CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2007 VIII Legislatura Comisiones. Núm. 445 COMISIÓN DE JUSTICIA PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DÑA. MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ GARCÍA celebrada el lunes, 26 de marzo de 2007

ORDEN DEL DÍA:


-- Comparecencia, a petición propia y del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, del Ministro de Justicia, D. Mariano Fernández Bermejo, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (Núm. exp. 711/000408 y 711/000412).

Se abre la sesión a las once horas.

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión, señorías.

Damos la bienvenida al señor ministro, que por primera vez viene a esta comisión, su comisión, y en la que esperamos verle con asiduidad.

Antes de pasar a la comparecencia vamos a aprobar el acta de la sesión anterior. ¿Tienen alguna objeción que hacer sobre la misma? (Pausa.)
Se entiende aprobada por asentimiento.

Como único punto del orden del día tenemos la comparecencia del excelentísimo señor don Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, a petición propia y a petición del Grupo Parlamentario Popular.

Ya conocen sus señorías la mecánica de tramitación de las comparecencias y, sin más preámbulos damos la palabra al señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Buenos días, muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días, señorías, es un verdadero honor comparecer por vez primera ante esta comisión con la esperanza, con el deseo de contribuir en este tiempo en el que asumo las responsabilidades de dirección del Ministerio de Justicia a ayudar a culminar el trabajo iniciado con las reformas dirigidas a la modernización de la Administración de Justicia, que son un objetivo prioritario en la política de Justicia del Gobierno. Para ello considero prioritario esta-

blecer una intensa colaboración, lo más productiva posible, entre el ministerio y esta Casa. Les agradezco a todos ustedes su presencia y la oportunidad que me brindan de exponer lo que es el programa de trabajo con el que intentamos alcanzar esos objetivos, objetivos que se plasmaron desde el principio de la legislatura y que siguen vigentes: conseguir aproximar la Justicia a los ciudadanos, agilizar sus procedimientos, hacerla más fiable, es decir, conseguir que a través de la mejora de la funcionalidad los ciudadanos la valoren y confíen en ella.

Mi propósito es por eso, en primer lugar, llevar a buen término esta legislatura. Para ello hay que culminar el ingente trabajo reformista que se ha llevado a cabo desde el Gobierno y que salvo el referido a la futura ley de adopción internacional, que aún está por llegar, el resto de proyectos ya se encuentran en las Cortes y deberán aprobarse con el concurso de todos y una buena dosis de sentido común. Ese sentido que me lleva a reiterar mi confianza en el diálogo como herramienta de trabajo, diálogo con todos, diálogo entre todos, diálogo para todos, primero con los distintos colectivos que contribuyen a la acción de la Justicia, sin cuyo concurso e implicación cualquier reforma no tiene posibilidad alguna de prosperar. En segundo lugar, diálogo con aquellas comunidades autónomas que asumieron las competencias en la gestión de los medios materiales y personales de la Administración de Justicia, lo que las convierte en actores principales y compañeras del Estado en toda política a desarrollar en la materia. En tercer lugar, diálogo con el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces y responsable de la garantía esencial de independencia de esos grandes actores de la Justicia a quienes debemos escuchar. Y, sobre todo, diálogo con los grupos parlamentarios que representáis la voluntad popular.

Es hora, pues, de terminar la tarea de modernización comenzada en el plano legislativo, pero no solo en el plano legislativo, sino también en el de gestión de la Administración de Justicia. Agradezco a mi antecesor y a todos ustedes el esfuerzo y el buen hacer en estos tres muy intensos años de trabajo. Ahora me corresponde intentar impulsar la conclusión de esa tarea procurando la transformación en realidad de dichas previsiones reformistas, convirtiendo la Administración de Justicia en un servicio público de calidad, su acompasamiento al desarrollo del Estado de las autonomías, su consolidación como garante de los derechos de los ciudadanos y su proyección hacia el exterior.

Caminar en esa dirección exige poner el Ministerio de Justicia al servicio de la administración de la Justicia y, por tanto, de los ciudadanos. El Gobierno, a través del departamento que dirijo, pretende que los tribunales recuperen el necesario sosiego para poder cumplir estrictamente con su función, sin agobios, sin interferencias, sobre todo del resto de los poderes políticos y también, si ello es posible, de los mediáticos, económicos y sociales. Para alcanzar este objetivo, como ya expresé en la Cámara Baja, quiero contar especialmente con la alianza, con la complicidad de la Carrera Judicial-Fiscal y del Secretariado y de todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Estoy seguro de que podemos contar con ellos porque nos conocemos, conozco su mundo -que es mi mundo, que era hasta hace un instante mi mundo- y las dificultades que le afectan. Todos ellos encontrarán en este ministerio y en este ministro receptividad para escuchar y para atender en la medida de nuestras posibilidades sus demandas y sugerencias materiales y personales imprescindibles para levantar los obstáculos que dificultan su quehacer diario, que no son puramente corporativas sino que impiden dar una respuesta justa a los ciudadanos que se la reclaman. Todos y cada uno de los que trabajamos en el Ministerio de Justicia vamos a responder sin recelo, sin cicatería, hasta el extremo de nuestras posibilidades, con imaginación y esfuerzo, para convertir el departamento que dirijo en una garantía de la independencia del Poder Judicial al servicio de la imparcialidad de los jueces; una garantía que, en definitiva, se transforma también en garantía de mayor eficacia; también una garantía del respeto a la autonomía del Ministerio Fiscal y con ello de la prevalencia del Derecho en la resolución de los conflictos, de la persecución y castigo del delito y del cumplimiento de la ley; finalmente, una garantía de que el servicio público de la Justicia estará al servicio de los ciudadanos.

En primer lugar trabajando para la mejor garantía de independencia del Poder Judicial y la consecución de la máxima eficacia en su trabajo; nos lo están pidiendo los jueces, nos lo piden los ciudadanos. Las encuestas nos dicen que la Justicia es una institución poco valorada. No nos lo podemos permitir, no es una cuestión partidista, como es obvio, es una cuestión trascendental para la supervivencia del Estado de Derecho como marco de convivencia. Todos somos responsables de la imagen politizada que los ciudadanos tienen de la Justicia. Todos somos responsables si permitimos que esa imagen se traduzca en dudas sobre las resoluciones que dicten los tribunales en aplicación de la ley, en desconfianza de los ciudadanos hacia unos tribunales y jueces deslegitimados. Por eso es necesario que nuestros jueces trabajen con sosiego en la máxima garantía de su independencia.

Pero con ello no alcanzamos el objetivo de máximos de realización de la Justicia, que no es otro que el que los ciudadanos vean realmente satisfechas sus demandas de realización plena de sus derechos en aquellos casos en los que son atacados y acuden a pedir el auxilio de la Justicia. No es un Estado de Derecho aquel que se limita a reconocer formalmente derechos y deberes; para alcanzar el estatus de ciudadanía es necesario que el Estado a través de sus órganos judiciales ofrezca una respuesta rápida y adecuada a las peticiones de los ciudadanos en defensa de dichos derechos. Una Justicia independiente pero lenta e ineficaz no es verdadera justicia.

Por lo tanto, hay que ponerse a trabajar en esos dos ámbitos: mejorar las condiciones de jueces y magistrados a la hora de ejercer la función jurisdiccional -es decir, mejorar la eficacia- y preservar la independencia y la legitimidad de los jueces y magistrados en el cumplimien-

to de esta función primordial y esencial en el sistema democrático, que no es otra que la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en parámetros de independencia. En ambos casos la imparcialidad se revela como una exigencia indispensable, consustancial a la propia función y figura del juez, imparcialidad respecto de las partes y del objeto del proceso que se garantiza, entre otros, a través del principio de independencia y que hoy día no sólo se predica respecto de los otros poderes del Estado sino también respecto de los poderes fácticos, sean mediáticos, económicos o sociales. Constitucionalmente se establece como uno de los principales cometidos del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Por ello mi trabajo en este campo deberá estar enmarcado, como no cabe de otro modo, en las relaciones entre el Consejo y el Ministerio de Justicia, asumiendo por mi parte un doble compromiso: primero, contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la renovación del Consejo del Poder Judicial haciendo valer su petición, su deseo expresado en el comunicado del pasado día 28 de febrero. A ello me he comprometido personalmente con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, agradeciendo a todo el Pleno y reconociendo públicamente haber cumplido en tiempo su trabajo en la preparación de los instrumentos legales imprescindibles para su renovación. Ahora es nuestro turno. En segundo lugar, mantener una estrecha colaboración con el nuevo Consejo para que continúe la línea de trabajo y entendimiento desarrollada a lo largo de la legislatura en las medidas normativas o de gestión y, muy especialmente, en relación con el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que tantos buenos frutos da y que se ocupa de una de las materias candentes en este momento que a todos nos tiene preocupados.

En cuanto al ejercicio de las competencias propias del Gobierno en materia de justicia en relación con el apoyo que requieren jueces y magistrados y nuestro deber de contribuir a que su trabajo sea más efectivo, me gustaría detenerme en las razones de fondo que llevan a asumir un conjunto de medidas, cuyo objetivo esencial es, por un lado, un mejor reparto de las tareas confluyentes en los juzgados que nos permita una distribución más racional y, por tanto, más efectiva del trabajo de jueces y magistrados y, por otro, una mejora de las condiciones en las que desarrollan su labor. Unas medidas son de carácter normativo, otras lo son de pura gestión. Entre las medidas legislativas es prioritario culminar el proceso de reforma de la Oficina Judicial, que va incluido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se presentó a las Cámaras el 26 de diciembre de 2005. Allí van cosas tan importantes como la tasación, la doble instancia, pero también la Oficina Judicial. El Congreso debió ya impulsar definitivamente el acuerdo que permita un proyecto de todos y permitir la segunda y necesaria lectura que a esta Cámara le corresponde. La Ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso no ha informado el proyecto y, por tanto, nada puedo implorar de esta Comisión en el Senado, salvo que sigamos atentos a aquellos trabajos para culminarlos cuando aquí proceda, que espero que sea pronto. No debiéramos frustar este objetivo trayendo a la discusión cuestiones ajenas al objeto de esa reforma. Si lo conseguimos no sólo ganaremos en rapidez y calidad en nuestra justicia, sino que también avanzaremos en el deseo de conseguir una justicia más independiente porque nuestros jueces se verán despojados de obligaciones y deberes ajenos a su genuina labor jurisdiccional.

Otro de los proyectos importantes que también ha iniciado su tramitación en el Congreso es, como saben, el proyecto de ley sobre jurisdicción voluntaria y tutela de derechos civiles y mercantiles. Con este texto el Gobierno pretende conformar una ley novedosa que permita a otros agentes esta función que, hasta ahora, tenían atribuida en exclusiva los jueces. Y lo hace, además, suprimiendo expedientes obsoletos, reformando los que todavía son útiles, pero en todo caso trasladando e incorporando de otros textos legales procedimientos de naturaleza voluntaria y redistribuyendo -y esto es lo importante- competencias en aras de la racionalización del sistema. Una vez más intentamos sustraer de la carga de los jueces aquellas materias que no necesariamente deben ser resueltas por jueces. En el ámbito de la jurisdicción voluntaria tenemos históricamente uno de los residuos donde más materia se encuentra en este sentido.

Por último, no quiero dejar de referirme al proyecto de Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuyo debate de totalidad tendrá lugar esta misma semana en el Congreso, y que confío pueda superarse con el concurso de la mayoría. Aprovecho ya para invitar a la minoría que discrepa de él, en este caso el Grupo Parlamentario Popular, para que sus legítimas diferencias no resulten un obstáculo insalvable al diálogo y puedan también sentirse parte de esta iniciativa con sus aportaciones. Es necesario compartir una reflexión: cuando la Fiscalía se ve cuestionada por cumplir con su obligación de actuar ante los tribunales en parámetros de estricta imparcialidad -no se nos olvide-, imparcialidad que proclama la Constitución en relación con el Ministerio Fiscal, cuando esa actuación en parámetros de imparcialidad es cuestionada estamos ante otro cáncer corrosivo del sistema. Creo que la solución es fortalecer su autonomía, autonomía imprescindible para el más eficiente ejercicio de sus funciones, y autonomía para prepararla para afrontar sus eventuales nuevas competencias en materia de investigación y persecución de los delitos.

Es evidente que no es momento de plantearse en lo que queda de legislatura la gran obra de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una ley más que centenaria, no sería realista ni prudente afrontarlo ahora. En todo caso, sea cual sea el modelo de proceso penal que tenemos in mente cada uno, es evidente que en cualquiera de los modelos será necesario que haya un Ministerio Fiscal más autónomo. Por eso pongo sobre la mesa y añado ese otro argumento más para pedir su apoyo al proyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Por lo que respecta a la gestión en sentido estricto, me propongo seguir contribuyendo a la reducción de la pendencia existente a través del apoyo a los planes específicos

de refuerzo, que nos permitan acercarnos a una mejora en el tiempo de resolución de conflictos. Los criterios para la aprobación de dichos planes fueron consensuados en la Comisión Mixta de febrero de 2006. Hasta el momento se han aprobado el 80 por ciento de los planes concretos que nos han sido solicitados. Es nuestra intención continuar esta línea de apoyo en los casos en que sea razonable y necesario.

Es también mi deseo materializar rápidamente las mejoras sociales introducidas en el Estatuto de Jueces y Magistrados por la Ley de Igualdad, tan justamente reclamadas a través de todas las asociaciones, porque la independencia del Poder Judicial se protege y garantiza también aumentando las mejoras sociales en el Estatuto de Jueces y Magistrados, permisos de paternidad y maternidad, permisos de cuidado familiar, protección frente a la violencia de género, que introducen mejoras en el estatus personal de todos, pero especialmente de juezas, magistradas y fiscales, que alcanzan ya en nuestra profesión en las últimas promociones el 70 por ciento de las personas que ingresan. Asimismo, puedo confirmarles que es un objetivo de este ministro ultimar el acuerdo retributivo de jueces y magistrados, que permitirá hacer efectivo el sistema de retribuciones variables, que se vio suspendido cuando el Tribunal Supremo anuló el correspondiente acuerdo aprobado al efecto por el Consejo del Poder Judicial.

Por último, y como colofón del conjunto de medidas de gestión que me propongo llevar a término, incluyo la de culminar el proceso de actualización de la planta judicial, desarrollada en esta legislatura. Anunciamos en su día la creación de 1.000 nuevas plazas de jueces y fiscales para responder a las necesidades reales de la planta judicial, incluidos los nuevos juzgados mercantiles y el cambio de modelo de las fiscalías. Llevamos cumplido con creces el objetivo pues en las fechas en que nos encontramos ya se han creado más de las tres cuartas partes de las que cronológicamente correspondían. Mi compromiso es el de cumplir en su integridad. Del año 2004 al 2007 hemos creado 385 nuevas plazas de fiscales. La previsión para 2008 es aumentar la plantilla con cien fiscales más, lo que hará un total de 485 plazas, necesarias para el despliegue del Ministerio Fiscal en el territorio de acuerdo con el modelo que diseña esa reforma del estatuto que tenemos en el Parlamento. En la primera legislatura del Partido Popular se crearon únicamente 64 plazas y en la segunda 237, es decir, un total de 301 plazas en ocho años. Las diferencias a la vista están.

Decía que, además, debemos trabajar en garantía de la prevalencia de la ley en la defensa de los intereses del Estado. Y no puedo dejar de hacer una referencia al protagonismo indudable que en todo este programa de trabajo, que consiste en poner al Ministerio de Justicia al servicio de la emisión de justicia, juega el Servicio Jurídico del Estado. El Gobierno ha pretendido que la Abogacía del Estado durante esta legislatura actúe modélicamente como un servicio jurídico de la Administración general del Estado y de todos sus organismos, entidades y empresas, que lo haga con sometimiento a los criterios de máxima eficacia y eficiencia y que defienda dos elementos esenciales para la salvaguarda del interés general: la garantía del principio de legalidad y la defensa del Estado en juicio en sus distintas personificaciones. Para optimizar los recursos y la coordinación del trabajo de los abogados se ha reestructurado la organización del servicio adaptándolo al modelo territorial autonómico vigente en nuestro país. Recientemente, se ha modificado el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado para crear las abogacías del Estado en las comunidades autónomas de forma que, sin olvidar la necesaria proyección provincial de la Abogacía del Estado, ésta se adecue, como digo, a la organización territorial del Estado de las autonomías. Es necesario, no obstante, culminar este proceso de modernización estructural y organizativa, y para ello me propongo en las próximas semanas impulsar la aprobación de la orden ministerial de desarrollo y las nuevas relaciones de puestos de trabajo necesarias para culminar el proceso.

Por último, debo subrayar la importancia fundamental que a lo largo de esta legislatura ha tenido que prestar y seguirá prestando la Abogacía del Estado para garantizar la máxima efectividad del operativo que se establece en cada convocatoria electoral de manera coordenada con el Ministerio del Interior, así como el apoyo prestado en la lucha antiterrorista mediante su intervención en los procesos entablados al respecto en la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, así como la defensa ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal europeo de las decisiones adoptadas por el Gobierno en la ilegalización de los partidos políticos que hasta el momento han sucedido a la ilegalizada Batasuna. La Abogacía del Estado está en marcha, en coordinación intensa y permanente con el Ministerio del Interior, y preparados para dar la respuesta adecuada, la que la Ley prevé, en la próxima convocatoria electoral.

Trabajamos además en garantía del servicio público de la Justicia y dos son en este sentido los objetivos que nos comprometen: culminar el plan de modernización de la Oficina Judicial, situando al secretario judicial como figura esencial de la reforma y eje configurador y articulador de las relaciones con la Administración de Justicia, y potenciar la relación con las comunidades autónomas con competencias en gestión en materia de Justicia para la mejor coordinación de esas competencias concurrentes y compartidas.

Ya me he referido anteriormente al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye la formidable tarea de diseñar lo que se ha venido en denominar la nueva Oficina Judicial. Este reto tiene por objetivo fundamental el que nuestros jueces y magistrados se dediquen exclusivamente a lo que la Constitución prevé: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sustrayendo del peso de sus obligaciones todas aquellas materias organizativas que no deben soportar.

Por eso, al frente de la Oficina Judicial se sitúa al secretario judicial, pues se pretende aprovechar todo su potencial como especialista cualificado de un cuerpo superior jurídico, para lo cual se le atribuyen importantes compe-

tencias encaminadas a dirigir en el aspecto técnico procesal al personal integrante de la Oficina Judicial, ordenando su actividad e impartiendo las órdenes e instrucciones que estime pertinentes. Asume además responsabilidades en materia de coordinación con las administraciones públicas con competencias en materia de Justicia.

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda esta comparecencia para dejar patente la alta valoración que para este ministro tiene la figura del secretario judicial y, en ese sentido y como ejemplo del protagonismo que dichos funcionarios adquieren en el nuevo diseño de nuestra Administración de Justicia, les anuncio, como ya hice en el Congreso, que procederemos a la reestructuración -estamos en ello- del Ministerio de Justicia para adaptarlo a las necesidades exigidas por esa nueva configuración de la Oficina Judicial y del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales.

Es imprescindible lograr la aprobación de la ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la Oficina Judicial, pero sepan ustedes que paralelamente estamos trabajando también en otros ámbitos como las reformas reglamentarias para una nueva ordenación y delimitación de competencias de todos los cuerpos que intervienen en la Administración de Justicia.

Por eso, ya se han dictado los reglamentos que regulan las situaciones administrativas, las formas de acceso y el régimen disciplinario de los nuevos cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia acordes con las nuevas competencias y las nuevas habilidades que a los mismos se les va a demandar.

Durante el presente año accederán a la Función pública las primeras promociones de secretarios judiciales, médicos forenses, funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal, de Tramitación Procesal y de Auxilio Judicial surgidas al amparo de la nueva regulación, todos ellos funcionarios a los que se les exige mayor cualificación y preparación. Vamos a hacer el esfuerzo necesario para que los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia reciban la formación específica que precisa el nuevo modelo de Oficina Judicial tanto en los temas referidos a las modificaciones procesales en marcha, como en lo relativo a la nueva organización y división del trabajo y, muy especialmente, para el manejo de las nuevas herramientas informáticas que vamos a poner a su disposición. Nos comprometemos a mantener un diálogo fluido y constante con los legales representantes de los funcionarios para que el proceso de gestión del cambio sea consensuado y, por tanto, lo más beneficioso para el servicio público.

No menos importantes son las reformas arquitectónicas para la implantación de la nueva Oficina Judicial. Las decimonónicas secretarias de nuestros juzgados y tribunales no son el entorno más adecuado para la nueva organización que proponemos. Nuevos modelos organizativos, nuevas estructuras funcionariales, nuevas competencias y nuevas y potentes herramientas informáticas exigen nuevas distribuciones espaciales de los edificios judiciales.

Durante la presente legislatura se han venido adaptando y en algunos casos levantando nuevos edificios en aquellas ciudades que van a acoger las primeras experiencias piloto de la Oficina Judicial. Seguiremos inyectando los recursos económicos necesarios para que todos los edificios judiciales del ámbito sobre el que tiene competencia el Ministerio de Justicia se encuentren plenamente adaptados al nuevo modelo de Oficina Judicial. El presupuesto del Ministerio de Justicia en estos últimos años ha venido experimentando incrementos notablemente superiores al del general de los Presupuestos Generales del Estado y en la misma línea seguiremos.

Por último, igualmente necesaria es la incorporación de nuevas herramientas informáticas que hagan posible a corto plazo la total utilización de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, con la meta de desterrar cuanto antes el formato papel. Pero la modernización tecnológica que estamos acometiendo afecta además a otros muchos aspectos: se están introduciendo sistemas de grabación digital en las salas de vistas y videoconferencia en nuestros juzgados y tribunales, se está dotando de un centro de almacenamiento de documentación administrativa al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional, se están modernizando los sistemas de tratamiento, almacenamiento y comunicación de datos en nuestras fiscalías, estamos contribuyendo al progreso de la Administración electrónica en el marco de los registros judiciales mediante la modernización de las comunidades autónomas con competencias asumidas en registros civiles.

Mención especial merece en este aspecto el proyecto LexNET, que permite el envío y la normal recepción de escritos y documentos, la práctica de los actos procesales de comunicación o el traslado previo de copias entre procuradores en formato electrónico y con todas las garantías de seguridad y confidencialidad exigidas por nuestras leyes. Recientemente se ha publicado el real decreto que regula dicho sistema y paulatinamente vamos a implantarlo en todos nuestros juzgados.

Vamos a seguir invirtiendo y apostando por las nuevas tecnologías conscientes, como somos, de que una Administración de Justicia moderna y que satisfaga las exigencias de los ciudadanos no puede permanecer al margen de la revolución que ya ha llegado al ámbito de las administraciones públicas. Seguiremos por ello trabajando en el desarrollo del Plan de Transparencia Judicial que aprobó el Gobierno para permitir a los ciudadanos tener información continua, por estas nuevas vías, sobre el estado de los procedimientos que les afecten y, de la misma forma, todos los profesionales del Derecho estarán permanentemente informados sobre el desarrollo de las actividades judiciales que afecten a sus intereses o su trabajo.

Además del objetivo de mejorar la información del ciudadano, consta de otras ambiciosas propuestas: la obtención de datos estadísticos precisos para evaluar la actividad de jueces y fiscales, la identificación de las instalaciones y equipos de trabajo que permitan un despliegue eficiente de la nueva Oficina Judicial y el compromiso por utilizar un lenguaje claro en toda la actividad judicial.


Recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto por el que se regula la estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial. Estamos trabajando con las comunidades autónomas con competencias asumidas, así como con el Consejo del Poder Judicial y la Fiscalía para poner en marcha cuanto antes dicha comisión. Se ha transformado en un objetivo prioritario pues es su fin primordial la obtención, por fin, de datos estadísticos fiables del sistema judicial español que permitan conocer en cada momento donde están los problemas de la Justicia para ponerles remedio.

Son muchas las cosas que se han hecho en estos tres años y muchas las que quedan por hacer. Quiero reiterar nuevamente la firme voluntad del Gobierno al que pertenezco y de todo el equipo que me acompaña en el ministerio de seguir adelante con las reformas emprendidas, y quiero dejar patente nuevamente el firme convencimiento de que estas reformas no van a ser posibles sin el concurso de todos los que tenemos alguna responsabilidad en el ámbito de la Administración de Justicia.

Subrayo el apoyo a las comunidades autónomas en la gestión de las nuevas competencias estatutarias asumidas en las distintas reformas. Es nuestra obligación llevar a buen término esta etapa de reformas en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, Las consecuencias del modelo de descentralización política de la Constitución se proyectan sobre la organización judicial de la mano de los tribunales superiores de Justicia, que son los que culminan esa organización judicial en el ámbito de cada comunidad autónoma. Por tanto, cualquier proyecto que pretenda adaptar la Justicia al Estado de las autonomías pasa necesariamente porque los tribunales superiores de Justicia desarrollen su función casacional en todas las ramas del Derecho autonómico como la Constitución exige.

Pues bien, también el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ya se está tramitando en la Comisión de Justicia contiene las disposiciones básicas encaminadas a adaptar la Administración de Justicia al Estado autonómico, que resultan además imprescindibles para el despliegue de las nuevas competencias estatutarias. Esta nueva atribución de los tribunales superiores de Justicia propiciará, como se ha dicho repetidamente, que el Tribunal Supremo adquiera una especial relevancia como órgano encargado de dar coherencia al ordenamiento jurídico mediante la función casacional en estado más puro, la de unificación de doctrina, que no es nada nuevo, que otrora ostentara pero que fue devaluándose hasta llegar a ser una suerte de tercera instancia o, aun peor, un remedio procesal más para los litigantes, lo que provoca un colapso considerable en la entrada y, en consecuencia, en el índice de pendencia de asuntos en el Tribunal Supremo. En este sentido, quiero destacar la importancia que para el desarrollo de tal tarea tienen las relaciones del Ministerio de Justicia con la conferencia sectorial, porque con nuestro modelo de Estado, con las importantísimas competencias en todos los órdenes que han asumido las comunidades autónomas, la necesaria colaboración y coordinación entre administraciones es una cuestión de supervivencia. Si ello es cierto en cualquier ámbito de la Administración, lo es en mucha mayor medida en la Administración de Justicia, en el que el proceso de transferencias ha supuesto un importante avance en la modernización de esta Administración. El servicio público de la Justicia presenta en nuestro Estado una complejidad organizativa que exige esta insoslayable colaboración y cooperación. Con este fin he mantenido reuniones con algunos consejeros de Justicia al objeto de analizar e identificar conjuntamente cuáles son los principales problemas sobre los que debemos actuar. Espero en los próximos meses mantener reuniones con el resto de consejeros y convocar una conferencia sectorial antes del verano.

En estos escasos tres años se han celebrado seis conferencias sectoriales y ocho comisiones técnicas, en las que se han debatido y coordinado las políticas que en materia de justicia han requerido la colaboración entre las distintas administraciones con competencias. Vamos a seguir manteniendo el mismo ritmo de convocatoria e incluso incrementándolo en los próximos meses en función de las necesidades que surjan de la próxima implantación de la Oficina Judicial. Es necesario que estemos codo a codo en la modernización de la Administración de Justicia. La vertebración del Estado exige que este servicio público se preste de manera homogénea y con unos estándares de calidad similares en todo el territorio.

En cuanto a los futuros avances en el traspaso de competencias, el proceso está a mitad de camino; sólo nueve, de las diecisiete comunidades autónomas, han asumido competencias, a pesar de que todas ellas las tienen recogidas en sus respectivos estatutos de autonomía. Sólo el Principado de Asturias se ha incorporado a este mapa durante la legislatura. Seguiremos trabajando para que, en la línea marcada por el ministerio en el Plan Director de Transferencias, impulsemos los grupos de trabajo creados con las distintas comunidades para que, desde la lealtad y el compromiso, las que aún no lo han hecho, puedan hacerlo, conscientes, como somos, de que la cercanía de la Administración autonómica a la realidad de la Administración de Justicia en cada territorio y el mejor conocimiento de sus específicas necesidades y peculiaridades añaden un valor en la gestión que redundará sin duda en la mejor prestación del servicio público.

No quiero acabar sin hacer una referencia específica a quienes considero el elemento sustancial de la Administración de Justicia: los funcionarios de los cuerpos gestores, tramitadores y de auxilio. Soy consciente de que el éxito de todo proceso de modernización en la Administración de Justicia pasa por mantener un diálogo permanente y de lealtad recíproca con los legales representantes de los funcionarios públicos que prestan un servicio en la Administración de Justicia, pues ellos son los que acumulan la experiencia y el conocimiento exacto de cuáles son los males que aquejan a nuestra Administración. Es mi deseo y compromiso que el contacto con ellos sea continuo a través de las organizaciones que les representan. Ya hemos

comenzado a hacerlo, y en los próximos meses se intensificarán estos encuentros. Para afrontar algunas de las mejoras imprescindibles que ya nos han hecho llegar, he dado indicaciones a mi equipo para que se haga un esfuerzo importante en materia de formación a fin de que los funcionarios de Justicia dependientes del ministerio reciban la formación especializada que precisa la implementación de la nueva Oficina Judicial tanto en los temas referidos a modificaciones procesales en marcha, como en lo relativo a la nueva organización y división del trabajo, como especialmente en las nuevas herramientas informáticas que vamos a poner a su disposición. Nuestro compromiso de diálogo debe asegurar que el proceso de gestión del cambio sea consensuado y lo más beneficioso para el servicio público.

