CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2004 VIII Legislatura Comisiones. Núm. 71 COMISION DE CULTURA PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA MARIA ISABEL FLORES FERNANDEZ celebrada el jueves, 18 de noviembre de 2004

ORDEN DEL DIA:

Comparecencias:


--A petición del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, del Presidente de Omnium Cultural, D. Jordi Porta i Ribalta, entidad impulsora del Observatorio de la Lengua Catalana, para informar sobre la aplicación por parte del Estado español de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, en relación con la lengua catalana.
(Números de expediente 715/000001 y 715/000002).


--A petición del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, del Presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), D. Sebastià Frau i Gaià, y del Secretario General de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), D.
Eliseu Climent i Corberà, entidades impulsoras del Observatorio de la Lengua Catalana, para informar sobre la aplicación por parte del Estado de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, en relación con la lengua catalana. (Números de expediente 715/000007 y 715/000008).


Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.
Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Cultura. Como punto previo al orden del día, vamos a proceder, si les parece, a la aprobación del acta de la sesión del día 21, que obra en poder de sus señorías.
¿Se aprueba? (Asentimiento.) Así se declara.

COMPARECENCIAS:


--A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, DEL PRESIDENTE DE OMNIUM CULTURAL, DON JORDI PORTA I RIBALTA, ENTIDAD IMPULSORA DEL OBSERVATORIO DE LA LENGUA CATALANA, PARA INFORMAR SOBRE LA APLICACION POR PARTE DEL ESTADO ESPAÑOL DE LA CARTA EUROPEA DE LAS LENGUAS REGIONALES O MINORITARIAS EN RELACION CON LA LENGUA CATALANA (715/000001 y 715/000002).


--A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, DEL PRESIDENTE DE LA OBRA CULTURAL BALEAR (OCB), DON SEBASTIa FRAU I GAIA, Y DEL SECRETARIO GENERAL DE ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA (ACPV), DON ELISEU CLIMENT I CORBERA, ENTIDADES IMPULSORAS DEL OBSERVATORIO DE LA LENGUA CATALANA, PARA INFORMAR SOBRE LA APLICACION POR PARTE DEL ESTADO DE LA CARTA EUROPEA DE LAS LENGUAS REGIONALES O MINORITARIAS, EN RELACION CON LA LENGUA CATALANA (715/000007 y 715/000008).

La señora PRESIDENTA: Como saben, el segundo y tercer punto del orden del día eran las comparecencias de don Jordi Porta i Ribalta, presidente de Omnium Cultural, de don Eliseu Climent i Corberà, secretario General de Acció Cultural del País Valencià, y de don Sebastià Frau i Gaià, presidente de la Obra Cultural Balear.
Los comparecientes me han pedido hacer ellos primero su intervención. Me parece que se podría hacer así por gentileza y que después tomaran la palabra los portavoces autores de las iniciativas y el resto de los portavoces de los grupos parlamentarios. Si les parece, lo someto a la aprobación de sus señorías. Intervendrían ellos ahora, después los portavoces de los grupos, empezando por los autores de las iniciativas, y luego los grupos de menor a mayor. Luego contestarían y después habría un turno de réplica y dúplica de portavoces y comparecientes y también, como saben ustedes y es costumbre, los señores senadores y senadoras que no hayan intervenido podrían formular preguntas. Si les parece, lo podemos hacer así, con las matizaciones que sus señorías quieran. (El señor Van-Halen Acedo pide la palabra.) Tiene la palabra el senador Van-Halen.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señora presidenta.
A mí me parece muy bien la propuesta que hace su señoría, lo que ocurre es que al ser temas diferentes referidos a territorios distintos aunque el hecho por el que se solicita la comparecencia es el mismo, los portavoces del principal grupo del Senado y primero de la oposición en esta Cámara van a ser diferentes, es decir, al señor Porta le va a inquirir un senador y al señor Frau otro. Esta es la segunda comparecencia, aunque su señoría haya leído primero al señor Porta, luego al señor Climent y luego al señor Frau. No es así, el señor Climent es el tercero y el señor Frau el segundo. Digo esto porque intervendrán distintos portavoces de nuestro grupo parlamentario en cada comparecencia, y por ese motivo están citados para un momento determinado.
Me parece muy bien hacerlo así, y no tengo nada en contra de ello, pues la señora presidenta es quien ordena los debates, pero dado el orden de intervención de los comparecientes que ahora se ha fijado --y por supuesto los comparecientes pueden hablar en el orden que les parezca mejor, y estaremos, por otra parte, muy agradecidos por la información que nos faciliten--, deseo advertir algo que también deben saber los portavoces de los demás grupos, y es que puesto que se trata de comparecencias distintas, momentos e iniciativas parlamentarias distintas, en cada una de ellas intervendrá un portavoz del Grupo Parlamentario Popular que, naturalmente, no debe ver disminuido a la tercera parte el tiempo de sus intervenciones porque la señora presidenta haya estimado una ordenación del debate distinto, con el que por otra parte estamos de acuerdo.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Señorías, independientemente de la ordenación del debate que establezcamos saben ustedes que si lo desean pueden intervenir varios portavoces.
He establecido que intervendrá primero el señor Porta y luego el señor Climent porque así me lo han pedido los señores comparecientes. (La señora Navarro Lafita pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.

La señora NAVARRO LAFITA: Señora presidenta, deseo saber si el Grupo Parlamentario Popular tiene derecho según el Reglamento a que intervengan tres portavoces con tres tiempos completos.

La señora PRESIDENTA: Sí, señoría, pues se trata de dos comparecencias con tres intervinientes. Lo que hemos hecho es ordenar el debate de una forma un poco sui géneris, pero lógicamente cualquier grupo tiene derecho a utilizar todos sus tiempos. (El señor Bofill Abelló pide la palabra.)
La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Bofill.

El señor BOFILL ABELLO: Efectivamente, pero los tiempos de los grupos son los mismos para todos. Es decir, que yo tengo el tiempo de tres intervenciones.

La señora PRESIDENTA: Senador Bofill, procuremos no aburrir a sus señorías dando lecciones magistrales.

El señor BOFILL ABELLO: No se preocupe, señora presidenta, iremos al grano.

La señora PRESIDENTA: Como siempre, en esta comisión seremos muy generosos con el tiempo, pero también procuremos ser un poco autolimitativos.
Sin más dilación comenzamos dando la palabra, en primer lugar, a don Jordi Porta i Ribalta, presidente de Omnium Cultural, a quien repito mi agradecimiento por su comparecencia.

El señor PRESIDENTE DE OMNIUM CULTURAL (Porta i Ribalta): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre de las tres entidades convocadas hoy para comparecer ante esta comisión, agradezco vivamente la oportunidad que se nos ofrece para exponer en un foro tan relevante nuestros puntos de vista sobre la aplicación por parte del Estado español de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y sobre la situación social de la lengua catalana.
Permítanme recordar que «Omniun Cultural, Obra Cultural Balear y Acció Cultural del País Valencià» son tres asociaciones culturales estrechamente relacionadas entre sí, unidas en la «Federació» Llull para impulsar objetivos afines, centrados en la defensa y promoción de la lengua y la cultura catalanas, que compartimos y asumimos en toda su rica y fecunda diversidad. Nuestras organizaciones cuentan con una notable implantación en sus respectivos territorios, donde son consideradas asociaciones culturales de referencia, ya que representan conjuntamente a más de 30.000 asociados y movilizan en sus actividades a muchísimos más simpatizantes.
Acció Cultural cuenta asimismo con sedes estables (Casals Jaume I) en diversas localidades de lengua catalana, de Aragón y del sur de Francia, y Omnium Cultural también tiene entidades hermanas y homónimas en el área cultural de Francia y en la población sarda del Alguer, ciudad italiana donde también se habla catalán, como sin duda saben sus señorías.
Nuestras tres organizaciones figuran asimismo entre las entidades impulsoras del Observatori de la Llengua Catalana, promovido por una decena de instituciones cívicas y culturales y constituido el 14 de mayo de 2003 para que, como órgano independiente y con el máximo rigor académico, efectúe un seguimiento constante de la situación social de la lengua catalana.
Uno de los documentos elaborados por este «Observatori» es precisamente el informe sobre la aplicación por el Estado español de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en relación con la lengua catalana emitido hace poco más de un año, en el mes de octubre de 2003, y que fue coordinado por el doctor don Santiago Castellá, profesor de Derecho Público Internacional de la Universidad Rovira i Virgili, y que según parece ha dado lugar a esta comparecencia. Ejemplares de este informe se encuentran a disposición de sus señorías.
El informe arranca de las mismas previsiones de la Carta Europea, que en su artículo 16.2 abre la posibilidad de que los organismos y asociaciones legalmente constituidos en uno de los Estados signatarios atraigan la atención del comité de expertos de la Carta sobre la aplicación de los compromisos adquiridos por dicho Estado en su ratificación de la Carta Europea. Así pues, representantes del «Observatori» presentaron ese informe a la vicesecretaria general del Consejo de Europa el pasado 20 de enero y al Secretariado de la Carta Europea el día 27 de mayo.
Como subraya el propio informe: «El Estado español fue uno de los primeros firmantes de la Carta Europea, haciéndolo el mismo día 5 de noviembre de 1992 en que fue promulgada... de forma coherente con la participación activa de los parlamentarios españoles durante todo el proceso de conclusión de la Carta Europea...» Pero diversas vicisitudes en la vida pública y en la relación entre las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados y en el Senado llevaron a retrasar hasta el 2 de febrero de 2001, casi 10 años después, la firma del instrumento de ratificación. Y termina la cita: En efecto, las alternancias políticas influyen sin duda en las oscilaciones de la política española con respecto a la diversidad lingüística, y son muestra de la falta de una política de Estado estable y continuada en esta materia, punto crucial al que más adelante habremos de referirnos.
El informe de nuestro «Observatori» comenta con cierto detalle los criterios de la ratificación española de la Carta, y el informe del Estado español de 2002 sobre su aplicación. Obviamente no podemos reproducir en esta comparecencia todos los aspectos de que trata el informe en un centenar de páginas con referencias jurídicas concretas.
Nos limitaremos a glosar su contenido a grandes rasgos, adoptando un punto de vista más próximo a la percepción y a las vivencias de los ciudadanos que a las apreciaciones de derecho. Cada uno de los presidentes de nuestras entidades presentará una parte de estos comentarios en el bien entendido de que constituyen un solo texto y todos nosotros asumimos de común acuerdo su contenido.
Desde esta perspectiva, centrada en la vivencia social de la situación lingüística, el principal motivo de preocupación y decepción de los colectivos que representamos es que al cabo de 25 años de la Constitución Española y del Estado autonómico que con ella se ha instaurado subsistan tantas dificultades para vivir normalmente en catalán en nuestros propios territorios y que el Estado haya avanzado tan poco en la definición y aplicación de una política de pluralismo lingüístico igualitario.
Los ciudadanos de lengua catalana tienen aún, en el mismo seno de su propio espacio lingüístico, muchas limitaciones para ejercer sus actividades profesionales en catalán, para relacionarse en catalán como usuarios, clientes o

consumidores con los más diversos establecimientos públicos, y especialmente con algunos organismos de titularidad estatal, y para disfrutar de una oferta equilibrada en su lengua a través de los medios de comunicación o de las diferentes industrias culturales.
No ignoramos que la larga tradición política centralista, uniformadora y autoritaria anterior representaba un difícil punto de partida para la evolución hacia un pluralismo lingüístico y cultural igualitario. Es significativa en este sentido la diferencia en el ordenamiento jurídico y en las mentalidades colectivas entre dos Estados de composición lingüística tan similar en sus proporciones, como son por ejemplo, Suiza y España. Así, por una parte, la Constitución suiza declara lenguas nacionales a los cuatro idiomas históricamente constitutivos del país y en su artículo 70 establece que son lenguas oficiales de la Confederación los tres idiomas más hablados --alemán, francés e italiano-- y que incluso el romanche, hablado por unas 50.000 personas, es oficial en las relaciones entre estas personas y la Confederación.
El actual ordenamiento constitucional español, en cambio, consagra una triple desigualdad a favor de la lengua castellana: es la lengua castellana la única lengua con oficialidad exclusiva en su territorio histórico; es la única lengua que comparte oficialidad en los territorios históricos de las demás lenguas; es la única lengua oficial en las instituciones comunes del Estado legislativas, ejecutivas o judiciales.
Sin embargo, nada debería impedir --si hubiera una voluntad política favorable-- que el Estado español evolucionase hacia un plurilingüismo más igualitario, aceptando el uso oficial de las lenguas con oficialidad territorial en las Cortes, los tribunales centrales y los órganos de la Administración Central, promoviendo su reconocimiento positivo y su conocimiento en todo el territorio español, capacitando ampliamente en estas lenguas al personal de la administración y de los servicios públicos, impulsando su aprendizaje y su uso en todos los niveles educativos, extendiendo su presencia en todos los medios de comunicación públicos, incorporando las culturas que se expresen en estas lenguas a las acciones de proyección internacional de la cultura español y asumiendo sin reservas su presencia oficial en organismos internacionales como la Unión Europea o la UNESCO.
En la era de la globalización y de las tecnologías de la información y la comunicación ninguna lengua puede participar normalmente en el mercado económico mundial de las culturas, ni siquiera aspirar a la supervivencia, sin el apoyo inequívoco y completo de un Estado que la asuma como propia, sin cortapisas ni subordinaciones con respecto a otras lenguas del mismo Estado o del contexto internacional. Los crecientes flujos inmigratorios, que tienen también su origen en las dinámicas del mercado mundial, requieren nuevas políticas de corresponsabilidad entre el Estado y los territorios con una lengua propia específica. Tanto este hecho diferencial --que comporta necesidades específicas para la correcta integración socio-cultural de los nuevos ciudadanos-- como las tasas migratorias, especialmente altas en la zona de lengua catalana, reclaman competencias compartidas y recursos proporcionados a las necesidades, como ya se ha hecho hace tiempo en otros Estados compuestos, por ejemplo el acuerdo Canadá-Québec de 1991.
La Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía promulgados a partir de ella parecían abrir expectativas positivas acerca de este compromiso creciente de un nuevo Estado autonómico con el pluralismo lingüístico igualitario. Pero si es justo reconocer que se ha andado un buen trecho en el reconocimiento de las lenguas de España con respecto a la persecución y a la marginación extremas que sufrieron bajo el franquismo, debemos afirmar con rotundidad que estamos aún muy lejos de la igualdad lingüística deseable y que sobran ejemplos de la actitud reticente que perdura hacia esta deseable igualación. Vale la pena decir en este sentido que creemos positivos, sin embargo, los pasos que según parece se van a dar para el uso del catalán y de las otras lenguas --oficiales para millones de españoles-- en esta misma Cámara, confirmando lo que la misma Constitución prescribe cuando define el Senado como «Cámara de representación territorial».
La ausencia de una auténtica política estatal de pluralismo lingüístico no sólo representa una contradicción con los compromisos adquiridos en la ratificación de la Carta Europea, sino que comporta una importante decepción de las expectativas de pluralismo cultural que había despertado la transición democrática y constituye un grave obstáculo para la identificación de muchos ciudadanos españoles con un Estado que no asume en igualdad, plenamente y sin reservas a las distintas lenguas y culturas que lo integran.
Desearíamos que sus señorías prestasen atención a estas consideraciones.
Es muy difícil que quienes viven con inquietud e incertidumbre el futuro de sus lenguas en el contexto homogeneizador de la mundialización se identifiquen abiertamente con unos poderes públicos que se desentienden o se muestran remisos, cuando no adversos, ante la más razonable de las aspiraciones de todo ser humano: poder vivir plenamente y con toda naturalidad, sin obstáculos ni cortapisas, en su propia lengua en su propia tierra natal --¿en dónde si no?--. Créanme sus señorías, la identificación plena e igualitaria del Estado con su propia pluralidad es la vía para que toda la ciudadanía pueda identificarse plenamente con el Estado.
La ciudadanía suiza, al igual que la europea, no implica el deber jurídico, ni siquiera la exigencia social, de adoptar una determinada identificación lingüística cultural o nacional. Nadie echará en cara a un individuo suizo un escaso patriotismo por identificarse con la lengua francesa o italiana y no con la alemana, por ejemplo. De manera similar, a ningún ciudadano de Europa se le considera escasamente europeo --y menos aún antieuropeo-- por no identificarse con la lengua, la cultura o la opción nacional mayoritaria. Al contrario, son los poderes públicos los que asumen sin reservas todas las lenguas, culturas y opciones nacionales, con lo cual la ciudadanía suiza o europea se construyen sobre la base del pluralismo igualitario, la mejor garantía para la solidez de las identificaciones de todos los ciudadanos con las instituciones comunes y la mejor

garantía también para la cohesión y la unidad de estos espacios políticos lingüística, cultural y nacionalmente plurales.
Como sin duda saben sus señorías, éste es el sentido del concepto de patriotismo constitucional propugnado por uno de los más relevantes pensadores europeos contemporáneos, el filósofo alemán Jürgen Habermas.
Este es el sentido original y real del término: un patriotismo abierto a una pluralidad de identificaciones lingüísticas, culturales y aun nacionales de los ciudadanos como base de la adhesión de todos a una comunidad política plural e igualitaria. Este es su sentido y no el que recientemente y de forma abusiva hemos padecido, según el cual la Constitución parecía interpretarse como un marco --casi un dogma-- de identidad nacional única y de obligada adscripción a una lengua común, entendida como vehículo exclusivo de acceso a la universalidad y de proyección internacional.
Desearíamos que estas rémoras del pasado, todavía poderosas y operantes en el imaginario español, dejaran paso al reconocimiento abierto e igualitario del pluralismo lingüístico, superando con decisión la persistencia actual de una sutil arquitectura normativa construida a lo largo de decenios, tal vez siglos, de predominio de una idea centralista y monolingüe del Estado. La proclamación constitucional de pluralismo lingüístico convive aún con multitud de preceptos propios de la tradición monolingüe.
La renuncia de las instituciones del Estado a desarrollar un nuevo estatuto jurídico del plurilingüismo constitucional abierto a una igualación creciente entre todas las lenguas constitutivas de España es, a nuestro entender, una de las principales tareas pendientes desde la transición democrática. El Estado no puede centrifugar por más tiempo sus responsabilidades en el plurilingüismo hacia las comunidades autónomas considerando que son asunto exclusivo de éstas. Es cierto que la acción normativa y política sobre las lenguas autonómicas es competencia propia de las comunidades autónomas respectivas, pero el Estado no puede quedar al margen de la realidad plurilingüe puesto que su acción influye inevitablemente sobre esta realidad, como indica con abundantes ejemplos el informe del «Observatori».
Una simple ojeada al artículo 7 de la Carta Europea permite comprobar que hasta ahora las iniciativas del Estado español con respecto a la diversidad lingüística está muy por debajo de los compromisos adquiridos.
Hasta ahora no se aprecia claramente por parte del Estado ninguna --y cito-- «acción resuelta de fomento de las diferentes lenguas» (artículo 7.1.c), ni de --cito también-- «fomento del empleo oral y escrito» de las mismas «en la vida pública y en la vida privada» (7.1.d), ni para «la promoción de estudios e investigación» sobre ellas en las universidades.
Tampoco se puede afirmar que la acción del Estado refleje --vuelvo a citar-- «el respeto del área geográfica de cada lengua regional minoritaria..., de tal suerte que las divisiones administrativas ya existentes o nuevas no sean un obstáculo para el fomento» de dichas lenguas, ni que el Estado facilite «el mantenimiento y el desarrollo de relaciones... entre los grupos que empleen» una de estas lenguas «y otros grupos del mismo Estado que hablen una lengua utilizada de manera idéntica o parecida» (7.1.e), ni mucho menos «la promoción de formas apropiadas de intercambios transnacionales» para las lenguas --vuelvo a citar-- «utilizadas de manera idéntica o semejante en dos o más Estados» (7.1.i). El reconocimiento efectivo y conjunto del espacio de lengua catalana a efectos culturales, comunicativos y económicos es una aspiración que siempre ha encontrado más dificultades que ayudas en la acción del Estado, de manera que persisten barreras burocráticas y lingüísticas más o menos sutiles a la libre circulación de estudiantes y profesionales o de productos y servicios vehiculados en lengua catalana.
Hay títulos y certificados académicos cuya validez no está homologada en todo el territorio; hay documentos y servicios administrativos que no son accesibles a todos en lengua catalana; hay emisiones de radiotelevisión en catalán que necesitan apoyo estatal para circular sin trabas en todo el territorio lingüístico y, ¿por qué no, en el conjunto de España?, etcétera.
El Estado tiene todavía una tarea importante a realizar en aspectos cruciales de la Carta Europea como la eliminación de todas las medidas restrictivas o excluyentes con respecto a las lenguas territoriales y la adopción de medidas especiales de acción positiva en favor de estas lenguas para promover la igualdad con respecto a las demás, que nunca deben ser entendidas como discriminatorias para los hablantes de las lenguas más extendidas (artículo 7.2), como también para fomentar la comprensión mutua entre todos los grupos lingüísticos del país por medio de la educación pública y los medios de comunicación social (7.3).
Tal vez haya llegado la hora de que estas Cortes promuevan una ley de rango suficiente para el uso oficial en las relaciones con las instituciones comunes del Estado de todas las lenguas con oficialidad territorial y sobre las responsabilidades del Estado en la promoción de un pluralismo lingüístico igualitario en todas sus actuaciones.
Confiamos en que esta comparecencia constituya un signo del cambio de política que en esta etapa se proponen emprender los órganos del Estado y de una muestra del compromiso expresado también en el artículo 7.4 de la Carta --cito--: «Tener en consideración las necesidades y los deseos expresados por los grupos que emplean dichas lenguas» --termino la cita--, invitándoles a crear si es necesario órganos encargados de asesorar a las autoridades acerca de todas las cuestiones que a ellas se refieran.
Con este ánimo acudimos a vuestra invitación, señorías, esperando ver atendidas las consideraciones que exponemos en esta comparecencia y que a partir de este momento presentarán los presidentes de las demás entidades, centrando su atención en puntos más específicos.
Muchas gracias por vuestra atención.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Porta. Tiene la palabra don Eiseu Climent i Corberà.

