CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2005 VIII Legislatura Núm. 28 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA Sesión del Pleno celebrada el miércoles, 9 de febrero de 2005

ORDEN DEL DÍA:

Primero
Preguntas:


--De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las actuaciones o medidas concretas que está llevando a cabo el Gobierno, en coordinación con los demás Gobiernos europeos, tendentes a lograr que el euro recupere unos niveles normales de tipo de cambio en relación con el dólar. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 680/000260).


--De D. DAMIÁN CANEDA MORALES, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la información que puede facilitar el Gobierno en relación con su política intervencionista en el ámbito económico. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 680/000270).


--De D. JUAN PABLO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los efectos que tendría en nuestra economía el establecimiento de una cláusula de revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005).
(Número de expediente S. 680/000271)

--De Dña. MARÍA TERESA DEL CARMEN CAMACHO VÁZQUEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el comportamiento de la economía española durante el año 2004. (Publicada en el «Boletín Oficial de las

Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 680/000281).


--De D. JORDI GUILLOT MIRAVET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre el criterio del Gobierno con respecto al cobro de comisiones bancarias en la tramitación de las aportaciones económicas de ciudadanos particulares a las cuentas abiertas por organizaciones no gubernamentales para paliar situaciones de emergencia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 680/000282).


--De D. FRANCISCO ABELLÁN MARTÍNEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el contenido del convenio suscrito por el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de la Región de Murcia sobre las vías pecuarias.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S.
680/000279).


--De D. MARCOS FRANCISCO HERNÁNDEZ GUILLÉN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actividades de cooperación internacional que está llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 680/000280).


--De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno con respecto al emplazamiento de la fábrica Eurocopter, que construye helicópteros del modelo Tigre. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 680/000259).


--De D. RAMON COMPANYS I SANFELIU, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la equiparación de las retribuciones del personal militar que presta servicios civiles en el Hospital Central de la Defensa con las del personal civil. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005).
(Número de expediente S. 680/000262).


--De Dña. ESMERALDA IRANZO SÁNCHEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas previstas por el Gobierno para atender la necesidad de guarderías infantiles del personal de las Fuerzas Armadas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S.
680/000277).


--De D. ENRIQUE ABAD BENEDICTO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de la recientemente constituida Conferencia Sectorial de Asuntos Locales. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 680/000278).


--De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si tiene previsto el Gobierno participar en la financiación de la segunda fase del Hospital General de Fuerteventura (Las Palmas). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 680/000265).


--De D. PEDRO FELICIANO SABANDO SUÁREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si puede informar el Gobierno acerca del estado del proyecto del real decreto de especialidades de enfermería. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S.
680/000275).


--De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si tiene previsto el Gobierno llevar a cabo en otras Comunidades Autónomas actuaciones similares a la denominada «operación Campamento» en la Comunidad de Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005).
(Número de expediente S. 680/000264).


--De Dña. ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la postura del Ministerio de Cultura con respecto a las negociaciones y trámites internacionales para la devolución de las piezas de plata de la Arqueta de Sant Martirià del Monasterio de Sant Esteve de Banyoles (Girona).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S.
680/000263).


--De Dña. MARÍA JOSÉ NAVARRO LAFITA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las conclusiones de la primera reunión de la Comisión Interministerial para la coordinación del uno por cien cultural.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S.
680/000276).



--De D. JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la fecha prevista por el Ministerio del Interior para iniciar los trámites de la creación del Servicio de Atención a la Mujer (SAM) en la comisaría de policía de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 680/000266).


--De D. JOSÉ ANTONIO SACRISTÁN RODRÍGUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si considera el Gobierno que existió imprevisión por su parte al no desplegar suficientes efectivos policiales en la manifestación del pasado día 22 de enero de 2005 en Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S.
680/000268).


--De D. JOSÉ JOAQUÍN PEÑARRUBIA AGIUS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los motivos del retraso en el pago de los servicios extraordinarios y la productividad trimestral a una gran parte del Cuerpo Nacional de Policía. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005).
(Número de expediente S. 680/000269).


--De D. ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los criterios de actuación policial que se han seguido en la detención de dos ciudadanos de la Comunidad de Madrid, tras los incidentes producidos en la manifestación del pasado 22 de enero de 2005 en Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 680/000272).


--De Dña. MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si el Ministerio de Justicia sigue manteniendo el criterio de que es «jurídicamente descabellada» la detención de dos manifestantes por el hecho de pertenecer a un partido político. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 680/000273).


--De D. DIONISIO GARCíA CARNERO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para fortalecer el control de los flujos migratorios ilegales durante el proceso de regularización. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005).
(Número de expediente S. 680/000274).


--De D. VÍCTOR BRAVO DURÁN, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre si el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) contempla los proyectos de la Red Transeuropea de Transporte (RTE), aprobados en Essen (Alemania) por los Jefes de Estado, con especial incidencia en los proyectos prioritarios número 3, Alta Velocidad entre Madrid, Valladolid, Vitoria y Dax (Francia), y número 8, Corredor multimodal entre Irún (Guipúzcoa), Valladolid y Portugal, así como los plazos previstos para su ejecución. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 680/000261).


--De D. CARLES JOSEP BONET I REVÉS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas adicionales que adoptará el Gobierno para verificar la seguridad del trazado de los túneles del tren de alta velocidad proyectados en las ciudades de Barcelona y Girona y en el resto de las áreas urbanas de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S.
680/000283).

Segundo
Interpelaciones:


--De D. MIQUEL BOFILL ABELLÓ, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre el criterio del Gobierno en relación con las reformas legislativas de carácter penitenciario y penal necesarias para la mejora del sistema penitenciario. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 670/000029).


--De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para frenar la crisis del cine español que se ha producido en el año 2004. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 670/000033).


--De D. ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los resultados obtenidos por los alumnos españoles en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) correspondiente al año 2003, así como sobre las medidas aplicadas para dar solución a los problemas reflejados en

el mismo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 166, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 670/000032).

Tercero
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:


--De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (procedente del Real Decreto-Ley 5/2004, de 27 de agosto). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 8, de fecha 9 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 621/000008).
(Número de expediente C. D. 121/000008).


--De la Comisión de Interior en relación con el Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana (procedente del Real Decreto-Ley 6/2004, de 17 de septiembre). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 9, de fecha 7 de febrero de 2005). (Número de expediente S. 621/000009).
(Número de expediente C. D. 121/000010).

Cuarto
Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado:


--Proposición de Ley de modificación de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. (Autor: Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 9, de fecha 18 de diciembre de 2004). (Número de expediente S. 622/000008).

SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

PREGUNTAS (Página 1288)
De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las actuaciones o medidas concretas que está llevando a cabo el Gobierno, en coordinación con los demás Gobiernos europeos, tendentes a lograr que el euro recupere unos niveles normales de tipo de cambio en relación con el dólar (Página 1288)
El señor Maqueda Lafuente formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Maqueda Lafuente. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).

De D. DAMIÁN CANEDA MORALES, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la información que puede facilitar el Gobierno en relación con su política intervencionista en el ámbito económico (Página 1289)
El señor Caneda Morales formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Caneda Morales.

De D. JUAN PABLO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los efectos que tendría en nuestra economía el establecimiento de una cláusula de revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) (Página 1290)
El señor Sánchez Sánchez-Seco formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sánchez Sánchez-Seco. En

turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).

De Dña. MARÍA TERESA DEL CARMEN CAMACHO VÁZQUEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el comportamiento de la economía española durante el año 2004 (Página 1291)
La señora Camacho Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).

De D. JORDI GUILLOT MIRAVET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre el criterio del Gobierno con respecto al cobro de comisiones bancarias en la tramitación de las aportaciones económicas de ciudadanos particulares a las cuentas abiertas por organizaciones no gubernamentales para paliar situaciones de emergencia (Página 1292)
El señor Guillot Miravet formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Guillot Miravet. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).

De D. FRANCISCO ABELLÁN MARTÍNEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el contenido del convenio suscrito por el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de la Región de Murcia sobre las vías pecuarias (Página 1294)
El señor Abellán Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).

De D. MARCOS FRANCISCO HERNÁNDEZ GUILLÉN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actividades de cooperación internacional que está llevando a cabo el Ministerio de Medio Ambiente (Página 1295)
El señor Hernández Guillén formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).

De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno con respecto al emplazamiento de la fábrica Eurocopter, que construye helicópteros del modelo Tigre (Página 1296)
El señor Mur Bernad formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Defensa (Bono Martínez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mur Bernad. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Bono Martínez).

De D. RAMON COMPANYS I SANFELIU, del Grupo Parlamentario catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la equiparación de las retribuciones del personal militar que presta servicios civiles en el Hospital Central de la Defensa con las del personal civil (Página 1297)
El señor Companys i Sanfeliu formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Defensa (Bono Martínez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Companys i Sanfeliu. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Bono Martínez).

De Dña. ESMERALDA IRANZO SÁNCHEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas previstas por el Gobierno para atender la necesidad de guarderías infantiles del personal de las Fuerzas Armadas (Página 1298)
La señora Iranzo Sánchez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Defensa (Bono Martínez).

De D. ENRIQUE ABAD BENEDICTO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de la recientemente constituida Conferencia Sectorial de Asuntos Locales (Página 1299)
El señor Abad Benedicto formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).

De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si tiene previsto el Gobierno participar en la financiación de la segunda fase del Hospital General de Fuerteventura (Las Palmas) (Página 1300)

El señor Mendoza Cabrera formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mendoza Cabrera. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).

De D. PEDRO FELICIANO SABANDO SUÁREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si puede informar el Gobierno acerca del estado del proyecto del real decreto de especialidades de enfermería (Página 1301)
El señor Sabando Suárez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).

De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si tiene previsto el Gobierno llevar a cabo en otras Comunidades Autónomas actuaciones similares a la denominada «operación Campamento» en la Comunidad de Madrid (Página 1302)
El señor Cuenca Cañizares formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cuenca Cañizares. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).

De Dña. ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del Grupo Parlamentario catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la postura del Ministerio de Cultura con respecto a las negociaciones y trámites internacionales para la devolución de las piezas de plata de la Arqueta de Sant Martirià del Monasterio de Sant Esteve de Banyoles (Girona) (Página 1303)
La señora Aleixandre i Cerarols formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).

De Dª. MARÍA JOSÉ NAVARRO LAFITA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las conclusiones de la primera reunión de la Comisión Interministerial para la coordinación del uno por cien cultural (Página 1305)
La señora Navarro Lafita formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).

De D. JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la fecha prevista por el Ministerio del Interior para iniciar los trámites de la creación del Servicio de Atención a la Mujer (SAM) en la comisaría de policía de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) (Página 1305)
El señor Perestelo Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).

De D. JOSÉ ANTONIO SACRISTÁN RODRÍGUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si considera el Gobierno que existió imprevisión por su parte al no desplegar suficientes efectivos policiales en la manifestación del pasado día 22 de enero de 2005 en Madrid (Página 1306)
El señor Sacristán Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sacristán Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).

De D. JOSÉ JOAQUÍN PEÑARRUBIA AGIUS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los motivos del retraso en el pago de los servicios extraordinarios y la productividad trimestral a una gran parte del Cuerpo Nacional de Policía (Página 1307)
El señor Peñarrubia Agius formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Peñarrubia Agius. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).

De D. ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los criterios de actuación policial que se han seguido en la detención de dos ciudadanos de la Comunidad de Madrid, tras los incidentes producidos en la manifestación del pasado 22 de enero de 2005 en Madrid (Página 1309)
El señor Beteta Barreda formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de

nuevo el señor Beteta Barreda. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).

De Dña. MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si el Ministerio de Justicia sigue manteniendo el criterio de que es «jurídicamente descabellada» la detención de dos manifestantes por el hecho de pertenecer a un partido político (Páfgina 1310)
La señora Vindel López retira su pregunta tras formularla. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).

De D. DIONISIO GARCÍA CARNERO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para fortalecer el control de los flujos migratorios ilegales durante el proceso de regularización (Página 1311)
El señor García Carnero formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García Carnero. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).

De D. VÍCTOR BRAVO DURÁN, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre si el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) contempla los proyectos de la Red Transeuropea de Transporte (RTE), aprobados en Essen (Alemania) por los Jefes de Estado, con especial incidencia en los proyectos prioritarios número 3, Alta Velocidad entre Madrid, Valladolid, Vitoria y Dax (Francia), y número 8, Corredor multimodal entre Irún (Guipúzcoa), Valladolid y Portugal, así como los plazos previstos para su ejecución.

Esta pregunta ha sido aplazada.

De D. CARLES JOSEP BONET I REVÉS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas adicionales que adoptará el Gobierno para verificar la seguridad del trazado de los túneles del tren de alta velocidad proyectados en las ciudades de Barcelona y Girona y en el resto de las áreas urbanas de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Esta pregunta ha sido aplazada.

INTERPELACIONES (Página 1313)
De D. MIQUEL BOFILL ABELLÓ, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre el criterio del Gobierno en relación con las reformas legislativas de carácter penitenciario y penal necesarias para la mejora del sistema penitenciario (Página 1313)
El señor Presidente anuncia a la Cámara el aplazamiento de esta interpelación.

De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para frenar la crisis del cine español que se ha producido en el año 2004 (Página 1313)
El señor Van-Halen Acedo realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).

De D. ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los resultados obtenidos por los alumnos españoles en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) correspondiente al año 2003, así como sobre las medidas aplicadas para dar solución a los problemas reflejados en el mismo (Página 1320)
El señor Abejón Ortega realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate la señora Ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos).

Declaración institucional de condena por el atentado cometido en Madrid por la banda terrorista ETA el día 9 de febrero de 2005 (Página 1328)
El señor Presidente da lectura a la declaración institucional
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1329)

De la Comisión de Interior en relación con el Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana (procedente del Real Decreto-Ley 6/2004, de 17 de septiembre). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1329)
El señor Martínez Fernández, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.

No se produce debate de totalidad.

El señor Rodríguez Martín defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propugna la vuela al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado en el título, la exposición de motivos, los artículos 1, 2, 12 y 17 nuevo y la disposición adicional cuarta por las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Popular y Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Murria Climent consume un turno en contra.
En turno de portavoces, intervienen el señor Companys i Sanfeliu, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; Rodríguez Martín, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Murria Climent, por el Grupo Parlamentario Popular.

Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (procedente del Real Decreto-Ley 5/2004, de 27 de agosto). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1336)
El señor Mur Bernad, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de totalidad.

El señor Sopeña Velasco consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.

Comienza el debate del articulado.

El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas números 1 a 13, presentadas por el señor Quintana González, y por retiradas las números 42 a 44, presentadas por él mismo y la señora López Aulestia, del mismo grupo parlamentario. El señor Melchior Navarro defiende las enmiendas números 39 y 40, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. El señor Badia i Chancho defiende las enmiendas números 64 a 78, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Loroño Ormaechea defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 14 a 36, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo que se refiere al artículo 4, apartado 4. La señora Iranzo Sánchez defiende las enmiendas números 56 a 63, del Grupo Parlamentario Socialista. El señor Pagola Sáenz defiende las enmiendas números 50 a 55, del Grupo Parlamentario Popular. En turno de portavoces, intervienen el señor Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, quien defiende en este acto las enmiendas de su grupo números 45 y 46, retirando la número 47; la señora Maestre Martín de Almagro, por el Grupo Parlamentario Socialista , y el señor Pagola Sáenz, por el Grupo Parlamentario Popular.

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 13, del Grupo Parlamentario Mixto, señor Quintana González, por 11 votos a favor y 230 en contra.

Se aprueban las enmiendas números 39 y 40, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, por 138 votos a favor y 103 en contra.

Se rechaza la enmienda número 65, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 5 votos a favor, 230 en contra y 6 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 137 votos a favor y 104 en contra.

Se rechaza la enmienda número 71, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 5 votos a favor, 230 en contra y 6 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 74, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 137 votos a favor y 104 en contra.


Se aprueba la enmienda número 77, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 135 votos a favor y 106 en contra.

Se aprueba la enmienda número 78, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 135 votos a favor y 106 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 70 y 76, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor y 230 en contra.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 11 votos a favor, 229 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 14 a 25 y 27 a 36, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 12 votos a favor y 229 en contra.

Se aprueba la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 137 votos a favor y 104 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 56 a 63, del Grupo Parlamentario Socialista, por 116 votos a favor y 125 en contra.

Se aprueban las enmiendas números 50 y 53, del Grupo Parlamentario Popular, por 137 votos a favor y 104 en contra.

Se aprueban las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Popular por 123 votos a favor y 118 en contra.

Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 16877 por asentimiento de la Cámara.

Se aprueba el texto del dictamen, con la incorporación de las enmiendas aprobadas, por 137 votos a favor, 1 en contra y 103 abstenciones.

El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

De la Comisión de Interior en relación con el Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana (procedente del Real Decreto-Ley 6/2004, de 17 de septiembre). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Votación) (Página 1352)
Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista por 107 votos a favor y 134 en contra.

Se aprueba el texto del dictamen por 135 votos a favor, 102 en contra y 4 abstenciones.

El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 1352)
Proposición de Ley de modificación de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. (Autor: Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió) (Página 1352)
El señor Macias i Arau defienda la toma en consideración. El señor Lago Lage consume un turno en contra. En turno de portavoces, intervienen los señores Macias i Arau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bravo Durán, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Aragonès Delgado de Torres, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; Lago Lage, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Ortiz Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular. El señor Macias i Arau vuelve a hacer uso de la palabra en virtud del artículo 87.

Se aprueba la toma en consideración por 133 votos a favor y 102 en contra.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas.


Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

PREGUNTAS:


--DE DON FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS ACTUACIONES O MEDIDAS CONCRETAS QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO, EN COORDINACIÓN CON LOS DEMÁS GOBIERNOS EUROPEOS, TENDENTES A LOGRAR QUE EL EURO RECUPERE UNOS NIVELES NORMALES DE TIPO DE CAMBIO EN RELACIÓN CON EL DÓLAR (680/000260).

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Preguntas. Pregunta del senador Maqueda Lafuente. Tiene la palabra su señoría.

El señor MAQUEDA LAFUENTE : Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señor vicepresidente segundo del Gobierno. Queríamos preguntarle sobre las actuaciones o medidas concretas que está desarrollando el Gobierno, en coordinación con el resto de los gobiernos europeos, tendentes a lograr que el euro recupere a unos tipos normales de cambio en relación con el dólar, que además sean soportables por las empresas exportadoras.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Como usted sabe, señoría, no hay un tipo normal de cambio. Hay un tipo de cambio fijado por el mercado como consecuencia de la oferta y de la demanda y de las condiciones de las distintas monedas. Es cierto que el tipo de cambio del euro respecto al dólar ha subido, sobre todo en los últimos meses, como consecuencia de los problemas que se plantean en ambas economías y una menor demanda de dólares durante este período. El resultado final ha sido una modificación de ese tipo de cambio por parte del mercado. El Consejo Ecofin ha mostrado su preocupación en algún caso.
Se ha mandado un mensaje en el contexto del G7 a todas las áreas implicadas sobre la necesidad de mantener un tipo de cambio estable. Y por lo demás, de acuerdo con el sistema comunitario corresponde al Banco Central Europeo, dentro del mandato que el Ecofin le da, manejar el tipo de cambio, si fuera necesario, en una situación de dificultad. Dicho en otros términos, como usted conoce, la doctrina del Banco Central es que las intervenciones en los mercados existen como arma, pero corresponde al Banco Central decidir si eso es conveniente hacerlño y cuándo.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente segundo del Gobierno.
Tiene la palabra su señoría.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Quisiéramos indicarle que tras una crisis importante en el año 1992-1993, una gran parte de nuestras empresas industriales se lanzó a la búsqueda e implantación en mercados exteriores, fomentada en muchos casos por la propia Administración pública. Tras la entrada en vigor de la nueva moneda europea, el euro, que fue lanzado prácticamente a la par con respecto al dólar, ésta ha sufrido paulatina e imparablemente una sobrevaloración en su cotización, lo que ha supuesto un encarecimiento excesivo del precio de nuestros productos en el exterior, que ha llevado a que nuestras empresas, principalmente industriales, dejen de ser competitivas poniendo en riesgo la desaparición y el futuro de muchos puestos de trabajo.
Además de las medidas que puede adoptar el Banco Central Europeo, tendentes a minimizar el efecto de la cotización del dólar y del euro --a lo que éste último está tendiendo en todas las empresas europeas en general--, instamos al Gobierno del Estado, junto con otros gobiernos, a ejercer la previsión que sea más conveniente para intentar mejorar la productividad de nuestras empresas, tanto en ámbitos de formación como de I+D+I como a través de medidas fiscales. Las medidas que se podrían tomar serán la mejora de la eficiencia energética, lo cual redundaría en la competitividad de las empresas; el establecimiento de medidas fiscales o
--como comentábamos-- políticas de I+D+I; igualmente, la mejora en la formación del tejido empresarial. Pero todo ello, insistimos, acompañado de una buena política monetaria a desarrollar por el Banco Central Europeo que sitúe la cotización del euro, con respecto al dólar, en unos límites que no perjudiquen a nuestra economía y a las empresas en general.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Parto de la necesidad de que las empresas se internacionalicen. Creo que ésa es la política correcta; no es cierto que hayamos tenido una subida imparable del euro desde su entrada en vigor; tuvimos una caída imparable hasta 0,83, que luego nos ha llevado a 1,34, y recuerde que el punto de partida era 1,17. Si lo comparamos --y quizá así nos entendamos mejor-- con el equivalente en pesetas, hemos llegado hasta un precio de más de ciento ochenta pesetas/euro, y en estos momentos estamos en ciento treinta,

cifra que sin embargo es claramente más cómoda que las noventa pesetas/euro que tuvimos en otros momentos.
A partir de ahí, tampoco olvidemos que un mejor tipo de cambio tiene un doble efecto positivo: en primer lugar, en términos de abaratamiento de los productos de importación --y ha sido fundamental para mantener una mejor financiación para el petróleo-- y, en segundo lugar, por el impacto positivo sobre la política monetaria, por tanto con menores tipos de interés. Dicho todo esto, usted tiene razón: estamos en una economía globalizada, lo cual exige que nuestras empresas tengan que ser más competitivas, y ello supone que haya que mejorar la productividad. Esa es nuestra obsesión, ése es el «leitmotiv» de nuestra política económica, y en esa línea vamos a seguir. Todos los elementos de mejora de productividad son necesarios: lo es la empresa, lo son las distintas administraciones, lo son todas las inversiones precisas para avanzar, y en esa línea vamos a seguir trabajando.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DON DAMIÁN CANEDA MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON SU POLÍTICA INTERVENCIONISTA EN EL ÁMBITO ECONÓMICO (680/000270).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Caneda Morales.
Tiene la palabra, señoría.

El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, buenos días. Yo quería decirle, antes de formularle la cuestión, ya que dispone de poco tiempo y se trata de preguntas de actualidad, que procure no contestar diciendo lo mal que se había hecho antes, pero sí me interesa su opinión. Lógicamente, no me he creído nunca aquellas palabras del presidente Rodríguez Zapatero cuando decía:
nosotros no vamos a intervenir en la economía. Lo que pasa es que hay formas y formas; ustedes cambiaron al presidente de Repsol, ustedes influyeron para poner a un ex ministro en Red Eléctrica, cuando ambas empresas estaban bien gestionadas. Ustedes han conseguido que otro ex ministro sea presidente de las cámaras de comercio, pero utilizando presiones, favores, es decir, una situación normal. Lo que ya me preocupa más --y por eso quiero saber su opinión-- es cuando se pierde el pudor y estas cosas se hacen de una forma, por llamarlo de alguna manera, cutre; una manera que ni los mercados nacional e internacional pueden comprender.
El caso del BBVA, con el señor Sebastián siempre detrás, que parece que está en una crisis de adolescencia permanente, queriendo demostrar su poder, su influencia, y queriendo estar en todas partes, con un amigo en la Comisión Nacional de Valores, con un grupo que no es cualquiera, como la SER, haciendo una denuncia, interviniendo el fiscal anticorrupción, y todo de manera irregular. Todo eso me parece un tanto cutre. Si además se añaden unos lazos familiares entre el vicepresidente de la Comisión del Mercado de Valores, marido de una diputada, queda mal, queda feo. Y todo esto se complica simultáneamente con el caso de Aldeasa, señor Solbes.
Dígame usted, ¿cómo puede salir una carta que influye notablemente en el valor de unas acciones cuando se está en medio de una OPA? ¿Cómo puede ser que se esté también implicado --algo que probablemente sea delito y espero que así se confirme-- en la protección de un señor que era el jefe y padrino de la actual ministra y que además acaba de poner a su mujer como gerente de la fundación? ¿Cómo pueden ocurrir estas cosas en un país civilizado, desarrollado y al que le ha costado tanto ganarse un prestigio en su sistema financiero? Me preocupa su opinión personal sobre todo ello, porque sé que no lo comparte; no tengo ninguna duda al respecto. Pero, como digo, me preocupa que no se implique realmente para que estas cosas no se vuelvan a repetir.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Caneda. Agradezco sus palabras en cuanto a no entrar a hablar de lo mal que se ha hecho antes.
No sé si ello supone un reconocimiento de hechos u otra cosa, pero creo que es difícil separar un tema de otro.
Usted ha planteado tres cuestiones: Repsol, Red Eléctrica y Cámaras de Comercio. En cuanto a Repsol, no ha habido ninguna intervención del Gobierno. La participación mayoritaria ha considerado oportuno cambiar la Presidencia y me parece que están en su derecho de hacerlo. Red Eléctrica es distinto. Usted tiene razón, el Gobierno ha propuesto a una persona.
Este tiene más del 20 por ciento de la compañía y parece que es bastante razonable que tenga algo que decir al respecto. Y en cuanto a las Cámaras de Comercio, no veo cuál es la diferencia sustancial entre el señor Norniella y el señor Gómez Navarro. O mejor dicho, sí la veo: yo prefiero al señor Gómez Navarro.
A partir de ahí, usted se ha referido a otros temas que no tienen nada que ver con lo que su señoría ha planteado. En el BBVA hay unos accionistas que evidentemente no son peligrosos socialistas y que deciden comprar el 3 por ciento de la sociedad. El 3 por ciento de la sociedad supone 500.000 millones de pesetas, es decir, 3.000 millones de euros. En mi opinión, cuando alguien toma la decisión de invertir 3.000 millones de euros por lo menos, un tema a tomar en consideración. A partir de ahí se adopta una decisión de intentar conseguir algo en el BBVA, y están en su derecho de hacerlo. Mi posición al respecto siempre fue la de que si hay un accionista que pretende participar en un banco y se puede buscar una solución negociada a esa participación, ¿por qué no hacerlo? Es cierto que por las razones

que sea el BBVA considera que ésos no son los accionistas idóneos. A partir de ahí se ponen en marcha las instituciones del Estado, y en ese sentido el Banco de España toma las decisiones que estima pertinentes sin ningún tipo de presión y digamos que decide sobre ese 3 por ciento.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la que evidentemente se informa, toma sus decisiones, con o sin una denuncia, y por supuesto que de forma absolutamente independiente. No recordemos ahora tiempos pasados, ¿pero recuerda usted cuando el señor Aznar dijo aquello de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores debería reabrir un determinado caso que ya había sido cerrado y ésta lo hizo? Considero que ése es un tema importante a considerar respecto de lo que estamos hablando.
Al final, la Comisión ha tomado sus decisiones y la Fiscalía tomará las suyas. La Fiscalía es independiente y le puedo asegurar que ha actuado con criterios absolutamente propios, y el fiscal general del Estado explicará por qué esas decisiones se han adoptado en el Parlamento sin ningún problema.
El último caso es el de AENA, que es un caso muy simple. AENA comunica a una determinada empresa que va a modificar el contrato. Eso es algo que esa empresa sabe desde hace tiempo, precisamente para que se conozcan esos hechos, y se le comunica antes de que se produzca la segunda OPA.
Otra cosa es cuando se da a conocer a la opinión pública, y sería muy interesante saber el porqué se hace en su momento.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
A continuación, tiene la palabra el senador Caneda.
Señoría, dispone usted de 30 segundos.

El señor CANEDA MORALES: Señor Solbes, ha empezado usted diciendo lo mismo que yo le decía, que los tres primeros casos me parecen normales y que se han hecho con las condiciones razonables del mercado. Son los dos últimos los que no me lo parecen. Pero ni siquiera entro en esa discusión, sino que le he descrito unos hechos, y cuando algo huele a podrido ustedes me dicen que no lo está. Y una cosa puede ser suerte, dos, coincidencia, pero tres es conspiración. El hecho de que las fechas coincidan, el que en un momento clave se hagan determinadas cosas...
Señor Solbes, es que no creo que haya nadie, por muy ingenuo que sea y muy buena voluntad que tenga, que crea que eso es una casualidad. Y que además de que se haya hecho, no consigue su objetivo, será porque se ha hecho muy mal, porque se ha sido muy torpe o se ha tenido demasiadas prisas en dejar ver ese afán de controlarlo, de tener poder aunque no se esté en la cabeza. Pero eso está mal hecho. No me ha negado....

El señor PRESIDENTE: Senador Caneda, por favor, vaya terminando.

El señor CANEDA MORALES: Termino ya, señor presidente.
Dice usted que eso lo establece el mercado y que hay unos accionistas.
Todo estaría bien si no hubiera habido una reunión de un miembro del Gobierno buscando accionistas para que salga adelante esa operación. Eso es lo que me parece mal; si no fuera por eso, por supuesto que ustedes pueden hacer lo que quieran.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


--DE DON JUAN PABLO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS EFECTOS QUE TENDRÍA EN NUESTRA ECONOMÍA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA CLÁUSULA DE REVISIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI) (680/000271).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco.
Tiene la palabra su señoría.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente y ministro de Economía, durante las últimas fechas del pasado año 2004 y en el mes de enero de este año 2005 hemos asistido a un debate público a través de los medios de comunicación entre usted y su compañero de gabinete, el ministro de Trabajo, señor Caldera, respecto a los criterios de actualización futura del salario mínimo interprofesional y, más concretamente, sobre su revisión automática año a año en función del índice de precios al consumo del ejercicio vencido.
Por ello, señor ministro, le pregunto ¿qué efectos tendrá en nuestra economía el establecimiento de esta cláusula de revisión automática del salario mínimo interprofesional? Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
La revisión del salario mínimo interprofesional es algo que comparto para garantizar el nivel de renta de los salarios menores en este país. Es cierto que como consecuencia de ese hecho --así se recogía en el programa del Partido Socialista-- el Gobierno ha acordado definir ya para esta legislatura los incrementos de salario mínimo interprofesional para estos próximos años con una clara recuperación del poder de compra que se había perdido en los últimos años.
A partir de ahí, el problema se plantea en términos de futuro. Y en términos de futuro estoy absolutamente también de acuerdo en que se debe ir intentando recuperar esa paridad de poder de compra, esa capacidad de compra; la cuestión es

si eso se debe hacer de forma basada única y exclusivamente en la evolución de precios o se debe tomar en cuenta la evolución de la economía. En mi opinión, la evolución de la economía es fundamental para tomar esta decisión.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Muchas gracias, señor presidente.
Usted no me ha contestado, señor vicepresidente, a la pregunta concreta que le formulaba, aunque es evidente que el establecimiento de una cláusula de revisión automática del salario mínimo interprofesional basada en la inflación pasada y no en la prevista puede provocar efectos perniciosos y no deseados sobre el conjunto de la economía española y, más concretamente, una espiral inflacionista que afectaría al ya elevado diferencial de precios que nuestro país mantiene con los países del entorno de la Unión Europea, en el que nos encontramos, llevado además a una posible pérdida de empleo y de la capacidad competitiva de nuestra economía exterior.
Por eso, señor Solbes, no se entiende de manera alguna la polémica que durante los dos últimos meses han mantenido y que en parte siguen manteniendo usted y su ministro de Trabajo respecto a este asunto. Más bien parece que nos encontramos ante un pulso dentro del propio Gobierno en el que prima más la victoria en el seno del gabinete que la adopción y aprobación de aquellas medidas que verdaderamente sean más favorables para nuestra economía.
La realidad, señor Solbes, es que el Consejo de Ministros del 30 de diciembre pasado aprobó, y por tanto está vigente en este momento, el criterio que parece --según los medios de comunicación-- que mantenía el señor Caldera y que no parece, por lo que hemos deducido de su respuesta y por lo que yo le manifestaba, que sea lo mejor para nuestra economía.
Por tanto, señor Solbes, como vicepresidente del Gobierno que es usted en materia de economía, y además cuenta con el apoyo del conjunto de los sectores más significativos de la sociedad económica española --el propio Gobernador del Banco de España o el Banco de España lo manifestaba últimamente en su boletín, el propio Comisario de Economía de la Unión Europea que le sustituyó a usted, el señor Almunia, también lo manifestaba estos días-- le pedimos que adopte aquellas medidas que verdaderamente sean positivas para nuestra economía y no aquellas que desde posiciones más bien partidistas parece que tratan de imponerle algunos de sus ministros e incluso algunos otros altos cargos que andan pululando en la sombra.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted conoce, el salario mínimo interprofesional no es el elemento clave de la definición de la política salarial. Cuando hablamos de impacto inflacionista nos referimos básicamente a todos los salarios.
También sabe usted que los salarios en general --en la actualidad y durante los últimos años, no es nada nuevo, es la práctica tradicional en nuestro país-- se definen de acuerdo con la inflación prevista, pero con una cláusula de revisión salarial; por tanto, lo importante no es si se revisan respecto a inflación pasada sino si se revisan respecto a inflación pasada una vez que ésta se haya producido; por ello, no tenemos una espiral inflacionista como consecuencia de unas previsiones de crecimiento más altas que después no se constatan.
Por consiguiente, son dos debates distintos. Sin duda alguna, cualquier elemento de indiciación puede tener impactos negativos desde el punto de vista de horarios. La pérdida de capacidad adquisitiva o la pérdida de competitividad como consecuencia de la evolución de la inflación es un problema. Es algo que se ha venido produciendo desde el año 1999 cuando entramos en la moneda única. Hemos perdido siete puntos durante estos últimos años y hay que corregirlo. Vamos a intentar realizar los esfuerzos necesarios para hacer lo que no se ha hecho en estos años.
Sin embargo, usted también conoce que ese punto tiene dos elementos de referencia: uno, es la evolución de los costes laborales unitarios, que es fundamental para conocer la incidencia final sobre el producto, y, otro, son los procesos llamados de «catching up» en economía, aquellos países que tienen menores niveles de renta y que lógicamente van recuperándose.
Todo esto es para decirle finalmente que, como he apuntado anteriormente, está pactado hasta el año 2008 lo que va a suceder; que el Gobierno tomó su posición en el mes de noviembre, es cierto, pero que corresponde su negociación a empresarios y trabajadores y, en todo caso, no es algo que está en vigor sino que es una posición, repito, adoptada por el Gobierno que sólo estará en vigor cuando se modifique la ley correspondiente.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DOÑA MARÍA TERESA DEL CARMEN CAMACHO VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA DURANTE EL AÑO 2004 (680/000281).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Camacho Vázquez. Tiene la palabra su señoría.

La señora CAMACHO VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde la llegada en abril del Gobierno socialista, los actores socioeconómicos y los medios de comunicación especializados han ido interpretando los datos estadísticos conocidos de nuestra economía; interpretaciones

no siempre coincidentes y en las que, en mi opinión, con frecuencia dejan traslucir las afinidades ideológicas y el afán de desgastar al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Sin duda, desde la derecha, se han hecho y se hacen, como esta mañana, las valoraciones menos favorables al conocer el comportamiento de nuestra economía durante los últimos meses.
Señor ministro, para quien no es experta en economía, como es mi caso, es indudable la buena andadura de la política económica del Gobierno socialista. Pienso que esta creencia está avalada por la trayectoria ascendente de la demanda interna; el repunte de la construcción; el crecimiento del consumo y de la inversión en bienes de equipo; el aumento social de afiliados a la Seguridad Social, y la creación de casi 500.000 puestos de empleo netos de los que en buena parte, afortunadamente, se trata de empleo femenino a tiempo completo.
Señor ministro, todo ello configura un panorama de cambio positivo de nuestra economía respecto del año 2003 y también con respecto al crecimiento económico de la mayoría de los países de la Unión Europea.
A la vista de todo ello le pregunto cuál ha sido el comportamiento de la economía española durante el año 2004.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
Su apreciación es correcta y esta apreciación desde la calle es la que nos confirman hoy los datos. En cuanto a cómo vamos a cerrar el año 2004 en términos de crecimiento, lo sabremos muy pronto. El Instituto Nacional de Estadística nos dará sus datos el próximo 15 de febrero. Pero el Banco de España ya ha publicado los datos del cuarto trimestre, y su previsión es que durante este cuarto trimestre, el crecimiento suba respecto al tercero, pues pasa del 2,6 al 2,7 por ciento; todo ello nos hace pensar que la cifra final del año de crecimiento se situará entre estas dos magnitudes.
El Gobierno anterior fijó un crecimiento del 3 por ciento; posteriormente nosotros lo rebajamos al 2,8 por ciento como consecuencia del precio del petróleo, y al final nos vamos a quedar muy cerca de ese porcentaje. En cualquier caso, lo interesante es que, como digo, el cuarto trimestre se acelera respecto del tercero y, por tanto, las previsiones para el futuro son mejores.
Usted ha dicho, y tiene razón, que las cifras de empleo han sido magníficas. Si tomamos en consideración la encuesta de población activa correspondiente al último trimestre comprobamos que el número de ocupados ha aumentado en el 2,7 por ciento. Tal vez eso no le diga mucho, pero le dirá mucho más que ello nos permite cerrar el ejercicio con un incremento de 460.000 empleos respecto de los que había al inicio del año.
Y si analizamos lo sucedido con los desempleados, también vemos que su número ha disminuido en el 2,5 por ciento, cuando el año anterior sólo lo hizo en el 2,1 por ciento. El resultado de todo ello es que hoy en día la tasa de paro sitúa en el 10,4 por ciento, porcentaje con el que no podemos estar contentos --nunca podríamos estarlo con uno tan alto--, aunque es el más bajo de los últimos años si exceptuamos el correspondiente a un mes en el año 2001. Por tanto, estamos en una muy buena situación.
Y en cuanto al futuro, observamos que las inversiones en bienes de equipo están aumentando de forma espectacular. Así, el crecimiento de los bienes de equipo en el tercer trimestre ha estado en torno al 10 por ciento; y aunque su señoría diga que no sigue mucho la economía estará de acuerdo conmigo en que nadie invierte si no es para producir, y si se invierte para tal fin es también para vender. Esto pone de relieve que esa variable, que es fundamental para la mejora de la productividad, está funcionando de forma muy satisfactoria y, sin duda, es la base de lo que vaya a pasar el próximo año. Todo ello, con una inflación que, ciertamente, es más alta de la que nos hubiera gustado, aunque sin embargo hemos absorbido bien los precios del petróleo. De hecho, no es peor que la de 2003, que no sufrió ese impacto por los precios del petróleo; es más, la inflación subyacente, es decir, aquella que no toma en consideración el petróleo y los alimentos no elaborados, ha bajado dos décimas respecto del año anterior.
El resultado de todo lo explicado es que hemos terminado en excelentes condiciones el año 2004; que los indicadores económicos de aparición más reciente son mejores que los correspondientes a meses anteriores; que incluso el turismo, sobre cuyo comportamiento teníamos algunas dudas, ha evolucionado de forma muy positiva y que, por tanto, creemos que siguen siendo válidas y se cumplirán sin dificultad las previsiones de crecimiento para el próximo año establecidas en el presupuesto, de alrededor del 3 por ciento.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
¿Desea intervenir, señoría? (Denegaciones.) Gracias.


--DE DON JORDI GUILLOT MIRAVET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE EL CRITERIO DEL GOBIERNO CON RESPECTO AL COBRO DE COMISIONES BANCARIAS EN LA TRAMITACION DE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS DE CIUDADANOS PARTICULARES A LAS CUENTAS ABIERTAS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA PALIAR SITUACIONES DE EMERGENCIA (680/000282).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Guillot Miravet.
Su señoría tiene la palabra.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, en respuesta solidaria a la tragedia que asoló las costas de varios países del sudeste asiático, causada por un tsunami, miles de ciudadanos del Estado español de todas las condiciones sociales y edades aportaron dinero a cuentas abiertas por diferentes ONG. Pero su sorpresa e indignación se produjo al comprobar que de esas aportaciones les eran descontadas comisiones bancarias. Pero ese problema no es nuevo. Ya en 1998 la Coordinadora de ONG para el Desarrollo denunció esos cobros a raíz del desastre del huracán Mitch. El escándalo ha sido tal, que el mismo Parlamento europeo ha enmendado su resolución sobre este desastre para lanzar una invitación a las entidades financieras con el fin de que desarrollen un código de conducta que elimine el cobro de dichas comisiones.
La excusa de que no se cobran comisiones en aquellas cuentas abiertas en la misma entidad no valen. Por ejemplo, sólo en el Banco de España el total de entidades financieras que operan en España es de 122, y es impensable que las ONG vayan a abrir 122 cuentas para evitar dichas comisiones. Creo que se trata de una excusa cínica e hipócrita.
Por otra parte, se evidencia una vez más que no hay ningún tipo de sensibilidad social por parte de las entidades financieras. Estas se siguen lucrando y beneficiando de las aportaciones que la ciudadanía da en respuesta a desastres humanitarios.
Por tanto, sin ninguna confianza en la sensibilidad social de estos banqueros, mi pregunta, señor Solbes, es qué piensa hacer el Gobierno para evitar que en el futuro la banca se enriquezca con las aportaciones solidarias a las ONG.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno tiene el margen de maniobra que usted conoce, que es el legislativo, proponiendo a las Cámaras determinadas normas y, evidentemente, su aplicación. Pero es difícil que pueda establecer que se preste un servicio sin una contraprestación --tendría que pagarlo el Gobierno.
Por otro lado, usted sabe cómo funcionan las comisiones bancarias. Hay una orden, que no es nueva; se trata de una regulación de comisiones por una orden de 1989 sobre tipos de interés y comisiones. En esa orden se establecen cuáles deben ser las condiciones de esas comisiones, que tienen mucho que ver con la información a los clientes y la publicidad para que el cliente pueda elegir dónde lleva a cabo ese tipo de operaciones, y eso se completó en el año 1990 por una circular del Banco de España.
Entiendo su preocupación, e incluso su crítica, sobre la falta de sensibilidad de algunas instituciones financieras, que, como consecuencia de este tipo de hechos, siguen manteniendo las comisiones normales de este tipo de operaciones. Sin embargo, es algo a lo que legalmente tienen derecho y únicamente en los casos en que así han tomado la decisión --y algunos bancos lo han hecho-- eximen de esas comisiones como aportación de esas instituciones financieras a este tipo de situaciones. En cambio, no es posible mediante una norma establecer una obligación a un tercero que lleve a cabo un determinado tipo de operaciones con coste si no se le paga esa contraprestación.
Por tanto, no veo otra solución que el solicitar de bancos e instituciones financieras que sean sensibles en estos casos para que reduzcan al máximo el coste de las operaciones que realizan.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente, estamos ante una inmoralidad. No puedo creer que el Gobierno no tenga instrumentos para atajar esta situación. Por muy legal que sea, es indecente que los bancos cobren comisiones por las aportaciones solidarias de la ciudadanía. Y ustedes deben tener los instrumentos, la capacidad de presión suficiente para que, como mínimo, se autorregulen.
Esta situación indigna y produce sensación de impotencia o pasividad por parte de los poderes públicos por no poder hacer nada frente a este lucro, insisto fuera de toda ética. Pienso que el mensaje que estamos mandando a la ciudadanía es negativo y correspondería a este Gobierno forzar la máquina para que estas entidades financieras se autorregulen; forzar los mecanismos de presión necesarios para que estas entidades financieras dejen de seguir enriqueciéndose de aquello que no es para ellos, aquello que los ciudadanos destinan para paliar tragedias humanitarias.
Pienso que en esto, señor vicepresidente, el Gobierno tendría que ser más decidido, más incisivo, más contundente. Seguramente, tendrá mecanismos muy sutiles para obligar a la autorregulación. Lo que no puede seguir sucediendo es la actual situación, que es --y no quiero abusar de los adjetivos--, en mi opinión, indecente.
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Su señoría utiliza adjetivos que creo que, como mínimo, habría que matizar. Habla usted de inmoralidad, de indecencia, de enriquecimiento de los bancos. Podríamos discutir si los servicios que prestan los bancos tienen un coste o no y si tienen que prestarlos de forma gratuita o no.


Los bancos tienen su actividad bancaria y creo que el coste es lo que tienen que cobrar. Su señoría plantea qué se puede hacer. ¿Podemos implicar o podemos obligar a los bancos a que lleven a cabo aportaciones solidarias como consecuencia de este hecho? La aportación solidaria, por definición, es algo que corresponde a cada institución.
Lo que el Gobierno puede hacer son dos cosas: en primer lugar, dar la máxima transparencia al coste de estas operaciones, de tal forma que precisamente los bancos que establezcan costes más altos sean menos utilizados y, en consecuencia, participen menos en este tipo de operaciones; en segundo lugar, podemos pedir a los bancos --y así lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo-- que hagan el esfuerzo máximo en estas operaciones para reducir sus costes. Lo que no podemos hacer es imponer a los bancos que tengan coste cero, porque evidentemente estaríamos frente a una intromisión que creo que no nos corresponde.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DON FRANCISCO ABELLÁN MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL CONTENIDO DEL CONVENIO SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS (680/000279).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Abellán Martínez.
Tiene la palabra su señoría.