En relación con este compromiso de formación de calidad para todos los servidores de la Administración de Justicia, quiero tan sólo mencionar la importancia que en este modelo tiene el continuar en la línea de refuerzo del Centro de Estudios Jurídicos para convertirlo en una verdadera escuela superior de la Administración de Justicia como organismo con responsabilidades en la selección y formación inicial y continua de los aspirantes al ingreso en la carrera fiscal y en los cuerpos de secretarios judiciales, médicos forenses, policía judicial y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, así como sólo la formación continua y especialización de los abogados del Estado.

A la cabeza de importantes reformas en la actividad de este centro deseo anunciar aquí la incorporación de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el plan de estudios de las nuevas promociones, con el fin de asegurar la asimilación del carácter de servicio público que queremos hacer llegar a todos los funcionarios desde el mismo momento de su acceso. Como saben bien sus señorías, el Centro de Estudios Jurídicos ha duplicado su actividad en lo que va de legislatura, pero ese salto no sólo ha sido cuantitativo, también cualitativo, pasando a convertirse en un referente en la generación de conocimiento en el ámbito de justicia. En él se han debatido prácticamente todas las iniciativas y reformas de envergadura acometidas por este Gobierno. Y en esa misma línea vamos a aprovechar el papel reivindicado por el centro de estudios para someter en él a debate y revisión los mecanismos de acceso a las carreras y cuerpos de servidores públicos de la Justicia.

Pero, además, la realización del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no depende sólo de la existencia de un sistema judicial adecuado y conforme con las demandas de la ciudadanía; exige también que abogados y procuradores, en tanto que de ellos depende la representación y postulación procesal, así como la dirección jurídica de los pleitos en que por su importancia la ley establece su inexcusable intervención, posean un alto grado de formación, pero también exige que estrictamente realicen las funciones de cooperación con la Administración de Justicia que la Ley Orgánica del Poder Judicial les reserva. Es por ello que como ministro de Justicia he de expresar una preocupación de primer orden por los asuntos vinculados con estas importantes profesiones. Expresión de esta preocupación es la designación como secretario de Estado del Ministerio de Justicia de un letrado, de un abogado, que lo estaba en ejercicio hasta hace un instante. En consecuencia, es mi deseo mantener una interlocución estrecha con la estructura corporativa de ambas profesiones para conocer sus necesidades, así como para contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a la mejora de su prestación profesional, impulsando una justicia gratuita eficaz y de calidad que garantice la igualdad en la defensa de quienes carezcan de recursos, pues de ello depende la satisfacción de nuestros ciudadanos.

El ministerio, además, trabajará con los socios de la Unión Europea y fortalecerá la cooperación jurídica internacional. La construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea se encuentra, como no es ajeno a nadie aquí, en un momento crucial. El debate sobre el propio proceso constitucional afecta a esta construcción ya que los mecanismos previstos para la toma de decisiones no están en vigor, y en las materias propias de la cooperación penal se requiere, con una Unión Europea de veintisiete miembros, unanimidad para adoptar cualquier medida. A nadie se le escapa las dificultades de encontrar unanimidad en las diferentes decisiones.

Desde el ministerio pienso dedicar parte de mi esfuerzo a que el programa de actuaciones para lanzar la construcción del espacio europeo de libertad, justicia y seguridad de la Unión Europea, adoptado en La Haya en noviembre de 2004, se lleve a cabo. En tal sentido y como medida inminente que dé fe de nuestro compromiso me propongo poner en marcha la incorporación al Derecho español de la Decisión Marco, de 24 de febrero de 2005, del Consejo, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, con el fin de facilitar la ejecución de tales sanciones en un Estado miembro distinto de aquél en el que se impusieron. La incorporación requiere norma con rango de ley, y es mi deseo que el borrador de anteproyecto esté listo para ser enviado a la Cámara antes del verano. En el ámbito del Consejo de Europa, el ministerio será el organizador, en el mes de septiembre, en Lanzarote, de su conferencia de ministros de Justicia. El tema no puede ser más atractivo, nuevos temas en relación con el acceso a la Justicia de los grupos vulnerables y, en especial, los inmigrantes y solicitantes de asilo, así como los menores. La aportación española va a ser muy relevante.

En el área iberoamericana, el ministerio va a seguir apoyando IberRed, que, como saben, es una red de cooperación jurídica internacional en Iberoamérica, que se estructura en torno a un tejido de agentes institucionales, puntos de contactos, extraídos de las tres instituciones con competencias en materia de cooperación jurídica internacional: los ministerios de Justicia, o autoridades centrales designadas, ministerios públicos o fiscalías y los poderes judiciales representados a través de las cortes supremas y los consejos superiores de magistratura allí donde existen. Se preparará su encuentro anual a finales de año en Uruguay. Inauguré el pasado día 22, jueves, el taller de prepa-

ración de ese encuentro, celebrado, precisamente, en el Centro de Estudios Jurídicos con unos resultados muy interesantes.

Uno de los aspectos más importantes en la búsqueda de la seguridad jurídica en la escena internacional, así como el fomento de la cooperación jurídica internacional se basa en el establecimiento de un marco jurídico cierto. Por ello, el Ministerio de Justicia ha desplegado una intensa actividad para suscribir acuerdos en materia de cooperación jurídica como son, extradición, cooperación jurídica en materia penal y traslado de personas condenadas para favorecer la vuelta a España de los que cumplen condena en el extranjero.

Acabamos de firmar tres tratados con Cabo Verde -tratado de extradición, de traslado de personas y de cooperación jurídica-, por lo que solamente quedan seis países pendientes, con los que mantenemos negociaciones: Arabia Saudí, Corea, Emiratos Árabes, Guinea Ecuatorial, Uruguay y Yemen. También nos encontramos en un proceso de revisión algunos de los tratados suscritos con anterioridad, como es el caso de Marruecos, para adaptarlos a las nuevas amenazas que surgirán.

En cuanto a las relaciones con las confesiones religiosas, no quiero dejar de comentar, aunque brevemente, el relieve muy notable que están adquiriendo las relaciones con todas ellas. En dicho ámbito me complace informar a sus señorías del inicio de una nueva etapa de diálogo con todas aquellas confesiones que tienen acuerdos con el Estado español, diálogo que en todos los casos tiene como finalidad crear un clima de confianza recíproca, basado en el respeto mutuo y la asunción plena de los valores que informan nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, muy especialmente la Ley de Libertad Religiosa de 1980. A corto plazo me planteo como objetivo avanzar en la construcción de un Estado genuinamente aconfesional, pero que asuma plenamente la responsabilidad que le asignan las leyes de cooperación con todas las confesiones religiosas que así lo han acordado con el Estado.

Los ciudadanos son los destinatarios de toda nuestra labor política de modernización. Somos conscientes de que las mejoras que han de venir no sólo habrán de depender de la resolución de conflictos en los tribunales, sino también de la prevención llevada a cabo por parte de los mismos, apostando por la seguridad jurídica preventiva. En este sentido, estoy comprometido a llevar adelante algunas medidas que serán rápidamente perceptibles por los usuarios de la justicia. Una de ellas, en la que estamos involucrados presupuestariamente ya en el 2007, es la informatización de los registros civiles, recogida en el proyecto Registro Civil On-Line, que se inscribe en el Plan Avanza del Gobierno. Durante la última etapa culminaremos la implantación gradual en todos los registros civiles de España de Inforec, que hará posible la realización telemática tanto de la práctica de asientos como la emisión de certificaciones de los hechos relativos al estado civil de las personas inscritas en él.

En ejecución de este programa, el pasado mes de junio se suscribió un convenio con el Ministerio de Industria por importe de 129 millones de euros. El convenio estará ejecutado en su totalidad en diciembre de 2008, fecha en la que los 8.109 registros civiles y los 7.677 juzgados de paz con fines registrales se habrán beneficiado de las actuaciones del convenio. En algunos territorios el proceso ya está terminado, pero es nuestra intención que en dos años las nuevas inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunciones o tutelas, así como sus certificaciones, se puedan practicar en todo el Estado de forma informatizada, facilitando tanto la labor de los funcionarios implicados como de los ciudadanos de las comunidades autónomas.

La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó el reglamento de la Ley de la creación del Registro de Contratos de Seguros con cobertura de fallecimiento, importantísimo para evitar que tantas y tantas personas que han invertido cantidades en contratos de seguro vean como se pierden en la nada las posibles indemnizaciones por razón de fallecimiento por simple desconocimiento de sus beneficiarios. Creemos que este registro, que se estructura integrado en el Registro de Actos de Última Voluntad, va a ser una herramienta muy interesante para, en definitiva, favorecer a los ciudadanos que contratan este tipo de seguros.

Otra de las medidas es la comunicación telemática entre notarías y registros de la propiedad mercantiles y de bienes muebles. La Ley 24/2005, de reformas para el impulso a la productividad, estableció el deber de notarios y registradores de crear y establecer las vías telemáticas para que las escrituras y documentos públicos inscribibles en los registros de la propiedad y mercantiles se transmitieran electrónicamente a través de una vía segura. Las dificultades lógicas del proceso de implantación han de considerarse superadas una vez transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de la Ley, por lo que velaré porque la culminación de la implantación se produzca en el plazo más breve posible, dado que no solo supondrá para el ciudadano un evidente ahorro de costes, sino también un aumento de seguridad jurídica.

Por último, quiero anunciar otra de las medidas que incidirá directamente en la vida de los ciudadanos en una materia sensible, ya que afecta a su derecho de que los datos de carácter personal sean protegidos eficazmente. Se encuentra en estado muy avanzado un borrador del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, y sería mi deseo que se aprobara a lo largo de este año.

Concluyo, señorías, diciéndoles que estoy aquí para poner mi esfuerzo al servicio del Estado de Derecho. Quiero apostar por el cambio, pero no pretendo utilizar el último período de legislatura para contribuir a ninguna infracción legislativa. Vamos a intentar acabar la obra que está en marcha con un instrumento conocido, que no es otro que el diálogo. El Gobierno pondrá a su disposición todo lo que sea necesario para afrontar las reformas que hemos emprendido.

Me dispongo ahora a escucharles, a dialogar y a trabajar. Les doy las gracias por haberme escuchado, cuento con todos ustedes y estoy a su disposición.

Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor ministro.

A continuación intervendrá el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Conde, que cuando quiera puede hacer uso de la palabra.

El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, bienvenido a esta Cámara en su primera comparecencia ante la misma para exponer el programa de su ministerio durante lo que queda de legislatura.

Hemos venido con enorme interés a escucharle, hemos venido a oírle con respeto, porque, sin duda, para los representantes de los ciudadanos es algo fundamental conocer los proyectos del Gobierno en el área de conocimiento que nos ha sido asignada y de la que nos ocupamos.

Señor ministro, nos ha llamado profundamente la atención su discurso. Entraremos en cuestiones de fondo, pero permítame que empiece por una mera cuestión formal. Usted, señor ministro, que tiene un alto concepto de sí mismo, según evidencia en cada aparición pública, me parece que debería empezar a tener presente una cuestión. Quizá usted no se ha dado cuenta de que cuando se habla del Senado como Cámara de segunda lectura no quiere decir ello que se venga aquí a leer exactamente el mismo discurso que se ha pronunciado en el Congreso de los Diputados. Señor ministro, el discurso que usted ha hecho está reproducido, casi punto por punto, en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, párrafos enteros, palabra a palabra, adjetivo a adjetivo; nos ha releído usted el discurso que pronunció hace 15 días en el Congreso. Como es evidente, no le vamos a pedir que tenga usted dos programas de Gobierno distintos, uno para el Congreso y otro para el Senado, pero, al menos, se podía haber tomado usted la molestia de redactar un discurso diferente, por mínimo respeto a esta Cámara, señor ministro. Lo de ser una Cámara de segunda lectura no implica, insisto, que pueda usted venir a releer un discurso que pronunció hace 15 días en el Congreso; nos parece una tremenda falta de respeto a la dignidad de esta Cámara. De usted que, insisto, tiene un alto concepto de sí mismo, lo menos que se puede esperar es que, al menos, no nos relea y nos saque de la nevera este fiambre para servirlo como plato de segunda mesa en esta Cámara esta mañana. Para esto, señor ministro, aunque hemos venido con interés y con respeto, la señora presidenta nos podía haber remitido simplemente al Diario de Sesiones del Congreso, pues nos lo habríamos leído antes y hubiéramos empezado directamente el debate, haciendo algo parecido a lo que se hace con las actas. Pero, señor ministro, ¿usted considera eso, sinceramente, de un mínimo respeto a la dignidad de esta Cámara? Entiendo que no. Empieza usted divinamente, por lo menos en la relación con esta Cámara, empieza usted magníficamente. Don Mariano Fernández Bermejo, genio de la jurisprudencia, no es capaz de hacer un discurso distinto en esta Cámara cuando comparece ante la misma. En fin, es algo lamentable.

Pero entremos ya en materia, en el fondo del asunto. Señor ministro, ha hecho usted un discurso -me refiero al contenido, por supuesto- de una pobreza tremenda. Usted ha hecho un discurso que, si lo despojamos de lugares comunes, frases hechas, grandes principios y deseos magníficos, y redujéramos todo eso a una salsa espesa, no daría ni para acompañar un filete. Ha hecho usted un discurso que, para empezar, desconoce profundamente la situación real de la Justicia. Nos ha pintado usted un panorama idílico donde todo está en marcha y funcionando, que no tiene absolutamente nada que ver con el funcionamiento real de la Administración de Justicia en España. ¿Qué es lo que pasa de verdad en España en relación con la Administración de Justicia? Me va a permitir que le haga un repaso, porque ya que, por lo visto, usted no sabe lo que se trae entre manos, al menos permitirá que sea la oposición la que le haga un diseño o descripción de aquello de lo que usted tendrá que ocuparse desde hoy en adelante.

Los juzgados y tribunales españoles, señor ministro, están absolutamente colapsados. Los casos pendientes se van incrementando cada año de Gobierno del Partido Socialista y estamos llegando a cifras ya escandalosas. Durante el último año la pendencia se incrementó en un 7 por ciento y el año anterior en un 4 por ciento. Sin embargo, y de modo sorprendente, cuando el Partido Popular acabó sus tareas de Gobierno en el año 2004, resultó que las medidas impulsadas estaban ya dando sus frutos y se resolvían más asuntos de los que ingresaban.

Fue llegar ustedes al Gobierno de España y esa tendencia, que era tremendamente ilusionante y esperanzadora para todos los operadores jurídicos comenzó a invertirse, hasta el punto de que a día de hoy la pendencia en los tribunales es un 7 por ciento superior a la del año anterior, que ya era un 4 por ciento superior.

El señor ministro decía que había medidas legislativas y medidas de gestión y, sin duda, señorías, esta circunstancia demuestra que en materia de gestión están ustedes suspensos; han conseguido empeorar las cosas. En aquellos tiempos célebres de fiscal miliciano, dijo usted que era imposible que la justicia fuera peor; pero lo cierto es que sí es posible porque desde el momento en que ustedes llegaron al Gobierno las cosas han empeorado en muchas áreas y, desde luego, también en la justicia.

Señor ministro, como usted decía, la modernización de la justicia requiere una serie de aspectos normativos y, en este sentido, todos sabemos que la Ley Orgánica 19/2003 exigía un desarrollo reglamentario; sin embargo, ustedes han sido extraordinariamente lentos a la hora de establecer el mismo.

El reglamento general de ingreso, del que tan ufano se ha sentido en esta comparecencia, tardó año y medio en ser promulgado desde el plazo previsto por la ley orgánica; lo mismo sucedió con el reglamento disciplinario, que se promulgó un año más tarde de lo previsto. Además, han conseguido algo que parecía imposible: que tanto los sindicatos como los secretarios hayan recurrido ambos regla-

mentos. Ése es el nivel de consenso y ése es el nivel de diálogo que ustedes han impulsado desde que se hicieron cargo de las tareas de Gobierno; han conseguido judicializar las medidas reglamentarias que son soporte, fundamento e instrumento imprescindible para que esa modernización de la Administración de Justicia se lleve a efecto.

La oficina judicial a la que usted ha aludido reiteradamente en esta comparecencia es un instrumento absolutamente fundamental para que nuestra justicia sea moderna, eficaz y tenga unos rápidos tiempos de respuesta -y en eso todos estamos de acuerdo-. Sin embargo, con el plan de implantación de la oficina judicial que ustedes presentaron el día 16 de mayo de 2006, ni está ni se la espera. Ustedes anunciaron que en octubre de 2006 habría 11 lugares con oficina judicial; dijeron que la segunda fase estaría lista a principios de 2007, pero ahora están ustedes prometiendo que entrará en funcionamiento en el año 2008. Ustedes han fracasado en la implantación de la oficina judicial; han fracasado rotundamente. Todos estamos de acuerdo en que la oficina judicial es absolutamente necesaria y, por ello, no comprendemos por qué siendo tan necesaria están ustedes dilatando tantísimo su implantación.

La orden ministerial de dotación básica de las unidades procesales de apoyo ha sido dictada con meses de retraso y ha sido rechazada por sindicatos, secretarios judiciales y por comunidades autónomas. ¡Más conflictividad!
La relación de puestos de trabajo establecida por la Ley Orgánica 19/2003, que tenía que estar en vigor el día 15 de abril de 2005, también ha experimentado un retraso tremendo. El calendario del ministerio era distinto del previsto por la ley orgánica, de manera que ya la pospusieron hasta diciembre de 2005, pero a día de hoy, señor ministro, no hay RPT de los 2.500 funcionarios afectados por la primera fase de implantación de la oficina judicial, entre otras cosas porque los sindicatos rechazan esas RPT, como usted sabe perfectamente.

Nos ha estado hablando también de los instrumentos informáticos como herramienta imprescindible para conseguir la modernización; de la digitalización de documentos y del sistema Lex net; ese sistema que lleva también un retraso inmenso y que sólo funciona en una comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma Valenciana, por cierto, gobernada por el Partido Popular.

El proyecto de ley de adecuación de las normas procesales a la nueva oficina judicial llegó al Parlamento un año después del plazo marcado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y, además, en mala compañía: junto con los juzgados de proximidad y la justicia de proximidad que, como usted sabe, dista mucho de contar con el mínimo consenso necesario como para ser aprobado. Este proyecto de ley lleva más de dos años paralizado en el Congreso de los Diputados y se han solicitado más de 40 ampliaciones del plazo de enmiendas; es una ley estancada porque el partido que sustenta al Gobierno al que usted representa en esta comparecencia es incapaz de sacar adelante una ley que es absolutamente básica para el desarrollo de nuestra Justicia.

¿Qué se puede decir del personal de la Administración de Justicia? No han convocado oposiciones al cuerpo de secretarios judiciales desde que ustedes están en el Gobierno; el anterior ministro no fue capaz de entregar un solo despacho a secretarios que hubieran ganado una plaza convocada por este Gobierno y aunque efectivamente hay un concurso pendiente, usted no tendrá siquiera tiempo de hacer la entrega de los despachos de esos nuevos secretarios. Tampoco se han convocado oposiciones a los demás cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y, ¿cuál es el resultado? El resultado es que la interinidad se ha instalado en los juzgados y tribunales de España. Por no aburrirles, les pondré únicamente un ejemplo en relación con la Comunidad Autónoma de Cataluña: hay 211 secretarios sustitutos, que representan el 40 por ciento del total de los 558 secretarios judiciales de Cataluña; hay 2.200 interinos del cuerpo de gestión, que representan el 34 por ciento de los 6.405 funcionarios; y hay 64 forenses interinos, que representan el 33 por ciento del total de 193 forenses. Creo que estas cifras son elocuentes por sí mismas: la interinidad se ha instalado en los juzgados y tribunales de España desde que ustedes están en el Gobierno.

Además, señor ministro, han instalado también la conflictividad laboral en el ámbito de los funcionarios y el personal al servicio de la Administración de Justicia. Les daré también unas pinceladas: el 26 de febrero se celebró la mesa sectorial de acción social y los sindicatos CSI-CSIF, Comisiones Obreras y UGT se levantaron de la mesa por desavenencias con el Gobierno; el 6 de febrero se celebró la mesa de negociación sobre juzgados de violencia y CSI-CSIF y Comisiones Obreras se levantaron de la mesa y acordaron reunirse para estudiar la formación de una plataforma reivindicativa conjunta y un calendario de movilizaciones; se han celebrado concentraciones de trabajadores ante la Audiencia Nacional exigiendo la convocatoria de una mesa que estudie el concreto y específico problema que tiene este importantísimo tribunal de España; y se han presentado miles de firmas de funcionarios en protesta por las condiciones de trabajo en los juzgados de lo penal debido a los colapsos que estos órganos judiciales padecen. El señor ministro hablaba de diálogo, consenso, cooperación, sentarse con todo el mundo... Desde luego, tiene usted tarea, señor ministro, porque han sido ustedes capaces no sólo de que la pendencia se incremente sino también de ponerse enfrente de todos los cuerpos que conforman la Administración de Justicia.

Asimismo, han tenido un gran éxito porque también lo han conseguido con jueces y magistrados. Señor ministro, han desatendido los planes de refuerzo, de forma que cada una de las memorias de cada tribunal superior de justicia de España refleja esta reivindicación, hasta ahora sin éxito. No disponen ustedes de los recursos económicos suficientes para pagar a los jueces sustitutos y a los magistrados suplentes, como han denunciado reiteradamente tanto el Consejo General del Poder Judicial como los presidentes de los tribunales superiores de justicia. Por esta causa, señor ministro, será usted consciente de que se han

tenido que suspender, de modo sistemático, diligencias judiciales y se ha retrasado la resolución de asuntos; es decir, que dado que el ministerio no ha dotado de modo bastante esta partida presupuestaria se ha conseguido el retraso en la Administración de Justicia.

Por mucho que usted quiera decir que es necesaria una Justicia eficaz, con rápida respuesta, no es suficiente con decirlo o con releerlo en esta Cámara, es necesario pasar de las musas al teatro y pasar de las grandes palabras a las pequeñas acciones. Simplemente es necesario dotar una partida presupuestaria, pero eso no entra dentro del calendario ni de la agenda de este Gobierno.

Ustedes han fracasado con esta gran idea de la bolsa de disponibilidad que entró en vigor en enero de 2007 y que consiste, básicamente, en que los jueces se sustituyan unos a otros o se refuercen unos a otros. ¿Saben con qué saldo se ha cerrado la convocatoria de esta bolsa de disponibilidad? En todo el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha habido un juez, solo uno, que ha solicitado su inclusión en esta bolsa y en el resto de las comunidades autónomas se ha saldado con el mismo o menor éxito, es decir con uno o cero jueces inscritos en esta bolsa de disponibilidad. Un gran éxito, señor ministro. Sin duda, pueden estar ustedes orgullosos de esta nueva medida porque el entusiasmo que ha despertado en la carrera judicial es perfectamente descriptible.

Una de las medidas que empezó este Gobierno con la legislatura fue la Ley de violencia y la creación de los juzgados de violencia contra la mujer; medida que, sin duda, despertó en muchos colectivos grandes esperanzas. Prometieron ustedes nada menos que 500 juzgados especializados en violencia, y no estaba mal, pero, claro, había que leer la letra pequeña. Al final todo el plan del Gobierno consistía en que los juzgados ya existentes serían compatibles, es decir que el mismo juzgado que ya lo era de Instrucción, además, iba a ser juzgado de violencia contra la mujer.

¿Cuál ha sido el resultado, señorías? El resultado ha sido que hasta enero solo han entrado en funcionamiento 27 juzgados de violencia contra la mujer sobre los 500 prometidos por el Gobierno que usted representa hoy en esta Cámara. O sea, 27 de 500, pero sólo dos han entrado en funcionamiento en territorio del ministerio; es decir, se demuestra que las comunidades autónomas con competencias transferidas han tenido bastante más interés que el propio ministerio en dotar esos juzgados de los que ustedes se han desentendido una vez que hicieron la adecuada propaganda, lo publicitaron suficientemente y creyeron que el objetivo meramente publicitario estaba cumplido.

El resultado es que hoy sólo funcionan 40 de esos juzgados, y solo diez en el territorio del ministerio. Señorías, los otros 400 juzgados de violencia compatibles están absolutamente colapsados, como ha denunciado el observatorio contra la violencia doméstica y de género, así como los presidentes de los tribunales superiores de justicia y las asociaciones de víctimas. Toda esa promesa propagandística del Gobierno se está saldando a día de hoy con un tremendo y rotundo fracaso, señor ministro.

Pero todavía deberían estar ustedes a tiempo de rectificar e intentar hacer algo en esta materia, al margen de la publicidad y de la propaganda en la que, por supuesto, nosotros no podemos darles lección alguna. Todo esto tiene mucho que ver con el presupuesto, señorías. Porque el presupuesto del Ministerio de Justicia es básico, como muy bien ha dicho el ministro, para conseguir una Justicia ágil, eficaz, rápida, eficiente y, por lo tanto, creíble.

El programa electoral del Partido Socialista Obrero Español, partido que sostiene el Gobierno que usted hoy representa, decía literalmente. Cito, y abro comillas: El gasto directo del área de justicia del Gobierno aumentará de modo inmediato en no menos de 180 millones de euros anuales y proseguirá de modo sostenido con la mira puesta en conseguir a medio plazo un 2 por ciento del total del presupuesto del Estado. ¿En qué ha quedado esta promesa electoral del Partido Socialista? Pues en que si en el año 2004, último ejercicio presupuestario del Gobierno del Partido Popular, el gasto en materia de Justicia suponía el 0,5 por ciento, en los años 2005, 2006 y 2007 sigue instalado en el 0,5 por ciento. Es decir, la promesa de llegar durante la legislatura al 2 por ciento del gasto total de los Presupuestos Generales del Estado no es que no se esté cumpliendo, es que se está convirtiendo en una pura y simple tomadura de pelo, señor ministro. No han hecho ustedes el más mínimo esfuerzo en la materia.

Pero el ministro en su discurso también nos ha dicho que es tremendamente importante acometer reformas arquitectónicas para que puedan instalarse los nuevos instrumentos telemáticos e informáticos que permitan una justicia eficaz. A ver de dónde va a sacar usted el dinero, señor ministro, porque resulta que las actuaciones inversoras del ministerio descienden año tras año. En el año 2005 tenían ustedes presupuestadas 130 actuaciones inversoras, en el 2006 descendieron a 60 y para estos presupuestos hay previstas 38 en la Sección de Justicia de los Presupuestos Generales del Estado. Además, el peso de las inversiones reales en el área de Justicia pasó del 7,1 por ciento del ejercicio de 2004 al 6,8 en el ejercicio de 2005 y al 6,4 en el ejercicio del 2006. Van ustedes para atrás y estas congelaciones presupuestarias y reducciones de actuaciones inversoras, siguiendo la lógica del ministro de que las obras redundan de modo directo en la mayor agilidad y respuesta de la Administración de Justicia, explica todo.

Están ustedes muy ufanos, eso sí, con la creación de una serie de plazas judiciales. Nos parece perfecto pero no es novedoso, piense usted que durante las legislaturas del Partido Popular se crearon 972 plazas de jueces. Nos encontramos con una plantilla de 3.180 jueces y terminamos el Gobierno con una plantilla de 4.152; se crearon mil plazas de jueces sin tantas alaracas y propaganda, simplemente se trabajó en el área que teníamos entre manos. En fiscales, efectivamente, se crearon 428 plazas, que supuso un incremento de un 33 por ciento en la plantilla de fiscales españoles, y no está nada mal.

¿Dónde queda entonces esa promesa que figuraba en el programa electoral del Partido Socialista sobre que los ciudadanos obtendrían una resolución judicial en menos

de dos años? Disuelta en el éter, diluida en el aire e incumplida, como tantas otras, y lo que es más grave, sin que veamos una voluntad manifiesta de cumplir la promesa electoral, porque con lo que ustedes proponen va a ser absolutamente imposible que la Justicia mejore.

El señor ministro ha hecho un discurso, como decía al principio, de mera relectura de lo que ya expuso en el Congreso de los Diputados y de una pobreza argumental tremenda. Esta es la situación que tenemos en este momento en la Justicia, señor Fernández Bermejo. Este es el estado de la situación y para paliarlo, ¿qué nos ofrece el señor ministro? En su discurso explica unas propuestas que no dan ni para la comparecencia de un subsecretario de un ministerio y que quedan muy lejos de la ambición política que se le tiene que suponer a quien toma asiento en el Consejo de Ministros del Gobierno de España.

