CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2006 VIII Legislatura Comisiones. Núm. 302 COMISIÓN DE JUSTICIA PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ GARCÍA celebrada el lunes, 3 de abril de 2006

ORDEN DEL DÍA:


-- Comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, del Fiscal General del Estado, D. Cándido Conde-Pumpido Tourón, para explicar las circunstancias del cese del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, D. Eduardo Fungairiño Bringas. (Número de expediente 713/000597).


-- Dictaminar el Proyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. (Número de expediente 621/000045).

Debate y votación de las siguientes mociones:


-- Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió, por la que se insta al Gobierno a la creación durante el año 2005 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del partido judicial de Reus (Tarragona). (Número de expediente 661/000188).


-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para paliar el déficit de infraestructuras en la Administración de Justicia en Palencia. (Número de expediente 661/000210).

Designar Ponencias que han de informar:


-- Proyecto de Ley para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales. (Número de expediente S. 621/000055). (Número de expediente C.
D. 121/000061).



-- Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Número de expediente S.
621/000057). (Número de expediente C. D. 121/000062).

Se abre la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
En primer lugar, propongo a sus señorías una modificación del orden del día, introduciendo un punto nuevo, que sería el último, con objeto de designar las ponencias que informen, respectivamente, del proyecto de ley orgánica para la eficacia de la Unión Europea en las resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, y del proyecto de ley orgánica complementaria del anterior.
¿Tienen algún inconveniente en que se modifique el orden del día? (Denegaciones.) Queda modificado.
Procede también que aprobemos, si no tienen ninguna objeción que hacer, el acta de la sesión anterior: la del día 21 de marzo de este año.
¿Alguna observación al acta? (Denegaciones.) La damos por aprobada.


-- COMPARECENCIA, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, DON CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO TOURÓN, PARA EXPLICAR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CESE DEL FISCAL GENERAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL, DON EDUARDO FUNGAIRIÑO BRINGAS (713/000597).

La señora PRESIDENTA: Comparecencia del fiscal general del Estado, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para explicar las circunstancias del cese del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, don Eduardo Fungairiño Bringas.
Sin más preámbulos, damos la palabra al señor fiscal general del Estado.

El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores senadores, como fiscal general del Estado constituye para mí un honor comparecer de nuevo ante esta Comisión de Justicia del Senado, consolidando así lo que desde el primer momento de mi mandato definí como un objetivo primordial: situar al ministerio público en el lugar que verdaderamente le corresponde dentro del entramado institucional que diseñó la Constitución de 1978.
El hecho de que esta sea mi tercera comparecencia ante el Parlamento en menos de un mes, puesto que los días 8 y 29 de marzo acudí a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar sobre diversas cuestiones, refleja nítidamente el éxito de ese proceso de consolidación institucional, que no sólo supone que los representantes del pueblo se interesan por lo que hace el Ministerio Fiscal y por lo que ocurre en su seno, sino que también, y sobre todo, aproxima a los ciudadanos la idea fundamental de que el fiscal constituye un órgano nuclear del Estado de derecho, cuya actividad se entronca en la esencia misma de la vida democrática. Por eso el fiscal responde ante el pueblo y lo hace en la sede de su representación soberana.
Además, agradezco muy sinceramente, como tuve ocasión de decir hace unos días en el Congreso, que el Parlamento me permita explicar mi actuación sin intermediarios, sin interpretaciones más o menos interesadas y sin confusiones, en fin, derivadas de la falta de rigor o del simple propósito de desgaste a cualquier precio, incluso si ese precio consiste en faltar a la verdad.
En la solicitud que permite mi presencia ante sus señorías esta tarde, el Grupo Parlamentario Popular se interesaba en concreto --y cito literalmente-- por «las circunstancias del cese del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, don Eduardo Fungairiño Bringas».
Lo primero que debo decir es que la pregunta debería ser seguramente respondida únicamente con una frase: El señor Fungairiño renunció a su cargo por razones personales. Creo que sería la respuesta más adecuada, entre otras razones, porque las circunstancias en que se produjo la renuncia me invitan a pensar, como en seguida les explicaré, que esa sería la respuesta que el señor Fungairiño daría a la pregunta.
Sin embargo, es obvio que la evolución posterior de los acontecimientos ha llevado la cuestión al debate público, y ello me obliga, sin perjuicio de que mantenga mi exposición dentro de ciertos limites, a dar algunas explicaciones complementarias, satisfaciendo en lo posible la petición del Grupo Parlamentario Popular, acerca de por qué y cómo se produjo la situación que desembocó en el relevo de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Para empezar, me parece que debo hacer algunas aclaraciones que tal vez resulten innecesarias a sus señorías pero que es probable que convenga transmitir, a través de esta Cámara, al conjunto de los ciudadanos. Me refiero al contexto legal e institucional en el que se producen estos hechos.
Digo que seguramente sea innecesario repetirlo ante sus señorías porque, aparte de que conocen sobradamente el régimen jurídico del Ministerio Fiscal, ya tuve ocasión de exponer claramente las líneas básicas de esta cuestión cuando comparecí ante esta misma comisión el 29 de noviembre

del año 2004 para explicar, no un relevo, sino un nombramiento: el del teniente fiscal de Murcia, hoy por cierto fiscal jefe del TSJ. Además, entre aquel momento y el día de hoy he tenido hasta cuatro ocasiones de hablar más o menos de lo mismo en sede parlamentaria, porque, siempre a instancia del Grupo Parlamentario Popular, los días 30 de junio del año 2004, 28 de febrero y 22 de noviembre del año 2005 y el pasado 29 de marzo de este año, es decir la semana pasada, comparecí ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con la finalidad de exponer las líneas esenciales de lo que este grupo parlamentario denomina la política de nombramientos de la carrera fiscal. Tema éste que, aun no siendo exactamente el mismo que ahora nos ocupa, se basa en una misma lógica jurídica y, por tanto, exige la exposición de los mismos argumentos. De todos modos no tengo inconveniente, en atención a la solicitud de sus señorías --y esta vez en relación con el relevo del señor Fungairiño-- en repetir lo mismo una vez más.
Como dije el pasado miércoles en el Congreso, precisamente en la última de mis intervenciones, a veces se ofrece a los ciudadanos la falsa impresión de que el Fiscal General del Estado hace y deshace a su antojo en el Ministerio Público, sobre todo en materia de nombramientos y ceses, olvidando u ocultando que se trata de una materia cuidadosamente regulada por la ley; es decir, estrictamente delimitada por este Parlamento y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Ese marco legal incluye dos aspectos claramente diferenciados. Por una parte, los requisitos profesionales para ascender o acceder a los cargos del Ministerio Fiscal y para mantenerse en ellos o cesar están netamente delimitados, y debe quedar claro que estos requisitos legales no sólo rigen los nombramientos reglados por estricto orden de antigüedad escalafonal, que son la gran mayoría de los que se producen en la carrera fiscal, sino también el régimen de los nombramientos discrecionales, que, como saben, únicamente abarcan aquellos destinos que así ha establecido de manera expresa el Parlamento a través de la ley, y que son los destinos discrecionales que implican responsabilidad de jefatura en los órganos de la Fiscalía General del Estado, en el Tribunal Supremo y en las Fiscalías Especiales.
El acceso a esos cargos requiere determinadas condiciones de categoría profesional y antigüedad, así como --el Estatuto del Ministerio Fiscal así lo ha establecido-- un sistema de control estricto mediante la intervención del Consejo Fiscal, que precisamente tiene como primera tarea, vinculante además para el fiscal general, controlar el cumplimiento de estos requisitos legales previos.
Por otra parte, sólo para esos destinos que implican una mayor responsabilidad y una vez acreditado que el candidato es idóneo desde el punto de vista profesional y cumple los requisitos de antigüedad e idoneidad correspondiente, la ley atribuye al fiscal general un margen de discrecionalidad; margen de discrecionalidad que, en primer lugar, se pone en manos del Gobierno a la hora de efectuar cada nombramiento completo y que, lógicamente, se proyecta sobre la facultad del Fiscal General del Estado de proponer al Gobierno ese nombramiento.
Como también expuse el pasado día en el Congreso, es fácil comprender el fundamento de este régimen jurídico. En una institución que funciona, por imperativo constitucional, conforme a los principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, el fiscal general del Estado asume la responsabilidad total y absoluta. Es decir, responde por todos y por todo y, en consecuencia, cada acto de cualquier fiscal en cualquier lugar y proceso genera automáticamente la responsabilidad del propio fiscal general; responsabilidad que se le exige de manera cotidiana en este Parlamento y ante la opinión pública.
De ahí que, por elemental lógica jurídica, el legislador, es decir el propio Parlamento, atribuya al fiscal general la facultad de elegir entre aquellos candidatos profesionalmente idóneos a aquél que, a su juicio, se adapta mejor a las exigencias del cargo que hay que proveer. Ése es un juicio en el que también se oye al Consejo Fiscal, si bien en este caso el parecer de los consejeros no es objetivo y reglado, sino meramente subjetivo.
No parece descabellado que si, como también he dicho en alguna ocasión, cada vez que el fiscal general propone el nombramiento de un fiscal jefe está en realidad poniendo una porción de su propia responsabilidad en manos de otra persona, tenga la capacidad de seleccionar a esa persona de entre los candidatos considerados profesionalmente idóneos que cumplen los requisitos legalmente establecidos. Lo que no sería razonable es que el fiscal general se viese obligado a depositar esa responsabilidad en quien entiende que no va a desempeñarla adecuadamente o en quien ya ha dado muestras de no hacerlo de manera que resulte suficientemente compatible con los citados principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica.
Como también conocen sus señorías, este régimen de acceso a los cargos y, lógicamente, el régimen de mantenimiento en ellos, en particular en las jefaturas del Ministerio Público, se completa con el régimen de temporalidad, que originariamente no formaba parte del estatus de los fiscales y que --siempre he dicho que con gran acierto en mi opinión-- fue introducido por el Gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura.
Al acabar con el carácter vitalicio de los cargos, escasamente admisible en un sistema democrático, como con razón señalaba la exposición de motivos al justificar aquella reforma legal, se introdujo un mecanismo de renovación que, aunque produjo ciertas reacciones al comienzo, va tomando carta de naturaleza y se va percibiendo con normalidad en el seno de la carrera fiscal.
La sustitución de unos responsables por otros no se relaciona ni con su nivel de competencia profesional ni con un incumplimiento de sus obligaciones que pueda trascender al ámbito disciplinario. Simplemente se trata de dotar al Ministerio Fiscal del dinamismo y la capacidad de renovación necesarios para que sus órganos puedan evolucionar al paso de la sociedad, como sucede en todos los ámbitos del ejercicio de la función pública, incluso en el ámbito del Poder Judicial. Es así de sencillo.
La conexión de todos estos principios (unidad de actuación, dependencia jerárquica, responsabilidad, temporalidad de los cargos y adaptación a la evolución de la realidad

social) tiene aún otra manifestación más en el régimen estatutario del Ministerio Fiscal. De manera simétrica a lo que ocurre con los nombramientos discrecionales, el artículo 41 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal permite al fiscal general del Estado proponer al Gobierno la remoción de los fiscales jefes.
Me importa subrayar esta simetría. Igual que la ley contempla la decisión discrecional de proponer a un jefe entre varios candidatos que pueden ser igualmente idóneos, también permite, sin cuestionar en absoluto las actitudes profesionales de cada fiscal, la aplicación de los mismos principios que ya he enunciado con anterioridad para proponer el relevo del cargo.
Se lo dije a sus señorías hace un momento, no tendría ningún sentido que en un órgano sujeto a la unidad de actuación y a la dependencia jerárquica el Fiscal General del Estado tuviese que asumir como propia e inevitable la responsabilidad por la actuación de un fiscal jefe que no asimile recíprocamente como propias las prioridades que inspiran esa unidad de actuación, que no comparta las directrices o simplemente no coincida de manera reiterada y relevante en los planteamientos jurídicos o en los objetivos genéricos de la política criminal o de la acción pública, que es la que realiza el Ministerio Fiscal ante los tribunales en el ejercicio de la política criminal genérica, hacia los cuales se trata de orientar la acción del Ministerio Fiscal; una orientación que, obviamente, corresponde dirigir en todas las materias y de acuerdo con la Constitución al fiscal general en el legítimo y obligado ejercicio de su función constitucional.
El sistema, por tanto, tiene una lógica establecida por el legislador, que consiste en que quien asume la responsabilidad por el trabajo que hace otro, evidentemente no puede ser cautivo de la voluntad o del criterio de otro. O se desplaza dicha responsabilidad, cosa que nuestro ordenamiento no permite, o se habilitan los medios para que quien responde por sus propios actos --el fiscal general-- y por los que sus subordinados puedan realizar, llegado el caso, pueda abrir la vía de sustitución de esos subordinados, respondiendo también por esa decisión última de abrir la vía de la remoción tal y como yo estoy respondiendo en este mismo instante ante sus señorías.
Éste es el marco jurídico y el fundamento constitucional e institucional que he querido dejar muy claros, aun a riesgo de aburrir a sus señorías, porque me parece muy importante que se entienda que justamente, que precisamente ésa es la más importante circunstancia, yo diría --siguiendo la terminología que emplea el Grupo Parlamentario Popular--, que hay que tener en cuenta para comprender los hechos a los que se refiere la solicitud de comparecencia.
Dicho esto, tengo que aclarar algo más. En el caso concreto que nos ocupa, se dio, además, en ese contexto jurídico otra circunstancia que, como he adelantado hace unos instantes, creo que debe limitar en cierta medida el contenido de mis manifestaciones ante sus señorías.
Como ya les explique el pasado miércoles a las señoras y señores diputados, mi decisión de proponer al Gobierno el relevo del señor Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional fue acompañada de una sugerencia alternativa dirigida al propio interesado en el sentido de que fuese él mismo quien, si lo estimaba oportuno, presentara su renuncia voluntaria.
No creo que haga falta explicar las razones de esa proposición puesto que me parecen bastante fáciles de imaginar, pero por si acaso es necesario, entenderán sus señorías que la larga trayectoria del señor Fungairiño como fiscal de la Audiencia Nacional, el hecho de haber sido el fiscal jefe de esa Fiscalía que más tiempo ha permanecido en el cargo, así como sus aptitudes profesionales como fiscal especializado en terrorismo, que le han merecido reconocimiento en amplios ámbitos de la carrera fiscal y de la sociedad, constituían razones bastantes para tratar de evitar el previsible desgaste que habría supuesto para la institución y para el propio afectado la apertura y la tramitación del expediente contradictorio de remoción que, además, en ningún caso habría conducido a evitar el mismo resultado, esto es, a evitar la sustitución del señor Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
Me parece que aquel planteamiento fue cabalmente entendido y aceptado por él, y de hecho, en un gesto de inteligencia y de lealtad institucional que le reconozco, efectivamente decidió presentar su renuncia en el acto alegando razones personales que, como es obvio, creo que no deben ser cuestionadas.
Ahí es donde precisamente entiendo que se levanta la frontera que no debo franquear esta tarde ante sus señorías, Por decirlo con las mismas palabras que el otro día utilicé en el Congreso, no sería ni justo ni leal ni correcto que yo viniera a exponer a esta Cámara y a airear en público un catálogo de agravios que, si no entiendo mal, es precisamente lo que el propio interesado trató de evitar al optar por la vía alternativa de formalizar su renuncia.
Tengan en cuenta las señoras y señores senadores que el señor Fungairiño tenía sobrados elementos de juicio para ponderar esa decisión personal, puesto que nueve años atrás su propio nombramiento se había producido quizá como consecuencia --en realidad no sé si fue como causa o como consecuencia-- de una grave crisis institucional que incluso le llegó a costar el cargo al entonces fiscal general del Estado, y que tuvo efectos traumáticos para la propia institución y para todos los profesionales implicados en aquellos acontecimientos.
Por tanto, no me costó demasiado comprender --aunque parece que a algunos sí les ha costado-- que quien durante una larga etapa había cumplido una función y tiene abierta la vía para desempeñar otra en el ámbito de su especialidad --creo que no menos importante--, prefiera evitar un nuevo proceso catártico como aquél y decida simple y voluntariamente y con plena libertad dar ese paso dentro de los márgenes de la normalidad institucional del Ministerio Fiscal.
Me parece que, en consecuencia, todos debemos ser --o por lo menos el fiscal general lo debe ser-- respetuosos con esa decisión y con los efectos que de ella cabría esperar. Así que me permitirán que para referirme a los motivos que inspiraron mi decisión de plantearle al señor Fungairiño la necesidad de su relevo en el cargo que ocupaba, me limite a

