CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2005 VIII Legislatura Comisiones. Núm. 158 COMISIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JORDI GUILLOT MIRAVET celebrada el jueves, 12 de mayo de 2005

ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias:


-- A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, del Director de la Agencia de Protección de Datos (APD), D. José Luis Piñar Mañas, para informar en relación con la materia objeto de estudio de la Comisión. (Número de expediente 713/000219).


-- A petición del Grupo Parlamentario Socialista, del Presidente de la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (AUTELSI), D. Leandro Pérez Manzanera, para informar sobre sus puntos de vista acerca del nuevo Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa, y entre nuestras Comunidades Autónomas. (Número de expediente 715/000061).


-- De D. Manuel Castells Olivan, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, para informar en relación con la materia objeto de estudio de la Comisión. (Número de expediente 713/000336).


Se abre la sesión a las diez horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


-- COMPARECENCIA, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS (APD), D. JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS, PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA MATERIA OBJETO DE ESTUDIO DE LA COMISIÓN (713/000219).

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al compareciente de este primer turno de la mañana, el Director de la Agencia de Protección de Datos, D. José Luis Piñar Mañas. Mantendremos el mismo formato que en anteriores comparecencias: en primer lugar la intervención del compareciente, luego un turno de portavoces, y finalmente la respuesta del compareciente. En estos dos turnos de palabra nuestro objetivo es escuchar a fondo al compareciente para que pueda explicar su opinión en relación a todo el proceso del Plan de Convergencia con Europa de la Sociedad de la Información y del Conocimiento español.
Tiene la palabra el Director de la Agencia de Protección de Datos, D.
José Luis Piñar Mañas.

El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS (APD) (Piñar Mañas): Gracias, señor presidente.
Con la venia de sus señorías, quiero ante todo agradecer a esta Comisión la oportunidad que me ha brindado de comparecer ante la misma con el objeto de exponer alguna de las acciones más importantes que tiene en marcha la Agencia Española de Protección de Datos, que me honro en dirigir, en el marco de la implantación de la Sociedad de la Información y la convergencia con Europa. Mi agradecimiento es sincero, por cuanto esta es la primera ocasión que tengo de comparecer ante el Senado y, en consecuencia, ante esta Comisión.
La sociedad de la información, es decir, la posibilidad de disponer de información veraz en tiempo real, está produciendo un cambio radical en nuestra sociedad y en todas las sociedades avanzadas. La implantación de nuevas tecnologías, y, sobre todo, la posibilidad de que el uso de tales tecnologías sea algo cotidiano --lo que es extremadamente importante:
hacer cotidiano el uso de las nuevas tecnologías, o tender a hacerlo cotidiano-- está llamado a acabar con barreras discriminatorias y a facilitar la consolidación de una sociedad abierta y democrática. Pero, al mismo tiempo, puede implicar la aparición de nuevos riesgos para los derechos fundamentales si no se adoptan las medidas oportunas para evitarlos. Como es obvio, me refiero al riesgo que puede suponer para el derecho fundamental de protección de datos personales, derecho autónomo e independiente que enlaza directamente con el derecho a la intimidad, pero también, y de modo muy principal, con la dignidad misma de las personas.
Este derecho, como sus señorías conocen, ya está conceptualizado por el Tribunal Constitucional en la notable sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, y también está recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y proclamado en dos ocasiones en la Constitución Europea en sus artículos 1.51 y 2.68.
La Agencia Española de Protección de Datos debe velar para que ese derecho fundamental sea respetado y garantizado. Es la entidad pública independiente llamada a garantizar el derecho a la protección de datos personales; una autoridad pública de la que no cabe prescindir, no sólo porque está prevista en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos Personales, sino porque está exigida por la Directiva 95/46 y por la propia Constitución Europea, que declara expresamente --en los artículos que antes he citado-- que en cada uno de los Estados miembros deberá existir una autoridad independiente de control que garantice el respeto a tal derecho. Según la Sentencia Constitucional 290/2000 --también de 30 de noviembre, como la que antes cité--, esta autoridad pública está llamada a garantizar de forma homogénea el derecho a la protección de datos en todo el territorio nacional.
En este contexto, la agencia desempeña un papel capital en la implantación y desarrollo de la sociedad de la información. Para ello cuenta con importantes competencias que le han sido atribuidas, no sólo en la antes citada Ley Orgánica de Protección de Datos, sino también en la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones --recientemente desarrollada por el Real Decreto 424/2005 de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal, y la protección de los usuarios-- y en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información. Tales competencias --disculpen, señorías, si insisto en ello-- son capitales para el desarrollo efectivo de la sociedad de la información.
Se considera que al día se envían y reciben millones de correos electrónicos no deseados en el mundo --entre 5.000 y 20.000 millones--, y se calcula que en 2001 el «spam» --es decir, los correos electrónicos no deseados-- representaba sólo un 7 por ciento del tráfico mundial de correo electrónico. La cifra pasó al 29 por ciento en 2002, a más del 50 por ciento en 2003, y hoy se considera que supera el 70 por ciento de todos los correos electrónicos que se envían en el mundo. Como ha denunciado la Comisión Europea en su Comunicación sobre las comunicaciones comerciales no deseadas, o «spam», de 22 de enero de 2004, al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, el «spam» constituye un problema desde diversos puntos de vista: intimidad, fraude a consumidores, protección de menores y de la dignidad humana, costes suplementarios para las empresas, o pérdida de productividad. Socava la confianza de los consumidores en el comercio electrónico, los servicios en línea, y, en consecuencia, la confianza en la sociedad de la información que queda muy directa y duramente afectada por esta lacra social.
Por eso, permítanme sus señorías que dedique unos minutos a compartir algunas reflexiones y a facilitar información

sobre la realidad del «spam». El «spam» representa una intrusión en la intimidad de los particulares, ya que induce a error o a engaño y suele responder a una voluntad clara de estafar a los destinatarios. Además, para la empresas genera costes muy considerables, tanto directos --por ejemplo, el tiempo dedicado a eliminar correos no deseados, que hoy se estima entre 15 y 20 minutos al día por usuario, o los que se refieren a los múltiples problemas que plantea la recepción de correos electrónicos no deseados, como el coste en la implantación de medidas de seguridad, etc.
--, como indirectos --por ejemplo, la no recepción de los mensajes como consecuencia de los sistemas de filtrado, lo que se denomina falsos positivos, o la recepción de mensajes no deseados y, sin embargo, no interceptados, los falsos negativos, o bien los costes derivados de los virus que se introducen a través de los correos electrónicos no deseados.
Se ha calculado que en el año 2002 --en el que, recordemos, sólo el 29 por ciento de los correos electrónicos eran no deseados, mientras que ahora estamos en más del 70 por ciento-- el «spam» costó a las empresas europeas en torno a 2.500 millones de euros en pérdidas de productividad.
Por otra parte --como antes apuntaba, y creo que es importante insistir en ello-- el «spam» mina la confianza de los ciudadanos en relación con el comercio electrónico, y, en consecuencia, también con la sociedad de la información.
La Unión Europea hizo frente a esta situación adoptando la Directiva 2002/58 sobre la intimidad y las comunicaciones electrónicas. Se trata, en definitiva, de adoptar medidas que, pese a ser costosas, son necesarias. Como señala dicha Directiva de la Unión Europea, estas medidas deben adoptarse si se quiere que el correo electrónico y los servicios electrónicos sigan constituyendo una herramienta de comunicación eficiente, imprescindible para la sociedad de la información.
Por su parte, la Comisión ha recomendado vivamente que se adopten medidas que permitan luchar eficazmente contra el «spam», de modo que se garantice la aplicación y cumplimiento de la legislación, se adopten soluciones técnicas eficaces, se potencie la autorregulación por parte de la industria, y se incremente la sensibilización entre los usuarios.
La citada Directiva 2002/58 ha previsto un riguroso régimen jurídico aplicable a las comunicaciones comerciales, que, entre otras medidas, incluye la identificación de las comunicaciones comerciales electrónicas como publicidad; la identificación del remitente, sin que baste la identificación a través de una denominación comercial; la inclusión de una dirección de respuesta válida para oponerse a los envíos; la exigencia de consentimiento previo para el envío de mensajes comerciales, salvo que exista una relación contractual previa y las comunicaciones se refieran a servicios propios de la entidad análogos a los contratados; la posibilidad de oponerse en cualquier momento a la recepción de los correos electrónicos no deseados; o la revocación del consentimiento.
Este régimen ha sido traspuesto al ordenamiento español mediante la nueva Ley General de Telecomunicaciones --en cuya redacción debo decir que la Agencia Española de Protección de Datos desempeñó un papel muy importante--, que ha sido recientemente desarrollada en parte por el Real Decreto 224/2005. Asimismo, debe tenerse en cuenta la también citada Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).
Se establece así un régimen jurídico, que no sólo protege a las personas físicas sino también a las personas jurídicas, basado en la atribución de notables competencias de inspección y sanción a la Agencia Española de Protección de Datos desde marzo de 2004. De este modo, es posible afirmar que hoy España cuenta con uno de los sistemas más garantistas frente al «spam» de todos los países de la Unión Europea. Se han iniciado hasta la fecha en la Agencia 97 expedientes de investigación y 14 procedimientos sancionadores de los que se han resuelto 6, siendo los casos que se han planteado más repetidamente aquellos que tienen que ver con el envío de correos electrónicos sin consentimiento previo del destinatario.
En cualquier caso, debo decir que en no pocas ocasiones la lucha contra el «spam» ofrece enormes dificultades debido a que los correos electrónicos provienen de más allá de nuestras fronteras. El «spam», en efecto, no conoce fronteras, pero quienes envían correos no solicitados saben perfectamente que les amparan los vacíos legales. Por eso la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado unas relaciones fructíferas con otras autoridades de control que se enmarcan en la vocación de cooperación internacional que informa la actividad de la Agencia, y que se plasman, entre otras cosas, en que en estos momentos tengo el honor de ostentar la Vicepresidencia del Grupo Europeo de Autoridades de control de Protección de Datos --conocido como Grupo del artículo 29 por ser este artículo de la Directiva 95/46 el que lo estableció--, y la Presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Además, la Agencia participa en numerosos foros internacionales, como los Talleres de la OCDE de Lucha Contra el «spam», o el Grupo CNSA («Contact Network Of spam Authorities») de la Comisión Europea. Quiero destacar especialmente que la Agencia Española de Protección de Datos participó activamente en la creación e impulso de la iniciativa denominada London Action Plan, surgida bajo los auspicios de la OCDE el 1 de octubre de 2004, que reúne a casi una veintena de autoridades de control de 15 países para luchar eficazmente contra el «spam» mediante el desarrollo de iniciativas concretas y prácticas.
Permítanme comentarles brevemente la denominada Iniciativa «Zombie drone»: esta iniciativa pretende luchar contra una de las técnicas de envío más utilizada por los spamers. Éstos, explotando los fallos de seguridad de los equipos conectados a Internet --normalmente los ordenadores de los usuarios conectados mediante una línea de alta velocidad como el ADSL-- introducen aplicaciones maliciosas en los equipos de los usuarios, que les permiten tomar el control de los ordenadores pudiendo emitir «spam» desde ellos. De esta forma los «spamers» ocultan su identidad para que parezca que los mensajes son emitidos en realidad por el usuario habitual del equipo.


La iniciativa en marcha intenta despertar la conciencia sobre el problema en los proveedores de servicios animándoles a ser más proactivos. En ella se proponen una serie de medidas de carácter técnico y educacional, como el incremento del nivel de seguridad en los equipos de los usuarios y en los servidores del propio proveedor, así como el suministro de información y herramientas de seguridad a los usuarios.
Por otra parte, en el ámbito de la Unión Europea, se ha solicitado en varias ocasiones desde la Agencia, por ejemplo, la colaboración de las autoridades de control de Alemania y Reino Unido en casos concretos. Y en cuanto a las relaciones bilaterales, quiero destacar la estrecha relación que mantiene la Agencia con Estados Unidos, y en particular con la Federal Trade Commission (FTC) --que es la entidad americana competente para luchar contra el «spam»-- que se ha plasmado en la firma de un acuerdo de colaboración entre la Agencia Española de Protección de Datos y la FTC el pasado mes de febrero de este año para luchar contra el «spam», en concreto por el remitido desde Estados Unidos, así como el cada vez más numeroso intento de «spam» en español dado el creciente incremento de población hispana en aquel país.
Por otra parte, en el ámbito de la comunidad iberoamericana, la Agencia promovió el pasado año la celebración del Tercer Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos en Colombia, suscribiendo la llamada Declaración de Cartagena de Indias en la que se dedica una atención destacada a la lucha contra el «spam». Entre otras conclusiones, se señala que la intromisión ilegítima que el «spam» realiza en la privacidad, el perjuicio económico que el mismo ocasiona a los ciudadanos y a las empresas, así como el envío a través del mismo de contenidos que en muchos casos resultan engañosos y fraudulentos, hacen que la sociedad exija medidas que combatan la realización de este tipo de prácticas.
Deben adoptarse medidas técnicas que permitan controlar y establecer filtros al envío de «spam».
Estas medidas resultan necesarias, aunque no suficientes, para contrarrestar el crecimiento de estas prácticas. En este sentido, deberían adoptarse medidas legislativas que disciplinen específicamente la lucha contra el «spam», garantizando los derechos de los usuarios y regulando en lo que sea necesario la actividad que desarrollan los diferentes agentes implicados en esta actividad. La colaboración internacional en esta materia permitirá establecer un marco homogéneo que resulta imprescindible para combatir el «spam», dado el ámbito transnacional del propio fenómeno. Es preciso, además, propiciar e impulsar iniciativas de autorregulación sectorial que complementen y faciliten la aplicación del marco regulatorio sobre la materia.
Por último --tal y como se dice en la Declaración de Cartagena de Indias a la que me refiero--, es imprescindible que se adopten medidas que potencien la concienciación de los usuarios en relación con los perjuicios que les genera la práctica del «spam». De esta manera, los agentes que posibilitan la propaganda de «spam» verán dificultada su actividad por una mayor formación de los usuarios, lo que contribuirá a prevenir activamente esta problemática que presenta múltiples interdependencias.
Señorías, creo que las anteriores consideraciones resumen con precisión las iniciativas que han de tomarse contra el «spam» y a favor de la sociedad de la información y la convergencia con Europa. La Agencia Española de Protección de Datos está volcada en ello, y, en este sentido, acaba de incorporar a su página web una guía contra el «spam» dirigida fundamentalmente a los ciudadanos, y ha actualizado una guía para usuarios de Internet también disponible en la web. En el año 2000 llevó a cabo de oficio un plan sectorial en el sector del comercio electrónico, y en 2002 otro sobre banca a distancia. En relación con el primero, cabe destacar el gran desarrollo que han experimentado las transacciones comerciales electrónicas, y al mismo tiempo el progresivo incremento en el nivel de cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, y en particular de seguridad. No olvidemos que una de las causas más importantes de la ralentización en la generalización del comercio electrónico --pieza clave en la sociedad de la información-- es la desconfianza de los usuarios derivada de la percepción que tienen en torno a la falta de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los datos personales a través de Internet.
En el año 2000 pudo apreciarse que no siempre se ofrecía un canal seguro para garantizar la confidencialidad de las transacciones, incumpliendo en ocasiones lo establecido en el Reglamento de Medidas de Seguridad aprobado por Real Decreto 994/1999. En algún caso se detectó la utilización de vías no seguras para la confirmación al usuario de sus propios datos de registro, incluida su contraseña o clave de acceso; tal es el caso de la remisión de dichos datos simplemente por correo electrónico y sin aplicación de ningún procedimiento de cifrado.
En el segundo semestre del año 2003 la inspección de datos de la Agencia acometió un intenso análisis --hasta 170 páginas web-- de los denominados portales de empleo, y en general de aquellas entidades que recaban datos de carácter personal de los demandantes de empleo a través de Internet:
entidades públicas, administración local, cámaras de comercio, universidades, entidades privadas de interés general, fundaciones, organizaciones profesionales y otras entidades, empresas de trabajo temporal, empresas de selección de personal, consultoras de recursos humanos, grandes compañías, etcétera. En breve la Agencia hará públicas las recomendaciones correspondientes, pero ya podemos adelantar que hemos apreciado un notable incremento en la implantación de medidas de seguridad en este sector en relación con lo que habíamos percibido en el año 2000. En cualquier caso, nunca está de más la cautela que ha de asumir el propio usuario al operar en Internet; cautela que requiere, por su parte, un especial cuidado al facilitar sus datos sin las debidas garantías.
Por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos forma parte del Comité de Coordinación para la Implantación del Documento Nacional de Identidad Electrónico, y también de la Comisión Técnica de apoyo al citado Comité. El DNI electrónico va a ser, sin duda, una de las piezas más importantes en la implantación de la sociedad de la información. Como saben sus señorías, los artículos 15 y 16 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica regulan el

DNI electrónico que se define --concretamente en el artículo 15-- como el «documento nacional de identidad que acredita electrónicamente la identidad personal de su titular y permite la firma electrónica de documentos». Este mismo artículo dispone que «todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, habrán de reconocer la validez del DNI electrónico para certificar la identidad y demás datos personales del titular, y para acreditar la identidad del firmante y la integridad de los documentos firmados con los dispositivos de firma electrónica en él incluidos».
No obstante, la Ley 59/2003 de Firma Electrónica no hace mención expresa a los datos que ha de contener el DNI electrónico, pero el artículo 17 se remite a lo contemplado en la Ley Orgánica de Protección de Datos y señala que no se incluirán datos de los previstos en el artículo 7 de la misma, es decir, los llamados datos especialmente protegidos o datos sensibles. La creación del DNI electrónico deberá hacerse pues con pleno respeto de los principios configuradores del derecho fundamental a la protección de datos, entre otros el de finalidad, calidad de los datos, información, y en particular el principio de seguridad, lo que exigirá adoptar las medidas de seguridad adecuadas en el proceso de implantación del DNI electrónico, y por supuesto en el propio documento.
Asimismo, hemos iniciado una línea de colaboración en la implantación y desarrollo del Plan Conecta, y debemos informar sobre cuantos proyectos normativos afecten a la protección de datos personales, es decir, sobre cualquier proyecto que tenga que ver con la implantación de la Sociedad de la Información.
La propia Agencia ha puesto en práctica el compromiso de transparencia y respeto a la protección de datos que exige la Sociedad de la Información mediante la reciente aprobación de la Instrucción 1/2004 sobre Publicación de sus Resoluciones al objeto de transparentar más su actividad y acercar a todos los ciudadanos y responsables del tratamiento de datos personales.
Para todo lo anterior la Agencia Española de Protección de Datos cuenta con una plantilla de personal funcionario de altísima cualificación profesional que cumple con rigor sus funciones, pero, sin duda, es muy reducida. La relación de puestos de trabajo sólo es de algo más de 100 personas, lo que es claramente insuficiente, en efecto, para el correcto desarrollo de sus funciones como entidad que debe garantizar el derecho fundamental de protección de datos, y que está llamada a ocupar un puesto esencial en la implantación con garantías de la sociedad de la información.
Asimismo, su presupuesto es extraordinariamente modesto: 7 millones de euros para el presente ejercicio, el más bajo de todas las organizaciones independientes del Estado, y menor al correspondiente a otras autoridades europeas de protección de datos semejantes a la Agencia.
Por otra parte, tenemos un grave problema en cuanto a la sede que ocupamos, pues está pensada para una plantilla de tan sólo 60 personas
--cuando ahora, como antes les comentaba somos ya más de 100-- y debemos resolverlo ineludiblemente antes de finalizar el presente ejercicio.
Señorías, desde mi responsabilidad al frente de la Agencia y el servicio público que ha de prestarse a los ciudadanos, debo resaltar el papel central que juega la Agencia Española de Protección de Datos en la implantación efectiva de la sociedad de la información, y --como antes comentaba-- con respeto a los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la protección de datos y a la intimidad, ya que tales derechos guardan directa relación con la dignidad de la persona.
Según ha apuntado con acierto quien ha sido hasta hace unas semanas garante de la privacidad en Italia y fue Presidente del Grupo del artículo 29, de la Directiva 95/46, el profesor Stefano Rodota, la protección de datos es pieza capital, no sólo en la Sociedad de la Información, sino también en la Sociedad del Pluralismo y de la Democracia; en definitiva, en la Sociedad de la Dignidad.
La Agencia, abierta a la total y leal colaboración con el resto de entidades que han de liderar la consolidación de la sociedad de la información desde el cumplimiento riguroso y sensato de sus funciones y competencias, hará todo lo que esté en sus manos para mejorar la vida de los ciudadanos y la calidad de los servicios públicos. Por eso, señorías, agradezco de nuevo la ocasión que me han dado de comparecer ante esta Comisión, y quedo a su entera disposición para cuantas cuestiones deseen formular y cuantos requerimientos de información consideren oportunos.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Piñar.
Abrimos el turno de portavoces, siempre con la voluntad de ir más a la pregunta que al comentario, para que así le pueda dar tiempo al compareciente a dar más explicaciones.
Tiene la palabra la señora Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario de Convergència y Unió. (El señor vicepresidente, Fageda Aubert, ocupa la Presidencia.)
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor Luis Piñar Mañas, a esta Comisión. En primer lugar, queremos darle la enhorabuena y nos alegramos muchísimo de su activa participación en todos los foros internacionales, tanto europeos, como del norte y del sur de América. Sin ellos es imposible luchar no sólo contra el «spam», sino contra todo lo que es piratería electrónica. El marco de esta legislación tiene que ser internacional.
Estamos completamente de acuerdo con usted en plantear el derecho a la protección como un derecho fundamental de la dignidad y la intimidad. Es lógico que piense que no podemos prescindir de su Agencia, ya que es imposible prescindir de ella. Además, creo que llegará a sustituir a otras organizaciones u otras administraciones que han cumplido bien su cometido, pero que quizás ahora tengan que ser totalmente distintas.
Es cierto que el «spam» socava la confianza en la sociedad de la información y del conocimiento. Esto lo hemos dicho en repetidas ocasiones en esta comisión porque hemos tenido aquí a representantes de nuestras empresas, y uno de los problemas más importantes a los que deben enfrentarse es a la poca confianza que tiene el público en

general en este comercio electrónico, e incluso en la misma implantación de las tecnologías de la información y el conocimiento. Y otro de los problemas que teníamos era el de la facturación.
Por tanto, entendemos que hay que adoptar medidas, aunque sean costosas.
Estamos de acuerdo en que las medidas son totalmente necesarias, y en este caso el precio es relativamente importante, ya que en el reverso de la moneda tenemos mucho más que perder.
En cuanto al consentimiento previo y a la revocación del consentimiento, estamos totalmente de acuerdo, pero todo a su debido tiempo, es decir, la información al usuario es tan importante como el trabajo de ustedes. De lo contrario, su trabajo será totalmente incomprendido, porque sus deberes, derechos y cómo debe realizar las denuncias es algo que el usuario desconoce. Cuando detecta que han manipulado su ordenador, lo único que hace es ir a una casa comercial a que se lo solucionen. Sin embargo, esta Agencia debe poner a su disposición cualquier instrumento que le sirva para denunciarlo y así ustedes puedan actuar como policías de la red --por decirlo de alguna manera-- para evitar que se cometan más fechorías. Esto es importante, ya que, en el momento en que sepamos que hay alguien velando por nosotros, esta inseguridad que tenemos será mucho menor. Yo desconocía la página web de la que usted habla, y, como quizás otros usuarios pueden estar en mi lugar, considero que deberían dar más información no sólo a través de la web, sino a través de otros medios de comunicación, de que existe esa página así como una guía de «spam», y explicar cómo podemos acceder a ella.
En cuanto a que harán públicas las recomendaciones, nuestra pregunta es dónde las harán públicas, porque si las hacen públicas en una web a la que nadie tiene acceso ni sabemos que existe, es difícil conocerlas.
En lo que se refiere al DNI electrónico estamos de acuerdo en que todas las garantías son pocas y en que la seguridad es importantísima, y de nuevo les preguntamos cómo van a informar a toda la gente sobre las garantías de este DNI.
Es cierto que la protección de datos es la pieza clave de la sociedad de la información, sin ella la sociedad de la información y del conocimiento no tendrá lugar. Por tanto, yo les conmino a que continúen trabajando y nos den toda la información posible, no sólo a nosotros, sino a todos los usuarios porque la información es para todos, no solamente para esta Comisión.
Muchas gracias y enhorabuena por todas sus relaciones internacionales.