Insisto en que, eliminadas las grandes frases, suprimidas las palabras más o menos elocuentes y, también, todo aquello que no son nada más que grandes deseos, que probablemente compartimos todos, el ministro nos ha dicho que va a establecer un permiso de paternidad y maternidad de dos meses para los jueces y magistrados, que va a trasladar las medidas de la Ley de violencia a la carrera judicial, que va a territorializar por comunidades autónomas la Abogacía General del Estado, que va a implantar y comprar nuevos instrumentos informáticos, que va a hacer reformas arquitectónicas, ¿y qué más, señor ministro? ¿Esto es todo lo que usted tiene que traer ante los representantes de los ciudadanos? Perdón, nos ha dicho también que se va a reunir con los consejeros de las comunidades autónomas. Sinceramente, su agenda no nos llama particularmente la atención, desde luego no nos quita el sueño. ¿Esto es todo lo que usted tiene que hacer por la Justicia?
Ya nos ha dicho que los proyectos de reformas legislativas de este ministerio son cero; este ministro no tiene nada nuevo que proponer en materia legislativa, nada. Nos ha dicho, eso sí, que, como su antecesor ya nos remitió una serie de leyes de mucha importancia, va a coadyuvar a que salgan adelante. Pero aquí no tiene usted palo que tocar porque dependerá de la labor y del trabajo de las Cortes Generales y usted ni siquiera es diputado o senador. No tiene nada que proponer pero, respecto a lo que sí quedaba claramente pendiente: la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el ministro nos anuncia que hace absoluta renuncia de cualquier trabajo tendente a ir avanzando en dotarnos de una ley procesal penal acorde con los tiempos que estamos viviendo. Este señor ministro, señorías, ha echado el cierre a la legislatura un año antes de que ésta termine. Y, sinceramente, señor ministro, nos quedamos extraordinariamente sorprendidos: no tiene usted ninguna idea nueva que dar. ¡Pero si parecía que era usted el único que conocía los problemas de la Justicia! Sigue usted dando lecciones a los cuatro puntos cardinales sobre lo que había que hacer con la Justicia. ¡Si solo parecía que poniéndole a usted al mando del barco podíamos, al menos, iniciar una buena travesía! Y cuando usted llega a tomar asiento en el Consejo de Ministros nos dice que se va a reunir con los consejeros y que va a poner un permiso de paternidad y de maternidad como gran medida de reforma de la Justicia. ¡Qué pobreza argumental, señor ministro! ¡Pero cómo es posible que usted venga hoy aquí y no se le caiga la cara de vergüenza releyendo un discurso donde no tiene usted nada de contenido!
Pero tiene una explicación, señorías. Porque este ministro no ha venido al Gobierno a arreglar ningún problema de la Justicia. Porque este ministro no ha sido llamado por el presidente Zapatero para tener respuesta judicial a los litigios en dos años. Porque este ministro no ha sido nombrado para el cargo para tener una Justicia ni más moderna ni más eficaz. Este ministro ha venido al Gobierno a lo que ha venido: a tumbar el último valladar que pudiera oponerse a los planes de este Gobierno en relación con la negociación con la banda terrorista ETA. Este ministro ha venido al Gobierno a intentar reconducir a esos jueces indomables y díscolos que tienen la obsesión de que la ley se cumpla y a torcer los dictados de la ley para ponerlos al servicio del concreto proyecto político del Gobierno socialista. Y tenemos un ejemplo en ello.

Desde que este ministro tomó posesión, al minuto siguiente de estar actuando como ministro y en su misma toma de posesión, ya inició una descalificación contra todo lo que se movía, empezando por el Consejo General del Poder Judicial y siguiendo por el Partido Popular, cosa ésta que tampoco es novedad ya que es una de esas obsesiones que se tiene usted que hacer mirar -señor ministro, permítame que se lo diga aunque no soy nadie para darle un consejo-, porque esa obsesión que tiene usted con el Partido Popular a mí me parece bastante enfermiza. Debe usted tener algún problema, algún complejo, quizá el de Edipo, o vaya usted a saber cuál, dado ese afán de intentar destruir al Partido Popular, un partido que es perfectamente democrático, que actúa con libertad de criterio y que creo es pieza insustituible en nuestro sistema como lo es también el Partido Socialista.

Estaba yo diciendo a qué venía el ministro. Pues el ministro venía a someter a la Justicia. Que usted haya dicho hoy en esta Cámara que el Ministerio Fiscal debe tener independencia, que hay que trabajar por el prestigio de los juzgados y tribunales, que no deben criticarse sus resoluciones, que debemos todos aceptar que los jueces deban ser absolutamente independientes en las tomas de decisiones es algo que pasa del sarcasmo para entrar en categorías bastante más graves, señor ministro.

Lo que ha sucedido con la Fiscalía General del Estado en estos últimos años -y es usted el ministro del ramo- es pura y sencillamente escandaloso, señor ministro; escandaloso. Cuando usted tomó posesión de su cargo y juró o prometió el mismo, habrá que recordarle que lo que usted juró o prometió fue guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Y particularmente yo le recomendaría la lectura del artículo 1 de la Constitución, ya que juró o prometió hacerla guardar, si tampoco hay que ir muy lejos: España es un Estado de Derecho; o el artículo 9, que consagra y proclama el principio de legalidad; o incluso el artículo 124, donde se esta-

blece que el Ministerio Fiscal promoverá la acción de la Justicia en defensa de la legalidad. Y lo que ha hecho el Ministerio de Justicia durante todos estos años ha sido exactamente lo contrario. Lo que ha hecho el Ministerio Fiscal a través de la Fiscalía General del Estado ha sido de escándalo. Y quiero dejar bien claro que me estoy refiriendo a las actuaciones del Fiscal General del Estado y a las de algunas otras personas que como persona interpuesta han sido los instrumentos de este Fiscal General del Estado para poner a la Justicia al servicio del interés político del Gobierno, no a los cientos o miles de fiscales que todos los días están cumpliendo de verdad con las misiones que les encomiendan tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial o como el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

Pero lo que ha sucedido, insisto, en la Fiscalía General del Estado en relación con la banda terrorista ETA ha sido tremendo. Vamos a recordar algunas cuestiones. ¿Recuerdan ustedes, señorías, cuando Otegi fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional y hubo un fiscal al que se le ocurrió pedir prisión incondicional para Otegi y respondió Otegi: ¿pero esto lo sabe el Fiscal General del Estado? Parece ser que no lo sabía; debieron informarle rápidamente porque en ese momento la Fiscalía cambió su petición, y de pedir prisión incondicional pasó a solicitar una fianza de 100.000 euros. Recordarán ustedes también la rebaja de petición de pena de seis a dos años para aquellos etarras que auxiliaron a otro a fugarse de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El etarra fue detenido finalmente y la Fiscalía rebajó la pena porque decía que en realidad no habían conseguido su propósito. O recordarán también la actuación de la Fiscalía en los asuntos de Jon Markel Ormazabal o en los de Gaizka Arzelus, que se saldó con un pacto de la Fiscalía con los abogados de estos dos etarras, con lo cual, de los once y siete años de petición de pena que cada uno de ellos tenía que soportar, pasó la cosa a una multa de 3.180 euros para el primero y a la absolución del segundo. Recordarán también la actuación de la Fiscalía en el asunto de De Juana Chaos, donde se pasó de una petición fiscal de 96 años a otra de siete. O recordarán también la petición del fiscal del archivo del caso Gunkaria. O quizá también se acuerden de cómo el 1 de junio de 2006 la Fiscalía hizo una rebaja de petición de pena de 136 a 61 años que venía haciendo en relación con determinados informadores de ETA, todo ello en un acuerdo cerrado con los abogados de los etarras.

Quizá también se acuerden de la actuación de la Fiscalía en relación con el etarra Iñaki Bilbao. Se le venían pidiendo doce años y en esta operación rebajas pasamos a dos años. O también la actuación del fiscal en el asunto de las herrikotabernas. El fiscal se opuso a que éstas fueran clausuradas e intervenidas porque no estaba clara su relación con la banda terrorista ETA. O recordarán también el caso EKIN, en que la petición fiscal pasó a la mitad en el acto judicial. O recordarán también la pasividad del Ministerio Fiscal en relación con el Partido Comunista de las Tierras Vascas. O recordarán también que la Fiscalía no presentó recurso en el caso Atutxa, que recibió un varapalo y que quedó francamente en ridículo, cuando finalmente el recurso fue admitido porque lo presentó el sindicato Manos Limpias. O recordarán cómo la Fiscalía, en el recurso ante el Tribunal Supremo interpuesto por Henry Parrot, se puso del lado de dicho terrorista y no del de la defensa de la resolución que adoptó la Audiencia Nacional. O recordarán cómo la Fiscalía todavía no ha querido saber nada de la investigación de aquellos chivatazos que permitieron a una serie de terroristas de ETA escapar de una redada policial en la que iban a ser detenidos. Pero eso no ha sido objeto del interés de la Fiscalía. Y por último, recordarán ustedes la actuación de la Fiscalía en la excarcelación del etarra De Juana Chaos y más recientemente el episodio de Arnaldo Otegi de esta semana pasada.

La señora PRESIDENTA: Le ruego, señor Conde, que vaya concluyendo.

El señor CONDE BAJÉN: Enseguida, señora presidenta.

Señorías, lo que ha sucedido con Otegi es de una gravedad extrema en opinión del Partido Popular: han conseguido ustedes rendir el Estado de Derecho ante las presiones de los terroristas. Han conseguido ustedes que cuando un etarra como De Juana Chaos le echa un pulso al Gobierno, Zapatero se rinde ante cualquier pulso. Y el problema, señor ministro, es que cuando Zapatero se rinde nos rinde al resto de la sociedad española. Lo que ha sucedido con Otegi es otro ejemplo tan grave o más que el anterior porque, al fin y al cabo, en el otro al menos se dejó que la Justicia le condenara, pero es que ustedes no han sido capaces de intentar siquiera que el que era un terrorista que había proferido enaltecimiento del terrorismo sea siquiera juzgado por la Audiencia Nacional.

Han impedido ustedes la acción de la justicia, incumpliendo -como les he leído antes- el artículo 124 de la Constitución y la confianza que todos los ciudadanos tenemos en la Fiscalía. Además, han indignado ustedes a una gran parte, a una notable parte de los componentes del Ministerio Fiscal.

Han conseguido ustedes críticas prácticamente de todos los sitios: de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la Asociación de Fiscales, en fin, de todo el que tiene un mínimo conocimiento del asunto. ¿Cómo es posible que la Fiscalía, existiendo como existían pruebas más que suficientes para que Otegi fuera condenado, se niega, impide, que el tribunal pueda someterle a juicio? Eso, señor ministro, es de una desvergüenza que no tiene precedentes en la historia democrática española. No tiene precedentes. Y el Gobierno, eso sí, en este caso como en otros, camufla sus decisiones políticas bajo las decisiones de los jueces -sólo cuando les conviene-, y de la independencia del Ministerio Fiscal.

Ustedes se están parapetando detrás de la toga del fiscal general del Estado que con su actuación está paseando por el barro del interés político las togas de todos los fiscales que componen el Ministerio Fiscal de España. Eso es lo que ustedes están haciendo. Están rindiendo el Estado de Derecho. Están dejando a la Justicia en la más absoluta de

las desvergüenzas. A la Justicia se la suele representar como a una dama vestida con una túnica y ustedes la han despojado de la túnica para dejarla desnuda, expuesta y en ridículo y todo ello por mejor servir a un puro interés y conveniencia de partido.

Ustedes están dispuestos a llegar a un pacto político con ETA y para llegar a ese pacto político con ETA están dispuestos a que la Justicia haga borrón y cuenta nueva en relación con los etarras, con los terroristas; están dispuestos a que el Estado de Derecho haga una excepción en relación con estos elementos, a que no paguen sus deudas con la sociedad aquellos que atentaron contra ella; porque así Zapatero conseguirá su propósito, y en ese complejo de Adán que tiene el presidente que nos gobierna desde hace tres años habremos inaugurado una nueva era, una nueva era que, si ustedes tuvieran éxito, que espero que no, sería la de la rendición de los principios del Estado de Derecho. Sería la era en la que los ciudadanos habríamos quedado absolutamente desasistidos por parte de nuestro Gobierno y la era en la que la Justicia en lugar de dedicarse a aplicar el Derecho se dedicó a aplicar un programa de partido.

Para eso ha venido usted, señor ministro. A usted esto de reducir los tiempos de respuesta, de reducir la pendencia, de llegar a acuerdos con los sindicatos, de aprobar relaciones de puestos de trabajo, de que funcione la informática -¡qué le voy a decir a usted de que funcione la informática con su experiencia como fiscal jefe de Madrid!-, todo esto a usted le trae sin cuidado. No es para esto para lo que a usted le han llamado. A usted le han llamado para otra cosa, y ya se aplicó desde el primer día para hacerlo cumplir.

¿Cuál es la noticia de hoy? La noticia de hoy es que el fiscal general del Estado, el mismo que impidió que se juzgase a Otegi, pretende nada menos que llevar ante el Tribunal Supremo a los tres magistrados que componían la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El mismo fiscal que no quería que se condenase a Otegi parece ser que ahora quiere llevar ante la justicia a los magistrados que no pudieron condenar a Otegi porque a su fina sensibilidad jurídica por lo visto le arañaba el tenor literal de la sentencia que se dictó.

Esta es la situación que vivimos. Este es el mundo de locos en el que ustedes nos quieren instalar: los etarras en la calle y los jueces ante los tribunales. Pues, enhorabuena, señor ministro. Yo no le deseo éxito en su función, como usted comprenderá. Si usted de verdad hubieran venido aquí para que los problemas -termino inmediatamente, señora presidenta-, para que los tradicionales problemas de nuestra justicia que venían solventándose poco a poco realmente llegasen a resolverse algún día, tendría el apoyo del Partido Popular, pero viniendo para lo que usted ha venido, no le deseo éxito ninguno. Es más, le anticipo que trabajaremos en todo lo que esté en nuestra mano para conseguir el fracaso de ese sometimiento de la Justicia al que usted parece ser que está llamado.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señor Conde.

A continuación, va a hacer uso de la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero saludar y dar la bienvenida al señor ministro. Antes de entrar en materia quisiera comentarle, por si le sirve de consuelo, que ya se aproximan -como usted bien sabe- las elecciones municipales. A mí en Galicia, como coordinador ejecutivo del Bloque Nacionalista Galego, me toca también participar en actos en distintas localidades de mi país para explicar las propuestas del BNG y le confieso que me resulta muy difícil dar un discurso distinto cada día. Acostumbro a repetir siempre más o menos el mismo discurso con pequeñas variantes. Espero que esto no me lo tenga en cuenta el portavoz del Grupo Popular, pero reconozco mi incapacidad para escribir un discurso distinto para cada día.

En cualquier caso, entrando ya en materia y procurando ser breve, le diré que, a juicio del Bloque Nacionalista Galego, la Justicia es una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia española. Y lo es, desde nuestro punto de vista, en una doble vertiente. En primer lugar, en su democratización -y después procuraré explicar qué quiero decir con esto- y, en segundo lugar, en su adaptación a la realidad plurinacional del Estado español o, si usted lo prefiere, para utilizar un término con menos carga ideológica, en su adaptación al Estado complejo y compuesto nacido de la Constitución de 1978.

Después de 25 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia, el Poder Judicial sigue manteniéndose en gran medida al margen de nuestro hecho autonómico. Excepción hecha de sus medios materiales, del personal no judicial, así como de algunas competencias casi residuales, objetivos que se fijaban en nuestro estatuto como garantizar la plenitud jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Galicia o la plena normalización del idioma gallego en la Administración de Justicia siguen muy lejos de verificarse.

Desde nuestro punto de vista la Administración de Justicia requiere de instrumentos normativos que, por una parte, agilicen la resolución en un tiempo razonable de todos los asuntos -y, desde nuestro punto de vista eso también pasa por adecuar la Justicia a la realidad territorial del Estado español- y por otra, garanticen la efectiva adecuación de la Justicia en nuestro caso a la realidad gallega.

Nosotros pensamos que esto exige medidas como que Galicia tenga competencias exclusivas a la hora de fijar la planta judicial, la demarcación, sede y dotación de medios personales y materiales para cada juzgado; que el poder gallego sea competente en el campo disciplinario y gubernativo, y que el ejercicio de esta potestad se ejerza a través de un Consejo Judicial gallego.

Entendemos que es necesario asegurar que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia sea la máxima instancia

judicial en Galicia, culminando todos los pleitos entre partes que surjan en Galicia, sin perjuicio de la competencia del Tribunal Supremo como unificador de doctrina.

Pensamos que es fundamental garantizar el uso normal de la lengua gallega en todos los ámbitos y creemos que para ello es necesario establecer como mérito preferente y necesario en la selección y provisión de jueces y magistrados el domino oral y escrito de la lengua gallega, así como el conocimiento del Derecho público y civil propio.

Usted en su intervención ha dicho que los derechos que la Constitución reconoce a los ciudadanos tienen que ser derechos reales y efectivos. No pueden ser simplemente enumeraciones retóricas. Pues, señor ministro, le aseguro que en Galicia el derecho real y efectivo de un gallego hablante a poder desarrollar su vida en lengua gallega, en particular, en sus relaciones con el Poder Judicial y con la Administración de Justicia, sigue muy lejos de ser un derecho real y efectivo, y el gallego es una lengua total y absolutamente residual y marginal en la Administración de Justicia en nuestro país.

Por último, dentro de esta adecuación necesaria, desde nuestro punto de vista, de la Justicia a la realidad del Estado autonómico, creemos que ya es hora de que las comunidades autónomas, y en particular el poder gallego, participen en el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. Es una incongruencia que el tribunal que decide de forma inapelable sobre conflictos entre las comunidades autónomas y el Estado central no haya contado hasta ahora con la participación de las comunidades autónomas para el nombramiento de sus magistrados. A nuestro juicio, en la reforma de la ley que está en trámite parlamentario se aborda este asunto de manera todavía insuficiente e insatisfactoria. En cualquier caso, como tendremos oportunidad de expresar nuestro punto de vista durante el debate parlamentario de la ley, no voy a extenderme en este capítulo.

Por otra parte, muchos de los planteamientos del Bloque Nacionalista Galego coinciden con las demandas de las comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia. Como usted sabe, el 16 de marzo pasado se reunieron en Galicia, en Santiago de Compostela, representantes y consejeros de las comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia, y la mayoría de ellos decidieron suscribir una serie de demandas, comunes: solicitar competencias en materia de demarcación y planta judicial; proponer la agilización de la implantación de la nueva oficina judicial; proponer que en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se asegure la plena utilización de las lenguas oficiales del Estado; reclamar la transferencia a las comunidades autónomas de los cuerpos de secretarios judiciales, médicos forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia; y por último, y como correlato de lo anterior, solicitar una conferencia sectorial para debatir formalmente estas propuestas con el ministerio. Por nuestra parte, le pedimos que se muestre receptivo a todas estas propuestas. Tenga en cuenta que una de las grandes asignaturas pendientes de la justicia en el Estado español es su adecuación al Estado autonómico, al Estado compuesto definido por la Constitución de 1978.

Además, hay otro aspecto que nos preocupa sobremanera y que preocupa también a amplísimos sectores de la sociedad: la sucesión de episodios que ponen en duda, desde nuestro punto de vista, la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial, pilares básicos de un Estado democrático y de derecho. Por eso he dicho al principio que una de las asignaturas pendientes era la democratización de la Justicia. La independencia del Poder Judicial no tiene que producirse simplemente respecto del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. La independencia del Poder Judicial tiene que ejercerse también respecto a los grupos de presión y también respecto de las fuerzas políticas y de sus estrategias partidistas. ¿Y qué episodios son los que, ante los ojos de la sociedad, están poniendo en duda, desde nuestro punto de vista, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, o al menos la de algunos sectores de este? Creo que están en la mente de todos, pero, de todas maneras, los voy a referir muy brevemente. En primer lugar, el bloqueo del consenso que haría posible la renovación del Consejo General del Poder Judicial, provocando de esta manera una prórroga del mandato del actual gobierno de los jueces y, con ello, una prórroga indefinida del mandato de la actual mayoría conservadora. En segundo lugar, las manifestaciones reiteradas de algunos miembros de la judicatura y del órgano de gobierno de los jueces, que, a nuestro modo de ver, inciden en esa percepción de falta de independencia e imparcialidad. En tercer lugar, la recusación del magistrado del Tribunal Constitucional, Pérez Tremps, con argumentos jurídicos extraordinariamente forzados y discutibles. En cuarto lugar y hablando de episodios recientes, las presuntas irregularidades en el nombramiento de magistrados, que provocaron la alteración de la Sala de lo Especial del Supremo encargada de juzgar asuntos tan delicados como los relativos a Batasuna o la aplicación de la Ley de partidos. Me gustaría que después en su propuesta nos dijera qué valoración le merece esto, señor ministro. El último episodio lo ha constituido la resolución de la Sección 4ª de la Audiencia Nacional sobre la vista de Arnaldo Otegi, en la que se hacen juicios de valor insólitos, que demuestran la falta de imparcialidad del tribunal al asumir funciones acusatorias que no le corresponden.

Comentaba al principio la preocupación que al Bloque Nacionalista Galego le producen estos episodios. Le aseguro, señor ministro, que yo no soy amigo de utilizar palabras fuertes ni palabras gruesas. Me gusta exponer con claridad mis ideas; mis planteamientos, los planteamientos de mi fuerza política, pero hacerlo a la vez con mesura. Sin embargo, a la vista de lo que está ocurriendo, es muy difícil dejar de pensar que hay sectores de la judicatura, sectores del Poder Judicial, que intentan intervenir en el juego político e imponer políticas distintas de las del Ejecutivo, con el apoyo del Parlamento, yendo mucho más allá de lo que tendría que ser su función, que es la observancia estricta de la legalidad. En política es inadmisible el todo vale, pero es difícil dejar de pensar que esta prác-

tica se está imponiendo desde determinados ámbitos políticos, con tal de conseguir los objetivos que se han propuesto.

En nuestra opinión, estas prácticas socavan claramente los fundamentos de un Estado de Derecho, los fundamentos de un Estado democrático. Además, tememos que, por una actitud absolutamente irresponsable, se pueda llegar a un punto de difícil retorno. Es paradójico, señor ministro, que sea yo, que represento al Bloque Nacionalista Galego, quien tenga que hacer estas reflexiones. Como usted sabe, el Bloque Nacionalista Galego no estuvo entre las fuerzas políticas que participaron en su momento en el pacto constitucional, ni comulga dogmáticamente con la Constitución Española. De hecho, uno de nuestros objetivos políticos es la reforma de la Constitución, la superación de su marco, para que los derechos nacionales de nuestro país tengan pleno reconocimiento, pero aceptamos plenamente las reglas del juego y aspiramos a alcanzar ese objetivo democráticamente y por medio de los mecanismos que articula la Constitución. No deja, pues, de ser paradójico que una fuerza política como el Bloque Nacionalista Galego, que no practica el dogmatismo proconstitucional, tenga que erigirse en defensora de la Constitución ante prácticas políticas de otras fuerzas que pretenden erigirse muchas veces en intérpretes únicos y unilaterales de la Constitución que, desde nuestro punto de vista, están socavando pilares básicos y fundamentales del Estado democrático y de Derecho.

Por desgracia, la historia se repite. A mí esta situación me recuerda lo que ocurrió durante la II República. Esperemos, por supuesto, que el desenlace no sea el mismo en absoluto, y no pretendo que se entienda el símil de ese modo. Entonces, el Partido Galegista, expresión del nacionalismo gallego en aquel tiempo, difería del régimen republicano por la manera en que se entendían los problemas nacionales y por la manera en que se pretendía resolverlos, igual que diferían el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Pero el Partido Galegista estuvo después en primera línea defendiendo la legitimidad republicana frente a los que la querían socavar, igual que los nacionalistas vascos y catalanes.

No quisiera parecer grandilocuente, pero la situación es enorme y objetivamente preocupante. Por eso, y pese a las lógicas discrepancias entre el Bloque Nacionalista Galego y el partido que da soporte al Gobierno -si no existiesen discrepancias no habría pluralismo político y la democracia se empobrecería-, quiero manifestarle, a diferencia del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, nuestro total apoyo en su apuesta por el diálogo y por el sosiego, y nuestra mejor disposición a respaldar el impulso reformador que requiere la justicia en España, con el fin de democratizarla realmente y de adecuarla a la realidad del Estado autonómico que surgió de la Constitución del año 1978, para modernizarla y para que sea ante todo un servicio público para los ciudadanos. Le manifiesto, pues, la disposición del Bloque Nacionalista Galego a apoyarlo en todos estos asuntos, y le deseo lo mejor para lo que queda de legislatura en su labor de materializar estos objetivos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jorquera.

A continuación, intervendrá, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, su portavoz en la Comisión, el señor Badia.

El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, buenos días. Nuestro grupo parlamentario le desea también un trabajo fructífero y positivo en la gestión de este asunto vital para el propio concepto democrático del país y para el desarrollo y la credibilidad de la Justicia.

De su intervención se desprende que entiende usted la Justicia como un servicio público eficaz para los ciudadanos. En este punto y como cuestión previa, hemos de abordar la forma de corregir el déficit de medios materiales y personales.Y tenemos que hacerlo todos juntos, porque en esto sí estamos todos de acuerdo. Sería bueno que, de entrada, se manifestase ese compromiso, porque al parecer, ese no es objeto de debate. No obstante, como en este punto estamos todos de acuerdo, me gustaría que se concretase negro sobre blanco cuando discutamos los Presupuestos Generales del Estado, de manera que se pueda contar realmente con más medios personales y materiales.

Estoy plenamente de acuerdo en el discurso que usted ha hecho de modernización y aproximación de la justicia al ciudadano; es una cuestión imprescindible. Lástima que la realidad sea otra. Evidentemente, apoyaremos toda su gestión si se propone la importancia de la justicia como servicio público al ciudadano.

En segundo lugar, voy a referirme a cuestiones concretas de carácter legislativo. Usted no ha mencionado el proyecto de reforma del Código Penal, y entendemos que es una cuestión fundamental. Ya sabemos que sigue su trabajo y que ese es un tema que nos ha de permitir dar respuestas a los ciudadanos en cuestiones concretas, entre las cuales citaré dos importantes: por un lado, los delitos contra la seguridad vial, donde hemos de hacer un esfuerzo importante. Uno de los haberes significativos del Gobierno en lo que llevamos de legislatura es la gestión de la seguridad vial, donde hemos tenido resultados positivos, pero creo que hemos de avanzar en su tipificación penal.

Por otro lado, también en esta línea de proyecto de reforma del Código Penal, hemos de dar respuesta a la lucha contra la inseguridad ciudadana mediante nuevos tipos, especialmente en la delincuencia organizada. La ciudadanía nos reclama permanentemente una respuesta clara en este asunto y creo que sería bueno que el máximo representante de la Justicia del Gobierno se comprometiera de forma concreta a que esto fuera realidad en esta última fase de legislatura.

Respecto al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el señor ministro se ha referido a dos cuestiones fundamentales: a la doble instancia penal y al recurso de casación, de vital importancia para agilizar la Justicia, pero también me hubiera gustado que se hubiera referido a la justicia de proximidad y sobre todo a los consejos de justicia de las comunidades autónomas. En ese

punto debo hacer referencia -el señor ministro no lo ha hecho- a una cuestión tan importante como es la realidad y la aplicación de los estatutos de autonomía, especialmente los de Cataluña y Andalucía que, como bien sabe, hacen mención a las competencias de justicia. En mi opinión, ese compromiso de diálogo al que se ha referido el señor ministro debe concretarse de forma específica en lo que contemplan los estatutos de autonomía de Cataluña y Andalucía en materia de Justicia.

Finalmente, voy a hacer referencia a una cuestión fundamental. Es evidente que en ciertos temas mantenemos posturas divergentes. Yo he empezado hablando de aquellos en los que estamos de acuerdo, pero parece que los divergentes son los que llegan a la ciudadanía. Nos encontramos ante un debate permanente entre los grupos políticos, especialmente entre los dos mayoritarios, y hemos convertido la Justicia en un asunto polémico que, en nuestra opinión, debería ser objeto de un pacto de Estado, lo que en este momento es realmente difícil porque estamos instalados en la permanente polémica y, por tanto, en la desconfianza y en el alejamiento de los ciudadanos de esta importante cuestión, todo ello provocado por una politización de la Justicia que no entendemos desde ningún punto de vista.

