CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2005 VIII Legislatura Comisiones. Núm. 110 COMISIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JORDI GUILLOT MIRAVET celebrada el jueves, 24 de febrero de 2005

ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias:


--A petición del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, del asesor jurídico de entidades aseguradoras y empresas de seguridad informática, don Carlos Sánchez Almeida, para exponer los contenidos que, a su juicio, debería incluir el nuevo Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa. (Número de expediente 715/000025).


--A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, del Consejero Delegado de Antena 3 Televisión, S. A., don Maurizio Carlotti, para informar en relación con los nuevos cambios en el sector audiovisual español. (Número de expediente 715/000030).


Se abre la sesión a las diez horas y treinta y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores senadores, buenos días.
Vamos a iniciar ya la reunión de la comisión.


--COMPARECENCIA, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, DEL ASESOR JURÍDICO DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y EMPRESAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, DON CARLOS SÁNCHEZ ALMEIDA, PARA EXPONER LOS CONTENIDOS QUE, A SU JUICIO, DEBERÍA INCLUIR EL NUEVO PLAN PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE CONVERGENCIA CON EUROPA (715/000025).

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día, comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, del asesor jurídico de entidades aseguradoras y empresas de seguridad informática, don Carlos Sánchez Almeida -no es la primera vez que asiste a esta comisión y le doy la bienvenida- y en esta ocasión lo hace a fin de dar su opinión como especialista jurídico sobre todas aquellas cuestiones que afectan al posible plan para el desarrollo de la sociedad de la información y de convergencia con Europa.
Tiene la palabra el señor Sánchez Almeida.

El señor SÁNCHEZ ALMEIDA (Asesor jurídico de entidades aseguradoras y empresas de seguridad informática): Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Ante todo, permítanme agradecer su amable invitación. Quisiera aportar a los trabajos de esta comisión mis reflexiones desde el ámbito de los ciberderechos, que es una materia en la que llevo trabajando algunos años, desde los ya lejanos tiempos de Fronteras Electrónicas, una organización pionera en España en el ámbito de defensa de los derechos fundamentales en Internet, con la que en su momento tuve ocasión de colaborar, y, desde luego, debo agradecer la hospitalidad de esta Casa por cuanto que ya en 1998 se recibió al entonces presidente de Fronteras Electrónicas, don David Casacuberta, y posteriormente en el 2001 comparecimos también en esta Cámara tanto Javier Maestre, abogado, mi compañero de despacho, como yo mismo en el debate sobre la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información; y, desde luego, quiero agradecer también al Senado su actividad incansable en la defensa de las libertades en Internet. Evidentemente, es larga y fecunda la experiencia de esta Casa, que incluso en su momento tuvo plasmación en la Declaración de Derechos de Internet efectuada por el Senado, y es justo reconocer su labor.
También quiero decirles que me acompañan hoy dos personas que tienen una actividad incesante en el terreno de las ideas en Internet, Enrique Dans y José Cervera, quienes mantienen una presencia constante en el terreno de la blogosfera en los debates que se realizan en el ciberespacio, y he pensado que, dado que íbamos a hablar de ciberderechos, era aconsejable que viniesen.
Entrando en materia y fundamentalmente en los contenidos que a mi juicio debería incluir el plan de desarrollo de la sociedad de la información y de convergencia con Europa, dada mi experiencia, obviamente, me voy a centrar en el ámbito de los ciberderechos.
Pero antes de ello quería compartir con ustedes una reflexión sobre los condicionantes del Derecho, de las leyes, en el mundo real y en el ciberespacio, y esta reflexión viene a raíz de una carta al director que tuve la ocasión de leer el pasado día 17 de febrero en un periódico de ámbito nacional, que me movió a una profunda reflexión. Era una persona que, a raíz de un accidente de tráfico había quedado discapacitada, e iba haciendo unas afirmaciones que, como verán ustedes, salvando las distancias, van a ser muy ilustrativas acerca de cómo debería legislarse el ciberespacio.
Decía esta persona que tras su paraplejía pasaba a ser una ciudadana de segunda, que ya no tenía los mismos derechos. Decía que ya no podía entrar en la mayoría de edificios públicos o privados, que no podía coger el autobús que unía su pueblo con la capital de provincia, que le quedaban vetados infinidad de cines y teatros y al final llegaba a una conclusión, que es la que más mueve a la reflexión. Decía esta persona que los derechos no se escriben en papeles, en constituciones, hay que escribirlos en las calles, en los edificios, en la cabeza de cada ciudadano.
¿Por qué hago esta reflexión? Porque, de la misma forma que en el mundo real existen unas barreras arquitectónicas, una arquitectura que condiciona el ejercicio de los derechos --el hecho de que exista un muro muchas veces impide una libertad que está contemplada en las leyes--, de la misma forma en Internet se están construyendo, al margen del legislador, barreras arquitectónicas en el ciberespacio que también están condicionando el ejercicio efectivo de los derechos.
Por eso, quiero reflexionar sobre un fenómeno sobre el que el Senado ya ha trabajado en profundidad y es por ello que quiero mostrar también un agradecimiento público al Senado por su actividad en el terreno de las patentes de software.
¿Por qué digo todo esto? Porque la arquitectura del ciberespacio, el código informático en el que está construido el ciberespacio es un condicionante determinante para el ejercicio de los derechos en Internet y, sin embargo, ese código informático en muchas ocasiones, a pesar de lo que fue la Internet de los inicios, donde todo se conocía, todos los que habían diseñado aquella Internet compartían su información, compartían el código, compartían las características de esos programas, sabían lo que hacían esos programas, hoy en día nos estamos encontrando con que cada vez más las empresas que venden software del que son propietarias están cambiando la estructura de Internet, están cambiando la arquitectura de Internet, condicionando los derechos de los ciudadanos.
Y el gran problema es que estas nuevas normas --porque son normas, no lo olvidemos--, este código del ciberespacio

no es debatido en el Parlamento, no está controlado desde el poder público, a diferencia de las leyes. En una sociedad libre lo fundamental es que las leyes puedan ser escudriñadas por los representantes del pueblo en el Parlamento y que luego estas leyes se sometan a debate público en la sociedad, pero para eso se tienen que leer. El problema sobre el código del software propietario es que no sabemos qué hacen esos programas.
Por ello, el primer paso que entiendo que hay que dar en el terreno del ciberderecho, en el terreno de los contenidos para este desarrollo de la sociedad de la información es acabar con estas barreras arquitectónicas, impedir que se vaya ocultando a los ciudadanos qué es lo que hacen los programas. Hay que hacer posible que los ciudadanos conozcan cuando están haciendo uso de una web qué software está controlando esa página, a fin de que su privacidad, su libertad de expresión, sus derechos fundamentales no estén condicionados, es decir, para saber que no se les está espiando indebidamente. Y para eso es necesario que el software sea de código abierto.
Por ello, entiendo que el primer paso que debe darse es el de no permitir los códigos secretos en Internet, dando un impulso decisivo al software libre por parte del poder público. Hay que desechar la neutralidad tecnológica. Entiendo que no puede haber neutralidad en materia de derechos de los ciudadanos. El Estado no puede ser neutral en aquello que afecta a todos nuestros derechos. Y, desde luego, hay que evitar cualquier tipo de patente de software --insisto en este punto en mis felicitaciones al Senado-- y, en lo que se refiere al software libre, hay que seguir en el camino ya iniciado de forma muy fecunda por muchas administraciones autonómicas --por supuesto, en primer lugar, hay que citar el ejemplo de Extremadura--, con independencia del partido que las gobierna. Por tanto, hay que decir que se está dando un impulso decisivo al software libre en la Administración. Por ejemplo, conozco el caso catalán y la Secretaría de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información está implantando en sus máquinas software libre.
Por tanto, creo que desde el poder público se debería estimular este aspecto. Y quizás habría que pensar que, en vez de tantas distribuciones autonómicas, habría que hacer una distribución nacional de software libre, con el concurso de las empresas que participen en el desarrollo de ese software y la posibilidad de que se traduzca a todos los idiomas del Estado español. Y ésta puede ser una punta de lanza fundamental en el desarrollo de la sociedad de la información.
Hay que evitar duplicar esfuerzos. Quizás sería preferible aunarlos en un proyecto común y no dejar que esté todo en manos de las multinacionales, de modo que las empresas que quieran colaborar en ese proyecto participen, teniendo en cuenta además el impulso que en este terreno están dando las universidades.
Respecto a otros derechos sobre los que se está debatiendo y sobre los que se produce una fricción diaria en Internet, cabría destacar el derecho a la cultura, el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión.
En cuanto al derecho a la cultura, debo insistir --y éste es el leitmotiv de esta comparecencia-- en que hay que remover barreras innecesarias y hay que potenciar el derecho a la cultura a través de Internet. Y la primera forma de potenciar ese derecho no puede ser otra que acabar con la brecha digital, con los inconvenientes referentes al acceso, y potenciar la sociedad de la información, sobre todo en el ámbito educativo.
Hay un eslogan cuyo desarrollo creo que sería fundamental. Es algo que debe ser sometido a reflexión por parte de sus señorías, se debería hablar seriamente con el Ministerio de Cultura y con el de Educación porque hay que llegar a todas las escuelas de España, a todas las bibliotecas públicas, a todos los institutos. La sociedad de la información tiene que llegar de una manera efectiva, pero solo veo una manera. Al margen de la banda ancha, tiene que haber una red inalámbrica en cada escuela, en cada biblioteca, en cada instituto. Tiene que haber un PDA, un ordenador personal para cada profesor. No hablo de ordenadores portátiles porque creo que es fundamental que sea una aparato económico, un aparato que pueda estar en todas partes, para que quien esté estudiando pueda ver el ejemplo del profesor, hay que desterrar de una vez por todas las libretas de anillas de las escuelas y que, en vez de que nuestros adolescentes lleguen a la sociedad de la información a través de las consolas y de los teléfonos móviles, lo hagan a través del PDA de su profesor, insisto, que los jóvenes puedan ver el ejemplo de su profesor. Creo que este es un aspecto que debe incentivarse.
En segundo lugar, en lo que se refiere al derecho a la cultura, existe en estos momentos un debate muy profundo en el seno de Internet que está viviendo una auténtica revolución en cuanto a los derechos de autor en la medida en que todo ciudadano es ya un editor en potencia; ya la galaxia Gutenberg está acabando; ya no existe el control absoluto sobre los contenidos por parte de los editores; cada ciudadano es un editor. Es un fenómeno que en España se está objetivando en el ámbito de lo que se ha denominado la blogofera; es un debate permanente de ciudadanos.
Las grandes ideas, las ideologías ya no se cuajan en una biblioteca del Museo Británico, donde un señor estudia la Historia y analiza todas las ideologías, sino que es un debate permanente de todos los ciudadanos en un biblioteca inmensa, universal llamada Internet.
A partir de ahí, de lo que está ocurriendo, debe analizarse cómo están cambiando los derechos de autor en la realidad porque, de la misma forma que está cambiando la realidad, debemos llevar a las leyes esas nuevas relaciones jurídicas.
En lo que se refiere a derechos de autor, seguramente en esta misma legislatura el Senado tendrá la oportunidad de examinar una nueva ley de propiedad intelectual; esta ley de propiedad intelectual no se puede confeccionar pensando en la galaxia McLuhan, ni en la galaxia Gutenberg.
Hay que pensar ya en la galaxia Internet, hay que ver qué está ocurriendo en Internet y estas relaciones jurídicas que se producen en ese ámbito deben recogerse también en la ley de propiedad intelectual. Y lo que es fundamental hoy en día en Internet es el concepto de procomún, el concepto de «copyleft», el concepto de compartir la autoría, el conocimiento, licencias libres. El copyright restrictivo se

está quedando obsoleto en Internet, y es precisamente la unión de diferentes mentes, de diferentes autores lo que está produciendo nuevas expresiones, y todo ello debe tener un tratamiento en la ley de propiedad intelectual que respalde a estos autores y no solamente a aquellos que están hoy en día en manos de multinacionales.
Quiero hablarles hoy de una experiencia que hemos tenido en España, la traducción de las licencias «Creative Commons», pensadas precisamente para compartir el conocimiento y que fueron desarrolladas por un grupo de intelectuales y juristas americanos. El proceso seguido en España ha sido liderado por la Universidad de Barcelona, y lo que hemos tenido que hacer es cogerlas y adaptarlas a la legislación española, para que, de esta forma, los usuarios españoles que quisieran acogerse a licencias libres tuvieran una herramienta legal para hacerlo.
Ha habido un trabajo fundamental de dos personas, en primer lugar, de Ignasi Labastida, quien decidió dentro de la Universidad de Barcelona aquellos contenidos que los profesores quisieran poner a disposición de los alumnos, de cualquier persona en Internet, pudiesen estar disponibles en la red y con una licencia que garantizase unos derechos de autor en condiciones.
En segundo lugar, mi colaborador, Javier Maestre, quien ha tenido un trabajo fundamental en lo que fue la ponencia para traducir las licencias y sobre todo para adaptarlas a la legislación española. Después ha habido un grupo de internautas que han ofrecido también su colaboración desinteresada y entre todos se han corregido estas licencias y finalmente las tenemos colgadas en la red.
También hay que destacar un apoyo que se produce a nivel público, la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información está ya licenciando contenidos con estas licencias, se están traduciendo libros al catalán y al castellano bajo estas licencias, y lo que hoy pido es que ,aunque quizás estas licencias «Creative Commons» sean un paso adelante, tenemos que ir más allá en cuanto, como ya les he comentado, a los problemas para adaptarlo al Derecho español, tenemos que huir del Derecho americano, de la «Common Law»; tenemos que adaptarlo al Derecho europeo, conseguir una plasmación en el Derecho positivo con arreglo a los criterios de la legislación europea, y todo ello debe incluirse en la ley de propiedad intelectual.
Con respecto a la ley de propiedad intelectual, debo insistir en que tiene que haber un apoyo decisivo a los autores; debe erradicarse la piratería pero, al mismo tiempo, no debe criminalizarse sistemáticamente al usuario de Internet, todo lo contrario, debe incentivarse el uso compartido de recursos intelectuales.
Y quiero insistir en un punto que destaca incluso la Constitución europea, que hemos tenido que votar el pasado domingo, y en cuyo artículo 280 textualmente se dice que se promocionarán los intercambios culturales no comerciales. Estos intercambios culturales no comerciales se están produciendo a diario en Internet y hay una ofensiva de la industria intentando criminalizar este tipo de intercambios. Estos intercambios no son delictivos en la medida en que no están presididos por el ánimo de lucro, y, es más, están hasta reconocidos indirectamente por la Constitución europea. Es un valor de Internet que no se debe perseguir sino todo lo contrario, hay que potenciarlo. Quizás, sobre esta ley debe haber una reflexión muy profunda, debe invitarse a todos los actores de la sociedad de la información, no únicamente a las entidades de gestión porque, precisamente, debemos avanzar en que éstas sean cada vez más transparentes, que haya más control público sobre sus fondos y actividades, y que realmente la ley de propiedad intelectual esté hecha girando en torno al autor. Lo que tiene que protegerse fundamentalmente es no tanto las entidades de gestión como los derechos de los autores.
En este diálogo habrá que discutir el canon de copia privada, para lo que en este momento se ha producido un acuerdo entre las entidades y los fabricantes, al margen del Parlamento. Esto es algo que debe analizarse por el Parlamento porque es este en todo caso el que tiene fijar impuestos y establecer en las leyes cómo se retribuye a los autores. No pueden ser las empresas privadas las que impongan su ley.
Quiero entrar en otro punto que también fue objeto de debate en su día en el Senado y animarles a legislar sobre ello. Se trata de la privacidad del correo electrónico, fundamentalmente de los trabajadores, que continuamente nos está obligando a ir a los tribunales. Continuamente están saliendo sentencias en uno y en otro sentido, en algunos casos, incluso, hay procedimientos penales abiertos contra empresarios por espiar el correo de sus trabajadores. Quiero recordar aquí una resolución histórica del Senado del año 2000, en la que se incentivaba al Gobierno a legislar sobre la materia y garantizar los derechos de todos los usuarios de Internet, el derecho a la privacidad, el derecho a un buzón electrónico en el trabajo, el derecho a utilizar herramientas de cifrado.
Hubo un debate muy interesante en el Senado con dos propuestas de los senadores Laborda y Cámara y, posteriormente, un acuerdo por unanimidad de todos los grupos parlamentarios incentivando al Gobierno a desarrollar este asunto.
Insisto en que es necesaria una reforma del Estatuto de los Trabajadores.
Esto ya ha sido reivindicado, incluso por los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, y tiene que hacerse cuanto antes por la sencilla razón de que no podemos dejar que cada dos por tres haya pleitos por este asunto que se resuelvan de formas distintas, y después cada trabajador tenga que buscar una solución a su problemática particular. Es necesario definirlo claramente, de la misma forma que no se puede pinchar un teléfono, no se puede pinchar el correo electrónico. La protección penal de las comunicaciones es la misma en el artículo 197 del Código Penal y se tiene que trasladar al Estatuto de los Trabajadores.
Otro aspecto sobre el que reflexionar y que no está previsto en la Ley General de Telecomunicaciones es el impulso a la exigencia de un mínimo de calidad a las operadoras de telecomunicaciones en lo que se refiere a la seguridad. En este momento un ciudadano se conecta a Internet sin antivirus y sin cortafuegos, tiene que comprárselo por su cuenta. En cualquier contrato que se firme con una operadora debería exigirse que esto ya esté garantizado, por lo menos, las herramientas mínimas de primeros auxilios para evitar que se vulnere la privacidad de los ciudadanos.


