CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2005 VIII Legislatura
Comisiones. Núm. 257
COMISIÓN DE JUSTICIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA ANTONIA
MARTÍNEZ GARCÍA
celebrada el martes,
20 de diciembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Contestación del Gobierno a las siguientes preguntas:
-- De Dª Paloma Corres Vaquero, del Grupo Parlamentario Popular:
Sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la ubicación del futuro Palacio de Justicia de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (Número de expediente 681/000982).
Sobre si el Ejecutivo ha comunicado al Ayuntamiento de Logroño (La Rioja) o al Gobierno de La Rioja la ubicación prevista para el futuro Palacio de Justicia. (Número de expediente 681/000983).
Sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la financiación del futuro Palacio de Justicia de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (Número de expediente 681/000984).
Sobre la fecha prevista por el Gobierno para contratar la redacción del proyecto de ejecución del futuro Palacio de Justicia de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (Número de expediente 681/000985).
-- Comparecencia, a petición de Dª María del Carmen Granado Paniagua, del Grupo Parlamentario Socialista, del Secretario de Estado de Justicia, Señor D. Luis López Guerra, para informar sobre las actuaciones del Ministerio de Justicia para la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. (713/000572).
-- Debate y votación de las siguientes mociones del Grupo Parlamentario Popular en el Senado:
Por la que se insta al Gobierno a la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la isla de Formentera (Illes Balears), dotándolo de todos los medios, materiales y humanos necesarios para su correcto funcionamiento. (Número de expediente 661/000126).
Por la que se insta al Gobierno al cumplimiento de determinadas condiciones con anterioridad a la culminación del proceso de transferencias de la Administración de Justicia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (Número de expediente 661/000212).
Se abre la sesión a las diez horas y treinta y cinco minutos.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías, señor secretario de Estado.
Se abre la sesión.
¿Alguna de sus señorías desea hacer alguna observación al acta de la reunión anterior? (Pausa.) En tal caso, queda aprobada.
CONTESTACIÓN DEL GOBIERNO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
DE DOÑA PALOMA CORRES VAQUERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR:
-- SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA UBICACIÓN DEL FUTURO PALACIO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (681/000982).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al primer punto del orden del día:
Contestación del Gobierno a las siguientes preguntas, y comenzamos, en primer lugar, con la pregunta de la senadora Corres Vaquero sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la ubicación del futuro Palacio de Justicia de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
La señora CORRES VAQUERO: Gracias, señora presidenta.
Dicha pregunta queda retirada formalmente.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
-- SOBRE SI EL EJECUTIVO HA COMUNICADO AL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO (LA RIOJA) O AL GOBIERNO DE LA RIOJA LA UBICACIÓN PREVISTA PARA EL FUTURO PALACIO DE JUSTICIA (681/000983).
La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, también de la senadora Corres Vaquero, sobre si el Ejecutivo ha comunicado al Ayuntamiento de Logroño (La Rioja) o al Gobierno de La Rioja la ubicación prevista para el futuro palacio de Justicia.
Tiene la palabra su señoría.
La señora CORRES VAQUERO: Gracias, señora presidenta.
La pregunta queda formulada en sus justos términos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Gracias, señora presidenta. Buenos días.
Señoría, una vez adoptada la decisión de ubicar efectivamente el nuevo edificio de los juzgados de Logroño en la calle Marqués de Murrieta queda pendiente la transferencia o traspaso efectivo y la afectación por parte de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio, propietaria de esta parcela, al patrimonio del Estado para que éste, a su vez, la afecte al Ministerio de Justicia. Una vez que se produzca esta afectación, se llevará a cabo la notificación oficial al Ayuntamiento.
Pero ello no quiere decir que el Ayuntamiento sea ajeno a estas gestiones. De hecho en una carta del mes de junio se ofrecían diversas opciones para la ubicación de los juzgados, siendo una de ellas la parcela de los cuarteles de Murrieta.
En cuanto al Gobierno de la comunidad autónoma debo decir que, cuando se decidió y anunció formalmente que se iban a ubicar allí los juzgados en el mes de junio, también se le comunicó a la Consejería de Administraciones Públicas. Y volviendo al Ayuntamiento, habrá que hacer una notificación oficial, tanto por una cuestión de cortesía institucional, como porque es necesaria la licencia de obras oportunas para llevar a cabo la edificación que se propone. En cuanto se realice formalmente la afectación se llevará a cabo dicha notificación oficial.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario de Estado.
Tiene la palabra su señoría.
La señora CORRES VAQUERO: Muchas gracias.
En primer lugar quisiera darle la bienvenida, señor secretario de Estado, pues con las prisas con que hemos comenzado la sesión no lo había hecho antes. Nos es muy grata su presencia en esta comisión.
Por lo que se refiere a mi pregunta, la respuesta es muy sencilla: o sí o no. La pregunta dice que si el Gobierno de España ha comunicado de alguna forma al Ayuntamiento
de Logroño, o al Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la decisión de ubicar el futuro palacio de Justicia de La Rioja en algún solar de la ciudad. Su respuesta no me ha quedado clara.
He creído entender --si es posible me lo aclara en el siguiente turno-- que no existe una comunicación formal puesto que no existe más que una decisión, es decir, una voluntad de ubicación.
Efectivamente, el Ayuntamiento de Logroño atendió a una petición del Ministerio de Justicia para que ofreciera diversos solares de la ciudad para ubicar el futuro Palacio de Justicia, y así se me respondió por escrito a una pregunta parlamentaria presentada en esta Cámara. Sin embargo ni al Ayuntamiento de Logroño, ni a su alcalde, ni a nadie de la corporación se le ha notificado formalmente la decisión de ubicar el Palacio de Justicia en los cuarteles de Murrieta. Y lo mismo sucede con la Comunidad Autónoma de La Rioja. Me consta que la misma ha mantenido varias reuniones con el Ministerio de Justicia, así como que no existe documento en el que figure la comunicación formal al Gobierno de La Rioja.
Señor secretario de Estado, he querido aclarar este aspecto dado que, en torno al Palacio de Justicia, ha habido una retahíla de descoordinaciones por parte de distintos organismos y líderes políticos, y quería que quedara constancia de si se ha comunicado o no formalmente al Ayuntamiento o al Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja dicha decisión.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Simplemente quiero señalar que una cosa es la comunicación, que se ha hecho de forma informal por los medios de comunicación y a través de contactos con la comunidad autónoma, y otra la notificación formal, para lo que habrá que esperar a que exista la constatación formal de que se ha llevado a cabo la afectación.
No obstante este asunto es del conocimiento público, pues el ministro lo dijo incluso ante la prensa en junio de este año. Como digo, para la notificación formal habrá que esperar a que tengamos el acto administrativo.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario de Estado.
-- SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA FINANCIACIÓN DEL FUTURO PALACIO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (681/000984).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, también de la senadora Corres Vaquero, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la financiación del futuro Palacio de Justicia de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Tiene la palabra su señoría.
La señora CORRES VAQUERO: Gracias, señora presidenta.
La pregunta queda formulada en sus justos términos.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Gracias, señora presidenta.
En los Presupuestos Generales del Estado para el 2006 aparece ya una partida, la 13.02.001.10, para el nuevo edificio de Justicia. La dotación global es de 13 millones 400.000 euros distribuidos entre los años 2006 y 2009, y esta distribución se estructura de la siguiente forma: para la redacción del proyecto en el año 2006 por un total de 200.000 euros, y consignaciones posteriores para la construcción de 980.000 euros en el 2007, cinco millones 820.000 euros en el 2008 y seis millones 20.000 euros en el 2009. Se trata de una consignación inicial, que no puede ser total ni completamente precisa hasta que el proyecto no esté elaborado y aprobado, aunque hay que esperar que no se aleje mucho de estas previsiones. Lo que sí es definitivo son los 200.000 euros consignados para la elaboración del proyecto de construcción el año que viene.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario de Estado.
Tiene la palabra su señoría.
La señora CORRES VAQUERO: Muchísimas gracias, señora presidenta, y gracias también a usted, señor secretario de Estado.
Por su respuesta entiendo que el Gobierno de España va a financiar en solitario el Palacio de Justicia, y digo en solitario porque algún líder socialista riojano dejó caer ante algún medio de comunicación que habría que llegar a algún acuerdo en cuanto a la financiación de dicho palacio.
Sí quisiera dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de que efectivamente nos encontramos ante las previsiones de un Palacio de Justicia que va a costar al Gobierno de España aproximadamente 13 millones 400.000 euros, si no he entendido mal, conforme aparece consignado en los Presupuestos Generales del Estado y la proyección a los ejercicios posteriores, y quiero también decir que efectivamente me alegro de que el Gobierno de España haya tenido la deferencia de comunicarnos que ésta va a ser la consignación necesaria para hacer el futuro Palacio de Justicia, así como de que una vez más se evidencie la descoordinación y la falta a la verdad --si se me permite decirlo-- de algunos líderes socialistas riojanos, que ya en el año 2003 presentaron una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado por valor de 60 millones de euros para el Palacio de Justicia.
Los parlamentarios del Partido Popular de La Rioja consideramos que 13 millones 400.000 euros no son suficientes para construir un nuevo edificio judicial. Creo que en nuestra comunidad es de todos sabido que hace falta un edificio de referencia, algo que no sólo decimos nosotros, sino que la última persona con autoridad que habló de esta
cuestión fue el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que en la sesión de apertura del año judicial dijo cosas como, por ejemplo, que en el actual palacio se atenta a diario contra la intimidad de las personas, así como que en esas dependencias no es infrecuente que se produzcan altercados mientras la gente espera en los angostos pasillos para acudir a su juicio.
La Comunidad Autónoma de La Rioja, como el resto de comunidades autónomas, requiere un edificio que albergue lo que tiene que albergar, y quiere un Palacio de Justicia serio, un Palacio de Justicia no sólo de presente, sino de futuro, ya que no se trata de poner un parche a lo que existe, sino de hacer una infraestructura determinante para el futuro de nuestra comunidad.
Entendemos que si el Gobierno de España considera que es suficiente con 13.400.000 euros, quizá algunos líderes socialistas de nuestra comunidad se vean contrariados con esta decisión. Creemos nosotros que la Comunidad Autónoma de La Rioja se merece más, y en esa línea seguiremos reivindicándolo a través de los instrumentos, pocos o muchos, que tengamos, en este caso, como oposición en esta Cámara y, desde luego, desde el Gobierno de La Rioja como Ejecutivo que gobierna nuestra comunidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.
Su turno, señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo con su señoría en que las carencias de la Administración de Justicia, en lo que se refiere a medios materiales y edificios, vienen de mucho tiempo atrás y, hasta el momento, no se ha puesto remedio. Precisamente por ello este equipo ministerial considera oportuno paliar esta falta de atención y llevar a cabo esta nueva construcción.
Por otra parte, en los Presupuestos Generales del Estado se prevé que sean los fondos estatales los únicos que se enfrenten con esto, entre otras cosas porque no hemos recibido, por lo menos en forma fehaciente, ofertas en otro sentido. Si se produjera, muy posiblemente no las rechazaríamos.
Consideramos que la previsión de esta edificabilidad --unos 20.000 metros cuadrados, más quizá 4.000 de reserva, todo condicionado, obviamente, a la preceptiva licencia municipal-- va a poder subvenir --nunca será suficiente-- a las necesidades y carencias que son evidentes en los medios materiales de la Administración de Justicia.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario de Estado.
-- SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA CONTRATAR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL FUTURO PALACIO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (681/000985).
La señora PRESIDENTA: Corresponde formular a la señora senadora la última de sus preguntas, relativa a la fecha prevista por el Gobierno para contratar la redacción del proyecto de ejecución del futuro Palacio de Justicia de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Tiene la palabra la señora Corres.
La señora CORRES VAQUERO: Muchas gracias.
Queda formulada.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Realizada la afectación, y conocida la edificabilidad definitiva, que tiene que ser verificada de acuerdo con las previsiones urbanísticas, se procederá durante el año 2006 a la previsión del proyecto de construcción. Los presupuestos, como dice, eran 200.000 euros, y la contratación se llevará a cabo de acuerdo con las normas generales de contratación administrativa.
