ver con la ley que se debatía...
El señor PRESIDENTE: Señor Ferrández, muchas gracias.
(Rumores.
--Aplausos.--El señor Molas i Batllori pide la palabra.) Senador Molas, tiene un minuto.
Silencio, por favor.
El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señor presidente.
No voy a entrar otra vez en el debate porque ya está cerrado. Simplemente recojo una afirmación del senador Ferrández Otaño en el sentido de que ha podido utilizar un informe jurídico de la Cámara y ha supuesto que yo también lo había utilizado. Yo lo desconozco --seguro que él tiene más relaciones con los servicios jurídicos de la Cámara-- y, por lo tanto, no he podido disponer de este informe. Aunque hayamos terminado el debate, si se ha elaborado y es posible que los grupos parlamentarios dispongan de él, pediría poder consultarlo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La Mesa, desde luego, dispone del informe jurídico.
Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista en contra de la admisión a trámite de las enmiendas al proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de arbitraje.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 81; en contra, 138.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CREACION DEL CONSEJO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES, ASI COMO A PROMOVER LA ELABORACION DE UN CODIGO DE AUTORREGULACION PARA LAS CADENAS AUDIOVISUALES DE TITULARIDAD PRIVADA (662/000352).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por la que se insta al Gobierno a la creación del Consejo de los Medios Audiovisuales, así como a promover la elaboración de un código de autorregulación para las cadenas audiovisuales de titularidad privada.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y otra del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la moción tiene la palabra la senadora señora Duch por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. (Fuertes rumores.) Señorías, les ruego faciliten la intervención de la señora senadora.
La señora DUCH PLANA: Muchas gracias, señor presidente.
Soy consciente de lo avanzado de la hora y del debate intenso y de gran trascendencia que se acaba de suscitar hace un momento, pero nuestro grupo, con la presentación de esta moción sobre la creación de un consejo de los medios audiovisuales, suscita de alguna manera la solución de una problemática muy de nuestro tiempo, y es que podríamos plantearnos aquello de: ¿Existe realidad más allá de la que reflejan los medios audiovisuales? Y es que quizá para mucha gente el principio de realidad se basa en aquello que aparece en las pantallas.
Nosotros pensamos que la problemática derivada de la deficiente calidad de la programación televisiva es una especie de corolario de los múltiples cambios sociales y tecnológicos que viven las sociedades en el inicio del siglo XXI. Además, las perspectivas de aplicación tecnológica probablemente puedan acabar de complicar las cosas. Estamos en un tiempo en el que de una manera cada vez más clara la evolución del modelo audiovisual, ligada a los cambios derivados del paso de la radiotelevisión analógica a la digital, la primacía de razones comerciales, económicas y estrategias de márketing, muy a menudo con el objetivo de fidelizar a la audiencia y de complementar los balances de resultados a partir de las altas aportaciones de la publicidad, ha derivado en nuestro país y en el conjunto de las sociedades occidentales hacia una oferta televisiva carente de calidad.
Se ha hablado a menudo de la telebasura como de una forma de hacer televisión que encuentra en la morbosidad, en el sensacionalismo y en el escándalo el foco más rápido y eficaz para conseguir éxitos de audiencia.
Precisamente por eso proliferan los espacios de cotilleo, de crónica rosa y múltiples programas de degradación de los participantes ante las cámaras. Por otra parte, en muchos ámbitos se constata que existe una insuficiente programación televisiva infantil. Coleman, autor de un best-seller, habla de la soledad de los niños ante el televisor debido, seguramente, a un insuficiente ejercicio de la paternidad y la maternidad responsable. Los niños consumen durante muchas horas y a lo largo de muchos días --se ha calculado que hay más horas de consumo televisivo que de docencia-- programas con contenidos violentos, discriminatorios, sexistas, que incitan al consumo de drogas, pornográficos y que banalizan el uso de la violencia y le dan el carácter de medio natural de resolución de conflictos. Asociaciones de telespectadores estiman que los jóvenes pueden haber llegado a visionar al alcanzar su mayoría de edad del orden de 200.000 actos de agresividad extrema en televisión.
Esta es una descripción rápida, esquemática y simplificadora de una problemática que, no se nos escapa, es muy compleja. Estoy de acuerdo con lo dicho por una filósofa, a quien respeto sobremanera, que fue presidenta de una Comisión constituida en el Senado hace dos legislaturas y cuyas recomendaciones fueron aprobadas en la sesión plenaria del 15 de noviembre de 1995. Me estoy refiriendo a Victoria Camps, según la cual la televisión en el siglo XXI es el principal medio de entretenimiento que, como tal, contribuye a conocer el mundo y a construir escalas de valores o a terminar con ellas. Asimismo estoy de acuerdo con ella cuando dice que recabar audiencias y entretener ciertamente constituyen dos objetivos honorables, pero que en ningún caso vale cualquier cosa para conseguirlos.
En ese sentido quisiera traer a colación una experiencia importante que tuvo lugar en Francia, donde se creó un comité de expertos dirigido por la filósofa Catherine Clement. Dicha filósofa preconiza en sus recomendaciones algo que entiendo nos debe hacer pensar y que de alguna manera debemos tener muy en cuenta. Y dice así: La organización del servicio público audiovisual debe ser un deber del Estado con un nivel de obligación similar al de la enseñanza pública laica y gratuita que fue recogida en el preámbulo de la Constitución. Ciertamente los cambios sociales y tecnológicos a los que hacía referencia sitúan el papel de los medios de comunicación como una función socializadora y educativa muy importante, tanto como los sistemas educativos han tenido a lo largo del siglo XX.
En todos los países de nuestro entorno existen autoridades independientes que vigilan las televisiones y establecen criterios de calidad en los programas, algo en lo que nuestro país es deficitario. En España tenemos sólo dos experiencias contrastadas, las de Cataluña y Navarra, que han creado autoridades de lo audiovisual en su ámbito autonómico. Los expertos del sector audiovisual coinciden en la fuerza ejemplificadora que tienen los medios públicos cuando realizan un esfuerzo de regulación.