El señor ABELLÁN MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, las antiguas rutas de la trashumancia ganadera configuran una extensa red de vías pecuarias que atraviesan y recorren la península en más de 125.000 kilómetros de longitud, ocupando además una superficie de 425.000 hectáreas. Las vías pecuarias son una especie de corredor ecológico, que se distribuye por más de cuarenta provincias y que en la actualidad además de servir para el tránsito de reses, se ha convertido en sustento de otras prácticas de ocio en la naturaleza.
Se estima además que casi el 40 por ciento de estos caminos o vías pecuarias han desaparecido en la actualidad por alteración de sus mojones: bien por algunos agricultores, que invaden estas cañadas; bien porque han sido invadidas por urbanizaciones próximas a núcleos urbanos; bien por la implantación de infraestructuras viarias, circunvalaciones, variantes, o bien por proyectos de desarrollo rural que han modificado profundamente su aspecto. Esto hizo que la Ley 3/1995, de 23 de marzo, sobre vías pecuarias, estableciera un régimen jurídico protector acorde con sus múltiples usos no sólo en lo que respecta al tránsito de ganado, sino también a usos compatibles y complementarios como el senderismo o la cabalgada, cuyas posibilidades quedan también incorporadas en la ley. La citada ley básica autoriza, además, a la Administración General del Estado a cooperar con las comunidades autónomas en el aseguramiento de la integridad y adecuada conservación del dominio público de estas vías pecuarias.
Por lo que respecta a la Región de Murcia, las vías pecuarias además de tener la condición de bienes de dominio público, constituyen un entramado vario, extenso, relativamente bien conservado, parcial o totalmente utilizado para el paso de rebaños de ganado, vehículos de tracción mecánica y el propio paso de personas, lo que hace que, en su conjunto, sea un factor potencialmente susceptible de ser integrado en programas de conservación y de desarrollo del medio rural.
Por ello, insistiendo en la gran sensibilidad que me consta tiene desde el Ministerio de Medio Ambiente por la conservación y recuperación de este patrimonio histórico y legado cultural de naturaleza rural y siendo conscientes de los pasos que el ministerio está dando para llevar a cabo la colaboración entre el Gobierno central y el Gobierno de la Región de Murcia, le pregunto sobre el contenido del convenio suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señor senador, efectivamente, el convenio con la Región de Murcia, que se firmó el pasado 28 de diciembre para la colaboración de las dos administraciones en la recuperación de vías pecuarias en esta comunidad autónoma, se inscribe en las tareas que la Ley 3/1995 atribuye a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, y una primera tarea de intervención es la conservación e integridad de las vías pecuarias a través de convenios como el que hemos firmado con la Región de Murcia, que persiguen el deslinde, amojonamiento y señalización de las vías pecuarias.
Hay una segunda tarea, que es la de tutela por parte del ministerio de la red nacional de vías pecuarias. El ministerio hace los informes preceptivos correspondientes a actividades de las comunidades autónomas sobre dicha red. Y, en tercer lugar, la gestión del fondo documental sobre vías pecuarias. Por cierto, nuestras vías pecuarias están hoy consideradas como patrimonio cultural europeo por el Consejo Europeo y esta tarea también merece ser destacada, la de la recuperación de nuestra historia a través de ese fondo documental.
El ministerio ha desarrollado hasta ahora convenios con varias comunidades autónomas, concretamente con Extremadura, Castilla y León, Navarra, Valencia y Castilla-La Mancha, y ahora se une este convenio firmado con la Región de Murcia. El total de esos convenios significa que el ministerio actúa sobre unos 1.525 kilómetros y en el caso concreto de la Región de Murcia sobre 290 kilómetros. Existe un plan decenal para avanzar durante los

próximos años, de forma que se pueda intervenir por parte del Ministerio de Medio Ambiente en un total de 6.000 kilómetros.
En el caso de Murcia, el convenio prevé la actuación de las dos administraciones en los siguientes tramos de las vías pecuarias: entre Murcia y Jumilla; Murcia y Lorca y Murcia y Cartagena. El total de las actuaciones previstas alcanza un importe de 1,8 millones de euros, que se dividen prácticamente al 50 por ciento entre las aportaciones que hará el Ministerio de Medio Ambiente y las aportaciones que llevará a cabo la comunidad de Murcia, y concretamente el Ministerio de Medio Ambiente, por encargo de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia, va a actuar en el tramo comprendido entre Murcia y Jumilla.
Son actuaciones, por lo tanto, que pretenden recuperar el tiempo transcurrido desde 1995 en que se aprobó la ley de Vías Pecuarias, pero cuya aplicación no consideramos que sea todavía satisfactoria. Para ello es preciso que existan estas iniciativas, en este caso de la región de Murcia, que saludamos con mucha satisfacción y a las que aplicaremos el presupuesto que está previsto para este mismo año.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.


--DE DON MARCOS FRANCISCO HERNÁNDEZ GUILLÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (680/000280).

El señor PRESIDENTE: pregunta del senador Hernández Guillén. Tiene la palabra su señoría.

El señor HERNÁNDEZ GUILLÉN: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el medio ambiente en general y la naturaleza en particular necesitan acciones coordinadas y globales para su protección y conservación. La pertenencia de España a la Unión Europea, que posee un amplio acervo normativo en relación al medio ambiente, así como su participación en las sesiones de los organismos internacionales y en las conferencias de las partes de los convenios internacionales sobre esta materia, requieren de una atención preferente a estas cuestiones desde la Dirección General para la Biodiversidad.
El compromiso asumido por España en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 llevó a la cooperación española a crear el programa Araucaria como instrumento específico para el desarrollo sostenible en Iberoamérica, siguiendo los principios contenidos en el convenio sobre la diversidad biológica.
Este programa surgió de un convenio marco de colaboración entre cuatro ministerios que componen el Comité Rector Interinstitucional. Participan también, mediante su apoyo a determinados proyectos, las comunidades de Aragón, Asturias, Galicia, Murcia y La Rioja. Está abierto igualmente a las corporaciones locales, organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, empresas privadas y todas aquellas instancias de la sociedad civil ocupadas en los mismos objetivos.
De entre todas las regiones iberoamericanas, el programa «Araucaria» se centra en algunos de los ecosistemas más singulares por su diversidad biológica y cultural. En ellos se llevan a cabo actividades que persiguen luchar contra la pobreza y evitar la degradación medioambiental.
Representa el esfuerzo común de la sociedad española e iberoamericana por el desarrollo humano de las poblaciones menos favorecidas, haciéndolo compatible con la preservación de la biodiversidad para futuras generaciones.
Otro de los programas de cooperación internacional denominado Azahar consiste en un esfuerzo de coordinación de todos los sectores públicos y privados de la cooperación española al desarrollo en materia de desarrollo sostenible, protección del medio ambiente y conservación de los recursos naturales en el Mediterráneo. Además de de varios ministerios, participan las comunidades autónomas de Cataluña, Asturias, Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Madrid y Baleares.
Este programa se dirige así hacia tres grandes subregiones del mediterráneo: Magreb, Oriente Medio y Sudeste de Europa, y preferentemente a los países considerados prioritarios dentro de los planes anuales de la cooperación española: Albania, Argelia, Bosnia-Herzegovina, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, República Federal de Yugoslavia, territorios palestinos y Túnez.
El objetivo del programa es generar un impacto real sobre el desarrollo humano de los países de la cuenca del Mediterráneo compatible con la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, que contribuya al cumplimiento de los compromisos asumidos en los foros internacionales en materia ambiental por los países beneficiarios.
Estas actuaciones refrendan la importancia y la necesidad de la cooperación internacional. De ahí, señora ministra, que le haga la pregunta relativa a las actividades de cooperación internacional que está llevando a cabo el ministerio que usted preside.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Gracias, señoría.
Quisiera destacar, en primer lugar, la satisfacción del Ministerio de Medio Ambiente por haberse incorporado al nuevo plan director de cooperación al desarrollo, recientemente aprobado, como un criterio transversal para todos los proyectos de ayuda al desarrollo por parte del Gobierno de España, el criterio de la sostenibilidad ambiental, porque, señorías, más allá de lo que puede hacer y debe de hacer el Ministerio de Medio Ambiente directamente con

cargo a sus recursos es fundamental señalar ese nuevo compromiso de incorporar de manera efectiva la componente ambiental en cualquier actuación del Gobierno de España en el ámbito de la ayuda al desarrollo.
Dicho eso, también el Ministerio de Medio Ambiente se ha incorporado recientemente al Consejo de Cooperación al Desarrollo, el Consejo que preside el Ministerio de Asuntos Exteriores y desde esa posición el ministerio velará por el cumplimiento efectivo de esa exigencia ambiental en todas y cada una de las operaciones de ayuda al desarrollo que realice el Gobierno de España .
Dicho esto, también hemos querido incrementar de manera significativa en el presupuesto del año 2005 los recursos presupuestarios que destinamos desde el propio ministerio y el incremento ha sido de un 80 por ciento.
Es verdad que nuestras cantidades son reducidas, pero con ese incremento se ha plasmado una voluntad política de dar una nueva prioridad y un nuevo impulso a los programas que usted señalaba, el programa Araucaria, el programa Dzahar y otros complementarios que en estos momentos estamos desarrollando. En total, el Ministerio de Medio Ambiente dispone este año de 5,9 millones de euros; vamos a destinar algo más de un 54 por ciento a Iberoamérica, un 26 por ciento al Sudeste asiático --y ésta es, sin duda, una novedad que viene derivada de la gravísima tragedia acaecida por motivo del tsunami, en el Sudeste asiático-- y el resto será invertido en operaciones en Africa y en el área mediterránea, siempre manteniendo esos programas a los que antes se hacía referencia.
El Ministerio de Medio Ambiente quiere elevar de manera significativa los grados de ejecución de los programas en relación con el desarrollo económico de terceros países, que han sido muy bajos en el pasado, y evaluar también la eficacia de esos programas conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Por último quiero señalar que el Ministerio de Medio Ambiente ha introducido ya la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento del Protocolo de Kioto entre nuestros objetivos de cooperación al desarrollo.
Esto es una novedad porque hasta ahora hemos trabajado exclusivamente en el ámbito de la biodiversidad. Ahora, una vez creada la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, gracias al impulso del Gobierno de España y de Portugal, y también en base a los memorandos ya firmados con distintos países de América latina, estamos en condiciones de incorporar claramente como un objetivo de la ayuda oficial al desarrollo de nuestro país la lucha contra el cambio climático en todos los países en vías de desarrollo.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra

--DE DON JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO AL EMPLAZAMIENTO DE LA FÁBRICA EUROCOPTER, QUE CONSTRUYE HELICÓPTEROS DEL MODELO TIGRE (680/000259).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Mur.
Su señoría tiene la palabra.

El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, yo querría preguntarle sobre las previsiones que tiene el Gobierno con respecto al emplazamiento de la fábrica Eurocopter, que construirá los helicópteros del modelo Tigre.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, quisiera contestarle en la primera respuesta que las previsiones en cuanto a la instalación de esa industria le corresponde determinarlos exclusivamente a la empresa Eurocopter, no al Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Mur.

El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor presidente.
Aunque su respuesta ha sido breve, me gustaría que fuera así, que exclusivamente fuera a la empresa a la que le correspondiera establecer los criterios y la decisión final para la instalación de tan importante factoría.
Usted sabe, señoría, la expectación y el interés que en varias comunidades ha despertado la posibilidad de tener una instalación de este tipo de tecnología. También en Aragón tenemos interés en que esta industria se pueda instalar en nuestro territorio. Allí --usted lo sabe-- tenemos muchos factores positivos para una instalación de esta naturaleza, y si sólo son los criterios técnicos los que van a jugar, seguro que se instalará en Aragón, y le voy a decir por qué. Ahí tenemos polígonos de tiro, que facilitan, evidentemente, las pruebas del helicóptero; ahí tenemos una base aérea militar, magnífica e infrautilizada; ahí tenemos una buenísima aceptación de la presencia y de las actividades de las Fuerzas Armadas, y ahí tenemos también la determinación por parte del Gobierno de poner en marcha un polígono de industria aeronáutica.
Con todos esos factores, aunque sé que hay mucha competencia, como es normal y lógico, estoy seguro de que la instalación se hará en Aragón, y es que sería una frustración que al final la empresa, que estoy seguro utilizará criterios técnicos, tuviera algún tipo de indicación que hiciera que esta industria, destinada fundamentalmente al uso de las Fuerzas Armadas, se instalara en algún territorio en que ni tienen ni quieren campos de tiro o en alguno donde ni tienen ni quieren una elevada presencia militar. Por tanto, lo que estoy pidiendo no es una compensación pero sí una congruencia en lo que a los criterios se refiere. Pero, repito, el señor ministro me ha dejado muy tranquilo, porque si solamente van a jugar los criterios técnicos de la empresa estoy seguro de que podemos seguir trabajando por atraernos esta instalación

a Aragón, de cuyo éxito final no tengo la menor duda.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, la natural inteligencia del senador Mur le lleva a evocar más de lo que dice, pero en esta réplica yo quiero decirle todo lo que sé.
Es importante la instalación de esta industria. En palabras del anterior Gobierno supone más de 1.700 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Son 1.354 millones de euros; es una industria de alto componente tecnológico. En definitiva, son más de 11 millones de horas de trabajo. Es importante. Y el ministro de Defensa siente una alegría extraordinaria, que no sé cómo manifestar además de con la palabra, de que hayan sido Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Madrid --las he mencionado por orden alfabético-- las comunidades autónomas que se han interesado en ello. En el caso de Aragón su señoría se suma también a la petición del presidente de la comunidad autónoma, don Marcelino Iglesias, y al señor alcalde de Zaragoza, quienes argumentan en el mismo sentido que su señoría y en otras clases de argumentos que también conoce el señor senador.
Me produce una enorme satisfacción que una industria militar sea tan demandada por las comunidades autónomas. Pero lo que no va a hacer el Gobierno actual es producir confusión anunciando en cada sitio lo que cada uno quiere escuchar. Yo le pediría que leyese la prensa del día 11 de marzo de 2004 para que pueda ver que para una empresa había tres localizaciones --aunque es verdad que estábamos cerca de las elecciones--. Lo que quiero decirle es que la decisión la va a tomar Eurocopter y, desde luego, ni el Gobierno ni el ministro de Defensa pueden ignorar, porque sería injusto, el afecto, el cariño que la Comunidad Autónoma de Aragón, y en concreto la ciudad de Zaragoza, ha manifestado tradicionalmente en favor de las Fuerzas Armadas. Y otra cosa, señoría, no depende del ministro de Defensa decidir, pero si yo tuviera que hacerlo, el afecto a las Fuerzas Armadas sería determinante, no le quepa duda. No iremos, en el ámbito en que a mí me toca decidir, donde no nos quieran.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DE DON RAMON COMPANYS I SANFELIU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA EQUIPARACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS CIVILES EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA, CON LAS DEL PERSONAL CIVIL (680/000262).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Companys i Sanfeliú. Puede hacer uso de la palabra, señoría.

El señor COMPANYS I SANFELIU: Señor presidente, señor ministro, el Ministerio de Defensa, en una acción que me parece loable y digna de elogio, decide adecuar, al igual que han hecho otros países europeos, la sanidad militar a la realidad actual. Como consecuencia toma decisiones, y en vez de cerrar hospitales militares aprovecha unos convenios, firmados concretamente con la Comunidad Autónoma de Madrid que es la circunscripción que tiene competencias en materia sanitaria. En esa operación logra dos objetivos básicos: que los médicos tengan más posibilidad de ejercer su profesión, por tanto, tengan más práctica y así puedan mantener un grado de preparación alto, y que se rebajen los costes de funcionamiento de la sanidad militar.
Hasta aquí todo correcto, señor ministro. Lo que quiero que nos explique es si por el mismo trabajo, por la misma dedicación, por la misma responsabilidad, por los mismos baremos de calidad, los sanitarios militares percibirán las mismas retribuciones que sus homólogos civiles.
O dicho de una forma más clara, si aplicará el viejo lema socialista: a igual trabajo, igual responsabilidad e igual retribución.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, no sabe cuánto me agradaría anticipar la utopía de a igual trabajo, igual retribución. Pero la realidad es tozuda y no nos consiente que avancemos a la velocidad que quisiéramos hacia ese horizonte utópico de a igual trabajo, igual retribución.
Lamentablemente, esto no ocurre en España y usted sabe muy bien, señor senador, que en nuestro país las retribuciones públicas de los médicos
--y no ocurre solamente entre los médicos militares y los civiles-- son diferentes en cada comunidad autónoma, siendo incluso más lacerantes y más alejadas de la utopía que usted evocaba y que con tanta satisfacción defiendo desde hace algunos años.
Esas diferencias existen, y bien que lo lamento, pero me agradaría contar con el voto de su señoría para avanzar hacia la utopía de la igualdad salarial.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.

El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, puede contar con nuestro soporte en ese aspecto.
Sabemos que el personal del Gómez Ulla seguirá siendo militar de momento, que en principio está prevista una mayor utilización del mismo y que, en caso de necesidad, se resolverá con aportaciones del propio personal. Sé que esos mecanismos de mejora salarial hay que ponerlos

en marcha de una forma adecuada para evitar, como usted ha dicho, que se produzcan efectos contraproducentes, y lo comprendemos perfectamente.
Dicho esto, no se entendería que se exigiesen unos ratios de calidad comparables con la red de la sanidad y que los emolumentos no fuesen proporcionales. Pero aún se entendería menos, señor ministro, que, como consecuencia de un convenio con la Comunidad Autónoma de Madrid pactado a la baja --si así fuera--, fuera el personal sanitario militar el que, con una remuneración menor que la de los civiles, terminara financiando la sanidad de la comunidad autónoma. Y menos entendible sería que la comunidad autónoma pagase lo que proporcionalmente le cuesta, por lo tanto un convenio equilibrado, y fuese el ministerio el que hiciese negocio con el trabajo del personal sanitario.
Por lo tanto, señor ministro, sepa que tendrá nuestro soporte, pero se pone de manifiesto la existencia de esas diferencias de salario en trabajos parecidos. Sé que esto no se puede resolver de forma inmediata, pero su ministerio tiene que ponerse a trabajar en ello y elaborar un plan a medio y largo plazo para que estas situaciones estén resueltas de cara al futuro.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, no sabe cuánto me agrada que su señoría, con su filiación política, muestre ese interés tan desinteresado por la Comunidad de Madrid. Francamente, me satisface.
Pero no vamos a hacer negocio, y le digo esto con absoluta seguridad.
Fácilmente se comprende lo siguiente, que en toda España los militares cobren lo mismo con independencia del lugar donde presten servicio. Si hoy igualásemos el sueldo de los médicos militares y civiles, por ejemplo en la comunidad de Madrid, estaríamos entrando en una contradicción más grave que la que su señoría señalaba, aunque efectivamente tiene razón.
¿Y sabe por qué? Porque la gran desigualdad salarial de los médicos en España no está en el ámbito de los ejércitos, puesto que los militares españoles siempre van a cobrar lo mismo en cualquier lugar de España.
Parece que esto debe ser así.
Su señoría muestra interés por este asunto y le diré que lo que ocurre en España en cuanto a igualdad salarial es un disparate. ¿Sabe cuánto cobra más un médico de una comunidad, que no citaré, respecto de otra, que tampoco citaré? Al mes, un médico con sueldo público cobra 200.000 pesetas más por el mismo trabajo en una comunidad que en otra; y en cuanto a horas, puede llegar a cobrar 1.116 pesetas más por hora de guardia.
En el caso del ejército, me agradaría que la igualdad se enseñorease en cuanto a las retribuciones en relación con el trabajo que cada uno haga.
No obstante, le puedo asegurar que en España los militares van a cobrar lo mismo en Canarias, en Cataluña o en el País Vasco. Por otra parte, hay una limitación que su señoría tiene que entender, y es que no puede cobrar lo mismo un coronel que un capitán, aunque los dos sean médicos, porque el principio de jerarquía en las Fuerzas Armadas nos obliga a que las asignaciones salariales se acomoden al empleo de cada uno de los profesionales. Vea que son muchas las dificultades, pero pese a todo y por encima de mi responsabilidad actual me gusta la igualdad, lo que pasa es que la mayor desigualdad se produce entre las comunidades autónomas, no entre el Ejército y una comunidad autónoma en concreto.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DE DOÑA ESMERALDA IRANZO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA ATENDER LA NECESIDAD DE GUARDERÍAS INFANTILES DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (680/000277).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Iranzo Sánchez. Tiene la palabra su señoría.

La señora IRANZO SÁNCHEZ: Señor presidente.
Señor ministro, comparto con usted la expresión de que los militares que integran nuestras Fuerzas Armadas son un colectivo trabajador uniformado y, compartiendo esta expresión, considero fundamental que se lleven a cabo medidas desde el Gobierno para conciliar la vida laboral y familiar de los militares, igual que estamos haciendo con el resto de los trabajadores.
Uno de los objetivos de este Gobierno es la transformación de nuestras Fuerzas Armadas, transformación que debe llevarse a cabo desarrollando un nuevo modelo realista de profesionalización basado en la calidad y estructurado de acuerdo con las necesidades tecnológicas, la modernización y la organización de unos ejércitos para el siglo XXI.
El presidente del Gobierno y usted mismo, señor ministro, han mostrado una gran sensibilidad por mejorar la calidad de vida de las Fuerzas Armadas. Así pues, se ha anunciado la intención del Gobierno de aprobar un plan global de calidad de vida y un servicio de apoyo al personal de Defensa. Es fundamental que aunemos esfuerzos y trabajemos por la mejora de la situación laboral, social y familiar de aquéllos que integran nuestras Fuerzas Armadas.
Asimismo, el Gobierno de la nación es un Gobierno consciente de que debemos avanzar hacia la plena igualdad de la mujer. Para ello se han anunciado ya varias medidas, entre las que cabe destacar la Ley de conciliación de la vida laboral y familiar. Usted ha anunciado en más de una ocasión la intención del Gobierno de aumentar la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas, cifrada en un 10 por ciento de los efectivos totales y un 16 por ciento si sólo se incluye tropa y marinería. Considero que para poder

incrementar el número de mujeres que integran las Fuerzas Armadas es necesario que se les pongan a su alcance todos los medios para que puedan lograr una efectiva conciliación de su vida familiar y laboral, contando además con las dificultades que entraña su trabajo.
Como ya he dicho, es intención del ministerio y del Gobierno mejorar la calidad de vida y conciliar la vida social y familiar, y ello se pone de manifiesto en la intención de construir en el próximo año cinco centros de atención a la infancia que se añadirían a los dos ya existentes, intención que anunció el secretario de Estado para la Defensa en la comparecencia de presupuestos.
Por lo tanto, señor ministro, me gustaría preguntarle: ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para atender la necesidad de guarderías infantiles del personal de las Fuerzas Armadas españolas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señora senadora.
El Gobierno desea hacer compatible la vida profesional y la vida familiar en todos los ámbitos y especialmente en el ámbito castrense, donde por las dificultades especiales del trabajo y de los horarios es particularmente obligado, sin duda ahora más cuando la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas está suponiendo un incremento que quizá fuera imprevisible hace algunos años.
Por eso quiero decirle, señora senadora, que fue en mayo del año pasado cuando el Gobierno tomó por primera vez la decisión en una orden ministerial, de regular los permisos por guarda legal y lactancia. Hasta entonces no se había hecho.
En el plan de escuelas infantiles o guarderías, como algunos les llaman, de 0 a 3 años, estamos sometidos al control y a la tutela de las comunidades autónomas, hemos de firmar convenios con las comunidades autónomas. Actualmente funcionan dos centros de atención a la infancia, uno en Ferrol y otro en Madrid, y el plan para el bienio 2005-2006 es el siguiente: Diez centros en Madrid, cuatro en Almería, tres en Murcia, tres en Canarias, uno en Extremadura, uno en Aragón y otro en Castilla-La Mancha. Lógicamente, están distribuidos donde el contingente militar es más numeroso y más se precisa este tipo de servicio. De esos 23 centros, siete ya están totalmente finalizados y equipados, a falta de convenio con la comunidad autónoma correspondiente, siete inician las obras en 2005, cinco se iniciarán en 2006 y cuatro los tengo pendientes de financiación.
Esta es la respuesta que puedo dar a su señoría respecto del interés que manifestaba, que sin duda es creciente, no sólo por la presencia de la mujer sino por la mayor atención de los militares varones a sus casas, a sus familias y a sus hijos compartiendo esta responsabilidad con sus cónyuges.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DE DON ENRIQUE ABAD BENEDICTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA RECIENTEMENTE CONSTITUIDA CONFERENCIA SECTORIAL DE ASUNTOS LOCALES (680/000278).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador don Enrique Abad Benedicto.
Tiene la palabra su señoría.

El señor ABAD BENEDICTO: Señor presidente, señor ministro, señorías, como el clásico, podemos decir que el municipalismo está cargado de pasado y preñado de porvenir. Hoy por hoy el municipalismo ha sido un convidado de piedra y el pagano de los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
La autonomía local, como bien sabe el señor ministro, ha sido menoscabada tanto por el Estado como por las comunidades autónomas. El gasto público en España, como bien conocen sus señorías, y según datos de la FEMP, sitúa al Estado con el 49,4 del gasto; a las comunidades autónomas con el 35,2 y a los ayuntamientos tan solo con el 15,3 por ciento. Estos datos ponen de manifiesto una realidad patética y preocupante para el municipalismo español, que choca frontalmente con las recomendaciones de la Carta Europea de Autonomía Local.
Señor ministro, señorías, es el momento de situar la cuestión de los nuevos gobiernos locales en el centro de la urgencia política. Es justo, es conveniente y es una demanda unánime del municipalismo español. Es obvio que la autonomía local --repito-- no se ha desarrollado en toda su potencialidad ni al mismo ritmo que el Estado de las Autonomías. Por ello, señor ministro, proclamamos que es la hora de los ayuntamientos y que éstos deben formar parte de la agenda política y territorial de los nuevos tiempos.
Por lo tanto, con la confianza en este mi Gobierno de España, pregunto:
¿qué valoración hace el Gobierno de la recientemente constituida Conferencia Sectorial de Asuntos Locales como órgano de cooperación y encuentro entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos representados en la FEMP, con la idea de resolver los grandes temas que afectan a los gobiernos locales? Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoría.
Agradezco que me haga esta pregunta, porque ninguno de los presentes pudimos ver que se haya iniciado ningún telediario ni se haya abierto ninguna edición de periódico o de cualquier informativo con un hecho que considero muy importante, como fue no sólo la primera reunión de las tres administraciones que tenemos en España: la central, la autonómica y la local, sino el acto constitutivo del

único instrumento institucional en el que las tres administraciones estamos juntas.
Nuestro esquema institucional hace que haya órganos que relacionan al Gobierno central con las comunidades autónomas; que haya otros órganos que relacionan al Gobierno central con los ayuntamientos; también las distintas comunidades autónomas tienen mecanismos de coordinación con sus ayuntamientos, pero hasta ahora no había ningún organismo, ningún sitio donde las tres administraciones estuviéramos juntas hablando de lo que interesa a la mayoría de los ciudadanos, de lo que interesa al conjunto de la ciudadanía, que es cómo nos coordinamos para resolver sus problemas.
Considero que la carencia de un órgano que agrupara a las tres administraciones es especialmente importante si tenemos en cuenta que las tres servimos al mismo cliente, que son los ciudadanos, que se dirigen indistintamente a una u otra administración --normalmente a la administración municipal por ser la más próxima-- para que se le resuelvan sus problemas y que no saben ni tienen por qué saber de quiénes son las competencias, sino que nos exigen que nos coordinemos, que nos pongamos de acuerdo, que resolvamos nosotros nuestros problemas para dar satisfacción a las demandas de los ciudadanos.
Eso es lo que está pretendiendo el Gobierno, y no intentar enfrentar a unas administraciones con otras, no intentar primar a unas administraciones sobre otras sino reconocerle a cada uno su papel, reconocerle a cada uno su lugar y buscar puentes, buscar mecanismos de cooperación entre las tres administraciones, porque hay mucho de lo que tenemos que hablar entre las tres administraciones.
El municipalismo español está hoy reivindicando con fuerza competencias claras y recursos suficientes, y el Gobierno está comprometido en conseguir, a lo largo de la legislatura, que se dé satisfacción a ambas cuestiones, pero necesitamos que en esa operación se impliquen las comunidades autónomas, puesto que una parte importante de las competencias y de la financiación que reclaman los ayuntamientos está en manos de las mismas.
Por tanto, creo que la iniciativa que se ha adoptado es buena, que es el espacio y el marco político e institucional para resolver esos problemas y que, en consecuencia, hemos abierto una nueva etapa muy importante para el conjunto de los ciudadanos, que van a ver mejor coordinadas a sus administraciones.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JOSÉ MENDOZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO PARTICIPAR EN LA FINANCIACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL HOSPITAL GENERAL DE FUERTEVENTURA (LAS PALMAS) (680/000265).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Mendoza, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, para formular su pregunta.
El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra.
Mi pregunta es clara: ¿Tiene intención su ministerio de contribuir a la ampliación del Hospital General de la isla de Fuerteventura, en la provincia de Las Palmas? Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.

La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted sabe, la gestión de la asistencia sanitaria se encuentra transferida a todas las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, tras la aprobación del Real Decreto-ley 446/1994, de 11 de marzo, la elaboración y la ejecución de planes de inversión en materia sanitaria son competencia de la comunidad autónoma.
En esa norma se valoraron las cargas financieras que se traspasaban, así como los compromisos asumidos por las partes en esa materia y, en general, en la prestación de los servicios transferidos. De ello se deriva, tal y como le he indicado, que la planificación, la creación, el desarrollo y la ejecución de los establecimientos sanitarios y centros asistenciales precisos para la prestación de los servicios traspasados, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias.
También quiero recordarle algo que usted ya sabe, y es que a partir del año 2002, el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común integra la financiación de la sanidad dentro de la financiación del conjunto de competencias de gasto de las comunidades autónomas. Para calcular el coste efectivo de los traspasos y, consecuentemente, sus cargas financieras, se tuvieron en cuenta tanto los gastos corrientes relativos a la asistencia prestada en cada una de las comunidades autónomas como los correspondientes a todo tipo de inversiones; y, por tanto, ello también engloba la inversión a la que usted hacía referencia con su pregunta.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Mendoza.

El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señora ministra.
Conozco los detalles que usted ha mencionado, pero también sé que existen situaciones peculiares que requieren la colaboración de la administración central.
En este sentido, en la isla de Fuerteventura la población de derecho se ha duplicado en los últimos dieciséis años; y, en el último año, ha crecido a un ritmo del siete por ciento, e insisto en que estoy hablando de la población de derecho porque, obviamente, al ser una isla eminentemente turística, tenemos que atender también a la población que nos visita.
En los últimos Presupuestos Generales del Estado, aprobados en el Congreso de los Diputados, la Sección 22,

del Ministerio de Administraciones Públicas, destinó dos millones de euros al hospital de Benavente, a pesar de que la comunidad autónoma correspondiente también había asumido las transferencias. Supongo que esta circunstancia tendrá que ver con alguna razón de las características que he mencionado o, por ejemplo, con una situación de desbordamiento, que obliga a la Administración central a cooperar en un convenio con la Administración autonómica.
En este sentido, como usted bien conoce, debido a la realidad de ser un archipiélago, nosotros tenemos que ofrecer servicios en las siete islas y hemos tenido que construir, con recursos propios, hospitales en La Palma, acometer la ampliación del de Fuerteventura y, así, en todas y cada una de las islas. Requerimos que se analice algún tipo de colaboración por parte del Estado ante este tipo de situaciones que desbordan los crecimientos normales de población para poder atenderla.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Sanidad y Consumo.

La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente la regulación de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que establece el vigente régimen de financiación de las comunidades autónomas, tiene en cuenta, entre los criterios para determinar las necesidades de financiación, tanto el de población como el de población protegida. Como usted sabe, el grupo de trabajo de población del Consejo de Política Fiscal y Financiera actualmente está analizando los efectos de estas variaciones de población en el sistema de financiación. Me permito sugerirle que la cuestión que incorpora en su pregunta debería ser expuesta también por el Gobierno canario en los órganos políticos y administrativos competentes, dado el actual proceso de análisis de la financiación autonómica y, en particular, de la financiación de la sanidad.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


--DE DON PEDRO FELICIANO SABANDO SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO ACERCA DEL ESTADO DEL PROYECTO DEL REAL DECRETO DE ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA ( 680/000275).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Sabando Suárez. Tiene la palabra su señoría.

El señor SABANDO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra de Sanidad y Consumo. Quería preguntarle por la situación de un proyecto de real decreto importante en el mundo sanitario, cual es el de especialización en enfermería. El conocimiento de la existencia de este proyecto de real decreto hace tiempo produjo incertidumbre; después produjo entusiasmo conocer las líneas por donde avanzaba; posteriormente aparecieron puntuales agravios, y en la actualidad asistimos a un momento de satisfacción, de tranquilidad.
Como usted conoce, señora ministra, es un proyecto esperado y de largo alcance. Establece siete especialidades, la posibilidad de formación de los especialistas mediante un sistema programado y supervisado tipo MIR, reconoce la tarea desempeñada por la enfermería en los servicios generales, así como la posibilidad de vías transitorias para el acceso a la especialidad correspondiente. Es un proyecto que también ha respetado y ha tenido en cuenta en su redacción la opinión de las comunidades autónomas, de colegios y de sindicatos; un proyecto, en fin, que ha sido informado favorablemente por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
Un proyecto de esta naturaleza, señora ministra --usted lo conoce bien-- no sólo responde a los compromisos de tipo parlamentario, sino que viene a satisfacer una demanda largamente esperada desde la enfermería, que supondrá a su vez la incorporación de un nuevo potencial científico al sistema sanitario que, en todo caso, va a redundar en un beneficio importante para la calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Por todas estas razones, señora ministra, es por lo que le pregunto en qué momento se encuentra el proceso de tramitación del proyecto de real decreto de especialidades de enfermería.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.

La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Grupo Parlamentario Popular ha llegado a afirmar en esta misma Cámara que ese proyecto de real decreto de especialidades de enfermería quedó terminado por el anterior Gobierno en el mes de marzo; la realidad es otra. Cuando tomó posesión el nuevo Gobierno se encontró con un proyecto elaborado, eso sí, dos meses antes, pero que había recibido numerosísimas observaciones que cuestionaban aspectos fundamentales, como el propio catálogo de especialidades, su razón primera de ser, y que debía ser sometido a informe preceptivo de una Comisión de Recursos Humanos, con participación de las comunidades autónomas, que el anterior Gobierno no había considerado oportuno constituir.
Así las cosas, una vez que se produjo la incorporación del nuevo equipo directivo al Ministerio de Sanidad y Consumo, el 16 de junio de 2004 se constituyó la Comisión de Recursos Humanos y también sus comisiones técnicas, entre ellas, la de Formación Especializada en Ciencias de la Salud, que en su primera reunión ya estudió ese proyecto de real decreto por el que se regula la obtención del título de enfermero especialista.


A partir de ese momento, se adoptaron las medidas necesarias para intentar que el proyecto contara con el máximo consenso posible. Se amplió el trámite de audiencia, se solicitó un nuevo informe a las comunidades autónomas, y se mantuvieron numerosas reuniones con todos los sectores afectados, colegios profesionales, sindicatos, sociedades científicas, escuelas universitarias y consejerías de sanidad y servicios de salud. Posteriormente el proyecto fue sometido a informe de esa Comisión de Recursos Humanos, y tras su informe favorable se remitió, el pasado mes de enero, al Consejo de Estado, ya que es un informe preceptivo en cuanto que desarrolla la Ley 44/2005, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Una vez se haya recibido ese dictamen del Consejo de Estado, se estudiará por los Ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo y se procederá a elevarlo a la consideración del Consejo de Ministros.
El proyecto ha sido llevado adelante con toda la celeridad posible, pero también con el sosiego, la reflexión y el debate necesarios para conseguir ese elevado grado de consenso al que anteriormente me refería, y que es tan necesario para la articulación de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Este real decreto establece el nuevo catálogo con siete especialidades de enfermería, la formación mediante residencia para las nuevas especialidades, y las vías transitorias de acceso excepcional al título de especialista para los enfermeros que ya están en ejercicio. Quisiera destacar únicamente que este real decreto va a suponer la implantación de un nuevo modelo profesional para un colectivo que resulta fundamental para el funcionamiento de nuestro sistema sanitario y para mejorar la calidad de la prestación que reciben nuestros ciudadanos.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


--DE DON EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO LLEVAR A CABO EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ACTUACIONES SIMILARES A LA DENOMINADA «OPERACIÓN CAMPAMENTO» EN LA COMUNIDAD DE MADRID (680/000264).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cuenca Cañizares.
Tiene la palabra su señoría.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿piensa el Gobierno llevar a cabo en otras comunidades autónomas actuaciones similares a la denominada «operación Campamento» de Madrid?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno no sólo piensa llevar a cabo actuaciones similares a la «operación Campamento» en otras comunidades autónomas, sino que desde hace ya muchos meses el Gobierno las está poniendo en marcha. Como sabe su señoría, el compromiso de este Gobierno no sólo procede de su programa electoral sino del debate de investidura y del escrupuloso respeto a la Constitución Española, donde está prevista, además de forma exclusiva, la prohibición de la especulación del suelo y la utilización de los suelos públicos para determinados destinos: equipamientos sociales, pero sobre todo vivienda protegida. Por tanto, el compromiso de este Gobierno se está cumpliendo, no ahora con la «operación Campamento», sino desde hace muchos meses con otras operaciones similares.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra, señoría.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, nosotros tenemos que decir que, estamos de acuerdo con las características de la «operación Campamento»; nos parecen adecuadas; hay que impulsar cuantas acciones como ésta sean posibles en todo el territorio nacional, pero permítame que le plantee algunas dudas que me surgen a la hora de ver cómo se proyectan estas iniciativas.
Después de decirle que estamos de acuerdo con operaciones de vivienda de protección pública, desde suelos públicos, y por lo tanto de las administraciones, en este caso de la Administración central, me gustaría indicarle que consideramos que el itinerario, señora ministra, debería ser otro o tener otros condicionantes. Lo adecuado sería que su el Gobierno realizara y presentara un inventario de suelos públicos susceptibles de ser destinados a vivienda protegida y a equipamientos sociales --puntualizo equipamientos sociales--. Y digo que sería adecuado que lo conociéramos porque así todos y todas podríamos saber en qué momentos nos encontramos de una política de vivienda pública desde el Gobierno, así como de la puesta a disposición de esos suelos públicos.
Por tanto, primero han de hacer un inventario o relación de todos los suelos susceptibles.
El segundo criterio que nos parece fundamental, señora ministra, es el relativo al diálogo y la concertación con las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Este senador trabaja en una comunidad donde la vivienda protegida no es un elemento a destacar y, sin embargo, creemos que es importante la concertación y arrastrar a aquellos gobiernos que no quieren hacer vivienda protegida. Pero hay que dar ejemplo, ejemplo de diálogo, encuentro y concertación para hacer --permítame el símil-- como una especie de contrato-programa con otras administraciones, en este caso con comunidades autónomas para el impulso de la vivienda protegida pero también de equipamientos sociales. Por tanto, nos parece fundamental este segundo vector que debe presidir una política de vivienda.


En tercer lugar, es evidente que ambos ejes deben estar a disposición de esa política de generación de vivienda protegida en nuestro país y en nuestras comunidades autónomas.
Pero quiero añadir algo más. En el caso de la Comunidad de Madrid hay nueve instalaciones militares susceptibles de ser destinadas a suelo para vivienda protegida, nueve millones y medio de metros cuadrados y la posibilidad de construir 22.500 viviendas.
Sin embargo, señora ministra, tenemos dudas sobre si el resto de estas instalaciones se van a destinar a dicho programa, sobre si habrá alguna sorpresa respecto a la segunda fase de la operación Campamento o si también se destinará a vivienda protegida, o sobre si el resto de las siete instalaciones situadas en la ciudad de Madrid, sin contar las demás existentes en la Comunidad, serán destinadas al mismo objetivo. ¿Qué va a pasar con la operación Chamartín? ¿Se utilizarán también parámetros similares, como los empleados en la operación Campamento, o habrá sido solo una luz de neón y el resto serán tenues luces?
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Termino, señor presidente.
Por tanto, señora ministra, creemos que hay que concertar y dialogar con las comunidades y ese es el eje fundamental que debería presidir en su ministerio, es decir, implicar a las comunidades en esos objetivos que usted ha planteado.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda.

La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.
Señoría, en este Gobierno no hay ninguna política pública que no se concierte y dialogue con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales. Las políticas que llevamos a cabo en materia de suelo y vivienda son políticas de concertación, diálogo y puesta en consideración de las corporaciones locales.
Este Gobierno ha demostrado una sensibilidad que no ha existido desde los primeros años de la democracia respecto a la gestión de los suelos patrimoniales, respetando además la singularidad de cada operación que se lleve a cabo.
Y en este sentido, le puedo decir que el suelo inventariado se ha puesto ya a disposición de la vivienda protegida en muchísimas otras operaciones. Mencionaré algunos casos que se están llevando a cabo, aunque se encuentran en distinto nivel de ejecución.
Es un ejemplo el puerto exterior de A Coruña, respecto del que la ministra de Fomento, yo misma y el alcalde de la ciudad llegamos a un acuerdo, que posteriormente se plasmó en un convenio urbanístico, que suponía incrementar la vivienda protegida de un 20 a un 50 por ciento en suelos públicos de la Administración General del Estado.
Un segundo caso es el Fuerte de San Francisco, en Guadalajara, respecto del que se firmó un convenio entre la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el ayuntamiento de la ciudad, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Fomento para destinar los suelos de dicho cuartel a vivienda protegida, con un total de 1.004 viviendas y empleando el cien por cien del suelo público.
Puedo mencionar también el suelo inventariado de Valdespartera, recientemente enajenado en Consejo de Ministros para llevar a cabo una operación de vivienda protegida del 97 por ciento del suelo para casi 10.000 viviendas.
En Bilbao, en el ámbito de Garellano, el Consejo de Administración de Ría 2000 llegó a un acuerdo para un incremento de vivienda protegida de un 20 a un 40 por ciento.
Le puedo hablar también de los suelos públicos de titularidad del Ministerio de Vivienda a través de su entidad pública empresarial SEPES.
Tenemos la ampliación de Aguas Vivas, en Guadalajara, destinada a 2.113 viviendas protegidas. Le puedo mencionar la operación Vasco-Mayacina, en Asturias, donde dedicamos suelo público en un cien por cien para 711 viviendas protegidas. Es el caso también de Loma Colmenar, en Ceuta, con una actuación mixta industrial-residencial para 1.800 viviendas protegidas. Le puedo hablar de la zona logística de Valencia, donde hay vivienda protegida. Le puedo hablar de Navalcarnero, donde hay 1.049 viviendas protegidas, representando un cien por cien. Próximamente, en Alcalá de Henares se efectuará una promoción en alquiler de más de 100 viviendas protegidas. En Aspe, Alicante, 1.200 viviendas protegidas.
Además le puedo hablar también de suelo público con otros destinos de interés social. Le puedo hablar del caso reciente de Sóller.

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, le ruego que termine.

La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


--DE DOÑA ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA POSTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA CON RESPECTO A LAS NEGOCIACIONES Y TRÁMITES INTERNACIONALES PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS PIEZAS DE PLATA DE LA ARQUETA DE SANT MARTIRIÀ DEL MONASTERIO DE SANT ESTEVE DEBANYOLES (GIRONA) (680/000263).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Aleixandre i Cerarols.
Tiene la palabra su señoría.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el 12 de enero de 1980 el Monasterio de Sant Esteve de Banyoles sufrió uno de los peores expolios de la historia de Cataluña cuando René Alphonse Van der Berghe, Eric el Belga, robó 19 de las 24 figuras de plata de la arqueta de Sant Martirià, patrón de Banyoles. Son piezas del siglo XV, exactamente de 1413.
En 1982 aparecen en Francia y Bélgica el pinacle y dos figuras laterales de la caja.
En junio de 1997 la doctora en arte medieval de la Universidad de Barcelona, la señora Francesca Espanyol, localiza en Londres, concretamente en un catálogo de Sotheby's, dos piezas de la citada arqueta. Gracias a la Generalidad de Cataluña y al Ministerio de Cultura, esgrimiendo la directiva de la Unión Europea de 1993 sobre el expolio de obras de arte, lograron evitar su venta y conociéndose de esta manera quién era su propietaria, la señora Johanna Maria Joseé Dinjens, una coleccionista de arte que vivía a 15 kilómetros de Maastricht. Durante el otoño de 1998 la Interpol se pone en contacto con la coleccionista que había intentado vender otras obras de arte y averigua que posee 17 piezas más de la misma arqueta. El Ministerio de Cultura se pone en contacto con la galería alemana con el fin de adquirir de nuevo las obras, pero, a pesar de haberse firmado un acuerdo previo, éstas no logran adquirirse.
El 20 de junio del 2002, un juez holandés ordena el retorno de las piezas a Banyoles, pero antes del mes de septiembre del mismo año su propietaria recurre la sentencia.
En marzo de 2003, el secretario de Cultura, don Luis Alberto Cuenca, explicaba en el Congreso que la propietaria estaba dispuesta a llegar a un acuerdo con el Estado español, pero que, debido al origen ilícito de las obras, decide llegar a un acuerdo a través de una galería de arte. El importe era de 425.000 euros.
Mientras el Estado plantea agotar la vía legal, el 21 de enero de 2005
--hace pocos días-- llega a los periódicos la noticia de que la propietaria sólo negociará con el Obispado de Girona, argumentando que es su legal propietario y que es el único estamento del que se fía, y da un ultimátum poniendo como fecha límite el 28 de febrero de este mismo año.
El mismo día, otro periódico publica una carta de la señora Dinjens acusando a distintas personalidades del Ministerio de Educación y Cultura de no querer adquirir la caja precisamente en dos ocasiones por no querer pagarla; les acusa de hipócritas y alega que pretendían su confiscación sin entregar honorario alguno para después entregarlas al Banco de España e incluso insinúa que a coleccionistas particulares.
El obispado, después de asegurar que no conocía oferta alguna de la anticuaria, que no sabía nada de ella y que todo lo que conocía era a través de los medios de comunicación, expresa su sorpresa y asegura en sus declaraciones en el mismo periódico del día 25 de enero que en cualquier caso seguirá las directrices del Ministerio de Cultura.
Por todo esto, señora ministra, le preguntamos: ¿Cuál es la postura de su ministerio en la situación actual, cuáles son las negociaciones y los trámites internacionales en curso, si los hubiera, para rescatar dicha arqueta? Esta arqueta tiene un valor sentimental, no solamente económico para Banyoles.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Cultura.