El señor SECRETARIO GENERAL DE ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA, ACPV (Climent i Corberà): Señora presidenta, señorías, el señor Porta ha expuesto la primera parte de esta comparecencia y ha expresado

el agradecimiento por haber invitado a la Federació Llull, y con ella a las tres entidades que representamos; agradeciendo que quiero reiterar como secretario General de Acció Cultural del País Valencià. Asimismo, el señor Porta ha sintetizado los grandes obstáculos de todo orden que impiden un uso normal de la lengua catalana en los territorios donde es la lengua propia. Uno de los que ha esbozado es la consideración fragmentada del catalán, que con insistente frecuencia se divide artificialmente oponiendo el valenciano al catalán y a veces también al balear o al mallorquín. Es una cuestión recurrente que, en los últimos 30 años, ha aparecido con una reiteración tan crónica como interesada con el fin de enmascarar la reacción contra cada avance en el uso social de la lengua, sobre todo en la sociedad valenciana, en mi sociedad.
Cada vez que se plantea un ámbito nuevo donde se puede ganar un espacio para el catalán se resucita inmediatamente la cuestión del valenciano como idioma; y así, personas, colectivos e instituciones que casi nunca lo usan se erigen en paladines del valenciano como presunta lengua diferente --opuesta quizá sería más exacto-- al catalán. Así ha ocurrido con la escuela, con el uso en la Administración de la Generalitat Valenciana o de los ayuntamientos; así en la radio y la televisión públicas; así hace poco lo hemos visto en la petición de oficialidad en la Unión Europea. A más desuso de la lengua propia, más estentóreo el interés por dividirla oponiendo «valenciano» a un «catalán».
La estrategia ha sido la siguiente: usando y abusando de la denominación «valenciano» que recoge el Estatuto de Autonomía valenciano, se pretende hacer efectiva la ficción de que se trata de una lengua diferente de la que se habla en Cataluña y en las Islas Baleares. El nominalismo se eleva a imperativo legal; lo que sólo es un nombre se pretende que sea también una realidad distinta. Porque en algún lugar del Estatuto de Autonomía se dice que sea diferente de la lengua que a nivel general, internacional y académicamente se conoce como «catalán». Es más, significativamente, el Estatuto nunca habla de manera explícita de «lengua valenciana». De hecho, cuando se redactó se concibió como un punto de encuentro entre quienes querían una mención clara a la unidad del catalán y quienes abogaban por mantener el nombre de «valenciano», que es la denominación popular en tierras valencianas.
En términos estrictamente lingüísticos, el «valenciano» no existe como lengua diferente de la de Cataluña o Baleares. Más aún, ni siquiera existe como realidad que se superponga ni de lejos a los fronteras autonómicas. No hay absolutamente ninguna diferencia entre las hablas de Vinaròs, en el lado valenciano, o de Amposta, en el lado de la Comunidad Autónoma Catalana, aunque los hablantes tiendan a denominar sus hablas respectivas como «valenciano» y «catalán» respectivamente.
Si sus señorías consultan un atlas lingüístico o un tratado de dialectología o simplemente se desplazan a la zona, comprobarán que se trata de una lengua y un habla idénticos que, de manera unánime, los lingüistas clasifican como un mismo dialecto del tortosino, de Tortosa.
Este dialecto agrupa las hablas del norte de Castellón y de la zona del Ebro alrededor de Tortosa. Así pues, hablando exactamente de la misma variedad dialectal, ésta recibe dos nombres al lado y lado de la frontera administrativa.
La posición interesada y privilegiada de quienes pretenden separar el valenciano del resto de la lengua catalana es que cortan de raíz cualquier discusión sobre el uso social y la convierten de inmediato en una cuestión identitaria e incluso patriótica o mejor dicho, chovinista.
Además, se envuelven en la bandera de la defensa de «lo valenciano» y con la cobertura de la literalidad del Estatuto de Autonomía. Si ello se inscribe en una sociedad que desde hace siglos no ha dispuesto de instrucción en y sobre la lengua propia, la polémica está servida, y cualquier avance social queda paralizado en beneficio de las esencias.
Insistiré en la cuestión estrictamente lingüística para resaltar el absurdo de la situación para el observador objetivo y las posiciones insidiosas y de mala fe de quienes, desde la responsabilidad política e institucional, pretenden actuar al margen o contra la unidad de la lengua catalana.
Todas las universidades del mundo, todas, con estudios de lingüística y filología consideran que la lengua que se habla en Valencia, en Barcelona, en Mallorca o en Perpiñán es una misma: la catalana, llamada así por el lugar donde nació, como el castellano.
Entre estas universidades, como no puede ser de otra manera, están las universidades valencianas. Entre el material que sus señorías pueden consultar, les remitimos al «Informe sobre la llengua del País Valencià» que elaboró y aprobó por unanimidad la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia, la única existente entonces en el País Valenciano y que elevó al president del Consell Preautonòmic del País Valencià en 1978. Dicho Consell del País Valencià era el órgano preautonómico que dio lugar a la actual Generalitat Valenciana.
En 1996, la institución académica del Institut d'Estudes Catalans, que es la Academia de la Lengua Catalana, y las universidades de Alicante, de Valencia, la Jaume I de Castellón, Autónoma de Barcelona, de les Illes Balears, de Girona, de Lleida, Politècnica de Catalunya, Pompeu i Fabra, Ramón Llull, Rovira i Virgili y Oberta de Catalunya hicieron público un escrito conjunto enviado al presidente del Gobierno español y al Congreso de los Diputados reclamando el respeto por la unidad de la lengua catalana compatible con la denominación de «valenciano» que toma oficial y popularmente en esta comunidad autónoma.
Más aún, si sus señorías consultan los diccionarios de referencia oficial para las lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma Valenciana, encontrarán la misma definición para el «valenciano»: variedad de la lengua catalana. Así lo hacen el «Diccionari de la llengua Catalana» del Institut d'Estudis Catalans; el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española y también, tómese nota, el «Diccionari valencià» de la Generalitat Valenciana, de 1996, esto es, publicado justo un año después del acceso del Partido Popular al gobierno valenciano. Por lo tanto, el «Diccionari» Oficial de la Generalitat Valenciana en la época del Partido Popular determina exactamente que el valenciano es una variedad de la lengua catalana.


No creo que haga falta que me extienda más en argumentos lingüísticos y autoridad académica. La cuestión de que el valenciano es una variedad de la lengua catalana está bien establecida como realidad lingüística.
La solución que proponemos no es ni más ni menos que la que ha sido una constante a lo largo de la historia del pueblo valenciano: la doble denominación valenciano y catalán que desde finales del siglo XIV hasta la actualidad hemos usado los valencianos. En el informe titulado «Sobre la llengua dels valencians. Informes i documents» que las tres universidades valencianas con estudios de filología publicaron en 1998
--que tienen también a su disposición--, se recogen abundantes testimonios históricos que ilustran este hecho. Desde el cronista Ramón Muntaner o San Vicente Ferrer, en los siglos XIV y XV --obran en mi poder las citas por si desean leerlas--, santo de especial popularidad en Valencia, hasta el ilustrado Gregori Maians en el siglo XVIII o los escritores Vicent W. Querol --Wenceslao Querol da nombre a la mayor y más importante arteria de Valencia, que escribió «Rimes catalanes», por cierto, ya en el siglo XX-- o Teodor Llorente, el padre de la «renaixença» valenciana; padre e hijo, directores de las provincias y fundadores del Diario las Provincias, todos han denominado explícitamente catalán a la lengua propia como lo han hecho, con mención expresa de los valencianos, los escritores en lengua española Gaspar Melchor de Jovellanos, Juan de Varela o Menéndez Pelayo, por poner sólo unos ejemplos.
En suma, las razones de orden filológico y lingüístico y la tradición histórica avalan de manera indiscutible el hecho de que el valenciano forma parte de la lengua catalana y confirman las denominaciones de catalán y valenciano como equivalentes.
Ahora bien, ignorando, con buena o mala fe, la unidad de la lengua y la doble denominación histórica, se ha intentado argumentar que la denominación valenciano es la única legalmente posible porque está recogida en el Estatuto de Autonomía valenciano. Sería pues, según las teorizaciones de algunos, un imperativo legal y una exigencia estatutaria y constitucional infranqueable. Invocando un nominalismo extremo de acuerdo con esta posición, el valenciano formará o no parte de la lengua catalana desde el punto de vista lingüístico pero, de hecho, habría que considerarlo lengua diferente por la mera mención del Estatuto de Autonomía.
Pero esta realidad oficial, que sería escindida y esquizofrénica, ¿es verdaderamente así por imperativo legal? Hay que decirlo bien claro: de ninguna manera. Es cierto que el Estatuto valenciano habla de valenciano, pero quien determina en última y definitiva instancia si un precepto es constitucional o no es el Tribunal Constitucional, únicamente el Tribunal Constitucional, y no ningún gobierno autonómico, ni el valenciano, ni el catalán, ni el mismo Gobierno del Estado. Por tanto, creo que huelga insistir más al respecto en esta Cámara y a sus ilustres señorías.
El Tribunal Constitucional se pronunció ya sobre este hecho en su sentencia 75/1997, de 21 de abril, y lo hizo con claridad meridiana. El alto Tribunal abordó la constitucionalidad de la denominación «catalán», aplicada al valenciano, y usada en el artículo 7 de los estatutos de las universidades de Valencia, de Alicante y de Castellón, que, por cierto, la actual Generalitat Valenciana los ha impugnado, como siempre. En este artículo, «lengua catalana» se equipara, como nombre académico, al oficial y estatutario de «valenciano». El artículo en cuestión era del tenor literal siguiente: «Como institución pública, la lengua propia de la Universitat de València es la lengua propia de la Comunidad Valenciana. Para los efectos de estos Estatutos, se admite como denominaciones suyas tanto la académica, lengua catalana, como la recogida en el Estatuto de Autonomía valenciano», valencià.
La sentencia del máximo intérprete de la Constitución no deja lugar a dudas: «valenciano» no es una denominación exclusiva, y permite otras concurrentes, entre ellas la de «catalán», la cual cuenta con el apoyo de ser la denominación reconocida oficialmente por el Estado, incluido el Gobierno anterior, para las titulaciones de máximo nivel, las universitarias con inclusión implícita de valenciano.
Les leo los párrafos determinantes para la cuestión del Tribunal Constitucional. Fundamento Jurídico 4. En el párrafo segundo, inciso final, del artículo 7 de los Estatutos de la Universidad de Valencia, dice el alto tribunal: «No hace sino optar por una de las denominaciones con un soporte científico, acogida en una norma reglamentaria dictada por la Administración general del Estado, con la correspondiente habilitación de ley, según se ha visto anteriormente.» Este real decreto --al que se refiere el Tribunal Constitucional-- 1888/1984, de 26 de septiembre, por el cual se regulan los concursos para provisión de plazas de los cuerpos docentes universitarios, establece en su artículo 2.2: «La denominación de las plazas de la plantilla de profesorado funcionario será necesariamente la de alguna de las áreas de conocimiento a que hace referencia la disposición transitoria primera del presente Real Decreto. A tales efectos se entenderá por área de conocimiento aquellos campos del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento» --homogeneidad de su objeto de conocimiento, repito-- «una común tradición histórica y la existencia de comunidades de investigadores nacionales e internacionales».
Disposición transitoria primera: En tanto no sea modificado por el Consejo de Universidades, son áreas de conocimiento las que se relacionan en el catálogo anexo a este Real Decreto.
En el anexo, bajo el encabezamiento de «Filología Catalana», figuran:
lengua valenciana, lengua y cultura valencianas, y lingüística valenciana. Sus señorías disponen de una copia del Real Decreto, así como de la sentencia aludida del Tribunal Constitucional.
Pero continuemos con la sentencia 75/1997 del intérprete constitucional.
En el mismo Fundamento Jurídico 4 se lee: el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia... y el artículo 7 de los Estatutos de la Universidad donde encuentra cobertura, vienen a establecer de consuno que la valenciana, lengua propia de la Comunidad Valenciana y, por ello, de su Universidad, podrá ser también denominada «lengua catalana» en el ámbito universitario,

sin que ello contradiga el Estatuto de Autonomía ni la Ley de las Cortes mencionada al principio. «Esto es, Ley de uso y enseñanza del valenciano, de 23 de noviembre de 1983.» «La Universidad de Valencia no ha transformado la denominación de valenciano y se ha limitado a permitir que en su seno pueda ser conocido también como catalán, en su dimensión «académica», según los propios Estatutos.» Podrá discutirse cuando se quiera sobre la pertinencia de que en el seno de la Universidad de Valencia la lengua propia de la comunidad autónoma se denomine indistintamente valenciano o catalán, pero, como ha quedado dicho, ello no contradice --dice el alto tribunal-- valores, bienes o intereses constitucionalmente tutelados y no vulnera precepto alguno legal; repito nuevamente las palabras literales del Tribunal Constitucional, que han sido ignoradas por personas e instituciones que invocan el Estatuto y la Constitución: «1) la valenciana, lengua propia de la Comunidad Valenciana y por ello de su Universidad, podrá también ser denominada lengua catalana en el ámbito universitario, sin que ello contradiga el Estatuto de Autonomía. 2). Ello no contradice valores, bienes o intereses constitucionalmente tutelados y no vulnera precepto legal alguno.» Pero todavía hay más. No sólo se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y ha avalado la posibilidad de denominar catalán a la lengua propia de los valencianos, sino que también lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, muy recientemente además, este mismo año, y precisamente contra las pretensiones nominalistas y fragmentaristas del Gobierno valenciano actual. Y lo ha hecho de manera reiterada, en cuatro sentencias de este mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y entrando a fondo en la cuestión. Ya no sólo se establece la posibilidad de nombrar catalán a la lengua propia de los valencianos, sino que este tribunal superior entra en el contenido de la cuestión, de la lengua, y admite como válida la titulación de filología catalana para demostrar el conocimiento del valenciano que se requería en la convocatoria de un concurso-oposición para el ingreso al cuerpo de maestros y cuerpos docentes de enseñanza media así como profesores de escuelas de idiomas.
La Generalitat valenciana pretendía excluir la única titulación universitaria existente en este campo, la de filología catalana, como ya hemos visto en el Real Decreto 1888/1984.
Las cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia valenciano son las números 330/2004, de 4 de marzo; 393/2004, de 25 de marzo; 518/2004, de 16 de abril, y 677/2004, de 20 de mayo, todas de los últimos meses de este año.
Tomemos como muestra la primera, reiterada en términos idénticos o similares a las tres siguientes. Los pronunciamientos no admiten lugar a dudas, ahora bien, ya el Tribunal Constitucional en la sentencia 75/1997, de 21 de abril, abordó el tema desde la perspectiva de la autonomía universitaria, es decir, si la denominación «lengua valenciana» empleada por el estatuto de autonomía de la comunidad tiene un carácter excluyente e impide el uso de cualquiera otras --con referencia, obviamente, a la lengua catalana--, y llegó a una conclusión negativa.
Debe concluirse --dice-- que no existe razón alguna que permita sostener que la titulación de licenciatura en filología catalana no constituya titulación suficiente para eximir de la realización de la prueba de conocimientos de lengua valenciana, pues aquella licenciatura --la de filología catalana-- avala sobradamente el conocimiento de la lengua de esta comunidad, denominada oficialmente valenciana en su estatuto de autonomía, y, en el ámbito académico, catalana.
Ante todo esto sólo cabe el estupor y la desconfianza tras las recientes actuaciones del Gobierno valenciano y del Gobierno español en la petición de estatuto de oficialidad para valenciano y catalán en la Unión Europea, como si fuesen lenguas diferentes, y más recientemente en la separación artificialísima entre valenciano y catalán de una idéntica traducción de la Constitución Europea. Recordemos que el Gobierno catalán había tomado como propia la versión presentada por el Gobierno valenciano, gesto con el que, al mismo tiempo, se reconocía la unidad de la lengua y se respetaba la versión en la modalidad valenciana, con lo que los tres gobiernos hubieran satisfecho sus objetivos.
Ahora bien, la fragmentación de la lengua catalana va más allá de estas medidas políticas. Hay una división reiterada, si no constante, de valenciano y catalán en muy diversas instancias oficiales. He aquí unas cuantas muestras. La Biblioteca Nacional Española distingue, en la catalogación de libros, entre catalán y valenciano, pasando por encima de las normas ISO y de la clasificación internacional, que reconocen la unidad del catalán y le otorgan un código único. Pues bien, la Biblioteca Nacional inventa, repito, inventa un código a propósito para el valenciano y otro para el balear, no reconocidos internacionalmente, y los aplica sin ningún criterio racional a libros escritos en cualquiera de las comunidades. No fue hasta el año 2002 que la Biblioteca Nacional retiró el nombre y el código de balear, a pesar de que desde 19 años atrás, desde 1983, el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares reconocía la lengua catalana como la propia, y que popularmente no existe, además, la denominación balear, sino mallorquín, menorquín o ibicenco. Es decir, que aquí ni tan siquiera podía alegar denominación oficial.
Y, curiosamente, el criterio y el rasero de denominación oficial no se aplica al binomio castellano-español. Se ignora la denominación constitucional de castellano y se usa internacionalmente la de español.
Por tanto, en la Constitución el nombre es castellano e internacionalmente es español y, además, se utiliza para los libros el código «spa».
Asimismo, en un campo donde caben tan poco las variaciones, como en los textos legales, y donde se ha de dar la máxima garantía jurídica, como es en las leyes y la normativa legal, vuelve a reaparecer la distinción. El «Boletín Oficial del Estado» presenta dos versiones, una en valenciano y otra en catalán.
Otro caso, en determinadas convocatorias de plazas para funcionarios públicos, se pueden alegar méritos preferentes por conocimiento de la lengua propia y oficial de

las comunidades autónomas. Casi siempre se introduce la división entre catalán y valenciano. Y se ha dado el caso de que ha habido personas, que con la simple convalidación del título administrativo expedido por la Generalidad Valenciana por otro reconocido por la Generalidad de Cataluña o del Gobierno balear, han podido obtener una puntuación del doble por el hecho de conocer valenciano y catalán. Algo así como si alguien obtuviese doble puntuación por sus conocimientos de castellano y español, o de euskera y vascuence.
El mismo proceder se repite en los impresos oficiales, por ejemplo, en el IRPF, en los estatutos de las universidades valencianas, en las oposiciones o concursos de la función pública ya lo hemos visto o, incluso, en los programas educativos. El Gobierno valenciano ha impuesto algo tan deplorablemente elocuente, como que en el estudio de la literatura en lengua propia, el currículo sólo tendrá en cuenta los autores nacidos en territorio valenciano. Imagínense, señorías, esto mismo trasladado a cualquier comunidad autónoma de lengua castellana. Por ejemplo, en el caso de los escritores sudamericanos, Vargas Llosa no tendrían que estudiarlo, sino simplemente a los de Castilla. A esto ha llegado el Gobierno valenciano. O bien, en justa cierta coherencia, si el Gobierno valenciano aplicase esto mismo al castellano como lengua oficial, sólo habría que estudiar los autores de expresión castellana nacidos dentro de las fronteras autonómicas. Evidentemente, todo esto es esperpéntico.
Con todo ello se infringe gravemente el artículo 7 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, suscrito por el Reino de España y, por eso mismo, convertido en legislación propia. En dicho artículo se dice literalmente: «Objetivos y principios. En materia de lenguas regionales o minoritarias, en los territorios en los que se hablen dichas lenguas y según la situación de cada una de ellas, las Partes basarán su política, su legislación y su práctica en los objetivos y principios siguientes: a) El reconocimiento de las lenguas regionales o minoritarias como expresión de la riqueza cultural. b) El respeto del área geográfica de cada lengua regional o minoritaria, actuando de tal suerte que las divisiones administrativas ya existentes o nuevas no sean un obstáculo para el fomento de dicha lengua regional o minoritaria. e) El mantenimiento del desarrollo de relaciones, en los ámbitos que abarca la presente Carta, entre los grupos que empleen una lengua regional o minoritaria y otros grupos del mismo Estado que hablen una lengua utilizada de manera idéntica o parecida, así como el establecimiento de relaciones culturales con otros grupos del Estado que utilicen lenguas diferentes.
De todo ello, los catalanohablantes no podemos más que concluir que existe una voluntad manifiesta de dividir nuestra lengua. Una voluntad de fragmentación que el Estado y algunas instituciones imponen invocando denominaciones oficiales que, cuanto menos, son una excusa formal para ignorar no sólo la realidad lingüística reconocida, sino también la misma doctrina del Tribunal Constitucional y el respeto por el sentido de estas mismas leyes.
Asimismo, como catalanohablantes tenemos la impresión de que se nos aplica un doble rasero. La única denominación establecida por la Constitución Española es castellano para la lengua oficial del Estado, artículo 3.1. Ello no es obstáculo para que los tratados internacionales suscritos por España y, significativamente, los de la Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea, hablen internacionalmente de español y castellano aquí dentro. Denominación esta que, por cierto, según el artículo 3 de la Constitución es aplicable a cualquiera de las lenguas declaradas oficiales por los estatutos de autonomía. Artículo 3.2 de la Constitución: «Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.» En otras palabras, el nominalismo que se aplica hasta el máximo rigor, con la consecuencia de dividir catalán y valenciano, se pasa tranquilamente por alto, violando los preceptos de la misma Constitución en cuanto denominación del castellano.
En el mismo «Informe sobre la aplicación en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (2002)» elaborado por el Estado, éste mismo se refiere sin ningún empacho nominalista a idiomas propios diferentes del castellano o español, véase, por ejemplo, en la Sección Preliminar, apartado «1. Evolución histórica».
De igual manera, en la «Enumeración de las lenguas regionales o minoritarias habladas en España», se lee: «1) Idiomas que son oficiales, junto con el castellano o español, en sus respectivos territorios y de acuerdo con lo establecido en los correspondientes estatutos de autonomía. Son los siguientes: Estatuto de Autonomía del País Vasco: el euskera o vascuence. Estatuto de Autonomía de Cataluña: el catalán.
Estatuto de Autonomía de Galicia: el gallego. Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: el valenciano. Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra: el euskera o vascuence. Estatuto de Autonomía de las Illes Balears: el catalán.» El estatuto del País Vasco habla sólo de euskera, mientras que la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra lo hace solamente del vascuence. Si ambas denominaciones se equiparan, con razón, que es lo que hizo el Gobierno, atribuyéndolas a ambos estatutos cuando no es así literalmente, ¿por qué no se hace eso mismo con catalán y valenciano, en justo respeto a todas las razones lingüísticas, históricas, legales y constitucionales que hemos expuesto? Creemos que con este doble lenguaje y este doble trato discriminatorio, los catalanohablantes sólo pueden obtener la impresión, o quizá la certeza, de que el Estado no sólo no protege y no promueve su lengua, sino que trabaja para dividirla, debilitarla y eliminarla. Y que para ello no deja de utilizar las más diversas argucias legales, nominalistas e, incluso, la simple y llana discriminación.
En consecuencia, proponemos a sus señorías que como Cámara legislativa, hagan efectivo que el Estado reconozca plenamente la unidad de la lengua catalana, como realidad lingüística, histórica e, incluso, jurídica ya aceptada, pero hasta ahora sólo parcialmente. Una realidad que se enmascara artificialmente y se escamotea detrás de un nominalismo arbitrario. Solicitamos, asimismo, que en aplicación de la Carta Europea de las Lenguas, antes citada,

y en concreto de su artículo 7, se deje de utilizar la doble denominación catalán y valenciano para ponerlas como si se tratase de dos lenguas y no de una, y con ello fomentar crónicamente enfrentamientos identitarios, que únicamente redundan en tensiones peligrosas entre colectivos humanos y entidades políticas.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Climent.
Le recuerdo a los señores comparecientes que van a tener más turnos. Lo digo para que no agoten toda la batería en su primera intervención.
Sin más, tiene la palabra don Sebastià Frau i Gaià, presidente de la Obra Cultural Balear.