No me iba a referir al terrorismo, pero ya que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular sí lo ha hecho, diré que yo me he permitido repasar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado en diciembre de 2000 entre los dos grupos mayoritarios, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, y me he quedado anonadado de lo que se dice en él y de la realidad actual de los hechos. En el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo se habla de refuerzo de unidad, se habla de eliminar la confrontación, se habla de confianza, apoyo y compromiso con jueces y fiscales, se habla de apoyo total a las víctimas, se habla de apoyo a las movilizaciones ciudadanas contra el terrorismo, se habla de adecuación y de concertación conjunta en este asunto. Señorías, nada de nada; la realidad es muy contraria, y yo, al igual que muchos ciudadanos, lo lamento, ya que vemos que esta confrontación, en la que, evidentemente, unos tienen más responsabilidad que otros, nos ha llevado a una gravísima situación, aunque en el fondo todos estamos de acuerdo.

En definitiva, señor ministro, no me gustaría entrar en debates polémicos, porque pienso que el terrorismo no debe ser polémico, pero podemos caer en el grave error -ya se ha visto en las últimas consultas electorales, especialmente en las de carácter estatutario- de que la gente empiece a pasar de la política porque la política pasa de la gente. Debemos hacer un esfuerzo, ya que todos tenemos una parte de responsabilidad, seguramente unos más y otros menos. En democracia, señorías, la Justicia es sagrada y no podemos caer en la situación en la que nos encontramos hoy.

Señoría, termino diciendo lo que usted ha dicho al inicio de su intervención: el servicio público que supone la Justicia debe ser reconocido y debe ser de primer nivel para la ciudadanía, y, sin embargo, en la actualidad la situación no es ésta. Esperemos que entre todos podamos hacer que las aguas vuelvan a su cauce y que seamos conscientes de lo que nos jugamos y de que los debates que se mantuvieron hace muchos años hoy ya no deberían reproducirse; sin embargo, nos deberían servir para reordenar una situación que irremisiblemente nuestros conciudadanos nos van a reclamar. Le deseo que sea capaz de reconducir esta cuestión. Ya sé que no lo puede hacer de forma unilateral sino que va a necesitar muchas voces, en todo caso el grano de arena que mi grupo parlamentario puede aportar, lo tiene de entrada.

Muchas gracias, señor ministro; muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Badia.

En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra su portavoz en esta comisión, la señora Etxegoyen.

La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días a todos.

Quiero iniciar mi intervención dando al ministro Fernández Bermejo, nuevo titular de la cartera de Justicia, la bienvenida a esta comisión del Senado -se dice que cortesía obliga, pero no únicamente-, y quiero mostrarle todo mi respeto y el de mis compañeros de grupo, singularmente el de su portavoz, don Joseba Zubía, a quien usted conoce bien, así como nuestra felicitación por su nombramiento y por su trayectoria profesional; bienvenida y agradecimiento que hacemos extensivos, como no podía ser de otra manera, a los colaboradores de su ministerio y a quienes le acompañan en el día de hoy.

Ha manifestado al comienzo de su intervención que es para usted un honor comparecer ante esta comisión, algo que comparto con su señoría porque es lo que suelo sentir cada vez que participo en ella en mi calidad casi de portavoz itinerante, en sustitución del senador Zubía, una tarea nunca sencilla, pero que asumo con humildad y sumo gusto.

Entrando en materia, señor ministro, le diré que estamos en el tramo final de la presente legislatura, y su comparecencia de hoy para informar a esta comisión sobre las líneas generales de la política de su departamento objetivamente tenía que ser distinta a la que protagonizó en su día, un ya lejano 24 de junio de 2004, su predecesor, el ministro Juan Antonio López Aguilar, aun cuando, evidentemente, haya subrayado su voluntad de continuar con la labor trazada por él, algo que, por otro lado, es perfectamente comprensible.

En su día, mi grupo parlamentario señaló cuál era su visión de las cosas en estos ámbitos, y no quiero volverlo a reproducir porque considero que ustedes lo conocen y además mucho de lo que dijimos sigue plenamente vigente. Reconozco, en todo caso, que se han hecho cosas importantes, como la regulación de acceso a la profesión de abogado y procurador; la ley del menor, en la que mantenemos discrepancias; la modificación del Código Civil para la regulación del matrimonio, la nueva regulación de

la separación y el divorcio, y algunas otras; pero convendrá conmigo, señor ministro, que aquella expectativas, en su día muy ambiciosas, del ministro López Aguilar no han sido del todo satisfactoriamente culminadas, y quiero ser objetiva a la hora de hacer esta observación, porque es cierto que las reformas que afectan al grueso de la identidad de nuestro Poder Judicial no acaban de ver definitivamente la luz, y me refiero a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que a día de hoy no creo que estemos en disposición de poder afirmar que serán definitivamente aprobadas en la presente legislatura, a no ser que usted me contradiga, y le aseguro que me gustaría que así lo hiciera.

Lo mismo podría decir de la cada vez más necesaria modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, más que centenaria -como usted bien ha dicho-, y del propio Código Penal en no pocos aspectos. No creo tampoco -y si así lo ha hecho, me disculpo- haberle oído alguna mención sobre una posible reforma de la regulación de la nacionalidad, que es una cuestión anunciada en su día, una cuestión tal vez de índole menor respecto de otras que hoy hemos mencionado, pero que siempre sigue pendiente.

Dicho esto, quisiera que me concretara tres cuestiones que paso a señalar seguidamente y respecto de las cuales me gustaría conocer su opinión. A la primera de ellas se ha referido nuestro compañero, el portavoz del Bloque Nacionalista Galego: la promoción de la normalización del uso de todas las lenguas oficiales del Estado a fin de que los ciudadanos vascos, catalanes y gallegos, en este caso, podamos relacionarnos sin dificultades añadidas en nuestra relación con la Justicia en cualquiera de las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad. Creo que en este sentido hemos avanzado muy poco, y se lo digo con pesar porque, fuera de cualquier tipo de connotación reivindicativa o partidista, considero que el derecho a usar en sede judicial una lengua tan oficial como el castellano -el euskera en el caso de mi comunidad- redundaría en una mayor eficacia y en una mejor prestación del servicio público de la Administración de Justicia. Me gustaría conocer su parecer a este respecto.

Una segunda cuestión es de índole más delicada, y le voy a pedir, señor ministro que se moje si tiene alguna noticia más. Esta portavoz no conoce, ni tampoco tiene por qué, los entresijos del Consejo General del Poder Judicial a la hora de proceder a los nombramientos de jueces y magistrados y de determinar quién debe o no formar parte de tal o cual sala. Y me preocupa, señor ministro, señorías, lo que afecta a la denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo, que ha sido noticia en los últimos días, y no precisamente pacífica, habida cuenta de que sigue siendo la que va a aplicar la Ley de Partidos y decidir, llegado el caso, sobre la bondad de las listas o siglas con las que la Izquierda Abertzale, Batasuna, en definitiva, vaya a presentarse a las próximas elecciones municipales y locales, si así lo decide.

Sobre dicho nombramiento sobrevuela la apreciación de haber sido teledirigido por la mano del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y, según tengo entendido, pues algo he leído a este respecto, existe un informe de la Abogacía del Estado que muestra su preocupación hacia esta cuestión porque advierte del riesgo de la nulidad de las decisiones que, en la dirección que sea, pudieran adoptarse precisamente a tenor de un nombramiento anómalo de los miembros de esta Sala del 61.

Cuando usted compareció ante la comisión del Congreso de los Diputados creí entender que señaló que le preocupaba y que no se podía pronunciar al respecto, puesto que ni siquiera quería creer que pudiera ser cierta la noticia que se publicaba en esos días. Pues bien, señoría, han pasado ya unos cuantos y, caso de existir ese informe de la Abogacía del Estado, señor ministro, me gustaría que a día de hoy pudiera informarme sobre este asunto.

Una tercera cuestión es una reflexión que puede pender de otra que ha puesto usted de manifiesto en su intervención y que, de antemano, le digo que comparto. Desgraciadamente, es un hecho cierto que en este país la Justicia se sitúa en el vagón de cola, casi en los últimos puestos del ranking a la hora de gozar de la confianza de nuestros conciudadanos como prestación de un servicio público.

Ha señalado usted -si le he entendido bien- que una Justicia lenta e ineficaz no es Justicia y, si así lo ha afirmado, desde luego estoy de acuerdo con usted. Pero, además de las dificultades que todos reconocemos que puede tener la Justicia a la hora de afrontar su maquinaria, dada la naturaleza y dificultad del servicio que presta, su politización en la forma e intensidad que venimos conociendo en los últimos tiempos no ayuda precisamente a engrasar esta maquinaria ni a recuperar o ganarnos la confianza perdida. Y me parece muy grave el giro que están tomando los acontecimientos y que sitúan -es mi opinión- al Estado de Derecho en una situación de vulnerabilidad francamente peligrosa.

Bien pudiera hablar de algo que mi grupo parlamentario ha afirmado reiteradamente a lo largo de los últimos años, pero únicamente lo voy a mencionar, y no es otra cosa que la involución democrática que vivimos en este país -así lo sentimos, lo afirmamos y lo seguimos diciendo- singularmente en los últimos cuatro años de mayoría absoluta del Gobierno de José María Aznar, del Partido Popular, cuando conocimos toda una serie de batería de modificaciones legislativas absolutamente increíble; repito, una involución en toda regla: el aumento de penas de 30 a 40 años y su cumplimiento íntegro; la modificación de la Ley Orgánica penitenciaria; la regulación y detención preventiva, con largos periodos de incomunicación; la famosa Ley de Partidos, a la que no voy a dedicar ni un sólo minuto -otros han hecho bastante más que yo, y considero que con poco rigor a este respecto-; y la modificación ad nominem de un artículo del Código Penal con la sola finalidad de encarcelar al lehendakari Ibarretxe, en mi opinión, ni saben por qué ni por qué peligroso asunto.

A esta última cuestión se le dio la vuelta pero, a mi entender, queda todavía mucho por hacer para, en mi modesta opinión, volver a poner este tipo de cuestiones en la senda de la racionalidad y de la mesura, del Derecho, en definitiva. Y, señorías, oída la intervención del portavoz popular, creo que racionalidad y mesura en este campo es mucho pedirles. Pero todavía confío en que el Gobierno

socialista pueda mover ficha en este sentido y que pueda hacerlo en lo que resta de legislatura.

Para finalizar, he de decir que soy miembro del Partido Nacionalista Vasco y también de esta comisión, -aunque sea de forma itinerante, como he comentado con anterioridad-, y no puedo dejar de recordar un hecho que deriva de esta lectura de lo acontecido en este país durante los últimos años respecto a cómo se ha jugado con una mayoría parlamentaria para dar la vuelta y recortar una serie de derechos y libertades a través de modificaciones legislativas. En este momento, aunque no sé si habrá terminado ya, el lehendakari Ibarretxe tenía hoy hora para declarar ante el Tribunal Superior de Justicia, imputado en un delito, imputación que es absolutamente única en lo que significa Europa y nuestro Derecho comparado.

No voy a entrar en razones de fondo, y jurídicas mucho menos, pues soy una humilde jurista y nada más, y no pienso poner en debate las razones de orden jurídico -si las hay- en esta imputación en la declaración del lehendakari Ibarretxe hoy ante el Tribunal Superior de Justicia. Pero sí quiero lanzar una reflexión en voz alta y compartirla con ustedes -ni siquiera quiero que me den la razón, me basta con que la compartan-. Reconozco la capacidad de control de la Justicia sobre la actuación de otros poderes del Estado y afirmo con igual contundencia que esta nunca puede realizarse en contra del ejercicio de la política. Considero pues que con la imputación del lehendakari se pretende la modificación de la actuación democrática de un gobernante, en este caso, el máximo representante institucional de Euskadi. Entiendo que el ejercicio de la política en democracia va intrínsecamente ligado al diálogo, al debate y al acuerdo, y concebido así constituye, a mi entender, el mejor instrumento para la resolución de todos los problemas.

Reconozco y conozco bien las difíciles condiciones en las que llevan a cabo su tarea muchos jueces en Euskadi, con una integridad encomiable, desde la convicción de que el límite de su independencia reside en el respeto a los principios del Estado de Derecho y a las reglas de la democracia; tienen todo mi apoyo y todo mi reconocimiento. Sin embargo, me siento consternada porque, como les he dicho, veo que la extrema judicialización de la política que conlleva la invasión del Poder Judicial en el ámbito de lo político ha llevado a criminalizar al lehendakari sencillamente por haber afrontado con responsabilidad el mandato que le encomendaron los ciudadanos vascos porque fue elegido por el Parlamento vasco en el que están todas las fuerzas elegidas por mis conciudadanos.

No soy más que una humilde senadora del PNV, pero desde mi escaño quisiera exigir a los tribunales que defiendan nuestra libertad, el derecho a la palabra, al diálogo y a la acción política democrática. No se trata solamente de defender, en este caso, a Juan José Ibarretxe, sino de defender un principio democrático básico, que es el de la acción política frente a la amenaza de la criminalización del diálogo, una línea roja que nadie en democracia, ni partidos políticos ni gobernantes ni ciudadanos, debería nunca cruzar.

Eskerrik asko. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Etxegoyen.

A continuación, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra su portavoz, el señor Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor Bofill Abelló inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones): «Bon dia senyor ministre. Benvingut en aquesta Comissió de Justícia del Senat. Per a l´Entesa Catalana de Progrés és una satisfacció rebre un nou ministre que ha mostrat el seu tarannà dialogant i ferm, alhora, en la defensa de les seves conviccions democràtiques, que esperem que es tradueixi en un major acostament de la Justícia als ciutadans cosa que és indestriable de la seva adequació estructural i en actituds a l´Estat de les autonomies.

Començant en català, la meva llengua i la dels ciutadans i territoris que represento, vull subratllar la necessitat que aquesta cambra sigui realment la cambra territorial d´un Estat plural i, sobretot, la necessitat que la Justícia corregeixi aquest dèficit immens que és no entendre i no parlar la llengua de més d´una quarta part dels ciutadans que ha de servir.»
Buenos días, señor ministro. Con gran satisfacción en nombre propio y de Entesa Catalana de Progrés, es decir, de la coalición que formamos los senadores socialistas catalanes de Esquerra Republicana de Catanlunya, de Iniciativa per Catalunya y de Esquerra Unida i Alternativa, y tercer grupo parlamentario de esta Cámara, le daba la bienvenida en mi lengua y en la de los ciudadanos y territorios que represento como un gesto de proximidad y respeto hacia un ministro que ha mostrado su talante dialogante y firme a la vez en la defensa de sus convicciones democráticas, que esperamos que se traduzca en un mayor acercamiento de la Justicia a los ciudadanos, cosa que es inseparable de su adecuación estructural y en actitudes al Estado plural compuesto, que se ha dado en llamar de las autonomías.

Empezando en catalán, quería subrayar la necesidad de que esta Cámara sea realmente la Cámara territorial de un Estado plural y, sobre todo, la necesidad de que la Justicia corrija este déficit democrático inmenso, que es no entender la lengua de más de una cuarta parte de los ciudadanos que ha de servir.

Su antecesor, con toda la razón, lo subrayaba en todas sus intervenciones: la Justicia es ante todo un servicio público y así debería ser percibida por los ciudadanos, mucho más que como un poder que demasiado a menudo les parece ajeno y hasta confrontado con la mayoría que se ha expresado democráticamente en las urnas.

Esta desconfianza y el temor a no tener una Justicia totalmente imparcial es un factor que inhibe a los ciudadanos a usar su propia lengua ante los tribunales, ante jueces y personal judicial que en ocasiones no conocen la lengua de aquellos que la Justicia ha de amparar. Este temor de los ciudadanos les sitúa de forma subrepticia en una posición de súbditos, intolerable en un país democrático. Cuántas veces no hemos oído incluso a abogados desacon-

sejar a ciudadanos y ciudadanas que ejercieran sus derechos lingüísticos en los juzgados para no perjudicar sus demandas. Esto, que se reproduce a diario no solo en Cataluña, sino en el País Valencià y en las Illes, en relación con el catalán, también sucede -como han subrayado anteriormente- en Galicia, en el País Vasco y en Navarra. Esto se debe corregir, y una de las maneras en que usted y nosotros podemos hacerlo es modificando la legislación para que se cumplan, al menos, las previsiones del artículo 1º de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias -suscrita por el Estado español- y, sobre todo, el artículo 102, en nuestro caso, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por esta Cámara, refrendado por el pueblo de Cataluña y plenamente vigente, que establece que los magistrados, los jueces y los fiscales que ocupen una plaza en Cataluña han de acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

La Justicia como servicio público en un país democrático solo es posible si cumple sus propias normas y es por ello que es imprescindible que, sin más retrasos, se proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyos órganos, y en particular su Presidencia, deberían ser conscientes de su falta de legitimidad y, más allá de sus particulares sensibilidades ideológicas, políticas y partidistas, deberían moderar las formas de su discurso y adecuar su contenido al cumplimiento estricto de las leyes, que, sin torcerlas para nada, señor Conde, dejan margen suficiente para actuaciones diversas cuya definición no corresponde a los órganos judiciales ni al órgano de gobierno de la judicatura, sino al Parlamento y al Gobierno. Sepa, señor ministro, que en esta cuestión tiene todo el apoyo de Entesa Catalana de Progrés. Hay que renovar ya el Consejo General del Poder Judicial y hay que terminar con el partidismo en los órganos constitucionales, que no pueden obviar la voluntad de los ciudadanos expresadas en referéndum. Si esto no se corrige llegará el día en que renunciaremos a recurrir a ellos y les aseguro que eso será una mala noticia para el Estado democrático compuesto y para un futuro en común de los pueblos del Estado.

Nos ha hablado usted de la reforma en curso de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto a la cual queremos insistir en la necesidad de que dé respuesta a todas las previsiones del Estatuto de Autonomía de Cataluña y a que, por lo tanto, en lo que queda de legislatura demos los pasos necesarios para que se abra la puerta -al menos abrámosla- al cumplimiento de los tres capítulos de que consta el Título III del Estatuto catalán. Y, además de la cuestión lingüística ineludible que ya he planteado anteriormente, voy a subrayar tres cuestiones más fundamentales y mínimas para Entesa y para el Gobierno de Cataluña: La primera es que se den pasos efectivos para que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la última instancia jurisdiccional en Cataluña, tal como usted ha dicho, empezando por adecuar la legislación para que el Tribunal Superior de Justicia conozca los recursos de casación civil sobre Derecho Civil propio -y fíjese que me estoy limitando, sobre Derecho Civil propio- y los recursos mixtos, es decir, conjuntos sobre Derecho Civil propio y Derecho Civil común, independientemente de cuál sea la sede territorial de los órganos jurisdiccionales que hubieran dictado las resoluciones objeto de recurso.

En segundo lugar, que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial habilite la creación de los consejos de Justicia con el contenido mínimo necesario de acuerdo con las previsiones del Estatuto de Autonomía de Cataluña y también del de Andalucía -que, por cierto, en su artículo 144 tiene apartados exactamente literales del catalán, del Estatuto del País Valencià y del de las Illes Balears, recientemente aprobados, y por lo que podemos presagiar, previsión que también estará seguramente en otros estatutos de autonomía como el gallego, que esperemos que se aprueben en un futuro-.

Y, en tercer lugar, que se empiece a dar cumplimiento a lo previsto en nuestro Estatuto sobre medios personales y medios materiales de la Administración de Justicia, y muy especialmente que dentro del respeto al estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia reformemos la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer la competencia ejecutiva y de gestión en materia de este personal por parte de la Generalitat de Cataluña. En relación con esta cuestión, además, se han pronunciado siete comunidades autónomas de las nueve que tienen competencias en Justicia en la reciente reunión del 17 de marzo en Santiago de Compostela, solicitando justamente la modificación del Libro VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se complete el proceso de transferencias sobre los secretarios judiciales, médicos forenses y resto del personal, a la vez que demandan que, mientras no se complete el proceso de transferencias plenas, se les traspase la gestión de la oferta de trabajo público y los concursos de traslado. En este sentido me gustaría contar con el apoyo del Partido Popular y particularmente con el del señor Conde, hoy tan preocupado por la interinidad en Cataluña, porque justamente estas medidas van a servir para corregirla.

En otro orden de cosas, la reforma en curso del Estatuto del Ministerio Fiscal debería tener en cuenta las previsiones del Estatuto de Cataluña, cuyo rango jurídico como parte de nuestro corpus jurídico fundamental no deberíamos olvidar nunca.

Igualmente, en relación con el Estatuto está otra cuestión fundamental para nuestro grupo y nuestro Gobierno como es la aplicación de su artículo 147.1, que conlleva el desplazamiento a la Generalitat de Cataluña de la competencia ejecutiva en materia de selección y provisión de notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, lo que se traduce necesariamente en la adaptación de algunos procesos y previsiones contemplados en la legislación vigente en relación con las convocatorias de oposiciones a la participación de la Generalitat en la elaboración de los programas de acceso a dichos cuerpos a los efectos de la acreditación del conocimiento del Derecho catalán. Por otro lado, la atribución a la Generalitat de Cataluña de la competencia ejecutiva sobre demarcaciones notariales y registrales conlleva necesariamente que las disposiciones relativas a dicha

materia -que está ultimando el Gobierno en estas fechas- contengan cláusulas de salvaguarda de la competencia autonómica que permitan su pleno ejercicio.

Me he referido a la reunión de comunidades con competencias en Justicia cuyas demandas no debería desoír el ministerio, y entre ellas están también éstas: reforma del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el ciudadano pueda escoger la lengua en que quiera dirigirse a la Administración de Justicia -tal como subrayábamos anteriormente-, creación de unidades de valoración integral de la violencia de género dentro de los institutos de medicina legal y la participación en la gestión de las cuentas de depósito y consignaciones judiciales y de sus rendimientos en función del volumen de la actividad judicial de cada comunidad autónoma y del coste de los servicios, así como la gestión de las tasas y multas fijadas por los juzgados. A este respecto, quiero subrayar que este senador promovió una moción que finalmente fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Senado en noviembre de 2005 para que el Gobierno estudiara el traspaso o la participación de las comunidades autónomas en la gestión de dichas cuentas y tasas y aún no hemos recibido respuesta alguna del Gobierno. Señor ministro, nos gustaría que en la relación con la Cámara diera usted un nuevo paso de diálogo y respeto mutuo y tuviera en cuenta las iniciativas que aprobamos aunque no tengan el rango de ley, particularmente aquéllas que, además, han conllevado un gran esfuerzo de negociación -con participación de hecho de los asesores del propio ministerio- para conseguir acuerdos unánimes de la Cámara. En relación con esta cuestión quiero recordarle también la reciente aprobación por el Pleno de una moción sobre la Ley concursal y sobre la administración concursal que necesita algunos ajustes -algunos ya previstos en el propio desarrollo reglamentario de la Ley concursal, como la revisión del baremo de los administradores concursales-, para que el gran esfuerzo de modernización que supuso su entrada en vigor y el inicio del funcionamiento de los juzgados mercantiles no se vea defraudado.

Voy terminando, aunque me dejo muchas cosas en el tintero inevitablemente, pero teniendo en cuenta el retraso de nuestra Justicia en modernización y adecuación al Estado de las autonomías es inevitable dejarse muchas cosas. Ahora bien, no quiero olvidar en esta intervención que para aproximar la Justicia a los ciudadanos justamente es necesaria la modernización de la jurisdicción voluntaria -a la cual usted ya se ha referido, pero quiero subrayar que nosotros también estamos por la labor- y el necesario establecimiento y modernización de la Justicia de proximidad, que ya sabe que desde Cataluña siempre se ha considerado una prioridad -aunque parece que al representante del Grupo Parlamentario Popular no le guste tanto-.

Decía que voy terminando pero no quiero hacerlo sin referirme a los registros y a la exigencia de modernización urgente, a la grave situación de estos años del Registro Civil Central, que no termina de adaptarse al alud inmigratorio, situación que conlleva agravios para ciudadanos que tienen hijos, que quieren casarse o que han perdido a un familiar, y que se demoran meses en hacer una simple y vital gestión de obtención de certificados, a veces con graves perjuicios personales.

Como es un grave perjuicio personal y moral que aún suframos discriminación lingüística en los registros de nuestro país y que el ministerio no acabe de atajarlo, entre otras cosas con la publicación de un reglamento taxativo de la ley que aprobamos hace dos años. Y de paso les recuerdo otra moción aprobada por unanimidad en esta comisión en el mes de noviembre pasado, que les instaba a aprobar las disposiciones reglamentarias necesarias para aplicar esta Ley 12/2005 y a dotar las oficinas del Registro Civil en las comunidades autónomas que tienen lengua propia de los medios materiales necesarios para que puedan realizar los asientos en dichas lenguas. Me alegra que usted haya citado dicha ley y la próxima publicación del reglamento para la creación del registro de seguros de vida porque fue una iniciativa y proposición de ley de nuestro grupo parlamentario y, justamente, estábamos pendiente de la aprobación de este reglamento.

Tenemos mucho trabajo, señor ministro, y subrayo tenemos porque vamos a colaborar con usted en todo su propósito de modernizar la Justicia y acercarla a los ciudadanos. Esperamos llegar a acuerdos, necesarios para desbloquear la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y adecuar la legislación al nuevo desarrollo estatutario. Ésta creemos que es la mejor respuesta a los aspavientos de alguna oposición. Sepa que nosotros sí que le deseamos los mayores aciertos, y que cuenta con nuestra simpatía y nuestro apoyo ante algunos embates de algunos sectores, desmesurados en la forma y en el fondo, que no aciertan a aceptar las reglas del juego y los resultados electorales, que no aciertan a comprender que entre elección y elección los Gobiernos tienen el margen que les dan las leyes para decidir y gobernar. Impulsen el diálogo y la negociación, cumplan con su compromiso para conseguir la paz, cumplan sobre todo con los estatutos de autonomía y tendrán todo nuestro apoyo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bofill.

Cierra este turno de intervenciones el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Díaz.

El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, exige el guión que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta comisión le dé la bienvenida. Yo voy a apartarme algo del guión para hacerlo, en parte, en la condición de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y, en parte, en mi condición de canario, con permiso de la presidenta. A nosotros en general nos alegra mucho cuando el mérito y la capacidad se consolidan. Usted ha sido nombrado ministro en virtud de dos valores, mérito y capacidad, y por eso a nosotros nos reconforta y nos alegra que frente al apellido, el abolengo o la familia, predomine el mérito y la capacidad individual. Tiene razón el portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando afirma que usted tiene un alto concepto de

sí mismo, pero discrepo en la parte de que este portavoz lo tiene mucho más alto que usted mismo sobre usted mismo. Y voy a explicar por qué: este portavoz tiene un muy alto concepto de usted, primero, porque ya lo acreditó en el archipiélago canario cuando estuvo destinado allí. Algún asunto muy delicado acontecido el 20 de octubre del año 1974 -usted lo llevó como fiscal, un amigo común como acusación particular- salió muy bien y ya dejó estela en el archipiélago de lo que es un fiscal comprometido con los valores que luego vimos reflejados en la Constitución.

En segundo lugar, permítame el comentario personal de que fui alumno suyo en la Escuela Judicial y, por tal razón, subrayo que tengo un más alto concepto de usted que el que pueda usted tener.

En tercer lugar, conocimiento de su trayectoria como fiscal a lo largo de sus diversos destinos en dicha carrera.

Y, por último, un nuevo dato que yo desconocía por completo y que me han comentado los senadores y senadoras que integran el Grupo Parlamentario Socialista, y no sólo ellos y ellas porque también me lo han dicho los propios diputados y diputadas, entusiasmo por su corta experiencia en las Cortes Generales. Lo digo por aquello de si no quieres arroz Catalina, dos tazas o, si alguien insiste, subrayar en el perfil que se invoca. Nos ha encantado el estilo que ha caracterizado sus intervenciones en el Senado y, por esa razón, le animamos a que persevere en ese empeño porque nos gusta. Queremos mucho más de lo mismo de lo que hasta ahora ha estado reflejando.