El señor VICEPRESIDENTE (Fageda Aubert): Muchas gracias, señora Aleixandre.
Tiene la palabra el señor Guillot, por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.
Señor Piñar, yo voy a hacerle sólo cinco preguntas en relación a su intervención, que he encontrado muy interesante. La primera ¿puede definir qué perfil tiene el «spamer», qué diferencia hay con los hackers, tiene beneficios o va a hacer daño? En segundo lugar, en cuanto a los niveles de seguridad reales o percibidos, así como en la seguridad ciudadana hay una serie de indicadores anuales que apuntan si las cosas van mejor o peor y unos estados de opinión entre la ciudadanía sobre la mayor o menor seguridad, a nivel informático, ¿en qué nivel de seguridad cree que estamos, tanto a nivel de datos reales, como de la percepción social de la misma? En tercer lugar, tenía una pregunta que usted mismo ya ha respondido en su intervención, que era si la Agencia cuenta con los recursos suficientes. Por lo que veo no es así, y creo que uno de los objetivos de esta Comisión es intentar que un instrumento tan fundamental para la protección de los datos y la defensa de los derechos pueda gozar de los recursos mínimos para poder hacer su trabajo.
Por último, le planteo dos cuestiones más: si el marco legislativo tanto europeo como español es el adecuado, o serían necesarias modificaciones para poder hacer más efectivo el trabajo de esta Agencia; y la otra pregunta es si usted cree oportuna la entrega a los partidos de los censos electorales.
Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Fageda Aubert): Muchas gracias, señor Guillot.
Tiene la palabra el señor Salvador, por parte del Grupo Socialista.

El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor don José Luis Piñar Mañas en nombre de nuestro Grupo, y felicitarle por los trabajos que están realizando. Creemos que ha dicho usted cosas bastante interesantes, y una de ellas, que destaca sobre todas las demás, es el vacío legal existente en ocasiones y la transnacionalidad que tienen muchas de las actuaciones, lo cual dificulta la intervención.
Siguiendo las recomendaciones del presidente, voy a ser breve, pero voy a hacerle unas consideraciones en nombre de todos los usuarios a los que pueden estar planteándoseles problemas que no encuentran fácil solución, y que nos los trasladan a nosotros para ver cómo les podemos ayudar.
Antes, la informática tendía a acercarse al usuario con lenguajes intuitivos, intentando demostrar que su uso es algo fácil y sencillo que no implica riesgos, para que así resultara atractiva y que la gente se fuese acercando a ella. Sin embargo, hoy hemos pasado a la desconfianza
--estoy totalmente de acuerdo con usted--, porque un usuario inexperto se puede encontrar con que de repente su ordenador puede estar lleno de software malicioso, o puede tener barras que no puede quitar, y al final puede tener que llegar incluso a formatear el disco duro para poder seguir actuando. También se encuentra con la publicidad tremendista que se hace desde los proveedores de antivirus, que suelen colgar versiones gratuitas para que los usuarios puedan hacer chequeos y eliminar los virus que

les hayan instalado, pero no el software malicioso; para éste les ofrecen contratar otra serie de versiones para limpiar el ordenador.
Todo esto va en detrimento de la seguridad y de la confianza, que es la clave para que podamos funcionar, además de lo que usted ha destacado sobre las transacciones del comercio electrónico tan importante para el futuro.
Voy a hacerle una serie de preguntas en relación con su intervención. En primer lugar, si cree usted que el nivel de conocimiento del ciudadano medio de sus derechos en relación a la normativa existente para la protección de sus datos es aceptable, o habría que hacer campañas divulgativas de esos derechos para que se recuperara parte de la confianza sabiendo que hay alguien que trabaja para paliar los posibles efectos negativos.
En segundo lugar, ¿cuál es el nivel de adaptación de la Administración española a la normativa vigente en relación a la protección de datos? Eso es algo que habrá ido evolucionando con el tiempo. Asimismo, desearía saber si existe una adecuada colaboración con la inspección de datos, o si se existen problemas relacionados con ellos, y si me podría aclarar cuál es la diferencia entre lo que es comunicación y lo que es «spam». En este sentido, recuerdo un caso que leí recientemente en el periódico de un empresario que recibió tarjetas en el SIMO de una serie de personas interesadas en sus productos, y asegura que les envió un correo sólo y exclusivamente a los usuarios de esas tarjetas. A partir de ahí recibió una denuncia por «spam» y tiene que pagar una sanción millonaria.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fageda Aubert): Gracias, señor Salvador.
Tiene la palabra doña Mercedes Coloma, del Grupo Popular.

La señora COLOMA PESQUERA: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido a esta Comisión, señor don José Luis Piñar Mañas, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Creo que todas las intervenciones del resto de los grupos que me han precedido reflejan las mismas inquietudes que tiene esta portavoz.
Si me lo permite, voy a empezar por el final de su intervención. Estoy completamente de acuerdo, como no podía ser de otra manera, con que la información esté asociada a la sociedad de la dignidad, y ése es el primer principio que debería regir. Como decía antes, comparto casi todas las cosas que se han dicho aquí. Creo que la Agencia de Protección de Datos es muy poco conocida por los usuarios y que se debería hacer algo para poner en conocimiento de cada uno de los ciudadanos en qué consiste, a qué se dedica, y quién se puede dirigir a ella. He leído que, además de la Agencia Española, también hay agencias de protección de datos de comunidades autónomas como Madrid o Cataluña, y supongo que de alguna otra comunidad. Por tanto, la primera pregunta que me surge es: ¿qué competencias tienen unas y otras Agencias de Protección de Datos y a dónde hay que dirigirse? Le tengo que felicitar porque creo que ustedes hacen una labor fundamental, trabajan muy bien, y hacen un seguimiento exhaustivo de todas las denuncias que les llegan. Usted ha explicado a lo largo de su intervención cómo se han ido incrementando las denuncias que han ido llegando a la Agencia, y creo que el problema más grave es el del «spam», es decir, las comunicaciones electrónicas no deseadas.
Por otra parte, ha comentado --como no podía ser de otra manera-- que su plantilla es bastante reducida, pero convendrá conmigo en que en el año 2003 esa plantilla se incrementó en un 33 por ciento, si no estoy mal informada. Por tanto, partiríamos de una plantilla, desde mi punto de vista, bastante precaria --si es que son correctos los datos que tengo--, al igual que el presupuesto, que sigue siendo un presupuesto modesto que se ha ido incrementando poco a poco.
Otra de las dudas que tengo es que en la sociedad de la información, en la que no existen fronteras y hay un mundo globalizado al cual todo el mundo accede desde no se sabe dónde, ¿no habría que hacer algo para garantizar plenamente al usuario que pueda acceder sin ningún tipo de problema, y que estas soluciones no sean de un país en particular, sino soluciones internacionales? También he leído que Al Gore --conocido entusiasta de este tema y Vicepresidente de Estados Unidos en su tiempo-- manifestaba en una comparecencia pública en la Universidad de Nueva York que se necesitaba una Carta Magna Electrónica. Somos muy dados a hacer Cartas Magnas, que están francamente bien --recordemos que hace poco España ha ratificado el Tratado de la Constitución Europea--, pero usted ¿sería partidario de hacer esta Carta Magna Electrónica a nivel mundial? La clave de todo esto está en que los usuarios utilicen este tipo de sistemas, porque si no hay confianza ni seguridad, al final no vamos a llegar al objetivo que todos perseguimos, que es que todo el mundo tenga acceso a las nuevas tecnologías.
Yo he sido ponente de todas esas leyes que usted ha comentado tanto de la LSSI, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, como de la Ley de las Telecomunicaciones y de la Ley de Firma Electrónica, y tengo que decirle que precisamente en la Ley de Telecomunicaciones se modificó un artículo de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información incorporando la Directiva de 2002. ¿Cree usted necesario que se haga una nueva legislación para evitar este tipo de problemas que estamos sufriendo todos los usuarios de las nuevas tecnologías? Como usted ha indicado, el principal problema es la falta de seguridad y confianza de los usuarios. Hace poco tiempo también he leído que la Comisión de Libertades Informáticas --de la que usted habrá oído hablar, y que está formada por diferentes organizaciones, como asociaciones de usuarios, organizaciones sindicales, etc.
-- decía que sería necesaria una reforma legal de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, argumentando la ambigüedad de la redacción actual de la ley en determinados aspectos. ¿Comparte esta opinión? ¿Cree que habría que modificar la Ley de Protección de Datos actual, o cómo cree que se debería hacer?

Para terminar, me sumo al resto de las preguntas que han hecho mis compañeros en esta Comisión. Le agradezco nuevamente su comparecencia, y espero que usted nos conteste. Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fageda Aubert): Gracias, señora Coloma.
Tiene la palabra el señor Piñar.

El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS (Piñar Mañas):
Gracias, señor presidente.
Ante todo quiero agradecer de veras las palabras que todas sus señorías han dirigido hacia el buen hacer de la Agencia, que se debe, sin duda, como antes comentaba, al compromiso de quienes trabajan en ella, la vocación por el servicio público, y el intento, desde la independencia que garantiza la Agencia, de prestar a los ciudadanos y a las administraciones públicas todo lo mejor que hay en ellos para garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el derecho fundamental a la protección de datos personales.
Doña Nuria Aleixandre ha hecho referencia en sus preguntas a la política de comunicación de la Agencia, y en particular a la información que se facilita en su página web que cree que debería ser más conocida. Estoy totalmente de acuerdo. Desde la Agencia estamos convencidos de que una política de comunicación y de divulgación es esencial en este ámbito. Por eso, en el año 2003 hemos transformado totalmente la página web de la Agencia. Debo decir que mereció el Premio SIC y que fue declarada la mejor página web del año, lo cual nos satisface a quienes trabajamos en ella y dedicamos nuestro esfuerzo para contar con una mejor herramienta de comunicación con los ciudadanos, pero, en efecto, es poco conocida. No obstante, son más de 2 millones al año las consultas que se llevan a cabo en relación con la página web.
Hemos intentado poner en marcha campañas de difusión y comunicación, pero, sinceramente, señoría, el problema es que no tenemos dinero para ello. Acabamos de publicar 100.000 dípticos de divulgación de la Agencia, y hemos elaborado una Guía de Protección de Datos con una tirada de miles de ejemplares para difundir entre los colegios, los centros de enseñanza, las instituciones públicas y privadas, para dar a conocer más y mejor la Agencia de Protección de Datos. Pero para hacer una campaña intensa de divulgación en los medios de comunicación hemos elaborado presupuestos y no nos salen los números por ningún lado, y esto se debe a lo limitado de nuestro presupuesto.
En cualquier caso, se cuentan por varias decenas las actividades de divulgación que llevamos a cabo en instituciones públicas y privadas de todo tipo, y con muchísimo gusto le transmitiré la información precisa con que contamos en la Agencia. Colaboramos con universidades, con colegios profesionales, con cámaras de comercio, con asociaciones, con fundaciones, con entidades semejantes a las nuestras; participamos en seminarios, en congresos, en encuentros, en jornadas; tenemos suscrito un convenio con la CRUE para potenciar la divulgación de la protección de datos en las enseñanzas universitarias, y para intentar que se incluya la asignatura Protección de Datos Personales en los planes de estudios de las universidades; también hemos acordado con el INAP que, por primera vez, se incluyan módulos de protección de datos en la formación de los funcionarios, etc. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo considerable para que se pueda evitar lo que antes usted apuntaba con toda la razón, y es que el ciudadano tenga algo más que el recurso a la protesta y a reclamar ante quien ha cometido alguna infracción con él, y para hacer ver que cuando se produce una infracción del derecho a la protección de datos, cuando se recibe un correo electrónico no deseado, a la puerta que hay que llamar es a la de la Agencia Española de Protección de Datos, que es la entidad que debe garantizar ese derecho fundamental. En cualquier caso, en la Agencia estamos notando que el ciudadano es cada vez más consciente de que la entidad llamada a garantizar sus derechos en este ámbito es la Agencia Española de Protección de Datos.
También debo decir que, con los medios personales con los que contamos, no sé hasta que punto seríamos capaces de afrontar un incremento muy considerable de denuncias o reclamaciones. En este momento estamos tramitando en torno a 1.000 expedientes al año, de los cuales --como antes les comentaba-- en el último año han sido 100 o más los que se refieren a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información o a la Ley General de Telecomunicaciones. En este sentido, las campañas de divulgación de la Agencia en relación con el DNI electrónico son también muy importantes.
Como antes apuntaba, la Agencia forma parte del Comité de Coordinación y de la Comisión Técnica de apoyo al Comité de Coordinación de la implantación del DNI electrónico. Este Comité, como saben sus señorías, está integrado por representantes de diversos departamentos ministeriales y de la Agencia, y está presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno, doña María Teresa Fernández de la Vega. La aportación que la Agencia está haciendo a dicho Comité consiste en llamar la atención acerca de la necesidad de que, en la implantación del DNI electrónico
--que va a ser muy positivo para todos los ciudadanos, y por tanto para la sociedad--, se tenga muy en cuenta desde el principio las exigencias de seguridad y de garantía de los derechos fundamentales que requiere la ley, porque si no va a ser mucho más costoso dar marcha atrás. Conviene hacer bien las cosas desde el principio, y estamos apoyando e impulsando la información del DNI electrónico, pero también llamando la atención de que esas medidas de seguridad --a las que me refería en mi exposición, en el procedimiento de implantación y en el propio documento, sean una realidad desde el principio.
También quiero dar las gracias a don Jordi Guillot por sus comentarios y consideraciones. El perfil del spamer es muy difícil de definir: hay quien simplemente --y perdonen por la expresión-- se divierte enviando correos electrónicos no deseados; hay quienes investigan desde una perspectiva técnica de descubrir hasta dónde pueden llegar; y hay quienes sobre todo lo que pretenden es hacer daño y estafar a los destinatarios.


Durante estos días se está hablando del llamado «pishing», que es un timo del siglo XXI a través del cual, mediante un correo electrónico remitido con una apariencia de legalidad desde una supuesta entidad financiera, se indica al destinatario que, para mayor seguridad y mayor protección de su confidencialidad y debido a que ha habido un error en los sistemas, debe enviar de nuevo sus datos personales a la entidad financiera. Esto, evidentemente, es un fraude. Desde hace mucho la Agencia viene llamando la atención en su página web sobre el cuidado y la atención que debe tenerse en relación con este tema, y también lo ha hecho en foros internacionales. Se considera que, con que uno de cada 300.000 destinatarios responda al «pishing», eso ya es rentable para quien lo envía porque el coste de los correos electrónicos es tan bajo que basta con que uno responda para que esa estafa se haga rentable.
En este sentido estamos trabajando muy estrechamente con la Federal Trade Commission, que es la que tiene competencia en materia de lucha contra el «spam», pero también en materia de la lucha contra el fraude y defensa de los consumidores, competencia que, sin embargo, a nosotros no nos corresponde. Pero, en lo que nosotros coincidimos con la Federal Trade Commission, estamos colaborando para intentar mitigar los efectos de estos correos electrónicos no deseados, y para ello hemos firmado --como antes comentaba-- un acuerdo de colaboración. Algún funcionario de la Agencia se ha trasladado a la Federal Trade Commission para llevar a cabo una estancia de demostración de lo que estamos haciendo, y en unos días también se va a llevar a cabo una estancia de intercambio de experiencias por parte de una persona que trabaja en la Federal Trade Commission.
Por tanto, en estos momentos yo me atrevería a decir que el perfil del «spamer» es el perfil del estafador, que, por un bajísimo coste y a través de tecnologías que le permiten recabar millones de datos mediante aplicaciones y programas que roban la identidad de los usuarios sin que el usuario sea consciente de ello, envía cientos de miles de correos electrónicos y obtiene una ganancia casi asegurada.
Las medidas de seguridad deben incrementarse, por supuesto, porque si no, se produce una gran desconfianza --como antes apuntaba-- entre los usuarios. Se han hecho diversos estudios acerca del uso del comercio electrónico, y lo que más hace recelar a los ciudadanos en relación con el comercio electrónico es la desconfianza acerca de qué se va a hacer con sus datos. Esto implica incrementar las medidas de seguridad porque, si no, se puede producir una brecha digital, pero no ya entre ciudadanos, sino entre países. Si no hay confianza entre los ciudadanos acerca del comercio electrónico en un país y sí la hay en otro, evidentemente las empresas que operan en ese país van a poder hacerlo mucho mejor que las empresas que operan en países donde no hay confianza por parte de los ciudadanos.
Sin embargo, debo decir que España pasa por ser uno de los países con mayores niveles de seguridad. Ello se debe en parte al Decreto de 1999 de Medidas de Seguridad que ha dado muy buenos resultados. Les comento tan sólo un detalle: se ha considerado que los estudios universitarios de seguridad informática en España son de los más avanzados y rigurosos que existen, precisamente debido a las obligaciones que se refieren a la aplicación y el cumplimiento del Reglamento de Medidas de Seguridad. En cualquier caso, hay mucho por hacer por parte de las propias empresas y entidades que operan en Internet, porque para ellos supone una reducción muy considerable de los costes. Eso es evidente, y se debería traducir en una mayor inversión en medidas de seguridad, tanto las que establece la ley, como las adicionales. Uno de los ámbitos más importantes en lo que a «spam» y a la Sociedad de la Información se refiere es la autorregulación, es decir, la aprobación de códigos de conducta por parte de las empresas y de las entidades para incorporar un valor añadido más allá de lo que la ley establece y para una mayor confianza de los ciudadanos.
Comentaba su señoría que qué opinión me merecía el nivel de recursos. Le agradezco mucho sus comentarios y el apoyo que presta a un incremento de los medios de la Agencia. En efecto --antes he dado las cifras--, si realmente queremos que la Agencia cumpla adecuadamente con sus funciones, y ante el incremento muy notable que se está produciendo en cuanto a las conductas que son objeto de su competencia, o se incrementan los medios, o la Agencia --y no quiero ser alarmista-- puede quedar literalmente colapsada. Esto es algo evidente, porque puede llegar un momento en el que la Agencia no dé para más en cuanto a las denuncias presentadas y a la ágil respuesta que debemos dar a los ciudadanos.
En cuanto a si es adecuado el marco legislativo, en este momento creo que tal como se da en la trasposición de la Directiva 3.658, el marco integrado por la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Firma Electrónica podría decirse que, si no es el adecuado en estos momentos porque quizá hay cierta confusión, incluso en la tipificación de infracciones, de sanciones y en la definición de derechos y obligaciones, en mi opinión sí que debería darse un margen de sosiego y de interpretación de la aplicación correcta y adecuada de esas leyes antes de afrontar una modificación de las mismas. No olvidemos que, de todas las que he citado, la más antigua es la Ley de Protección de Datos y es de 1999. Las demás son de 2002, 2003 y 2004. Quizá por la vía de desarrollo reglamentario --se acaba de aprobar un reglamento de desarrollo parcial de la Ley General de Telecomunicaciones-- se debería traer algo más de seguridad jurídica al marco normativo.
En lo referente a la cesión del censo a los partidos políticos, esto es algo que está previsto en la Ley Orgánica Electoral General, y, puesto que se trata de una cesión de datos habilitada por la ley, contaría en principio con todas las garantías. Es distinto el uso que se haga posteriormente de ese censo; pero, como sus señorías conocen, se considera que esa cesión del censo es imprescindible para garantizar el pluralismo político y la igualdad de todos los que presentan a unas elecciones democráticas de cara a la presentación de su programa electoral ante los electores. Además, ese censo se debe ceder con todas las garantías