Entre los puntos sobre los que reflexionar, uno podría ser cuál es el papel de la Agencia de Protección de Datos, que quizá no debe ser tanto una agencia sancionadora, aunque tenga que continuar, obviamente, en esa labor de persecución de los que no cumplan con la Ley de Protección de Datos, como también un vehículo para plantear campañas más activas de concienciación de los ciudadanos sobre cuáles son sus derechos y cómo protegerlos. Por ejemplo, cómo proteger a los ciudadanos del uso cruzado de bases de datos o cómo evitar desajustes en la armonización de leyes.
Tenemos una normativa europea muy seria de protección de datos y, sin embargo, cuando viajamos a Estados Unidos nos encontramos con que todas las compañías de vuelo estadounidenses recopilan datos de los ciudadanos españoles que viajan, y no sabemos qué tratamientos se les da por cuanto la legislación de esta materia en Estados Unidos es mucho más laxa.
Quiero llegar a la libertad de expresión en Internet, y vuelvo insistir con el «leitmotiv» de esta intervención: no a barreras artificiales. Las mismas normas que rigen en el mundo real, deben regir en Internet. Y quiero insistir en que los medios de comunicación en Internet deben batirse con los medios tradicionales, televisiones, radios, periódicos, con igualdad de armas, igualdad de financiación pública, igualdad de leyes. No a las leyes especiales para Internet. La otra vez que estuve en el Senado vine a solicitar que no saliese adelante una ley porque había un grupo de internautas que considerábamos que era restrictiva para los derechos de los ciudadanos del ciberespacio, pero no sólo del ciberespacio, sino para los derechos de todos los ciudadanos porque estamos hablando de un mismo mundo. Muchas veces hablamos de la sociedad de la información como si fuese algo alejado de nuestra realidad cotidiana, y es algo que está cada día en todo lo que hacemos. Todas las leyes deben regir en todos los mundos, en el de Internet y en el real y de la misma forma. Por ello, entendía entonces y entiendo ahora que la LSSI era un error de concepto, no tanto por sus contenidos puesto que algunos deben mantenerse y, en todo caso, traspasarse a otras leyes, salvando lo que se pueda aprovechar de esta ley en materia de defensa de consumidores, pero en otros aspectos, por ejemplo, en la responsabilidad, sería preferible llevarlo a las leyes que regulan la responsabilidad, sea Código Civil o sea Código Penal. Es absurdo que exista una situación distinta para el editor digital y para el editor en el mundo real porque, como decía el otro día una senadora, pueden darse situaciones en las que no sepamos realmente si tenemos o no seguridad jurídica. Esto solamente se puede conseguir equiparando el mundo físico y el mundo digital. Desde luego, el camino a seguir es ya no tanto la modificación de la LSSI para proteger la propiedad intelectual, que es de lo que se ha estado hablando últimamente, que pienso que es un camino erróneo, sino hacer una reflexión de conjunto sobre toda la normativa que debe aplicarse a Internet. Y esta normativa debe hacerse de forma sectorial, por un lado Código de Comercio, por otro, Código Civil, y respecto a la responsabilidad lo que ya he indicado.
No debemos olvidar que la libertad de expresión es la esencia de Internet. Les he dicho antes que en estos momentos se está produciendo un proceso de ebullición de ideas. Quiero incentivar a los senadores a que presten atención al fenómeno emergente de la blogosfera, que es un control permanente del poder económico, del poder político y también del poder mediático. Desde la globoesfera hoy en día los medios de comunicación ya no tienen la patente de corso que tenían a la hora de analizar el poder económico y el poder político. Ahora la blogosfera Internet, está analizando también al poder mediático que hay detrás, y es bueno que todo esto esté sometido a control porque siempre el control del poder se traduce a la larga en más democracia y en más libertad.
Insisto en la idea inicial de acabar con las barreras arquitectónicas en Internet. Estamos viviendo un cambio de paradigma, cada vez se va más a una democracia controlada desde abajo. Creo que es algo fundamental que los representantes populares, el Parlamento, en todo momento sepan y puedan decidir porque, en definitiva, ustedes son los que tienen siempre la última palabra porque para eso se la han dado los ciudadanos, porque es una cuestión de soberanía. Cuando se está legislando desde el Parlamento, legisla todo el pueblo. Sin embargo, cuando en Internet alguien desarrolla un programa en el que no sabemos lo que hay dentro, lo está haciendo una empresa privada. Está poniendo restricciones a los derechos fundamentales y está cuestionando nuestra soberanía. Insisto, en que es una cuestión de soberanía, del poder en manos de quien tienen que tenerlo. El único legitimado para ejercer el poder en última instancia es el pueblo a través de sus representantes. No al control de Internet por empresas privadas, sí al control de Internet por parte del Estado en la medida en que el Estado representa a todos los ciudadanos.
Otro asunto que hemos visto esta semana con las elecciones europeas es el del voto electrónico, en la medida en que es una nueva forma de ejercer la democracia. A la vista de la experiencia nos deberíamos plantear no tanto cómo ejercer el voto electrónico, sino garantizar la participación y deliberación de los ciudadanos, que las opiniones de los ciudadanos en ebullición permanente en Internet puedan interactuar. En este sentido, debo agradecer al Senado su página en Internet porque realmente da lugar a la participación ciudadana, desde siempre el Senado en este sentido ha sido pionero. Pienso que debería insistirse más en ese camino, es decir, en crear el caldo de cultivo necesario para llegar posteriormente a la implantación de la democracia digital, antes de meternos en experiencias de voto electrónico, que de no haber una respuesta popular se traducen en la abstención, lo que siempre es malo para la democracia.
Sólo me queda decirles que quedo a su disposición para que formulen las preguntas que tengan a bien.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez Almeida.
Le informo de que esta comisión tiene el compromiso de poner en marcha el foro electrónico, lo que llevaremos adelante en breve.


Señorías, abrimos el turno de portavoces, rogándole a la vicepresidenta de la comisión que ocupe la Presidencia, para que yo pueda intervenir.
(Pausa.)
La señora VICEPRESIDENTA (Camacho Vázquez): Como ha dicho el presidente, iniciamos el turno de portavoces.
En primer lugar, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.
Voy a formularle tres preguntas, señor Sánchez Almeida, para que profundice en tres aspectos para mí importantes. En primer lugar, ha dicho usted que está en contra de la neutralidad electrónica, y me gustaría saber el porqué, es decir, si no la ve posible, cree que es un eufemismo retórico, o por cualquier otro motivo.
Por otra parte, quisiera conocer su respuesta ante los problemas que se adjudican al software libre, como la falta de inversión, de continuidad en su desarrollo, etcétera.
Por último, si usted propone derogar la LSSI, quisiera saber cuál sería el marco jurídico alternativo ante esa derogación.
Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Camacho Vázquez): Gracias, señor Guillot.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señora presidenta.
Bienvenido a esta comisión, señor Sánchez Almeida. La que le habla es una simple usuaria y, como he dicho muchas veces, completamente ignorante en temas informáticos y de Internet. Como casi todos, lo utilizo a la fuerza. En mi profesión la informática es obligatoria; estoy en el mundo sanitario, en concreto, en el de los laboratorios clínicos, y todo está conectado por la vía de la informática. Nuestras conexiones con las casas comerciales suelen ser informáticas, y lo mismo ocurre con los clínicos y facultativos. Utilizamos, pues, la informática y las conexiones de Internet permanentemente, en beneficio propio, a través de los distintos foros, tanto desde el punto de vista de la investigación como para la prestación de servicios. A pesar de ello, como digo, me considero una total ignorante en Internet.
El señor Guillot le ha formulado una serie de preguntas que yo también podría haberle hecho. Efectivamente, hay detractores del software libre; es más, yo tengo mis dudas sobre ese tema. De hecho, creo que mis comentarios, hace poco tiempo, en esta comisión llevó a que muchos de los usuarios del ciberespacio criticaran mis palabras. Quizá tengan razón. Es posible que se deba a mi falta de conocimientos en este campo; pero creo que como yo pueden encontrase la mayoría de los usuarios, en este caso de los españoles, o incluso peor. Por ello, me gustaría que fueran ustedes los que nos informaran claramente para evitar que posteriormente la industria nos informe en sentido contrario y hagamos comentarios o tomemos decisiones en el sentido opuesto al que deberíamos.
El panorama que usted ha dibujado respecto de la educación verdaderamente está muy lejos de la realidad. Precisamente anteayer hablábamos del informe PISA, que demuestra que nuestros escolares están muy lejos de los puestos en que nos gustaría figurar, es decir, entre los países más desarrollados, y en concreto entre los de Europa. Nuestros alumnos tienen dificultades de comprensión, en materia de matemáticas, y en un largo etcétera. También es cierto que tenemos un problema, tan importante como éste, o que quizá sea el que lo genere. Me refiero a nuestro profesorado.
Nuestros maestros están cansados, la reforma que se ha hecho ha sido a su costa, se les ha dado poca formación en muchos casos por lo que ellos mismos han tenido que formarse, y además no siempre se les ha dado el suficiente prestigio, que es lo peor. Ciertamente, nuestros maestros están desprestigiados y tienen grandes problemas para desarrollar su labor, que es formar a todos sus alumnos.
Por ello, más que ofrecer ordenadores para todos en el sistema educativo, creo que primero deberíamos intentar que todos entendieran qué es un ordenador, para qué se utiliza y sus formas de uso; de lo contrario pasará lo que ya sucede en algunas escuelas. Por ejemplo, durante el mes de enero estuve dando vueltas por toda mi provincia, Girona, que tampoco está en el extremo del mundo, y me di cuenta de que todos tenían ordenadores, hasta los niños de cinco y seis años, pero su utilización era para llorar. Los niños pequeños sólo los usaban para jugar, pero no en el buen sentido, ya que sencillamente los aporreaban, mientras que el maestro se limitaba a decir que eran muy pequeños. Pues bien, si son muy pequeños, y no pueden hacer nada con los ordenadores, ¿para qué los necesitan? Con esto quiero decir que el mundo del que usted habla todavía está muy lejos de la realidad, aunque nos gustaría alcanzarlo, pero para ello también hace falta dotación económica --que los alumnos dejen de utilizar la libreta de espiral significa un aporte económico--, y eso es complicado.
Y voy a poner el énfasis en la última parte de su intervención, en la que usted ha hablado de la libertad de expresión, con la que estoy plenamente de acuerdo. Por ella hemos luchado durante muchos años en este país, e incluso algunos se han dejado la sangre y han entrado en prisión. Pero también hay que luchar contra otra gran lacra: el libelo, la difamación.
Y es que en estos momentos podríamos decir: Difama, que algo queda. Por desgracia, en nuestros medios audiovisuales es muy fácil difamar, y cuando la persona difamada, ejerciendo su derecho de libertad, acude a los tribunales y éstos le dan la razón, la noticia se publica en la última parte del periódico, a veces en un lugar incluso difícil de encontrar. Creo que ése es uno de los grandes problemas que existen en los medios audiovisuales en la actualidad, y me gustaría que no se produjese en Internet; le haríamos un flaco favor a la libertad si cualquiera pudiese difamar a los demás.
Ésa es la responsabilidad que pedimos a los medios, pero también --estoy de acuerdo con usted-- la que se

debe pedir a los parlamentos, con el fin de que la legislación haga responsables a todos los usuarios de sus acciones y palabras y respondan ante las personas que puedan maltratar.
Por otro lado, uno de los aspectos que deberíamos legislar con la ayuda de ustedes es el control de los programas. No sé si podremos evitar que haya programas elaborados por casas comerciales y cerrados, pero como mínimo debería ocurrir lo mismo que en la industria farmacéutica, es decir, el ministerio debería conocer su contenido y además tendría que estar registrado. Y creo que todos apoyamos esa idea. No sé si es conveniente o no que haya programas cerrados pero, repito, alguien debería saber su contenido y, en su caso, cómo luchar contra él. Al igual que los medicamentos producen efectos secundarios y adversos, y eso se especifica y se sabe, en el mundo de la informática los programas deberían pasar exactamente el mismo control, no por cualquiera, pero sí por alguien que lo supiera hacer.
Sólo me queda desearle que comparezca más a menudo ante esta comisión para informarnos sobre todos estos temas. En cualquier caso, posteriormente le solicitaré más información, con el fin de que cuando legislemos sobre esta materia lo hagamos con toda la información necesaria.
Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Camacho Vázquez): Gracias, señor Aleixandre.):
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Salvador García.

El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, también nosotros le damos la bienvenida a esta comisión, agradeciéndole su comparecencia, que en mi opinión es sumamente importante. He echado un vistazo a los «Diarios de Sesiones» de la pasada legislatura para conocer las aportaciones que hizo entonces y, efectivamente, he comprobado que en muchas ocasiones la gente ha aportado sólo su visión sobre este tema, pero no ha hecho propuestas concretas al respecto.
Pienso que prácticamente todos nosotros podemos compartir gran parte de lo que usted ha dicho. Precisamente el sentido de estas comparecencias es recabar información para la nueva elaboración del plan de la sociedad de la información, que debe entrar en vigor en 2006. Y en esta ocasión se debe realizar en colaboración con las personas que día a día trabajan de lleno en este campo, las cuales antes quizá podían aportar sólo su opinión como profesionales, mientras que ahora tienen la oportunidad de que sus aportaciones formen parte de la propuesta final.
Creo que ha puesto el dedo en la llaga en todos los aspectos de importancia en estos momentos. Ha hablado de la libertad y de la seguridad y del problema de las muchas barreras que en este momento las dificultan, precisamente cuando se está empezando a marcar la norma quizá más definitiva porque hasta ahora no creo que haya existido el consenso social necesario para mirar este mundo como algo más cercano. Me da la impresión de que la gente tiene la sensación de estar cohabitando en dos mundos distintos entre los que al final la única diferencia que existe es la virtual, pero solamente en la mente de la gente. Y es que una de las cosas que no comprendemos los que estamos en este terreno es que la gente habla de sanidad, de educación, de cualquier política, pero en el momento en que habla de sociedad del conocimiento sólo habla de Internet y de accesibilidad; pero la sociedad del conocimiento tiene que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías a cada una de las políticas tradicionales y es ese valor añadido el que da a la sociedad del conocimiento la capacidad para trabajar en conceptos de nueva economía y, por lo tanto, de riqueza. Ese concepto todavía no está incorporado en nuestra mente de políticos colectivamente y hasta que no acabemos con esa diferencia se producirán errores o disfunciones como los que usted ha señalado en otras ocasiones en relación con tener legislaciones distintas dependiendo del ámbito sobre el que se esté trabajando, cuando al final estamos hablando de cosas que afectan a la vida de los ciudadanos y que, por tanto, tienen que ser comunes.
Como ejemplo voy a poner sus propuestas sensatas, adecuadas y acertadas en relación con la cultura y las escuelas: en cuanto a lo que significaría poner una red inalámbrica en cada escuela, yo no vería ningún problema ni creo que nadie lo entendiera así, y en cuanto a darle un PDA a cada profesor, si viene desde la Administración tampoco me parece problema. Pero al final de lo que estamos hablando es de un proceso de gestión del cambio que no afecta a una empresa, que afecta a un país, que afecta a toda una ciudadanía, y todo el mundo que haya estudiado un poco la gestión del cambio sabe que tiene que existir un consenso mayoritario sobre si hay que cambiar o no, hacia dónde hay que ir y es verdad que también tiene que haber un liderazgo que haga que eso pueda ser posible. En esa medida, tomo nota de sus propuestas pidiéndonos más liderazgo para intentar que el cambio sea posible, pero debemos ser conscientes --con todo el respeto a mis compañeros de comisión, muchas personas cuando se presentan se definen como usuarios incipientes en este terreno-- de que el problema no está tanto en el alumnado, el problema lo veo en el reciclaje del profesorado --como ha dicho también la compareciente de Convergència i Unió-- y ésa es una resistencia que no es baladí. Hay algunas comunidades que están trabajando en ello, por ejemplo, yo vengo de la comunidad andaluza y allí sí se ha intentado en esta última ocasión ligar las políticas con las nuevas tecnologías e intentar hacer propuestas donde se incorpore como un elemento determinante no la formación a los usuarios y a los alumnos simplemente, sino a las personas encargadas de estar en el nivel superior y, por tanto, de dar el ejemplo que usted estaba pidiendo. Yo creo que éste es el camino correcto absolutamente.
En relación con la autorregulación de Internet en cierta medida con la democratización desde abajo, mi experiencia es que solamente se regulan desde abajo aquellas cosas a las que no se les dan o no se les ponen medidas desde arriba, con lo que al final la gente sale a la calle, se autoorganiza, porque no ha habido una respuesta pública. Para que vea el compromiso de este parlamentario --esto, evidentemente, no es autopromoción, pero se lo cuento porque

lo presenté en el Senado recientemente--, yo presenté una oficina virtual de atención al ciudadano que incorporaba la capacidad de que un parlamentario pueda atender desde un buzón de quejas las propuestas, sugerencias, etcétera; seis ventanillas de participación con una carta de compromisos para regular precisamente que un parlamentario pueda ser completamente accesible y próximo a cualquier ciudadano, de forma que a través de nosotros pueda canalizar sus propuestas y sus peticiones y que no vote solamente cada cuatro años, sino que esté participando activamente en el control de la democracia y en los propios planteamientos que nosotros podamos trasladar. Con esto le quiero decir que no solamente estoy convencido, sino que intentamos empujar en ese camino que yo creo que es el correcto.
He intentado que esta pequeña intervención sea una reflexión colectiva, pero he de decirle que en este momento en el Senado uno de los grupos de trabajo que hemos creado tiene que ver con la revisión del marco legislativo. Por lo tanto, todas las propuestas que usted ha hecho en relación con la LSSI y con la regulación del marco legislativo las incorporaremos al debate interno dentro de la comisión para, a partir de ahí, poder presentar nuestras propuestas.
Simplemente le quiero hacer una pregunta que puede parecer compleja porque, probablemente, en el enunciado esté la respuesta: ¿qué considera que se debería hacer para que se rompiera definitivamente no la barrera interna dentro de la utilización de Internet o las barreras que imposibilitan los derechos o la libertad de opinión o de expresión, sino para romper definitivamente la barrera que hay en la ciudadanía para pasar de moverse en parámetros de la antigua económica a moverse en parámetros de sociedad del conocimiento? Así no tendríamos que seguir teniendo debates como éstos, en los que cuando se habla entre profesionales o personas que están cercanas se está describiendo un mundo que es el que va a marcar el futuro, pero a la vez se siente la soledad; efectivamente, se siente la cercanía de millones de internautas y de personas que están conectadas como la mayor comunidad existente en la historia de la Humanidad, pero al mismo tiempo ustedes tienen que sentir la soledad del colectivo al ver que las cosas van por otro lado y que todo se aparca diciendo que todavía no estamos preparados, cuando lo que habría que hacer es prepararnos para no volver a hacernos esa pregunta.
Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Camacho Vázquez): Gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Coloma Pesquera.

