CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2006 VIII Legislatura Núm. 85 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA Sesión del Pleno celebrada el miércoles, 24 de mayo de 2006

ORDEN DEL DÍA:

Primero
PREGUNTAS

-- De D. JOSEBA ZUBIA ATXAERANDIO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas que ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno para garantizar el cumplimiento del artículo 15 de la Constitución Española, a fin de prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos y proteger los derechos de las víctimas de estos delitos.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S.
680/000877).


-- De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las medidas legales que tiene previstas el Gobierno para hacer frente a las bandas organizadas que actúan en los municipios de la costa mediterránea. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000880).


-- De D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si considera el Presidente que el Gobierno es capaz de afrontar por sí solo los problemas relacionados con la inmigración.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S.
680/000883).



-- De D. FÉLIX AYALA FONTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las acciones previstas por el Gobierno para dar cumplimiento a la resolución aprobada por el Parlamento de Canarias en el Debate general sobre el estado de la nacionalidad canaria, celebrado en marzo de 2006, por la que se insta al Estado a intensificar el ritmo de las sesiones del grupo de trabajo creado sobre población entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000853).


-- De D. JOSÉ VICENTE GONZÁLEZ BETHENCOURT, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la actuación que está llevando a cabo el Gobierno para hacer frente a la entrada de inmigrantes de forma irregular. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000896).


-- D. JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración que realiza el Ministerio de Vivienda de los últimos datos relativos al número total de viviendas alquiladas por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). (Número de expediente S.
680/000900).


-- De D. JOSEP PIQUÉ I CAMPS, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los canales de comunicación abiertos entre España y Bolivia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000886).


-- De D. JOSÉ CASTRO RABADÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que realiza el Gobierno de los resultados alcanzados en la IV Cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, celebrada en Viena los días 11 y 12 de mayo de 2006. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000895).


-- De D. JOSÉ ARSENIO GIMÉNEZ MARTÍN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre si puede informar la Ministra de Fomento de las inversiones de su Ministerio en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000893).


-- De Dª BELÉN MARÍA DO CAMPO PIÑEIRO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si tiene previsto el Gobierno llevar a cabo algún recorte en las pensiones de viudedad. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000884).


-- De D. JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre si el Gobierno considera una decisión acertada y coherente con la especial atención del hecho insular la supresión de la emisora de Radio Nacional de España (RNE) en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000875).


-- De D. PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la manera en que va a quedar garantizado el derecho de todos los españoles de disfrutar de la retransmisión en abierto de todos los partidos de la selección nacional española en el próximo Campeonato Mundial de Fútbol de Alemania. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000887).


-- De D. JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la opinión del Gobierno con respecto a que la Comisión Europea y el Tribunal Supremo cuestionen las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros, en relación a la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Gas Natural, SDG, sobre Endesa, S.A. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000889).


-- De D. JORDI GUILLOT MIRAVET, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la evaluación y previsión de ampliación de competencias reguladoras que tiene el Gobierno de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006).
(Número de expediente S. 680/000890)

-- De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre los planes previstos por el Gobierno para la restitución a sus legítimos propietarios del País Vasco de los documentos que fueron incautados y se hallan custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000882).



-- De D. JOSÉ CASTRO RABADÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno de los documentos que llegarán a Salamanca por donaciones para incrementar los fondos del Archivo General de la Guerra Civil Española, que servirán para crear el nuevo Centro Histórico de la Memoria Recuperada en dicha ciudad. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000892).


-- De D. JUAN ANTONIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que realiza el Gobierno de la Conferencia «Europa por el Diálogo Intercultural» celebrada en Granada los días 27 y 28 de abril de 2006. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006).
(Número de expediente S. 680/000894).


-- De Dª PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los beneficios que supondrá para la flota pesquera española la próxima entrada en vigor del Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 16 de mayo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000898).


-- De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones del Gobierno en relación con el cumplimiento de la moción consecuencia de interpelación aprobada por el Pleno del Senado en su sesión celebrada el 5 de abril de 2005, por la que se instaba a la creación de la Confederación Hidrográfica del Miño. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000879).


-- De D. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ MARÍN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la fecha prevista por el Gobierno para aprobar con carácter de urgencia un trasvase que haga frente a las necesidades hídricas por las que atraviesa el Levante español. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000888).


-- De Dª CRISTINA MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas del Ministerio de Medio Ambiente para la realización de proyectos medioambientales de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000897).


-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre si el Ministerio del Interior considera que la inmigración ilegal que llega a la Comunidad Autónoma de Canarias es un asunto de Estado. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006).
(Número de expediente S. 680/000874).


-- De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre si tiene previsto el Gobierno transferir, antes de finalizar la actual Legislatura, las competencias en materia de política penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000878).


-- De Dª ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si tiene previsto el Gobierno la realización de alguna de las reivindicaciones planteadas por las asociaciones de enfermos de Parkinson. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 680/000881).


-- De D. JOSEP MARIA ESQUERDA SEGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir el traslado de inmigrantes indocumentados procedentes de la Comunidad Autónoma de Canarias, u otros puntos de origen, a la Comunidad Autónoma de Cataluña. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006).
(Número de expediente S. 680/000891).

Segundo
INTERPELACIONES

-- De D. ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política general del Gobierno en orden a garantizar la correcta aplicación a la ciudadanía del artículo 17 de la Constitución. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 670/000111).



-- De D. CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la posición del Gobierno en relación con las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013, la política energética y otros temas que se puedan considerar relevantes durante la celebración del Consejo Europeo que tendrá lugar los días 15 y 16 de junio de 2006 en Bruselas (Bélgica).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S.
670/000112).


-- De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la regulación de la formación de Médicos Internos Residentes (MIR) y la insuficiencia de especialistas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 477, de fecha 22 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 670/000108).

Tercero
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión de Cultura en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 53, de fecha 12 de mayo de 2006). (Número de expediente S.
621/000053). (Número de expediente C. D. 121/000045).


-- De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de mediación de seguros y reaseguros privados. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 54, de fecha 19 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 621/000054).
(Número de expediente C. D. 121/000045).


-- De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario, y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 58, de fecha 19 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 621/000058). (Número de expediente C. D. 121/000063).


-- De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 56, de fecha 19 de mayo de 2006). (Número de expediente S. 621/000056). (Número de expediente C. D. 121/000067).

SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

PREGUNTAS (Página 4995)
De D. JOSEBA ZUBIA ATXAERANDIO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas que ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno para garantizar el cumplimiento del artículo 15 de la Constitución Española, a fin de prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos y proteger los derechos de las víctimas de estos delitos (Página 4995)
El señor Zubia Atxaerandio formula su pregunta. Le contesta el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Zubia Atxaerandio. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).

De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las medidas legales que tiene previstas el Gobierno para hacer frente a las bandas organizadas que actúan en los municipios de la costa mediterránea (Página 4997)
El señor Macias i Arau formula su pregunta. Le contesta el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Macias

i Arau. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).

De D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si considera el Presidente que el Gobierno es capaz de afrontar por sí solo los problemas relacionados con la inmigración (Página 4999)
El señor García-Escudero Márquez formula su pregunta. Le contesta el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García-Escudero Márquez. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).

De D. FÉLIX AYALA FONTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las acciones previstas por el Gobierno para dar cumplimiento a la resolución aprobada por el Parlamento de Canarias en el Debate general sobre el estado de la nacionalidad canaria, celebrado en marzo de 2006, por la que se insta al Estado a intensificar el ritmo de las sesiones del grupo de trabajo creado sobre población entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias (Página 5003)
El señor Ayala Fonte formula su pregunta. Le contesta la señora Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia (Fernández de la Vega Sanz).