para una finalidad muy determinada, que es aquella que se enmarca dentro de lo que la Ley Orgánica Electoral General establece, y no ser nunca utilizado para una finalidad distinta.
También le agradezco a don Luis Salvador sus palabras de apoyo en relación con mi comparecencia y con la función de la Agencia. En efecto, de lo que se trata es de poner medios adecuados y suficientes para facilitar el uso de la informática y para hacer ver que hay que promoverlo y que hay que acabar con tener que tardar veinte minutos al día para eliminar correos electrónicos no deseados. Esto parece un dato menor, pero supone miles de horas y millones de euros perdidos en productividad cuando no sólo hay que eliminar el correo, sino que además, a veces, hay que formatear el disco duro porque se bloquean los ordenadores. Por eso es absolutamente imprescindible tomar medidas y hacerlo cuanto antes, porque si no, se puede producir --como usted antes comentaba-- la posibilidad de que se esté conectando al ciudadano a un teléfono de pago, lo que se llama «redial», sin que éste lo sepa. Esto le supone que de repente se encuentre en su cuenta de teléfono con que lleva unos meses llamando a un teléfono de tarificación adicional sin que él lo sepa, porque alguien ha entrado en su ordenador sin que él haya sido consciente y ha hecho que todas las llamadas que lleva a cabo sean a través de ese teléfono. En consecuencia, ante el menor coste de las transacciones comerciales en Internet, hay que invertir más en seguridad.
También mencionaba antes cómo se deben impulsar campañas divulgativas, ya que yo creo que el nivel de conocimiento es muy mejorable. Sin embargo, debo decir que hay ciertos indicios de que el panorama está cambiando; me refiero a los datos relativos sólo a la protección de datos. Hace dos años y medio, las operaciones que tienen que ver con el Registro General de Protección de Datos en la Agencia suponían una media diaria de 200. En estos momentos hemos superado ya las 600 operaciones registrales al día.
Se ha multiplicado por tres en dos años, lo cual supone también una mayor concienciación por parte de los responsables de los tratamientos. No obstante, hay que seguir invirtiendo si no dinero, sí al menos esfuerzos, que es lo que estamos haciendo en la divulgación de la protección de datos al objeto de normalizar la cultura --creo que esta es la clave-- y el conocimiento de toda la legislación en el ámbito de la sociedad de la información.
En cuanto a las administraciones públicas, estamos llevando a cabo un enorme esfuerzo de adaptación. Antes mencionaba el Plan Conecta, que supone un esfuerzo muy considerable de trasladar todo lo que la sociedad de la información representa a la relación de la administración con los ciudadanos, y la Agencia está colaborando en la implantación de dicho Plan para que se lleve a cabo con todas las garantías de los derechos fundamentales.
El asunto que usted comentaba del procedimiento sancionador que ha salido en los medios de comunicación en relación con una infracción y sanción de 30.000 euros a una persona por enviar correos electrónicos no deseados, es un tema en el que la Agencia ha aplicado la ley tal como está establecida. En efecto, la ley distingue entre correos electrónicos deseados y no deseados, recibidos o no con el consentimiento previo del destinatario, o recibidos en función de una relación contractual previa, siempre que se refieran a productos o servicios de la empresa y además sean análogos a los contratados. En el caso que usted apuntaba, se trataba de una persona que recabó una serie de tarjetas en el SIMO --más de tres-- a las que envió información comercial en nombre de una empresa, y de entre los destinatarios hubo una persona que presentó una denuncia porque no había prestado en ningún caso su consentimiento a la recepción de esos correos electrónicos no deseados. No había una relación contractual previa ni había consentimiento previo, y, por tanto, se daba el tipo infractor previsto en la legislación vigente. Además, como eran más de tres los correos electrónicos no deseados, según la ley el envío se convierte en masivo. Esto nos situaba en el tipo de infractor de envío masivo de comunicaciones electrónicas no deseadas, lo que se traduce en la imposición de una sanción de 30.000 euros en adelante. La Agencia lo que hizo fue imponer la sanción mínima de las posibles --30.001 euros--, que es la que prevé la ley.
Muchas gracias también a doña Mercedes Coloma por sus amables palabras de bienvenida. Todos tenemos preocupaciones compartidas en relación con la implantación de la sociedad de la información. Me remito a lo que antes comentaba acerca de la mayor divulgación de la Agencia Española de Protección de Datos, ya que es una entidad muy poco conocida, no sólo en España sino en otros países de la Unión Europea en lo que se refiere a agencias o entidades o autoridades semejantes, y queremos que lo sea. En cualquier caso, recibimos más de 35.000 consultas al año que atendemos rigurosamente --como antes mencionaba, más de 2 millones de consultas en nuestra página web www.agpd.es--. De esas 35.000 consultas, casi 1.000 se traducen en informes mucho más extensos del gabinete jurídico de la Agencia; pero no estamos satisfechos, y es evidente que tenemos que hacer más cosas.
En este momento existen tres agencias autonómicas: la Agencia Autonómica de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, la Agencia Catalana y la Agencia del País Vasco. También está muy avanzado un proyecto de ley en Galicia que está en estos momentos en suspenso en cuanto a su tramitación y nos consta que existe otro para la creación de la Agencia de Protección de Datos en Castilla-La Mancha.
En lo que se refiere al «spam», no hay ningún problema en cuanto a las competencias. Las tiene la Agencia de Protección de Datos y son las que le atribuye la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Firma Electrónica. Por tanto, no hay ningún conflicto competencial con las agencias autonómicas porque está perfectamente definido. Las agencias autonómicas tienen competencias en lo que se refiere al control, garantía y tutela en relación con los ficheros y tratamientos de protección de datos de las administraciones autonómicas y de las entidades locales radicadas en la comunidad autónoma. En consecuencia, no tienen competencias en lo que se refiere a los tratamientos de responsables privados, porque, además, así se desprende de

una doctrina muy importante de la sentencia constitucional 290/2000. Esta doctrina se traduce en que, dado que estamos ante un derecho fundamental, es imprescindible que exista una aplicación homogénea de tal derecho en todo el territorio nacional, al menos en lo que se refiere a los responsables de ficheros de titularidad privada, y esa aplicación y garantía homogénea debe corresponder a la Agencia Española de Protección de Datos.
Se está incrementando el número de denuncias. Además, en los últimos años hemos podido beneficiarnos del incremento del presupuesto y de los medios personales de la Agencia, no del 73 por ciento como nos hubiera gustado, pero sí muy importante. Cuando yo asumí la dirección de la Agencia había 72 personas y, en virtud de dos modificaciones de la relación de puestos de trabajo, hemos pasado a tener una plantilla de 109, que junto al director, tres componentes del personal subalterno y un abogado del Estado, jefe del gabinete jurídico, suman 114 personas. De todas formas no hemos podido cubrirla en su totalidad porque no tenemos espacio físico. Hay personal de la Agencia que está compartiendo despachos, e incluso hay mesas en los pasillos, como en algunos centros sanitarios de urgencias. Al margen de la anécdota, también hay un problema muy grave, y es que en estos momentos no se puede garantizar plenamente el secreto y la confidencialidad en las inspecciones y en las investigaciones porque, cuando algún interesado va presentar alegaciones o a intercambiar sus consideraciones con el inspector o el instructor, es muy difícil que ese despacho sea individual, no hay más que una sala de reuniones en la sede de la Agencia.
Por otra parte, como usted dice, no hay fronteras para Internet en absoluto, y yo apoyaría totalmente la aprobación de una carta magna electrónica, tal y como había propuesto el señor Al Gore. Para acabar con esto hay que adoptar medidas que deben ser de cooperación internacional, porque un porcentaje muy elevado de los correos electrónicos que reciben los usuarios españoles vienen de fuera de nuestras fronteras, y no ya sólo de fuera de la Unión Europea --dentro de cuyo ámbito la Agencia también tiene competencias de colaboración muy estrecha con las autoridades con competencias en el ámbito europeo--, sino de más allá de la Unión Europea: de Estados Unidos, de Argentina, de Extremo Oriente, etc. Por eso, hemos firmado un acuerdo de colaboración con la F. T. C. de Estados Unidos, y también tenemos una relación muy fluida con la Dirección Nacional de Protección de Datos de Argentina; pero es imprescindible adoptar medidas, y en este sentido también se enmarca la London Action Plan --a la que antes me refería-- que ha impulsado la propia Agencia.
En cuanto a un nuevo marco legislativo, quiero resaltar que, en cuanto a la Ley Orgánica de Protección de Datos se refiere, ya estamos trabajando en un nuevo reglamento de desarrollo de la ley, porque el marco reglamentario de protección de datos lo es sólo del desarrollo de la Lortac, no de la LOPD. Estamos trabajando con el Ministerio de Justicia
--que es quien tiene la iniciativa-- al objeto de que el Consejo de Ministros --que es quien tiene competencia para ello-- pueda estar en disposición de aprobar un posible reglamento en los primeros meses del año 2006. Creo que esto será muy positivo para una mayor seguridad jurídica en el ámbito de la protección de datos y de la implantación de la sociedad de la información.
En lo relativo a la Comisión de Letras Informáticas (CLI) la Agencia tiene suscrito un convenio de colaboración y trabajamos con ellos muy estrechamente.
No compartimos la idea de modificar la LOPD, sino que creemos que es más adecuado ir por la vía del desarrollo reglamentario para aclarar las posibles dudas que se puedan plantear en lo que a la LOPD se refiere.
Por mi parte nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Fageda Aubert): Muchas gracias, don José Luis Piñar, y esperamos seguir contando con su colaboración en el seno de esta Comisión.
El señor Salvador tiene una pregunta.

El señor SALVADOR GARCÍA: Doy importancia al tema que le voy a plantear porque quiero que conste en acta. Quiero decirle que, como modo de publicidad, todas las administraciones deberían incluir enlaces directos a su agencia porque sería una forma de garantizar parte de la utilización. Además, como nos preocupa la lucha real y efectiva contra el «spam», creemos que al final tiene que existir una proporcionalidad entre el hecho y la sanción. Como ha contado usted antes, con 300.000 correos masivos mandados con una práctica de «pishing», con que uno lo responda es directamente rentable.
Le pongo un supuesto práctico --que es lo cualquier ciudadano de la calle entendería--, más que dirigido hacia usted, dirigido hacia nosotros, porque probablemente también haya que ajustar algo: si hay un grupo de cinco amigos en el que uno de ellos tiene un concesionario de automóviles y le manda a los otros cuatro un correo informándoles de las nuevas novedades que hay en el concesionario y uno de ellos se molesta y le denuncia por «spam», como son cuatro ¿el hecho sería considerado automáticamente «spam» con una sanción mínima de 30.000 euros? Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra.

El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS (APD) (Piñar Mañas): Habría que constatar si hay o no consentimiento, que es a lo que nos obliga la ley. El tipo infractor parte de varios elementos pero, sobre todo, parte de que sea un envío más o menos de tres comunicaciones comerciales, de si hay o no consentimiento, o de si hay una relación contractual previa, que creo que en este caso no se da. Habría que probar que no ha habido consentimiento previo. A lo mejor sí ha habido consentimiento, sin perjuicio de que luego se haya molestado y pretenda presentar una denuncia. Esto es algo en lo que la Agencia invierte mucho tiempo, precisamente para verificar la realidad de los hechos denunciados. En muchas ocasiones las denuncias se archivan sin más, porque también juega el principio de presunción de inocencia que aplica la Agencia constantemente en sus resoluciones.


Pero si no se puede acreditar el consentimiento, y --como ha sido el caso de la denuncia que antes les planteaba-- si no sólo no se puede acreditar sino que indican que no ha habido consentimiento sino todo lo contrario, y el envío es a más de tres personas, entraría dentro del tipo al que antes me refería de infracción grave, pudiendo modular la sanción dentro de la correspondiente a ese tipo de infracciones.
Sin embargo, y con esto termino, señor presidente, en la Ley Orgánica de Protección de Datos existe un precepto que es el artículo 45.5, que permite, ante una disminución cualificada de culpabilidad o antijuridicidad, imponer la sanción correspondiente no a la infracción cometida, sino a la inferior en gravedad, lo cual permite modular y aportar dosis de mesura y de justicia en la aplicación de las sanciones.

El señor VICEPRESIDENTE (Fageda Aubert): Muchas gracias, reitero nuestro agradecimiento. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

-- COMPARECENCIA, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE USUARIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (AUTELSI), D. LEANDRO PÉREZ MANZANERA, PARA INFORMAR SOBRE SUS PUNTOS DE VISTA ACERCA DEL NUEVO PLAN PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE CONVERGENCIA CON EUROPA, Y ENTRE NUESTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (715/000061).

El señor PRESIDENTE: Como seguro ya está informado de cuál es el formato de este tipo de encuentros, el señor compareciente hará una exposición inicial, a continuación se pasará al turno de portavoces, y lo cerrará el compareciente.
Sin más, le agradezco una vez más su presencia y doy la palabra al señor don Leandro Pérez Manzanera.

El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE USUARIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, AUTELSI (Pérez Manzanera): Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio y un orgullo estar aquí y tener la oportunidad de representar a mi asociación y expresar nuestras ideas.
Como el nombre de AUTELSI, aparte del acrónimo, no será especialmente conocido, dedicaré un par de minutos para centrarles en quiénes somos:
somos una asociación de usuarios. Desde el punto de vista de empresas usuarias, están la mayoría de las grandes asociaciones de nuestro país y de todos los sectores: industria, banca, transporte y distribución. Todas estas compañías están representadas a nivel del máximo responsable de telecomunicaciones y de informática. Entre los asociados del sector público les resalto que todas las comunidades autónomas, a nivel del responsable de tecnología, forman parte de nuestra asociación. Todo esto en relación a lo que es la demanda.
En cuanto al lado de la oferta, cuenta con los principales agentes del sector de las telecomunicaciones; y en el sector de la STI, también de las principales compañías multinacionales y locales que hay. Por tanto, es una asociación que tiene un balance real entre lo que es el lado de la oferta y la demanda del sector, y lo que se ha convenido en llamar las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones).
Desde la asociación promovemos el estudio, la investigación y difusión de conocimientos, y queremos ser el portavoz de este sector entre los distintos agentes del mercado y la sociedad. Un dato muy importante es que llevamos la promoción de la profesión de tecnólogo --llamada antes de informático-- en las empresas e instituciones oficiales. En la cultura de nuestro país, a diferencia del mundo anglosajón --muchas veces, quizá, por merecimiento propio--, es una posición que está bastante relegada en la toma de decisiones. En empresas y organismos españoles es difícil encontrar directores de tecnología que estén en el comité de dirección, es decir, allá donde se toman las decisiones. Desde la asociación nosotros queremos hacer ver que esa posición no es eficiente.
Este último punto, reconocer y premiar la innovación y excelencia en el sector, es porque pensamos que el efecto demostración que tiene el premiar las iniciativas mejores es beneficioso para todo el impulso de la sociedad de la información. El pasado 28 de noviembre dimos nuestros primeros premios anuales y tuvimos una acogida de 2.000 personas. Yo creo que se configuró todo el sector y para nosotros fue un espaldarazo muy grande como asociación.
Por último, les contaré que AUTEL nace en 1987 por una serie de grandes compañías que querían influir en el proceso de liberalización y regulación del sector de las telecomunicaciones. Asimismo les muestro el hecho significativo de que antes del verano de 2004 AUTEL cambia el nombre a AUTELSI --telecomunicaciones y sociedad de la información--, tenemos un nuevo impulso de asociados, y actualmente estamos en 184 grandes organizaciones. Así pues, yo soy la persona que represento a esta asociación y ustedes me han llamado para dar nuestra opinión de como está la situación de la convergencia en el país.
De todas las estadísticas que habrán visto, yo he tomado unas cuantas de distintas fuentes y, con más o menos precisión, todas ellas coinciden en que la implantación de la sociedad de la información en España está muy atrasada, bastante más de lo que merecería nuestro país por el nivel de renta per cápita y de importancia que tiene.
Las estadísticas que tengo son de 2004 --no he visto ninguna fuente que tenga datos de 2005--. Una nos coloca en el puesto 23, otra, del Banco Mundial, no nos sitúa muy bien, y podríamos ver muchas otras y centrarnos en ellas, pero supongo que otras personas que han comparecido habrán comentado esto.
No obstante, me gustaría decir que lo que más nos va a preocupar es la situación en la que están las tecnologías de la información y comunicaciones en la empresa española.


En la gran empresa yo creo que no hay diferencias apreciables con respecto a las de cualquier competidor. Sin embargo, en las llamadas «microempresas» --empresas con menos de 10 trabajadores que representan el noventa por ciento de la fuerza de trabajo de nuestro país-- es donde hay que hacer un gran esfuerzo porque, realmente, el desarrollo y la incorporación de las TIC no es significativo.
Para resumir --y cito un informe de la revista «Economía Exterior»--, no se puede hablar de la difusión de las TIC metiéndolo todo en un cesto. Si lo vemos un poco más al detalle, el sector de las telecomunicaciones representa el 3,2 por ciento de nuestro producto interior bruto (PIB), muy en línea con lo que era la media de la Unión Europea de 15 países.
Pero donde hay un «gap» o un problema mayor es en las llamadas TI (tecnologías de la información) o informática, que representan un 1,6, y falta un 3 por ciento.
En este sentido, el primer mensaje que yo les quiero enviar de nuestra reflexión es que, posiblemente, no basta con poner cables y máquinas, sino que cuando las empresas se apuntan a utilizar el sector de la información es porque hay aplicaciones y servicios que les mejoran la eficiencia. Por tanto, posiblemente se necesiten aplicaciones para las empresas, las administraciones y la sociedad en general.
En cuanto a este retraso en la sociedad de la información, y sobre todo en la pequeña empresa, creo que también hay un gran consenso en que compromete el futuro económico y social de nuestro país. Les voy a dar algunas ideas para corroborar esto. Carlota Pérez, que es una autoridad en la materia, viendo cómo las tecnologías de la información están definiendo una nueva forma de competir de las empresas y las sociedades, habla de que en la edad de la tecnología de la información, las plataformas, las infraestructuras, las redes, el software y los servicios son las palancas para que las empresas y los países sean más competitivos.
Expresado este nivel, el contexto actual tecnológico conoce la Ley de Moore, que significa que no haya ningún problema de oferta en este sector, que cada vez tengamos más potencia en cualquier ordenador, o en cualquier teléfono móvil y que eso valga menos. Además, la revolución de las Telco --desde su liberalización en 1987 las Telco han recorrido el camino que la informática llevaba recorrido desde su nacimiento en los años 50-- ha dado lugar a que haya aplicaciones de lo que se llama convergencia digital, es decir, la innovación se produce al mismo ritmo, tanto en el sector de la informática convencional, como de las telecomunicaciones.
En un mundo globalizado, con todo este cambio tecnológico hay un impacto empresarial evidente en los mercados porque son más transparentes, hay más información convertida, y son más eficientes y eficaces. Y en las empresas, apoyadas en las TIC, puede haber nuevos productos y servicios, se pueden redefinir las cadenas de valor convencionales, y hay más posibilidades de hacer las cosas con distintas estrategias de «sourcing»; se puede innovar, y esto es un acicate para el sector empresarial. En este sentido, también hay un consenso del impacto macroeconómico en el círculo virtuoso de que esto afecta favorablemente a la productividad, al crecimiento, mantiene la situación bajo control y acaba aumentando la riqueza del país.
Muchos autores coinciden en que el «gap» que sigue habiendo entre la economía de Estados Unidos y la de la Europa de los Quince tiene algo que ver con el distinto peso que tiene el sector de las TIC, tanto desde el punto de vista del sector productivo, como de las empresas y sociedades que los utilizan. Pueden ver que, en lo que es Europa ICT, o lo que llamamos las TIC, es el 5,8 frente al 6,3 por ciento del PIB, y la inversión es de un 18 frente al 29; y, además, el distinto peso que tiene en la explicación de mejora de la productividad en Europa que en Estados Unidos. Dos consultores de prestigio --uno de ellos Indepen--, conjuntamente con la OCDE, acaban explicando, en un artículo muy largo, que esto tiene bastante que ver en el distinto nivel de renta per cápita que hay en las diferentes zonas.
También está establecido que el desarrollo y la utilización en la difusión de las TIC tiene que ver claramente con la evolución de la productividad. España afronta un serio problema al respecto porque, realmente, esta productividad está decreciendo en los últimos años cuando no está entrando en unos niveles que se alejan de alguno de los países que lideran este crecimiento en Europa --como es el caso que luego mencionaré de Irlanda, y no digamos ya de Estados Unidos.
Por otra parte, hay países como Eslovenia, que se acaba de incorporar a la Unión, que en un proceso rápido tiene un gran índice de penetración tecnológica, su productividad está aumentando, y posiblemente va a saber hacer mejor que nosotros lo que convencionalmente hemos sabido hacer bien. Por tanto, los países que están llegando y que se pueden ir aproximando a nosotros, nos presentan un reto adicional, y, según la información de la que dispongo, no parece que la situación vaya a mejorar a corto plazo.
También quiero llamar su atención en el gráfico que les muestro de distintas fuentes: Ministerio de Economía, Banco de España, OCDE, etcétera. Mientras que en el año 1995 la productividad del trabajo en España con respecto a la Unión Europea era del 95,7, lo llamativo es que en 2003 es del 93,5. Parece ser que no sólo no mejoramos nuestra productividad, sino que incluso nos desaceleramos con respecto a la media europea. Algo así sucede también con el capital tecnológico con respecto al PIB y el valor añadido por la rama de las tecnologías de la información, que asimismo se desacelera.
Si hay un problema de productividad, ¿qué pueden hacer las TIC? He tratado de exponer las ideas que son más llamativas acerca de la correlación que hay. Si merece su interés, les puedo dejar la presentación con los gráficos, para que lo miren con detenimiento si tienen la oportunidad.
En el caso de Estados Unidos, una autoridad como Robert Gordon de la North Western University --posiblemente una de las personas con más prestigio en los estudios de productividad-- hace una asociación bastante directa en la inversión en TIC, y la difusión de las TIC en esa economía, como una explicación de su mejora de productividad.