La señora COLOMA PESQUERA: Muchas gracias, presidenta.
Buenos días, señor Sánchez Almeida. En nombre de mi grupo también le doy la bienvenida a esta comisión. Como se ha dicho aquí, ya nos conocemos de otras ocasiones en las que ha venido a comparecer.
A lo largo de su intervención ha habido cosas con las que estoy de acuerdo, otras con las que estoy más en desacuerdo o en menos acuerdo, por decirlo de una forma más correcta, y algunas que me han dejado un poquito preocupada.
Cuando vino usted --si no recuerdo mal-- el 4 de septiembre de 2001 nos dijo que no entendía por qué el concepto de sociedad de la información, que desde su punto de vista era ya algo incorrecto. Lo repitió a lo largo de toda la comparecencia y a mí me gustaría preguntarle si usted sigue estando en desacuerdo con ese término, que no es que se utilice aquí, en esta comisión o en España, sino que está acuñado en todo el mundo. Por eso no entendí el que usted dijera eso en aquel momento y quiero saber si ahora sigue pensando lo mismo.
Es verda que en aquel momento --y hoy también ha hecho manifestaciones al respecto-- usted fue muy crítico con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, con la LSSI, incluso creo que en algún momento trató de tacharla de inconstitucional. Usted dijo, y hoy lo ha vuelto a repetir, que en Internet no habría que regular nada porque se tendría que regular por la Constitución y por cualquiera de las otras leyes que regulan la sociedad. No sé si usted sigue compartiendo eso, pero lo que a mi grupo le preocupa muchísimo es que haya encima de la mesa una reforma de esta Ley de Servicios de la Sociedad de la Información --por cierto, no entendemos por qué está en Cultura y no donde debería estar, que es en el Ministerio de Industria-- y me gustaría saber si han contado con ustedes, a quiénes han convocado, si usted ha participado de esos debates y si a usted le parece correcto lo que se pretende hacer con esta reforma, que no es, ni más ni menos, que responsabilizar a los prestadores de servicios de intermediación por los contenidos que fluyen por la red. Desde nuestro punto de vista --pero no solamente desde el nuestro, sino desde el de muchas asociaciones, muchos internautas, desde el de muchísima gente-- se cercenan derechos y libertades fundamentales, algo de lo que precisamente usted ha estado hablando a lo largo de todo el debate. Me gustaría que nos explicara cuál es su opinión, porque si esta ley se reforma en este sentido irá en contra totalmente de la directiva europea que precisamente obligaba a aprobar esta ley. Según nuestro entender, esto genera una gran desconfianza precisamente para avanzar en la sociedad de la información.
Sí aquí estamos hablando todo el tiempo de avanzar, de si queremos hacer un plan de convergencia --que nosotros hemos apoyado--, de si nosotros queremos que la sociedad se involucre cada vez más, me parece que justo vamos por el camino contrario.
Aparte de lo que ha dicho hoy, yo he leído muchas cosas suyas y sé que es un gran defensor del software libre y no de otro tipo de software. En nuestro grupo creemos en el libre mercado y que cada uno debe defender lo que crea más interesante para él. Habrá comunidades autónomas, habrá administraciones y habrá entidades privadas que prefieran el sofware propietario y otras que prefieran el software libre. Desde luego nosotros no decimos a nadie lo que tiene que hacer; cada uno debe optar por lo que crea más oportuno. Pero la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, y por ello me gustaría que lo explicara un poco más detenidamente, lo que ha dicho usted de que era partidario

de hacer una distribución nacional del software libre. No sé si lo que ha querido usted decir --quizá yo lo haya entendido mal y precisamente por eso se lo pregunto-- es que sea a nivel nacional donde se imponga que el software libre esté en todas las administraciones y que todo el mundo utilice el software libre por encima de lo que sea. Como digo, eso me ha dejado muy preocupada y por ello se lo pregunto de nuevo.
Ha hablado usted de derecho a la cultura. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con ello. A lo largo de los años en los que hemos estado gobernando hemos trabajado con proyectos como el de Internet en la escuela, Internet en las bibliotecas, puntos de acceso públicos a Internet, etcétera. Ahora nos dice usted que en las escuelas hay que poner más PDA o más ordenadores, y estamos de acuerdo con ello, pero también comparto algunos de los comentarios realizados por los portavoces de otros grupos en el sentido de que no sólo se trata de que las escuelas estén llenas de ordenadores, de PDA o de cualquier otra herramienta, sino de que se utilicen. Lo que quisiéramos que nos dijera usted es qué debemos hacer para que los profesores se involucren, porque habrá que hacer algo a este respecto. Así pues, les pedimos ayuda para que nos digan cómo hacerlo, pero en eso también tiene mucho que ver el Gobierno.
Llevamos casi un año de Gobierno y ha habido ya unos Presupuestos Generales del Estado y no hemos visto absolutamente nada de eso para el desarrollo de la sociedad de la información, sino lo contrario, han decrecido o se han ido hacia otras partidas que nada tienen que ver con esto.
Asimismo, usted ha hablado de redes inalámbricas, y también quisiera preguntarle si usted es partidario de la banda ancha y de que ésta llegue a todos los lugares y no sólo a quien lo pida. Una vez que la banda ancha llega a todos los sitios los ciudadanos tienen la oportunidad de conectarse o no libremente. Pero, como digo, es importante que les llegue, porque, de lo contrario, mal empezamos.
Se refería usted al canon por copia privada. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho en cuanto a los CD y los DVD. Pienso que porque alguien presente aquí un trabajo o una propuesta y lo meta en un CD no se tiene por qué cobrar ningún canon. También hablaba usted de la privacidad del correo electrónico, y creo que eso se debería aplicar no sólo al correo electrónico, sino a todo, porque si no existe esa privacidad y no hay seguridad, poca confianza podrá haber en esto. Pero relaciono este tema con algo que usted decía, y que yo traía apuntado para preguntarle por ello, y es la experiencia del voto electrónico, algo que sinceramente considero que ha sido un fracaso.
Pero de ese fracaso no tiene la culpa ni más ni menos que el Gobierno, que habla mucho de su apuesta por el desarrollo de la sociedad de la información, pero cuando ha tenido oportunidad de hacerlo y de poner en marcha una prueba de voto electrónico, donde es él el que debería conseguir que los ciudadanos se involucren, es el que debería conseguir que los ciudadanos lo utilicen y el que debería trabajar por ello, no lo ha hecho. Pero todavía es más preocupante --supongo que usted tendrá estos datos-- comprobar que sólo lo han utilizado 10.543 de los dos millones de votantes seleccionados para utilizar este tipo de servicio, es decir, un 0,54 por ciento de la población seleccionada para utilizar el voto electrónico. E incluso es más preocupante aún que el Observatorio del Voto Electrónico --y tuvimos la oportunidad de escucharle en una ponencia que sobre voto electrónico estaba realizando sus trabajos en el Senado en la pasada legislatura--, es más preocupante que haya cuestionado la seguridad de este tipo de prueba. La verdad es que si eso se transmite a los ciudadanos, éstos no van a creer en nada, pues van a pensar que simplemente al entrar en el ordenador cualquiera le puede estar espiando porque nada es seguro.
Esto denota la precipitación por parte de este Gobierno al poner en marcha esta prueba, denota que no se ha trabajado para que se desarrollara en las condiciones debidas y, además, que no se ha trabajado para que fuera una prueba muy útil como primera experiencia a nivel nacional, pues ya ha habido otras. Así, en esta comisión tuvimos la oportunidad de ir a las elecciones autonómicas de Cataluña, donde creo que la participación fue mayor y las pruebas de seguridad estuvieron bastante garantizadas. Por eso, como digo, a nosotros nos ha dejado muy preocupados esta cuestión.
Habla usted también de la libertad de expresión en Internet. Considero que precisamente la reforma que se pretende llevar a cabo de la LSSI es justo lo contrario de lo que hemos venido manteniendo siempre y de lo que creo que usted ha mantenido a lo largo de toda la comparecencia. Por otra parte, la sociedad de la información, Internet, no está sólo en las escuelas --creo que esto es algo que también decía alguno de los portavoces que han intervenido--; hay otros ámbitos de la vida donde se tendrá que trabajar si queremos que se desarrolle, como es, por ejemplo, en las pequeñas y medianas empresas. Me gustaría que hiciera usted un poco más de hincapié en cómo trabajar en ello y en cómo trabajar para que los ciudadanos y la sociedad en general vea que esto es algo bueno, algo útil y con lo que se avanza en el camino por el que transitan todos los países desarrollados.
Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Camacho Vázquez): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Sánchez Almeida.

El señor SÁNCHEZ ALMEIDA (Asesor jurídico de entidades aseguradoras y empresas de seguridad informática): Muchas gracias a todos.
Se han tratado muchos temas e intentaré responder a todos los senadores que han intervenido, pero en lugar de hacerlo portavoz por portavoz, creo que será preferible ir abordando cada uno de los temas que todos ellos han ido analizando y que se centran fundamentalmente en la legislación sobre Internet, en el concepto de sociedad de la información, en el sofware libre y en la implantación de la sociedad de la información en la educación, algo a lo que creo que prácticamente todos se han referido.
En primer lugar, y en cuanto al comentario de la senadora Coloma sobre si mantengo lo que decía en mi anterior comparecencia del año 2001 respecto del concepto de sociedad

de la información, y concretamente que se trataba de un concepto erróneo, debo insistir en lo mismo que dije entonces. El problema radica en considerar que la sociedad de la información es una sociedad ajena a la nuestra. La sociedad de la información es la sociedad en la que vivimos, sólo hay una sociedad. Y el concepto erróneo es, para mí, el pensar que se trata de algo ajeno, como si Internet fuese otra cosa distinta a la realidad, como si las nuevas tecnologías fuesen algo que está llegando pero que no es de nuestra sociedad. Todo lo contrario, señorías. Ya vivimos en la sociedad de la información. Antes hablaba de la galaxia Gutenberg, la galaxia McLuhan, algo que está siendo superado por la galaxia Internet, la galaxia de las nuevas tecnologías, que es nuestra sociedad. Está cambiando todo. Así pues, y precisamente por ello, el error consiste en ver Internet y las nuevas tecnologías como algo ajeno a nosotros, y no el concepto mismo de sociedad de la información, que por supuesto es un concepto plenamente válido y en el que debemos avanzar y trabajar.
El senador Guillot ha sido el primero en hablar de la neutralidad tecnológica. Se han expuesto diferentes posiciones sobre este tema. Así, concretamente la senadora Coloma hablaba de cómo se conjuga el principio de defensa del software libre con el libre mercado. En este sentido quiero insistir en un punto. La defensa del software libre no viene dada tanto por cuestiones económicas o de seguridad, pues aquí no hay color.
Las nuevas tecnologías se impulsan mejor desde el software libre porque su acceso resulta más económico, más seguro y estable, pero la razón fundamental es que no se ha tratado suficientemente, y hoy, que estoy aquí, quiero aprovechar para insistir en ello. La razón fundamental por la que desde la Administración se debe apostar por el software libre es jurídica, es precisamente para garantizar los derechos ciudadanos.
El libre mercado es bueno y se debe impulsar el software libre desde él.
Cuando digo que las empresas deben competir, éstas pueden hacerlo con software libre o con software propietario. El problema es, como bien ha dicho la senadora Aleixandre, que el ciudadano y su representante político, el parlamentario, tienen derecho a saber qué hay dentro de los programas. Después de eso, que las empresas compitan como quieran, pero enseñándonos qué hay dentro del programa, porque si lo que hay dentro de él puede afectar a mi privacidad, yo tengo derecho a protegerme, de la misma forma que cuando yo examino una ley aprobada por este Parlamento sé perfectamente lo que dice. Y a partir de ahí puedo tomar mis medidas de defensa, mi conducta va a estar condicionada por esa ley y tengo una seguridad jurídica.
Quiero recordar lo que dice el artículo 9 de la Constitución donde se garantiza el principio de legalidad, la publicidad de las normas y la seguridad jurídica. Pues bien, cuando se establecen programas que condicionan nuestra actuación dentro del mundo del ciberespacio en Interntet, esos programas representan barreras arquitectónicas que no permiten que conozcamos lo que hay dentro. Pues eso es lo que tiene que cambiar. Se debe exigir, sobre todo en el software que utiliza la Administración, que éste sea libre, pero no en el concepto de que no se cobre por él ni en el de que no haya una empresa detrás, no. Yo hablo fundamentalmente de software de código abierto, es decir, que posteriormente se pueda manipular y adaptar a las necesidades de cada Administración. Esto es fundamental. Creo que el ejemplo que ha puesto la senadora Aleixandre con lo de los medicamentos es perfecto, no hay nada más parecido. Tenemos que conocer la composición química de cada medicamento que nos metemos en el cuerpo, y de la misma forma tenemos derecho a exigirles a los fabricantes de software que nos digan lo que están poniendo en sus programas simplemente por una cuestión de transparencia, de publicidad de las normas, de seguridad jurídica y de garantías.
En cuanto a si soy partidario de una distribución nacional de software libre, no voy a decirles a sus señorías lo que tienen que hacer, pero sí les puedo indicar que yo soy partidario de no dispersar esfuerzos.
Extremadura ya ha hecho una distribución en condiciones, y hay que ver el ejemplo de Andalucía, donde se partió de Linex para desarrollar Guadalinex. Y ahora ha venido una empresa sudafricana que está desarrollando software libre, que se llama Ubuntu, que está aunando el esfuerzo de ese Guadalinex para ver cómo lo puede integrar con Ubuntu, que es una distribución multilenguaje para todo el mundo, impulsada desde una empresa sudafricana, como digo, y desde la Junta de Andalucía. Pero yo quiero ir aún más allá. Yo pienso que dados todos esos esfuerzos diseminados por todo el territorio nacional, las distintas administraciones autonómicas y los distintos ayuntamientos deben confluir de alguna manera para que todo ese esfuerzo se aúne. Quizá deberíamos pensar en un instituto del software libre --en todo caso tendrán la palabra al respecto los asesores y sobre todo la universidad-- y ver cómo se desarrolla todo eso. Y también hay que atender a las inversiones de empresas de capital privado que están apostando por el software libre.
Hay que unir todos esos esfuerzos. Yo pienso que si en algo puede liderar España la sociedad de la información en Europa es en el terreno del software libre. Se están dando ejemplos a diario en este tema y esto puede abrir muchas puertas. Lo que más podría gustarme es que en todo Latinoamérica se empezase a hacer uso de esa distribución del software libre que se haya desarrollado en España. No soy capaz de imaginar un impulso mejor que ése para Latinoamérica.
Los senadores Guillot y Coloma se han referido a la LSSI. En su momento dije aquí, concretamente el día 4 de septiembre de 2001, que la norma, que el anteproyecto diseñado por el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología era inconstitucional, y fue precisamente el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el que me dio la razón, ya que dicho grupo fue el que modificó ese anteproyecto e introdujo la necesidad de que fuese la autoridad judicial la que interviniese sobre contenidos de Internet. Evidentemente, a partir de ahí la LSSI mejoró un poco aunque no del todo. Yo sigo siendo partidario de que todo el tema de contenidos de Internet esté regulado por las mismas normas que los contenidos de los medios de comunicación en el mundo real, que son el Código Penal y las leyes que regulan el derecho a la imagen y el derecho al honor.