El señor PRESIDENTE DE LA OBRA CULTURAL BALEAR, OCB, (Frau i Gaià):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hablo en nombre de la Obra Cultural Balear, la entidad de referencia en el archipiélago por lo que se refiere a la defensa y promoción de la lengua catalana, oficial en su territorio.
El reconocimiento efectivo de la pluralidad lingüística de un Estado y la voluntad de aplicar en este campo una política igualitaria, reclaman la adecuación del funcionamiento del Estado a esta realidad. La entrada en vigor de la Constitución Española supuso un paso hacia este reconocimiento, pero los cambios que se han producido a lo largo de estos años en el marco legal o en la actitud del Gobierno central no son, ni mucho menos, suficientes para considerar que el Estado español constituya un ejemplo satisfactorio de aplicación de un modelo lingüístico igualitario, como correspondería a un Estado que se rige por principios democráticos.
Las enormes transformaciones de la sociedad actual en muchos aspectos, como la integración europea, el mercado mundial, las migraciones transcontinentales, los flujos de la comunicación de masas o la expansión del ciberespacio, hacen indispensable que el Estado se replantee la función que debe cumplir, con el objetivo de asegurar la preservación de la pluralidad lingüística de su territorio y el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de sus ciudadanos. Confiamos en que los cambios políticos producidos recientemente, la consolidación del sistema democrático y el progreso en la construcción europea sean factores que beneficien la asunción, por parte del Estado, de las responsabilidades que en el campo lingüístico le corresponden y que hasta ahora no ha asumido más que de forma excesivamente restrictiva.
En el ejercicio de estas responsabilidades, el Estado debería favorecer la difusión en todo su territorio de actitudes favorables a la pluralidad lingüística y a la diversidad cultural y, por tanto, a la cohesión, al respeto y la solidaridad entre los ciudadanos. Igualmente, debería posibilitar la existencia de un marco legal y social en el que las diferentes comunidades lingüísticas y sus miembros gozaran de derechos lingüísticos equitativos, tanto en el territorio propio de su lengua como en las instituciones comunes.
Centraré esta intervención de manera muy escueta en los aspectos que deberían ser prioritarios en la planificación lingüística a aplicar por las instituciones de un Estado respetuoso con la pluralidad lingüística, que asume la defensa de todas sus lenguas y que pretende consolidar un modelo organizativo adecuado a la realidad plurilingüe que lo conforma y a los compromisos adquiridos al adherirse y ratificar la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.
La Carta Europea establece, y cito textualmente, «la necesidad de una acción decidida de promoción de la lenguas regionales o minoritarias con el fin de protegerlas». Así lo dice su artículo 7. El Estado no puede, por tanto, actuar exclusivamente en favor de la lengua castellana, marginando a las otras lenguas y dejando la defensa de éstas a las respectivas comunidades autónomas, como ha hecho con frecuencia. El Estado debe asumir su carácter plural y gestionar esta pluralidad, y no enfrentarse a la pluralidad con un proyecto monolingüe. En este sentido, uno de los primeros objetivos que debería marcarse el Estado es el de generalizar en todo el territorio la aceptación y comprensión de su realidad plural, también desde el punto de vista cultural y lingüístico, en lugar de desentenderse de esta función o, en determinadas ocasiones, de propiciar los desencuentros entre comunidades. En la línea de este objetivo se sitúan las necesarias actuaciones del Estado con la finalidad de resolver los problemas originados por la confusión en torno a la identidad y la denominación de las lenguas, tanto en el conjunto del Estado como específicamente en el seno de las comunidades autónomas con lengua propia afectada por estos prejuicios. Los medios de comunicación de titularidad pública, el sistema escolar y las actitudes y usos lingüísticos de las instituciones estatales y de sus representantes, serían vehículos eficaces para la consecución de este objetivo.
Las instituciones estatales, en lugar de obstaculizarla, tendrían que promover e incentivar la cooperación lingüística entre las comunidades autónomas que comparten la misma lengua. Se refiere a este principio el artículo 14 de la Carta Europea. De esta forma, las actuaciones del Estado podrían atenuar la discriminación negativa que supone la falta de reconocimiento de oficialidad de las lenguas propias de algunos territorios lingüísticos que, administrativamente, están separados del resto de la comunidad lingüística a que pertenecen --como las zonas de lengua catalana de Aragón o de Murcia-- y reducir los obstáculos para la promoción de las lenguas que suponen las barreras administrativas.
En coherencia con estos objetivos, el Estado debería prever en sus presupuestos generales las partidas necesarias para la promoción y protección de las lenguas del Estado y para compensar los costes adicionales de los presupuestos de las comunidades autónomas con una lengua oficial además del castellano.
La extensión de la presencia de la lengua catalana en el sistema educativo, tal como prescribe el artículo 8 de la Carta Europea, se ha llevado a cabo a iniciativa de las comunidades autónomas autónomas respectivas. El Gobierno del Estado no solo se ha abstenido de dar el apoyo

debido, sino que con frecuencia ha obstaculizado su desarrollo o ha hecho caso omiso de aquellos gobiernos autonómicos que no legislan al respecto o legislan en contra de su aprendizaje. Esta situación ha hecho posible que en determinadas comunidades autónomas no se den las condiciones legislativas indispensables para el desarrollo de un modelo lingüístico integrador que asegure el conocimiento entre todos los escolares de la lengua propia del territorio en el que viven, lo cual supone un claro incumplimiento de las disposiciones de la Carta Europea, en concreto de su artículo 7.1.b) En la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la Enseñanza, se evidencia la posición negativa de las instituciones de un Estado ajeno a la voluntad de preservar la pluralidad lingüística, ya que es escaso el reflejo que en ella tienen la diversidad cultural y la pluralidad lingüística, y son altas, en cambio, las restricciones que en el terreno de la lengua y los contenidos referidos a la historia y la cultura propias imponen en el currículo escolar de las diferentes comunidades autónomas, y más aún en las zonas en que una lengua autóctona es hablada mayoritariamente y forma parte de comunidades autónomas que ni siquiera han reconocido la oficialidad de esta lengua.
En este mismo sentido hay que resaltar que en algunas comunidades autónomas no se ha regulado adecuadamente la exigencia de conocimientos suficientes de lengua catalana para ejercer la docencia en los territorios en los que es lengua propia. Sin duda los organismos del Estado que tienen por misión garantizar una enseñanza de calidad para todos los ciudadanos deberían asegurar lo que en este aspecto determina la Carta Europea en su artículo 8.1.
En la enseñanza superior, la inhibición del Estado ante la situación de la lengua catalana es también desoladora. Su presencia en las diversas universidades del área lingüística catalana como lengua de docencia o de investigación es en general deficitaria, con oscilaciones considerables según la universidad o los estudios del área de investigación de que se trate. Sin embargo, diversas universidades del área lingüística catalana han visto contestada su autonomía en el proceso de dotarse de reglamentos de usos lingüísticos con la finalidad de incrementar la presencia de la lengua propia. Cabe señalar, sobre todo, las deficiencias que en el aspecto lingüístico presentan los sistemas de valoración de la actividad investigadora y el sistema de habilitación nacional del profesorado, que no recoge la exigencia de conocimientos de la lengua propia de la universidad de destino y, en general, la nula actuación del Estado para favorecer una enseñanza universitaria en lengua catalana, a pesar del compromiso que se desprende del artículo 8.1.e) III de la Carta Europea.
Algo parecido sucede con la posibilidad de estudiar las lenguas regionales o minoritarias fuera de su territorio. No existe esta opción en ningún centro de enseñanza secundaria del Estado, y son muy pocas las escuelas oficiales de idiomas que en estas condiciones de ubicación, ofrecen la posibilidad de estudiar catalán. Es significativo que existan incluso menos lectorados de lengua catalana en las universidades españolas que no pertenecen al área lingüística catalana que en las alemanas o inglesas.
La voluntad del Estado de favorecer un clima de respeto hacia la diversidad lingüística y cultural se tendría que manifestar en la promoción del estudio de las otras lenguas del Estado en los centros de educación secundaria y superior y en las escuelas oficiales de idiomas de los territorios que tienen como lengua propia el castellano, de manera paralela y recíproca a la asistencia del estudio de la lengua castellana en los territorios en los que no es lengua propia.
Por lo que respecta a la actividad judicial, las posibilidades reales de uso del catalán son prácticamente nulas en todo el territorio. A pesar de las obligaciones asumidas por el Estado en relación con el artículo 9 de la Carta Europea, no se ha avanzado en absoluto en su cumplimiento. La Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, establece la preeminencia del castellano como lengua habitual de los procedimientos judiciales y la excepcionalidad del uso de las otras lenguas propias, incluso donde tienen carácter oficial, por lo que sin duda necesitaría adaptarse a las disposiciones asumidas por el Estado con la ratificación de la Carta Europea.
La situación de inseguridad jurídica en este ámbito llega al extremo de que con frecuencia, cuando algún testimonio o parte en un litigio desea ejercer su derecho a expresarse en catalán, se encuentra con numerosas dificultades interpuestas por la otra parte o con consejos disuasorios del propio juez, por lo cual muchos ciudadanos renuncian en la práctica a su derecho.
De igual forma, la Ley Orgánica del Poder Judicial limita la validez de los documentos jurídicos en lengua catalana en las comunidades autónomas donde la lengua catalana sea oficial, contrariamente a lo que establece la Carta Europea en su artículo 9.2.a).
La publicación en catalán del «Boletín Oficial del Estado» se produce con notable retraso sobre la versión en castellano, tanto en su edición impresa como a través de Internet. Además, es un mecanismo que favorece el incremento de la confusión sobre la realidad lingüística del Estado al publicarse en dos versiones de la misma lengua: en catalán para Cataluña y las Islas Baleares y en valenciano para la Comunidad Autónoma Valenciana. Aparte de la publicación del BOE, no existe ninguna previsión de facilitar en lengua catalana los textos normativos del Derecho Comunitario europeo que tienen aplicabilidad y efectos directos sobre los ciudadanos ni de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene eficacia en el ordenamiento jurídico interno.
Este conjunto de desconsideraciones motiva que el uso de la lengua catalana en los procedimientos judiciales esté sometida a un clima de coacción que provoca casi una automática sustitución de la lengua habitual del ciudadano al relacionarse con la Administración de Justicia, que debería ser precisamente la garantía de sus derechos lingüísticos.
Sus señorías conocen, con seguridad, un caso reciente y dolorosamente representativo de la indefensión actual de la lengua catalana en el ámbito judicial: el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de julio de 2004 que anuló la sanción de advertencia impuesta por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de

Cataluña a un magistrado que requirió que el demandante aportara copia de la demanda en castellano, sin admitirla a trámite por estar presentada en catalán. Y ello por no hablar de la resolución del mismo Consejo de hace dos días, en la que se entendió que era inconstitucional la exigencia de conocimiento del catalán a los jueces destinados al territorio lingüístico en el que esta lengua es oficial.
En conclusión, el statu de la lengua catalana en la Administración de Justicia está a mitad de camino entre el que corresponde a una lengua oficial y al propio de una lengua extranjera. Los servidores públicos no tienen obligación de conocerla, los ciudadanos pueden alegar su desconocimiento y se han de traducir las actuaciones realizadas en esta lengua dentro del Estado cuando las actuaciones judiciales y los documentos presentados hayan de producir efectos fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales situados en la comunidad autónoma.
Uno de los elementos capitales de una planificación lingüística igualitaria consiste en la presencia de todas las lenguas en los organismos e instituciones estatales comunes para todos los territorios lingüísticos. En nuestro caso, esta planificación exige el reconocimiento de la oficialidad de las cuatro lenguas del Estado en las instituciones comunes: Congreso de los Diputados, Senado y ministerios.
Este reconocimiento debería posibilitar el uso de cualquiera de las lenguas oficiales por parte de los representantes políticos y de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado y su uso en la rotulación de los edificios públicos de estas instituciones y en todos los elementos emblemáticos, como los documentos de identificación: DNI, pasaporte, permiso de conducción, sellos de Correos, monedas y billetes.
De igual forma, el Gobierno central tendría que impulsar la proyección exterior de la realidad plurilingüe del Estado y asegurar el reconocimiento de la oficialidad de todas las lenguas en las instituciones internacionales a un nivel equivalente al que gozan otras lenguas de dimensiones demográficas o de producción cultural parecidas.
Contrariamente a lo que establece la Carta Europea en su artículo 10, la legislación española impone el uso del castellano en las relaciones con la Administración General del Estado y señala como única posibilidad de uso del catalán la ocasión en que el interesado se dirija a los órganos de la Administración General con sede en el territorio de una comunidad autónoma que la reconozca como lengua oficial.
Como sucede en el ámbito judicial, el Estado no garantiza el conocimiento de la lengua propia del territorio por parte de los funcionarios del Estado. Esta situación provoca que el ciudadano pueda verse obligado a renunciar al uso de la lengua propia de la comunidad para ser atendido correctamente al dirigirse a la Administración.
En relación con los impresos disponibles en lengua catalana, cabe señalar importantes lagunas, como en la mayoría de impresos de temas fiscales, a los que se puede acceder a través de las páginas de Internet ministeriales o las solicitudes de certificación literal de defunción, nacimiento y matrimonio. El Reglamento del Registro Civil impone que todos los asientos en los libros del Registro sean en castellano.
En el uso de la toponimia se produce en general un importante desorden en lo que se refiere a los indicadores de guías que señalan fuera del territorio lingüístico y supeditan la denominación oficial de las poblaciones a la forma que tiene su inscripción en un registro estatal.
En otro ámbito, la falta de cumplimiento por parte del Estado de lo que prescribe la Carta Europea con relación a los servicios públicos (Correos, transportes aéreos y ferroviarios, telefonía, etcétera) es prácticamente total, ya que en general ignoran o marginan claramente las lenguas oficiales distintas del castellano.
En el campo de los medios de comunicación, se echa en falta la existencia de alguna emisora de televisión y de radio de titularidad pública que emita para todo el territorio de lengua catalana, con la finalidad, entre otras de lograr la cohesión la comunidad lingüística. TV3 y Canal 33, que, de hecho, cumplen parcialmente esta función se han encontrado con numerosas dificultades, a pesar de lo que contempla la Carta Europea en su artículo 11.2, sobre todo, en el territorio valenciano y, aunque en menor grado, en las Islas Baleares. Desde el punto de vista legal, esta función de las dos emisoras de la Corporación Catalana de Radio y Televisión no está reconocida y se ubica en un marco jurídico sin determinar. El Canal 9 de la televisión valenciana --no así el segundo canal, Punt 2-- emite gran parte de su programación en castellano y un perfil semejante se dibuja para la futura televisión de las Islas Baleares.
Ninguno de los canales de Televisión Española asume la función de emitir su programación o una parte de ella en lengua catalana para todo el territorio lingüístico, cosa que debiera realizar, teniendo en cuenta el carácter de servicio público que tiene. En este mismo sentido, la única tentativa parcial que se realizó en el terreno de la radio, a través de Radio Nacional de España 4, se abortó por decisión política hace unos diez años.
Por lo que respecta a la concesión de las televisiones privadas, no se prevé la adecuación de su programación a la diversidad lingüística y ello ha supuesto que toda su programación sea en lengua castellana. Lo mismo ocurre con las previsiones para la concesión de frecuencias a radios privadas. Igualmente, el régimen de concesión administrativa de las televisiones digitales terrestres no menciona el pluralismo lingüístico del Estado.
En el terreno de los medios de comunicación escritos y de las producciones audiovisuales, los criterios de distribución de ayudas y publicidad institucionales suponen una notable discriminación para las publicaciones y productos en lenguas diferentes al castellano.
Por otra parte, no se vehiculan a través de los medios de comunicación de titularidad estatal contenidos que ayuden a difundir la pluralidad lingüística y la diversidad cultural del Estado y su comprensión en todo el territorio estatal. Asimismo, tampoco se difunde la producción cultural en lenguas diferentes al castellano o se aprovecha su potencialidad para ofrecer recursos para el aprendizaje de estas lenguas en todo el territorio estatal. Ni siquiera se ofrece la opción lingüística en la emisión televisiva de películas con versión original catalana.


La política de promoción cultural del Estado y su producción exterior ignora, salvo en contadas excepciones, la producción en lenguas diferentes al castellano y tiene como resultado la ocultación interior y exterior de la diversidad lingüística y cultural.
En el aspecto relativo a la actividad económica y social existe abundante legislación que impone el uso de la lengua castellana, en detrimento del uso de las demás lenguas, lo cual origina un clima adverso a la regulación por parte de las comunidades autónomas del uso de su lengua en estos ámbitos. En este campo cabe señalar la Ley de Patentes y Marcas, las normas que regulan el Registro Mercantil, el Registro de la Propiedad, la propiedad intelectual, los seguros, el etiquetaje de productos, etcétera.
Las dimensiones en valores absolutos y en diversidad que ha adquirido el fenómeno de la inmigración durante los últimos años, principalmente en los territorios de la lengua catalana, que superan ampliamente la media estatal, exigen actuaciones urgentes y supone un gran esfuerzo para las comunidades autónomas más afectadas con el objetivo de favorecer la interacción social y cultural de los nuevos ciudadanos. En las comunidades con una lengua propia diferente al castellano el esfuerzo que se requiere es muy superior, por lo cual el Estado tendría que reflejarlo en los presupuestos generales para evitar la discriminación negativa que supone para estas comunidades y también en su participación en la ordenación de los procesos de inmigración.
Como se puede desprender de nuestra intervención, a pesar del trecho avanzado desde los inicios del régimen democrático, es todavía largo el camino que tiene que recorrer el Estado tanto para consolidarse como un Estado respetuoso con la pluralidad lingüística como para cumplir las obligaciones que asumió al ratificar la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.
Como se ha dicho con anterioridad, confiamos en que esta primera comparecencia sea el inicio de un cambio en el compromiso del Estado de aplicar una política lingüística que se adecue a la realidad plurilingüe que lo conforma y al respeto de los derechos de todas las comunidades lingüísticas.
Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frau i Gaià.
A continuación corresponde un turno de portavoces de los distintos grupos parlamentarios, empezando por los grupos autores de las dos iniciativas.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Entesa Catalana de Progrés, el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que dé la bienvenida a nuestros invitados en nuestra lengua común, y luego me traduciré. (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones».) «Es per a mi i per al meu grup una gran satisfacció poder acollir al Senat als presidents d'Omnium Cultural, d'Acció Cultural del País Valencià i de l'Obra Cultural Balear, que compten entre les entitats amb més suport en la societat civil dels territoris de parla i cultura catalanes, i que més s'han distingit, i es distingeixen, justament en la promoció, i la defensa quan cal, de la nostra llengua comuna i de la nostra cultura, dels elements constitutius de la nostra identitat, dels elements que configuren la nostra aportació a la cultura europea. Benvinguts.» A la espera de un acuerdo que no debería tardar para la implantación de un sistema de traducción simultánea en esta Cámara, me traduciré yo mismo.
He dicho: Es para mí y para mi grupo una gran satisfacción poder acoger en el Senado a los presidentes de Omnium Cultural, de Acción Cultural del País Valencià y de la Obra Cultural Balear que figuran entre las entidades con mayores apoyos en la sociedad civil de los territorios de habla y cultura catalanas y que más se han distinguido y se distinguen justamente en la promoción y la defensa cuando es necesaria de nuestra lengua común y de nuestra cultura, de los elementos constitutivos de nuestra identidad, de los elementos que configuran nuestra aportación a la cultura europea. Bienvenidos.
Y continúo haciendo el esfuerzo de traducción simultánea: Para empezar quisiera destacar que en primera instancia solicitamos su comparecencia con la intención de que se sustanciara en la primavera, aprovechando que una delegación europea visitaba el Estado español para recabar información de primera mano sobre el cumplimiento --sería más apropiado hablar directamente del incumplimiento hasta la fecha por parte del Estado español-- de un gran número de preceptos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias y, muy especialmente, de la voluntad que la vertebra de proteger y promover el uso de estas lenguas por parte de los ciudadanos que las tienen o las adoptan como propias.
Finalmente, la comparecencia se produce en un momento distinto en el que el tema de la actitud del Estado ante nuestra lengua aparece focalizado en los medios de comunicación en torno a un falso debate sobre su denominación, a partir del cual una minoría intenta cuestionar su unidad hasta extremos ridículos y, evidentemente, a las antípodas de cualquier criterio filológica y científicamente serio.
Es cierto que en el actual momento de gran difusión del inglés, a caballo de la globalización y de las nuevas tecnologías, cuando argentinos, mejicanos, españoles y todas las academias de la lengua del sistema lingüístico castellano-- español están reafirmando su unidad para enfrentar los retos del presente y del futuro, es muy grave que se cuestione la unidad de la lengua catalana, y no podemos eludir el debate.
Sería una lástima que nos perdiéramos en esa maraña de despropósitos y sería bueno que hiciéramos todos el esfuerzo para que el árbol no nos escondiese el bosque, para que, más allá de la polémica, consideremos con seriedad las muy diversas e importantes cuestiones que nos han planteado los comparecientes para que el Estado asuma su responsabilidad en relación a la defensa y la