En agosto de 2003 se hablaba ya de los beneficios de eficiencia que las inversiones que se habían ido realizando en tecnologías de la información y comunicaciones en Estados Unidos podrían generar en los próximos cinco años. Pero no me quiero ir tan lejos y voy a hablarles de lo que es un caso paradigmático aquí en nuestro país. He cogido la información del Banco de España de 18 de mayo de 2005 que analiza el caso de la banca española. La banca española, en cuanto a su modernización y a su productividad es equiparable, cuando no superior, a ese sector de nuestros socios competidores. Además, en este estudio del Banco de España, tanto en lo que es la productividad aparente del trabajo, como en la productividad total de los factores, el informe acaba reconociendo una mejora de la productividad y del comportamiento operativo de ese sector muy ligado al esfuerzo que hace la banca en tecnologías de la información y comunicaciones. Para mí es un estudio muy bien hecho, y lo traía para mostrarles que no solamente se está hablando de ello en Estados Unidos, sino que aquí también hay sectores que se están beneficiando realmente de la tecnología.
Según la Unión Europea, los distintos parámetros tecnológicos tienen mucho que ver con la competitividad de los países, y en nuestro caso la mayoría de las cosas relacionadas con TIC están por debajo de la media europea.
Entro en la última parte de mi intervención. Nuestra asociación puede compartir con ustedes cómo podríamos ayudar a nuestro país, partiendo del hecho que hemos visto de que estamos retrasados en la sociedad de la información, y que parece ser que ese retraso puede comprometer nuestro futuro.
Hemos hecho muchas cosas y hay muchos planes en marcha --como Info XXI, «España.es», Conecta-- con muy buena voluntad y muy bien hechos, pero, a nuestro juicio, no se ha conseguido movilizar a todas las empresas del país, especialmente a las Pymes, ni a los medios de comunicación ni a la sociedad en su conjunto. Realmente considero que este problema tan grande que tiene nuestra economía no está asumido por toda la sociedad y por todas las empresas. ¿Qué podríamos decir que fuera diferencial o novedoso para hacerlo mejor? AUTELSI, desde la experiencia que tenemos en la asociación de las grandes organizaciones del país con niveles y productividad similares a los de los competidores internacionales, nos homologamos en el uso de las TIC con la gran empresa, y creemos que podemos ayudar a las empresas medianas, a los ciudadanos y a la administración, y a definir la política industrial del país.
Lo primero que creo es que debería haber un objetivo ambicioso y creíble que movilizara a empresas y a ciudadanos. Los eslóganes que tenía Corea en su «Visión 2006» decían: Tengamos el liderazgo en mecanización; o, Vamos a ser la nación más conectada del mundo. Y en Irlanda se decía:
Construyamos la sociedad del conocimiento. Como primera idea, yo creo que algo que es a nivel del estado, y asumiendo este problema como tan serio, tendría que tener un banderín de enganche realmente atractivo e impulsado.
Cuando se explican los planes, nosotros pensamos que suele faltar un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene nuestra economía en relación con las TIC. Yo les he expuesto a efecto ilustrativo algunas de las debilidades que tenemos, como puede ser una formación insuficiente en TIC --ya saben que precisamente no somos líderes ni en ingeniería ni en tecnología ni en formación académica ni en como están tratados esos planes--, y, como hemos visto, hay un déficit de infraestructura en la microempresa española. Pero también tenemos fortalezas, como la adopción de la telefonía móvil, o que todas las comunidades autónomas ya han hecho grandes esfuerzos y han lanzado planes para el desarrollo de la sociedad de la información, o el consenso político que --a mi juicio, según lo que he leído-- está establecido alrededor de que éste es un problema y que estamos yendo todos en la misma dirección.
Hemos visto las amenazas, de las que les expongo algunas, como el deterioro de la productividad o la colonización tecnológica una vez más.
Este país no tiene un sector tecnológico propio; la mayoría de las multinacionales que hay aquí lo que hacen es distribuir productos y servicios, pero la parte que aumentaría de verdad el empleo productivo y que generaría un sector propio --como veremos ahora en el caso de Irlanda-- no se hace aquí. Sin embargo, se podrían hacer aplicaciones, de la mano de la telefonía móvil y la cultura de nuestro país del gusto por la movilidad, que tuvieran que ver con eso que nos gusta.
El que no tengamos infraestructuras ni que haya todavía todos los PCs que debería haber es un problema, pero también podría ser una gran virtud, porque no es un gran problema el comprarlos de la noche a la mañana y ponerlos; más aún, si los compráramos serían más nuevos y más potentes que los que los habían comprado hace uno o dos años. El problema sería qué aplicaciones hacer y para qué utilizarlos. En ese sentido, he visto ejemplos en algunas administraciones de la mano de iniciativas --como Linux en Extremadura, y en algunas otras comunidades-- donde está floreciendo una industria de desarrollo de software español alrededor de nuevas cosas; es decir, creo que hay buenos ejemplos en los que nos podríamos mirar para potenciar el sector en nuestro país.
¿Qué otra cosa hemos echado en falta en otros planes y creemos que debería haber aquí? Una metodología para cómo hacerlos. Aparte de ese análisis DAFO que he mencionado, un análisis de la situación actual, unos indicadores de partida, y si el problema es la productividad, que el énfasis de los indicadores pueda medirla. Los objetivos, las políticas y los proyectos, definirla muy claramente quién es el responsable, con qué calendario y con qué recursos; y, lo que a nuestro juicio no es muy fácil o no se suele hacer, que es volver a medir al acabar, y ver cuáles han sido los resultados, no tanto para ver quién se ha equivocado, sino porque si fuéramos midiendo proyecto a proyecto, cada vez iríamos sabiendo medir mejor.
Otra contribución que me gustaría hacer es resaltar que les he expuesto las dos iniciativas actualmente en marcha del Plan de Convergencia y en el orden en el que están: ciudadanos, pymes, educación, etcétera, terminando en justicia y contenidos. Como directores de sistemas de información, a nuestro juicio hay que ponerle un cierto orden

a eso. El orden debería ser que esas líneas, ciudadanos, pymes y administración, se refieren a los usuarios, y, al menos esas tres, tienen que estar con una coordinación, no cada iniciativa por libre. Todas las demás, que tienen que ver con aplicaciones, son las que demandan unas infraestructuras determinadas.
Así es como se hace: se identifica quiénes son los usuarios, los alineamos definiendo aplicaciones, y luego decimos qué infraestructuras necesitan estos usuarios para explotar estas aplicaciones. Por otro lado, se mide con indicadores y se trata de ver qué política industrial se puede definir para las aplicaciones e infraestructuras.
Ésta es la manera en que concebimos el Plan, y ya hemos hecho esta contribución muy encarecidamente en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y en la ponencia, porque creemos que es la manera tanto para definirlo como para luego implantarlo y que pueda funcionar:
que las cosas sean interoperables, que el ancho de vía sea el mismo, no puede ser que cada una de las doce líneas mida su impacto en seguridad.
La seguridad debe estar a nivel de la infraestructura común de la red para lo que es la sociedad del conocimiento en todo el país. Perdonen el énfasis, pero, por nuestra manera de entender este sector, es una de las partes en las que creemos que habría que hacerlo así. Y yo lo llamo aquí agencia estatal posiblemente sin saber muy bien lo que es: me refiero a alguien que conozca, que coordine y que pueda medir todas las iniciativas, para que sea capaz de descubrir y extender las mejores prácticas que haya dentro de la administración.
Hay que dar prioridad a la productividad de las pymes o microempresas porque representan el 90 por ciento de los trabajadores de este país. Lo peor es que no vale con decir que vamos a mecanizar las pymes, porque no es que los empresarios no sean personas razonables, sino que no les hemos demostrado el valor de las TIC. No podemos decir que el problema son los demás, y por eso les comentaba antes que no basta con implicar a la Administración, sino que la gran empresa de este país tiene que colaborar porque también es la beneficiaria. Si una gran empresa pone mucha tecnología, sus proveedores y sus clientes son las pymes, y de poco vale que ponga un software de optimización de su cadena logística si luego los clientes y los proveedores no están mecanizados. Por eso creo que, en el tema de las pymes, todos, la gran empresa, la banca, el sector del transporte, etcétera, deberían ayudar a demostrarles el valor que tienen las TIC.
El ejemplo que he puesto del caso de Corea refleja el esfuerzo que ellos han hecho desde 2003, que es cuando lanzan el proyecto de «e-Corea», para mecanizar las pymes del país. A las compañías de telecomunicación del país, las Telco, les dicen que en la capacidad sobrante, puesto que se dimensionan para puntas que suelen tener en sus grandes ordenadores, van a tener las aplicaciones de gestión de negocio básicas y específicas para pymes.
En el sector informático de consultoría y de software, mediante subsidio de la Administración con el Plan, van a desarrollar las aplicaciones que van a correr en esas pymes. Hasta la fecha han desarrollado cincuenta sectores específicos --desde peluquerías, hasta talleres, videoclub, tiendas, etcétera-- de lo que es el tejido industrial de este país hecho en cincuenta aplicaciones específicas. Estas aplicaciones no hay que ponerlas en los ordenadores de las pymes, sino ejecutar lo que se llama un modelo de ASP (Aplication Service Provider, es decir, equipamiento, formación y soporte): alguien tiene un ordenador, yo me conecto, y pago cuando consumo. Creo que ésta es una buena manera de aproximarse a la pyme, y no decirle aquí tiene usted toda esta infraestructura, incluso antes de aprender a utilizarla.
Además, en todo el sector --también con el subsidio de la Administración, con 75 millones de dólares en tres años-- la pyme, por supuesto, compra el PC con la conexión a banda ancha para acceder a las aplicaciones. Pero hay un gran centro nacional, con toda la industria del país comprometida, que les da formación y soporte de cómo acceder a esas aplicaciones. Como he dicho, el programa se lanzó en 2003, en 2004 había 500.000 pymes adheridas, y piensan que en 2007 habrá dos millones de empresas. Y, ¿cuánto pagan las pymes de Corea por acceder a estas aplicaciones, es decir, a lo que es el software básico para la gestión de la empresa en relación con la Administración? Son 15 dólares al mes, y el que tiene alguna de esas aplicaciones verticales más complejas hasta 75 dólares al mes.
Para finalizar, queda el tema de disponer de un sector tecnológico propio, porque tiene mucho que ver con la mejora de la productividad. Si tuviéramos compañías que fabricaran chips en este país y que hicieran aquí el software, saldrían mucho mejor nuestras estadísticas. Entre lo que hemos podido leer, el ejemplo que pensamos que tiene más mérito para ser contado es el de Irlanda, con el eslogan de Building The Knowledge Society. Qué duda cabe que son un gran centro receptor tradicional de toda la deslocalización de la industria de Estados Unidos. Son receptores en vivienda --algunos lo achacan al idioma--, y ya se empieza a reflejar que el gran esfuerzo que hicieron desde el año 1999 en infraestructura y en desarrollo de la sociedad de la información fue un incentivo para que las multinacionales se localizaran allí.
Pero hay un programa, el Seed and Venture Capital, muy focalizado a los emprendedores y a construir una cultura de crear empresas de tecnología.
Ya les he dicho antes que aquí hay ahora muchas empresas que empiezan a desarrollar software con las iniciativas de algunas administraciones, y también el modelo educativo favorece la ciencia, la ingeniería y la formación emprendedora, y todo está muy ligado a esos programas.
Voy a acabar con una idea --y me van a permitir el atrevimiento de decirlo--, y es que yo creo que esto es un problema descomunal. Nos pasa como cuando hemos estado en una gran empresa en la que casi nada funciona y los directivos están un poco hartos de lo que estamos haciendo, y, si queremos resolverlo poniendo un gran producto, nunca lo hacemos bien.
Como el problema es tan descomunal, afrontémoslo descomunalmente o, al menos, no con esas líneas de iniciativas que parecen descoordinadas y que al final alguien esté haciendo infraestructuras que no tengan mucho que ver con las aplicaciones que está desarrollando cualquier otro agente.


Quiero terminar hablando de algo que para mí fue muy importante: 1992, año de las Olimpiadas en España --que a mí me gustan mucho--, en el que hubo un objetivo, una coordinación y una movilización, no solamente de una ciudad, sino del país, y de no ser nadie en el deporte olímpico pasamos a tener 22 medallas; y esto no fue flor de un día, porque en las últimas celebradas seguimos estando ahí.
Esto es todo. De nuevo muchísimas gracias por darme esta oportunidad.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted. Le agradezco la concreción y me gustaría que nos dejara su presentación.
Pasamos al turno de portavoces. En primer lugar, tiene la palabra la portavoz de Convergència i Unió, la señora Nuria Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor Leandro Pérez, a esta Comisión en nombre de nuestro grupo. Su revisión del estado actual ha sido interesante. No hay nadie en esta Comisión que no tenga claro que España tiene un cierto retraso --yo diría que un retraso importante-- en la implantación de las TIC. A lo largo de las distintas intervenciones, se ha puesto de manifiesto que quizás el mayor problema que tenemos son las pymes, además de la Administración. Porque podemos llegar a la Administración, pero llegar a las pymes es algo mucho más complejo y complicado. Las pymes deberían entender que no sólo nos vamos a retrasar en cuanto a la sociedad de la información y del conocimiento, sino que este retraso también va a afectar a su productividad, y hará que su economía y su futuro estén en entredicho.
Además de estar al día y engancharnos al tren europeo de la alta tecnología, lo más importante es la productividad de nuestras empresas; es decir, que las pymes, que, en el fondo, son las que dan soporte a este país, ya que, como usted ha dicho, el noventa por ciento de nuestros trabajadores están en la pequeña y mediana empresa, no pierdan competitividad, no pierdan su economía y no pierdan su futuro. Esto es lo más preocupante para la mayoría de los miembros de esta Comisión, y muy especialmente para nosotros. No sé cómo podemos llegar a ellas. Usted ha hecho un análisis DAFO y ha explicado cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas para aprovecharlas. Esto tiene que ser un trabajo conjunto de todos, y le agradecemos que hable de coordinación porque nuestro país es un poco anárquico y todo el mundo va haciendo pequeñas cosas por su cuenta. Si sumásemos, en lugar de competir entre nosotros, iríamos mucho mejor. Lo tendremos en cuenta para las conclusiones de esta Comisión porque creo que es importante. En más de una ocasión se ha apuntado la idea de una Agencia Estatal que coordine a las distintas comunidades autónomas. Estamos de acuerdo con ustedes.
Yo le tengo que hacer pocas preguntas porque realmente estoy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho. Me preocupa que se estimule a nuestras empresas para que den el salto que tienen que dar, y este estímulo tiene que venir por parte de la Administración --usted ha hablado de exenciones fiscales, de incorporación a la industria y de distintos modelos--. En la nueva LOE deberíamos empezar a decir a nuestros alumnos que ser empresario es bueno, y que de mayores van a ser buenos empresarios; así tendríamos un país mejor. Esto no lo hemos hecho durante muchas generaciones y quizás ya sea hora de que empecemos a hacerlo.
Usted ha mencionado seis posibilidades para ayudar a las pymes. A mí me gusta más la idea de Irlanda que la de Corea porque está mucho más cerca de nosotros. No sé qué otras sugerencias podría hacernos para llegar a las pymes --aparte de explicarles que su futuro y el de nuestro país están en entredicho-- y a través de qué asociaciones, pero seguro que ustedes son un factor importante para llegar a ellas. Muchas gracias por su intervención.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Con brevedad , porque ése es el espíritu de esta Comisión, quería felicitarle, don Leandro Pérez, y no con la retórica de ser buenos anfitriones, sino porque sinceramente creo que ha hecho una exposición brillante, pero desde una absoluta humildad.
Usted representa a un sector muy importante, que tiene muchos asociados y que genera mucho conocimiento. Por tanto, considero que su intervención, así como la petición de comparecencia del Partido Popular, ha sido muy oportuna.
Se ha referido usted a casi todas las cosas que nos afectan y nos preocupan. Comprendo que doña Nuria Aleixandre, portavoz de Convergència i Unió, tenga tan pocas preguntas que realizar, porque ha sido muy claro y diáfano y prácticamente todas las dudas están recogidas en su intervención.
He estado hojeando información de su página web y he visto que están organizando un congreso sobre retos y oportunidades de las empresas y administraciones públicas en la Sociedad de la Información, por lo cual le felicito. Además he comprobado su procedimiento de trabajo para poder generar conocimiento. Y dadas las temáticas que van a tocar --como son el Plan de Convergencia, los retos y oportunidades de las Sociedades de la Información y del Conocimiento de las comunidades autónomas, la productividad, el comercio electrónico-- le pediría que fuesen tan amables de pasarnos oficialmente las conclusiones a esta Comisión a través del presidente.
Para terminar, quiero decirle que el Plan de Convergencia evidentemente lleva implícito el hecho de tener indicadores que se puedan medir.
Compartimos con usted que esto no serviría de nada si no se hace una selección adecuada de los indicadores, y si, además, no existe una agencia o una oficina técnica que sea garante de que el Plan se está desarrollando y vaya haciendo un seguimiento para ver si hay que corregir cosas, porque si no podría quedarse en el aire.
Asimismo, compartimos los ejemplos de los países que ha puesto. Es evidente que sería mucho más fácil ser Finlandia

si tuviésemos a Nokia; eso es así, y no nos cabe ninguna duda.
Pero también quiero que conste el ejemplo de las comunidades que, a pesar de que no han tenido un perfil industrial importante, han decidido apuntarse a esta revolución. Y me da la sensación de que las comunidades que se han perdido otras revoluciones son las que no se quieren perder ésta. En concreto me refiero a Andalucía y Extremadura. He resaltado en varias ocasiones que el liderazgo de sus presidentes autonómicos --con independencia de los partidos a los que pertenezcan-- para tirar del carro de la sociedad de la información ha sido precisamente el paso determinante para que al final toda la comunidad se ponga a trabajar en ese objetivo. Por tanto, el concepto de liderazgo es absolutamente necesario.
Por último, quiero preguntarle si usted cree que ha habido una adecuada adaptación, una convergencia mental, en el tránsito de la antigua a la nueva economía. Me refiero a las propias pymes y a muchas empresas que están en esa adaptación. Probablemente no se ha producido esa convergencia mental y, por tanto, no damos la importancia real que tienen las TIC en la nueva economía. También quería pedirle que aportara alguna medida concreta más para la mejora de la productividad.
Muchísimas gracias. Ha tenido una exposición muy brillante.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Chiquillo.

El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Leandro Pérez, presidente de la AUTELSI, bienvenido a esta casa y muchas gracias por su información, sus palabras y su sinceridad en los planteamientos y, sobre todo, por la claridad con la que ha expuesto que hay que coger este tren, algo que ya llevamos mucho tiempo escuchando. Por la importancia de su Asociación --que, sin ninguna duda, se la da la gente que la compone y la influencia que tienen sus socios en la socioeconomía española--, yo creo que ustedes representan a una voz autorizada en esta cuestión.
Usted nos ha planteado hoy el análisis de esta situación, pero yo creo que las grandes cuestiones que van a permitir que cojamos ese tren ya están diagnosticadas desde hace unos cuantos años. En el período 1996-2004, con un ministerio específico, en el que me consta que ustedes participaron activamente, las grandes líneas de diagnóstico ya estaban diseñadas, y ello cristalizó en diversos proyectos que significaron avances para corregir, aminorar, y sobre todo ganar peldaños en ese ranking en el que tenemos que ir subiendo día a día. Para esto estamos trabajando ustedes y nosotros. Tenemos que incentivar los tres pilares para que podamos subir al tren de esa modernidad y conseguir la plena integración con indicadores que nos sitúen entre los países más avanzados en ese ranking de las nuevas tecnologías, y esos tres pilares son los ciudadanos, las pymes y la Administración. Todos ellos están unidos y entrelazados y es lógico que si hay cuestiones en las que el diagnóstico lleva años realizado, no podemos esperar --y desde nuestro Grupo así lo entendemos-- a que esté cerrado ese plan para que se pongan en marcha medidas que ya están valoradas, diagnosticadas y analizadas desde hace unos cuantos años. El plan es fundamental, pero no tiene que significar una cierta parálisis; debemos tomar medidas sobre aquello que ya está estudiado, valorado y diagnosticado, sin esperar al Plan de Convergencia, y me refiero a frentes que afectan tanto a ciudadanos como a pymes y a la propia administración o administraciones, en el Estado autonómico en el que estamos.
Tengo aquí el Plan Estratégico de la Comunidad Valenciana para el 2004-2010, y el diagnóstico coincide al cien por cien con lo que usted nos ha expuesto, y se están tomando medidas. Este Plan para la Convergencia a nivel estatal también tiene unos diagnósticos, pero hay que tomar medidas ya, en el día a día, en el 2005, en el 2006, sin esperar a que el plan global esté aprobado.
Y quería hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, respecto a las administraciones: ¿Hay coordinación? ¿Es ésta la deseable? ¿Cree usted que hay coordinación en estas cuestiones entre el gobierno central y las comunidades autónomas? Porque en las principales materias que afectan a la incorporación de los ciudadanos y de las empresas a la sociedad de la información, muchas materias --como la Educación, la administración electrónica, o la Sanidad-- son competencias autonómicas. ¿Piensa usted que el gobierno de España está poniendo los medios para que haya coordinación con las comunidades autónomas en estas materias? Su asociación lleva años colaborando con la Administración central y con las administraciones autonómicas. Usted nos ha hablado de unas propuestas y de lo que todos entendemos que es un borrador de este Plan de Convergencia. ¿Por qué número de borrador vamos ya? Porque creo que borrador tras borrador van pasando los años, y a veces nos desesperamos en algunas cuestiones sobre las que ya se podría actuar porque --repito-- ya están diagnosticadas.
También quiero preguntarle si su asociación cree que por parte de la Administración central se le da juego. Nos ha presentado aquí un documento importante; ¿cree usted que ese documento, hecho por las empresas que participan en su asociación, está siendo tenido en cuenta? ¿Considera que la Administración está valorando sus propuestas, sus críticas y sus denuncias de algunas parálisis? ¿Las está asumiendo y haciendo propias? En cuanto al ranking, la penetración de Internet en España es inferior a la mayoría de los países de la Unión Europea, y, por supuesto, de los países punteros. Además, según consta en un estudio general de medios presentado hace unas semanas, hay un factor que se ha acrecentado en el último año. ¿Qué medidas piensa que debería poner en marcha el gobierno español para incrementar esa penetración, es decir, para ir subiendo peldaños en el ranking? Asimismo, me gustaría preguntarle acerca de la dinamización de estas materias en las microempresas, que son las que están más lejos de los umbrales deseados. ¿Qué medidas debería poner en marcha el gobierno español --sin esperar a que el plan esté en marcha-- para favorecer que estas pymes suban al tren en el 2005 y 2006, aunque el plan

no llegara a convertirse en un plan definitivo? Ese tren coge más velocidad cada día y eso nos impide subir a los ciudadanos, a las pymes y a la propia Administración. Podemos subir con el tren en marcha, pero tenemos que hacer lo posible por subirnos porque es posible que, de aquí a un año, cuando llegue ese Plan de Convergencia, el tren ya tenga una velocidad que nos impida alcanzar los niveles óptimos de un país puntero en el marco de esta globalización en la que nos encontramos a día de hoy.
Por otra parte, ¿qué medidas legislativas debería poner en marcha el gobierno español para favorecer la incorporación de la sociedad de la información en la sociedad española? El compareciente anterior ha hablado sobre la protección de datos, las medidas de seguridad, la lucha contra el fraude, para que exista una verdadera confianza del ciudadano en las nuevas tecnologías, la penetración Internet, los correos electrónicos, o el comercio electrónico. Ésas son cuestiones que ya están diagnosticadas y el gobierno del Estado tendría que ir poniéndolas en marcha.
Por tanto, me gustaría que nos dijera, en primer lugar, si este tema debería agilizarse, porque el diagnóstico ya está hecho desde hace unos cuantos años. A nivel autonómico lo han hecho algunas comunidades --como la Comunidad Valenciana--, y coincide con su diagnóstico.
El diagnóstico que usted ha diseñado hoy coincide en un noventa y nueve por ciento con el trabajo en el que ustedes participaron conjuntamente con el anterior Ministerio de Ciencia y Tecnología. Si esos diagnósticos coinciden, me pregunto si no estamos perdiendo a veces demasiado tiempo haciendo borrador tras borrador sin coordinarnos y sin utilizar que está hecho para mejorar lo que todos queremos y avanzar para que España se sitúe entre los doce primeros países del mundo. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.
Tiene la palabra don Leandro Pérez para contestar a las cuestiones planteadas.