reiterar, aplicado al caso concreto y sin entrar en detalles, lo que ya he dicho hace unos instantes.
Todo el mundo comprende que la Fiscalía de la Audiencia Nacional constituye uno de los puestos de vanguardia del ministerio público en la defensa del Estado de Derecho. Por la naturaleza de los asuntos de los que conoce, y por el hecho de ser su actividad objeto permanente de seguimiento y atención por parte de la opinión pública, es claro que el grado de conexión entre ese órgano clave del Ministerio Fiscal y la Fiscalía General del Estado debe ser estrecho, y la comunicación continua, fluida y completa. Esas premisas, que deben ser enmarcadas en el régimen de responsabilidasd al que antes me referí, es decir, en la idea de que el fiscal general del Estado responde directamente y en tiempo real de cada movimiento que se produce en esa fiscalía, exigen que el mecanismo funcione sin fallos o con los mínimos posible.
Desde que accedí al cargo de fiscal general, y pese a los reiterados intentos por evitar cualquier tipo de disfunción, he ido consolidando la percepción de que las disfunciones que en un momento inicial podían deberse a la necesidad de una paulatina adaptación que llevaría su tiempo, no sólo no se iban resolviendo, sino que, transcurridos ya casi dos años, en algunos casos se intensificaban. Entiendan sus señorías que estoy hablando de defectos de comunicación, de malos entendidos, de falta de fluidez en la transmisión de las informaciones o de actuaciones no suficientemente ajustadas al sentido y a los objetivos de los instrucciones que se impartían desde la Fiscalía General del Estado.
No se trata, por tanto, o por lo menos no se trata de un modo flagrante, de actuaciones susceptibles de reacción por vía disciplinaria, como algunos han sugerido, sino simplemente de defectos de funcionamiento objetiva y fácilmente constatables; defectos que, con independencia de a quién o por qué se pudieran imputar, está claro que en una organización jerárquica constituyen una responsabilidad del jefe. Y cuando digo del jefe, noten sus señorías que con arreglo al esquema estatutaria que antes expuse, no me refiero sólo al jefe directo, es decir, al responsable del órgano, sino también al jefe responsable final, que era y es quien ahora les habla. Es imposible responder, incluso ante este Parlamento, de la actuación de una concreta fiscalía o de sus miembros cuando no se tiene la plena capacidad material de conocer y de orientar su actuación, ni la seguridad de que esa actuación se va a producir con arreglo a los planteamientos y a los criterios de quien, repito una vez más, acabará respondiendo por lo que haga cada uno de esos fiscales en cada uno de los casos de los que conozcan.
De modo que si a lo largo del tiempo --y hubo bastante para comprobarlo-- se suceden el tipo de actuaciones que he descrito, a veces en casos muy importantes y con consecuencias serias, y quien aparece como responsable final --el Fiscal General del Estado-- no tiene la percepción de que se produzca una mejora en la comunicación sino más bien todo lo contrario, sólo hay dos vías para poder seguir asumiendo esa responsabilidad con un mínimo de rigor: o bien que el propio fiscal general del Estado se dedique, como ha hecho en alguna ocasión, a dirigir directa y personalmente la Fiscalía de la que se trata desempeñando de facto las funciones del fiscal jefe, lo que como comprenderán ni es materialmente posible ni legalmente aceptable, o bien sustituir al responsable directo del órgano con el fin de que otra persona que le suceda trate de corregir esos defectos que durante casi dos años no han sido o no han podido ser resueltos por él.
A eso me referí en su momento con la expresión, inmediatamente convertida en titular, de que «la paciencia tiene un límite». No se trataba en absoluto de una cuestión subjetiva o de un capricho personal, sino de responsabilidad institucional. El fiscal general no podía seguir respondiendo a diario de aquello que en ocasiones le resultaba sencillamente imprevisible y en otras no se ajustaba realmente a sus criterios o a las instrucciones dictadas con carácter general.
El riesgo no era menor. En realidad se trataba de que pudiera llegar el momento en que, lo que hasta entonces habían sido meros conatos, en un momento dado pudieran derivar en un conflicto grave. Ese riesgo, atendiendo a la naturaleza del órgano y a la materia que nos ocupa, era tan evidente como inasumible, pero no para el fiscal general, que también, sino para la propia institución y ante el conjunto de la sociedad, frente a la cual sería demoledor que en algún asunto judicial de la máxima trascendencia se pudiera poner de manifiesto una imagen o, lo que es peor, una realidad de descoordinación o de falta de comunicación o de entendimiento entre la fiscalía encargada de velar por la legalidad dentro del proceso y el responsable máximo del Ministerio Fiscal.
Es posible --aunque créanme que también lo dudo mucho-- que en otro ámbito jurisdiccional, en materias de menor trascendencia o relevancia pública y social, una situación semejante pueda mantenerse hasta el momento del relevo ordinario del fiscal jefe afectado, asumiendo el riesgo de que esa bomba de relojería pueda estallar o no. Pero convendrán conmigo en que ocultar o dilatar indefinidamente la solución de ese problema cuando se plantea en la Audiencia Nacional, y, pese a los meses transcurridos, no se vislumbran soluciones, habría constituido una absoluta temeridad por mi parte. Y desde luego al margen de esa más que probable eventualidad de que uno de esos conatos de fuego, hasta ahora extinguidos, terminara por desencadenar un incendio capaz de causar un daño serio a la institución, tampoco conviene desdeñar el efecto generado el día 10.
Como les decía, la opción alternativa al relevo del fiscal jefe se traducía --y de hecho se había traducido hasta ese instante-- en un permanente esfuerzo desde la Fiscalía General del Estado por tratar de hacer fluir la información y asegurar la debida coordinación y la debida aplicación de los criterios de unidad de actuación del Ministerio Fiscal, lo cual suponía un coste de tiempo y de medios que no puede asumirse de una manera indefinida, cuando precisamente la organización jerárquica del Ministerio Fiscal está concebida para poder distribuir ese esfuerzo en vertical, delegando en los fiscales jefes la responsabilidad de asegurar estos fines, y no directamente en el fiscal general.
Ésas son, por tanto, las razones que abocaron a que este fiscal general se viera en la inexorable y ya inaplazable tesitura

de tener que tomar una determinación. Como ven, no era, repito, ni un capricho ni una decisión inspirada por criterios personales o de afinidad, y muchísimo menos de naturaleza política. Se trataba simplemente de un problema profesional y organizativo, que se resume de una manera extraordinariamente fácil. El fiscal general tenía que optar entre dos posibilidades: una, seguir asumiendo responsabilidades por actos de otros que, pese a los reiterados esfuerzos realizados desde la Fiscalía General, no acababan de integrarse en una relación profesional fluida, por lo que en muchas ocasiones le era extraordinariamente difícil endosar esos actos como si fueran propios; y la otra, asumir de una vez y por todas su responsabilidad personal y directa, y tratar en consecuencia de reconducir la situación por la vía que especialmente habilita la ley para estos supuestos, es decir, por la vía prevista en el estatuto orgánico del Ministerio Público: la remoción del fiscal jefe.
Que el propio fiscal jefe afectado fuese capaz de entender esta situación y de actuar en consecuencia formulando su renuncia voluntaria, no hace más que, por una parte, corroborar que el problema existía y que era grave, y, por otra parte, allanar el camino para la solución de ese mismo problema, lo que, como digo, le agradecí y le agradezco, si bien me interesa dejar claro --y por tanto repetir-- que esta renuncia voluntaria fue una opción que yo mismo le ofrecí, en atención a sus circunstancias personales y profesionales, como antes he expuesto. Además la salida voluntaria tenía una consecuencia práctica favorable para el propio fiscal cesante, ya que, de acuerdo con el artículo 41 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de esa manera quedaba automáticamente adscrito a la Fiscalía del Tribunal Supremo, sin necesidad de acudir a concursos u otro tipo de expedientes. Deben recordar que cuando el fiscal jefe al que nos referimos compareció, a través de un concurso, para ser nombrado fiscal jefe de la Audiencia Nacional, hubo tres sucesivos concursos en los que la totalidad del Consejo Fiscal le otorgó cero votos, y, por tanto, el pasar por un concurso y por el consejo para atribuirle otro cargo no era, indudablemente, el medio que el propio señor Fungairiño podía considerar más favorable. Mediante la renuncia se facilitaba legalmente la incorporación inmediata del señor Fungairiño, si él lo estimaba conveniente, a tareas propias de su especialidad en la proximidad inmediata de fiscal general, tal y como efectivamente ha ocurrido.
Sin embargo, paradójicamente, el otro día me criticaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados por lo que él llamaba las formas, refiriéndose --en plena coincidencia argumental, por cierto, con algún comentario publicado por la asociación conservadora de fiscales-- a que al día siguiente de aquella decisión expliqué en un acto público que lo que, en un primer momento, se había presentado como una renuncia voluntaria, en realidad tenía su origen en una decisión de relevo tomada por el propio fiscal general del Estado.
Creo que para aclarar esta cuestión no hay mejor argumento que el que aporta la secuencia exacta de los acontecimientos, y se los voy a resumir brevemente.
Adoptada la decisión de remover, conforme a la ley, al fiscal jefe de la Audiencia Nacional de su cargo, por los motivos que anteriormente les he explicado, entendí que debía actuarse con la máxima reserva y cautela, precisamente para evitar que el señor Fungairiño y el Ministerio Fiscal en su conjunto pudieran verse sorprendidos por cualquier información oficiosa o por cualquier rumor que pudiera significar que la comunicación de esa decisión de relevo no llegase al afectado, como a mi entender debía ser, directamente de boca del fiscal general del Estado. Entendí que ésa era la forma correcta y respetuosa de hacerlo, precisamente porque, como he explicado, me pareció obligado ofrecerle la oportunidad de zanjar la situación mediante un acto de aceptación por su parte, ahorrándole cualquier coste personal y ahorrando también cualquier coste profesional o institucional.
Y así se hizo. La comunicación de mi decisión se llevó a cabo en el despacho oficial del fiscal general del Estado. Estaban presentes, aparte del interesado, sólo dos personas más: el teniente fiscal del Tribunal Supremo, que es, como saben, tras el fiscal general, el responsable máximo de la carrera fiscal, y que acumula la condición de miembro nato del Consejo Fiscal, a lo que se añade además que el teniente fiscal del Tribunal Supremo pasaba a ser el superior jerárquico orgánico del señor Fungairiño, al quedar éste adscrito, como correspondía y enseguida explicaré, a la Fiscalía del Tribunal Supremo. La otra persona era la fiscal jefe de la Secretaría Técnica, fiscal de sala que, como es obvio, debía actuar en el ejercicio de sus atribuciones, no sólo de asistencia directa al fiscal general del Estado, sino especialmente en sus funciones de secretaria de la Junta de Fiscales de Sala, como responsable máxima de la debida documentación de aquel acto que, en el caso de que el señor Fungairiño no hubiese optado por presentar su renuncia voluntaria, habría concluido con la apertura del correspondiente expediente administrativo de remoción o relevo.
Quiero subrayar que tuve especial cuidado en que no estuviese presente el fiscal jefe de la Inspección Fiscal. Posiblemente hubiera debido estar, porque es el responsable último de la situación profesional o funcionarial de los fiscales, pero como también acumula a este cometido la dirección del órgano encargado del régimen disciplinario, preferí --y así se lo expliqué-- evitar cualquier posible confusión acerca de la naturaleza de la decisión que iba a comunicar a don Eduardo Fungairiño, excluyendo de este modo cualquier planteamiento de naturaleza disciplinaria, que no era el origen ni el objeto de aquella decisión.
Estábamos en el ámbito de la organización, de la coordinación, del buen funcionamiento de las instituciones del Ministerio Público, pero no estábamos en absoluto en el ámbito de exigencia de responsabilidades disciplinarias.
Pues bien, comunicada en esas circunstancias al señor Fungairiño la decisión del relevo, tras un amplio intercambio de observaciones, me expresó su voluntad de aceptar la alternativa y, por tanto, de formalizar su renuncia voluntaria. Por eso, a tal fin, se redactó en el acto el correspondiente escrito conforme a sus propias indicaciones, sobre la base de un borrador previamente preparado por los servicios técnicos de la Secretaría de la Fiscalía General del Estado.


Por cierto, en aquella conversación comuniqué al señor Fungairiño que, dado que la ley establece que al cesar en su cargo los fiscales con categoría de fiscal de Sala, que es la categoría que él ostenta, quedan adscritos a la Fiscalía del Tribunal Supremo, mi intención era aprovechar su experiencia y su especialización en materia de terrorismo procediendo a su designación como asesor del fiscal general del Estado en esta materia.
Producida la firma del escrito de renuncia, que el fiscal general aceptó porque legalmente así se establece en el Estatuto Fiscal --la renuncia debe ir seguida o no de aceptación por parte del fiscal general del Estado, y ésta se produjo formalmente esa misma tarde--, el señor Fungairiño volvió a su despacho en la fiscalía, donde me consta que comunicó su decisión a los compañeros y al resto de los funcionarios del órgano y, en coherencia con lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado hizo pública inmediatamente una nota de prensa en la que de manera escueta se ponía en conocimiento de la opinión pública la decisión de renuncia voluntaria por razones personales del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y se anunciaba que el señor Fungairiño seguiría desempeñando funciones relacionadas con su especialidad para aprovechar sus conocimientos y su experiencia en la lucha antiterrorista.
Sin embargo, en las siguientes horas, los medios de comunicación, por razones que desconozco y que no son imputables a la Fiscalía General del Estado, cumpliendo probablemente con su función de rebuscar o profundizar al máximo en la información que proporciona a la sociedad, comenzaron a cuestionar la motivación personal alegada por el renunciante e incluso a cuestionar el propio carácter voluntario de la renuncia, y además empezaron a sugerir conjeturas y teorías acerca de los motivos y circunstancias de ese relevo, que, rozando a veces lo fantástico, amenazaban, si hubiesen seguido proliferando y creciendo, con producir un efecto de desgaste institucional aún mayor que el que se había tratado de evitar.
Comprenderán que el fiscal general del Estado debió mantener, como escrupulosamente lo hizo, las reservas sobre las razones y sobre el exacto contenido de la gestación, del desarrollo y del resultado de aquella decisión, hasta el punto de facilitar una nota de prensa que precisamente fue criticada por su excesivo laconismo; es verdad que algún medio de comunicación criticaba precisamente que se hubiese despachado esta cuestión de una manera tan lacónica. Así se hizo con el entendimiento de que de esta manera se respetaba la voluntad del propio afectado de mantener lo acontecido en el ámbito de la decisión estrictamente personal. Debo decir que se propuso que en la nota se incluyesen motivos más amplios para explicar esta renuncia, pero el interesado prefirió optar exclusivamente por hacer referencia a lo estrictamente personal, y, en consecuencia, si lo acontecido se mantenía en este ámbito la Fiscalía General prefirió mantenerlo también en este ámbito.
Comprenderán que si al día siguiente, habiéndose producido en las horas previas una auténtica cascada de hipótesis y de informaciones especulativas, en un acto público le preguntan al fiscal general si con carácter previo a la renuncia había una decisión profesional de remoción, tomase en consideración que el serio riesgo del daño institucional podría ser aún mayor si seguía creciendo la espiral de conjeturas y decidiera, en consecuencia, poner freno a ese proceso de especulaciones facilitando a la sociedad la información complementaria que era necesaria para establecer una versión completa, exacta y veraz de lo sucedido, aunque recuerden que me limité a explicar lo mismo que ahora he repetido: que por razones estrictamente profesionales le pedí al señor Fungairiño que renunciara a su cargo y que él aceptó por razones estrictamente personales.
De modo que si no se mantuvieron las formas no fue por parte de este fiscal general, que primero trató de evitar cualquier tipo de desgaste personal o profesional para el afectado y para la institución, habilitando la alternativa de la renuncia personal, y una vez aceptada fui rigurosamente leal con ese compromiso informando exclusivamente a través de una nota de prensa de que esa renuncia se había producido, sin mencionar en ella ningún problema de funcionamiento o ningún defecto de cumplimiento de instrucciones que pudiese enturbiar esa manifestación.
Si las formas se estropearon o si fueron dinamitadas tal vez con la finalidad de generar este desgaste que los directamente afectados habíamos tratado de impedir, podrán comprender sus señorías que no es algo de lo que la Fiscalía General del Estado, personalmente este fiscal general, debamos ni podamos responder, ni me parece que tampoco debe hacerlo el señor Fungairiño, aunque, como comprenderán, ni lo sé ni me corresponde juzgarlo.
El resto de lo acontecido corresponde al riguroso funcionamiento de los resortes legales. La dirección de la Fiscalía fue asumida por el teniente fiscal, que viene desempeñando con absoluta normalidad sus funciones y que en el escaso tiempo transcurrido ha tenido ocasión de acreditar su sobrada capacidad para ello, desempeñando una actuación muy meritoria en circunstancias muy complicadas, porque, como saben, ha tenido que hacer frente a asuntos de extrema dificultad y de enorme repercusión pública, y no ha fallado ni un solo engranaje.
El próximo día 25, como ustedes saben, se reunirá el Consejo Fiscal en el que se resolverá el concurso para cubrir la vacante del fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Ya he dicho públicamente que hay ocho candidatos, todos ellos profesionalmente idóneos, lo que ofrece un abanico de muchas posibilidades que permite garantizar que el resultado será, en todo caso, la designación de un profesional perfectamente cualificado para asumir la función. Se trata, por tanto, de elegir entre esos candidatos, oído el parecer del Consejo Fiscal, a aquel que presente un perfil más adecuado para conducir la actuación de la Fiscalía en los términos no de confianza personal o de afinidad, como por ahí dicen que yo he dicho, sino en términos de fluidez en la comunicación, de entendimiento profesional, de rigor organizativo y de transparencia de funcionamiento, que son imprescindibles por las razones que he expuesto con anterioridad.
En cuanto al señor Fungairiño, me limitaré a concluir diciendo que he cumplido mis compromisos y que al tomar posesión en su nuevo destino de fiscal del Tribunal Supremo adscrito a la Sección Penal, le he designado formalmente