Ha hablado la senadora Aleixandre del problema del libelo y del de la difamación. Pues bien, de la misma forma que en nuestros tribunales de Justicia se persiguen el libelo y la difamación a través de medios tradicionales, se deben perseguir en Internet, pero también hay que referirse al viejo dicho de no ofende quien quiere sino quien puede. Por ejemplo, si en un periódico se habla mal de mí y eso está firmado por un periodista detrás del cual hay una empresa, yo puedo demandarla y exigir que se me restablezca mi honor. Pero cuando hace esto mismo un ciudadano anónimo a través de Internet, en realidad su opinión me importa bastante poco en la medida en que se trata de un ciudadano anónimo. Es decir, en el primer caso, cuando hay una empresas detrás como acabo de decir, se van a dar las mismas circunstancias que en el mundo real.
Lo del anonimato en Internet es lo mismo que pasa en el mundo real con los «graffiti». Si en la puerta del Senado alguien se pone a insultar a los senadores escribiendo algo en su contra con una tiza, la efectividad de ese insulto es la que es, es decir, tiene la importancia de cualquier pintada en cualquier calle. Pues lo mismo pasa en Internet. A veces sobrevaloramos determinadas afirmaciones que aparecen en la red sin que tengamos en cuenta que son afirmaciones anónimas que por mucho que corran no tienen mayor trascendencia. Incluso a veces se da un fenómeno curioso:
criticar una determinada afirmación hace que ésta crezca más. Es decir, pretender censurar un contenido que no está firmado por nadie va a ser que se difunda más que si se pasara olímpicamente de ello. En este sentido creo que es mejor una labor de pedagogía para que se vea que cuando la opinión en Internet está fundamentada y firmada por alguien es cuando sí que tiene trascendencia. Repito que es ahí donde las leyes deben jugar igual que en el mundo real.
Hay otro punto fundamental, el referido a la educación, a lo que tenemos que hacer para que nuestro profesorado se imbrique en la sociedad de la información para transmitir una serie de cosas a su alumnado. Pues bien, creo que no existe otro camino que no sea el de la práctica. El proyecto del que les he hablado se tiene que desarrollar por técnicos que tengan los suficientes conocimientos, pero el nexo de unión está en que se tiene que llegar con banda ancha a todos los pueblos para que a partir de ahí haya una buena conexión inalámbrica centrada en la biblioteca pública, en el instituto o en la escuela. Los profesores tienen que ver las ventajas del sistema, entre las que están, por ejemplo, que todo el calendario escolar, toda la información del centro, absolutamente todos los teléfonos, todos los datos que necesitan en el desempeño diario de su actividad estén accesibles en todo momento y en tiempo real a través de sus agendas electrónicas.
Eso es fundamental porque a partir de ahí es cuando el profesor verá que tiene que prescindir de su libreta de anillas porque ya no le resulta práctica. Va a preferir tener delante de él todos los datos del centro, todas las notas de un determinado alumno, que todos esos datos estén, además, comunicados a su vez con la base de datos del colegio
--evidentemente protegidos con sistemas de firma electrónica para que no haya vulneración de la privacidad--. Y esto no es un proyecto difícil de hacer, lo que es fundamental es que se centre en cada una de las escuelas, en cada uno de los institutos. A partir de ahí sólo se necesitan cuatro o cinco aparatos en cada escuela. Es algo a desarrollar y en lo que hay que pensar. Yo sólo he apuntado esta idea. Lo que sí es fundamental es la idea de pedagogía, de ejemplo. Si el profesor es el que hace ver al alumno y a sus padres que la sociedad de la información es buena y que le agiliza su trabajo diario, eso irá calando poco a poco en la sociedad en su parte más importante, que es el futuro, que son nuestros estudiantes. Poco a poco se irá produciendo ese cambio, aunque, obviamente, si a un profesor cercano a su jubilación le hacemos cambiar sus esquemas de trabajo de toda la vida eso va a resultar más difícil. La pedagogía tiene que empezar por los profesores más jóvenes; hay que empezar a formarles desde el mismo momento en que llegan a su lugar de trabajo. Todo eso deberá estar debidamente centralizado y controlado.
En cuanto a las redes inalámbricas en contraposición a la banda ancha creo que deben aunarse los esfuerzos. Tiene que poderse llegar a todas partes, pero quiero llamar su atención sobre que quizá hemos dejado en manos de las operadoras algo que no sólo tienen que impulsar ellas. Las administraciones públicas tienen que comprometerse seriamente para que llegue a todas partes la sociedad de la información. Y debo criticar desde aquí lo que ha ocurrido en Barcelona o con ayuntamientos como, por ejemplo, el de Atarfe. Lo que ha pasado es que se ha intentado desarrollar una red inalámbrica pública del ayuntamiento y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones lo ha perseguido. ¡Por favor! Si lo que se pretende es liberalizar las telecomunicaciones, no se pueden perseguir ese tipo de actuaciones sino que se tienen que incentivar; allí donde no llega la iniciativa privada ha de existir una iniciativa pública que lo impulse y lo facilite.
Así, por ejemplo, en el caso del proyecto del que les hablaba, el de los profesores, una de las ventajas que tiene es que el profesor no va a necesitar teléfono móvil; si tiene una Wi Fi, una red inalámbrica que le conecta a la escuela, la podrá utilizar hasta para hablar por teléfono, gracias a los nuevos sistemas de telefonía existentes en Internet, que además son gratuitos. En este sentido, se va mucho más allá.
Por tanto, creo que deben derribarse las barreras y que, de la misma forma en que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones vela por el mercado y por la competencia, nosotros deberíamos velar para que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones realmente garantizase esa libre competencia a todos los efectos, de forma que las administraciones públicas pudieran trabajar.
En relación con el problema del voto electrónico he de insistir en lo que también ha mencionado el senador Salvador García, que cuando no hay una regulación pública, cuando no hay una respuesta pública a los problemas es cuando se hacen las cosas desde abajo y, desde mi punto de vista, se tiene que hacer una regulación desde abajo. Lo ocurrido con el voto electrónico nos debe servir como experiencia porque, quizá, antes de implantar sistemas de voto electrónico debe incentivarse que, cada vez más, se utilice la firma electrónica, que se constaten las ventajas de

la identificación digital para la práctica diaria y comercial en Internet y, poco a poco, serán los propios ciudadanos quienes exigirán que de la misma forma en que pueden comprar o que se pueden identificar ante la Administración, ante Hacienda o ante otra empresa a través de una firma electrónica, querrán poder ejercer su derecho al voto utilizando el voto electrónico. Por tanto, debe ser algo que reclame la propia sociedad, a medida que ésta vaya creciendo y se vaya rompiendo esa brecha digital, pero quizá estamos todavía muy verdes para el voto electrónico. Poco a poco, el camino se hace andando.
Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Camacho Vázquez): Gracias, señor Sánchez.
¿Algún senador o senadora desea hacer uso de la palabra? (La señora Coloma Pesquera pide la palabra.) Tiene la palabra.

La señora COLOMA PESQUERA: No es que quiera volver a hacer uso de la palabra, pero es que creo que no me ha contestado a la propuesta de reforma del Ministerio de Cultura sobre la LSSI, que para mí es un tema fundamental.

El señor SÁNCHEZ ALMEIDA (Asesor jurídico de entidades aseguradoras y empresas de seguridad informática): Discúlpeme, senadora. Tiene usted razón en que es un tema fundamental.
Tal y como dije en su momento, creo que es un error el establecimiento de una legislación sectorial y, por lo tanto, no es que se deba modificar la LSSI sino que, desde mi punto de vista, se debe derogar y regular la responsabilidad en Internet en el Código Penal y el Código Civil. A partir de ese momento --y comparto su misma opinión--, se debería aplicar la directiva europea, que no permite de ninguna manera responsabilizar a los proveedores de los contenidos que fluyen por Internet.
Quiero aprovechar esta ocasión para comentar un bulo que ha corrido por Internet. Se ha dicho que el Ministerio de Cultura va a reformar la LSSI para que los proveedores tengan responsabilidades pero, salvo error u omisión, yo no he oído a ningún responsable del Ministerio de Cultura decir eso sino a un señor que se llama Pedro Farré, que es portavoz de la Sociedad General de Autores y Editores.
Que yo sepa, el Ministerio de Cultura no lo gobierna todavía la Sociedad General de Autores y Editores, afortunadamente. En este momento, hay una ministra que ha sido elegida por el presidente del Gobierno y que responde ante el Parlamento. Por tanto, quiero escuchar la opinión del Ministerio de Cultura ante esta cuestión, quiero ver el texto de la ley de propiedad intelectual y, desde luego, quiero que se someta al debate ciudadano. Desde mi punto de vista, los comentarios del representante de la Sociedad General de Autores y Editores no tienen cabida si tenemos en cuenta la directiva europea. En este sentido, comparto la opinión de la senadora Coloma, porque no se debe permitir que exista un régimen de responsabilidad en contra de las directivas comunitarias. En cualquier caso, no debemos hacer caso de lo que dicen partes interesadas, como es el caso de la Sociedad General de Autores y Editores; debemos esperar para ver qué es lo que dice el Ministerio. Señora senadora, quédese tranquila porque el primero que analizará la nueva ley de propiedad intelectual seré yo, porque es un aspecto clave en el desarrollo de la sociedad de la información, incluso más importante de lo que ha sido la LSSI, que ha constituido un experimento. Poco a poco se irá estableciendo más legislación sectorial y como no estamos hablando de dos sociedades sino que es la misma, cuando se legisle para el Código Penal se hará también pensando en Internet.
Por tanto, la ley de propiedad intelectual va a ser clave, todos debemos estar ahí, tendrá que establecerse un debate abierto en el que participen los autores y sus representantes, pero también los representantes de los internautas y los consumidores, para que a partir de ese punto avancemos todos, defendiendo lo que debe ser el centro de la propiedad intelectual
--que es el autor--, pero garantizando asimismo los derechos de todos.
Desde luego, el proveedor de contenidos, el que presta el acceso es simplemente la carretera y no se puede responsabilizar a la carretera de los siniestros que ocurran en ella.
Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Camacho Vázquez): Gracias, senador Sánchez.
¿Algún senador o senadora desea intervenir? (Denegaciones.) Muchas gracias por su presencia, señor Sánchez.
Vamos a hacer una pausa de cinco minutos para despedir al compareciente.
(Pausa.)

--COMPARECENCIA A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, DEL CONSEJERO DELEGADO DE ANTENA 3 TELEVISION, S. A., DON MAURIZIO CARLOTTI, PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LOS NUEVOS CAMBIOS EN EL SECTOR AUDIOVISUAL ESPAÑOL (715/000030).

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores senadores, vamos a continuar con la segunda comparecencia, del consejero delegado de Antena 3 Televisión, S. A., don Marizio Carlotti, a quien damos la bienvenida y, sin más preámbulos, invitamos a que realice su exposición para informar en relación con los nuevos cambios del sector audiovisual español.
Tiene la palabra.

El señor CARLOTTI (Consejero delegado de Antena 3 Televisión, S. A.):
Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, a todos los senadores que han tenido la amabilidad de invitarme, a quienes agradezco sinceramente esta posibilidad de comparecer, de exponer nuestra opinión y poder ser escuchados, una sensibilidad que, desafortunadamente, no ha habido en los últimos tiempos en otras instituciones que han trabajado sobre este tema.


Voy a reconstruir, casi como un diario, lo que nos ocurrió a partir del día 30 de diciembre, cuando el Gobierno presentó el primer borrador, lo que llamó anteproyecto de medidas urgentes para la implantación de la televisión terrestre digital, la liberalización del cable y el pluralismo.
Lo primero que quiero manifestar es que, con anterioridad a esta fecha, en relación a la aprobación del reglamento que disciplina la obligación de inversión del cinco por ciento de la facturación en producción cinematográfica española, habíamos mantenido muchas reuniones con el secretario de Estado de Telecomunicaciones y el secretario de Estado de Comunicación y muchas otras hemos mantenido, como sus señorías pueden imaginar, para tratar el asunto de la autorregulación, cuestión que finalmente acabó bien, es decir, con un acuerdo amplio. Entonces pensábamos sinceramente que el Gobierno estaría dispuesto a compartir sus ideas y propuestas escuchando a un sector muy delicado pero que tiene la gran ventaja de ser muy reducido, pues al fin y al cabo somos cuatro o cinco los que operamos en este sector y, por tanto, no es muy difícil ser escuchado.
Por tanto, la primera sensación que tuve cuando me llamaron desde Moncloa para avisarme de que el Consejo de Ministros de 30 de diciembre había aprobado este anteproyecto --yo estaba de vacaciones, creo que como casi todos ustedes-- fue de sorpresa, ya que compartíamos totalmente la que en su momento fue una promesa electoral y después un punto del programa de este Gobierno, quien sensatamente había dicho que primero harían sus propuestas para arreglar el sector público, que, como todos ustedes saben, es el verdadero elemento de desequilibrio del mismo, y después se aprobaría una ley orgánica general del audiovisual, lo que todo el sector comparte como una necesidad, pues tenemos una selva de 20 leyes de distinta naturaleza para regularlo.
Así pues, la primera impresión fue de sorpresa, pero hay que añadir que positiva, pues el sector --y Antena 3 especialmente-- siempre se había pronunciado a favor de la implantación rápida de la televisión terrestre digital, que nosotros no consideramos la televisión del futuro, porque ya es la televisión del presente. Hoy día no se vende ningún aparato analógico, aparte de los relojes. Todo lo demás que manejamos son aparatos digitales. No se dan licencias analógicas en Europa desde hace muchos años. Todo el mundo mira el digital como un hecho presente. Por tanto, cuando me llaman para hablarme de las medidas urgentes para la implantación de la televisión terrestre digital, me alegré con el secretario de Estado de Comunicación y pedí a mi departamento jurídico que me enviara por fax el borrador.
Cuando pude leer el anteproyecto vi que no contenía ninguna medida tan urgente, porque las que se podían aplicar sin esperar el nuevo plan técnico sobre reparto de frecuencias eran solamente relativas a que los ayuntamientos pudiesen tener autorización para poder disponer de más de una televisión local digital --cosa que nos llamó mucho la atención porque todavía no conocíamos ni indiscreciones de lo que hubiese sido la opinión de los sabios-- y, sobre todo, la pretensión de eliminar el tope de tres operadores nacionales que preveía la Ley de Televisión Privada.
Esto nos parecía contradictorio con el titular de la ley y, cuando finalmente pudimos reunirnos el día 10 de enero con el secretario de Estado de Telecomunicaciones y el secretario de Estado de Comunicación, si no recuerdo mal --seguro que estaba el señor Ros pero no recuerdo si estaba el señor Barroso--, nosotros pudimos explicar que lo que declaró el ministro de Industria, es decir, que esto se hacía para dar cobertura jurídica a las licencias de NetTV, no correspondía con la situación jurídica existente. La ley de acompañamiento 66/1997 había establecido que todas las concesiones de televisión terrestre digital que cabían en el espectro eran legítimas.
Por tanto, era evidente que la eliminación de un límite de tres operadores nacionales solo tenía sentido si se pensaban abrir nuevas licencias analógicas, lo cual es totalmente contradictorio con el objetivo de la ley de impulsar, facilitar y acelerar la implantación de la tecnología digital. Cualquiera puede afirmar con facilidad que no hay posibilidad alguna de transitar rápida y eficazmente a la tecnología digital si de antemano no se toma la decisión de parar con el analógico.
Le pedimos al señor Ros, que intentara explicarnos si esto era o no así y si nuestra preocupación era impropia y, en esta reunión, en la que también estaban Telecinco y Sogecable. Yo le pregunté si el Gobierno estaba en disposición --simplemente como afirmación política-- que no iba a adoptar ninguna decisión que cambiara el panorama audiovisual español antes de presentar el plan técnico de repartición de las frecuencias y antes de presentar los principios generales de la nueva ley de reforma audiovisual, que teníamos entendido que se iban a discutir después de la reforma de la televisión pública, como figuraba en el programa electoral y de gobierno del señor Rodríguez Zapatero.
La oportunidad de darnos esta respuesta la tuvimos el día 14, cuando nos invitaron expresamente --no quiero reabrir una polémica sobre esto, porque hemos tenido un intercambio epistolar que ha transcendido a la prensa por voluntad del propio secretario de Estado, no de las empresas-- a la reunión de la Comisión Asesora Permanente, de la que somos miembros titulares. A ester respecto, debo recordar que este año corresponde a Antena 3 representar también a Telecinco, porque se da la circunstancia de que en esta comisión la única televisión estatal tiene dos vocales; la televisión por satélite podría tener dos vocales, pero como sólo hay una empresa, sólo tiene uno y toda la televisión en abierto, las dos nacionales y las decenas locales que existen tiene un representante, uno solo, y, obviamente, éste es rotativo. Por tanto, este año correspondía el turno a Antena 3, que consultó con Telecinco, y presentó sus fundamentadas alegaciones a este anteproyecto, sobre todo respecto al hecho de que se permitiría a los ayuntamientos poseer más de una licencia local digital y, sobre todo, respecto a la eliminación del límite de tres operadores analógicos, lo que nos parece verdaderamente inútil y contrario al espíritu de la ley. Además, quiero apuntar que la Asociación Española de la Radio Comercial, intervino en esta reunión solo para hablar de la implantación de la radio digital, porque entonces en el anteproyecto no figuraba