El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE USUARIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, AUTELSI (Pérez Manzanera): Muchísimas gracias a los representantes de los tres grupos parlamentarios por sus palabras. Vuelvo a insistir en que es un privilegio y un honor estar aquí y haber contribuido a ilustrar la situación.
En cuanto a las pymes, tengo que decir a doña Nuria Aleixandre que seguimos pensando que es esencial. Y, curiosamente, lo dice una asociación como la nuestra, que desgraciadamente no tiene muchas pymes porque no hay cultura de asociacionismo. Muchas veces la sociedad civil del país no se articula adecuadamente. Las pymes no pagan una cuota para pertenecer a una asociación cuando no tienen ni ordenadores ni aplicaciones. Pero, por vocación de ayudar a nuestro país y por interés de la propia gran empresa, sabemos que la pyme tiene que mejorar. Hay un software muy importante y muy caro que ponen en las grandes empresas, que es el Supply Chain Management, el CRM, optimización de la cadena logística. ¿De qué le vale a El Corte Inglés, Carrefour o Renfe poner ese software tan importante si luego cuando se relacionan con el resto de la economía no tienen nada? Por tanto, tenemos un interés muy grande en saber qué podemos hacer en concreto por ayudar a la pyme. Tenemos que convencer a la gran empresa de que haga una labor pedagógica, y yo no sé si también coercitiva. Por ejemplo podría decir que no homologa a un proveedor de esta gran empresa que no tenga un nivel de tecnificación. Quizá esto es una barbaridad política, porque pobrecito el señor de la pyme si lo trataran así, pero, si todas las grandes empresas hacen planes de homologación de proveedores para homologar a aquellos que tienen un determinado nivel de equipamiento y tecnología, éste podría ser un camino para mejorar la rentabilidad del sistema.
Respecto a la otra iniciativa, que es la factura electrónica, qué duda cabe que una ley de Factura Electrónica ayudaría para que pueda llevarse a cabo. La mayoría de las pymes cuando facturan lo hacen a través de la banca. Ya hemos visto que la banca española está muy bien preparada tecnológicamente, y, si la pyme, en vez de enviar la factura a mano, tuviera que enviarla electrónicamente al banco, sería un salto descomunal.
¿Cuál es la solución? No es trivial. La solución tiene que tener mucha pedagogía por parte de quien pueda darla, la Administración, la gran empresa, o asociaciones como la nuestra, y tendría que haber algunos proyectos estrella enganche --como el que he comentado de la olimpiada-- que fuera un revulsivo, como, por ejemplo, la factura electrónica.
La coordinación es importante en cualquier ámbito de la vida, pero en el tema de la informática es binaria: si no hay coordinación, no vale. En otras actividades se puede entender más o menos el mensaje y preparar la contestación, pero aquí el mensaje o se entiende o no se entiende, porque son ceros y unos. Por tanto, cuando una comunidad autónoma hace un plan y pone unas infraestructuras, tenemos que tener en cuenta que, si hay un beneficio importante en una economía en red, es el efecto multiplicador que tiene la red en el conjunto. Así pues, habrá que definir al menos unos estándares básicos que garanticen la interoperabilidad.
Yo conozco el Plan de la Comunidad Valenciana porque son asociados nuestros, y es excepcional. También hay muchas iniciativas, como las del Ayuntamiento de Barcelona o de la Comunidad de Madrid, y hay unos proyectos de innovación en Extremadura y en Andalucía que he tenido la oportunidad de conocer y son espectaculares. Lo importante es descubrir cuáles son las mejores prácticas y poderlas extender haciendo un catálogo de buenas prácticas para poner en marcha el país y no estar inventando la rueda.
Insisto en que tiene que haber un nivel de coordinación adecuado. No soy experto en temas de la Administración, pero no percibo que lo haya.
Cuando he dicho que tendría que haber una agencia es porque creo que «Red.es» está jugando un cierto papel, pero tiene muchas dificultades.
Cuando estaba preparando esta presentación, he entrado en las estadísticas de la Comunidad de Madrid, de la Junta de Andalucía, o en la de red.es, para ver el grado de penetración de la sociedad de la información, y éstas no coincidían.


A don Luis Salvador tengo que decirle que es la primera vez que vengo a una institución como ésta, y le agradezco especialmente sus palabras. En cuanto a si está habiendo convergencia mental en el tránsito de la antigua a la nueva economía, yo creo que es muy difícil hacerlo bien. Hay aproximaciones en algunos sitios, donde ya empieza a haber embriones de cosas que se mejoran. Si me lo permite, le voy a poner un ejemplo que viví este sábado. Se me pinchó una rueda, y en la zona donde vivo hay una franquicia en la que hacen pequeñas reparaciones. Se llama Norauto, y no sé si es una multinacional o una compañía española, pero la he visto por varios sitios de Madrid y tiene muy buena pinta. Fui a medio día con el coche y me dijeron que me lo arreglaban por la tarde. Metieron mis datos en el ordenador, y cuando llegué por la tarde a la hora en que estaba citado, volvieron a meter mis datos en el ordenador, me hicieron un cambio de cita, y me dieron un papel para dárselo al mecánico. Cuando el mecánico acabó, hizo el parte, y lo volvieron a meter en el ordenador; pero lo más terrible fue que luego tuvieron que imprimirlo y tuve que irme con el papel de la impresora a pagar en la tienda de Norauto, donde coincidí con los que habían ido a comprar un ambientador, o cualquier otro producto.
Y ésa no es de las peores pymes de las que estamos hablando. Yo estuve haciendo unas cuentas y con que hubieran puesto una pequeña red de área local y la persona que estaba en administración y luego en los lineales de caja cobrando lo hubiera comunicado a la persona del taller en lugar de imprimir, la mejora de productividad hubiera sido tremenda.
En cuanto a cómo hacerlo, nosotros nos vamos a esforzar mucho. En congresos como el nuestro, cuando hablemos del comercio electrónico, vamos a comentar esto y vamos a hacer esfuerzos para difundir estas prácticas. En el ejemplo que les puse de Corea, el que hizo la aplicación de talleres supongo que tendría en cuenta cuáles eran las mejores prácticas para hacer una red.
Pero contestando a su reflexión, creo que es muy difícil. Hay un estudio en el que se dice que el ochenta por ciento de la población española seguimos siendo analógicos; hay un quince por ciento a los que llaman «inmigrantes digitales», y los «nativos digitales» son todavía muy pocos.
Yo he venido aquí con mi presentación de Power Point, pero yo también soy analógico, porque luego esto lo imprimo para leerlo.
Por tanto, le repito que creo que el problema es realmente muy difícil, y que incluso en empresas como la que le he comentado del sábado, las posibilidades de mejora de productividad son complicadas, porque nadie les está diciendo a esos empleados de Norauto que se puede hacer mejor.
Por eso, si movilizamos la gran empresa española, movilizamos el sector haciendo buenas aplicaciones, podría ser una buena idea.
También le agradezco mucho sus palabras a don José María Chiquillo.
Estamos colaborando con la Administración desde el año 1987 porque es nuestra vocación, y nos sentimos muy orgullosos. Ahora como asociación estamos en el Plan de Convergencia que preside Emilio Ontiveros junto con una serie de organizaciones que formamos parte del Consejo Asesor de Telecomunicaciones. También estamos con la Administración, con el Ayuntamiento de Madrid y con la Comunidad de Madrid en Foro Mad. Es un plan para el desarrollo de la sociedad de la información y no lo consideramos como un trabajo, sino que hacemos lo posible por evangelizar y por colaborar con nuestro país.
Ya le he comentado que estoy totalmente de acuerdo con que el diagnóstico que se está haciendo ahora no es distinto del que se hizo.
En cuanto a qué borrador es el que estamos haciendo ahora, yo le puedo decir que el compromiso que hay por parte del presidente es que el informe final de la ponencia esté preparado antes de que acabe este mes.
En lo referente a las aportaciones, nosotros estamos haciendo muchas, y, cuando veamos el informe final, con mucho gusto le diré si van a ser tenidas en cuenta o no. Nosotros estamos en esa comisión de manera muy leal, aportando todo lo que podemos.
Lo que yo creo que es especialmente novedoso es que, independientemente de los diagnósticos, habría que abordar la ejecución de lo resultante como la ejecución de un proyecto convencional de informática de una empresa. Como un proyecto, insisto, donde se ven las necesidades, se alinea uno con esas necesidades, se ponen las aplicaciones y las infraestructuras, y no se producen descoordinaciones --como ocurre ahora, que hay una línea que se llama contenidos y otra que se llama justicia, y uno no sabe si la de contenidos es todo menos la de justicia--. Es decir, lo que yo pienso que podría ser novedoso es la ejecución. Con una agencia que la controlara y que tuviera toda la información, se podría mejorar lo que se pusiera en marcha.
Disculpe si me estoy olvidando algo de lo que me preguntaba, pero lo crucial era saber por qué borrador vamos. Yo ya no lo sé, pero sí le repito que hay un compromiso y, según el ritmo que lleva la ponencia, aunque no me compete a mí decirlo, mi apreciación es que el informe va a estar antes del 31 de mayo.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Leandro Pérez.
El señor Salvador, por parte del Grupo Socialista, desea intervenir.

El señor SALVADOR GARCÍA: Después del debate del estado de la nación de ayer, prometo que vamos a ser mucho más concisos en nuestra intervención que los otros dos líderes, el del Gobierno y el de la oposición. Como partido que apoya al Gobierno, estoy en la obligación de hacer --lo más brevemente posible, pero también de manera clara y sin ánimo de abrir ningún tipo de polémica-- alguna apreciación positiva sobre lo que se ha comentado en esta comisión.
Es verdad que el diagnóstico ya se ha podido producir. Durante todas las comparecencias prácticamente no hemos hablado nada del Info XXI y de «España.es», porque creíamos que no era la mejor forma de construirlo.
Fue el vicepresidente de la Comisión Soto quien hizo un diagnóstico de ambos diciendo que no habían funcionado.


Compartimos que hubo fallos cuando se hizo el Info XXI, pero el «España.es» lo que pretendió fue mejorarlo y, por tanto, se trató de que una comisión articulase nuevas propuestas. Así pues, en este nuevo plan también se intenta mejorar la metodología y por eso se está ofreciendo la participación real de escuchar a todo el mundo, como no se había dado antes. Esto no lo hacemos porque ahora seamos más listos, sino porque hemos aprendido de lo que hemos ido viendo que no ha funcionado, y nos hemos marcado un objetivo, como es el Plan de Convergencia.
Como comparto plenamente su intervención, tengo que manifestar y dejar muy claro que, según nuestro diagnóstico, uno de los grandes errores que se han cometido antes han sido las prisas, el creer que poniendo medidas en marcha, esas medidas provocarían después el desarrollo de la sociedad de la información. Lo que nos ha faltado ha sido un modelo, y vamos a ver si ahora somos capaces de llegar a ello. Nosotros siempre decimos que las prisas no son buenas --en este caso creo que menos todavía--, y utilizamos el refrán que dice: vísteme despacio, que tengo prisa. En este caso, yo creo que se están dando los pasos sensatos para poder llegar a ello, y como usted ha dicho, el informe va a estar listo en breve.
Actualmente se está desarrollando un plan, que es el «España.es», y no se puede salir uno del margen. Por tanto, me parece que ésta es la manera razonable y sensata de poder llevar esto adelante antes del 1 de enero de 2006, que, en cualquier caso, es cuando hay el compromiso de empezar a aplicarlo. (El señor Chiquillo Barber pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría.

El señor CHIQUILLO BARBER: Siento decir que en el Plan Soto se trabajó y se avanzó mucho, y la metodología ha sido la que se está siguiendo en el último año, dando participación a todos los sectores --administraciones, pequeñas y medianas empresas, usuarios y ciudadanos-- que tengan algo que decir en esta materia. Se trabajó mucho y muy fuerte, y la prueba de que se está llegando a un punto de encuentro es que ya había mucho hecho, mucho recorrido, y con mucha participación. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Leandro Pérez.

El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE USUARIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, AUTELSI (Pérez Manzanera): Yo llegué hace un año a la asociación montando mucho ruido, y desde entonces hemos incorporado a muchos asociados, hemos hecho el Plan de Convergencia y creo que estamos ilusionando a muchos sectores del país. Como he comentado, aunque no participamos en la Comisión Soto como asociación, creo que sí somos útiles como gran empresa usuaria, y lo es tener a los directores de informática de Repsol, Renfe o Iberia. No digo que representemos a todo el país, porque hay gente que trabaja en otras empresas, pero considero que podemos ser un factor muy importante de dinamización de esta materia y, en este sentido, estamos colaborando con todos aquellos que requieren nuestra participación.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Pérez, por sus últimas palabras, y le agradezco nuevamente su colaboración.

Se suspende la sesión a las doce horas y cuarenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Buenas tardes.


-- DE DON MANUEL CASTELLS OLIVAN, PROFESOR DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LA MATERIA OBJETO DE ESTUDIO DE LA COMISIÓN (713/000336).

El señor PRESIDENTE: Senadoras y senadores, tenemos con nosotros al compareciente: el doctor don Manuel Castells, de la Universitat Oberta de Catalunya. Es un honor tener con nosotros a una persona de su nivel y especialista en sociedad de la información y del conocimiento.
Sin más, dándole la bienvenida y siguiendo el mismo patrón que en las otras comparecencias, le damos la palabra. La idea es que usted pueda informar sobre sus propuestas y análisis sobre el plan de convergencia con Europa.

El señor CASTELLS OLIVAN (Profesor de la Universitat Oberta de Catalunya): Muchas gracias, señor presidente de la Comisión.
Senadoras y senadores, en primer lugar, quiero agradecerles que me hayan ofrecido la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones e informaciones que pueden contribuir de algún modo a esclarecer un tema absolutamente fundamental para nuestro país y que es desde hace muchos años una asignatura pendiente y repetidamente suspendida. Habría que ensalzar, pues, la tarea que tratan de desarrollar en esta Comisión, tanto más cuanto que las convergencias políticas en este tema deberían producirse de forma mucho más clara que en otros ámbitos.
El objeto de esta Comisión no es sólo examinar el desarrollo de la sociedad de la información en abstracto, sino también los procesos llamados de convergencia tecnológica, económica y de la sociedad de la información de nuestro país, con nuestro entorno y con el mundo en general, y, en particular, con los países más avanzados. Éste es un viejo asunto para mí. Fui uno de los expertos que se reunieron en 2000, poco antes de la Cumbre de Lisboa, en esa ciudad, para preparar los documentos e informes que se transformaron días después en la agenda Lisboa. Como ustedes

saben, la idea fundamental del momento era examinar las posibles formas de disminuir la creciente divergencia entre Estados Unidos y la Unión Europea en términos de desarrollo tecnológico, desarrollo informacional y productividad económica y empresarial.
Pues bien, en estos momentos, el mismo grupo de expertos ha estado evaluando lo que se ha hecho en Europa desde entonces --nos reunimos en Bruselas a fin de mes--, y ha constatado que no sólo no ha habido convergencia entre la Unión Europea y Estados Unidos, sino que se ha aumentado la divergencia prácticamente en todos los planos; en particular, en el plano clave de la productividad, así como en el de la difusión tecnológica. Hay una excepción notable: la de Escandinavia; y, en particular, la de Finlandia, que se ha constituido durante estos años, en términos de indicadores, en la sociedad de la información número uno del mundo, la economía de más alta productividad del ámbito de los países desarrollados y la primera economía del mundo en términos de competitividad, según el World Economic Forum; lo digo porque puede servir de pista para algunos desarrollos políticos, si los situamos en el contexto. Esto quiere decir que no existe una especie de enfermedad genética europea que nos impida equipararnos a la tecnología desarrollada por Estados Unidos.
Por otra parte, si comparamos España con Europa, tenemos que decir que seguimos a la cola; seguimos en el pelotón de los torpes, es decir con los mediterráneos del sur. Quizá sea porque vivimos tan bien que no necesitamos hacer nada más. Para no introducir demasiados datos, les remito al trabajo del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, un consejo técnico asesor del Gobierno, compuesto fundamentalmente por empresas. Este consejo está desarrollando una ponencia sobre este tema de la convergencia tecnológica con Europa, que preside el profesor Emilio Ontiveros, y que cuenta con una amplia representación del mundo empresarial. Han reunido documentación abundante, la mayor parte de la cual no está todavía disponible. Sin embargo, esta semana ha aparecido un primer informe, publicado por «Redes», y a los datos de ese informe les remito. Lo tomen como lo tomen y utilicen los indicadores que utilicen, tanto desde el punto de vista de la productividad, como de la tecnología, de la difusión y usos de tecnologías de la información, de la competitividad de las empresas de base tecnológica o de la inversión en investigación y desarrollo, verán cómo nuestro país continúa estando a la cola de Europa. Y llevamos así mucho tiempo y con varios gobiernos --aquí casi nadie se salva--, y mucho tiempo son tres décadas. Así, por ejemplo, tenemos el lentísimo incremento del porcentaje del producto interior bruto en investigación y desarrollo, que todavía sigue moviéndose en la frontera del 1 por ciento, cuando el de Finlandia es del 3,5 por ciento y la media europea se sitúa por encima del 2 por ciento.
Debe haber razones profundas para este retraso, como es el valor que se da a este tema en la sociedad o la falta de comprensión de los responsables políticos de uno y otro signo sobre esta cuestión; aunque en este sentido quisiera hacer una excepción en cuanto a dos gobiernos autonómicos: la Junta de Andalucía y el Gobierno vasco, que llevan una larga trayectoria de iniciativas novedosas en este campo, aunque cada una ha corrido distinta suerte, pues tampoco es que haya habido un desarrollo espectacular en este sentido. No obstante, por lo menos tienen una clara línea de actuación y una preocupación por este tema desde hace bastante tiempo.
En los demás casos, incluyendo a Cataluña, que es mi propio entorno personal y cultural, las cosas siguen donde estaban. Aunque los discursos suelen seguir afirmando la prioridad de las políticas de la sociedad de la información, el desarrollo tecnológico y la productividad, en la práctica pocas veces se lleva a cabo lo que se afirma en esos discursos.
Una parte del problema existente es que no se utiliza en absoluto lo que se sabe a partir de la investigación académica sobre este tema en el mundo en general, y en nuestro país en particular. Cada vez que un gobierno autonómico quiere hacer algo, o por lo menos empezar a pensar sobre este tema, se utilizan informes de consultoras hechos deprisa, sin contar con los datos adecuados y aplicando modelos de otros países, o lo que aún es peor, se siguen directamente las recomendaciones de las empresas, y en particular de las del sector, algo que, por otra parte, es esencial tener en cuenta. Sin las empresas tecnológicas no se puede desarrollar esta política, pero su opinión sólo puede ser un elemento más, y no el elemento dominante, pues la sociedad de la información no es sólo un mercado para tecnologías de información, sino que es algo más.
Sin embargo, realmente se sabe muchísimo de este mundo. Si ustedes comparan lo que dicen los medios de comunicación y lo que sabe la investigación académica en el mundo entero, podrán comprobar que existe una disonancia cognitiva total. Los medios de comunicación se ocupan del último dato espectacular sin entrar realmente en el conocimiento científico, que es abundante.
Desde el año 2001, en Cataluña se ha hecho un esfuerzo de investigación, tanto con el apoyo de aquel Gobierno de la Generalitat, como de éste, pero no se ha hecho un esfuerzo de política. Hemos estado desarrollando un programa de investigación muy amplio, que se llama «Projecte Internet Catalunya» (PIC), del que ya han salido numerosos estudios y una base de datos obtenida mediante encuesta directa, y sabemos ya muchas cosas. Pero lo principal que sabemos para el propósito de esta comisión es que la gente sólo utiliza la tecnología en general, y la de información y comunicación en particular, para aquello que le interesa y le sirve en su vida, algo que en el fondo está muy bien. Imagínense ustedes un mundo en el que inventáramos tecnologías y la gente tuviera que tragar con ellas.
Esto no funciona así, sino que la gente se apropia de la tecnología y muchas veces la utiliza para cosas en las que no se pensó en el diseño original de la misma, pero si las tecnologías o los servicios no les sirven, simplemente no los utilizan. Por ello la idea de alfabetizar a la gente en el uso de Internet es ridícula.
El 90 por ciento de los usuarios de Internet --son datos de Cataluña, pero comparables con el resto del mundo-- aprende Internet por sí mismo, experimentando cuando se