Ello constituye una potencia importante para avanzar en la autorregulación de los medios privados con el objetivo de garantizar derechos tan fundamentales como el derecho a la información, el pluralismo, la libertad de expresión, la cohesión social, la protección a la infancia, el progreso cultural, etcétera. (El señor vicepresidente, Caneda Morales, ocupa la Presidencia.) Con ese objetivo, y recordando esa gran tarea desarrollada por la comisión del Senado hace exactamente ocho años, mi grupo ha querido que la última moción que probablemente podrá presentar en este período de sesiones y en esta legislatura se refiera a la creación de un consejo de los medios audiovisuales. Pensamos que ese consejo se debe constituir como autoridad independiente, neutral o autónoma que contenga diversos objetivos, como velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales de igualdad, no discriminación, derecho a la intimidad, a la privacidad y al pluralismo; garantizar la no emisión de contenidos no aptos, pornográficos o violentos para menores en horario diurno, y salvaguardar la competencia. También pensamos para este consejo en un objetivo de revalorización de la función del Senado. A nuestro criterio, se debería presentar cada año en el Senado un informe sobre el sector del audiovisual que permitiese ir avanzando en lógicas de calidad y pluralidad. Asimismo pensamos, al estilo y a imitación de las experiencias europeas, que la creación de este consejo sería útil y por eso entendemos que debe adoptarse como un punto de la moción, congruente con ello, promover la elaboración de un código de autorregulación para las cadenas audiovisuales de titularidad privada.
Se han presentado enmiendas. En el turno correspondiente plantearé la posición de mi grupo en relación con ellas. Sería una buena forma de acabar la legislatura aprobar la creación de este consejo de los medios audiovisuales
en la medida que casi se ha hecho realidad aquello de que el medio es el mensaje y estoy convencida de que los grupos parlamentarios pensamos que este corolario de cambios sociales y tecnológicos requiere claramente de una ordenación. De otra manera, probablemente lo que suceda es que aquellos que son los responsables de que una autoridad de estas características no haya avanzado después con mucha alegría, como hizo el presidente del Gobierno en el mes de agosto, pueda responsabilizar a los empresarios televisivos de la telebasura, y eso francamente nos parece una actitud bastante cínica.
Estamos en condiciones de dar un primer paso en ese sentido y sería una iniciativa, por lo que conozco, bien acogida por el conjunto de los grupos de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores senadores.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senadora Duch.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Buenas noches.
Señorías, señor presidente, analizando el texto presentado por Entesa Catalana --y lo primero que habría que agradecer a Entesa es, cómo no, que vuelva a traer este debate a esta Cámara--, tengo que decir que lo primero que genera es sorpresa e impotencia. Y es sorpresa e impotencia porque estamos debatiendo una cuestión que ya se debatió hace ocho años y por lo que parece --por las enmiendas presentadas por los diferentes grupos, entre las que se encuentra la del Partido Popular, el grupo mayoritario-- va a salir un texto que puede correr con la misma suerte que el de hace ocho años, es decir, que no se haga absolutamente nada.
Ante el texto y ante el debate de hoy lo que se me genera a mí personalmente es un gran escepticismo, porque en noviembre de 1995 esta misma Cámara aprobó crear el consejo superior de los medios audiovisuales a iniciativa del Partido Popular, que entonces estaba en la oposición, y en los programas electorales de1996 y de 2000 del Partido Popular se contenía la creación de este consejo. Si hoy acudimos a la página web del Partido Popular, vemos que cuando el Partido Popular habla de elecciones tiene un lema, y es que el Partido Popular cumple. No sabemos con qué cumple, pero parece que cumple. Con lo cual -- como estaba diciendo antes-- no creo nada del debate que se pueda generar hoy y lo que siento es una cierta pena. ¿Por qué? Porque es evidente que el consejo audiovisual es muy importante.
La senadora que nos ha precedido en el uso de la palabra ha puesto una serie de ejemplos y yo me quedo con uno, que es el siguiente. De media, un joven, un crío o una cría, puede estar delante del televisor unas 1.226 horas al año y en la escuela puede que esté 400 horas menos; es decir, 400 horas más delante del televisor, y con la fuerza que tiene este medio de comunicación, si no se genera una especie de control, podemos estar creando una escuela paralela que no tiene ningún tipo de vigilancia.
Si el Partido Popular, que hace ocho años instó al partido mayoritario entonces, es decir, al Partido Socialista Obrero Español, para aprobar un texto creando este consejo, no ha hecho nada, algo tendrá que decir. Pero sorpresivamente no es el único incumplimiento que el Partido Popular tiene con respecto a la televisión. Les podría citar otros nueve. Diez incumplimientos tiene el Partido Popular con respecto a la televisión.
Primero. Cuando estaba en la oposición decía que el nombramiento del director general de Radiotelevisión Española lo harían las Cámaras, las Cortes, etcétera. Ustedes saben cómo se hace actualmente el nombramiento del director general.
Segundo. Abriremos --decían-- el Consejo de Administración a las universidades, sindicatos, etcétera. Y lo único que han hecho ha sido sacar a diferentes partidos políticos del Consejo de Administración, entre otros, al nuestro.
Tercero. Creación del Consejo Superior Audiovisual: pero incluso teniéndolo en programa no lo han hecho.
Cuarto. Creación del defensor del espectador. Tampoco lo han hecho.
Quinto. Reducción de la deuda de Televisión Española. Cuando el Partido Popular entró en el Gobierno en 1996 Televisión Española tenía 1.500 millones de deuda. Hoy se les ha complicado el panorama porque tienen un billón, con «b» de burrada; un billón, y ya sabemos cómo han solucionado el tema o cómo pretenden solucionarlo.
Sexto. Aprobación de la ley audiovisual. Ni la aprueban ni la presentan para su aprobación. Eso sí, realizan modificaciones importantísimas por medio de la Ley de Acompañamiento, etcétera.
Séptimo. Contrato programa. La Directiva Europea insta a las televisiones estatales, etcétera, a realizar una serie de contratos programas, de tal manera que se defina el servicio público y su financiación. Ese es el contrato programa. Otro incumplimiento por parte del Partido Popular.
Octavo. Prestigiar y profesionalizar Radiotelevisión Española. Ha debido ser un desastre porque, primero, tiene peor imagen que hace ocho años.
Segundo, tiene menos audiencia. Ha perdido un punto de audiencia por año de gobierno del Partido Popular, y, tercero, tiene menos pluralidad. Y no creo que haga falta recordar la última sentencia de los tribunales de Justicia con respecto a la huelga del 20 de junio.
Noveno. No iban a permitir deudas en las televisiones autonómicas. Pues Valencia, Madrid y Galicia tienen deuda. Es decir, las tres gobernadas por el Partido Popular.
Décimo. Se comprometieron a ayudar al sector audiovisual. Y hoy en día, como todos sabemos, se produce menos y de peor calidad. Es decir, es menos exportable el producto hoy en día que hace ocho años.
Lo que podemos decir es que hay un gran déficit, pero no sólo económico, sino de una gestión deficiente por los datos que hemos podido aportar.