Este portavoz tenía preparada una intervención después de la lectura de lo que usted dijo en la Comisión de Justicia del Congreso y las intervenciones que allí se sucedieron, y era el texto que yo tenía aquí. Sin embargo, en alguna medida lo tengo que modificar, en primer lugar, porque no es cierto que se haya limitado usted a leer lo que dijo en el Congreso de los Diputados. Yo asumo con mucho cariño lo que ha dicho el portavoz del BNG, parte de sus afirmaciones son las mismas porque es el mismo ser humano, es la misma trayectoria pública, es el mismo ministro, es el mismo Gobierno y es la misma sociedad. Si no fuera así, estaría preocupado y vería un desdoblamiento esquizoide; dos realidades distintas en el que parece que algún portavoz puede estar, pero no parece que usted tenga tal problema psíquico toda vez que el contenido básico es el mismo. Hay modificaciones, hay incorporaciones nuevas, como se podría acreditar. Por el contrario, quien no nos ha defraudado una vez más es el propio portavoz del Grupo Parlamentario Popular porque, efectivamente, vuelve a repetir lo mismo que manifestó el señor Astarloa en el Congreso de los Diputados. Y ahí sí, permítame la señora presidenta un comentario cariñoso, quiero comunicarle que compartimos el mismo amor porque, ciertamente, yo le tengo mucho cariño al señor Astarloa. En la época en que él estaba en el Ministerio de Justicia yo era portavoz de Jueces para la Democracia en el archipiélago canario. Hicimos muchas cosas juntos y tengo el mejor de los conceptos del señor Astarloa. En muchas ocasiones pienso que es contra natura lo que le escucho, porque de forma natural, ese no es el estilo que le ha caracterizado tanto en Justicia como luego en Interior, pero como quiera que no está presente me limito sólo a manifestar cariño por esta persona. Creo que no tendrá futuro alguno este amor compartido; no obstante, yo subrayo esa relación cariñosa y ese aprecio por don Ignacio Astarloa.

Podríamos hablar de la justicia como virtud, como derecho fundamental, como valor superior, como poder público o como servicio público. Y aquí hay dos argumentos básicos que se han utilizado en contra del discurso que usted ha hecho: la pendencia y la existencia de conflictos. Si no se hacen reformas porque no se hacen reformas, y si se hacen propuestas de reformas y generan dinámicas de conflicto porque naturalmente se tienen que dar en momentos de cambio, cuando es imprescindible traspasar lo que sería la inercia de lo establecido y hay que avanzar para convertir esa Justicia, lenta, ineficaz e injusta, en un servicio público ágil, cercano y justo; ciertamente, entonces, lo que se subraya es la existencia de esos esfuerzos por cambiar. A nosotros nos parece que lo que usted ha hecho en el Congreso de los Diputados y hoy aquí, su primera intervención la leí y la segunda la he escuchado, es tratar de plantear cuál es la gradación de objetivos a desarrollar en este último tramo de la legislatura, el último trimestre del curso, por así decirlo. Hay un conjunto de textos o proyectos que el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados. Si no se pueden sacar todos adelante, que sería el objetivo utópico o quimérico puesto que usted no ha renunciado a ninguno de ellos, sin embargo, sí plantea cuáles le parece que son el abecé y cuáles pueden ser la equis, i griega y zeta.

Considero muy razonable y muy sensato que insista en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal tiene que ser una cuestión previa. ¿Por qué razón? Para luego plantearnos una Ley de Enjuiciamiento Criminal donde ya el Estatuto del Ministerio Público esté definido, lo contrario me parece que sería no adecuado. Me parece razonable, sensato, es lo que pienso y por eso se lo comunico.

Hay un conjunto de consideraciones que se hacen en torno a la creación de plazas que me parece que no soportan un mínimo contraste del rigor y no pasan de ser una mera declamación hueca. En el ámbito del Ministerio Fiscal, el Partido Popular creó a lo largo de ocho años 301 plazas, 64 en la primera legislatura y 237 en la segunda. Sólo en estos tres años se han creado 385 que, más cien previstas en el año 2008, sumarán 485 plazas. Sólo en cuatro años hemos llegado a las 485 plazas mientras que en ocho años sólo se crearon 301 plazas. Eso es lo que consta en los Presupuestos Generales del Estado y lo que esperemos que conste y se haga posible en el año 2008. En el ámbito de la carrera judicial, ya no el Ministerio Fiscal, sino la carrera judicial, se han creado 668 plazas en ocho años, mientras que sólo en tres años ya van quinientas noventa y cuatro. Comparen ustedes la cifra de 668 en ocho años con 594 en sólo tres años.

Por otro lado, me parece absolutamente razonable que se hayan acentuado los aspectos relativos a la lucha contra la pendencia, la planta, la gestión, la Oficina Judicial, incluso que haya escalafonado -valga el palabro- en los diversos proyectos de ley, estableciendo cuáles deben ser los primeros en su tramitación, según la libertad de pensamiento que usted plantea.


Ya es habitual en este portavoz no acusar recibo de un conjunto de expresiones que cree que no son adecuadas para la dignidad de la Cámara ni el desempeño de la tarea parlamentaria. Las expresiones relativas a la rendición del Estado de Derecho me parecen una desmesura que no tienen fundamento alguno. A veces siento que uno vive ese desdoblamiento esquizoide cuando se mueve por toda España y habla con la gente o cuando escucha ese tipo de palabros y terminología de lo que llamaríamos la casta del complejo político-mediático, porque se da cuenta de que hay un conjunto de expresiones que no encuentra por ningún lado entre los habitantes de los distintos pueblos de España.

Realmente, se ha aludido a ciencias ajenas al mundo del Derecho. Las expresiones relativas al complejo de Edipo o al complejo de Adán más parecen que son propias de quienes están siendo cautivos del mal, que es una expresión que les es tan querida y que no es más que el reflejo de una fijación compulsiva obsesivo-paranoica, de modo que se ven por todos lados conspiraciones de asuntos ajenos al Estado de Derecho. A pesar de ello, en la práctica, en referencia a los cerca de 5.000 integrantes de la carrera judicial, cuantas más veces hablo con ellos -y lo hago con mucha frecuencia porque cuando acabe este paréntesis de representación de la población volveré al duro considerando que dice un amigo- ninguno me ha aludido a que está siendo afectado en la independencia a la hora de verse en la soledad del ordenador, en la soledad del Código en el momento de redactar la sentencia.

Nosotros no queremos que usted tenga una mala gestión. Le manifestamos que estamos muy ilusionados en el deseo de éxito en su gestión. Nos parece que es muy aconsejable ese orden de prioridades en la tramitación de los diversos proyectos que ha remitido el Gobierno. Nos parece muy aconsejable que acentúe los esfuerzos dedicados a la gestión. Nos parece muy aconsejable que se acentúen los esfuerzos dedicados a la mejora en la gestión del servicio público, y, ciertamente, no acusamos recibo de otro tipo de expresiones.

Si no actuara como portavoz de este grupo parlamentario le pediría algún tipo de pronunciamiento sobre algunas experiencias vividas recientemente, pero, como me ha explicado en muchas ocasiones el vicepresidente de la comisión, el compañero Nacho, en las espaldas del PSOE no recae solo la defensa de sus valores e ideas, sino también la responsabilidad democrática, la responsabilidad del peso de las instituciones y su buen funcionamiento. Por tanto, hay cuestiones que forman parte del pensamiento individual sobre las que no es bueno que el portavoz del grupo parlamentario que apoya al Gobierno fomente o pida algún tipo de reflexiones, aunque me hayan llevado al escándalo algunas expresiones utilizadas en alguna resolución que creo que cuestionan la imparcialidad y la ecuanimidad de los integrantes de la carrera judicial.

Acabo ya, señora presidenta. Gracias, señor ministro, por la intensa actividad parlamentaria que ha llevado hasta ahora. Le damos las gracias también por la trayectoria democrática que usted ha desarrollado a lo largo de su ejecutoria profesional e individual, queremos muchísimo más de lo mismo y queremos que el efecto Bermejo, como ha calificado el señor Astarloa su gestión hasta el momento, se pueda seguir desarrollando el conjunto de la Administración de Justicia. Usted viene de su interior, conoce bien la probidad que caracteriza a la inmensa mayoría de los integrantes de la carrera fiscal, secretarios, forenses y, en general, de los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia y creo que ellos son los primeros interesados en colaborar con usted para que la Justicia deje de ser lenta, ineficaz e injusta y tengamos un servicio público de calidad, cercano, ágil, eficaz, a la altura de lo que requieren, demandan y desean, porque tienen derecho, el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de todos los pueblos de España.

Le doy la bienvenida a usted y a su equipo y quiero aprovechar la oportunidad para trasladar nuestra felicitación igualmente tanto a usted y a su equipo como a los integrantes del ministerio, que sabe usted que se van a partir el pecho, en términos canarios, por la defensa de los objetivos que su señoría marque como ministro. Me siento muy honrado al poder dirigirle la palabra en la sesión de la mañana de hoy.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señorías, se suspende la sesión cinco minutos. Para que todos podamos atender nuestras pequeñas o grandes necesidades. Dado el tiempo, les sugiero que no vayan muy lejos a satisfacerlas. (Pausa.)
Señorías, reanudamos la sesión.

En contestación al turno de portavoces, tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Muchas gracias, señora presidenta.

Les agradezco a todos ustedes la atención que compruebo me han prestado puesto que todas sus respuestas giran en torno al eje de lo que se ha planteado. Sus aportaciones en general me parecen muy dignas de tener en cuenta. Digo en general porque sólo me puedo referir a las constructivas; las que tienen como finalidad frustrar la labor de este ministro van a ser difícil que las comparta no por falta de costumbre, simplemente por su contenido. Es evidente que de lo que hablamos aquí es de construir, al menos la mayoría, y a eso vamos, a intentar construir pero tejiendo permanentemente, sin permitir que otros destejan. Es, en definitiva, la consecuencia de la poca afición al penelopismo que uno tiene; se trata de acercar, de crear espacios de convivencia; a eso viene aquí la mayoría, y a esa mayoría me dirijo cuando digo que agradezco enormemente sus aportaciones.

Al señor Jorquera, del Grupo Parlamentario Mixto, le quiero dar las gracias por sus palabras. Se siente uno reconfortado en la medida en que se capta que hay un lugar de encuentro, aún desde las posiciones que aparentemente son más distantes. En eso consiste hacer política, y yo se lo agradezco. Usted sabe que nos esforzaremos en

generar espacios de encuentro, espacios que existen. Son caminos que todavía no se han andado y que con un poco de esfuerzo se pueden andar, porque eso generará, en definitiva, un espacio donde la convivencia entre todos será más fácil y porque nos encontraremos más a gusto; espero que en ese espacio se encuentre un día tan a gusto que ni siquiera plantee la hipótesis de marcharse, sino que sea porque usted lo plantee.

Yo no vengo aquí a convencer a nadie de que mis ideas son mejores que las suyas y de que debe desprenderse de ellas para poder seguir hablando, yo vengo a intentar acercar posiciones y a utilizar esa herramienta que se llama diálogo, en definitiva, a ofrecerles trabajar juntos, lo mismo que usted ha hecho, y yo se lo agradezco.

Es cierto que es necesario hacer un esfuerzo democratizador en el ámbito de la Justicia y de adaptación al mapa del Estado, en definitiva, al modelo de Estado que tenemos, el de las autonomías. Considero esencial el esfuerzo democratizador, que tendrá caminos diversos y que seguramente transitaremos juntos. Por lo tanto, es necesario que nos planteemos lo que vamos a hacer con los Consejos, si es que el modelo nos parece idóneo para seguir andando en esa labor democratizadora. Es necesario, además, que acerquemos posturas en el tema de la Planta Judicial. A usted le parece que las competencias exclusivas son la única respuesta posible y a mí me parece que perder de vista el conjunto del Estado, cuando se trata de hacer Planta puede ser un error, pero seguramente tendremos mucho que hablar en este tema cuando retomemos la cuestión.

Se trata, en definitiva, de hacer camino y de establecer puntos en que nos aproximemos. Igual que yo no creo que la única visión pueda ser la central, es evidente que la periférica -y estoy hablando desde donde nos encontramos, no me confundan- puede ser también una visión parcial. Creo que del encuentro de ambas visiones surgirán fórmulas que nos permitan caminar.

Estoy plenamente de acuerdo con los planteamientos que ha hecho en relación con la lengua. No es usted solo el que los ha hecho, pues se trata de una reivindicación de todos los grupos nacionalistas; no podía ser de otra manera y yo no podría dar otra respuesta que la que doy. Creo que hay que avanzar en el tema de las lenguas, porque aunque se han hecho algunas cosas, son pocas y habrá que continuar haciendo. Es cierto que en las oposiciones y concursos de todos los cuerpos hemos introducido la valoración del conocimiento del idioma como mérito. Es verdad que el año pasado por primera vez se valoró el conocimiento del idioma en un concurso de traslado de secretarios. Sé que les puede parecer poco bagaje, seguramente a mí también; es un camino que no está suficientemente transitado. Es verdad que estamos utilizando ya el formato bilingüe en formularios, modelos y aplicaciones informáticas que dependen de nosotros y que tienen que usar los ciudadanos, como los modelos de ingreso y cobro de cantidades generadas por la aplicación de la cuenta de consignaciones. Puede parecer poco, pero seguiremos avanzando en ese tema. Es cierto que desde el Centro de Estudios Jurídicos se firman convenios de colaboración con las comunidades autónomas para que los cuerpos nacionales adquieran formación en lenguas cooficiales y en derecho autonómico; es verdad y no puede negarse, aunque seguramente tendremos que profundizar. Es convicción de quien les habla que los ciudadanos tienen derecho a expresarse ante la Administración de Justicia en la lengua que les es propia, y en ese camino me van a encontrar, esto es, en el del reconocimiento.

Creo que seguimos hablando el mismo lenguaje cuando nos referimos a la Ley Orgánica de regulación del Tribunal Constitucional que se encuentra en tramitación. En definitiva, se prevén los cambios que se prevén, dando entrada a la sensibilidad autonómica en este tema. Es posible que a usted le parezca poco, como es posible que a otros les parezca inaceptable y a muchos una fórmula, pero me considero que el camino del encuentro es un buen camino para seguir avanzando en un itinerario en el que debe quedar reflejado el Estado de las Autonomías en todos los ámbitos. Estoy de acuerdo con usted en que la Conferencia Sectorial es el entorno en que debemos encontrar muchos puntos en común. Ya dije en el discurso que era mi intención convocarla para antes del verano.

Usted ha planteado, y no solo usted, el bloqueo de la renovación en el Consejo General del Poder Judicial. Este es un tema que desde que llegué puse encima de la agenda política. Parece que eso esta mal para algunos, aunque yo creo que no. Considero que expresar exactamente cuál es el punto de vista que uno trae acerca de algunas instituciones claves, de las que depende en definitiva la independencia del Poder Judicial, no es en absoluto algo que pueda calificarse de mal. Se podrá disentir de los tiempos o, incluso, de la necesidad, pero parece difícil poder reprochar a alguien que exija que la legalidad se cumpla, y eso es lo que yo vengo diciendo.

No volveré a retomar el tema de si, como se ha dicho, yo he lanzado poco menos que al Séptimo de Caballería contra el Consejo, porque yo no he lanzado a nadie contra nadie. Me he limitado a expresar lo que hay, y lo que hay es que el Partido Popular no quiere esa renovación, pues parece que está cómodo con lo que hay. Yo no estoy ni dejo de estar cómodo con lo que hay; digo que las leyes están para cumplirlas y que estoy abierto a toda negociación, la cual no debe ser obstaculizada sin otra razón que el interés de quien no quiere pactar. Eso es lo que he dicho y, por tanto, a eso es a lo que habrá que responder y no a una pretendida carga contra una institución que jamás ha existido, como no ha existido ninguna carga contra la Sala del artículo 61, faltaría más, ni contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Yo comprendo que haya quien espere eso de mí. Sin embargo, después de anunciar que yo venía como parece que venía, ahora resulta que yo no venía como venía. ¿Como explicamos eso ahora a la ciudadanía, a la que le hemos dicho que viene el lobo, y el lobo no aparece? Me parece que en este país se cuentan cuentos, algunos muy conocidos, el del lobo es uno de ellos y ya saben cómo acabó, cuando vino el lobo de verdad; no sé quién será ese, yo no.

Lo que sí está claro es que un ministro de Justicia no puede permanecer impertérrito cuando lee en el periódico

-y digo lee en el periódico- que la Sala del artículo 61 puede estar mal constituida, y sigo citando al periódico, porque el señor presidente ha manipulado su composición. Y yo, que estaba ese día en el Congreso, en un acto antecedente del que ahora nos ocupa, me preocupé, y me preocupé hondamente, honda preocupación que transmití a los medios cuando me preguntaron, eso sí, subrayando bien cuál era mi punto de vista sobre la cuestión con los datos que tenía. El punto de vista no podía ser otro que el de la prudencia, puesto que no tenía todos los datos y porque, desde luego, el presidente del Consejo del Poder Judicial, quien quiera que sea en cada momento, goza para mí de un respeto institucional tan serio que difícilmente va a decaer porque en una noticia de prensa se diga esto o lo otro.

En cualquier caso, sentí una honda preocupación porque después de leer esas afirmaciones, llegué a temer que hubiera ocurrido algo y, con esa preocupación, me puse a hacer lo que supongo que debe hacer un ministro de Justicia: indagar lo acaecido con el fin de tener noticia de primera mano sobre lo que realmente ha sucedido. Sólo de esa manera se puede emitir una opinión y, además, sólo así se puede intentar hacer algo desde la posición institucional para intentar solventar el problema, en caso de que se haya producido.

Así fue como nos enteramos de que efectivamente era verdad y que había habido un problema. Los periodistas lo pudieron calificar como quisieran, dijeran lo que dijeran las fuentes de que bebieron, pero el ministro fue muy claro desde el primer momento: parecía evidente que se había producido un error y que de ese error se había deducido que la Sala no estaba bien configurada porque se había designado a alguien que no debía estar allí.

A pesar de lo que se dijo en un primer momento, ese error no fue debido a un problema de los órganos técnicos, que inmediatamente se dieron por aludidos y elaboraron un escrito en el que narraban puntualmente -como gustamos ahora de decir, no siempre con propiedad-, cuáles eran las razones por las que se había producido ese problema. El secretario general del Consejo General del Poder Judicial mandó un escrito al presidente explicando lo que había ocurrido y lo cierto es que se trata de un escrito curioso porque está dirigido al presidente y resulta que había sido el propio presidente quien había dado las instrucciones que habían llevado al final al que se llegó. ¿Qué instrucciones fueron ésas? Había dado instrucciones al secretario general en el sentido de que, de los cuatro magistrados del Tribunal Supremo que tenían que tomar posesión en la Sala I de lo Civil, que mandara primero al boletín los decretos de nombramiento de los juristas para que se incorporaran pronto y que dejara un poco atrás los de los no juristas; y eso fue lo que hizo el secretario general, mandó los decretos de los juristas. Posteriormente, el presidente, por alguna razón que ignoramos, cambió de opinión y le dijo que enviara también los otros, pero esto ocurrió siete días más tarde. El hecho final -en cuya génesis e intenciones no voy a entrar porque no me interesa nada más que la situación producida-, es que aparecieron en el «Boletín Oficial del Estado» a la vez dos decretos de nombramiento de juristas y con fecha de siete días más tarde, dos nombramientos de jueces de carrera. Todos son para la misma Sala y todos tomaron posesión el mismo día pero, sorprendentemente, se considera magistrado más moderno -debido a todo esto-, al último que tomó posesión ese día y el último que tomó posesión ese día no podía ser otro, visto el orden de los decretos, que un magistrado de carrera. Sin embargo, el artículo 347 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice, paladinamente, que no es ese señor el que tiene que quedar asignado a la Sala del 61 sino el más moderno, y un acuerdo del Consejo dice que, en esos casos, los más modernos son los juristas y que en caso de haber dos juristas, el de menor edad. Una vez comprobada esta circunstancia, lo comenté con el Servicio Jurídico del Estado porque me preocupó muchísimo, máxime si tenemos en cuenta la situación que se nos presenta, con las elecciones a la vuelta de la esquina y dado que la Sala del 61 tiene, entre otras atribuciones, la de revisar -en caso necesario-, las candidaturas electorales. Naturalmente, si hay una sospecha -que ya no es sospecha sino una realidad- de que se ha constituido mal, habrá que enmendar el entuerto y a esto me refería como ministro de Justicia cuando dije que estaba muy preocupado, pero que no podía decir nada porque no sabía. Ahora sí sé y, además, hay un escrito del Servicio Jurídico del Estado que he procurado que se conozca porque sólo pretendo una cosa: que se arregle. Parece que incluso el propio magistrado que está escalafonado indebidamente ha pedido o va a pedir -según he leído en la prensa-, que se le escalafone bien. Por tanto, no es él solamente sino que son los dos de carrera, que tienen que ir antes en el escalafón y no son los más modernos ni pueden serlo porque así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

No saquemos las cosas de quicio; el ministro de Justicia no se va a meter jamás a hacer análisis que no le competen. No voy a hacer juicios de intenciones porque no es mi estilo, por mucho que se me haya tachado de tal, pero yo no soy ese. En cualquier caso, cuando algo está mal sí he de decirlo y tratar de arreglarlo, y no sólo eso, también debo pedir al Servicio Jurídico del Estado -que está a mi cargo-, que estudie la situación y dé soluciones; y, en este sentido, hemos dado varias soluciones.

No olviden que la Sala está constituida por 16 personas y, por tanto, hay que relativizar lo de si se va a asignar a un conservador o un progresista porque, ¿cómo se puede pensar que en una sala de 16, lo que pueda pasar ahora desequilibre lo que sea? Por favor, sean un poco realistas. No estoy hablando de eso sino de algo mucho más sencillo, de que hay una Sala mal constituida. Me daría igual cuál fuera pero es que, además, es una Sala crítica para la vida de este país y, por tanto, hay que arreglar este problema.

Sin embargo, estoy tranquilo porque prácticamente la mitad de los miembros de esa Sala pidieron una reunión y llegaron a una conclusión evidente: que esa sala no estaba bien constituida y, por tanto, era necesario hacer un estudio para ver cómo se podía salir del atolladero. Creo que se puede salir con sencillez y sin traumas, pero no nos podemos permitir el lujo de tener esa Sala así constituida

de cara a las elecciones. Ésta es la situación y yo quiero tranquilizarles porque mi opinión es que se va a solucionar y que se hará como se arreglan los errores, con la ley en la mano y haciendo que la ley se cumpla. Creo que eso nos debe dejar tranquilos.

Le agradezco mucho su intervención y el tono de la misma, así como esa ayuda que me brinda, que celebro y tomaré muy en cuenta.

El señor Badia, de Convergència i Unió, también con la amabilidad que la situación parece que exige, coadyuva a que entre todos hagamos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias por su ofrecimiento y por sus aportaciones.

Es verdad que no me he referido al Código Penal y no lo he hecho porque se trata de un proyecto de ley que está pendiente, está en tramitación y es el Parlamento el que debe ahora impulsarlo. No es necesario que le explique cuál es la importancia que se concede a toda reforma del Código Penal porque es evidente que es la máxima, dado que es un cuerpo sensible. En cualquier caso, insisto en que es el Parlamento al que le ocupa en este momento llegar en lo posible a los puntos en común para impulsar esa ley.

Desde mi punto de vista, el esfuerzo que usted me solicita en materia de seguridad ciudadana obviamente ya se hace. La parte relativa a la prevención no es estrictamente mi área, pero sí lo es la de que los órganos judiciales den respuesta pronta. En eso estamos y a eso intentaremos llegar.

No puedo por menos que coincidir con alguna de sus afirmaciones acerca de la necesidad de que vuelva a haber consenso en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Me parece que es una necesidad evidente, tan evidente que no me cansaré de tender la mano a todo aquel que quiera volver a ver las cosas del terrorismo en común, pero resulta enormemente complicado cuando cualquier cuestión que se plantea en materia antiterrorista es objeto inmediatamente de una reacción por parte de la oposición que suele traducirse, además, en el traslado a los órganos jurisdiccionales de esa dinámica de tensión a la que desgraciadamente vamos estando acostumbrados. Además, también se está trasladando a la calle porque es evidente que estamos asistiendo a un espectáculo que consiste en la generación previa de tensión ante una próxima resolución judicial para, acto seguido, lanzarnos a las calles a pedir algo que es exactamente contrario a esa resolución judicial. Lo hemos podido observar en relación con De Juana Chaos y en relación con la decisión del Tribunal Supremo. En este sentido, efectivamente se produjeron peticiones de penas elevadísimas y luego se rebajaron pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el Tribunal Supremo de España dictó una resolución en la que, por un delito de amenazas se le impusieron a un señor tres años de condena. Y lo cierto es que se salió a la calle contra esa decisión, como también contra la decisión del juez de vigilancia, pero no voy a hacer una enumeración porque no me gustan las enumeraciones y, además, creo que hay que mirar hacia adelante e intentar recomponer el diálogo en materia antiterrorista porque de nada sirve luchar en ese campo si dentro de casa resulta que no acabamos de ponernos de acuerdo y hay quien sigue haciendo cuestión de todo el problema antiterrorista.

Es posible que no haya otra cosa, pero eso en ningún caso justifica que se haga astillas de un pacto que empieza por reconocer al Gobierno la capacidad de dirección en materia antiterrorista, cosa que jamás se negó a nadie en este país hasta ahora.

Muchas gracias por su intervención y por el tono de ella.

También quiero dar las gracias a la senadora del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, la señora Elena Etxegoyen, por lo que ha dicho y por el tono empleado. Su discurso ha sido constructivo y no le duelen prendas en reconocer que se han hecho cosas, y las ha enumerado. Es cierto que se han hecho y, aunque se lo agradezco, hechas están, pero las que importan son las no realizadas. No debemos caer en la más mínima complacencia, si es que hay lugar a ello, y me parece que faltan cosas clave en esta legislatura.

Es verdad, como usted dice, que es importantísimo que el texto básico que pretende reformar Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye la modificación de veintiuna leyes procesales, salga adelante en esta legislatura, entre otras cosas porque lleva la oficina judicial y, además, la adaptación al modelo autonómico del modelo de recurso de casación o la doble instancia penal, con lo que ello implica en relación con las reiteradas llamadas al orden que nos ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, estoy de acuerdo con la importancia de sacar adelante el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Creo que es una de las herramientas útiles para, aumentando la autonomía de la institución, alejarla todo lo que podamos del ámbito del debate político. Me parece que es una ley que inequívocamente tiene esa dirección y que, por tanto, merecería ser apoyada, sobre todo si se piensa que en la legislatura que viene habrá que afrontar la gran reforma del enjuiciamiento criminal, la gran asignatura pendiente en el ámbito de los procesos importantes. Pero esta reforma no es posible con el modelo actual de juez de instrucción y fiscal, que se quedó a medio camino entre el proceso inquisitivo y el acusatorio, perdiendo así el referente y vagando por el proceso de reforma en reforma sin haber sabido realmente dónde quería ir. Me parece que es importante dar ese paso con toda la seriedad que se hacen las cosas en las Cámaras, es decir sabiendo exactamente qué es lo que se quiere. El ministro lo tiene claro: se quiere dotar de verdadera autonomía al Ministerio Fiscal.

Cuando se ganaron las elecciones alguien me preguntó: ¿Tú qué crees que debería pasar? Y, sabiendo que casi era una carta a los Reyes Magos, respondí dos cosas. Me gustaría que el Gobierno del Partido Socialista nos diera una televisión pública como la BBC -y creo que ya hay una televisión pública que, si no es exactamente como la BBC, participa del mismo grado de autonomía- y quiero un Ministerio Fiscal autónomo del Ejecutivo. Esa era mi carta a los Reyes Magos.

El estatuto orgánico del Ministerio Fiscal es una oportunidad de oro y, desde luego, por mí no va a faltar un

fuerte impulso, porque entiendo que ese es el camino. Es verdad que algunos pueden pretender decir que esto es algo así como intentar ponerse un parapeto, pero no los necesitamos, estos se necesitan cuando se utilizan las instituciones y cuando la regulación de estas permite su utilización. Por el contrario, cuando se respetan los ámbitos de autonomía que se crean por ley, y primero hay que crearlos, nadie puede hacer esa utilización, porque realmente los referentes son los que son. Si existe una verdadera autonomía en el Ministerio Fiscal, habrá un órgano cada vez más alejado del debate político, y eso es bueno y es lo que figuraba en mi carta a los Reyes Magos.

Es verdad que necesitamos hacer alguna modificación en materia de nacionalidad pero, como su señoría sabe y, si no, se lo comento, en el anteproyecto de ley de adopción internacional se contempla una reforma en la materia para facilitar la nacionalidad de los no nacidos en España que sean hijos o nietos de españoles. En definitiva, caminamos en una dirección muy clara en ese tema; es más, estas modificaciones sintonizan con las necesidades que existen en este momento.

En cuanto a la lengua, no voy a reiterar lo ya dicho, como tampoco voy a repetir nada en relación con la Sala del artículo 61. Usted me ha pedido detalles en cuanto al informe del abogado del Estado y puedo decirle que se están abriendo caminos para resolver el conflicto y dando posibilidades legales, que son varias, para que, con la normalidad que debe presidir la actuación de las instituciones, lo mal hecho se arregle y podamos afrontar el futuro inmediato desde la tranquilidad de que las cosas son como deben ser.