la norma que apareció en el último momento que eleva el límite de concentración de las licencias que cada operador puede tener en el mercado de la radio local.
El 19 de enero el Presidente de Uteca dirigió una carta al señor Montilla, Ministro de Industria, de la que me permitiréis leer solamente un punto solicitando que el Gobierno declare sin ambages que el impulso a la TDT es incompatible con el otorgamiento de nuevas concesiones en sistema analógico, cosa que es absolutamente cierta y que en todo caso, congruentemente con lo declarado en meses precedentes, no tomará ninguna decisión que modifique el mercado televisivo nacional sin conocer previamente el dictamen sobre el modelo de televisión pública del llamado «Comité de sabios» y sin elaborar antes un anteproyecto de ley general audiovisual. Esa era la petición que, en nombre de todo el sector, el presidente de Uteca dirigió al ministro de industria.
El 26 de enero finalmente pudo reunirse la Junta Directiva de Uteca, Unión de las Televisiones Comerciales Asociadas, que reúne a Antena 3, Telecinco y Sogecable que, unánimemente, emitió un comunicado cuyos puntos principales eran el total e incondicional apoyo a la implantación rápida de la televisión digital terrestre.
Se da la circunstancia, que sus señorías habrán contrastado ya, de que todo el mundo está a favor de la televisión digital terrestre. No existe una voz discordante ni política ni en el sector. También Uteca se declaró clarísima y firmemente a favor no solamente de la televisión terrestre digital que es una infraestructura estratégica para este país y no solamente un asunto de televisión. Es la puerta de acceso a la sociedad de la información. Es la posibilidad de que una parte importante de la sociedad no sea víctima de la brecha digital. Es introducir la tecnología de la información, de la convergencia digital, a través del electrodoméstico más utilizado por los españoles. Pero decíamos que no nos parecía bien el método de tomar estas decisiones sin consultar al sector.
Manifestamos la inutilidad de un preámbulo manipulatorio que declaraba que en España había un problema de déficit de competencia y de pluralismo televisivo, además comparándonos con mercados, por ejemplo, como el italiano, que conozco bien, donde no hay la posibilidad de comparar el nivel de competencia, de pluralismo que hay en España, confundiendo burdamente el concepto de operador y de canal de televisión, porque es verdad que en Alemania hay más canales, pero hay menos operadores que en España; y ocultando un hecho absolutamente demostrable: que España es el mercado europeo donde menos se concentran las cuotas de audiencia, y por tanto hay mayor pluralismo, y menos se concentran las cuotas de facturación publicitaria, y por tanto hay más competencia. Este es un hecho que yo puedo demostrar si el presidente me permite dejar a la comisión la documentación correspondiente. De esto no cabe la menor duda.
No hay ningún país europeo donde cuatro operadores tengan más o menos la misma audiencia, alrededor del 20 por ciento, como tiene Radiotelevisión Española, Antena 3, Telecinco y la FORTA, y se repartan más o menos en la misma medida la misma facturación.
Los niveles de concentración que hay en el Reino Unido, en Alemania, en Francia o en Italia son enormemente superiores, en audiencia y en facturación. El primer operador en facturación en Italia concentra el 65 por ciento de la facturación. Los dos primeros en Alemania --en Alemania hay dos y en Italia hay uno-- concentran el 85 por ciento del total. En el Reino Unido el primero concentra el 52 por ciento del total. En Francia el primero concentra el 50 por ciento del total. Aquí el primero es público y tiene el 28 por ciento del total del mercado y las dos únicas dos empresas privadas conjuntamente superan en poco el 50 por ciento. Por lo tanto, en la posición que expresó Uteca se aclaraba que de pluralismo nunca hay bastante, pero de competencia en España hay mucho más que en cualquier otro país de Europa.
Por último, se reafirmaba en la inutilidad, en la peligrosidad de eliminar el número máximo de tres operadores analógicos porque
--insisto-- la legislación vigente en este país permite a este Gobierno y a cualquier otro en este momento otorgar cualquier número de licencias de televisión terrestre digital que considere oportuno y que quepan en el espectro radioeléctrico, con lo cual la limitación solamente se refiere a licencias analógicas.
Obviamente, en la misma ocasión Uteca entregó sus alegaciones al secretario de Estado de Telecomunicaciones, don Francisco Ros, que recibió la postura no solamente de Antena 3, sino también de la Uteca, coordinada en este sentido.
El 4 de febrero definitivamente el Gobierno aprueba el anteproyecto transformándolo en un proyecto, con la novedad absoluta y sorprendente, sin previa consulta ni comunicación al sector, de la modificación sustancial de los niveles permitidos de concentración en el sector radiofónico. Permítanme decirles que Antena 3 también gestiona una empresa radiofónica.
Yo creo que un proyecto de ley que en su título declara medidas urgentes para el fomento del pluralismo y presenta después una medida «antitrust» con un 50 por ciento, constituye una patente contradicción. Para no parecer inútilmente polémico y poder argumentar de forma razonable mi posición, en estos días he buscado en cualquier legislación «antitrust» de cualquier sector económico, de cualquier país de Europa, alguna norma limitativa de la concentración al 50 por ciento y no la he encontrado, porque no se puede encontrar, porque una norma al 50 por ciento no es una norma que limita la concentración, sobre todo, si viene de una norma que es al 30 por ciento, porque como cualquiera puede entender es una norma que favorece la concentración.
Y si esto se produce --como dijo el ministro Montilla y como confirmó el presidente del Gobierno-- para solventar un problema causado nada menos que con una sentencia definitiva del Tribunal Supremo, esto parece, desde todo punto de vista, la legalización, la regularización definitiva de un abuso de posición dominante que se permitió con una fusión ilegítima
--tal la ha declarado el Tribunal Supremo de este país-- que no permite a los demás operadores recuperar nunca jamás un nivel proporcionado de competitividad. Si se legitima la posibilidad de que un

operador pueda tener el 50 por ciento y si este operador ya lo tiene, es evidente que en la mejor de las hipótesis solamente podrá haber otro con otro 50 por ciento. El presidente del Gobierno, pensando en dar una explicación, dijo que esto no vale solamente para uno, que vale para uno u otro. ¡Pero es que el otro somos cuatro! Y no caben otras cuatro cuotas del 50 por ciento. La suma es 100, pero si uno tiene 50 queda solamente 50 para los demás y si somos tres nos repartiremos el 50 por ciento que queda.
Esto se introdujo --creo poderlo decir con esta fortaleza, pues está en total contradicción con el título de la ley-- sin ninguna consulta previa. Por lo tanto, permítame decir que lo que examinó el Consejo asesor permanente ni siquiera fue el proyecto que se presentó al Congreso y al Senado y esto explica por qué Antena 3 tuvo la necesidad de enviar a los portavoces de esta comisión sus propias explicaciones diciendo que no tuvo la posibilidad de comentar este punto y que en todo lo demás había expresado su propia contrariedad. Todo lo demás son polémicas que no quiero tocar porque --insisto-- las polémicas sirven si ayudan al debate y no si lo intoxican.
Solamente haré una última anotación de calendario. Anteayer se produjo un hecho importante en la vida democrática de este país. El Grupo Sogecable al final pidió, porque estábamos en una situación francamente muy incómoda para cualquiera, discutiendo lo que el Gobierno quería hacer sin que el directo interesado lo hubiese pedido. Era una situación democráticamente muy difícil porque no se podía criticar la situación porque siempre el Grupo Sogecable decía: Yo no he pedido nada, yo no he pedido nada, yo no he pedido nada; a pesar de que muchos exponentes políticos seguían repitiendo en todos los foros públicos y privados: Si lo pide se lo damos, si lo pide se lo damos, si lo pide se lo damos.
Finalmente, ayer se aclaró la situación. El Grupo Sogecable pide la transformación de las condiciones básicas de su contrato de concesión para poder emitir en abierto. Yo creo que el Grupo Sogecable tiene todo el derecho de pedir lo que le parezca oportuno para sus intereses
--también el Grupo Sogecable tiene intereses y no solamente Antena 3, evidentemente, y defender los intereses de cientos de miles de accionistas no es nada ilegítimo, a mí me pagan por eso, por ejemplo--, y de defenderlos como cualquier otro. Pero la abertura de una concesión entregada para explotar un negocio distinto de la televisión comercial en abierto, que es la televisión de pago, y permitir a un operador que tiene el monopolio de la televisión de pago vía satélite de operar simultáneamente con una televisión en abierto, hecho que al constituirse sería un caso único en Europa, pues en ningún país de Europa se ha permitido que eso se pudiera producir, nos colocaría a los que operamos solamente en la parte abierta en una situación insostenible.
Yo confío en que las autoridades internas y comunitarias que defienden la competencia sabrán verlo y permitir al Gobierno tomar una posición coherente con la defensa de la competencia.
Finalmente, quiero repetirlo en esta comisión, Antena 3 considera que la televisión terrestre digital no es la televisión del futuro sino la televisión del presente. Es una infraestructura de estrategia para este país y la condición previa es que no se abran nuevos canales analógicos.
Conseguir que la tecnología digital se introduzca rápidamente en este país supone que todas las partes no solamente afirmen sino que además actúen coherentemente con el enunciado de este principio. Y lo primero que hay que hacer es no extender una tecnología obsoleta. En ningún país de Europa en los últimos años se han otorgado licencias analógicas. Habrá más o menos retraso en la introducción de la tecnología digital, pero, repito, no se han otorgado licencias analógicas. Abrir nuevos canales analógicos implica un retraso y, de extenderse, probablemente también provocaría una dificultad insuperable para la introducción de la tecnología digital.
Muchas gracias, señor presidente. Estoy a su disposición.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Carlotti, por la claridad de su intervención.
Si les parece, pasamos al turno de portavoces.
En primer lugar, por el grupo proponente, Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora doña Mercedes Coloma.

La señora COLOMA PESQUERA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señor Carlotti. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, bienvenido a esta comisión.
Ha sido usted lo suficientemente explícito, claro y exhaustivo en todas sus manifestaciones, que, además, son las mismas que venimos escuchando a lo largo de estos días, después de la presentación de este proyecto de ley.
Nunca un proyecto de ley ha sufrido tantas críticas y tantas reacciones contrarias dentro del sector al que afecta. Este proyecto, tal como se ha presentado, las ha sufrido, y muchas, como vemos y seguiremos viendo a lo largo del tiempo.
Como muy bien ha dicho usted, este es un proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo.
Pues bien, nuestro grupo entiende que es todo menos eso. De televisión digital, de avanzar en tecnología digital, parece que hay muy poco.
Tampoco entendemos esas medidas urgentes y esa precipitación del proyecto; incluso se presentó en la Mesa del Congreso de los Diputados para su tramitación por el procedimiento de urgencia y, repito, no entendemos el porqué.
Este proyecto de ley se viene a resumir en dos aspectos, como usted ha dicho muy claramente: por un lado, incluir una modificación de la ley que limitaba a tres los canales en analógico y, por otro , elevar los límites actuales de concentración, de tal modo que un mismo operador pueda controlar hasta el 50 por ciento del mercado. Desde luego, para nuestro grupo no es este el impulso necesario para la televisión digital terrestre, que es lo que debería plantear en todo caso este proyecto de ley.
Usted ha dicho también que los ciudadanos tienen que saber que lo digital ya está aquí, que no es nada que se vaya a aplicar mañana, sino que está ya, el cambio tecnológico

se está produciendo. Por ello, nosotros no compartimos la filosofía de este proyecto ni ninguno de los aspectos que pensamos van en contra del pluralismo, de la libertad y del progreso, como es la tendencia hacia la digitalización que, además, es por lo que está apostando toda la Unión Europea y es lo que vendrá de ahora en adelante.
Me gustaría plantearle algunas cuestiones. Usted ha dicho que ha habido algún tipo de diálogo con el Gobierno y quisiera que nos clarificara si han hablado de este proyecto de ley que se ha presentado en el Parlamento y no de otro, porque si el Gobierno se ha referido a otro asunto hablamos pues de cosas diferentes.
Queremos saber si, como ha dicho el ministro del ramo, señor Montilla, han incorporado algunas de las sugerencias que ustedes han planteado; si ha habido un acuerdo con el sector audiovisual para impulsar la televisión digital terrestre, que es lo que dice el Gobierno . Yo se lo planteo a usted, que comparece ahora en esta comisión.
¿Creen ustedes que este es el proyecto de ley que esperaba el sector? A la vista de lo que estamos escuchando no parece que sea el proyecto en el que ustedes confiaban, porque creo que ustedes esperaban precisamente despejar inquietudes relacionadas con la transformación tecnológica y la apertura a nuevos operadores.
El Grupo Parlamentario Popular defiende la máxima competencia porque consideramos que es bueno para el interés general, para el interés de todos. No sé si usted piensa que este proyecto es compatible con el principio de un mercado en competencia.
¿Piensa usted que con este proyecto se toman medidas de impulso claro a la transición a la televisión digital y al fomento del pluralismo, o entra en una flagrante contradicción con el avance hacia la digitalización y a evitar la brecha digital? Esta Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento precisamente trabaja para evitar la brecha digital y no sé si usted pensará que con este proyecto se puede evitar o por el contrario cada vez ahondamos más en ella. Nuestro grupo parlamentario considera que no vamos hacia el futuro sino que retrocedemos, y mucho, y volvemos al pasado. Todos los países de nuestro entorno están tomando medidas contrarias a lo que está sucediendo en España.
El ministro de Industria también ha dicho que los intereses de los operadores críticos con este proyecto de ley para impulsar la televisión digital terrestre son legítimos, pero son intereses particulares de unas empresas que defienden su cuenta de resultados. Por ello, me gustaría que usted, en sede parlamentaria, tuviera la ocasión de aclararar si es eso lo que desean: únicamente resolver su cuenta de resultados o si se pretenden otros aspectos.
Usted ha mencionado el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Scoiedad de la Información, el CATSI, y me gustaría saber si en él se ha debatido el proyecto presentado en el Congreso; también quisiera saber si, como dice el Gobierno, no hubo ningún voto en contra, si a todo el mundo le pareció bien, o qué es lo que ocurrió precisamente en ese órgano asesor.
Igualmente quisiera saber si ustedes, tal como ha dicho la Vicepresidenta del Gobierno, señora Fernández de la Vega, mantienen posiciones contrarias a la pluralidad y si sólo defienden sus intereses particulares. Esto lo dice la vicepresidenta del Gobierno y por ello se lo pregunto a usted.
Creo que lo que el Gobierno pretende es llegar al apagón analógico. Si vemos el programa electoral del Partido Socialista, comprobaremos que dice que éste se iba a producir en cuatro años, es decir, en 2008. Me gustaría saber por qué se cambia la ley para dar más licencias en analógico. No lo entendemos, no sé si usted lo entenderá y me gustaría que nos lo explicará.
El Grupo Parlamentario Popular desde luego está a favor de la competencia, de limitar la intervención del Estado en este tipo de cuestiones; defendemos la libertad, la competencia, el progreso y el pluralismo, porque creemos que es precisamente lo que representa lo digital. Y, para nosotros, conceder más televisiones analógicas no es apostar por la digitalización. Por ello, no nos gusta cómo se ha presentado este proyecto de ley. Esta es una ley que debería pactarse con todo el sector y con todos los partidos políticos; debe tener el mayor consenso posible.
Para terminar, me gustaría preguntarle cómo ve usted la posibilidad de abrir más canales en analógico; lo ha solicitado Sogecable y parece que también otro grupo, NetTV. ¿Considera que eso va a favorecer lo digital, va hacia el futuro, va en consonancia lo que se está debatiendo en Europa y va en la dirección contraria? Nada más y muchas gracias por su comparecencia.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señora presidenta.
Bienvenido, señor Carlotti. La televisión en estos momentos es, no diría yo el primer poder, pero casi. El otro día alguien decía que todo lo que no sale en televisión no existe, y eso precisamente hace que la libertad esté muchas veces, por suerte o por desgracia, casi en sus manos. (La señora vicepresidenta, Camacho Vázquez, ocupa la Presidencia.) Estos días la polémica se ha creado en torno a esta futura ley, y recuerdo un chiste que circulaba en la última época de la dictadura, cuando yo estaba en la universidad, que decía: en este país hay libertad de prensa, porque puedes comprar el periódico que quieras. Evidentemente, pero todos los periódicos decían lo mismo y estaban controlados por el Gobierno, por lo que la libertad de prensa consistía en poder comprar el periódico que quisieras, pero todos decían lo mismo. Yo creo que dar más canales a un mismo operador, para decir exactamente lo mismo, entra dentro de la broma de la época, porque tener libertad no es tener más canales, sino más diversidad de las personas que están en estos canales, y es que la libertad está en función de que todo el mundo pueda expresar distintas opiniones, y cuantas más opiniones se expresen, mucho mejor, para que éstas lleguen a todos.