promoción de las lenguas de sus ciudadanos y garantice sus derechos democráticos a usarlas y a ser atendidos en sus lenguas por parte de todas las administraciones y corporaciones que tienen capacidad de decisión sobre aspectos de su vida.
Es por ello que dejaré sentada nuestra posición sobre la falsa polémica catalán-valenciano, que coincide en esencia con la de los comparecientes, para luego entrar en lo que me parece fundamental y de más largo alcance de la comparecencia de hoy.
En el País Valencià, las Illes Balears y Cataluña hablamos la misma lengua. La denominación común de esta lengua aceptada por la comunidad científica y universitaria internacional es «lengua catalana», denominación reconocida también no sólo por los estatutos de autonomía de Cataluña y de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sino también por el Estado andorrano, presente en Naciones Unidas, y utilizada por instituciones de los territorios de habla catalana dentro del Estado francés, por poner sólo unos ejemplos significativos.
El artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Valencia recoge legítimamente la denominación popular «valencià» para la lengua propia de la comunidad.
Desde el punto de vista filológico no se puede hablar de una diferenciación catalán-valenciano ni en el plano dialectal. Los límites administrativos entre comunidades no tienen significación desde el punto de vista lingüístico y esto es tan cierto que, como ya se ha dicho, a caballo de los límites administrativos entre la comunidad autónoma valenciana y la catalana se habla no sólo la misma lengua, sino el mismo dialecto, y tenemos muestras vivas de ello en algunos miembros de esta misma Cámara. No tenemos que desplazarnos allá porque aquí mismo tenemos miembros que hablan los dos esta misma variedad dialectal.
Y para mayor abundamiento resulta que los dos grandes bloques dialectales del catalán son el occidental, al cual pertenecen en una descripción rápida los territorios de Andorra, de la provincia de Lleida, de parte de la de Tarragona y los del País Valencià, y el oriental, al cual pertenece el resto del territorio de Cataluña, las Islas Baleares, los territorios de habla catalana en el Estado francés y también los de la isla de Cerdeña, en el estado italiano.
Esto es así y si lo que nos interesa realmente es el futuro de las lenguas como patrimonio de todos no perdamos el tiempo. Reconozcamos la unidad de la lengua catalana, llámela catalán la comunidad científica, como lo viene haciendo y como seguirá haciéndolo al margen de nuestras disquisiciones; llamémosla lengua catalana o valencià en nuestras comunidades autónomas y el Estado llámela catalana si quiere seguir el criterio de la comunidad científica y es constitucionalmente posible o llámela català-valencià o ponga las banderitas de las comunidades juntas en un botón en sus web, pero reconozca su unidad, es decir, una sola versión de cualquier texto, web, etcétera y unos servicios de traducción e interpretación únicos, no sea que además acabemos malgastando el dinero público.
Llegados a este punto --y disculpen si me he alargado más de la cuenta-- lo que interesa saber es qué se está haciendo realmente, qué está haciendo cada responsable político, qué está haciendo la Administración pública en pro de nuestra lengua, qué se está haciendo realmente en pro del valencià ahora de que le hayan salido tantos pretendidos defensores.
¿Qué están haciendo los que levantan pancartas y luego en su actividad en el propio país valenciano usan el castellano? Desde el punto de vista del Estado, lo que me ha parecido relevante de su intervención, y que puede encajar en las nuevas expectativas que ha generado un Gobierno que ha hecho bandera en sus declaraciones del reconocimiento de la pluralidad y la diversidad cultural y lingüística, es su demanda, por un lado, de avanzar en la superación de la situación de desigualdad jurídica en que se encuentran los ciudadanos que tienen como lengua propia una lengua cooficial respecto de los que tienen como lengua propia el castellano, y por otro, su demanda de que el Estado deje de inhibirse ante el derecho de los ciudadanos a usar sus lenguas, el derecho de todos los ciudadanos a acceder al conocimiento de estas lenguas.
Es necesario que el Estado se implique --como ustedes han dicho-- en la definición y en la aplicación de la política de pluralismo lingüístico igualitario llegando a desarrollar un nuevo estatuto jurídico del plurilingüismo constitucional abierto a una igualación creciente entre todas las lenguas en todos aquellos ámbitos, que son muchísimos, en que el Estado, la Administración central del Estado, tiene competencias que están afectando gravemente a nuestras lenguas.
Seguramente se podría empezar a trazar el camino --como ustedes apuntan-- para la elaboración de una ley orgánica sobre el uso oficial en las relaciones con las instituciones comunes del Estado de todas las lenguas con oficialidad territorial y sobre las responsabilidades del Estado en la promoción de un pluralismo lingüístico igualitario en todas sus actuaciones respetando las definiciones de los estatutos de autonomía y las competencias que reconocen a las comunidades autónomas en materia lingüística en sus territorios.
Se debería ir a un reconocimiento claro de que la pluralidad del Estado no es sólo la que se refiere a las 17 comunidades autónomas, sino también la de su pluralidad cultural y lingüística articulada en cuatro bloques fundamentales: el catalán, o si lo prefieren, el catalán o valenciano o balear, el gallego, el vasco y, evidentemente, el que se articula en torno al castellano.
Al mismo tiempo, creo que si hay voluntad política, la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias --como se ha puesto de relieve en su intervención-- y una interpretación generosa de la Constitución podrían dar cobertura jurídica ahora mismo a un buen número de medidas y actuaciones del Estado enormemente positivas para dar un nuevo enfoque y empezar a resolver cuestiones concretas y de un gran calado que han planteado ustedes en la última parte de su intervención y a las cuales me gustaría que se refirieran más adelante.
Por ejemplo, entre otras medidas posibles que ustedes han apuntado en negativo y que valdría la pena reformular y concretar en positivo, hablan ustedes de la extensión de la lengua catalana, y evidentemente también del gallego y

del euskera, en el sistema educativo y hacen referencia, a propósito de la enseñanza superior, a la necesidad de que se tenga en cuenta en la habilitación del profesorado la exigencia del conocimiento de la lengua propia de la universidad de destino, el fomento de la publicación de manuales universitarios y obras científicas en catalán, etcétera.
Se refieren a una cuestión básica para la construcción de un Estado democrático respetuoso con la pluralidad, como es que en los centros de secundaria de todo el Estado y en las escuelas oficiales de idiomas se ofrezca la posibilidad de estudiar las lenguas cooficiales. De hecho se produce una situación paradójica y es que son justamente los ciudadanos que tienen como lengua propia el castellano los que se ven discriminados por el Estado porque el Estado no les está facilitando el acceso a las lenguas cooficiales y cuando quieren optar a plazas en nuestro territorio, que es su derecho, resulta que el Estado no les ha dado los instrumentos para que aprendan nuestras lenguas.
Plantean la necesidad de la presencia de estas lenguas en las radios y televisiones públicas y privadas de ámbito estatal, de que a través de estos medios se faciliten recursos para el aprendizaje de estas lenguas en todo el territorio estatal. Nos hablan del sistema judicial y de sus inmensos déficit en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a usar sus lenguas y a ser atendidos en ellas.
En relación con el uso del catalán en el Registro Civil vale la pena subrayar que esta Cámara aprobó hace 15 días por unanimidad el inicio del trámite de la ley para que sea legalmente posible basándose en un texto que fue aprobado en su día por el parlamento de Cataluña. Es un botón de muestra de que las cosas parece que se están moviendo, quizá demasiado lentamente, pero para bien.
También se refieren ustedes a la presencia de todas las lenguas en los organismos e instituciones estatales comunes para todos los territorios, como las Cortes Generales y los ministerios. Yo añadiría el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Radiotelevisión Española y, aunque pueda sorprenderles viniendo de un republicano, la Corona, la Jefatura del Estado, mientras éste sea una monarquía.
Asimismo, han aludido a las relaciones de los ciudadanos con la Administración y a la necesidad de crear unidades lingüísticas de traducción, y han apuntado el tema de las relaciones de los ciudadanos con la Policía y otras fuerzas de seguridad. En este sentido, aprovecho para informarles de que el próximo 29 de noviembre, en la Comisión de Interior, se debatirá una moción que he presentado en nombre de Entesa Catalana de Progrés para que se incentive el conocimiento de esas lenguas entre los miembros de dichos cuerpos.
El catálogo que presentan ustedes, aunque seguramente no sea completo, es impresionante. Y, aunque no me extenderé más desgranándolo, me gustaría que nos dijeran qué consideran ustedes lo más urgente para que se intervenga desde el Gobierno central y, por tanto, desde la labor de control y proposición propia de los miembros de esta Cámara.
Si somos capaces de entrar en el debate de las medidas concretas y sus prioridades, con la consiguiente valoración presupuestaria, habremos dado un paso muy importante a favor de nuestra lengua catalana y del resto de las lenguas cooficiales, pero también a favor de una mejor convivencia democrática.
«Gràcies, senyó Porta, senyó Climent, senyó Frau, per haver acudit a aquesta cita.» La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bofill.
A continuación tiene la palabra la senadora Aleixandre, del Grupo de Convergència i Unió, segundo grupo peticionario de esta comparecencia.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: «Gràcies, senyora presidenta». (La señora Aleixandre i Cerarols pronuncia palabras en catalán que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones».) «Senyó Porta, benvingut, senyó Eliseu Climent, no sap cuan m'alegre de la seua intervenció. El meu cor s'alegra moltissim. No sap pas vostè quant.
Senyó Frau, el meu salat sería infumable per tant no l'utilitzaré mai.
Gràcies a tots per la seva intervenció. Benvinguts a aquesta Cámera. I las mevas paraules han de ser amb l'únic idioma que conec de veritat, que es el meu, el seu, el de tots vostés: el català. Diguin-li com vulguin.» Señora presidenta, señorías, a partir de ahora utilizaré el castellano, y mi intervención será breve. Debo decir que hace unos días, cuando la estaba preparando, mi corazón impedía que mi cerebro utilizara las palabras oportunas. Y es que considero que éste es un debate absurdo y ridículo, un debate en el que parte de mis genes se revuelven contra los otros, porque, como ya he dicho en otras ocasiones en esta Cámara, el 50 por ciento de ellos son valencianos puros y auténticos --500 años de la familia Aleixandre en Sagunto pesan mucho--, mientras que el resto de mi familia es totalmente catalana hasta la décima generación. Por ello, es difícil que los dos idiomas, que siempre han sido el único, que toda la vida he hablado en mi casa con mi familia, y que continúo utilizando, se debatan uno con otro. Se trata del divide y vencerás de los que vienen de fuera. Alguien le dijo en este país al dictador Franco: ¿Queréis unirlo? Quítales el idioma.
Y eso es precisamente lo que se está intentando hacer. Cuando alguien nos quita nuestro propio idioma nos quita nuestra identidad. Pero nuestra identidad es la misma en los dos lados, nuestra historia es común. Nunca valencianos y catalanes hemos luchado unos contra otros. Nuestra historia lo dice: hemos estado siempre unidos. ¿Por qué ahora quieren separarnos? ¿Sólo por una denominación? Llámenlo como quieran, pero el idioma es el mismo. Y ustedes así lo han manifestado. Más de lo que ha dicho el señor Porta no puedo decir yo. Todos los esfuerzos que empleamos, a veces peleándonos, por ejemplo, con el señor Chiquillo, o con otros miembros de la Cámara --podría citar muchísimos--, son inútiles; deberíamos utilizarlos precisamente para que todos reconocieran nuestro idioma, para hacer los esfuerzos de los que ha hablado el señor Bofill con el fin de que el Estado español reconozca este

idioma en cada una de las estructuras del Estado, incluso en la misma Corona. Yo soy menos republicana que él, y precisamente por eso quiero que también la Corona utilice este idioma, lo que, por otra parte, ya ha ocurrido. Y me ha gustado muchísimo.
Deseo que esta Cámara de una vez por todas decida qué es lo que quiere hacer con todos los idiomas, es decir, no sólo con el catalán, sino también con el euskera y el gallego. En el caso de los andaluces a nadie importa si hablan castellano o español. ¿Qué es lo que hablan: castellano o español? Un profesor mío de Cádiz me decía: ¡Si es que yo hablo castellano mejor que los castellanos! Quizá fuera así. Sin embargo, yo digo que hablo español. ¿Por qué? Porque Castilla es Castilla y Andalucía es Andalucía. Si vamos a entrar en eso, los españoles hablan español; pero, ¿por qué no castellano? Y los catalanes, valencianos, o los de las «illes», ¿qué hablan? ¿Catalán, valenciano, la lengua de las «illes»? Es exactamente lo mismo.
Por eso, creo que ese complejo de inferioridad que nos ha entrado a todos durante estos últimos años es ridículo y nos impide hacer el esfuerzo necesario para pedirle al Estado, que es al que debemos pedírselo, que nuestro idioma sea reconocido en otras instancias, como el Poder Judicial. La Constitución ya lo recoge; pero, cuando se aprobó, en 1978, ¿recuerdan ustedes lo difícil que era hablar de este tema? Entonces todavía llevábamos muy adentro cuarenta años de dictadura, que en la lengua lo fue en gran medida, porque yo de pequeña no podía hablar catalán en el colegio. Había que hablar sólo castellano. Y muchas veces me han dicho: Hable usted en cristiano, señorita.
Eso, a los chicos jóvenes no les suena nada, pero a mí, sí. Por eso hoy venimos a reivindicar nuestra propia historia, nuestra propia lengua. Y me da exactamente igual cómo se la llame, porque es la misma lengua. Eso es lo único que quiero que se reconozca, y deseo que esté presente en todas las estructuras del Estado, desde la primera a la última, para que podamos utilizarla, para que mis hijos no tengan nunca ese problema, aunque lo cierto es que ellos están más preocupados en hablar en inglés que en cualquiera de nuestros idiomas, a veces, por desgracia.
Señor Porta, le agradezco lo que ha dicho. Señorías, oiganle, porque lo que él ha dicho yo no lo podría expresar mejor. No soy lingüista, sino que pertenezco al mundo de la ciencia, y para mí el pragmatismo es más importante que los grandes discursos. Por eso el de hoy lo he hecho con el corazón, pensando, repito, en la necesidad de recuperar nuestra lengua, nuestra historia, porque sin ella no tenemos raíces. Y nuestras raíces son todo para nosotros.
Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora.
A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, el señor Maqueda.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señora presidenta. «Eskerrik asko eta ongi etorria Porta, Climent eta Frau jaunak.» Señorías, he dado la bienvenida a los señores Porta, Climent y Frau a la Comisión de Cultura del Senado.
Estamos completamente de acuerdo con ustedes en que el Estado no asume la pluralidad lingüística y cultural de cada una de las nacionalidades que lo componen. Esa es una realidad que se ha constatado en esta Cámara, como hemos venido manifestando a través de las diferentes mociones que se han aprobado mayoritariamente aquí.
Los ejemplos de otros países europeos, que ustedes han comentado, como el suizo, son para nosotros un modelo a seguir. Pero el pluralismo lingüístico es una realidad no reconocida por parte de este Estado centralista. De hecho, los anteriores gobiernos del Partido Popular frenaron deliberadamente el impulso y el desarrollo de las lenguas en las comunidades autónomas con lengua propia.
Tras las mociones que sobre esta materia se han aprobado en el Pleno del Senado, esperamos que el nuevo Gobierno socialista permita y fomente la posibilidad de que cada ciudadano pueda expresarse en su lengua materna, tanto en las relaciones con el Estado y sus diferentes organismos, como en los foros e instituciones comunitarias. El catalán, el gallego y el euskera son lenguas propias y vivas, y su uso debe ser oficial tanto en cada una de las comunidades autónomas en las que se habla, como en el Estado español y en toda la Europa comunitaria.
Es deseo de nuestro grupo y de la gran mayoría del pueblo vasco que de una vez por todas se pueda normalizar algo que es una realidad social y un derecho de los ciudadanos. Como decía la senadora Aleixandre, a nosotros nos ha tocado hablar euskera a escondidas en los colegios y la universidad, y eso no puede ser. Ahora, cuando las nuevas generaciones hacen uso de este idioma, cuyo reconocimiento se ha alcanzado con mucho esfuerzo, no es posible que uno no se pueda dirigir a las instituciones, tanto del Estado como europeas, en su propia lengua.
La lengua nunca puede utilizarse como se ha hecho hasta ahora, como un arma arrojadiza, ni tampoco como elemento de separación. La riqueza de cada una de las lenguas debe defenderse y preservarse por encima de cualquier ideología excluyente. Y nos gustaría saber, como ya hemos manifestado en otras ocasiones en esta Cámara, por qué determinados representantes de algunos partidos políticos de ámbito estatal mantienen dos discursos bien diferenciados en lo que a la defensa de las distintas lenguas se refiere. Uno, cuando están ante los ciudadanos de su comunidad de origen, y otro, muy distinto, y casi siempre en sentido negativo, cuando se manifiestan en los foros e instituciones del Estado centralista. Esa actitud, nada seria a nuestro entender, debe ser denunciada. Es responsabilidad de todos, insisto, de todos, la defensa de las lenguas oficiales, y el Estado, sobre todo, éste, y sus instituciones deben implicarse y esforzarse en dicha defensa.
Sólo me queda felicitarles por sus brillantes intervenciones. Sepan que hay una moción pendiente para el próximo Pleno en relación con el uso del catalán, moción que nuestro grupo, evidentemente, defenderá. Les agradecemos su esfuerzo y su presencia, y de nuevo les felicitamos por el trabajo que están haciendo en ese sentido.
Muchas gracias. «Eskerrik asko.»

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Maqueda.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, senadora Navarro.

La señora NAVARRO LAFITA: Muchas gracias, señora presidenta.
Ya me gustaría, señores Porta, Climent y Frau, poderles dar la bienvenida a la Comisión de Cultura en catalán; pero, como no lo conozco, se la doy en castellano o en español, como ustedes quieran, porque al fin y al cabo es la lengua de todos, como así se establece en la Constitución.
He seguido con muchísima atención la evaluación y valoración que ustedes han hecho de la aplicación por parte del Estado español de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, y después de escuchar sus intervenciones tan exhaustivas, argumentadas e interesantes que considero será necesario volver a leer el «Diario de Sesiones» para profundizar más en sus contenidos, asimilarlos y estudiarlos mejor, y después de que nos hayan manifestado el consenso de las tres instituciones en estos contenidos, creo que su valoración es que el Estado español suspende.
He intentado interpretar de sus palabras que todos los medios dispuestos para llevar a cabo esta aplicación, tanto en materia de enseñanza, justicia, en autoridades administrativas y servicios públicos, en medios de comunicación, en actividades y servicios culturales, en actividades de vida económica y social, en intercambios transfronterizos, etcétera son insuficientes y mejorables. No quiero enjuiciar las valoraciones que han expuesto, las respeto, como no debe ser de otra forma, pero quizá sería necesario esperar a tener más elementos de juicio, más puntos de vista para llegar a una conclusión final.
Por participar en esta comisión, me he preocupado de leer el informe oficial realizado en el año 2002, en el cual se interpretaba que incluso antes de establecerse esta carta europea ya se estaban aplicando las normas, pero prefiero esperar al nuevo informe que ya está elaborando el comité de expertos para la aplicación de dicha carta, pues tengo entendido que se han realizado las consultas pertinentes a los ministerios y a las comunidades autónomas y se prevé que las conclusiones estén listas para finales de este año.
En cualquier caso, no cabe duda de que el catalán es una lengua hablada por más de nueve millones de personas y que es un medio habitual de comunicación entre ellas, principalmente en territorios que superan los límites administrativos, las fronteras nacionales e internacionales. Debo decirles que soy aragonesa y que, como ustedes saben, en mi comunidad hay una franja de territorio en la que también se habla catalán.
Considero que el catalán puede ser por una parte una lengua minoritaria pero por otra no, porque en realidad el número de personas que lo habla provoca que sea tan extenso su uso que hablar de minoritario resulta complejo.
Aunque se ha comentado ya en las diferentes intervenciones, quiero volver a señalar que España, al declarar la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, entendía que tales lenguas eran aquellas reconocidas en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas del País Vasco, de Cataluña, de las Islas Baleares, Galicia, Valencia, Navarra y aquellas en las que los estatutos de autonomía protegen y amparan en los territorios donde tradicionalmente se hablan.
La Constitución Española dice en su preámbulo que la Nación española, en el uso de su soberanía, proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y a todos los pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, de sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Y en el propio texto constitucional, en su artículo tercero, establece el uso y la cooficialidad de las lenguas españolas, indicando que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será especial objeto de respeto y protección. Respeto y protección a esta riqueza lingüística y cultural de España, así como al mandato de la Constitución y a los estatutos de las comunidades autónomas es lo que viene realizando el actual Gobierno. Nos encontramos en un momento político en el que hemos evidenciado una voluntad del Gobierno para llevar adelante estos preceptos, voluntad que ha sido acompañado de gestos muy significativos de apoyo a estas lenguas minoritarias, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, concretamente, como ustedes han comentado, uno de ellos es la incorporación de estas lenguas en esta Cámara de representación territorial.
La voluntad del Gobierno es respetar esta pluralidad social, esta España plural, lo que también se ha puesto de manifiesto al fomentar el diálogo entre las comunidades autónomas, como hemos visto durante la conferencia de presidentes autonómicos que tuvo lugar hace muy poco tiempo en esta Cámara, y que delegaciones de comunidades autónomas acompañen a las delegaciones españolas en los consejos de la Unión Europea, porque nos sentimos orgullosos de esa pluralidad constitucional.
Otro ejemplo es el hecho de que, como se ha dicho aquí, la Biblioteca Nacional, en el inventario de catalogaciones, esté a la espera del dictamen de la Comisión de lingüística y de los informes de las universidades de todos los territorios nacionales o internacionales donde se habla catalán para, conforme a sus criterios, abordar nuevas medidas, ya que dicha biblioteca se rige con criterios lingüísticos y no políticos.
De todos modos, agradezco muchísimo la exposición de motivos y argumentos que nos han ofrecido hoy y me voy a atrever a formularles algunas preguntas, ya que después tendrán oportunidad de contestarlas.
Nos han entregado un informe que han elaborado sobre la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y quería saber si los procedimientos seguidos para su desarrollo son los mismos que sigue el comité de expertos.
Igualmente, quiero preguntarles si entre las acciones llevadas a cabo, tanto por el anterior Gobierno popular o por el actual Gobierno socialista, consideran alguna positiva. He visto que hay una evaluación negativa y puntos que mejorar, y me gustaría saber si ustedes consideran que hay que seguir otros caminos, para no quedarnos únicamente en el incumplimiento o en las formulaciones negativas.