No voy a matizar nada de lo que usted ha comentado acerca del proceso de involución legislativa porque ya lo ha dicho usted todo, pero sí quiero hacer una apostilla. No voy a entrar en si hubo o no hubo esa involución y dónde la hubo, pero sí voy a decir algo. Al empezar la sesión se me ha acusado por no traer debajo del brazo un buen paquete de leyes pero a estas alturas de la legislatura, resta un año, y con el paquete pendiente de tramitar no sé cómo calificaría yo a alguien que se presentara con un paquete de leyes. En todo caso, lo que no voy a hacer es plantear en una legislatura la tramitación de diecisiete modificaciones al Código Penal. Eso no lo voy a hacer porque lo que se hizo condujo a los tribunales a un estado de desconcierto absoluto y a una pérdida de tiempo que no se pueden ni imaginar.

¿Saben lo que significa tener modificaciones de una ley que está en vigor un mes y veinte días? No hablo de una ley cualquiera, me refiero a los grandes cuerpos legislativos: Código Penal y Ley Procesal Penal. ¿Saben lo que significa? Cuando se producen modificaciones de esa manera, los operadores jurídicos nos encontramos con un primer problema. Como saben, enjuiciamos, sobre todo en el ámbito penal, con un cierto margen de tiempo los delitos graves. La justicia de enero nunca ha sido buena; cuando las cosas son graves hace falta un tiempo que viene impuesto por las condiciones en las que juzgamos, o sea siempre hay un lapso de tiempo. ¿Saben lo que significa que llegue un asunto al Tribunal Supremo tres o cuatro años después de que ocurrieran los hechos y que haya que dedicarle un tiempo inmenso a saber qué ley estaba en vigor cuando estos ocurrieron y fueron enjuiciados en primera instancia y cuál ahora y cuáles son las reglas de Derecho transitorio por las que nos hemos de regir? ¿Se imaginan el número de horas, multiplicado por magistrado, adónde nos conduce? A eso sí me quiero referir. Creo que la inflación legislativa no es buena y utilizar el Código Penal a salto de mata -y perdónenme la expresión vulgar- es peor. Modificar el Código Penal exige mucha reflexión, es el gran cuerpo donde están los mínimos de convivencia, y hay que tener mucho cuidado. Sobre esto sí quería hacer una reflexión, no del resto de las cuestiones que ha planteado.

Quiero decirle, en relación con lo que ocurre en este momento en el País Vasco con el señor Ibarretxe, que éste goza de todos mis respetos porque goza de algo a lo que no le damos la suficiente importancia: la presunción de inocencia. Toda persona que es llamada ante un tribunal va con ese bagaje, y cuando, como ocurre casi siempre, en el ámbito de los tribunales los operadores jurídicos son enormemente respetuosos con la realidad que representa el derecho a la presunción de inocencia, el camino de ese juzgado debe ser tranquilo. Todos sabemos, efectivamente, lo que supone que el que hace el camino sea un presidente de un gobierno, y es verdad, pero yo quiero verlo así, con la presunción de inocencia debajo del brazo, es decir, con el derecho al respeto, con el derecho a ser tenido como inocente del que él disfruta, tanto como el respeto que yo pido para los tribunales que tienen que ocuparse de enjuiciarlo, exactamente el mismo.

Sigo pensando que los tribunales necesitan sosiego, sigo pensando que es verdad que no estamos sabiendo descriminalizar la política; no estamos sabiendo. En cuanto al reparto de culpas, cada uno daremos nuestra versión. Yo lo tengo claro y otros también, pero es evidente que entre todos no estamos sabiendo descriminalizar la política, y cuando eso ocurre, inevitablemente se politiza la Justicia. Mal negocio. Por eso esa insistencia en pedir sosiego.

Yo sé que antes de llegar al ministerio ya se me descalificaba en cuanto a mi autoridad para pedir sosiego, pero yo no me he sentido descalificado en absoluto. El ruido es muy mal consejero de las ideas. No sé si se dice en el Génesis -debería decirlo- que primero fue el grito, y que de la evolución del hombre, de la evolución del entendimiento surgió la palabra. No sé por qué algunos se empeñan en seguir en el grito en vez de utilizar la palabra, el diálogo, la razón. A eso he venido y a eso vengo. Y por mucho que se empeñen en que yo no he venido a eso, tendrán que convencer a quienes me escuchen, a quienes vean lo que hago -no lo que ellos dicen que hago- para que se responsabilicen de semejantes afirmaciones. Lo mío es más claro, más sencillo: respeto para los tribunales, que necesitan recuperar el sosiego. Por eso me gusta el debate, y como a usted el diálogo y el acuerdo. Estoy de acuerdo con usted en que en eso consiste la política. Y aquí venimos a hacer política.

Muchas gracias.


Muchas gracias también al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrès. Valoro especialmente las apreciaciones que me hace el señor Bofill en su lengua materna. Hace bien. Le he entendido, aunque no hablo catalán, pero se entiende bien cuando se habla despacio y con corrección gramatical como usted, aunque mejor le entendí luego en castellano. Ahí me enteré del todo. Ya había cogido la onda. En todo caso, muchas gracias.

No le responderé sobre lo que pienso de que una cuarta parte de las personas de su comunidad autónoma no puedan hablar en su lengua ante la Administración de Justicia. Todos deberán poder hacerlo y en eso voy a trabajar. No le reiteraré lo que pienso sobre la renovación del Consejo. Sí le matizo que necesitamos acercar posiciones en el ámbito del Parlamento. Sé que necesitan acercar posiciones en materia de revisión de las sentencias mixtas en que se aplica Derecho catalán y general. Habrá que acercar posiciones, pero no debiera ser ese aspecto de la cuestión un inconveniente para que ustedes apoyaran la Ley Orgánica del Poder Judicial que, como sabe, da un paso de gigante en el diseño del Estado autonómico en materia de Justicia puesto que, en definitiva, lo que va ahí es la regulación de la casación de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución. Por no hablar de la doble instancia penal, donde también el efecto que se produce es el de una mayor proximidad de la Justicia penal al ámbito de las comunidades autónomas.

Estamos trabajando intensamente en lo que afecta al ámbito del notariado para hacer posible que se produzcan pronto las convocatorias pendientes. Nos hemos reunido hace escasamente diez días con la consejera de la Generalitat para acercar posiciones y hacer posible que desbloqueemos la actual situación. Yo soy el primer interesado. La gestión del resto de transferencias que pueden derivar del estatuto es algo que nos ocupa en este momento. Comprenderá su señoría que el estatuto se aprobó, que está sometido a un recurso aunque, obviamente, eso no tiene efectos suspensivos y habrá cosas que podemos hacer, y lo haremos.

Estoy absolutamente de acuerdo en que en materia de registros tenemos que mejorar muchísimo. No voy a entrar en matices, pero sí quisiera decirle que estamos avanzando seriamente en actuaciones concretas en materia de registros con el plan de registros on line, al que me refería, como una aplicación del Plan Avanza del Gobierno. Se trata de actuaciones muy concretas. Entre otras cosas, estamos digitalizando los archivos y los libros registrales para intentar establecer esa conexión a través de Infored y para que sea una realidad el que no solo los registros municipales sino también los de paz estén en línea y así podamos tener unos registros adaptados al tiempo en que vivimos, es decir, que no estén de espaldas a la realidad informática en que nos movemos en estos momentos.

En todo caso, le agradezco mucho sus apreciaciones. Sepa que estamos en la línea de acercamiento a la que continuamente me estoy refiriendo. Muchas gracias.

Muchas gracias al representante y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista porque casi me abruma. Seguramente la amistad juega malas pasadas en algunos momentos, lo cual no quiere decir que no le agradezca profundamente lo que me dice y lo que recuerda. Pero no creo que sea éste el momento de recordar cosas sino el de crear, el de crear juntos, eso sí, sin renunciar ni un milímetro a aquellos ideales que han sido los que nos han traído hasta aquí. Esos ideales son los que son y no vamos a cambiarlos a estas alturas, en primer lugar porque creemos que siguen siendo los ideales. Son los que defendimos y los que seguimos defendiendo.

Yo he hecho muchas veces alusión a la lucha -aunque, naturalmente, se me ha interpretado mal, pero tampoco me quejo-, porque lucha fue, aunque siempre defensiva -debería ser más preciso algunas veces-, y me refiero a la lucha defensiva a que nos vimos sometidos antaño y a la que luego uno se ve obligado a reproducir en plena democracia. Pero no debemos pensar en eso sino en la labor que nos ocupa y respecto de la cual agradezco profundamente la actitud de su grupo parlamentario. Ya sabe usted que yo soy como soy y que seguiré trabajando en lo que estoy trabajando. Ahí nos vamos a encontrar siempre, sintiéndome especialmente bien acompañado por un grupo que, en definitiva, sintoniza no solo con esas ideas sino con el entusiasmo que yo intento ponerle a mi función.

Muchas gracias.

Y aquí acaba el capítulo de gracias, pero no porque yo quiera, sino, simplemente, porque no me dejan darlas. No puedo dar las gracias -es imposible-, a quien, como siempre, partiendo de una afirmación teórica de respeto, se emplea inmediatamente en faltar al respeto en la realidad. No se preocupe, señor Conde, que ya estoy acostumbrado; no es algo que me llame la atención. Me la llamó el primer día cuando llegué al Parlamento y me recibieron, habiendo calentado la cosa días antes en la prensa, como me recibieron. Pero ése es su problema; siento decepcionarles pero ese no es mi problema. Creo que son ustedes quienes tienen un problema serio; en el Parlamento sobre todo de educación. Y si digo esto es por algo que me preocupa y que ya mencioné el día que me interpeló su compañero de grupo parlamentario en el Congreso, el señor Astarloa. Y me preocupa porque, así como aquí nos mostramos razonablemente conversadores -aunque a usted se le escapa siempre el insultillo; le agradezco que, aquí haya sido más suave-, en cuanto estamos en público y con cámaras ustedes organizan un espectáculo que realmente es muy poco constructivo. Por ejemplo, el otro día, en una de mis primeras intervenciones, pero sobre todo en una segunda en que estaba presente el presidente del Gobierno, había un colegio de niños en la tribuna pública.

Yo les vi entrar y pensé: pues sí que van a recibir estos chicos una enseñanza; y la recibieron; terrible, absolutamente terrible. Se captan perfectamente los insultos. Se escucha el insulto grueso, soez, grosero. Yo no sé si decepcionarle. No me afecta. No me siento insultado porque -voy a ser vulgar por una vez- no insulta quien

quiere, sólo quien puede y hay quien por mucho que lo intente no llega. Pero no es ese el tema. El tema es que ustedes dan un espectáculo que captan los niños de nuestro país, un colegio entero, que ve como no dejan hablar al presidente del Gobierno o a mí mismo y que llevan ese ejemplo a las aulas. Y nosotros estamos empeñados en educarles en la solución pacífica de conflictos, en el uso de la no violencia. A mí no me importa que lo hagan de forma personal, pero creo que deberíamos hacer una reflexión. Deberían ustedes hacer una reflexión. No podemos dar ese espectáculo. Es mucho mejor hablar serenamente. Dejando hablar nos escuchamos, planteamos nuestras posiciones y nos enriquecemos con lo que dice el otro, aunque lo que diga el otro sea que uno viene a lo que no viene. Es su opinión. Naturalmente si es su opinión hace bien en plasmarla. Mi obligación ahora es explicarle por qué yo no vengo a eso que dice, independientemente de que le parezca que fui un fiscal miliciano. Yo no sé qué quiere usted decir con eso. Supongo que la connotación guerracivilista que tanto les gusta a ustedes. No se asombre. Es usted el que lo ha dicho. No me la vuelva. Me ha llamado fiscal miliciano. Y yo le pregunto, ¿qué quiere usted decir con eso? Pues verá yo no sé si he sido un fiscal miliciano desde su punto de vista. He sido un fiscal entregado absolutamente a su trabajo con un planteamiento de un hombre de izquierdas. Eso es lo que he sido yo. Pero ahora no venimos aquí a hablar de eso.

Yo comprendo que diga que mi discurso esté lleno de pobreza. Si a usted se lo parece, ahora yo intentaré demostrarle que no. Ha dicho que tengo una profunda ignorancia de la realidad, de la justicia se entiende. Es su opinión. ¿Yo qué quiere que le diga? Ahora le explico por qué creo que no. Usted es muy suyo de decir que si, que ignoro una realidad en la que he vivido 33 años de fiscal en todos los puestos en varios sitios. A lo mejor es que usted lo ve así y yo no voy a entrar en ello.

Ha dicho que soy obsesivo con el Partido Popular. No, yo no lo soy con el Partido Popular. Confío en no obsesionarme con nada. ¿Pero sabe lo que me preocupa ahora? Quienes dirigen el Partido Popular. Ahí si que le puedo decir que, sin obsesión, estoy preocupado. Estoy hondamente preocupado. ¿Y sabe por qué? No me atrevo a entrar en calificaciones psiquiátricas. Se lo dejo a usted que parece que le gustan. Yo no sé qué me quería usted decir con lo del complejo de Edipo. Supongo que tiene usted claro lo que es el complejo de Edipo y supongo que usted sabrá lo que ha querido decirme. Me va a permitir que no le coja; no le capto, probablemente porque como no lo tengo, me resulta difícil saber por qué usted dice esto de mí o saber por qué dice que mi antecesor tenía el complejo de Adán. Usted sabrá lo que quiere decir; tampoco le capto. No tengo ni idea de qué quiere decir. Lo que sí le puedo decir, sin entrar en calificaciones psiquiátricas, es que me preocupan ustedes, no usted, quiero decir sus jefes. Los que dirigen el Partido Popular en estos momentos me preocupan mucho. ¿Y sabe por qué? Porque les noto -no sé si es un complejo- que no han superado la frustración del día 14 de marzo de 2004.

No sé si eso ha llegado a la categoría de síndrome psiquiátrico ni me importa. Como ciudadano me preocupa. Como ministro de Justicia me preocupa porque les noto que no logran superar esa frustración y que se la están transmitiendo a parte de la sociedad. Esto es serio.

Usted me recomendaba que me pusiera en tratamiento. Usted sabrá si quiere que me ponga en tratamiento. (El señor Conde Bajén hace signos negativos.) Sí, lo ha dicho usted y es que a lo mejor no se ha dado cuenta. Leálo luego en el «Diario de Sesiones»: No sé -ha dicho- si necesitará usted algún tratamiento. Se le ha escapado, señor Conde, qué le vamos a hacer. Si no me importa. No se preocupe, si no se lo tomo a mal. ¿No se ha dado cuenta ya de que no me llega? No es ése el problema. Me preocupa por la incidencia que tiene en los ciudadanos, porque transmitir frustraciones es muy delicado cuando se hace política, muy delicado.

Dentro del contexto social donde se siembra -yo vengo de familia de agricultores- hay terrenos abonados, otros no y otros en absoluto abonados. Esa semilla cae en terreno no abonado y no germina, y cuando hay poco abono tampoco, pero hay un terreno abonado y entonces la frustración toma cuerpo ¿y sabe cómo acaba? Con las banderas preconstitucionales delante de la Fiscalía General del Estado. Y eso a ustedes no debiera gustarles y no debieran promover su existencia.

Yo estoy seguro de que a ustedes no les gusta y, además, saben que no les viene bien. Por eso, digo que me preocupan porque cuando uno hace algo que no le gusta y que, además, no le viene bien políticamente, hay que preguntarse, qué está pasando. ¿Por qué no reacciona uno ante esa frustración que está transmitiendo? Es una frustración terrible de la que hemos visto hoy otro episodio delicadísimo. No sé que quería decir su jefe, el señor Rajoy, con eso del boicot al grupo Prisa. Yo comprendo que no le haya gustado lo que ha dicho el señor presidente del grupo Prisa. Pero, de verdad, como escarpias se me han puesto los pelos cuando lo he oído. ¿Sabe por qué? Porque me he dicho a mí mismo, si en la oposición dice esto, ¿qué no haría en el Gobierno? Miedo. Ahí si que tengo yo un problema. Miedo me dan. Pero en fin, no me detendré ni un minuto más en decirle que yo no he venido aquí a repetir un discurso.

Parece que a usted le sorprende que alguien que en 15 días va al Congreso y al Senado a decir lo mismo lo diga más o menos igual. Yo agradezco mucho al representante del Bloque Gallego lo que ha dicho y al portavoz del partido socialista. Les agradezco mucho lo que han dicho. El discurso, que tiene un tronco evidentemente uniforme, lo he repetido aquí en la parte repetida para que ustedes se enteren porque ¿sabe lo que noté el otro día cuando el señor Astarloa me contestó? Que le había entrado por una oreja y le había salido por la otra, es decir, que no me había prestado la más mínima atención porque rápidamente empezó con el tema del terrorismo, que es lo que a ustedes les gusta. Y resulta que yo de lo que había hablado era de todo menos de eso. No le voy a decir que a usted le ha pasado igual, porque le reconozco que ha tenido usted una

parte en que se ha ocupado del tema que tenía que ver con el asunto. Pero debo decirle que he hecho bien en repetirlo porque tampoco se ha enterado; o no se ha enterado o resulta que me niega la mayor, como también suelen hacer ustedes. Yo creo que es bueno repetirles a ustedes mucho las cosas que, además, están en el «Diario de Sesiones», como he hecho ahora al repetir lo de mi tratamiento psiquiátrico. Bueno, pues en esto lo mismo.

Usted se empeña en que en la pobreza de mi discurso no he dicho nada, en que he venido aquí sin nada. El primer reproche ha sido que no traigo medidas legislativas. Yo le digo que es normal que no traiga medidas legislativas y no se las anuncié porque no quiero contribuir a la inflación legislativa. Si sólo fuera eso ya se lo habría dicho. Pero no, ahora le estoy diciendo que no lee usted bien y, si lee, no se entera. Por eso, se lo digo tantas veces. Mire, en el discurso se hace referencia a la Ley de Adopción Internacional, a la directiva de transposición de sanciones pecunarias como proyectos que quiero traer antes de que acabe la legislatura sin contribuir a la inflación.

Yo no tengo la culpa de que usted no se entere y de que me diga luego que vengo con lo mismo. Lo hago para ver, si de verdad, sin necesidad de un gran esfuerzo ni de leerlo en ninguna parte, escuchándolo, se les va quedando. Es otro método. Que no me escucha ya lo sé, y que dice usted lo que quiere pues también. Le agradezco mucho lo que ha dicho, pero no es verdad casi nada de lo que dice.

Dice que de nuevo no convocamos oposiciones. Pues no sé qué hemos hecho con la de secretarios y funcionarios que están en pleno proceso. Lo he dicho en el discurso. No sé yo, pero si están en proceso, ¿cómo es posible que no hayamos convocado esas oposiciones?
Resulta que no hablamos con los funcionarios y que la que tenemos montada es ni se sabe. Entonces no sé qué hemos en la Audiencia Nacional hace dos semanas, que hemos llegado a un acuerdo y ha acabado el problema que allí había. Surgen los problemas, se reúne uno y el problema ya no existe. Para usted no ha existido. Qué le vamos a hacer. Sí que ha existido.

Dice que todavía no hemos conseguido la relación de puestos de trabajo. Si el Consejo General del Poder Judicial no responde en año y medio a lo que se le pregunta, nosotros no podemos ir para adelante. Eso es lo que pasa. Yo comprendo que a lo mejor a usted le parece muy bien eso; a mí no, pero no me eche a mí la culpa de lo que no la tengo. Yo estoy dispuesto a asumir las mías.

Me dice que estamos en la ruina, que estamos en una quiebra técnica, que nos van a aplicar la Ley Concursal que vamos a aprobar. Pues mire, no sé cómo hace usted las cuentas, pero en 2007 se crece en más de tres puntos en relación con 2003-2004 en su media, pues fue un 7.3 y en términos homogéneos se crece tres puntos más. Yo qué quiere que le diga. Usted puede decir lo que quiera. Esto es lo que hay. En inversiones se crece un 10.4.

El otro día yo no quería cansar a su amigo Astarloa porque me parecía un poco pesado, pero como usted me dice que no traigo nada nuevo, pérdoneme que sea un poco pesado. Mire, tal como usted lo cuenta, ni tenemos dinero, ni nos lo gastamos, ni nada. No es así. Tenemos un plan de inversiones enormemente serio, que usted debería conocer, pero se lo voy a indicar. Independientemente de las obras iniciadas en 2006, tenemos una cantidad enorme de obra funcionando; y se lo digo porque se ha referido usted a la etapa de mi antecesor. De 2007, tenemos el edificio de juzgados de Cuenca, el de Mérida, la rehabilitación del Palacio de Justicia de Burgos, un edificio nuevo en Almazán, un edificio nuevo en Briviesca, en Teruel y en Mula, y vamos ya por casi 60 millones de euros. Para 2008, tenemos el nuevo edificio del Registro Civil Central. Hay proyectos que se están redactando en 2007 y obras para 2008: el de San Fernando de Henares -Madrid- para macrojuicios, el del nuevo edificio de Albacete, el de Fraga, el de Guadalajara, el de Ibiza, este con problemas, por cierto, derivados de un plan mal aprobado, ya veremos cómo sale -no sé si recuerda usted quién gobierna en Baleares-; está también el de Logroño, el de Mahón, el de Murcia, algo así como 165 millones de euros programados. Me parece que decir que no hacemos son ganas de que usted lo diga. Yo respeto lo que dice, pero ya ve que no es verdad.

En cuanto a que hemos logrado colapsar los juzgados... Verá: hay órganos que están mal, otros mejor, otros menos mal, y los hay incluso que están bien; hay de todo, en el mapa hay de todo. Es verdad que a lo que hay que aspirar es a que haya más de lo bueno, y en eso andamos. Pero no me hable del colapso de todo, porque esa visión catastrofista no se corresponde con la realidad, pero, sobre todo, no pierda usted de vista una cosa: nosotros empezamos a gobernar después de ocho años de gobierno suyo. Yo no sé si sabe usted muy bien cómo funcionan las cosas en la Justicia, y aunque usted me niega el derecho a conocerlo, con mis 33 años de conocimiento le voy a explicar una cosa: la Justicia trabaja con un cierto retraso; usted lo sabe, ¿verdad? Pues mire, durante sus ocho años se acumuló un retraso, bastante importante, por cierto. Ustedes habían recogido el que venía de atrás y el que ustedes han creado. Y cuando intentamos que los jueces pongan sentencias usted me dice: el número absoluto de sentencias de los jueces ha disminuido. Y yo le contesto: es verdad, el número de sentencias en cifras absolutas ha disminuido. Pero, claro, usted hace un planteamiento que tiene truco, porque se le olvida que las sentencias se dictan al final de..., al final del proceso, y que nosotros hemos recibido el cúmulo de procesos que ustedes dejaron pendientes y que las sentencias que se dictan se refieren a esos procesos. Un número de procesos que, tal como están las cosas, sin la Oficina Judicial en marcha y con el juez ocupándose también de la Oficina Judicial, se ocupa de esto, se ocupa también del retraso y dicta menos sentencias. Esto se explica bien: cuando se dictan menos sentencias en un año o en dos años, lo que se está haciendo es que se ha incoado y tramitado menos en los años anteriores, señor Conde. Esto lo sé hasta yo, que, según usted, no sé nada. Reflexione un punto, y dese cuenta de cómo es la realidad de la Administración de Justicia. Un proceso es una cosa larga, necesita una tramitación que dura tiempo y, cuando

ya se acaba la tramitación, se puede dictar la sentencia. ¿Qué quiere que le diga? Si se va retrasando, la sentencia llegará con retraso, y el número menor de sentencias -que son menos en este trienio- se deberá a que había menos sentencias que dictar. Además, los jueces siguen ocupándose de lo que no deberían ocuparse. Reflexione sobre eso, y verá que las cosas se desarrollan con normalidad en términos relativos, dentro de algo que queremos arreglar y que entre todos tenemos la obligación de arreglar: disminuyamos los tiempos de sentencia y los tiempos de tramitación.

Esto es difícil de contestar: dice usted que no tenemos dinero ni para pagar interinos. Pues no es así; mire usted, tenemos dinero para pagar interinos. Lo que no solemos hacer es pagar interinos allí donde no hacen falta. Le puedo asegurar que muchas veces nos los piden y no hacen falta. Pero, sobre todo, hemos hecho un intento, que es razonable, porque nos lo pedían los jueces: que en vez de interinos, fuesen jueces profesionales en prórroga de jurisdicción. Se les pagaba una cantidad para que, teniendo las cosas de su juzgado al día, atendieran el de otro. Es verdad: sorprendentemente, no ha habido gran demanda de este tipo de puestos. Los jueces de este país ya van estando bastante bien pagados, y saben ustedes que, cuando se llega a un nivel en que se cubren bien las necesidades, la gente no quiere trabajar más; esta es la realidad. Ahora el esfuerzo es también evidente: tenemos necesidad de más jueces, y en eso estamos porque apostamos por la calidad. Los jueces interinos hacen un gran esfuerzo, y hay que agradecérselo, pero yo prefiero jueces profesionales, y en esas estamos: en crearlos.

Oficina Judicial: ya no se lo repito porque le acabo de leer la cantidad de obras que hay relacionadas con ella; no voy a insistir mucho. Ahí está; usted sabrá si hemos hecho o hemos dejado de hacer, pero ya ve que sí hemos hecho cosas.

Naturalmente, todo esto que hemos hablado no era el objeto de su intervención, no era el más importante. El más importante venía al final, como siempre, y se trataba de poner de relieve lo perversos que somos cuando tenemos a un fiscal general que hace todas esas cosas que usted ha dicho. Además, nosotros la verdad es que mantenemos una relación con la Fiscalía General que debe ser muy perversa, se conoce. Verá le voy a explicar una cosa: Yo comprendo que estén ustedes acostumbrados al modelo Cardenal. Eso puedo entenderlo, porque es lo que a ustedes les ha gustado siempre. Les ha gustado tanto un fiscal que hace lo que ustedes le dicen cuando le llaman que tuvieron uno que duró cuatro meses; cuatro meses. No sé si se acuerda. No voy a mencionar el nombre por respeto a aquella persona que fue cesada porque no hacía lo que ustedes querían...; bueno, o porque lo hacía mal, por lo que fuera. El hecho es que lo cesaron a los cuatro meses. Luego vino otro que había tomado buena nota, y que no había ni que llamarle. No obstante lo cual ¡vaya si le llamaban!
Pues mire, es con ese modelo de fiscal con el que queremos acabar. ¿Sabe cómo? Primero, haciéndolo: no se llama al fiscal general. Hay un artículo 8 en el Estatuto del Ministerio Fiscal que dice cómo hay que relacionarse con él. Si el Gobierno le quiere pedir algo, interesar algo -es la expresión que utiliza el estatuto-, lo hace; el fiscal reúne a la Junta de Fiscales de Sala y toma la decisión que estime pertinente, con absoluta libertad. Eso es lo que yo practico desde que he llegado y lo que voy a seguir practicando. Ya sé que a ustedes les resulta insólito. Les comprendo. Cuando no se ha andado un camino, es difícil creerse que otro lo anda. Créanselo. Y no solo eso sino que ahí está el proyecto de estatuto. Ya sé que no les gusta. Pero ¿cómo les va a gustar? ¡Si ese estatuto está dedicado a ustedes! Si me permitieran ponerle dedicatoria, yo se la habría puesto cuando era presidente de la comisión: al Partido Popular... o mejor, a los actuales dirigentes del Partido Popular, con cariño; ya sabe usted que yo soy muy emotivo. ¿Sabe por qué? Porque ese estatuto piensa en un día, espero que muy lejano, en que ustedes gobernarán otra vez. Y espero que, como ocurre con Televisión Española, se encuentren ustedes con que ya no hay aquel fiscal al que se llamaba por teléfono y hacía lo que uno quería. Hay un fiscal que de acuerdo con su criterio... Ya sé que es un fiscal nombrado por cada Gobierno, pero el Gobierno que lo nombre no va a poder cesarlo; para evitar cosas como las que ustedes hicieron: cuatro meses de fiscal general del Estado. Naturalmente, como ustedes habían descubierto que lo bueno era actuar sin complejos, pues ni complejos ni nada: lo hicieron, y punto. No van a poder hacerlo. O, si quieren hacerlo, tendrán que cambiar la ley.

Por cierto, ya les he oído decir que van a cambiar todas las leyes; lo ha dicho el señor Astarloa. Todas las que hagamos las van a cambiar.¿A que no? Primero, porque, para cuando gobierne el Partido Popular, ustedes seguramente ya no estarán en política; los actuales dirigentes, seguro que no. Muchos de ustedes tampoco, porque, por el camino que van, ustedes no vuelven a gobernar aquí. Dan miedo, ¡eh! Lo del señor Rajoy esta mañana, es que da pavor, pero sobre todo es que, cuando vuelvan, van a hacer con esta ley lo mismo que han hecho con la Ley de divorcio de 1981. La iban a fulminar, y lo que han hecho ha sido usarla profusamente, de lo cual me congratulo yo, que llevo 33 años casado con la misma persona y enamoradísimo de ella, por cierto; fíjese qué cosa. Ocurrió lo mismo con la ley del aborto, que era todavía más dura, iba a ocurrir con la ley de parejas de hecho. Ustedes dicen que van a reformar las cosas, pero cuando llega el momento de la verdad saben que las hemos hecho bien, que eso está ahí y que amplía espacios de convivencia, señor Conde, esa es la clave, que la gente pueda sentirse cómoda en el ámbito social y en el legal, esa es la clave, y yo creo que por mucho que ustedes se empeñen no van a hacer eso que dicen porque no lo hacen nunca.