De D. JOSÉ VICENTE GONZÁLEZ BETHENCOURT, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la actuación que está llevando a cabo el Gobierno para hacer frente a la entrada de inmigrantes de forma irregular (Página 5005)
El señor González Bethencourt formula su pregunta. Le contesta la señora Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia (Fernández de la Vega Sanz).

D. JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración que realiza el Ministerio de Vivienda de los últimos datos relativos al número total de viviendas alquiladas por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) (Página 5006) El señor García Ballestero formula su pregunta. Le contesta la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García Ballestero. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón).

De D. JOSEP PIQUÉ I CAMPS, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los canales de comunicación abiertos entre España y Bolivia (Página 5008)
El señor Piqué i Camps formula su pregunta. Le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Piqué i Camps. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).

De D. JOSÉ CASTRO RABADÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que realiza el Gobierno de los resultados alcanzados en la IV Cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, celebrada en Viena los días 11 y 12 de mayo de 2006 (Página 5009)
El señor Castro Rabadán formula su pregunta. Le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).

De D. JOSÉ ARSENIO GIMÉNEZ MARTÍN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre si puede informar la Ministra de Fomento de las inversiones de su Ministerio en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Página 5010)
El señor Giménez Martín formula su pregunta. Le contesta la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).

De Dª BELÉN MARÍA DO CAMPO PIÑEIRO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si tiene previsto el Gobierno llevar a cabo algún recorte en las pensiones de viudedad (Página 5011)
La señora Do Campo Piñeiro formula su pregunta. Le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Do Campo Piñeiro. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


De D. JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre si el Gobierno considera una decisión acertada y coherente con la especial atención del hecho insular la supresión de la emisora de Radio Nacional de España (RNE) en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) (Página 5013)
El señor Perestelo Rodríguez formula su pregunta. Le contesta el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Perestelo Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera).

De D. PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la manera en que va a quedar garantizado el derecho de todos los españoles de disfrutar de la retransmisión en abierto de todos los partidos de la selección nacional española en el próximo Campeonato Mundial de Fútbol de Alemania (Página 5014)
El señor Vázquez Portomeñe formula la pregunta. Le contesta el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Vázquez Portomeñe. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera).

De D. JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la opinión del Gobierno con respecto a que la Comisión Europea y el Tribunal Supremo cuestionen las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros, en relación a la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Gas Natural, SDG, sobre Endesa, S. A. (Página 5016)
El señor Seguí Díaz formula su pregunta. Le contesta el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera) En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Seguí Díaz. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera).

De D. JORDI GUILLOT MIRAVET, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la evaluación y previsión de ampliación de competencias reguladoras que tiene el Gobierno de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) (Página 5017)
El señor Guillot Miravet formula su pregunta. Le contesta el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera).

De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre los planes previstos por el Gobierno para la restitución a sus legítimos propietarios del País Vasco de los documentos que fueron incautados y se hallan custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca (Página 5018)
El señor Maqueda Lafuente formula su pregunta. Le contesta la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Maqueda Lafuente. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).

De D. JOSÉ CASTRO RABADÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno de los documentos que llegarán a Salamanca por donaciones para incrementar los fondos del Archivo General de la Guerra Civil Española, que servirán para crear el nuevo Centro Histórico de la Memoria Recuperada en dicha ciudad (Página 5019)
El señor Castro Rabadán formula su pregunta. Le contesta la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).

De D. JUAN ANTONIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que realiza el Gobierno de la Conferencia «Europa por el Diálogo Intercultural» celebrada en Granada los días 27 y 28 de abril de 2006 (Página 5020)
El señor Álvarez Fernández formula su pregunta. Le contesta la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).

De Dª PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los beneficios que supondrá para la flota pesquera española

la próxima entrada en vigor del Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 16 de mayo (Página 5021)
La señora Hernández Gutiérrez formula su pregunta. Le contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).

De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones del Gobierno en relación con el cumplimiento de la moción consecuencia de interpelación aprobada por el Pleno del Senado en su sesión celebrada el 5 de abril de 2005, por la que se instaba a la creación de la Confederación Hidrográfica del Miño (Página 5022)
El señor Jorquera Caselas formula su pregunta. Le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Jorquera Caselas. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).

De D. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ MARÍN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la fecha prevista por el Gobierno para aprobar con carácter de urgencia un trasvase que haga frente a las necesidades hídricas por las que atraviesa el Levante español (Página 5023)
El señor Rodríguez Marín formula su pregunta. Le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rodríguez Marín. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).

De Dª. CRISTINA MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas del Ministerio de Medio Ambiente para la realización de proyectos medioambientales de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (Página 5024)
La señora Maestre Martín de Almagro formula su pregunta. Le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).

De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre si el Ministerio del Interior considera que la inmigración ilegal que llega a la Comunidad Autónoma de Canarias es un asunto de Estado (Página 5025)
El señor Melchior Navarro formula su pregunta. Le contesta el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Melchior Navarro. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).

De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre si tiene previsto el Gobierno transferir, antes de finalizar la actual Legislatura, las competencias en materia de política penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco (Página 5026)
El señor Urrutia Elorza formula su pregunta. Le contesta el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Urrutia Elorza. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).

De Dª ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si tiene previsto el Gobierno la realización de alguna de las reivindicaciones planteadas por las asociaciones de enfermos de Parkinson (Página 5028)
La señora Aleixandre i Cerarols formula su pregunta. Le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).

De D. JOSEP MARIA ESQUERDA SEGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir el traslado de inmigrantes indocumentados procedentes de la Comunidad Autónoma de Canarias, u otros puntos de origen, a la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Esta pregunta ha sido retirada.


INTERPELACIONES (Página 5029)
De D. ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política general del Gobierno en orden a garantizar la correcta aplicación a la ciudadanía del artículo 17 de la Constitución (Página 5029)
El señor Beteta Barreda realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).
Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).

De D. CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la posición del Gobierno en relación con las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013, la política energética y otros temas que se puedan considerar relevantes durante la celebración del Consejo Europeo que tendrá lugar los días 15 y 16 de junio de 2006 en Bruselas (Bélgica) (Página 5035)
El señor Gasòliba i Böhm realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). Vuelve a intervenir el señor Gasòliba i Böhm. Cierra el debate el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).

De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la regulación de la formación de Médicos Internos Residentes (MIR) y la insuficiencia de especialistas (Página 5040)
El señor Mendoza Cabrera realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez). Vuelve a intervenir el señor Mendoza Cabrera. Cierra el debate la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).

Se suspende la sesión a las catorce horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5045)
De la Comisión de Cultura en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (Página 5045)
La señora Flores Fernández, presidenta de la Comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate del articulado.

El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 61 y 64. El señor Perestelo Rodríguez da por defendidas las enmiendas números 17 a 26 del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas números 65, 66 y 68, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Maqueda Lafuente da por defendidas las enmiendas números 3 a 5 y 7 a 16, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos . Los señores Guillot Miravet y Bofill Abelló defienden las enmiendas números 31, 32, 34 a 37 y 39 a 59, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. La señora Navarro Lafita defiende las enmiendas números 71, 72, 74, 76 y 78 a 84, del Grupo Parlamentario Socialista. El señor Van-Halen Acedo defiende las enmiendas números 27 a 30, del Grupo Parlamentario Popular.

En turno en contra interviene la señora Navarro Lafita.

En turno de portavoces, intervienen los señores Maqueda Lafuente, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y Bofill Abelló, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la señora Navarro Lafita, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Van-Halen Acedo, del Grupo Parlamentario Popular.

Se procede a votar.