Consideramos que la moción de Entesa es una buena moción, está bien concretada y únicamente hemos querido enriquecerla con una enmienda de adición por entender que este Consejo también debe velar por las lenguas como
el euskera, el catalán y el gallego, y tutelar para que las televisiones públicas las atiendan porque, tal como he dicho alguna vez en esta misma Cámara, el número de minutos que dedica Televisión Española al euskera en Euskadi es cero.
En definitiva, llueve sobre mojado y si de verdad hubiese intención de volver a aprobar algo que ya lo está, es decir, aprobar dos veces lo mismo, lo ideal sería que con un poco de humildad el Partido Popular aprobase la moción de Entesa, pidiese disculpas por no haber cumplido con algo que ya en esta Cámara se aprobó hace ocho años, y así podría terminar la noche de forma positiva e irnos todos contentos a dormir.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Bildarratz, usted no se va a ir contento esta noche, como ha supuesto, por la postura del Grupo Parlamentario Popular respecto a la moción presentada por Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Al final de mi intervención me referiré a algunos de los comentarios que usted ha realizado.
En definitiva, la defensa de la enmienda, cuyo texto ustedes conocen, relativa a que el Senado insta al Gobierno a proponer un nuevo organismo estatal de carácter independiente que con capacidad reguladora, de control y de impulso en el ámbito audiovisual, con la participación de los sectores afectados y sin perjuicio de las competencia de las comunidades autónomas, etcétera, nace de que el Grupo Parlamentario Popular entiende que la moción que nos trae al Senado y que ha defendido muy brillantemente la senadora Duch, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, es imprecisa para el importante contenido que trata de abarcar. Intenta, sin embargo, determinar cuestiones que en un asunto como éste --y ya se ha visto en la tramitación parlamentaria de iniciativas anteriores sobre el asunto-- resultan complejas, de difícil consenso y de diverso tratamiento y procedencia, algunas de las cuales ya están garantizadas por las normas vigentes o por órganos competentes.
Lo único cierto, señorías, es que hay coincidencia entre los grupos parlamentarios para que exista un organismo estatal, llámese como se quiera, de carácter independiente y con capacidad reguladora de control y de impulso en el ámbito audiovisual, con la participación de los sectores afectados y sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. En eso parece que todos hemos estado de acuerdo desde 1995, cuando concluyó el trabajo de la comisión del Senado constituida al efecto, pero la experiencia parlamentaria nos ha enseñado que fuera de eso estamos de acuerdo en poco más sobre la composición o el modelo de ese organismo comúnmente deseado. Lo demás, señorías, es controvertido, no se ha encontrado consenso suficiente cuando se ha intentado, y me remonto a la memoria parlamentaria: cinco proposiciones de ley tomadas en consideración en el Congreso de los Diputados no llegaron a buen puerto pese a la existencia incluso de un informe jurídico de la Cámara y de un borrador que trataba de encontrar un texto unificado. Me refiero a las proposiciones de ley de 23 de junio de 1998 y al intento de consenso del período 1998-2000. Acabó la VI Legislatura y no se llegó a acuerdo alguno, eran sustanciales las diferencias en asuntos nada marginales del tan traído y llevado Consejo de lo Audiovisual.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular, con la enmienda presentada esta tarde, hace lo que a nuestro juicio se puede hacer en un principio:
reaviva el compromiso de que exista ese organismo de control, independiente y con capacidad reguladora en el ámbito audiovisual, pero no entra en cuestiones que precisan un reposado y decidido debate que alcance el consenso. No se trata de poner un parche a la cuestión que a todos nos preocupa, sino conseguir una norma de utilidad global para un sector cambiante, con cierta garantía de permanencia y estabilidad, más allá de los vaivenes políticos.
Fuera de la renovación de ese compromiso, poco más podemos decir de una cuestión cuya complejidad precisará de un tratamiento pormenorizado y técnica y jurídicamente riguroso. En el turno de portavoces tendré ocasión de incidir más pormenorizadamente en las cuestiones apuntadas y a las que responde en esencia la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. El problema existe. La preocupación es compartida por el grupo parlamentario que represento, pero el camino para afrontar el problema y dar cauce normativo a esa preocupación de todos no es precisamente el de la moción que hoy se nos presenta.
Reconozcamos la preocupación, reiteremos el compromiso. Pero no queramos resolver un tema con diversidad de aristas en un santiamén; la experiencia parlamentaria en este mismo asunto --y de ahí los años que han transcurrido desde que se aprobaron las primeras resoluciones de la comisión creada al efecto en el Senado en el año 1993-- niega la posibilidad de llegar a un acuerdo rápidamente; escribió el clásico que soluciones sencillas a problemas complejos, señoría, no existen, y yo estoy de acuerdo.
Como colofón, señor Bildarratz, he de decirle que le va a costar mucho trabajo que los ciudadanos piensen que el Partido Popular no cumple. No voy a obviar los asuntos importantes para los ciudadanos, tan importantes como este, como que ya no está en quiebra la Seguridad Social por el empleo, que nuestra economía se encuentra a la cabeza del crecimiento europeo, y tantas otras cosas. No va a conseguir que los ciudadanos piensen que el Partido Popular no cumple. Usted persevere por ese camino y quizá dentro de algunos años pueda empezar a conseguir que los ciudadanos duden. Pero, sinceramente, pienso que no.
A todos nos preocupan las horas que pasan los niños ante la televisión .
Evidentemente, no pasan las mismas horas ante un libro, un tebeo, o ante otros sistemas formativos, y no emplean su tiempo de ocio de otra forma.
Pero me ha dolido --a mí que me afectan poco estas cosas--
que haya dicho que Televisión Española no tiene profesionalización ni prestigio. Humildemente, como empleado en excedencia con alguna historia dentro de esa casa, me ha dolido porque demuestra que no conoce usted Televisión Española, que sigue teniendo el peso profesional que tiene.
Por otra parte, usted ha dicho que Televisión Española en el País Vasco no tiene un programa en euskera. ¿Me quiere usted decir cuántos programas infantiles en castellano tiene la televisión vasca y a qué horas de programación? Si no le conociera como le conozco -- creo que simplemente está mal informado o equivocado-- me parece un sarcasmo que nos ponga como ejemplo la objetividad informativa de la televisión vasca porque, evidentemente, cuando no programa acontecimientos de carácter nacional, incluso protagonizados en ocasiones anuales muy concretas por el Jefe del Estado Su Majestad el Rey, no veo que sea muy objetiva.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Van-Halen.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, para manifestar su aceptación o no a las enmiendas, tiene la palabra la senadora Duch.
La señora DUCH PLANA: Muchas gracias, señor presidente.