en el acta de su nombramiento como asesor directo del fiscal general del Estado en materia de terrorismo, función que, efectivamente, ya ha comenzado a ejercer llevando a cabo diversas actuaciones importantes, como la participación, en representación de la Fiscalía General del Estado en reuniones operativas de nivel internacional sobre dicha materia o la intervención, por ejemplo la semana pasada, en una comisión rogatoria desplazada a Marruecos a donde se desplazó también, en nombre de la Fiscalía General del Estado, el señor Fungairiño, en el marco de una de las investigaciones sobre terrorismo islamista que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, acompañando, por cierto, al magistrado juez de la Audiencia Nacional, don Fernando Grande-Marlaska.
Y hasta aquí llega cuanto puedo explicar. He tratado de dar, con las justificadas limitaciones que he expuesto, la información más detallada posible, y con ello espero haber cumplido suficientemente la petición del Grupo Parlamentario Popular, aunque me disculparán sus señorías por añadir una reflexión más en este punto.
Me reitero sin reserva alguna en mi disposición de comparecer en el Parlamento cuantas veces sea requerido para ello y de facilitar a los representantes del pueblo cuanta información soliciten con la mayor exhaustividad posible, pero no puedo dejar de observar que cuando se trata de materias de estricta organización interna atinentes al exclusivo ejercicio de competencias funcionales que la ley atribuye al fiscal general en el marco funcional y organizativo de la institución que dirige, un grado de control tan intenso como el que hoy se materializa en esta comparecencia puede presentar algún efecto secundario que, con todo respeto, me atrevería a rogar a la Cámara que en el futuro tomen en consideración.
Por una parte, dado que ese control intenso de la gestión interna no me parece habitual --al menos, observando el entorno, y en relación con otros órganos del Estado--, puede producirse cierta distorsión de nuestra imagen institucional ante los ciudadanos, quienes tal vez puedan llegar a percibir como sospechoso o anómalo, en tanto que aparentemente merecedor de especial atención del Parlamento, lo que, como digo, no es más que la gestión ordinaria e incluso podría decir que doméstica del Ministerio Fiscal. Por otra parte, quizá genere en la propia Cámara una sensación de insuficiencia o falta de contenido, puesto que, como ocurre en este caso, por mucho que el fiscal general se esfuerce en aportar datos y detalles, hay una parte importante de esta realidad interna que resulta imposible trasladar al exterior, ya sea porque afecta a situaciones personales o a detalles atinentes a la intimidad o dignidad de los funcionarios públicos o, sencillamente, porque sería precisa una exploración integral de claves internas de la institución, cuya complejidad impide absolutamente ni siquiera intentarlo en un acto como este.
En todo caso, he intentado hacer llegar a sus señorías, con la mayor claridad posible, el resumen de lo sucedido, las razones de mi actuación y el estado actual de la cuestión.
Concluiré añadiendo que, a partir de ese nuevo estado de cosas, abriéndose por tanto la perspectiva de que los obstáculos, los impedimentos y las dificultades en el aspecto organizativo y funcional de la fiscalía de la Audiencia Nacional puedan verse definitivamente removidos, este fiscal general se encuentra en condiciones de renovar su firme compromiso en la lucha contra el terrorismo de cualquier signo y en la estricta y rigurosa defensa del Estado de Derecho; defensa que consiste --y esto sí me gustaría subrayarlo antes de terminar-- en aplicar la Constitución y la ley, atendiendo a las circunstancias de cada caso y con criterios estrictamente jurídicos y no --por si alguien pudiera confundirse o persistir en su error-- en hacer gestos o aspavientos para la galería, ni en obedecer criterios políticos ni del Gobierno, ni de la oposición, ni tampoco de los medios de comunicación que apoyen a uno u a otro, ni, desde luego,en convertirse en diana de quienes no entiendan, o no quieran entender, porque tal vez no les interesa, que una cosa es aplicar el derecho a la realidad, que es nuestra función, y otra bien distinta emplear el derecho en interés propio y, por tanto, instrumentalizar nuestra función, para negar o impedir esa misma realidad.
Por todo ello, quiero terminar dirigiendo a sus señorías el mismo ofrecimiento y la misma petición con la que cerraba el otro día mi intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Me permitirán que reproduzca mi intervención de forma literal, para que quede recogido exactamente el mismo mensaje en el «Diario de Sesiones» de ambas Cámaras, de modo que ese compromiso quede plasmado, con toda claridad y precisión ante los ciudadanos que en ellas están representados.
Decía entonces, y repito hoy, desgraciadamente, con mayor motivo: En los últimos días, a veces en medio de cierta tormenta política y mediática, he tenido ocasión de reflexionar, incluso públicamente, sobre la necesidad de que el Ministerio Fiscal pueda desempeñar sus funciones con la autonomía que la Constitución le atribuye, en garantía de su imparcialidad y, en fin, en garantía de los derechos de los ciudadanos.
Espero haber contribuido con mis explicaciones a aclarar dudas y deshacer malentendidos que, en mi opinión, dan lugar, a veces, a juicios de valor absolutamente infundados. Sé que a quien lo haga de mala fe, como instrumento de su propio interés particular, nunca se le podrá convencer de nada.
Como dije al principio, agradezco a esta Cámara, y en especial al Grupo Parlamentario Popular, que me haya brindado la ocasión de explicar hechos y exponer razones. Por mi parte, solo me queda pedir a todos, una vez más, como me exijo a mí mismo, rigor en el análisis, respeto institucional y responsabilidad en el ejercicio de la legítima crítica, asumiendo, por encima de cualquier otra idea, que el Ministerio Fiscal no es de nadie ni está en contra de nadie; es una institución al servicio de todos los ciudadanos, que trabaja mucho y trata de hacerlo bien, aunque, como también he dicho, no es precisamente fácil.
Porque es muy difícil y porque no sería sincero si no dijera a sus señorías que sospecho que puede serlo todavía más, no quiero salir de esta sala sin volver a solicitar de todos los grupos, sin excepción alguna, la confianza, el apoyo y la colaboración que necesita una institución que,

como acabo de repetir, solo aspira a trabajar al servicio de los ciudadanos.
Cuando he dicho que gradezco al Grupo Parlamentario Popular que, a través de su solicitud, me haya permitido explicar nuestra posición, no he querido ser ni cínico ni irónico, solo he querido expresar, con absoluta sinceridad, que me gustaría haber cumplido con el objetivo de proporcionar las explicaciones procedentes.
He venido a la sede de la soberanía popular para decir, una vez más, lo que he dicho siempre: que, en lo que al fiscal concierne, el Estado de Derecho ha funcionado y va a seguir funcionando, sin fisuras y sin excepciones. No haremos nada que no esté en las leyes que emanan de este Parlamento, ni dejaremos de hacer nada que esas mismas leyes nos exijan hacer. Podremos, seguramente, cometer errores, y soy muy consciente, plenamente consciente, de que, por ello, estamos sujetos a la crítica pública, pero también estoy convencido de que ese mismo Estado de Derecho será mucho más fuerte, en un momento en que esa fortaleza es especialmente necesaria, si, aunque esté sujeto a esa legítima crítica, se permite operar al Ministerio Fiscal en el ámbito que le es propio, apartando de su actuación los focos del debate político continuo, ahorrando al Ministerio Fiscal los titulares sensacionalistas y, sobre todo, permitiéndole alejarse del campo de batalla del acoso y de la descalificación permanente.
Por ello, les digo a sus señorías que no pienso cejar en el empeño. El ministerio público que dirijo sigue necesitando la colaboración de todos, porque su empresa es la de todos. Por tanto, quiero que mis últimas palabras en esta intervención sean para reiterar mi gratitud y la petición, a todos y todas los señores senadores, a todos y cada uno de ellos, sin distinción ideológica, al margen de las estrategias políticas o de partido, de colaboración y ayuda. Les aseguro que, si cuenta con ese mínimo de consenso, el Ministerio Fiscal no les va a fallar.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Conde-Pumpido.
Corresponde ahora la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, peticionario de la comparecencia. A continuación, intervendrán los portavoces de aquellos grupos que quieran hacer uso de la palabra.
El señor Conde tiene la palabra.

El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señora presidenta.
¿Por cuánto tiempo?
La señora PRESIDENTA: Administraré el tiempo con menos interés que su función.

El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señora presidenta.
Señor fiscal general del Estado, suele ser costumbre, cuando un grupo parlamentario solicita la comparecencia de una autoridad del Estado, comenzar por agradecerle su presencia. Yo lo haré, pero, en vista de sus palabras, antes de cumplir con la tradición, me veo en la necesidad de hacer algunas precisiones, por razones obvias, empezando por sus palabras, casi sus últimas palabras, y también por las primeras.
Durante su intervención nos ha recordado el número de veces que ha comparecido usted ante las Cortes Generales; nos ha dicho que esta es la tercera comparecencia en un mes; nos ha pedido, en cierto modo, que nos saliéramos del debate político, al igual que ha expresado estar plenamente dispuesto a continuar acudiendo ante los órganos de la soberanía nacional. Sin embargo, su disposición, sinceramente, nos es indiferente; que usted esté o no dispuesto a comparecer ante las Cortes Generales es una cuestión que a los senadores del Grupo Parlamentario Popular nos sirve como dato, pero, desde luego, ni nos vincula ni nos afecta. Está usted aquí por imperativo de lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto del Ministerio Fiscal; está usted aquí porque tiene la obligación de comparecer ante las Cortes Generales, exista o no disposición del fiscal general a dar cuentas de su actuación ante las Cortes Generales; y vendrá usted aquí tantas veces como lo pida el Grupo Parlamentario Popular y así se adopte y se acuerde por la Mesa de la comisión y de la Cámara. Vendrá usted a explicar lo que solicitemos, si lo que solicitamos se considera conveniente: cualquier elemento organizativo de la carrera fiscal o cualquier cuestión que usted ha preferido permaneciera al margen del debate político, si son de nuestro interés, serán objeto de petición de comparecencia. Porque, señor fiscal
--y le agradezco su presencia en esta comisión--, la fiscalía no es una zona de sombra en nuestro Estado de Derecho ni en nuestra democracia parlamentaria, ni el fiscal general del Estado es persona ni autoridad que deba permanecer al margen, como un espíritu puro, como un elemento angélico, de lo que sucede en la organización política de un Estado como es España. Nos interesa saber qué pasa en la fiscalía española, nos interesa saber qué decisiones toma el fiscal general del Estado y reclamamos el derecho a poder opinar sobre cada una de las decisiones que el fiscal adopte, porque estamos cumpliendo con nuestra función.
Señor fiscal, a nosotros no nos va a encerrar en un despacho con el teniente fiscal del Tribunal Supremo para presentarnos qué es lo que tenemos que hacer o qué nos va a suceder en caso contrario; nosotros actuaremos libremente porque será el mejor modo de ser libres. Y digo todo esto porque parece que al señor fiscal general del Estado le molesta lo que tengan que decir los políticos --no me lo invento yo, son palabras del propio fiscal general del Estado--. ¿Recuerdan cuando el señor fiscal general del Estado --por cierto, con un tono absolutamente lamentable, de una falta de respeto intolerable al jefe de la oposición-- dijo: Por favor, Mariano, deja al fiscal en paz que su trabajo ya es bastante difícil y no le gusta que los políticos interfieran en su actividad --fin de la cita.
Pues bien, señor fiscal general del Estado, los políticos --y mire que resulta grandioso tener que recordarlo a estas alturas de la película--, los parlamentarios, somos los depositarios de la soberanía nacional, que es en último término de donde procede su propia legitimidad como fiscal general del Estado. Pretender que nosotros nos mantengamos al margen de la actuación de uno de los órganos

del Estado como es la Fiscalía General que usted ostenta es pretender --como he dicho antes-- mantener en zona de sombra una de las instituciones más importantes de un Estado de Derecho como es la fiscalía que usted dirige. Y, desde luego, señor fiscal, lamentablemente, por más que haga usted este tipo de declaraciones, por más que utilice usted ese tono --que, insisto, es lamentable y reprobable--, seguirá teniendo usted que dar explicaciones, y creo que al ritmo que usted lleva no van a ser precisamente pocas.
Señorías, entremos ya en el asunto que nos ocupa después de este breve exordio que he intentado, eso sí, no fuese hecho en actitud vociferante, no fuera a ser que con el nuevo tipo penal inventado por el señor Conde Pumpido me fuera a caer a mí la fiscalía encima (Risas.) y me detuvieran, como han hecho ustedes detener a dos compañeros de mi partido político por estar en actitud vociferante frente a un ministro. Yo he procurado mantener el tono lo más suave posible para no incurrir en los nuevos tipos penales que su señoría alumbra. (El señor Mansilla Hidalgo pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Mansilla, no estamos en otros ámbitos donde estas cosas se permiten.

La señora PRESIDENTA: Señorías, no establezcan diálogo entre sí.
Continúe.

El señor CONDE BAJÉN: Continúo, señora presidenta, no se preocupe, si tengo mucho interés en continuar.
Entraremos en la cuestión que nos ocupa. El señor Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, resulta que deja de serlo y los ciudadanos se preguntan --y los políticos, con perdón, que representamos a los ciudadanos, también nos lo preguntamos-- por qué ha cesado el señor Fungairiño. ¿Ha cesado por motivos personales, ha cesado por una medida disciplinaria? Atendiendo a las explicaciones públicas que da la Fiscalía General del Estado, resulta que son sólo razones personales; atendiendo al comienzo de la comparecencia del señor fiscal general del Estado, también son razones personales --así lo ha dicho el señor fiscal--. Cito de memoria y por tanto probablemente no seré demasiado exacto, pero el señor fiscal general ha dicho: Respondería tranquilamente la petición de comparecencia del Grupo Parlamentario Popular diciendo que los motivos del cese son exclusivamente razones personales. Pero acto seguido, señorías, se nos ha expuesto todo un relato de los hechos, se nos ha narrado una serie de acontecimientos --por cierto, más propios de la trilogía de Francis Ford Coppola que del funcionamiento regular de las instituciones del Estado--, donde resulta que se coge a un fiscal, se le sienta en el despacho del fiscal general del Estado y se le dice: O dimites por razones personales o te abro un expediente, y si te abro un expediente resulta que vas a perder el puesto que tienes, vas a tener que ir al Consejo Fiscal a que informe tu concurso; de otro modo, si te portas bien, si presentas la renuncia, tendrás plaza en el Tribunal Supremo. Y a continuación se nos relata todo un cúmulo de supuestas deficiencias que tenía este fiscal en el ejercicio de sus funciones.
A nosotros se nos suscitan una serie de preguntas. El fiscal ha dicho nada menos --es interesante, he tomado nota-- que había unos conatos de fuego que antes de que llegasen a incendio serio necesitaban ser extinguidos --nada menos--. Resulta que según la narración que hace el fiscal general del Estado el señor Fungairiño tenía la fiscalía de la Audiencia Nacional en llamas --literalmente--, y el fiscal general del Estado, como hombre responsable, cumplidor de sus obligaciones, tiene que poner orden en semejante guirigay. Y yo me pregunto, ¿por qué no exige usted responsabilidad, si este es el hecho, al fiscal de la Audiencia Nacional? Es decir, si el fiscal de la Audiencia Nacional ha incumplido de tal manera sus obligaciones, ¿por qué no cumple usted con sus obligaciones y le abre un expediente disciplinario? ¿Por qué no exige usted a un fiscal que cumpla con su deber --porque es su deber exigir que los demás cumplan con el suyo--? No valen componendas, ni tratos de mercado persa; aquí hay que exigir que cada uno cumpla con su obligación y hay que exigir las consecuencias del comportamiento de cada uno con arreglo a la ley y al Derecho. Pero el fiscal general, por lo visto, prefirió dejar las cosillas en casa, en esa línea que nos ha explicado también al final de su comparecencia: Hombre, esto de abrir expediente a un fiscal podría crear una cierta alarma social, parecería que la fiscalía no funciona bien y estas cosas nosotros las arreglamos reuniéndonos los fiscales entre nosotros --acepta este cargo; te doy una fiscalía del Supremo, tampoco es mal trato, eso me evita a mí tener que dar explicaciones públicas, etcétera.
¿Usted cree que ése es el modo de funcionar de un Estado de Derecho? Sinceramente, señor fiscal, en el Grupo Parlamentario Popular estamos espeluznados ante el modo en que usted dice que funciona la Fiscalía General del Estado. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Nos está haciendo usted un relato del funcionamiento de la fiscalía que desde luego es propio de cualquier cosa menos del órgano que precisamente tiene encomendado por la ley el respeto estricto de la legalidad vigente. ¿Pero qué fiscal es usted, señor fiscal general del Estado? ¿Así, con un trato, se arregla el asunto? Pero es que el señor fiscal, en su locuacidad, también ha dicho --cito literalmente--: Hombre, es que estas disfunciones no eran ni sancionables ni disciplinarias. Y entonces yo me pregunto, ¿en qué quedamos, dónde estaba ese fuego, era un mechero todo ese fuego, todo ese fuego al final era una pequeña luminaria? Era simplemente, por lo visto, que el señor Fungairiño no se plegaba a las pretensiones del fiscal general del Estado más allá de las legítimas instrucciones que como fiscal general del Estado puede impartir a todos y cada uno de los fiscales de España. Porque si resulta que el señor Fungairiño en todo su actuar no había cometido hecho ni sancionable ni sujeto a infracción disciplinaria, ¿dónde estaba el problema en la fiscalía? En que el señor Fungairiño no era del gusto del señor fiscal general del Estado.
Claro que para eso mismo el señor fiscal general del Estado en esta comparecencia nos ha hecho ver otra cuestión. Nos ha planteado el asunto del relevo del señor Fungairiño como una cuestión de estricta normalidad democrática: en