Me gustaría saber si se puede buscar una denominación integradora para las lenguas catalana y valenciana, y lo digo porque he leído algo que me ha parecido muy curioso. Es la existencia de un manifiesto de la lengua «cavabà», como una denominación única que, respetando todas las escuelas lingüísticas, tenga un nombre para todas las modalidades en Cataluña, País Valenciano, Islas Baleares u otros territorios, que sea una expresión conciliadora del catalán, el valenciano o el balear, aunque usted nos ha dicho que no es balear sino mallorquín. Este nuevo neologismo está formado por las iniciales de los gentilicios catalán, valenciano y balear, colocados por orden demográfico, que es el orden respetado por Antoni Mª Alcover en su diccionario CVB, motivo por el cual se le considera su precursor, junto a otro escritor catalán, Manuel de Montoliu y a un erudito valenciano, Nicolau Primitiu Gómez Serrano. Me gustaría saber su opinión sobre esta posibilidad de carácter integrador o cualquier otra para denominar a esta lengua, que se habla en tantos lugares diferentes, con una sola palabra.
Por mi parte, nada más, sólo me queda agradecerles su comparecencia en esta comisión.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora.
En primer lugar, tiene la palabra el senador Van-Halen.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señora presidenta.
Como son tres comparecencias distintas, yo voy a intervenir preguntando al señor Porta, después el señor Chiquillo preguntará al señor Climent y, por último, el señor Fageda al señor Frau, si a la señora presidenta le parece oportuno.
Ante todo, quiero dar la bienvenida a los tres comparecientes en la lengua común, porque evidentemente la lengua de todos es la española o castellana, según la Constitución. Voy a comenzar diciendo al señor Climent que nadie tiene culpa de que en las constituciones de los Estados americanos aparezca el español como la lengua que hablan, otra cosa es que en la Constitución española sea el castellano. Pero creo que el castellano es el idioma que se inició en Castilla y el catalán es el idioma conformado alrededor de los territorios catalanes.
Ha sido muy interesante escucharles. Yo procedo, como se nota por mi apellido, de un país que tiene la virtud de poseer diversas lenguas: el reino de Bélgica, y puedo decirles que allí han resuelto este problema desde hace mucho tiempo. En España tenemos, también, la suerte de gozar de la riqueza que supone el uso de diversas lenguas.
Lo que ocurre, y coincido con la señora Aleixandre, es que aquí el corazón cuenta mucho, pero también el cerebro, por lo que a veces chocan uno y otro. Por ejemplo, ante las afirmaciones del señor Porta, mi querido compañero Bofill ha puesto de manifiesto que podríamos caer en lo ridículo, pero me gustaría ver lo que piensa la mayoría de nuestros conciudadanos cuando se habla de ejercer la traducción simultánea en unas instituciones en las que todos los componentes conocen un idioma. Conozco el caso de Bélgica, donde hay ciudadanos belgas que sólo conocen uno de los tres o cuatro idiomas --uno de ellos muy minoritario-- que se hablan allí. Es decir, hay ciudadanos que no conocen nada más que uno de los idiomas, mientras que en España tenemos la inmensa suerte de que todos conocemos un idioma común, declarado en la Constitución, aunque poseamos otros que nos enriquecen.
El señor Porta ha hablado de la Carta Europea, que España firmó el 2 de febrero del año 2001. Su ratificación nos queda todavía cercana, por lo que esperamos que todo vaya a mejor y que se cumpla más de lo que ahí se recoge.
Anoche me leí con mucho detenimiento la Carta Europea, sobre todo las rectificaciones, aclaraciones y comunicaciones de los países. Por su parte, el señor Porta ha hecho una amable lectura --naturalmente, en favor de lo que a él le conviene, aunque nos viene bien a todos-- de la defensa de la lengua catalana. Cita mucho a Suiza y nada a Francia --(El señor Bofill Abelló: Claro.)--, y las reservas de Francia son terribles.
Creo que el señor Bofill sería muy poco feliz si fuera francés.
(Risas.
--El señor Bofill Abelló: Seguro.) Sería infelicísimo. (El señor Bofill Abelló: Ni quiero serlo. Yo quiero ser catalán y nada más. Ni español.) Ya, pues los señores que piensen como el señor Bofill y tengan, como él --no sé si queriendo o no--, pasaporte francés estarán bastante fastidiados, porque todos los alegatos y aclaraciones de Francia son del siguiente tenor:
... manteniendo que la única lengua en la Administración, en las relaciones con los servicios públicos, en la escuela, etcétera, es el francés. Admiten cualquier tipo de apoyo, pero dejan eso bien claro.
Creo que en este país en el que nos ha tocado vivir tenemos la suerte de estar mucho más avanzados, afortunadamente, que en Francia. El señor Porta y algún portavoz, como el compañero del PNV, han citado a Suiza, pero también conviene recordar la situación de Francia; si no, nos quedamos con la mitad de la verdad. También podríamos citar la situación de Alemania.
El señor Bofill se ha referido a la enseñanza, pero en la carta europea se incluyen enunciados como los siguientes: a petición de las familias, cuando quieran los alumnos, cuando lo pidan los señores que acuden a un juzgado y siempre que ello no genere ningún gasto adicional. Por tanto, hay que leer la carta en toda su importante dimensión si se quiere plantear de verdad el contenido de la misma.
Evidentemente, aquí hemos pasado 40 años con una ceguera importantísima y un centralismo idiomático horroroso, pero, como los propios comparecientes han reconocido, desde que se instauró la democracia se ha avanzado mucho en España. La carta europea, que es del 5 de noviembre de 1992, fue ratificada por España el 2 de febrero de 2001. Pienso que cualquier evaluación es interesante, de ahí que agradezcamos las valoraciones realizadas por las asociaciones o foros que nos acompañan hoy para enriquecernos con su conocimiento del tema, pero hay que tener en cuenta que la materia objeto de debate está en continua evolución; deseamos que vaya hacia adelante, pero no conviene confundir el corazón con el cerebro, como tampoco podemos caer en aquella vieja definición literaria

que decía: ¿Qué es una dictadura? Aquello en lo que todo lo que no está prohibido es obligatorio. En sentido contrario, tampoco podemos caer en lo que dice el señor Bofill y llevar todos idiomas existentes en el territorio español al conjunto de la sociedad española. Eso no ocurre en ningún país, salvo en aquellos en los que no tienen un idioma común conocido por todos los ciudadanos.
Creo que estamos avanzando en la consolidación de una posición, nada menos que en la protección y potenciación de una parte de nuestra cultura, como son los idiomas que se hablan en parte del territorio de España.
Lo que no entiendo muy bien es la introducción realizada por el portavoz del PNV. Parece que se ha extendido mucho esa práctica, como decían antiguamente, de «atacar al moro muerto»; eso es facilísimo, pero es que ni el moro está muerto ni es moro. Nuestro compañero del PNV ha dicho que los gobiernos del PP supusieron un enorme frenazo a las lenguas, pero alguna responsabilidad tendrían ellos que firmaron un acuerdo con el gobierno entre los años 1996 y 2000; por cierto, ese pacto de apoyo sí fue firmado, no como otros. Sinceramente, no creo que lancear un moro, supuestamente muerto, sea de recibo, pero de todos modos cada uno hace lo que le parece conveniente, como no podía ser de otra manera.
Me gustaría disponer del informe que tiene la suerte de poseer la senadora del Grupo Parlamentario Socialista, que ha dicho que tenía el informe sobre el cumplimiento de la carta. (La señora Navarro Lafita:Sí, tengo el del 2002.) Yo no lo tengo, y quizá sea un fallo mío de organización, pero me encantaría tenerlo.
Como no quiero dejarme nada en el tintero, tras agradecer sus comparecencias, voy a añadir algo. Así como me ha parecido que el señor Jordi Porta ha realizado su exposición en un tono mesurado, las explicaciones del señor Climent --y se lo digo con todo mi afecto y admiración-- no han seguido esa línea. He estado a punto de pedirle a la señora presidenta que, amablemente, le llamara a la cuestión, porque el 99,9 por ciento de su intervención no se ha basado en informar sobre la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, sino en entrar en una batalla. Ustedes representan a tres asociaciones muy respetables pero, evidentemente --y voy a hacer la prueba del nueve--, podrían venir otras asociaciones tan respetables como las suyas a decir cosas completamente distintas, si no contrarias, a las que ustedes mencionan. Son asociaciones privadas y la generosidad de la presidenta de la Mesa y de los portavoces de esta comisión han propiciado que vengan aquí, pero con todo afecto le digo que podríamos haber convocado también a otras asociaciones, cuyos nombres todos conocen, y hubiéramos presenciado un galimatías de lenguas.
Se trata de que el catalán, el vasco, el valenciano --en las formas que en otra intervención se determine-- y el gallego, como cualquier otra lengua que se hablase en un país de Europa... (El señor Bofill Abelló: Y el andaluz.) Ante la interrupción, quiero añadir que mi maestro el poeta Luis Rosales decía una cosa en la línea de lo que ha apuntado el señor Bofill. Decía: Yo hablo español de Andalucía. Realmente, es verdad que tienen sus modismos, pero no seré yo el que entre a valorar cada lengua porque cuando quiero saberlo leo a Gregorio Salvador, cosa que me encanta.
De todos modos, agradecemos mucho las intervenciones, que nos han enriquecido y hay que valorarlas en lo que valen. Hay que pensar que se tienen que normalizar los idiomas territoriales de España, pero desde un entendimiento no sectario, sino abierto, para no caer en lo que ha dicho
--me parece-- la señora Aleixandre, a quien la doy la razón como casi siempre, y es que la lengua no sea un elemento de separación ni un arma arrojadiza, sino más bien un elemento de comunicación. El Estado tiene que actuar en esa dirección, porque crear políticas discriminatorias no es bueno, es fomentar que la lengua sea un elemento de separación.
Quienes están en sus territorios detrás de la promoción de la lengua lo hacen con mimo y hay que felicitarles por ello, pero que no entiendan la lengua como un elemento de separación, sino más bien como un elemento de unión, porque es algo que nos conviene a todos. La lengua une y es un elemento cultural, por lo que debemos felicitarnos por pertenecer a un Estado que tiene diversas lenguas.
Ahora intervendrá el señor Chiquillo.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.
Como ustedes ven, esta Comisión de Cultura no es tan rígida como otras.
Permitimos ciertas licencias, pero procuren eliminar ustedes esos comentarios --enriquecedores, no me cabe la menor duda-- «soto voce» para que no haya diálogo. Esta presidenta está siendo muy benévola con los tiempos porque cree que las intervenciones y el tema así lo requieren, pero les rogaría que fueran ágiles, con el objeto de que puedan contestar los comparecientes.
Tiene la palabra el senador Chiquillo.

El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señora presidenta y «gràcies als compareixens. Bon dia».
Quisiera iniciar mi intervención, porque se ha utilizado por parte de algunos de los comparecientes y también de algunos senadores que me han precedido en el uso de la palabra, refiriéndome a lo que se ha dicho acerca de que vendrán de fuera a dividir, y los que vienen de fuera resuelven o no resuelven. Yo nací en un pueblo de la ribera del Júcar y viví en ese pueblo hasta el año 1982. A mí también me pegaron correazos para que hablara sólo en castellano, aunque tenga 40 años, y sé lo que significa defender el valenciano «perque yo pense en valencià», porque yo pienso en valenciano. A mí me supone más esfuerzo hoy expresarme en castellano hablando de algunos temas que voy a exponer y que traduciré del valenciano al castellano. Pero no veamos aquí discursos del tipo de:
vienen de fuera a dividir. No. «Yo soc valencià», soy valenciano, defiendo mi lengua, el valenciano, que así la denominan mis antepasados y me siento orgulloso de mi historia, de mi pasado. Vivo el presente y miro hacia el futuro y creo que no es bueno hablar de que vienen de fuera con injerencias porque yo no lo voy a hacer; sería muy fácil hoy recurrir al argumento de las injerencias para decir que quién es determinada

persona para hablar en nombre de los valencianos y de las valencianas. No lo voy a utilizar, créame que no lo voy a utilizar.
Soy una persona convencida del papel que juegan la sociedad civil y las entidades representativas en el funcionamiento, en la aproximación de muchos de los problemas de la calle a los responsables políticos, y es importante el paso que hoy damos aquí, pero sí quiero que conste en acta y sirva de precedente que en las próximas semanas traeré no diría a un centenar, pero sí a media docena de entidades culturales de la Comunidad Valenciana que hablarán de cosas que se han hecho bien, de cosas que se han hecho mal, de cosas que se podrían hacer mejor y de cosas que son manifiestamente mejorables respecto de la lengua consagrada en el estatuto, pero no voy a caer en el error de hablar desde 1982 hasta el día de hoy como de algo reciente de un Gobierno de la UCD, que el PSOE sin valentía no afrontó y que el PP remató. No, es simplificar mucho la cuestión idiomática de este conflicto, que ha llenado páginas y páginas de libros, y el señor Climent, como empresario editor sabe muy bien lo que ha significado esta cuestión desde hace muchos años, yo incluso hablaría de siglos.
Como digo, han venido unas entidades, y yo estoy convencido de que las hay, como mínimo, igual de representativas, y en el caso valenciano no me cabe ninguna duda de que las hay mucho más representativas, mucho más enraizadas en el tejido social valenciano que la que representa el señor Climent. Pero también entiendo que para un asunto de esta importancia, al margen de que vinieran todas las entidades representativas del valenciano, del catalán, del gallego, del euskera, tenemos bien en el seno de esta comisión a directores generales de política lingüística de Valencia, Cataluña, País Vasco y Galicia cuyos estatutos en plano de igualdad reconocen de una manera clara y concisa las lenguas cooficiales con el castellano --catalán, gallego, vasco y valenciano--, o bien en la Comisión General de Comunidades Autónomas a los diversos consejeros de Educación y Cultura, que son los que tienen las competencias, que tienen que exigir, reivindicar, controlar y aplicar políticas activas para que el catalán, gallego, vasco y valenciano sigan siendo lenguas de futuro, lenguas de comunicación y lenguas de uso normal en el caso de la Comunidad Valenciana que además sentimos como propia. Vaya eso por delante.
Algunos intervinientes han hablado sobre la Carta Europea, otros no lo han hecho tanto. La Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias dice muchas cosas, pero también hace reconocimientos, de hecho en dicha Carta de la Unión Europea en 2001 se reconoce el valenciano, a pesar de que un interviniente, con mucha habilidad, ha sesgado, ha omitido o ha hecho un circunloquio para evitar la cuestión. Pero además de ese reconocimiento, en el Parlamento Europeo en el año 1994, si no me fallan las fechas, el Informe Killilea, que se refería a las lenguas regionales, hablaba del valenciano en un apartado distinguido clara y nítidamente del catalán, teniendo los rasgos neolatinos las dos, un tronco común las dos, pero que en la Comunidad Valenciana es lo que es, se siente como se siente y se utiliza por los que habitualmente lo utilizamos. Quiero hacer otra consideración, y es que ese Informe Killilea habla de la lengua valenciana en la página 49, diferenciándola del catalán, del que habla en la página 21. Es el Informe Killilea, la «Killilea Resolution» del Parlamento Europeo, y en el documento de expertos del año 1991-992 habla, en la página 80, del catalán y su reconocimiento, y en la página 81 habla del idioma valenciano propio del territorio de la actual Comunidad Autónoma Valenciana.
Aquí se ha querido hablar de lo que sucede en la Biblioteca Nacional o en el BOE en los últimos años, se ha querido hablar de una política lingüística que causa estupor --yo voy a ser más comedido en mi intervención por aquello de la cortesía parlamentaria, vehemente pero cortesía parlamentaria para con los miembros de la Casa y los ilustres invitados--, pero he de decir que no es una cuestión de la Biblioteca Nacional, del BOE o de la historia demcrática de España de los últimos 10 años. No, quiero decir a quien quiera llevarlo a este terreno que tampoco es cierto, porque en el plano de las interpretaciones de sentencias, algunas se han sacado del contexto y hablan de la autonomía universitaria, y el estatuto de autonomía está por encima de una sentencia, guste o no guste. Pero hay quien ha dicho que a lo mejor lo que hay que hacer es modificar el artículo 7 del Estatuto de la Comunidad Valenciana, eso si el pueblo valenciano lo decidiera, sus Cortes, que es donde reside la soberanía de los valencianos, pues en el año 1982 --con el consenso del Partido Socialista, UCD, Alianza Popular y el Partido Comunista-- acordaron ese artículo 7, donde se habla de idioma valenciano y se eleva al rango idiomático vía estatutaria, vía texto legal, que no deja de ser el estatuto, la Constitución en el territorio valenciano. Quería poner de relieve esta cuestión.
Por otra parte, ha habido un gran revuelo con lo que hizo el señor Moratinos respecto a cumplir la legalidad y el estatuto: mandar unos documentos en las cuatro lenguas que se reconocen como cooficiales, junto al español o castellano, en los diversos territorios de España. Se mandó una traducción en valenciano. Luego la Generalitat de Cataluña hizo la treta que hizo y Maragall tendrá que explicar ahora por qué lo hizo. Pero esto no es algo reciente porque el señor Moratinos --que, como saben, pertenece al Partido Socialista-- hizo lo mismo que el Gobierno de la UCD en el año 1978, una «Constitució Valencià», distinta del catalán, del gallego y del euskera, publicada en el BOE. Aquí está la copia del original, entonces «Gaceta Madrid», «Boletín Oficial del Estado», y dice que se hacen estas ediciones, además de la castellana, la catalana, la gallega, la vasca y la valenciana, y en el año 1978 aún no existía el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que es del año 1982. No obstante entonces se recogió el sentir y la voluntad de una comunidad que entiende lo que habla y lo defiende como lengua que la diferencia como pueblo.
Posteriormente, en el año 1992, con un gobierno del Partido Socialista, se aprobó el Tratado de Maastricht, se hizo una edición de la «constitució» en las lenguas cooficiales, y volvieron a repetirse las cuatro traducciones con diferencias de cuatro palabras, tres giros verbales y dos apreciaciones; pero, diferencias, haberlas, haylas; y en el

año 1992 no gobernaba el partido al que se ha hecho referencia como si la polémica fuera reciente, sino que gobernaba quien gobernaba.
Puedo ir más allá, hasta la época negra y oscura de la Dictadura; en el año 1931 en la Real Academia Española había un sillón de la lengua valenciana, y había un filólogo que defendía una tesis, que incluso yo podría llegar a reconocerles que es una tesis minoritaria.
Ustedes hablan de la comunidad científica, de los filólogos mayoritariamente. De acuerdo, pero no unánimemente. Pero permitan que yo pueda defender esa opinión minoritaria en la que yo creo. Porque, si no, ustedes pasan de lo científico a lo dogmático; no es correcto silenciar a una minoría que tiene una opinión cuando los valencianos mayoritariamente entienden que lo que hablamos es una lengua diferente y diferenciada, consolidada, del tronco común neolatín, como el catalán, es decir son lenguas hermanas. Por tanto, no pasen al dogma, al fundamentalismo de la imposición de que ustedes hablan catalán. Puedo incluso reconocer que es una tesis minoritaria, pero hay muchos filólogos que lo dicen, lo avalan y en algunas de las expresiones que aquí se han comentado incluso contestan --y yo tengo el texto en valenciano--.
Ha señalado el señor Bofill «que les diferencies entre el català i el valencià no són majors que les que existixen entre el castellà i els parlars aragones, lleones, andalus o les hispanoamericans». Traduzco: las diferencias entre el catalán y el valenciano no son mayores que las que existen entre el castellano y los hablares de Aragón, leonés, andaluz o hispanoamericano, y que a nadie se le ocurriría declarar las lenguas estructuralmente independientes; eso es dogma de fe, no se puede tocar.
Pero a eso hay respuestas y también con aval científico, minoritario, pero las hay.
En primer lugar, las diferencias existentes entre el valenciano y el catalán son mucho mayores que las que hay entre las hablas dialectales del castellano y la lengua castellana. Las coincidencias estructurales entre el valenciano y el catalán no son mayores que las que median entre diversas lenguas neolatinas debidas a su origen latino. En segundo lugar, los andaluces y los hispanoamericanos no tienen conciencia de hablar una lengua andaluza o americana distinta de la española, ni su modo de hablar ha dado nombre a una lengua, ni ha hecho que exista una lengua chilena o peruana, ni han creado una brillante literatura en esa lengua diferenciada, ni hay gramáticas ni diccionarios de lengua chilena. No existe esa conciencia, mientras que en la Comunidad Valenciana sí. Este es un matiz importante, científico, con mayor o menor apoyo, pero esa conciencia existe, y usted, señor Climent, lo sabe.
En tercer lugar, la historia de nuestra Humanidad tiene 21 siglos y llegará hasta donde tenga que llegar y, por ejemplo, en el siglo XXV puede ser que alguno de estos países adquiera conciencia de hablar una lengua propia y lleve a cabo una distinción de forma que, por ejemplo, se pueda normativizar el peruano, que hoy en día no existe. ¿Se le va a impedir si la conciencia y la voluntad de un pueblo así lo quiere? Porque hay muchos filólogos que dicen que la lengua la hace el pueblo, y usted lo sabe; yo soy de los que hablo valenciano y el señor Climent bien lo sabe.
Por lo tanto, hay argumentos para no estar de acuerdo con algunas de sus declaraciones y afirmaciones categóricas que, como ayer señalaba el señor Rodríguez Zapatero, dan miedo, porque en la Comunidad Valenciana no todos piensan como usted, y usted lo sabe; a lo mejor son muchos más los que piensan como yo que como usted, aunque eso es una opinión a priori. A lo mejor algún día, cuando concurramos a unas elecciones conjuntamente, usted en unas listas y yo en otras, los valencianos hablen y expresen lo que tengan que decir....