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, conoce perfectamente usted la historia que recorre un robo que se produce en el año 1980 y fundamentalmente la aparición en Londres de las piezas en un catálogo en 1997.
He de decirle dos cosas. Es prioridad para este ministerio la recuperación del expolio del patrimonio histórico español y, en este caso, las estatuillas de plata de la arqueta gótica de Banyoles, sin duda alguna.
Se ha seguido el procedimiento adecuado incluso intentando la negociación por la vía extrajudicial, incluso extrajudicial porque, como usted muy bien ha dicho, llega a intervenir incluso Interpol a requerimiento del Cuerpo Nacional de Policía español, porque también incluso en esa vía habría sido posible y nosotros pensamos que en cualquiera.
Es competencia exclusiva de la Administración general del Estado y en este caso de las competencias del Ministerio de Cultura la recuperación de ese patrimonio, pero si el Obispado de Gerona que, como usted dice, se entera por la prensa y no por otra vía, si está dispuesto a hacer de intermediario en esta operación para poder recuperarla para Banyoles, nosotros estamos también dispuestos a someternos, entre comillas, a esa ayuda y colaboración.
En segundo lugar, quiero decir que por todo lo que ha ocurrido en relación a los últimos años y por lo que tengo conocimiento tengo la siguiente sensación y además constatación. No ha habido ni una sola actuación de ningún cargo del ministerio en los últimos años que haya estado teñida de mala fe para la recuperación de las piezas. La señora Dinjens, quien evidentemente no podía demostrar ni a favor ni en contra el origen legal de las piezas, ha tenido un exceso de desconfianza en la intención del Estado español y del Ministerio de Cultura, también en la etapa anterior del Gobierno del Partido Popular.
Ha habido una voluntad manifiesta de traer estas piezas, de comprarlas, de pagarlas por valor de los antiguos 70 millones de pesetas, y en esa misma tesitura estamos. Es cierto que en su momento no pudo demostrarse que su origen fuera ilegal, la propietaria actual es la señora Dinjens, pero también es cierto que todos sabemos que fue un robo y un expolio. Ha sido una desconfianza de ella.
Usted sabe muy bien que en un momento determinado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el dos de marzo de 2004, --ya que hubo una compra, a la que después no responde entregando las piezas--, requiere que se entreguen, pero esta señora amenaza incluso con destruirlas; es decir, es prioridad recuperar estas piezas. No nos importa la colaboración de nadie, incluido naturalmente el

Obispado de Gerona. Los créditos presupuestarios están previstos llegado el caso. Queremos --esta Cámara es el lugar idóneo-- que la señora Dinjens confíe plenamente en la buena voluntad del Estado español y de su Ministerio de Cultura.
Lo dejo dicho en esta Cámara como respuesta a la pregunta que usted me ha hecho.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


--DE DOÑA MARÍA JOSÉ NAVARRO LAFITA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS CONCLUSIONES DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA COORDINACIÓN DEL UNO POR CIEN CULTURAL (680/000276).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Navarro Lafita. Tiene la palabra su señoría.

La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Mi pregunta está nuevamente relacionada con la Comisión Interministerial para la coordinación del uno por cien cultural presidida por el Ministerio de Cultura. Insisto en ello, ya que el uno por cien es una cuestión de muchísimo interés para nuestros municipios.
En una anterior intervención usted ya nos explicó cuáles eran los mecanismos de funcionamiento de esta Comisión, pero ahora que ésta ha celebrado ya su primera reunión, me gustaría preguntarle cuáles son las conclusiones a las que ha llegado.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Cultura.

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, brevísimamente un preámbulo. Nos hemos encontrado con casi 500 peticiones del llamado uno por cien cultural, por valor de aproximadamente 900 millones de euros, es decir, el presupuesto de los próximos veinte años. Esto significa que se han generado unas expectativas incumplibles. Esto significa que no se efectúan con rigor unas expectativas de esperanza que suponen en todo el territorio español el deseo --y en este caso también el logro-- de proteger una parte importante del patrimonio histórico, en algunos casos patrimonio modesto, pero en muchos pueblos pequeños y medianos el único que los ciudadanos tienen. Por tanto, considero grave la falta de rigor en una situación como la que nos hemos encontrado.
Mediante Decreto de 10 de septiembre se crea una comisión interministerial presidida por el Ministerio de Cultura, de la que forman parte los ministerios de Fomento, Vivienda y Medio Ambiente, los tres ministerios inversores por naturaleza; además, en el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico y en la conferencia sectorial, en la que se sientan todas las comunidades autónomas, hemos alcanzado --de lo cual me congratulo y naturalmente felicito también a todas las comunidades autónomas-- por unanimidad los siguientes criterios: El uno por ciento que la Ley de Patrimonio Histórico español contempla para acrecentar y proteger el patrimonio común de los españoles se tiene que aplicar con arreglo a la Ley de Patrimonio Histórico y no a otras cuestiones, como estamos viendo; se ha de aplicar con criterios de justicia y de equidad de todos los ciudadanos, de sus territorios y de su patrimonio, independientemente de los colores políticos de los gobiernos de esas comunidades y en consenso y en acuerdo con ellas, porque son las que tienen transferidas las tutelas técnicas de la intervención en ese patrimonio histórico. Han de ser bienes declarados de interés cultural o categorías jurídicas similares en las legislaciones autonómicas. Han de ser bienes de titularidad pública o cedidos a la titularidad pública, al menos por 50 años. Han de ser objeto de intervención aquellos que tengan ya proyecto de ejecución para no dejar sin ejecutar lo que no son más de 30 millones de euros al año.
Con esto conseguiremos información para todas las comunidades autónomas que anteriormente no tenían unas respecto de otras, justicia entre todas ellas; proteger realmente el patrimonio histórico y, en este caso, no trasladar expectativas que no son cumplibles en el famoso y denominado uno por ciento cultural, porque muchas personas esperan una actuación que después resulta imposible de cumplir, gracias a un formato de trabajo que no podemos suscribir ni sostener en ningún momento.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. Gracias, señoría.


--DE DON JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA INICIAR LOS TRÁMITES DE LA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER (SAM) EN LA COMISARÍA DE POLICÍA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (680/000266).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Perestelo Rodríguez. Tiene la palabra su señoría.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro. En primer lugar le diré que hoy es uno de esos días en los que uno se siente más solidario con el Gobierno, y sin duda también con el Ministerio del Interior.
Y paso ya a formular mi pregunta, anunciándole que no voy a hacer uso del turno de réplica.


En 1998 el Cabildo de La Palma firmó un convenio con el Ministerio del Interior para la dotación de medios materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a tal fin el cabildo invirtió 50 millones de pesetas. Por otro lado, se nos dijo que la plantilla de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la isla se incrementaría en los años sucesivos en 14 efectivos; por ello, si en 1997 había 49 policías en 2000 debería haber habido 63 agentes. Sin embargo, recientemente el Gobierno citaba el número de plazas en 57, y las vacantes, en siete, aunque en declaraciones de los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía se indicaba que ni siquiera están cubiertas las 57 plazas señaladas por el Gobierno.
Por otra parte, en 2001 el Senado aprobó una iniciativa de Coalición Canaria, defendida por la senadora Claudina Morales, a través de la cual se instaba al Gobierno a continuar implantando los servicios de atención a la mujer en las comisarías de policía de las islas Canarias. Pero hasta la fecha no sabemos el estado de tramitación en que se encuentra la creación de dicho servicio de atención en la isla de La Palma. Como usted sabe perfectamente, señor ministro, dicha isla cuenta con una sola comisaría en la que, no sólo no se ha creado ese servicio, sino que ni siquiera existía una mujer policía que pudiera atender ese tipo de necesidades, aunque recientemente, creo que hace sólo dos días, después incluso de presentar esta pregunta, se ha incorporado una. Por ello, espero que por lo menos se incluya una mujer por cada turno de forma previa a la creación de ese servicio en la isla de La Palma.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Cuerpo Nacional de Policía tiene en estos momentos 53 servicios de atención a la mujer desplegados por todo el territorio nacional. Por otro lado, para 2005 la Comisaría Nacional de Policía Judicial tiene previsto impulsar la creación de los servicios de atención a la familia en las provincias en que éstos faltan, hasta alcanzar todas las comisarías provinciales, salvo las del País Vasco y Cataluña, así como potenciar los 53 servicios ya existentes.
En la actualidad el número total de funcionarios que desempeña su trabajo en los servicios de atención a la mujer es de 272, estando previsto que durante 2005 se aumente en 144 funcionarios, hasta llegar a los 416.
Igualmente, durante este año está previsto crear un total de seis nuevos servicios de atención a la mujer, con 55 nuevos funcionarios, de los cuales tres estarán en la Comunidad Autónoma Canaria: uno, en Fuerteventura, otro, en La Palma, y otro en Lanzarote, con un total de 27 nuevos agentes.
Como verá, el Gobierno está realizando un importante esfuerzo por dotar a la comunidad canaria de los medios personales y materiales necesarios para cubrir las necesidades en materia de atención y protección a la mujer y en general en la lucha contra la intolerable lacra que es la violencia de género.
Por lo demás, le agradezco mucho su amabilidad.
Gracias, señor presidente.


--DE DON JOSÉ ANTONIO SACRISTÁN RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EXISTIÓ IMPREVISIÓN POR SU PARTE AL NO DESPLEGAR SUFICIENTES EFECTIVOS POLICIALES EN LA MANIFESTACIÓN DEL PASADO DÍA 22 DE ENERO DE 2005 EN MADRID (680/000268).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Sacristán Rodríguez.
Su señoría tiene la palabra.

El señor SACRISTÁN RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, permítanme que antes de entrar en el objeto de esta pregunta, y en relación con el vil atentado terrorista llevado a cabo hace unas dos horas en Madrid, en nombre del Grupo Popular deje clara constancia de nuestra absoluta repulsa, nuestra solidaridad con las víctimas y familiares y nuestra total confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Usted sabe bien, señor ministro, que en la lucha contra el terrorismo el Gobierno siempre contará con el apoyo del Partido Popular. Y permítame que una vez más insistamos en que con el terrorismo no cabe el diálogo ni la negociación ni el apaciguamiento; sólo la lucha con ellos hasta su desaparición total.
Dicho esto, paso a formular la pregunta objeto de este trámite. Señor ministro, el pasado día 22 de enero tuvo lugar una manifestación en Madrid, convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo bajo el lema: Memoria, dignidad y justicia con las víctimas del terrorismo. El número de asistentes, siempre discutible y muy difícil de cuantificar, fue, según algunos testigos presenciales, cercano a las 100.000 personas.
El jefe superior de Policía de Madrid ha estimado esta cifra en 35.000 y usted mismo, señor ministro, en su comparecencia de hace unos días ante el Congreso hablaba de no menos de 35.000 asistentes. En todo caso era un número muy importante de ciudadanos.
Por el contrario, es algo generalizado, y yo diría que incluso existe unanimidad al respecto, el reconocimiento de la escasa presencia policial en la manifestación, que fue muy inferior a la lógica en función del número de participantes en la misma, motivo éste por el que le formulo mi pregunta: ¿Considera el Gobierno que existió improvisación por su parte al no desplegar suficientes efectivos policiales en la manifestación celebrada el pasado 22 de enero de 2005 en Madrid?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias de nuevo, señor presidente, y gracias también a usted, señor senador, por su apoyo y por el de su grupo.


Efectivamente, el atentado terrorista de esta mañana es, como todos, un vil atentado frente al que el Estado de Derecho va a responder con toda la contundencia que le da la razón ética, la legitimidad moral y, desde luego, la fortaleza de sus leyes y de sus instituciones. Tarde o temprano derrotaremos al terrorismo desde la unidad de los demócratas, y lo haremos mediante un ejercicio de normalidad democrática como el de hoy.
A continuación voy a responder a su pregunta haciendo uso de ese ejercicio de absoluta normalidad democrática. La respuesta a la misma es que no. En dicho acto se adoptaron las medidas que los responsables policiales estimaron necesarias, teniendo en cuenta la información obrante en su poder y su experiencia en este tipo de manifestaciones. En la reunión preparatoria que se celebró con la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la Delegación del Gobierno de Madrid el día 20 de enero se estimó, por parte de los miembros de la asociación convocante, una asistencia de unas 2.000 personas. Según la documentación de dicha asociación, que remitió a la Delegación del Gobierno, se estableció un servicio de seguridad en dicha manifestación compuesto, como usted sabe, por personal voluntario. Así pues, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas en la Delegación del Gobierno a cubrir y manejar el orden en la manifestación basaron su decisión en los siguientes puntos:
la estimación de la asistencia de unos 2.000 asistentes, a la que ya me he referido; la existencia de un servicio de seguridad propio, así como las características de la manifestación y el objeto de la misma, que no hacía prever ningún tipo de incidente. El objeto de la manifestación era, como ya he dicho en sede parlamentaria, decente, y desde luego, absolutamente pacífico, y no había por qué entender de antemano que allí se iba a producir ningún tipo de incidente como los que lamentablemente se produjeron en definitiva.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.

El señor SACRISTÁN RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hemos empezado la mañana con coincidencias, y eso es algo que me parece muy positivo. No obstante, estimo que su respuesta no es completa. Y le digo esto porque la experiencia, y usted se ha referido a ella, demuestra, y creo que por supuesto usted tiene conocimiento de ello, que en cualquier manifestación tan numerosa, como ésta de la que estamos tratando, es relativamente frecuente que aparezcan grupos de descerebrados que intentan aprovechar la ocasión, y por supuesto, el anonimato, para defender sus intereses, o como dice la ley, para impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio del derecho a manifestarse pacíficamente. Y quede claro que no estoy diciendo que en esta manifestación se haya dado este caso, sino que a ustedes les ha sobrepasado con mucho la previsión de asistentes a la misma, que el operativo policial que montaron era claramente inferior al oportuno y que podía haberse producido un serio altercado que sólo el buen comportamiento de los asistentes evitó. También sabe usted, señor ministro, que la autoridad gubernativa, repito, es quien tiene por ley el encargo de proteger las manifestaciones contra estos frecuentes indeseables.
Esperaba, señor ministro, que usted nos hubiera dado cuenta, por ejemplo, de cuál era la composición del operativo policial que montaron, del número de agentes que participaron, de los medios de los que dispusieron, así como de las precauciones adoptadas.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.

El señor SACRISTÁN RODRÍGUEZ: Sí, señor presidente.
¿Dispuso la policía, por ejemplo, de la utilización de videocámaras móviles? Eso hubiera sido definitivo para poder detectar y probar cualquier actuar irregular. Señor ministro... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señorías, senador, le insisto en que no puedo estar de acuerdo. La policía ante una manifestación, que se prevé --dada la calidad de los convocantes y el objeto de la misma-- absolutamente tranquila, dicta una orden de servicio con efectivos suficientes. Esta orden la discute con la Delegación del Gobierno y se mandan los efectivos policiales que hay que mandar. Le insisto en que eran adecuados a las características de la manifestación de la que estamos hablando: convocatoria de la asociación de víctimas del terrorismo en reivindicación del estatus de las víctimas del terrorismo. No tenía por qué haberse producido ningún tipo de problema. Por lo tanto, no era previsible ningún tipo de problema, por lo que los efectivos policiales que se mandaron fueron suficientes. De hecho, cuando se produjeron los incidentes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la policía, actuó con diligencia, sacando de la manifestación al ministro de Defensa cuando fue increpado, zarandeado y cuando se produjeron todas las secuencias de acontecimientos que su señoría conoce perfectamente.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DE DON JOSÉ JOAQUÍN PEÑARRUBIA AGIUS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS MOTIVOS DEL RETRASÓ EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS Y LA PRODUCTIVIDAD TRIMESTRAL A UNA GRAN PARTE DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA (680/000269).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Peñarrubia Agius.
Tiene la palabra su señoría.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, como es natural, me sumo a las palabras que en nombre del Grupo Parlamentario Popular ha pronunciado mi compañero el senador don José Antonio Sacristán. Asimismo, quiero felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la detención esta madrugada de un comando etarra.
Y al hilo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y entrando en el contenido de la pregunta, le formulo la siguiente: ¿Por qué razón se ha producido un retraso en el pago de los servicios extras y la productividad trimestral a una gran parte del Cuerpo Nacional de Policía? Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Gracias, señor senador, por sus palabras de apoyo. Le digo lo mismo que a su compañero y, en general, que al resto de los parlamentarios de su grupo y de los demás grupos, de los cuales me consta su solidaridad.
Gracias también por la felicitación por las importantes detenciones de esta madrugada, felicitación que recibo en nombre de la policía.
Contesto a su pregunta. El complemento de productividad que perciben los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía es propuesto para su percepción a mes vencido y se incluye en la nómina de haberes que se está confeccionando en ese momento. Igual ocurre con la nómina mensual de retribuciones, que se cierra en los últimos días del mes y se abona en los últimos días del mes a los que los haberes corresponden. Los servicios extraordinarios ni tienen la condición de retribución fija ni se perciben con carácter mensual o periódico, sino que se devengan cuando dichos servicios extraordinarios se han prestado por parte de los funcionarios, por lo que no se puede prever de antemano presupuestariamente el importe que se va a necesitar para atender al gasto. Lo mismo ocurre con el complemento de productividad por objetivos que se devenga, como su propio nombre indica, en función de los logros de los objetivos alcanzados y de conformidad con las evaluaciones obtenidas durante el trimestre que corresponda.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS : Gracias, señor presidente.
Señor ministro, a punto de cumplir su primer año de Gobierno yo creo que no es hora de justificaciones ni de excusas, y nunca mejor dicho, de mal pagador, ni de mirar hacia otro lado ni de culpar a los demás ni de decir aquello de «yo no he sido, yo no he sido», a lo que tanto ha recurrido usted en estos últimos días.
Es momento de cumplir con lo establecido y también con los compromisos electorales concretados además una vez que ganaron las elecciones, tanto por usted como por el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero.
En ese sentido, anunciaron a los sindicatos policiales que no habría retrasos en la percepción de estos complementos. Anunciaron a los sindicatos policiales, en una reunión que usted calificó de histórica, que ya era una realidad la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con otros cuerpos policiales. Anunció con más solemnidad en la academia de Avila el señor Rodríguez Zapatero está misma cuestión.
El incumplimiento de sus compromisos, el retraso en las percepciones, la no equiparación salarial, además de dejar al descubierto una demagogia irresponsable, supone una falta de sensibilidad hacia unos servidores públicos que no se lo merecen y que se sienten engañados por su ministro del Interior.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Senador, al margen del grueso de las palabras que usted me ha dirigido sí que tengo que replicarle, de una manera mucho más fina, que nosotros vamos a cumplir nuestros compromisos electorales. No se preocupe. El problema es que nos hemos encontrado con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bastante bajas en términos de efectivos, bastante descapitalizadas después de ocho años de Gobierno del Partido Popular, y en condiciones salariales injustas conocidas por todos. Y eso nos va a forzar a un esfuerzo presupuestario sostenido para adecuar el catálogo de puestos de trabajo, el práctico, el déficit del 20 por ciento que nos dejaron al teórico, para adecuar las retribuciones salariales a los niveles de justicia que son propios de la importancia del servicio que prestan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en general, a la mejora de la policía que se lo merece y de la Guardia Civil naturalmente.
La demora mínima a la que usted se refiere fue de un mes respecto de la percepción de los servicios extraordinarios realizados en septiembre. El retraso de un mes y medio en la productividad por objetivos relativa al tercer trimestre tuvo un único motivo que ya le he explicado: la especialidad de que el importe de estos complementos retributivos no son conocidos a priori. Nadie puede adivinar cuáles y cuántos son los servicios que se van a prestar y, por tanto, nadie puede hacer previsiones presupuestarias, por lo que es necesario realizar los ajustes pertinentes para habilitar los créditos necesarios para su pago.
El apoyo en esta materia y en todas del Gobierno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es perfectamente conocido por todos los funcionarios y también por

sus sindicatos con los que mantenemos y queremos seguir manteniendo una excelente relación.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DE DON ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN POLICIAL QUE SE HAN SEGUIDO EN LA DETENCIÓN DE DOS CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, TRAS LOS INCIDENTES PRODUCIDOS EN LA MANIFESTACIÓN DEL PASADO 22 DE ENERO DE 2005 EN MADRID (680/000272).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Beteta Barreda. Tiene la palabra su señoría.

El señor BETETA BARREDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la normalidad democrática hace que podamos desde el Grupo Parlamentario Popular manifestarle nuestro apoyo a la lucha contra el terrorismo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra energía y nuestros mejores deseos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta importante labor. No dudamos de que ustedes están también comprometidos al cien por cien en esto junto con la crítica que le tengo que hacer sobre la gestión que llevaron a cabo en la manifestación organizada por las víctimas del terrorismo, puesto que después de los incidentes acaecidos en dicha manifestación yo creo que ustedes vieron la ocasión de propiciar un nuevo episodio de linchamiento al Partido Popular aún a costa de atropellar los derechos de dos ciudadanos madrileños afiliados al Partido Popular en una operación político-policial.
Es por ello, señoría, por lo que le pregunto qué criterios de actuación policial se han seguido bajo la dirección del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid en la detención de dos ciudadanos tras los incidentes producidos en la manifestación del pasado sábado en apoyo de las víctimas del terrorismo.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, senador, por el apoyo que ha demostrado, así como los compañeros de su grupo parlamentario.
En ejercicio de la normalidad democrática tengo que decirle un par de cosas muy claras. Usted ha hecho un juicio de intenciones que no es cierto, es falso, y yo prefiero ceñirme a la racionalidad de los hechos y a la racionalidad de la aplicación de la ley. He explicado reiteradas veces en sede parlamentaria en la otra Cámara que han sido los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía, tal y como les corresponde legalmente, los que realizaron las investigaciones, valoraron los hechos, analizaron las evidencias y consideraron oportuno citar a declarar a dos ciudadanos de este país al margen absolutamente de cuál es o deja de ser su afiliación política, cuestión en la que ni el Ministerio del Interior en su estructura política, ni mucho menos en su estructura profesional, entra ni deja de entrar. El atestado, por consiguiente, lo realiza la policía, y todas las decisiones que se toman en el mismo son decisiones exclusivamente profesionales, exclusivamente ceñidas a la legalidad y sin interferencia alguna del poder político. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.

El señor BETETA BARREDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, todavía no se sabe ni se entiende por qué la Jefatura Superior de Policía encomienda a la Brigada Provincial de Información la investigación de los dos tipos de incidentes, cuando lo normal es que un incidente de orden público lo instruya la Brigada de Seguridad Ciudadana.
Es una primera cuestión que tenemos que aclarar.
Segunda cuestión que hay que aclarar. El delegado del Gobierno, tras reunirse con representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, indicó que la policía tiene documentos gráficos que permiten facilitar la identificación, y mañana les pondremos nombre y apellidos. Todo esto ocurrió el día 24 de enero.
El día 25 de enero por la mañana el delegado del Gobierno dice que aún no se han producido detenciones, pero a las diez de la mañana de ese día don Isidoro Barrios ya recibe la llamada de la policía anunciando su detención. Por la noche, en un comunicado en términos muy jurídicos se dice por la Delegación del Gobierno que fueron voluntariamente a declarar, pero posteriormente que lo hicieron en condición de imputados con letrado.
¿Qué ocurrió en el seno de las actuaciones de la policía? El jefe de la Brigada de Información aparta del caso al inspector de Guardia, don Adolfo Ruiz, por negarse a tomar declaración como detenidos a los dos afiliados, pasando la instrucción a don Heliodoro Cruz, quien llega a la misma conclusión. Don Miguel Angel Fernández Rancaño tiene que mediar para evitar el cese del encargado de las diligencias.
Señor ministro, los sindicatos policiales, tanto la CEP como el SUP, han exigido que se haga una investigación sobre este asunto. Todo ello fue el 27 de enero. El 28 de enero ya se ha publicado que 14 policías niegan las agresiones físicas al ministro Bono. Ese mismo día la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria creen que es improcedente arrestar a alguien sólo para comprobar su implicación, sólo se debe detener cuando existen sospechas fundadas de la comisión de un delito. Usted recientemente, el día 3, en el Congreso eludió la responsabilidad y dijo que era responsabilidad de la policía. A ellos ya le han contestado los sindicatos,

tanto CEP como SPP y SUP, que le dicen que no eluda sus responsabilidades.
Señor ministro, la actuación del delegado del Gobierno fue lamentable y debe dimitir. Señor ministro, no se puede atropellar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Señor ministro, no se puede criminalizar a la oposición política condenándola a pena de banquillo, condenándola a la prensa. Señor ministro, no nos van a asustar a aquellos que estamos en desacuerdo (Rumores)...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.

El señor BETETA BARREDA: Termino, señor presidente. (Fuertes rumores.) No nos van a asustar a aquellos que estamos en desacuerdo con su política. Y tantas cuantas veces tengamos necesidad de ir a la calle a manifestar nuestras opiniones, lo haremos. No nos van a asustar. (Fuertes rumores.
-- Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente. Gracias, senador.
Por más que ustedes se empeñen, la investigación criminal se produce a través de la mediación y dirección de la ley, es decir, del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la comparecencia a que usted ha hecho referencia yo di cuenta, y lo demostré, de que en este caso también había sido así, como en cualquier otro.
Yo le pedí un informe al delegado del Gobierno --se lo repito aquí, como hice con sus compañeros en el Congreso de los Diputados--. El delegado me explicó cuál había sido la secuencia de los hechos, y me dijo clarísimamente que no había dado orden ni consigna política alguna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni a la Policía. Y el comisario jefe encargado de todo el operativo también me lo dijo por escrito. Y así se lo conté a sus compañeros.
Ustedes hacen una cosa que desde luego es cuestión suya: hacen un juicio de intenciones sobre los hechos acontecidos. Yo no voy a hacer un juicio de intenciones, ¿pero sabe por qué? Porque no es tarea de los políticos.
Los juicios de valor sobre hechos y sobre indicios racionales los tiene que hacer la policía en el momento policial y, desde luego, los jueces en el momento judicial. Es tarea exclusivamente profesional y exclusivamente mediada por la ley, por el Código Penal y por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Finalmente quiero insistirle en que nosotros no tenemos ningún interés en descontar, en desgastar ni hacer nada para con el Partido Popular. El Partido Popular sabrá lo que hace con sus militantes. (Fuertes rumores.) Lo que yo le puedo decir es que por parte de la estructura política del Ministerio del Interior se actuó con toda limpieza, y que por parte de la estructura profesional se actuó asimismo con toda limpieza y con ajuste al principio constitucional de legalidad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DE DOÑA MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI EL MINISTERIO DE JUSTICIA SIGUE MANTENIENDO EL CRITERIO DE QUE ES «JURÍDICAMENTE DESCABELLADA» LA DETENCIÓN DE DOS MANIFESTANTES POR EL HECHO DE PERTENECER A UN PARTIDO POLITICO (680/000273).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Vindel López. Tiene su señoría la palabra.

La señora VINDEL LÓPEZ: Señor presidente, voy a relatarles tres hechos objetivos. A finales del mes pasado, y con ocasión de la manifestación convocada en Madrid por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se detuvo ilegalmente... (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, guarden silencio.

La señora VINDEL LÓPEZ: Decía que se detuvo ilegalmente a dos ciudadanos que participaron en ella. Y además, señorías, se da la circunstancia de que esos dos detenidos son militantes de mi partido, el Partido Popular, no del suyo. (Fuertes rumores.) Desde esos días, señor presidente, y casi hasta hoy, hemos tenido noticias del ministro del Interior y del delegado del Gobierno en Madrid a través de tres notas de prensa --señorías, ¡lo que pudo alumbrar este hombre en 48 horas!-- con una serie de calificaciones e imputaciones --en una de esas notas se decía lo que por ley les correspondía a otros--, y hemos tenido hasta filtraciones policiales. Pero, señor presidente, de quien no hemos oído nada es del señor López Aguilar, que se ha convertido, señorías, en el primer ministro de Justicia de la democracia española al que le detienen ilegalmente a dos ciudadanos sin que haga nada por restaurarles sus derechos constitucionales. (Fuertes rumores.) Ya sé que esto no les gusta, señorías. Y ocurre que el señor López Aguilar, en marzo del año pasado, declaró textualmente que era jurídicamente descabellado perseguir penalmente a unos manifestantes.
Mi pregunta, señor presidente, iba dirigida al único responsable de esas declaraciones, al señor López Aguilar, y dice textualmente lo siguiente:
¿Sigue manteniendo el ministro de Justicia el criterio de que es «jurídicamente descabellada» la detención de dos manifestantes por el hecho de pertenecer a un partido político? Pues bien, señor presidente, no veo en el hemiciclo al ministro de Justicia (Fuertes rumores.), cosa harto anómala, señorías, puesto que no ha notificado a la Cámara su ausencia en tiempo y forma. De esto se deducen dos cosas: en primer lugar, que el señor López Aguilar ha optado por seguir participando con su silencio

en esta inmensa farsa. En segundo lugar, que el señor López Aguilar también ha optado por evitar su obligación constitucional de someterse al control parlamentario de esta Cámara.
Señorías, no sé cuál de estas dos cosas me parece más grave, pero, señor presidente, es que el Gobierno pretende hoy un imposible: que el señor Alonso, que evidentemente no es el señor López Aguilar, se transforme en el señor López Aguilar, y que una vez transformado en el señor López Aguilar nos diga si hoy el señor López Aguilar mantiene o no lo que el señor López Aguilar dijo hace casi un año. (Fuertes rumores.) Es un jeroglífico al que sólo puede contestar el señor López Aguilar.
Como no creemos, señor presidente, que el ministro Alonso nos vaya a leer una carta notarial del señor López Aguilar --sería muy extravagante-- ni que el señor Alonso, con su buena fe, se erija hoy en portavoz de nada ni de nadie en lo que se refiere a la contestación de esta pregunta y no queremos que el señor Alonso sea recadero de nadie, se retira la pregunta, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Usted ha intervenido y seguramente el ministro del Interior quiera contestar a la pregunta que ha sido retirada. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Tiene la palabra el ministro del Interior. (Fuertes protestas.
--Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: Pero, ¿en qué país vivimos? ¡Esto es un cachondeo!) Señorías, ruego guarden silencio. (Rumores.) Ruego guarden silencio.
Tiene la palabra el ministro del Interior. (Rumores.
--Fuertes protestas.
--El señor Agramunt Font de Mora: A mí no me dejó hablar el otro día.) El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente. (El señor Agramunt Font de Mora: ¡No está bien!) Voy a poner de relieve tres evidencias.
Primera, al ministro López Aguilar se le pregunta en su calidad de miembro del Ejecutivo, y tengo que recordar que el Gobierno responde solidariamente de su gestión.
Segunda, tengo que recordar que, según la Constitución --nada menos--, la potestad jurisdiccional corresponde a los jueces y tribunales, y, por tanto, la facultad para investigar y enjuiciar los hechos que ocurren, por ejemplo, en esta manifestación. Ignoraba que esa facultad o potestad jurisdiccional se hubiera trasladado ahora a la señora senadora.
Tercera, las manifestaciones que hizo en su día el ministro de Justicia calificaban unos hechos bien distintos de los que usted, señora senadora, pretende vincular en su pregunta.
Por supuesto que es jurídicamente descabellado pretender, como intentó en su día el anterior fiscal general del Estado, el señor Cardenal, interesar a todas las fiscalías para que cursaran judicialmente las denuncias presentadas genéricamente contra las personas que se concentraron en las sedes del Partido Popular el sábado 13 de marzo, sin ni si quiera estudiarlas previamente. ¿Sabe por qué? Porque el estudio previo lo exige la ley, en concreto el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Al margen de eso, señor presidente, quiero decir una cosa muy clara.
Lamento que algo tan periférico, a mi entender, como lo que nos ocupa en relación con esta pregunta --legítima, por otra parte-- empañe las dos cosas que sí están presentes en la mesa pública y a las que se han referido algunos miembros del Grupo Parlamentario Popular en el Senado:
las detenciones del aparato de captación e infraestructura de organización terrorista y el atentado terrorista... (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
--El señor Conde Bajén: ¡No utilice eso! ¡Tenga un poco de vergüenza, hombre!)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
Concluya, señor ministro. (Rumores.) El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Finalmente, quiero decirles, señores senadores del Partido Popular, que, a pesar de todo, creo que es mucho más lo que nos une en todo esto que lo que nos separa. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.
--Rumores.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. (El señor Agramunt Font de Mora: ¡Muy mal, señor presidente! ¡Muy mal!)

--DE DON DIONISIO GARCÍA CARNERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FORTALECER EL CONTROL DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS ILEGALES DURANTE EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN (680/000274).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador García Carnero. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio.

El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.
Recordará el señor ministro, como creo que lo hacen todos los españoles, aquellas proclamas que hace tan sólo un año lanzaban numerosos dirigentes de su partido sobre el tema de la inmigración; aquello de «papeles para todos» llenó los titulares de toda la prensa hace sólo un año.
Aquella actitud, a nuestro juicio muy poco responsable, ha continuado, pero se ha visto agravada con las actuaciones de los máximos dirigentes y responsables del Gobierno en materia de inmigración. El propio ministro Caldera y la secretaria de Estado han hecho anuncios reiterados

y a veces contradictorios de un proceso de regularización de inmigrantes en España. Estas --insisto-- irresponsables actitudes, tanto en la oposición como ahora en el Gobierno, han extendido por todo el mundo, por todos los continentes, la idea de que España es un país chollo para legalizarse, que es un país fácil, que llegar a España es garantía de obtener papeles. Y eso, que en el mundo periodístico se conoce como el «efecto Caldera», ha hecho que por miles --y no exagero nada, señor ministro-- estén llegando a España en los últimos meses falsos turistas, que en realidad son inmigrantes deseosos de papeles. Inmigrantes de Africa, de América, de Asia, de Europa, incluso de países de la Unión Europea donde están en situación irregular vienen a España bajo esa llamada de lo que hemos denominado «efecto Caldera» esperando conseguir papeles.
Frente a eso, señoría, las fuerzas de seguridad, que son las que tienen por obligación y por responsabilidad controlar nuestras fronteras, se encuentran --como usted seguramente conocerá y todos hemos podido comprobar a través de numerosos reportajes periodísticos y de televisión, alguno de hace bien pocos días-- absolutamente desbordadas.
Por eso parece bastante sensato que nosotros queramos saber qué medidas piensa adoptar el ministerio que usted dirige, el Ministerio del Interior, para fortalecer ese control necesario en las fronteras españolas, que dejen de ser --insisto-- un coladero para falsos turistas que lo que realmente quieren son papeles.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, presidente.
Gracias, senador.
Tengo que negarle la mayor: el proceso de normalización previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto de 30 de diciembre del año pasado, por el que se aprueba el Reglamento de la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros, no es en absoluto un proceso de regularización incondicional de extranjeros en situación irregular, como parecen sugerir su pregunta y su intervención, sino un proceso de normalización de la situación de aquellos trabajadores extranjeros que cuenten con un contrato de trabajo real. Por otra parte, sólo pueden acogerse a este procedimiento los extranjeros que hayan llegado a España al menos seis meses antes de la entrada en vigor del reglamento y que carezcan de antecedentes penales. Y además tengo que recordarle que todo esto surgió de un amplísimo consenso entre las fuerzas políticas y sociales.
La Orden de 2005 del Ministerio de la Presidencia ha desarrollado el procedimiento aplicable al proceso de normalización y especifica que, en todo caso, para concederse la autorización de residencia y trabajo el trabajador extranjero no deberá tener prohibida su entrada en España, salvo que dicha prohibición de entrada, como es lógico, se derive exclusivamente de una resolución de expulsión no ejecutada. Asimismo, la mencionada orden prevé un dispositivo de seguimiento del proceso a fin de reforzar los mecanismos de lucha contra la inmigración irregular durante el período de normalización y en los meses posteriores a la finalización del plazo para la presentación de solicitudes dentro del mismo. A tal efecto, solamente una vez cumplida la condición de afiliación y/o alta del trabajador extranjero en la Seguridad Social la autorización de residencia y trabajo comenzará su período de vigencia. Transcurrido el plazo de un mes desde la notificación de la autorización sin que se haya cumplido la condición señalada, la autorización quedará sin efecto.
Es decir, que en toda la regulación reglamentaria del proceso de normalización se prevén mecanismos más que suficientes para que no exista el efecto llamada que usted ha sugerido ahora y al que se ha referido su grupo parlamentario reiteradamente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene cuatro segundos el senador García Carnero.

El señor GARCÍA CARNERO: Gracias, señor presidente.
Negar la mayor, señor ministro, es negar la evidencia. Yo lo que sí deduzco --salvo que se reserve usted para cuando ya no pueda replicarle-- es que usted no ha contestado a lo que le pregunto, es decir, que el ministro del Interior nos acredita hoy aquí ante esta Cámara que el Gobierno de España no tiene medidas, no tiene pensada ninguna medida para frenar, para controlar las fronteras que están sirviendo --eso que usted niega-- para que inmigrantes, por miles, entren cada día en España con la única finalidad de obtener papeles, en esta o en posteriores regulaciones. A mí me parece....

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

El señor GARCÍA CARNERO: Termino, señor presidente. A mí me parece que éste es un problema muy serio que ustedes están tratando con una enorme frivolidad. Para tratar con seriedad el problema de la inmigración --que es un grave problema que puede afectar a todos los españoles ahora y sobre todo en los próximos años--, hacen falta dos cosas, que es orden y rigor, orden y control. (Rumores.) Señoría, el desorden, la falta de orden...

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio. Señor García Carnero, concluya.

El señor GARCÍA CARNERO: Termino, señor presidente. La falta de orden la pone el señor ministro Caldera con su reiterado abultamiento de manifestaciones. Y la falta del control --el descontrol-- lo acaba de acreditar usted hoy aquí en esta Cámara.
Gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.
Antes le negaba la mayor y ahora le tengo que negar la subsiguiente. El Gobierno, y más concretamente el ministerio que dirijo, sí ha puesto en marcha una serie de medidas para mejorar el control de fronteras, que tienen un doble carácter estructural, porque es prioridad política del Ministerio del Interior el control de los flujos de inmigración ilegal, como no podía ser de otro modo y, por otra parte, contingencial con motivo de este proceso extraordinario de normalización.
En el pasado mes de diciembre se aprobó la ampliación del catálogo de puestos de trabajo en los principales puestos fronterizos con Francia.
También se creó el puesto de coordinación provincial de fronteras terrestres con sede en La Junquera para mejorar la eficacia y el control en la provincia de Gerona, que es la más afectada, la de mayor tráfico de personas en la frontera con Francia. A ello hay que añadir el incremento en el número de puestos de trabajo en el control fronterizo Madrid-Barajas. En total son 147 nuevos puestos de trabajo los creados específicamente dirigidos a potenciar el control de las fronteras.
Durante varios meses se han venido reforzando también los puestos fronterizos con Francia con efectivos de las unidades de intervención policial con 40 nuevos integrantes. El refuerzo alcanza también al Ayuntamiento de Barcelona, al que se añaden 15 funcionarios, a los que hay que añadir otros 15 a partir de marzo procedentes de la última promoción y cinco al aeropuerto de Reus.
Todas estas actuaciones en materia de efectivos comportan un más complejo dispositivo de control fronterizo, posibilitando en el marco de un adecuado control de fronteras el desarrollo del proceso extraordinario de normalización.
Finalmente, en cuanto al control de los flujos de inmigración irregular que proceden del norte de Africa, el Magreb y del Africa subsahariana, estamos también trabajando; estamos reforzando las fronteras, estamos reforzando --ahí están los Presupuestos del Estado-- el sistema de vigilancia del Estrecho y el sistema de vigilancia de las islas Canarias y estamos actuando en Europa para hacer posible el proyecto MEDA, es decir, la ayuda a Marruecos para que desarrolle también sus propios procesos de control en el marco de una acción política de Gobierno que, señor senador, no tenga ninguna duda, es una acción responsable para controlar la inmigración ilegal.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

INTERPELACIONES:


--DE DON JUAN VAN-HALEN ACEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA FRENAR LA CRISIS DEL CINE ESPAÑOL QUE SE HA PRODUCIDO EN EL AÑO 2004 (670/000033).

El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de preguntas, pasamos al punto segundo del orden del día: interpelaciones. Ha sido pospuesta la interpelación de don Miquel Bofill Abelló, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que tenía que contestar el ministro del Interior, como consecuencia del atentado terrorista que hemos tenido esta mañana en Madrid.
Por lo tanto, pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario Popular, del senador Van-Halen Acedo.
Tiene la palabra su señoría.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Señor presidente, señora ministra, señorías, la última vez que tuve el honor de debatir con usted me mintió. Siento que éste sea un principio un poco desagradable. Ya sabe que mentir, según el diccionario, es decir lo contrario de lo que se sabe, de lo que se piensa o de lo que se cree y, como le digo, siento recordárselo. Pero yo le dije que usted no había contestado a las cartas del alcalde de Alcalá y usted se permitió, en sede parlamentaria, sencillamente mentir, porque al día siguiente, en una rueda de prensa y con su agenda en la mano, el alcalde de Alcalá demostró que lo que usted había dicho aquí era incierto. Esto se lo voy a recordar siempre, mientras no cambie de actitud, porque se puede ser ligero en unas declaraciones de prensa --y usted, a veces, lo es--, pero no se puede ser ligero en el Senado.
He de decirle sinceramente, señora ministra, que el hecho de no contestar las cartas es algo usual en usted, porque he tenido oportunidad de leer en un periódico del pasado 29 de octubre que no contestó a cuatro cartas de la consejera de Cultura de Castilla y León, y que justamente cuando visitó usted Valladolid, delante de testigos, la señora consejera se quejó de esa conducta. Naturalmente, en sus cartas pedía que usted la recibiera --lo mismo que le pedía el alcalde de Alcalá de Henares--, y aunque sé que después la ha recibido, estuvo meses sin contestar a las cartas y sin recibirla. Ya le anuncio que le señalaré, en todas las ocasiones que se me presenten, cuando usted falte a la verdad, y usted y yo vamos a seguir viéndonos en esta Cámara, a no ser que se produzca una remodelación ministerial.
El texto de esta interpelación le es conocido. Estamos aquí para escuchar cuáles son los planes del Gobierno para relanzar la industria de la cinematografía que, además, es un importante bien cultural; y, la moción subsiguiente a esta interpelación, ayudará en lo posible a su reflexión de esta sesión, pero desde el prisma del Partido Popular, porque en el debate de la moción hablaremos nosotros, y ahora le toca hablar a usted sobre sus planes para el cine español.
Vivimos un momento si no de crisis --porque no soy alarmista y nunca lo he sido--, sí de preocupación, después de analizar el informe de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que, entre otros datos
--como usted conocerá bien--, señala la pérdida de tres millones de espectadores en el cine, en el caso de las películas españolas, durante el año 2004 y una reducción importante de las inversiones respecto a 2003. Si en el año 2003, 21,7 millones de espectadores se decantaron por películas españolas,

en el 2004, sólo lo hicieron 18,7 millones; y, mientras tanto, el cine norteamericano, el hermano mayor, el gigante, tuvo 115,7 millones de espectadores durante el año 2003 y esta cifra aumentó hasta los 121,7 de espectadores, durante el año 2004. Además, hay que consignar un dato preocupante: el 50 por ciento de los españoles manifiesta abiertamente, en una encuesta publicada, su rechazo al cine español.
Sé bien que usted, señora ministra, ya ha sacado su conclusión y, se lo digo de verdad, no me sorprende. Tengo aquí dos declaraciones realizadas por usted: una, al diario «ABC» y, otra, a la agencia Europa Press, coincidentes en el fondo. En el «ABC» del 27 de enero dijo: Este problema lo hemos heredado; estas cifras se heredan de una política hecha en la segunda legislatura --supongo que no se refiere a la constitucional sino a la del Partido Popular--, 2000-2004, bastante hostil a la gente del cine. En Europa Press, el 29 de enero, dijo lo siguiente: El problema del cine lo hemos heredado; estos resultados son producto de los últimos años y de 2004, en el que nosotros llegamos al Ejecutivo, con los presupuestos decididos y las decisiones ya tomadas en esta materia. Luego afirma otra cosa que no le voy a adelantar antes de tener la oportunidad de escuchar sus palabras, porque quiero suponer que no se va a atrever a repetirla esta mañana porque es absolutamente falsa y aunque es posible que estas alegrías se las pueda permitir en la prensa, no creo que pueda hacerlo en el Parlamento. ¡A ver si usted diferencia una cosa de otra! Señora ministra, usted dice que cuando llegaron al poder ya estaban las decisiones tomadas, ya estaban hechos los presupuestos y algunas decisiones prioritarias adoptadas, pues venturosamente llegaron al poder, tal y como dijo «The Wall Street Journal»: Presidente por accidente.
En este sentido, señora ministra, he de decirle que el fondo de protección a la cinematografía había alcanzado ya una cifra que, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, ustedes consideraron y vendieron como un gran aumento. El Gobierno del Partido Popular aumentó la consignación para 2004 mediante crédito extraordinario. Tenía previsto, y así se había anunciado en los medios de comunicación, consolidarlo en los presupuestos de 2005 porque así lo establecía la Ley de Fomento y Promoción de la Cinematografía de 9 de julio de 2001, no era ningún regalo.
Usted ha vendido muy bien, o eso cree, que las asignaciones presupuestarias al cine habían aumentado en 2005 un 89 por ciento respecto al año anterior, pero, naturalmente, no era cierto. El conocido productor Andrés Vicente Gómez, al que no acusará usted de pertenecer al Partido Popular, y con el que compartí trabajo hace muchos años, cuando los dos empezábamos, porque yo en aquel tiempo estaba en el mundo del cine, cuando se dijo que se habían aumentado las consignaciones, declaró, en palabras textuales, que sólo se habían cumplido los compromisos de la ley del cine que aprobó el Partido Popular. O sea, en los presupuestos de 2005 se aumentan realmente en tres millones las consignaciones de 2004, pero ese aumento, como usted sabe muy bien, se destina a la deuda anterior. Por otra parte, ya en 2003 las consignaciones para el Fondo de Protección de la Cinematografía habían alcanzado 60 millones. La evolución de este fondo, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en 1996, aumentó de los 18 millones a los 60 millones de 2004.
Supongo, señora ministra, que ésa es la herencia a la que usted se refirió en sus entrevistas del pasado mes, en las que achacaba al Partido Popular el preocupante estado de nuestra cinematografía. O sea, que según su pintoresca opinión en las entrevistas a las que me refiero, ese 50 por ciento de españoles que manifiesta abiertamente su rechazo al cine español, hubiera tenido que tomar esa actitud solidarizándose con la actitud hostil a la gente del cine del Partido Popular en los últimos años. ¡Qué cosas! Pero hay más herencia, señora ministra. Precisamente, en esos supuestos años negros entre 2000 y 2004 a los que usted se refiere, se aprueba con un amplio respaldo del sector --y basta leer las comparecencias parlamentarias previas en comisión y el propio debate de la ley-- la Ley de Fomento y Promoción de la Cinematografía, el Real Decreto de 14 de junio de 2002 y la Orden Ministerial de 22 de julio de 2003. La ley permitió que España contara por primera vez con un sistema objetivo de ayudas automáticas: Fondo de Protección de la Cinematografía por ley, participación de las televisiones en apoyo al cine español, desgravaciones fiscales a las inversiones y cuotas de pantalla. Para los Presupuestos Generales del Estado de 2005 el Partido Popular propuso por vía de enmienda una serie de medidas que hubieran resuelto algunos de los problemas del cine, sobre todo de financiación, pero esas enmiendas no se encontraron con el buen rollito ni el buen talante, sino con la prepotencia y se quedaron por el camino.
Señora ministra, en su comparecencia en el Senado, celebrada el día 24 de junio de 2004 para explicar las líneas generales de la política de su ministerio, dedicó al cine un minuto. Relea usted el «Diario de Sesiones» con el reloj en mano y lo comprobará, sólo dijo vaguedades. Claro, que no es más explícito el programa con el que su partido, el PSOE, concurrió a las elecciones del 14 de marzo, en el que se dedican al cine exactamente siete líneas --las tengo aquí reproducidas, no se las voy a leer porque supongo que las conoce--, y todo lo que dice ya está recogido en la Ley de Fomento y Promoción de la Cinematografía. No se anuncia ni una sola medida, son siete líneas, sin una idea original, una prueba más de que ustedes redactaron un programa de aluvión que, por cierto, bajaron de la página de Internet al día siguiente de las elecciones.
Usted, señora ministra, y sus compañeros de Gabinete no han hecho otra cosa que negar la evidencia cuando se trata de juzgar la gestión de gobiernos anteriores. «Al Partido Popular ni agua», parece ser su consigna, y el cine no podría ser una excepción. Además, les han seguido los «pancarteros» de oficio que pedían su afecto. Cuando usted fue nombrada dijo que trataría al cine con afectos especiales. Yo creo que el departamento de ideas geniales, el «DIG», que tienen ustedes, salvo acusar al Partido Popular del maremoto de Asia, nos ha acusado de todo.
Usted misma no estuvo acertada cuando dijo, con su desparpajo habitual, que los años de gobierno del Partido

Popular habían sido la causa de la situación actual de nuestra cinematografía. Usted fue injusta, la realidad es la contraria; los mejores años del cine español en democracia -- y se lo voy a demostrar-- han sido cabalmente los años de gobierno del Partido Popular. Las cifras cantan, por mucho que a usted le molesten, las quiera ignorar o, a lo peor, las tergiverse. En la segunda legislatura de gobierno del Partido Popular, 2000-2004, se llegó a cifras nunca alcanzadas en número de espectadores. En muchas películas se superó el millón de espectadores, con más de seis y cinco millones de espectadores, por ejemplo, con «Los otros» y «Torrente 2» en 2001. De las cifras oficiales de su ministerio, que usted sin duda conoce, señora ministra --por eso me sorprenden más sus acusaciones, o bien pensado, no me sorprenden demasiado--, se desprende que, considerados sólo los largometrajes, en 1983, primer año de gobierno del Partido Socialista, las producciones fueron 99, cifra muy inferior a la de años anteriores: en 1980, 118 películas; en 1981, 137; en 1982, 146. Desde entonces, con los gobiernos socialistas, las producciones descendieron: en 1984, 75; en 1985, 77; en 1986, 70; en 1987, 69; en 1988, 63; en 1989, 48, y en 1990, 47. En los años siguientes siguen estas cotas. En el año 1996, primer año de gobierno del Partido Popular, las producciones fueron 91; en el año anterior, 1995, con un gobierno socialista, las producciones fueron 59, y, señora ministra, precisamente en ese período que usted considera negro para el cine español, por la supuesta hostilidad del PP hacia la gente del cine, Calvo «dixit», las producciones fueron: año 2000, 98; año 2001, 106; año 2002
--ya con la nueva Ley de Fomento y Promoción de la Cinematografía--, 137, y en el año 2003, 110. No debe ser ajeno a esta curva el cambio de criterio en las ayudas a la cinematografía.
Los datos oficiales del ministerio recogen que los filmes que superaron el millón de espectadores fueron más numerosos en la etapa de gobierno del Partido Popular y escasísimos en la etapa de gobierno del Partido Socialista. Centrándonos en el período negro, Calvo «dixit», en el año 2000 dos filmes, «La comunidad» y «Año mariano», superaron cada uno de ellos el millón trescientos mil espectadores. En 2001, año negro también, Calvo «dixit», las cifras fueron de asombro --el mejor año, con mucha diferencia, del cine español--: «Los otros» consiguió 6.242.330 espectadores; «Torrente 2», 5.297.953; «Juana la loca», 1.630.645; «Lucía y el sexo», 1.258.919. El año siguiente, año negro, Calvo «dixit»: «El otro lado de la cama» consiguió 2.726.871; «Los lunes al sol», 1.602.946; «Hable con ella», 1.152.329; «El hijo de la novia», 1.255.150. El último año de gobierno del Partido Popular la cota fue también buenísima: «La gran aventura de Mortadelo y Filemón», 4.979.991; «Días de fútbol», 2.424.949; «Carmen», 1.353.848; «El oro de Moscú», 1.259.269. Voy a sumar para que no se molesten en hacerlo sus señorías. En la última legislatura del PP, los años negros de hostilidad hacia el mundo del cine, Calvo «dixit», los espectadores totales de cine español, en los cuatro años negros, repito, son los siguientes: 2001, 26.205.964; 2002, 19.018.156; 2003, 21.731.317. Me guardo algunas perlas del año 2004 para mi segunda intervención, después de oír a su señoría, porque hay cosas que a usted no le sorprenderán, pero que tienen cierta gracia.
De todos modos, señora ministra, usted es partidaria de reforzar el cine español, pero perjudicando a los espectadores, atacando sus gustos. Yo he oído declaraciones suyas --a ver qué dice usted ahora, que la escucharé con muchísima atención y con el afecto de siempre--, pero debe intentar reforzar, reformar o tomar medidas para el cine sin hacer intervencionismo sobre los gustos de los espectadores. Nuestro admirado
--supongo que suyo, desde luego mío-- Fernando Fernán Gómez, preguntado por un periodista sobre la situación de nuestro cine, dijo hace unos días: debe ser preocupante, pero de ninguna manera debe inducir a tomar medidas contra el gusto, muy privado, del público. Por eso algunas declaraciones suyas nos inquietan, porque tampoco se trata de apoyar el cine atacando los gustos de los espectadores, y su libertad. De lo que se trata es de saber --y a eso se dedica la interpelación-- qué planes tiene usted, sin malabarismos, con verdad, sin reservarse para el cierre de su intervención --como usted acostumbra a hacer, legítimamente-- el golpe final, aunque luego la prensa recoge las contradicciones. Por eso le pregunto con toda cordialidad qué ha pensado usted, qué ha pensado su equipo para recuperar la buena salud del cine, la salud que tenía el cine en los años negros de hostilidad, según ustedes, de gobierno del Partido Popular. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Cultura.