Otro día me gustaría --porque hoy no es el momento-- que hablásemos de contenidos con ustedes y con otros operadores, porque en este país la educación y otros muchos valores se están perdiendo, y quizá ustedes podrían hacer algo para evitarlo. Pero no creo que éste sea el momento.
Este es el momento de defender --y nosotros somos defensores-- la libertad, la pluralidad y el libre mercado, evidentemente controlado, por lo que estamos de acuerdo con las leyes «antitrust», y evidentemente el 50 por ciento es mayoría absoluta. Por tanto, nada que tenga el 50 por ciento promueve la pluralidad.
Yo, como la senadora Coloma, le pregunto cuáles son las relaciones que han tenido ustedes o Uteca con el Gobierno, cuáles son sus opiniones, qué piensan las operadoras, y les rogaría que nos hiciera llegar esa información porque el proyecto de ley llegará al Senado en un plazo corto de tiempo, y antes de presentar enmiendas y de votarlo, querríamos saber exactamente el momento en que está, qué opinan ustedes y qué opina la competencia.
También le voy a pedir otra cosa. Usted ha dicho que la digitalización no es el futuro, sino que es el presente; sin embargo, nuestra sociedad lo siente como el futuro porque tiene pocos conocimientos de qué es exactamente la digitalización. La televisión digital es algo que nos anuncian por televisión como algo que cae del cielo, algo que es el futuro para todo, pero qué pocas personas saben de verdad qué significa, qué es, y todos ustedes deberían haberlo explicado un poco más, porque la gente que va a utilizarlo, que somos todos, quizá ya lo tenga en casa sin saberlo, y debería conocerse mucho más. Por tanto, le pediría que dieran más información, no limitarse al spot televisivo en el que las televisiones caen del cielo y dice que el futuro está aquí,que llega la televisión digital, sino explicarlo a toda la ciudadanía.
Ha quedado muy clara su postura; nos parece muy bien que todas las empresas defiendan su cuenta de resultados, ¡sólo faltaría! ¿Para qué están entonces los empresarios? Cuando alguien dice que las empresas defienden su cuenta de resultados es lo lógico, porque hasta el Estado debe defender su cuenta de resultados, hasta el Estado debe saber cómo se gasta el dinero, en qué se gasta y en qué invierte, porque de lo contrario la eficiencia que no le exigimos al Estado no se la podríamos exigir a nuestras empresas. ¿Quién va a arriesgar dinero si después no puede tener contraprestaciones? Yo no creo que ésta sea ninguna acusación, sino una defensa, y estamos dispuestos a apoyarlo.
Precisamente por eso debemos tener más información sobre sus problemas, sobre sus conocimientos en el tema, para que las decisiones que tengamos que tomar se basen en que sus informaciones lleguen hasta nosotros.
Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Camacho Vázquez): Gracias, señora Aleixandre.
Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Carlotti, yo represento al Grupo de la Entesa Calatana de Progrés, y no voy a hacer ningún comentario respecto a si un nuevo canal analógico dificulta o no la puesta en marcha de la televisión digital terrestre, pero sí voy a hacer un comentario respecto al grave problema político que usted ha puesto sobre la mesa. En la historia de lo audiovisual en España las relaciones entre el poder político y las televisiones, especialmente los medios de comunicación audiovisuales, no han sido las más sanas. Las relaciones existentes entre el poder político y la radiotelevisión pública han sido escandalosas; estamos pendientes todos de ver cuál es la reforma, pero tampoco las relaciones existentes entre el sector privado y el poder político han sido durante todos estos años las más sanas; creo que en conjunto se podrían resumir como negativas.
Para mí siempre ha sido un factor muy negativo la injerencia del Gobierno de turno con tal o cual medio, que se ha traducido en datos positivos o negativos, dependiendo de la línea editorial al favorecer en cada momento lo que podía perjudicar o beneficiar y los que hoy son víctimas, ayer no lo eran tanto. Por tanto, hay una situación negativa.
Nuestro grupo parlamentario, que está formado por los socialistas, de Cataluña, Esquerra Republicana y la izquierda verde, ha votado la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, y digo esto porque nosotros no vamos a tolerar una cierta moviola para volver al pasado. Nosotros tenemos el compromiso del presidente del Gobierno, y vamos a estar alerta y vamos a ser exigentes para que en esta legislatura se pueda abrir un camino en el que las relaciones entre el poder político y los medios de comunicación --sean en forma de leyes, planes técnicos, etcétera--, especialmente el sector audiovisual, público y privado, empiecen a recuperar un tono saludable, sean unas relaciones normales que defiendan la libre competencia y la pluralidad, que tengan un código de buenas maneras en el «rapport» entre unos y otros, pero sobre todo para no volver a reincidir en lo que ha pasado durante todos estos años, tanto en la etapa socialista como en la etapa popular. Ese es el compromiso de mi grupo: nosotros vamos a estar muy atentos, no vamos a apoyar bajo ningún concepto que se sucedan de nuevo las movidas, y, obviamente, esto quiere decir que muchos aspectos de debate que usted ha introducido en su intervención --si un nuevo canal analógico podría representar distorsión o no en la competencia o en la capacidad de hacer sostenible el espacio privado, o en qué afecta al desarrollo de la televisión digital terrestre-- podrán ser discutirlos y ponernos de acuerdo o no. Lo que no vamos a tolerar es que se repita --y termino, señora presidenta-- lo que en el pasado fue un elemento negativo, que ha empobrecido y viciado las relaciones entre el poder político y los medios de comunicación.
Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Camacho Vázquez): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Lavilla.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Gracias, señor Carlotti, por su comparecencia aquí, ya que eso permite dar también los puntos del vista del Grupo Parlamentario Socialista, en cuanto a pluralidad y objetividad en la información, que en algunos informativos se echa de menos. Bienvenido a esta comisión, para aprender de todo lo que usted nos ha podido decir, desde su punto de vista, legítimo, en la defensa de unos intereses privados, de su compañía, que además ha defendido bien, por lo que le felicito. Pero aquí, señor Carlotti, estamos para defender el interés general y admítame usted que puede haber diferentes interpretaciones en cuanto a dicha defensa.
También tengo que decirle, señor Carlotti, que me ha sorprendido personalmente escuchar hablar en esta sala a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular de las bondades de etapas pasadas. Me gustaría preguntarle, señor Carlotti, qué opinión le merece a usted, por ejemplo, que un director de informativos haya sido condenado en España por manipulación. Yo le querría preguntar a usted qué opina de esto.
Yo supongo que Antena 3 se solidarizaría con la defensa de la libertad y de la verdad frente a una sentencia de manipulación de un directivo, porque estamos hablando de la libertad de expresión. Entonces, cuando se está manipulando la información, se está atacando directamente la libertad de expresión, en un momento, en la etapa de Gobierno de José María Aznar, en que se controlaba desde el Gobierno La Primera y La 2 y permítame decirle que también, desde Telefónica, con una operación que costó un billón de pesetas, según algunos expertos, se controlaba
--parece ser, y hay quienes así lo afirman-- Antena 3. Es más, es bastante objetivo decirle que se ha publicado en algunos medios que el señor Buruaga salió de los informativos de Televisión Española y aterrizó en Antena 3 precisamente para copar y vender un mismo mensaje desde diferentes perspectivas. Como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y habiéndolo pasado precisamente muy mal para ver luz de verdad y de pluralidad en la etapa pasada, evidentemente que somos partidarios de la pluralidad, señor Carlotti, de la pluralidad, y sólo hay pluralidad si hay mayor competencia.
Pero vayamos al grano. Usted habla de nuevas concesiones. Es que no es una nueva concesión, se trata --por el tema que usted está hablando-- de ampliar el horario de una concesión ya autorizada de seis horas --según lo que se deduce que publican los medios de comunicación-- a todo el horario. Yo no sé qué hará el Gobierno, lo que sé es lo que ha dicho el Gobierno: que va a estudiar la propuesta. Lo que sí le puedo decir, señor Carlotti, es que cientos de ciudadanos están encantados de que Canal Satélite Digital pueda emitir en abierto.
Ha habido también alguna referencia al texto del proyecto de ley sobre el tema de los cambios analógicos y digitales. Todos sabemos que ahora la sociedad no tiene en sus hogares todos los instrumentos tecnológicos para empezar con fuerza directamente desde un sistema analógico. Porque si eso fuera así, si eso fuera posible, la pregunta que este portavoz se hace es: ¿Y qué se ha hecho hasta ahora, qué ha pasado hasta ahora en el impulso a la televisión digital? ¿Es que no era posible impulsarla? ¿Hemos tenido algún proyecto de ley vigente los primeros del mundo mundial para regular este sector? ¿Y cuál ha sido el resultado? Hemos comprobado, señor Carlotti, que aquí no se ha impulsado nada, no sé si por incompetencia política o porque no interesaba. ¿Porque no interesaba al Gobierno? ¿Porque no interesaba a los que dominan el sector? Lo cual, de alguna manera, es lógico, porque el que tiene un sector mayoritario para el reparto de la publicidad estará encantado de que no entren más, pero otra cuestión bien distinta es qué piensa la sociedad sobre esto. Es decir, ¿más pluralidad, más competencia no beneficia a los espectadores? Desde nuestro punto de vista sí, veremos cómo se constata. En estos momentos es muy difícil pensar ese traspaso de lo digital a lo analógico si no hay una transitoriedad y, por lo que yo he podido leer, hay más canales que han solicitado precisamente pasar de lo digital a lo analógico --ahí está la televisión NetTV--, precisamente para aprovechar esa transitoriedad.
También quiero decirle, señor Carlotti, que --por lo que yo he podido leer y me he podido informar-- hay una inseguridad actual entre titularidad y participación mayoritaria, que se sustituye ahora por los términos de control para reducir precisamente la inseguridad jurídica actual. Yo conozco casos --que no citaré-- de personas jurídicas que se hacen con una emisora concedida, por ejemplo, por la Junta de Castilla y León pero que luego va a parar siempre a las mismas manos (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Esa es la situación que estamos viviendo actualmente y, por lo tanto, ahora, en esta situación, hay que hablar del concepto de control, es decir, ¿quién controla ese medio, a quien le han adjudicado la licencia o quien está detrás? Tenemos experiencias muy concretas de que determinados medios están controlando una emisora que en principio parece ser que no es de su titularidad.
Aquí nos hemos hartado de decir --y eso lo hemos oído todos los portavoces, supongo que en esto usted estará también de acuerdo-- que hay que plantear la igualdad entre el mundo real y el mundo virtual, nos hemos cansado de decirlo, pero, ¡ojo!, cuando se plantea en el proyecto que la radio digital tiene que tener la misma regulación que la radio convencional entonces ponemos el grito en el cielo. Por tanto, seamos coherentes, en los «Diarios de Sesiones» de esta comisión figura que la mayor parte de los portavoces han dicho que hay que realizar ese concepto de igualdad entre realidad y virtualidad porque al final todo es parte de la misma realidad.
Se ha dicho por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que nunca un proyecto de ley ha tenido tantas críticas. ¡Hombre, me sorprende escuchar esto, sobre todo en medios de comunicación! En medios de comunicación , lecciones, ninguna (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
--La señora Coloma Pesquera: Me da la risa.) Durante el Gobierno de José María Aznar se organizó un ataque desde el conjunto del Gobierno a una empresa privada de comunicación. Eso es así:
desde el conjunto del Gobierno se ha realizado en el pasado un ataque a una empresa privada de comunicación --eso está ahí-- e incluso se amenzó con que se le quería

llevar a la cárcel; es más, el desembarco de Telefónica en Antena 3 se produce, según el antiguo propietario, por una amenaza que de alguna forma se traduce en que pierde el control de la cadena. Por tanto, lecciones en este terreno, ninguna.
Es verdad que la concentración en el mercado a lo mejor no es buena, pero es que la concentración se está dando ahora en el mercado publicitario.
Como ya he dicho, el impulso a la televisión digital terrestre del anterior Gobierno ha sido nulo, todo se ha quedado en declaración de intenciones. Podemos leer, señor Carlotti, las declaraciones de los diferentes responsables --Birulés, Piqué y hasta Costa en el poquito tiempo que estuvo--, todos iban a impulsar la televisión digital terrestre, ponían plazos, anunciaban medidas, pero lo único que hemos podido constatar es el fracaso de Quiero Televisión porque quizás ese proyecto estaba pensado más para ir contra un medio privado que para impulsar realmente la televisión digital terrestre.
Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo en que haya más operadores, está de acuerdo en que exista más libertad, está de acuerdo en que haya más pluralismo, está de acuerdo también sobre la calidad de los contenidos, y sobre este tema sí quiero hablar, porque cuando hablamos de competencia, si no hay competencia ¿cómo vamos a estimular esa competencia por la mejora de los contenidos? Evidentemente que hay que hablar de contenidos. Me gustaría preguntarle en qué fase está o cómo está el grado de cumplimiento de los acuerdos que se adoptaron para mejorar la calidad de la programación y qué medidas concretas se han adoptado por parte del grupo que usted preside en Antena 3 en materia de contenidos.
Los nuevos cambios en el sector audiovisual están en el Parlamento y serán motivo, lógicamente, del debate parlamentario, donde, afortunadamente, no hay una mayoría absoluta --como ha ocurrido con algunos temas en materia de medios de comunicación en la pasada legislatura-- y eso va a obligar a los grupos a ponerse de acuerdo y a buscar un consenso. Una prueba de lo que usted dice legítimamente en la defensa de sus intereses privados como empresa --faltaría más, y yo le felicito por ello porque lo ha hecho de una forma muy brillante-- es que el primer hecho parlamentario que tenemos en relación con una propuesta del Partido Popular --que parece que todo el mundo está con él-- es que se ha quedado solo en el Parlamento, ha planteado una moción y se ha quedado solo en el Parlamento en esta cuestión. Por lo tanto, también hay que dejar claras estas cuestiones.
En cuanto a arreglar el sector público, por supuesto que sí, y coincido con el senador Guillot en que lo que hay que hacer en muchos temas es precisamente todo lo contrario de lo que se estaba haciendo hasta ahora.
O sea, la manipulación informativa del director de informativos era descarada --hay una sentencia, hay una condena--, había una concentración de poder en la información absoluta que no puede negar nadie y una simetría de contenidos y de estrategias que muchas veces hacía dudar si algunos informativos se generaban desde la calle Génova. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Lógicamente, nosotros queremos que la televisión pública supere --y de esto también hay que hablar, señor Carlotti, me ha sorprendido que no se refiriera usted a esto-- la deuda abismal que el anterior Gobierno del Partido Popular ha generado en la televisión pública. Se deben 7.500 millones, más de un billón de pesetas, y es verdad que la cogieron con 1.500, pero es que la cuenta de resultados se ha quedado con una deuda de 7.500 millones. No podemos presumir de una buena gestión en este campo y en materia de contenidos parece que toda la sociedad coincide en que para nada, para nada se ha mejorado en esa etapa.
Por lo tanto, estoy de acuerdo con el senador Guillot, hay que fomentar la pluralidad. La televisión no tiene que ser la televisión del Gobierno, como ha sido hasta ahora (El señor Bustillo Navia-Osorio: Y como sigue siendo.) precisamente para que sea una televisión independiente y que los ciudadanos puedan escuchar la información con un mínimo de pluralidad, para que los ciudadanos puedan escuchar la información con un mínimo de objetividad, cosa que hasta ahora, evidentemente, no se ha producido.
En cuanto a elevar el límite de concentración en las radios, ya le he explicado al señor Carlotti el concepto de titularidad y control.
Dice: todo el mundo está a favor de la televisión digital terrestre. A mí me gustaría preguntarle, señor Carlotti, ¿Antena 3 qué ha hecho y qué está haciendo para impulsar esta televisión? No estoy de acuerdo con usted cuando califica de manipulación el preámbulo sobre la falta de competenia, porque como político he sufrido la concentración de mensajes en torno a una misma estrategia. Por tanto, en la etapa pasada no ha habido pluralidad, y sólo una ligera competencia.
Sobre los datos, me gustaría, señor Carlotti, que nos dijera, para tener una visión sobre el estado de salud de las televisiones en España, cuál ha sido la evolución en Bolsa de Antena 3, por ejemplo, o qué incremento ha habido en los ingresos de publicidad y qué le parece la liberación de espacios de publicidad que la televisión pública va a generar precisamente por esa propuesta del comité de sabios que va a reducir en materia de contenidos el tiempo destinado a publicidad. Hay algunos expertos que calculan en 200 millones de euros el conjunto de publicidad que se va a liberar. La senadora Coloma ha preguntado muy bien si éste es el proyecto de ley que esperaba el sector. Probablemente no lo sea, pero lo que evidentemente tiene que ser es el proyecto de ley que esperan los ciudadanos.
De la brecha digital es mejor no hablar, pues es internacionalmente reconocido el fracaso de España en esta materia, y preferimos ser parte de la solución que del fracaso anterior estancándonos en debates absurdos que con la realidad actual se ha demostrado. En este tema hay muchas informaciones contrapuestas. Usted se ha referido a una sentencia y ha dado su interpretación de la misma. Yo no pretendo que comparta lo que aquí se dice, pero parece que alguna razón tienen o por lo menos a mí me convence.
Hay un comunicado del Grupo Godó y del Grupo Prisa en relación con esas declaraciones que usted ha hecho.