un Estado democrático se accede a los cargos y se cesa en los cargos, es una cuestión natural y normal; hoy hay un ministro, mañana el presidente del Gobierno cesa al ministro; el ministro que llega nombra a un director general, al día siguiente los cesa; se nombra un delegado del Gobierno o un subdelegado, se les cesa --eso es lo normal, lo ordinario-- Desde luego el ciudadano puede percibir como cuestión normal que se acceda y se cese en los distintos puestos públicos, pero falta un elemento fundamental y es el tenor del artículo 40 del Estatuto del Ministerio Fiscal; es decir, para cubrir las plazas de fiscales jefes se convoca un concurso y se los nombra por cinco años, tienen un período de cinco años durante el cual no son removibles por la pura y simple voluntad del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado, constante el mandato para el que fue designado un fiscal jefe, puede removerlos con arreglo a lo previsto, precisamente, en el artículo 40. Es decir, podrán ser trasladados --cito literalmente el precepto-- por disidencias graves con el fiscal jefe --sería el caso--; cuando por causas imputables a los fiscales jefes tuvieran enfrentamientos con el tribunal; y dice a continuación: el traslado forzoso se dispondrá por el órgano que hubiese acordado su nombramiento en expediente contradictorio, previo informe favorable del Consejo Fiscal. ¡Amigo mío!, falta la coletilla: previo informe favorable del Consejo Fiscal; previo informe favorable del Consejo Fiscal, lo digo por tercera vez. Es decir, que el señor fiscal general del Estado en expediente contradictorio tendría que haber argumentado cuáles eran esas disidencias graves con el fiscal jefe y haber argumentado, también, que aquellas disidencias resultasen imputables al señor Fungairiño. Primera cuestión. Segunda cuestión, que tendría que haber dado audiencia al interesado, al señor Fungairiño, para que hubiera podido defenderse de semejante imputación. Y tercera cuestión, tendría que haber contado con el informe favorable del Consejo Fiscal. Por cierto, el informe del Consejo Fiscal no sé en qué términos podría haberse emitido, eso es obvio, nunca lo sabremos; pero lo que sí sabemos es lo que dijo el Consejo Fiscal después de que usted, iba a utilizar otra palabra pero lo dejaremos en presionara al señor Fungairiño para que adujera razones personales para dejar el cargo. El Consejo Fiscal solicitó su dimisión, señor fiscal general del Estado, por considerar intolerable su actuación en este asunto. Luego, era bastante dudoso que hubiera podido obtenerse el informe favorable del Consejo Fiscal.
Podía haber acudido al expediente del artículo 41 en su último párrafo, cuando establece que sin perjuicio de lo anterior, los fiscales podrán ser removidos por el Gobierno a propuesta del fiscal general del Estado, que deberá oír previamente al Consejo Fiscal y al interesado. Luego, volvemos otra vez a tener que oír, primero, la defensa que el señor Fungairiño debería haber hecho de su propia actuación como fiscal jefe; segundo, tendríamos que haber oído el informe del Consejo Fiscal --qué lástima no haber podido oír al Consejo Fiscal en el asunto-- y, desde luego, usted le hubiera trasladado la pelota al Consejo de Ministros; ya no era su propia decisión. Usted le quería evitar semejante trago al Consejo de Ministros. En fin, ¿recuerdan ustedes cómo se les llenaba la boca y lo que ha habido que oír sobre estos temas a los que hoy ocupan el Consejo de Ministros? Usted se lo ha querido evitar, es lógico, ¿de quién procede el nombramiento del fiscal general del Estado? Del Consejo de Ministros. En fin, sería poco elegante remitir al Consejo de Ministros las cuitas que usted, precisamente, genera en relación con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
En cualquier caso, señorías, lo que he pretendido --y no me resisto a haberlo conseguido-- con esta lectura de los artículos 40 y 41 del Estatuto del Ministerio Fiscal es poner de manifiesto, claramente, que el señor fiscal general del Estado no tiene la capacidad legal de cesar por su mano poderosa a ningún fiscal jefe cuyo nombramiento esté en vigor.
Tiene la posibilidad de iniciar un expediente, que en todo caso es contradictorio y exige un informe del Consejo Fiscal. Y como el señor fiscal general del Estado no ha querido pasar ni por el trago de oír al interesado, ni por el trago de oír al Consejo Fiscal, decide utilizar este nuevo procedimiento que debe entrar en los anales del procedimiento administrativo: o dimites, o te vas a la calle, desde luego no a una fiscalía del Tribunal Supremo.
¿Por qué no ha exigido usted esas responsabilidades si es que éstas existían?¿Por qué no ha pedido la responsabilidad disciplinaria al señor Fungairiño si tan grave era la situación en la Audiencia Nacional?¿Por qué está usted dispuesto a comprar el silencio --lo ha dicho usted: no queremos ruido alrededor de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional-- con una plaza de fiscal en el Tribunal Supremo? ¿Ese es el modo de actuar de la Fiscalía? Nosotros, desde luego, no lo creemos así, señor fiscal general, en modo alguno, porque entendemos que aquí hay otras razones para el cese del señor Fungairiño. Hay otras razones muy graves, desde luego muchísimo más graves que todo lo que he dicho, con ser grave lo que acabo de denunciar, que es la política antiterrorista y la actuación de la Fiscalía en relación con la banda terrorista ETA muy fundamentalmente.
Señorías, ¿cuál es la actitud de la Fiscalía en la Audiencia Nacional durante la época del señor Fungairiño? Una enorme dureza contra los terroristas. Una exigencia de cumplimiento de responsabilidades penales hasta el límite de la ley. Un ejemplo claro ha sido el criterio de cómputo de las penas, y gracias a la actuación del señor Fungairiño se llevaba un criterio diferente de refundición de condenas, que permitía una mayor estancia de los condenados en las prisiones españolas. Pero resulta que el señor fiscal general del Estado, cuando el señor Fungairiño consigue que la Audiencia Nacional cambie un criterio preexistente, monta en cólera, reúne a los fiscales de sala del Supremo y se pone de parte del terrorista, no de parte de la sentencia de la Audiencia Nacional, sino de parte del terrorista, y le pide al Tribunal Supremo que se excarcele al terrorista. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Sorprendentemente --supongo que para el fiscal general del Estado-- lo que hace el Tribunal Supremo, sin aceptar exactamente el criterio de la Audiencia Nacional, es aplicar la ley al extremo, de modo que la presencia en la cárcel de Henri Parot está garantizada, al menos,

para los próximos diez años, a pesar de la actuación del señor fiscal general del Estado, que debe considerar que esto es un exceso verbal, pero yo simplemente lo considero una opinión política, sostenida en el ámbito político, donde la Constitución me ampara para decir lo que estoy diciendo, le guste o no al señor fiscal general del Estado.
Pero ¿qué más sucede? Sucede que cuando el señor Otegi llega a la Audiencia Nacional, no en este último episodio, en el anterior, y los fiscales en aquel entonces piden prisión para el mismo, ¿saben lo que dice el señor Otegi? ¿Pero esto lo sabe el fiscal general del Estado? Esto es realmente sorprendente, porque como ya he tenido ocasión de decir en esta Cámara al ministro de Justicia, el nombre del fiscal para un terrorista tiene que ser, como decía Calderón, como la vara de alcalde, que hace las veces de trueno que anuncia que viene el rayo. Nombrar el fiscal general a un terrorista tiene que causarle pánico. Y cuando el terrorista se encuentra en la Audiencia Nacional y solicita que se entere el fiscal de su situación y de que otros subordinados suyos piden prisión para él y dice que no se lo cree, yo, sinceramente, me preocupo, y mucho, señor fiscal.
Y me preocupa, señor fiscal, su actuación en los últimos días en relación con el señor Otegi y el cambio de criterio. Y me preocupa que no haya instado usted la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Y me preocupa que ustedes no hayan actuado en la celebración del Congreso de Herri Batasuna. Y me preocupan tantas cosas en relación con la Fiscalía General del Estado, que algunos sentíamos una cierta garantía al ver que en la Fiscalía de la Audiencia Nacional estaba, precisamente, quien estaba. Y nos preocupa todavía más cuando vemos que se remueve, con ese procedimiento administrativo «sui géneris» que usted ha inventado, a la persona que considerábamos garantía del respeto a la ley, garantía de la persecución del terrorista.
Señor fiscal, usted podrá seguir con esa política de nombramientos de fiscales por afinidad política. No les habrá pasado desapercibido cuando el fiscal ha dicho: algunos dicen que yo dije que habría nombramientos por afinidad política. Incluso, lo ha negado en alguna entrevista, tengo aquí alguna donde dice que él jamás había dicho que la afinidad política o ideológica pudiera ser criterio para los nombramientos. El papel lo aguanta todo, pero el «Diario de Sesiones» también, y el señor fiscal en una sesión celebrada en el Congreso de los Diputados el 30 de junio de 2004 dijo: considero que en una sociedad pluralista debe reflejarse también el valor del pluralismo en los cargos de dirección del ministerio público, por lo que siempre procuraré efectuar nombramientos equilibrados; equilibrados en cuanto a pluralismo político es decir que el criterio político será elemento fundamental a la hora del nombramiento. Ése es su criterio de equilibrio. Luego usted sí ha dicho lo que digo.
Pero si ello no es suficiente, podemos acudir a las palabras de quien le nombra, es decir, a las palabras del ministro de Justicia recogidas en el «Diario de Sesiones», que dice en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 2005 lo siguiente: Además de eso, pensamos que es perfectamente legítimo que el fiscal general del Estado, a la hora de determinar su capacidad de propuesta, tenga criterios, y que entre ellos haya algunos que tengan naturaleza política. Ministro de Justicia «dixit»; un ministro que propone el nombramiento y cese del fiscal general. Y acto seguido --ésta es la base nutricia, el nuestro-- aparece el fiscal general del Estado, diciendo que considera que en una sociedad plural hay que reflejar el valor del pluralismo y que procurará efectuar nombramientos equilibrados desde el punto de vista del pluralismo político. Luego, insisto, la política sí es un elemento que influye en sus nombramientos, y usted mismo lo ha reconocido, señor fiscal. ¡Pero cómo se puede negar la evidencia cuando se está leyendo literalmente sus palabras del «Diario de Sesiones»? Son sus palabras literales, señor fiscal, de lo contrario, leame usted otra cosa en el «Diario de Sesiones», que es accesible a todos.
Señor fiscal, su política de nombramientos y las directrices que ha impulsado desde la Fiscalía General, así como su actuación particular en el asunto Fungairiño, nos llevan a negarle esa confianza que usted nos pedía en su intervención. Nos ha pedido confianza y apoyo, y lamentablemente no goza usted de nuestra confianza ni podrá tener nuestro apoyo si sigue en esa línea, sino que por el contrario, señor fiscal, creemos que lo que usted debería hacer en este momento es dimitir. Así pues, le pedimos expresamente su dimisión antes de tener que pedir al Gobierno su cese, porque sinceramente eso es lo que creemos más adecuado y proporcionado a la actual situación que se vive en la Fiscalía General.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Conde.
Invito a su señoría a retirar, de entre todas sus manifestaciones, tan solo una cosa: su afirmación de que el fiscal general del Estado se pone al lado de los terroristas. Considero que ello excede cualquier norma de permisividad o tolerancia por mi parte. Le he permitido llegar al final de su intervención sin interrumpirle, pero insisto en que considero que esas declaraciones constituyen una extralimitación por su parte de cierta gravedad que le sugiero retire del «Diario de Sesiones».

El señor CONDE BAJÉN: Señora presidenta, voy a aclarar esta cuestión. En un recurso el fiscal ha de ponerse de parte del recurrente o del recurrido.

La señora PRESIDENTA: Señor Conde, yo no le he pedido que aclare usted a esta Presidencia cuáles son las funciones del fiscal, pues creo que todos los miembros de esta comisión las conocemos, sino que le pido retire la afirmación taxativa que ha hecho de que el fiscal general del Estado se ha puesto de parte de un terrorista.

El señor CONDE BAJÉN: Y yo, señora presidenta, le estoy aclarando que en un recurso la Fiscalía se pone del lado del recurrente o del recurrido, y en este caso la Fiscalía se puso del lado del recurrente, que es un terrorista.


La señora PRESIDENTA: Muy bien, señor Conde, su explicación queda debidamente reflejada en el «Diario de Sesiones», lo cual, desde luego, preocupa a esta presidenta y a muchos otros miembros de esta comisión.
(El señor Conde Bajén: Muy bien; la verdad es la verdad.) A continuación, procede abrir un turno de portavoces en el que intervendrán los grupos de menor a mayor que así lo estimen oportuno.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Badia.

El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor fiscal general del Estado, yo sí le doy la bienvenida, pues entiendo que éste es un acto importante y así lo pondré de manifiesto a lo largo de mi intervención. Agradecemos su presencia y espero que también la ampliación de la información que nos ha facilitado, así como su compromiso respecto de las obligaciones que tiene encomendadas, unas obligaciones que todos somos conscientes son complicadas, fruto también de la discrepancia política.
Antes de entrar en el fondo de su comparecencia quisiera aclarar cuál es el motivo de su presencia en esta comisión, algo que al parecer no ha quedado suficientemente claro no sea que nos equivoquemos y entendamos que su presencia se debe a otra cosa de acuerdo con la Constitución vigente. Aunque parece que alguien quiere entenderlo así, usted no se somete hoy a ningún control político; el control político se ejerce por ambas Cámaras al presidente del Gobierno y a su Ejecutivo a través de los medios perfectamente estipulados dentro del marco legislativo vigente.
Usted ha venido hoy a informar a las Cortes Generales en el Senado, colaborando así con las mismas a nivel institucional, motivo éste por el que le vuelvo a agradecer su presencia, pues entiendo que éste es el primer paso a dar para fomentar esa buena relación que debe existir entre las Cámaras y una institución como la Fiscalía General del Estado.
Por lo que se refiere al tema objeto de su comparecencia: el cese del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, entendemos, gracias a sus explicaciones, que la renuncia del señor Fungairiño queda perfectamente fundamentada --y aprovecho para manifestar nuestro reconocimiento a la labor desarrollada por el señor Fungairiño a lo largo de muchos años, sobre todo frente al terrorismo--; como digo, mi grupo parlamentario acepta las explicaciones dadas a este respecto por considerarlas suficientes, sobre todo teniendo en cuenta el carácter funcional de este tema, algo que a veces se olvida o no gusta a determinados grupos parlamentarios. En todo caso creo que la mejor forma de demostrar la transparencia en el ejercicio de las competencias atribuidas son precisamente comparecencias como la de hoy, aunque al parecer ésta se pretenda soslayar con otro tipo de discursos.
Teniendo en cuenta que mi grupo parlamentario no ha sido el que ha solicitado esta comparecencia, no voy a profundizar ahora en el contenido de la misma, pero sí quisiera decir que, por encima de cualquier especulación mediática, éste es un tema de presente y de futuro en el que la credibilidad institucional juega un papel importante, una credibilidad que debe estar garantizada a todos los efectos. Como ya he dicho, estoy convencido de que para ello es preciso que el fiscal general de turno
--en este caso usted-- comparezca puntualmente ante las Cortes Generales para informar sobre todos estos temas, que desde luego son susceptibles de interpretación, pero con ello, como digo, se garantiza ese canal de información y esa buena relación que debe existir entre las Cámaras y la Fiscalía.
Finalmente, y por lo que se refiere al terrorismo --tema éste al que también se ha referido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular--, creemos que este país necesita de amplios consensos para garantizar una actuación positiva en este sentido. Suscribimos el compromiso de utilidad, eficacia y respeto hacia el Estado de Derecho sin ningún tipo de renuncia, y apoyamos al Gobierno en esa lucha contra el terrorismo.
Asimismo quiero resaltar su compromiso de contar con un Ministerio Fiscal al servicio del ciudadano, pues su voluntad en ese sentido ha quedado perfectamente demostrada, independientemente de la opinión partidista de otros grupos parlamentarios, que es muy respetable y en todo caso buena en su discrepancia.
Creemos que la voluntad de la Fiscalía y del Poder Judicial es la de luchar con mayor eficacia contra el terrorismo, y no entraremos a discutir sobre determinadas instrucciones de aquélla. Pensamos que debemos prestar nuestro apoyo, tanto a la Fiscalía como al Gobierno, en un tema tan importante como el del terrorismo.
Mi grupo espera seguir contando con la presencia del fiscal general, pues con ello se garantiza el conocimiento puntual de toda aquella información que debe suministrarnos una institución tan importante como ésta.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Badia.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Etxegoyen.