El proyecto debe versar sobre temas como la configuración arquitectónica y el programa de los servicios a alojar, que dependerá también de la disponibilidad de edificabilidad. Como usted sabe, ahora hay siete sedes judiciales dispersas por toda la ciudad, y dependiendo de la edificabilidad se puede decidir cuáles de los diversos servicios se van a alojar allí, así como el volumen, el número de plantas, si va a ser un edificio exento o no, los materiales, la imagen externa, etcétera. En esto, obviamente, habrá que contar --y ya se lo aseguro-- con la colaboración de la comunidad autónoma y del Ayuntamiento tanto en cuanto a características técnicas como en cuanto a la configuración externa.
Ya digo que en esta primera fase el proyecto y los medios ya se dan para que se lleve a cabo a lo largo de este próximo ejercicio.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra la señora senadora.
La señora CORRES VAQUERO: Muchísimas gracias, señor secretario de Estado.
Por lo que veo, efectivamente, la previsión del ministerio en estos momentos es de proceder a la contratación de la redacción del proyecto de ejecución en 2006. Espero que en esta ocasión las previsiones se cumplan, porque llevamos hablado del Palacio de Justicia mucho tiempo. Antes de iniciarse esta legislatura se produjeron afirmaciones por parte de diversas personas, como he dicho anteriormente, respecto a la ubicación.
En primer lugar, no existía la decisión tomada de llevarlo a la parcela de los antiguos cuarteles de Murrieta, como dijo en los medios de comunicación el entonces diputado regional señor Jesús Urbina, aunque al día siguiente fue contradicho por el propio delegado del Gobierno en La Rioja advirtiendo de que no existía una decisión tomada. A renglón seguido esta senadora que les habla formuló una pregunta al Gobierno cuya contestación fue que no estaba la decisión tomada de llevarlo
a cabo en este lugar. Posteriormente se formuló otra pregunta y, efectivamente, se dijo que ya estaba tomada esa decisión.
Me refiero a los medios de comunicación, y permítanme que les invite a la sonrisa. Parece que aquí nos tenemos que enterar --ahora que es la moda-- como entonces Felipe González, por los medios de comunicación. Yo creo que un Gobierno que está continuamente hablando del talante, del diálogo y de todo aquello que se pueda relacionar con lo mismo, debería dar muestras de llevar a cabo estas cuestiones a la práctica, de manera que ni el Gobierno de La Rioja ni el Ayuntamiento de La Rioja --insisto en eso porque me parece muy importante y muy serio-- se tengan que enterar por los medios de comunicación de dónde se va a construir un Palacio, de qué es lo que va a costar y de quién lo va a financiar.
Nos estamos refiriendo a una infraestructura fundamental para nuestra comunidad y, efectivamente, ha habido muchos años en los que ha habido unas carencias y en esa línea se estaba trabajando, pero llevamos 19 meses de Gobierno del Partido Socialista para concluir un sólo procedimiento jurídico, que es transferir la titularidad del edificio al ministerio, y creo que 19 meses son más que suficientes para tomar una decisión, máxime cuando ya los diputados y parlamentarios nacionales del Partido Socialista presentaban enmiendas --cuando estaban en la oposición, eso sí-- por valor de 60 millones de euros para ejecutar un Palacio de Justicia. Ahora parece que no interesa tanto reclamar lo que entonces se reclamaba, incluso cuando llega la hora de presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, como es el caso de este ejercicio, ni tampoco se apoyan enmiendas de las que se conocen como de campanario, que pretenden incorporar o añadir más millones de euros a los juzgados de España.
Simplemente quería tener claras todas estas cuestiones y yo, sinceramente, le agradezco la deferencia que ha tenido en comparecer hoy en esta comisión y en aclararnos algunas de las dudas que yo creo que eran fundamentales para nosotros y que, además, creo que van a venir muy bien para que los ciudadanos y vecinos de La Rioja sepan lo que va a hacer o lo que no va a hacer este Gobierno socialista.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Corres.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Por lo que se refiere a notificación por los medios de comunicación, resulta muy difícil y dudosamente conveniente impedir que los medios de comunicación publiquen aquellos indicios, noticias o informaciones que puedan tener, de forma que estas cosas son de conocimiento general tanto por parte de las autoridades como por parte del público en general, pero obviamente la notificación oficial, hasta que no se ha confirmado, no se puede llevar a cabo, y mientras tanto los medios realizan su tarea.
El proceso se empezó a consolidar cuando el Ayuntamiento, efectivamente
--y como usted señaló antes--, ofreció diversas opciones. Esto fue en julio de 2004. Se ofreció esta parcela, el aparcamiento de unos cines, etcétera, para llevar a cabo la decisión. En este punto debo decir que la palabra técnica «decisión» que estamos utilizando quizá no sea la más correcta, puesto que realmente se trata de un acuerdo, ya que esta parcela no es propiedad del Ministerio de Justicia sino de esta sociedad estatal, y en último término hace falta un acuerdo de voluntades con el Ministerio de Hacienda. Quiero decir que no se trata de una decisión unilateral, sino de algo que requiere negociaciones, conversaciones, acuerdos, etcétera. Digo esto como explicación en lo que se refiere al proceso.
Una vez que se ha llegado a este acuerdo, lo que queda son las formalidades administrativas para que se traslade al papel.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario de Estado.
-- COMPARECENCIA, A PETICIÓN DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN GRANADO PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DEL SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA, SEÑOR DON LUIS LÓPEZ GUERRA, PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (713/000572).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, al tercer punto del orden del día, que consiste en la comparecencia del secretario de Estado, a petición de la senadora Granado Paniagua, del Grupo Parlamentario Socialista, para informar sobre las actuaciones del Ministerio de Justicia para la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Cuando quiera, tiene el uso de la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Mi comparecencia creo que resulta muy conveniente teniendo en cuenta que han transcurrido ya seis meses desde la entrada en vigor de la parte de la Ley Orgánica sobre violencia de género, sobre todo en lo que se refiere a las obligaciones impuestas al Ministerio de Justicia.
Como saben, dicha ley establecía una «vacatio legis» según la cual los títulos IV y V, que se refieren a esas obligaciones en materia de Justicia, no entrarían en vigor hasta el 29 de junio de 2005. Han transcurrido prácticamente seis meses desde entonces, y aunque no sea un período muy largo, en mi opinión es razonablemente suficiente para efectuar una evaluación del cumplimiento por parte del ministerio de las obligaciones derivadas de la ley.
Se trata de obligaciones muy complejas, ya que la ley tiene muchas dimensiones, afecta a servicios muy diversos
de la Administración, y en lo que se refiere al Ministerio de Justicia afecta también a áreas bastante diferenciadas. Una de ellas, quizá la que más ha llamado la atención de la opinión pública, es la relativa a la novedosa creación de los juzgados de violencia de género, previstos en el artículo 50 de la ley, por la que se establece una planta inicial, encomendando al Gobierno, mediante la reforma de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, poner en funcionamiento los juzgados de violencia que considere necesarios.
Y, ciertamente, ésa fue una de las primeras tareas con las que tuvo que enfrentarse el Ministerio de Justicia. Teniendo en cuenta que por una parte iba a haber juzgados dedicados en exclusiva a las tareas relacionadas con la violencia de género, y otros que serían compatibles, es decir, que llevarían a cabo otro tipo de trabajos, la primera cuestión consistió en determinar cuántos juzgados de competencia exclusiva debería haber y en dónde tendrían que situarse. Los datos de que se disponían a ese respecto fueron suministrados por el Consejo General del Poder Judicial, que se basó en una serie de estadísticas relativas a la violencia doméstica, que no coincide exactamente con la violencia de género, pero que servían como base inicial. Sobre esos datos y módulos proporcionados por el Consejo se llevó a cabo un primer cálculo que se tradujo en varios reales decretos-leyes a través de los cuales se crearon diversos juzgados exclusivos de violencia de género. Así, por un Real decreto de 4 marzo se establecían 16 juzgados, por otro de 4 de mayo se constituía uno más en Madrid, y mediante otro de 10 de octubre creaba asimismo otro en Madrid, que entrará en servicio el próximo 30 de diciembre. En total se han creado 18 juzgados exclusivos de violencia de género en 14 partidos judiciales.
Obviamente, son mucho más numerosos los juzgados en los que esa competencia es compatible con otras materias, puesto que en ellos no existe carga suficiente para justificar un juzgado exclusivo. Y en este caso era el Consejo General del Poder Judicial el que debía determinar en los diversos partidos judiciales qué juzgados de los existentes iban a encargarse de este asunto, compatibilizándolo, como digo, con otros. Ello se llevó a cabo mediante un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 27 de abril de 2005, que también se refería a la especialización de la segunda instancia, es decir, a las audiencias provinciales. Y en lo que respecta a los juzgados de lo penal, la decisión se pospuso hasta 2006 por considerar que se trataba de una cuestión de menor urgencia. En definitiva, entre los reales decretos gubernamentales y el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial se tenía definido el mapa de los órganos que se iban a encargar de esa materia.
Para constituir esos juzgados se creó una comisión de implantación en el Ministerio de Justicia que llevó a cabo diversas actividades, como la provisión de plazas, tanto judiciales como de otro tipo de personal, al igual que para personal de oficina en aquellos casos en que también fuera competencia del Estado. Debo decir que el número de concursantes a las plazas de los juzgados exclusivos fue muy superior a las ofertadas. Así, para las 17 iniciales hubo 52 personas que concursaron a plazas muy diversas, ocho de las cuales se cubrieron por traslado entre concursantes con categoría de magistrado, mientras que las nueve restantes no se proveyeron por la vía de traslado sino por la de ascenso. El resultado fue que se cubrieron todas ellas. Por otro lado, se realizaron los oportunos concursos para la dotación de personal.
Una vez puesto en marcha el mecanismo, y en función de las previsiones de la ley, era evidente que el proceso de implantación de una materia tan novedosa iba a requerir una atención considerable y llevar a cabo los necesarios ajustes a la vista de la efectiva carga que tuvieran esos juzgados al margen de las previsiones iniciales, basadas, como he dicho, en las estadísticas de que disponíamos. Así, en octubre de este año se pidió al Consejo General del Poder Judicial que, tras la experiencia de varios meses, elaborase un informe sobre las cargas reales de los diversos juzgados, tanto de competencia exclusiva como compartida. Hemos recibido una parte de ese informe hace pocos días. Y mientras tanto, y atendiendo a las necesidades que podían percibirse, se llevaron a cabo otras actuaciones, consistentes básicamente en elaborar planes de refuerzo para los diversos juzgados de violencia con competencia exclusiva cuando se percibía que la carga era realmente considerable, y en algún caso, como en el de Valladolid, también en algún juzgado con competencia compatible.
Por otra parte, sobre la base de los datos que nos ha suministrado el Consejo General del Poder Judicial, que en cualquier caso deben ser expurgados y analizados, y tras la experiencia de estos meses, se ha previsto la creación de nuevas plazas para el año que viene, inicialmente en el plan general del Gobierno de creación de nuevas plazas, pero también a lo largo de la tramitación presupuestaria a propuesta del Grupo Socialista, mediante una enmienda que propone la creación de 18 plazas para juzgados de violencia con competencia exclusiva que se añaden a la previsión del Gobierno.
Según nuestros cálculos, durante este año los costes de esos juzgados han supuesto por el momento tres millones 850.000 euros, incluyendo en esta cifra todas las actuaciones que se han llevado a cabo y la creación de 20 plazas de médicos en institutos de medicina legal. Y para el año que viene nuestras previsiones son de algo más de un millón de euros para planes de refuerzo ya existentes. Esto, en lo que se refiere a juzgados.
Pero también hay previsiones en lo que a la asistencia jurídica gratuita se refiere, a la que me referiré más adelante. Y en lo que respecta específicamente a los juzgados de nueva creación, en la enmienda citada la previsión es de seis millones de euros. Debo decir que el coste individual por cada nuevo juzgado de violencia que se cree en territorio competencia del ministerio es de medio millón de euros, mientras que en los territorios transferidos el coste es de alrededor de 200.000 euros, ya que todo lo relativo a edificaciones y personal corresponde a las comunidades autónomas.
Por tanto, para el año que viene consideramos que esos 18 juzgados exclusivos, más los refuerzos previstos, atendiendo a la consideración inicial según los datos del Consejo General del Poder Judicial, serán suficientes para ajustar las previsiones iniciales a las cargas realmente existentes.
Pero, naturalmente, las previsiones respecto de juzgados son sólo una parte de las tareas que la ley encomienda al Ministerio de Justicia.
Otra, y muy importante, se refiere a un aspecto tan relevante como es la asistencia jurídica gratuita. El artículo 20 de la ley orgánica introduce nuevas especificaciones que han llevado ya a la reforma del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, estableciendo un nuevo sistema de financiación de este tipo de asistencia cuando se trata de violencia de género.