La señora PRESIDENTA: Senador Chiquillo, le recuerdo que ha consumido ya diez minutos.

El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo, señora presidenta.
Se aduce también como argumento de la unidad de las dos lenguas el hecho de que a los catalanes y valencianos les es fácil entenderse, «que permet als valencians entendre el català sense estudiar-lo»; Yo puedo entender a un catalán sin haber estudiado catalán, por supuesto. Pero yo en el Congreso de los Diputados durante dos legislaturas he sido compañero de un diputado perteneciente al Bloque Nacionalista Galego y él me hablaba en gallego y yo en valenciano y nos entendíamos perfectamente. Eso no quiere decir que hablemos lo mismo; tenemos un tronco común que es el latín, que nos ha marcado las raíces de una lengua que en la Comunidad Valenciana llamamos valenciano y así lo sentimos, tenemos la conciencia y la voluntad, libre y legítima de así hacerlo.
Además, los lingüistas también afirman que este criterio no es suficiente
--eso también se omite--; hay muchos filólogos, una mayoría muy importante, que afirman que eso de la identidad de dos lenguas por el hecho de la mutua comprensión no es argumento hoy en día para decir que dos lenguas son la misma. ¿Qué pasa con el servio y el croata? En Servia dicen que hablan servio y en Croacia dicen que hablan croata, y nadie se rasga las vestiduras. Tienen normativas muy coincidentes en algunas cuestiones pero también tienen giros verbales, expresiones, fonética, etcétera, y no pasa nada. Dejen a los valencianos decidir por sí mismos qué quieren hacer en el futuro.
En esta línea, me he remontado a algunas cuestiones filológicas y podría incluso reconocerle que son minoritarias, pero están ahí. No es unánime la opinión respecto al catalán y al valenciano, y el valenciano existe como lengua. Además, para terminar, el argumento se remonta al siglo XV, que avala el que podamos sentirnos orgullosos de esa lengua valenciana y que la entendamos y elevemos al rango de lengua. Porque aquellas lenguas que han tenido un siglo de oro ya se merecen ese reconocimiento internacional de lengua propia diferente y diferenciada. Y en el siglo XV, todos los clásicos valencianos, desde Joan Martorell a Ausiàs March, en sus propios libros, al final con su puño y letra expresaban que habían escrito ese libro en la lengua del territorio del que yo soy natural, la vulgar lengua

valenciana. Eso pone en los libros de 1492 y, por ejemplo, la primera traducción de la Biblia a lengua románica --usted bien lo sabe-- que realizó un valenciano ilustre, Bonifaci Ferrer, se editó en 1478, y existe una página en la «Spanish Society New York» donde se puede leer sin ningún lugar a dudas...
La señora PRESIDENTA: Señoría, le ruego vaya terminando.

El señor CHIQUILLO BARBER: Termino, señora presidenta.
Decía que traducida a romance en «lo Monasteri de Portaceli de llengua latina en la nostra valenciana». Razones históricas, filológicas, de legalidad --porque el Estatuto dice lo que dice--, y sobre todo de voluntad y conciencia de un pueblo que lo único que pretende es que se le permita que su expresión cultural propia, que se denomina valenciano, se sienta como propia y diferente; lo único que pretendemos es que eso sea respetado, pero, al parecer, hoy mucho respeto no ha habido hacia la lengua valenciana.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Fageda.

El señor FAGEDA AUBERT: Muchas gracias, señor presidenta.
En primer lugar, doy las gracias a los tres representantes de las entidades aquí presentes por los exhaustivos e interesantes informes que nos han rendido.
Estoy convencido de que sus exposiciones corresponden a su responsabilidad y también, cómo no, al difícil cometido en el complejo mundo de la defensa y promoción de las lenguas regionales o minoritarias, específicamente de la lengua catalana.
Como senador por Mallorca, me corresponde dirigirme especialmente a mi buen amigo don Sebastià Frau, sea bienvenido, presidente de la obra cultural balear, aunque los tres informes emitidos, detallados y extensos confluyan en un punto muy concreto, que es el incumplimiento por parte del Estado del reconocimiento apropiado de la pluralidad lingüística y cultural de la lengua catalana, con un rosario muy bien detallado de puntos que demuestran, a su modo de entender, este incumplimiento.
Sin embargo, se afirma la unidad de la lengua catalana y se exige que el Estado así lo acepte y --entre comillas o sin comillas-- lo imponga.
Pero, en el ámbito balear, concretamente en Mallorca --y señor Frau, estoy hablando con toda sinceridad--, a nivel popular y ciudadano, a mi modo de ver y entender no está en absoluto ni claro ni aceptado este concepto de la unidad. Si así fuera, no estaríamos aquí ni habríamos tenido hace unos segundos este debate con el representante valenciano.
Se esgrime principalmente el argumento filológico y muchas veces dentro de unos movimientos políticos muy poco recomendables para la propia cultura, que en mi opinión han influido muy negativamente en la ciudadanía de Mallorca y en contra de la propia lengua. Además, hay otros argumentos tan o más importantes que el filológico que los ciudadanos no comparten en absoluto.
En el ámbito en el que ahora nos encontramos ustedes, además del gran trabajo que están haciendo, y dentro de su difícil cometido, tienen que conseguir la máxima unanimidad en sus respectivas comunidades. Apelar sólo al Estado para que decrete una pretendida unidad sin antes haberla conseguido realmente a nivel popular, es engañarnos todos y no conseguir lo que deseamos. Creo que antes de nada se debe presentar una propuesta sin discrepancias; no podemos pedir la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias al Gobierno teniendo en la actualidad las discusiones, las irritaciones y encendidos enfrentamientos por intentar conseguir y demostrar una forzada y discutible unidad de la lengua catalana, al menos haciéndolo con unos métodos y actitudes que muchas veces, no siempre, no acepta la mayoría de los hablantes de nuestras comunidades.
Es verdaderamente lamentable que se aumente el distanciamiento entre Cataluña, Valencia y Baleares, pueblos con una riqueza cultural innegable, y que respetando sus propias idiosincrasias deberían tener unos lazos de colaboración y acción en común, sin discusiones, irritaciones y encendidos enfrentamientos, como he dicho. Creo sinceramente que éste es el reto, en especial para todos ustedes.
Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Señora presidenta, intervengo para una cuestión de orden. La próxima vez que dividamos el tiempo en tres, nosotros utilizaremos tres turnos, porque el Grupo Popular lleva una hora interviniendo.

La señora PRESIDENTA: Señora senadora, si usted ha estado atenta, cuando hemos establecido el orden de intervenciones, en ningún momento se ha dicho que se iba a dividir el tiempo en tres. El Grupo Parlamentario Popular ha aceptado que se hiciera el debate así porque ellos tenían organizadas sus intervenciones en dos comparecencias, con tres portavoces. Lógicamente, si ellos aceptaban que intervinieran los tres comparecientes, había que respetarles sus tiempos. Ustedes también tenían el mismo tiempo, y así ha quedado establecido. No hemos agrupado las peticiones de comparecencia, sino que hemos facilitado a los comparecientes las intervenciones separadas. Por tanto, al Grupo Parlamentario Popular no se le podía negar que interviniera según lo tenían establecido, de acuerdo con el orden del día.
El orden del día ha quedado así, y así se va a llevar a cabo hasta el final. He hecho repetidas llamadas, desde el principio, a que fueran ustedes tan generosos con la mesura en sus palabras como esta presidencia lo va a ser con el tiempo.
Por tanto les ruego que, para no dilatar más la sesión, demos la palabra a los comparecientes. Disponen de unos quince minutos para los tres.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Porta.


El señor PRESIDENTE DE OMNIUM CULTURAL (Porta i Ribalta): Gracias, señora presidenta.
Seré muy breve. En primer lugar voy a responder a las cuestiones planteadas por la senadora del Grupo Parlamentario Socialista. Respecto al comité de expertos que elaboró el informe, se constituyó con la participación de expertos de todas las universidades y del Instituto Lluis Vives, excepto la politécnica.
En cuanto a que algún aspecto positivo habrá, como usted decía, hay indicios de que hay perspectivas mejores. Por ejemplo, por lo que yo leí ayer en la prensa, el respeto y el uso de las lenguas en el Senado; ése es un buen indicio. También hay que tener en cuenta que respecto al reconocimiento europeo hay mejores perspectivas de las que había.
Personalmente nuestra entidad, en este caso Omnium Cultural, planteó en el mes de mayo al Gobierno, puesto que se tenía que aprobar el tratado constitucional de la Unión Europea, la posibilidad de que se incluyera el catalán, por lo que realizamos algunas gestiones en este sentido.
Evidentemente no se consiguió, pero parece que se está intentando buscar alguna fórmula.
Me refiero a esta cuestión por un tema muy concreto. El catalán es un caso único en Europa; es la única lengua hablada por más de seis millones de personas que no es lengua oficial de un Estado. Yo, cuando voy por Europa, acostumbro a decir que hay más personas que hablan catalán que danés o finés, por ejemplo. Es un hecho importante a tener en cuenta; esto no quiere decir que el volumen de hablantes sea razón para reconocer unos derechos; creo que hay que reconocer igualmente los derechos del euskera, aunque sean menos, al igual que del gallego. Pero me refiero a que el caso del catalán es un poco especial, y es por lo que nosotros insistimos en ello.
Por ejemplo, en el caso europeo y para hablar de lenguas, se decía que en aquellos países donde conocen todos una lengua que ya es oficial, no es necesario conocer otra. Pero a este respecto ni el irlandés ni el maltés responden a esta aseveración, porque en Malta tienen como lengua conocida, hablada y oficial, el inglés, y a pesar de ello les han reconocido el maltés; y en Irlanda pasa algo parecido. Por tanto, lo malo
--y es en lo que quería insistir-- es que a veces parece que estén pidiendo a gritos que Cataluña se convierta en un Estado, y eso es lo que decimos en el informe: nosotros queremos que el Estado reconozca de tal forma su diversidad que no sea necesaria esta apelación; es decir, que podamos sentirnos cómodos dentro del Estado español, en la medida en que el Estado español reconozca esta realidad, esta divulgación interna. No insisto más en ello porque la presidenta me va a llamar la atención.
En cuanto al «vacabà», fue una idea de la época en que se redactó el diccionario catalán, valenciano, balear, y para que no hubiera problemas se pensó en el término «vacabà». Pues bien, señoría, si quieren que yo diga que en Barcelona hablamos valenciano, estoy dispuesto a decirlo; me importa poco el nombre. Pero hay una problemática, que sale del corazón, y es que se cree que el tema lingüístico va acompañado de ciertas reivindicaciones o ideas políticas, cuando esto debe estar claramente separado, porque no es la misma cuestión, son temas absolutamente distintos. Los valencianos decidirán la estructura política que quieran, pero el hecho es que el valenciano y el catalán son una lengua neolatina de evolución. Podríamos poner ejemplos incluso de sentimientos. El otro día hablaba con el presidente del Casal argentino en Cataluña, y me decía que él hablaba argentino; la gente puede decir lo que quiera, pero todo el mundo sabe que se trata de la lengua española. Incluso se está celebrando en Rosario una concentración de países de Sudamérica, y hay quien se ha quejado de que se haya identificado el tema lingüístico con el tema político, porque en la concentración de Rosario, sede de la hermandad hispanoamericana de habla española, han puesto la bandera española, y los demás se quejan, porque en Argentina por ejemplo tienen otra bandera, que no es la española. En consecuencia, esta mezcla entre lo político y lo lingüístico no es la primera vez que se plantea, y es uno de los problemas. No voy a insistir sobre el tema de la unidad de la lengua, porque quiero dejar intervenir a mis compañeros.
Respecto a que tenemos una lengua común y que eso supone una ventaja, desde luego que lo es. En Cataluña no sólo se hablarán dos lenguas, sino muchas lenguas: por ejemplo, el árabe y otras muchas. El problema es reconocer la importancia que tienen las lenguas propias del territorio, y esto como una riqueza del Estado español, que no sea concebida retóricamente, sino que en la práctica se reconozca como tal, y esa diversidad tiene que ser potenciada. Ahí es donde hacemos crítica; aunque en el año 2001 fue aprobada esa práctica --además de en 1992--, por los avatares políticos de las Cámaras esto se ha retrasado. En este sentido convendría tener una política estable de Estado que no dependiera del Gobierno de turno, sino que fuera planteada por todo el mundo.
Se dice que la gente hable la lengua que quiera, pero eso es falso, porque las lenguas, históricamente, dependen siempre de políticas lingüísticas, y en Cataluña de una forma especial, porque ha tenido que resistir una política lingüística en contra, no durante décadas, sino durante siglos. Cuando alguien me dice: que cada uno hable lo que quiera, yo el caso de Cataluña lo comparo a una carrera de los cien metros libres: se coge a un corredor, se le entrena bien, se le alimenta bien y a otro corredor lo matas a palos y de hambre, y después dices: ahora libertad, que todo el mundo corra lo que quiera. ¡Pues no! Tiene que haber una discriminación positiva a favor de una lengua que no es que haya sido minoritaria sino que ha estado aminorada por razones políticas.
Ese es el motivo por el que pido que el Estado tenga en cuenta también este problema.
Es muy difícil establecer comparaciones con Europa. He elegido el caso de Suiza porque tiene tres lenguas oficiales y las proporciones del alemán, del francés y del italiano son parecidas a las del castellano, el catalán y otras lenguas. En este sentido, el régimen lingüístico que se ha establecido en Suiza nos parece que sería un buen modelo para España, pero insisto en que las situaciones nunca son iguales. Cuando he dicho que el catalán es un caso único en Europa es porque realmente lo es y, por lo tanto, habría

que adaptar las políticas y evitar la preocupación sobre si existe o no algún precedente o si lo han hecho otros.
Los países que no padecen de cierto provincianismo político crean las condiciones que consideran más adecuadas para su situación particular.
Por ejemplo, en Québec no se hicieron este tipo de preguntas sino que llevaron adelante la modificación porque consideraron que iba a ser lo mejor; asimismo, los países nórdicos establecieron una forma de regulación entre ellos, también en este sentido. Por supuesto, Francia no me sirve como ejemplo y si el modelo que queremos establecer es el de Francia, evidentemente iremos por muy mal camino --y los que hablan catalán en el Rosellón lo saben--, porque tienen una concepción de la unidad política, lingüística y cultural que, en parte, se expandió en España en la época de Napoleón y del absolutismo, pero que ahora estamos en condiciones de abordar de forma distinta.
Esta cuestión es más complicada; resulta curioso que haya más lectores de catalán en las sociedades extranjeras que en España y, por lo tanto, sería conveniente que nos preguntásemos a qué es debido. Por ejemplo, el otro día leí en la prensa el caso de un funcionario de Justicia, de Badajoz, al que le mandaron una minuta en la que se leía minuta de honoraris, y protestó porque le habían mandado un documento en una lengua extraña. Creo que todavía existe una cierta imagen ancestral --y ustedes podrían hacer un esfuerzo para que se fuera modificando esa idea--, en el sentido de que España es una, que hay una sola lengua muy importante --y es verdad--, y que las demás sólo suponen una molestia. Es decir, da la sensación de que en lugar de constituir una riqueza son un estorbo que hay que soportar, pero que no hay que asumir ni potenciar; y nosotros queremos insistir en la idea contraria. La lengua como arma arrojadiza sólo se entiende cuando se mezcla con ataques políticos, cuestión en la que prefiero no entrar.
Voy a terminar contándoles una anécdota que me ocurrió recientemente, con respecto a las denominaciones. Soy defensor universitario de una universidad en Cataluña y hace unos días nos reunimos en Mallorca los defensores universitarios de toda España. Aprovechando la oportunidad nos enseñaron Valldemossa y el guía, que hablaba en castellano con acento mallorquín, en un momento determinado nos enseñó un libro y dijo que estaba escrito en mallorquín, y aclaró: o en catalán, que es lo mismo, aunque a nosotros nos guste llamarlo mallorquín. Las personas lo podrán denominar como quieran, pero la realidad es la que es y, por lo tanto, no es necesario insistir mucho en este campo.
Por último, es cierto que las sentencias no están por encima de lo que dicen los estatutos de autonomía, pero quizá el Tribunal Constitucional sí esté por encima, y si el Tribunal Constitucional establece una apreciación en este sentido, habrá que tenerla en cuenta. En cualquier caso, prefiero dejar estas cuestiones en manos de otros compañeros.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra el señor Climent.

El señor SECRETARIO GENERAL DE ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA (Climent i Corberà): Senador Chiquillo, yo también soy de la Ribera, también «parla valencià» y me negué a hacer los exámenes en castellano a los diez años, en el colegio de los jesuitas. (El señor Chiquillo Barber: Yo iba a un colegio público.) Usted ha dicho que no he hablado de la Carta Europea de las Lenguas y sí que lo he hecho; el artículo 7 habla de la obligación de los Estados de suprimir las barreras administrativas que separan comunidades lingüísticas. No he venido aquí a hacer un «speech» sino que, conscientemente, he hablado de lo que tenía que hablar y, además, sobre un tema que ustedes conocen y sufren --como sufrimos nosotros--, desgraciadamente de demasiada actualidad. Obviamente, como valenciano, estoy absolutamente aburrido, cansado y, ¡qué quieren que les diga!, me da un poco de pena tener que venir al Senado, precisamente a la Comisión de Cultura, a explicar estas obviedades.
En todo caso, señor senador, cuando usted tiene una enfermedad, supongo que acude a un médico o, ¿acaso acude a un curandero? (El señor Van-Halen Acedo: Señora presidenta, por favor, que el compareciente no haga preguntas.)
La señora PRESIDENTA: No dialoguen, por favor.

El señor SECRETARIO GENERAL DE ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA (Climent i Corberà): No haré más preguntas, señora presidenta.
Supongo que usted irá a un médico, a un médico formado en una universidad. Yo no soy lingüista, soy licenciado en derecho y, por tanto, me atengo a lo que me dicen las universidades --todas las universidades valencianas, sin excepción--, pero eso no quiere decir que no haya también curanderos en el mundo lingüístico. Evidentemente, me atengo a todo lo que dicen las academias, empezando por la española --cuya definición es clarísima--, o a lo que dicen los diccionarios y, entre ellos, el de la Generalidad Valenciana, tal y como les he explicado anteriormente.
Por descontado, algún peso habrá de tener el Tribunal Constitucional, ¿o acaso son ustedes unos «ocupas»? Imagino que no, que son senadores y, por lo tanto, aprueban el orden constitucional español. Estaría mal que ustedes, desde aquí, dijeran que el Tribunal Constitucional no sirve para nada; todos aceptamos al Tribunal Constitucional --ustedes y nosotros-- y, por lo tanto, algún valor habrá de tener, de la misma forma que también tienen valor todas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y no hay ninguna en contra de lo que he dicho.
El señor Chiquillo ha hablado de Ausiàs March, Joan Martorell, Tirant Lo Blanc, etcétera. Yo he abogado en todo momento por la doble denominación; en ningún momento he dicho que en Valencia no se denomine valenciano --yo siempre lo he llamado así y no he tenido ningún problema--, pero entonces será necesario hablar de la doble denominación. Usted se ha remontado al siglo XV y yo me retrotraería a Ramón Muntaner, que vino con Jaume I, y si usted quiere le leo el párrafo de la

crónica en la que explica que en Murcia se habla el mejor catalán del mundo. No es que vengamos de otro tronco sino que, igual que el andaluz proviene del castellano, el valenciano --les guste o no les guste-- proviene del catalán. A este respecto podríamos mencionar a Galileo Galilei, a quien condenaron por negarse a aceptar que el sol diese vueltas alrededor de la Tierra: «E pur si muove.» Por tanto, les guste o no, «E pur si muove.» Nosotros hablamos catalán, evidentemente catalán de Valencia y lo llamamos valenciano. Le puedo entregar a usted tanta documentación en la que se habla de catalán indistintamente con valenciano...
He tenido relación directa con el Vaticano y con el padre Batllori, el rector de la universidad y el deán de la catedral de Valencia, que han pedido ayuda para analizar todo el fondo de los Borgia del Vaticano, que ya está en Valencia, a pesar de su Gobierno. ¿Qué quiere que le diga? Los Borgia eran conocidos como catalanes y, así, cuando nombraron Papa a Calixto III, dijo: Son días de gloria para la nación catalana. En aquel momento éramos los mismos. Y, ¿qué quiere que le diga de Ausiàs March? La primera edición de su obra, en España, dice: Caballero valenciano de la nación catalana. ¿Y qué quiere que le diga de San Vicent Ferrer? ¿Quiera que se lo lea? Se lo leo. San Vicente Ferrer en 1412-1418, en las Reportationes Sermonum reverendisimi magistri Vicentii Ferrari, dijo:
«Vosaltres de la serranía qui estats enmig de Castella e de Catalunya»
--en aquel momento no era la lengua ya que incluso se llamaba Cataluya para San Vicent Ferrer, y me estoy refiriendo al proceso de canonización--, «e per ço prenets algun vocable castellà e altre català.» San Vicente Ferrer claramente decía: Vosotros, de la serranía, los del centro, tomáis vocablos en catalán y en castellano.
Le puedo poner un ejemplo para que relativice todas estas cuestiones.
Dante, en su testamento explica que éste está escrito en lengua florentina porque en aquel momento la gente ponía el nombre administrativo. (Protestas por parte del señor Chiquillo Barber.) Con esto quiero decirle que había una doble denominación en aquel momento en el país y no digo que sea catalán o valenciano, sino doble. ¡Qué quiere que le diga ya si usted no cree a San Vicente Ferrer o a los Borgia, a los papas, que es el momento en el que nuestra cultura ha estado más elevada! Pero incluso en el siglo XX, hay una calle en el centro de Valencia por la que usted pasará todos los días que es la calle Querol.
¿Usted sabe por qué está esa calle? ¿La obra de Querol cómo se llama? ¡Dígalo! (Pausa.
--Rumores.) Perdone, que me he equivocado. No puedo dialogar. Este señor publica un libro que se llama «Rimas catalanas» y le ponen una calle en Valencia. La gente de las provincias, como el señor Llorente, dicen lo mismo. Evidentemente, repito, hay médicos y hay curanderos, y no quiero decir con esto que desprecio a los curanderos.
(El señor Chiquillo Barber: Lo parece.) La señora PRESIDENTA: Por favor, no dialoguen. Senador, tendrá después usted su turno.
Le ruego, señor Climent, vaya terminando.