La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes a todos, y especialmente a usted, señor Conde-Pumpido.
Reciba usted nuevamente la bienvenida a esta Comisión de Justicia, en este caso en nombre de la portavoz eventual del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, una bienvenida que, como no podía ser de otra forma, hago extensiva a todos los colaboradores que le acompañan en la tarde de hoy.
Señor fiscal general, seguro que usted no lo recordará, pero hace ya muchos años ambos compartimos aula en la Facultad de Donosti, cuando impartía usted clases de Derecho Civil en el Campus de Ibaeta, compatibilizando la docencia con la titularidad --si no recuerdo mal-- de una plaza como magistrado en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.
Entonces no pensé que usted llegaría un día a la cabeza de la Fiscalía General ni que aquella estudiante de Derecho estaría ahora representando en esta Cámara al partido en el que siempre militó. No obstante me congratulo nuevamente por encontrarnos hoy aquí.
Si ustedes me lo permiten, señorías, señor fiscal general del Estado, quisiera hacer un comentario más personal y en

un tono de mayor confianza para rebajar la acritud generada con la intervención del primer portavoz y de la presidenta --ésta última la comparto--. Esta senadora que hoy le habla no encuentra en usted demasiadas diferencias con aquel joven profesor de Derecho Civil de hace 20 años, salvo quizá sus gafas caídas sobre la nariz --algo que yo también llevo ya--, y su pelo, hoy no tan negro como entonces, el mío todavía sí. Ese tono pausado, ese verbo ágil y comprensible y sobre todo la naturalidad con la que se ha explicado a lo largo de su discurso es algo que ya utilizaba entonces para hablar a sus alumnos y hacerse entender explicando --recuerdo en este momento-- la responsabilidad civil extracontractual, o explicando, además con una cierta vehemencia, ese cambio que hubo en la línea jurisprudencial en el Supremo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tal vez sea esta naturalidad, esa especie de normalidad a la hora de explicar las cosas, lo que no terminan de entender --y lo digo con un cierto pesar-- ni de soportar los compañeros del Partido Popular, habida cuenta que buscan una y otra vez interpretaciones o justificaciones políticas allí donde una y otra vez se les responde --sustancialmente, además, en esta legislatura en sede parlamentaria, no debemos olvidarlo-- con una argumentación estrictamente jurídica, cuando menos yo lo entiendo así, y sabe usted que mi formación política ha podido tener una serie de discrepancias o divergencias en lo que a interpretación jurídica se refiere, pero entiendo que todas tienen que ser desde todo punto de vista respetables y respetadas, evidentemente. O dicho de otro modo, aquello a lo que usted se ciñe en sus explicaciones es acorde a lo que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Cuerpo Jurídico que regula esta institución dispone.
Respecto a su comparecencia, yo me quedo con las explicaciones que nos ha dado por el cese del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, el señor Fungairiño; no procede venir aquí a exponer o a desgranar todo un catálogo de agravios. Yo no quiero entrar en calificativos, pero es posible que algunas de las cosas que conocemos objetivamente puedan entenderse como tales agravios a tenor de los principios que informan el Ministerio Fiscal. Y me quedo con la explicación que el mismo fiscal Furgairiño dio, con independencia de que otros le doten de una valoración distinta: que lo hizo por motivos personales. «Eta kitxo» --que diríamos los vascos-- Yo me quedo hasta ahí, porque todo lo demás es discutir de política y en este punto no cabe.
Además, no debemos engañarnos pues la historia de los fiscales generales en los últimos años es pródiga en actos al servicio del Gobierno que los ha nombrado; más o menos evidentes, más o menos escrupulosos, pero esto es así. Y estoy convencida, además, de que la mayoría de sus señorías convendrán conmigo, con independencia de las mayorías parlamentarias de la Cámara, en que el caso más descarado de entre los más recientes es el del fiscal general predecesor del señor Conde, el de don Jesús Cardenal.
La defensa que este caballero hizo de principios y valores, de los que hacía gala, además, actuando en función del propio cargo que ostentaba, está en la memoria de todos y desde luego mucho conocemos de esto aquellos que provenimos del País Vasco, con independencia de que seamos nacionalistas o no, porque le tuvimos muchos años ejerciendo en el País Vasco. Decía, por ejemplo, que no debían de ser perseguidos los crímenes habidos en las dictaduras sudamericanas, puesto que se trataba de una especie de «impass», de paréntesis entre períodos constitucionales, o afirmaba --porque lo hizo; ahí están las hemerotecas-- que el pluralismo político era raíz de numerosos males. Yo no sé si alguien con este bagaje intelectual --lo pongo entrecomillas-- objetivamente pudiera servir para ostentar la Fiscalía General del Estado, y lo hizo, aunque recibió críticas, evidentemente. Y si entramos a buscar no ya actuaciones o decisiones contradictorias o interesadas sino, lisa y llanamente, absolutamente fuera de lugar en su actuación --algunas de ellas en esa misma línea que ha achacado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular al señor Conde-Pumpido-- hay muchas y muy variadas de don Jesús Cardenal.
Con independencia de que la postura de mi formación política fuera divergente respecto de determinadas modificaciones legislativas, ahí están sus opiniones y actuaciones respecto a la aplicación de la Ley de Partidos, respecto a la legitimidad o no del Parlamento Vasco a la hora de poder tomar sus decisiones --el famoso caso Atutxa--. Y desde luego este último punto quiero cuando menos referirlo porque aunque ustedes ya lo conocen, me gustaría subrayarlo, porque fue muy doloroso no solamente porque iba en contra de la dignidad del propio Parlamento Vasco, sino de la dignidad de su presidente, una persona íntegra allí donde las haya.
Para hablar de cosas objetivas --y no tan subjetivas porque no me quiero derivar por esa linde--, el señor Cardenal, primero, consideró a instancias del Juez Garzón que no había posibilidad en el ordenamiento jurídico español de equiparar al partido, en este caso era Batasuna, con el grupo parlamentario, que se llamaba de otra forma, pero al fin y al cabo para ellos todo era lo mismo. Y posteriormente, a instancias yo no sé de quien, supongo que no sería a instancia propia, en la ejecución de la sentencia no tuvo el más mínimo rubor en considerar que esta equivalencia era perfectamente posible y además aplaudible. Y como este hay hay varios ejemplos, pero en este caso quería reseñar este por lo que supuso en lo personal, que no en lo político, a mi compañero Atutxa.
En cualquier caso, me quedo con el discurso del fiscal general del Estado, aunque tenga mis discrepancias, sobre todo en cuestiones de interpretación jurídica, y no tanto con el discurso del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, nuestro compañero el senador Agustín Conde, siempre vehemente y, además, dialécticamente impecable, pero en ocasiones, las más de las veces, tan aparente como demagógico, y hoy ha sido una más de ellas.
No entiendo a este Partido Popular que lo deslegitima casi todo; hoy le ha tocado al Ministerio Fiscal o, en este caso, a la Fiscalía General del Estado. No entiendo a este Partido Popular que realiza siempre juicios paralelos --como siempre al final ha salido verdaderamente cuál era el objetivo último de su discurso-- en nombre de un compromiso y de una legitimidad en materia de política antiterrorista, singularmente, que no puede ni debe arrogarse en exclusiva. La defensa del

Estado de Derecho y de la lucha contra el terror no es solamente un patrimonio del Partido Popular, como tampoco lo es de ninguna otra fuerza política en exclusiva.
En este punto parece que todo cabe.
En un primer momento el senador Conde ha intentado revestir su intervención con una traje de objetividad, absolutamente ajeno a lo que tiene que ver con la posición del Partido Popular frente a la lucha antiterrorista, pero no lo ha acabado de conseguir porque, con independencia de algunas de las cuestiones que ya ha afirmado y se verá al final de su discurso --también consta en las hemerotecas y en los «Diario de Sesiones»--tenemos por ejemplo, cuestiones como las siguientes, hablando precisamente del objeto de la comparecencia del día de hoy: «Relevo en la Audiencia Nacional». «El fiscal que ha doblegado a los más duros de la Eta». Editoriales: «Una depuración despótica que humilla a todos los demócratas». «Conde-Pumpido depura a Fungairiño para facilitar la negociación con Eta». El señor Mayor Oreja: «La cabeza de Fungairiño forma parte del proceso de paz del Estatut y de Estella». Y «Otegui Cesó a Fungairiño» --tengo que señalar que este artículo que tiene cuatro hojas todavía no lo he terminado de leer--. Y el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, que es un excelente jurista y un brillante orador, lo que ocurre es que a veces la vehemencia a la hora de defender una serie de principios, que yo no quiero catalogar, le lleva al absurdo, y en la página 25 del «Diario de Sesiones» del Congreso de los Diputados de 8 de marzo de 2006, dice: Lo que es tremendo, señor fiscal general del Estado, es que se haya cesado como se ha cesado al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que para tantísimos españoles, entre otras cosas, desde luego infinitamente más que usted, representa el esfuerzo de años del Estado de Derecho combatiendo el terrorismo con alta eficacia.
No voy a desdecir la opinión que nadie tenga de quien ha ostentado un alto cargo de responsabilidad en una institución del Estado. Todo lo que venga bien para combatir el terrorismo tendrá mi aplauso. Pero yo en esta guerra y en esta lucha soy de las que piensa que todo no vale. Creo que no es así; ni antes ni tampoco ahora, ni con el Gobierno del Partido Popular --que combatimos y discrepamos con ellos-- ni tampoco ahora. Es la posición que pienso defender humildemente, no tengo otra manera de hacerlo. Humildemente, pero con tanta legitimidad como cualquier otra.
Al margen de discrepancias, que las tengo y muchas con el Partido Popular, lo único que me apena, sinceramente, es que todavía tengamos que estar escuchando en sede parlamentaria discursos tan demagógicos y tan sumamente no diría peligrosos porque el peligro en sede parlamentaria no existe, pero que lo que hacen es dibujar una fotografía en la que yo sé
--porque conozco y tengo compañeros del Partido Popular y trabajo y convivo con ellos-- que ellos, sinceramente, no se reflejarán nunca.
Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Etxegoyen.
Por Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ (El señor Bofill Abelló inicia su discurso en catalán.): Decía buenas tardes, señor Conde-Pumpido, es una satisfacción doble recibirle en esta comisión; en primer lugar, porque es bueno que el fiscal general del Estado informe --asumo la terminología que ha usado antes el senador de Convergència i Unió-- sin reticencias al Parlamento y, en segundo lugar, porque mi grupo parlamentario, Entesa Catalana de Progrés, aprecia particularmente su talante abierto, su compromiso con el Estado de Derecho, que creo que se ha demostrado en toda su actuación en relación con el caso Fungairiño --en esto discrepo totalmente de la intervención del senador del Partido Popular-- y por su comprensión de la pluralidad del Estado español.
Me quiero referir a una cosa que usted hoy no ha dicho pero lo ha hecho en otras ocasiones y creo que tiene toda la razón y es una cuestión de principios, y es que sería bueno que dejásemos de lado en este momento del terrorismo como un instrumento de hacer política, sobre todo de hacer política partidaria. Este es un principio fundamental, con el cual estoy de acuerdo.
La otra cuestión es que la justicia debería quedar al margen de la controversia partidaria de corto vuelo. Esto no quiere decir que no tenga que haber orientaciones. Hay distintas orientaciones y es evidente que hay políticas distintas en relación al comportamiento de la justicia con relación al terrorismo. Estas grandes orientaciones deben discutirse, pero si hay un Gobierno, éste es el que decide cuáles son estas grandes líneas, y es evidente que se debe ir en esta dirección. Me parece bien que se critiquen estas líneas, pero otra cosa es que se pueda llegar a afirmar algo como lo que se ha dicho hoy aquí, y es que el fiscal general está al lado de un terrorista. Me parece que estas cosas no son de recibo, no se pueden aceptar y me parece mal que no se pidan excusas o que no se rectifique; no es cuestión de pedir excusas, porque creo que el señor Conde-Pumpido sabe perfectamente que eso no es cierto. Me parece que la exageración conduce a afirmar cosas que uno mismo no quiere decir.
Me parece también muy exagerado decir que estamos en una película de Coppola y que se ha comprado el silencio. Eso es faltarle al respeto al señor Fungairiño; porque no creo que al señor Fungairiño, con la trayectoria que ha tenido, se le pueda comprar su silencio. Por lo tanto, hay exageraciones que no son adecuadas, están completamente fuera de lugar y creo que en el momento actual lo que hay que tener son otras cualidades que me parecen fundamentales, como son ponderación y prudencia.
Para entrar en el fondo de la cuestión --no voy a entrar ahora en la cuestión porque pienso que el fiscal ha cumplido estrictamente con la ley--, les preguntaré: ¿era el señor Fungairiño la persona más adecuada para ocupar el cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional? Mi grupo entiende que no. En el fondo, creemos que es necesario ponderación y prudencia y en las actuaciones del señor Fungairiño durante estos años
--no voy a retrotraerme a ellos-- no siempre, no en todos los casos ha habido ponderación y prudencia.


Hay un caso que no puedo dejar de citar --lo ha dicho por aquí una senadora en voz baja-- que es cierto y que a nosotros nos dolió particularmente, y fueron sus declaraciones justificativas de las dictaduras militares en el cono sur, que no son un ejemplo ni de defensa del Estado de Derecho ni de ponderación ni de prudencia, que son las cualidades que nosotros creemos que es bueno que tengan los máximos responsables de la lucha antiterrorista. Eso al margen de las cualidades que tiene el señor Fungairiño que las ha demostrado de su conocimiento de la ley que ha puesto al servicio de la lucha antiterrorista, y creo que hace bien el fiscal general en aprovechar esas cualidades.
Por lo tanto, quiero decirle que en esta nueva etapa nos tiene a su lado, y que nos alivia verle en la Fiscalía General del Estado, más aún cuando nos rememoran a alguno de sus antecesores. Nosotros no sólo no pedimos su dimisión, sino que pedimos que continúe. En cambio, lo que sí solicitamos al Partido Popular es que margine algunas posiciones que a nosotros nos parecen que son de extrema derecha y que no contribuyen a su propio «centraje» político, que me parece muy indispensable, ya que el Partido Popular debería hacer una aportación positiva en este momento al proceso que estamos viviendo.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bofill.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señora presidenta.
Los socialistas que integramos este grupo, don Cándido Conde-Pumpido, crea que nos sentimos muy orgullosos de que sea usted quien desempeñe esta función no sólo por su inequívoca trayectoria jurídica, impecable en términos de ejercicio de cualesquiera funciones ha desempeñado a lo largo de la prestación de su oficio como jurista, no sólo en legitimación de origen, sino en permanente legitimación de ejercicio. Nos sentimos orgullosos de que sea usted el fiscal general de España. Insisto, no sólo por legitimación de origen, sino por legitimación de ejercicio, inequívoca trayectoria jurídica e inequívoco compromiso democrático.
La expresión que ha utilizado aquí el compañero senador es la expresión alivio. Pues subrayo esa expresión de alivio, de orgullo, de tranquilidad que sea una persona con sus principios y su trayectoria quien ostente la Fiscalía General del Estado. A nosotros no nos es indiferente. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que es muy importante la evaluación de esa trayectoria para el desempeño de una función pública como la suya, y no nos llamemos a engaño: aquí no se está evaluando el asunto Fungairiño, es el pretexto utilizado para evaluar el conjunto de la política antiterrorista que hace el Gobierno de España.
En la parte final de la exposición del portavoz del Partido Popular ya no se hablaba del asunto Fungairiño; se hablaba del congreso de Batasuna, del Partido Comunista de las Tierras Vascas, de la política antiterrorista. Lo que es terrible --y la señora presidenta tenía razón cuando ha pedido que se retirara esa expresión-- y a mí me ha dejado francamente estupefacto es que se diga que el señor Fungairiño representaba la garantía del respeto a la ley en la Audiencia Nacional.
Pero ¿qué función hacen todos los fiscales que están en la Audiencia Nacional, todos los jueces y magistrados, todos los magistrados que están en la Audiencia Nacional, qué función hacen todos los servidores públicos que están en la Audiencia Nacional sino garantizar el respeto a la ley? En esa especie de fuego graneado, en un tótum revolútum, al final no se planteaba el ejercicio de una facultad de orden profesional u organizativo, porque a pesar de la exquisitez de su razonamiento en términos jurídicos, aludiendo al ordenamiento jurídico, al fundamento institucional y al fundamento constitucional, a pesar de esa triple línea de análisis, a pesar de su esfuerzo por evaluar la temporalidad, la responsabilidad y en esa fórmula elegante que usted utilizaba y le honra de adaptación a la evolución social, a pesar de ese esfuerzo, repito, hay idiomas que son difícilmente comprensibles por quienes no practican ese tipo de esfuerzo. Y a pesar de la pedagogía, de esa didáctica que con paciencia tiene usted como fiscal general del Estado, como hombre público y también --según doña Elena Etxegoyen-- como profesor de Derecho Civil
--no he tenido yo ese honor--, a pesar de esa paciencia socrática en la exposición, tengo la impresión de que no se ha escuchado lo que usted decía, no se ha tomado nota de lo que usted decía porque no se aludió a ninguno de los extremos de lo que usted decía. Dijese lo que dijese, había otro discurso preparado. Dijese lo que dijese se planteaba otra cosa para, al final, llegar a la conclusión que se quería, que era cuestionar la política que se estaba desarrollando. Cuando dije que no nos llamáramos a engaño es por una expresión que usted utilizaba, está a la vanguardia, es la cabeza de puente en la lucha por la defensa del Estado de Derecho. Y estar en esa función es la diana de ese tipo de comentarios. Hoy el pretexto es el señor Fungairiño, pero mañana puede ser cualquier otro, pero de fondo lo que se cuestiona, insisto, es eso.
Yo me preguntaría: ¿qué estaría pensando el señor Fungairiño en ese viaje a Marruecos con el señor Grande Marlasca ejerciendo una función encargada por la Fiscalía General del Estado a propósito de esta comparecencia aquí en relación con su cese? Esa función y la asunción de otras funciones, porque si entendiese que ha habido alguna irregularidad jurídica, ¿no habría sido el propio señor Fungairiño quien hiciera uso del sistema de recursos previstos en el ordenamiento jurídico? ¿Hay algún atisbo, alguna mácula que mancille el procedimiento en términos jurídicos? ¿Alguien ha cuestionado el procedimiento? Porque se decía que este ordenamiento pasaría a los anales. De haber alguna mácula, ¿no se habría impugnado? ¿No se habría recurrido? ¿Existen esos recursos? No tiene conocimiento este portavoz de que haya cuestionamiento institucional, cuestionamiento constitucional o cuestionamiento de orden jurídico de legalidad ordinaria. Luego si no estamos hablando de los criterios utilizados en el ámbito profesional y en el ámbito organizativo, estamos hablando de asuntos que son ajenos, insisto, al objeto central de esta comparecencia.