Se rechaza la enmienda número 61, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 5 votos a favor, 229 en contra y 7 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 64, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 5 votos a favor, 223 en contra y 13 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 17 y 20, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, por 6 votos a favor, 224 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria por 6 votos a favor, 229 en contra y 7 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 65, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 16 votos a favor, 220 en contra y 6 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 66, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 241 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 68, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 7 votos a favor, 110 en contra y 126 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 12 votos a favor, 224 en contra y 7 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 14 votos a favor, 220 en contra y 9 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 7 y 9, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 14 votos a favor, 220 en contra y 9 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 8, 10 y 11, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 23 votos a favor y 220 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 5 y 12 a 16, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 19 votos a favor, 220 en contra y 4 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 31, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, 18 votos a favor, 215 en contra y 10 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 37, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 123 votos a favor, 114 en contra y 6 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 36, 45, 52 y 55, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 9 votos a favor, 219 en contra y 15 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 56, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 18 votos a favor, 209 en contra y 15 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 58, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 4 votos a favor, 225 en contra y 14 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por 8 votos a favor, 225 en contra y 10 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo Parlamentario Socialista, por 113 votos a favor, 116 en contra y 14 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 74, del Grupo Parlamentario Socialista, por 119 votos a favor, 116 en contra y 8 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 76, del Grupo Parlamentario Socialista, por 114 votos a favor, 121 en contra y 8 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 71 y 82, del Grupo Parlamentario Socialista, por 234 votos a favor y 8 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 79, 80 y 81, del Grupo Parlamentario Socialista, por 226 votos a favor y 14 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 84, del Grupo Parlamentario Socialista, por 229 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Popular, por 122 votos a favor, 113 en contra y 8 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 28, del Grupo Parlamentario Popular, por 133 votos a favor, 108 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Popular, por 115 votos a favor, 119 en contra y 8 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 30, del Grupo Parlamentario Popular, por 128 votos a favor, 113 en contra y 1 abstención.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara la propuesta de modificación con el número de registro 60873.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 61793, por 241 votos a favor y 2 abstenciones.

Se aprueba el texto del dictamen por 232 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones.

El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de mediación de seguros y reaseguros privados (Página 5061)

El señor Gasòliba i Böhm, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate del articulado.

El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas números 1 a 9.El señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 10 a 15. El señor Ayala Fonte anuncia la retirada de las enmiendas que permanecían vivas, números 53 a 56, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. El señor Gasòliba i Böhm anuncia la retirada de las enmiendas números 93 a 95, 99, 100 y 102 a 104, manteniendo únicamente las números 97 y 98, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Maqueda Lafuente defiende las enmiendas números 16 a 51, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Aroz Ibáñez defiende las enmiendas números 79 a 86 y 88 a 92, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés La señora Gastón Menal defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 101 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Sánchez-Simón Muñoz consume un turno en contra.

En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto; Gasòliba i Böhm, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Maqueda Lafuente, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las señoras Aroz Ibáñez, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana, de Progrés, y Gastón Menal, del Grupo Parlamentario Socialista, quien anuncia que retira su voto particular, y el señor Sánchez-Simón Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular.

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 3, 7 y 9, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 4 votos a favor, 227 en contra y 8 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del señor Cuenca Cañizares por 5 votos a favor, 223 en contra y 10 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 12, del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 11 votos a favor, 221 en contra y 6 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 13, del señor Jorquera Caselas, por 14 votos a favor, 223 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las restantes enmiendas del señor Jorquera Caselas, por 13 votos a favor, 224 en contra y 2 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 97 y 98, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 14 votos a favor, 222 en contra y 2 abstenciones
Se rechazan las enmiendas números 17, 19, 24 y 28, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 10 votos a favor, 224 en contra y 5 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por 14 votos a favor, 224 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 79, 80, 81, 84, 85 y 86, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 10 votos a favor, 221 en contra y 8 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 82, 88 y 90, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 8 votos a favor, 223 en contra y 6 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 83, 87, 89, 91 y 92, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 13 votos a favor, 221 en contra y 5 abstenciones.

Se aprueba el texto del dictamen por unanimidad.

El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario, y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera (Página 5071)
El señor Gasòliba i Böhm, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.

El señor Sánchez-Simón Muñoz defiende la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular.

En turno en contra interviene la señora Camacho Vázquez.

En turno de portavoces, intervienen los señores Ayala Fonte, del Grupo Parlamentario de Senadores de

Coalición Canaria; Gasòliba i Böhm, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Maqueda Lafuente, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las señoras Aroz Ibáñez, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Camacho Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor Sánchez- Simón Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular.

Se rechaza la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Popular por 115 votos a favor y 125 en contra.

Se inicia el debate del articulado.

El señor Gasòliba i Böhm defiende las enmiendas números 35 a 42, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Guillén Izquierdo defiende las enmiendas números 29 a 34, del Grupo Parlamentario Socialista. El señor Sánchez-Simón Muñoz defiende las enmiendas números 1 a 28, del Grupo Parlamentario Popular.

En turno en contra interviene el señor Guillén Izquierdo.

En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto; Gasòliba i Böhm, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Maqueda Lafuente, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Aroz Ibáñez, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores Guillén Izquierdo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Sánchez-Simón Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular.

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 41 y 42, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 110 en contra y 115 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 35 a 40 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 125 votos a favor, 109 en contra y 1 abstención.

Se aprueban las enmiendas números 29 y 33, del Grupo Parlamentario Socialista , por 123 votos a favor y 114 en contra.

Se aprueban las enmiendas números 30 y 32, del Grupo Parlamentario Socialista, por 124 votos a favor y 114 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 31 y 34, del Grupo Parlamentario Socialista, por 237 votos a favor y 1 en contra.

Se rechaza la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Popular por 117 votos a favor y 120 en contra.

Se aprueba la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Popular, por 120 votos a favor y 118 en contra.

Las enmiendas números 12 a 16, del Grupo Parlamentario Popular, son rechazadas por 118 votos a favor y 120 en contra en una segunda votación, ya que en la primera se produjo empate.

Se rechazan las enmiendas números 18 y 19, del Grupo Parlamentario Popular, por 118 votos a favor y 120 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 21 a 27, del Grupo Parlamentario Popular, por 118 votos a favor y 120 en contra.

Se aprueba la enmienda número 28, del Grupo Parlamentario Popular, por 221 votos a favor y 17 en contra.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Popular por 114 votos a favor y 124 en contra.

Se aprueba el texto del dictamen por unanimidad.

El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público (Página 5083)
El señor Gasòliba i Böhm, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.

El señor Beteta Barreda defiende la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular.

En turno en contra interviene la señora Vicente González.

En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto; Ayala Fonte, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Gasòliba i Böhm, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Maqueda Lafuente, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Vicente González, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Beteta Barreda, del Grupo Parlamentario Popular.


Se rechaza la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Popular por 112 votos a favor, 116 en contra y 5 abstenciones.

Se inicia el debate del articulado.

El señor Beteta Barreda defiende las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario Popular.

En turno en contra interviene la señora Vicente González.

En turno de portavoces, intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, y Beteta Barreda, del Grupo Parlamentario Popular.

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 1 y 2 del Grupo Parlamentario Popular por 113 votos a favor, 115 en contra y 5 abstenciones.

Se rechaza el texto del dictamen por 116 votos a favor, 117 en contra y 1 abstención.

Se levanta la sesión a las veintiuna horas y quince minutos.
-

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

PREGUNTAS:


-- DE DON JOSEBA ZUBIA ATXAERANDIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE HA ADOPTADO O PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, A FIN DE PREVENIR Y ERRADICAR LA TORTURA Y LOS MALOS TRATOS Y PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS (S.
680/000877).