El señor SECRETARIO GENERAL DE ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA (Climent i Corberà): La Acciò Cultural del País Valencià aboga por la doble denominación.
A la senadora del Grupo Parlamentario Socialista ya le ha explicado Jordi Porta que el «vacabà» es una invención de Nicolau Primitiu. Debido al conflicto que ha habido en Valencia se inventó el «vacabà», que significa Valencia, Cataluña y Balears. El poeta Espriu dijo --sabe usted que en el Roselló hablan en catalán-- «rosalvacabà», es decir, nuestra lengua sería «rosalvocobàs». Pero eso no prosperó y normalmente no prospera. Hoy mismo me han dicho que incluso respecto al intento por parte de la Academia de utilizar el término valenciano-catalán --senador Chiquillo yo no lo sé, pero me lo han dicho-- el señor Camps ha dicho que no.
¿Qué pasa? Evidentemente hay un sentimiento que yo también tengo. Yo soy de Llombai, de un pueblecito de 1.800 habitantes, y no sabía hablar castellano, se reían de mí en los jesuitas y llevaba una estrella amarilla como la de los judíos; no podía salir al estrado a explicar nada, era la risa de todos. Cuando tenía ocho años obligué a mis padres a hablar en castellano, que no lo sabían hablar. A los diez años me negué rotundamente aquel año a hacer los exámenes en castellano. Por suerte, los jesuitas pertenecían a la demarcación tarraconense, eran de Barcelona, y me entendieron. Pero esta no es la cuestión.
Con esto le quiero decir que el valenciano lo llevo en el corazón, senador Chiquillo --lo puede creer o no por las disfunciones que tenemos en aquel país--, pero esto no tiene nada que ver con que el valenciano, que es nuestra lengua de relación normal, en la universidad pueda denominarse catalán. Usted sabe que todos los departamentos de la universidad de Valencia ponen catalán. Si yo cuando entré en la universidad hubiese imaginado que se iba a denominar catalán, incluso hubiera estado en contra. ¿Sabe quién me hizo a mí nacionalista? El señor don Xavier Casp, que murió la semana pasada. Ustedes posiblemente no saben qué supone todo esto, pero, en gran parte, ha sido el padre del blaverismo. (El señor Chiquillo Barber: Un poquito de respeto, por favor.) Lo estoy diciendo con respeto. (El señor Chiquillo Barber: No.) Le estoy haciendo un homenaje.

La señora PRESIDENTA: Por favor, no dialoguen, porque, senador, usted va a tener su turno.

El señor SECRETARIO GENERAL DE ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA (Climent i Corberà): Senador Chiquillo, le estoy haciendo un homenaje. Nunca he dicho una sola palabra contra Xavier Casp.

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señor Climent.

El señor SECRETARIO GENERAL DE ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA (Climent i Corberà): Termino, ya, señora presidenta.
Fue él, que ganó los premios de las letras catalanas, el que me hizo a mí como soy, y lo digo en el Senado español

como homenaje a Xavier Casp, independientemente del tema y de la línea que después siguió.
Somos un país que hemos tenido una enorme desinformación y, por tanto, cuesta cambiar en algún momento el nombre de la lengua. Hoy decir catalán en las universidades valencianas es lo normal. Por tanto, nuestra posición es la siguiente: Valenciano en Valencia, catalán en las universidades y catalán a nivel internacional, como hace España, castellano en España: español internacionalmente.
Al senador belga le diré... (El señor Van-Halen Acedo: Usted no sabe estar por el mundo.) Perdón, lo digo en sentido genérico. Ustedes, que son europeos, recordarán a Jacques Brel, que decía una cosa que era muy importante para estos temas, «On s'habitue, c'est tout»: Se acostumbra uno. Igual que el nombre catalán es ya normal en todo el mundo cultural y académico valenciano, pues puede serlo y será también para los valencianos el nombre internacional, con el cual, y repito, la lengua valenciana o el valenciano estará reconocida en el mundo.
Perdónenme el intento de dialogar pero me ocurre porque no había estado antes en el Senado. (El señor Van-Halen Acedo: Se nota.) ¡Claro que se nota!
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Climent.
El señor Frau tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA OBRA CULTURAL BALEAR (Frau i Guià): Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Navarro, efectivamente el núcleo del informe que hemos leído sostiene que el Estado español no siente como propias las lenguas que se hablan en su territorio y, consecuentemente, no actúa a favor de ellas. Y que el catalán, el gallego y el euskera tendrían que ser también lenguas de la Administración pública, es decir del Estado, de modo que los ciudadanos de estos territorios se pudiesen dirigir en sus lenguas a la Administración pública central sin trabas, sin discriminaciones y sin impedimentos.
En cuanto a los aspectos positivos de la actuación del Gobierno que preside el señor Rodríguez Zapatero a favor del catalán, tal como ha dicho el compañero Jordi Porta, parece que hay intenciones de actuar positivamente, pero la actuación más destacada sería en sentido negativo o regresivo como es la presentación de dos textos de la Constitución europea diferenciados catalán-valenciano, aunque luego, es cierto, que se ha dicho que se rectificaría.
Por lo que se refiere a la denominación «vacabà», apelaría al Senado, a sus ilustres señorías, a fin de que no complicásemos aquello que no lo está. Esto no tiene ningún aval científico y nadie lo ha utilizado jamás, salvo rarísimas excepciones, y además en Balears --Baleares sólo tiene un nombre, que es Balears, ya que según disposición del Estado Baleares no existe como nombre, y contestaré después al señor Fageda-- nadie ha discutido la denominación de la lengua, nadie ha discutido la unidad de la lengua; me refiero a personas con una cierta trascendencia pública, mínimamente ilustradas: políticos, académicos de cualquier género. Otra cosa es que la denominación oficial legal, estatutaria en multitud de textos o en todos los textos sea compatible con la denominación común popular de las islas, es decir, mallorquín, menorquín e ibicenco, pero esta misma persona que dice que habla mallorquín nunca ha discutido la unidad lingüística, y luego pondré los ejemplos de lo que ha dicho el señor Fageda, pues, dado que le conozco, sé que él no piensa como ha dicho que lo hace y, además, la actitud del Partido que gobierna la Comunidad Autónoma al cual él pertenece y que ha gobernado el ayuntamiento de Palma, del que ha sido ilustrísimo alcalde, no ha sido nunca ésta. Del Partido Popular de las Islas Baleares deberían tomar nota otros territorios porque nunca ha defendido un secesionismo lingüístico ni una diversidad de lengua. Por tanto, el diccionario que hizo mosén Antoni María Alcover --y no quiero entrar en temas lingüísticos porque no soy lingüista--, del que sólo hizo el primer tomo porque falleció, y lo continuó Francesc de B. de Moll, que fue el fundador de la obra cultural balear, y el valenciano Sanchis Guarner, es un diccionario de enorme peso científico, reconocido en todo el mundo, pero tiene la conceptuación de dialectal. Después de la tapa se lee el por qué de la denominación. Hay una proclama nítida explicando, muy bien, por cierto, que la denominación no implica considerar las lenguas como diferentes. Por supuesto, un científico no podría decirlo de otra forma.
Señor Van-Halen, la situación de Francia no es la situación ideal en la que nosotros queremos mirarnos, es la situación de un Estado ultracentralistra y que ha anulado y arrasado las lenguas diferentes al francés. Francia no es un espejo para nosotros, es lo contrario de lo que creemos que se debe hacer.
En Bélgica, que usted ha mencionado --y conozco el caso porque lo he estudiado--, las comunidades con orden jurídico diferencial se rigen precisamente por las lenguas, son comunidades lingüísticas: la belga, la francesa y la alemana. Por tanto, el orden jurídico viene establecido por la pertenencia o no a una determinada comunidad.
Señor Chiquillo, ya le ha contestado el señor Climent. Sólo voy a añadir un comentario muy breve, porque considero que es una asunto que no me corresponde. Los textos jurídicos, que todos debemos respetar porque esto es un Estado de Derecho, no constituyen en sí mismos realidades. Usted ha dicho que no existen diferencias entre los textos escritos en valenciano o en catalán, lo que hay detrás son motivaciones políticas, y modestamente pediría que se racionalizase. Las lenguas, nos guste o no, las definen las academias, las definen las universidades, las definen desde un punto de vista científico, luego los políticos pueden poner en sus estatutos otras cosas. Si un texto normativo dijese que la tierra es plana, no por ello la tierra sería plana. Es absolutamente universal denominar así a la lengua popular que se habla en el País Valenciano, pero no por ello constituye una lengua diferente al catalán.
Señor Fayeda, efectivamente lo que hemos denunciado aquí y lo que pedimos que se modifique es el incumplimiento por parte del Estado de la Carta Europea de las Lenguas Regionales Minoritarias.
Usted sabe, señor Fayeda, que en las Islas Baleares la transición política en este aspecto lingüístico y de identidad se hizo muy bien. No la protagonizó el Partido Popular

porque entonces no tenía suficiente peso parlamentario, la protagonizaron UCD y PSOE, pero después ha habido un universal consenso en aceptar lo que entonces se convino, que era la pura razón lógica, el puro entendimiento de las cosas como son.
El artículo 3 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares dice: «la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, será la lengua oficial».
En su territorio de denominación, la lengua en las Islas Baleares ha sido siempre la lengua catalana. Después del Estatuto viene la Ley de Normalización Lingüística de la Lengua Catalana y multitud de leyes sectoriales en las que inequívocamente siempre se ha definido la lengua de las Islas Baleares como lengua catalana, sin matices. La autoridad lingüística que el Estatuto de Autonomía contempla como autoridad asesora es la Universidad de las Islas Baleares y con eso está dicho todo. No hay ninguna incompatibilidad en la denominación popular de la lengua que se habla en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, que mucha gente utiliza pero otra mucha no. No hay ninguna discusión planteada porque allí las cosas se hicieron bien y se continúan haciendo bien en cuanto a la unidad de la lengua.
Ayer, el señor Matas, presidente de la comunidad autónoma, militante miembro del Partido Popular, estuvo en Barcelona dando una conferencia; entrevistado posteriormente sobre la cuestión idiomática y la unidad de la lengua, porque éste es un asunto que preocupa en el Principat y en otros sectores del Estado, dijo, con perdón, lo mismo que está diciendo la sociedad civil desde hace muchísimos años y lo mismo que he dicho yo ahora. En Baleares, la unidad no se plantea --a ver si lo entiende bien todo el mundo--, en Baleares nunca se ha planteado el problema de la unidad de la lengua, nunca. Esto lo dice el Partido Popular y lo dice todo el mundo; en Baleares el tema que se plantea es el del uso social decreciente de la lengua, y pedimos la implicación de todos, del Estado, de las administraciones autonómicas y de los ayuntamientos, para mejorar esta situación.
También se ha dicho --y no está bien que haga yo este comentario-- que las entidades que están aquí representadas podían ser sustituidas o complementadas por otras. Seguramente sí, pero yo creo que no, las entidades que estamos aquí --y hablo sólo en nombre de la Obra Cultural de Balear-- tenemos 42 años de existencia, tenemos un reconocimiento institucional por parte de todos los gobiernos y por parte de las academias y no conocemos otra entidad que haya trabajado tanto, durante tanto tiempo y tan favorablemente a favor de la lengua y de la cultura catalana en las Islas Baleares.
Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Vamos a proceder al segundo turno, pero, si me lo permiten, me gustaría hacerles a sus señorías unas reflexiones. Primero, quiero pedir disculpas a los señores comparecientes si mi acento andaluz al pronunciar el apellido del senador no es el más adecuado; procuraré hablar más claro.
Segundo, tengan en cuenta que los señores comparecientes no son senadores, por tanto no están avezados en los usos parlamentarios.
Independientemente de la libertad de expresión que tienen todos ustedes, yo les rogaría que lo tuvieran en cuenta a la hora de hacer las reflexiones que ustedes consideren oportunas.
Vamos a proceder por el mismo orden que hemos seguido antes.
Tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLO: Muchas gracias, señora presidenta.
Yo creo que, medio en broma, la referencia del señor Van-Halen a mi comodidad o incomodidad respecto al Estado francés o el Estado español ha tocado el punto clave de la cuestión, porque después de este debate el punto clave de la cuestión es que estamos todos muy cansados. Yo creo que si a esta hora preguntáramos a los miembros de la Mesa que no han podido intervenir qué sensación tienen, seguramente dirían que de cansancio. Ese es el cansancio que sentimos los catalanes cada vez que venimos aquí a explicarnos, porque notamos una cierta barrera, hay algún punto que no acaba de funcionar y eso es lo que nos lleva a veces a pensar: apaga y vámonos, y creo que esta cuestión hay que tomársela muy en serio.
Evidentemente no soy francés ni quiero serlo, pero si vamos al extremo, esencialmente lo que soy es catalán, y soy catalán y lo que quiero es tener un Estado que me represente y en el cual yo me sienta cómodo. Esto lo ha apuntado el señor Porta y creo que éste es el asunto.
El asunto que estamos debatiendo hoy es un árbol que nos esconde el bosque. El asunto valenciano-catalán ha adquirido una gran relevancia, pero el tema de fondo es el de nuestra comodidad como ciudadanos catalanes o valencianos o de las islas dentro de este Estado y dentro de la organización europea o de cualquier organismo que tenga competencias sobre nuestras vidas porque, en última instancia, nosotros somos seres humanos y hay unos aparatos de Estado que están dictando normas sobre nosotros y quisiéramos que estos Estados tuvieran una relación democrática con nosotros y que, por tanto, nos respeten en nuestra identidad y en nuestra diversidad. Con esto, que me parece básico, no pretendemos invadir otras cuestiones.
Este es el centro de la comparecencia. Respecto a esta historia del valenciano o del catalán, diré que yo hablo valenciano, y ya está, a partir de ahora yo hablo valenciano. Además, ocurre algo interesante, y es que cuando se habla valenciano en esta Cámara te aplauden desde todas las filas, incluso desde la oposición, en cambio cuando se habla catalán, te abuchean, con lo cual, tranquilos, que a partir de ahora hablaré valenciano.
¿Qué es lo que me preocupa de la situación del valenciano? Me preocupa el retroceso que se está produciendo en su uso. Eso es lo que me está preocupando. Me está preocupando que dentro de la Comunidad Valenciana se haya producido un retroceso, igual que ha ocurrido en las Islas Baleares, porque hay unas situaciones complejas en que los propios gobiernos de las comunidades autónomas tienen dificultades para gobernar, situaciones que están relacionadas

con la globalización y con la inmigración. Incluso lenguas tan importantes como el castellano o el francés tienen dificultades en estos momentos, y sus hablantes tienen problemas incluso en la Unión Europea o en foros internacionales para que sus lenguas se vean reconocidas y puedan usarlas. Si esta situación se da, ¿qué no va a pasar con el catalán o el valencià? El problema de fondo es éste, y lo que más me preocupa es a dónde debemos ir.
Yo pedí la comparecencia, y es una lástima que se haya producido en el momento en que surge este debate sobre valencià-català, aunque no lo eludo porque tenemos que resolverlo antes de hablar de otras cosas. No obstante, el problema de fondo es cómo el Estado va a intervenir en esta cuestión lingüística. Un Estado que dice que es el mío no puede inhibirse en el tema lingüístico, y no puede hacerlo por una razón muy sencilla, y es que hay muchos temas en los cuales las comunidades autónomas, o mi Gobierno catalán, no tienen competencias o recursos para hacer frente al tema lingüístico. Me parece que deberíamos avanzar --hoy no, porque no son horas-- en esta Comisión de Cultura, en próximos debates, o en otros foros, para ver qué medidas hay que tomar, incluso presupuestarias, para que nos vayamos sintiendo cómodos en este Estado. Para mí esta es la cuestión fundamental y, evidentemente, este es el máximo respeto que se puede tener para el valencià. El máximo respeto para una lengua es promover su uso. Lo otro son palabras e, incluso, voluntad de agitar banderas, y no considero que todas estas cuestiones de tipo formal sean sustanciales. Evidentemente son importantes, afectan a los sentimientos de la gente, pero en última instancia se trata de que podamos vivir en estas lenguas con comodidad.
No me referiré a otras cuestiones, como el tema belga. Todos podríamos citar nuestra experiencia belga. Yo he vivido cinco años allí, he estudiado en la universidad de Bruselas y lo conozco bien. El señor Van-Halen creo que es el que más lo conoce porque viene de diversas generaciones o es originario de allí. En todo caso, es una cuestión que podemos discutir, porque el modelo belga es muy interesante, aunque creemos que debemos crear nuestro propio modelo.
Hay una singularidad y una riqueza que no debe ser un estorbo. A veces el euskera parece el máximo estorbo porque las otras lenguas son románicas y no hay problema, pero resulta que el euskera es una de nuestras riquezas fundamentales en el Estado español. Es una singularidad en Europa que debemos saber tratar y proteger de manera adecuada.
Asimismo, es una singularidad el catalán, que es una lengua mucho más hablada que otras lenguas oficiales en la Unión Europea. Es la lengua minoritaria o regional cuatro veces más hablada que las que aparecen en la lista de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.
Este es un caso específico y, por lo tanto, no se puede tratar igual que si fuera una lengua hablada por 200.000 personas.
Me parece que esta es una cuestión seria, de Estado y, en consecuencia, creo que hay que abordarlo seriamente.
Una cuestión que yo he apuntado y que me parece que se deberá debatir algún día es que el artículo 3 de la Constitución se debería desarrollar, y el Estado debería hacerlo quizá en forma de ley orgánica para que el propio Estado asuma sus competencias en materia lingüística de una manera seria.
No me alargaré más porque casi me estoy repitiendo.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señora presidenta.
Yo podría alargarme tanto como quisiera, porque puestos a discutir, a mí me encanta, pero creo que no es el momento.
También siento mucho que haya coincidido la presencia de ustedes tres con este momento de polémica entre el catalán y el valenciano.
Como muchos, creo que los políticos tenemos el arte de crear problemas donde no los hay y de darles las peores soluciones. Creo que esto es lo que está pasando con nuestro idioma.
Yo siempre he hablado un idioma, el mismo, parecido en uno y otro sentido, y siento muchísimo que esto cree polémica ya que deberíamos dedicar nuestros esfuerzos a que nuestro idioma --el que sea, llámese como se quiera-- avanzara en todas las instituciones.
Si todo el esfuerzo que hacemos buscando literatura lo dedicáramos a darle la vuelta y buscar que nuestras instituciones hicieran un esfuerzo para aceptar nuestro idioma, sería mucho más fácil y habríamos conseguido muchísimo más.
Lo siento mucho. Siento que la polémica se haya instaurado en esta Cámara. No creo que sea ni lugar ni forma de hacerlo. Creo, como ha dicho el señor Porta --creo que también lo ha dicho el señor Climent--, que doctores tiene la Iglesia; en el caso del idioma, sus lingüistas, y si alguien está enfermo, que vaya al médico, no al curandero --yo no siento ningún respeto por los curanderos, quizá porque mi profesión es la otra--. Los curanderos, si quieren hacer medicina, que estudien Medicina, que para eso está, y los lingüistas exactamente igual. El que quiera ponderar sobre la lengua, que sea lingüista, que para eso está la carrera.
Nada más. Creo que esta Cámara debería unir todos los esfuerzos de las distintas lenguas de España, no solamente el catalán, sino también el valenciano o el valenciano-catalán --llámenlo como ustedes quieran--, el euskera y el gallego, para hacer un Estado plurilingüista, tal y como establece nuestra Constitución, y evolucionar en lo que respecta a la misma porque el año 1978 queda muy lejos, es verdad que han cambiado muchas cosas y por eso estamos empezando a replantearnos si debemos tocarla o no. Tocarla sí, pero mejorándola y haciendo que en nuestra España, la de todos, nos sintamos cómodos los que estamos en un lugar y los que estamos en otro, y no nos dediquemos, como he dicho antes, a pelearnos entre dos grupos, porque Cataluña y Valencia nunca han estado más que en una sola bandera y unidas por las cuatro barras y el idioma, por lo que no deben desunirnos los políticos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Maqueda.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señora presidenta.
Estoy perplejo en esta comparecencia. Como antes he dicho, felicito a los comparecientes. Pienso que estamos dando una imagen un poco extraña y que no se van a llevar buenas sensaciones. Alguien decía que no tenía experiencia en esta Cámara, pero mejor que no copien de esta experiencia.
Esto no es habitual, salvo con un partido, el Popular, que no se a qué viene a las comisiones y a los plenos. No entiendo nada.
Estamos hablando de la defensa de las lenguas y, evidentemente, centrar el debate entre el valenciano y el catalán me parece muy oportunista, pero no es a eso a lo que ustedes han venido. Ha sido algo coyuntural, como bien ha dicho mi compañero.
No estoy de acuerdo con el señor Van-Halen --no he querido entrar en polémicas y no lo voy a hacer-- cuando me dice que en el período 1996-2000 el Partido Nacionalista Vasco firmó un pacto con el Partido Popular y que a partir de ahí todo lo que se ha hecho ha sido para beneficio del euskera. No me gustaría recordarle, por ejemplo, que con ustedes, Partido Popular, gobernando durante ocho años, en los últimos cuatro años de su mandato no firmamos ni reeditamos pactos. Me dirá que fue porque tenían la mayoría absoluta, pero ¡qué pena para el Estado esa mayoría absoluta! ¡Que cuatro años más perdidos! Y ustedes se permiten el lujo de nombrar al señor don Jon Juaristi, un ex converso militante de ETA, y ponerle al frente del Instituto Cervantes. Asimismo, se permiten el lujo de que este señor critique todo lo vasco y con eso, evidentemente, ustedes ganan votos en España. Hablemos claro. Si quiere que entremos en ese debate podemos hablar, o podemos hablar de actuaciones de representantes suyos, como el señor Iturgaiz o el señor Mayor Oreja, que afortunada, o desafortunadamente en algunos casos, porque nos venía muy bien que estuvieran en la política vasca, ahora están en Europa hablando en castellano.
Pero no vamos a entrar en ese debate. Creo que el debate de hoy lo constituyen las lenguas, y yo he tenido oportunidad, señor Van-Halen, de utilizar el euskera en mi incorporación como académico a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, y he visto al Rey de todos los españoles hablar en catalán en nuestra academia. ¿De qué estamos hablando? Estamos reivindicando el uso de nuestras lenguas y que en Francia, que usted también mencionaba, se pueda hablar euskera. Si el Estado francés ha dicho no, allá ellos con su problema, pero el Estado español, y este Gobierno --y estamos muy satisfechos de ello--, ha dicho sí, y esa Constitución que tenemos y ese Tribunal Constitucional, y lo que vamos a hacer entre todos los grupos es que el catalán --llámele usted valenciano-catalán, no quiero entrar en ese detalle de nuevo--, el euskera y el gallego sean utilizados con normalidad por los ciudadanos y, si no, vamos a pensar que los nacionalistas son ustedes, no nosotros.
Dicen a todo que no, les da igual la lengua, las elecciones, las consultas populares, todo. Sólo hay una cosa: nacionalismo español. ¿Para qué nos llaman nacionalistas? Llámennos otra cosa, díganlo claro.
Nada más, señora presidenta.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Navarro.