Empezaré por la primera enmienda, la del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Cuando he visto la enmienda he pensado que, evidentemente, su filosofía y el texto de la misma podía figurar --como así propongo que sea-- como punto 1.4 ó 1.1 cambiando el orden de los factores. Para mí es algo natural puesto que yo soy de una comunidad autónoma que tiene Consejo Audiovisual, pertenezco a Entesa Catalana de Progrés, soy socialista catalanista y federalista, he defendido en este hemiciclo algunas iniciativas sobre la comunicación cultural, sobre la condición pluricultural, plurinacional y plurilingüística de España y simplemente es una especie de pecado de omisión. Me parece absolutamente pertinente esta enmienda y pienso que, justamente por el gran alcance que tienen los medios audiovisuales, el hecho de que tuvieran presencia aquellas otras lenguas que son oficiales --y no debemos olvidar que en nuestro país hay seis de las 17 comunidades autónomas que tienen un régimen de cooficialidad lingüística-- sería un elemento muy importante de pedagogía de la pluralidad. Por lo tanto estoy absolutamente de acuerdo con esa enmienda de adición que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El senador Van-Halen dice que no estamos de acuerdo más allá de lo que recoge en el texto y en el espíritu su enmienda --sería discutible, seguramente el resultado de la votación indicará el grado de acuerdo existente y posible--. Yo lo que le he planteado al portavoz del Grupo Parlamentario Popular es que es una cuestión de rango desde el punto de vista de enmienda: el Grupo Parlamentario Popular la plantea como enmienda de sustitución, Entesa Catalana de Progrés entiende que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular es una enmienda de adición que perfectamente podría ubicarse en el primer punto, cuando se hace la descripción de cuáles deberían ser las cualidades de ese consejo de los medios audiovisuales. Se habla en la moción de autoridad, independiente, neutral, y a continuación vendría exactamente el texto de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular: autónoma, con capacidad reguladora, de control y de impulso en el ámbito audiovisual, con la participación de los sectores afectados y sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.
Nosotros lo planteamos en estos términos porque consideramos que, en contra de lo que dice el senador Van-Halen, nuestra moción no es imprecisa. Quizás el problema para ustedes es que es una moción concreta, aunque no llega al nivel de concreción de la propuesta de recomendaciones de la comisión del Senado del año 1995 --donde sí se detallan con absoluta exhaustividad las funciones, las competencias, el sistema de cooptación, de configuración de mayorías, de representación de afectados, de expertos, etcétera-- porque consideramos que lo que debe hacer el Senado ocho años después --y me consta porque he visto el archivo de las múltiples iniciativas que se han debatido en Cortes Generales sobre ese tema-- es regular de una vez esta cuestión. A nosotros nos ha parecido que lo más relevante y que era importante acentuar --sabiendo que reconocíamos que partíamos de esa tradición de la comisión presidida por Victoria Camps-- eran justamente los elementos de protección de derechos fundamentales, de salvaguardar la competencia, de garantizar la no emisión de eso que se ha dado en llamar telebasura porque cuando la comisión del Senado trabajó e hizo sus propuestas esa deriva todavía no había llegado a los niveles de lenguaje soez y de contenidos absolutamente demenciales desde un punto de vista ético y estético.
Seguramente ustedes nos han hecho perder a todos un largo tiempo --ocho años-- y ahora, una vez más, como una de las muchas iniciativas que sobre este tema ha habido, nos atrevemos a sugerir algunas cosas y nos atrevemos a decir: vamos a intentar darle más contenido al Senado; el Senado puede ser un ámbito en el que, aparte del debate territorial, se debatan asuntos de este tipo. Y también: Háganlo ustedes porque seguro, por un movimiento de simpatía --porque la experiencia comparada lo dice, en otros países europeos así ha funcionado--, si creamos los consejos de lo audiovisual públicos ello fomentará ese código de conducta en las cadenas audiovisuales privadas. Este es el planteamiento.
Señor Van-Halen, creo que éste es un debate de fondo sobre pensamiento político; éste es un debate de mercado y Estado, porque el mercado de lo audiovisual, en la sociedad de la información y del conocimiento, es realmente muy importante y su funcionalidad en la configuración de conciencias, escalas de valores, sensibilidad cultural, artística, pluralismo, etcétera, también lo es.
Usted dice que no hay soluciones sencillas a problemas complejos pero, simplemente, creo que su intervención ha sido brillante y amable, como tiene por costumbre, pero no
aborda el problema, porque usted no está en condiciones de aceptar que su enmienda es de adición y no de sustitución. De esta manera, la mayoría de los grupos parlamentarios nos vemos abocados a elegir entre aceptar esa sustitución o que ustedes voten en contra de la moción. Desde nuestro punto de vista, ustedes hoy están profundizando en esa falta de voluntad; ustedes no han tenido la voluntad, durante ocho años, para crear ese consejo y ahora se escudan en cuestiones como el consenso, el acuerdo, etcétera. ¿Acaso no se están regulando muchas cosas gracias a la mayoría absoluta, con independencia del consenso que pueda existir? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes aplicando soluciones sencillas y complejas a problemas complejos y sencillos? Acabamos de vivir un debate que indica justamente, si seguimos su lógica, que las cosas son maniqueas, simplificadoras y que ustedes no dudan en tirar por la borda cuestiones que han tardado en construirse generaciones.
Repito, estamos ante un tema de mercado y Estado. En cualquier caso, en alusión a lo que decía el portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, el Partido Popular no acaba de cumplir, y quizá ésa es la clave. José María Aznar puede reñir a los teleoperadores por la baja calidad de la televisión, pero no se nos escapa que en todo el proceso de privatizaciones que se han producido en España se ha intentar lograr un control mediático importante --y se ha conseguido-- y, a veces, algunos resultados electorales son, para determinados medios, de una extraordinaria funcionalidad.
Finalmente, quiero decir que pensaba que estaríamos en condiciones de aprobar esta moción. En este sentido, me satisfizo ver que el candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, ante un auditorio absolutamente sensibilizado por estas cuestiones --me parece que se trataba del Foro Español de la Familia, que congregaba a organizaciones sociales sensibles, con un modelo de familia conservadora--, anunció que impediría la telebasura en horario familiar y promovería la creación de un consejo audiovisual que garantizase la no emisión de contenidos no aptos. Por lo tanto, dado que es una promesa y que es un acuerdo del Senado de hace ocho años, hubiera estado francamente bien que esta moción
--perfectible, como todas las cosas-- aunque, para ustedes, excesivamente concreta, hubiera tenido éxito.