Como aquí ellos no están presentes, me erijo en lector del mismo. En este comunicado se pone de relieve que de ninguna forma esta medida pretende resolver asuntos pendientes; que la sentencia --dicen ellos-- se ha cumplido en sus propios términos como exigía el tribunal, y que el 15 de marzo de 2002 había una demanda unánime del sector para modificar los asuntos del accionariado sobre los que usted ha hablado y respecto de lo que yo he intentado explicar que no es lo mismo participación en las empresas que control de las mismas para liberar a las empresas radiofónicas de determinadas trabas administrativas que dificultaban su desarrollo. Algunos grupos parlamentarios, como el Popular, son muy libres de sumarse a la defensa de los intereses de una compañía privada, yo no soy quién para decir que no lo hagan, pero nosotros estamos aquí para defender el interés general. (El señor Bustillo Navia-Osorio: Para defender a Prisa.) Al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa todo el tema de la telebasura, nos preocupa todo el tema de la libertad de información que las televisiones públicas aportan, tanto en la calidad de los programas que se emiten, como en la pluralidad de los informativos. Creo que nadie niega que en estos momentos hay más pluralidad, pero me gustaría preguntarle si ve usted que ha habido una mejoría de los informativos anteriores, donde un director de informativos fue condenado por manipulación frente a la situación actual. (El señor Bustillo Navia-Osorio: Es la cuarta vez que lo dice.) No vamos a repetir experiencias pasadas, donde un compañero de colegio y amigo de Aznar compra, a través de una compañía pública, cuyos accionistas han pagado después las consecuencias, un medio de comunicación para después arremeter contra otro medio y contra el Partido Socialista, que muchas veces no se ha sentido muy bien tratado en algunos temas.
Es cierto que hay que apostar por la televisión digital terrestre (El señor Bustillo Navia-Osorio: Por la Ser.) como también lo es que hay un período donde se tiene que compatibilizar. Experiencias anteriores fracasaron y lo que hay que hacer ahora es aprovechar la tecnología actual, aprovechar la situación actual y hacer compatible ese período transitorio. Cuantas más voces, más canales y más televisiones haya, más pluralismo, más diversidad y más variedad habrá. He podido leer la Ley de Contratos del Estado, y en su artículo 102 se habla de una modificación, no de una nueva adjudicación.
En definitiva, y con esto termino, quiero darle la bienvenida a la comisión, señor Carlotti. El Grupo Parlamentario Socialista está totalmente de acuerdo con todo lo que sea más competencia, más pluralismo y más libertad. Aunque es verdad que en la defensa de los intereses privados legítimos de Antena 3 no coincidamos completamente, como digo, en lo sustancial, en esos conceptos que hemos planteado, estoy casi convencido de que sí lo hacemos.
Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Camacho Vázquez): Gracias, senador Lavilla.
Tiene la palabra el señor Carlotti.

El señor CARLOTTI (Consejero Delegado de Antena 3 Televisión, S. A.):
Gracias, señora presidenta.
He tomado muchísimas notas, pero probablemente no sea muy ordenado en las respuestas para no olvidarme de nada y dar así la sensación de que no quiero responder a las muchísimas cuestiones que se han planteado.
Permítanme un pequeño comentario personal. Soy ciudadano italiano. He nacido en Venecia y, por tanto, me considero un poco especial.
Políticamente me considero europeo y fiscalmente contribuyo en España dese hace 11 años a rajatabla. Con estas características se puede suponer que no sólo vengo a defender intereses de la empresa que me paga la nómina, cosa que hago porque creo que es mi obligación y es legítimo hacerlo. Siempre digo que con la trayectoria personal que tengo, que algunos de ustedes quizá conozcan, ganar dinero es un derecho constitucional, sobre todo cuando se hace legalmente dentro de una empresa que, además de observar escrupulosamente todas las reglas y leyes de este país, está sometida diariamente y minuto a minuto a dos exámenes de selectividad: las audiencias y la Bolsa.
Tengo dos grandes pasiones en mi vida: la televisión --amo profundamente mi trabajo--, y la política, que ha sido mi gran infatuación juvenil.
Cada uno dedica la adolescencia y la juventud a lo que le parece, aunque quizá se equivoque. Pero yo como mucho soy un decepcionado, no un arrepentido, y quiero dejarlo claro. Así pues, espero que sus señorías puedan interpretar estas modestísimas contribuciones a su debate, no sólo como la opinión del hoy consejero delegado de Antena 3, ayer de Media Set y anteayer de Telecinco --y perdónenme si exhibo mi currículum, que es casual, porque soy un hombre afortunado, aunque en este sector normalmente uno sólo lo hace una vez, pues no es nada fácil salir vivo de estas experiencias--. Pues bien, como decía, además de como consejero delegado, me gustaría poder contestar permitiéndome, sin caer en la irreverencia, observaciones de tipo personal, de ciudadano, pues estamos hablando de algo que va más allá del derecho a ganar dinero, sino también del derecho de dar y recibir información, contenido y comunicación. En esto estén ustedes seguros de que quienes operamos en televisión siempre, permanentemente, vivimos con este sentido de responsabilidad.
Pero yendo al grano, diré que ha habido diálogo con el Gobierno, pero ninguno antes de la presentación del 30 de diciembre; e insisto, no faltaron ocasiones u oportunidades de hacerlo. Yo me he reunido no sé si seis o siete veces con el secretario de Estado de telecomunicación para discutir de otras cosas, y aparte de comentarios que normalmente se hacen, nunca nos dio la sensación de que se estaba proponiendo un anteproyecto con medidas tan importantes, eso sí, según el título del proyecto, porque después, dentro del proyecto, hay mucho menos y distinto.
Tengo la sensación de que de esto no se informó ni siquiera a los aliados políticos de este Gobierno, pues tengo información directa de que aliados políticos de este Gobierno se quedaron tan sorprendidos como nosotros, y creo que hubo también unos componentes del ministerio que se enteraron de ello el mismo día que se aprobó. Es decir, creo que esto se hizo de forma muy acelerada.


Posteriormente --y la Presidencia me permitirá que deje aquí documentación sobre lo que voy diciendo-- intentamos entender, explicar y proponer, y el resultado es el que es. No ha habido ninguna modificación sustancial. Se dice, y es una mentira, que se han aceptado sugerencias de Antena 3 y de Telecinco en relación al número máximo de licencias que un ayuntamiento puede mantener en una demarcación porque, efectivamente, se pasó de una proposición inicial en que se decía: más de una, a una última definición en que se dice: máximo dos. Pero la propuesta de las televisiones comerciales era: solamente una. Y así lo remarcamos en el documento que les entregaré a sus señorías y que se le entregó dos veces al secretario de Estado de Comunicación. Nosotros creemos que para arruinarse un ayuntamiento con una solamente le vale, no hace falta que tenga dos si es que quiere gastarse el dinero en televisión. Por tanto, en este punto, en cuanto a acuerdos con el sector audiovisual para impulsar la TDT, previamente no hubo ninguna discusión ni se ha incorporado ninguna sugerencia. Es la reforma que el sector esperaba, y voy a decir algo que podrá gustar más o menos, pero yo me lo había creído porque el señor Rodríguez Zapatero es el primer presidente de Gobierno que al mes de haber sido nombrado en su cargo ha cumplido una promesa electoral instituyendo la comisión de sabios. El dijo: arreglaremos la televisión pública y después pondremos la mano en un proyecto orgánico que estamos necesitando. Yo he creído en esto y por eso me ha sorprendido mucho que esa promesa no se haya respetado, y es que, efectivamente, la televisión pública es el factor de desequilibrio de este sector. No se puede plantear ninguna reforma del sector si con anterioridad no se dice qué tipo de televisión pública se quiere tener en este país. Aquí se gastan unos 4.000 millones de euros para producir televisión, y estoy hablando de las cadenas más relevantes; no conozco cifras ni de la televisión de pago ni de la local. Televisión Española, las autonómicas, Antena 3 y Telecinco gastamos más o menos 4.000 millones de euros. Tres mil gastan las televisiones públicas. Este sector tiene en la misma componente más o menos 23.000 empleados de los cuales 20.000 son públicos. Yo no estoy hablando de la situación financiera puesto que ustedes la conocen perfectamente --afortunadamente las empresas privadas no tenemos deuda--, pero quiero decir que el desequilibrio de este sector no se resuelve si no se hace una propuesta clara y efectiva --al final me referiré a esto, a lo que ha hecho alusión el senador Lavilla a quien contestaré más tarde.
Se me pregunta si nos gustaría tener más operadores y si debería haber la máxima competencia posible. Seguramente sí puesto que nosotros creemos que sabemos triunfar en la competencia. Las empresas privadas de este sector han tenido que sufrir la competencia desleal de las televisiones públicas durante los primeros 15 años de su existencia. El verdadero problema de este mercado no está en que falten espacios publicitarios sino en que lo que hay se vende a unos precios ridículos porque así lo practica la televisión pública en el mercado de venta de la publicidad; con lo cual, ha llegado a deprimir tanto el precio de esa publicidad que en el año 2004 aún se ha pagado menos en términos reales de lo que se pagaba en el año 2000. En 2001 la televisión pública ha aumentado en un 20 por ciento su capacidad de emitir publicidad cuando antes se respetaba un límite implícito. Es decir, tiene la misma capacidad de vender publicidad que las empresas privadas. Hasta el año 2000 las televisiones públicas no vendían esos 12 minutos por cada hora; a partir del año 2000, para competir con bajas tarifas, se creó una oferta de más del 20 por ciento y no pasó nada; se deprimió la tarifa pero no hubo ninguna mejora para la televisión pública. Nosotros no tememos la competencia.
Y digo una cosa que qujdio de cuatro veces más posibilidades de generar competencia. En el espectro radioeléctrico un canal digital ocupa una cuarta parte del espacio que ocupa un canal analógico. Por tanto, si se dan las mismas condiciones técnicas, como dijo el presidente del Gobierno, para que haya un canal analógico más, se pueden dar cuatro licencias digitales. Ahora bien, y conste que yo no quiero jugar con las palabras: ¿Cuántas televisiones generalistas en abierto --sean digitales o analógicas, ahora no hago esa diferencia-- se pueden mantener con el mercado de la publicidad? En el Reino Unido hay dos; en Alemania hay muchos canales pero dos operadores concentran el 85 por ciento de la facturación; en Francia hay dos operadores privados; en Italia hay un operador privado que concentra el 75 por ciento de la facturación y un enano que tiene dos canales que nadie ve y que es el grupo Telecom Italia; en España hay dos empresas en este momento más dos digitales que no pueden funcionar porque nadie las ve; y en Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, con un producto interior bruto que vale lo que el de toda Europa hay cuatro. ¿Y saben sus señorías por qué no hay más? No es una cuestión de leyes. En Estados Unidos no hay concesiones; en Alemania tampoco hay concesiones, se distribuye la señal por cable, todo el que quiere puede distribuir su señal. Esa estructura de oligopolio
--lo que no significa que no haya competencia puesto que, por el contrario, un oligopolio puede ser la forma más extrema de competencia--, esta estructura de pocos se debe a que así lo quieren los que ponen el dinero, las empresas que se anuncian; éstas no quieren que se repartan las audiencias en seis, siete u ocho canales porque entonces ellas tendrían que comprar otros tantos canales para tener la misma cobertura publicitaria que se pretende comprar. La campaña ideal para nuestro cliente sería una cadena con el cien por cien de audiencia, y es que con un solo «spot» harían la campaña, es decir, todo el mundo se enteraría.
Un político que tiene esa responsabilidad tan grande si quiere que se reafirmen sus propuestas, sus ideales, sus objetivos, tendrá que preocuparse también de que no se venga abajo el sistema de mercado en que se opera.
Se dice que nosotros ganamos mucho dinero. Ustedes ya sabrán que Antena 3 y Telecinco solamente en dos de sus quince años de historia han ganado en el mismo ejercicio una buena cantidad de dinero aunque hay que decir que no mayor de lo que ganan normalmente todas las empresas de televisión comercial en Europa. No somos nada raro en este sentido. No se ha dado nunca en esos quince años de existencia de los privados en este sector ni un solo año en

el que al mismo tiempo los tres operadores privados hayan ganado dinero.
En toda la historia de Antena 3, es decir, en quince años, ha ganado 180 millones de euros, lo que significa 12 millones de euros al año, cantidad que aplicada a una inversión en capital invertido de 350 millones de euros, al neto de la inflación supone una rentabilidad obscena. Este sector no se ha consolidado; por su propia naturaleza es un sector de oligopolio en el que se ha manifestado un nivel de competencia que no existe en ningún otro país de Europa, con presencia de una televisión pública que se ha comportado deslealmente en el mercado de la publicidad y con un retorno de la inversión por parte de los inversores absolutamente ridículo hasta ahora. ¿Ahora se quiere más competencia? Seguramente sí. Y si hay un loco que quiere hacer una televisión generalista en abierto, que la haga. Pero yo me pregunto: ¿Y por qué tiene que ser solamente uno? ¿Por qué no pueden ser cuatro, ocho, doce o veinte más? ¿Cómo sería eso posible con un solo tránsito inmediato al sistema digital, es decir, sin abrir ninguna licencia analógica más? En cuanto a qué medidas ha tomado Antena 3, debo decir que a ella no le toca tomar medidas para impulsar la televisión digital. Antena 3 puede prestar su colaboración, puede adherirse, puede manifestar su voluntad como hemos hecho clarísimamente. Nosotros hemos cumplido con todas las obligaciones que las leyes de este país nos impusieron en un determinado momento por emitir también en analógico, cosa que cuesta un dinerito puesto que hay que alquilar una cobertura de transmisión digital en toda España que se suma a la analógica que, obviamente, seguimos manteniendo, eso sí, sin que tengamos de momento ninguna posibilidad de recuperar ese gasto. Hemos declarado reiteradamente que si se nos da un ancho de banda suficiente estamos dispuestos a hacer inversiones para producir programación original en sistema digital. Antena 3 y Telecinco hemos financiado una campaña para explicarles a los ciudadanos lo que es la televisión digital.
Aprovecho esta ocasión para decir que la televisión digital es más eficiente tecnológicamente --porque donde cabe una analógica caben cuatro digitales-- y, por lo tanto, el ciudadano puede recibir muchas más televisiones gratuitamente, con un sistema de antena convencional, sin parabólica, sin decodificadores, dependiendo únicamente de un aparatito que hoy cuesta ochenta euros, pero que mañana estará incorporado en el chasis del propio televisor.
La televisión digital permite el acceso a lo que hemos llamado sociedad de la información: se pueden recibir datos, más informaciones, etcétera.
En este sentido, en algunos países se está experimentando la posibilidad de que la Administración pública se comunique con los ciudadanos a través de la televisión digital terrestre y, por ejemplo, pueda emitir un certificado de empadronamiento a través de la misma sin que sea necesario acudir al ayuntamiento.
Se trata de una revolución, sobre todo para aquellos que tenemos más de cuarenta años, y creo que se nota que yo los tengo. Soy una persona medianamente alfabetizada bajo el perfil digital y utilizo Internet, pero cuando me regalan aparatos como videocámaras o teléfonos sofisticados, a pesar de leer las instrucciones, confieso que me siento incapacitado ante ellos y entiendo que hay millones de personas --y no necesariamente desfavorecidas, pobres o marginadas--, en la misma situación que yo, que se van a tener que enfrentar a un gran problema porque sus hijos sabrán de esto más que ellos y, por tanto, perderán su función de educadores.
Este problema sólo se podrá resolver si les introducimos en la sociedad de la convergencia digital a través de un aparato fácil, como es el caso de la televisión. Hay personas con cincuenta años que no quieren oír hablar ni saber nada del ADSL, de GRPS o de UMTS; sin embargo, con una televisión y un telemando pueden no perder el contacto con la sociedad que, en diez años --nos guste o no nos guste y pongamos o no en marcha la televisión digital terrestre--, cambiará espectacularmente.
El Gobierno tiene que saber que ésta es una infraestructura estratégica.
El anterior Gobierno se equivocó porque quiso poner en marcha un proceso de digitalización --y lo planteó antes que cualquier otro país de Europa--, pero lo hizo sin consultar al sector. Su objetivo era promover una tercera plataforma de pago viable y creo que era bastante fácil adivinar que no iba a ser así porque, de hecho, ya había dos que perdían mucho dinero, la de Sogecable y Vía Digital. Desde mi punto de vista, hasta un niño hubiera visto que una tercera plataforma hubiese perdido aún más dinero y, como dice mi amigo Paolo Basile, esto determinó que Quiero TV se transformara en quiebro, en tan sólo un año y medio, por falta de posibilidades económicas.
Cuando se habla de condiciones técnicas, señorías, no sólo hay que analizar si cabe dentro del espectro radioeléctrico sino que hay que saber si habrá suficientes recursos económicos, ¿quién pagará la fiesta? Si se aprueba la puesta en marcha de un programa de más de 1.000 licencias digitales locales, ¿quién pagará el gasto de esas 1.000 televisiones locales? Antena 3 gasta alrededor de 1,5 millones de euros al día para hacer la televisión; si cada una de estas televisiones se gastara 1,5 millones de euros al año, serían precisos 1.500 millones de euros de recursos publicitarios, y no los hay.
Hablamos mucho de pluralismo, de competencia, de democracia y de información pero no nos preocupamos de si existen o no las condiciones técnicas necesarias. Si se calibra mal esta transición sólo se provocará un momento de gran turbulencia, de manera que accederán decenas de empresas que, en poquísimo tiempo, tendrán que cerrar o irán a la quiebra, y volveremos a tener dos o tres operadores, tal y como ocurre en todo el mundo con este tipo de mercado. Por favor, analicen la situación existente en Europa y en Estados Unidos.
En relación a la cuestión del voto en contra en el CATSI, les diré que yo descubrí que no teníamos voto cuando lo dijo el señor secretario de Estado; pero es más, es que no hubo votación. La certificación dice que se aprobó con el consenso de todos los que tenían derecho de voto, para no decir que los que no teníamos derecho de voto --y no lo sabíamos--, habíamos expresado nuestra oposición; en cualquier caso, ni siquiera aquellos que tenían derecho de voto pudieron ejercerlo, simplemente porque no se votó, porque si se hubiese votado nuestra representante