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Preguntas.
Pregunta del senador Zubia Atxaerandio.
Tiene la palabra su señoría.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor presidente del Gobierno, y bienvenido una vez más a esta Casa.
Este senador es consciente y conocedor de su compromiso en la protección de los derechos humanos, en la defensa del derecho a la vida y en la lucha contra la tortura y los malos tratos. Es precisamente por este motivo por lo que le pregunto sobre las medidas que ha adoptado su Gobierno durante estos dos años de legislatura y sobre las que tiene previsto adoptar en lo que queda de la misma, a fin de garantizar el cumplimiento del artículo 15 de la Constitución y con ello prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos y proteger debidamente los derechos de las víctimas de tan execrables delitos.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Zubia, en efecto, como usted acaba de recordar, la tortura y cualquier trato degradante está proscrita constitucionalmente y, lógicamente, tipificada y castigada en el Código penal. Además, como sabe su señoría, nuestro país tiene suscritos diversos textos internacionales sobre la protección de derechos humanos, en particular la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Recientemente, en el marco de este convenio se ha adoptado un protocolo facultativo, firmado en nombre del Gobierno español por el ministro de Asuntos Exteriores, el 13 de abril de 2005, y autorizado por las Cortes Generales el 7 de noviembre de ese mismo año.
Ese protocolo facultativo, que es la novedad más importante de este período, incorpora nuevos mecanismos de control y seguimiento de la situación de las personas privadas de libertad. Se crea, así, un comité para la prevención de la tortura, cuyas funciones comprenden, además de visitar los lugares de detención, asesorar, ayudar, hacer recomendaciones y cooperar con los estados parte. En el ámbito nacional se establecen los llamados mecanismos nacionales de prevención para examinar periódicamente el trato dispensado a las personas privadas de libertad.
Por otra parte, España, en su condición de miembro del Consejo de Europa, recibe las visitas de la delegación del Comité para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes. La última de ellas se produjo durante los días 12 a 19 de diciembre del pasado año 2005, en la que los miembros de la delegación tuvieron acceso ilimitado a diversos lugares de detención y la posibilidad de entrevistar en privado a cualquier persona privada de libertad. Sobre la base de los datos obtenidos durante la visita, el Comité ha elaborado un informe, aprobado el día 29 de marzo, en el que formula una serie de recomendaciones, conclusiones y peticiones de información. Las autoridades españolas disponen de un plazo de tres meses para atender estas peticiones, y así lo harán cumplidamente.
Señoría, creo que contamos con un marco normativo adecuado para la prevención y el control del cumplimiento de la prohibición radical de la tortura. Además, tengo la satisfacción de recordar que España se ha convertido en uno de los primeros países donantes del mundo al fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para las víctimas de la tortura.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra su señoría.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor presidente del Gobierno.
Efectivamente, conforme proclama la Constitución en su artículo 15, todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
En lógica y plausible correspondencia con este principio constitucional, el Código penal aprobado en 1995 dio un importante paso adelante tipificando la tortura como delito autónomo y no como una conducta agravada, al suprimir la exigencia de que la tortura produjera lesiones o secuelas físicas para ser conceptuada como tal. La nueva definición ha permitido y permite sancionar como delito torturas que hasta ese momento no era posible considerar como tal. Posteriormente, en el año 2003 se dio otro paso igualmente importante, al incluir cualquier tipo de discriminación entre los motivos que definen dicho delito.
Quiere esto decir, señor presidente, que la legislación penal sobre esta materia ha evolucionando, y muy positivamente, en la última década. Sin embargo, y pese a haber aumentado el ámbito de aplicación de la legislación que

sanciona la tortura y los malos tratos, no se puede decir a día de hoy que haya servido o, mejor dicho, que haya sido suficiente por sí sola para erradicarlos del todo. Es una realidad que no podemos ni debemos callar que todavía existen casos --repito, casos-- de tortura, y no me refiero a casos denunciados, sino a casos que los propios tribunales de justicia han sentenciado como hecho probado. Organizaciones como Amnistía Internacional o expertos conocedores de la situación de la práctica de la tortura en el ámbito internacional --como el que fuera relator especial de la ONU contra la tortura, Teo Van Boven-- han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación ante este tipo de hechos y su queja o su pesar, si lo prefiere, por la falta de atención o estudio de muchas de las recomendaciones hechas por y desde diversas instancias.
Señor presidente del Gobierno, estoy seguro de que coincidirá conmigo en que para erradicar la tortura es indispensable que exista voluntad política para prevenir que se cometa el delito, voluntad política para encausar a los responsables y voluntad política para garantizar a las víctimas la completa reparación; voluntad política que su señoría tiene sin duda. Sin embargo, no basta con que la tenga su señoría, sino que requiere de la colaboración sincera de quienes tenemos algún tipo de responsabilidad política, sea la que fuere, ya que todos somos muy sensibles y activos a la hora de defender los derechos de los detenidos en la Cuba de Fidel o en la Guantánamo de esa misma isla caribeña, pero muy dados a guardar un gran silencio cuando toca hablar de nuestra casa.
Esto y no otra cosa es lo que impide sustancialmente cualquier avance en su total erradicación. El mismo Teo Van Boven, a quien he citado hace un momento, ha asegurado no pocas veces --y coincido plenamente con él-- que el primer paso para su erradicación es el propio reconocimiento de que se dan casos de tortura, que no se sustituya ese reconocimiento por la ocultación o la negación; que la solución pasa en definitiva por el reconocimiento previo de la existencia del problema.
Por tanto, hagamos entre todos esta reflexión y abramos, sin ningún tipo de complejo, un debate sereno y sincero. No pretendo, señor presidente, con ello, ni mucho menos, criticar a su Gobierno, ni meter el dedo en ninguna llaga ni enredar; nada más lejos de mi intención. Simplemente, quiero ofrecer mi colaboración y la de nuestro grupo parlamentario a fin de desempolvar algunos informes --que los hay y su señoría los conoce perfectamente-- y estudiar las propuestas o recomendaciones que estos contienen y a los que su señoría se refería hace un momento. El campo es muy amplio y son muchas, muchísimas las medidas que podrían adoptarse o al menos ser objeto de estudio: desde ajustar el delito de tortura a la definición del artículo 1 de la Convención contra la tortura, hasta la ratificación de ese protocolo facultativo --al que también se ha referido su señoría hace un momento y que está todavía pendiente--, pasando por cuestiones tan diversas y difíciles como el posible reconocimiento de la imprescriptibilidad del delito; la remisión del régimen de incomunicación; la garantía de mayor celeridad en los procesos, que ponga fin a la excesiva duración de los mismos --en algunos casos de hasta 15 años, nada más y nada menos--; el régimen de concesión de indultos a condenados por estos delitos; el tratamiento de los supuestos en los que los tribunales declaran probada la tortura, y sin embargo, no logran identificar a los autores de la misma; las garantías de una indemnización justa y el establecimiento de criterios que permitan fijar la indemnización; la valoración del daño moral, hoy subestimado cuando no ignorado; la creación de ayudas a las víctimas; o, por no hacer exhaustiva esta relación, el tratamiento de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado que, ciertamente, está contemplada en el Código Penal pero que tiene enormes dificultades prácticas en tanto que el Estado, en los casos en que es así declarado, recurre sistemáticamente las sentencias alegando que el funcionario cometió el delito, extralimitándose en sus funciones o desobedeciendo órdenes.
Señor presidente, estos son sólo unos cuantos ejemplos de los muchos que se podrían poner a la hora de estudiar o de valorar o revisar políticas en este momento en práctica.
Por último, señor presidente del Gobierno, todo lo que se haga para atajar y poner coto a la tortura; todo lo que se haga para ponérselo difícil y que salga caro a los torturadores, y todo lo que se haga para proteger los derechos de las víctimas es poco y, precisamente por eso, porque todo lo que hagamos es poco, hagamos todo lo que esté en nuestras manos, señor presidente. Créame que en este viaje no estará solo, contará siempre con la ayuda de este grupo parlamentario.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Zubia, le agradezco el tono de su pregunta y la colaboración que ha ofrecido en nombre de su grupo. Le puedo asegurar que para este Gobierno cualquier práctica de tortura, cualquier práctica degradante es absoluta y radicalmente perseguible, intolerable e injustificable en un sistema democrático. Afortunadamente, en nuestro país gozamos de una buena salud en el respeto a los derechos humanos y tenemos la capacidad de compararnos con cualquiera de las democracias consolidadas, con solera, y que han sido siempre nuestro marco de referencia. Pero coincido con usted en que esta es una tarea que exige constancia, en la que siempre se puede avanzar para incorporar nuevos elementos de prevención, de garantía, para dar absoluta seguridad a todos los ciudadanos en lo que afecta a los derechos fundamentales más elementales.
Acabo de referirle la iniciativa de suscribir el protocolo mencionado, y también tengo que comunicarle que el Gobierno está elaborando, en coordinación con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, un plan nacional de derechos humanos para nuestro país, donde se van a incorporar nuevas medidas preventivas de garantías, de información y de transparencia.
Simplemente puedo hacerle alguna matización sobre algunos de los informes de determinadas instancias internacionales; informes que cuando se intentan contrastar con