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, usted para mí nunca será Van-Halen «Dixi» ni «Pixi»; será su señoría, el senador Van-Halen, precisamente porque estamos en una Cámara de representación democrática en nuestro país, precisamente porque estamos en el Senado.
Y desde ahora le adelanto que ese modelo de intervención, con alusiones pretendidamente ingeniosas acerca de las personas, en este caso de mi persona, si quiere, se las puede ahorrar, porque no voy a contestarlas.
Pero como usted ha tratado otros temas tangenciales, de lo que tampoco voy a hablar, porque se supone que he venido a informar sobre los planes de cine que usted me demanda, le diré que me sigue sorprendiendo
--seguramente porque usted ha aludido a ello-- que le parezca que el presidente del Gobierno español lo es por accidente y no por las urnas, porque esto sí que escandaliza, sea o no una frase que usted subraye de un periódico, y, desde luego, ofender, lo que se dice ofender es seguir llamando «pancarteros» precisamente a quienes hacen el cine de este país como creadores y como artistas. Y con ese tipo de frases, sí denota usted lo de la viga en el ojo ajeno. Pero veníamos a hablar de cine.
Si usted quiere que la palabra crisis la utilicemos en su sentido más profundo, de tránsito, de transformación, en un momento en que cualquier soporte de los bienes culturales

está cambiando de formato con las nuevas tecnologías, pues hablamos de ello como crecimiento y diversificación de formas en las que este cine se ve y entonces ponemos las cifras sobre la mesa, que, por cierto, para hacer un análisis serio no son sólo ni las únicas las de taquilla y las de espectadores, porque, si eso fuera así, usted y yo tendríamos que convenir en que de taquilla procede solo el 18 ó 20 por ciento del cine, y nada más --usted y yo lo sabemos--, porque los ingresos importantes del cine provienen, como usted conoce muy bien, de los derechos de antena de las televisiones, sabiendo que hay millones de espectadores delante de las televisiones españolas viendo películas españolas, además de la compra o del alquiler en formato de DVD pasados seis meses desde el estreno de las películas.
Por tanto, si empleamos las cifras, las ponemos todas y hacemos un análisis completamente serio de las cifras económicas y de lo que más nos interesa, que son también los millones de espectadores que están viendo el cine.
Si usted quiere que utilicemos la palabra crisis en términos absolutamente coloquiales --empleando las cifras que usted ha expuesto--, le diré que a la pérdida de siete millones de espectadores del cine español en los años 2001 y 2002 tendríamos que ponerle un adjetivo distinto.
Por tanto, si usted quiere cerramos la discusión sobre la palabra y nos quedamos con la idea de que el cine español es todavía una industria mediana, con altibajos y picos de crecimiento y de caída, como se ha podido observar perfectamente durante los últimos 15 años, haya gobernado quien haya gobernado e independientemente del acierto o desacierto de las medidas que se hayan adoptado.
Si no es así, responda usted sobre la caída en picado no de tres millones, que corresponde a la cifra que estamos debatiendo en este momento, sino de siete millones entre los años 2001 y 2002. Y estas cifras no son mías, son las mismas que tiene la Academia de Cine, las que publican también los propios productores, la Federación de Productores Españoles de Cine. Aún más, el propio presidente de la Asociación de Productores Españoles, don Pedro Pérez, declara literalmente al periódico «ABC» no hace más de unos días, después de estas cifras y de la caída en dos puntos --como usted bien ha señado y señala este informe--. No nos preocupan en absoluto estas cifras y no consideramos que estemos en una situación ni de lejos dramática. Es más, hemos tenido un primer semestre del año 2004 negro, como nunca se recuerda, con una cuota de seguimiento del cine español de solo el ocho por ciento. Y curiosamente --recuerde cómo ha sido el año 2004, políticamente hablando-- dice: Y hay un segundo semestre que califico de espectacular, como hacía años que no se recordaba.
Mire usted, quizá ni siquiera le vayamos a dar mucho valor a esto, pero ahí está lo que dice el representante de los productores de cine de este país con arreglo a las cifras de 2004 que las separa en dos semestres, donde el actual Gobierno toma medidas muy rápidas, naturalmente, en relación con algunos indicios que se nos venían ya apuntando en el desplome de las cifras acerca de la asistencia de los españoles a su propio cine. Además, le voy a advertir algo con arreglo al cine español.
Usted está en todo el derecho del mundo a subvertir mis palabras, a cargarlas de otro sentido diferente del que yo les pueda dar, porque desgraciadamente eso forma parte del juego, como por otra parte es natural. Pero no solamente yo no intervengo en el gusto de los españoles, sino que además hago reflexiones sobre el gusto de los españoles que las hace el propio mundo del cine. El cine forma parte del ocio y de la cultura, del ocio que simplemente entretiene con propuestas más relajadas de cine en sus contenidos y en su formato, y con propuestas más densas o más reflexivas que, por otra parte, forman en conjunto lo que podemos calificar el cine europeo, que quizá puedan ser más difíciles en el uso.
Esta es la reflexión a la que llega el propio cine español cuando tiene que colocarse delante del gusto de los españoles sin, naturalmente, calificarlo y mucho menos dirigirlo.
Usted hace una alabanza del cine norteamericano --con todo el derecho también--. Pues bien, le diré que el cine norteamericano, no solamente el que nos llega a nuestro país, goza de la salud que goza, que yo no calificaré, gracias al esfuerzo de intervención y de blindaje que las propias administraciones norteamericanas llevaron a cabo sucesivamente en los años 60 y 70, cosa que las posiciones ideológicas de su propio grupo parlamentario y de su partido niegan sistemáticamente en las políticas europeas de excepcionalidad cultural para el mundo de lo audiovisual y del cine. Recuerde que el cine norteamericano se blinda y se protege como industria nacional y después se exporta al resto del mundo con más o menos resultados en los estragos que provoca en otros mercados.
Por cierto, señoría, si en las dos anteriores legislaturas de gobierno en su partido se hubiese controlado de manera más exhaustiva la cuota de pantalla que, como usted sabe bien, indica que hay que poner una película española por cada tres dobladas a otro idioma o extranjeras, si se hubiese hecho un control estricto de la cuota de pantalla, tendríamos en este momento un equilibrio mucho más razonable entre el cine extranjero y el cine español que vemos, que distribuimos y que exhibimos en nuestras propias salas. Pero esas serán otras cuestiones a las que ahora me voy a referir.
Como les decía, estamos en una crisis de cambio y de tránsito, de cambio y de tránsito de muchos más millones de espectadores españoles para su propio cine en formatos diferentes, no solamente en las salas de exhibición y no sólo en la taquilla, razones que usted tendrá que convenir conmigo porque forman parte de la verdad de los hechos de este asunto. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, hemos tomado medidas rápidas. Su señoría decía que sólo ha crecido tres millones el Fondo de Protección de la Cinematografía española, con dos circunstancias bien distintas, porque usted también tendrá que aclararse y quedarse en uno de los dos bandos, pues no es posible estar en los dos en este caso. Si hemos comprado el cine, como en algún caso algún miembro de su partido se ha atrevido a decir, poniendo muchos más fondos en la actual legislatura con presupuestos elaborados por el actual Gobierno, una de dos, o lo hemos hecho y los presupuestos

son más, o no lo hemos hecho y los presupuestos son los mismos. Lo que no vale es jugar a las dos cosas en los mismos medios de comunicación, trasladando en este caso una opinión que no se corresponde con la realidad.
Ustedes aprobaban créditos extraordinarios a final del año, con lo cual creaban una sensación de inestabilidad permanente en un tejido industrial que usted sabe que es mediano e inestable, en unos fondos que Alemania duplica, Italia triplica y Francia eleva al 14 por ciento. Nada más y nada menos, esas son las circunstancias del cine español y esas son las circunstancias con las que compite también en el propio mercado y en el panorama de lo que denominamos cine europeo en su lugar natural.
Estas son las razones por las que no es posible seguir sosteniendo -- además de respetar y escuchar a los sectores hay que comprender que ellos permanecen, independientemente de los vaivenes políticos--, y a ustedes les dijeron en muchas ocasiones que no era sostenible que el dinero apareciera al final, deprisa y corriendo y para apagar fuegos; que el dinero del cine debe aparecer de forma transparente en los presupuestos de arranque, en los créditos de arranque de la política cultural de un gobierno serio para impedir la inestabilidad permanente en la que la industria cinematográfica se colocaba. Y ésta es una razón, señoría, que usted, supongo, no me va a poder negar.
Pero la situación no sólo es de cifras. Ustedes no transpusieron la directiva Televisión sin fronteras, porque era mucho más cómodo no tener que pedir a las televisiones que cumplieran con una norma comunitaria que afectaba a una parte importante de los fondos de los que podía disponer el cine español en el famoso cinco por ciento de cumplimiento de la producción.
Como usted sabe, por la vía del cinco por ciento de cumplimiento al que mediante el reglamento del Consejo de Gobierno están en este momento abocadas las televisiones públicas españolas con concesión pública, el cine español va a recibir aproximadamente 100 millones de euros. Ustedes lo tendrían que haber hecho porque era una norma comunitaria que, sin embargo, no han querido transponer para evitarse problemas con las televisiones, y en este momento significa una inyección importante de estabilidad, repito, a un sector que además de cultural es industrial, con los altibajos propios de un mercado.
Señoría, hay muchas más cifras que analizar, además de las medidas rápidas de estabilidad en los fondos de los que disponen desde principios de año, y además de la transposición de la directiva, decisiones en el interior del reparto de esos fondos que también nos parecen extraordinariamente importantes.
En el desplome del cine en el balance del año 2004 --me imagino que su señoría conocerá este dato-- no están incluidas las dos últimas semanas del mes de diciembre, que son fundamentales. Espero que su señoría y yo podamos volver a debatir a partir del mes de abril cuando conozcamos las cifras de cierre del mes de marzo, en las que se incluyen las dos últimas semanas del mes de diciembre que, como ya he dicho, son fundamentales para obtener taquillaje y espectadores, y que está efectuando también el propio Instituto del Cine, dependiente del ministerio.
En este orden de cosas, le diré que el propio cine francés, que es el más emblemático y el más protegido de todos los cines en el espacio europeo, ha sufrido también un desplome de casi un millón y medio de espectadores; en un año en el que no entraré a debatir, pero hay razones --y supongo que su señoría las conocerá-- del comportamiento del cine norteamericano con relación a una vuelta de negociación que hemos de abordar en el año 2005 después de la moratoria de diez años que ha finalizado en 2004 para la excepción cultural del cine europeo, del mundo audiovisual en general, en las políticas de la Unión.
Señoría, hay algunas cifras que merece la pena tener en cuenta si queremos hacer un debate que nos conduzca a algo tan sencillo pero tan necesario como la adopción de medidas a medio y largo plazo en esta industria.
Este año se han hecho más películas que nunca; se han producido 133 películas, de las cuales 28 han sido documentales, que es un género que, como usted bien sabe, se rehabilita por momentos y es absolutamente imprescindible para diversificar también el formato de creación del propio cine español.
Hemos de destacar que ha habido 41 largometrajes en coproducción. Esto es muy importante y su señoría me lo tendrá que reconocer. En esta misma semana hemos firmado un acuerdo diferente de coproducción con Portugal y en la próxima semana revisaremos los acuerdos de coproducción con Alemania, porque nos parecen extraordinariamente importantes las coproducciones del cine español con otras industrias en el espacio europeo, y especialmente a través del programa Ibermedia con el espacio latinoamericano, a fin de llevar a cabo políticas de cohesión social y cultural entre los europeos. Y en este momento, con recursos del presupuesto 2005, estamos apoyando 50 proyectos de coproducción, que suponen nueve proyectos más de los que salieron adelante en 2004.
Usted comprenderá que estas cifras son de calidad y de cantidad y animan a no hacer ningún discurso catastrofista ni alarmista con relación a la situación que sostiene el cine español. Es más, el propio mundo del cine no lo hace, y no lo hace por otros datos que considero extraordinariamente significativos. Por ejemplo, ha aumentado el número de salas de exhibición, pasando éstas de 4.253 a 4.338, siendo este un indicador que al mundo del cine le gusta de manera especial, independientemente del cine que se emite por antena y que nos llega en otro formato a la pantalla de televisión.
Y hay algo que considero extraordinariamente importante si nos atenemos a las cifras que podemos desgajar correspondientes al segundo semestre. Se trata de que ha habido más espectadores de películas españolas en su conjunto, al margen de las cifras relativas a las películas extranjeras que se hayan visto, ya que de la media de 2003, que era de 245.405 espectadores, hemos pasado a 262.776 espectadores. Eso significa que cuando el público español disfruta de su propio cine, con una elección libre, intensifica y selecciona cada vez con más rigor y criterio la calidad de las películas. Pero para producir bien y con calidad el cine necesitaba saber que podía contar con el aumento

de sus fondos desde el inicio, es decir, desde el momento de arranque de los distintos proyectos.
Por tanto, y sin querer comentar obviedades que se han reflejado en los medios de comunicación, repito que no se puede hablar en términos catastrofistas del cine español. Más aún cuando la película de Pedro Almodóvar, «La mala educación», puede obtener un premio César en Francia, y en apenas 15 días tenemos la posibilidad de conseguir dos Oscar por la película de Alejandro Amenábar y por un corto de ficción en otro lugar tan importante y de tanto prestigio para el mundo del cine como es la ciudad de Los Angeles.
Por otra parte, la serie de premios a las que desde hace ya muchos años está acostumbrado el cine español supongo que también se debe a la calidad de sus producciones. En este sentido, hemos participado en 214 manifestaciones cinematográficas incluidas en 197 festivales, muchos más que nunca, y contamos con 17 muestras específicas de cine español.
Señoría, conviene tener en cuenta esos datos a la hora de hacer un análisis y un balance serio de lo que representa nuestro cine, aunque, evidentemente, debemos reconocer esa caída de dos puntos, es decir, la pérdida de tres millones de espectadores de películas nacionales.
Pero, desgraciadamente, y usted lo ha dejado patente en su discurso, los últimos cuatro años han sido de inestabilidad en muchos aspectos para el mundo del cine con el anterior Gobierno. Eso lo han visto todos los españoles, que lo han podido comprobar en ceremonias y lugares concretos.
Pero lo más importante es que eso también lo afirma el propio mundo del cine, ya que los sectores y subsectores que lo componen han dejado absolutamente claro que el apoyo del dinero público a un sector industrial y cultural como el suyo requiere de un clima de confianza y de acuerdo mayor en lo que a la toma de decisiones se refiere.
Señoría, además de la estabilidad de los fondos, de su crecimiento, de la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa comunitaria, y de las decisiones para la aplicación de las ayudas que concederemos de forma significativa a los nuevos realizadores y a los proyectos de cortos que nos permitan que el cine español no sólo esté apoyado por fondos públicos, sino que evolucione en una dirección cultural importante, hay que hablar de otras cosas.
Estamos hablando de crear un fondo de productores y sociedades de gestión con las comunidades autónomas para poder diversificar los proyectos que, de manera equilibrada, deban ser financiados y promocionados por el ministerio. Estamos determinando de forma mucho más estricta el control de cuota de pantalla para que, con arreglo a nuestras normas, podamos competir con la visión del cine europeo. Estamos creando un fondo de garantía recíproca con Ejeda y con FAPAE que permita dar estabilidad a proyectos alternativos minoritarios o de autores noveles con el fin de dar viabilidad y creatividad a medio y largo plazo al cine que hacemos.

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, le ruego que concluya.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Sí, señor presidente. Voy terminando.
También hemos elaborado un registro de la obra cinematográfica para proteger la propiedad intelectual de sus creadores en una lucha contra lo que coloquialmente se denomina piratería, que afecta profundamente al cine.
Como ve, señoría, son muchas las medidas que hemos tomado en apenas diez meses; pero lo más importante es que lo hemos hecho con el sector y sus subsectores. Por tanto, si usted quiere que denominemos a este momento el tránsito de crecimiento del cine español después de un período de desencuentro que usted no puede negar, porque lo han visto todos los españoles, en eso estaremos siempre de acuerdo.
Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
A continuación tiene la palabra el senador Van-Halen.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, seré muy esquemático y comenzaré diciendo que no me ha respondido usted absolutamente a nada ni me ha dicho nada de lo que sería un plan del cine español. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Unicamente me ha recordado cosas que ya están incluidas en la vigente Ley de la Cinematografía.
Por otra parte --y hablo a vuelapluma--, en ningún momento he dicho que hubiera crisis, sino lo contrario, que no hay que ser alarmista y que había preocupación al respecto. Eso está recogido en el «Diario de Sesiones».
En segundo lugar, he citado lo del «presidente por accidente» del editorial publicado en el «The Wall Street Journal» precisamente hablando de las siete líneas del programa del Partido Socialista sobre el cine. He dicho que en él no se decía nada y que no parecía un programa que estuviera preparado para ser puesto en funcionamiento. A eso me refería, y no a cualquier otra cuestión de mayor calado.
En cuanto a lo del 5 por ciento que las televisiones están obligadas a invertir, señora ministra, eso es algo que ya está recogido en la ley, y usted lo sabe perfectamente. Otra cosa distinta es, como han dicho varias veces los portavoces de su grupo parlamentario en el Senado en la anterior legislatura, que no sea nada fácil conseguirlo de una manera decidida.
Tercero. Dice usted que el cine estaba muy mal en el mes de marzo y muy bien en el mes de octubre porque usted aplicó medidas de forma muy rápida. ¡Caray, señora ministra, parece usted Seur! Diga usted aquí, por favor, qué medidas ha puesto en marcha, porque me tiene asombrado. Usted ha hablado de que el cine perdió siete millones de espectadores de 2001 a 2002, pero, naturalmente, ha sido muy cuca --y perdóneme usted, esto no es una invocación personal; ni decir que es usted muy cuca ni decir Calvo «dixit», pues con ello me adelanto a una medida del Gobierno socialista según la cual van a quitar los tratamientos; así pues, no se moleste usted por eso, señora ministra--.


Digo, que nos ha hablado de que se perdieron siete millones de espectadores entre el 2001 y el 2002, pero naturalmente ha sido usted muy cuca y no ha dicho que en 2003 hubo 21 millones de espectadores ni tampoco que, según todos los profesionales del sector --y se lo dirán a usted tal y como me lo han dicho a mí--, en la historia del cine español lo sucedido en el año 2001 fue un milagro, porque entre «Los otros» y «Torrente 2» se alcanzaron 11 millones de espectadores.
Por otra parte, señora ministra, usted ha tergiversado mis palabras. Yo no he alabado el cine norteamericano --y motivos tendría para hacerlo; usted misma lo hizo el otro día en una entrevista--, lo que he dicho es que es un gigante económico. Y eso es algo que no podemos negar, pues los problemas que existen en el sector son justamente por eso.
Dice usted que el 50 por ciento de los españoles se manifiestan abiertamente contrarios al cine español. Señora ministra, eso no es culpa suya ni tampoco mía. Eso es simplemente así y usted, que para eso es la ministra y tiene encomendado este menester por un Gobierno legítimo de este país, tendrá que estudiar el tema, intentar ver qué pasa, hacer una especie de diagnóstico y poner los medios para resolverlo, que es lo que usted no ha hecho en absoluto.
Para finalizar, señora ministra, hay un tema un poco peliagudo al que me quiero referir. A usted le ha molestado que yo llamara pancarteros a los pancarteros. Esta es, señora ministra, una utilización del lenguaje. A los que van detrás de una pancarta se les llama pancarteros, y quienes van detrás de una pancarta con la fotografía impresa de los representantes legítimos de la soberanía nacional y con la palabra «Asesinos» escrita debajo de ella son pancarteros. Todos hemos visto a los pancarteros, y si usted no lo ha hecho, será porque llevaba gafas oscuras. Pero, como digo, todos los hemos visto; yo los he visto, se lo aseguro, y lo siento.
Dice usted, y me parece muy sorprendente, que en determinadas galas y en otros lugares se ha visto el desencuentro existente entre el cine y el Gobierno de la nación. ¡Pero hombre! Eso es como si me dijera que el 13 de marzo se veía delante de la sede del Partido Popular el desencuentro entre los ciudadanos... En fin, no voy a hablar ahora de lo de los mensajes.
Lo que sí le digo, señora ministra, es que el desencuentro venía de una parte, porque de la otra ya lo he resumido: año 2001, 26.205.000 espectadores; años 2002, 19 millones; año 2003, 21 millones. Estos eran los señores que luego se molestaban mucho. No lo entiendo. La ingratitud es algo que está en la circulación.
Pero le voy a dar un dato muy curioso del año 2004. ¿Sabe usted los espectadores que ha tenido la película «Hay motivo»? ¿Sabe usted qué película es ésa? Es una película que se proyectó en un canal privado de televisión justo en la campaña electoral que hicieron señores que habían sido pancarteros, sucesores de pancarteros que hicieron una película. Se estrenó el 12 de noviembre de 2004; la distribuidora era Alta Classics y tuvo 820 espectadores en los cines de estreno. ¡Compárelo usted con los millones de espectadores que hay por ahí! También le quiero decir que usted subvencionó una película con 780.000 euros cuando era consejera de la Junta de Andalucía --en la que, por cierto, usted actuaba como actriz junto a Pilar Bardem y dirigida por José Luis García Sánchez-- que sólo obtuvo 16.000 espectadores. ¡Mire que lo siento! Se estrenó el 29 de octubre. Sabíamos que usted era muy bella, cosa que admiramos, y muy inteligente posando; ya sabemos que también tiene vocación de actriz.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Señoría, no me sorprende que usted defienda el cine sólo como un negocio y que sólo le guíen las cifras, que le importe poco el lenguaje de arte y creación que representa y, por tanto, que cualquier película la someta sólo a las cifras. Eso es muy propio de su ideología, muy propio de cómo ustedes miran la cultura
--exclusivamente en el mercado-- y, por consiguiente, no tengo nada que decir a los comentarios que hace usted de las películas de extraordinaria calidad y de extraordinaria necesidad de los personajes históricos.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ya sabía que una republicana como María Zambrano, una mujer comprometida con la democracia y las libertades de su país en el exilio, no iba a ser santo de su devoción. Lo siento mucho, el cine para este Gobierno es creación y cultura, con cifras o sin cifras y sobre todo con calidades. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Lo siento mucho, señoría, pero al final a usted se le acaba viendo siempre lo que piensa, que, por otra parte, es lo que piensa la derecha de este país.
Tiene usted razón, lo de pancarteros no es suyo, es de su líder, de su anterior y actual líder, de don José María Aznar, que fue el que habló de pancarteros. Es verdad que se lo he atribuido a usted y no es de usted.
¡Qué fácil es decir que el 5 por ciento de la directiva de televisiones sin fronteras está en la ley! Lo difícil es hacer el reglamento, trasponerlo a la legislación nacional y obligar a que se cumpla. Ese es el pequeño detalle entre el anterior Gobierno y éste. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ahí está el detallito por el cual este país, el reino de España, está en los tribunales comunitarios, por todas las directivas que en materia de cultura ustedes no traspusieron, por eso estamos denunciados. Les recuerdo las de propiedad intelectual y el canon de lectura. Esa era la política de seriedad en Europa que hacían ustedes con la armonización de la legislación española en materia de cultura.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Sí, señorías, había que cumplir el 5 por ciento, no había que leérselo, eso era complicado.
Señoría, será que usted no me oye --porque no voy a quedarme en la frase elegante y educada de será que no me explico--; será que usted no me oye cuando hablo, porque

le he dicho a usted que ésta es una industria inestable, con picos, con altos y bajos, y le he puesto a usted un bajo mucho más bajo que éste, el de 7 millones de espectadores. Si usted no me oye porque no me quiere oír, ése no va a ser un problema que yo pueda resolver. Siete millones de pico con un gobierno del Partido Popular; 3 millones de pico, en este caso negativo, con un Gobierno del Partido Socialista.
En cuanto a lo de repartir el 2004 por semestres, le tengo que decir que no ha sido idea mía, lo ha dicho Pedro Pérez. El presidente de los productores de este país ha repartido el 2004 en 2 semestres, y yo se lo he dejado caer aquí para que reflexionara sobre el clima de confianza y tranquilidad de una Administración y de un Gobierno que trasladaba al sector cinematográfico, como a los demás sectores, que la cultura era importante, que las decisiones las íbamos a tomar con ellos y no contra ellos. Y eso cambia mucho las cosas en cómo se trabaja y en el ánimo que se traslada a los ciudadanos acerca de sus propios bienes culturales. No he hecho ese reparto yo; léase el «ABC» y pregúntele al señor Pedro Pérez, que --por cierto-- tampoco es sospechoso de ser cercano a nuestras filas. Se lo digo porque usted ha recordado antes a un insigne productor de cine calificándolo también de cercano a nuestras filas.
Y le cuento más. Ustedes han parado por dos veces durante ocho años una cosa importantísima para el cine español: el Centro de Conservación, Restauración y Protección de los Fondos Fílmicos de la filmoteca española.
Estamos a punto de perder los terrenos en la Ciudad de la Imagen por culpa de la desidia de ocho años en los que han frenado dos veces el proyecto que ahora tenemos que reflotar, incluidos los presupuestos de este año. Señoría, eso forma parte del cine español. (Rumores.) A usted sólo le gusta hablar de cifras, de las cifras de venta y de mercado de hoy para mañana, y le tengo que contestar que el cine es un patrimonio histórico al que hay que cuidar y que durante ocho años hemos estado frenando un proyecto que ahora está incluido en los presupuestos, presupuestos que afectan al cine porque afectan en este caso a la protección de su condición de patrimonio histórico.
Señoría, si usted no oye nada sobre lo que representa el cine, de las relaciones que ustedes han tenido con el cine y del clima de confianza que hay en este momento es porque usted no quiere. Y usted no quiere, entre otras razones , porque deja claro --y no solamente lo deja claro usted, sino también don José María Aznar en muchos de los seminarios-- que no les gusta la excepcionalidad cultural, que no les gusta la protección de la cultura tal como lo hacen los países europeos, que prefieren hablar de la industria cultural en términos estrictamente económicos; pero ésa no es ni la misión ni las propuestas ni, dicho sea de paso, lo que las urnas quisieron y lo que las urnas esperaban en materia de cultura del nuevo Gobierno socialista. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


--DE DON ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS ESPAÑOLES EN EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES (PISA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003, ASÍ COMO SOBRE LAS MEDIDAS APLICADAS PARA DAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS REFLEJADOS EN EL MISMO (670/000032).

El señor PRESIDENTE: interpelación de don Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los resultados obtenidos por los alumnos españoles en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) correspondiente al año 2003, así como sobre las medidas aplicadas para dar solución a los problemas reflejados en el mismo.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Abejón Ortega.

El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, todos los indicadores internacionales y nacionales relacionados con la calidad de la educación en España vienen emitiendo de forma reiterada diferentes señales de alarma y muestran que nuestro sistema educativo no es capaz de alcanzar los objetivos deseados.
Los síntomas se manifiestan con toda crudeza, sobre todo, en la Educación Secundaria Obligatoria con altas tasas de abandono escolar, con muy insuficientes tasas de graduación y con unos rendimientos escolares muy bajos con carácter general.
El más reciente informe de la OCDE sitúa a los alumnos españoles entre los peores de los países desarrollados en cuanto a rendimiento se refiere. Con anterioridad a éste, en el informe que la UNESCO publica cada año, en 2004 bajo el título «Educación para todos», nuestro sistema educativo se sitúa en el vigésimo sexto del mundo, en el mismo nivel de Trinidad y Tobago y muy por debajo de la mayoría de los países y naciones de la Unión Europea, por ejemplo, por debajo de Polonia, Estonia y Chipre, entre otros.
La UNESCO ha realizado este análisis teniendo en cuenta factores como el acceso a la Educación Primaria, el nivel de alfabetización de adultos, la integración de las mujeres en el sistema de enseñanza y la permanencia de los alumnos en las escuelas.
Centrándome en el programa para la evaluación internacional de los alumnos, PISA 2003, que ha visto la luz a finales del año 2004, éste pone de manifiesto el preocupante estado de salud de nuestra Educación y la suspende sin ningún tipo de paliativos. Este informe, que evalúa a 29 países de la OCDE -- el Reino Unido no se ha evaluado-- y a otros 11 más que se han adherido, no puede ser más demoledor para España, la coloca en el pelotón de cola, en el de los 23 de los 29 de la OCDE y en el 27 de los 40 evaluados.
Señor presidente, señorías, señora ministra, nuestros estudiantes de Secundaria Obligatoria están alejados de la

media de los países de la OCDE en los conocimientos de todas las materias evaluadas. No se salva ninguna. Así, el nivel de los alumnos de 15 años al finalizar la ESO ocupa el lugar 22 en lectura, el 23 en matemáticas y resolución de problemas y el 21 en ciencias.
Lo peor, señora ministra, del informe y de la realidad es que estamos en presencia de un sistema educativo estancado, con tendencia a empeorar.
Este empeoramiento se ha producido desde el informe anterior en los ámbitos en los que nos podemos comparar, en el de la lectura y en el de las ciencias, ya que los parámetros no se pueden comparar en lo que se refiere a la resolución de problemas y al ámbito de las Matemáticas, que han sido novedosos.
En lectura, la situación es más preocupante, porque se han ensanchado las diferencias. Tenemos ahora 12 puntos menos que en el Informe PISA 2000, y lo peor no es esto, sino que nuestros alumnos, en el nivel inferior, en lo que en la escuela se entiende en terminología española por muy deficiente, menos del nivel 1 --estamos hablando entre el cero y el 1--, tenemos un 23 por ciento de alumnos; y esta cifra es alarmante porque si los alumnos no saben leer en la ESO difícilmente pueden seguir adelante en otras materias. Le estoy dando los datos por abajo, ahora vamos a verlos por arriba.
Sólo uno de cada cien estudiantes españoles en el ámbito de las Matemáticas se sitúa en los mejores niveles --lo que entendíamos en la escuela por sobresaliente-- y cinco lo hacen en Lengua. En los niveles bajos, el 21 por ciento en ciencias y el 23 por ciento en lectura. ¿Qué está ocurriendo? Que nuestro sistema no tiene excelencia y tiene gran deficiencia por abajo.
Lo único bueno del informe es que resalta la equidad y la igualdad entre nuestros alumnos; España es un país en el que existe igualdad en Educación, pero esta igualdad ¿a qué nos lleva? La igualdad en resultados es algo muy deseable, pero tenemos que tener una igualdad al alza, no a la baja. Lo que nos dice el informe es que somos iguales, pero iguales en desconocimiento, señora ministra; es decir, la mayoría de los jóvenes españoles sabe lo mismo pero sabe más bien poco. Lo hemos dicho muchas veces; los que estamos en el mundo educativo sabemos que hay diferencias entre las distintas posiciones políticas, pero ésta es una realidad contrastada.
El ministerio no ha hecho un esfuerzo económico y la LOGSE hubiera podido mejorar mucho si se hubiese hecho el esfuerzo de llegar a la media de la OCDE o de la Unión Europea en gasto educativo. El esfuerzo económico realizado por las administraciones educativas --no echemos la culpa a la Administración central, porque la Educación está transferida-- y por las familias, durante los ocho últimos años no ha servido de mucho, pues si bien es necesario el incremento presupuestario, el rendimiento escolar depende igualmente de que no se debiliten, como ha ocurrido, los valores del esfuerzo y la exigencia personal, ni se desdibujen conceptos básicos relacionados con el sentido del deber, la disciplina y el respeto al profesor.
Señor presidente, señora ministra, señorías, en 1996 el gasto público en Educación no universitaria era superior a 15 millones de euros, y las familias se gastaban 1,8 millones, es decir, 16,9 millones ejecutados. En el año 2003 las administraciones se gastaban 22,7 millones de euros, las familias, 2,4 millones, un total de 25,2 millones. En siete años se ha producido un incremento del 50 por ciento del gasto público; ésta es la realidad, y uno se sorprende de que en la prensa española se diga --yo no sé, señora ministra, qué asesores tiene-- que el gasto ha bajado. No se puede estar sistemáticamente engañando; se puede decir que este esfuerzo es insuficiente, pero cualquier persona entendida puede ver que las administraciones han hecho un esfuerzo y han subido un 50 por ciento en siete años. ¿Que puede subirse más? Estamos todos de acuerdo, pero ese esfuerzo se ha hecho, y no podemos transmitir sistemáticamente la idea de que se ha bajado el presupuesto en educación --esto es lo que ustedes me han contestado, no me estoy inventado nada-- y me refiero a presupuesto ejecutado, presupuestado mucho más, señora ministra. Además, en esta última década tenemos cien mil profesores más y un millón de alumnos menos. Esa es nuestra realidad.
A la vista de estos datos, señora ministra, es difícil imaginar un suspenso más clamoroso para la polémica LOGSE. Esta ley cumplirá 15 años desde su nacimiento en octubre, los mismos que los jóvenes evaluados; es decir, estos son los jóvenes de la LOGSE. Los criterios de esta ley educativa, que tantas discusiones ha originado y sigue originando en la comunidad educativa desde su entrada en vigor, ha hecho que desgraciadamente para muchos pedagogos, profesores y directores no haya sido ninguna sorpresa estos desalentadores resultados. Lo que el informe PISA dice en 2003 sobre la educación española ya se decía también en el informe PISA de 2000. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) Precisamente la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, aprobada por las Cortes Generales en diciembre de 2002, nace como consecuencia de las graves deficiencias que tenía el sistema español en el año 2000. El preámbulo de la ley --usted lo habrá leído-- pone de manifiesto estas deficiencias educativas: fracaso escolar por encima de la media de la Unión Europea ya que uno de cada cuatro alumnos no consigue titularse en graduado de Educación Secundaria Obligatoria. Creo que lo más grave es esto, tener un sistema universal y que un 25 por ciento de alumnos vaya a la calle sin ninguna graduación. Esto es lo que no puede soportar ni la sociedad, ni el sistema educativo, ni los responsables de educación. Porque además fracasan --esto es un fracaso lamentable de la LOGSE--; las medidas contempladas para estos alumnos, ya que sólo cuatro de cada 10 estudiantes sin graduado siguen los programas de garantía social. ¿Y por qué no los siguen? Porque no interesan. ¿Y por qué no interesan? Porque no conducen a nada, señora ministra. ¿Para qué van a estudiar si eso no sirve para nada? Si a un alumno que tiene dificultades para los estudios le meten además uno o dos años de estudio para nada, está claro que los alumnos no van a seguir los programas de garantía social. ¿Y dónde les tenemos? Usted y yo sabemos dónde les tenemos. Están jugando en los futbolines y en otros sitios. Y cada vez hay más violencia, está claro. Hay problemas que tenemos que

arrancar de raíz, y uno de ellos es esta gran desigualdad, pero es una desigualdad que no aparece.
Tenemos también bajo nivel en Matemáticas y en Ciencias y Lengua. Ya lo hemos dicho antes: alto porcentaje de alumnos que no dominan una lengua extranjera, lo que nos sitúa por debajo de Portugal y Grecia. Baja tasa de excelencia, lo acabo de decir. Alta conflictividad en las aulas.
Precisamente ayer debatimos aquí sobre la violencia en la escuela, y además ausencia de valores inherentes a la educación. Bajo estímulo del profesorado y aumento importante de bajas relacionadas con la tensión y el estrés. Esa es la radiografía --que no me gusta como educador-- de nuestro sistema educativo, como profesor que he sido muchos años y como director durante más de 20.
¿Qué medidas ha tomado hasta ahora en estos diez meses el Gobierno socialista? En primer lugar, ha paralizado la aplicación de la Ley de calidad, y lo ha hecho utilizando la vía del decreto, algo insólito en nuestra democracia. En segundo lugar, ha congelado el presupuesto del Estado en Educación con una subida del 6 por ciento por debajo del 6,3 por ciento del PIB real previsto para el año 2005, y hemos perdido peso porcentual respecto de los Presupuestos Generales del Estado y del gasto total del Estado y de las administraciones educativas en las que el Estado tiene un pírrico 7 por ciento del gasto total de toda la Administración. Y lo peor es que el programa que tenía el Partido Socialista para la Educación no se ha cumplido en nada con estos presupuestos; luego tendré oportunidad de recordárselo. En tercer lugar, han presentado unas propuestas de reforma a las que me referiré posteriormente.
El Gobierno está incurriendo en una preocupante contradicción. Al mismo tiempo que paraliza la aplicación de una ley orgánica, afirma su compromiso de promover el máximo consenso en torno a una reforma que pretende impulsar y que nos demanda la sociedad. Señora ministra, señorías, una verdadera voluntad de consenso habría exigido antes que nada el respeto a las normas legales aprobadas por las Cortes Generales.
Una sincera voluntad de pacto no es congruente con descalificar los contenidos de la Ley de calidad de un partido que está representando a más de 10 millones de votantes. A esto es a lo que se han dedicado y se siguen dedicando estos meses los dirigentes socialistas en el ámbito educativo. Se lo digo de verdad, éste es un mal camino si se quiere realmente la aproximación y el consenso. Ustedes han negado a la LOCE su oportunidad suspendiendo su aplicación sin conocer sus resultados. La LOGSE tuvo su oportunidad porque el Partido Popular se lo dio al no hacer lo mismo que ustedes, y es que un cambio de esa Ley hubiese perjudicado enormemente a los alumnos, como ha ocurrido ahora. Yo era entonces director de instituto y llevé a cabo la LOGSE, aunque con discrepancias, y puedo decirles lo siguiente: mi instituto es ejemplo hoy en la evaluación europea. Resistimos ante muchas cosas, pero afortunadamente en la evaluación aparece como uno de los primeros de la Unión Europea.
Porque este informe también tiene cosas positivas, entre otras, que hay comunidades --que no voy a enumerar por no hacer un agravio-- que están muy por encima de la OCDE y de la Unión Europea. Y una de ellas es la suya, señora ministra; si quiere luego, en el último tramo, le diré por qué. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) La decisión del Gobierno de paralizar la LOCE tiene ya una primera consecuencia: dos años perdidos en la mejora de la Educación de nuestro país, dos años que ya no podremos recuperar. Pero, además, señora ministra, su decisión está causando perjuicios concretos y evaluables.
No han podido ponerse en marcha unos contenidos de mayor calidad para los más de 1.300.000 alumnos de infantil previstos en la ley, adelantando a esta etapa el inicio en el conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, la lectura, la escritura y las operaciones básicas de cálculo.
En Educación Primaria 2 millones y medio de alumnos han visto aparcados los nuevos currículos actualizados en todas las áreas, principalmente el refuerzo de las áreas instrumentales. El adelanto del aprendizaje del inglés a partir de los 6 años se ha paralizado.
En el primer curso de la ESO 470.000 estudiantes no han podido disponer de programas de apoyo y refuerzo para evitar el fracaso escolar, y esto es muy importante. Señora ministra, uno de los cuellos de botella del sistema educativo se produce por aquellos que vienen mal preparados de la educación primaria y que han pasado de curso sin tener los conocimientos y aquellos que siguen en primero porque el choque entre la secundaria y la primaria es muy grande. Hay que hacer algo ante ese conjunto de alumnos que no tira hacia adelante. Es ese 25 por ciento de alumnos que, luego, van a la calle sin haber obtenido nada. Es ese 25 por ciento de alumnos cuyos padres están contentos porque van pasando curso, pero la dura realidad es que van a la calle sin haber obtenido ninguna titulación. Hemos engañado a las familias y eso es un fraude social, porque les hemos dicho que pasan curso pero no hemos hecho con ellos absolutamente nada.
Asimismo, en el tercer curso de la ESO 400.000 jóvenes han sido privados de escoger el itinerario con las asignaturas que mejor se adaptan a sus expectativas e intereses. Me preocupa que en este curso haya 50.000 jóvenes con dificultades de aprendizaje a los que se les ha privado de los programas de iniciación profesional para mejorar sus niveles de formación y, sobre todo, obtener el título de graduado en la ESO. Se han quedado en la cuneta, señora ministra, y a usted y a mí nos debe preocupar. Estos alumnos tenían muchas expectativas porque veían en la iniciación profesional la posibilidad de obtener el graduado y continuar los estudios. Diálogo y talante, sí, pero también medidas para estos alumnos, pero eso no lo resuelven.

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego vaya concluyendo.