Dicho lo cual, a usted a lo mejor le cuesta trabajo, pero desde su autonomía, el actual fiscal general del Estado, al que yo no voy a defender aquí porque se defiende solo, ha tomado decisiones en todos los ámbitos. Usted ha enumerado algunas, le reconozco que lleva usted buena cuenta de ellas, y no voy a entrar a matizarlas porque es absoluta-

mente inútil, pero no sé si se habrá dado cuenta de que usted se refiere a actuaciones del fiscal general del Estado siempre en el ámbito de la lucha antiterrorista o relacionado con dicho ámbito. Ese es el problema.

Señoría, su problema es que cuando se meten ustedes ahí ya es imposible negar la mayor. ¿Y sabe cuál es la mayor? Que están ustedes haciendo política de partido en el ámbito más sensible de la convivencia de este país, que es el tema antiterrorista, y están ustedes continuamente haciendo leña del árbol, y lo hacen, además, desde un desprecio absoluto a los tribunales, en cuanto no les conviene, véase: De Juana, Tribunal Supremo; De Juana, juez de vigilancia penitenciaria. Ya veo que a ustedes eso no les importa. Por eso yo les hago llamamientos al sosiego porque creo que sería bueno que ustedes pensaran el daño que hacen de deslegitimación de los tribunales cada vez que -¡hala!- salen a la calle porque no les ha gustado lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Pues, mire, convendría que, como partido que un día, lejano, puede que gobierne, tuvieran mucho cuidado con el respeto a las instituciones, una de las cuales es el Ministerio Fiscal. Usted tiene ahora muy reciente el tema de De Juana y lo del señor Otegi. Del señor De Juana ya no le voy a decir más de lo que hemos dicho porque resulta muy difícil añadir nada. Simplemente, cuando hay que optar entre un conjunto de soluciones que ninguna te gusta, te acoges seriamente a la legalidad porque ahí no te equivocas nunca, y la legalidad en este país en relación con personas en huelga de hambre por motivaciones políticas es muy clara. La Ley Orgánica General Penitenciaria fue interpretada por el Tribunal Constitucional en dos sentencias del año 1992, referidas a huelgas de hambre de dos miembros del GRAPO en el año 1990. En aquellos momentos, el Tribunal Constitucional interpretó el derecho de los grapos a su huelga de hambre y las obligaciones de la autoridad penitenciaria de mantenerles con vida aun contra su voluntad, y había que mantenerles con vida y hay que optar por la vida, y por eso hemos optado, y no le voy a decir que sea algo que a uno le guste especialmente. Mis gustos yo me los guardo para mí y mis opiniones humanas acerca del señor De Juana no hace falta que se las cuente porque son más o menos las suyas, la valoración ética que me merece ese sujeto es la que me merece, pero mientras gobernemos, si es un recluso yo tengo que cuidar por su vida; en este caso no me compete a mí, pero el Gobierno tiene que cuidar por su vida. No se lo matizaré más.

Está más de actualidad el tema del señor Otegi, que es el que es, y a ustedes les parece magníficamente bien que el Tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional haya dictado una resolución en donde absuelve al señor Otegi, como no podía ser de otra manera, porque ha habido una retirada de acusación y donde se explaya acerca de opiniones que nadie le pedía y que la ley le impedía acerca de qué es lo que hubiera hecho en el caso de que hubiera habido acusación.

Yo esto lo inscribo en el mismo espacio de siempre. Cada vez que metemos presión desde la política a los tribunales, lo que acaba ocurriendo es que éstos se sienten muy presionados y sin darse cuenta seguramente entran en terrenos que no son los de la ley. Ahora ya hay una verdadera trifulca mediática -ya sabe usted, unos, otros- y eso es lo que yo intento evitar cada vez que hago llamamientos al sosiego, porque no me gusta que se prepare un duelo dialéctico en relación con un asunto que debería haber sido objeto del respeto que la realidad jurídica que subyace exigía.

Yo no sé si usted sabe bien de qué estamos hablando, yo supongo que sí, estamos hablando de una querella que ustedes mandaron interponer al señor Cardenal. Esto a lo mejor les suena, yo se lo recuerdo y como usted tiene tan buena memoria verá que tampoco los demás la hemos perdido. Ustedes decidieron presentar una querella y se metió con una foto -así empezó-, una fotografía en la que se veía al señor Otegi y a dos más -el cuarto de la derecha me parece que quedaba oculto en la foto-, y había un féretro, era el entierro de una etarra y encima del féretro había un símbolo de ETA, lo que motivó una querella por enaltecimiento del terrorismo. A medida que el tema fue avanzando, se añadieron las frases pronunciadas durante el entierro en el estado emocional propio de esa situación, y eso configuró el objeto del proceso. Ese proceso empezó, y como el señor Otegi en aquellos momentos -no sé si alguno de los otros dos- era aforado, el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia se hizo cargo del asunto y de plano dictó una resolución de archivo por no delito, porque evalúa que aquella foto no era delito y que las frases que se decían a pie de foto no tenían entidad.

Ustedes le dijeron al señor Cardenal que recurriera, y el señor Cardenal naturalmente recurrió, y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó una resolución y le dijo al magistrado: Investigue -eso es muy razonable-, investigue, no archive de plano, investigue. Y el magistrado, fiel cumplidor de sus obligaciones, se puso a investigar, tomó declaración a los imputados, a los otros…, y cuando concluyó la Investigación, ¿a qué no sabe qué hizo? Sí lo sabe: archivó. Dictó otra resolución de archivo y dijo: esto no es delito.

Yo supongo que también tendrán ustedes que explicar a los ciudadanos que este magistrado seguramente obedecía órdenes del Gobierno de ahora, aunque esto sucedía antes de que gobernara el Partido Socialista; supongo que aquel magistrado obedecía órdenes del partido que luego iba a estar en el Gobierno y que en aquel momento se encontraba en la oposición. No sé cómo explicarán ustedes esto. Para el ministro de Justicia la explicación es simple: el magistrado evaluó lo que tenía delante y dijo: esto no es un delito de enaltecimiento del terrorismo; en el contexto de un entierro, llevar el féretro aunque arriba haya un símbolo de ETA -que no tiene por qué ser conocido, o sí-, las palabras dichas, que fueron palabras genéricas en el contexto emocional de un entierro, esto no es un delito de enaltecimiento del terrorismo. El magistrado dictó una resolución -que nadie se molesta en leer, pero que está ahí- que indicaba que aquello no era delito.

Entonces ustedes le vuelven a decir al señor Cardenal -quien, naturalmente, obedece ya que para eso lo tenían-

que recurra. Recurso otra vez, Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Procese, y el magistrado cumple y procesa, y -¡hala!-, a juicio. En el ínterin hay un procesado que se ha ido por ahí y que es declarado rebelde, por lo que solo tenemos dos: el señor Otegi y una chica cuyo nombre no recuerdo, que comparecen en juicio. El fiscal les acusa, y este Tribunal Superior de Justicia, que insistentemente había producido aquella consecuencia, ya de entrada, condena al señor Otegi y absuelve a la otra persona. Parece que el magistrado instructor tenía razón, aquello no era delito, y el propio Tribunal Superior de Justicia que le obligó a seguir, así lo dejó dicho. Conviene que se sepa, no vaya a ser que alguien esté pensando que esto era sencillo. Esto de sencillo no tiene nada.

Hay más, y permítame que se lo cuente. El fiscal, no conforme con estas cosas, mira y dice: y con esto ¿qué hacemos? Y, ya, ahí se para y no recurre, pero recurre el señor Otegi. Es decir, que el fiscal no recurre la absolución de la otra correo, le parece bien, pero sí recurre el señor Otegi. ¿Y sabe lo que hace el Tribunal Supremo? ¿Hace falta que yo se lo diga? Se lo voy a decir, aunque ya lo sabe: El Tribunal Supremo anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco porque dice que ese tribunal no ha actuado con imparcialidad.

Cuando llega la sentencia, el señor Otegi ya no es aforado y la cosa va a la Audiencia Nacional, pero el señor Otegi acude solo a la Audiencia Nacional porque entretanto había aparecido el rebelde. ¿Y sabe lo que pasó con el rebelde? ¿Se lo cuento? Ustedes deberían saberlo. El fiscal retiró la acusación al rebelde. ¿Y por qué no montaron este espectáculo mediático que están montado ahora? Porque esto ocurrió hace más de dos años cuando todavía ustedes no habían decidido que el quid de la cuestión era darle fuerte al proceso de paz, en ese momento la política todavía no era esa. Entonces, lo dejaron estar.

¿Y sabe qué hizo el Tribunal Superior de Justicia cuando el fiscal retiró la acusación? Cumplir con su obligación, absolverlo y no decir nada que nadie le había pedido; no dar su opinión acerca de qué hubiera hecho si el fiscal no hubiera retirado la acusación, la ley no permite eso.

¿Y sabe lo que no hizo el Tribunal Superior de Justicia? No utilizó el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señor Conde. ¿Sabe qué dice ese precepto? Se lo cuento. En el foro -aunque sabe que yo soy un perfecto ignorante de todo eso- lo llamábamos la tesis y los fiscales le teníamos miedo como a un dolor de costado. Dice: si una vez practicadas las pruebas el Tribunal creyere que los hechos pudieran constituir delito…, lo hará saber así a las partes para que le ilustren. La consecuencia era que el Tribunal ya podía condenar, aunque no hubiera acusación. ¿Por qué no utilizó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la tesis, el artículo 733? Porque no lo entendió necesario. Y lo absolvió sin comentarios.

Y este es el escenario en el que nos encontramos cuando se produce el enjuiciamiento del señor Otegi. Le voy a ahorrar los detalles, no sea que se canse, cosa que entiendo, porque es demasiado prolijo, pero es que aquí podemos explicarlo.

Este es el cuadro en el que nos encontramos y que yo le sintetizo: un magistrado instructor del TSJ, que archiva sistemáticamente por no delito; un Tribunal Superior de Justicia que dice sistemáticamente, siga usted para adelante; un fiscal que recurre sistemáticamente un Tribunal Supremo que desautoriza al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco porque dice que no es imparcial; un rebelde absuelto por retirada de acusación, ante el que ustedes, obviamente, no han dicho nada. Y con este cuadro se encuentra el fiscal al empezar el juicio. ¿Y qué hace? Ser coherente; coherente con lo que viendo allí, que era una querella sobre un tema dudoso, cuyas dudas habían ido solventándose por el itinerario que acabo de contarle.

El fiscal retira la acusación, y la retira con todas las consecuencias, como la retiró el anterior. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido es que, como pensó el magistrado instructor por dos veces, aquello no era delito. Optó por la tesis del magistrado instructor y no por la del tribunal, cuya imparcialidad no existía de acuerdo con el Supremo.

Esta es la realidad. Y después ha habido alguien que, sometido probablemente a la presión, introduce en la sentencia algo que no puede introducirse porque al Tribunal se le pide que juzgue sobre lo que una parte que acusa y otra que defiende ponen en contradicción, y cuando no hay contradicción no hay otra cosa que hacer más que absolverlo. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dice correctamente: aquí alguien ha introducido algo que nadie le pedía y que la ley le prohibía. Y no se sorprenda por tanto de que la Fiscalía estudie si existe viabilidad, un recurso de casación; no sé si lo está haciendo, es usted quien lo dice, lo ignoro, pero no le sorprenderá que lo haga, porque eso sólo tiene un sentido: es un varapalo al fiscal que, a mi juicio, la ley no permite. No se sorprendan de que estén ahora en ese fuego cruzado.

Eso es lo que una y otra vez intento evitar. Creo que hace falta sosiego; hace falta enjuiciar jurídicamente; hay que quitar el foco del ámbito del enjuiciamiento porque la Justicia necesita sosiego.

El ministro de Justicia no puede tolerar que ahora en fuego cruzado se diga: No, es que ese presidente es aquél que iba por los despachos de los funcionarios recogiendo firmas contra el Estatuto de Cataluña. ¿Y por qué no lo puedo tolerar? Porque ya estamos introduciendo factores que nada tienen que ver con lo que nos debe preocupar, y hay que defender el sosiego, y a eso es a lo que he venido hoy aquí, señor Conde. Y perdóneme que se lo haya explicado tan prolijamente pero de ahora en adelante no podrá usted decir que no lo sabe. Eso es lo que hay, y usted tomará la posición que quiera, que no seré yo quien le contradiga.

Le agradezco en todo caso el tiempo que ha perdido; le agradezco que me haya escuchado y, en cualquier caso, seguimos con la mano tendida para seguir hablando, para seguir dialogando y para intentar olvidarnos de lo que hay que olvidarse, saber bien dónde están los problemas comunes e intentar solventarlos.

Gracias. Es todo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

¿Algún portavoz desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Prácticamente todos. Por tanto, abrimos un segundo turno por su orden.

En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Conde.

El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señora presidenta.

Veo que el señor ministro de Justicia en esta comparecencia se ha quedado sorprendido de nuestras palabras. No sé si esperaba que el principal partido de la oposición viniese aquí a felicitarle por sostener una política que, sabido es, ni compartimos ni desde luego apoyamos.

Se muestra dolido y se hace el ofendido porque parece ser que, según él, le hemos insultado; habla de los insultillos, que no han existido, señor ministro. Usted puede venir a hacer todo el victimismo que quiera, como la demagogia de los niños a los que damos mal ejemplo, etcétera.

Usted puede hacerse la víctima tantas veces como considere conveniente. Puede utilizar ese tonito de damita ofendida, si usted lo quiere. Está usted en su derecho. Pero no ha recibido insulto alguno por parte de este portavoz. Ha recibido críticas. ¿Pero sabe lo que sucede? En democracia esto pasa, señor ministro. No sé si usted lo sabe, pero en democracia estas cosas suceden; se tienen distintas opiniones, el Gobierno debate con la oposición; en fin, no sé si se cumplirán los pronósticos que usted hace y se eternizarán en el Gobierno, pero de momento esta capacidad democrática existe, y usted la va a tener que escuchar, le guste o no, porque estamos en ejercicio de nuestro derecho. Bien es cierto que el ejercicio de los derechos depende de quien pretenda hacerlo. Ya sabemos que la izquierda habla de la superioridad moral de la que está poseída, y las cosas son distintas según sea quien las hace.

Nosotros entendíamos que los derechos y libertades fundamentales son para todo el mundo igual. Pero resulta que no, que, según quien sea quien ejerza el derecho o libertad en concreto, así tendrá o no legitimación democrática. Y pondré varios ejemplos: Si resulta que la izquierda se manifiesta en las calles haciendo uso de su legítimo derecho, es una fiesta ciudadana y una alegría de la democracia. Pero si se manifiesta la derecha porque tiene una opinión determinada, entonces es un clima de preguerra civil y un acto de fascismo puro; curiosa cuestión, resulta que es el mismo derecho fundamental, el derecho de manifestación y de reunión, pero ejercido por la derecha es un atentado al sistema y ejercido por la izquierda es una fiesta libertaria.

Resulta que si nosotros decimos que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, está sirviendo a una concreta política de partido, es algo intolerable, es un ataque injustificado al señor fiscal general del Estado. Pero el señor ministro de Justicia se puede permitir el lujo de hablar de lo que sin duda es una bestia negra para él, el señor Cardenal, que tuvo la osadía, en fin, ya hablaremos de ese tema. Pero usted puede hacer todo tipo de críticas al señor Cardenal diciendo: porque le llamó, porque le dijo al fiscal, porque le dio órdenes, que para eso estaba, etcétera. Y eso está bien porque lo dice el señor ministro de Justicia de la izquierda militante. Es distinto. Unos pueden y otros no.

Por poner más ejemplos: resulta que si a Aznar se le ocurre un día decir que España está en proceso de balcanización, ¿para qué queremos más? No falta palo que tocar para decir que se está generando un clima de tensión insoportable, que si la exageración del presidente Aznar hablando de la balcanización, etcétera. Pero si Felipe González en Méjico dice que España está en un clima de preguerra civil, es una tremenda reflexión de un gran estadista. Las cosas son distintas según el que las haga. Si resulta que el Partido Popular cuanto tiene mayoría en las Cámaras aprueba unas determinadas reformas legislativas, alguna portavoz aquí lo ha calificado de involución democrática. Pero si resulta que hay una mayoría parlamentaria de izquierdas que aprueba unas determinadas reformas legales, entonces estamos ante el progreso de la sociedad. Qué casualidad: la mayoría parlamentaria que conforma el Partido Popular nunca es legítima y si hace uso de su mayoría para aprobar en este momento la ley es una involución democrática; ahora, cuando lo hace la izquierda es que estamos en el gran camino del desarrollo democrático de la ciudadanía ¡Es curioso!
Si resulta que el Partido Socialista le organiza un boicot a Telemadrid y prohíbe a todos sus cargos públicos que acudan allí, es una lógica reacción indignada de quien dice que no se le trata bien porque no salen los minutos suficientes en sus telediarios. Pero si resulta que el Partido Popular dice que no va a tener una colaboración con los grupos (La señora Granado Paniagua: Es que no es solo eso) de comunicación de un señor que nos ha llamado franquistas y provocadores de una guerra civil, entonces es un atentado que le pone al señor ministro los pelos como escarpias. ¡Claro, fíjense ustedes! ¿Qué harán si llegan al Gobierno?
Estamos ante esta doble vara de medir que sistemáticamente utilizan ustedes, los señores de la izquierda, porque ustedes se creen benditos (La señora Granado Paniagua: No) por no se sabe qué dedo y todo lo que ustedes hacen está bien hecho siempre, por sistema. Y cuando se hacen las mismas cosas pero en sentido contrario por sus adversarios políticos, entonces son ilegítimas. Es esa arrogancia sistemática de la izquierda. Ustedes se creen el ombligo del mundo (El señor Bofill Abelló: Benditos como ciudadanos.-La señora Granado Paniagua: Cree el ladrón...) sistemáticamente, el ombligo del mundo, y nosotros somos ciudadanos y vamos a hacer uso de nuestros derechos ciudadanos, les guste a ustedes o no les guste..., o no les guste.

Dice que yo hago referencia a guerracivilistas. En modo alguno, pero si el primero que empezó con la referencia guerracivilista fue usted, yo hablaba de miliciano. Desde esa superioridad moral que usted utiliza, desde esa arrogancia intelectual que usted emplea, me va a permitir decirle -y ahora se lo demostraré- que comprendo que

crea que todos los demás somos pobres lerdos en comparación con esa estrella de la mañana, esa luminaria científica que es el señor ministro de Justicia (Risas.) Es el tío más listo que ha pasado por este Senado y los demás somos pobres, palidecemos ante semejante luminaria (Un señor senador: (¡Se ha picado!)
Yo he hablado de fiscal miliciano. ¿Sabe lo que es en sentido literal eso? Mire usted: en las milicias usted no puede ser militante del Partido Socialista porque es fiscal, con lo cual usted no puede estar encuadrado regularmente en las filas del Partido Socialista. ¿Comprende usted? (Risas.) Es el matiz. Yo comprendo que quizá para usted sea un poco sutil, lo entiendo (Rumores), porque a usted le gusta el trazo grueso, es usted especialista en el exabrupto más o menos irónico, probablemente tosco... De ahí viene la cuestión: como usted no puede ser militante, lo que era era miliciano. ¿Lo ha entendido? (Rumores.) Yo creo que sí, se le ha iluminado un poquito la mirada y veo que sí (Rumores.)
¿Pero qué es lo que nos dice el señor ministro, cómo nos trata el señor ministro a los demás -que se las da de ofendido porque el discurso es duro, según él-? Dice: No lee usted bien y si lo lee no se entera; quizá le cueste trabajo comprenderlo (La señora Granado Paniagua: Ahí le duele.) Esa es la superioridad arrogante que usted emplea con los demás, lo ha hecho toda su vida, tampoco me extraña que me lo haga a mí esta mañana. Los demás, por lo visto, insisto, somos pobres lerdos comparados con usted. ¡Yo no sé qué se ha pensado usted! Usted por las mañanas se tiene que encontrar extraordinariamente satisfecho de sí mismo, la visión que usted tenga cuando se lave los dientes por la mañana mirándose en el espejo para usted debe ser el colmo de las satisfacciones personales que uno pueda tener. Pero, en fin, no es para tanto, ni mucho menos, señor ministro. Yo no sé qué se ha creído usted, pero nos va a permitir que estos pobres hombres y mujeres del Partido Popular tengamos ideas propias, tengamos opiniones distintas, que vengamos al Parlamento a exponerlas y que usted no tenga más remedio que escucharlas, porque así funciona esto de la democracia, que nos dijo que ha luchado por ella mucho. Un día me lo tiene usted que contar, yo se lo agradecería una barbaridad (Rumores), porque que yo sepa Franco se murió en el año 1975 y usted por aquellas fechas estaba de fiscal, no en la trinchera, creo que usted no andaba en las huelgas de Comisiones Obreras, creo (Rumores.) ¡Ah! El señor ministro cantaba en un grupo de rock y a lo mejor hacía canción protesta, o a lo mejor hacía las canciones que entonces hacía este..., ¿cómo se llama el marido de Ana Belén? (Una señora senadora: Víctor Manuel) Eso es, Victor Manuel. Puede ser, puede ser que hiciera usted ese tipo de canciones, las que hacía Víctor Manuel por la época. No lo sé, a lo mejor hacía usted canción protesta y con eso se da por satisfecho, pero que sepamos en su biografía de aguerrido luchador por la democracia yo no conozco dato ninguno (Rumores.)
El gran problema de Cardenal fue que no le propuso para renovarle como fiscal jefe del TSJ de Madrid -parece ser-. O sea, hay una ley que establece que a los cinco años los fiscales jefes cesan y resulta que a este señor, hoy ministro, le llega el tiempo y como no le proponen para renovarle se produce el gran drama. ¿Cómo no podía ser de otra manera si con ese altísimo concepto que usted tiene de sí mismo se pensaba que era el único que podía ocupar la plaza? Cuentan incluso que promovió usted una especie de rebelión en la Fiscalía para que cuando se convocara el concurso nadie pidiera la plaza. Pero, claro, se decepcionó porque hubo uno que se presentó y parece ser que se la dieron. Esas son insisto, las cuestiones estrictamente personales.

Entrando más en materia, el Partido Popular no tiene bloqueada la renovación del Consejo... (La señora Granado Paniagua: ¿No son cinco minutos?)
Señora presidenta, ¿dispongo de tiempo? Es que hay una senadora a la que parece que le molesta que esté hablando.

La señora PRESIDENTA: Mientras yo no le retire la palabra, usted tiene la palabra.

El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señora presidenta.

Esto ya no es mala educación. Si lo hace el PP es mala educación, si lo hace quien no es el PP entonces está bien.

La señora PRESIDENTA: Diríjase a esta Presidencia, senador.

El señor CONDE BAJÉN: Decía que el Partido Popular no tiene bloqueado el Consejo del Poder Judicial, es más, nosotros queremos que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, queremos que se renueve. Y además se está lanzando una insidia absolutamente falsa -usted lo ha vuelto a hacer hoy, señor ministro-: al Partido Popular le interesa que no se renueve el Consejo, se encuentra cómodo en esta situación y como se encuentra cómodo en esta situación no quiere que se renueve el Consejo. ¿Pero cómo nos vamos a encontrar ni cómodos ni no cómodos? En primer lugar porque no estamos, pero en segundo lugar, suponiendo afinidades a uno u otro sector, habrá que tener en cuenta una cosa: ya se encargaron ustedes de modificar la ley orgánica de tal manera que la minoría de lo que usted llamaría «sus chicos» -no es expresión mía, es la suya, la que ha empleado en esta Cámara- es minoría de bloqueo, de tal modo que para aprobar cualquiera de los nombramientos reservados al Consejo se necesita contar con esa minoría de bloqueo; es decir, que la teórica mayoría afín al Partido Popular por sí y ante sí no puede tomar decisiones. Entonces, ¿qué más nos da que se renueve o que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial? Cuando ustedes cuentan algo que es falso se termina por comprobar la falsedad.

Nosotros queremos que se renueve el Consejo General, solo hay un problema: que la Constitución establece una determinada mayoría y aunque por aquí muchas veces se hace una dialéctica sorprendente -¡Está solo el Partido Popular, nosotros estamos con todos lo demás! Sí, con los

que tienen el 5, el 15, el 12 por ciento del voto..., tremendamente legítimo y, por supuesto, no voy a ser yo quien tacha ninguna de su legitimidad democrática y de su representación en el Congreso o en el Senado, por supuesto que la tienen-, luego resulta que ese otro partido reúne a una mayoría determinada y la Constitución les obliga, si quieren sacar adelante la reforma, a ponerse de acuerdo con el Partido Popular, que está deseando poder hacerlo -me consta que estamos deseando poder llegar a un acuerdo-. Pero, claro, crucen ustedes nombres, enseñen nombres..., porque no pretenderán que les demos un voto en blanco, no pretenderán que les firmemos un talón sin conocer cuál es su importe, tendremos que saber a quién proponen ustedes como vocales del Consejo...

La señora PRESIDENTA: Señor Conde, vaya concluyendo, por favor.

El señor CONDE BAJÉN: Voy terminando, señora presidenta.

Luego, señor ministro, tendrá usted que reconocer que a lo mejor no ha sido usted lo suficientemente convincente, con el Partido Popular al menos, como para poder contar con el voto del Partido Popular en la renovación de los vocales en Consejo, pero como el Partido Popular tiene culpa de todo, absolutamente de todo -dentro de poco seremos oficialmente declarados el toro que mató a Manolete-, de todo... Pues póngase usted de acuerdo con el Partido Popular, que estamos deseando encontrar espacios de reflexión, de diálogo y de consenso.

Dice que le preocupan los dirigentes del Partido Popular y en concreto el señor Rajoy. Es lógico, porque lo natural es que el señor Rajoy en el momento en que sea presidente del Gobierno ya sabe usted lo que va a pasar: que usted no va a seguir de ministro. ¿No se sentirá sorprendido, verdad? No me extraña que usted les tenga miedo a los dirigentes del Partido Popular, porque van a acabar con su ministerio y van a acabar con un proyecto político del Partido Socialista que es totalmente legítimo, pero en el momento en que el Partido Popular obtuviera una mayoría gobernaría en otro sentido diferente, y eso no tiene que dar ni miedo ni no miedo, eso es la realidad de la democracia, la alternancia, no hay ningún problema. Que el señor presidente del Partido Popular haga uso de su libertad de expresión para manifestar lo que tenga que manifestar en relación con las acusaciones que algunos le hagan, da la casualidad que es otro derecho que él tiene, aunque sea del PP. El artículo 20 de la Constitución también nos es predicable a los que somos del PP, por si usted no se ha dado cuenta. Nosotros también tenemos derecho a la libertad de expresión, le guste o no le guste. De momento la Constitución no excepciona a los militantes de los partidos de centroderecha del libre ejercicio de los derechos de ciudadanía. De momento no estamos capitidisminuídos, de momento no se nos han recortado nuestras libertades públicas. Todo se andará, sin duda, todo se andará al ritmo que ustedes llevan, pero de momento esto no es así.

La señora PRESIDENTA: Termine, señor Conde, por favor. Se lo repito por última vez. Lleva más de un cuarto de hora en el uso de la palabra.

El señor CONDE BAJÉN: Voy terminando enseguida, señora presidenta.

Señor ministro, cuando hemos entrado en cuestiones concretas yo le he dicho que ustedes no habían sido capaces de entregar despachos de ningún secretario judicial. Y es verdad, no me lo ha podido usted desmentir. Yo mismo le he dicho que aunque tienen convocadas las oposiciones, usted no va a poder entregar los despachos a ninguno. No tergiverse mis palabras, decir que uno ha dicho lo que no ha dicho es un truco bastante pobre. Como eso del tratamiento psiquiátrico, no se lo he dicho y le reto a que lo encuentre en el «Diario de Sesiones». Se lo mandaré para ver si lo encuentra usted.

Respecto a la Oficina Judicial lo único que ha dicho es que es muy necesaria, pero no ha gastado una sola palabra en toda su réplica en justificar por qué razón se ha ido retrasando de modo sistemático la entrada en vigor de la Oficina Judicial.