datos reales no siempre se les puede considerar de una solvencia plena y absoluta; por ejemplo, he tenido la oportunidad de discutirlo con Amnistía Internacional a los pocos meses de estar en la Presidencia del Gobierno, y considero que había una visión distinta de lo que sucede en nuestro país. Puedo decirle que tenemos una buena salud de respeto a los derechos humanos que, por supuesto, hay que cuidar cada día con más intensidad, y no tenga ninguna duda de que así lo va a hacer este Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LAS MEDIDAS LEGALES QUE TIENE PREVISTAS EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LAS BANDAS ORGANIZADAS QUE ACTÚAN EN LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA MEDITERRÁNEA (S. 680/000880).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Macias i Arau. Tiene la palabra su señoría.

El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
«Senyor president, bon dia». Me va a permitir que le haga una sugerencia que, por un momento, puede causar una cierta desazón en sus filas y quizás, también por un momento, agrade a la bancada popular.
Le voy a pedir, señor presidente, que, aunque sólo sea por una noche, salga de la Moncloa, que cambie su residencia por una de las centenares de miles de viviendas unifamiliares dispersas en pueblos o en urbanizaciones del litoral o prelitoral mediterráneo, de Cataluña, de Valencia o de Murcia. Y se lo pido con el único objetivo de que pueda usted compartir la sensación de miedo, de auténtico pavor que tienen en estos momentos miles de ciudadanos y ciudadanas que se sienten desprotegidos ante la creciente oleada de robos con extrema violencia perpetrados por bandas organizadas.
Señor presidente, me gustaría conocer qué respuesta va a dar su Gobierno a la situación de estos ciudadanos, cuya seguridad estamos obligados a garantizar, seguridad que, por cierto, es también su libertad.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Señoría, quiero compartir con usted la sensibilidad que puedan tener muchos ciudadanos por aquellos aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, y de manera singular, por referirme a su pregunta y porque ha sido objeto estos días de diversas informaciones, por los graves robos con violencia que se han venido produciendo en algunas urbanizaciones, chales y viviendas unifamiliares de la costa, especialmente en Tarragona, en el sur de Barcelona y que también tienen una relativa frecuencia en alguna otra comunidad, como la valenciana.
No voy a dar las cifras de la evolución de lo que podríamos denominar asaltos o robos con violencia en viviendas unifamiliares o en chalés durante los últimos años, porque en estos momentos nos interesa hacer el máximo esfuerzo por garantizar al máximo posible la seguridad de todos los ciudadanos de nuestro país, vivan en los ámbitos o en las urbanizaciones que vivan.
El Gobierno es plenamente consciente de que, después del terrorismo, el mayor riesgo para nuestra seguridad es la criminalidad organizada a través de distintas bandas que actúan en numerosos frentes --robo con violencia, tráfico de drogas, tráfico de personas-- y que, sin duda alguna, exige una respuesta contundente y poner todos los medios a disposición de nuestras eficaces Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, el Ministerio del Interior ha constituido el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, en el que se integra toda la información nacional e internacional, y que se pone a disposición de los distintos cuerpos policiales.
También quiero que conozca su señoría que se han puesto en funcionamiento los grupos de respuesta especial contra el crimen organizado, tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil, y que actúan de manera prioritaria en toda el área mediterránea.
Quiero comunicarle también que, ante la situación que se ha vivido en algunas zonas de Tarragona y en el sur de Barcelona, como usted sabe, el ministro del Interior ha celebrado una reunión con representantes parlamentarios, y con alcaldes, y el Gobierno ha tomado una decisión que consiste en incrementar de manera sustancial el despliegue, la presencia de la Guardia Civil en toda esa área; hoy mismo se está decidiendo el número y las características de ese despliegue; además, en coherencia con la prioridad que el Gobierno ha dado a la lucha contra el crimen organizado, puedo darle una cifra bastante elocuente sobre la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: durante el año 2005 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron a 3.925 personas relacionadas con el crimen organizado, bien por tráfico de drogas, blanqueo de capitales o robos con fuerza o violencia extrema que, lógicamente, producen alarma y que tienen una gravedad evidente.
Puedo asegurarle que en estos momentos el Ministerio del Interior está trabajando intensamente, y de manera muy singular en toda el área del Mediterráneo, por supuesto, en las comarcas de Tarragona afectadas y en las del sur de Barcelona, que lo está haciendo en coordinación con los distintos cuerpos policiales --y, en el caso de Cataluña de forma muy especial con los Mossos dÆEsquadra-- y que toda esa información coordinada va a dar sin duda los resultados de la eficacia que caracteriza a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La preocupación del Gobierno por estos hechos determina, lógicamente, que exprese su agradecimiento a la mayoría de los grupos parlamentarios, y desde luego

a los de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por su disposición a apoyar y respaldar las acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cumplen eficazmente su tarea, no tengo ninguna duda. Por cierto, se ha producido un aumento de medios y de efectivos durante los dos últimos años, tanto en la Guardia Civil como en la Policía, gracias a las ofertas de empleo público, que se han incrementado notablemente, y todo ello producirá el resultado que la ciudadanía exige y a lo que tiene derecho: garantizar al máximo la seguridad de los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidente.
Tiene la palabra su señoría.