El señor ABEJÓN ORTEGA: Voy terminando, señor presidente.
¿Qué está pasando con las propuestas y con el debate que ha abierto el Ministerio de Educación y Ciencia? Representantes de las familias, profesorado y organizaciones educativas están denunciando lo que está ocurriendo en el debate. Se pretende despacharlo con precipitación, contestando

a las preguntas que el propio ministerio ha elaborado en el documento con respuestas administradas por quien las diseñó. Han preparado unas preguntas y unas respuestas y, a partir de ese falso debate, se quiere dar cobertura a un cambio educativo cuyo objetivo político --y le aseguro que no veo otro-- es eliminar la reforma porque la hizo el Gobierno Popular.
Señora ministra, ¿qué pretenden con las propuestas educativas? Con toda sinceridad le digo, y espero que me conteste con claridad, que yo no lo veo, como tampoco lo ven un montón de profesores. Diga con claridad a dónde nos quieren llevar, ¿otra vez a la LOGSE o hay alguna novedad? Sinceramente, creo que desde el año 90 al 2005 han cambiado algunas cosas en España como para volver a la misma ley. Son medidas confusas, contradictorias, inconcretas y sin hilo conductor; no sabemos a dónde queremos llegar, y una ley debe tener ese hilo conductor.
Son propuestas que no dan respuesta a lo que está esperando la sociedad, a la heterogeneidad de los alumnos, a los problemas que tiene el sistema educativo y, sobre todo, a la diversidad en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Tampoco dan un enfoque a lo largo de toda la vida porque no mencionan el tema de adultos ni asumen un principio elemental, que sin calidad en resultados no puede haber calidad educativa. Eso tenemos que asumirlo. Obvian totalmente las enseñanzas de régimen especial, no hacen referencia a los servicios educativos complementarios y no apuestan por centros educativos institucionalmente fuertes que se rigen por normas sólidas y son capaces de crear un buen clima de hábitos y deberes.
Yo fui muchos años director de varios institutos --entre ellos muchos años en el País Vasco--, he vivido varios sistemas educativos y sé que un director, un buen director, es la clave para un bueno colegio y un buen instituto. Señora ministra, no podemos volver a una medida por la cual el 60 por ciento de los directores han sido nombrados por la administración educativa porque nadie quiere serlo. (Una señora senadora del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Tiempo!) Ya termino, señor presidente, abusando de su amabilidad. En los siguientes minutos tendré la oportunidad de referirme a lo que no he podido ahora.
En definitiva, para concluir, señora ministra, diré que las propuestas que nos ha presentado el Gobierno siguen estando presas de viejos dogmas, son rancias porque pertenecen al pasado, han sido experimentadas y han fracasado y han sido abandonadas en los países que las promovieron hace algunas décadas. Por eso han provocado.
Reflexione, usted que es inteligente, reflexione; aparte de lo que le digan el partido y los que tiene al lado, reflexione, visite institutos, hable con los profesores, reflexione, porque a un gran porcentaje del sector --por lo menos al 50 por ciento y es preocupante-- ha causado perplejidad y profunda insatisfacción. Hable con los profesores...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

El señor ABEJÓN ORTEGA: Espero que todo ello, señora ministra, le haga reflexionar y entre todos hagamos un modelo educativo acorde con lo que es España hoy en el mundo y con lo que está esperando la sociedad de nosotros.
Señor presidente, espero que el tiempo que me ha dado y el que tenga en la siguiente intervención sean suficientes, porque es un tema que nos está demandando la sociedad y merece la pena dedicarle tiempo al debate.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, para contestar, la señora ministra de Educación y Ciencia.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señorías, esta interpelación está centrada en el análisis para el caso español de los resultados que ofrece el programa internacional conocido como PISA. El senador Abejón ha resumido en la primera parte de su intervención los resultados que el informe ofrece referentes a España y luego se ha referido a las consecuencias para la reforma de nuestro sistema educativo. Voy a intentar organizar también mi intervención en torno a estos dos temas.
Con respecto a la primera parte, tengo que decir que comparto su evaluación de cuáles son los resultados, creo que no los podemos considerar satisfactorios en ningún caso y nadie lo ha hecho. Comparto el interés por estos resultados nos conduzcan a la toma de decisiones. He tenido ocasión de manifestar en el Congreso que debemos dar la bienvenida a la preocupación y hasta a la alarma que ha causado la publicación de este informe PISA 2003, porque nos debe servir de acicate y estímulo para tomar decisiones en el futuro y que esta vez las tomemos de verdad. Y es que las evaluaciones internacionales no son nuevas: usted se ha referido a PISA 2000, pero también existió la evaluación del TIMSS de 1995. Le voy a recordar cuáles fueron los resultados de esta evaluación: en 1995 España se situó en el puesto 23 entre 25 países que participaban en el estudio. Estos resultados se conocieron hacia 1997 y hay una gran pregunta: ¿por qué no tomamos medidas en ese momento? Nuestra reflexión, efectivamente, es que los resultados de PISA son interesantes, las evaluaciones internacionales son importantes, nos dan un punto de referencia externo y debemos utilizarlos para aprender de las mejores prácticas de los países evaluados y reformar nuestro sistema educativo. Así lo están haciendo países que en esta última evaluación se han encontrado con resultados similares a los nuestros, como Alemania, Noruega o Estados Unidos, que están reflexionando sobre reformas de sus sistemas educativos, y me referiré luego a Alemania.
Por lo tanto, coincidimos en estos puntos. Quizá en lo que podamos estar más en desacuerdo sea en la lectura que usted hace de los resultados y de las enseñanzas que hay para España a partir de las experiencias de los mejores países, a partir de lo que dice todo el informe de la OCDE.
Partimos del mismo punto: los resultados no son buenos;

queremos resultados mucho mejores para nuestro país y a eso nos debemos dedicar. Estamos totalmente de acuerdo.
Ahora bien ¿qué es lo que nos indica el informe de la OCDE? Me voy a centrar en dos de los puntos fundamentales que usted ha mencionado en su intervención y que nos deben llevar a reflexionar sobre hacia dónde debemos conducir nuestra reforma educativa. Estos dos puntos son la diferenciación de los estudiantes en diferentes programas, la segmentación de los estudiantes en secundaria --a la que usted se ha estado refiriendo anteriormente-- y la inversión pública en educación.
En relación a estos dos puntos, no voy a entrar en detalle en reclamaciones mutuas porque, evidentemente, el informe hace referencia a un sistema educativo en 2003, cuando el Partido Popular llevaba gobernando ocho años, por lo tanto, usted se ha referido a la ley que estaba en vigor pero el Gobierno llevaba ocho años actuando y, como decimos, ha habido otras evaluaciones internacionales. Pero lo que a las familias les interesa --e imagino que es lo que les interesa a los miembros del Senado-- es que miremos hacia el futuro a ver si nos ponemos de acuerdo por el bien de nuestro sistema educativo.
Pues bien, yo le pido que sobre estos dos puntos importantes intentemos reflexionar sobre lo que dice la OCDE, lo que se está diciendo en el debate educativo --luego me referiré al debate-- y sobre lo que es necesario para nuestro país.
Primer punto: diferenciación temprana de los alumnos, que era una de las medidas que estaba incluidas en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación que nosotros no compartíamos y que nos parecía una de las razones fundamentales para proceder a la reforma educativa en la que estamos en curso. Sinceramente, no hay forma de leer los informes de la OCDE como una recomendación hacia la diferenciación temprana de los alumnos. Es más, le dedican secciones específicas.
Le voy a citar algunos párrafos del informe: En los países con mayor número de tipos de programas educativos --y están evaluando los alumnos de 15 años--, el entorno socioeconómico suele tener una influencia mayor en el rendimiento de los alumnos, dado que es mucho más difícil conseguir la igualdad con esta diferenciación.
Otra cita: También ha quedado demostrado que los sistemas educativos con edades de elección más bajas suelen presentar disparidades sociales mucho mayores.
Señorías, sinceramente, hablando solamente del contexto internacional
--como usted decía, aquí no estamos hablando de cuáles son nuestras posiciones de principios--, si leemos todo el informe de la OCDE es difícil encontrar algún apoyo para la diferenciación. Es más, como su señoría sabrá, Alemania ha anunciado su intención de revisar su sistema educativo en relación con la segmentación, con la diferenciación de los alumnos. No podemos concluir que los datos de PISA y el análisis que se hace den apoyo a medidas de segmentación de alumnos.
Este es también uno de los acuerdos que van surgiendo del debate educativo al que usted se ha referido; un debate educativo en el que están participando todos los agentes del sistema educativo además de las administraciones, de los consejos escolares, con una tremenda generosidad buscando acuerdos y consensos que espero que su señoría valore tanto como valoro yo.
Si los 25 años de vida democrática en este país nos han enseñado algo, es que ese esfuerzo que hacemos por intentar buscar acuerdos y compromisos merece la pena, porque da una solidez a leyes importantes, como son las leyes educativas, que de otra manera no se puede alcanzar; las leyes que nacen sin una base de acuerdo, de compromiso, tienen una debilidad que se manifiesta luego. Por lo tanto, espero que su señoría celebre tanto como yo los esfuerzos que están haciendo todas las organizaciones por buscar acuerdos.
El segundo punto sobre el que espero logremos un acuerdo en el futuro es el relativo al gasto público en educación. En este sentido, usted ha mencionado que hay dos cuestiones: una más técnica, a la que me referiré brevemente, acerca de cuál es la lectura de nuestro esfuerzo en educación, y, en segundo lugar, las conclusiones del estudio internacional.
El estudio pone énfasis y dedica un apartado especial a la relación porcentual existente entre la inversión pública en educación y el producto interior bruto. Como todos ustedes saben, se trata del indicador más utilizado y se le denomina indicador básico de esfuerzo de un país.
La OCDE analiza la inversión pública en educación relacionando la capacidad de generar renta o producción que tenemos en cada país, y los resultados en matemáticas. Como sabe el señor Abejón, que conoce bien el informe, el último estudio de PISA decidió prestar una atención especial a las matemáticas. Los analistas encuentran una relación estadísticamente significativa entre la inversión pública en educación y los resultados en matemáticas; en general --aunque con variaciones--, se observa una relación entre el mayor esfuerzo económico y la obtención de mejores resultados en matemáticas.
Sabemos que España tiene un déficit y, por ello, he querido interpretar de su intervención que existe cierto acuerdo sobre la importancia de los presupuestos, a los que luego me referiré. ¡Sea bienvenido el debate sobre financiación! Espero que esta vez sí estemos de acuerdo en que la financiación es importante, porque he leído intervenciones de los dos últimos años en ambas Cámaras y éste no existía, por lo que celebraría que lo hubiera a partir de ahora. Hace dos años, por parte del Ministerio de Educación se decía en el Congreso de los Diputados que el gasto público en educación no era importante, que no era un problema en nuestro sistema educativo. Desde mi punto de vista, sí lo es y el informe de la OCDE también pone de manifiesto la importancia de esta cuestión. Espero que ahora todos estemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque será necesario el esfuerzo de todos ya que, como usted recordaba, las administraciones compartimos responsabilidades y muchas de las competencias están en manos de las comunidades autónomas.
Insisto en que todas las administraciones deberemos hacer un esfuerzo.
¿Por qué? Porque este país, entre 1985 y principio de los noventa, consiguió elevar su esfuerzo educativo del 3,7 por ciento del producto interior bruto al 4,8 por ciento y, sin embargo, en estos últimos diez años

hemos bajado del 4,8 al 4,4 por ciento. Este es el gasto público en educación correspondiente al año 2003, según resultados oficiales y presupuestos liquidados, que son los datos que usted nos recomendaba utilizar, y que es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo porque nunca debemos utilizar datos que no aparezcan en las estadísticas oficiales. En este sentido, cabe preguntarse qué le hubiera ocurrido a nuestro sistema educativo si hubiéramos gastado 4 décimas más del producto interior bruto en estos años. En cualquier caso, miremos hacia adelante e intentemos mejorar la situación.
Insisto en que este aumento de la inversión va a requerir el esfuerzo de todas las administraciones. Efectivamente, los presupuestos que han sido aprobados para el año 2005 recogen un incremento para el Ministerio de Educación y Ciencia de aproximadamente el 10 por ciento. Crece el gasto y quiero interpretar este dato no sólo como un apoyo del Gobierno a la educación y la ciencia sino del Parlamento.
Este es un año de transición en el caso de las enseñanzas no universitarias porque estamos en mitad de la reforma. Y aquí hemos destacado una prioridad que en paralelo con la reforma nos parecía importante en todas las situaciones: el gasto en becas. Sabe que el gasto en becas ha crecido más de un 10 por ciento, aumenta en 86 millones de euros, de tal manera que este año se superarán los 900 millones de euros, 150.000 millones de pesetas dedicados a becas.
Este esfuerzo de política de igualdad de oportunidades no es irrelevante para la cuestión que usted ha suscitado, lo que la Unión Europea denomina el abandono escolar temprano. Si nuestros jóvenes abandonan el sistema educativo, --ahora ya no en la Enseñanza Secundaria Obligatoria que, por supuesto, es un objetivo general, sino en Bachillerato o Formación Profesional-- nuestros objetivos razonables como país y como europeos nos exigen que la inmensa mayoría de los jóvenes curse Bachillerato o Formación Profesional.
Probablemente, el que en materia de becas estuviéramos muy por debajo de lo deseable --en Bachillerato y Formación Profesional habíamos bajado del 20 por ciento de becarios al 15 por ciento-- tenga algo que ver con el hecho de que nos hayamos estancado en la escolarización a los 17 años. Si entre 1990 y 1995 la escolarización a los 17 años creció del 64 al 74 por ciento, entre 1995 y 2000, un período similar, crece solamente dos puntos, del 74 al 76 por ciento. Es decir, frente a los diez puntos anteriores, sólo crece dos puntos; nos estábamos estancando. Así pues, el esfuerzo en becas merece la pena. Y quiero entender el apoyo del Parlamento como una coincidencia en este objetivo que todos nos marcamos para el futuro: una política de igualdad de oportunidades que contribuye a que consigamos que todos nuestros jóvenes permanezcan en el sistema educativo para obtener cada vez mejores resultados.
He mencionado dos de los asuntos fundamentales: diferenciación de programas y gasto educativo. ¿Qué otras cosas podemos leer en el informe de la OCDE? Afortunadamente, hay muchas cuestiones relevantes que nos dan propuestas para nuestro futuro, algunas de ellas se están detectando continuamente en el debate educativo. Usted se ha referido a uno de los asuntos que yo considero importante: cómo hacen los estudiantes la transición de educación primaria a secundaria. Usted ponía de manifiesto como profesor que conocía bien la realidad del problema. Los estudiantes tienen que pasar de la educación primaria a la secundaria y no siempre lo hacen con los niveles de conocimiento, de competencias, que son relevantes.
¿Qué hemos propuesto en el debate? Es uno de los puntos sobre los que hay un gran acuerdo y, por lo tanto, debemos apoyarlo y adoptarlo. Primero, medias de diagnóstico cuando los estudiantes están dentro del nivel educativo de primaria y no al finalizar el ciclo, porque ya no tiene remedio. Tomemos diagnósticos tempranos y medidas de apoyo y refuerzo desde ese momento. Por lo tanto, traslademos las medidas de apoyo y de refuerzo a las fases primeras del sistema educativo.
Sabemos que, efectivamente, muchas veces los problemas aparecen en educación secundaria y, muy especialmente, en el ciclo final. Pero surgen déficit de aprendizaje, de competencias, por ejemplo, en comprensión lectora, un indicador que mide PISA, y coincido en que es uno de los datos más relevantes al que nos debemos dedicar. Desde luego, la comprensión lectora la tenemos que reforzar en primaria porque en algunos estudiantes se detectan problemas de aprendizaje. Por lo tanto, esa es una de las primeras propuestas a las que nos vamos a dedicar. En el informe que redactó el ministerio habrá visto que, de hecho, se propone diseñar una transición de primaria a secundaria que facilite este cambio para los estudiantes.
Supongo que habrá leído, como yo, las conclusiones que el responsable del Informe PISA hace sobre cuáles son las mejores prácticas de los países que obtienen resultados muy buenos: Finlandia, Canadá, Irlanda, etcétera.
¿Qué hacen, que nosotros, como país, no hemos hecho y que no estaba incluido ni en la LOCE ni en la LOGSE --y nombro las dos para que no nos arrojemos las leyes unos a otros; miremos hacia adelante--, y que debemos hacerlo? ¿Qué es lo que necesitamos y estos países tienen? Tenemos que hacer un diagnóstico individualizado; que desde el principio del paso por el sistema educativo de nuestros estudiantes se diagnostique cuál es la situación, qué déficit de aprendizaje tienen los estudiantes y que, a continuación, haya un abanico de oportunidades facilitadas por las administraciones, de programas de refuerzo, de programas de apoyo, y que se haga una propuesta desde el centro acerca de cuál es la mejor solución para esos estudiantes. ¿Encajan en los grupos de apoyo que se hayan puesto en marcha en el centro? De acuerdo. ¿No encajan? ¿Necesitan tutores fuera del horario escolar? Veamos cómo dotarlo, favorecerlo y resolverlo. Todas éstas son enseñanzas importantes del Informe PISA, que afortunadamente están recibiendo atención por el esfuerzo generoso que está haciendo la comunidad educativa al participar en el debate.
Creo entender que su señoría no ha dado una valoración muy positiva al debate en su intervención anterior. Por supuesto respeto su opinión, pero he de decirle que yo sí lo valoro, y por los motivos que antes le he comentado. Porque está bastante claro que en este país necesitamos acuerdos

y compromisos para dar solidez a esas normas que queremos, pero además porque el debate está siendo valiente y generoso, porque participan los centros, los representantes, todos los agentes educativos; está abierto a todos los temas, sin eludir ninguno, tanto aquellos sobre los que hay acuerdo, como aquéllos sobre los que sabemos que esta sociedad mantiene posiciones diversas. Además no se están eludiendo los debates económicos
--¡que no nos vuelva a ocurrir!--. El Gobierno se ha comprometido a elaborar una memoria económica. El compromiso está sobre la mesa, consta por escrito. No se puede plantear una reforma educativa sin discutir cuál es la necesidad de financiación, y debemos ser todos conscientes de ello.
No se está eludiendo ningún tema, repito, y se está intentando llegar a acuerdos.
Por todo ello, yo valoro muy sinceramente el debate y espero que todos tengamos interés en escuchar lo que nos dice el sistema educativo. Desde esta Cámara, desde luego desde el Gobierno, estamos muy interesados en estas cuestiones del sistema educativo.

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, le ruego concluya, por favor.

La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Termino, señor presidente.
Como su señoría ha adelantado que en una segunda intervención podremos discutir acerca de otras propuestas, sigo su ejemplo y dejo para después la posibilidad de debatir sobre algunas otras reformas concretas muy interesantes.
Celebro, como le decía, la coincidencia en la valoración de la importancia del diagnóstico sobre evaluaciones. Como le decía antes, además de las evaluaciones internacionales, que nos parecen importantísimas, hemos propuesto evaluaciones de diagnóstico dentro de nuestro sistema educativo, o sea, que estamos todos de acuerdo en la importancia de las mismas, pero han de ser evaluaciones para tomar medidas, para hacer algo, que no sólo nos sirvan para hacer la propuesta de repetición de curso. En algún momento puede ser una alternativa que haya que adoptar, pero no es la solución a todos los problemas. Si se hace una repetición tiene que ser para algo, con un programa de recuperación. Habrá visto también que el responsable del Informe PISA se manifiesta concretamente sobre la valoración internacional del énfasis en la repetición. Al sistema educativo no le coloca en la situación más constructiva ni en la búsqueda de la mejora del rendimiento de los alumnos.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Abejón.

El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en primer lugar, como docente que soy y también como responsable del Grupo Popular en materia de educación, voy a considerar otros temas, para que usted los analice antes de un posible debate.
Respecto a Educación Preescolar, creo que la propuesta rompe el consenso de la mayoría de las comunidades autónomas. Esta cuestión, produjo un gran debate, nada fácil. La educación entre cero y tres años es un problema complicadísimo. Hable usted con todos los consejeros, reúna la conferencia sectorial y dé solución a este problema, porque tiene que pensar que desde 1990 --fíjese si ha llovido, 14 años-- no se ha hecho nada. La ley establecía un período de diez años para que las guarderías cumplieran los requisitos mínimos a que se refiere el Decreto 1004/1991, pero, que yo sepa, no se ha hecho nada, porque es muy complicado.
Por tanto, a las comunidades autónomas no se les puede decir ahora que esta es una etapa educativa para la que se cuenta con unos requisitos mínimos para todos los centros, cuando sabemos que en estos momentos casi todo está en el sector privado. ¿Qué hacemos? ¿El que no cumple --que no cumple ninguno-- lo cerramos? Es un problema sobre el que tenemos que reflexionar. Fueron las comunidades autónomas las que pidieron que se considerase educativa y asistencial, porque eso permite realizar una educación mucho más acorde con lo que la sociedad está reclamando, de modo que pueda haber guarderías en los centros de trabajo, en otras instituciones que no son de la administración pública. ¿Va a regular usted, las materias? ¿También los niños de esta edad van a tener horario escolar? Etapa educativa sí, pero lo demás páctelo, a ver si el Gobierno y las administraciones competentes llegan a un acuerdo, porque en 14 años ya le digo cuál ha sido el resultado: no han llegado a ningún acuerdo.
Por tanto, sobre este punto hay que reflexionar, porque es difícil.
En cuanto a Educación Primaria, consideramos que en el documento no se atiende en la medida necesaria la diversidad de alumnos de esta etapa.
Por tanto, lo que pedimos es que la atención a la diversidad que hay en la ESO pase también a primaria y que se refuercen materias instrumentales básicas, como las matemáticas, la lengua y los idiomas. Flexibilice los grupos, disminúyase la ratio profesor-alumno, establezca refuerzos. Lo que haga, será bienvenido. Aumente el horario para los alumnos que lo necesiten, de manera que no tengan que ir a una academia sino que puedan estudiar en el mismo centro. Las actividades extraescolares son fantásticas, pero si el alumno necesita más tiempo de educación hay que facilitárselo, porque primero es la obligación y después la devoción.
En cuanto a la ESO, ya sabe usted que no hay ningún acuerdo. Podríamos decir que más de un 50 por ciento de los profesores está encantado con los itinerarios, que otro sector está muy encantado con el modelo de enseñanza comprensiva y la atención a la diversidad, pero una ministra tiene que reflexionar, una ministra inteligente como es usted tiene que preguntarse por qué ha fracasado la atención a la diversidad. ¿Ha sido solo por falta de dinero? ¿Por qué ha fracasado menos en algunas comunidades autónomas, como usted sabe? ¿Por qué tiene tan excelentes resultados en lectura esa comunidad autónoma que usted

conoce bien y que está muy por encima de la media de la OCDE y de la Unión Europea, y no solo en esta materia sino en matemáticas y en ciencias? Tenemos un sistema muy heterogéneo, de manera que tenemos comunidades que están muy por encima de la media y otras que están muy por debajo. Luego, la equidad, señora ministra, también cuenta. Los alumnos son importantes, pero las comunidades autónomas y los colegios también lo son.
Por tanto, ese tímido desdoble que han puesto en la ESO se puede considerar bueno, pero ¿por qué se hace en matemáticas y en lengua y no lo hacemos en ciencias --léase el informe de la ponencia del Senado sobre cómo están las ciencias en España, cómo está la investigación en las ciencias-- y por qué no lo hacemos también en idiomas? ¿Cómo se van a hacer esos desdobles? ¿Por orden alfabético, según el rendimiento de los alumnos, por el nivel de conocimientos? Eso está ahí. Después, sigan meditando. Es decir, reducen de cuatro a dos las posibilidades. Yo no sé si cuatro son muchas o dos son pocas, pero yo lo que le digo es que hagamos algo, sea lo que fuere, con los alumnos que pasan sin tener conocimientos.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.

El señor ABEJÓN ORTEGA: Voy terminando, señor presidente.
Señora ministra, tenga en cuenta esos tres millones de firmas a favor de la religión para que tenga el mismo tratamiento que cualquier otra asignatura. España es plural. Usted ha omitido una palabra, aunque no creo que intencionadamente, porque ha hablado de que los padres eduquen a los hijos según sus convicciones, y la Constitución habla de que los padres eduquen a los hijos según sus convicciones religiosas. Por tanto, ha omitido la palabra religiosas. Como digo, éste es un país muy plural.
Yo admito que todas las religiones tengan cabida, pero también la religión católica tiene que tenerla.
Para ir terminando diré que han devaluado la iniciación profesional
--reflexione sobre esto--, porque una iniciación profesional que no conduce al título de graduado en secundaria en España cierra todos los caminos porque si conduce sólo a la cualificación del nivel 1 y ahí se encuentran un montón de alumnos. Esos dos años tendrían que servirles para algo.
En cuanto al tema de los presupuestos, y termino, señor presidente, con toda rapidez, usted ha hablado de un 6 por ciento en educación y ciencia y yo de educación. Usted ha dicho que hace 10 años era de un 4,8 por ciento. Pero es innegable el esfuerzo que hemos hecho porque afortunadamente este país ha incrementado mucho su PIB y cuando la comunidad europea reconoce el esfuerzo, España siempre está entre los cinco países que han hecho un mayor esfuerzo. Bienvenido sea el adecuarnos, pero no es eso lo que decía la señora ministra.
Señor presidente, si me deja un minuto, le voy a decir las reflexiones de un docente.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya en medio minuto.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Termino rápidamente.
Le voy a decir, señora ministra, en un minuto por qué ha fracasado la LOGSE: porque ustedes en muchas cosas son inflexibles; inventaron el sistema de las ocas y de los patos; todo tiene que ser dos y todo tiene que ser seis; dos años el ciclo, seis años la etapa, y no hay más. Y ese sistema --medítelo, por favor-- ha hecho mucho daño porque ha llevado a los alumnos de doce años a los institutos, y yo he sido un docente que lo he sufrido. Los niños han sufrido desarraigo familiar, riesgos en los viajes; con los pueblos hemos medio terminado y los alumnos ahí están en la ESO medio fracasados. Castilla y León se manifestó, luchó contra eso y montó, con Canarias y Galicia, los centros de educación obligatoria. Esa es una razón por la que salen tan bien parados, ya que no están en los institutos, señora ministra. Espero que no detenga a los directores porque usted es mucho más flexible, pero eso es así.
Lo último que le voy a decir es que la metodología no la suple. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE:
Señoría, ha concluido su tiempo. Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación y Ciencia.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos) Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intentar articular mis comentarios sobre las propuestas y qué es lo que debemos hacer en torno a los temas que usted ha suscitado, aunque me gustaría añadir uno que me parece muy importante, el del profesorado.
Comienzo por un tema que ha mencionado, el de la religión, que sin duda es una de las cuestiones en las cuáles no hay acuerdo en la sociedad y sabemos que los debates lo que hacen es constatar esta diferencia de opiniones. Lo que debemos todos transmitir es el compromiso de la salvaguarda de los derechos de toda la población, de todas las familias.
El sistema educativo en nuestro ordenamiento tiene que preservar los derechos de las familias que desean una educación religiosa, pero también el de las familias que no desean esa educación religiosa para los hijos.
La propuesta que está haciendo el ministerio en este debate es respetuosa con la legislación, como no podía ser de otra manera, con los derechos de todos y creo que debemos contribuir a mantener ese clima.
Ha mencionado usted diversas etapas educativas, lo que debemos proponer para el debate en curso, a lo que voy a intentar contestarle y ligarlo con el informe de la OCDE.
Las comunidades autónomas tienen efectivamente mucho que decir en cuanto a la educación infantil y, como usted sabe, están participando muy activamente en el debate. Además de las dos conferencias sectoriales de consejeros, han colaborado en numerosas reuniónes de la Comisión General y de las mesas de profesorado, etcétera; es decir, mantienen una actitud de amplia cooperación, como no podía ser de otra forma, dado el interés de todos en la reforma del sistema educativo.


Como ustedes saben, el problema en la educación infantil era saber hasta qué punto se desdibujaba el perfil educativo; por citar un ejemplo, nos preocupa la desregulación de los requisitos del personal, porque creaba potencialmente serios problemas, y es una de las cuestiones sobre las que debemos alcanzar un acuerdo que garantice que esa etapa cumple el papel que la OCDE y todos los estudios internacionales ponen de manifiesto, ya que es una etapa fundamental en el desarrollo de los niños, previene desigualdades, pues compensa a toda la sociedad invertir en las primeras etapas.
Ya que hablamos de profesores, le diré que es éste uno de los aspectos obviamente más importantes de cualquier reforma educativa, como usted conoce, también una de las partes más importantes del debate, donde vamos a empezar ya a trabajar en este mes, con la elaboración del estatuto de la función pública docente. Este es un punto fundamental y todos somos conscientes de ello, porque no hay reforma educativa que tenga ningún futuro ni ninguna posibilidad de conseguir resultados sin atender, implicar, motivar, incentivar a los profesores, y es algo que hemos de conseguir.
Estamos en un momento especialmente acertado para tratar toda la globalidad de la carrera docente porque, como ustedes saben, en el proceso de Bolonia vamos a redefinir las titulaciones, de acuerdo con la construcción del espacio europeo de educación superior; por tanto, es el momento oportuno para atender a la formación inicial de los docentes.
La otra buena noticia es que secundaria y universidad ya están empezando a trabajar conjuntamente, lo cual es fundamental. Las universidades quieren trabajar con secundaria y primaria, y desde el primer momento tener en cuenta las necesidades de formación de esos docentes que queremos que actúen sobre nuestro sistema educativo.
Con relación a primaria, bienvenido sea su apoyo a las medidas de refuerzo. Uno de los puntos más novedosos del informe es prestar atención a primaria y, como ya he dicho, está habiendo un amplio acuerdo sobre esta cuestión, por su importancia para los resultados posteriores en secundaria y para dar una auténtica calidad al sistema educativo.
¿Qué vamos a proponer? ¿Qué debemos hacer las administraciones? Dar el marco general, ofrecer los recursos e implicar a los centros, en la adopción de las medidas; en unos casos se tratará de refuerzos en el profesorado, en otros serán actividades fuera del horario habitual, es decir, actuar según la medida más adecuada en cada caso.
Esto también tiene que ver con su comentario respecto de la atención a la diversidad. Me ha pedido reflexión que, por supuesto, debo siempre intentar hacer, como todos los responsables de las administraciones educativas; indudablemente, en ese sentido estamos leyendo el informe de la OCDE; en ese sentido estamos interesados en el debate educativo, y aprendemos, como antes he dicho, de las mejores prácticas. Atención a la diversidad. No miremos al pasado sino a lo que están intentando hacer los países. Una atención a la diversidad individualizada, sin etiquetar a los alumnos, sin encasillarlos, mediante vías que, primero, les desmotivan y, segundo, en muchas ocasiones les conducen fuera de la senda habitual del sistema educativo.
Ha mencionado su señoría nuestra propuesta de desdoble en algunas materias, indicando que el ejemplo del libro se refería, efectivamente, a Lengua y Matemáticas, y preguntándose por qué no hacerlo en otras asignaturas. Estoy totalmente de acuerdo.
Consideramos que el desdoble de grupos no debe ser una medida que se adopte de forma automática ...

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, le ruego que vaya terminando.

La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Sí, señor presidente.
Decía que consideramos que debe tratarse de una medida que se adopte en aquellos centros del sistema educativo en los que exista esa necesidad, así como para aquellas materias para las que se considere conveniente hacerlo. Como ya he dicho, debemos conseguir que los centros ofrezcan calidad, adoptando en cada caso, de entre las alternativas que las administraciones hemos considerado útiles, relevantes y factibles, aquellas que sean más necesarias para resolver el problema.
Como ya he dicho, creo que vamos a recibir unas propuestas de gran interés para nuestro sistema educativo, y estoy segura de que esta Cámara también estará interesada en conocerlas y en apoyar lo que nos propongan los representantes de los profesores, los padres y los centros educativos, así como de las administraciones.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


--DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE CONDENA POR EL ATENTADO COMETIDO EN MADRID POR LA BANDA TERRORISTA ETA EL DIA 9 DE FEBRERO DE 2005 (630/000003).

El señor PRESIDENTE: Señorías, por acuerdo de los distintos grupos parlamentarios, vamos a pasar a debatir el segundo proyecto de ley, que someteremos a votación esta tarde.
Pero, si me lo permiten, antes de su presentación, voy a leer el comunicado que ya tienen los grupos parlamentarios relativo al atentado terrorista que, desgraciadamente, se ha cometido esta mañana en Madrid.
«Ante el atentado que la banda terrorista ETA ha perpetrado en la mañana de hoy en Madrid, el Senado de España, reunido en sesión plenaria, declara que:
Condena este nuevo atentado con rotunda firmeza. La utilización del terror para imponer la voluntad de una minoría a toda la sociedad libre y democrática siempre es execrable y merece el rechazo de todos los demócratas. El terrorismo, en cualquiera de sus manifestaciones, siempre pretende quebrar los fundamentos en que se asienta el Estado

de Derecho y conculca la libertad de todos los ciudadanos.
El Senado envía el testimonio de su solidaridad a todas las víctimas de este atentado que han sufrido en sus personas o en sus bienes las consecuencias de la sinrazón y la barbarie de los terroristas totalitarios.
Renueva su apoyo a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo. La Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, las Policías autonómicas, y también las Policías locales, con su actuación, son la mejor garantía de la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas. Por eso, reitera la confianza en su trabajo, esfuerzo y sacrificio, les agradece su abnegada y generosa dedicación y les anima a continuar, como hasta ahora, en la difícil tarea de defender la libertad y la vida de todos los ciudadanos. Asimismo, también quiere reiterar la petición de colaboración con estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan alcanzar el éxito en su gestión.
Una vez más reitera que ningún proyecto político puede ser defendido mediante el terrorismo. En nuestro régimen constitucional, que tiene como fundamento de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, las opiniones políticas pueden ser defendidas con la palabra. Quienes recurren al terror como método de presión política no merecen más respuestas que aquellas que el Estado de Derecho pone en manos del poder democrático, legítimamente constituido. Y quienes guardan silencio ante el terror o pretenden sacar provecho de la violencia no deben obtener a cambio sino el más absoluto aislamiento de todas aquellas fuerzas políticas y sociales que creen en la democracia como único sistema político legítimo.
Se equivocan, por tanto, quienes esperan doblegar la voluntad de los españoles usando bombas y dinamita, y ofenden quienes esperan algún resultado de las ofertas de diálogo mientras las pistolas siguen en la mesa.
Hoy, como siempre, los ciudadanos tenemos que seguir unidos en torno a los valores de libertad y democracia bajo el imperio de la ley en el marco de convivencia de la Constitución.»
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.


--DE LA COMISIÓN DE INTERIOR EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS INCENDIOS E INUNDACIONES ACAECIDOS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ARAGÓN, CATALUÑA, ANDALUCÍA, LA RIOJA, COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y COMUNIDAD VALENCIANA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 6/2004, DE 17 DE SEPTIEMBRE). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000009) (C. D. 121/000010).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Dictamen de la Comisión de Interior en relación con el proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.
Para la presentación de este proyecto de ley tiene la palabra el senador Martínez Fernández.

El señor MARTÍNEZ FERNANDEZ: Señor presidente, señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Interior del proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana, procedente del Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de septiembre.
Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Congreso de los Diputados el día 5 de octubre de 2004 y fue calificado el 13 de octubre, tramitado con competencia legislativa plena y procedimiento de urgencia según el artículo 75, apartado 2, de la Constitución. El plazo para la presentación de enmiendas se fijó inicialmente en el Congreso de los Diputados hasta el 25 de octubre de 2004 para, posteriormente, y tras establecerse tres sucesivas ampliaciones, ampliar este período --valga la redundancia-- al 15 de noviembre de 2004. El texto remitido por el Congreso de los Diputados se compone de 16 artículos, cuatro disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
El nacimiento de este proyecto viene dado por las circunstancias adversas de distinta naturaleza que se produjeron durante los meses de julio y agosto pasados en las comunidades autónomas valenciana y andaluza y en la segunda quincena del pasado mes de septiembre en la comunidad catalana.
En ambos casos se produjeron incendios forestales de grandes dimensiones.
Asimismo, durante la primera quincena de septiembre se producían grandes inundaciones en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana. Pues bien, la magnitud de los hechos --desgraciadamente en ambos casos se produjeron pérdidas de vidas humanas-- dieron finalmente luz verde a este proyecto de ley.
Por lo que se refiere al Senado, señorías, este proyecto tuvo su entrada en esta Cámara el pasado día 28 de diciembre de 2004, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en esa misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas terminó el 1 de febrero de 2005. A este proyecto de ley se han presentado 12 enmiendas, nueve por parte del Grupo Parlamentario Popular, dos por parte del Grupo Parlamentario Socialista y una por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La Comisión de Interior se reunió el pasado día 3 de febrero, siendo debatidas y aprobadas todas las enmiendas presentadas al proyecto.


Finalmente, señorías, quisiera decir que se ha formulado un voto particular por parte del Grupo Parlamentario Socialista solicitando la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado respecto del título, exposición de motivos, artículos 1, 2, 12, 17 nuevo y disposición adicional cuarta como consecuencia de la aprobación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 1 a 9 y de la enmienda número 12 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Nada más y muchas gracias, señorías. Esto era de cuanto tenía el honor de informarles.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos a debatir el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, que supone la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado respecto del título, exposición de motivos, artículos 1, 2, 12 y 17 nuevo, y disposición adicional cuarta como consecuencia de la aprobación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Para la defensa del voto particular tiene la palabra el senador Rodríguez Martín.

El señor RODRÍGUEZ MARTÍN: Señor presidente, señoras y señores senadores, a lo largo de los prácticamente 10 meses que llevamos de legislatura he observado cómo cada vez que un senador hacía uso de la palabra por primera vez así lo expresaba manifestando su alegría y satisfacción. La verdad es que a estas alturas de la legislatura creía que no era necesario, pero de pronto descubrí que volvía a ser novato en algo. Como ustedes comprenderán, con mi edad tener la posibilidad de ser novato en algo siempre es motivo de alegría y de satisfacción y lo quiero compartir con ustedes. Además, también quiero agradecerles por anticipado la consideración y la paciencia que sé que van a tener con esta intervención de un veterano novato. Muchas gracias.
¿Por qué el Grupo del Partido Socialista presenta un voto particular? Hemos decidido presentar este voto particular porque estamos disconformes con la mayor parte de las enmiendas que se aprobaron en la sesión de la Comisión de Interior, celebrada el pasado día 3 de febrero: nueve del Grupo Parlamentario Popular y una de Convergència i Unió. ¿Por qué estamos disconformes con las enmiendas que se aprobaron? Primero, porque creemos que han desnaturalizado el proyecto de ley. Se pierde el carácter de excepcionalidad que tiene este proyecto de ley, carácter de excepcionalidad que tiene sobre la base de las competencias del Gobierno central. Se convierte en un proyecto de ley generalista, que estaría más acorde con las ayudas que tendrían que desarrollar las diferentes comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias.
Segundo, se incluyen enmiendas claramente contradictorias con el espíritu de la norma, norma que hay que respetar.
Tercero, algunas de las enmiendas son innecesarias y, por último y lo que es peor, hay una enmienda que además de innecesaria puede acabar siendo perjudicial para la zona a la que afecta, y voy a intentar explicarme.
Las señoras y señores senadores de Convergència i Unió recordarán que en el Congreso de los Diputados introdujeron tres enmiendas, dos de las cuales se aceptaron porque se consideraba que estaban dentro de la excepcionalidad de la ley y sólo el hecho de que aquellos incendios se hubiesen producido días después de la aprobación del originario Real Decreto-ley hizo imposible que fuera incluidos en el mismo. Reuniendo las condiciones que reunía, no tuvimos el menor reparo en aceptarlas. ¿Qué es lo que ocurre? Que había una enmienda más, que han mantenido ustedes en el Senado y que no está en consonancia con el espíritu de la ley y además es contradictoria, y después intentaré explicarlo.
Se habla de la reparación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicio de titularidad municipal incluidas en el artículo 26.21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del régimen local y a la red viaria de las diputaciones provinciales o en su caso pertenecientes a las extintas diputaciones. Lo de «o en su caso pertenecientes a las extintas diputaciones» se incluyó por una enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados y que aclaraba alguna duda sobre la posibilidad o no de que se interviniera en las redes viarias de esas extintas diputaciones, que creo recordar que afectaban a la Comunidad Foral de Navarra y a la de La Rioja. ¿Qué es lo que ocurre? Que las obras que se incluyen en esta enmienda no son ninguna de esta titularidad.
Además, se da el caso contradictorio de que en el enunciado del artículo 2, que me parece recordar que es el que se enmienda, aparece la titularidad de las obras y, sin embargo, en el texto de la ley, como consecuencia de la enmienda, se cuelan algunas obras que nada tienen que ver con esto. Por eso, señoras y señores senadores, porque creemos que es contradictorio con el espíritu de la ley y además técnicamente no es correcto, es por lo que no estamos de acuerdo con ellas.
Vamos a las enmiendas del Grupo Popular de la 1 a la 4. Estas enmiendas hablan de introducir los daños ocurridos en los incendios de Extremadura y Galicia. Nosotros creemos que tampoco son acordes con el sentido y el carácter de excepcionalidad del Real Decreto-ley originario ni del presente proyecto de ley. En primer lugar, porque en Extremadura no se dan las circunstancias que se dieron en el año 2003 cuando se quemaron alrededor de 44.000 hectáreas en unos incendios que afectaron a Portugal y a otras comunidades autónomas, junto con unas condiciones climáticas que eran adversas. En esta ocasión las hectáreas quemadas han sido menos, unas 13.000 y, además, la mayoría de herbáceas y forestal y no de leñosas.
Galicia. El problema de Galicia es que la superficie forestal quemada se debe a 10.245 siniestros. Señoras y señores senadores, este número tan elevado de siniestros por incendios representa el 52,3 de los siniestros nacionales. Ustedes me dirán si esto tiene o no carácter de excepcionalidad. La verdad es que da la impresión de que no. Nosotros creemos que allí más que medidas de ayuda, que seguramente son necesarias, lo que hacen falta son normativas

autonómicas que eviten la especulación del cambio del uso del suelo porque sólo así se puede entender el número tan elevado de siniestros.
Esto desgraciadamente no tiene carácter de excepcionalidad. Esto desgraciadamente sí es preocupante y creemos que la comunidad autónoma debe emprender las medidas oportunas para evitar que esto suceda en el uso no sólo de su competencia, sino también de sus obligaciones.
Las enmiendas del Grupo Popular números 5 y 6 suponen la ampliación a unos hechos acaecidos en la tierra de Estella en Navarra y en la provincia de Alava. ¿Qué es lo que sucede? Que en la justificación ustedes hablan de una serie valoraciones que no reúnen las condiciones que exige la norma. La norma exige que estas valoraciones deben hacerse de acuerdo con la Administración central del Estado a través de sus delegaciones del Gobierno y de los organismos autónomos competentes y por ningún lado aparece que las valoraciones se hayan hecho de esta manera.
Creemos que estos hechos deben de ser atendidos por sus correspondientes comunidades autónomas según las competencias que tienen transferidas en materia de agricultura y desarrollo rural, máxime, además, cuando ustedes bien saben que en la Comunidad Foral de Navarra se incluyen zonas muy importantes que fueron afectadas por hechos que sí reúnen el carácter de excepcionalidad.
En la número 7 amplían ustedes de 20 a 30 millones la línea de crédito del ICO. Nosotros la consideramos innecesaria por dos razones. Una, porque además de esa línea se han abierto nuevas vías de financiación de las comunidades autónomas y, dos, porque en el propio artículo 12 se prevé la posibilidad de que se amplíe esa cantidad si fuera necesaria.
Entonces no entendemos el interés en distraer recursos que son escasos y fijarlos si hay la posibilidad, en caso de que así fuera necesario, de ampliar esa cantidad.
La enmienda número 9 viene a ser un poco de lo mismo. Yo comprendo la intención y no crean ustedes que no me gustaría que esto fuera así, que se atendieran también las obras hechas por las comunidades de regantes.
Pero volvemos a tener el mismo problema técnico, que las valoraciones no se han hecho con respecto a la norma. Por otra parte, ustedes saben que la reparación de estos daños por parte de la Administración general del Estado exige la garantía técnica y jurídico-- administrativa que no existen en el caso de que las mismas no se realicen por la Administración. Y esto no coincide con lo que son las comunidades de regantes. Pero, además, dicho sea de paso, la enmienda la presentan ustedes a título personal porque no ha sido solicitada por las comunidades autónomas.
Y voy a la enmienda número 8. Evidentemente, declaran zona catastrófica los territorios afectados por los incendios en Andalucía en las provincias de Huelva y Sevilla. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Esto sí lo voy a explicar más detenidamente.
No estamos de acuerdo, en primer lugar, porque todas las medidas que recoge la norma de zona catastrófica están incluidas en este proyecto de ley. En segundo lugar, porque los afectados --y esto es algo muy importante-- reciben las ayudas mediante la declaración de zona de actuación especial y no mediante la declaración de zona catastrófica. En tercer lugar, porque no lo han pedido los afectados, que son quienes tenían que pedirlo. ¿Por qué no lo han pedido? Porque son conscientes de que estas ayudas de la Junta de Andalucía, del Gobierno central, incluso del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea llegarán antes con la declaración de zona de actuación especial que con la declaración de zona catastrófica. Fíjense, desde el año 1981, en que entró en vigor esta norma, sólo en una ocasión se ha utilizado.
Quiero ir más allá, porque, señoras y señores del Partido Popular, creo que se les ve el plumero. Ustedes piden que se declare zona catastrófica
--y lo logran introduciendo la enmienda en el proyecto de ley-- una zona en la que, según ustedes, han ardido 40.000 hectáreas, y digo según ustedes porque no son esos los números que se barajan, son menos, pero no voy a entrar a discutirlo. En Extremadura, en el año 2003, gobernando ustedes, ardieron casi 44.000 hectáreas, algunas más de las que han ardido en la provincia de Sevilla y de Huelva. Incluso aceptando que sea verdad lo que dicen, allí, ustedes no aplicaron la norma de zona catastrófica y ahora piden que se aplique en Andalucía. Pero voy a ir más lejos. ¿Hay alguien en este hemiciclo que piense que la tragedia del «Prestige» no ha sido una de las peores catástrofes que ha habido en los últimos años? Yo creo que nadie, incluso siendo senador del PP, puede pensar que no, y no quiero entrar en si se gestionó bien o no, éste ya no es el momento, entro solamente en la dimensión y en las características de la catástrofe. Pues tampoco lo declararon zona catastrófica. ¿No es esto una contradicción? Yo en un momento pensé que era un arrebato de amor del PP por Andalucía pero inmediatamente me dije que eso era imposible, porque si así fuera me van a permitir que les diga eso de que a buenas horas, mangas verdes, pero no es eso. Tampoco creo que ustedes lo hagan con la intención de hacer daño a Andalucía. Se lo digo con toda sinceridad, lo mismo que les digo una cosa les digo la otra. No creo que ustedes intenten hacerle daño, aunque pueden hacerlo, hay veces que uno hace daño sin querer. Yo no creo que ustedes lo intenten, ni mucho menos.
Yo creo que esto sencillamente obedece al intento premeditado que constantemente tiene el Grupo Parlamentario Popular de poner obstáculos a la gestión del Gobierno a costa de lo que sea y se trate de lo que se trate. Esto puede hacer daño a Andalucía, pero no importa, voy a colarlo, porque así hago lo distinto a lo que ellos han propuesto. Por eso hemos presentado este voto particular.
Por último, para no cansarles más me van a permitir, desde la ingenuidad del novato, que les pida que aprovechen esta ocasión que tienen de rectificar y apoyen el voto particular que hoy presentamos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra.
Tiene la palabra el senador Murria.