Hasta el momento se habían firmado convenios con los colegios de abogados referidos a víctimas de violencia doméstica en general, convenios que se iban renovando cada año y que tienen una importancia considerable. En este sentido, según los datos del Consejo de Colegios, en 2004 hubo 12.500 casos de asistencia para supuestos de violencia, y se calcula que en 2005 las cifras serán similares.
El sistema de asistencia jurídica gratuita se ha visto afectado por el desarrollo de la ley a través de un real decreto de reforma del reglamento en estas materias, que fue publicado recientemente en el «Boletín Oficial del Estado», el Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, que establece un nuevo sistema de bases y de módulos de compensación económica. Y debo decir que estas bases y módulos serán aplicables a partir de enero de 2005. Es decir, que cubrirán todos los supuestos de defensa gratuita en caso de violencia de género, incluso antes de que hubiera entrado en vigor la ley, es decir, a partir de enero de este mismo año. De hecho, les puedo comunicar que acabo de firmar en estos momentos una transferencia, por la que los costes calculados para este año a fecha 31 de diciembre para los diversos colegios de abogados ascienden a un millón 538.000 euros. Esta nueva redacción del decreto siguiendo los mandatos de la ley, a mi juicio, tiene por lo menos dos características importantes: una que se refiere a defensa integral, civil y penal, a efectos de garantizar una mayor eficacia de esta defensa y, otra, siguiendo también la línea de la ley, que no se establece la necesidad previa de acreditación de la insuficiencia económica.
Obviamente, si posteriormente una vez solicitada y obtenida se demuestra que esta insuficiencia no existe, habrá que reintegrar los gastos que se hayan ocasionado, pero no se exige esta acreditación inicial.
Para el año que viene nuestras previsiones presupuestarias son de cerca de dos millones 150.000 euros, se aumenta ligeramente la previsión de este año, que incluyen también la atención psicológica mediante acuerdos con los colegios de psicólogos, que supone más o menos medio millón de euros. Es decir, que se mantiene algo más de un millón 500.000 euros con consignación para la defensa jurídica gratuita y medio millón para la atención psicológica.
Sigo señalando aspectos en los que también se establecen obligaciones para el ministerio. Por una parte, en lo que se refiere al Ministerio Fiscal, la ley establece en los artículos 70 y 71 que se cree un nuevo fiscal de sala delegado para la violencia sobre la mujer, y también fiscales delegados en todas las fiscalías que establezcan sección de violencia. Esto se ha llevado ya a cabo tanto en el Tribunal Supremo como en los diversos tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y Audiencia Nacional. Debo señalar al respecto que con relación a los fiscales se ha aumentado notablemente la previsión relativa a formación, que se ha incrementado en la cifra de dos millones de euros. Igualmente, las obligaciones del ministerio se referían a la dotación suficiente de plazas de funcionarios en los diversos juzgados creados al respecto. Se ha llevado a cabo la convocatoria de los oportunos concursos. Y ante el aumento de carga producido en algunos de ellos, se ha procedido a arbitrar los medios para enfrentarse a este aumento, básicamente desde la perspectiva de la prolongación de jornada en los juzgados exclusivos, simplemente autorizándola mediante la certificación del secretario.
El ministro de Justicia anunció a los sindicatos hace pocos días la necesidad de abrir negociaciones para prever cuáles iban a ser los sistemas de remuneración adicional a los funcionarios en aquellos juzgados en los que no tuvieran competencias exclusiva, sino compartida también con otras materias, arbitrando fórmulas para establecer la prolongación de jornadas. Será la negociación con los sindicatos la que establezca esta vía.
También --y sigo con las obligaciones derivadas para el ministerio-- en lo que se refiere a la asistencia forense integral a las víctimas de la violencia de género, desde esta perspectiva se ha procedido a crear las llamadas unidades de valoración integral en todos los institutos de medicina legal. Primeramente se crearon en Palma de Mallorca y Murcia y, posteriormente, en otras veinte localidades. Unidades de valoración integral compuestas por psicólogos y trabajadores sociales, cuyo objetivo es precisamente este tipo de asistencia, que aparece como elemento fundamental en estos procedimientos.
Finalmente, debo señalar que se ha atendido con especial atención una cuestión como es la formación del personal encargado de estos juzgados.
Por lo que se refiere a los jueces, obviamente, la competencia corresponde al Consejo General del Poder Judicial, pero en lo que se refiere a fiscales, secretarios y funcionarios, le corresponde al Ministerio de Justicia y su instrumento es el Centro de Estudios Jurídicos. Las cifras de que disponemos hasta este momento es que hemos invertido en este año 2005 un total de 200.000 euros en cursos que han alcanzado a 800 fiscales, secretarios y funcionarios y, además, en diversos aspectos, por una parte, cursos dentro del plan general que creemos que son especialmente fructíferos y, por otra, en colaboración con comunidades autónomas, con el Consejo del Poder Judicial y con instituciones, básicamente el Instituto de la Mujer y fundaciones privadas.
Para el año que viene, aparte de los dos millones previstos específicamente para el Ministerio Fiscal, que se refieren, obviamente, a violencia, pero también a otros aspectos, la previsión ha aumentado notablemente y los cálculos presupuestarios son de 500.000 euros para 19 cursos de formación en el plan general, que englobarán a más de 900 asistentes. Esto es aparte de los que se puedan llevar a cabo mediante acuerdos con otras entidades.
En conjunto las previsiones presupuestarias para el año que viene suponen un aumento notable, tanto por lo que se refiere a refuerzo de los juzgados de violencia, como a la
asistencia especializada, tanto jurídica como psicológica, a la creación de nuevos equipos psicosociales y a la formación.
Con esto creo haber señalado las diversas dimensiones y aspectos en la labor del Ministerio de Justicia a este respecto, que para el año que viene se cifraría en 5,7 millones de euros, aparte de lo que puedan suponer los costes de la creación de estos nuevos juzgados que quedan, obviamente, pendientes de un trámite importante, pero, al parecer, ya predeterminado, como sería la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario de Estado.
En primer lugar, tiene la palabra la senadora Granado, como solicitante de la comparecencia.
La señora GRANADO PANIAGUA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor secretario de Estado, muchas gracias. Señorías, en nombre de mi grupo parlamentario quiero agradecer al señor López Guerra su magnífica intervención, así como la claridad con la que se ha producido, lo que demuestra el enorme interés, la gran preocupación del Gobierno en la lucha contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres.
Señorías, en breves fechas se cumplirá un año de la entrada en vigor de la ley, y como decía el secretario de Estado, seis meses en lo que respecta a los cometidos del Ministerio de Justicia. Ha sido la primera ley que el Gobierno presentó a las Cortes, una ley destinada a desterrar de una vez por todas de nuestra vida cotidiana el machismo criminal. Ley que, como no podía ser de otra manera, fue apoyada por todos los grupos políticos. Consenso, señorías, que en los últimos tiempos hay quien estaría dispuesto a romper presentando iniciativas que modifican aspectos de la misma, con la posición contraria de todos los grupos parlamentarios.
Con la presentación de la ley y su posterior aprobación el Gobierno y el partido que lo sustenta, el Partido Socialista Obrero Español, cumplieron no sólo un compromiso electoral, sino un compromiso de justicia a favor de las mujeres que sufren esta terrible lacra. Esta ley, que venían reclamando con insistencia las asociaciones de mujeres, establece mecanismos integrales de lucha contra la violencia de género, como son la prevención y concienciación, atención social, sanitaria, judicial, económica, institucional y, por supuesto, de protección y seguridad para la mujer. Señorías, éramos y somos conscientes de que este tipo de violencia no sólo puede combatirse con medidas penales, de que es necesario que se produzca un cambio en la mentalidad de la sociedad. No es suficiente, pues, con actuar una vez cometido el delito, hay que actuar antes, luchando contra la discriminación y la desigualdad que sufren las mujeres desde la educación, desde la escuela, educando en valores de convivencia, tolerancia, respeto a la dignidad y a la igualdad entre hombres y mujeres.
Es incuestionable que durante estos años esta ley, que fue reclamada insistentemente por los distintos colectivos, está siendo útil con iniciativas concretas que están transformando poco a poco la realidad.
Han sido muchas las medidas que se han puesto en marcha --como nos decía el secretario de Estado--, los 18 juzgados especiales, casi 400 juzgados que se están compatibilizando; se han creado organismos específicos, como marcaba la ley, como la delegación especial contra la violencia de género, la fiscalía; se ha incrementado el número de efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, poniendo en marcha las unidades de prevención, asistencia y protección a las mujeres que sufren violencia; se han firmado convenios con los colegios de abogados para facilitar la asistencia jurídica gratuita; se ha modificado la ley en ese aspecto, y se han puesto en marcha también las unidades de evaluación integral. Pero somos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer.
Señorías, sin menoscabo de las competencias de control y seguimiento que se llevan a cabo por parte de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, desde mi grupo hemos creído oportuno que también desde esta comisión --puesto que las competencias que tiene el Ministerio de Justicia en este tema son importantes-- sigamos de cerca el grado de cumplimiento y desarrollo de los compromisos y obligaciones que por ley el Ministerio de Justicia tiene encomendados.
Entendemos que desde algunos sectores e instituciones se están alzando en los últimos tiempos voces pidiendo la creación de nuevos juzgados.
Creemos --y ése ha sido el motivo de solicitar esta comparecencia-- que a seis meses de la entrada en vigor de la ley, en lo que respecta al Ministerio de Justicia, era el momento de evaluar, de reflexionar, de hacer un balance del trabajo realizado en este tiempo para que con datos y serenamente evaluemos el resultado que esta puesta en marcha ha tenido.
A nosotros nos interesaba conocer una serie de aspectos que han quedado bastante claros con la intervención del secretario de Estado y, por lo tanto, no voy a insistir más sobre ellos. Sí nos interesaba saber si el ministerio contaba ya con una evaluación de lo que ha supuesto y si era previsible que aumentara, es decir, qué necesidades se tenían de previsión de creación de nuevos juzgados. Nos interesaba también saber cómo va la colaboración, la cooperación con otros ministerios, con otras instituciones, como con el Consejo General del Poder Judicial, con los colegios de abogados, con el Ministerio del Interior, si se habían puesto en marcha las unidades de valoración, etcétera, aunque todo esto ha quedado bastante aclarado en la intervención del señor secretario de Estado.
Por lo tanto, no voy a incidir más sobre ello y quería ya terminar con una reflexión. Es verdad, señorías, que se han hecho muchas cosas, que se han puesto en marcha muchos de los aspectos de la ley y que, como decía, queda mucho camino por recorrer para lograr la definitiva erradicación de esta violencia criminal contra las mujeres. Pero con el aumento de las denuncias que se han producido en este tiempo, la puesta en marcha de los juzgados específicos, las medidas transversales, la coordinación de todas las administraciones competentes y el esfuerzo, por supuesto, de toda la ciudadanía, esperamos que se logre el objetivo de esta ley que no es ni más ni menos que acabar
con las ataduras tanto físicas, como psíquicas que tienen estas mujeres y que no quieren nada más ni nada menos que vivir como el resto de los ciudadanos, ser libres y vivir en paz.
Nada más y muchas gracias por su intervención, señor López Guerra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
¿Grupos parlamentarios que quieren hacer uso de la palabra? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el señor Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
(El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»):
«Bon dia, senyor López Guerra, permetiÆm que amb la màxima cordialitat li doni la benvinguda en aquesta Comissió de Justícia en català, tot recordant que aquesta de lÆús normal, habitual de la nostra llengua en lÆAdministració de Justícia és una de les assignatures pendents encara a Catalunya.» Es una satisfacción tenerle entre nosotros, señor López Guerra, con la máxima cordialidad, decía, me he permitido darle la bienvenida en catalán, a la vez que recordaba que el uso habitual de nuestra lengua en la Administración de Justicia es una de las asignaturas pendientes aún en Cataluña.