La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señora presidenta.
Voy a ser muy breve. En primer lugar, voy a tomarme la libertad de entregarle al señor Van-Halen lo que me ha solicitado antes, el informe de la aplicación española del año 2002, aunque le advierto que está en papel reciclado y una cara está inutilizada.
En segundo lugar quiero darles las gracias a los señores comparecientes por todas las respuestas que me han dado tan amablemente a las curiosidades que les he planteado.
Y voy a cerrar esta pequeña intervención poniendo en mi boca unas palabras del presidente Rodríguez Zapatero en el sentido de que las lenguas deben servir para entendernos y no para enfrentarnos.
Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Van-Halen.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Voy a ser brevísimo.
Quiero agradecer a los señores comparecientes su amabilidad al haber venido, y especialmente al señor Climent, que nos ha dicho que ha hecho un gran esfuerzo al repetir lo que ya es tan sabido. Se lo agradecemos, pero él no me debe agradecer nada a mí porque yo no he pedido su comparecencia, la pidió el señor Bofill.
Aquí hemos hecho muchas citas cultas, pero tengo que decirle que Galileo fue condenado justamente por lo contrario de lo que el señor Climent ha dicho y aparecerá en las actas de esta comisión.
No voy a entrar en un debate sobre debates porque considero que no es la ocasión, pero sí quiero decirle algo al senador del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Cuando se empieza diciendo que aquí todos los partidos son buenos menos el PP, que viene a no sé qué, ya se está ejerciendo un maniqueísmo que a mí me parece mal. Pero, sobre todo, no me ha entendido. Si yo hubiera tenido la suerte de hablar en euskera a lo mejor me hubiera entendido, pero lo cierto es que no me ha entendido.
Yo le he recordado una cosa que quizá le duela mucho al señor senador:
que entre 1996 y 2000 hubo un pacto escrito y con taquígrafos entre el PNV y el Partido Popular, por el Gobierno, junto con algún otro partido.
Pero no es que yo lo diga, es que es una realidad incontrovertible. Y como él ha dicho, como durante los ocho años del Gobierno popular se ha ido a peor en el euskera, yo le digo que había un foro en el que podían haber manifestado eso. No digo que no lo hayan manifestado. Le he recordado que podían haberlo manifestado. Pero eso le ha molestado. Y parece que no le gustaba el nombramiento de un catedrático de Filología como director del Instituto Cervantes, pero no vamos a entrar en los gustos sobre nombramientos, que todos podemos tenerlos.


Siguiendo una táctica absolutamente no democrática que consiste en decir que cuando un pueblo vota una cosa que no le gusta a uno es que el pueblo se ha equivocado, su señoría acaba de decir que el pueblo español se equivocó entre el 2000 y el 2004 porque había una mayoría de votos dirigidos a una determinada opción política. Mire usted, lo siento mucho.
Seguramente son los mismos que piensan que el pueblo americano se ha equivocado en las últimas elecciones, qué quiere que le diga. Creo que cuando el pueblo vota no se equivoca nunca, ni se equivocó, naturalmente, el pasado mes de marzo. Eso es lo democrático y no decir que el pueblo se equivoca cuando vota a unas personas y no a otras. Esos son tics más de psicólogo que de político. Es para ir al psicólogo.
Muchas gracias. (El señor Chiquillo Barber pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Senador Chiquillo, tiene su señoría la palabra por alusiones, por un minuto.

El señor CHIQUILLO BARBER: Señora presidenta, es que se han hecho cuatro referencias directas y personales, pero no está en mi ánimo el que se reabra el debate para que no haya réplicas, dúplicas y para que no estemos aquí hasta no sé qué hora.
Esta cuestión lleva en discusión 400 años y veo que va a continuar. Pero la voluntad de un pueblo es la que es, y la del pueblo valenciano es que se le respete esa conciencia y ese compromiso de abordar el futuro. Y por supuesto que quien les habla piensa en valenciano y siempre ha luchado por el reconocimiento de su idioma, en lo que siempre he creído. Yo quiero que el gallego esté en la Unión Europea y en la ONU si hace falta, y que lo estén el catalán y el vasco, por supuestísimo, pero lo que pido aquí es respeto por que esté el valenciano. Yo no es que quiera que el valenciano esté para que sus lenguas no estén. Lo que yo quiero es que estén la lengua vasca, la lengua catalana y la lengua gallega, pero, repito, yo pido que el valenciano sea respetado como la lengua propia de los valencianos que nos diferencia como pueblo.
Y en algunas intervenciones ha habido contradicciones probablemente por parte de todos. Se dice que es un tema filológico, pero como ha dicho muy bien el portavoz de la Obra Cultural Balear, aquí hay un fondo político.
¡Y tanto! ¿Y que en Baleares se resolvió esto en el tránsito democrático, cuando la elaboración de su estatuto en 1983? Sí, hubo un tránsito, hubo un consenso y hubo la voluntad de un pueblo que dijo: Aquí no hay discusión.
Respeto la decisión del pueblo balear, la del pueblo vasco y la del pueblo catalán. Pero los valencianos, en su transición en el año 1982
--más agitada de lo que a todos nos hubiera gustado--, con el consenso de los cuatro grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, decidieron que en el artículo 7 del Estatuto de Valencia, que habla de la lengua propia, su idioma se llamara claramente idioma valenciano. Respétese esto, que es lo único que he pedido.
Todos hemos hecho un esfuerzo en cuanto a la cortesía parlamentaria y quizá todos hayamos sido un poquito descorteses, pero creo que la fuerza de la palabra es mucha y también que hablando se entiende la gente. Sin embargo, me gustaría que se retirara del «Diario de Sesiones», previa retirada por parte del interviniente, la referencia que se ha hecho al «blaverismo», máxime cuando se ha dicho a renglón seguido de mencionar a un escritor en lengua valenciana que murió hace poco. Además, la referencia se ha hecho en el tono que se emplea en Valencia cuando se dice «blaverismo», que es una expresión despectiva.
Y les juro que para mantener esa cortesía que todos hemos mantenido, me he tenido que morder la lengua, porque: omisiones, las que se han querido hacer; lecturas sesgadas, las que se han querido hacer; y en cuanto a antecedentes históricos, puede sacar usted mil que yo sacaré otros mil, y no le digo que mil uno. Es decir, sabe usted que ahí hay un debate abierto. Lo del «blaverismo» es una tesis que, como he dicho, incluso puede llegar a ser minoritaria, y es minoritaria en realidad, pero usted sabe en qué tono se emplea siempre en la Comunidad Valenciana, lo repito, y además, se ha dicho a renglón seguido de mencionar a Xavier Casp, que ha sido miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana y miembro de la Academia Valenciana de la Lengua, y que ha obtenido premios en Valencia y en Cataluña. Yo le pediría que retirara esa expresión.
Y precisamente porque creo que el gallego, el vasco y el catalán son lenguas de España, pido también que se respete el valenciano, que es también lengua de España.

La señora PRESIDENTA: Antes de conceder la palabra a los comparecientes para que cierren la sesión, es costumbre que si todavía no ha intervenido algún senador o alguna senadora puedan hacerlo ahora, eso sí, en una intervención muy breve.
Tiene la palabra el senador Fageda.

El señor FAGEDA AUBERT: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Frau, por su respuesta.
Cuando he empezado mi intervención he dicho que yo le iba a hablar con toda sinceridad. Yo no digo lo que no pienso ni nadie me puede hacer decir lo que no crea.
Ha hecho usted referencia a mis doce años de alcalde. Pues le puedo asegurar que en esos años una de las cosas más importantes que yo hacía era el tener contacto con la gente. He tenido miles de reuniones, y las discusiones que teníamos al empezarlas giraban en torno a si teníamos que hablar en «mallorquí», en «català» o en «castellà». Era la discusión de cada día. Y el pueblo no lo tiene claro.
En cuanto al Estatuto, evidentemente que el presidente Matas, y el senador, y que la gente que estamos dentro del mundo político institucional tenemos claro cómo está el Estatuto. ¿Pero es esto lo que piensa el pueblo? ¿Están ustedes convencidos de que el pueblo quiere en una gran mayoría que se le llame catalán al mallorquín, pregunta que le hago a usted directamente y sin ánimo de polémica? ¡Y ojalá que saliera que sí unánimemente! ¡Y por qué no! ¿Alguien está explicando desde los estadios importantes de sus instituciones lo bello, lo hermoso que es expresarse en catalán? ¿Alguien ha intentado recitar el «Pi de Formentor»? O el «Cant Espiritual» de Joan Maragall para que alguien lo entienda y diga: ¡Qué hermoso es esto! ¿No vamos

demasiado a base de decretos, de leyes, de imposiciones, de que tenemos que subir el nivel del catalán en la enseñanza obligando a la gente para que lo odie en lugar de que lo quiera, lo estime y lo quiera hablar? ¿No será que nos estamos equivocando todos? Y les estoy hablando con toda la sinceridad del corazón del mundo. Les está hablando una persona que ha nacido en Cataluña y que ama el catalán, pero a quien le da vergüenza que esta imposición muchas veces esté haciendo un daño terrible. Quisiera advertirles esto. Vayan a la hermosura, convenzan ustedes de lo hermoso que es el catalán. No vayamos a estas imposiciones que nos llevan a tirarnos a la cabeza las sentencias del Tribunal Constitucional, a Joan Martorell o a quien sea.
Creo que éste no es el camino. Creo que nos estamos equivocando. Es una voz que muchas veces clama en el desierto.
Doce años de alcalde me han dado la oportunidad de hablar directamente con mucha gente y sé cómo piensan los mallorquines, señor Frau. Es posible que nadie me escuche y que me digan que soy un iluminado, pero creo que no van por el camino acertado. Es mi humilde opinión.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Cardona en el bien entendido que es para que formule una pregunta o solicite una aclaración a los comparecientes.

El señor CARDONA PRADES: Intervengo para pedir una aclaración, señora presidenta.
Deseo manifestar que ésta es la primera vez que intervengo en el Senado y no sé si mis palabras serán las más adecuadas o las más justas, pero quisiera decir que he tenido la fortuna de cruzar durante muchísimos años cuatro veces al día lo que algunos pretenden sea una frontera, el río Cenia. Vivo en Castellón y trabajo en Tarragona, y jamás he cambiado mi forma de hablar en uno u otro sitio, llámese valenciano, llámese catalán.
Con esto quiero decir que si el Estatuto valenciano dice claramente que su lengua es el «valencià», es evidente que hablamos el valenciano, pero si somos respetuosos con las diferentes sentencias que al respecto se han dictado, estaremos de acuerdo con la unidad de la lengua.
Y termino diciendo que si en este tema, como en tantos otros, hiciéramos menos política y más educación, posiblemente los problemas serían más fáciles de resolver.
Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para cerrar el debate tiene la palabra el señor Porta.

El señor PRESIDENTE DE OMNIUM CULTURAL (Porta i Rabalta): Señorías, muchas gracias por habernos ofrecido la oportunidad de estar hoy aquí. Es la primera vez que lo hacemos y, por tanto, supongo que no hemos seguido exactamente los cánones habituales.
Intervendré dos minutos para decir que el tema de las lenguas es un fenómeno histórico y, entre comillas, algo misterioso en el sentido en que éstas se desarrollan por razones a veces difíciles de determinar, pero donde influye mucho --y quiero insistir en esto-- la política. Los Estados intentaron crear una uniformidad interna sobre la base, entre otras cosas --y algunos dicen que ésta fue la razón de crear las escuelas públicas--, de que todo el mundo conociera una lengua uniforme y unitaria. Así pues, éstas han estado siempre influidas por la política.
Lo que ahora pedimos es que el Estado se sienta en este sentido responsable de promocionar la diversidad lingüística interna tras muchos años de haber intentado implantar una uniformidad lingüística que no viene sólo del franquismo, sino de mucho antes. Nuestra idea es que el Estado reconozca la diversidad lingüística, no como algo que hay que sufrir, sino como algo a promocionar, y entiendan que las políticas lingüísticas son absolutamente necesarias. Hoy día se produce el problema de la globalización y del mercado en todo intercambio de productos, y también de los culturales, respecto del que todos los Estados adoptan medidas para protegerse, desde Puerto Rico, declarando el castellano como su lengua oficial única porque el inglés estaba ganando terreno, hasta Estados Unidos, que siendo el país con la lengua más poderosa del mundo, ha decidido declarar el inglés lengua oficial en más de 20 Estados frente a los hispanos, que les estaban invadiendo, o en Francia, donde se adoptan medidas de protección lingüística, y también en España. Lo que queremos es que, cuando se refieren a España no lo hagan sólo a la lengua castellana, sino también a las que se hablan en su interior.
En este sentido va nuestra propuesta y nuestro informe sobre la aplicación del acuerdo del Consejo de Europa. Las medidas que hasta ahora se han adoptado son absolutamente insuficientes para continuar lo que en definitiva España suscribió el año 2001 y tras nueve años de permanecer en «stand by».
Muchas gracias a todos. Espero que podamos continuar hablando de estos temas en otra ocasión.

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Climent.

El señor SECRETARIO GENERAL DE ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA, ACPV (Climent i Corberà): Seré muy breve, señora presidenta, pues es tarde.
Al senador belga quisiera decirle... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Senador Van-Halen, señor Climent.

El señor SECRETARIO GENERAL DE ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA, ACPV (Climent i Corberà): Quisiera decir a su señoría que con el nerviosismo he confundido el Sol y la Tierra cuando hablaba de Galileo. En todo caso se trata de una anécdota, pues lo importante fue la actitud inquisitorial de la Iglesia, que es lo que quería traer a colación y no hablar del Sol o de la Tierra o de teorías científicas.
Por otra parte, y a petición del señor Chiquillo, retiro lo de «blaverisme»; dejémoslo en secesionismo. Pero he

nombrado a Casp para hacerle un pequeño homenaje. Casp me hizo lo que soy. Después tomó otro camino, y en un artículo que apareció la última vez que se publicó el diario «Jornada» figura la siguiente frase --y sería curioso que fueras a la hemeroteca, Chiquillo--: «Me engañaron y engañé.» Sin duda yo soy uno de los engañados, pero he continuado con este engaño porque creo que es la verdad. Retiro, pues, lo de blaverismo y lo dejamos en secesionismo.
En cuanto al Estatuto, tú sabes, Chiquillo, qué ocurrió en aquel momento.
No es casual que los tanques de Milán del Bosch estuvieran en Valencia.
Pero aquí entraríamos en otro tema que...

La señora PRESIDENTA: Por favor, señor Climent, no vaya usted por ahí.

El señor SECRETARIO GENERAL DE ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA, ACPV (Climent i Corberà): No se preocupe, señora presidenta. Digo precisamente que no quiero entrar en ese tema y que yo le conocía. Yo trabajaba con Broseta y con Abril Martorell y, por tanto, no me contéis lo que pasó en aquel momento. Dejémoslo como un pacto que fue.
He dicho que cuando se redactó y se puso valenciano, ello se concibió como punto de encuentro entre quienes querían una mención clara a la unidad del catalán y los que abogaban por el valenciano. Incluso ahora la Academia Valenciana de la Lengua no se llama academia de la lengua valenciana, sino, como digo, Academia Valenciana. Otro pacto en el mismo sentido.
Por último, y ya que se está hablando del catalán en Europa nosotros querríamos que el catalán llegase a Europa, y decir catalán para nosotros es también decir valenciano, Chiquillo.
Quisiera darles las gracias a todos por habernos atendido, y a ti, Chiquillo, quiero decirte que espero que podamos trabajar juntos por que esa lengua, que en definitiva tú hablas en tu pueblo y yo en el mío, esa lengua, y llámale como quieras, no desaparezca porque tu Gobierno, y tú lo sabes, no está haciendo lo suficiente en este tema.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Climent.
Tiene la palabra el señor Frau.

El señor PRESIDENTE DE LA OBRA CULTURAL BALEAR, OCB (Frau i Gaià): Con la venia, señora presidenta.
Muchas gracias por la oportunidad que se nos ha dado de hablar en nombre de la lengua de nuestros territorios. En nombre de la Obra Cultural Balear me ofrezco de cara al futuro para todo cuanto signifique un progreso eficiente y efectivo de la lengua en nuestro territorio.
Esperamos que esto haya servido para dar pasos en esta dirección.
Contestaré al senador Fageda, aunque ya se ha ido. El fue alcalde de mi ciudad durante 12 años y por ello sé que él no decía en público lo que ha dicho hoy aquí. Si se cuestiona la denominación de la lengua que establece el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, se estará cuestionando también la voluntad democrática del pueblo. (El señor Chiquillo Barber: En el caso de Valencia no vale.) No quiero polemizar con usted, senador Chiquillo. Yo hablo por el tema que me toca. De cualquier forma insistiré... (El señor Chiquillo Barber:
Imagínese que no estoy.) Insisto en que no quiero polemizar. El que se dé un nombre a una cosa no la convierte necesariamente en algo diferente a otra.
El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears es la muestra democrática de la voluntad del pueblo de las Illes Balears. Parece que esto ha sido cuestionado y ello no tiene ningún sentido. El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears dice que la lengua oficial en el territorio es la lengua catalana. Este es el nombre que se le da y aparece en multitud de leyes sectoriales hasta el momento presente. Esto no ha sufrido ninguna alteración aunque en las Illes Balears ha gobernado siempre, excepto durante un paréntesis de cuatro años, el Partido Popular, que nunca ha cuestionado esta denominación, como tampoco lo ha hecho del valor científico de las ormas que se conocen universalmente como Normas de Castelló y que ilustran, imparten y de las que hace pedagogía la Universidad de las Illes Balears.
Para terminar, y hablando de pedagogía, creo que era el senador Bofill quien decía que eso es precisamente lo que falta: pedagogía. ¿Por qué los niños de Madrid, Sevilla o Segovia no han de estudiar catalán? ¿Por qué no han de saber catalán? ¿Es que ésta no es también una lengua española? Insisto, hace falta pedagogía. ¿Por qué no se ha de conocer la realidad lingüística de todo el Estado en todos sus rincones? Y ésta es la conclusión que quiero asentar hoy aquí: que el Estado se implique en la defensa de aquello que es suyo, y que son todas sus lenguas.
Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Antes de dar por finalizada la sesión quisiera agradecer a los señores Porta, Climent y Frau en nombre de toda la comisión su presencia en esta Casa, que espero que a partir de hoy consideren suya. Supongo que, como ya habrán aprendido cómo es el debate, la próxima vez saldrá mejor. Sí les puedo asegurar que, como decía alguna portavoz, nos vamos a leer con detenimiento todo lo que ustedes nos han dicho y además todo lo que han dejado aquí.
Ahora ya hablando en nombre propio, he de decirles que a esta senadora, cordobesa, le hubiera encantado poder hablar en la hermosa lengua balear-valenciana-catalana, que yo aprendí a amar y mucho, se lo aseguro, en mi niñez y juventud porque fue también lengua mía durante muchos años, pero precisamente por amarla mucho no me atrevo a hablarla delante de ustedes. Por eso me expreso en la mía materna.
Nada más y muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y treinta y cinco minutos.