El señor MACIAS I ARAU: Le agradezco su respuesta, señor presidente.
Sin lugar a dudas, el aumento cualitativo y cuantitativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es ingrediente necesario, aunque no suficiente, para resolver el problema. En este sentido, cabe esperar que se cumpla con la mayor celeridad el compromiso que adquirió ayer el ministro Rubalcaba con los alcaldes. Pero esto no basta, como le digo, señor presidente. El dato que nos acaba de dar, por ejemplo, que en 2005 se detuvieron 3.925 relacionadas con diversas formas de crimen organizado, es significativo.
El hecho de que se detuviera a todas estas personas y pase lo que pasa nos da una idea de la magnitud del problema.
En primer lugar, hay que distinguir las posturas abiertas y positivas, como la del ministro Rubalcaba, de otras francamente desafortunadas, como la del delegado de su Gobierno en Cataluña, que, además, de no haber hecho nada hasta el momento --hablan los hechos-- y de mantener unas relaciones pésimas con el Gobierno de la Generalitat --aunque quizá la culpa de esto haya que repartirla--, se permite insultar a los catalanes diciéndoles que tienen una percepción equivocada del problema. Aquí está «La Vanguardia» de hoy, con un titular sobre el asunto; «Avui» de ayer, lo mismo; «La Vanguardia» de ayer, igual; «El Periódico de Catalunya» de ayer, exactamente lo mismo. Al señor delegado del Gobierno le parece que se equivocan todos excepto él mismo. (Rumores.) Hace pocos minutos ha soltado ante los micrófonos y las cámaras de TV3 una de esas frases célebres: quien quiera seguridad, que se la pague. Sus manifestaciones me recuerdan aquella famosa de los hilillos de plastilina o la de los bichitos de la colza, y nos hacen sentirnos súbditos, en vez de ciudadanos libres. Esperamos una clara desautorización de su alto funcionario, señor presidente, que, con su estilo, le desacredita a usted y desacredita a su Gobierno y al Estado democrático de Derecho.
Permítame que le apunte que la solución frente a esta nueva delincuencia organizada no es solo policial. Nos preguntamos lo siguiente: ¿debemos revisar nuestro Código Penal? Veámoslo. A un miembro de estas bandas, después de haber allanado una morada, torturado durante horas a toda la familia, malherido a sus miembros y amenazado a menores, nuestros jueces podrán aplicarle una pena de dos a cinco años. Todos conocemos la generosidad extrema de nuestro sistema penitenciario: en el mejor de los casos, el delincuente recuperará la libertad dentro de poco tiempo. Sin precipitarnos en reformas irreflexivas, tenemos que pensar en ajustar el Código Penal para que podamos luchar con más eficacia contra estas bandas; para que la eficacia policial, a la que se refería usted y con la que estoy de acuerdo, no caiga en saco roto. De hecho, si estas bandas actúan en España y no en Francia o en Italia, uno de los motivos es que nuestra legislación es más permisiva que la de esos países. Hay que estudiarlo, señor presidente.
Hay otro asunto delicado. Como quisiera ser muy afinado en mis palabras, voy a hacerlo con las de una persona importante, Miquel Roca Junyent, en un artículo que publicó ayer en «La Vanguardia» y que con la venia del señor presidente y contando con su generosidad, leeré en una parte sustancial porque me permitirá transmitirle un mensaje del que el Gobierno debe tomar nota. Es la hora de rectificar --dice Miquel Roca--.
No es lícito establecer una relación de causalidad entre el incremento de la delincuencia y la inmigración desbordada. Pero sería necio negarse a aceptar que las condiciones en que se está desarrollando la política de inmigración favorecen la aparición de nuevas y más agresivas modalidades de delincuencia. Es más: para muchos ciudadanos existe el convencimiento de que su inseguridad guarda relación con la llegada masiva e incontrolada de nuevos inmigrantes. Todo ello --continúa Miguel Roca-- se presta a la demagogia; es un caldo de cultivo para actitudes xenófobas y racistas, pero nada hay más irresponsable que refugiarse en esta denuncia con pasividad e inhibición. Si no queremos tener conflictos racistas, ocupémonos de la inmigración con realismo. Fin de la cita.
Señor presidente, estoy de acuerdo con usted en que para luchar contra este tipo de crímenes hace falta eficacia policial, y estoy de acuerdo también en que nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad están cumpliendo la misión que se les encomienda. Sin embargo, hace falta también eficacia judicial; hace falta legislación adecuada; y hace falta también controlar exhaustivamente a los colectivos potencialmente conflictivos y aplicar a fondo los mecanismos que prevé nuestra legislación de extranjería. Pero lo más importante es que usted --porque esto tiene que hacerlo usted-- devuelva a los ciudadanos su confianza en las instituciones. Muchas cosas han fallado, señor presidente, y muchas cosas están fallando. Simplemente le pido que actúe; que el Gobierno se tome en serio este grave problema.
Usted lo ha dicho y lo sabe: puede contar con nosotros, con Convergència i Unió. Puede contar, porque estamos convencidos de que con esto no se puede jugar. Está en juego no sólo la credibilidad del Gobierno, sino también la del sistema democrático.
Señor presidente, le agradecería mucho, en nombre de todas estas personas que están en este momento en una situación de pánico, que convierta este asunto en una auténtica prioridad de su Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchísimas gracias, señor presidente.
No conozco las declaraciones del delegado del Gobierno y, por tanto, no me voy a referir a ellas. Sin embargo, me gustaría hacerle dos matizaciones: primera, me consta que desempeña su actividad con prudencia y eficacia. Segunda, sin restar valor, alcance o importancia a las personas que han sufrido los hurtos o los robos con violencia --con agresividad-- en sus viviendas o en sus familias, con las repercusiones que usted ha señalado, no derivemos automáticamente a una afirmación que le he escuchado sobre el incremento de la delincuencia o la inseguridad.
No voy a dar las cifras hoy; se trata de una cuestión distinta.
Simplemente le llamo a la reflexión, le pido que contraste los datos, porque la tendencia no va por ahí, afortunadamente.
Insisto en que esto no resta un ápice de la gravedad o importancia de los hechos, ni disminuye la obligación que tiene el Gobierno, y el Ministerio del Interior en particular, de hacer el máximo esfuerzo posible por reducir este tipo de criminalidad, enormemente grave para las familias, para las urbanizaciones y para las casas en que se produce. No obstante y aunque no surta efecto desde el primer día, el incremento del número de policías y guardias civiles que se ha producido durante estos dos años, que supera con mucho el que se produjo durante los ocho años anteriores... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ... pone de manifiesto que la seguridad es una prioridad absoluta para el Gobierno de España. Y pone de manifiesto, además, que cualquier circunstancia singular, como la que se ha producido en las comarcas de Tarragona y en el sur de Barcelona, merece una respuesta inmediata, contundente y eficaz.
En esa tarea está implicado el ministro del Interior, que ayer se la trasladó a representantes de la provincia de Tarragona y de los ayuntamientos, y hoy mismo se conocerá el número de efectivos, que va a ser significativo, y el aumento importante de guardias civiles que van a hacer el máximo esfuerzo para garantizar la seguridad en esas comarcas, en esas urbanizaciones de Tarragona y, por supuesto, para perseguir a esa banda, que en principio se supone que es una banda que ha actuado en esa comarca. No tengo ninguna duda de la eficacia de la Guardia Civil, de la Policía y de los Mossos dÆEsquadra que acabarán poniendo a disposición de la Justicia a esos delincuentes que tanto daño están produciendo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


-- DE DON PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI CONSIDERA EL PRESIDENTE QUE EL GOBIERNO ES CAPAZ DE AFRONTAR POR SÍ SOLO LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA INMIGRACIÓN (S.
680/000883).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador García-Escudero.
Tiene la palabra su señoría.

El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días.
¿Considera el señor presidente que su Gobierno es capaz de afrontar por si solo los problemas relacionados con la inmigración? Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor García-Escudero, el Gobierno considera que para afrontar el problema del fenómeno migratorio que, como es bien conocido, se produce en muchas de las sociedades desarrolladas y avanzadas económicamente, es imprescindible un esfuerzo de la Unión Europea, del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, de las organizaciones no gubernamentales, sindicatos, empresarios y por supuesto de los países de origen, de los países donde se produce la salida de inmigrantes.
Todos somos plenamente conscientes de que la causa fundamental de los movimientos migratorios --como lo ha sido históricamente-- es la pobreza y la desesperación que se extiende en muchos países, de manera singular del continente africano. Sólo un dato es suficientemente expresivo: con una disponibilidad de riqueza cuarenta veces inferior a la que hoy tienen los españoles, con una tendencia enormemente preocupante en cuanto a la desertificación de todo el África occidental, de una parte importante del África subsahariana, la presión migratoria --que lógicamente afecta a España de manera muy directa-- es muy fuerte.
Quiero subrayar que el Gobierno ha actuado desde el primer día en cuatro direcciones. En primer lugar, garantizando el principio de ordenación de la inmigración a través de la legalidad. Eso exige dos acciones prioritarias; la primera, el control de nuestras fronteras y una adecuada relación con los países emisores de inmigración para ordenar los flujos migratorios, y la segunda, que en nuestro país no se pueda tolerar el trabajo ilegal, el fraude, y los inmigrantes que tienen trabajo en nuestro país han de tener garantizados sus derechos como personas y como trabajadores.
En segundo lugar, es fundamental que tengamos siempre un principio de actuación de respeto escrupuloso, permanente y continuo a los derechos humanos. El Gobierno está garantizando ese respeto, colaborando con organizaciones