Al tratar de la violencia doméstica y más específicamente de la violencia de género, en primer lugar, debemos lamentar, como hacía la compañera del Grupo Parlamentario Socialista, que aún perviva, que aún tenga visos de comportamiento social enraizado y lamentamos las muertes de 109 mujeres en 2004 y en lo que llevamos de 2005 las de más de 70; quizás usted pueda darnos el dato exacto --aunque quizá lo haya dicho y entre tantos que nos ha dado lo he perdido--, y sin hablar de las innumerables víctimas de malos tratos físicos y psíquicos. Pero como no estamos aquí para lamentarnos, sino para propiciar soluciones, antes de entrar en el capítulo recordatorio de lo que nos queda por recorrer, de las respuestas que nos debería dar la administración a algunas demandas de más medios, debemos felicitarnos de tener una buena ley que permite tipificar claramente como delitos lo que eran conductas violentas toleradas, una ley que sabemos que su ministerio ha elaborado --y nos ha hecho una exposición exhaustiva-- para que se aplicara bien y en esa medida puede contar y contará con el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
Ahora bien, como siempre es más fácil hacer buenos textos legales que aplicarlos, sobre todo en cuestiones de tipo social, es decir, nos pasa con las leyes de educación y nos pasa en este caso, sobre todo porque se necesitan medios y en este caso, como en los otros que citaba, también necesitamos un cambio de mentalidad y de métodos de trabajo ya que es imprescindible, como usted ya ha puesto de manifiesto, una atención integral a las víctimas que son las mujeres, pero también a los hijos y a veces incluso a los propios delincuentes maltratadores.
Ante esta realidad de esta nueva ley, una situación que se dio al empezar a aplicarla es que hubo incluso una cierta resistencia dentro de la propia Judicatura porque había dificultades por parte de los jueces para asumir esta nueva realidad y así hubo manifestaciones relativas, por ejemplo, a que los nuevos juzgados suponían una actuación multidisciplinaria y que se requería que además de jueces --decían-- fueran también psicólogos, médicos, trabajadores sociales, etcétera. Es evidente que el juez no está preparado para ello y, por lo tanto, es necesario que se creen estos equipos multidisciplinares, de los cuales usted nos ha hablado. Mi pregunta es si son suficientes estos euros que nos ha citado para estar realmente a la altura del desafío que representa la aplicación de nueva ley. Es evidente que por ahora no, porque ha habido un colapso evidente en los juzgados, donde se dan situaciones que no deberían producirse, como que la persona maltratadora esté en contacto directo con la persona maltratada en el momento del juicio, situaciones de este tipo que se dan en muchos juzgados, particularmente en aquellos que no están especializados en el tema que son la mayoría de los que están atendiendo todavía los casos de violencia de género. Faltan medios materiales y humanos y se ha producido un colapso, que es de sobra conocido y lo acabo de mencionar. Yo quiero referirme al caso catalán, como senador de un grupo catalán que además está en el Gobierno de Cataluña, pues nuestra administración se encuentra también con las mismas dificultades que se encuentra usted en todo el territorio del Estado.
En el caso de Cataluña se ha dado clarísimamente en el primer semestre del año, donde ya se veía que los nuevos juzgados especializados de Barcelona eran insuficientes y que el número de casos que vienen a atender los juzgados de poblaciones del área metropolitana de Barcelona que no tenían ningún juzgado especializado estaban completamente desbordados. Este colapso ha sido aún mayor a partir del mes de junio cuando se aplica ya todo el articulado de la ley y se han producido situaciones, como usted también ha descrito, de juzgados en los que el número de horas extras se ha disparado, se ha llegado a una media de 20 a 30 horas extras al mes, etcétera, con quejas por parte de los sindicatos, incluso con algún plante por negarse a hacer estas horas extras.
Por nuestra parte creemos que es necesaria --usted lo conoce bien-- la creación de nuevos juzgados especializados en Cataluña y además se da una situación especial que usted también conoce que es que si bien es cierto que las competencias de Justicia están transferidas a las comunidades autónomas, también es cierto que su financiación está en relación con un aparato legislativo que no es el que tenemos actualmente y que a veces se hacen desarrollos legislativos que producen nuevos gastos que no están previstos en el sistema de financiación. Esto es lo que nos llevó, en nuestro caso, a presentar incluso una serie de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y concretamente una que hacía referencia al caso de los juzgados especializados en la violencia de género y muy especialmente al tema de la asistencia jurídica gratuita. En este caso nosotros llegamos a pedir una financiación suplementaria de
seis millones de euros por este concepto; en el curso del debate presupuestario retiramos estas enmiendas, a petición del Grupo Parlamentario Socialista y de su ministerio, y además en aras de una negociación que esperemos prospere. La enmienda no respondía, evidentemente, a ningún capricho, sino a una necesidad real, y por ello estamos a la espera de que esta negociación pueda avanzar por otras vías.
Por lo que se refiere a la creación de nuevos juzgados, estamos a la espera de que en Barcelona y en poblaciones de su área metropolitana --y de hecho se ha constatado que en algunos partidos judiciales del área metropolitana se ha dado un desbordamiento incluso superior al de la ciudad de Barcelona-- se creen nuevos juzgados, que espero que pueda usted anunciarnos hoy o que al menos nos dé alguna esperanza de que en el curso del año que viene se puedan crear.
También estamos a la espera de que algunos juzgados con el carácter de mixtos puedan incluso especializarse en violencia de género en otras poblaciones de Cataluña.
«Moltes gràcies»; quizá le he escrito la carta a los Reyes, pero espero que con la perspectiva de este nuevo año pueda hacerse realidad.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Bofill.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor secretario de Estado, por su presencia. Obviamente, desde el Grupo Parlamentario Popular también le damos la bienvenida, e igualmente le damos las gracias por su disertación sobre la puesta en marcha de una ley que yo creo que es muy complicada; es una ley integral, y las leyes integrales, en sí mismas, ya son leyes complicadas porque se abordan desde diferentes posiciones dentro del Gobierno, y afectan a distintos ministerios, con lo cual es muy difícil dar una comunicación integral sobre la ley integrada o de la forma en que se desarrolla, porque afecta cuando menos al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Sanidad y también al Ministerio de Justicia. Ha sido el propio secretario de Estado quien, con acierto, ha querido delimitar cuál es la función, desde el Ministerio de Justicia, en la aplicación de esta ley integral, la Ley 1/2004. Por tanto, voy a ceñirme a lo que es el Ministerio de Justicia y a cómo entiendo que se está aplicando la ley desde dicho ministerio.
Será breve, porque creo que hay que serlo con la puesta en marcha de una ley que lleva muy poco tiempo --en términos de Justicia es muy poco tiempo-- funcionando. Por ello creo que únicamente debemos hacer reflexiones. Yo ya apunté una reflexión al ministro de Justicia, en una pregunta oral en pleno, hace dos o tres meses, aunque es un plazo en el que tampoco creo que deba hacerse un análisis profundo de cómo se está desarrollando, pero sí hacer constar si se empieza a encender algún tipo de alarma, que después nos pueda traer complicaciones más importantes para el funcionamiento de esta ley, que sin duda es una ley difícil de desarrollar. En esos términos lo planteaba yo y también el ministro de Justicia, quizá haciéndose eco del que hoy ya es informe del Consejo General del Poder Judicial y de las declaraciones de quien es directora del Observatorio de la Violencia, la vocal del Consejo, señora Comas, quien indicaba que si todavía no se ha llegado a un gran colapso en los juzgados --que en algunos se empieza a llegar--, sí es cierto que existe una sobrecarga muy importante. Y en cuanto a esta sobrecarga es sobre lo que tenemos que reflexionar, el cómo se ha puesto en marcha y el porqué en tan poco tiempo hemos podido llegar a que se enciendan algunas alarmas, porque repito que lo que nos interesa a todos es que esto no llegue a crear un grave problema de funcionamiento en la administración de justicia.
Yo abordaría este aspecto desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es fundamental, y así lo ha dicho el secretario de Estado, y yo tengo que confiar en él, porque creo que se está llevando a cabo, y es una clara y constante coordinación del Ministerio de Justicia con el Consejo General del Poder Judicial. Hay muchos problemas de orden judicial, hay muchos problemas que pueden afectar a los juzgados, y ésos no los puede ventilar solamente el Ministerio de Justicia, sino que los tiene que ventilar a través de la conjugación de reglamentos, desde el Consejo General del Poder Judicial, o por medio de reales decretos por parte del ministro de Justicia. Evidentemente, puede haber una carencia de juzgados; se ha optado por un sistema, que yo aplaudo, como es el juzgado en exclusiva en las ciudades donde lo lleva la carga de trabajo, y hoy por hoy quizá son pocos; tal vez haya que ahondar más en la creación de juzgados exclusivos en el partido judicial, allí donde se demande, aunque tal vez deba ampliarse a todas las comunidades autónomas, porque hay comunidades autónomas como Galicia, como Castilla y León, que no tienen ningún juzgado de violencia, mientras que otras comunidades autónomas como el País Vasco tiene juzgados exclusivos de violencia de género en las tres capitales de provincia. El secretario de Estado incluso ha planteado problemas en Valladolid, y quizá habría que ir pensando en la creación de un juzgado de carácter exclusivo en Valladolid, que creo recordar que no tiene.
Pero además hay un problema añadido, y es la especialización que se ha querido dar por el legislador en las demás poblaciones donde no tienen carácter exclusivo, sino compatible, para sí hacer exclusividad en la competencia, dentro de la sede del partido judicial, algo que plantea una cierta similitud con aquellos juzgados de familia, aunque tampoco lo son, porque allí donde no hay juzgado de familia, todos los juzgados de primera instancia entienden por igual de las competencias que les vengan atribuidas, y la especialización de algunos de ellos a veces puede provocar un cierto problema.
¿Cuáles son esos problemas? El secretario de Estado lo sabe igual que yo:
problemas que se derivan del acceso a los juzgados de guardia, los problemas que pueda haber con los juicios rápidos, con los juicios rapidísimos, si se celebran en un sitio o en otro, y que han tenido que ser aclarados por los reglamentos del Consejo General del Poder
Judicial de forma importante. Es algo que hay que llevar con mucho cuidado, con una coordinación muy clara y muy constante entre el Consejo General del Poder Judicial y el propio Ministerio de Justicia.
Lo mismo ocurre en cuanto a la asistencia de justicia gratuita, en la que se ha podido dar algún paso, pero quizá habrá que revisarlos en el futuro, no lo sé, aunque al menos se han dado, y habrá que reflexionar en el futuro, repito, si son los pasos acordes, como la unificación del mismo especialista en materia civil y penal, como en la abogacía, que tenemos especialistas de una rama o de otra, aunque quizá habrá de verse en el futuro.
Como el señor secretario de Estado no se ha referido a ello o se ha referido muy poco a lo que puede implicar la competencia civil asumida por el juzgado de instrucción, si empezamos a hablar de sobrecarga, también es cierto que no tenemos datos hoy por hoy sobre cuál es la sobrecarga que puedan representar los asuntos civiles dentro de los juzgados de instrucción. Yo ya se lo dije, en una pregunta oral en esta comisión, al secretario de Estado; yo no soy partidario de que los juzgados sean mixtos, pero más allá de lo que yo pueda opinar en estos momentos, la ley sí lo solicita. Por eso tenemos que tener en cuenta que unido a la competencia de carácter penal y con los problemas que comporta, va a avocarse hacia sí competencias de carácter civil, en lo que todos conocemos como juzgado de familia, lo que también puede representar un problema sobre el que se ha de reflexionar, pero no a los seis meses, sino que podemos reflexionar al año o a los dos años, cuando exista un funcionamiento mayor.
El segundo gran problema de aplicación de la ley es el dinero, que es el que siempre tenemos todos. ¿Son suficientes los medios materiales que puede poner a disposición el Ministerio de Justicia en las comunidades autónomas donde no hay transferencias, y conjuntamente con las comunidades autónomas donde sí las hay, para su puesta en marcha? Siempre tendremos que decir que son insuficientes, porque siempre lo son en sí mismos. Habrá que buscar más medios materiales. Se ha referido a ello la subsecretaria del departamento de Justicia, en la comparecencia de presupuestos, y aunque se ha incrementado, habrá sido poco; debería haberse incrementado más, porque estamos ante uno de los temas a los que el Ministerio de Justicia debe dar un gran apoyo.
Me satisface --lo tenía preparado en las preguntas que le iba a formular-- comprobar que ya se haya referido a los temas de formación.