trata de jóvenes, o a través de un amigo o un familiar, porque en el fondo el uso de Internet es muy fácil, lo que es más complicado es su desarrollo posterior. Y lo hacen cuando sienten la necesidad de hacerlo, cuando hay un servicio, una práctica necesaria para su vida cotidiana.
Así pues, lo esencial desde el punto de vista del interés público, desde el punto de vista de los gobiernos, es crear oferta útil más que estimular la demanda culpabilizando a la gente con la idea de que se queda fuera de la modernidad si no utiliza Internet, pues con ello sólo se consigue provocar un rechazo al cambio tecnológico, que se vive como algo impuesto y externo. Al principio nadie promocionó el teléfono móvil, y sin embargo, ha habido una adopción masiva del mismo y se ha inventado multitud de usos para este instrumento en los que no habían pensado las empresas y que luego éstas han ido desarrollando. Y lo mismo ocurrió con Internet.
No ha habido que llevar a cabo una campaña de alfabetización sobre el teléfono móvil para que haya un 97 por ciento de la población que lo utiliza, lo que constituye uno de los porcentajes más altos del mundo en este sentido, pues, por ejemplo, en Estados Unidos ese porcentaje es del 55 por ciento. ¿Y ello por qué? Pues porque al teléfono móvil se le dio una serie de usos y desarrolló una serie de servicios que a la gente le han interesado.
Así pues, el uso productivo y socialmente útil de las tecnologías de la información y de la comunicación requiere a su vez de la existencia de una oferta de servicios útiles, la difusión de banda ancha en telecomunicaciones y la necesaria adecuación de las organizaciones para la utilización de la misma, así como para la práctica de estos servicios.
Y a continuación pondré ejemplos de ello. Uno de los estudios realizados en el año 2003 en Cataluña consistió en hacer 10.000 entrevistas a una muestra representativa de todas nuestras escuelas primarias y secundarias. En dicho estudio pudimos comprobar que la conexión de las escuelas de Cataluña a Internet era del cien por cien. Es decir, no había ningún problema desde el punto de vista de la conexión real, aunque sí encontramos más problemas en cuanto a la localización de esa conexión, pues frecuentemente no se situaba en las aulas, sino en algún otro punto de la escuela. Pero, insisto, no faltaba conexión en las mismas. Sin embargo, los niños de secundaria utilizaban Internet dentro de sus actividades escolares una media de dos horas al mes. Es decir, Cataluña tenía un nivel mucho más alto que la media europea en términos de equipamiento y muy bajo en términos de utilización, y para ello siempre está la típica explicación: que a los profesores no les interesa el uso de Internet, que ellos no saben usarlo y que son los niños los que saben hacerlo. Inmediatamente tenemos ahí a los grandes intelectuales críticos que montan rápidamente la idea de la relación de poder del profesor, etcétera.
Pero eso no es así. La realidad es que estos mismos niños y profesores de esas escuelas que utilizaban Internet dos horas al mes en los centros educativos, lo utilizaban en su casa 10 horas a la semana, los niños, y 15 horas a la semana los profesores. Es decir, hay niños y profesores que utilizan Internet, pero lo hacen en su casa y no en la escuela, y por tanto, lo que hay es un problema de organización en la escuela. Así pues, en este momento, y basándonos en nuestro estudio, el «departament dÆensenyament» de Cataluña está realizando una serie de pruebas piloto y de estrategias para intentar adaptar la organización del currículo escolar y la organización de la escuela como institución al nuevo medio tecnológico.
Otro ejemplo. La información sobre salud y la gestión de salud es en todo el mundo lo que más interesa a la gente en Internet; la demanda esencial de usos de Internet es cómo enterarse de los problemas de salud. Pues bien, para alimentar esa demanda haría falta que el sistema de salud, y en particular el sistema público de salud, se tomara en serio esta demanda y proporcionara una serie de servicios. ¿Qué tipo de servicios? Por ejemplo, información fidedigna, sistemática, en las Web de salud para que la gente se pueda informar de fuentes creíbles. Porque ¿qué sucede? Cuando la gente o un familiar tiene algún problema se informan por el mundo, y a veces encuentran informaciones sesgadas por empresas, a veces encuentran informaciones surrealistas de métodos alternativos que nunca han sido alternativos de nada, y otras veces encuentran una buena información pero mezclada con las demás. Entonces, la idea de servicios públicos de salud --que están practicados en algunos casos en nuestro país-- con información interactiva es algo que fácilmente puede integrar a la gente en el uso tecnológico para lo que les interese.
También estaría la posibilidad de seguimiento de los pacientes a los que se ha visto personalmente, pero que luego quieren seguir en contacto desde su casa; la posibilidad de que el médico o el enfermero continúen su relación con ellos asistiéndolos a distancia, con una clave, a través del correo electrónico. Que el médico pueda ser accesible por correo electrónico sucede en la medicina de elite. Los médicos personales de gente de alto nivel social les dicen a los enfermos que pueden enviar un correo electrónico cuando tengan un problema. ¿Por qué esto no lo puede hacer el sistema público? Por supuesto que habrá que hacer una serie de adaptaciones, que habrá que reorganizar el sistema, pero es posible.
También se puede hacer algo que es aún más importante en términos prácticos para el sistema de salud; ustedes saben que en nuestro país no hay una historia clínica informatizada de cada paciente única y comunicable. Esto quiere decir que en el conjunto del sistema de nuestro país cada vez que alguien cambia de unidad médica tiene que volver a empezar, con lo que eso significa de posibles errores, de costo y de incapacidad de trabajar en red el conjunto del sistema. ¿Qué ocurre? Técnicamente es posible, pero requiere una serie de cambios de procedimientos, de organización administrativa, de inversión tecnológica, etcétera. Ahora bien, toda esa inversión, toda esa reorganización, todo ese nuevo equipamiento, la experiencia internacional muestra que, en último término, reducen el gasto sanitario, que es un punto fundamental en nuestro país, como en todos, y aumentan la calidad.
En el ámbito de las empresas, las pequeñas y medianas empresas tienen una gran ventaja y un gran inconveniente; la gran ventaja es su flexibilidad por su pequeña dimensión;

el gran inconveniente es que no constituyen una masa crítica de recursos que les permita entrar de forma ventajosa en un mercado, competir internacionalmente, ampliar sus mercados, etcétera.
Nosotros hemos hecho un estudio sobre una muestra representativa de todas las empresas de Cataluña, en forma de encuesta directa presencial a 2.038 empresas, y el resultado ha sido que hay una relación directa entre la utilización de tecnologías de información y comunicación e incrementos de productividad y competitividad, y que aunque la productividad de las pymes es menor que la de las grandes empresas, por razones obvias, el incremento de productividad y de competitividad por la introducción de tecnología es mucho mayor en las pequeñas que en las grandes. Ahora bien, con una condición, con que la empresa sea capaz de funcionar en red tanto dentro como sobre todo en cooperación con las otras. Es decir, las tecnologías de red sólo sirven para funcionar en red, no es ponerse un ordenador, es ponerse capacidad interactiva entre ordenadores y adaptar la organización de la empresa. Por lo tanto, la cooperación de las empresas, de las pymes en red es previa o, si quieren, simultánea, en todo caso, al desarrollo de conexiones y subvenciones para que se instalen en Internet o utilicen tecnología. Es necesario, sobre todo en este caso, estimular acciones de cooperación y proporcionar asesoramiento sobre la plataforma tecnológica y organizativa de esta cooperación entre pequeñas y medianas empresas.
También se pueden contemplar acciones sectoriales que muestren la utilidad concreta para las pymes de utilizar tecnologías de información.
Por ejemplo, algo que es importante en la experiencia internacional y que también existe en nuestro país, pero en pequeña escala, es el cambio de modelo de turismo a través de Internet: la posibilidad de realizar una oferta turística garantizada por la Administración pública, pero desarrollada por pequeñas empresas turísticas que se relacionan directamente con el cliente y con el mercado mundial, proporcionando oferta de Internet, asegurando reservas en Internet, todo ello garantizado con sistemas de certificados públicos, y desintermediando a los touroperadores. Esto sería una revolución en nuestro país.
¿Saben las consecuencias de esa revolución? Que habría mucho mayor valor añadido generado aquí en lugar de en otros países que envían el turismo y, por otro lado, la red de empresas y el tejido empresarial de pymes en el sector turístico, que es fundamental para nuestro país, se extendería y se centraría mucho más en los innovadores en este sector.
Naturalmente, para todo ello hace falta desarrollar infraestructura, y lo más importante es ayudar, por parte del regulador público, a crear incentivos y a la vez exigencias de impulsión de la banda ancha por parte de los operadores, en régimen de competencia, con tarifas asequibles y cobertura de todo el territorio; y en esto el regulador tiene una gran responsabilidad fundamental. La banda ancha es --y es cierto-- el gran salto de desarrollo que podemos tener en este momento, porque muchos de los servicios que acabo de mencionar requieren banda ancha. Y banda ancha no es necesariamente la gran inversión de futuro en una nueva infraestructura de fibra óptica. El ADSL puede llegar a dos y tres veces más de capacidad de transmisión teniendo la misma instalación actual pero con una nueva tecnología. Pero, claro, habrá que incentivar a los operadores a que introduzcan esa nueva tecnología porque, si no, mientras funcione como funciona y mientras sigan cubriendo el mercado, no lo harán.
También sería interesante impulsar soluciones innovadoras. Ya se están haciendo a nivel local en una serie de municipios españoles, pero sería importante integrarlas en una política de más amplio ámbito. Me refiero, por ejemplo, a las redes inalámbricas locales de tipo Wi-Fi, que tienen un enorme potencial de desarrollo comunitario, pero habría que pasar de su período romántico y espontáneo a uno de desarrollo orgánico del Wi-Fi, sobre todo teniendo en cuenta que acaba de introducirse hace seis meses en Estados Unidos por Intel y otras empresas la nueva tecnología Wi-Max, que es como Wi-fi pero multiplicado por diez en términos de su capacidad de transmisión de banda ancha.
Desde el punto de vista del traslado de lo que es la innovación tecnológica a la innovación empresarial y a la creación de riqueza, también falta en nuestro país un apoyo mucho más decidido a la innovación y a la acción emprendedora, siendo así que el desarrollo endógeno, el crecimiento a partir de las iniciativas empresariales generadas en nuestro territorio es el modelo de competitividad. El remedio contra la deslocalización de empresas es el desarrollo endógeno. No es posible parar la deslocalización de grandes empresas multinacionales en un ámbito de competitividad global; simplemente no es posible. La cuestión es generar oportunidades empresariales a partir de aquello en lo que se pueda innovar e invertir en nuestro territorio, y ayudar a que las empresas que lo hagan crezcan y se internacionalicen para que cuando sean «mayores» también se vayan a China. Eso es precisamente lo que sucedió en Silicon Valley, que no nació hace cuatro o cinco décadas de grandes empresas; de hecho, las grandes empresas de electrónica de aquel momento hoy en día están muy por detrás de las pequeñas y medianas empresas --yo diría más bien que microempresas-- de Silicon Valley que posteriormente se convirtieron en multinacionales.
Por tanto, el proceso de crecimiento orgánico desde lo micro hasta la multinacional, así como todo el valor que genere en el territorio en el que se produzca, sería producto de la política de innovación y emprendedora. Y para eso es absolutamente fundamental conectar con las universidades, pero en mi opinión todavía lo es más modificar los mecanismos de financiación; porque, por muchas ideas y capacidad de innovación que se tenga, si no existe un sistema de capital riesgo que merezca ese nombre, no habrá posibilidad de que las empresas puedan crecer. Hay que jugársela, y eso no lo pueden hacer los bancos y tampoco las cajas de ahorros, que deben proteger esos ahorros; debe hacerlo un sector especializado, que en España existe sobre el papel aunque en realidad funciona muy mal. Precisamente hace unos meses Emilio Ontiveros y yo hicimos un estudio sobre el capital riesgo y la actitud emprendedora en España, que demuestra que también en ese campo

estamos a la cola de Europa, no sólo en términos de la práctica del capital riesgo, sino también por la rigidez de las regulaciones administrativas y fiscales en ese sentido.
Yo puedo hablar de los casos que conozco más directamente, de los de mi tierra, Cataluña. Así, la Universidad Politécnica de Cataluña ha desarrollado el Programa Innova, del que han salido numerosas empresas.
Hay otros programas ligados al propio territorio, y sé que en Andalucía existen bastantes ejemplos de ello. Y conozco muy directamente el denominado Barcelona Activa, gracias al cual se han potenciado miles de empresas a partir de pequeños proyectos. Pero al mismo tiempo el regulador debe intervenir para evitar situaciones de monopolio de hecho en mercados tecnológicos, tal como sucede hoy en día, por ejemplo, en el decisivo campo del «software» con Microsoft.
En los minutos que me quedan conectaré este tema con una discusión específica que considero de gran relevancia para nuestro futuro.
Señorías, creo que para acelerar el desarrollo tecnológico de España, tanto en el contexto europeo como en el contexto mundial, no podemos seguir con un modelo de incremento gradual según el cual vamos un poquito más deprisa cuando los otros lo van mucho más. En la práctica eso se traduce en un proceso de cambio tecnológico y económico acelerado que nos lleva hacia atrás en términos relativos y, por tanto, también en términos de competitividad y de calidad de vida.
La idea sería abrir nuevas vías de innovación explorando terrenos en los que podamos avanzar más rápidamente. Y una de esas vías, aunque no la única, que yo considero particularmente importante, es el llamado «software» libre, «programari lliure», como lo llamamos en Cataluña, y que yo prefiero denominar como se hace generalmente en la literatura internacional especializada: programas informáticos con código de fuente abierto --en inglés, «open source»--, como es el caso del programa Linux, aunque no sólo de éste.
Y les pido excusas de antemano por recordarles una serie de cosas elementales, pero lo voy a hacer en la medida en que mi intervención va a quedar reflejada sobre el papel.
En primer lugar, que el «programario» de código abierto, que en mi opinión hay que despolitizar y debe quedar al margen de cualquier ideología, porque es una cuestión técnica y de organización social y económica, decía que el «programario» de código abierto no es una ideología anarquista o un sueño tecnológico o contracultural.
Que todo Internet está basado en código abierto: desde el protocolo TCP/IP, del período 1973-75, por el que se funda Internet, hasta el programa World Wide Web, que funda éste. Todo ese código abierto no tiene derechos de propiedad intelectual y por eso se ha podido desarrollar y mejorar gracias a su utilización por millones de usuarios.
Que dos terceras partes de los servidores «web» del mundo utilizan Apache, un programa de código abierto desarrollado por una cooperativa sin ánimo de lucro. Pero, al mismo tiempo, tanto sobre estos programas de código abierto como sobre Internet se ha creado un enorme desarrollo empresarial y comercial. Es decir, ha habido una articulación de ambas cosas.
Que Linux es un programa mucho más robusto que el resto de los sistemas operativos, ya que cuenta con 30 millones de usuarios en estos momentos y sigue creciendo exponencialmente, y representa el 17 por ciento del mercado de grandes servidores en el mundo. Por tanto, no es producto de la locura de un estudiante finlandés, sino un gran programa utilizado por millones y millones de personas y también por muchísimas empresas.
Y que grandes empresas, como IBM, Oracle, Sun Microsystem, Apple, y una larga lista, utilizan programas de código abierto. Y además hay muchas otras empresas que realizan su comercialización sobre la base de programas de código abierto a condición de mantener abierto el código fuente.
Es decir, hay que evitar lo que ciertos intereses creados quieren hacer creer: que se trata de elegir entre algo que funciona y sobre lo que hay una apropiación empresarial y algo que es un sueño tecnológico de cuatro contraculturales. Eso es un error técnico; por consiguiente, se debe afirmar la importancia técnica, económica y social de desarrollar un código de fuente abierta y que posteriormente cada cual haga lo que quiera. Si hay gente que se quiere dedicar a innovar y crear, perfecto.
Si hay gente que con ello hace dinero, también. Y cuanto más dinero se gane, mejor, porque eso supondrá más riqueza para este país.
Señorías, el «software» es el lenguaje de la era de la información, y por tanto es absolutamente central en todo el proceso tecnológico. Y lo que ha ocurrido es que, en un sistema en el que la innovación se ha desarrollado en términos de amplia libertad de transmisión y comunicación de innovación tecnológica en el marco universitario, ha habido una excepción: la apropiación cuasi monopolística por parte de Microsoft, que ha sido muchas veces denunciada e incluso perseguida por gobiernos, como el de los Estados Unidos, y también por la Unión Europea, y a la que hay que poner coto, no limitándola, sino apoyando alternativas que existen en la sociedad y que son más eficaces, más baratas y tecnológicamente más avanzadas.
Países como Brasil están impulsando esa política, ahora reforzada por el presidente Lula, aunque ya viene de la administración anterior, es decir de la de Fernando Henrique Cardoso. También lo hace Finlandia, y de alguna forma, Francia. Y en parte, China, cuyo Gobierno, que todavía no tiene demasiado sentido del humor en lo que a las paradojas se refiere, está desarrollando un programa denominado Linux bandera roja. (Risas.) Y todo ese esfuerzo es esencial por varios motivos. En primer lugar, porque se consigue un gran ahorro en el pago de licencias; ahorra el sector público, ahorran las empresas y, en definitiva, ahorran los países. En este sentido, el Gobierno brasileño hizo un cálculo de lo que pagaba cada año por razón de licencias de «software» en el país, y era tres veces más que toda la inversión en el programa contra el hambre. Por tanto, para ellos era un tema económico de primer orden. Pero es mucho más importante, es la posibilidad de desarrollar aplicaciones adaptadas a las necesidades de cada uno, de cada institución, de cada persona, de cada país. Si no se tiene el código fuente, no se pueden desarrollar

aplicaciones nuevas. Hay que esperar a que el suministrador las desarrolle, las proporcione y las venda.
Además está la educación de usuarios de todo tipo, que reciben una fórmula preestablecida, un paquete cerrado, que no pueden tocar, como si recibiéramos un coche con el motor sellado y que ningún mecánico, ni siquiera los mecánicos de la empresa, puede abrir porque es imposible.
Ése es un programa de código fuente secreto. Pues bien, si abrimos ese paquete, podemos tener muchos mecánicos. Muchos de nuestros jóvenes --los de mi edad menos-- pueden empezar a manipular y crear, pero no pueden crear si hay un programa de código fuente cerrado. Por tanto, es totalmente central desde el punto de vista de la innovación.
Y hay algo que a veces la gente no piensa, y es ¿por qué tenemos tantos virus? Si hay mucha gente mala, sobre todo jovencitos perversos que andan por el mundo difundiendo virus, que los crea es por esto, pero ¿por qué se difunden? Porque estamos en un ecosistema de «software» clónico. Es como si toda la cabaña de vacas del mundo la hubieran hecho clónica. La primera bacteria liquida la cabaña mundial. ¿Y qué ocurre? Que en un único sistema dominado por Microsoft al 95 por ciento un virus se difunde en todo el sistema, en toda la red, mientras que un ecosistema de programario compatible --tiene que ser interoperable y compatible--, hecho en código abierto hay una gran diversidad ecológica e informática y, por tanto, los virus atacan a unos sí y a otros no, depende de qué virus, etcétera. Por consiguiente, no es como dice Microsoft, que lo odian particularmente, es que a los virus les encanta el medio Microsoft porque pueden vivir indefinidamente a través de «Windows».
Desde el punto de vista de país, me preocupo de temas como el de la seguridad nacional y ésta requiere la capacidad de desarrollar aplicaciones --no digo desarrollar grandes programas informáticos sofisticados-- para que los órganos de seguridad nacional sean de nuestro país, sean los responsables y los que sepan qué aplicaciones son y cuáles no en lugar de comprar programas de código fuente cerrado que no conocemos, aplicaciones que luego se instalan en el corazón de nuestros sistemas de inteligencia, militares, policiales, de administraciones públicas y de gestión de la infraestructura. Hablamos mucho de terrorismo en este país y no hemos pensado en algunos de los problemas más graves, como es la destrucción de la infraestructura informática que controla las infraestructuras energéticas de agua, de suministro, etcétera, de nuestro país como de todos los países. Si no hay un control de cuáles son los programas informáticos a través de los cuales desarrollamos nuestras propias aplicaciones, es muy difícil sentirse seguro.
Acabo. Si todos estamos por el desarrollo de la sociedad de la información --ese término vago, pero que como término sabemos lo que quiere decir--, si llevamos así años y años y si seguimos andando en España más despacio que en nuestro entorno --desde que tengo uso de razón tecnológica, desde los primeros años de los ochenta estoy teniendo las mismas discusiones con gobiernos que pasan pero que dejan el problema--, es porque algo va mal desde ese punto de vista. Creo que ese algo tiene que ver con errores de concepto, con presiones de grupos de interés, con algo que es más profundo. Después de todo, el país funciona, se vive bien, más o menos hemos crecido --hemos crecido incluso bastante en los últimos años, no ahora-- y todo va bien. Y si la idea es que un buen pelotazo inmobiliario turístico es lo esencial, ¿para qué preocuparse? Entonces sí hay el discurso de la sociedad de la información en futuro, pero el presente es el turismo, las inmobiliarias, la calidad de vida hecha de juergas gastronómicas o, como cada vez más en Cataluña, de turismo de borrachera, como dicen algunos líderes políticos catalanes con mucha razón.
En ese contexto diría algo más, y que es si no hay una voluntad política al más alto nivel en términos prácticos, que lidere un proceso, que se tome en serio esa transición a la sociedad de la información, creo que poco se puede hacer más allá de los discursos y de los comités de expertos, que nunca se cansan de repetir lo mismo. Por eso tal vez --yo daría un margen de esperanza a los que acaban de llegar-- el nuevo Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa que se está gestando y los esfuerzos que desde esta comisión se pueden hacer pueden cambiar el curso de los acontecimientos. La verdad es que tengo una cierta ilusión y por eso agradecía la convocatoria de esta comparecencia, por que el Senado --como una autoridad moral algo más serena, un poco más alejada del debate político partidario-- sea capaz de influir en un consenso de país en lo que puede ser un proyecto decisivo en algo no de futuro, sino de presente. Tal vez podamos intentarlo una vez más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castells.
Ahora comienza el turno de portavoces. (El señor vicepresidente, Fageda Aubert, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fageda Aubert): Tiene la palabra don Jordi Guillot, por el Grupo de Entesa.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.
Señor Castells, además de agradecerle como grupo parlamentario su presencia y su magnífica intervención, quiero hacerle una pregunta, muy reiterada en estas comparecencias que hemos tenido. Todo el mundo insiste en que hace falta un liderazgo. Se deduce que para que haya un liderazgo tiene que haber un consenso político. ¿Usted cree que es posible este consenso político conociendo las diferentes realidades políticas, el impulso territorial que ha habido por parte de diferentes partidos y lo que es el programa electoral de los diferentes partidos? No digo que sea necesario que se desprenda de sus palabras, sino la posibilidad de que este consenso se lleve a cabo.
También quiero manifestarle que una primera voluntad e interés de esta comisión y de todo este esfuerzo de reuniones que hemos tenido hasta el momento es hacer posible este consenso entre los diferentes grupos para poder presentar al Gobierno una propuesta que permita enriquecer, aportar y afinar el futuro plan de convergencia.