no gubernamentales en aquellas tareas más sensibles, que es fundamentalmente cuando se produce la llegada de la inmigración ilegal. Por cierto, quiero aprovechar esta ocasión para hacer un reconocimiento público a Cruz Roja por su actitud, su esfuerzo, que lo estamos observando día a día, en estas últimas semanas especialmente, en las islas Canarias.
No voy a dar cifras sobre cuáles han sido los momentos de mayor entrada a través de embarcaciones, pateras o cayucos que se han producido en nuestro país. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Lo que sí le puedo asegurar es que el Gobierno, como sucedió con la situación vivida en Ceuta y Melilla, está haciendo el máximo esfuerzo para el control de nuestras fronteras en Canarias. Hoy podemos todos evaluar con tranquilidad que el esfuerzo realizado por el Gobierno a través de la cooperación con Marruecos ha abierto una etapa de mucha más estabilidad, de mucho más control de la presión migratoria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y siendo una dimensión mucho más amplia --estamos hablando de una buena parte de África occidental, estamos hablando del África subsahariana, y de costas muy amplias desde donde provienen los ya bien conocidos cayucos--, estamos convencidos de que conseguiremos una reducción sustancial y un control a través de la colaboración con esos países --colaboración que ya hemos puesto en marcha--, con presencia diplomática, con de presencia de nuestros servicios de información
--inexistente cuando llegamos al Gobierno-- en todo el África subsahariana; colaboración a través de medios como buques, helicópteros, con países como Mauritania o Senegal, que cuentan con una escasez de medios, para que puedan controlar sus fronteras marítimas a la hora de la salida de los inmigrantes.
Además, creo que en los últimos meses venimos dando pasos decisivos para la implicación de la Unión Europea; implicación que no podía esperar más tiempo y, desde mi punto de vista, debería haber empezado hace bastante tiempo, y que va a suponer, en primer lugar, la presencia en Canarias de medios de control de países europeos. En segundo lugar, va a suponer la presencia de la Agencia de fronteras de la Unión Europea a través de una delegación regional en Canarias, que va a significar la implicación y la cooperación diplomática de todos los países de la Unión Europea con los países del África subsahariana; que va a representar un incremento de financiación para todas las necesidades que en materia de cooperación y de control de fronteras se puedan producir en el África subsahariana; que va a suponer también financiación para ese principio de respeto a los derechos humanos a través de nuevos centros temporales de internamiento de inmigrantes irregulares.
Más allá de todo eso, como usted sabe --y volviendo al problema de fondo, al origen esencial--, el África subsahariana, el África occidental necesita una gran apuesta de desarrollo, de cambio radical de sus condiciones de vida y de sus posibilidades. Eso significa ayuda a la cooperación al desarrollo, significa implicación de la Unión Europea para que esas perspectivas tan negativas y tan nefastas, que a todos nos asolan, cambien en el medio plazo y generen muchas expectativas para todos esos inmigrantes que se arrojan al mar corriendo tanto riesgo para intentar llegar a Europa.
Por ello, le recuerdo que nuestro Gobierno ha duplicado prácticamente la ayuda a la cooperación y al desarrollo; ha duplicado la ayuda a África.
Acabo de aprobar un Plan África y vamos a movilizar todos los esfuerzos que dentro del conjunto de la Unión Europea se exige, porque sumando todos los esfuerzos la Unión Europea puede hacer mucho por un continente tan marginado como olvidado, por un continente que sufre la desesperación y que merece la apuesta, el apoyo y el compromiso de la Unión Europea no sólo por un principio moral, sino también por un principio de garantía de la seguridad y del futuro de nuestras sociedades.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidente.
Tiene la palabra el señor García-Escudero.

El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Señor presidente, en teoría todo eso suena muy bien pero, desgraciadamente, la realidad hoy es muy distinta.
La realidad hoy es que en los últimos días ha habido una avalancha de inmigrantes en las costas de Canarias que ha hecho saltar todas las alarmas; la realidad hoy es que las fuerzas de seguridad, las fuerzas judiciales, las fuerzas sanitarias y los cooperantes en Canarias están trabajando en unas condiciones extremas y que los inmigrantes están hacinados, desbordando la capacidad de los centros, de los campamentos y de las comisarías, en unas condiciones higiénicas lamentables. La realidad hoy es que a su Gobierno este problema le ha estallado entre las manos y se ha visto desbordado por estos acontecimientos; nuevamente hemos visto la falta de previsión, nuevamente hemos visto el caos, nuevamente su Gobierno ha llegado tarde ante un conflicto migratorio, como ocurrió en el mes de octubre pasado, cuando se produjeron los asaltos masivos a las vallas de Ceuta y Melilla, donde todavía recordamos escenas espeluznantes, como ocurrió también en el mes de marzo pasado, cuando se produjeron los desembarcos masivos de cayucos y pateras de inmigrantes procedentes de Mauritania. Es verdad que más de mil perdieron la vida en la travesía, es verdad que los que llegaron lo hicieron en unas condiciones lamentables y es verdad también que se podía haber previsto porque, efectivamente, por la presión ante Marruecos se sabía que las mafias y que los inmigrantes iban a buscar otros puntos de salida, empezando por Mauritania, y la Guardia Civil se lo había avisado a su Gobierno ya en el mes de diciembre.
Ahora les ha tocado el turno a los que llegan desde Senegal, miles de desesperados en tres días. Hemos vivido unas escenas realmente dramáticas en los centros de refugiados, que ahora mismo están al 150 por ciento de ocupación de su capacidad. Son ya más de 7.500 los inmigrantes que han llegado a Canarias en lo que va de año, quintuplicando

la cifra del año pasado por estas mismas fechas. Y es que nos encontramos --esa es la realidad, señor Zapatero--, ante una crisis migratoria que está provocando una auténtica alarma social, y no lo digo yo, lo ha dicho el CIS la semana pasada.
Según el CIS, en el año 2004 la inmigración ocupaba el sexto puesto en la escala de preocupación de los españoles, y la semana pasada, dos años después, ocupa el segundo. Pero también hemos oído muy recientemente otras encuestas que señalan que está en primer lugar. ¿Cuál ha sido la reacción de su Gobierno? Fotos de unas reuniones urgentes, anuncios apresurados, cortinas de humo como lo del satélite o el famoso Plan África, esperando que los españoles hayan olvidado la gira del señor Moratinos a finales del año 2005 por África en la que no consiguió absolutamente nada.
Estamos, señor Zapatero, ante la historia de un clamoroso fracaso, y no pudo conseguir nada la señora vicepresidenta el viernes pasado en su comparecencia, después de la reunión del Consejo de Ministros, intentando paliar la imagen de este desastre. Dijo la señora vicepresidenta el viernes: «Hoy es más difícil entrar en España que hace dos años. La llegada de ilegales se ha reducido de forma sustancial; no hay problemas en los centros; hay plazas suficientes; todos los ilegales serán repatriados.» Pero, desgraciadamente, eso no es verdad. Hoy España sigue siendo un coladero, los centros están saturados, y en lo que va de año, de los 7.500 inmigrantes que han llegado a Canarias sólo se han repatriado 60 a Mauritania, y hemos asistido a unas escenas vergonzosas de aviones con vuelos de ida y vuelta porque no pudieron cumplir sus objetivos en los países de destino, y de otros cuya salida se suspendió a última hora porque no tenían ninguna garantía de poder hacerlo.
Y esto es, señor Zapatero, señor presidente del Gobierno, el fracaso de una política migratoria que decidió ir por libre, al margen de las políticas europeas, que empezó traspasando las competencias de inmigración del Ministerio del Interior al Ministerio de Trabajo, al revés de lo que se está haciendo en toda Europa; que continuó con una regularización masiva, en contra del criterio de la Unión Europea, con gran enfado de ésta, que la desaconsejó una y otra vez. El ministro Caldera, incluso, llegó a afirmar entonces que España era la envidia de Europa y que ya no habría más ilegales. ¿Y cuál es la situación hoy? Un año después tenemos más de un millón de nuevos ilegales. Esa regularización masiva ocasionó un efecto llamada, y por mucho que su Gobierno se empeñe en decir que el que no tiene papeles, se va, la realidad es que las mafias y los inmigrantes saben que hoy en España el que no tiene papeles se queda.
Tenemos un auténtico problema de seguridad --se lo acaba de recordar el senador Macias--, de prestaciones sociales y de integración laboral, que trasciende el ámbito español, el ámbito nacional, porque es un problema de ámbito europeo. El anterior Gobierno del Partido Popular así lo entendió. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).
Sí, señorías.