Sigo diciendo lo mismo, senador Van-Halen, su enmienda es de adición, no de sustitución y, de esa manera la moción gozaría de la unanimidad de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senadora Duch.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Rodríguez Díaz.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos debatiendo una moción con una larga historia en ambas Cámaras y especialmente en ésta, donde todos los grupos coincidimos plenamente en la necesidad de la existencia de un organismo regulador, a nivel del Estado, sobre los contenidos, la autorregulación, los códigos de conducta para las televisiones del Estado y, en la medida de lo posible, también de las privadas.
Por lo tanto, esta moción del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés que tan bien ha defendido la senadora Montserrat Duch, es absolutamente procedente y oportuna y, además, planteada en unos términos constructivos que no son nada exigentes, en el sentido de poner plazos o condiciones inaceptables para el propio Gobierno. Cuando la leí por primera vez, pensé que no iba a suponer ningún problema para el Grupo Parlamentario Popular aceptar esta moción. Por otro lado, las enmiendas desde mi punto de vista son asumibles, tanto la que presenta el senador Bildarratz en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos como la del Grupo Parlamentario Popular, que es absolutamente complementaria. Quizá la única diferencia que plantea con respecto a la moción original es que no se le da un nombre específico a ese organismo, pero se podía haber hecho un esfuerzo de consenso, incluso haber llegado a una transacción de modo que manteniendo totalmente el contenido de la moción, que repito que me parece absolutamente aceptable para el Gobierno y el grupo parlamentario que le sustenta, se hubieran transaccionado algunos aspectos que pudieran ser contradictorios, que me parece que no lo son. De todas maneras, me sorprende y me produce extrañeza que no se haya llegado a esa posibilidad de consenso y a una enmienda transaccional que pudiéramos haber votado hoy aquí por unanimidad.
En cualquier caso, como creemos que esta moción responde a un posicionamiento unánime, aunque la votación no parece que vaya a serlo por las manifestaciones que se han oído de los distintos grupos parlamentarios, como tiene un carácter absolutamente constructivo y en línea con las declaraciones y propuestas de las distintas comisiones y expertos en la cuestión de distintas procedencias ideológicas o partidarias, nosotros vamos a apoyar esta moción porque nos parece que contiene los elementos constructivos suficientes para dar por fin un paso adelante, y dotarnos de ese organismo regulador en el ámbito de las televisiones que necesitamos en España. Hoy creo que ya es difícil, pero me gustaría que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno dieran en este sentido un paso definitivo para poder contar con ese organismo regulador en España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Bildarratz, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.
El senador Van-Halen admitía que el problema existe y hay una gran preocupación, lo mismo que afirmaba que no
queremos solucionar este problema en un santiamén. Claro, que yo no sé lo que es un santiamén porque sólo llevan ocho años intentando solucionar este problema, en los que ya existía un consenso. No acabo de ver dónde está el problema para crear este consejo, pues el documento que se aprobó en esta misma Cámara hace ocho años ya definía claramente, tanto sus características generales como las competencias, de asesoramiento, de estudio e información, de vigilancia y control en relación con el sistema público de televisión, de comunicación con la sociedad, aprobaba su estructura y composición e, incluso, lo que era más difícil, la elección de los miembros, que es donde yo creo que tienen ustedes el verdadero problema, de modo que sean independientes y que no tengan nada que ver con el Gobierno. Y como muestra un botón, porque en la ley audiovisual que estaban intentando definir, en el primer borrador ya era competencia del Gobierno el nombramiento de los miembros del consejo.
Ahí es donde verdaderamente está el problema. ¿Y por qué no se ha creado todavía este consejo, cuando ciertamente existía un consenso, que parece que posteriormente no hubo? Dicho sea de paso, ya me gustaría a mí que toda la legislatura hubiese funcionado con ese mismo criterio de consenso, de acuerdo, etcétera, porque no ha habido ningún proyecto de ley en el que haya habido esa voluntad ni esa actitud.
Decía usted que le gustaría que en Euskal Telebista se dedicase una serie de minutos a la programación en castellano. Al respecto, le diré que no me importaría que en Euskadi ustedes emitieran en euskera para los niños el mismo número de horas que nosotros emitimos en castellano para ellos, como tampoco me importaría que ustedes emitiesen el mismo número de horas en euskera para los adultos que nosotros emitimos en castellano para ellos.
Me venía a decir también que he citado como ejemplo de pluralidad a ETB.
No la he citado, pero, ya que lo apunta, ¿por dónde empieza la verdadera pluralidad? En cuanto al nombramiento del director general, ustedes prometieron que iban a ser las Cámaras las que lo eligiesen, y eso en Euskadi ya es así, es decir, el director general es nombrado por el Parlamento. En cuanto al consejo de administración, el Partido Nacionalista Vasco no tiene ningún representante en el mismo, mientras que ustedes en el consejo de administración de Euskal Telebista sí lo tienen, como también las universidades, sindicatos, Euskaltzaindia y demás movimientos sociales que entienden que pueden aportar algo a Euskal Telebista.
Podríamos hablar de la deuda, podríamos hablar del contrato programa, cuestiones donde ciertamente se mide la pluralidad, pero también de Euskal Telebista y las radios del grupo, que mensualmente mandan un informe al Parlamento con el minutaje de cuota de pantalla de todos los partidos políticos, cosa que no he visto aquí, aunque no digo que no se haga.
Y aludiendo a la pluralidad, voy a citar también el incumplimiento flagrante de Televisión Española respecto a las elecciones autonómicas del año 2001, cuando «El País», tras realizar un estudio, le sacó los colores, ya que Televisión Española daba al Partido Popular tres veces más de lo que le correspondía por representación en el Parlamento.
Podríamos continuar señalando incumplimientos y hablar de objetividad, pero lo que no me importaría es que citase hechos concretos, como he hecho yo, y el primero empieza por el protagonismo que estas Cámaras o, en su caso, el Parlamento del País Vasco puedan tener dentro de la organización y funcionamiento del ente, cosa que aquí ustedes prometieron y no han hecho. Aunque usted diga que el Partido Popular cumple, este es un claro ejemplo de que el Partido Popular no cumple.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias.
¿Grupo de Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo apoyará la moción presentada por la senadora Duch.