hubiera hecho constar en acta que estaba en contra, con o sin derecho de voto. Por lo tanto, la certificación sólo se expidió para inducir al error de que el sector estaba de acuerdo, tal y como se preocuparon de declarar el señor ministro de Industria, la vicepresidenta y el presidente del Gobierno, ocultando el hecho de que el sector no estaba de acuerdo. Todo el sector, incluyendo a Sogecable, estaba en desacuerdo.
¿Se van a crear situaciones contrarias al pluralismo? No creo que el hecho de abrir o no Canal Plus aporte mucho al pluralismo, señores senadores. De hecho, el informativo de CNN Plus ya se ve en abierto y ocurre lo mismo con el informativo de Canal Plus. Se podrán ver en abierto más dibujos animados, más películas, pero nada de lo que se ve actualmente pagando. Habrá que dar una pequeña desilusión a los ciudadanos, a aquellos que se preguntan por qué se está en contra de que se vea Canal Plus sin pagar; yo no sé si se emitirá en abierto Canal Plus pero, en ese caso, desde luego no será el Canal Plus de ahora: no habrá nada de fútbol ni de cine. El problema no es solamente que si lo hicieran se iría a pique su cuenta de resultados sino que, en el caso del cine o del fútbol, por ejemplo, no tienen los derechos para la emisión en abierto --los tienen Antena 3, Telecinco, Televisión Española o la FORTA.
La apertura de Canal Plus supondrá el nacimiento de una nueva televisión, muy diferente de la que hoy conocen aquellos que pagan un abono. Yo no soy abonado a Canal Plus ni a ninguna televisión de pago, porque creo que la televisión debe emitir en abierto, y que sólo está justificado el pago para ver acontecimientos especiales. En cualquier otro caso, existe la posibilidad de que las empresas privadas --tal y como hemos demostrado--, puedan ofrecer un servicio de televisión absolutamente digno, tal vez mejor que el que se paga, sin que el ciudadano tenga que abonar cantidad alguna.
Señorías, creo que hemos caído en una gran equivocación terminológica al hablar de apagón analógico porque, desde mi punto de vista, no habrá ningún apagón si no se soluciona el problema. La puesta en marcha de la televisión digital no depende del día en que apaguemos sino del día en que encendamos, porque cuanto antes encendamos, antes estaremos en condiciones de apagar. Se trata del mismo caso que el de aquel gobernante que dijo que se aboliría la miseria a partir del año 2010, pero no es así porque la miseria no se puede abolir por decreto; se puede luchar contra la miseria, se puede actuar políticamente contra ella, pero solamente en el caso de que en 2010 no exista más miseria se podrá declarar que se ha vencido definitivamente.
Con el apagón pasa lo mismo, no se podrá apagar la televisión y decir al 5 o al 10 por ciento de la población --y en este caso sí estamos hablando de los más pobres, los más desfavorecidos y del entorno rural-- que a partir de tal fecha no pueden verla porque quizá no habrán tenido la posibilidad de comprar un aparato digital. En ese caso, señores políticos, prepárense para una revolución, porque la televisión, desafortunadamente, en muchos casos es lo más importante que tienen algunas de estas franjas marginales.
Estas empresas llevamos años regalando 24 horas de información, de entretenimiento, de compañía y de alegría; es cierto que estamos ejerciendo un legítimo interés, pero nuestra televisión, la que se ve a través de un hilo de hierro, sin pagar nada, es un regalo de 24 horas al día que, en muchos casos, es lo más importante en la vida de una persona anciana, sola o que no tiene nada que hacer durante el día. ¿Les vamos a decir a estas personas que les apagamos la televisión? No, lo más sensato será que ese día les regalemos un aparato para que puedan seguir viéndola. Y si estamos hablando del último 3 por ciento de la población, será una solución posible, pero si el 50 por ciento de la población, sea cual sea la fecha del apagón, no tuviese solucionado el problema digital, no habrá ningún apagón.
Senadora Aleixandre, dice usted que la libertad está en manos de las televisiones, pero creo que no es así. La libertad está en manos de los ciudadanos, que tienen ese aparato que se llama telemando. El consumidor de televisión es el más libre que existe porque consume en su casa, sin el agobio de un vendedor que le presione, eligiendo entre toda la oferta y elige lo que quiere, sin tener siquiera que levantarse para hacerlo porque tiene el telemando y, además, casi nunca paga; por lo tanto, puede elegir, cambiar de elección, etcétera. Es absolutamente libre.
Se podrá decir que no recibe todas las propuestas y por eso estoy a favor del digital, porque el pluralismo es un ideal teórico de imposible realización. Nunca habrá una televisión plenamente pluralista, porque si hubiese una sobrarían todas las demás. El pluralismo es un resultado colectivo y, por tanto, cuantas más voces hay mejor pluralismo.
Pero no se puede decir lo mismo de la competencia. Un exceso de competencia hunde el mercado. Por tanto, reclamamos que los políticos y los legisladores de este país tengan el máximo cuidado en establecer cuál es el nivel correcto de competencia, porque no puede tratarse de una competencia destructiva. Tiene que ser una competencia que dé márgenes para que la empresa pueda seguir invirtiendo, abriendo nuevos mercados y ampliando sus actividades.
El 50 por ciento no es un límite «antitrust», como usted mismo ha dicho.
Yo pregunto si el Gobierno aceptaría que un solo operador tuviese el 50 por ciento de las frecuencias de televisión y, si la respuesta previsiblemente es que no, entonces, por qué acepta que sea así en la radio. No puedo explicarme esta cuestión. Ni el señor Berlusconi tiene el 50 por ciento de las frecuencias. Tiene más en cuota de mercado pero no tiene el 50 por ciento de las frecuencias. Por tanto, no debe ser, es un procedimiento gravísimo.
Tampoco quiero entrar en polémica respecto a la sentencia, que no interpreto, porque las sentencias se aplican y nada más. Se dice que se ha aplicado. Si es así, ni el Grupo Prisa ni el Grupo Godó tendrán el menor problema en pedir que el Gobierno retire este punto del proyecto.
Además de que no he sido yo quien ha dicho que esto se ha hecho para solventar un problema sino el ministro de Industria y lo ha confirmado el presidente del Gobierno, si al final resulta que no es así porque los afectados directamente, que son el Grupo Prisa y el Grupo Godó, dicen que no hay ningún problema, que ellos han aplicado la sentencia y que no sufrirán ninguna consecuencia, entonces que

propongan y acepten que se retire este punto, que es el punto que más ha hecho saltar las alarmas en el sector, porque introducir en un proyecto de ley que habla de pluralismo una norma que eleva al 50 por ciento este límite es absolutamente contradictorio.
Me decía el señor Guillot que no van a permitir lo que se ha hecho en los últimos años. Creo que cada uno tiene su propia historia. Llegué a España en el año 1994, momento en que gobernaba el Partido Socialista y el Partido Popular estaba en la oposición. Entonces el Partido Popular me pidió --esto lo he manifestado en una entrevista y, por tanto, lo puedo decir-- que nos comportáramos correctamente. Dos años después, el Partido Popular pasó a ser el partido de Gobierno y en Telecinco --yo estaba allí entonces-- no cambiamos un ápice nuestra política informativa.
Las presiones de un gobierno pueden ser tremendas pero no son más que las que uno decida aceptar. Las que se decida no aceptar no se aceptan. Esto depende mucho de la disposición de una empresa a mantenerse no voy a decir independiente, sino a mantenerse sensatamente donde tiene que estar, ejerciendo su derecho, pero no su derecho a ser objetivo, porque no existe la objetividad. Si existiera la objetividad, tendríamos un solo telediario. Afortunadamente, tenemos muchos más y cada ciudadano finalmente decide de qué telediario se fía más.
¿Quiere usted que yo me comprometa con una declaración? Creo que se han hecho cosas muy malas, pero no se solucionan con una cura homeopática.
Como ciudadano, diré que me impresionó el rifirrafe entre Luis Herrero y Manuel Medina, ambos eurodiputados, en Estrasburgo hace pocos días. El señor Herrero acusaba al Gobierno de España de regalarle la radio al señor Polanco y el señor Medina contestaba que el Gobierno de Aznar controlaba todos los medios. Y dijo: y ahora el Gobierno de España lo que está haciendo es reequilibrar la situación. ¿Esto qué significa, qué se está haciendo lo mismo al revés? Creo que esto no se puede hacer, estoy de acuerdo con usted. Hay que exigir que cuando un medio abre una polémica diga en qué se funda para ello y no difunda noticias falsas, porque eso no tiene nada que ver con el pluralismo o con la objetividad.
La verdad es la verdad y cuando uno se equivoca, se equivoca.
Senador Lavilla, si el editor del informativo de una empresa en la que soy consejero delegado recibe una sentencia firme por haber manipulado la verdad, lo echo. Lo que me ha impresionado es que con el cambio de responsabilidad en la dirección de la empresa, ésta no haya querido llegar hasta el final del procedimiento. Creo que incluso el señor Urdaci tenía derecho de llegar al Supremo si hubiese querido, porque, al fin y al cabo, haber retirado esta defensa ha dejado al señor Urdaci ante la posibilidad de decir que no ha podido defenderse. Por tanto, mucho mejor hubiese sido para este país que el señor Urdaci hubiese podido defenderse hasta el final y después acatar la sentencia, como hay que hacer siempre, porque las sentencias ni se interpretan ni se discuten ni se solventan, se aplican.
Por tanto, si un directivo de una empresa en la que soy consejero delegado hubiese sufrido una sentencia firme por manipulación, yo lo hubiese echado, pero al señor Urdaci no se le ha dado la posibilidad de llegar hasta el final. Y permítame no entrar en la especulación de imaginar lo que hubiera decidido el tribunal en segunda instancia. Y creo que una sentencia en primera instancia es un hecho grave y el señor Urdaci así lo ha admitido. Además, la vanidad de nombrar CCOO a uno de los principales sindicatos fue una tontería, porque eso es algo poco digno de un periodista que dirigía el que entonces era el telediario más visto del país. Por tanto, no tenga la menor duda de que sería como digo si dependiera de mí y eso sucediera, aunque espero que nunca lleguemos ni a un sentencia definitiva ni a una primera, porque espero que en las empresas donde yo sea consejero delegado siempre se pueda defender que se hace un buen telediario.
Usted me preguntaba sobre mi opinión en relación al cambio de los informativos, si me gusta o no me gusta. A mí me gustan los de mi empresa, me pagan por eso y usted comprenderá que no diga una cosa distinta. Pero, aparte de la broma, creo que lo más relevante es saber si les gusta o no a los españoles. Y le digo solamente que el que más les gusta a los españoles en estos momentos es el telediario de las nueve de Antena 3, de Matías Prat. Y esto no sabe cuánto me alegra, pero no por una razón política sino por una razón profesional, porque el momento del telediario es el único del día en el que todas las televisiones hacemos lo mismo --insisto-- a la misma hora, es decir, es la situación ideal para ver de quién se fían los españoles, porque pueden elegir entre telediarios que hablan de las mismas noticias, de los mismos hechos y que solamente difieren en el tratamiento informativo. Y poder decir que los telediarios de Antena 3 siguen subiendo y que en estos momentos son los más vistos de España me da una alegría que no puede imaginar.
Me pregunta su señoría qué pienso acerca de que otros canales quieren pasar al sistema analógico. Insisto en lo que ya he dicho, creo que el presente --no ya el futuro-- es digital. Pero, sinceramente, me pongo el gorrito de los señores de Veo y de Net que ven que se abre un canal analógico transformando la licencia, porque es verdad que no se da una licencia nueva. Si a uno le dan una finca rústica para pasear ovejas, no puede edificar un hotel. El alcalde tendría que recalificar el terreno y permitir una licencia de edificación. No es lo mismo una televisión de pago que una televisión en abierto. Operamos en mercados distintos. En mi opinión, no sería perjudicial para que estando disponible esa licencia analógica se sometiera a concurso y se concediese a quien mejor proyecto presentase, para que hiciera la televisión que le pareciera oportuno.
Pero creo que no se puede aceptar que quien ostenta el monopolio de la televisión de pago vía satélite ejerza también el negocio de la televisión en abierto. Esto no ocurre en ningún país de Europa, no se lo permiten a nadie en ningún país de Europa, porque esa situación permitiría tener una posición de ventaja en el momento de comprar los derechos absolutamente inalcanzable.
Un productor de una película cobra 50 vendiendo derechos «pay» y 100 vendiendo derechos «free». Pero, si solamente uno puede comprarle la parte «pay», le resultará

muy fácil comprar también la parte «free», sin que los que tenemos solamente la parte en abierto podamos hacer algo para competir. Por eso considero que es inadmisible e insostenible esta situación y confío en que las autoridades que defienden la competencia en este país y en Europa lo dirán.
El senador Lavilla decía que por parte de las empresas no se ha hecho nada para favorecer la introducción de la televisión digital terrestre quizá porque no nos interesa a los que concentramos la publicidad.
Permítame decirle tres cosas. A nosotros no nos toca fomentarlo.
Nosotros, expresamos, como he dicho, nuestra opinión, y estamos sinceramente disponibles a invertir millones y millones de euros en producir nuevos programas que se difundan digitalmente con años de adelanto respecto a la fecha en que estas inversiones serán rentables.
Porque usted se puede imaginar que una empresa que vive de publicidad, si emite un programa en digital y no lo ve hoy nadie, no podrá vender la publicidad hasta que no haya millones de españoles que tienen el aparato, que ven este programa; hasta que no haya datos para que certifiquen que este programa lo ven equis miles de personas, no podremos ir a las empresas y proponerles darnos la publicidad que nos permitiría empatar o posiblemente ganar dinero. Pero esto es un proceso de años. Nosotros estamos dispuestos a producir no un programa original, sino dos, tres, cuatro; el ancho de banda que nos concedan nosotros lo llenaremos con programas originales, porque nos consideramos suficientemente cualificados para poder producir programas digitales. En Antena 3 nosotros haremos programas temáticos, no haremos otra Antena 3. Haremos un programa para los niños, haremos un programa para el ama de casa, haremos un programa para los que se dedican al deporte, haremos un programa para los que aman el turismo, haremos un programa para los que aman los motores, los coches, las motos. Haremos programas temáticos porque a mí me parece que es la única manera de activar inversiones publicitarias que en este momento no vienen a la televisión. Pero estaremos encantados si alguien quiere hacer una televisión generalista, que se enterará de que no es tan fácil captar la audiencia generalista de este país. El año 2004, que se considera universalmente un año muy favorable en Antena 3, ha subido 1,2 décimas. No es tan fácil crear la audiencia.
Nosotros no tenemos miedo a la publicidad, porque pensamos que cuantos más canales haya, más fácil será para nosotros vender espacios publicitarios, porque tenemos ya una cuota de mercado.
En los últimos siete u ocho años en España se han multiplicado las televisiones; hay más televisiones locales, hay más televisión por cable, hay más televisión por satélite, es decir, las que en las audiencias de cada día se indican como otras televisiones. Estas otras televisiones, en seis o siete años, han pasado de representar el 2 por ciento al 11 por ciento. ¿Sabe usted qué parte del pastel publicitario se llevan estas otras televisiones? Cero. ¿Y sabe por qué? Porque es plantonc. Ninguna de estas televisiones capta una cuota de audiencia suficiente para hacernos la competencia. Nosotros no tenemos preocupación alguna en ese tema.
Entiendo que me estoy pasando del tiempo disponible. Creo haber dicho las cosas más importante. Solamente quiero hacer una apreciación.
Respecto a que Telefónica ha hecho un negocio importante con Antena 3 y que no diría lo mismo con Vía Digital; usted ha dicho que esto le costó a Telefónica un billón de pesetas. Probablemente se refiere a la televisión de pago, porque con Antena 3 Telefónica consiguió una plusvalía muy importante porque el que la compró la pagó --no se la regaló nadie-- a un precio que se consideró desproporcionado tanto que todo el mercado, cuando Antena 3 salió a Bolsa, esperaba una caída del valor de salida. Y, si hemos demostrado que no ha caído, sino que ha subido y mucho es porque
--perdóneme la pequeña vanidad-- hemos trabajado mucho y bien. Pero a nosotros no nos ha regalado nada nadie, como ha demostrado el cambio de gestión de Televisión Española. Cuando cambia la gestión en Televisión Española, la Primera tenía el 23 por ciento de audiencia; cuando yo llegué a Antena 3, tenía el 18 por ciento y bajando. Ahora Antena 3 está al 21,5 por ciento, gana 105 millones de euros al año y es una televisión sólida, saneada y con crédito y credibilidad. Esto depende del trabajo de los que estamos trabajando todo el día para que esto funcione bien. Pero en esa operación Telefónica estuvo una plusvalía importante.
Si se me ha olvidado algo importante por contestar, les ruego que me lo digan porque no quiero eludir pregunta alguna.

La señora VICEPRESIDENTA (Camacho Vázquez): Muchas gracias, señor Carlotti.
¿Algún grupo quiere intervenir brevemente? (Pausa.) El señor CARLOTTI (Consejero Delegado de Antena 3 Televisión, S. A.): Voy a dejar esta documentación interna de Antena 3 y dos estudios que han sido redactados por Deloitte, que es el principal auditor de cuentas de televisiones en Europa, probablemente el consultor que más conoce el sector y que compara la situación en España y en todos los demás países.

La señora VICEPRESIDENTA (Camacho Vázquez): Agradeciéndole su comparecencia, levantamos la sesión.

Eran las trece horas y treinta minutos.