También lo hablamos en una pregunta oral en comisión, porque creo que es un tema fundamental. La formación del personal que está adscrito directamente al juzgado es vital, y en ese tema a veces el dinero es insuficiente. Yo he creído entender que había hasta 19 cursos en el Centro de Estudios Jurídicos, que supongo que son cursos globales, fiscales y tributarios, y que de ahí hay que extraer aquellos que puedan representar directamente la formación de violencia de género, para que no se llegue a lo que decía mi antecesor en el uso de la palabra: que la judicatura no quiere poner en marcha la ley. No creo que éste sea el problema; el problema es que hay muchos elementos sobre aspectos psicológicos, sociológicos, etcétera, que deben conocerse, y debemos hacer una reflexión sobre la ocupación de las plazas por parte de los jueces en los órganos jurisdiccionales en exclusiva. Al menos hay que hacer esa reflexión. Es cierto que se han cubierto todos, pero también es cierto, como ha dicho el secretario de Estado, que nueve lo han hecho a través de ascensos, con magistrados, etcétera, y no a través del sistema normal de petición, porque en principio --y es algo que se puede observar en la calle, tanto por jueces, secretarios o incluso fiscales-- hay una cierta reticencia a acudir al puesto del órgano jurisdiccional encargado en exclusiva de la violencia de género. No diga que esto sea bueno o malo, fruto o no de la ley, pero sí que es necesario hacer una reflexión cuando nos encontramos con el hecho de que, de 18 puestos en marcha actualmente, 9 no son solicitados en el orden lógico de concurso de magistrados.
Reitero que quiero ser breve en esta cuestión, no debemos entrar en el fondo del funcionamiento; quizás haya otros problemas que no afecten al Ministerio de Justicia y sí a los Ministerios de Trabajo y Sanidad, y en este punto el Grupo Parlamentario Popular considera que hay distorsiones mucho mayores en la puesta en funcionamiento de la propia ley; por tanto, lo único que tenemos que señalar al Ministerio de Justicia es que debemos tener cuidado, luces de alarma, para que finalmente no tengamos problemas irresolubes; en este aspecto siempre nos encontrarán porque, como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, estamos ante uno de los problemas fundamentales de la sociedad, que debe tener una formación previa, como puede ser la consecución de cualquier tipo de delitos, tanto los anteriores como los actuales, porque son los mismos aunque algunos pueden estar agravados; debe haber una maduración por la sociedad para que entre todos podamos luchar contra esta lacra que continuamente aparece en los periódicos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gutiérrez.
Señor López Guerra, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Muchas gracias, señora presidenta.
«Jo també voldría parlar en la seva llengua», pero desgraciadamente no dispongo de los medios técnicos para ello, señor Bofill.
Efectivamente, nos encontramos ante una ley que supone un desafío a todos los poderes públicos. Me ha preguntado si dispongo de las últimas cifras y he de decirle que, a 9 de diciembre, los últimos datos de la delegación para la violencia de género arrojan un saldo de 62 víctimas, puede que sean algunas más, obviamente son demasiadas, sobre todo porque los fallecimientos son sólo la punta de un iceberg que muestra una situación social insostenible e insoportable.
Al ser una ley integral, hace referencia a una cantidad notable de dimensiones del fenómeno; y ponerle remedio, aunque sólo sea desde la perspectiva del Ministerio de Justicia, supone un proceso de implantación del que no cabe esperar resultados milagrosos; implantación que debe hacerse
poniendo los medios que se consideran necesarios; verificando las deficiencias, e intentando remediarlas y, en mi opinión, las intervenciones de su señoría se han centrado fundamentalmente en este proceso.
Efectivamente, las previsiones basadas en las estadísticas suministradas por el Consejo General del Poder Judicial se demuestran insuficientes en muchos aspectos; sin embargo, difiero en cuanto a algunos términos utilizados, por ejemplo, se ha hablado de colapso refiriéndose a Barcelona. Obviamente, como he dicho anteriormente, los medios de comunicación tienen la competencia y la obligación de informar, pero en ocasiones no pueden evitar ciertas dosis de exageración en la presentación de las noticias, de forma que si se quiere conocer los datos reales, hay que esperar a disponer de las comunicaciones de los órganos que llevan a cabo su recopilación.
Son datos recibidos del Consejo General del Poder Judicial, y voy a hacer referencia a algunos; hay que estudiarlos, puesto que se refieren a aspectos muy distintos y, sobre todo, porque nos falta todavía algo muy importante a efectos operativos; nosotros hemos solicitado a dicho Consejo General dos aspectos: por una parte, queremos que nos proporcione las cargas de los diversos juzgados, tanto compatibles como exclusivos, en materia de violencia de género, y por otra, y lo que es decisivo y todavía no tenemos, los módulos o criterios que consideran necesarios para llevar a cabo una distribución racional del trabajo.
Hemos recibido los datos del primer aspecto, es decir, lo relativo a las cargas, pero éstas se pueden contemplar desde perspectivas muy distintas; por ejemplo, en este momento tengo varias listas, una hace referencia a asuntos ingresados en juzgados de violencia sobre la mujer, los datos son de julio a septiembre de 2005, se pueden extrapolar y conseguir una cifra inicial con respecto a la carga anual de asuntos ingresados; otra se refiere a diligencias urgentes en juzgados de violencia sobre la mujer, que nos arroja otro dato; otra es la relativa a las órdenes de protección etcétera; es decir, hay diversos aspectos a tener en cuenta.
A reserva de recibir el dato básico referente a los criterios de módulos de carga razonables y de llevar a cabo la depuración de los mismos en algunos puntos, me atrevería a señalar que el término colapso o incluso la palabra alarma no son del todo apropiados; efectivamente, existe una preocupación, una necesidad de atención, estar dispuestos a reaccionar con la mayor rapidez posible a los desafíos y problemas que se plantean, pero, insisto, los datos que tenemos actualmente señalan que con los recursos previstos es posible que a lo largo del año 2006 podrá conseguirse una respuesta adecuada por parte de los poderes públicos.
Sólo disponemos de módulos iniciales, indicativos. Precisamente uno de los elementos esenciales es la coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, y ayer mismo tuve la oportunidad de mantener una conversación con la consejera doña Montserrat Comas a este respecto; le mencioné que iba a comparecer en el Senado y me dijo que los datos no son tan pesimistas, pero siempre hay que mantener cierta reserva porque hasta que no dispongamos de los módulos no podemos hacer aseveraciones absolutamente firmes. Sin embargo, repito, los datos permiten albergar la confianza en que con las medidas previstas, tanto en lo que se refiere a refuerzo de juzgados como a la creación de juzgados nuevos, nos permitirán afrontar todos los desafíos que se presenten en el próximo año.
Hay algunos puntos que me gustaría señalar porque los considero importantes. He de decir que la atención de la prensa y la opinión pública se ha centrado en los juzgados exclusivos porque son los que se dedican únicamente a esta materia y, por tanto, los situados en grandes ciudades; sin embargo, existen problemas en los juzgados compatibles porque, junto a las tareas referentes a violencia de género, tienen también que encargarse de aquellas tareas que les corresponden en el reparto ordinario.
En este punto nos encontramos con una cuestión que preocupa a nuestro ministerio y en la que estamos en estrecha coordinación con el Consejo General del Poder Judicial. En el momento en que se atribuye la competencia sobre violencia a un juzgado en forma compatible, evidentemente habrá que hacer una reordenación del reparto, descargarle de un porcentaje de asuntos que equilibre la nueva carga que supone la violencia. Esta tarea le corresponde básicamente a un órgano de gobierno interno de los tribunales, las juntas de jueces, que son las que verifican este reparto; si este reparto se realiza adecuadamente, la carga adicional que supone la violencia de género se verá compensada y la carga del juzgado no será superior a su capacidad; en cambio, si la distribución no se lleva a cabo adecuadamente, el juzgado en cuestión se encontrará con la carga que ya tenía más una adicional; este es el problema que a veces se plantea, es decir, la distribución que ha hecho la junta de jueces no ha sido la adecuada y, como consecuencia, los juzgados encargados de la violencia de género se han encontrado muy sobrecargados de trabajo; en el mes de octubre presentamos una solicitud al Consejo General del Poder Judicial y la consejera doña Montserrat Comas me aseguró ayer que efectivamente éste podría llevar a cabo una actuación de revisión para comprobar que este reparto era el adecuado.
No es éste el único problema en los juzgados compatibles, tenemos otro y es que, debido a que estos juzgados actúan de hecho durante las horas de audiencia como juzgados de guardia, aun cuando tengan que enfrentarse con asuntos civiles o penales propios de su jurisdicción tienen que dar preferencia, en cuanto a la rapidez, a los de violencia. Esto supone cierta alteración en el proceso, de forma que estamos buscando fórmulas
--y la consejera Montserrat Comas me sugirió algunas-- para evitar este tipo de disfunción. Puedo asegurarle que se está prestando toda la atención a este tema y que trabajamos en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, hay un reglamento básico del Consejo, el Reglamento de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, que puede servir al respecto.
Otra cuestión adicional es la formación --y a ello se ha referido también su señoría--, tanto en los juzgados compatibles como en los no compatibles. En este sentido, quiero hacer referencia a un problema específico. Los
juzgados de violencia fueron asignados, por la ley orgánica, a los considerados como juzgados de instrucción, es decir los de penales. Debido al carácter de su función jurisdiccional estos juzgados conocen no solamente de los aspectos penales sino también de los civiles relacionados con la violencia de género, y esto plantea una cuestión de formación. El personal de estos juzgados básicamente tiene formación sobre el procedimiento penal y no tanta práctica en lo que se refiere al procedimiento civil, de ahí el desafío en cuanto a la formación. Pero lo estamos teniendo en cuenta.
Por lo que se refiere al tema de la defensa jurídica gratuita, señor Bofill, creo que, a la vista de los datos que nosotros utilizamos, 6 millones parecen demasiados. Si nosotros prevemos en torno a 1.600.000 para el territorio de competencia estatal, 6 millones para una sola comunidad autónoma me parece un poco excesivo. Lógicamente, entra dentro de lo que es el deber de los representantes de una comunidad autónoma y de sus poderes públicos pedir los recursos suficientes, pero 6 millones son muchos. De todas maneras en el caso concreto de Cataluña, como usted sabe, el sistema de transferencia no coincide con el de otras comunidades autónomas y está sujeto a asignaciones anuales, por lo que las negociaciones en este aspecto pueden llevar a algún tipo de modificación.
Debo decir también que la coordinación por parte del Ministerio de Justicia no solamente se refiere al Consejo General del Poder Judicial sino también a otros ministerios; el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en lo que se refiere --y tengo un protocolo al respecto-- a la atención a las víctimas e información en los servicios de teleasistencia que tiene previstos y el Ministerio de Interior en relación con dos aspectos: un protocolo para la coordinación de las actuaciones policiales y judiciales y otro en cuanto a las actividades de reeducación.
Como ustedes saben, la ley orgánica establece una serie de condicionamientos para el establecimiento de medidas cautelares, suspensión de penas, etcétera, que se condicionan a la participación de los afectados en actividades de reeducación y reintegración. En la práctica esto no corresponde a las competencias del Ministerio de Justicia y más bien se integra en lo que es el cumplimiento de las penas, que entra dentro del ámbito de competencias del Ministerio del Interior, pero para nosotros resulta un aspecto importante.
Debo señalar aquí que, por una parte, la normativa del Ministerio del Interior está previendo, mediante decretos y reales decretos, la puesta en práctica de estas medidas educativas. Y, por otra parte, también quiero señalar, porque creo que es de justicia, la actuación de algunos órganos judiciales; por ejemplo, la Audiencia Provincial de Alicante está llevando a cabo convenios y actuaciones en coordinación con la comunidad autónoma respectiva, Valencia, en este aspecto, y lo comento porque ha surgido en la opinión pública.
Otro tema que se ha tocado aquí es si existe una resistencia por parte de la judicatura a la puesta en práctica de la ley. Yo creo que éste no es el caso, tan sólo se han puesto de manifiesto los comentarios realizados por parte de los jueces y juezas, decanos y decanas con respecto a la necesidad de medios y problemas que se plantean. Creo que eso supone, simplemente, una actitud crítica o de observación natural en cualquier contexto profesional.
Debo señalar que existen dos problemas que pueden afectar a los jueces.
Por un lado, estos juzgados de violencia son muy visibles desde el punto de vista de la prensa y la opinión pública, cuando la naturaleza de la profesión judicial es en su inmensa mayoría discreta: se lleva a cabo el trabajo y no se aparece en los medios. Esto puede ser un elemento disuasor. El segundo punto es que, efectivamente, se trata de unos órganos en los que se prevé una carga considerable, por lo menos hasta que se realice el reparto.