Como decía antes la senadora Arnáiz de las Revillas, con este tema siempre empezamos y acabamos la legislatura, lo cual es una lástima, una verdadera pena. Dice el senador Van-Halen que hay coincidencia en que esta autoridad independiente, este Consejo de lo Audiovisual sea aprobado. Habrá una coincidencia teórica, pero no en la práctica, porque no se ha llevado a cabo. Y no solamente me remonto a la comisión especial de hace más de ocho años. Usted ha mencionado leyes en el Congreso de los Diputados, pero aquí en el Senado, hace ocho años, hace dos legislaturas, nuestro grupo presentó una ley para la creación del consejo de lo audiovisual. Nos costó mucho introducir este proyecto de ley --por esa triste preponderancia del Congreso de los Diputados sobre el Senado--. Lo introdujimos, pero se vetó su toma en consideración y no se pudo tramitar. ¿Era difícil ponerse de acuerdo? Seguramente, pero se podrían haber presentado enmiendas, señor Van-Halen, y no hacerlo con prisas y en un santiamén, porque teníamos toda la legislatura para tramitar aquella ley, para presentar enmiendas e intentar buscar consenso, pero no hubo manera.
Yo, con toda solemnidad, acuso al Partido Popular de poner palos a las ruedas para la creación del consejo de lo audiovisual en España, de no tener ninguna voluntad de que se controle a la televisión pública, y a la privada en cierta manera. Ese es un grave déficit en su gestión de gobierno; tienen cosas positivas, pero tienen algunas negativas, y ésa es una de ellas; es un grave déficit en su gestión de gobierno.
Ahora que estamos conmemorando los 25 años de la Constitución, tengo que decir que la democracia es una criatura frágil, que se sustenta en unos ciudadanos bien informados, en unos ciudadanos no manipulados, y la única razón por la que este portavoz cree que ustedes se resisten
como gato panza arriba a crear el consejo de lo audiovisual es que ustedes pretenden seguir manipulando la televisión pública. Usted me dice que no, senadora Navarro, pero yo no entiendo, si ésta no es la razón, por qué no aceptan crear este consejo, con todas las matizaciones, con todos los consensos y con las cesiones necesarias de unos y otros partidos; pero que en España no haya un consejo de lo audiovisual es una anomalía en Europa. (El señor Van-Halen pronuncia palabras que no se perciben.) La mayoría de países tienen controles y, aunque no sea una anomalía, señor Van-Halen, la mayoría de los partidos políticos lo piden, y representamos a una gran mayoría del pueblo español. Si ustedes creen en la democracia y en el parlamentarismo, la mayoría pide que este tema se considere.
Hay experiencias, señorías. En Cataluña la experiencia es modesta, seguramente no es la panacea, pero tampoco va tan mal. Los partidos en general están contentos; se ha creado por una ley del parlamento y no veo en los medios de comunicación de Cataluña grandes críticas de la oposición sobre el funcionamiento de ese consejo de lo audiovisual; más bien al contrario, y ha sentado criterios de cómo tratar los porcentajes de presencia de los partidos políticos en la televisión que es bastante fiable. En la última campaña electoral se anunció el porcentaje de cada partido, y Maragall obtuvo efectivamente tres puntos más que Mas, lo que quiere decir que existe un control gracias al consejo de lo audiovisual.
¡Otro gallo cantaría al resto de España si existiera este consejo para todo el Estado! Porque el control no sólo es para contenidos infantiles ni para telebasura, se trata de ayudar a crear opinión a los ciudadanos.
Cuando veo televisión en Francia, en Italia o en Inglaterra, y observo los debates que hay entre políticos en las televisiones públicas, se me cae la cara de vergüenza de que aquí en España, en las televisiones públicas, no haya debates de esta altura entre partidos políticos diferentes, con participación del público interpelando. Tratan a sus ciudadanos como a gente adulta, gente que tiene personalidad, que debe ser formada y que quiere intervenir en el debate público. Aquí parece que tratamos --insisto aunque no les guste-- de manipular a la gente, de que no tengan demasiadas opiniones políticas, etcétera, y eso es hacer un flaco favor a la democracia, y por eso les acuso a ustedes de boicotear la creación de este consejo de lo audiovisual, porque supondría un beneficio para todo el Estado, para la formación de los ciudadanos. Lo lamento.
El señor Rajoy se ha comprometido a este combate por la telebasura. Es una parte del debate. A mí me interesa mucho combatir la telebasura, y en diversas iniciativas durante estas legislaturas he intentado combatirla y mejorar los contenidos para los niños, pero me interesa mucho más ayudar a formar una opinión pública que sea crítica con el Gobierno y con los partidos políticos, sean éstos cuales sean y sea cual sea el Gobierno. En España nos falta una opinión crítica mucho más potente, y ese consejo podría ayudar a formarla.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Varela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Arnáiz.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Gracias, señor presidente.
Quiero felicitar a la senadora Duch por la moción que ha presentado. Es una de esas medidas políticas, una de esas mociones verdaderamente importantes. Es seria, rigurosa, imprescindible, necesaria para la sociedad, necesaria para los jóvenes, necesaria para la libertad de expresión, necesaria para el cumplimiento del artículo 20 de la Constitución. El artículo 20 también es constitución, y desgraciadamente no se está cumpliendo en este país.
Es verdad, señor Varela, que en todas las legislaturas, en la pasada y en ésta al menos, en la que hemos coincidido aquí, empezamos y terminamos con la misma buena voluntad y el mismo esfuerzo estéril que conduce a la melancolía. Es verdad que seguimos con la misma canción. Muchas veces el Grupo Parlamentario Popular cambia de portavoces, pero aquí hemos oído a otros senadores, como el senador Xuclà, de su grupo, y a otros senadores del Grupo Parlamentario Socialista proponer el Consejo Audiovisual. Hemos llegado a decirle al Grupo Parlamentario Popular que era tan importante, que era tan necesario el Consejo Audiovisual, que hiciera el suyo, que hiciera con sus votos y con su mayoría absoluta el que quiera, pero, por lo menos, tendríamos un órgano regulador tan imprescindible para este país.
En resumidas cuentas, llevamos ocho años perdidos para ordenar el sector, ocho años acompañados de un deterioro terrible, increíble, de todo el sistema audiovisual, de los contenidos audiovisuales, del pluralismo informativo, de los derechos constitucionales, de los espectadores y también de los partidos políticos.
El Grupo Parlamentario Popular se queja de que no hay consenso. ¡Si partíamos de una situación de consenso! Lo único que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular ha sido ser un obstáculo, romper el consenso. ¿Cómo se puede ser tan falaz como para romper el consenso y luego reclamar que el consenso es necesario? ¡Si entre todos los demás hemos llegado muchas veces al consenso! ¿Cómo se puede ser tan falaz y lanzar ese insulto a la inteligencia? Ha dicho lo típico de «y en Andalucía, más», «y los profesionales no sé qué». Es oponer legitimidades y tirar ladrillos a la cabeza sin entrar nunca en un razonamiento inteligente y coherente, argumentado. Simplemente se evaden por la tangente. Es demasiado tiempo como para no decir las cosas tal y como son.