El señor MURRIA CLIMENT: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, deseo comenzar expresando mi recuerdo a las víctimas y mi condolencia a los familiares y amigos de los 18 fallecidos en el luctuoso accidente ocurrido en el municipio de Todolella en la comarca de Els Ports en la provincia de Castellón, que es mi provincia, en donde fui concejal del municipio de Ares, por tanto, comarca que conozco y por la que siento un especial afecto.
Señorías, en este proyecto de ley que nos ocupa, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Foral de Navarra, Galicia y Extremadura --medidas procedentes del Real Decreto 6/2004--, nos encontramos ante una situación de solidaridad constitucional que está expresada en el artículo 2 de la carta magna. El fin fundamental de este proyecto de ley es articular medidas de carácter extraordinario para supuestos devastadores producidos por incendios e inundaciones.
Señorías, tal y como se establece en la exposición, la magnitud de los hechos y sus consecuencias obligan, desde el principio constitucional de solidaridad, y por aplicación de los de equidad e igualdad de trato en relación con situaciones precedentes, a la actuación de los poderes públicos y a la adopción para las zonas afectadas de un conjunto de medidas paliativas y reparadoras concordantes con las adoptadas en ocasiones semejantes al objeto de favorecer el restablecimiento de los servicios, la reparación de los daños producidos y la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas por los incendios y las inundaciones.
El Grupo Parlamentario Popular apoyó la convalidación del decreto ley con el fin de que se pudieran superar una serie de insuficiencias --pudiendo de esa forma incluir también en él a las comunidades autónomas de Galicia y Extremadura-- para poder solicitar la declaración de zona catastrófica de las provincias de Huelva y Sevilla debido a los incendios ocurridos allí, y asimismo con el fin de establecer un plan de regeneración forestal en esa zona y, en fin, señorías, con la intención de dialogar con ayuntamientos, con colectivos vecinales, agricultores, ganaderos, apicultores, forestales y comunidades de regantes, es decir, con los colectivos afectados, a fin de mejorar el proyecto de ley, como han solicitado sus señorías en otras ocasiones aunque calificando éste de fotocopia de otros proyectos anteriores de las mismas características, pero no cabe duda de que tanto la valoración cuantitativa como la cualitativa de los daños y de sus reparaciones que hace mi grupo parlamentario es, evidentemente, diferente a las que hacen ustedes.
El Grupo Parlamentario Popular considera que Andalucía, en sus provincias de Huelva y Sevilla, ha sufrido los incendios más importantes en daños sobre sus masas forestales y explotaciones agrícolas y ganaderas de los últimos 25 años, incendios de difícil recuperación incluso a lo largo de mucho tiempo.
Su valoración integral, como dice la señora ministra, es, por tanto, compleja y extensa, por lo que nos parece que este proyecto de ley debe tener una consideración especial, y es que aún hoy colectivos como «Incendios nunca más» siguen reivindicando ayudas no recibidas. En cuanto a la declaración de zona catastrófica, debo precisar que en la anterior legislatura se debatieron en esta Cámara unos 14 decretos solicitando ayudas a tenor del artículo 2 de la Constitución, y en sucesivas ocasiones se reiteró la demanda de declaración de zonas catastróficas por parte de senadores del Grupo Parlamentario Socialista, y no sólo en relación con el «Prestige», que sí la pidieron, sino, por ejemplo, en relación con Extremadura.
Y hablando de Extremadura tenemos que valorar la extensión de los incendios ocurridos allí. Se trata de 15.000 hectáreas, de las que 4.000 son de cepa en Los Llanos de Cáceres, además de otras 5.000 en Montehermoso, en Pozuelo de Zarzón y en otros municipios donde se han sufrido importantes daños tanto en agricultura como en ganadería, amén de tratarse de una zona deprimida. De hecho algunos grupos ecologistas lo han calificado de verdadero desastre.
En cuanto a Galicia, habíamos leído ya su exposición del Congreso de los Diputados: ha habido allí más de 10.000 incendios, quizá debido a circunstancias pluviométricas o a su propia orografía, pero en ningún caso pienso que a nadie se le haya podido ocurrir que ese 52 por ciento de incendios acaecidos sólo en Galicia que ustedes reflejan en comparación con los de el resto de España signifique que los gallegos son los más especuladores de España. No pienso que ustedes lo piensen, pero lo digo. Y para ello les remito a un acto que ustedes celebraron, a la reunión sectorial de Medio Ambiente, pero no a la que se celebró en Mérida, sino a la más reciente, a la celebrada en Santander, y en la que los consejeros de las distintas comunidades autónomas fijaron su posición respecto de la Ley de Montes, Ley que regula estas situaciones.
Por lo tanto, nosotros consideramos que Galicia debe ser integrada por cuanto los principales incendios, aunque pudo haber muchos, se concentraron en Carballeda de Valdeorras, Rivas de Sil, Bande y Rairiz de Veiga, Pena y Coedo. En todos estos incendios, junto con los de Tierra de Estella, la situación se asemeja a lo ocurrido en Cataluña; no quiero entrar en fechas pero al final se admitió, con mucho criterio, la enmienda respecto a los incendios de Torroella de Montgrí, en el Ampurdán, que nosotros votamos a favor y que fue incluida en este proyecto.
En cuanto a las comunidades de regantes, quiero precisar que son corporaciones de derecho público. No son órganos de la administración pero pueden ser asimilables a la misma. Las obras de emergencia tras una inundación, señorías, exigen una reparación inmediata y no pueden esperar el tiempo que dura la tramitación de una norma y el posterior procedimiento administrativo. Las plantas, señorías, son seres vivos que necesitan un cuidado continuo y en muchos casos 15 días después de haber llovido necesitan más agua. Las comunidades de regantes necesitan reparar los daños causados en el menor espacio de tiempo, habiendo demostrado a lo largo de la historia su buen hacer y gran utilidad para la agricultura y, por lo tanto, para la sociedad. Hay que darles soluciones ante las situaciones de emergencia.
Estos hechos, señorías, nos han inducido a presentar mociones aceptadas e incluidas en el dictamen. Todos ellos

son desastres naturales, acontecimientos de carácter excepcional dignos de la solidaridad constitucional y de la aplicación de los principios de equidad e igualdad de trato en otras actuaciones similares. Son hechos excepcionales, aunque las condiciones climáticas los hacen frecuentes.
Para sus señorías sólo vale la excepcionalidad en aquellos desastres naturales cuyas consecuencias hayan ido más allá de la cosecha. Esa fue su exposición en el Congreso de los Diputados. Aplican dos criterios sustanciales a la hora de valorar y aceptar enmiendas. Uno, que hayan sido circunstancias no previsibles las que han hecho necesario que se pongan en funcionamiento mecanismos públicos de ayuda. Dos, que se trate de ayudas de distinta índole y que se concreten desde una perspectiva integral.
Señorías, las dos circunstancias fundamentales para ustedes son la excepcionalidad y el carácter interdepartamental. Ante estas medidas, nos encontramos con desastres naturales cuyas consecuencias han ido mucho más allá de la cosecha. Para nuestro grupo, la valoración no se limita a la cosecha, sino que valoramos otros factores que por su reiteración, debida a los cambios climáticos que afectan a nuestra península, se están convirtiendo en hechos excepcionales frecuentes, siendo cada vez más difícil excluirlos por agravios comparativos.
Señorías, compartimos la mayoría de los 16 artículos que tiene el proyecto. Consideramos que Galicia, Extremadura, Tierra de Estella en Navarra y Alava deben ser incluidas en la presente ley. Las comunidades de regantes deben ser valoradas por su historia y utilidad.
Por ello, señorías, entendemos que hemos colaborado a mejorar el proyecto de ley y les invitamos a considerar su postura y a apoyar el dictamen de la Comisión de Interior, aprobado por mayoría democrática con la inclusión de sus enmiendas. Sería muestra de solidaridad y democracia por su parte aceptar el dictamen tal y como está redactado.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Companys.

El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, tenemos encima de la mesa un proyecto de ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños por los incendios acaecidos en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Navarra, Valencia, Galicia, Extremadura, procedente del Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de septiembre.
Efectivamente, como sus señorías saben, es normal que durante el período de sesiones se aprueben una serie de reales decretos leyes cuyo trámite, si la mayoría es absoluta, se puede hacer por decreto ley y si no se procede por la tramitación vía proyecto de ley, que es el caso en que nos encontramos. Ese segundo sistema, que es un poco más lento, tiene algunas ventajas, sobre todo porque nos permite un debate más sosegado y se pueden complementar vía enmiendas las propuestas del Gobierno. En este supuesto se han presentado --como se ha explicado antes-- toda una serie de enmiendas, básicamente del Grupo Parlamentario Popular, unas del Grupo Parlamentario Socialista de carácter técnico y otra de Convergència i Unió, la número 12, sobre daños en infraestructuras municipales, en redes viarias de las diputaciones y, sobre todo, por lo que se refiere a caminos forestales.
Básicamente todos estamos de acuerdo con la propuesta que ha llegado del Congreso, a excepción de esos pequeños matices, algunos con la introducción de los caminos municipales, de los riegos o de algunas pequeñas ampliaciones. Efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular cree
--y no le falta razón-- que hay que ampliar algunas zonas que han sufrido daños, y aquí está realmente el nudo gordiano del problema: en la ampliación o no ampliación.
Al ver la propuesta de voto particular que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista tengo la sensación de que parten de una premisa, para mí absolutamente falsa: que los socialistas se subrogan como poseedores de la única verdad y creen que son los únicos con capacidad para discernir quién tiene razón y quién no, qué zonas deben formar parte del núcleo que debe ser tenido en cuenta para reparar los daños producidos por accidentes de carácter meteorológico y quiénes no pueden estar dentro. De todas formas, a mí personalmente me gusta poco el sistema que utilizamos del decreto ley porque a los afectados les damos muchas esperanzas que luego a la hora de la verdad se ven poco compensadas.
Efectivamente, si analizamos la propuesta del real decreto --en este momento proyecto de ley--, se concede, por ejemplo, la exención del IBI cuando se ha quemado la casa --o sea, que si se quema la casa no se paga contribución, lo cual parece bastante lógico-- y si se quema la industria ese año no se pagará tampoco contribución o IBI --también me parece bastante lógico--, pero al ser impuestos de carácter municipal hay luego una tramitación muy compleja. Se concede la reducción del IAE cuando ha tenido que cerrar la actividad --faltaría más, pero me parece bien que esté dentro--. Estarán exentas las tasas de la Jefatura Central de Tráfico por la tramitación de las bajas de los vehículo que se han quemado --bueno, también es importante, pero no les estamos hablando de las bajas--. En cuanto a las reducciones fiscales, que eso sí ya es más importante, dice que se podrá utilizar con carácter excepcional --por lo tanto, los que están dentro no están contemplados, sino que son de carácter excepcional-- la reducción de los módulos por el ministro de Hacienda --por lo tanto, otro trámite--, previo informe del ministro de Agricultura --otro trámite.
En resumen, es un tema por el que en este momento nos estamos peleando cuando el ministerio terminará haciendo lo que quiera, y ahora lo único que hacemos es abrir la posibilidad de que la gente que esté en condiciones de poderse acoger tenga la posibilidad de estar dentro. Por tanto,

no estamos desvirtuando nada, estamos abriendo las posibilidades, y uno acaba pensando, señor presidente, señoras y señores senadores, si son necesarias tantas alforjas para un camino tan corto.
Si consultamos los reales decretos que hemos aprobado los dos últimos años nos damos cuenta de que en lo substancial son iguales. En diferentes ocasiones yo he puesto encima de la mesa que seguramente sería bueno hacer una ley más amplia y que, sin necesidad de todos estos trámites, cuando pasase una cosa de tipo excepcional se pudiese arreglar de forma automática sin tener que pasar por estos procedimientos. Efectivamente, hay temas donde ocurre así, como en los seguros agrarios, con lo cual cuando hay un desastre con los informes de los técnicos se termina pagando. Podría buscarse un mecanismo mucho más transparente que ese
--porque estaría establecido y serviría para todos--, según el cual se fijarían los márgenes para cobrar las subvenciones con los certificados y no haría falta tanta y tanta documentación.
Por lo tanto, señor presidente, señoras y señores senadores, considero que no es lógica la posición del Partido Socialista quien, con unos argumentos poco convincentes en ese momento, creen que tienen la razón absoluta y ellos deciden quienes entran y quienes no. Ese es un debate público, un debate parlamentario y todos tenemos derecho a poner nuestras opiniones encima de la mesa.
Nosotros hubiésemos votado a favor del veto si realmente hubiésemos entendido que la propuesta se salía del contexto absoluto y era un desastre. Pero creo que se puede admitir fácilmente y que, además, al ministerio le quedan mecanismos para después hacer lo que quiera.
Por lo tanto, ése es un primer paso y nosotros no vamos a votar a favor del veto. Efectivamente, a veces son difíciles de definir los grandes y pequeños incendios. Se puede decir: a partir de tantas hectáreas, podemos considerar un gran incendio, pero los daños personales, los daños individuales pueden ser mucho mayores, si ustedes quieren, en un pequeño incendio que incluso en un gran incendio. Son cuestiones muy difíciles de valorar y consideramos que la aportación que se ha hecho con la inclusión de nuestra enmienda y las del Grupo Parlamentario Popular enriquecen el texto actual y dejan al Gobierno suficiente margen para que haga lo que tenga que hacer.
Por lo tanto, señor presidente, señoras y señores senadores, no vamos a votar a favor del veto y lo vamos a hacer a favor del texto del dictamen de la Comisión.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoras y señores senadores.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.

La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos debatiendo el proyecto de ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en distintas comunidades autónomas.
No voy a incidir en aspectos que ya han planteado quienes me han precedido en el uso de la palabra. Unicamente debo señalar que a lo largo de la legislatura pasada, en numerosas ocasiones desde esta Cámara se han tenido que adoptar decisiones basadas en mociones conjuntas suscritas por todos los grupos parlamentarios en relación con los daños causados por graves inundaciones ocurridas en unas comunidades autónomas, así como por los incendios acaecidos durante los meses de julio, agosto y parte del mes de septiembre en otras.
En ese sentido, como grupo parlamentario deseo trasladar que entendemos que estas medidas han de ser aplicables a todas aquellas comunidades autónomas que se hayan visto afectadas tanto por los desastres acaecidos fruto de las graves inundaciones como por los desastres acaecidos fruto de los incendios. Por lo tanto, vamos a votar a favor del dictamen de la Comisión y en contra del voto particular que pretende la incorporación en el texto del dictamen de distintas enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular, y a favor de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en relación con la vuelta al texto original.
Señorías, únicamente querría plantear una reflexión. Lo triste de este proyecto de ley es que, con independencia de las distintas medidas planteadas en su conjunto a lo largo del articulado del mismo, se haya tenido que adoptar también medidas y ayudas excepcionales por daños personales. Distintos daños son reparables, son subsanables a través de las distintas medidas que se plantean, lo único que no vamos a poder recuperar ni reparar va a ser la pérdida de vidas humanas que lleva implícita la adopción de este proyecto de ley y las medidas contempladas en el mismo.
Asimismo, y al hilo de la intervención del compañero del Grupo Parlamentario Popular por Castellón, quiero concluir mi intervención trasladando el abrazo solidario a todos los compañeros de esta Cámara de la provincia de Castellón que el pasado fin de semana tuvieron que soportar esa dura tragedia por la pérdida de 18 vidas humanas en esa provincia, y deberíamos hacer votos para que no tengamos que transmitir este tipo de condolencias por haberse tomado las medidas adecuadas y haberse subsanado los posibles defectos que pudiéramos tener a lo largo de nuestras distintas actuaciones.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, estamos debatiendo un proyecto de ley en el que, como ya se ha dicho, se adopta todo un catálogo de medidas de carácter urgente, tendentes a reparar los daños ocasionados por determinadas inundaciones e incendios --por cierto, que uno de ellos, el de Torroella de Montgrí, Ullà, Bellcaire d'Empordà, se inició a escasos metros de donde este senador tiene su residencia--, acaecidos a lo largo del año pasado, especialmente

durante la época estival, en diversas comunidades autónomas de nuestro país.
Se trata de un catálogo de medidas que abarca desde ayudas y subvenciones a corporaciones locales, municipios y diputaciones afectados en sus infraestructuras, como también beneficios y reducciones fiscales y líneas de crédito para empresas y particulares afectados. Es decir, estamos debatiendo una serie de medidas paliativas --y subrayo este último término--, una vez que el daño, desgraciadamente, ya se ha producido y con motivo de unos acontecimientos de carácter catastrófico y que tienen una característica clara --y también la subrayo--: la de la excepcionalidad.
Sería distinto que en esta Cámara realizáramos un debate, que sin duda sería interesante y muy sugerente,, sobre los mecanismos necesarios para mejorar las políticas preventivas, para evitar o al menos minimizar los efectos de este tipo de catástrofes que en nuestro país, por desgracia, tienen lugar con frecuencia.
Sin embargo, algunas de las medidas que ha introducido el Grupo Parlamentario Popular en el trámite de la Comisión de Interior, celebrada el pasado día 3, a nuestro juicio no cumplen con el precepto de excepcionalidad previsto en el proyecto de ley; desde nuestro punto de vista, otras medidas son imprecisas, excesivamente inconcretas y ambiguas, puesto que hablan de cuantiosos daños en infraestructuras, pero no se citan cuáles son ni su cuantía; y, otras, las consideramos redundantes e innecesarias, puesto que entendemos que están suficientemente reflejadas en el propio texto del proyecto de ley remitido por el Congreso de los Diputados. Además, creemos que de aprobarse el dictamen tal y como concluyó en la Comisión de Interior --es decir, con la incorporación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular--, se produciría un cambio de criterio y una enorme incoherencia respecto a lo que han sido otros proyectos de ley similares que se han tramitado en años anteriores, para paliar daños similares a los que estamos hoy tratando de reparar, algunos de los cuales se produjeron --por cierto--, durante el mandato del Partido Popular.
Por todo ello, señoras y señores senadores, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés va a apoyar el voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados.
«Moltes graciès, senyoras y senyores senadors.»
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Martín.

El señor RODRÍGUEZ MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Creo que queda ya poco por decir. Mi grupo parlamentario se ratifica en la defensa de nuestro voto particular.
En este sentido, me gustaría recordar algo que dijo el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en la Comisión de Interior del pasado día 3: que cuando un real decreto-ley se somete al procedimiento de aprobación como proyecto de ley, dado que el tiempo que transcurre entre su publicación y su aprobación es largo, podemos caer en la tentación de intentar introducir todo aquello que pueda ocurrir durante ese período. Desde mi punto de vista, se trata de una tentación legítima, pero en algunas ocasiones debemos reconsiderar esa postura porque, o bien, técnicamente no encaja, o bien, es contradictoria, que es lo único que hemos tratado de demostrar durante la explicación de nuestro voto particular.
Por otra parte, lamentamos que se haya roto el consenso que surgió en el Congreso de los Diputados cuando se votó, casi por unanimidad, la convalidación del originario real decreto-ley. Me parece recordar que obtuvo 292 votos de los 294 que allí se emitieron, sólo uno en contra y una abstención.
Nos dicen que en otras ocasiones hemos solicitado la declaración de zona catastrófica. Yo no me quiero excusar en mi condición de novato, pero les pregunto ¿y por qué no la concedieron? ¿Actuaron mal entonces o actúan bien ahora cuando la solicitan? Al menos lo están haciendo tan mal como nosotros.
Se nos ha dicho también que seamos democráticos y aceptemos el voto expresado en la Comisión de Interior. Pero mis queridos amigos, si la posibilidad de presentar un voto particular está recogida en el Reglamento del Senado, ¿quiere decir esto que el Reglamento del Senado recoge una posibilidad para que el talante no democrático de algún senador se exprese? No, nosotros hemos conocido el dictamen y venimos aquí en el ejercicio de las posibilidades que nos da el Reglamento de la Cámara. Por lo tanto, no somos ni más ni menos democráticos que nadie, sino que usamos los medios que nos permite la ley. Y cuando se está dentro del marco de la ley se es profundamente democrático.
Por otro lado, lamento que no esté presente el portavoz de CiU que nos ha dicho que estamos en posesión de la verdad. Nosotros no estamos en posesión de ninguna verdad, sencillamente creo que no sólo con toda sinceridad, sino con humildad he intentado explicar los motivos de nuestra disconformidad con las enmiendas que en su momento se incluyeron.
Y no querría acabar esta intervención sin transmitir al senador por Castellón nuestro más sentido pesar, y sepa que el sufrimiento, aunque desde lejos, lo hemos compartido estos días con todos ustedes.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Murria.

El señor MURRIA CLIMENT: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, agradezco las muestras de afecto y de condolencia por el luctuoso accidente ocurrido en Castellón.
Señoría, sin acritud y con todo mi respeto, nosotros no hemos roto ninguna unidad. Ustedes, evidentemente haciendo uso de la democracia, han presentado un voto particular. Se han salido porque no han aceptado lo mismo que

los demás, y en ese contexto democrático hemos votado en la Comisión de Interior. No desvirtuamos la ley, consideramos que enriquecemos una ley de la que se pueden beneficiar muchísimos ciudadanos.
Es evidente que a nuestro grupo parlamentario no le preocupa tanto la excepcionalidad de los hechos como la solidaridad constitucional. No valoramos que la excepcionalidad sea ir más allá de la cosecha. No es hacer una valoración sólo cuantitativa, sino también cualitativa.
Estaremos siempre al lado de la solidaridad constitucional. Nos lo demanda nuestro criterio, nuestra opinión y nuestra solidaridad.
Estaremos al lado de las comunidades que sufren por catástrofes y desastres. Así lo hemos hecho en la anterior legislatura en las más de catorce veces en que han ocurrido, incluido por cierto el desastre del «Prestige». Y hablando de él, permítanme, señorías, recordar a Cataluña, que no sólo ha padecido un desastre natural, sino un desastre urbano. El presidente Maragall ha calificado la catástrofe como semejante a la del «Prestige». Nosotros consideramos que, más que una catástrofe, es un caso de negligencia. Además, se ha permitido a los ciudadanos que, junto al alcalde de la ciudad de Barcelona, señor Clos --y lo hemos oído decir--, hayan hablado con el señor Almunia y con el señor Rodríguez Zapatero, quienes han garantizado ayudas, tanto europeas como nacionales. Espero que las nacionales se refieran a España; en definitiva, señorías, soluciones no legislativas y telefónicas. ¿Para qué estos debates? ¿Para qué esta solidaridad, si hay quien resuelve sus desastres y sus negligencias por teléfono? Señorías, aprovechando las circunstancias, también quisiera referirme a la excepcionalidad de Gibraltar. Los problemas submarinos gibraltareños conllevan un riesgo de catástrofe que habría que evaluar. ¿Recuerdan el refrán que dice: por donde hablarás, pasarás? Traten de que no se repita esta excepcionalidad; que el año que viene no tengamos otro riesgo natural. Y ésta sí, señorías, ésta es una excepcionalidad preventiva que este senador, que es de Castellón, de la Comunidad Valenciana, quiere expresar.
Señorías, la Comunidad Valenciana, junto a Murcia y a Almería, está sufriendo la derogación de un plan hidrológico nacional que cubría unas necesidades de agua, y después de dicha derogación no se han ofrecido alternativas. En nuestras comunidades, en la Comunidad Valenciana, señorías, se nos queman hasta los humedales, se secan los acuíferos, se hielan los frutos, huele a sequía. Es ésa, señoría, una excepcionalidad natural de previsión. Necesitamos soluciones preventivas. Tiembla hasta Murcia.
Señorías, nuestro posicionamiento es claro: no al voto particular y sí al dictamen de la Comisión de Interior, y siempre recuerden: ¡agua para todos! Valencia, Murcia y Almería la necesitan.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde. La votación de este proyecto de ley se efectuará una vez finalizado el debate del proyecto de ley que figura en el orden del día con el número 28.

Se suspende la sesión.

Eran las catorce horas y cuarenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):


--DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2004, DE 27 DE AGOSTO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000008) (C. D. 121/000008.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente en relación con el proyecto de ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Mur.

El señor MUR BERNAD: Gracias.
Señor presidente, señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente al proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, procedente del Real Decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto.
Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados, donde comenzó su tramitación el 16 de septiembre de 2004, y donde fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente, con competencia legislativa plena. Fue publicado el pasado 28 de diciembre en el Boletín del Senado. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el pasado día 1 de febrero, y el proyecto se tramita por el procedimiento de urgencia.
A este proyecto han sido presentadas 78 enmiendas, que paso a desglosar:
Trece enmiendas han sido presentadas por el senador Quintana, del Bloque Nacionalista Galego; veinticuatro enmiendas, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; cuatro enmiendas, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; tres enmiendas, por el Grupo Mixto Izquierda Unida; tres enmiendas, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; ocho enmiendas, por el Grupo Parlamentario Popular; ocho enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista; y quince enmiendas, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Los senadores que designó la comisión a propuesta de los grupos parlamentarios para formar parte de la ponencia encargada de informar el proyecto de ley fueron los siguientes. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Diego Ladislao Castell Campesino, don Francisco Javier Pagola Sáenz y don Javier Sopeña Velasco. Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Esmeralda Iranzo Sánchez y doña Cristina Maestre Martín de Almagro. Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, don Jordi Guillot Miravet. Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, doña Inmaculada Loroño Ormaechea. Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don Lluís Badia i Chancho, y por el Grupo Parlamentario Mixto, don José María Mur Bernad.
A la vista de las enmiendas presentadas, la ponencia procedió a informar el proyecto de ley el día 4 de febrero, acordando mantener en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran introducirse en las fases posteriores del procedimiento.
El día 7 de febrero, la Comisión de Medio Ambiente, vista la nueva propuesta realizada por la ponencia, acordó incorporar por unanimidad una enmienda transaccional a la enmienda número 37, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. También se incorporaron por mayoría las siguientes enmiendas: una enmienda transaccional a la número 38, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y a la 48 del Grupo Parlamentario Popular; una enmienda transaccional a la 42, del senador Cuenca Cañizares y de la senadora López Aulestia, del Grupo Parlamentario Mixto, y a la número 45, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y también es aceptada por mayoría la enmienda número 49, del Grupo Parlamentario Popular.
En la sesión de la comisión, se procede también a la retirada de las enmiendas número 41, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y 46, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Por último, para su debate en el Pleno, se han formulado seis votos particulares.
Con estas palabras, señor presidente, creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo de este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el senador Sopeña.

El señor SOPEÑA VELASCO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy se debate en esta Cámara un proyecto de ley por el que se establece un régimen de comercio para las emisiones de gases de efecto invernadero; proyecto de ley que supone un paso adelante hacia el objetivo de cumplimiento del Protocolo de Kioto, que fue ratificado por la Unión Europea en 2002, durante la presidencia española, con un Gobierno del Partido Popular.
El comercio de emisiones es un mecanismo de flexibilidad que posibilitará que España cumpla con sus compromisos internacionales de estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero en el período 2005-2007, de acuerdo con el baremo de los tres últimos años disponibles, para alcanzar más adelante, en 2012, los objetivos propuestos por la Unión Europea en el Protocolo de Kioto.
Como ustedes saben, el Protocolo de Kioto nos da un margen de crecimiento de nuestras emisiones del 15 por ciento con respecto al año 1990, a lo que podemos sumar un 2 por ciento en sumideros de CO2 y un 7 por ciento por mecanismos previstos en proyectos de desarrollo limpio y de acción conjunta. En total, España podrá crecer hasta 2012 un 24 por ciento.
Ambos objetivos parecen posibles por el esfuerzo ya realizado por la industria española y por la aplicación de medidas establecidas en años anteriores por los gobiernos del Partido Popular; medidas entre las que podemos destacar el Plan de Fomento de las Energías Renovables, la apuesta decidida por el gas, el ciclo combinado, la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, la mejora en las infraestructuras y transportes, la apuesta por el ferrocarril y el transporte público en general, el Plan de residuos, la Ley de control integral de la contaminación, el Plan forestal, etcétera. Todas ellas son medidas que se han puesto en marcha por los gobiernos anteriores.
Señorías, a pesar de todo no hemos podido evitar que haya habido un incremento en nuestras emisiones de CO2 del orden del 39 al 40 por ciento. Lo que tampoco podemos olvidar es que a este incremento le ha correspondido un crecimiento del producto interior bruto en nuestro país del 29,5 por ciento, con tasas superiores al 4 por ciento en los últimos años, con la creación de 4,5 millones de puestos de trabajo y con una afiliación récord de más de 17 millones de personas a la Seguridad Social. Indudablemente, ha crecido la contaminación, pero podía haberlo hecho más de no haber sido por estas medidas y por los esfuerzos e inversiones que, en este sentido, ha realizado el sector industrial español.
Por lo que a los esfuerzos del sector se refiere, permítanme que les lea unos datos que no son, para que no parezcan sospechosos, de ninguna patronal, sino sacados de una publicación de un sindicato, concretamente de la Unión General de Trabajadores.
En los últimos años el sector eléctrico ha invertido más de 11.000 millones de euros en tecnologías limpias, lo que se ha traducido en una reducción del 14 por ciento de ese tipo de gases. El cemento, con un incremento de la demanda de casi el 30 por ciento, ha conseguido una reducción del 2 por ciento, y la siderurgia precisa hoy de un 10 por ciento menos de energía para producir una tonelada de acero que a comienzos de la pasada década.
Así pues, estamos ante un escenario de eficiencia tecnológica y medioambiental y, como ya he dicho, de esfuerzos y sacrificios continuados por parte de nuestro sector industrial. Por ello, les pedimos la máxima flexibilidad y las mayores ayudas posibles para nuestro sector; por lo menos, que esas ayudas se hagan realidad en el primer período, el de pruebas, que llega hasta 2008, en ese plazo de ocho años hasta 2012.


En su momento la ministra de Medio Ambiente dijo que habría dos período bien diferenciados. En el primero las empresas irán apretándose poco a poco el cinturón; y estamos hablando del que llega hasta el año 2007. Y en el segundo se deben cumplir ya sin reservas los objetivos de Kioto.
Como ya he tenido ocasión de exponer con anterioridad en esta Cámara, nuestra preocupación coincide con la del Consejo Económico y Social, que en su informe sobre el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisiones manifiesta su inquietud por los efectos que puedan tener sobre la producción, la inversión y el empleo en las empresas españolas los objetivos de reducción previstos para el período 2008-2012. Eso podría suponer un aumento de coste, con repercusión en los precios y tarifas, que podría redundar negativamente en la competitividad, el proceso inversor, el empleo y, por tanto, en los consumidores.
Por ello, nuestra recomendación a los partidos que apoyan al Gobierno es que intenten conseguir en Bruselas apoyo para las inversiones descontaminantes, ya sea un apoyo directo, o mediante la financiación de beneficios fiscales. En este sentido, nuestro grupo parlamentario propone, como ya ha hecho en el Congreso, incrementar las desgravaciones fiscales para las inversiones en mejoras tecnológicas que impliquen menos contaminación, así como que a través del IDEA se arbitren ayudas técnicas para conocer, evaluar y disponer de las mejores tecnologías del momento.
Señorías, si ustedes apoyan verdaderamente nuestra industria, retiren este proyecto. Retírenlo, porque están a tiempo de hacerlo, y no causaremos ningún daño grave a la industria. Retírenlo, y mejórenlo negociando con la Unión Europea la metodología de seguimiento de las emisiones, pues ésta no se encuentra al alcance de nuestro sector. En cualquier caso, si no lo retiran la ley recibirá nuestro apoyo, pero, como es evidente, será un apoyo parcial. Me imagino que ustedes entenderán que nuestra obligación es intentar mejorarla, en la medida en que sus señorías lo decidan, con nuestras enmiendas. Ayudar a nuestra industria es el denominador común de todas ellas; ayudarla, para que sus esfuerzos no se trasladen a las tarifas y precios, y ayudarla, sobre todo, para que no sufra el empleo. Y lo hacemos manifestando nuestro apoyo decidido a la utilización del silencio administrativo en positivo, porque no podemos exigir al sector privado que viva en alerta y continua zozobra y permitir que las administraciones amplíen su siesta. También nuestro apoyo en el sentido de que los derechos de emisión sean repartidos en sus totalidad y de forma gratuita, bastantes penalizaciones contiene ya la ley, y muchas serán las inversiones que la industria tendrá que hacer para que, encima, se sea cicatero con aquello a lo que tienen derecho. Y nuestro apoyo para que el seguimiento de las emisiones sea realizado con las disponibilidades con que contamos en nuestro país; y como actualmente no disponemos de esa tecnología, por lo menos pedimos ese apoyo para el primer período, el de prueba, que va de 2004 a 2008.
Permítanme, señorías, ya para terminar, que les diga que yo sé que no es un asunto que se pueda incorporar en esta ley, como lo ha planteado ya algún señor senador. Pero estamos hablando de reducciones, de contención, de medidas en el sector que contamina únicamente el 40 por ciento de las emisiones en este país; estamos actuando sobre el 40 por ciento, que es el sector industrial. No se conoce, de momento, medida alguna sobre lo que se llaman y se conocen como sectores difusos, que son, señorías, los que contaminan el 60 por ciento en este país. Hablamos del transporte, hablamos de la construcción, hablamos de muchas cuestiones que no están incluidas en este proyecto de ley. Y para eso les pido, y me remito otra vez a aquellos grupos que sostienen y que apoyan al Gobierno: Planteen desde el Gobierno apoyos a las comunidades autónomas, planteen desde el Gobierno apoyos directos, ayudas directas, ayudas directas, permítanme que lo repita, a los ayuntamientos, que son junto a las comunidades los que tienen las competencias en el transporte, en el urbanismo, en el saneamiento. Y todo esto requiere ayuda, requiere dinero; y si un ayuntamiento tiene que tener una flota de autobuses, de vehículos eléctricos necesita dinero; y si necesita un alumbrado más eficiente, necesita dinero, y para eso hace falta apoyo del Estado porque, si no me falla la memoria, en los presupuestos generales hay una partida de un millón de euros para colaborar con los ayuntamientos de España en este tipo de medidas, y somos más de 7.000 los ayuntamientos que hay en este país y tendremos que repartirnos un millón de euros para actuar sobre aquellos sectores que son los responsables de contaminar el 60 por ciento en España.
Señoras y señores senadores, si conseguimos todo esto, si ponemos en marcha estas iniciativas, las que están en la ley, las que proponemos y las otras de las que hemos hablado, habremos dado de verdad un paso hacia adelante, un paso firme en ese objetivo que es, como dije al principio, no sólo el de nuestro grupo, estoy seguro que no, sino que es el de todos como es el luchar contra el cambio climático, la emisión de gases nocivos; en definitiva, señorías, luchar por un medio ambiente de más calidad, para lo que es necesario el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio de todos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Tiene la palabra el senador Cuenca.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Señor presidente, ¿el turno de defensa de las enmiendas ha pasado?
El señor PRESIDENTE: No.

El señor CUENCA CAÑIZARES: En nombre del senador Quintana González, quiero dar por defendidas...

El señor PRESIDENTE: Señoría, estamos en el turno de portavoces en la medida en que ha habido turno en contra.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Disculpe.

El señor PRESIDENTE: No hace uso del turno.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Por tanto, pasaríamos a los votos particulares.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cuenca.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para dar por defendidas, a instancias del senador Quintana González, las enmiendas números 1 a 13. Y retiramos las números 42, 43 y 44 que firmábamos la senadora López Aulestia y quien les habla porque entendemos que están transaccionadas.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Melchior.
El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria está de acuerdo con el proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Y estamos de acuerdo porque pensamos que es bueno, que es el camino necesario y que, en definitiva, ya era hora de que se realizase para cumplir con las obligaciones del Protocolo de Kioto, que estaba ratificado por la Comisión Europea.
Es necesario y urgente que todas las instalaciones que se contemplan, que están en el ámbito de aplicación de este proyecto de ley cuenten con la autorización oportuna y pertinente de emisión de gases. Es necesario y urgente y resulta imprescindible que los titulares de las instalaciones conozcan el régimen aplicable y presenten su solicitud de autorización y de asignación de derechos. Es, en definitiva, absolutamente necesario que las industrias y las empresas españolas estén en condiciones de igualdad en este mercado internacional de derechos de emisión. Pero, como he dicho al principio de mi intervención, también entiendo que este es un primero paso. Todas las administraciones y todos los partidos políticos somos responsables de no haber avanzado más y hubiera sido necesario haber avanzado más. Y lo digo porque nos fijamos en una parte de nuestra sociedad, que es el sector industrial, que emite menos del 50 por ciento de las emisiones de CO2, y nosotros, solamente en las cuatro paredes de nuestras viviendas, somos responsables de cerca del 60 por ciento. Y somos responsables porque las ciudades, el planeamiento, la planificación urbanística de todos nuestros municipios han sido realizados y se están realizando sin contemplar lo más mínimo la dimensión, el vector energético y, por tanto, la dimensión y el vector de emisiones de CO2 a la atmósfera.
No tenemos en cuenta cómo y qué tipo de orientación debe tener cada una de nuestras calles, de los nuevos trazados, de nuestras edificaciones, la concentración, etcétera, y así, mientras en el sector industrial han disminuido de forma importante las emisiones de CO2, no nos olvidemos de que en el sector del automóvil, en el de la desalación de agua de mar, en el sector industrial, en muchos casos se ha incrementado el rendimiento en un 50, 60 o hasta en el 70 por ciento y, por tanto, con ello también la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, todos los ciudadanos --y por ello responsabilizo a todas las administraciones-- consumimos más en nuestras cuatro paredes; emitimos más dióxido de carbono. Por ello, el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria considera este proyecto de ley un avance importante y necesario y estimamos que precisamente a este sector no se le puede perjudicar con el denominado silencio negativo.
Por consiguiente, mantenemos vivas nuestras enmiendas números 39 y 40, y también la transaccional a la número 38 porque de alguna manera pretenden evitar que se pueda perjudicar de forma importante a una industria que quizá podría estar cumpliendo; y, sobre todo, entiendo que somos nosotros los que tenemos responsabilidades públicas en las diferenes administraciones los que tenemos que dar ejemplo siendo más eficientes, contestando y devolviendo los informes en los plazos oportunos y sumar el esfuerzo de todos para que entre todos consigamos ese objetivo: que se cumpla el acuerdo del Protocolo de Kioto, que disminuyamos las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.

El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente.
Señorías, es evidente que, como han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra, estamos en un debate para discutir una legislación vital para nuestro futuro y para nuestro entorno. Se ha dicho también que es un primer paso y que, en todo caso, es un punto de partida.
Desde este planteamiento, nuestro grupo parlamentario presentó a la comisión y mantuvo para este debate en el Pleno una serie de enmiendas, que hemos agrupado en tres bloques y que entendemos que ratifican la importancia que damos a un tema como el que hoy discutimos. Consideramos además que estas enmiendas que proponemos son base también para la mejor gestión de un asunto tan importante como este y, desde este punto de vista, insistimos en su importancia y en el voto favorable, si así lo consideran los grupos parlamentarios.


El primer bloque de enmiendas que presentamos hace referencia al respeto de las competencias de ejecución de las comunidades autónomas en materia de legislación de medio ambiente y son siete.
Entendemos que cuando las instalaciones solicitantes se ubiquen en el territorio de una comunidad autónoma lo lógico es que sea su Gobierno el que conceda la autorización y que cuando la instalación esté ubicada en varias comunidades autónomas corresponda al Consejo de Ministros del Gobierno del Estado. Es una razón lógica porque hay muchas comunidades autónomas que han legislado y han tomado iniciativas concretas en temas medioambientales y no sería bueno ahora mediante una ley como la que estamos discutiendo que les quitásemos una competencia asumida con esfuerzo y, evidentemente, con apoyos parlamentarios en los respectivos parlamentos.
En referencia a este respeto a las competencias de las comunidades autónomas, debo referirme también a la disposición adicional segunda cuando contempla la constitución de la autoridad nacional designada por los mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kioto, para lo que se crea una comisión que actuará como autoridad nacional.
Se plantea --y así se aprobó en el Congreso-- la presencia de un representante de una comunidad autónoma en dicha comisión y, sin embargo, nosotros entendemos que sería necesario incrementar la presencia de las comunidades autónomas, por todo lo que he expuesto anteriormente, y por eso mantenemos esta enmienda, que lo que pretende es incrementar el número de representantes de las comunidades autónomas hasta tres en esta comisión que distribuye los derechos de emisión.
Este es un primer bloque de enmiendas, que desde nuestro grupo entendemos que representa un planteamiento vital, en el sentido de que las comunidades autónomas participen en el desarrollo de una ley tan importante como esta.
Un segundo bloque hace referencia al silencio administrativo. Se ha repetido en Pleno y en Comisión muchas veces la necesidad de que el silencio administrativo sea interpretado en positivo cuando no haya respuesta por parte de la Administración. Esto significa, en nuestra opinión, que, si no hay respuesta por parte de la Administración, se entiende que la concesión es otorgada.
Y creo que esto es una consecuencia clara de que también exijamos, desde este punto de vista, que tengamos unas administraciones responsables, máxime si tenemos en cuenta que respecto al medio ambiente se trata de una capacidad de decisión gubernamental de carácter finalista. Por tanto, entendemos que la mayor responsabilidad que debemos exigir a la Administración va en esta línea. La modificación del sentido del silencio administrativo es también un punto de partida para ratificar la importancia de una ley tan relevante como la que hoy estamos debatiendo.
Finalmente, hay un tercer bloque de enmiendas de carácter general.
En primer lugar, presentamos unas que hacen referencia a una propuesta de aumento del 90 al 95 por ciento de la asignación gratuita de derechos de emisión, evitando con ello la generación de más gastos para la industria española, una cuestión que también se ha mencionado en la explicación del voto en contra por parte del portavoz del Grupo Popular.
La segunda enmienda muestra el objetivo de perseguir un mínimo de igualdad en la asignación total de los derechos de emisión entre sectores afectados. Entendemos que no debe haber ningún sector que crea mermada la cantidad total de derechos de asignación con reducciones superiores al cinco por ciento de los previamente solicitados.
Finalmente, defendemos una nueva enmienda que configuramos como una nueva disposición adicional con el fin de que el Gobierno respete en los sucesivos planes de asignaciones la equiparación de trato de las emisiones de gases de efecto invernadero al uso de combustibles alternativos para conseguir un desarrollo más sostenible. Entendemos que combustibles como la biomasa, los disolventes, los aceites usados, los neumáticos son variables que hay que tener en cuenta y que también debemos contemplar en este aspecto.
Finalmente, tenemos dos enmiendas respecto a dos nuevas disposiciones transitorias.
Una primera es referida a la ampliación del período de aplicación de la ley. Entendemos que la ley tendrá una aprobación precipitada respecto al Real Decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto, que tuvo muchas alegaciones formuladas por los diferentes sectores económicos, y consideramos que la transitoriedad hasta el 1 de junio de 2005 nos permitiría solventar, por una parte, los posibles problemas de esas alegaciones formuladas por los sectores económicos afectados y, por otra parte, solventar errores derivados de la asignación de derechos. Entendemos, en todo caso, que ésta es una propuesta positiva, una propuesta con la que únicamente se pretenden evitar problemas de futuro, así como no entrar en una vía administrativa en un tema tan importante como la vigencia de esta ley.
Finalmente, mantenemos una nueva disposición transitoria respecto de la modificación de la deducción prevista en el Impuesto Sobre Sociedades a fin de promover la adopción de medidas de reducción de gases de efecto invernadero. Entendemos que las inversiones en este sentido suponen el derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra del 10 por ciento de las inversiones incluidas en programas, acuerdos o convenios con la Administración competente en materia medioambiental. En nuestra opinión se trata de algo lógico. Si la industria realiza un esfuerzo importante, es bueno que se lo reconozcamos, y en ese sentido también podríamos hacer referencia a muchas declaraciones de representantes de la Unión Europea.
En definitiva nosotros presentamos tres bloques de enmiendas, uno sobre competencias de las comunidades autónomas, otro sobre el silencio administrativo positivo, y un tercer bloque de orden general que recoge, por un lado, las garantías de futuro para la industria española, por otro, la ampliación del período transitorio de aplicación de la ley, así como las medidas de apoyo fiscal a las industrias que realmente apuesten por una conducta responsable.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Loroño.