No puede excluirse que se haya producido, como se ha comentado, algún tipo de efecto llamada debido a la misma publicidad que han recibido estos órganos. Así y todo, puedo señalarle que la colaboración que está prestando el Consejo General del Poder Judicial y sus miembros en su conjunto es absoluta, incluso en aquellos casos en que los que, tanto el personal judicial como los secretarios y funcionarios, tienen que hacer horas extraordinarias. En este sentido, intentamos que la prestación de este servicio no sea algo extraordinario que suponga una carga adicional, sino que entre dentro de las obligaciones usuales de este personal.
Ciertamente, les agradezco su interés y preguntas. Creo que en este tema están comprometidos todos los grupos políticos y parlamentarios y, desde luego, la sociedad española en general y que esta cuestión va a exigir esfuerzos por parte de todos, desde luego de las autoridades del Estado, pero también de las comunidades autónomas y corporaciones como los colegios de abogados, pero en este proceso es difícil esperar resultados inmediatos o milagrosos.
Parece que la criminalidad en este aspecto ha disminuido algo con respecto al año pasado, pero me cuesta admitir que sea la rápida consecuencia de una medida legal. En cualquier caso, una sola víctima es más de lo deseable.
Creo que con esto he respondido a sus preguntas, pero quedo a su disposición.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor López Guerra.
Vamos a averiguar si han quedado satisfechos o no.
¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Granado.
La señora GRANADO PANIAGUA: Tan sólo quiero agradecer de nuevo la intervención del secretario de Estado, que a nuestro entender ha sido muy esclarecedora sobre lo que, desde el ministerio, se está haciendo para poner en marcha una ley que es tan trascendente e importante para toda la sociedad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.
Señor Bofill, tiene la palabra.
El señor BOFILL ABELLÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
También quiero agradecerle sus palabras. En cualquier caso, yo no le pedía tanto como que hablara catalán, simplemente le transmitía una posición reivindicativa que mantenemos aquí porque consideramos que el Senado, como Cámara territorial, justamente es el sitio donde se debería poder hablar con normalidad las diferentes lenguas.
Le agradezco todas sus explicaciones y únicamente quiero puntualizar dos cosas. En primer lugar, he utilizado la expresión resistencia en la judicatura como una forma de decir no que no quieran aplicar la ley sino que, por las condiciones que les exige la ley, a veces los juzgados no están preparados para hacer frente a lo que se les viene encima, tanto por carencias de personal como por cuestiones de formación; esto último lo planteó la juez decana de Barcelona cuando comentó que ahora tenían que hacer, por ejemplo, de psicólogos en un intento de explicar que necesitaban equipos pluridisciplinares.
Enlazo esto con el tema de los 6 millones de euros porque una parte importante de esa cantidad se destina a la asistencia jurídica gratuita y la otra hace referencia al personal necesario, incluso de otras especialidades, que atiende estos juzgados, así como al propio personal administrativo que ha tenido que realizar muchas horas extraordinarias y que corre a cargo de la administración autonómica.
Por último, quiero comentar una cuestión porque considero interesante tener consignado el dato. Cuando debatimos la modificación de la ley del divorcio uno de los temas que surgió fue el del efecto llamada y las repercusiones que podía tener en relación con la ley. Pasado un tiempo sería interesante tener en cuenta este dato para poder evaluar si la forma en que acabó siendo redactado el articulado de la modificación de la ley del divorcio ha tenido o no relación con esta cuestión. Es algo que se me ocurre sobre la marcha, pero me parece que puede ser importante para nosotros tener este dato.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bofill.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Gutiérrez.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bofill.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: En primer lugar, quiero agradecer la presencia del secretario de Estado.
Por otra parte, y enlazando con lo que decía el señor Bofill, pensamos que hay que depurar los datos del informe del Consejo General del Poder Judicial y, una vez depurados, avanzada la primavera o cuando haya transcurrido un año, nuestro grupo solicitará de nuevo su comparecencia para hacer un balance mucho más extenso tanto de los juzgados que conocen estos asuntos de forma exclusiva, como de aquellos que lo compatibilizan con otras materias, porque, tal y como él decía, los problemas fundamentales se encuentran en estos juzgados compatibles; el problema de los exclusivos quizá se podría solucionar creando más juzgados, pero esperamos que en los juzgados compatibles los problemas no lleguen a ser irresolubles. Por lo tanto, hay que encender una la luz de alarma --no sé si de mayor o menor intensidad--, pues deseamos no llegar a tener problemas irresolubles, fundamentalmente en los juzgados compatibles, allí donde hay más de un juzgado en una sede de un partido judicial.
Nada más y muchas gracias. (La señora De España Moya pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: ¿Algún senador o senadora, además de la señora De España, quiere hacer alguna pregunta u observación al señor secretario de Estado? (Pausa.) Señora De España, tiene la palabra.
La señora DE ESPAÑA MOYA: Gracias, señora presidenta.
Quiero agradecer al señor secretario su comparecencia y aprovechar la misma para preguntarle si está previsto que el próximo año se cree un segundo juzgado exclusivo de violencia doméstica en Alicante y otro en Elche, ya que el existente está colapsado y saturado de trabajo, al igual que los que comparten los asuntos de violencia doméstica con otras materias. El presidente de la Audiencia de Alicante, don Vicente Magro, que pertenece al Registro Central para la Protección a las Víctimas de la Violencia Doméstica, y gran conocedor de la materia, aludía a la necesidad de crear un segundo juzgado de violencia doméstica en Alicante y en Elche, pues, al igual que un gran número de profesionales en la materia, habla de la gran saturación de asuntos de violencia doméstica, tanto en el juzgado que los resuelve de forma exclusiva, como en aquellos que los comparten con otras materias. Solo quiero recordar que Alicante es la cuarta provincia en número de denuncias interpuestas y procedimientos incoados --en los que existe una orden de protección aceptada como medida cautelar--, precediéndole solo Madrid, Valencia y Barcelona. En esta provincia los jueces han concedido, solo en el primer semestre, cerca de 1.000 órdenes de protección. Por todo ello es por lo que le pregunto sobre la posibilidad de crear juzgados de violencia doméstica en Alicante y, si es posible, en la Comunidad Valenciana.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora De España.
Señor secretario de Estado, cuando quiera.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): El señor Bofill se ha referido antes a las esperanzas y usted se refiere ahora a las posibilidades. Pues bien, yo puedo decirle que esperanzas y posibilidades, todas; realidades, las que tengamos según nuestros medios.
Según los datos de que disponemos, en estos momentos
contamos con un refuerzo en el juzgado al que usted se refiere. En cuanto a la creación de nuevos refuerzos, no habrá excesivos problemas en llevar a cabo esta labor, puesto que, en último término, se hacen en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, cuando existen los medios, simplemente se aportan, y cuando dejan de hacer falta, se retiran. Sin embargo, la creación de nuevos refuerzos es más compleja, puesto que supone consolidar un órgano judicial pro futuro. Para ello, no hay que olvidar que cuando se trata de comunidades autónomas el reparto de costes se hace entre el Estado y, en mayor medida, la comunidad autónoma. Esto quiere decir que en el proceso de creación de órganos judiciales de un ejercicio para otro parece conveniente, desde el punto de vista de lealtad autonómica, hacerlo mediante acuerdos y negociaciones con las comunidades autónomas que han asumido competencias en materia de Justicia. Esto significa que, en lo que respecta a la creación de órganos, este ministerio ha tenido como norma acordar, pactar y llegar a acuerdos con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial.
Con respecto a la creación de las 75 plazas previstas para el año que viene, a las que deben unirse estas 18 nuevas plazas de juzgados de violencia, y a su distribución concreta entre las comunidades autónomas
--dentro de ellas, en localizaciones precisas--, el Ministerio de Justicia procederá a llevarlo a cabo por la vía oportuna para ello, es decir, a través de la Conferencia Sectorial. Yo le puedo adelantar que dentro de pocos días tendremos una reunión técnica preparatoria de la Conferencia Sectorial --que tendrá lugar posiblemente a mediados de enero--, y será en ese momento cuando se lleve a cabo la decisión en cada uno de los supuestos. Yo podría tranquilizarle en estos momentos diciéndole que sí, pero, obviamente, no tendría ningún sentido, en tanto no se produzca este acuerdo. Por lo tanto, la ubicación de los juzgados concretos tendrá lugar como resultado de un proceso bilateral, y será la Comunidad Autónoma Valenciana, junto con el resto de comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia, la que plantee sus peticiones. Por último, será el ministerio, estudiando las necesidades generales, el que asigne estas plazas. Por lo tanto, sería precipitado por mi parte decirle que sí o que no. Lo que sí puedo decirle es que, efectivamente, se va a negociar.
La señora PRESIDENTA: Agradecemos al señor secretario de Estado su presencia en esta comisión y, dadas las fechas en las que nos encontramos, creo hacerme eco de todos los grupos parlamentarios si le deseamos a su persona, a todo el ministerio y a la Justicia en general un próspero y feliz año 2006.
Muchas gracias.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Muchas gracias.
Lo mismo deseo a todos ustedes y a la Cámara en general.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
MOCIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR:
-- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN EN LA ISLA DE FORMENTERA (ILLES BALEARS), DOTÁNDOLO DE TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (661/000126).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día. En primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la isla de Formentera (Illes Balears), dotándolo de todos lo medios materiales y humanos necesarios para su correcto funcionamiento.
Por el Grupo Parlamentario Popular, va a hacer uso de la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Partido Popular trae hoy a la Comisión de Justicia una moción que si bien para el conjunto de España puede parecer un asunto menor, es muy importante para las Islas Baleares y sobre todo muy importante para las islas Pitiusas y para la isla de Formentera en concreto. Buscamos un acuerdo de la Cámara, un acuerdo de está comisión, que se fundamente en la creación de un partido judicial en la isla de Formentera. Se trata de tocar ese asunto tan sensible que puede ser el mapa judicial de España, esa estructura ya clásica desde el siglo XIX en la división de los partidos judiciales. Y lo hacemos y lo adelantamos
--después veremos las razones-- porque queremos hacer coincidir a la isla con el partido judicial o al menos al partido judicial que pueda integrar a la isla, como sucede en el conjunto de los archipiélagos de Canarias y de Baleares, que al menos la isla tenga un partido judicial. Puede tener más, evidentemente Mallorca, Menorca e incluso alguna de las islas mayores del archipiélago canario tiene más partidos judiciales, pero al menos que tenga una coincidencia geográfica de un partido judicial con la isla en su conjunto.
Éste es el deseo del Partido Popular, nada más que poner en marcha los mecanismos y los instrumentos necesarios para la creación de un juzgado mixto de primera instancia y de instrucción en la isla de Formentera y para ello desgajarlo de lo que territorialmente se extiende en su jurisdicción, el partido judicial de Ibiza.
En momentos de la anterior legislatura y de ésta se han ido creando juzgados en Ibiza. Ahora ya llegamos a los ocho, cuatro civiles y cuatro penales, incluso con la división de los cuatro juzgados mixtos a los juzgados de exclusiva jurisdicción. Sin embargo, en ningún instante se ha intentado desgajar de lo que constituye el partido judicial de Ibiza lo que constituye la isla aislada de Formentera. Y esta es la intención, pero esta intención tiene unas razones, y quería apuntarlas brevemente.
Tiene unos precedentes esta solicitud. De manera más formal o menos formal, es cierto que todos los grupos políticos de las Islas Baleares han mostrado su interés en la creación de este partido judicial, al menos para la constitución de un juzgado de primera instancia e instrucción, e incluso si lo individualizamos, este senador y este grupo así lo han solicitado en otros momentos; en pregunta parlamentaria en comisión al secretario de Estado así se formulo de diciembre del año 2004. Y aunque los parámetros que maneja el Ministerio de Justicia, éste y el de la anterior legislatura, no serían coincidentes con lo que se puede aplicar a la isla de Formentera, por parte del secretario de Estado, por parte de la autoridad ejecutiva, sí se dejó abierto el camino para un estudio que en conjunto se tiene que realizar de este mapa judicial porque incluso la propia ley así lo impone.
Pues bien, antes de que llegue este estudio, antes de conocer este mapa judicial, desde esta comisión instamos al Ministerio de Justicia para que tenga en cuenta la creación, repito, de este partido judicial, por las siguientes razones: primera, la razón básica, a mi modo de ver, es que la isla de Formentera es una isla y como tal isla está aislada. Es más, por su superficie está aislada en vuelos aéreos, es decir, el único punto de comunicación es con la isla de Ibiza a través de un barco, que es largo, costoso y que está sometido en muchos casos a las inclemencias del tiempo. Es una costosa insularidad, es lo que nosotros denominamos doble insularidad. Es un problema, ya que en muchos casos está aislada.