Lo que ocurre es que es verdad lo que decía la señora senadora, es verdad que todo lo que no está en la televisión, al menos políticamente o en las encuestas, no existe. Por lo tanto, el Gobierno no quiere abandonar el control de la televisión. De la misma manera que Fraga decía: La calle es mía, Aznar dice: La televisión es mía. Y no quiere ningún órgano, no quiere compartir eso absolutamente con ningún órgano democrático de control porque todo el contenido de la programación de televisión está enfocado a mantener la audiencia de los informativos, y por eso valen los excesos de publicidad, por eso vale el sensacionalismo,
el amarillismo, los cotilleos, cualquier cosa para atraer, en cualquier nivel de competencia, audiencia a los informativos con el fin de manipular y mandar el mensaje del Grupo Parlamentario Popular, el mensaje del Gobierno y, al mismo tiempo, ocultar, amordazar, en la medida de lo posible, a las demás fuerzas políticas.
El consejo audiovisual es una omisión interesada de este Gobierno.
Verdaderamente, el precio de esta actitud del Gobierno es la violencia y la pornografía. Casi toda una generación ha sido educada en unos niveles intolerables de disgregación social, de falta de valores, de falta de criterios, de falta de entidad cultural y estética; hay una generación que, día tras día y año tras año, está educándose en esa falta de valores.
Ese es el precio que les hacen pagar para que el Gobierno pueda controlar a todo el conjunto de la sociedad. ¡Si solamente fuera a sus descendientes, sobre los que ustedes tienen prerrogativas! Pero es que es a todo el conjunto de los ciudadanos. Todos somos víctimas de esta avaricia de manipulación que tienen ustedes de los medios de comunicación sociales.
Por otra parte, lo que demuestra la negativa a votar la nación, que no son más que artículos y preceptos constitucionales --algunos, por cierto, avalados por las propias resoluciones de las distintas comisiones--, es su incumplimiento. Es el incumplimiento --y lo diré por orden-- del propio programa electoral del señor Aznar cuando prometió la ley audiovisual; de la señora Mato cuando dijo que en este período de sesiones se haría; de la señora Birulés cuando dijo que sería en el 2000; del señor Piqué, que también prometió su ley del consejo audiovisual; y, finalmente, de los señores Rajoy y Aznar.
Sus señorías vuelven a retomar, como si no tuviéramos memoria, que van a acabar con la telebasura. Es un insulto a la inteligencia y a la credulidad de cualquier persona que haya seguido mínimamente los debates de esta Cámara, y aún más cuando también se han seguido los del Congreso de los Diputados.
Estamos ante un mercantilismo absolutamente insoportable de las televisiones privadas, de cuyo orden también se ha dimitido y están acosadas por la competencia desleal que hace sobre ellas Televisión Española. Estamos ante una gubernamentalización intolerable de la televisión pública, sobre todo en cuanto a los contenidos informativos, aunque todo lo demás también acompaña. Además, estamos privando a la sociedad, como decía el señor Varela, de algo muy interesante y lúcido para formar opinión: la confrontación necesaria de distintas opciones políticas; la confrontación imprescindible de diferentes alternativas. No se puede silenciar más; el pensamiento único no puede continuar durante más tiempo hasta ese extremo.
Simplemente, nos estamos jugando las libertades y el Estado de Derecho.
El artículo 20 es uno de los más importantes y, a mi juicio, nos lo estamos pasando por alto. Fíjense que en las recientes elecciones de Rusia, los observadores internacionales han censurado el uso desmedido de la televisión pública en una campaña electoral. Estoy por pedir que vengan observadores internacionales y vean el tratamiento informativo en la televisión española, además del minutado.
En resumen, esta televisión sigue adoleciendo de un marco jurídico adecuado y de un consenso político, que fue roto por el Partido Popular.
Ustedes trasladan toda la responsabilidad de la formación de los jóvenes a los padres. Cuando se lleva a un hijo a un colegio o a una guardería no se puede exigir a los profesores porque no exista una valla en el colegio que estén detrás de él; es necesario que el colegio tenga un recinto vallado que dé seguridad a los niños. Ustedes recargan esa tarea en los padres, cuando es imposible ejercer esa tutela.
Repito, ustedes dicen que la televisión es suya como Fraga decía que la calle era suya. Yo digo que el artículo 20 también es Constitución; no sólo es Constitución lo que ustedes quieren echar como arma arrojadiza sobre otros.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senadora Arnáiz.
Para terminar el turno de portavoces, tiene la palabra el senador Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a tratar de no ser falaz para no enfadar a la portavoz socialista, pero no me voy a preocupar demasiado de tratar de ser inteligente porque no me preocupa demasiado lo que ella piense de mi intervención, salvo que crea que lo que voy a decir va a ser cierto y no una soflama absolutamente demagógica planteada en términos de buenos y malos; verdaderamente, creo que su intervención no es una de las cosas más inteligentes que ha hecho usted en esta Cámara.
De momento, todos esos males que usted dice parece que se producen porque este país carece de una legislación, de una normativa, de unos organismos que velan por lo que usted parece que tiene lanzado sobre los brazos de un consejo audiovisual, del que ahora hablaremos, veremos en qué países existe, cómo son y qué hacen.
El control de los contenidos de la televisión pública queda dentro del marco del Estatuto de Radiotelevisión de 1980, reformado en 2001.
Precisamente la reforma, como usted sabe muy bien, se dirigió a los telespectadores más jóvenes.
Dentro de la Comisión del mercado de las telecomunicaciones existe ya un consejo audiovisual, como ustedes sin duda saben. Además, la Ley 25/1994, de 12 de julio, incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva europea 1989/552, cuyo capítulo cuatro se dedica a la protección de los menores en la programación televisiva.
Esta ley fue modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, que endurece los criterios establecidos en la ley anterior y avanza en algunos aspectos que la moción que hoy se presentaba incluye, como es la autorregulación.
Evidentemente, existen normas; no estamos en una especie de mar abierto.