Y en lo que se refiere a los últimos asuntos a los que ha dedicado más tiempo, el asunto De Juana y el asunto Otegi -vamos a revivir el debate-, yo me llevo una conclusión: a usted le parece muy bien que la Fiscalía retirase la acusación contra Otegi y a usted le parece muy bien que la Fiscalía la emprenda a acciones legales contra los magistrados que han dictado la sentencia. Está usted en su derecho, para gustos colores, dice la frase popular. A usted le gusto esto, me parece perfecto, pues a mi no me gusta. En relación con De Juana la Fiscalía actuó como actuó, según usted de modo absolutamente independiente. Cándido Conde-Pumpido hizo lo que consideraba oportuno, no recibió sugerencia ninguna del Gobierno, eso es lo que usted dice. A mí no me parece adecuada esa actuación de la Fiscalía General del Estado. Y sobre la prisión atenuada de De Juana, que usted decía que es una lucha por la vida, nos parece vergonzoso lo que ha sucedido. En primer lugar es vergonzoso que lo que es una decisión política del Gobierno, no obligada por el ordenamiento jurídico, porque no es un acto reglado la concesión de la prisión atenuada, es una facultad que el Gobierno tiene y, por tanto, una decisión política, ustedes pretendan justificarla bajo la capa de determinadas resoluciones judiciales que no son tales porque, como usted sabe perfectamente, el juez de vigilancia penitenciaria lo único que controla es la legalidad del procedimiento, a salvo las facultades que el Gobierno tiene en esta materia.

Y en lo que se refiere a salvaguardar la vida de De Juana Chaos, entonces la pregunta es obvia, cuando en el hospital de San Sebastián le hayan dado ya la suficiente cantidad de yogures como para que salga de la dieta en que se encontraba, ¿qué van a hacer?, ¿lo van a devolver a la cárcel?, ¿sí o no? La pregunta es sencilla porque si lo que a ustedes les movía era simplemente salvar la vida de De Juana, en el momento concreto en que no corra peligro su vida, ¿ustedes que van a hacer? ¿Devolverlo a la cárcel? Es una pregunta muy sencilla.


La señora PRESIDENTA: Con esta pregunta, señor Conde, termina su tiempo.

El señor CONDE BAJÉN: La última pregunta de verdad, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: No le vuelvo a conceder la palabra.

El señor CONDE BAJÉN: Y en relación con Herri Batasuna, el día 31 de este mes ha anunciado que va a presentar su programa electoral para las elecciones municipales en Barakaldo. ¿Qué van a hacer la Fiscalía y el Ministerio de Justicia? ¿Van a permitir ese acto o no? ¿Van a dar instrucciones concretas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ese sentido o no? ¿Qué va a hacer la Fiscalía, va a promover la acción de la Justicia en contra de los batasunos, que de momento son un partido ilegal y cuyas actividades están prohibidas o, como de costumbre, va a mirar para otro lado y convertirse más en los abogados de los terroristas que en los promotores del interés de la ley?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Conde.

Tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señora presidenta.

Intervendré brevemente porque creo que los argumentos están expuestos, la disposición al diálogo y la colaboración del Bloque Nacionalista Gallego también está manifestada y, como dijo el ministro y coincido con esa apreciación, de lo que se trata no es de convencer al interlocutor ni de hacerle abdicar de sus ideas. En cualquier caso, sí me permite el ministro, haré dos matices. No creo que nuestras posiciones sean tan distantes como usted manifestó, aunque fuese para ponerlo como ejemplo de la importancia del dialogar y de buscar los puntos de encuentro, de hecho el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego estamos gobernando juntos en Galicia, y el Bloque Nacionalista Gallego no quiere marcharse de ningún sitio, ni quiere que Galicia se marche de ningún sitio, no es esa nuestra perspectiva política.

En cualquier caso, simplemente quería hacer estos matices y reiterarle nuestra predisposición al diálogo y a la cooperación que ya le manifesté en mi primera intervención.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Jorquera.

Tiene la palabra el señor Badia.

El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, de entrada acepto una parte importante de todo su discurso, tanto del suyo como de otros portavoces. En su segunda intervención ha dicho que el Partido Popular tenía un problema y yo creo que el problema lo tiene la sociedad española, lo tenemos todos. Y sé que decir esto desde un grupo parlamentario como el nuestro, minoritario en España aunque en Cataluña sea mayoritario, puede tener el peso que tenga, pero mi reflexión es que no estamos en un modelo aceptable. Lo tenemos mal, no estamos en una situación que nos permita superar la frustración general que existe, no estamos intentando subsanar lo que supone la abstención, ni el desengaño, ni el alejamiento de la ciudadanía. Yo respeto tanto su discurso como el del portavoz del Grupo Parlamentario Popular y seguramente, como siempre, todos tienen una parte de razón, especialmente en política, pero creo que estamos entrando gravemente en una frustración general en la que todos debemos poner algo de nuestra parte. Señor ministro, estoy convencido de que usted piensa que lo que hace es lo mejor, pero seguramente nos hemos de parar todos un momento y decir que esto hay que reconducirlo porque no podemos seguir en esta dinámica -repito, ya sé que somos un grupo político minoritario, pero no vamos bien-. En todo caso, sirva mi pequeña aportación y lo dicho en mi anterior intervención, o hacemos un esfuerzo importante o, evidentemente, nos lo van a reclamar nuestros conciudadanos. Y cuando nos lo reclamen lo harán de una forma muy dura y no valdrá solamente que unos ganen y otros pierdan.

Yo, modestamente, les deseo, a usted especialmente, que seamos conscientes de que esa reflexión la tenemos que hacer. Le reconozco que su posición es complicada y dura y que seguramente tiene connotaciones políticas complicadas, especialmente por lo que supone un debate entre Gobierno y oposición, pero o somos capaces de reconducir esto o no vamos bien.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Badia.

Tiene la palabra la señora Etxegoyen.

La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, agradezco su respuesta, pero sobre todo lo que agradezco es la claridad y la naturalidad con la que se ha expresado. Y más allá de este agradecimiento tan sólo voy a señalar dos cosas. La primera es para decirle algo a nuestro compañero, el senador Conde, permítamelo, señora presidenta, porque además sé que suele ser de su agrado cuando se suele reconocer lo que creo que es justo, es decir, su verbo ágil y su brillante oratoria. A mí lo que apena realmente, senador Conde, es que una vez más es incapaz de demostrar que tiene algo más que un verbo ágil y una brillante retórica porque, una vez más, nos ha regalado un discurso absolutamente vacío. Es mi humilde opinión y, desde luego, que poco le importa la opinión de esta portavoz de un grupo minoritario, pero lo mismo que le halago tenía que mostrar la crítica.

Señor ministro, usted sabe bien, al igual que mis compañeros, que existen importantes diferencias ideológicas y formales entre la formación política nacionalista que yo represento y la que sustenta el actual Gobierno socialista. Son diferencias a veces importantes, también en la materia que nos ocupa -sin ir más lejos, ahí

está la reforma del Tribunal Constitucional, cuyo proyecto de ley creo que ya ha entrado para su tramitación en esta Cámara-, que no sé cómo vamos a resolver. En cualquier caso, gestionar esas diferencias, como cualesquiera otras, en sede parlamentaria o fuera de ella, a veces nos llevará al acuerdo y otras veces no. No obstante, me comprometo en nombre de mi grupo parlamentario a pelear, pero a pelear limpiamente, que, por otro lado, es la única manera en cualquier orden de la vida en la que merece la pena pelear, también en la política.

Y como creo que antes no se lo dije, señor ministro, le expreso mis mejores deseos y éxito en la tarea y responsabilidad que tiene por delante, que, desde luego, no es fácil ni es poca.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Etxegoyen.

Tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: Gracias, señora presidenta.

Yo también quiero agradecer al señor ministro su respuesta y el tono. Me sorprende. Le recomendaría al senador Conde que viera el video de la sesión. No tengo la sensación de que haya habido prepotencia. Habrá habido opiniones distintas y alguna confrontación pero no he notado prepotencia por parte del señor ministro, y no creo que sea porque esté más o menos de acuerdo con sus posiciones políticas, porque en algunos asuntos seguramente que también discrepamos.

Agradezco también la respuesta a todos los grupos, porque creo que globalmente ha sido bastante satisfactoria. Después entraremos en el debate de las leyes y seguramente entonces tendremos que hilar más fino. Pero, por lo que se refiere a la comparecencia, me parecen totalmente exageradas algunas valoraciones.

Quiero hacer dos precisiones respecto a mi intervención anterior.

En primer lugar, yo no afirmo que haya una cuarta parte de los ciudadanos de Cataluña que utilicen el catalán, sino que una cuarta parte de los ciudadanos del Estado tienen una lengua distinta del castellano. La lengua propia de Cataluña es el catalán, es la lengua de los catalanes y, por lo tanto, los ciudadanos de Cataluña, todos, tienen derecho a utilizar la lengua catalana ante los tribunales o ante cualquier otra instancia. Este es mi punto de vista y, por lo tanto, cuando hablo de esta cuestión sumo los siete millones de ciudadanos de Cataluña, los seis millones del País Valenciano, etcétera, y digo que en el Estado español hay más de una cuarta parte de los ciudadanos que hablamos una lengua distinta del castellano, o, potencialmente, la estamos aprendiendo. Tenemos el derecho a utilizarla y además la situación lingüística de nuestro Estado es un hecho bastante considerable en el espacio europeo, aunque con frecuencia ello no se percibe desde las comunidades monolingües en la vida cotidiana, incluso un tanto por ciento que es muy alto -y me enorgullezco de esta realidad- de ciudadanos que no tienen cincuenta apellidos catalanes porque acaban de llegar se incorporan a la comunidad a través del catalán. Es la lengua más general en la mayoría de las instituciones públicas, como los colegios, etcétera, de modo que la convivencia se realiza en las dos lenguas pero el catalán juega un papel muy relevante.

Por ese mismo motivo, también quería decir que defender el derecho de los ciudadanos a usar la lengua no tiene nada que ver con el nacionalismo, es decir, no son los partidos nacionalistas los que están defendiéndolo, aunque también aquellos que se llaman nacionalistas defienden los derechos lingüísticos, evidentemente. Es la mayoría del arco parlamentario catalán, que está aquí representado por dos grupos parlamentarios distintos, defiende esto, incluso el Partido Popular también defiende la normalización del catalán en Cataluña, porque si no se vería realmente muy marginado y, siendo un grupo minoritario, todavía lo sería más.

Entro con esto en otra consideración, porque, cuando escucho al portavoz del Grupo Popular, uno tiene la tentación de responder. Creo que lo hemos demostrado en nuestro trabajo parlamentario, porque constantemente estamos negociando con el Partido Popular sobre cuestiones concretas, también en la tramitación de las leyes, con aportaciones positivas. Pero a veces creo que hay dos discursos y excesos en el lenguaje, señor Conde, y una senadora le ha dicho que tiene una cualidad retórica, pienso que se emborracha con las palabras y se enzarza. No lo veo como una virtud sino como un defecto, en cambio, le veo virtudes en otras cuestiones. Y cuando se ha referido, por ejemplo, a los interinos en Cataluña, le escucho con atención, porque está diciendo algo concreto, que a lo mejor responde a un problema concreto, y lo podemos analizar. Pero cuando se entra en el terreno de las descalificaciones es cuando no le entiendo.

No me da ningún miedo el Partido Popular. Me da miedo cierto discurso que tiende al enfrentamiento. ¿Por qué? Cuando entremos en el terreno de lo concreto sucederá como ha dicho el señor ministro. Ustedes van a aceptar la mayoría de las leyes y las van a utilizar, como están haciendo respecto de los estatutos de autonomía. Además, entre otras cosas, le quiero recordar que los estatutos de autonomía vienen de la época de la República y que el camino lo inició Cataluña y luego el País Vasco. Pasado el tiempo, todos se han sumado. Y muchas comunidades autónomas donde ustedes gobiernan son las primeras en reclamar muchas de las competencias que nosotros reclamamos. Lo que pasa es que cuando lo hacemos nosotros se piensa en el diablo. Esto es lo que no es de recibo: descalificar lo que hacemos algunos para después hacer ustedes lo mismo pero de otra manera. Esto no es de recibo, porque en un discurso político así les parece un enfrentamiento y que es lo que vende. Por tanto, les pediría que renuncien a este discurso, incluso seguramente encontraremos terrenos de entendimiento, porque desde las comunidades autónomas se ven de una manera, desde el Gobierno del Estado se ven de otra y seguramente que en este terreno incluso con el Partido Popular nosotros, que somos una opción de izquierda, tendremos puntos de encuentro. Me parece que es por aquí por donde debemos avanzar, no con este discurso de permanente descalificación y enfrentamiento, reiterando que España se rompe.


¿Se rompe España porque se creen consejos de Justicia, que en el Estatuto de Andalucía luego también figuran? El otro día vino una delegación del Lánder-Hesse a explicarnos su competencia y la Comisión de Justicia de dicho lánder tiene todas las competencias, y no conozco que el Estado federal alemán se haya roto, ni mucho menos.

Por eso, me sorprenden algunas afirmaciones y creo que es bueno que hablemos de esto. Me encanta que exista esta Cámara, esta institución y que podamos decirnos estas cosas con tranquilidad. Además creo que el tono del señor ministro ayuda mucho a este diálogo. Y creo que ustedes también deberían reconocerlo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Bofill.

Tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señora presidenta.

Con todo cariño, le pediría al senador Conde que retirase la expresión damita ofendida, porque no solo nos preside una mujer, no solo hace dos días que entró en vigor la Ley de Igualdad, no solo nos acompaña el mural que preside la sala, que nos honra, sino que me parece una expresión que no es digna de la Cámara, de la función parlamentaria y tampoco digna de él. Sinceramente, no me parece una expresión adecuada.

En segundo lugar, si quiere información sobre la biografía de la persona que hoy ocupa la cartera de Justicia, cualquier demócrata, cualquiera de los que han estado peleando por las libertades se la puede proporcionar.

En tercer lugar, quien hoy es ministro de Justicia no es ministro de Justicia de la izquierda, sino ministro de Justicia del Gobierno de España, de todos los españoles.

Cuarto, estaba en el guión que la mayor parte del tiempo se iba a dedicar a asuntos no estrictamente vinculados al servicio público de la Justicia, ni valor superior, ni poder público, ni cualidad ni institución. El 78 por ciento del tiempo ha estado dedicado al terrorismo y, francamente, no tiene precedentes en la democracia española que se haya utilizado el terrorismo como un instrumento de pugna sectaria y partidaria. Eso sí es vergonzoso en nuestra historia democrática.

Quinto, lo dijeron respecto a que España se rompía, respecto a que la familia y el matrimonio iban a desaparecer y también lo dijeron respecto de la Justicia. Son autoprofecías apocalípticas, sistemáticamente incumplidas. Constantemente nos avisan de una gran catástrofe, de un cataclismo y resulta que España está más unida que nunca. El matrimonio se iba a romper y hay más bodas que nunca. Y que la Justicia se haya rendido y se haya sometido el Estado de Derecho, francamente, no es eso lo que respiro cuando hablo con quienes intervienen en el foro, sea cual sea su función: graduados sociales, procuradores, abogados, profesionales de servicio público, fiscales, jueces, forenses. En general, todos ellos tienen su análisis crítico sobre lo que acontece, mostrando más o menos apoyo, o más o menos rechazo, pero nadie plantea la rendición del Estado de Derecho. Creo que es bueno que no se acuse recibo de la colección de titulares periodísticos aparecidos en una especie de función inquisitorial contra el ministerio público. Sinceramente, creo que eso no es bueno y me parece bien que no se haya acusado recibo de ello.

En última instancia, como Comisión de Justicia lo que deberíamos hacer es concentrar los esfuerzos y las energías en plantear medidas y propuestas. Yo no he oido una sola propuesta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular -y sé que es abogado en ejercicio- respecto a cómo mejorar el servicio público de la Justicia, y estoy interesadísimo en oir propuestas para mejorar el servicio público, para ganar en agilidad, en cercanía, en proximidad, en eficacia, en eficiencia. Como digo, esas propuestas son las que tenemos que debatir y cuestionar en esta comisión, es decir, estar permanentemente contrastando la realidad del ser y la realidad del deber ser a la que -insisto- tienen derecho todos los españoles.

La comparecencia del ministro hay que aprovecharla para conocer los objetivos que tiene en lo que queda de legislatura -hoy nos lo ha dicho- y de qué manera vamos a intentar que el ramillete de proyectos salidos del Gobierno y remitidos al Congreso de los Diputados, en su paso por el Senado se pueda mejorar para que la Justicia no tenga que ser objeto de pugna partidaria, sectaria o de ajuste de cuentas.

En la lucha contra la dictadura, en cualquier debate, sobre mecánica cuántica o Cristóbal Colón, siempre se terminaba diciendo: «Sí, pero hace falta la democracia». Ahora me da la impresión de que en cualquier debate que se plantee, da igual la materia que sea, siempre se acaba diciendo: Sí, pero es necesario plantearse la cuestión del fiscal general o la de la política antiterrorista. Deberíamos hablar menos de esta política antiterrorista, concentrarnos más en el artículo 1 de ese Pacto por las libertades y contra el Terrorismo, y en la medida en que se haga así, es posible que las referencias que ha hecho el portavoz de CiU en la práctica no lleguen a darse. Es decir, en la medida en que seamos menos previsibles, y no estemos siempre con el guión a cuestas, podremos reflexionar sobre aquello que es nuestro cometido. Algún día tendremos que reflexionar sobre el boicot a la actividad legislativa. Me parece que quien hace boicot a la actividad legislativa, quien no hace leyes, no está cumpliendo con su función; podrá cumplir en una parte muy limitada, a través de preguntas e interpelaciones, pero no entiendo por qué no se quiere legislar. Yo todavía no entiendo la razón por la que con el nombramiento del nuevo ministro, se interrumpe la negociación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que iba avanzando muy bien, y se dice que no va a haber más acuerdos, pues asuntos como la oficina judicial, la doble instancia o el recurso de casación son claves para el futuro de la Justicia. Pero da la impresión de que esto no interesa y sí la parte relativa a la agitación en torno a consignas ya establecidas con antelación, y que todos sabemos que las vamos a volver a oir por enésima vez, al margen del debate sobre el servicio público de la Justicia.

Nada más, señor ministro. Le agradecemos sus dos intervenciones. Le agradecemos que no haya acusado

recibo de asuntos que nos pueden distraer del objetivo básico de esta comisión. Le agradecemos el esfuerzo pedagógico con que ha narrado ese iter del último asunto que planteamos. Contará con el Grupo Parlamentario Socialista en la medida de nuestras posibilidades para garantizar el éxito de su gestión. Sé que en general todas las manos son pocas, y por esa razón también contará con nosotros, por nuestra voluntad, por nuestro deber y porque estamos convencidos de que es bueno para España.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Dado que el señor ministro cerrará el debate, señor Conde, por el artículo 87, le concedo un turno de dos minutos.

El señor CONDE BAJÉN: Muchas gracias, señora presidenta.

Seré muy breve. En en primer lugar, en relación con la intervención del señor Díaz Tejera, decía que echaba en falta las propuestas que para mejorar la Justicia tiene que hacer este portavoz. Mire, señoría, hemos venido a la comparecencia del ministro para que nos explique la política del Gobierno. Yo le aseguro -no se puede usted imaginar hasta qué punto- que estaría encantado de poder hacerle saber a usted las propuestas que para el Gobierno del Partido Popular y en calidad de ministro de Justicia del Gobierno de España yo tendría que hacer. Tendremos que esperar un año. Yo le aseguro que tendría una grandísima satisfacción, pero no es hoy el trámite. Es simplemente por una cuestión temporal. No es este el trámite.

Con mucha brevedad sí quiero aclarar una cuestión en relación con lo que de modo sistemático se ha venido diciendo esta mañana del pacto antiterrorista y de la utilización de la lucha antiterrorista como arma política. El pacto antiterrorista describe un fin, un objetivo, y marca unos medios para llegar a ese objetivo. El objetivo, el fin, es derrotar a ETA, aislar política y socialmente a ETA y a su entorno. Ese es el fin, y no es otro. Y, luego, hay unos medios.

¿Con qué se ha encontrado el Partido Popular? Con que siendo firmante de ese pacto, el otro firmante ha cambiado el fin. Y donde se decía que había que derrotar a ETA, ahora se dice que hay que llegar a una solución negociada con ETA. Y donde se decía que había que aislar políticamente a ETA, ahora se dice que hay que sentarse a hablar políticamente con ETA. Y donde se decía de modo expreso que no se puede consentir que ETA consiga por vía política lo que viene pidiendo desde hace cuarenta años por vía del asesinato, ahora resulta que sí va a poder hacerse. De tal manera, señorías, que yo reconozco que quizás una de las cosas que habría que hacer es divulgar más el pacto antiterrorista pero para nosotros el pacto antiterrorista no ha cambiado en nada; nosotros lo podríamos firmar hoy mismo otra vez; no todos pueden decir lo mismo, porque han cambiado los objetivos. El otro firmante, que era el Partido Socialista, se encuentra con que ahora ya no quiere llegar a ese fin, quiere llegar a otro sitio distinto, y estará en su derecho democrático -no lo pongo en duda-, pero no nos puede decir que estamos atentando contra lo que realmente era el objetivo, el fin último del pacto antiterrorista. Esa es la cuestión y ese es el matiz.

En el pacto antiterrorista se dice que la lucha antiterrorista no puede ser utilizada como arma política, y es verdad. ¿Eso qué implica? Que jamás un partido de oposición puede imputarle, por ejemplo, al Gobierno falta de eficacia o de previsión o de medios para evitar un determinado atentado. Eso es lo que significa, que el culpable de una muerte es siempre el que la causa; que el Gobierno jamás tiene responsabilidad.

La señora PRESIDENTA: Señoría, se ha terminado su tiempo.

El señor CONDE BAJÉN: Termino inmediatamente, señora presidenta.

...que el Gobierno no tiene jamás responsabilidad por los resultados de la lucha antiterrorista, pero lo que sí es evidente es que cualquier partido, y en este caso el Partido Popular, firmante de ese pacto, se encuentra con que se nos ha hecho un cambio, con que se nos ha variado el objetivo, con que se nos ha hecho un juego de manos. Y en eso es en lo que no participamos.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Conde.

Para cerrar este turno de intervenciones, tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Muchas gracias, señora presidenta.

Por dar un poco de variedad al debate, contestaré, en primer lugar, al señor Conde y, luego, al sector constructivo.

Señor Conde, hay tres cosas que usted ha dicho que, lamento decírselo, no cuelan nada. Comprendo que usted ha tenido poco tiempo pero yo creo que le haría falta dos o tres días para conseguir explicarnos eso que acaba de decir y que nos lo creyéramos. No cuela; lo del pacto antiterrorista es demasiado burdo como para que usted nos intente convencer de lo obvio. Y lo obvio es tan obvio que ni le contesto. Lo del pacto es lo primero que no cuela.

La segunda cosa que no cuela es la del bloqueo por parte del Partido Popular del Consejo del Poder Judicial. No es que lo diga yo; hablen ustedes más entre sí, porque si no, no se pondrán nunca de acuerdo; ha sido el señor Astarloa que en cuanto llegué yo, dijo: no con Bermejo. Lo cual me recordaba a mí aquello de «No sin mi hija», y no sé por qué, tal vez por una asociación de ideas. Esto es un pretexto burdo para disfrazar una vez más lo obvio, pues no quieren pactar el nuevo consejo. Le repito que se ponga de acuerdo con su compañero pues creo que es lo mejor que pueden hacer.

Tercera cosa que no cuela. Acaba usted de decir que a mí me parece bien la retirada de la acusación y que interpongan acciones contra la sala. ¿Ha oído eso, realmente? ¿No se ha enterado de todo lo que le he explicado cuando he sido verdaderamente prolijo? Todo mi discurso ha ido a un punto final: hace falta sosiego, respeto -yo no quiero ese entrecruce que se ha

planteado-; quiero análisis jurídicos. ¿Qué quiere que le diga? Pues no cuela. Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es lo que he dicho.

Tras estas tres cosas que obviamente no cuelan, lo otro no es que cuele o deje de colar. Comprenderá usted que lo de damita ofendida, casi me ha gustado, porque me ha parecido bien. Mire dónde estamos. ¿Sabe lo que le ha pasado con eso? Pues ha causado regocijo de cualquier mujer presente porque le ha salido la vena machista a tope; fíjese que utiliza como insulto contra mí, hombre, lo de damita ofendida. Y a mí eso de damita ofendida, hombre ofendido no me puede ofender. No. Ni me ofendo ni me ofende eso que dice, pero a usted le retrata, cosa realmente peculiar.

¿Sabe lo que más me ha preocupado de todo lo que ha dicho? Ahora se lo digo absolutamente en serio. Cuando he dicho yo lo de su falta de educación -no la suya-, la del Grupo Parlamentario Popular, que en el Congreso de los Diputados sobre todo alcanza cotas muy elevadas -aunque el otro día en el Senado tampoco estuvo mal-, cuando yo he dicho eso, yo estaba hablando en serio. ¡Es que no sé si usted se va a acostumbrar a mí! Aunque lo va a tener que hacer, y yo a usted. Me preocupó muchísimo ver allí a un colegio de niños que, por cierto, se quejaron luego los profesores y preguntaron quiénes habían sido. ¿Y sabe por qué me preocupa? Pues me preocupa enormemente el espectáculo, el mal ejemplo. Y parece ser que a usted lo único que le ha preocupado de eso que yo estaba diciendo, que es una cosa muy seria, es el tono de victimismo que empleo, que me haga el ofendido... Mire, yo no empleo ese tono porque me afecte para nada que haya bronca, nada en absoluto; lo que me preocupa enormemente es el ejemplo que se da. Y me preocupa mucho que a usted le haya pasado desapercibido cuál era realmente el problema. Usted lo ha llamado demagogia. ¿Pero usted cree que se puede hacer demagogia con el ejemplo de violencia verbal que les estamos mandando a unos chavales? Lo siento, señor Conde, pero ahí ha estado usted un poco desafortunado, como lo está cuando dice usted que yo soy la bestia negra de Cardenal. Él sabrá si yo era la bestia negra. No debía serlo tanto cuando me aguantaron casi ocho años. Yo era tan mal fiscal que ustedes me soportaron casi dos legislaturas, aunque hicieron una ley para que saliéramos los que no les gustaban. ¿Rebelión? Añádale usted sabotaje también, pues me acusaron ustedes de ser rebelde y saboteador. Por eso le puse la demanda al señor Michavila. (El señor Conde Bajén: Que perdió.) Claro que la perdí, pero salía ganando. ¿Pero no se ha enterado todavía? Defendí mi dignidad, gané mi dignidad. Comprendo que a lo mejor usted no entienda bien eso; pero mi dignidad -y yo sabía que me iba mucho en el empeño- me exigía meter esa demanda, y la metí sabiendo que la perdía. ¿Usted se cree que después de 33 años no sabía lo que iba a pasar con ella? Pero yo ganaba perdiendo y el otro perdía ganando, fíjese qué paradoja. En todo caso, ese no era el tema. Sin embargo, añada usted a su acusación la de sabotaje, que fue la que me hizo su querido compañero, porque dijo que poco menos que había ido por la noche al ministerio a quitar los cables del sistema informático. Sé que el señor Rajoy me cesará, aunque no va a tener oportunidad. Evidentemente, para cuando el señor Rajoy pudiera llegar al poder ya estaría fuera de la política, porque quedará fuera de ella en las próximas elecciones; eso es algo que ya verá usted también.

No se preocupe por el señor De Juana, porque, al final, ustedes tendrán que explicar también quién le dio los beneficios penitenciarios que motivaron que cumpliera un año menos y saliera cuando salió. Se los dieron ustedes por escribir un libro en el que enaltecía el terrorismo, y lo sabe tan bien como yo.

Tampoco se preocupe por lo que pasará el día que se presente HB. Usted ha vuelto a preguntarme qué va a hacer la Fiscalía General del Estado. Le traiciona el subconsciente, porque hará lo que tenga que hacer. Pregúnteme por el Servicio Jurídico del Estado, que sí depende de mí. Como ustedes tienen a Cardenal metido en la cabeza, pretenden que yo coja el teléfono y le diga al señor fiscal general del Estado lo que tiene que hacer. No lo voy a hacer; creo en la autonomía del Ministerio Fiscal, qué le vamos a hacer, señor Conde. Vaya usted aceptándolo, de verdad, porque no es tan complicado.

Lamento ser corresponsable de que hayamos estado aquí todo este tiempo, pero me parece que todos hemos ganado mucho intercambiando estos puntos de vista.

Agradezco sus aportaciones, el tono en que han sido hechas y, desde luego, cuentan comigo para conseguir ese acercamiento de posiciones en que consiste esto de la política.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

Muchas gracias, señorías.

Creo que ha sido un gran debate de casi cinco horas. Y como presidenta de la Comisión de Justicia, le deseo al señor ministro los mejores éxitos y aciertos en sus funciones al frente del Ministerio de Justicia.

Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.

Eran las quince horas y cuarenta y cinco minutos.