Le quiero agradecer la exquisitez granítica en la exposición, porque si en esta sala hubiese un prejuicio, no hubiese un discurso preparado al margen de lo que se hubiese dicho aquí hoy, ¿hay alguien aquí que tiene todavía alguna pregunta acerca de qué es lo que ha pasado en términos, insisto, de legalidad ordinaria, en términos institucionales o en términos constitucionales? Yo he estudiado el estatuto del Ministerio Fiscal para ver por dónde había resquicio para comprobar que lo que se ha hecho no era ajustado a Derecho, y no he encontrado nada. He mirado los cuatro apartados del artículo 124 de la Constitución y no entiendo, en términos constitucionales, dónde está la mácula en este asunto.
Luego he estado leyendo los razonamientos aludidos a la temporalidad, a la responsabilidad y a la adaptación a la evolución social y no he encontrado ningún argumento en contra de tales cosas.
Entiendo de fondo que ha habido expresiones --alguna ya se ha puesto de manifiesto-- que no son propias de la Cámara. Yo no estoy acostumbrado a escuchar estas expresiones relativas a sus cuitas. A mí no me parecen de recibo ese tipo de afirmaciones. Creo que no es digno de la Cámara, no es digno de la función que estamos desempeñando. O incluso, ya en el ámbito más personal, las alusiones a la locuacidad. Si no hubiese explicado nada y se hubiese limitado a decir que ha ejercido una facultad y una competencia que prevé el ordenamiento jurídico vigente, se le habría dicho que no ha motivado lo suficiente, que no ha exteriorizado, que no ha explicitado, y si no exterioriza, no explicita y no motiva, no puede haber control. Pero claro, si no se limita a un renglón, sino que, haciendo uso de un hábito profesional, razona todos los eslabones de su cadena lógica, entonces razona demasiado, explicita demasiado, motiva demasiado y exterioriza demasiado, luego la crítica ya no es que no explica, sino que explica demasiado, que motiva en exceso, que es locuaz.
A mí tampoco me parecen muy elegantes las expresiones relativas al trato de mercado persa, por respeto a ese pueblo, francamente, como a cualquier otro pueblo. No me parece que esa imagen en que fiscales con décadas de experiencia y de diálogo para resolver un problema, de abordaje del problema, de resolución del problema, de feliz ejecución de la nueva fase, como ha descrito en un momento de su exposición, generase otro tipo de preocupaciones ajenas al montaje de otros ámbitos, insisto, con intereses políticos no adecuados. En esto habría que acudir a los especialistas en el idioma para distinguir lo que es público, lo que es político y lo que es partidista. Esto es un acto político y estamos en el mundo de lo público --perdonen este esfuerzo pedagógico para tratar de copiar, aunque sea en un rasero muy bajito, al señor fiscal general del Estado--. Si lo público es el tronco del árbol, hay una rama que sería lo político y una subrama que sería lo partidista. En muchas ocasiones se confunde lo partidista con lo político y con lo público.
Difícil es que se pueda entender que hay márgenes de colaboración entre los representantes de la población al margen de la pugna partidista. Eso es difícil que se pueda entender cuando no se practica. Inicialmente se le decía: Nos es indiferente pero está obligado a estar. ¿Por qué no hacemos una comparación --y no me gusta mucho hacerlo, pero también puede ser pedagógico-- y vemos cuántas veces en dos años comparecieron en legislaturas anteriores ante estas Cámaras los fiscales generales del Estado? El ritmo de insistencia, el ritmo de asistencia, el ritmo de colaboración creo que no tiene parangón entre el conjunto de fechas que usted ha descrito --y otras que vendrán-- en comparación con otros ámbitos.
En cualquier caso, comparar hacia atrás no vale, porque no es un modelo bueno. Uno siempre busca la excelencia, y la excelencia es buscar la matrícula de honor. Siempre que acude usted aquí honra, insisto, esta Comisión, y le agradezco especialmente ese esfuerzo por mantener el discurso en el plano estrictamente institucional, por no descender a otros ámbitos que no son los que le corresponden y que, francamente, requiere un auto de control digno de elogio.
En última instancia, nuestra posición es que no vamos a rebatir ni vamos a acusar recibo de otros exabruptos. Nos limitamos a hablar de la razón central de su comparecencia, que es el cese de un servidor público en una función y la asunción de otras tareas. Por lo que se refiere a los cuestionamientos generales en torno a la política antiterrorista, a la legalización o no de un partido político y a la autorización para la celebración de congresos de otras formaciones legalizadas o no, ni siquiera acusamos recibo porque no es un asunto que debamos ventilar en este momento. No es el momento procesal, no es el momento para hacerlo.
En cualquier caso, debo decirle que el Grupo Parlamentario Socialista se siente muy honrado con su presencia, siempre es muy grato escuchar un verbo pausado, sin desmesura. Y en términos de ánimo, debo decirle que quien está permanentemente anunciando el juicio final, quien considera que todo es el juicio final, que se avecina el juicio final, debe saber que ese discurso dura hasta la mañana, porque cuando es por la tarde y el juicio final no ha venido, se quedan sin discurso.
Y cuando se carece de discurso es cuando hay desmesura, desesperación y nerviosismo. Pero no hay que preocuparse por eso, es parte de la vida, y tiene usted la suficiente trayectoria, compromiso, formación y experiencia para observar esta circunstancia como gajes del oficio que está desempeñando en la actualidad. Señor fiscal general del Estado, muchas gracias por su comparecencia, por su discurso, por su exposición y por su trabajo; y, por favor, muchísimo más de lo mismo para los próximos años.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
Tiene la palabra el señor fiscal general del Estado para contestar a las intervenciones de sus señorías. Dada la hora, les adelanto que deben prestar atención a su contestación, porque, a renglón seguido sólo volveré a dar la palabra a sus señorías para alguna aclaración o pregunta sobre lo que ahora nos va a exponer.
Tiene la palabra su señoría.

El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores senadores.


Procuraré ser breve y decir solamente unas palabras para mostrar mi agradecimiento, mi satisfacción y mi nostalgia; mi agradecimiento a las señoras y señores senadores por su atención y por haberme permitido el honor y la satisfacción de comparecer en el templo de la legitimación popular, en la sede de la democracia.
En primer lugar, siempre es para mí una satisfacción informar -- y así lo he expresado--, aunque en algún momento estas sesiones informativas se puedan convertir en una especie de exigencia de control. En cualquier caso, como ejerciente de un cargo público --lo he dicho ya en el Congreso y lo repito hoy--, no solamente es una satisfacción comparecer ante sus señorías sino que -- y así lo he dicho en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados-- considero que la primera obligación de un cargo público es comparecer e informar ante la sede de la soberanía popular; soberanía popular de la que se deriva la legitimación democrática con la cual ejerce el cargo el fiscal general del Estado nombrado, como otros órganos constitucionales, por Su Majestad el Rey, por el Jefe del Estado, oído el Consejo General del Poder Judicial, y a propuesta del Gobierno de la nación, legítimamente elegido y representante de la mayoría del pueblo. Por tanto-- repito-- es una satisfacción comparecer, y les agradezco su atención.
En segundo lugar, también es una satisfacción haberme encontrado, además, con alguien que compartió las aulas de Ibaeta. Es una anécdota personal que me lleva a mi época de juventud; época en la que tenía las mismas ilusiones y las mismas convicciones que en este momento aplico al ejercicio del cargo de fiscal general del Estado. Y la nostalgia me la ha traído este recuerdo de la universidad, de mi época de enseñante, la sensación de no seguir siendo enseñante para explicar como hacía entonces
--creo que más de 1.000 juristas vascos han pasado por mis aulas, y espero que lo recuerden, aunque alguno quizá lo ignore-- que lo más importante en un Estado de Derecho es precisamente que todos los ciudadanos, sean quienes sean, tienen garantizados los mismos derechos, y que todos los ciudadanos, sean como sean, pueden exponer jurídicamente a los tribunales a través de la defensa que ejerce ese magnífico cuerpo de abogados del que disponemos en España, que expresan derecho, independientemente de que detrás exista un acusado por violación, por terrorismo o por cualquier otro delito. Cuando yo, como magistrado durante 30 años, 10 en el Tribunal Supremo, dicto una sentencia, no me estoy poniendo ni de parte del abogado del recurrente ni del abogado del recurrido: actúo con imparcialidad, con independencia, y solamente me pongo de parte del derecho.
Siento nostalgia, porque si todavía estuviese en las aulas de la Facultad de Derecho, podría continuar explicando a los alumnos, ante los tribunales y ante el Ministerio Fiscal, que, efectivamente, en un Estado de Derecho cuando se examina un recurso lo único que importa es si tiene razón en derecho o no tiene razón en derecho; no importa quien está detrás, ni se puede mirar quién está detrás. Y cuando la fiscalía o la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictaminan o sentencian, leen atentamente lo que los magníficos abogados de los que disponemos en España escriben, y deciden en derecho si tienen o no razón; no miran quién es su defendido, miran exclusivamente al ordenamiento jurídico para así resolver.
Quizá algún día vuelva a las aulas de la facultad de Derecho, recupere mi nostalgia y pueda de nuevo explicar a los que todavía no se han enterado que así es como funciona el Estado de Derecho, y que los magistrados y los fiscales en España nunca se pondrán ni de parte de los asesinos ni de parte de los violadores ni de parte de los terroristas; siempre se pondrán de parte del derecho, tenga razón quien tenga razón.
Con ello prácticamente podría terminar mi intervención, porque es indudable que esta nostalgia no la voy a superar. En cualquier caso, me remito de nuevo a lo que traté de expresar en mi intervención. Cuando el Fiscal General del Estado pide que se aparte a los jueces y fiscales, a la justicia, de los focos del debate partidista continuo es precisamente porque para poder defender mejor el derecho lo harán fuera del debate permanente y continuo, y cuando se les pide que se ahorren titulares sensacionalistas es por la experiencia de que cada comparecencia parlamentaria, más que información, tiene la finalidad de proporcionar algún titular sensacionalista para el día siguiente, y lo cierto es que, desde mi perspectiva, resulta triste que esta información que procuro trasladar a todos los senadores con toda espontaneidad y amplitud quede resumida exclusivamente en una frase tremendista o en alguna expresión que no responde al contenido básico de mi intervención.
Como ya dije en el Congreso de los Diputados, mantengo el máximo respeto institucional a la oposición, porque considero que lo más representativo e importante de un Estado democrático no es el Gobierno sino la oposición. Gobierno hay en todos los Estados, incluso en las dictaduras; oposición democrática sólo en aquellos que son un Estado libre y democrático de derecho. Por ello mantengo el máximo respeto institucional a la oposición, he procurado hacerlo, le he enviado por primera vez informes sobre aquellas cuestiones de mayor debate político, por ejemplo, el surgido con ocasión de la polémica sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas, o el congreso de Batasuna en Barakaldo, que, por cierto, se prohibió a instancia del Ministerio Fiscal, y precisamente por eso no se celebró; también por primera vez, como fiscal general del Estado, he presentado la memoria al líder de la oposición, y procuro mantener el máximo respeto institucional hacia ella.
Siento mucho que se haya considerado como objeto de debate partidista, o más bien como objeto de ataque de oposición al fiscal general. No obstante, puedo decir a los señores senadores del Partido Popular --que en este caso eran quienes reclamaban mi comparecencia y los que han terminado, como en casi todas las comparecencias que solicitan, interesando mi cese o dimisión--, así como al resto de los senadores, que el fiscal procurará seguir cumpliendo con su función de acuerdo con los tres principios que antes señalaba --las tres erres--: rigor, respeto y responsabilidad. Y de esa manera seguiré actuando.
Señoras y señores senadores, muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Conde-Pumpido.
¿Los señores portavoces quieren hacer alguna observación o pregunta al señor fiscal general del Estado? (El señor Conde Bajén pide la palabra.) Le ruego que no reabra el debate, puesto que estamos en una comparecencia, no en un debate entre portavoces, en la que han tenido tiempo y libertad absoluta para expresarse. Tiene la palabra el senador Conde.

El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señora presidenta.
Parece que algunas de mis palabras anteriores han suscitado algún tipo de controversia, empezando por la señora presidenta.
Creo conveniente aclarar algo, aunque me parece tan obvio que no necesita aclaración.
Hubo un recurso en la Audiencia Nacional. Se debatía si un terrorista salía a la calle o si tenía que cumplir diez años más de condena.

La señora PRESIDENTA: Señor Conde, le ruego que no vuelva a explicar a esta Presidencia y a los miembros de esta comisión asuntos de hecho.
Quiero hacerle una advertencia, señoría. Cuando esta Presidencia le ha pedido que retirara esa afirmación en relación con el Ministerio Fiscal lo ha hecho porque, según su tono y el contexto en que la ha expresado, era una cuestión incriminatoria, no una posición procesal.
Todos los miembros de esta comisión, incluida la presidenta, conocen perfectamente cuáles son las funciones del Ministerio Fiscal. Por tanto, creo que lo único que hace con su aclaración es agravar la magnitud de la afirmación que antes hizo. Ya que no la quiere retirar, le pido, por favor, que no la agrave.

El señor CONDE BAJÉN: No la agravo, señora presidenta, todo lo contrario.
En ese recurso, la Audiencia Nacional decidió cambiar un criterio legal.
El asunto llegó al Tribunal Supremo, porque el terrorista recurrió. Fue al Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal había de tomar posición en ese recurso. El señor fiscal general del Estado en esta segunda intervención dice, con toda la razón, que, lógicamente, la fiscalía no se posicionó a favor del delincuente, sino a favor, ¿de qué? A favor de la ley. Pero quiero releer el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dice lo siguiente: «El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, ...» ¿Y cuál es, en opinión de este portavoz y del partido al que representa, el interés público en relación con Henri Parot? El interés público en relación con este terrorista...

La señora PRESIDENTA: Señor Conde, le voy a retirar el uso de la palabra.
Éste no es el objeto de la comparecencia y está haciendo unas aclaraciones que, de verdad, creo que están fuera de todo lugar y del objeto de la comparecencia que estamos celebrando en estos momentos.
El señor CONDE BAJÉN: Señora presidenta, ha sido un asunto tocado por el señor fiscal general del Estado en la réplica así como por el resto de los portavoces.
Me puede retirar la palabra perfectamente...

La señora PRESIDENTA: Ha sido debidamente advertido.

El señor CONDE BAJÉN: ... y me puede expulsar de la sala.

La señora PRESIDENTA: No, no lo haré.
En este asunto simplemente le digo que concluya haciendo las observaciones y preguntas que tenga hacer al señor fiscal general del Estado.

El señor CONDE BAJÉN: Estoy concluyendo, señora presidenta.
Además, le pido que me respete democráticamente en mi derecho a la libertad de expresión.

La señora PRESIDENTA: Lo he respetado en demasía.

El señor CONDE BAJÉN: No, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Lo que creo que no está respetando usted, señor senador, son las orientaciones e indicaciones que le está dando la presidenta de esta comisión.

El señor CONDE BAJÉN: La señora presidenta puede moderar los debates, pero no decirme lo que puedo expresar y lo que no.

La señora PRESIDENTA: La señora presidenta conoce sus funciones, como usted ha dicho.

El señor CONDE BAJÉN: Y este senador conoce las suyas.

La señora PRESIDENTA: Le he dicho que, de forma general, nos damos por suficientemente informados sobre el papel del Ministerio Fiscal en ese asunto.

El señor CONDE BAJÉN: No, señora presidenta. Usted no puede dirigir mi discurso.

La señora PRESIDENTA: No, pero puedo retirarle el uso de la palabra, entendiendo que ha agotado...
Le he dado la palabra, señoría --a ver si nos aclaramos--, para que haga las observaciones y preguntas que estime convenientes al señor fiscal general del Estado, pero está volviendo a hacer una aclaración sobre la actuación del Ministerio Fiscal en un asunto que no compete en absoluto al objeto de esta comparecencia. Antes he sido magnánima en el tiempo y respecto a los contenidos y ahora, señor Conde, lo recrimino y le pido que se limite a hacer las observaciones o preguntas oportunas. Y si no tiene ninguna pregunta ni observación que hacer al señor fiscal general del Estado, dé usted por concluida su intervención.


El señor CONDE BAJÉN: Estoy haciendo una observación, señora presidenta.
Pero reclamo mi derecho a poder expresarme, mi derecho democrático a dar una opinión. Me parece insólito.

La señora PRESIDENTA: Y yo le pido el respeto que merece la persona y la figura del Ministerio Fiscal.

El señor CONDE BAJÉN: Por supuesto. ¿Pero usted se ha pensado que es la defensora del Ministerio Fiscal?
La señora PRESIDENTA: Soy la defensora de que en esta comisión no se profieran expresiones del calibre de las que usted ha realizado, y que no denotan una posición procesal del fiscal general del Estado ni de ningún fiscal.

El señor CONDE BAJÉN: Esto es increíble.

La señora PRESIDENTA: Lo siento, señor Conde. Continúe.