Si los ciudadanos la escucharan a usted y no supieran leer ni conocieran las leyes ni los órganos, podían pensar que estamos a expensas de lo que usted ha dicho. ¡Y hay que tener valor, señora portavoz socialista,
para subir a esta tribuna y decir que el Partido Popular ha manipulado la televisión! ¿Dónde vivía usted entre 1982 y 1996, señora portavoz? Porque que nos diga a nosotros que el Partido Popular manipula la televisión no deja de ser, sinceramente, pintoresco (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.) y no voy a llegar más lejos por una cosa que no sé si usted entenderá, que es por vergüenza profesional porque da la casualidad de que yo soy un profesional de radiotelevisión que respeto a todos los profesionales independientemente de su ideología. Yo he vivido esa Casa y no voy a entrar en más detalles, pero venir aquí a decir desde esos escaños que Televisión Española con el Partido Popular está manipulada, me parece francamente indignante. (Rumores.) Por otra parte, como anunciaba mi ilustre amigo y compañero Agramunt Font de Mora en una última intervención en esta Cámara, esta cuestión siempre viene al Senado en Navidad, como el turrón. Cuando él lo dijo era el mes de abril, pero ahora estamos en vísperas de Navidad, y vuelve.
Todo viene de la Comisión que se creó el año 1993 en esta Cámara. Y da la casualidad de que nos quejamos mucho de que se incumplió lo que aquí se dijo, pero hasta el año 1996 hubo un gobierno presidido por don Felipe González que tampoco lo hizo. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y ¿quieren que les diga por qué no lo hizo? No lo hizo por responsabilidad, porque se lo quiso tomar en serio. ¡Que digan ustedes que no sería preciso el consenso en un tema como éste! Las cinco proposiciones de ley del Congreso de los Diputados aquí se han pasado por alto. Decía el senador Varela --con quien sabe que tengo una gran amistad-- que le explicase por qué y quién rompió el consenso. La señora portavoz socialista lo tiene clarísimo: lo rompió el Partido Popular. Pues no ha leído usted los papeles, porque durante tres años no se llegó a un consenso en cinco proposiciones de ley, cuya toma en consideración fue aprobada por unanimidad, porque en los matices, que son muy importantes, en el modelo de Consejo audiovisual no estaban de acuerdo los diferentes grupos parlamentarios, no sólo el Partido Popular.
Como yo creo que ustedes deben saber, puesto que estamos todos muy interesados en este tema, existen varios modelos de consejo audiovisual, y no es cierto que existan en toda la Unión Europea, señor Varela, lo siento mucho. Existen varios modelos, por ejemplo, el control ministerial que se aplica en Finlandia, Austria y Portugal, que es el que actualmente se aplica en España. Porque, repito, en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones existe también un Consejo Audiovisual que funciona y que tiene sus competencias. En Alemania y en Bélgica existe un control de autoridad regional --esto les sonará muy bien a ustedes--, y los modelos de Francia, Suecia e Italia son de control por la autoridad nacional independiente, modelo al que parecen ajustarse la mayoría de las iniciativas parlamentarias españolas presentadas en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados. Pero verdaderamente tampoco eso quedó claro.
La cosa es que durante tres años los grupos parlamentarios intentaron consensuar un modelo de consejo audiovisual y no lo consiguieron. Y preocupaba el hecho de que no se hubiera consensuado.
Usted ahora me dice una cosa, que, por cierto, no es original, porque se la ha copiado a su compañera la senadora Arnáiz de las Revillas, que lo dijo en esta misma Cámara hace unos años. (Fuertes rumores.
--Risas.--La señora Arnáiz de las Revillas García: ¡Pero si soy yo!) ¡Ah, es usted misma! Es que no conocía su nombre. (Risas.) Me encanta que se copie usted a sí misma. Ya sabe que eso lo hacen los grandes escritores.
Pues bien, usted hace unos años dijo lo mismo: que sacáramos adelante este consejo como fuera. Pero es que no se trata de sacarlo de cualquier forma, sino de sacarlo con el mayor consenso posible. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista pronuncia palabras que no se perciben.) Aunque me encantaría haberla conocido previamente, señoría, todavía no me sé todos los nombres de los senadores de esta Cámara. Pero me imagino que no es para ofenderse. Más bien me tendría que sentir ofendido yo por no haber conocido a su señoría, cosa que siento, senadora, y por la que le pido mil perdones.
En cuanto al tema de la autoridad nacional independiente, no siempre es independiente, señorías, pero ustedes lo tienen demasiado claro. En Francia, por ejemplo, se creó el Consejo Audiovisual primero en el año 1982; en 1986 se cambió; en 1990 se volvió a cambiar, en cuanto había un vaivén político se cambiaba. Lo que nosotros tratamos de crear es un consejo audiovisual --que evidentemente se hará, porque el Partido Popular cumple sus promesas-- con el mayor consenso posible para que sea equilibrado y para que perdure en el tiempo, sin vaivenes políticos.
Por otra parte, si nos tomamos esto con rigor, creo que este consejo audiovisual debería ir dentro de una ley general de lo audiovisual, tema del que hemos hablado varias veces en esta Cámara y en el Congreso y que sin duda alguna llegará aquí, donde se debatirá y se aprobará, como digo, con el mayor consenso posible.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias.
Vamos a votar esta moción.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 177; a favor, 56; en contra, 120; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Queda rechazada.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DECISION DEL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA POR LA QUE SE MODIFICA EL ACTO RELATIVO A LA ELECCION DE LOS DIPUTADOS AL PARLAMENTO EUROPEO POR SUFRAGIO
UNIVERSAL DIRECTO, ANEJO A LA DECISION 76/787/CECA, CEE, EURATOM DEL CONSEJO, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1976, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE MAYO DE 2002. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 610/000276) (C. D.
110/000272).
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Punto tercero nuevo:
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
Decisión del Consejo de la Unión Europea por la que se modifica el Acto relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, anejo a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euraton del Consejo, de 20 de septiembre de 1976, hecho en Bruselas el 21 de mayo de 2002. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
No se han presentado propuestas en relación con esta decisión dentro del plazo que a tal efecto se señaló.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) ¿Se puede entender concedida la autorización por asentimiento? (Asentimiento.) Queda autorizado.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE CHILE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, Y PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 7 DE JULIO DE 2003. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
610/000277) (C. D. 110/000278).
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Convenio entre el Reino de España y la República de Chile para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y Protocolo, hecho en Madrid el 7 de julio de 2003. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
No se han presentado propuestas en relación con este convenio dentro del plazo que al efecto se señaló.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) ¿Se puede entender concedida la autorización por asentimiento? (Asentimiento.) Queda autorizado.
Señorías, según el acuerdo inicialmente adoptado en Junta de Portavoces había un punto cuarto nuevo en el orden del día sobre informes de comisiones especiales del Senado.
¿Puede excluirse dicho punto del orden del día? (Asentimiento.) En tal caso queda excluido el punto cuarto nuevo.
Se levanta la sesión hasta mañana a las nueve y media de la mañana.
Eran las veintitrés horas.