La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado en el trámite del Senado un total de 24 enmiendas a este proyecto de ley, de las cuáles una, tal y como se ha dicho al inicio de este debate, ha sido objeto de transacción en el trámite de ponencia, y por tanto, incorporada al dictamen de comisión.
Las 23 enmiendas que mantenemos vivas para el debate en esta Cámara se pueden agrupar en cuatro bloques. Un primer bloque de enmiendas se refiere a los sectores contemplados en el anexo I. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos plantea a este respecto la enmienda número 14, que se refiere al artículo 1, párrafo segundo del proyecto de ley, y a través de la cual planteamos la posibilidad de que las comunidades autónomas incluyan en el ámbito de su competencia otras actividades en sectores distintos a los contemplados en el citado anexo.
El anexo I afecta, sobre todo, a sectores industriales relacionados con industrias de generación de electricidad, refinerías, industrias dedicadas a producción y transformación de metales férreos, cementos, cal, vidrio, cerámica e industrias del sector del papel. Consideramos --y así lo ha dicho también el senador Sopeña en su turno en contra-- que aunque el Protocolo de Kioto incide sólo sobre el 40 por ciento de los gases efecto invernadero emitidos a la atmósfera, sería necesario tener en cuenta el mapa industrial de las comunidades autónomas y el hecho de que éstas, en el ámbito de sus competencias, pudieran incluir otros sectores como, por ejemplo, el sector del transporte o el sector doméstico, que también requieren de la adopción de determinadas medidas y actuaciones.
En el caso concreto de la Comunidad Autónoma del País Vasco el sector del transporte representa el 25 por ciento del total de las emisiones directas de gases efecto invernadero, en tanto que el industrial representa el 22 por ciento de las mismas y el energético el 33 por ciento. De hecho, y para que podamos avanzar en esa minimización de los efectos de los gases efecto invernadero, el posibilitar que las comunidades autónomas, haciendo uso de sus competencias para establecer medidas adicionales de protección, puedan incluir en el anexo I actividades en sectores de especial incidencia en estas emisiones en el ámbito de su comunidad conlleva que se asuma de forma responsable y eficaz el objetivo de Kioto, que no es otro que la reducción de emisión de gases efecto invernadero, aunque esté centrada sólo sobre el 40 por ciento del total de las emisiones.
Un segundo bloque de enmiendas está referido a los títulos competenciales en los que se enmarca el texto del proyecto de ley. En su disposición final segunda el proyecto de ley establece que esta ley se dicta al amparo de las competencias del Estado previstas en el artículo 149.1.13 y 23 de la Constitución Española.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos entiende que recurrir a dichos títulos competenciales se debe a que el Estado ha de conjugar ambos para poder adoptar medidas de corte ejecutivo que, a tenor de lo dispuesto en la propia Constitución y en los Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas, son competencia de éstas últimas. Se hace uso del artículo 149.1.13 de la Constitución para implantar medidas ejecutivas que no tendrían cabida en el título básico en materia de medio ambiente, dado que el 149.1.23 otorga al Estado competencia en legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, algo que, por cierto, solicitamos a través de la enmienda número 14.
En esta línea apuntan distintas enmiendas, como la número 36, en la cual mantenemos que los títulos competenciales de la disposición final segunda se ciñan sólo al 149.1.23 de la Constitución, normativa básica y legislación básica en materia de medio ambiente, y en coherencia con el título competencial mencionado se plantean distintas enmiendas que residencian las diferentes medidas de ejecución y gestión en el ámbito competencial pertinente, que no es otro que el de las comunidades autónomas.
Las enmiendas números 15, 16, 17, 18 y 19 están relacionadas con el Capítulo III, referido a la agrupación de instalaciones. En ellas planteamos que la autorización en este caso sea también competencia de las comunidades autónomas. La autorización que requiere toda instalación industrial que emita gases de efecto invernadero integrable en la autorización de impacto ambiental que corresponde otorgar a las comunidades autónomas, en el caso de las agrupaciones de instalaciones se desplaza la competencia al Estado. Bajo el título de medio ambiente consideramos que no se deberían en ningún caso adoptar otros puntos de conexión que no fueran los estrictamente territoriales para mantenerse bajo la competencia natural de ejecución de las propias comunidades autónomas, las cuáles, en caso de agrupación, pueden mantener la competencia actuando de forma coordinada, tal y como se prevé en estas enmiendas.
El tercer bloque de enmiendas se refiere a la residencialización de competencias en las comunidades autónomas, por tratarse de aspectos ejecutivos que en materia de medio ambiente son competencia propia de las mismas. El proyecto de ley centraliza en organismos dependientes del Estado aspectos ejecutivos en materia de medio ambiente y desecha otros mecanismos que resultarían más respetuosos con la distribución competencial de la Constitución y, en el caso concreto de la comunidad autónoma a la que pertenezco, con el Estatuto de Autonomía del País Vasco. En este sentido, en toda la regulación de la asignación de derechos de emisión entendemos que debe optarse por respetar un criterio de distribución territorial, atribuyendo a cada comunidad autónoma una cuota de derechos de emisión y que éstas sean las que las asignen a las instalaciones ubicadas dentro de su ámbito territorial. Esto es lo que pretende la enmienda número 20 que adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 17, sobre criterios de asignación.
En coherencia con este planteamiento, se presentan las enmiendas al artículo 19, referidas al hecho concreto de la asignación individualizada de los derechos de emisión. De

ahí que la ejecución del procedimiento de asignación se residencie en las comunidades autónomas donde se ubique cada instalación objeto de esta ley y no en el Ministerio de Medio Ambiente ni en el Consejo de Ministros, tal como se recoge en las enmiendas números 21, 22, 23, 24, 25 y 26, referidas a los apartados 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 17. Por otro lado, es cierto que la directiva europea exige la creación de un único registro, pero ello no supone que no pueda plantearse una gestión descentralizada y, por tanto, que los datos obrantes en el registro nacional no puedan ser proporcionados a los distintos registros autonómicos, formulándose los correspondientes cauces de interconexión adecuados. Mi grupo plantea a través de distintas enmiendas
--concretamente las números 28, 29, 30 y 31-- la descentralización territorial de la gestión del registro nacional a través de los registros autonómicos, así como el papel que han de desempeñar estos registros autonómicos en relación con el registro nacional.
En cuanto a la potestad sancionadora --claramente actuación ejecutiva y de ejecución-- planteamos, a través de la enmienda número 34 al artículo 35, que esta capacidad sea sólo de las comunidades autónomas, suprimiendo las excepciones previstas para el Estado. Asimismo, en línea con el planteamiento mantenido a lo largo de todas nuestras enmiendas de residencialización de la competencia en las comunidades autónomas para todos los aspectos ejecutivos, se plantea la enmienda número 35 a la disposición transitoria sexta, asignación de derechos adicionales por causa de fuerza mayor, en la que este proceso ha de ser realizado por el órgano competente y no por el Consejo de Ministros.
Termino, señorías, planteando el cuarto bloque de enmiendas, referidas a la titularidad competencial, y que lo único que tienen por objeto, en coherencia con el conjunto de enmiendas presentadas al proyecto de ley, es sustituir el término Administración General del Estado por Estado, en coherencia con el reparto competencial de la propia Constitución y la que hemos mantenido a lo largo de las distintas enmiendas que permanecen vivas a este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Iranzo.

La señora IRANZO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la directiva europea que se pretende trasponer establece uno de los mercados previstos en el Protocolo de Kioto: el comercio de emisiones. Supone un punto de partida para el establecimiento de dicho régimen, incluyendo en ella un calendario para la adopción de directrices por parte de de los estados miembros.
Esta directiva establece en su artículo 9 que cada Estado miembro elaborará un plan nacional de asignación que determinará la cantidad de derechos de emisión que prevé asignar, así como el procedimiento de asignación basado en el establecimiento de criterios homogéneos para el reparto de derechos en todo el territorio nacional para el período de tres años que comenzó en enero de 2005, para el período de cinco años que comenzará en enero de 2008, y para cada período de cinco años siguientes.
De hecho, según el calendario previsto por la directiva, los planes de asignación de derechos de emisión debían de haberse hecho públicos antes del 31 de marzo de 2004, cosa que no se hizo por el anterior Gobierno del Partido Popular.
Afortunadamente, España con el Gobierno actual asumió el compromiso de comunicar estos textos a la comisión Europa antes del 31 de Julio, evitando así el inicio de un procedimiento de infracción en el que podíamos habernos visto inmersos. Por todos estos motivos se tuvo que recurrir a la fórmula del decreto-ley para trasponer la directiva europea al ordenamiento jurídico español y para que pueda existir en nuestro país un marco jurídico necesario para que, a partir del día 1 de enero de 2005, entraran en vigor todas las consecuencias de la existencia de un mercado europeo de derechos de emisión.
Es y era la única forma de permitir que el 1 de octubre del año pasado pudiera existir ya el marco en el cual las empresas pudieran haber solicitado las correspondientes asignaciones de derecho de emisión y que hubiera habido tiempo para que las administraciones acordasen sobre tales solicitudes en un tiempo estimado de tres meses entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2004.
Este trámite fue necesario y conveniente porque, entre otras muchas cosas, en el supuesto de que no hubiese sido aprobado, España no hubiera tenido disponible el marco correspondiente para su incorporación al comercio de derechos de emisión, y esto hubiera supuesto una enorme inseguridad jurídica para las empresas españolas y también consecuencias incalculables desde el punto de vista de la infracciones que hubieran recaído directamente sobre estas empresas por la presunción de ayudas de Estado contempladas por la Comisión europea.
Por lo tanto, creo necesario destacar la rapidez y la decisión convencida del Gobierno ante esta realidad que se nos presenta. Consideraba necesario hacer esta aclaración a su señorías de cara a una mayor comprensión de la situación ante la que nos encontramos, que es la que es y ante la que ya se han tomado, afortunadamente, las primeras medidas.
El texto procedente del Congreso de los Diputados establecía el ámbito de aplicación del comercio de derechos de emisión inicialmente a las emisiones de CO2 procedentes de instalaciones que desarrollan actividades orientadas a la generación de electricidad, el refino, la producción y transformación de metales férreos, el cemento, la cal, el carbón, el vidrio, la cerámica, la pasta de papel; y en el ámbito de las actividades energéticas se delimitaba el ámbito de aplicación a las instalaciones con potencia térmica de más de 20 megavatios.
El motivo por el que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado ocho enmiendas al proyecto de ley por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero es porque la decisión de la Comisión Europea de 27 de diciembre instó al Gobierno a introducir una serie de condicionamientos técnicos

y de adaptación al Derecho comunitario. Estas ocho enmiendas pueden dividirse en dos bloques. Uno relativo al ámbito de aplicación de la ley y otro referente al funcionamiento del Registro Nacional de Derechos de Emisión, con el objetivo otra vez de mantener la coherencia con el reglamento comunitario.
Así pues, la enmienda 56, al Anexo I, hace referencia a las categorías de actividades y gases incluidos en el ámbito de aplicación de la ley. Es una enmienda de sustitución con la que pretendemos que aparezcan reflejadas en dicho anexo aquellas instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 megavatios, concretamente aquéllas que no se encuentran incluidas en los epígrafes 2 a 9 del proyecto de ley. Con esta enmienda damos cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 de la decisión de la Comisión Europea de 27 de diciembre relativa al Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, notificado por España.
La enmienda 57 es de modificación al artículo 2. En ella modificamos la definición de transmisión. Con la nueva redacción aumentamos la seguridad jurídica del tráfico de comercio de derechos de emisión y se deja claro que la transmisión sólo existe si ha habido cambio de titularidad, lo cual exige título y modo, es decir negocio jurídico e inscripción en el registro.
La enmienda número 58 es de adición al artículo 21, en el que se pretenden incorporar dos nuevos párrafos. Estas adiciones constituyen el mínimo imprescindible para aclarar el momento en que los terceros se van a ver beneficiados o perjudicados por la transmisión, así como para dar seguridad al que adquiere según el registro. Son, además, coherentes con el resto de los apartados del actual artículo 21, que exige constancia registral de los derechos como requisito imprescindible para su ejercicio. Estas normas son plenamente coherentes con la regulación del resto de bienes, en los que el elemento de la publicidad es siempre la base de la protección a terceros.
En la enmienda 59 proponemos la adición del término publicidad porque conviene aclarar en la definición de registro que su función no es meramente contable sino que tiene otros efectos materiales, efectos dirigidos a asegurar y garantizar los legítimos intereses de los titulares de cuenta y de los terceros interesados.
En la enmienda 60 hemos estimado conveniente modificar el artículo 25 del proyecto de ley para incluir el informe previo de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, que consideramos importante.
La enmienda número 61 es de adición al artículo 25, al que pretendemos añadir un apartado nuevo. El reglamento comunitario 2216/2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado, de conformidad con la Directiva 2003/87 del Parlamento y del Consejo y la decisión 280/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, prevé la posibilidad de que los Estados miembros establezcan un régimen de remuneración al gestor del registro.
Así pues, con esta enmienda se quiere dar cobertura a esta posibilidad excluyendo del régimen de remuneración las cuentas desde las que el Estado cumple con las obligaciones internacionales y comunitarias de España.
En la enmienda 62 proponemos añadir a la disposición transitoria primera un nuevo apartado. El porqué de esta adición radica en que el artículo 14.3 de este proyecto de ley establece que la aprobación de los planes nacionales de asignación deberá tener lugar 18 meses antes del inicio del período correspondiente.
Pues bien, como consecuencia de la decisión de la Comisión Europea es necesario realizar una asignación adicional que requiere una modificación del plan vigente a fin de incrementar la cantidad de derechos disponibles, con lo cual consideramos necesario habilitar al Gobierno para que pueda llevar a cabo esta operación aplicando los mismos criterios metodológicos y el escenario de cumplimiento a los que hace referencia el Plan Nacional de Asignación 2005/2007.
Por último, con la enmienda 63 pretendemos incorporar un apartado tercero a la disposición transitoria segunda, ya que consideramos imprescindible que las instalaciones existentes a las que hace referencia el epígrafe 1.b) que no hubieran recibido asignación con anterioridad cuenten con un marco jurídico claro y homologable al de las demás instalaciones.
Por ello, especificamos que la única obligación de las incluidas en la ley a la que quedan sujetas hasta el 1 de enero de 2006 es la de solicitar autorización en los dos meses siguientes a la entrada en vigor de la ley. Cuentan con la posibilidad de solicitar asignación gratuita de derechos de emisión en el mismo plazo, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 19 de la ley y, además, deberán aportar la misma documentación que les fue exigida a las instalaciones que han recibido asignación en virtud de lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2004.
Por todo ello, señorías, consideramos que queda claro y manifiesto que el carácter y el contenido de nuestras enmiendas es básicamente técnico y de cumplimiento con la actual normativa comunitaria, por lo que pido el apoyo de todos los grupos de la Cámara a las enmiendas que presentamos desde el Grupo Parlamentario Socialista para que no se puedan plantear problemas jurídicos a la hora de aplicar una ley tan importante como ésta, ya que cuanto más clara sea la normativa aplicable mayor seguridad jurídica y mayores beneficios obtendremos todos.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pagola Sáenz.

El señor PAGOLA SÁENZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos debatiendo el proyecto de ley por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Se trata de fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de una forma eficaz y económicamente eficiente, y ahí está la clave de nuestra preocupación y de las enmiendas que presentamos.
Nosotros apostamos por la reducción de los gases de efecto invernadero

pero, también, por mantener la competitividad de las empresas, la competitividad del entramado industrial español, del cual fundamentalmente depende el empleo de los españoles y, por tanto, el desarrollo económico del país.
Se habla mucho de desarrollo sostenible y creemos que es compatible.
Porque si las empresas se deslocalizan debido a las trabas que se les ponen, esa deslocalización empresarial permite, de un lado, que esas empresas sigan contaminando mucho más en aquellos lugares donde no están controladas y, de otro lado, que disminuya el empleo y la economía española.
Nuestro grupo ha presentado siete enmiendas cuyo sentido voy a explicar a continuación.
La enmienda número 51 propone sustituir el apartado 2 del artículo 16, que se refiere a la asignación de los derechos de emisión. El texto del proyecto de ley señala que el 90 por ciento de los derechos correspondientes al período de 5 años que se inicia el 1 de enero de 2008 se asignará de forma gratuita. Nuestra enmienda, señorías, propone que sea el cien por cien de los derechos correspondientes a este período el que se asigne de forma gratuita. Y propone el cien por cien teniendo en cuenta que la directiva establece que al menos el 90 por ciento se asigne de forma gratuita.
No entendemos por qué en el proyecto de ley se siguen poniendo trabas a la empresa española. No entendemos, si se habla de un mínimo del 90 por ciento, porque no es el cien por cien, como han hecho diferentes países, el que se asigna de manera gratuita, máxime si tenemos en cuenta que el exceso de emisiones que se produzca respecto al asignado ya estará penalizado y la empresa tendrá que comprar en el mercado los derechos de emisión.
Nosotros damos especial trascendencia a esta enmienda porque queremos mantener la competitividad de la industria española. Por consiguiente, no entendemos por qué hay que poner trabas y hay que favorecer la deslocalización industrial. Nos preguntamos si se ha considerado suficientemente este dato, la deslocalización que puede tener lugar con las trabas que se pongan a la industria española, deslocalización que irá en perjuicio del medio ambiente sobre todo porque si a una empresa que está en España se le concede una cantidad de derechos de emisión que la empresa no puede asumir, esta empresa se irá a países cercanos, en la órbita de los que crean empleo, y esto es lo que debemos mantener.
Las enmiendas números 50 a 53 se refieren al silencio positivo y al silencio negativo. Creemos que el silencio negativo perjudica al administrado, y la posible ineficacia de la administración no puede en ningún caso perjudicar al administrado. Se nos ha hecho llegar un informe del letrado de la Comisión de Medio Ambiente que ha estudiado este tema y dice claramente que la directiva establece que la denegación, concesión o revocación de autorizaciones deben deducirse de un acto expreso y conforme a unas normas precisas de procedimiento; esto es, que la denegación, la concesión o la revocación tienen que tener un acuerdo claro y no vale decir que a los tres meses por silencio negativo se desestima. Por ello nosotros seguimos apoyando el silencio positivo y apostamos por defender al administrado frente a la ineficiencia de la administración.
La enmienda número 54 se refiere a que las empresas que estén de obras cuya entrada en funcionamiento por distintos motivos se retrase más de un mes pierdan la proporción en la transferencia a la cuenta de haberes pero que esos derechos no asignados sean repartidos gratuitamente de manera equitativa entre todo el sector. Volvemos a evitar ese sobrecoste a las empresas.
Y llegamos a la enmienda número 55, que es un poco el quid de la cuestión de las enmiendas presentadas por nosotros. Ante la inviabilidad técnica y económica que representa para las instalaciones que emiten más de 500.000 toneladas de emisiones equivalentes de CO2 el cumplimiento, se lleve a cabo un nivel de planteamiento inmediatamente inferior al exigido en la decisión. Tengamos en cuenta que de aquí a 2008 es un período transitorio y que por las noticias que tenemos únicamente dos laboratorios en España están acreditados por la ENAC con este nivel de exigencia: uno, el servicio de laboratorio de la central Compostilla de Endesa, privada
--que, por cierto, según las certificaciones de que disponemos pueden estudiar y analizar el carbón, hullas y antracitas, pero no puede analizar el lignito-- y, por otra parte, el laboratorio de los químicos industriales de la Escuela Técnica de Ingeniería de Minas, que puede estudiar el carbón pero únicamente el contenido de azufre y el contenido de humedad, no así el contenido de carbono. Por eso lo que proponemos es que se rebaje en un nivel la ISO 17025.
Sí es verdad que la decisión de la Comisión se tomó el 29 de enero. Dado que parece que se está negociando una enmienda transaccional, no quería entrar en la discusión en la que ha entrado la portavoz socialista diciendo que desde el 29 de enero de 2004 hasta el 30 de marzo el Gobierno anterior tenía que haber tomado decisiones. Yo le contesto, según la justificación de nuestra enmienda número 55, que la decisión de la comisión dice que si hay dificultades técnicas en un país para poder acreditar ese tipo de cosas el Estado debería haberlo comunicado antes del 30 de septiembre --y le recuerdo que están gobernando desde el mes de abril: abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre--, con lo cual si el Estado hubiera comunicado la imposibilidad técnica o económica de solucionar eso, evidentemente, la decisión de la comisión hubiera sido más favorable que ésta.
Vamos a ver el resultado de las conversaciones que están teniendo lugar ahora mismo, pero de momento ésta es nuestra posición en cuanto a las enmiendas y en cuanto a esta ley.
Muchas gracias, presidente (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra (Pausa.) Turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) No hace uso de la palabra.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Tampoco hace uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.

El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente. Señorías.
Centrándonos ya en el fondo del proyecto de ley que estamos debatiendo, voy a hacer mención a una serie de cuestiones.
En primer lugar, a la importancia de la ley. Estamos de acuerdo en que estamos trasponiendo una directiva comunitaria con efectos globales y también estamos concretando el compromiso de la firma del Protocolo de Kioto en su momento. Por tanto, estamos cumpliendo con la necesidad de establecer unos efectos positivos para una realidad tan importante como es la del cambio climático. Pero es evidente que la ley tiene olvidos
--olvidos que se han mencionado de pasada--, como que determinados sectores no regulados que concentran básicamente el 65 por ciento de las emisiones de CO2 no se mencionan en la ley y toda la factura del problema parece que la van a pagar cinco o seis sectores que representan entre el 5 y el 6 por ciento del PIB español con más de 150.000 empleos.
Pero, además, estamos discutiendo una ley que tiene incidencia desde un punto de vista de Derecho comparado con otros países europeos, no sea que en nuestra celeridad en el cumplimiento de una normativa generemos perjuicios indirectos para sectores económicos nacionales.
Permítanme, respecto a la celeridad en el cumplimiento de la normativa, que les ponga un ejemplo importante del que de alguna manera deberíamos ser todos conscientes. Entre los no firmantes del Protocolo de Kioto está la República Popular de China, que va a aumentar en 4.000 millones de toneladas de CO2 sólo por la puesta en marcha de las plantas de carbón
--el compromiso de la Comunidad Económica Europea habla de 400--, por lo tanto, son datos que de alguna manera nos ponen de manifiesto la importancia del problema por la incidencia internacional o global que tienen determinadas actuaciones en este sentido. De ahí mi reflexión de que no aprobemos un proyecto que pueda poner en peligro a determinados sectores económicos importantes para la economía nacional.
Entrando en el fondo de la relación de nuestras enmiendas, es evidente que existe un desacuerdo claro en el proyecto: No podemos otorgar al Gobierno central el centro de decisión única en una cuestión tan importante como ésta, sobre todo porque hay comunidades autónomas que han legislado al respecto, porque hay comunidades autónomas que deben poder tener la facultad de planificar y desarrollar su propio desarrollo industrial y porque las comunidades autónomas son, de alguna manera, la administración más directa que conoce a sus empresas. Por lo tanto, nos parece de vital importancia --y así lo hemos defendido-- la necesidad de que estas competencias fueran compartidas con las comunidades autónomas.
Lamentamos la amnesia especialmente de Esquerra Republicana de Catalunya, quien en su momento, en el Congreso de los Diputados, defendió este tema y ahora, en la discusión en el Senado, repito, ha tenido una amnesia y han desaparecido las diferentes enmiendas en este sentido. Esperemos que recuperen de alguna manera la memoria y que este respeto a las competencias de las comunidades autónomas en la legislación de medio ambiente no sea una isla en muchos de los planteamientos que debemos mantener, sobre todo desde un punto de vista nacionalista.
El segundo punto de nuestras enmiendas es el silencio administrativo.
Creo que se ha dicho todo aquí. Es evidente que existe un informe jurídico, pero debemos buscar los argumentos jurídicos necesarios porque el importante es el administrado, no sea que legislemos y dejemos al administrado aparte cuando éste es un sujeto fundamental.
Entendemos que el silencio administrativo positivo que planteamos supone también exigir a la administración responsable el que ejerza su jurisdicción y, como he dicho anteriormente en mi intervención, de alguna manera estamos ante de una materia tan importante que limita o que puede poner trabas al propio desarrollo industrial o económico.
Por otro lado, también hemos defendido en nuestras enmiendas un régimen fiscal favorable respecto a acciones voluntarias de las empresas vía beneficios fiscales; considero que ello es lógico. En otros planteamientos existe esta vía y nos preguntamos por qué no va a existir en éste que entendemos todos es fundamental.
Finalmente --también lo hemos señalado-- hay que hacer una especial referencia a la potenciación de los usos de los combustibles alternativos para conseguir ese desarrollo más sostenible. Creo que ésta es una cuestión importante; también se ha mencionado y, en definitiva, es un extremo a tener en cuenta.
Voy terminando, señor presidente. Es evidente que estamos ante una legislación fundamental para nuestro futuro pero que necesita la cooperación de todas las partes: de las administraciones y de las industrias implicadas. Estamos ante una legislación que es punto de partida, pero necesita abordar otros focos de emisión de gases, como es el transporte --también se ha mencionado--; estamos ante una legislación centralista que no se ha involucrado suficientemente en lo que es el respeto a las comunidades autónomas y a sus competencias y estamos ante una legislación que no debe comportar la pérdida de competitividad de nuestras empresas frente a otras. De ahí mi referencia al Derecho comparado. Repito, estamos en un punto de partida, pero necesitamos profundizar en esta materia y deben ser abordados también otros sectores.
Es evidente --y se ha señalado-- la importancia de la transposición de la directiva europea que hace esta ley, pero no debemos olvidar también directivas europeas, como la de la cogeneración o la de la eficiencia energética de los edificios, que son pasos a dar en breve.
En definitiva, estamos dando el primer paso pero, además, necesitamos que se adopten decisiones importantes; decisiones de orden presupuestario y decisiones de compromiso de todas las administraciones, siendo conscientes de que el problema es mundial y las perspectivas, en todo caso, serán bienvenidas para todos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.

La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
La verdad es que subo a esta tribuna sin saber, en concreto, cuáles van a ser las decisiones en relación con las distintas enmiendas que se mantienen vivas, dado que ningún grupo parlamentario ha hecho uso del turno en contra y, por tanto, desconozco cuál va a ser la suerte que van a correr las enmiendas defendidas por los portavoces del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, del Grupo Parlamentario Popular, e incluso, del Grupo Parlamentario Socialista.
El proyecto de ley procedente del Real Decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto, desde luego se plantea para llevar a cabo la transposición de la directiva del Parlamento y del Consejo Europeo de 13 de octubre de 2003.
Por tanto, se trata de un proyecto de ley necesario e importante.
Sin embargo, también hemos señalado a lo largo de las distintas intervenciones, que hace hincapié en el cumplimiento del Protocolo de Kioto, que incide única y exclusivamente sobre el 40 por ciento de emisión de gases de efecto invernadero, dejando un porcentaje importante pendiente de la adopción de medidas adicionales de protección.
Una vez más estamos ante una ley en la que, recurriendo a títulos competenciales generales, como es el artículo 149.1.13ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en: «Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.», el Estado se arroga actuaciones y aspectos ejecutivos que son competencia exclusiva de comunidades autónomas. El acto de asignación de derechos de emisión, por ejemplo, es de ejecución y, por tanto, corresponde a las comunidades autónomas; por supuesto, dentro de los criterios generales establecidos por la administración central, de ahí que pueda establecerse una distribución por cuotas, así como los criterios y métodos para las asignaciones individuales a través del plan nacional. Otros países europeos lo han hecho así, como es el caso, por ejemplo, de Bélgica, que ha tenido en cuenta, de esta forma, la realidad de cada región.
Las comunidades autónomas tienen competencias; desde luego, las tienen para ejercerlas y, a través de un ejercicio responsable, llevar a cabo la gestión de aquellas materias que les competen e incluso legislar sobre las mismas.
En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las competencias exclusivas sobre promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco aparecen recogidas en el artículo 10.25 del Estatuto de Gernika; sobre industria, en el artículo 10.30 del Estatuto de Gernika; sobre instalaciones de producción de energía, en el artículo 10.11, del Estatuto de Gernika; así como la competencia de desarrollo legislativo y ejecución dentro de su territorio en materia de medio ambiente y ecología, en el artículo 11.1 del Estatuto de Gernika; que, desde luego, quedan tocadas en esta ley. Esta ley, como otras, por supuesto, no quita competencias a ninguna comunidad autónoma, pero sí limita su ejercicio y es más, regula cómo deben ejercerlas, a pesar de ser competencias exclusivas de las mismas.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas son las que otorgan la autorización para la emisión de gases, las que deben controlar tales emisiones, las que someten a rigurosas intervenciones administrativas las actividades que son objeto del Real Decreto-ley, las que han regulado --como es el caso del País Vasco y Cataluña--, en leyes de protección de medio ambiente los criterios y parámetros de protección contra los agentes contaminantes. En definitiva, son las responsables del mantenimiento de una buena calidad del aire ambiente y, lógicamente, también tienen que ser responsables de lo que plantea este proyecto de ley. Por tanto, era necesario haber tenido en cuenta que todos aquellos aspectos ejecutivos deberían haber sido contemplados como competencia de las propias comunidades autónomas, porque de hecho lo son.
La Ley del Parlamento vasco, de 27 de febrero de 1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, es un buen ejemplo de lo dicho, así como los esfuerzos llevados a cabo también por otras comunidades autónomas e incluso por industrias más avanzadas en este ámbito; de ahí que incluso haya que reconocer el esfuerzo llevado a cabo por numerosos sectores industriales en hacerse con tecnologías avanzadas en aras de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
En particular Euskadi, de hecho, es una de las pocas comunidades autónomas que dispone de datos precisos sobre las emisiones de CO2 de sus instalaciones industriales, a través del registro EPER Euskadi. Debe buscarse que en todo caso tal información sea la misma, y que no se estén elaborando dos registros con datos distintos y con una duplicidad de esfuerzos. De ahí que hayamos planteado también que no exista un registro único como tal, sino un registro nacional pero con gestión descentralizada en los distintos registros autonómicos.
Señorías, la verdad es que es una ley que, de nuevo, plantea asumir, yendo a títulos competenciales no pertinentes, competencias que les son propias y en exclusiva a las comunidades autónomas; algunos aspectos en materia de ejecución e incluso de legislación son competencia de las comunidades autónomas, y de alguna forma la línea de flotación de estas competencias propias y exclusivas de las comunidades autónomas queda de nuevo tocada a través de este proyecto de ley.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, concluyo diciendo que, de hecho, recientemente el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda, Medio Ambiente e Industria, Turismo y Comercio, la asignación individualizada definitiva de los derechos de emisión para las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del real decreto que es objeto de este proyecto de ley. Es cierto, tal y como ha manifestado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista desde esta tribuna, que las enmiendas

planteadas por ese grupo parlamentario lo que pretenden es ajustarse a las decisiones trasladadas en concreto al Gobierno para llevar a cabo matizaciones y correcciones referidas al real decreto inicial, y por tanto ajustarse a lo indicado por el Consejo de la Unión Europea. En ese sentido, creo que dichas enmiendas son coherentes porque, de alguna forma, lo que plantean es que se ajusten a decisiones ya planteadas por parte de la Unión Europea para poder ser aplicable este proyecto de ley y este real decreto.
Sin embargo, entendiendo que esas enmiendas por supuesto lo único que hacen es plantear cuestiones que han sido trasladadas al Gobierno para que sean introducidas en el proyecto de ley, para que se ajuste a la directiva europea y a la decisión del Consejo y de la transposición por tanto de dicha directiva, sí tengo que decirles que francamente me siento de alguna forma frustrada, tal y como creo que se sentirán otros grupos parlamentarios, porque de nuevo estamos ante una situación en la que se trata de recuperar competencias que de hecho están siendo ejercidas de forma responsable y seria, y sobre todo en esta materia, desde las distintas comunidades autónomas.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi intervención va a abordar tres aspectos. En primer lugar, las enmiendas presentadas por mi grupo, que en parte su mantenimiento es lo que justifica el voto de nuestro grupo; en segundo lugar, la opinión de mi grupo respecto a las enmiendas de los otros grupos parlamentarios, y, en tercer lugar, la reflexión general sobre este proyecto de ley.
Nuestro grupo presentó tres enmiendas, números 45, 46 y 47, que tenían los siguientes objetivos. La enmienda número 45, dar espacio de intervención a las entidades ecologistas en la elaboración del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, como define el artículo 14 del proyecto de ley. Nuestra enmienda pretendía incluir a estas entidades ecologistas y darles espacio real de participación en las mesas de diálogo social que contempla el artículo 14.4. El Grupo Parlamentario Socialista nos ha propuesto una transaccional para incluir en el artículo 14.3, en los necesarios y preceptivos informes respecto al plan nacional, al Consejo Nacional del Clima donde participan las entidades ecologistas, con lo que se da satisfacción a nuestra pretensión.
La enmienda número 47 la retiramos, ya que entendemos que queda recogida con la enmienda número 56 del Grupo Parlamentario Socialista.
En cuanto a las enmiendas del resto de los grupos, agruparé mis comentarios en dos aspectos que creo que sintetizan en lo fundamental las mismas. En primer lugar, aquellas enmiendas referidas al silencio positivo o negativo por parte de la Administración en lo que respecta a autorizaciones. Nuestra apuesta es por el silencio negativo, porque creemos que es un buen instrumento defensivo de protección de un bien jurídico básico a proteger, como es el medio ambiente, en una situación, en lo que afecta a la emisión de gases con efecto invernadero, muy por encima del límite tolerable. Primamos el clima, el medio ambiente
--insisto-- en una realidad donde se han disparado todas las alarmas.
Por otra parte, creemos que ese silencio negativo no supone desprotección, todo lo contrario: es un estímulo, un acicate para forzar a nuestras empresas a adaptarse a esta nueva legislación.
Un segundo bloque son las enmiendas sobre la distribución competencial.
Se dan pasos en el proyecto de ley, pero queda aún mucho por hacer para lograr un mayor protagonismo de las comunidades autónomas en la regulación del régimen del comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Creemos, y así lo valora la Generalitat de Catalunya, que a propuesta suya se han dado pasos adelante introduciendo enmiendas significativas en el primer borrador que han permitido una mayor implicación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en un proceso como es el de la lucha contra el cambio climático.
Varias disposiciones adicionales del decreto-ley destacan también la importancia del papel de todas las administraciones, así como la posibilidad de crear centros autonómicos en aquellas comunidades que así lo deseen, o el establecer mecanismos de colaboración con el Gobierno central, en el uso de mecanismos flexibles establecidos ya en el Protocolo de Kioto. También se abre una vía de participación activa en las comunidades autónomas en los procesos internacionales de lucha contra el cambio climático, que habrá que tener muy en cuenta en los próximos años.
Por último, en tercer lugar, voy a hacer un comentario sobre el sentido de la necesidad de esta ley, más allá del acto obligatorio de la transposición de la directiva europea.
Estamos, señorías, ante un problema grave, muy grave a escala planetaria, en el que España ha sido un factor de agravamiento. La evolución de las emisiones de gases con efecto invernadero han crecido desde el año 1990 a 2003 un 40,43 por ciento. Permítanme decirles, sin despreciar todo aquello que afecta a la economía, que el problema grave, gravísimo, no es el de la economía, sino que hemos perdido el control de nuestro medio ambiente. Para nosotros ha sido positivo, y es muy significativo, el papel de la Unión Europea con su adhesión al Protocolo de Kioto. Su directiva, el compromiso y obligación de su traslación a nuestra legislación son del todo necesarios. Por eso es por lo que, a lo mejor, rompo el tono de las intervenciones que ha habido hasta el momento. Para mí, el problema no es qué pasa con las empresas; el problema es qué pasa con el cambio climático, qué pasa con la emisión de gases con efecto invernadero en nuestro país, y si éste es el problema, la solución tiene que abordar la raíz, que es la emisión de estos gases, eso sí, ayudando y facilitando con aquellos mecanismos e instrumentos necesarios por parte de la Administración para que las empresas, sin perder competitividad, puedan resolver y abordar todo esto.


En muchas de las exposiciones de los portavoces que han intervenido con anterioridad, echamos a faltar que realmente no es que estemos hablando de cambio climático, no es que estemos hablando de la emisión de gases con efecto invernadero, que han crecido desmesuradamente en nuestro país, sino que estamos hablando de qué pasará con tal o con cual empresa, nuevamente, siempre, las más grandes y las más poderosas.
Para nosotros, señoras y señores senadores, éste es el problema. La raíz del mal está en la excesiva emisión de gases con efecto invernadero, que es lo que en definitiva motiva parte del cambio climático, y no
--insisto-- en las empresas a las cuales habrá que facilitar y ayudar, las que se adapten a esta nueva realidad y a esta nueva racionalidad.
Insisto: no hay contradicción entre desarrollo y sostenibilidad, eso sí, obviamente hacen falta otros modelos.
Estos procesos no están siendo ni fáciles ni lo serán en un futuro, y exigen la máxima voluntad política por parte de la Administración. No todos los Estados europeos tienen aprobados hasta el momento sus planes nacionales por parte de la Comisión Europea. Los casos de Italia, Polonia, Grecia, República Checa, ponen de manifiesto la dificultad de cumplimiento dentro de los plazos de los requisitos necesarios de esta importante e innovadora regulación de un mercado europeo de emisión de gases de efecto invernadero. En el caso español ha sido necesario un gran esfuerzo por parte de todos: Gobierno central, comunidades autónomas y empresas. La falta de voluntad política del Gobierno anterior ha hecho muy difícil la preparación de los estudios y trabajos técnicos necesarios para hacer el proceso con mayor comodidad y sin tantas urgencias. Hemos hecho los deberes como Estado en relación a nuestros compromisos europeos de forma razonable vistos los antecedentes, y en unos plazos tan justos.
Bienvenida la ley, bienvenido el Plan Nacional de Asignación, bienvenida una nueva racionalidad que haga posible el desarrollo y la sostenibilidad.
Quiero terminar mi intervención reconociendo el trabajo realizado por las portavoces socialistas, Esmeralda Iranzo y Cristina Maestre, en la gestión de esta tramitación de la ley, así como al resto de los portavoces de los grupos.
Gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores senadores.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Maestre.

La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Gracias, presidente.
Señorías, me complace estrenarme en mi primera intervención en el Pleno de esta Cámara con un proyecto de ley, a mi juicio, de gran importancia.
No creo que exagere, puesto que múltiples informes de carácter científico
--así lo han dicho ya el resto de compañeros en sus intervenciones-- han dado a conocer la grave incidencia de la acumulación de gases de efecto invernadero sobre nuestro planeta.
La comunidad científica ha llegado a un amplio acuerdo en torno a la idea de que el incremento de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera está provocando alteraciones en el clima. Creo que en ningún caso se trata de un problema menor sino, muy al contrario, se trata de una realidad a la que conviene dar una respuesta decidida.
Es evidente que la solución a este problema pasa por limitar las emisiones de estos gases de efecto invernadero a la atmósfera y, en ese sentido, los informes emitidos por los grupos de expertos han servido de base para una serie de acciones importantes en el ámbito tanto nacional como internacional, como la Cumbre de Río de 1992 y, por supuesto, el Protocolo de Kioto, al que ya hemos hecho referencia a lo largo de nuestras intervenciones.
Al ratificar España por unanimidad el Protocolo de Kioto, se adquirió un compromiso internacional, y para su cumplimiento la Unión Europea y sus Estados miembros acordaron cumplir conjuntamente sus compromisos de reducción de emisión de gases. A través de esta directiva europea que se pretende transponer, se establece uno de los mecanismos previstos en el Protocolo de Kioto, que es el comercio de emisiones y, desde luego, esto supone un punto de partida.
Estamos en un momento, en el ámbito medioambiental, de gran importancia.
Es la primera vez que en España se va a aprobar una ley que establezca la obligatoriedad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Insisto, es la primera vez, y creo que es importante. Quiero destacarlo porque hasta ahora no había habido ninguna norma que estableciera los techos y procedimientos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, al Grupo Parlamentario Socialista le satisface comprobar que se lleva a la práctica el compromiso del Gobierno de dar cumplimiento al Protocolo de Kioto, lo que ya adelantó el presidente del Gobierno, precisamente, en su discurso de investidura y que hará posible la nueva senda hacia un desarrollo más sostenible donde, además, sean compatibles el crecimiento, la competitividad y la cohesión social.
En este punto, quisiera agradecer a los grupos parlamentarios todas sus aportaciones. Tanto en el Congreso como en el Senado se ha trabajado para que, en la medida de lo posible, se pudiesen contemplar dentro de los criterios que establecen tanto el Protocolo de Kioto como la directiva europea a transponer. De esta manera, se han podido recoger en las respectivas comisiones algunas de las enmiendas planteadas. Sin embargo, algunas no es posible asumirlas, fundamentalmente porque consideramos que rompen con los criterios establecidos por Europa y por el Protocolo de Kioto. Así, por ejemplo, las presentadas por el Bloque Nacionalista Galego no van a ser asumidas por el Grupo Parlamentario Socialista porque, como decía antes, no cumplen con los requisitos del Protocolo de Kioto ni, básicamente, con la Constitución Española, ya que se trata, en la mayoría de las enmiendas, de cuestiones de carácter competencial. Por ejemplo, las enmiendas números 1 y 2 no las vamos a apoyar porque no cumplen con el artículo 149 de la Constitución Española, que establece que son competencias exclusivas del Estado, y no de las comunidades

autónomas, las bases y la coordinación en la planificación general de la economía y la legislación básica sobre la protección del medio ambiente.
Es conveniente apuntar que la unidad de mercado de emisiones puede, además, dificultar la fragmentación territorial de la decisión.
Respecto al resto de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, no las vamos a apoyar porque entendemos que la solicitud de la autorización para emitir se debe tramitar a través de las comunidades autónomas, pero el resto de los aspectos son competencia básicamente estatal.
Siguiendo con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, vamos a rechazarlas porque consideramos que entran dentro de un conflicto competencial. La enmienda número 14 no la podemos apoyar porque el ámbito de aplicación no se puede desvincular del plan nacional de asignación ni del Protocolo de Kioto, por lo que las comunidades autónomas no pueden ni modificar el Plan nacional de asignación de derechos de emisión ni el Protocolo de Kioto. Lo mismo sucede respecto a las enmiendas números 15, 16, 18, 19 y 36.
Las enmiendas números 20 a 35, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tampoco podemos admitirlas, puesto que el objetivo del Protocolo de Kioto es una cuestión de Estado.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, no estimamos conveniente aceptarlas porque consideramos que el silencio positivo no cabe en este supuesto concreto.
Existe un informe del letrado de la Comisión de Medio Ambiente, que ya se distribuyó en el Congreso de los Diputados y que hemos intentado dar a conocer en esta Cámara, por lo que lo hemos distribuido al resto de los grupos políticos, que apoya esta afirmación y se dice que el establecimiento de la posibilidad de autorizaciones por silencio positivo podría dar lugar incluso a un requerimiento de la Comisión y eventualmente a la imposición por parte de la misma de un recurso ante el Tribunal de Justicia contra el Reino de España, con posibilidades nada desdeñables de prosperar.
Por tanto, tampoco vamos a apoyar las enmiendas referidas al silencio positivo, tanto las presentadas por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, como las propuestas por otros grupos.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, cabe decir que la número 48 ha sido objeto de una transaccional, incorporada al informe de la ponencia, y que la enmienda número 49 también fue incorporada a dicho informe.
Respecto a las enmiendas números 50 y 53, sirve la explicación dada sobre el silencio positivo al Grupo de Coalición Canaria y, por tanto, por las mismas razones, no la vamos a aceptar.
En cuanto a la enmienda número 51, creemos que sería deseable que para el próximo plan alcanzásemos el cien por cien de la gratuidad, pero, en previsión de lo que pueda suceder, preferimos de momento acogernos al 90 por ciento, por lo que tampoco la vamos a apoyar.
La enmienda número 52 la rechazamos porque la Comisión ya ha dado una serie de directrices sobre cómo asignar los derechos de emisión, por lo que consideramos que no es conforme al Derecho comunitario.
La enmienda número 54 tampoco la aceptamos porque la directiva europea ya establece ese reparto de emisiones y lo que el Grupo Parlamentario Popular plantea volvemos a insistir en que es contrario a la misma.
La enmienda número 55 tampoco la podemos aceptar porque entendemos que propicia un tratamiento desigual. No obstante, hemos propuesto una enmienda transaccional, sobre la que espero que podamos alcanzar un acuerdo, a fin de que reglamentariamente se logren unos requisitos de mejor viabilidad técnica y económica.
Respecto al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tampoco podemos aceptar sus enmiendas, según las razones ya expuestas en referencia a las competencias.
Por ejemplo, la enmienda número 75 la rechazamos porque entendemos que se produciría un trato desigual para las comunidades autónomas.
Tampoco podemos apoyar la enmienda número 76 porque no se pueden transferir, acumulativamente, los derechos de emisión de un período a otro. Esta cuestión ya está establecida y es lo que determina la directiva.
Entendemos que la enmienda número 78 afecta a otros ámbitos ajenos al de medio ambiente, por lo que tampoco la vamos a apoyar.
Esta es la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Ya en el trámite del Congreso de los Diputados y a lo largo de los últimos días hemos puesto todo nuestro empeño para consensuar y acoger en la medida de lo posible las distintas aportaciones, pero, a nuestro entender, no todas resultan viables.
Quiero insistir en que el texto que hoy se somete a votación es producto de una importante labor desarrollada durante meses de intenso trabajo y que además ha sido sometido a un amplio proceso de consulta y participación pública, aspecto que siempre cuidamos pero que en este caso además era fundamental al tratarse de normas y de procedimientos que también afectan a un número importante de empresas en nuestro país.
Asimismo, se ha convocado y se ha escuchado al Consejo Asesor del Medio Ambiente y al Consejo Nacional del Clima. Y, como no podía ser de otra forma, también las comunidades autónomas han sido informadas, consultadas y escuchadas y muchas de sus observaciones y recomendaciones han sido tenidas en cuenta.
Quiero subrayar este aspecto, pues ha sido importante el esfuerzo realizado por las comunidades autónomas, que en un tiempo muy limitado han desarrollado un trabajo de gran complejidad técnica y administrativa, y queremos agradecer la disposición y colaboración de las mismas.
Con la transposición de la directiva 2003/87 se pretende implantar el comercio de derecho, como todos sabemos...

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego que vaya terminando.

La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Concluyo enseguida, señor presidente.


Puesto que ya se me ha acabado el tiempo, quiero insistir en la importancia que tiene el hecho de que por primera vez en España podamos contar con una ley que pueda abordar y regular toda la materia relativa a las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de poder reducirlas y cumplir los compromisos que asumimos en el Protocolo de Kioto.
Era mi afán hacer un análisis de la situación que se aborda con este proyecto de ley y valorar sus principales aspectos, pero, aunque el tiempo me falta, yo quiero destacar la importancia, y vuelvo a insistir, de que por fin España se muestra sensibilizada ante esta situación que nos afecta a nivel global y que supone un primer abordaje para esta compleja situación. Es la primera vez que en el proceso de industrialización hay un acuerdo para reducir estas emisiones y que se puede dar un giro radical al razonamiento erróneo de que a más crecimiento, más desarrollo y más contaminación, orientándolo, por contrapartida, a la lógica de la eficiencia energética.
Por último --y ya termino--, me gustaría volver a agradecer el apoyo y la colaboración de los grupos parlamentarios por todas sus aportaciones al proyecto; es una responsabilidad que todos debemos asumir, pues de lo contrario las generaciones futuras nos reclamarán nuestra parte de responsabilidad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pagola.

El señor PAGOLA SÁENZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero expresar el sentido del voto del Partido Popular respecto al resto de las enmiendas. Vamos a apoyar las del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, números 39 y 40, en cuanto coinciden con nuestra versión del silencio administrativo y el silencio positivo.
La senadora que ha intervenido anteriormente ha leído el informe del letrado, pero yo también le he leído y quiero recordarle que la directiva establece que deben deducirse de un acto expreso y conforme; es decir, tiene que haber un acto donde se diga que sí o se diga que no. De cualquier manera, la realidad es que con las noticias que hemos recibido últimamente de que van a entrar 25.000 nuevos funcionarios, por cierto, con un nuevo sistema de oposiciones que vamos a ver en qué queda, lo que tiene que hacer el Estado es tomar una decisión en el plazo de tres meses, sea favorable o desfavorable.
Por otra parte, al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió le vamos a aprobar las enmiendas 67, 74 a 77 que se refieren al silencio administrativo, y 78, que comparte plenamente el sentir del Partido Popular cuando habla de que a empresas cuyas inversiones realizadas en bienes de equipo supongan una disminución de la contaminación, se les practique una deducción de la cuota íntegra del 10 por ciento. Hay que favorecer este tipo de inversiones y todo lo que sean beneficios fiscales lo vamos a aprobar también.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos vamos a aprobar la enmienda número 26, que habla de que si una empresa por motivos de inversiones reduce sus emisiones, mantendrá la cuota que tenía anteriormente; es decir, si una empresa hace una inversión, lo lógico es que se le mantenga el cupo de emisión de gases.
Tengo que expresar la satisfacción porque hoy hemos dado un ejemplo de talante y de diálogo consensuando con diferentes grupos parlamentarios, admitiendo sus transaccionales y en ese sentido, repito, ha habido talante y diálogo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
(Pausa.) Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley que acabamos de debatir.
En primer lugar, votamos las enmiendas del senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, números 1 a 13.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 259; a favor, 11; en contra, 217; abstenciones, 31.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor Sanz Pérez pide la palabra.) Tiene la palabra, señoría.