Es cierto que tiene más o menos unos 8.000 habitantes y una superficie de unos 100 kilómetros cuadrados. Los parámetros que se manejan en el Ministerio de Justicia son en torno a los 50.000 habitantes y en torno a unos 1.000 kilómetros cuadrados, pero también es cierto que es una isla y como tal debemos plantear qué significa la insularidad en los servicios públicos. Desde el punto de vista de la Sanidad o de la Educación, no se manejan los mismos criterios para la creación de servicios en las islas, porque existe el hecho de la insularidad; no podemos manejar exclusivamente los criterios de habitantes y de superficie.
Además, refiriéndonos también a la población, la isla de Formentera es básicamente turística y, en período estival, aquélla puede llegar a duplicarse o incluso triplicarse; es decir que la población de derecho y de hecho pueden sumar hasta el doble o el triple de la primera. Importa menos en Educación, pero en Sanidad y en Justicia tenemos que tener en cuenta a la población de derecho y a la de hecho, porque también a esta última habrá que proporcionarle servicios durante los meses estivales. En cuanto a la Justicia, la litigiosidad civil y penal se incrementa por el aumento de la población, aunque no esté censada en la isla.
Además, hay precedentes en España, como les decía al principio. Cada isla tiene al menos un partido judicial; la única isla habitada que no lo tiene es precisamente Formentera. La similitud la podemos establecer con la isla de El Hierro, que tiene alrededor de 11.000 habitantes, dos municipios --en Formentera sólo hay uno-- y un partido judicial con juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Evidentemente, comparados con los 50.000 habitantes del criterio que maneja el ministerio, la diferencia entre 8.000 y 11.000 es nimia y la similitud es clara.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Popular insta la reforma del mapa judicial español. Es cierto que, a tenor del artículo 35.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el ministerio debe revisar el mapa judicial cada cinco años. Pues bien, ahí está el estudio que anunció el secretario de Estado hace menos de un año: que el ministerio tenga en cuenta este cambio. Si lo tiene en cuenta, lo considerará; y, si lo considera, tendrá que poner en marcha los mecanismos adecuados. El procedimiento es largo y prolijo, puesto que hay que crear el partido judicial mediante una ley, de modo que tendrán que participar las Cortes. Sin embargo, puede haber un impulso del Gobierno, se recabará un informe de la comunidad autónoma e incluso podría impulsarse desde la comunidad autónoma. En todo caso, se puede conjugar la voluntad del Ministerio de Justicia y la de la comunidad autónoma. Todo esto, informado por el Consejo General del Poder Judicial, puede plasmarse en la creación de un nuevo partido judicial en la sede territorial del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
Eso es lo que pretendemos: que esta Comisión inste, a poder ser de forma unánime, la puesta en marcha del procedimiento. Ya sea mediante una ley que trate exclusivamente de la reforma de la demarcación y planta, ya sea añadiendo la reforma a cualquier otra de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como se hizo a finales de diciembre de 2003, con la creación de varios partidos judiciales al hilo de la reforma de la Ley 19/2003.
Éste es el interés que tiene el Grupo Parlamentario Popular, y esto es lo que desarrollo en esta Comisión.
Nada más, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Antes de dar la palabra a los demás portavoces, quiero preguntarle lo siguiente, señor Gutiérrez. El texto de la moción hace referencia en su parte dispositiva a la creación de un juzgado de Primera Instancia e Instrucción. ¿Está haciendo usted una enmienda «in voce» sobre la creación de un partido judicial?
El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: En realidad, para crear un juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la isla de Formentera hay que crear primero un partido judicial desgajado del de Ibiza. Es decir, que está incluido en la moción.
La señora PRESIDENTA: Es decir, que mantiene la moción en sus propios términos.
El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Eso es. Se entiende que la creación del juzgado de Primera Instancia e Instrucción comporta la creación previa de un partido judicial.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Intervendré muy brevemente para decir que conozco el caso de Formentera y que
estoy de acuerdo en el contenido de la moción, que votaremos favorablemente.
De la misma forma, consideramos que es necesario que se renueven los edificios de los juzgados de Ibiza o que haya una biblioteca provincial en Ibiza. Las islas están bastante desatendidas, y es necesario que el Estado haga un esfuerzo, dado que aquellas tienen características especiales: hay dificultades de comunicación en determinadas épocas del año entre Formentera e Ibiza y, en verano, el número de casos que tiene que atender el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción es elevado.
Votaremos, pues, a favor de la moción.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bofill.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas.
Ayer cavilaba en la playa de Las Canteras, mientras me bañaba, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Islas Canarias... (El señor Bofill Abelló: ¡Qué suerte!--Risas.
--Rumores.) Si alguien cree que hago propaganda de Canarias, tiene toda la razón; lo estoy haciendo. Pues bien, mientras veía a las fulas, a los sargos, a las salemas, a las picúas o a los pejeverdes, cavilaba en qué decir que no hubiese dicho ya en el Pleno del Senado, debatiendo con la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular y con otros portavoces sobre la Sección 13 y sobre propuestas de cantidad: más órganos y más recursos materiales para la Administración de Justicia. No se cuestionaba la calidad ni los objetivos estratégicos, sino la cantidad.
Pues bien, en esta ocasión repetiré algunos de los argumentos que esgrimí entonces y aportaré alguno nuevo. En primer lugar, el artículo 20.1 de la Ley 38/1988, que tiene la misma fecha que la Ley contra la violencia de género de la que hablábamos esta mañana, el día de los Santos Inocentes
--28 de diciembre--, estableció un mecanismo a partir del cual el sistema
--el servicio público-- se autoevalúa y revisa la litispendencia, la litigiosidad pendiente, hace prospecciones teniendo en cuenta el incremento poblacional y se plantea la creación de nuevos partidos judiciales.
Sin embargo, me parece que la señora presidenta ha hecho una pregunta pertinente sobre el asunto al señor Gutiérrez, puesto que puede haber un órgano jurisdiccional radicado en la isla de Fuerteventura; es cuestión de distribución del trabajo. Una cosa es la creación de nuevos partidos judiciales, que requiere la modificación de la Ley de planta y demarcación judicial, y otra son los términos estrictos de la moción.
Teniendo en cuenta los términos estrictos de la moción, y máxime tratándose de una propuesta de todas las fuerzas políticas de las Islas Baleares, ¿cómo va a decir que no el Grupo Parlamentario Socialista? No se trata sólo de razones geográficas, de insularidad; hay que tener en cuenta también la litigiosidad que se genera en el lugar: en Formentera.
Trato de decirle que, en términos estrictos, si nos limitamos a proponer que haya un órgano jurisdiccional, ya sabe usted que para el programa de 2005, que se está realizando, hay dos nuevas unidades judiciales pendientes: una de Instrucción y otra de Primera Instancia. No hay problema en proponer que una de ellas esté radicada en la isla de Formentera. También se puede proponer que, de acuerdo la comunidad autónoma y el Ministerio de Justicia, una de las 75 plazas pendientes para el próximo ejercicio --que con las 18 de violencia de género suman 93 nuevas plazas o unidades judiciales, en total-- esté radicada físicamente en la isla de Formentera; no creo que haya problema.
Por eso, a efectos prácticos, sugeriría que nos limitáramos a trabajar sobre los términos estrictos en que ha sido presentada la moción, porque de esa manera podría ser aprobada con un amplísimo respaldo en la comisión. Insisto en que la media de los 368 asuntos civiles o los 3.590 asuntos penales de este partido judicial, con sede en Ibiza, no justifican dicha creación en absoluto, teniendo en cuenta los módulos previstos por el Consejo General del Poder Judicial; y tampoco en términos poblacionales ni geográficos, pero sí en cuanto a las características de la prestación del servicio, que creo que es el argumento más poderoso.
Mi primer destino judicial fue en la isla de El Hierro y le puedo asegurar que dentro del servicio público hay un conjunto de prácticas vinculadas a la inmediación, el conocimiento del lugar y del medio, que resultan imprescindibles para abordar el trabajo con el rigor y la celeridad requerida.
Insisto y subrayo en que se mantenga la moción en los términos literales en que fue presentada porque, de esa forma, sería mucho más factible su aprobación que si nos metemos en otras dinámicas de creación de partidos judiciales.
Por otro lado, en relación a la comparativa que hacía anteriormente, con respecto a la isla de El Hierro y, en términos generales, las facilidades de comunicación de Formentera con respecto a otras islas son mucho más intensas.
Concluyo, señora presidenta, insistiendo en que si se mantienen los términos estrictos, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la moción que ha presentado el senador Gutiérrez.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer a los demás grupos parlamentarios su voto favorable a la moción; y, en segundo lugar, les diré que se mantiene en sus justos términos. Podríamos discutir sobre si es necesaria o no la creación del partido judicial para la creación del juzgado de primera instancia e instrucción, pero es evidente que lo único que yo intento --y ésa es la declaración que formulamos--, es precisamente que se inste al Gobierno para que ponga en marcha los mecanismos oportunos
para la creación de un juzgado de primera instancia e instrucción mixto que acoja el territorio de la isla de Formentera. El cómo se llegue a este punto es algo que en principio me da igual; creo que sería más oportuna la creación de un partido judicial, pero es evidente que si ustedes disponen de algún sistema que ahora mismo yo desconozca, lo aplaudiremos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gutiérrez.
Agotado el debate, procedemos a la votación de la moción (Pausa.)
Efectúada la votación fue aprobada por unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
-- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADAS CONDICIONES CON ANTERIORIDAD A LA CULMINACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN (661/000212).
La señora PRESIDENTA: A continuación vamos a iniciar el debate de la segunda de las mociones, también presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno al cumplimiento de determinadas condiciones con anterioridad a la culminación del proceso de transferencias de la Administración de Justicia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ferrández Otaño.
El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Gracias, señora presidenta.
No sé si se deberá a las fechas en que nos encontramos, pero después de ver el resultado que ha obtenido la anterior moción, defendida por mi compañero, el senador Gutiérrez, espero que muestren la misma sensibilidad con la Comunidad Autónoma de Castilla y León que con la de las Islas Baleares porque, si bien es cierto que las razones son similares, hay alguna dificultad añadida, como por ejemplo la cuantificación económica de nuestra petición.
En este sentido, admito que se trata de una cantidad importante ya que permitiría la creación de numerosos juzgados, avalados por serios estudios realizados por los magistrados y por el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero entendemos que son absolutamente necesarios, máxime cuando, como ha anunciado la señora presidenta, en este momento se está negociando la transferencia de la competencia de Justicia entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Como sus señorías saben, Castilla y León ya ha recibido la mayoría de las competencias previstas en su estatuto, pero restan --entre otras--, la competencia en materia de Justicia y, precisamente por ello, en este momento en el que se está llevando a cabo esta negociación, el Grupo Parlamentario Popular pretende que el resto de los grupos de la Cámara se sumen a la iniciativa que presentamos y que es una más de las muchas que se están llevando a cabo desde distintas instancias administrativas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en aras de conseguir que la transferencia de la competencia en materia de Justicia se realice de la mejor forma posible, en las mejores condiciones de calidad e igualdad, de tal manera que se garantice la prestación de un servicio que, como todos sabemos, es fundamental para los ciudadanos.
Por ello, entendemos que se hace necesario que el Gobierno tome conciencia de las especiales circunstancias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que es la más extensa de toda España, que tiene una gran dispersión de habitantes, núcleos muy poco poblados, etcétera; situaciones o circunstancias todas ellas que dificultan la prestación de un servicio de calidad en cuanto a la Justicia. Esas circunstancias provocan que, en la actualidad, existan importante deficiencias en todas y cada una de las provincias que componen nuestra comunidad autónoma; deficiencias que, como he dicho, han sido concretadas en un análisis exhaustivo realizado por el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y que ha puesto de manifiesto las graves deficiencias que padece la administración de Justicia en mi comunidad autónoma, tanto en cuanto a medios materiales y humanos como a la obsolescencia de muchas instalaciones, para lo cual propone la creación de nuevos órganos judiciales y la dotación de nuevos puestos de trabajo, así como la rehabilitación y construcción de nuevas dependencias judiciales.