Sin más, gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Fageda Aubert): Gracias, señor Guillot.
Tiene la palabra don Félix Lavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Manuel Castells por su exposición, que sin duda nos va a servir para intentar lograr nosotros previamente aquí lo que tenemos que pedirle al Gobierno. Ésa ha sido la intención de todos los grupos políticos y ésa fue la intención de todos los grupos políticos cuando aprobamos la moción el día 19 de octubre, que precisamente reclama este plan al Gobierno y algo se ha puesto en marcha. Esperemos que con la buena voluntad de todos y con la flexibilidad que hay que tener en estos casos, bien vía conclusiones o bien vía moción, podamos llegar a ese consenso en esta comisión. Sin lugar a dudas, su comparecencia ha sido muy interesante en todos los frentes y nos va a ayudar a ello y con la autoridad que tiene usted en la materia, nos debería incluso motivar para conseguir ese objetivo.
Usted hablaba, señor Castells, en su libro «Local y global», de tres ámbitos en el desarrollo de las nuevas tecnologías, en el desarrollo de Internet y la importancia que tenía, por ejemplo, el derecho a la ciudad.
A lo más próximo le daba usted una importancia fundamental. También hablaba de los gobiernos de proximidad y de un cibergobierno, una declaración universal de derechos humanos, es decir, hablaba de los tres ámbitos, de lo global a lo próximo y de lo próximo a lo global. Quizá esta perspectiva --cuando se diseñan estas políticas, cuando usted hablaba de la utilidad de la Administración a la hora de ofrecer servicios-- deberíamos tenerla en cuenta con ejemplos muy prácticos. Lo más próximo al ciudadano son los ayuntamientos, es la escuela, es el centro de salud al que tiene que recurrir, y quizá lo más global, lo más general es esa seguridad que nos debe garantizar la red para que esos virus malignos no nos ataquen, o quizá protocolos e investigaciones técnicas para que la tecnología sea más accesible al ciudadano. Yo creo que las empresas deben hacer un mayor esfuerzo. Cuando sea tan fácil conectarse a Internet y utilizar las tecnologías como conectar una televisión, quizá se generalice más su uso.
Quiero discrepar con algunas de sus opiniones, para obtener su punto de vista sobre algo que no me ha quedado suficientemente claro. Decía usted, señor Castells, que en una encuesta realizada en los centros educativos catalanes se demostraba que, tanto los alumnos como los profesores usaban Internet, y que por tanto no era necesario alfabetizar a la población para su uso. Yo, como director provincial de Educación que he sido, conozco un poco el ámbito educativo, y quizá el profesorado y los alumnos acceden a Internet, porque conectarse es fácil, pero no es menos cierto, señor Castells, que hoy utilizar un ordenador se complica, si no tienes cerca a un familiar que conozca la tecnología, porque se te cuelga el programa, no te sirve, etcétera. Hay una serie de problemas en torno al uso de las tecnologías, y no sólo se trata del acceso. Por eso yo sí creo que existe cierta inseguridad, y el profesor si no se siente seguro a la hora de utilizar una herramienta en la escuela, no la toca, porque no hay nada que genere más incertidumbre a un profesor que no sentirse seguro de lo que va a hacer para intentar aplicar sus contenidos.
Por tanto, ese conjunto global de uso de Internet, programas, aparato, tecnología que tiene que utilizar en el aula, aparte de la organización del espacio, sí debería tenerse en cuenta y debería ser una prioridad a la hora de elaborar las conclusiones. Yo no pienso que el profesor esté familiarizado con las tecnologías; le falta algo. Quizá sí domina el acceso, pero no el uso de los programas, y, por supuesto, faltan también contenidos, coincidiendo plenamente con usted cuando hablaba de hacerlo útil: la sociedad utiliza aquello que considera que es útil.
En cuanto al «software» tenemos experiencias positivas en este país, tanto de «software» abierto como propietario. Por ejemplo, la Comunidad de Extremadura ha estado en contacto con el Gobierno de Lula y tiene un programa llamado LinEx, que está aplicando en todos los centros educativos. Dentro de poco comparecerá el consejero, una vez más, en esta comisión. Me gustaría, una vez que está implantado ya en Extremadura de una manera generalizada, conocer su punto de vista --es decir, qué opina usted, cómo lo ve-- para extraer alguna conclusión.
Hay muchos temas, pero nos vamos a autolimitar en el tiempo, por el compromiso que hemos adquirido, pero no quisiera terminar mi intervención sin decirle que quizá en estos momentos el acceso a Internet, por ancho de banda a través de ADSL, es posible. Según los datos que nos da la operadora dominante, un 92 por ciento de la población puede acceder a Internet, y tan sólo accede un 13 por ciento, aproximadamente. Ahí tenemos una diferencia significativa; pueden hacerlo, pero no se conectan. Por tanto, la infraestructura es importante, pero no es lo decisivo, porque si el 92 por ciento puede acceder y sólo lo hace el 13 por ciento, algo falla. No hablaríamos de alfabetización, pero sí de que la sociedad debe conocer también las utilidades, porque muchas veces existen esas utilidades pero no se conocen. Ese esfuerzo de la Administración debe hacerse. Yo recuerdo un artículo publicado por usted en la revista mexicana «Etcétera», donde hablaba de que la libertad sin igualdad se convierte en privilegio y debilita los fundamentos de su defensa por parte de la sociedad en su conjunto. Este principio que usted explicaba en este artículo debería inspirarnos tal vez en nuestras conclusiones. Cuando hablamos de la cohesión entre comunidades autónomas, estamos pensando en la cohesión territorial y social para que las nuevas tecnologías no nos distancien.
En el concepto de utilidad también quisiera hacerle un matiz. Yo creo que las empresas saben que aplicando las nuevas tecnologías mejora su competitividad y su productividad. Una mala empresa, por el hecho de aplicar nuevas tecnologías, no va a ser un buen negocio, eso es así, pero puede pasar a la inversa, es decir, una empresa que ahora es rentable, que ahora es competitiva, si no se adapta, puede perder competitividad y puede fracasar en su línea de negocio. En España las pymes no están siendo dinámicas en aplicar o en implementar estas tecnologías en ese

espacio. ¿Por qué en Irlanda o en Finlandia lo están haciendo y no en España? ¿Qué debiéramos de remover para motivar? Está claro que son útiles, porque si no en estos países no hubieran ganado un 60 por ciento de productividad. La utilidad está fuera de toda duda; si son útiles y aquí no se percibe como tal, ¿qué pasa y qué tenemos que hacer para intentar corregir este rumbo? En ello nos va buena parte, no sólo de la competitividad de las empresas, sino también del bienestar en conjunto de nuestra sociedad. Lo que está claro es que no podemos competir bajando salarios, porque sería regresar a tiempos anteriores a la Revolución Industrial; tenemos que poner en valor el conocimiento, las tecnologías aplicadas a la empresa, y basar en eso la competitividad.
Me gustaría terminar diciéndole que es verdad que la velocidad de España no es la adecuada para intentar corregir el rumbo que llevamos en esta materia, con la situación actual y sin poner el acento en de quién es la responsabilidad, porque en un Estado descentralizado como España tienen competencias los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Gobierno actual, los gobiernos anteriores, sean del Partido Popular o del Partido Socialista, y a nuestro grupo lo que le interesa es el futuro. Queremos ser parte de la solución y no estancarnos en el problema, porque eso no nos conduce absolutamente a nada. Por eso, aparte de las reflexiones que ha hecho, nos gustaría que nos dijera cuáles serían, para usted, las tres principales prioridades que tendríamos que recoger --desde su punto de vista lógicamente-- los grupos políticos para decirle al Gobierno: ponte las pilas, éstas son las prioridades, esto es lo que tenemos que hacer para que España coja el tren del futuro y avancemos en competitividad y en bienestar, y seamos todos parte de la solución y no nos recreemos en ver qué porcentaje de culpa en el problema tuvo cada cual, mirando siempre, por el retrovisor, al pasado.
Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fageda Aubert): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Coloma, por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora COLOMA PESQUERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Castells, le doy la bienvenida en nombre de mi grupo y le agradezco su comparecencia. Yo creo que ha hecho aportaciones importantes para, precisamente, el trabajo que estamos desarrollando en esta comisión.
Comparto muchas de las cosas que usted ha dicho, y le voy a hacer algunas preguntas y también algunas matizaciones. Yo he procurado leer algunas de sus publicaciones, de sus artículos. Usted conoce muy bien este tema, lleva mucho tiempo trabajando por el desarrollo de la sociedad de la información, que prefiere usted denominar sociedad del conocimiento. Me gustaría que usted matizara el porqué de este nuevo término, por qué prefiere un término al otro.
Usted también ha dicho que pertenece al consejo asesor de las telecomunicaciones, nombrado por el ministro de Industria, y me gustaría conocer si usted forma parte de la ponencia que está elaborando ahora mismo el trabajo de convergencia de España con el resto de los países en materia de sociedad de la información, porque, a lo largo de su intervención y si yo no lo he recogido mal, ha dicho usted que se ha analizado muchas veces este problema, que se han hecho múltiples diagnósticos. La verdad es que prácticamente todos los comparecientes hacen el mismo diagnóstico, pero al final, cuando analizamos las soluciones --porque si se hace un diagnóstico, hay que poner un tratamiento--, nos encontramos con que nadie ha dado con el tratamiento adecuado para resolver el problema cuanto antes. También he leído en uno de sus artículos, titulado «La dimensión cultural de Internet», que alguien le comentaba: Internet es muy reciente. A lo que usted contestaba: no, Internet se crea en 1969, tiene 33 años. Tampoco yo quiero mirar hacia el pasado, ni mucho menos, pero creo que hay gobiernos que probablemente tengan más culpa que otros porque si bien es verdad que la situación en la que estamos no es la más adecuada, también lo es que el desarrollo se ha producido desde hace muy pocos años, con unos determinados gobiernos y, sin embargo, Internet y la sociedad del conocimiento llevaban mucho tiempo en funcionamiento.
Me gustaría preguntarle si cree que es suficiente el tiempo que se ha concedido a la ponencia para la elaboración de este plan de convergencia y, asimismo, si usted cree que las personas encargadas de llevarlo a cabo
--y no me cabe duda de que se ha intentado elegir a los mejores, a los mayores conocedores y expertos--, siguen la línea que usted ha señalado en el sentido de que era preferible una investigación académica a la desarrollada tradicionalmente por las empresas o el sector de las tecnologías.
Estoy totalmente de acuerdo con usted en que las personas suelen utilizar las tecnologías para aquello que les interesa, que les puede ser de utilidad en su vida diaria y ha puesto el ejemplo de la telefonía móvil.
Es verdad que la telefonía móvil ha crecido de forma exponencial a lo largo de los últimos años pero, ¿no cree usted que este hecho se debe a que la telefonía móvil es muy sencilla de utilizar y que cualquiera sabe qué es lo que tiene que hacer para colgar o para descolgar un teléfono móvil? La mayoría de las personas que utilizan la telefonía móvil solamente la emplean para eso y no experimentan todas las posibilidades que ofrece.
Si trasladamos esta circunstancia a otros ámbitos del mundo de las tecnologías, a lo mejor si no ocurre lo mismo es porque existen mayores dificultades. En este sentido, a mí no sólo me preocupa la brecha digital que se pueda producir entre los diferentes territorios sino también entre las distintas personas, dependiendo únicamente de su edad; y eso también hay que tenerlo muy en cuenta.
Ha hecho referencia fundamentalmente a las pymes, a la educación y a la sanidad. Con respecto a este último campo, quizá porque soy médico, me gustaría resaltar que estoy totalmente de acuerdo en que es muy necesaria la informatización de la historia clínica y que cuanto antes se ponga en marcha será mejor y de gran utilidad, así como en el caso de la receta electrónica, pero no puedo estar tan de acuerdo en cuanto a que la relación médico-paciente se

mantenga a través de sistemas telemáticos. Mi experiencia a lo largo de los años me ha demostrado que los pacientes me querían ver
--tanto a mí como a mis compañeros de profesión--. Es cierto que para alguna determinada cuestión muy puntual no les importe que la resuelvas por teléfono --o que se utilice otro tipo de sistema como el que usted acaba de apuntar--, pero creo que la relación personal es muy importante en este ámbito y, por ello, quizá discrepo un poco en ese aspecto.
Creo que en el caso de las pymes ocurre lo mismo que he señalado con anterioridad: si las pymes no ven la utilidad que puedan sacar del uso de las nuevas tecnologías, no harán nada y no las aceptarán. Estoy plenamente convencida de que la productividad y la competitividad vienen dadas porque se incorporen a este mundo, a este sector y, en este sentido, creo que es necesario realizar un gran esfuerzo, pero ese esfuerzo no sólo debe ser de las administraciones --ya sea la central o la autonómica--, sino también de la inversión privada, porque lo privado tiene que jugar un gran papel. No sé cómo, pero algo habrá que hacer para que las pymes sean conscientes de que ese camino es bueno para ellas, es bueno para su productividad y para su propia rentabilidad.
Con respecto a la banda ancha, desde luego no puedo estar más de acuerdo con usted en que lo mejor es que todo el territorio disponga de cobertura de banda ancha y, por ello, me preocupan algunas declaraciones que hizo en su momento el señor ministro del ramo.
Usted ha hablado de sistemas como el ADSL o Wi-Fi, pero recuerdo que durante la legislatura pasada también se habló de algún proyecto que se centraba en la conexión a través de la electricidad. Me gustaría que usted comentara algo al respecto porque, desde mi punto de vista, ese sistema sería realmente universal ya que no creo que haya nadie, en ninguna parte del territorio, que carezca de luz eléctrica. Si usted nos puede avanzar algo, sería de gran interés.
Estoy de acuerdo con su comentario acerca de las empresas capital-riesgo.
Para finalizar, he de decir que he leído muchos de sus trabajos y sé que es un ferviente defensor del «software» libre. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que despolitizar esta idea, porque aunque es verdad que tradicionalmente se ha asociado el «software» libre a la izquierda y el «software» propietario a la derecha, no es así. De hecho, hay comunidades autónomas --como, por ejemplo, la Comunidad Valenciana--, que utilizan el «software» libre, además de Extremadura o Andalucía.
Asimismo, cuando mi grupo parlamentario estaba en el Gobierno algunos ministerios utilizaban el «software» libre para sus proyectos. He puesto el ejemplo de la Comunidad Valenciana, pero también puedo citar distintos proyectos que se desarrollan en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Con esto quiero decir que efectivamente hay que despolitizar esta cuestión porque no es de unos ni de otros. Cada uno utiliza el sistema que considera más interesante y, por tanto, actúa en consecuencia.
Por otra parte, tal y como ya pregunté a la señora consejera delegada de Microsoft, me gustaría que nos indicara qué es lo que le diría a un ciudadano, a la administración o a cualquier persona que no tenga una gran conocimiento sobre estas cuestiones sobre por qué debe utilizar «software» libre, de código abierto, qué inconvenientes tiene el «software» propietario, etcétera, pero de forma resumida y clara para que todo el mundo lo pueda comprender y, sobre todo, aquellas personas que no estén tan familiarizadas con este tipo de terminología.
Para terminar, me gustaría señalar que mi grupo parlamentario está totalmente de acuerdo en que tiene que haber voluntad política, tal y como hemos demostrado a lo largo de los años de gobierno del Partido Popular. Esa voluntad política se tiene que plasmar al más alto nivel y, por ello, haremos todo lo posible para llegar a un consenso sobre un asunto que creemos que es fundamental para el desarrollo de este país, para que sigamos avanzando y, además, para que nos situemos a la cabeza.
Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fageda Aubert): Muchas gracias, senadora Coloma.
Tiene la palabra el señor Castells.

El señor CASTELLS OLIVAN (Profesor de la Universitat Oberta de Catalunya): Les agradezco muchísimo sus comentarios.
Creo que éste ha sido uno de los intercambios formales más interesantes de los que he mantenido en círculos políticos, lo que demuestra una implicación y un conocimiento profundo de todas estas cuestiones.
Contestaré brevemente a sus intervenciones, siguiendo el orden en que han sido realizadas.
Senador Guillot, creo que todos estamos de acuerdo en que realmente el consenso político en este tema es fundamental y que quizá en esta comisión se pueda obtener más fácilmente que en otras instancias. En este sentido, si aquí se alcanza ese consenso político, se podrán clarificar cuáles son las prioridades para el país y aunque es cierto que debería haber sido así desde hace tiempo, no creo que éste haya sido el caso de las últimas legislaturas. Sólo basándose en eso se puede ejercer un liderazgo, tanto a nivel de Gobierno central como de los distintos gobiernos autonómicos, en el que se vaya más o menos en el mismo sentido, con un debate amplio y que se mantenga, pero dentro de la aceptación del retraso. O sea, tiene que plantearse hacia el futuro, pero aceptando que se tiene un retraso --en eso tiene razón el senador Lavilla, que lo plantea hacia el futuro y creo que es la única forma de hacerlo-- y que no se han corregido hasta ahora los desfases. Eso es muy importante decirlo, porque sería no solamente masoquista, sino, sobre todo, improductivo quedarse en lo que ha pasado: Déjenmelo para mí, que ya escribiré yo otros libros explicando lo mal que se ha hecho todo, por qué y las razones sociológicas, políticas y culturales de esto, etcétera.
Ustedes tienen que lanzar el país hacia el futuro. Esto es fundamental y para que sea operativo tiene que hacerse sobre la base de un diagnóstico, de un consenso y de un conocimiento real de las cuestiones, en que de nuevo no se politice saber si este porcentaje va así o asá. Es un porcentaje y las interpretaciones hay que centrarlas en torno a la observación de esos hechos.