El señor SANZ PEREZ: Señor presidente, pediría a los servicios técnicos de la Cámara que comprobasen los paneles.

El señor PRESIDENTE: Señoría, no tengo ningún inconveniente en que los servicios técnicos revisen los paneles electrónicos. (Pausa.) Como ha quedado demostrado que se ha producido un fallo técnico, vamos a repetir la votación.
Enmiendas del senador Quintana, del Grupo Mixto, números 1 a 13.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 11; en contra, 230.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, números 39 y 40.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 138; en contra, 103.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a la votación de las enmiendas de Convergència i Unió.


En primer lugar, votamos la enmienda número 65.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, cinco; en contra, 230; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 67, del mismo grupo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 137; en contra, 104.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 71, del citado grupo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, cinco; en contra, 230; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 74, también del Grupo de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 137; en contra, 104.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 77, del mismo grupo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 135; en contra, 106.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 78 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 135; en contra, 106.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas números 70 y 76 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 11; en contra, 230.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 11; en contra, 229; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Votamos las enmiendas números 14 a 36, a excepción de la número 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 12; en contra, 229.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 26 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 137; en contra, 104.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos, en primer lugar, las enmiendas número 56 a 63.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 116; en contra, 125.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Votamos las enmiendas números 50 y 53.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 137; en contra, 104.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, a excepción de la número 55, que ha sido retirada.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 123; en contra, 118.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 16.877, que ha sido firmado por todos los grupos parlamentarios.
¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Asentimiento.) Pasamos a votar el dictamen en un solo bloque, si no hay oposición por parte de nadie, con las enmiendas incorporadas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 137; en contra, uno; abstenciones, 103.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISIÓN DE INTERIOR EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS INCENDIOS E INUNDACIONES ACAECIDOS EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE ARAGÓN, CATALUÑA, ANDALUCÍA, LA RIOJA, COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y COMUNIDAD VALENCIANA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 6/2004, DE 17 DE SEPTIEMBRE). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000009 y C. D. 121/000010) (Votación).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar el dictamen de la Comisión de Interior en relación con el proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.
A este proyecto de ley hay solamente un voto particular, del Grupo Parlamentario Socialista, que vamos a votar. Vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado con respecto al título, exposición de motivos, artículo 1, artículo 2, artículo 12, artículo 17 nuevo, disposición adicional cuarta como consecuencia de la aprobación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 107; en contra, 134.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Pasamos a votar el dictamen en un solo bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 135; en contra, 102; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:


--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 25/1988, DE 29 DE JULIO, DE CARRETERAS. (AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGÚNCIA I UNIO) (622/000008).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado.
Proposición de ley de modificación de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
Para la defensa de esta proposición de ley, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Macias. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y salgan del hemiciclo.

El señor MACIAS I ARAU: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió una vez más hace uso de la capacidad de iniciativa legislativa por parte de esta Cámara.
Quiero recordar a sus señorías que nuestro grupo ha hecho ya uso de la facultad que tiene esta Cámara en varias ocasiones con un resultado muy positivo desde el punto de vista de la acogida que han tenido algunas de nuestras iniciativas y, en cualquier caso, por haber despertado el interés del Gobierno en relación a temas importantes en otras de nuestras proposiciones de ley.
El tema que hoy presentamos, señorías, es de aquellos que tienen mucho que ver con algo que sucede a diario en nuestra vida, en la vida de todos los ciudadanos del Estado, que es su movilidad. Si algo nos une a todos es que nos movemos y nos movemos predominantemente en vehículos y, lógicamente, utilizamos las carreteras. Es evidente que nuestras vías de comunicación, nuestras carreteras principales, la red administrada por la Administración General del Estado, ha sufrido y está experimentando en los últimos años una gran transformación. Por suerte, se están acometiendo una gran cantidad de inversiones que transforman buena parte de la red de interés general del Estado en nuevas autovías.
Esto, que lógicamente es un hecho absolutamente positivo y que deseamos que pueda continuar y continúe especialmente a buen ritmo, en algunas comunidades, como es el caso de Cataluña, presenta también algunos hechos colaterales que suponen a menudo quebraderos de cabeza y, a la postre, problemas importantes de seguridad para nuestros ciudadanos y ciudadanas.
De ahí que presentemos esta proposición de ley que pretende resolver unos problemas que más tiempo y, por tanto, más dinero hacen perder a nuestras administraciones, empezando por la Administración General del Estado y siguiendo por nuestras corporaciones locales, por nuestros sufridos alcaldes y concejales que pierden multitud de horas intentando resolver algo que a menudo no consiguen.


Yo podría aquí empezar con un rosario de desgraciados acontecimientos que han tenido lugar, con un rosario de despropósitos, con un rosario de falta de acuerdos y con un rosario de pretensiones que, a veces, la Administración General del Estado ha tenido para quitarse de encima aquellas vías que ya no le interesan e intentar que ayuntamientos con presupuestos inferiores al millón de euros administren viaductos que tienen un valor patrimonial 25 veces superior, lo cual evidentemente no cabe calificar de otro modo que de barbaridad. También ha habido y hay aún una gran incomprensión para entender que tenemos un Estado autonómico y que, por tanto, para ciertos problemas son las comunidades autónomas las que pueden resolver algunas de estas cuestiones actuando de eficaces intermediarios entre la Administración General del Estado y las corporaciones locales, sean ayuntamientos, sean cabildos, sean diputaciones provinciales.
Lo que nosotros pretendemos, y para ello presentamos iniciativas parlamentarias tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, es conseguir establecer una vía legal que permita resolver este problema que conlleva la gestión de las vías que ya no son propias de la red general del Estado, pero que, sin embargo, deben ser mantenidas y en muchos casos deben asegurar su continuidad y, por tanto, nos parece que esto puede hacerse de modo relativamente simple con una muy sencilla modificación de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
¿Qué pretende esta simple modificación legal? Pretende una modificación del artículo 4 de la Ley de Carreteras, añadiendo un nuevo punto 3 bis que diga textualmente que una carretera o tramo de vía integrada en la red de carreteras del Estado adquirirá la consideración de vía secundaria y, por tanto, dejará de ser vía de interés general del Estado cuando entre en funcionamiento la nueva carretera o el nuevo tramo de vía gratuita destinada a absorber la circulación principal de vehículos de esta carretera o tramo de vía.
Es obvio que hay que dar solución, y por ello el segundo párrafo de nuestra proposición dice: las carreteras o tramos de vía de interés general que adquieran condición de vías secundarias se incorporan a la red de carreteras de la comunidad autónoma, lógicamente previa solicitud de ésta.
Es, por tanto, una modificación muy simple, acompañada de disposiciones adicionales y finales para dar cumplimiento a la propia modificación, pero lo que pretende es algo tan simple como que cuando se produzca la entrada en funcionamiento de una nueva autovía, automáticamente la comunidad autónoma pueda decirle al Estado: páseme usted la vía que ha dejado de ser de interés del Estado --como el propio Estado reconoce-- que yo voy a gestionarla a partir de este momento.
En su caso, si es un tramo que no garantiza la continuidad entre las distintas redes se puede traspasar a los ayuntamientos; si es un tramo que da continuidad a la red de las diputaciones provinciales se pasa a las diputaciones provinciales, y si es un tramo que da continuidad a la red autonómica, y por tanto debe garantizarse --esto sucede en múltiples ocasiones--, se traspasa o se queda en manos de la propia administración autonómica, manteniendo así la racionalidad de todo el sistema. Así de simple es la pretensión, señorías. Alguien nos sugiere que para esto no hace falta una ley, pero yo creo en aquello tan inteligente de que las leyes sirven para resolver los problemas que tenemos los ciudadanos, y lo digo en mi condición de persona que durante más de 12 años ha sido alcalde de una ciudad en la que viví esta circunstancia de la construcción por parte del Estado de una variante, y por tanto algo había que hacer con la travesía. Por cierto, todavía no se ha solucionado y hace más de diez años que ya no soy alcalde.
Les decía que la pretensión es que a nuestros sufridos ediles les hagamos un poco más sencilla su vida, que no tengan que hacer peregrinaciones continuas a las demarcaciones de carreteras del Estado, que no tengan que acabar visitando a la ministra, que yo creo que tiene trabajo más importante que solucionar temas de gestión, y que pueda contarse con las comunidades autónomas para poder garantizar todo este proceso.
En fin, señorías, confío en que todos los grupos apoyen esta ley por cuanto es absolutamente racional, por cuanto además en estos momentos es la política que, según la propia ministra, se piensa llevar a cabo.
Además, esto es la prueba del algodón del buen talante. Aquí siempre se habla del buen talante, y éste tiene unas cuantas pruebas del algodón, una de ellas es confiar o no en las comunidades autónomas para ayudar a resolver problemas o simplemente hablar mucho y quedarse siempre con todas las titularidades.
Señorías, confío en que esta iniciativa tenga la fortuna de contar con el beneplácito de todos ustedes, pero sobre todo confío en que cuando llegue al Congreso de los Diputados tenga una tramitación rauda y pueda contribuir a hacer más segura la vida de nuestros ciudadanos y un poco menos dura la vida de nuestros ediles.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor Lago.

El señor LAGO LAGE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Macias, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presenta una modificación de la vigente Ley de Carreteras, de forma --y he de decirlo así porque en su exposición he detectado alguna pequeña trampa-- que los tramos integrados en la red de interés general del Estado, o sea tramos dentro de la red de interés general del Estado y no, como usted ha dicho en su intervención, aquellos que ya no son propios de la red general del Estado, adquieran la consideración de vía secundaria cuando entren en funcionamiento otros destinados a absorber la circulación principal y éstos se conviertan en tramos de circulación preferentemente local o comarcal.
Pero antes de tomar una decisión es importante conocer, también, la segunda parte. Dice que, en tal caso, se incorporarían a la red de la comunidad autónoma, previa solicitud de ésta, que presentaría el proyecto necesario para

adaptar su uso a las nuevas condiciones de tráfico, viniendo obligado el Gobierno no sólo a resolver positivamente antes de un mes de plazo, sino también a asumir íntegramente todos los costes que suponga la situación y el proyecto presentado por la comunidad.
En el fondo y en el objetivo podríamos tener un punto de acuerdo, y así se lo manifiesto. Por eso, incluso le iba a proponer la retirada de esta toma en consideración para poder plantear otro tipo de iniciativa en el Senado a fin de buscar una solución al problema. Podemos estar de acuerdo en el objetivo pero no en el contenido de la proposición, porque implica una alteración del marco competencial y de colaboración y lealtad institucional. Este contenido queda reflejado en un artículo y en dos disposiciones adicionales y una final, pero se añade un nuevo punto 3.bis, que es importante conocer, al igual que las disposiciones, por lo que dicen.
Desde el punto de vista competencial, la Ley de Carreteras se ampara en el artículo 149 de la Constitución, que dice que corresponde al Estado el régimen general de las comunicaciones y la competencia exclusiva sobre obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma. Asimismo, el artículo 148 de la Constitución reserva la competencia exclusiva para las comunidades autónomas, según sus estatutos, de aquellas carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la comunidad y las obras relacionadas con las mismas.
De modo muy general, no solamente en carreteras, sabe usted muy bien los traspasos de servicios de la Administración del Estado a las comunidades autónomas son, en todo caso, fruto de la negociación y se formalizan en los correspondientes acuerdos aprobados en las comisiones mixtas de transferencia. Hoy, si bien a lo mejor se puede mejorar el sistema existente, ya se han dado soluciones para muchos de los problemas que ustedes plantean en esta toma en consideración de una proposición de ley.
En este momento hay posibilidades, y así se lo puedo decir porque incluso la Generalitat de Cataluña ya ejerció, a través de los reales decretos 1943/1980 y 902/1985, la transferencia de competencias de la red del Estado a la comunidad autónoma, constituyendo a la Generalitat de Cataluña en administración concedente de autopistas transferidas.
Todo esto está avalado, y usted lo sabe muy bien, por la sentencia 65/1998 del Tribunal Constitucional. En esta sentencia el Tribunal nos recuerda que esta Ley de Carreteras limita expresamente su ámbito de aplicación a las carreteras estatales y, además, nos dice que el artículo 4 no prevé más formas de modificación de la composición de red de carreteras del Estado que el cambio de titularidad de las carreteras existentes en virtud de acuerdo mutuo. Ahí está la clave: acuerdo mutuo, no decisión unilateral, como usted propone en su propuesta. Acuerdo mutuo de las administraciones públicas interesadas. Además, matiza expresamente que, con base en la alteración de itinerarios, la modificación unilateral de la composición actual de la red de carreteras del Estado, que es lo que ustedes proponen en esta proposición de ley, no es una posibilidad legalmente prevista.
Tomando en consideración los aspectos competenciales ratificados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Grupo Parlamentario Socialista estima que no procede la toma en consideración de esta proposición de ley de modificación de la Ley de Carreteras. Quizá habría que buscar otra fórmula parlamentaria para instar al Gobierno, que ya lo está haciendo --y usted lo sabe muy bien--, a buscar una solución que agilice algunas de estas situaciones.
No creemos que pueda gozar de un mínimo de constitucionalidad una norma que permita que la decisión unilateral, en este caso comunidad autónoma, de una de las partes anule de forma automática la facultad competencial de la otra parte, Gobierno central, privando a ésta de una competencia exclusiva y encima la obligue a correr con los gastos que esto ocasione.
Hay antecedentes de conflictividad --ya se los señalé-- referidos a un recurso de inconstitucionalidad que presentó la propia Generalitat y el fallo de la sentencia 65/1998 dijo que la Ley de Carreteras en esos artículos era conforme con el orden constitucional y el estatuto de competencias. Estamos incidiendo en la misma norma.
Por otro lado, la reforma normativa propuesta por su grupo implicaría introducir en la Ley de Carreteras de forma muy indeterminada un nuevo concepto jurídico, el nuevo concepto jurídico de algo que de momento no existe en la legislación estatal, como es el de vía secundaria, que no viene recogido en dicha Ley de Carreteras ni en su reglamento de desarrollo. Por otra parte, tanto el uso del imperativo «se incorporarán» en el pretendido nuevo apartado 3 bis del artículo 4, como la previsión de la disposición adicional segunda de la proposición de ley en el sentido de que el Gobierno deberá resolver positivamente en el plazo máximo de un mes, implicaría que la incorporación de las citadas vías secundarias a la red de carreteras de una comunidad autónoma resultaría automática siempre que fuera solicitado, quedando así al criterio único de la comunidad autónoma la decisión sobre una competencia que, insistimos, es una competencia exclusiva del Estado. A este respecto, nos parece de sentido común pensar que al tratarse de carreteras de la red estatal debería corresponder en todo caso al Estado, de conformidad con los títulos competenciales de carácter exclusivo, un cierto margen de discrecionalidad a la hora de decidir sobre la incorporación o no de tramos de su exclusiva competencia a la red de una comunidad autónoma.
Señorías, actualmente y sobre la base de la previsión del artículo 4 de la Ley de Carreteras para el caso de cambio de titularidad mediante acuerdo mutuo entre ambas administraciones, el supuesto al que se refiere la proposición se resuelve y puede resolverse a través de un convenio entre el Ministerio de Fomento y la consejería competente de la comunidad autónoma, previas autorizaciones de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica y del Consejo de Ministros.
Señorías, la toma en consideración de esta proposición de ley no puede ser --a nuestro entender no debería ser-- aceptada porque el automatismo propuesto en cuanto a la aceptación de las solicitudes por la Administración General

del Estado y la falta de corresponsabilidad financiera que se atribuye a las comunidades autónomas frente a la práctica ya experimentada en supuestos similares de suscripción de un convenio con obligaciones para ambas partes, supondrían la adquisición de compromisos de gastos para el Estado que podrían afectar a la estabilidad de los escenarios presupuestarios.
En este sentido, ese automatismo que está dentro de la proposición de ley que ustedes presentan es un automatismo que no podemos aceptar tanto en la consideración de vía secundaria como en la aceptación de la solicitud como en el coste de las obras. Por eso les anunciamos nuestro voto en contra y les proponemos una solución a través de una iniciativa parlamentaria de otro tipo para revolver junto con el Gobierno estos temas, sobre todo como se hace con los ayuntamientos: por mutuo acuerdo de ambas administraciones.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente. Señorías.
La verdad es que uno, no sé si por novato en esta Casa --no en la política, sino en esta Casa-- o porque ya no entiende nada, no acaba nunca de sorprenderse. Yo le he visto a usted bajar de estas filas y, por lo tanto, me imagino que usted es portavoz del Partido Socialista Obrero Español en este tema, y que pertenece usted al mismo partido que el señor presidente del Gobierno, por lo cual usted debió suscribir o al menos aceptar los documentos que dicen que España es un país plural --algunos decimos que es plurinacional, pero usted dijo plural--. Pero usted me hace un discurso de lo más rancio, de lo más centralista, que incluso la otra parte de la Cámara en estos momentos no hace. Su defensa me parece absolutamente inaudita y, si me lo permite, con todos los respetos, impresentable desde el punto de vista de que se trata de una cuestión práctica, en la que mi único pecado es decir: ya que tenemos una una estructura autonómica de Estado, pongamos esta estructura autonómica al servicio de la resolución de problemas; mi único pecado es pensar que si el Estado y un alcalde pueden suscribir un pacto sin que esto sea declarado inconstitucional, se puede hacer también entre un alcalde y un presidente de una comunidad autónoma; mi único pecado --le voy a poner un ejemplo-- es que esto se haga en la carretera nacional N-II entre Lleida y Barcelona prácticamente --algo menos en la provincia de Lleida--, pues está la A-2 construida al lado, llevan bastantes años intentándolo y el Estado ha dicho y ha reconocido --primero, en la época del ministro que hoy es el actual presidente del Parlamento Europeo, después en la época del gobierno del Partido Popular y ahora también-- que no quiere esto.
Estamos hablando de vías que el Estado no quiere; por tanto, no le queremos quitar nada al Estado.
Usted viene aquí y dice: ustedes quieren quitar..., venga la defensa constitucional. No, el Estado no lo quiere, porque no hay racionalidad.
Desde el más refinado jacobinismo puede decirse: la racionalidad es que el Estado no tenga esto. Señoría, no se le quiere quitar nada, no tenga miedo, al Estado no se le va a quitar nada. Se trata de que algo que ya no tiene sentido que sea del Estado, alguien que está cerca de los alcaldes lo gestione y diga: Ayuntamiento de Tárrega, como usted tiene 20.000 habitantes y ya tiene una cierta capacidad y aquí la vía tiene posibilidad de tener continuidad por otro lado, le traspaso la carretera.
Pero en el caso del Ayuntamiento de Golmes, que cuenta con 700 habitantes y no tiene capacidad para mantener 15 kilómetros en la carretera por la que sigue pasando bastante tráfico, evidentemente, no tiene sentido dicho traspaso.
¿Qué pasa con esto? Sucede que llevamos diez años
--¿cuantos años hace que el señor Borrell no es ministro?-- y no se ha solucionado. ¿Por qué? Porque falta que una ley lo permita. Y lo que nosotros pretendemos es algo tan sencillo como esto. Quizá lo hemos redactado mal; le doy toda la razón. Quizá no se puede pagar todo --que se paga todo a los ayuntamientos--, incluso hay un real-decreto aprobado en la época del ex ministro Alvarez-Cascos que de alguna manera lo regula. Como sucede en el caso de mi ciudad, que el ministerio pagó la reforma y aún estamos en los trámites del traspaso. Por lo tanto, tampoco se trata de querer regatear dinero al Estado, porque el Estado ya sabe que cuando hay una situación como ésta --y está regulado en estos momentos-- tiene que asumir los costes.
En consecuencia, no veamos fantasmas. Lo que me alucina de su intervención son los fantasmas que ve; y me alucina que usted hable en nombre del Partido Socialista Obrero Español que está dando su apoyo, junto con otras fuerzas parlamentarias, y aún me alucinaría más que también dieran apoyo a estas teorías suyas, dieran apoyo a su posición.
En consecuencia, se trata simplemente de un problema de gestión. Tenemos un Estado autonómico, utilicemos este Estado autonómico con racionalidad.
De esta manera podemos resolver más problemas.
Me dice su señoría que retire esta proposición de ley y proponga otra iniciativa parlamentaria. ¿Cuál? ¿La que propuso mi compañero Durán i Lleida en el Congreso? Que, por cierto, fue aprobada por el Grupo Parlamentario Socialista y por todos los grupos, incluida también Esquerra Republicana, en la cual, para un caso concreto, como el ejemplo que le he puesto de la nacional N-II, se instaba al Gobierno a hacer lo que exactamente dice el texto, pues se redactó el mismo día y era muy parecido.
¿Vamos a hacer una proposición no de ley para cada tramo? A mí me parece mucho más inteligente utilizar las capacidades del Senado, porque también se habla de que el Senado es muy importante, de que vamos a venir al Senado, y luego resulta que, haciendo uso de una de sus capacidades más legítimas, que es la de iniciar procesos legislativos,

se nos dice: retiren ustedes esta proposición. Pues no, no la vamos a retirar de ninguna de las maneras. Mi grupo parlamentario no sólo no va a retirar esta proposición sino que, lógicamente, formularemos otras iniciativas con el fin de que el Gobierno no las acoja con este terrible recelo, hasta el punto de acudir a sentencias del Tribunal Constitucional, cuando solamente se trata de un problema de gestión.
Nosotros no pretendemos quitarle nada al Estado; de hecho, el Estado ya tenía decidida la cesión de esta vía al Ayuntamiento de Golmes y, ¿me tienen que leer sentencias para justificar si el Estado se lo quiere quedar o lo quiere ceder? Desde mi punto de vista, señoras y señores senadores, ustedes no han evaluado bien esta propuesta; no han evaluado bien una propuesta que incluso va a ser útil para ustedes.
La señora ministra me envió la semana pasada una copia del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte --del cual supongo que tendremos que hablar con bastante intensidad--, que señala en la página 60, epígrafe f): «En el caso de itinerarios con un tráfico mayor de 8.000 vehículos/día...», «... se procurará sustituir la construcción de numerosas variantes por una infraestructura que canalice el tráfico de largo y medio recorrido...». Además, añade --y no me lo estoy inventando yo--: «... cediendo la titularidad de la antigua vía a la Administración Territorial correspondiente».
Esto es lo que dice la señora ministra y debe ser que pretende, como yo, usurpar al Estado no sé cuántas facultades. Además, esto no es más que el principio porque aparece más desarrollado en el propio PEIT.
Asimismo, en el epígrafe 6.3.2.3. del PEIT: Acondicionamientos, travesías y variantes de población, se reincide en esta cuestión y se aportan más elementos en el sentido de que cuando una vía que cumplía con una función estructurante del Estado deja de hacerlo --porque se construye otra vía fantástica que asume esas mismas funciones--, lo lógico es que la anterior deje de ser de interés general del Estado y que se favorezca que las comunidades autónomas participen en la gestión.
Además, desde que la Administración está en manos del Partido Socialista y desde los años de gobierno del Partido Popular hasta ahora, lo cierto es que esta cuestión se ha solucionado en muy pocos casos, y en el ejemplo que le he puesto --porque lo he vivido--, han tenido que transcurrir quince años de trámites, con un costo absolutamente vergonzoso para el erario público.
Nuestra proposición de ley pretende resolver esta cuestión de una manera sencilla y, aunque pueda estar equivocada, tendremos la posibilidad de que el Congreso de los Diputados presente las enmiendas correspondientes, con el fin de subsanar los errores y ajustar y modificar lo que sea necesario.
Por desgracia, me parece que no existe realmente ese pretendido talante, este espíritu de la España plural y, querido senador, quizá eso me preocupa mucho más que el tema concreto del que hablamos, a pesar de que me preocupe mucho.
Muchas gracias, señoras y señores senadores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Bravo.

El señor BRAVO DURÁN: Con la venia del señor presidente. «Arratsalde on denori». Buenas tardes a todos.
Nos encontramos ante una iniciativa de Convergència i Unió que mi grupo parlamentario considera procedente y lógica, y que persigue una mejora evidente en la vigente Ley de Carreteras.
Afortunadamente, el sistema viario del Estado --me refiero a la red de interés general-- es algo vivo y en continua transformación, precisamente por la actividad inversora que se desarrolla en materia de carreteras, con mejoras continuas que dan lugar a nuevos tramos de carreteras que hacen perder a aquellos viejos tramos ese interés general; y debemos alegrarnos de que sea así.
Se sigue mejorando la red, pero el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha puesto el dedo en la llaga, en un problema que surge, una especie de daño colateral, con la puesta en servicio de ciertos tramos y el abandono, o quizá debiéramos decir esa menor utilización, que no infrautilización, o cambio de uso de los primitivos tramos cuyo tráfico se desvía. La pregunta es: ¿deben seguir siendo esos primitivos tramos de titularidad estatal o, por el contrario, deben incorporarse a la red de carreteras de la comunidad autónoma correspondiente o de la diputación o del ayuntamiento, según corresponda? Creo que no debo extenderme más sobre este particular por cuanto recuerdo que estamos únicamente ante el trámite parlamentario de toma en consideración, por lo que ya habrá tiempo --si esta iniciativa prospera, y espero que así sea sinceramente-- de que sea debatida en el Congreso de los Diputados, y en su momento ante esta Cámara, por lo que sólo voy a insistir en la oportunidad de la iniciativa, en la realidad de la existencia de los problemas que pretende solucionar: mejora, conservación, transformación de esos antiguos trazados, ahora de un interés mucho más local, así como también la flexibilidad que denota el proyecto al huir de automatismos y requerir la solicitud previa por parte de la comunidad autónoma afectada o, como decía, administración local que resulte competente. Ese es el sitio donde se tiene que debatir, y no al margen; no se puede hurtar el debate en ninguna iniciativa.
Pero, como he señalado anteriormente, éstas son cuestiones que deben corresponder precisamente a ese debate y en su caso a las enmiendas al proyecto, las que prosperen, una vez que, como espero, prospere esta toma en consideración que, como ya he apuntado, va a contar desde luego con el voto favorable de mi grupo parlamentario.
«Esquerrik Asko». Muchas gracias a todos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa tiene la palabra el senador Aragonès.

El señor ARAGONÈS DELGADO DE TORRES: «Moltes graciès, senyor president.
Bona tarda».


«Nosaltres, señor Macias, donem suport, no en dubti del Govern de la Generalitat de Catalunya.» Le decía al senador Macias que nosotros a quien damos soporte, que no le quepa ninguna duda, es al Gobierno de la Generalitat de Cataluña; lo damos ahora, que coinciden los colores políticos, y lo dábamos en esta Cámara en la legislatura pasada cuando había algún tema que afectaba al «Govern de la Generalitat de Catalunya», y entonces no coincidían los colores políticos.
Hoy ustedes presentan una proposición de ley que plantea, como se ha dicho, la cesión a las comunidades autónomas de las carreteras o tramos de vías integradas en la red de carreteras del Estado que adquieren la consideración de vías secundarias, así como la dotación presupuestaria correspondiente para su acondicionamiento o transformación. La primera cuestión, de carácter técnico, que nos planteamos es la dificultad de definir cuándo una carretera pasa a ser secundaria. Me dirán que se podría definir en el mismo estudio informativo de la nueva carretera, pero sería, señorías, un procedimiento muy subjetivo.
Consideramos además que la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió se puede identificar con aquello de matar moscas a cañonazos. Ahora, con una interpretación generosa de la ley, que por otro lado, salvo alguna excepción, aunque es lo que acostumbra a suceder, ya son posibles los cambios de titularidad por acuerdo mutuo de las administraciones interesadas. Es en este punto quizá donde sería conveniente establecer las posibles mejoras, saber quién se hace cargo, etcétera. Creemos que un desarrollo reglamentario sería suficiente, porque ni aun cuando la virtud de la ley es crear derecho, es decir, que el Estado lo tenga que hacer, no dice cuáles han de ser las condiciones que acreditan que la carretera que antes era general ahora pase a ser secundaria.
Pretender, señores del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que el automatismo en los proyectos de obras lo fije la comunidad autónoma y lo pague el Estado, sólo se puede entender desde la ingenuidad --que no la hay, de eso estoy completamente convencido-- o desde una cierta mala intención de buscar en el fondo posiciones maximalistas que pretenden un desgaste, en el bien entendido de que su grupo ahora en Cataluña está en la oposición. Además, pensamos que esta modificación de la Ley de Carreteras puede tener un viaje de vuelta para las comunidades autónomas, las cuales se podrían encontrar en una situación de verdadero encorsetamiento porque, a veces, las leyes también provocan rigideces excesivas.
Dicho esto, y aunque nuestro grupo pudiera coincidir con algunos aspectos de fondo de la iniciativa que presenta Convergència i Unió, y de hecho es así, discrepamos también, una vez más, respecto a la forma escogida para plantear dicha cuestión en el Parlamento, que poco o nada ayudará al Gobierno de la Generalitat en el proceso de negociación en curso para conseguir la transferencia de la parte de la red de carreteras estatales que deje de tener interés general. Creemos que, nuevamente, Convergència i Unió utiliza una estrategia parlamentaria equivocada al plantear de manera unilateral ante esta Cámara propuestas que, por afectar a las potestades de autogobierno de Cataluña, deberían ir precedidas, y no lo van, del diálogo con el Gobierno de la Generalitat y con el resto de las fuerzas políticas catalanas para, al menos, intentar obtener un principio de acuerdo común. Ustedes, y se ha visto durante toda esta sesión, buscan los soportes, una vez más, de aquellos que tienen por bandera el centralismo más radical. Es legítimo.
No tengo ningún ánimo de buscar polémicas estériles, pero sí quisiera afirmar que la presentación de esta modificación de la ley nos parece extemporánea e inoportuna. Extemporánea, porque esta proposición de ley se presenta a debate en la Cámara de espaldas al Parlament de Catalunya.
En Catalunya se ha iniciado precisamente, y les consta, el proceso de reforma de la Ley de Carreteras de Cataluña, de 1993, y su borrador ya ha sido trasladado a los representantes de las organizaciones municipalistas y de las diputaciones.
Igualmente, el Gobierno de la Generalitat está redactando el plan de carreteras. Creemos que la presente iniciativa parlamentaria debería esperar al debate que se desarrolle en el Parlament de Catalunya y ajustar su contenido a las conclusiones que de él se van a derivar. Y lo digo porque uno de los elementos de debate de la reforma de la ley en Cataluña será precisamente que el Gobierno de la Generalitat pueda delegar la gestión de determinadas carreteras de la red local en las administraciones locales, con la consecuente transferencia de recursos personales, materiales y económicos.
Igualmente, otra cuestión conflictiva se plantea en aquellas vías secundarias que se integren directamente como meras travesías urbanas de los municipios por existir ya una vía alternativa o un proyecto de variante.
Además, la presente proposición es inoportuna porque interfiere en el proceso de negociación en curso, que les consta, entre el Departamento de Política Territorial y el ministerio. La Generalitat y el Gobierno del Estado ya están negociando un convenio de traspaso de aquella parte de la red de carreteras del Estado que debe ser considerada como de interés general.
Por todo ello, consideramos que lo más conveniente para los intereses de Cataluña sería posponer el proceso de toma en consideración de esta proposición de ley, a la espera del debate y de los acuerdos que adopte el Parlament de Catalunya en materia de gestión de carreteras y a los resultados de la negociación con el Gobierno del Estado, porque --y acabo-- quienes van a facilitar que esta toma en consideración prospere son justamente los que menos se creen que esta modificación se deba llevar a cabo. Esto, de entrada, sería ya una cuestión preocupante. Estos soportes, a la larga o a la corta, se pagan, y caros.
Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lago.

El señor LAGO LAGE: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Macias, el sorprendido, verdaderamente, soy yo. No se me ocurrió a mí, a pesar de lo que leí

en su proposición, hablar de nada rancio, de nada impresentable, ni siquiera de que la manipulación no tiene límites. En mi intervención, aunque usted lo lleve por otro lado, lo único que hice fue referirme a la base de su propuesta, literalmente. Desde luego, no a la base de sus intenciones, porque no las conocía. Me referí a sus propuestas, que constan en el registro de esta Cámara. Esa fue mi intervención y mi defensa.
En ningún momento negué la mayor, sino al contrario. Yo coincido --no sé si con usted o con todos los de la Cámara-- con el hecho de que en un Estado autonómico, en un Estado plural, se transfiera el mayor número de competencias a las instituciones tanto autonómicas como locales.
Incluso le digo más. Usted podrá creer que yo defiendo un centralismo rancio y que defiendo a ultranza lo que le resta al Estado. Para mí es tan Estado Galicia como comunidad autónoma como el propio Gobierno central. En ese sentido no le doy más razón a sus palabras. No obstante, también le digo otra cosa: ni me considero en el monopolio de la razón ni tampoco en el monopolio del autonomismo. Otros a lo mejor sí, y por eso, a la mínima, entienden mal las intervenciones y salen por donde salen.
En todo caso, su intervención me parece respetable, pero ni yo ni el Grupo Parlamentario Socialista coincide con lo que ustedes propusieron y hoy se toma en consideración, que es muy sencillo y literal, es decir, automatismo en una carretera que pasa a vía secundaria una vez que se construye otra vía autovía o autopista; automatismo en responder siempre positivamente y en menos de un mes a la petición de una de las partes, y automatismo en correr con todos los gastos sea cual sea el proyecto --ni siquiera se puede valorar el proyecto--. Mi intervención se dirigía a ese sentido, es decir, que no podemos estar de acuerdo, y por eso le decía que no podríamos apoyar esta iniciativa.
Sin embargo, sí podríamos apoyar otra iniciativa que condujera a un fin en el que, a lo mejor, sí podemos coincidir. Me refiero a que esas carreteras que dejan de ser de primer orden puedan ser transferidas más ágilmente a la comunidad autónoma o incluso a los ayuntamientos o diputaciones provinciales. En ese sentido sí podemos coincidir.
Señorías, en la actualidad ya existe la Orden Ministerial, de fecha 23 de julio de 2001, que tiene unos casos parecidos o similares, a lo mejor no resueltos a la perfección, pero sí atienden a aquellos tramos de redes estatales que pasan a ser vías urbanas y que vía convenio mutuo entre dos administraciones --no de forma unilateral como ustedes presentan en su iniciativa--, una que lo quiere y otra que llega a un acuerdo, se transfieren de acuerdo con una valoración que es igual en todos los sitios. Por lo tanto, no es que el ayuntamiento haga un proyecto y valga lo que valga lo paga el Estado o el Gobierno central, sino que en esa orden están establecidas unas cantidades --que usted seguramente conoce bien-- de treinta millones de pesetas por kilómetro de carretera a ceder de una sola calzada o de cincuenta millones de pesetas en dos calzadas.
Esa Orden Ministerial de 23 de julio de 2001 quizá pueda ser un antecedente positivo a la hora de regular o encauzar la transferencia de otros tramos a comunidades autónomas.
En mi intervención defendí el mutuo acuerdo, no que no se transfiriera nada --nunca dije eso--. El mutuo acuerdo entre administraciones y la lealtad institucional quizá sería el modelo a seguir. El sistema actual previsto, aunque con dificultades, ya tiene fórmulas para resolver algunas situaciones, y antes le puse algún ejemplo en casos concretos que afectan a la Generalitat de Cataluña.
Con la modificación legal que se pretende a través de la proposición que ustedes han presentado y de esta toma en consideración, se sustituiría ese acuerdo mutuo por una decisión unilateral de una comunidad autónoma, es decir, de una de las partes, ya que el Gobierno debería resolverlo obligatoriamente de forma positiva y antes de un mes. Ni siquiera podría decir si es o no de interés general o si queremos que siga siendo de interés general.
Esta situación de desigualdad se agravaría y crearía una subordinación, en este caso del Gobierno, a otra de las partes y acentuaría lo establecido en la disposición adicional primera relativo a quién asume el coste de las obras necesarias sin ni siquiera poder consensuar sobre lo que deben ser esas obras y ese coste.
Por lo tanto, señoría, creo que la cuestión está bien enfocada como lo hemos hecho desde el Partido Socialista. Usted ha interpretado lo que quiere, y sé que a lo mejor está arrepentido del texto que ha presentado, pero no me eche a mí la culpa porque los que han escrito el texto de la proposición son ustedes, no el Grupo Parlamentario Socialista ni éste que habla.
En todo caso y viendo el lado positivo de buscar soluciones a los problemas reales, que es el interés de esta Cámara, y, en concreto, del Grupo Socialista, si el problema real existe --y en eso coincidimos--, busquemos soluciones reales y factibles.
Y en cuanto a esas soluciones, les planteo varias notas que se podrían tener en cuenta a la hora de buscar soluciones, que no son quizás las que ustedes buscaron con esta toma en consideración de proposición de ley: en primer lugar, si es interés o no del Gobierno, que también debe tenerse en cuenta, transferir una vía de interés general del Estado; en segundo lugar, que en ningún caso ninguna de las partes --en este caso, comunidades autónomas o Gobierno-- pueda imponer a la otra una valoración económica, que además en muchas ocasiones incluso podría ser o debería ser nula.
Además debo decirle que en este camino de buscar soluciones --y usted mismo ha leído un párrafo del borrador del PEIT--, actualmente la Dirección General de Carreteras está realizando un estudio, que tiene que ser necesario antes, para inventariar de forma sistemática todas las carreteras que de alguna forma han quedado en paralelo a la red principal o de primer orden y buscar y establecer también fórmulas adecuadas para la cesión a otras administraciones.
Creemos que ése es el camino adecuado --no quizás el texto que ustedes proponen hoy a esta Cámara para debate-- y es en el que me he fundado para justificar mi intervención.
Señorías, no consideramos que podamos asumir la presente proposición de ley porque supone un sometimiento

del Gobierno a las pretensiones de una --cualquiera-- comunidad, sin ninguna clase de fórmula alternativa posible, no permite ninguna fórmula alternativa posible, sin ningún tipo de control intermedio y en un marco que creemos de desigualdad institucional y de subordinación.
En consecuencia, por todo lo que he manifestado en las dos intervenciones y considerando que estas pretensiones que sigue esta iniciativa no solo implicarían limitar el alcance de la competencia exclusiva estatal en materia de carreteras sino también una alteración de los principios que han inspirado las actuales previsiones normativas contempladas en la Ley de Carreteras, que en su momento fueron favorablemente interpretadas por el propio Tribunal Constitucional, creemos y estimamos --no sé si será impresentable o rancio decirlo pero me da igual, lo digo-- que no procede
--o, por lo menos, nosotros no la vamos a apoyar-- la toma en consideración de esta proposición de ley. Y nos referimos a la proposición de ley que usted y su grupo ha presentado, no a las intenciones que ustedes tenían al presentar esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ PEREZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición sobre la toma en consideración de la proposición de ley que ha presentado Convergència i Unió.
En primer lugar, me gustaría decir que creo que se ha equivocado por parte de algunos portavoces el debate, porque ahora estamos discutiendo la toma en consideración pero no el fondo de la ley. Si se admite a trámite, ya tendremos ocasión de que, primero, en el Congreso de los Diputados se puedan presentar enmiendas para mejorar la misma y, después, en segunda lectura, la oportunidad en esta Cámara de hacer lo mismo.
Por tanto, aunque en algunos aspectos --y sin que sirva de precedente-- estoy de acuerdo en algunas manifestaciones de los portavoces tanto del Grupo Parlamentario Socialista, como de Convergència i Unió e incluso de Entesa, como les digo, han equivocado el debate, porque ahora hay que pronunciarse sobre si se admite o no a trámite la toma en consideración.
Ya anuncio que nuestro grupo parlamentario va a dar apoyo al trámite de la toma en consideración al tiempo que anuncio igualmente al grupo proponente que durante el trámite parlamentario nuestro grupo presentará enmiendas ya que, en el fondo, tal como está redactada la ley, no estamos de acuerdo, porque en algunos aspectos desvirtúa la Orden Ministerial de 23 de julio, a la que se ha hecho referencia por algunos portavoces. Por tanto, presentaremos las enmiendas oportunas para que se siga el trámite parlamentario a fin de que se mejore y se continúe la línea marcada en la orden ministerial aprobada por el anterior Gobierno del Partido Popular.
Lo que pretende la proposición de ley es modificar algunos aspectos de la Ley de Carreteras, modificaciones tendentes a la regulación de las transferencias de algunos tramos de interés general que han perdido su funcionalidad como tal a consecuencia de la construcción de la nueva red de vías de gran capacidad.
Quiero recordar que el procedimiento de la orden ministerial antes citada es voluntario por cuanto solo se puede iniciar mediante acuerdo del Pleno municipal solicitando la transferencia, es convenido porque la transferencia se materializa mediante un convenio entre las administraciones interesadas y la correspondiente acta de cesión y es objetivo por cuanto que la aportación estatal está predeterminada para excluir toda discriminación y arbitrariedad. En todo caso quiero advertir, y lo he dicho antes, que nuestro apoyo se circunscribe a su toma en consideración.
Quisiera en este momento, y sin llegar al fondo porque no estamos en ese trámite parlamentario, hacer algunas consideraciones sobre el aspecto de la proposición de ley.
Consideramos que la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió complementa lo establecido en la referida orden ministerial, pues se refiere a las cesiones a las comunidades autónomas, mientras la orden citada se circunscribe a las cesiones a los ayuntamientos. Sin embargo, anuncio que presentaremos distintas enmiendas ya que consideramos que el texto inicial presenta algunas deficiencias; posiblemente el señor Macias por falta de tiempo lo ha redactado deprisa y corriendo. Se utiliza una terminología que no es la que establece la Ley de Carreteras para identificar las distintas clases de vías, por ejemplo, el concepto de vía secundaria utilizado en el artículo único para identificar los tramos susceptibles de cesión no se acomoda a las categorías legales. La propuesta del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió sólo prevé cesiones a las comunidades autónomas cuando puede ser necesario ceder tramos de carreteras a otras administraciones como a las diputaciones o a los propios ayuntamientos, teniendo en cuenta las características funcionales del tramo.
Convendría, por tanto, aprovechar esta reforma legal para regular las cesiones a todas las administraciones conforme a principios comunes y espero que esta propuesta en el trámite parlamentario le guste y le satisfaga al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Considero que la disposición adicional primera debe ser reestructurada a fondo pues prevé que el Ministerio de Fomento tenga que financiar las inversiones previstas en la cesión que decida la comunidad autónoma.
Esto, desde nuestro punto de vista, no es razonable y propondremos el establecimiento de un mecanismo más parecido al de la Orden Ministerial de julio de 2001 que introduzca objetividad e impida las discriminaciones en la definición de los recursos estatales que se pueden transferir con los tramos de carretera a ceder. Esta modificación resulta, además, imprescindible a la luz de lo previsto en la disposición adicional segunda del texto del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que establece un automatismo para la respuesta estatal frente a la propuesta

autonómica que no es de recibo, como veremos a continuación.
La disposición adicional segunda, tal como está en su redacción, no la podríamos aceptar pues se opone al carácter pactado que debe tener toda transferencia. La pretensión de que el Gobierno deberá responder positivamente a las solicitudes no nos parece del todo rigurosa.
Por otra parte, la competencia en esta materia de la Administración general del Estado no debe residenciarse en el Gobierno, sino en el Ministerio de Fomento, sin perjuicio de las competencias generales del Consejo de Ministros en materia de convenios entre las administraciones o gastos plurianuales que resulten de aplicación.
Para terminar quisiera hacer algunas consideraciones. Vuelvo a repetir al señor Macias que nuestro voto se circunscribe a su toma en consideración.
Yo le pido al señor Macias que no pida perdón por ejercer sus derechos como senador para presentar iniciativas ante esta Cámara.
Al senador Lago, que ha intervenido como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quiero manifestarle que estamos de acuerdo en casi todo lo que ha expuesto como en el fondo de la ley, pero vuelvo a repetirle que estamos debatiendo si aceptamos o no la toma en consideración de una proposición de ley. Y si la aceptamos, los grupos parlamentarios tendremos la posibilidad de presentar iniciativas, enmiendas, consensuar, discutir y llegar a un texto definitivo que satisfaga al conjunto de esta Cámara.
El señor Aragonés, representante de Entesa, ha manifestado que su grupo sólo da a apoyo a la Generalitat de Cataluña. Nos parece muy bien, pero lo que está claro es que esta proposición no afecta exclusivamente al territorio de Cataluña, aunque usted, como es lógico, y su formación política sólo defienda los intereses por los cuales están aquí representados. Sólo quiero decirle que Esquerra Republicana es lógico y lícito que sí mostrase su apoyo a la investidura del señor Rodríguez Zapatero, y una de las cosas que nos parece bien --aunque nos parece mal-- es que ese apoyo se dio porque el señor Rodríguez Zapatero se comprometió a retirar el Plan Hidrológico Nacional en perjuicio de los valencianos.
Señorías, señor presidente, muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Macias por el artículo 87.

El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente. En relación con la intervención del señor Aragonés, que intentaba calificar la legitimidad de las iniciativas parlamentarias en función de que se correspondan o no con el actual Gobierno de la Generalitat, me parece que las cosas no van por ahí y que, igual que su grupo parlamentario ha hecho durante mucho tiempo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, quiero explicarle, y voy a mandarle la documentación, que ésta es una cuestión que interesa a todas las comunidades autónomas, pero mi campo de actuación es Cataluña, y cuando presenté esta iniciativa la comenté, y como uno ya es veterano, lo hice por escrito, recibiendo incluso respuesta igualmente por escrito del actual consejero de Política Territorial y Obras Públicas del Gobierno de la Generalitat a quien, si se aprobara esta ley, sus gestiones le resultarían mucho más ágiles. Por tanto, quiero dejar bien claro que mi pretensión no es en ningún momento perjudicar al Gobierno de la Generalitat, sino ayudar y hacer más brillante y eficaz su gestión, cosa que no voy a lograr, por desgracia.
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.
No sé si corresponde a esta Presidencia hacer la aclaración que voy a hacer, pero me parece que esta es la Cámara territorial, como todo el mundo sabe; cada uno de los senadores que estamos en este hemiciclo representamos al conjunto de la soberanía nacional y, por tanto, somos senadores de todo el conjunto del país. Entiendo que son enriquecedores los debates. Tenemos los parlamentos autonómicos, pero ésta es la Cámara común que tiene que ver con el Congreso de los Diputados, que forman las Cortes Generales.
Señorías, antes de proceder a la votación les comunico que tras finalizar la sesión la Comisión de Economía y Hacienda se reunirá en la sala 20.002.
Votamos la toma en consideración de esta proposición de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 133; en contra, 102.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Se levanta la sesión.

Eran las diecinueve horas.