Todas estas necesidades, como pueden ustedes comprender, vienen avaladas por estudios estadísticos que se han realizado respecto del número de asuntos que han tenido entrada en cada uno de los órganos judiciales que existen en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, lo que provoca la existencia de una importante descompensación entre el número de asuntos entrantes y el número de asuntos que deben resolver los órganos judiciales que en la actualidad vienen prestando sus servicios en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En este sentido, me gustaría que pudieran constatar el contraste existente entre la forma de impartir Justicia y los medios de que disponen otras comunidades autónomas que, evidentemente, porque tienen transferidas las competencias desde hace mucho más tiempo, poco a poco han ido paliando estas deficiencias.
Como quiera que nos encontramos en un período en el que precisamente el Estado y la comunidad autónoma han de negociar sobre en qué forma y en qué medida se tienen que producir esas transferencias, es por lo que entendemos que, como Cámara territorial, procede nuestro pronunciamiento con respecto a la satisfacción de todas las necesidades que se han puesto de manifiesto tras mucho tiempo de estudio y análisis exhaustivos de la situación en esta comunidad autónoma. En este sentido, he de señalar que esos análisis han demostrado que la carga de trabajo que soportan los distintos órganos jurisdiccionales y las circunstancias concretas que concurren en algunos de ellos hacen imprescindible la creación de nuevos órganos para conseguir
una Justicia como la que todos queremos: más ágil, eficaz y de mayor calidad.
Por consiguiente, se trata de sumarnos a otras iniciativas que no pretenden más que completar el mapa de transferencias en materia de Justicia, de forma que se satisfagan todas las necesidades que, en la actualidad, tienen los distintos órganos judiciales que componen la planta judicial de Castilla y León. En este sentido, pedimos el apoyo a todos los grupos parlamentarios, sin hacer referencia a las causas, a los responsables ni las circunstancias por las que la Justicia en Castilla y León se encuentra en la situación en la que está porque, tal y como han considerado otros muchos, la situación de la Justicia no es algo que venga de ayer y la falta de medios no se ha originado en esta legislatura, en la anterior ni en la anterior, sino que se trata de un problema histórico. Por tanto, entendemos que no se puede achacar a ningún Gobierno, ni es nuestra pretensión hacerlo. No pretendemos achacar a ningún Gobierno la responsabilidad respecto a la situación de la Justicia actualmente en Castilla y León.
En definitiva, lo único que pretendemos es llamar la atención de sus señorías para que, conscientes de las necesidades que se tienen en Castilla y León tanto en referencia a la creación de nuevos órganos judiciales como respecto a la remodelación y la construcción de nuevas dependencias judiciales, voten mayoritariamente esta moción, de manera que las transferencias de Justicia por parte del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles.
Para ello, solicitamos --si han tenido ocasión de ver la moción--, en primer lugar, la remodelación de la sede del Tribunal Superior de Justicia en Burgos, que, como muchos de ustedes conocen, precisamente ayer ardió en buena medida, lo que ha provocado una cuestión añadida a la dificultad que se viene padeciendo respecto a la precaria situación en que se encuentran quienes allí se ven obligados a impartir Justicia.
Asimismo, pedimos en esta moción la creación de 31 nuevas unidades judiciales, que se distribuyen entre todas y cada una de las provincias de la comunidad autónoma, así como la creación, previa modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, de tres partidos judiciales: el de Cebreros en Ávila, el de El Espinar en Segovia y el de Peñafiel en Valladolid.
Precisamente de esos estudios que se han llevado a cabo por los técnicos de la Administración de Justicia a los que antes hacía referencia el portavoz socialista se desprende la necesidad de crear esos tres partidos judiciales en Castilla y León, al igual que se ha visto necesaria la provisión de cinco nuevas plazas de magistrados en las distintas salas, en la Sala de lo Social en el Tribunal Superior de Justicia de Burgos, en la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Burgos, en la Audiencia Provincial de León y en la Audiencia Provincial de Valladolid.
Para terminar, haré referencia también a la precaria y obsoleta situación en que se encuentran muchas de las dependencias judiciales, que en el caso concreto que conozco de Valladolid hace que muchos de los expedientes se encuentren apilados en los pasillos, que muchos de los oficiales se vean obligados a tener que trabajar en esos pasillos, que magistrados hasta en número de cinco compartan un despacho ante la imposibilidad de disponer de un espacio mayor.
Quiero llamar la atención de sus señorías sobre el hecho de que en Castilla y León existe realmente --subrayo, realmente-- un problema en cuanto a los edificios que albergan las distintas dependencias judiciales, que en unos casos son absolutamente obsoletos, en otros insuficientes y en la mayoría de los casos ofrecen una dispersión tal que hace muy difícil poder desarrollar esta actividad adecuadamente tanto para quienes trabajan en el ámbito de la Justicia como para los ciudadanos que se ven obligados a requerir de este servicio.
Por tanto, no sé si porque estamos en Navidad, o porque es realmente una necesidad acreditada tras muchos estudios y trabajos de personas muy vinculadas a la materia, por lo que solicito el apoyo de todas sus señorías a esta moción que presentamos desde el Grupo Popular.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ferrández.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Díaz Tejera tiene la palabra.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señora presidenta.
Del acopio informativo que ha hecho el Grupo Socialista para abordar este asunto que usted nos suscita querría destacar dos datos.
En primer lugar, la última reunión de la ponencia técnica para abordar el proceso de transferencias, según la información que llega a este grupo
--no la he constatado, es la información que nos llega--, se celebró en octubre de 2003. Por tanto, desde entonces hasta el presente no ha habido ninguna reunión de esta ponencia técnica, no ha habido contacto alguno en esta materia para hacer posible el proceso de transferencias.
Coincido con usted en que es necesario el proceso de transferencias y es bueno para el conjunto de España. Se trata de acercar la gestión de un servicio público capital en un Estado de Derecho a la ciudadanía, siguiendo el principio de proximidad, de máxima cercanía al lugar donde se generan los conflictos que el tercero imparcial tiene que abordar y tiene que resolver ejecutando lo juzgado.
El problema está en que no sé si este es el marco adecuado y el tiempo adecuado. Trataré de explicarlo. En términos de lugar adecuado, parece que desde octubre de 2003 hasta hoy ha transcurrido un período muy amplio, más de dos años sin que se haya reunido esa ponencia técnica. Y para hacer posible ese proceso de transferencias --y no estoy abordando ahora dónde está la responsabilidad, porque la palabra culpa me resulta especialmente odiosa en esta materia--, hubiese sido bueno que desde aquella fecha hasta el presente se hubiesen celebrado reuniones para abordar los condiciones previas al proceso de transferencias por parte de dos sujetos políticos, ninguno superior ni inferior, con diversidad de competencias, con ámbitos competenciales distintos, cuales son la Comunidad Autónoma y el Gobierno de España.
Esa ponencia técnica sería el marco adecuado, el lugar sería lo de menos y el tiempo debiera ser cuanto antes. Ahí se podrían abordar asuntos del calado que usted plantea, no sólo en lo que se refiere a los recursos materiales, sino también respecto a la existencia de las unidades judiciales.
Usted sabe que entre las dos creadas y las 16 previstas para el próximo ejercicio hay un aumento considerable de la planta judicial en esta comunidad autónoma. Seguramente ese aumento no es el necesario para prestar un servicio público de calidad pero sí es considerable, con 16 nuevas unidades judiciales.
Dispongo de un informe minucioso y bastante amplio, de unas trece páginas, respecto de cada uno de los órdenes jurisdiccionales, considerando la población, la litigiosidad a que se tiende, la media de asuntos civiles, penales, contenciosos, el ámbito territorial, que en general razonan la conveniencia de abordar este proceso de transferir competencias en materia del servicio público de la Justicia.
Parece adecuado que el marco sea otro, en la reunión entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Gobierno del España donde se aborden los condicionamientos previos y que en cualquiera de los casos estos dos sujetos políticos puedan establecer mecanismos adecuados para estudiar en qué condiciones se transfiere este servicio público, en qué condiciones se recibe y cuáles son los ajustes presupuestarios a que se comprometen ambas partes para impulsar el proceso de creación de nuevas unidades judiciales.
Como usted sabe, hay un porcentaje muy alto de responsabilidad en el mantenimiento y la creación de nuevas unidades. No sólo se trata de los recursos materiales, las instalaciones, los ordenadores, el conjunto del personal, excepto las categorías que son abonadas por el Ministerio de Justicia o el Consejo General del Poder Judicial, y, en última instancia, parece que lo más razonable es abordar un asunto de tan amplio calado en los términos que le acabo de plantear.
Lamento que el espíritu de Navidad no llegue hasta el punto de reblandecer lo suficiente como para aceptar su sugerencia, pero comprenderá que no tiene el mismo calado una moción como la que usted plantea, con la amplitud y la cobertura que ofrece, que el supuesto muy específico de una isla concreta, que, por razones de calidad en la prestación del servicio, es menester que disponga de un órgano jurisdiccional radicado físicamente en la misma.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Díaz.
Sustanciado el turno a favor y en contra, abrimos un turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Tiene la palabra el senador Ferrández, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Gracias, señor presidenta.
Voy a intentar contestar a alguna de las cuestiones que ha planteado el portavoz del Grupo Socialista.
Efectivamente, desde octubre del año 2003 no se ha producido la reunión formal de la ponencia que tiene que estudiar la transferencia en concreto pero, por los datos que tiene este senador, sí se han producido reuniones preparatorias de esa ponencia que debe estudiar, de manera definitiva, de qué forma se van a llevar a cabo esas transferencias. El ministerio conoce sobradamente cuál es la posición de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como esta última también conoce en qué situación se encuentra el Gobierno respecto de estas transferencias.
Por lo tanto, debo decir que, si bien no se ha producido de manera formal esa reunión de la ponencia, sí que existen contactos permanentes entre la Junta de Castilla y León --en concreto la Consejería de Presidencia-- y el Ministerio de Justicia al objeto de determinar de qué manera se va a producir esa transferencia.
En ese sentido, debo decir que el ministerio conoce precisamente las necesidades que la comunidad considera que tiene en materia de administración de Justicia porque así se le han transferido en repetidas ocasiones; en primer lugar, porque se aprobó por todos los miembros de las Cortes de Castilla y León una moción en términos similares a la que acabo de presentar hoy aquí; porque se han presentado los resultados de esas mociones en el ministerio; porque se han apoyado en los trabajos realizados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; es decir, existe un entorno lo suficientemente maduro como para que tanto el Ministerio de Justicia como la Junta de Castilla y León se sienten definitivamente a tratar esta cuestión.
Respecto a si es este o no el lugar adecuado para hacer esta propuesta, el Grupo Parlamentario Popular considera que sí es el lugar propicio, habida cuenta de que el Senado es la Cámara territorial y es donde las comunidades autónomas tienen que tratar de hacer oír su voz, en este caso a través de este humilde senador que plantea una cuestión que ya ha sido debatida en nuestra comunidad, que ya ha sido planteada al Gobierno, con la que pretendemos única y exclusivamente que el resto de los grupos de la Cámara apoyen precisamente una necesidad imperiosa en la actualidad a la hora de recabar del ministerio una pronta resolución del problema, motivado por el hecho de que en la actualidad todavía no se haya producido esta transferencia de competencias.
En ese sentido, justo es reconocer que, efectivamente, se van a crear 16 unidades judiciales, que afectan únicamente a once nuevos juzgados --o así se ha anunciado por parte del ministerio, incluso se ha llevado al Consejo de Ministros--. Evidentemente, ello va a recortar en cierta medida las necesidades que tiene la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, pero no es obstáculo para que esas necesidades sigan existiendo en la medida en que se plantea en nuestro moción, por lo que desde el Grupo Popular pretendemos sumar una fuerza más --la que puede aportarse en este caso desde el Senado-- a la hora de reivindicar para Castilla y León estas unidades judiciales, estas obras, estas rehabilitaciones, etcétera
--todo lo que figura en la moción--, porque entendemos que es fundamental para la prestación de un servicio de calidad, ágil y eficaz como es la Justicia para los ciudadanos de Castilla y León.
Nada más y gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ferrández.
Concluido el debate, procede que pasemos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, ocho; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Hemos agotado el orden del día, pero permítanme que, antes de levantar la sesión, en nombre de toda la comisión, les desee una Feliz Navidad y un feliz año 2006 al personal de esta Casa, que nos atiende tan eficientemente, y a los medios de comunicación, que a menudo nos siguen en los trabajos de la misma. Señorías, a todos ustedes --ya lo he hecho personalmente-- les vuelvo a reiterar mis mejores deseos de felicidad durante todos estos días de fiesta y un año 2006 bueno para nosotros, además de para la Justicia.
Se levanta la sesión.
Eran las doce horas y cincuenta minutos.