Saltando de una cuestión a otra porque hay una serie de puntos centrales del senador Lavilla que quiero comentar, sobre la investigación académica que se relaciona con este asunto, yo estoy en el Consejo de Telecomunicaciones, pero no estoy en esta ponencia. De hecho, ni me he reunido con ese consejo, no sé ni qué cara tienen, pero algún día supongo que lo convocarán. Luego, no estoy en esta ponencia que dirige el profesor Emilio Ontiveros y que tiene una base de participación muy amplia. No creo que esta ponencia, ni esta comisión, ni ningún organismo legislativo o ejecutivo deban dedicarse a investigar, y quería explicarme en este sentido. Lo que quiero decir, precisamente, es que cuando se llega a estos temas no hay que pedir más investigación, sino utilizar la que existe y simplemente pedir algunos datos más operativos que tienen el Gobierno o las empresas. No se utiliza la enorme cantidad de investigación académica que existe, internacionalmente y en España. Y digo internacionalmente porque hay muchas cosas que no las tenemos que inventar, sino que están inventadas; sabemos los efectos de Internet, sabemos los efectos del «software» libre, sabemos cuando se adopta o no la tecnología, etcétera; es decir, no son temas de opinión, sino en los que el 80 por ciento se conoce y se sabe. ¿Por qué digo académica? Porque la investigación seria es la académica porque tiene unos niveles de contrastación de la comunidad académica internacional que si realmente es pseudoacadémica o pseudocientífica, se sabe y se denuncia, porque todos los datos son libres y las bases de datos son accesibles. Cuando me preguntan cuál es la diferencia entre una consultoría y una investigación académica, la respuesta es muy sencilla; la consultoría por razones totalmente entendibles da una información confidencial para el cliente; en la investigación académica por definición y, si no, no es académica, todos los datos, incluidas las bases de datos y los procedimientos de análisis, son públicos y disponibles para el que los quiera. Por eso existe la universidad, afortunadamente. Lo único que he señalado aquí es la necesidad de que en esta ponencia, ustedes y todo el mundo, trabajen más sobre lo que existe a nivel de la investigación que conocemos.
El senador Lavilla ha abordado temas como gobierno de proximidad, los ayuntamientos, el derecho de los ciudadanos, etcétera. Para abreviar la ponencia diré que he tomado los ejemplos de sanidad y educación porque son los que para mucha gente están en primer plano y así se refleja en las encuestas de opinión. Pero también en este aspecto hay abundante investigación, y nosotros en Cataluña hemos hecho, y estamos haciendo todavía, una amplia investigación sobre los usos de Internet en los gobiernos local y autonómico. Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, hemos demostrado que el fuerte incremento de productividad con mejora de la calidad del servicio ha sido esencialmente debido al incremento del uso de la tecnología en el funcionamiento interno de la administración. Se gestiona un 50 por ciento más de dinero con un 30 por ciento menos de personal. El indicador de dinero gestionado es el único indicador de productividad en servicios, después del cambio tecnológico y organizativo que se produjo; no tengo datos de otros ayuntamientos grandes porque no se ha hecho el estudio y otros tampoco lo han hecho, pero en este caso hemos demostrado que la capacidad de relación de los ciudadanos respecto a los distintos portales de servicios públicos ha mejorado muchísimo, tanto en términos de información como de confianza con los gobiernos. Hay una correlación estrecha entre qué respuesta se obtiene a través de sistemas de Internet y el nivel de aumento de confianza con respecto a una administración porque existe esa posibilidad. Por tanto, yo diría que la participación ciudadana tanto a nivel de información como de deliberación a través del llamado Gobierno electrónico, son temas absolutamente fundamentales, que en muchos municipios de España se han desarrollado. Pero aquí también faltaría, como ahora diré referido a otros aspectos, una coordinación de las experiencias existentes, un esfuerzo por poner en común lo que hay y, sin eliminar la iniciativa local, tener una especie de sistema de información mutuo y de puesta en común de recursos, de experiencias y de incentivos al desarrollo de programas por parte del Gobierno central.
En cuanto a la alfabetización de la población, tiene usted razón y le agradezco que saque este asunto a colación porque me permite explicarme.
Yo no digo que no haya que ayudar, sobre todo a las personas de mi edad.
Lo que he querido decir es que no hay forma de alfabetizar a nadie en el uso de algo que no le interesa. Ejemplo, un programa finlandés de cómo a los viejitos como yo se les puede involucrar en Internet. Muy sencillo, llevándoles sus nietos a las escuelas y enseñándoles a poner un correo electrónico a través del cual se puede comunicar con ellos; eso es lo más directo. ¿Es alfabetización? Sí, pero es algo más, es un servicio directo. A partir de ahí, se haría en los centros comunitarios de los barrios, por si no tienen fácil acceso. Se trata de regiones rurales o muy abandonadas de Finlandia --usted también ha hablado de esta posibilidad-- en que hacen exactamente eso, pero para que los abuelos vayan a esos centros comunitarios rurales, y se comuniquen a través de correo electrónico con los nietos, primero, tienen que saber que los nietos les van a contestar. Por tanto, es un programa integrado y como éste podríamos poner muchísimos ejemplos.
En consecuencia, lo que critico son ideas como la de: vamos a darle a usted 1.000 euros, un ordenador y unos instructores durante quince días para que le enseñen Internet si viene a un centro o, incluso, el Gobierno se lo envía a su barrio. Eso no funciona porque es absolutamente distinto de lo que es y fue el esfuerzo de alfabetización. Recordemos que la alfabetización anterior, de finales del siglo XIX, se hizo en las escuelas, naturalmente, que es donde están aprendiendo. Recuerden, por ejemplo, el dato de Cataluña --siento citar de nuevo Cataluña porque en España no hay ese dato-- en términos de edad para el año 2002, es que los menores de 30 años, entre los 15 y 30 años, el 70 por ciento son usuarios de Internet y entre los mayores de 50 años un 8 por ciento, he dicho 50 años, no 60 ó 65. Ésa es la caída brutal en términos de edad. Por tanto, históricamente se hizo en las escuelas, en los ateneos obreros, en los centros culturales, en las casas de algo; es decir, en un medio social, con un grupo. Entonces, respecto

a lo que usted dice de ayudar a los profesores, sí, en algunos casos sabemos que no les hace falta, en otros lugares naturalmente puede ser necesario, pero más que a los profesores de secundaria, yo diría sobre todo a los maestros de escuela, en función de programas que les muestren cómo utilizando Internet pueden mejorar su trabajo en enseñanza y, además, haciéndoles también que se apoyen en los niños, porque eso puede crear un vínculo de nuevo tipo y de ello hay también muchas experiencias.
Por tanto, estoy absolutamente de acuerdo con su precisión, pero insistiendo en el tema de que yo no le llamaría alfabetización, sino difusión de usos y de tecnología integrados en el sistema de trabajo, en el sistema de organización y en el sistema de vida de la gente, pero sí con un programa público, porque si no, no se va a hacer.
También señalaba, senador, el tema del desfase entre la banda ancha que se puede utilizar y la que no se utiliza. Yo también hablo con este operador frecuentemente. Tiene razón, pero hay que tener mucho cuidado porque el argumento que se está utilizando --hay una cosa muy importante y otra que es un argumento especioso--, es el siguiente: como no se utiliza toda esta banda ancha disponible, no tengo que mejorarla, y éste es un argumento especioso porque el ADSL es banda anchita, no ancha, y sin cambiar, además, las líneas ADSL se puede incrementar con nueva tecnología y esta ampliación hecha simultáneamente a la producción de servicios, por ejemplo, educativos, sanitarios, de todo tipo, es lo que permite el desarrollar una sinergia entre infraestructura y usos porque, si no, es el cuento de nunca acabar; es decir, no hay banda ancha de verdad o, más importante, porque no se utiliza, y no se utiliza porque los usos no se pueden desarrollar porque no hay banda ancha. Hace falta una política en los dos sentidos. El 13 por ciento es efectivamente por lo que decíamos, porque la gente no tiene necesidad de utilizar banda ancha; sin embargo, si tuviera servicios de todos los que estábamos hablando, sí que haría falta banda ancha y entonces sí que habría la necesidad. Por tanto, consiste en una doble política de estimular al operador a que amplíe la capacidad de banda y, al mismo tiempo, desarrollar, ofertar estos servicios tanto por las empresas, como por la administración.
Sobre la utilidad para las empresas, también tiene razón de que muy frecuentemente la utilidad del trabajo en red y, por tanto, la utilización de tecnología no se percibe en las pymes. Recientemente, hace un mes, he estado hablando exactamente de estos temas con el Gobierno de Navarra; tuvimos un seminario, durante todo un día, y me decían lo mismo:
a nuestras empresas nosotros le proporcionamos lo que quieran, pero desconfían porque desconfían de la cooperación y es algo que también hemos visto en nuestras encuestas en Cataluña. Las pymes, para empezar, son muy individualistas y pueden trabajar para una gran empresa, pero trabajar con la empresa de al lado que puede ser un competidor les cuesta más y esta nueva política de cooperación y competición --la «coopetición» de la que se habla en malísimo castellano últimamente-- es algo que en la administración pública, y sobre todo autonómica en este caso, debería tener un efecto ejemplarizante. ¿A través de qué? A través de servicios de apoyo y de asesoramiento a través de Internet. Parece contradictorio enseñar a trabajar en Internet a través de un servicio de Internet. ¿Por qué a través de un servicio de Internet? Porque, si no, al inspector o asesor que vaya empresa por empresa --en Cataluña tenemos 515.000-- le es muy difícil poder llegar al tejido empresarial, pero no si se difunden a través de programas de información que existen en las asociaciones empresariales. Si usted quiere saber cómo utilizar el trabajo en red, con qué empresas quiere cooperar, ha de conocer que hay servicios de asesoramiento a los que puede usted conectarse y tener una relación de asesoramiento continua gratuita, y esto puede ayudar, pero además con incentivos fiscales --esto, por ejemplo, es lo que se estaba considerando en Navarra-- para la cooperación, es decir, si se coopera, se tiene una desgravación fiscal. Eso, en principio, no es un subsidio porque es una desgravación fiscal en función de una cooperación que puede traducirse en mayor creación de riqueza a través de la cooperación. Por tanto, hacen falta mecanismos de incentivación y asesoramiento.
Usted hablaba del tema central de la igualdad y de la brecha digital. Me parece absolutamente clave. También se debe entender de qué brecha digital hablamos porque hay varias brechas digitales y a veces sólo se habla de una.
La brecha digital de acceso a Internet se está reduciendo rápidamente, es una cuestión de tiempo, y lo que quedará en términos de no acceso son dos bolsas que una tiene fácil tratamiento y la otra no; la de fácil tratamiento es la desigualdad territorial, el acceso en términos territoriales, y esto es fundamental, y aquí el regulador tendría que ser muy estricto con los operadores; hay cosas que no se pueden tolerar como la «desresponsabilización» de los operadores. La extensión al conjunto del territorio del acceso por Internet es equivalente a lo que es el acceso por electricidad. No es tolerable que se pueda pensar que una comarca, aunque cueste algo, no tenga acceso a Internet, pero hay algo más y es que la otra brecha digital es de nivel de acceso, es decir, no es Internet, sino Internet de banda ancha porque eso es lo que cuenta sobre todo cara al futuro para saber donde nos situamos.
Por otro lado, la brecha en términos de edad, es decir, insisto en todos los datos, sobre todo en España, un poco menos en Europa, mucho menos en Estados Unidos, muestran que la brecha digital de edad es la más importante. Se habla mucho, por ejemplo, de la brecha de género. La brecha de género es una brecha de edad fundamentalmente. Entre las jóvenes de menos de 25 años son más usuarias de Internet que los chicos; entre las de menos de 30 se igualan y luego van poco a poco creciendo en la brecha de género y llega a ser espectacular después de los 50 en que hay muy pocas mujeres de más de 50 años que sean usuarias de Internet.
Aquí hay dos cosas, una, encontrar formas que realmente, como decíamos antes, interese a ciertas capas de edad, pero luego otra y es que igualmente se puede dejar tranquila a la gente y no convencernos de que si no estamos todos en Internet, cualquiera que sea la edad, el interés que tengamos, somos unos ciudadanos de segunda clase. Por consiguiente, hay que dar la oportunidad, pero no necesariamente hacer entrar en Internet a todo el mundo o culpabilizar a las personas que no quieran entrar en Internet.


Hablábamos de las otras tecnologías, como los móviles. Tiene usted razón en que los móviles se utilizan en una parte muy pequeña de la capacidad que tienen, pero --y vuelvo después al tema de la igualdad, pero ahora realizo esa conexión que me parece importante-- fíjense que lo que se está produciendo es que el acceso a servicios de comunicación e información más sofisticados de las personas de mayor edad se hace a través de los móviles y no a través del Internet de línea fija. Lo que está ocurriendo es que, en la medida en que estamos transitando muy rápidamente hacia el Internet de acceso móvil, muchos de los problemas del Internet fijo con el PC intimidante, con los programas de «software» que no funcionan, es todo un aparataje muy intimidante, el pasar de eso a un acceso por Internet, mucho más amigable, es a través de servicios de Internet en el móvil que las personas mayores ya manejan, ya saben hacer unas cuantas cosas, es decir, de ahí pasar a otras cuantas cosas y acceder a Internet, eso realmente es otra vía de integración. Por tanto, quizá tengamos que empezar, en la superación de la brecha digital, por el Internet móvil y en el múltiple uso de Wi-Fi, Wimax, móvil, etcétera, y no solamente en la vieja tecnología de Internet, que es vieja, más Internet más el PC, que es mucho más vieja.
Pero hay una desigualdad, senador, que me parece aún más importante de señalar y que también muestran los estudios de la investigación, y es el hecho de la desigualdad cuando alguien se conecta a Internet. ¿Por qué? Porque lo más importante de esa conexión móvil o fija a Internet es el acceso a un universo extraordinario de información que hay que elegir, pues hay que combinar y transformar la información en conocimiento. La información es información. El conocimiento es la combinación significativa de información ligada a una aplicación, uso o destino que se le quiere dar.
En este sentido, la capacidad cultural y educativa de la gente es fundamental para saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer y que hago yo con Internet. Cuando yo entro en una gran biblioteca, la Biblioteca Nacional o la biblioteca del Congreso, y veo que hay millones de volúmenes no me intimida la información de estos volúmenes porque sé que volumen busco y para qué, pero si alguien entra en Internet sin saber qué busca y qué hacer con lo que busca y cómo combinarlo, esto sí que es una desigualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más vamos a una sociedad tecnológicamente avanzada, centrada en las tecnologías de la información, más esencial es todo el trabajo de igualación educativa, de formación de la gente a todos los niveles y de relación también al desarrollo cultural general de la sociedad.
A mí lo que me preocupa es el 30 por ciento de abandono escolar en la secundaria de Cataluña y entre el 29 y 31 en la mayor parte de comunidades de España. Ese 30 por ciento de abandono escolar en secundaria en una época de sociedad de la información es lo que me preocupa mucho porque estamos abriendo una brecha educativo-cultural de mucha mayor envergadura que la que ha existido en la historia. Por lo tanto, yo creo que sus y mis ideales de igualdad en la libertad son cada vez más importantes, y ésa es la gran diferencia entre el modelo europeo y el modelo americano.
En la cumbre de Lisboa la idea que desarrollamos fue que el modelo americano es competitividad, innovación, productividad, etcétera. El modelo europeo era igualdad más o menos y luego viene lo otro. El intento de la agenda de Lisboa fue más productividad para tener más igualdad y más igualdad como recurso humano para la productividad. Eso no está funcionando demasiado bien. Pero ése es el ideal.
Quisiera referirme a la última frase de mi intervención que me pidió comentar, senador, sobre la potenciación de sectores o sobre qué hacer, aunque me estoy alargando. Me referiré a varios elementos importantes por los que preguntaba la senadora Coloma, aunque alguno ya lo he comentado.
El tema terminológico es para mí fundamental, pero totalmente secundario en la sociedad. Yo no hablo ni de uno ni de otro. El concepto de «sociedad red» que yo acuñé ahora se ha difundido en el mundo porque es una forma de organización social que enfatiza la forma de organizarse más que la información o el conocimiento. ¿Por qué? Porque creo que para todas las sociedades han sido fundamentales la información y el conocimiento. Lo que caracteriza a la nuestra es que es capaz de funcionar en red a partir de nuevas tecnologías de información y comunicación y ésa es la diferencia.
Dejo un momento las soluciones para después. Creo que sobre brecha digital por edad ya he contestado algo. Yo creo que hay un error en este aspecto, no suyo, sino de mucha gente que piensa que esto se soluciona biológicamente. La brecha por edad quiere decir que todo esto dentro de unos años ya habrá pasado, no habrá brecha por edad. En estos debates yo suelo decir que el problema es que mi generación tiene una larga esperanza de vida, o sea, que podemos liquidar la sociedad de la información antes de salir biológicamente de la historia. Por consiguiente, no se puede simplemente marginar a la gente, hay que hacer un esfuerzo, luego dejando libertad a cada uno que se integre o no se integre, pero creando las condiciones y las posibilidades.
Respecto a la relación médico-paciente mi investigación actual en estos momentos es exactamente ésa y, por tanto, es un tema que me apasiona. Yo no he querido decir que la relación personal tenga que desaparecer, al contrario. Lo que he intentado decir es que una vez creada la relación personal entre médico y paciente se puede añadir como mayor frecuencia de relación a lo largo del conjunto de relación de médico y paciente no sólo de visita en visita, sino lo que tradicionalmente era la llamada de teléfono que siempre es difícil de conseguir en según qué momentos. Al hacerlo electrónicamente da más flexibilidad para la respuesta y más margen de dar una serie de informaciones a condición de que se garanticen los mecanismos de seguridad en la red que permitan mantener la privacidad del paciente, pero francamente si podemos hacer esto con nuestra cuenta bancaria deberíamos poder hacerlo en la relación entre médico y paciente.
Por lo tanto, es un problema técnico a resolver. Pero estoy totalmente de acuerdo en que las visiones distópicas más que utópicas de unos servicios sanitarios en los que sólo hablas a un ordenador no son adecuadas. Si hacemos eso la gente destruirá los ordenadores

e Internet. Hay que adaptarse a lo que son las necesidades sociales y la cultura de las personas.
Sobre la relación con las pymes se me preguntaba cómo establecer el incentivo para que ellas también inviertan. Si las pymes no invierten en tecnología la van a utilizar mal. Uno tiene en cuenta y utiliza cuidadosamente aquello en lo que se gasta el dinero y en lo que se juega algo. Eso es fundamental. Es fundamental salir de la ideología del subsidio o de la práctica del subsidio.
Lo que yo quiero decir es que hace falta un asesoramiento, un impulso y un incentivo tipo, por ejemplo, en ciertos casos desgravación fiscal para mostrar, incluso con difusión de ejemplos de información, para qué sirven, cómo se utilizan y qué resultados tienen. Por ejemplo, el señor Pezzi que está aquí conoce mejor que yo que la Junta de Andalucía promocionó un programa en CanalSur a través del cual se difunden experiencias de innovación en todo el tejido andaluz. La gente se enteró, por ejemplo, de que los de Lepe no eran como se decía, sino unos extraordinarios emprendedores. Por lo tanto, la idea de promocionar a través de los medios de comunicación o de dar ejemplos o de a través de Internet dar asesoramiento y a través de sistemas de incentivos fiscales ayudar a esta inversión son medidas de acompañamiento, pero si las pymes no quieren invertir en tecnología de la información no habrá manera de hacerles invertir e invertirán también lo mismo si ven que les sirve.
Se me pregunta si la cobertura en banda ancha a todo el territorio se puede hacer vía electricidad. Por supuesto. Existe la tecnología y se puede hacer. Lo que ocurre es que por el momento aún no hace falta. Es decir, con las conexiones actuales a través de las cuales circulan en estos momentos la banda anchita, como yo digo, bastaría de momento ampliar la capacidad de esas líneas para aumentar enormemente la banda ancha. La idea de utilizar las conexiones eléctricas es para realmente ir a otro nivel en lugar de desplegar totalmente una red de fibra óptica. Se puede articular de forma similar a lo que existe en términos de red eléctrica. La tecnología existe. No es necesaria todavía en nuestro país, pero, como todas las cosas que no son necesarias ahora, pero pueden serlo en el futuro, yo tomaría mucho más en serio el tema de empezar a trabajar en ello.
Hablemos del «software» libre. Yo, de hecho, no utilizo la expresión «software» libre más que en algunos contextos en los que si no sería provocador para la gente. Yo hablo de código de fuente abierto. Yo intento que no sea ni de izquierdas ni de derechas. Luego hay versiones de derechas y de izquierdas de esa problemática y, de hecho, en el movimiento llamado de «software» libre hay personajes como «Stockman» que son muy ideológicos, que son anticapitalistas y hay personajes como Linus Torvald a los que lo que les interesa es hacer buena tecnología y difundirla entre la gente y vivir bien con su familia. Y ya está. Y es absolutamente apolítico.
Lo que yo intento señalar aquí es que nadie aceptaría que de lo que es central en un sistema tecnológico se haya apropiado en un 95 por ciento una empresa a nivel mundial. Eso para empezar en sí es una situación absolutamente no sana.
Segundo, acerca de por qué a cada usuario le puede servir, para empezar, he de decir que, como ya sabemos, en Brasil, donde hay mucha más difusión de «software» libre, hay muchos menos virus; hay muchísimos menos virus en los programas en código abierto, como el diez por ciento, que en programas de «software» propietario, y estoy hablando en porcentaje y no en términos de cantidad, por la razón que anteriormente he señalado.
Desde el punto de vista de todos los criterios tecnológicos, el «software» en código abierto es mucho más robusto, mucho mejor técnicamente que el de Microsoft, incluso en alguno de sus documentos se refleja y se prevé el peligro que existe; por tanto, es mejor el «software».
Y, en fin, es que no hay que pagar por esto. Se puede pagar por ciertas aplicaciones, pero la base del «software» no hay que pagarla porque se baja de la red. Esto no es utópico. Hay cantidad de cosas gratuitas en la red. Si cualquiera de nosotros desea tener un diccionario automático de traducción de alta calidad, de todos los idiomas, por ejemplo, si se quiere traducir del ruso al inglés, al catalán no, miren ustedes por dónde, del español al chino, se baja un diccionario de la red y lo hace, no cuesta nada y funciona.
Por tanto, si se nos dice que se puede conseguir algo mejor, que se puede entender qué pasa cuando no funciona, si no usted, quizá algunos amigos suyos, que tiene menos virus y, además, no tiene que pagar, creo que el negocio es bastante ventajoso, explicándolo sencillamente, como usted me ha pedido, porque después se pueden complicar las cosas en un sentido o en otro. Ahora bien, entiendo a Microsoft perfectamente, es una empresa genial desde el punto de vista comercial; no creó el sistema operativo que le vendió a IBM, captó una empresa y lo creó; no creó el Internet Explorer, se había olvidado de Internet y cuando fue necesario tomó otra empresa, Spyglass, la absorbió y generó el Internet Explorer, y le va muy bien; por tanto, ¿por qué cambiar? Pero desde el punto de vista del interés público las cosas van por otro camino, como mínimo en términos de establecer alternativas creíbles.
Para terminar, el senador Lavilla me pedía que hablara sobre el futuro.
Pues bien, ya en Lisboa, pero sobre todo dos años después, en la preparación con Erkii Liikanen y otros para la Cumbre de Barcelona de marzo de 2003 y posteriormente la reunión que se celebró en Vitoria, elaboramos un programa llamado «e-Europa 2005» donde partíamos de la necesidad de la seguridad en la red, y a partir de ahí, tres grandes sectores: salud, gobierno y educación. Esto sigue siendo así. Y yo personalmente le añadiría algo que no figura porque era demasiado polémico, que es el desarrollo e impulso del «software» en código abierto adaptado a las necesidades de cada país y de cada institución, como ha hecho LinEx, Guadalix o la Comunidad Valenciana que, efectivamente, la semana pasada celebró un congreso de «software» libre en Castellón en el que se han desarrollado distintos programas; la cuestión es que las prioridades están, los diseños están, las políticas están, pero vamos muy lentos, tanto en Europa como en España.
Por consiguiente, hemos llegado a un momento en que la ejecución y la gestión de la ejecución es mucho más importante que el diseño, que la reflexión, que los contenidos.


Es la hora de los políticos y de los gestores, pero políticos actuando como gestores y gestores entendiendo qué quieren los políticos.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fageda Aubert): Profesor Castells, muchísimas gracias por su intervención. En nombre de toda la comisión quiero agradecerle una vez más su presencia y esperamos poder contar con usted en un futuro.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.

Eran las dieciocho horas y quince minutos.