El señor CONDE BAJÉN: Continúo. No se preocupe.
¿Cuál es el interés público tutelado por la ley, en opinión del Partido Popular? El interés público tutelado por la ley era, en nuestra opinión, que un terrorista esté la mayor cantidad de tiempo posible en la cárcel.
Lamentablemente, en nuestra opinión, eso que se consiguió fue a pesar de la actuación del Ministerio Fiscal, porque he de recordar aquí que el Tribunal Supremo es el que, al final, dice cuál es la interpretación correcta de la Ley --no lo dice el fiscal general, no lo dice, desde luego, el Partido Popular-- y la aplica. ¿Y qué dijo el Tribunal Supremo? Dijo el Tribunal Supremo que, en efecto, este terrorista debía estar diez años más en prisión, a pesar de la posición procesalmente sostenida por la Fiscalía General del Estado.
Esto, señorías, aunque a algunos, por lo visto, no les guste que yo lo diga, es un hecho objetivo y, en su consecuencia, incontrovertible. El Supremo dictó su sentencia a pesar de la posición sostenida por el Ministerio Fiscal --y eso me merece un juicio político--, que está siendo objeto de esta comparecencia, por supuesto, que tiene que ver precisamente con la situación del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, de donde emana el recurso que finalmente llega al Tribunal Supremo. Esto es lo que estoy aclarando, señora presidenta, señorías.
Lo que estoy aclarando es que, lamentablemente para el Partido Popular
--esta es la opinión que manifestamos--, la Fiscalía General del Estado no estuvo, en nuestra opinión, del lado de la defensa del interés público; no lo estuvo. No estuvo a la altura de las circunstancias.
Tenemos esa opinión.
¿Y esta situación en la que vivimos, en esta era que hemos alumbrado últimamente se nos va a permitir tener una opinión política? ¿Va a tener el Partido Popular la posibilidad de expresarse y dar sus opiniones sin que sea sistemáticamente descalificado por ello? ¿O es que aquí puede opinar todo el mundo menos el Partido Popular? ¿O es que el hecho de que el Partido Popular dé una opinión ya supone que ésta es incalificable y recusable y por ello se le puede retirar la palabra? ¿Por qué, por disentir? Pues, lamentablemente, disentimos. Tenemos otra opinión.
Teníamos otras expectativas puestas en la Fiscalía General del Estado. Se han defraudado las expectativas que teníamos en la Fiscalía General del Estado, y lo estamos diciendo libremente, le guste o no oírlo a quien lo esté escuchando. Es nuestra opinión, tenemos derecho a manifestarla, y jamás vamos a abdicar de semejante derecho. ¿Es esto ofensivo con el fiscal general del Estado? ¿Es ofensivo decir que esperábamos de él algo con lo que no nos hemos encontrado? Puede serlo. (La señora Granado Paniagua: Lo de Cardenal.) En cuanto a lo de Cardenal, sinceramente --cada uno puede dar sus opiniones--, me parece bastante pueril. Eso de a moro muerto, gran lanzada... ¿Vamos a discutir ahora las actuaciones del señor Cardenal en la Fiscalía General del Estado? ¡Por el amor de Dios! ¡Si estamos en otra legislatura, si estamos hablando de otra cosa! Por cierto, ni siquiera seguía las actuaciones de este señor cuando estaba en activo, no era mi cometido. No tendría ni capacidad para defenderlo, para darle o quitarle la razón. Hablo de lo que conozco, y lo que conozco es que la Fiscalía General del Estado, en asuntos de capital importancia, que, en nuestra opinión, implicaban la defensa del interés público tutelado por la ley, no se puso del lado del interés público tutelado por la ley, y tuvo que ser el Supremo, a pesar de la actuación de la Fiscalía General del Estado, el que dictase una sentencia disponiendo que Henri Parot estaría diez años más en la cárcel de lo que pretendía la Fiscalía General del Estado (El señor Mansilla Hidalgo: ¡Qué barbaridad!), como hecho objetivo e incontrovertible. (El señor Mansilla Hidalgo: ¿Cómo se puede decir eso? Eso no es cierto.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Conde, por su intervención.
No entren en un diálogo, señorías. Voy a dar la palabra a todos.
Muchas gracias, señor Conde, por su intervención.
Esta Presidencia, entre la libertad de expresión y la expulsión, elige lo primero. Además creo que la mayor reprobación está en que compare las aclaraciones que nos ha expuesto ahora con el tono y el contexto en que ha cursado su primera intervención respecto a la posición del Ministerio Fiscal.
¿Portavoces que quieren hacer uso de la palabra? (Pausa.) En primer lugar, tiene la palabra el senador Badia.

El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señora presidenta.
Creo que en este debate que se ha producido todos vamos a tener la capacidad de discrepar, y esa es una cuestión sagrada en un Estado democrático como el nuestro. De todas formas, lamento profundamente --y lo digo apenado-- que hayamos de discutir en un tema tan importante como es el de la lucha antiterrorista, en el que debería existir unanimidad.
Determinados grupos políticos invocan con frecuencia ese pacto por las libertades y contra

el terrorismo, pero luego excluyen de él a determinadas fuerzas políticas --por otra parte, mayoritarias en sus territorios--, y sería bueno que también lo compartiéramos a todos los efectos.
En definitiva, señoría, lamento que la comparecencia del fiscal general del Estado no se haya centrado en la procedencia o no del cese del señor Fungairiño, aunque entiendo que es un aspecto que ha quedado perfectamente aclarado y sobre el que, en todo caso, podrán existir discrepancias políticas.
Asimismo, lamento profundamente --tal y como he dicho anteriormente--, que no nos hayamos puesto de acuerdo respecto a determinadas cuestiones sobre las que habrán de tomarse importantes decisiones, tanto por el Ministerio Fiscal como por la Administración de Justicia y por el propio Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Badia.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.

La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señora presidenta.
No pensaba intervenir pero, como portavoz de mi grupo parlamentario, quiero dejar constancia de mi absoluto respeto hacia cualquier compañero de cualquier formación política, independientemente de las opiniones que quiera expresar, pues tiene todo el derecho no sólo a emitirlas sino a discrepar de lo que quiera. Deseo dejar esto claro porque a veces da la sensación de que cada uno se mira en un espejo distinto del que tiliza para los demás.
Con independencia de cualquier otro aspecto sobre el que hayamos podido discutir --en un tono que creo que es la primera vez que oigo en la Comisión de Justicia--, quiero subrayar la fortaleza del Estado de Derecho, a pesar de los golpes que éste haya podido recibir y que, según la visión de algunos, sigue recibiendo. En este sentido, tal y como ya hicimos constar en el Parlamento, sentí que podían tambalearse los cimientos del Estado de Derecho debido a una serie de iniciativas legislativas --así como a la labor del Ministerio Fiscal y de la propia Justicia--, en los últimos cuatro años del Gobierno del señor Aznar. Así lo sentí y así lo dije, aunque comprendo que hubiera muchas personas que discreparan de mis opiniones; sin embargo, tanto entonces como ahora, seguí creyendo en la fortaleza del Estado de Derecho.
El portavoz del Partido Popular ha terminado su primera intervención solicitando su dimisión o, en su caso, el cese del Gobierno; sin embargo, y a pesar de que mi grupo parlamentario no ha tenido que ver en el nombramiento del señor Conde-Pumpido como fiscal general del Estado, consideramos que a estas alturas de la legislatura --hoy estamos a 3 de abril--, la labor que pueda hacer al frente de esa institución puede ser positiva para todos y, en definitiva, para el Estado de Derecho.
Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Etxegoyen.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill. Sea breve, por favor.

El señor BOFILL ABELLÓ: Seré muy breve, señora presidenta.
Hemos convocado esta sesión para que el señor fiscal general del Estado nos informara sobre el cese del fiscal de la Audiencia Nacional, y creo que lo ha hecho puntualmente.
Sin embargo, a partir de este punto se ha iniciado una discusión que creo que no debía abordar esta Comisión de Justicia. Puede se positivo discutir sobre la política antiterrorista, y me parece que estamos ahora en mejor situación que anteriormente --aunque también se dieran pasos positivos--, pero creo que éste no es el lugar adecuado para realizar este debate ni las formas son las correctas. Desde mi punto de vista, el Partido Popular haría bien en reflexionar, porque las cosas están cambiando y quizá también deba cambiar un poco su discurso. Creo que su partido, la derecha española, tiene un problema, y es que su discurso está prisionero de la extrema derecha, que ni siquiera representa al conjunto social que necesita ser representado por un partido de derechas.
Quizá no sea la persona más adecuada para hacer esta afirmación (La señora Vindel López: ¡Seguramene que no!), porque mantengo una posición de izquierdas, pero, me parece que deberían reflexionar. (La señora Vindel López: ¡Seguramente!) Incluso tengo la impresión de que ni siquiera todos los senadores de su grupo parlamentario estarán de acuerdo con el tono que han utilizado y, por ello, creo que sería conveniente que reflexionaran al respecto.
No me parece bien que una comparecencia del fiscal general del Estado se haya convertido en un debate acerca de la posición del Partido Popular, pero es que creo que el Partido Popular está descolocado y debería centrarse y buscar foros de debate que no fueran estos, porque parece que aquí estamos discutiendo sobre otras cuestiones.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Bofill. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias.
En este segundo turno quiero reafirmar lo que ya expuse al principio, señor fiscal general del Estado, y es que aquí no había intención de hablar sobre una decisión concreta que afectaba a un servidor público determinado sino que, con ese pretexto, se trataba de cuestionar otros asuntos de un calado y una extensión mayor.
En cualquier caso, permítanme acabar mi intervención con un comentario propio de mi tierra, que se usa frecuentemente como grito de ánimo en el fútbol canario: ¡Arriba dÆellos bichillo! Es una expresión de ánimo para quienes están hoy en esa vanguardia en la defensa del Estado de Derecho.


Su función actual tiene una relevancia que no tenía desde hace algún tiempo y, por ello, le deseamos el mayor y el mejor de los éxitos. Desde luego, va a seguir contando no sólo con el apoyo, el respaldo y todo el cariño del Grupo Parlamentario Socialista, sino que insisto en que quisiéramos para los próximos años mucho más de lo mismo: que siga en esa trayectoria y con ese trabajo.
En su primera exposición, con gran autocontrol, se centró en el análisis de esa triple línea y, en la segunda exposición, haciendo todavía gala de un mayor autocontrol, nos recordó el abc del mundo del Derecho, que tan bien nos viene oír --aunque a algunos más que a otros.
Le repito el agradecimiento de mi grupo parlamentario hacia usted y a todo su equipo por su comparecencia.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
¿Algún senador o senadora que no haya intervenido desea formular alguna pregunta? (Pausa.) Tiene la palabra el señor fiscal general del Estado para cerrar el debate.

El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): Muchas gracias, señora presidenta y señoras y señores senadores. Contestaré telegráficamente.
En primer lugar, y en respuesta al senador del Grupo Popular, diré la Audiencia Nacional modificó la doctrina tradicional en materia de refundición de penas. Se trató de un tema jurídico de refundición de penas. En segundo lugar, la Fiscalía del Tribunal Supremo --que no la Fiscalía General del Estado--, dictaminó en favor de la doctrina tradicional sobre la refundición, y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por unanimidad del pleno, volvió a la doctrina tradicional sobre la refundición. Al mismo tiempo, incluyó, sobre una cuestión nueva no tratada, una cuestión nueva, una nueva doctrina de mucho interés que nosotros aplicaremos ahora, pero en cuanto a la refundición de penas apoyó el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
El fiscal general, la Fiscalía y el Ministerio Público van a seguir actuando siempre, y en todo momento, de acuerdo con la ley y el Derecho, defendiendo el interés general, tanto si se trata de terrorismo --que afecta mucho a los españoles--, como a otro tipo de materias, por ejemplo, la corrupción en algún ayuntamiento o las víctimas de cualquier tipo delictivo. Además, puedo asegurar que la Fiscalía no se va a sentir nunca en libertad vigilada, por mucho control político que se quiera establecer y que, con independencia de la crítica que pueda recibir, más o menos partidista, actuará de acuerdo con lo que la ley y el Derecho establezcan.
Para concluir, sólo me resta añadir que lamento mucho haber defraudado las expectativas del señor Conde; sin embargo, he de señalar que él no ha defraudado las mías.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Interrumpimos unos momentos la sesión para despedir al fiscal general del Estado. (Pausa.)

-- DICTAMINAR EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DEL MIEMBRO NACIONAL DE EUROJUST Y LAS RELACIONES CON ESTE ÓRGANO DE LA UNIÓN EUROPEA (621/000045).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al tercer punto del orden del día: Dictamen del proyecto de ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurosjust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. A este proyecto de ley se han presentado 21 enmiendas, distribuidas de la siguiente forma: nueve, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; tres, del Grupo Parlamentario Socialista; y nueve, del Grupo Parlamentario Popular. No ha habido informe de la Ponencia, pero me consta que se han retirado las enmiendas 15 y 16 de CiU y 1 del Grupo Parlamentario Popular; lo digo en voz alta por si hay alguna corrección que hacer. También hay algunas enmiendas transaccionales, al artículo 4, que veremos en su momento.
Abrimos un turno de defensa de enmiendas. Para la defensa de las del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Badia.

El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ratifico que hemos retirado las enmiendas 15 y 16, y que mantenemos la 13, la 14, la 17, la 18, la 19, la 20 y la 21. Las dos últimas hacen referencia a dos disposiciones adicionales nuevas, y las otras proponen garantías en el nombramiento previsto en el proyecto de ley y la situación administrativa de los nombrados.
Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Haciéndome eco de una petición apasionadamente interesada de mi colega (Risas.), sólo manifestaré que las razones de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista son las que se han hecho públicas en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias por su brevedad, y también por el contenido de su intervención, señoría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Yo también seré muy breve al hablar de este proyecto de ley, que tiene un mayor carácter técnico que político. Dejaremos, pues, el debate político para el Pleno.
El Grupo Parlamentario Popular mantiene vivas nueve enmiendas: las que quedaron vivas en el Congreso de los Diputados. Las enumeraré rápidamente. Hemos retirado la número 1 porque coincide plenamente con la número 14

de CiU, que consideramos más adecuada. Versa sobre la necesidad de que los órganos informantes, además de informar sobre la legalidad de la elección del miembro de Eurojust, lo hagan también sobre la idoneidad del candidato. Ello no obsta en absoluto para que la competencia del nombramiento la tengan el Ministerio de Justicia y el Consejo de Ministros, ni para que los informes de los órganos informantes sean no vinculantes, lo que abunda en la necesidad de que se informe también sobre la idoneidad del candidato.
Las enmiendas 2, 3 y 4, que permanecen vivas, se refieren al estatuto jurídico. La número 3 propone la eliminación del cese del miembro de Eurojust por libre remoción del Ministerio de Justicia. Consideramos que, al ser el mandato temporal de tres años prorrogables por otros tres, los ceses deberían deberse a causas objetivas, y no a la simple remoción, que podría estar sujeta a vaivenes políticos internos del Ministerio de Justicia y no sólo a los cambios tras las elecciones.
Nos importa mucho la número 2, coincidente con la número 15 de CiU, que ha sido retirada. Estimamos que es más oportuno que el miembro de Eurojust, ya pertenezca a la magistratura o a la fiscalía, quede en situación de comisión de servicios y no en situación de comisión de servicios especiales. La situación de comisión en servicios especiales está prevista para el desempeño de funciones ajenas a las del puesto de origen, mientras que el miembro de Eurojust desempeñará funciones muy similares a las de su puesto de origen y con autoridad sobre magistrados y fiscales. Por eso estimamos más oportuno que quede en situación de comisión de servicios.
Con respecto a las enmiendas 4 y 6, quiero advertir que obran en poder de la Mesa, como hemos decidido en ponencia, dos enmiendas transaccionales suscritas por los demás grupos.
En cuanto a la enmienda número 5, que también es coincidente con la número 16 de CiU, consideramos que debe existir el carácter imperativo en el nombramiento no tan sólo del miembro de Eurojust sino también de uno de los asistentes; si hay más de uno, evidentemente será optativo y previa negociación o comunicado al colegio de Eurojust. En principio, queremos que al menos tenga carácter imperativo el nombramiento por el Gobierno de un asistente.
Por último, para nosotros quedan realmente vivas las enmiendas 7, 8 y 9 por referirse a una cuestión que ahora voy a comentar brevemente y que ya expondré con más detenimiento en el Pleno. En nuestro ordenamiento jurídico en materia penal la decisión final para involucrarse en cualquier tipo de colaboración con otros países de la Unión Europea o para abrir o ampliar diligencias sobre hechos delictivos en el ámbito penal la tiene la magistratura del juzgado de instrucción y, por lo tanto, el Ministerio Fiscal debe limitarse a instar a la magistratura por ser ésta la que tiene capacidad de oficio para abrir y ampliar diligencias. En consecuencia, mantenemos este bloque de enmiendas. No obstante, como la número 7 coincide parcialmente con la enmienda número 18 de CiU, anuncio que votaremos a favor de ella, si bien mantendremos la nuestra.
Respecto a las enmiendas de CiU, votaremos en contra de la número 13, nos abstendremos en la votación de la número 19 y apoyaremos el resto.
Asimismo, quiero adelantar que votaremos a favor de las enmiendas 10, 11 y 12 del Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de que introducen una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que nada tiene que ver con el texto que aquí nos ocupa: la ley que regula el estatuto jurídico de Eurojust. En cualquier caso, en el Pleno tendremos ocasión de discutirlo más a fondo.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gutiérrez.
Como vamos a proceder a la votación de las enmiendas y del texto del dictamen al finalizar todos los puntos del orden del día, quiero preguntar si los grupos están conformes con las dos transaccionales que se han presentado en relación con las enmiendas 4 y 6 del Grupo Parlamentario Popular. (Asentimiento.) Pasamos al turno de portavoces. Para fijar posición sobre las enmiendas o el texto remitido por el Congreso, tiene la palabra la señora Etxegoyen.

La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señora presidenta.
Simplemente quiero recordar que mi grupo no ha formulado ninguna enmienda al texto de este proyecto de ley porque entendemos que aborda una competencia íntegramente estatal sobre una potestad que nosotros calificamos de ejecutiva. Nos parece correcta la previsión que hace este proyecto de ley respecto a lo que es objeto de su regulación, pero no nos lo parecen tanto las pretensiones que pretenden, y valga la redundancia, las enmiendas de los grupos parlamentarios Catalán en el Senado de Convergència i Unió y Popular.
No quiero entrar en un debate de fondo, porque tengo la seguridad que de aquí al debate plenario tendremos oportunidad de ahondar en nuestros argumentos y, seguramente, acercar posturas.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Etxegoyen.
Concluido el debate de las enmiendas, pasamos al siguiente punto del orden del día.

DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES MOCIONES:


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CREACIÓN DURANTE EL AÑO 2005 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL PARTIDO JUDICIAL DE REUS (TARRAGONA) (661/000188).

La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,

por la que se insta al Gobierno a la creación durante el pasado año 2005 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo del partido judicial de Reus.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Badia.

El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señora presidenta.
Evidentemente, lamentamos tener que presentar una cuestión que se tenía que haber planteado el pasado ejercicio.
En cualquier caso --y voy a intentar ser lo más breve posible--, en el año 1995 se inicia en Cataluña un proceso de cambio de organización judicial cuyo objetivo fundamental era la comarcalización de la justicia para asegurar tres principios básicos: la eficacia, acercar la justicia al administrado y evitar los retrasos judiciales. Todo ello lo hicimos con el convencimiento de que supondría facilitar la creación de juzgados que de alguna manera diesen respuesta a nuestros anhelos.
Hoy ponemos de manifiesto la problemática de la ciudad de Reus y del territorio bajo su influencia, con más de 50 municipios y 225.000 habitantes durante el período no estival y más de 400.000 en verano. Es evidente que el volumen de los procedimientos es considerable, de ahí que solicitemos la adecuación de una realidad incontestable.
Por otra parte, como los grupos políticos de la ciudad de Reus mantienen un consenso al respecto, hemos presentado esta moción, cuyo cumplimiento estaba previsto para el año 2005 y, tras la correspondiente modificación, lo prorrogamos al ejercicio 2006.
Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Badia.
¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Tiene la palabra la senadora Etxegoyen.

La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidenta.
Intervengo sólo para anunciar el voto favorable de mi grupo a esta iniciativa de Convergència i Unió.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Etxegoyen.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: Intervengo también para expresar que nuestro voto será favorable, como no podía ser de otra manera. Estamos totalmente de acuerdo con la creación de este juzgado de lo contencioso en Reus.
Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bofill.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.

El señor DÍAZ TEJERA. Muchas gracias, señora presidenta.
Pido disculpas, pero voy a repetir un discurso que ya he expuesto en varias ocasiones en comisión y en Pleno, aunque lo haré a toda velocidad para no perder el tiempo con una cuestión de sobra conocida.
En general, no es bueno abordar de esta manera la creación de nuevos órganos jurisdiccionales e incluso de partidos judiciales concretos. En muchas ocasiones he insistido en que hay que tener en cuenta lo vigente en el ordenamiento jurídico; es decir, quiénes tienen que interesarlo y acordarlo, qué justificación racional, objetiva y predeterminada se establece en el artículo 8.2 de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial en lo que se refiere a la comunidad autónoma y a la circunscripción, o todo lo que tiene que ver con la ratio de asuntos por órgano jurisdiccional y, en este sentido, cabe reiterar lo dispuesto en los artículos 35, apartados 1 y 2, y 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Durante mucho tiempo se han creado órganos jurisdiccionales y partidos judiciales no necesariamente impulsados por criterios vinculados a la razón, a la litispendencia, a la prospección de los pleitos que van a venir en el futuro, a la distribución de la carga o a los módulos de trabajo establecidos por el Consejo, y para no hacerlo en función de influencias más o menos razonables de ámbitos concretos o generales, lo propio es establecer criterios predeterminados, objetivos y racionales.
En virtud de éstos y teniendo en cuenta la litispendencia existente, la prospectiva poblacional y de los pleitos que vendrán en el futuro, la distribución de la carga y los módulos en cada uno de los órganos jurisdiccionales, podremos planteamos los correspondientes órganos, partidos judiciales o nuevos órdenes jurisdiccionales.
En cualquier caso, insisto en que en este asunto vamos a mantener la misma posición que hasta el momento. Pido disculpas por haber traído a colación un argumento reiterado y aburrido, pero tenía que comentarlo.
Asimismo, pido disculpas al senador proponente.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Conde.

El señor CONDE BAJÉN: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo con brevedad para manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Nos parece sensato y razonablemente bien justificado el planteamiento de CiU en esta moción, por lo que quiero que sepa que va a contar con nuestro apoyo y con nuestro voto favorable.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Conde.
Pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el senador Badia.

El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señora presidenta.


También intervengo con brevedad para contestar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Evidentemente, acepto su posicionamiento, pero pienso que sería bueno conocer la reciente sentencia del Tribunal Supremo en todo lo relativo a los módulos. La señora doña Margarita Robles evidencia que los módulos no van a condicionar la eficacia en la justicia, y ése ha sido uno de los planteamientos por los que hemos presentado esta moción, fundamentada también en cuestiones bien objetivas.
Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Badia.
Tiene la palabra el señor Díaz.

El señor DÍAZ TEJERA: Intervengo con brevedad, señora presidenta.
No sólo he basado mi argumentación en la cuestión de los módulos. En cualquier caso, le aseguro que los parámetros a tener en cuenta es la ratio de órganos jurisdiccionales, la media de los asuntos y los integrantes de la carrera judicial en el conjunto de los pleitos que hay en España, al margen de una sentencia concreta en torno a este módulo operativo existente en la realidad. No consta en ningún lado ninguna petición de creación de una nueva circunscripción en el orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, y es que, en términos generales, no se trata de una cuestión de módulos sino tan sólo de números. La carga media de trabajo durante el año 2004 fue de 460 asuntos registrados en los tres juzgados de lo contencioso-administrativo. Lo que intentamos plantear es que, en cualquier caso, la creación de órganos jurisdiccionales tiene que ver con la cantidad de pleitos y con la litispendencia que hay en los que ya existen, con el cálculo que se hace para el futuro, con la distribución de los ya existentes en función de la litispendencia actual, con la que se prevé para el futuro y con el ámbito territorial que abarca un determinado partido judicial, junto con las peticiones que tienen que ver con lo que establece esa comunidad autónoma. Pero en el Ministerio de Justicia no hay ni una sola petición de creación de estos órganos en concreto. Repito que, de cumplirse lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, en el artículo 36.1.2 y en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estaremos en condiciones de plantear si es o no necesario crearlo ahí o en otros lugares.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
¿Desea hacer uso de la palabra el representante del grupo proponente de esta moción? (Pausa.) Gracias. Lo damos por concluido.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PALIAR EL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PALENCIA (661/000210).

La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para paliar el déficit de infraestructuras en la Administración de Justicia en Palencia.
Tiene la palabra el senador Conde.

El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señora presidenta.
Ésta es una moción que firma nuestro compañero, Ignacio Cosidó, senador por la circunscripción electoral de Palencia, que voy a defender en nombre de mi grupo.
Señorías, como todos ustedes recordarán, allá por el mes de diciembre debatimos en esta comisión una moción relativa precisamente a las necesidades de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, necesidades en las que, evidentemente, también se incluían las de la provincia de Palencia.
Sin embargo, se produce una situación que lleva al senador firmante de esta moción a proponer expresamente una serie de medidas en relación con la provincia de Palencia. Se trata de lo siguiente: en este momento, el Ministerio de Justicia pretende que se instale el nuevo palacio de Justicia de Palencia en la antigua sede del Banco de España, edificio este manifiestamente incapaz de asumir en su seno las dependencias judiciales precisas para esta provincia y para ese partido judicial. Esto está suponiendo en Palencia una situación muy contestada desde un punto de vista social y por todos los operadores jurídicos, puesto que es obvio que en el lugar que se propone no cabe el palacio de Justicia. Se pretende, por tanto, que se impulsen unas medidas de otro tipo que permitan unas instalaciones suficientemente dignas y acordes con las necesidades de una administración de Justicia moderna como las que necesita la provincia de Palencia. De ahí el contenido de la moción, que reproducimos en sus propios términos y que justificamos con esta brevísima intervención.
Nos consta la intención del presidente de la Diputación de Palencia de adquirir unos terrenos en los que el Ministerio de Justicia pueda construir ese palacio, pero parece ser que la voluntad del Gobierno no es conforme a estos planteamientos que tanto la sociedad palentina como todos los operadores jurídicos de la provincia comparten. De conseguirse el apoyo suficiente a esta moción, quizá se pudiera convencer al Gobierno para paliar un déficit que es evidente y cuya solución tampoco parece tan complicada.
Reitero los términos de la moción y concluyo, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Conde.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz.

El señor DÍAZ TEJERA: En esta función que tengo que asumir en el último tramo de esta sesión (Risas.) --si todo fuera como esto no habría problemas--, voy a hacer un amplio análisis sobre las opciones que se plantean en la provincia de Palencia en relación con la dotación de edificios adecuados para la prestación de este servicio público.
La moción trata de dos extremos bien distintos. Perdone que se lo diga, pero es que son varias cuestiones. Por

una parte, se refiere a la construcción con carácter urgente de un edificio que albergue los hoy dispersos órganos judiciales en la capital palentina de su próxima creación, situación en la que se encuentra una gran parte de las provincias de España al no tener reunidos en un solo centro todos los órganos jurisdiccionales.
Por otra parte, las propuestas números 2 a 7 tienen relación con el catálogo de puestos de trabajo para la oficina judicial común, la previsión para la creación de un juzgado mercantil, la dotación de una plaza de un fiscal especializado para medio-ambiente en la Audiencia Provincial, la creación de un juzgado de vigilancia penitenciaria, la creación de un juzgado de familia y la de un nuevo juzgado de primera instancia.
En primer lugar, en cuanto a la instalación de esos órganos judiciales, la explicación que se da es la de la cercanía física --y aquí me corregirán quienes tienen un mayor conocimiento de los metros o centímetros que separan una dependencia de otra-- entre el Banco de España, que parece que es uno de los posibles edificios a utilizar, y el palacio de Justicia, y se pretende agruparlo todo en una misma manzana dada esa proximidad.
En segundo lugar, en cuanto a la cantidad de asuntos que se tramitan en un juzgado de primera instancia, la media es de 380 asuntos civiles y 2.500 asuntos penales. Les aseguro que no se supera la media de los juzgados de primera instancia, de los juzgados mixtos, como aquí se acaba de decir, razón por la cual insisto en mi exposición con motivo de la primera moción. La planta judicial, tanto en términos de circunscripciones como en términos de órganos jurisdiccionales, es una vieja reivindicación de todos los operadores jurídicos, y aquí no reclamo argumento de ningún oficio concreto, sino que me refiero a todos los operadores jurídicos, un palabro bastante descriptivo aunque a mí me parece una barbaridad; pero comoquiera que sí comunica, resulta que al final ha ganado la batalla, y cuando hablamos de todos los operadores jurídicos nos estamos refiriendo a todos los que intervienen en los procesos, en los pleitos. Pues bien, todos ellos insisten en que sería bueno establecer criterios predeterminados y objetivos racionales a priori a los márgenes de influencia de presión que se ejerzan en unos u otros territorios por unas u otras personas o grupos de presión. De la historia judicial española podemos sacar ejemplos de órganos jurisdiccionales en unas u otras provincias que no tienen ninguna justificación desde el punto de vista de la litispendencia ni de la población a la que atienden, y que sólo tienen justificación por asuntos ajenos a la razón y al sentido común, órganos que no se deben ni siquiera citar por no ser su descripción demasiado elegante.
De lo que se trata en este caso concreto es de abordar este asunto en relación con la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y con la creación de órganos jurisdiccionales, en función de los criterios establecidos por el Ministerio de Justicia para estos cuatro años. Sabido es que en esta legislatura ya se ha creado el 56 por ciento de los órganos jurisdiccionales que se querían crear. Insisto: se han creado 560 órganos de los mil que se querían crear. De lo que se trata es de hacer ese esfuerzo respecto de ese edificio, respecto de esa nueva oficina judicial que hay que desarrollar, así como para la creación de órganos jurisdiccionales.
Pido disculpas al senador Cosidó por no poder apoyar su petición.
Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Conde.

El señor CONDE BAJÉN: Señora presidenta, insistimos en nuestra intervención anterior. Las explicaciones o contradicciones manifestadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que por otra parte parecen bastante lógicas viniendo del grupo que sostiene al Gobierno, no solucionan en absoluto los problemas que vive la Administración de Justicia en Palencia, pero no sólo por todas esas cuestiones relacionadas con el personal, sino porque, por lo que he podido saber --no soy un gran conocedor de la situación inmobiliaria palentina--, el edificio del Banco de España no resuelve en modo alguno las necesidades de la Administración de Justicia.
Por otro lado, parece razonable que Palencia, como la inmensa mayoría de las capitales de provincia españolas, pretenda albergar en un solo edificio a todos los órganos judiciales. Repito que no parece ni una pretensión descabellada ni que esté fuera de lugar, sino bastante razonable.
Reitero de nuevo los términos de nuestra moción.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Conde. Damos por debatida la moción.


-- DESIGNACIÓN DE PONENCIAS QUE HAN DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY PARA LA EFICACIA EN LA UNIÓN EUROPEA DE LAS RESOLUCIONES DE EMBARGO Y DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES, Y EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA, COMPLEMENTARIO DEL ANTERIOR, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL (S. 621/000055, C. D. 121/000061, y S.
621/000057, C. D. 121/000062).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, que es la designación de ponencias que han de informar el proyecto de Ley para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, así como para informar el proyecto de ley orgánica, complementario del anterior, por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.
¿Quienes van a ser los ponentes de ambas leyes, señorías?
El señor CONDE BAJÉN: Por el Grupo Parlamentario Popular designamos a la senadora doña Amelia Salanueva y al senador don Evaristo Nogueira.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?
El señor DÍAZ TEJERA: Por el Grupo Parlamentario Socialista el senador Mansilla y un servidor.

La señora PRESIDENTA: Por el resto de grupos, los miembros que componen esta comisión.
Gracias, señorías.


-- DICTAMINAR EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DEL MIEMBRO NACIONAL DE EUROJUST Y LAS RELACIONES CON ESTE ÓRGANO DE LA UNIÓN EUROPEA (621/000045) (Votaciones).

La señora PRESIDENTA: Procede que pasemos, señorías, a las votaciones de cada uno de los puntos del orden del día vistos en la tarde de hoy.
Comenzamos por el dictamen del proyecto de ley, que, al no haber dictamen de la ponencia, procede votar las enmiendas.
Se ha solicitado votación separada, en dos bloques, de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, así como de las del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, también en dos bloques distintos.
Antes de pasar a la votación de las enmiendas, señorías, doy cuenta de las transaccionales que se han presentado. En primer lugar, al artículo 4, apartado 4, sobre la enmienda número 4 del Grupo Parlamentario Popular, que dice lo siguiente: «Se suprime el inciso final del apartado 4, que decía así "salvo que proceda la aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de esta ley".» Y, en segundo lugar, la transacción que afecta al artículo 13, sobre la enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Popular, que dice lo siguiente: «Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 13, con el siguiente texto: 2. La desatención a los requerimientos de Eurojust serán objeto de sanción disciplinaria.» Se aprueban por asentimiento estas dos transaccionales y, por tanto, decaerían las enmiendas números 4 y 6 del Grupo Parlamentario Popular.
Se ha retirado la número 1, y se mantienen vivas las números 2, 3, 5, 7, 8 y 9. Votaremos en el primer bloque las números 2, 3 y 5, y en el segundo bloque las números 7, 8 y 9.
Votamos las enmiendas números 2, 3 y 5, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 11.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos ahora las enmiendas números 7, 8 y 9, también del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en contra, 12.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en dos bloques. En primer lugar, las números 13 y 20.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, dos.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 14, 17, 18, 19 y 21.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, nueve, abstenciones, una.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 10, 11 y 12, que son las tres que quedan vivas.

Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Señorías, al no haber informe de la ponencia, procede que votemos el texto remitido por el Congreso de los Diputados, a excepción de lo que acabamos de votar. El Grupo Parlamentario Popular desea votación separada del artículo 16.1. El texto se mantiene según viene del Congreso, ya que ha sido rechazada la enmienda presentada frente a él. ¿Algún otro grupo desea alguna otra votación separada? (Pausa.) Vamos a votar en primer lugar el artículo 16.1 del texto remitido por el Congreso de los Diputados, de forma separada.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 11.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el artículo 16.1 del texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Votamos ahora el resto del texto remitido por el Congreso, no afectado por las enmiendas aprobadas con anterioridad.

Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Al haber sido dictaminado por la comisión este proyecto de ley, tenemos que designar a un miembro de la comisión para que lo presente ante el Pleno del Senado.

El señor CONDE BAJÉN: La señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: ¿El señor Conde no tiene nada que objetar? (Risas.)
El señor CONDE BAJÉN: En esta ocasión no.

La señora PRESIDENTA: Lo presentará la presidenta, que tendrá un gran honor.


DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES MOCIONES:


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CREACIÓN DURANTE EL AÑO 2005 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL PARTIDO JUDICIAL DE REUS (TARRAGONA) (661/000188) (Votación).

La señora PRESIDENTA: Votamos la primera de las mociones debatidas a lo largo de la tarde, por la que se insta al Gobierno a la creación, durante el año 2005, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del partido judicial de Reus, con la corrección técnica efectuada «in voce» donde se sustituye el año 2005 por el año 2006.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en contra, ocho.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PALIAR EL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PALENCIA (661/000210) (Votación).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para paliar el déficit de infraestructuras en la Administración de Justicia en Palencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, nueve; abstenciones, dos.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.

Eran las diecinueve horas y cincuenta.