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio, por favor.

El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Y cuando ocupó la Presidencia de la Unión Europea fue el promotor de una auténtica política común europea sobre inmigración; esa misma política común que usted ha abandonado durante dos años prefiriendo ir por libre y haciendo todo lo contrario de lo que se ha venido haciendo en Europa.
El Gobierno del Partido Popular estableció convenios de colaboración entre los años 2001 y 2003 con Nigeria, con Mauritania, con Argelia y con Guinea Bissau, y durante dos años su Gobierno no ha sido capaz de desarrollar estos convenios ni de firmar ni un solo convenio nuevo con ningún otro país.
Es verdad que los cayucos, que las pateras y que las vallas son sólo la imagen dramática de un problema, porque el grueso de la inmigración entra por Barajas, como turista, y miles de personas lo hacen a diario en autobús por la frontera francesa. Estamos ante un problema de dimensión europea, y su forma de anunciar un plan detrás de otro plan --y van tres planes en tres meses--, el estar en una situación de caos en este asunto, la falta de una política coherente y estable en el tiempo ha desacreditado a su Gobierno en materia de inmigración ante la Unión Europea, esa Unión Europea a la que ayer la vicepresidenta --yo reconozco el esfuerzo que hizo por sacarle las castañas del fuego a usted y a su Gobierno-- fue a pedir ayuda económica y medios materiales, después de haberla ignorado durante la regularización masiva de hace un año. Ahora les va a costar mucho trabajo convencerles, pero no queda más remedio.
Sin embargo, su propio Gobierno puede acometer una serie de actuaciones urgentes, más inmediatas que los planes que ayer nos contaron la Unión Europea y la vicepresidenta.
Señor presidente, se pueden reforzar los medios humanos y materiales disponibles en Canarias, se pueden reforzar los medios judiciales, las Fuerzas de Seguridad del Estado en Canarias, por cierto, seis patrulleras de la Guardia Civil en Canarias, 17 en la Copa América y ninguna en el Estrecho a fecha de hoy. Hay que dotar económicamente el acuerdo que su Gobierno suscribió con el Gobierno de Canarias, es inaplazable completar la instalación del servicio de vigilancia exterior en las siete islas, hoy sólo lo hay en una, en Fuerteventura, y la instalación la hizo el Gobierno anterior. Es urgente la aplicación de los convenios de repatriación en vigor y hay que suscribir otros nuevos; hay que establecer controles de visado de turista, tanto en origen como en destino, y hay que insistir ante la Unión Europea en la creación de la Policía Europea de Fronteras. Hay que conseguir también que aquellos países que no cumplen estos convenios de repatriación puedan ser presionados por toda la Unión Europea.
Para todo eso necesitamos la colaboración de Europa, se ha demostrado que España sola no puede, yo espero que el viaje de ayer de la vicepresidenta a la Unión Europea y las medidas que se han anunciado --que yo no sé exactamente la importancia que tienen-- sean el reconocimiento de un error, espero que sea el abandono de una política de ir por libre, perdiendo dos años, espero que suponga la

vuelta a lo que deberíamos haber hecho desde el principio, a participar de esa política europea de inmigración. Si es así, se lo digo por el bien de todos, estaremos por el buen camino, si no, la realidad seguirá siendo como es hoy.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor García-Escudero, creo que debemos aproximarnos al fenómeno de los movimientos migratorios, por la magnitud del mismo --y creo que toda la ciudadanía lo sabe--, con el máximo rigor y con una actitud de ponderación y de prudencia. Lo digo porque algunas de las afirmaciones que ha hecho --no todas, hay algunas con las que podemos estar de acuerdo porque han tenido un juicio ponderado-- deben ser revisadas por su señoría o, al menos, matizadas convenientemente.
Quiero recordarle que de 2000 a 2004 entraron en España un millón de inmigrantes ilegales. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Quiero recordarle...

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Quiero recordarle que, hasta este momento, el año en el que más inmigrantes entraron a través del método de las embarcaciones, de las pateras o los cayucos fue 2003. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): En el año 2003, 20.000. Y quiero recordarle, porque las cosas a veces aparecen de una manera distinta, que a pesar de los momentos difíciles que se vivieron con las avalanchas en Ceuta y Melilla, en años anteriores había habido una entrada numéricamente superior por Ceuta y Melilla de inmigrantes ilegales. La diferencia fue que en muy pocos días hubo una concentración de esas avalanchas, que fueron, en efecto, imágenes desgarradoras para todos y que, afortunadamente, con la colaboración de Marruecos hemos podido controlar.
Y le quiero decir que es verdad que 2006 ha empezado con datos manifiestamente superiores a 2005 en lo que afecta a embarcaciones y pateras, y creo que todo el mundo puede entender perfectamente que, lamentablemente, cada vez que se hace un esfuerzo de control, de cierre, de aseguramiento de alguna de las vías de entrada, como se ha hecho en Ceuta y Melilla, que en estos momentos tienen una gran tranquilidad, hay un proceso de desplazamiento, que en estos momentos se centra en el África Subsahariana, pero no solo con destino a Canarias, sino que, a través de Libia, Italia está sufriendo también un incremento muy elevado de la inmigración ilegal.
No voy a hacer ninguna referencia a lo que es el esfuerzo diplomático o la tarea de lograr convenios de repatriación o colaboración en el control de fronteras, pero le puedo asegurar que desde hace un año, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y en diversas y reiteradas gestiones, estamos abordando el problema, que tiene una gran dimensión, ya que, como usted puede imaginar, estamos hablando de más de 4.000 kilómetros de costa de donde pueden salir ese tipo de embarcaciones que, a pesar de que atraviesan muchos kilómetros y a veces en condiciones del mar muy malas, tienen cada vez más capacidad de llegar y de intentarlo. Estamos desplegando una acción --insisto-- de gran magnitud, donde no había prácticamente presencia diplomática. España no había facilitado ni un solo medio de control, bien sea por aire, por mar o por tierra, para ayudar a estos países. España no había facilitado ninguna ayuda, ningún medio para que hubiera allí centros de internamiento cuando se producen devoluciones temporales. Créame que se está produciendo ahora y gracias al esfuerzo que estamos haciendo desde hace un año, al igual que la Unión Europea desde diciembre ha adoptado una estrategia global contra la inmigración. Y como creo que tienen relevancia los acuerdos a los que ayer se llegó con la Comisión Europea, con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, quiero hacer referencia a ellos de manera sintética, porque, en efecto, se ha producido un cambio cualitativo de la actitud de la Unión Europea, del compromiso de la Unión Europea. Ya fue un buen síntoma la aprobación de las perspectivas financieras 2007-2013, con un incremento sustancial de las partidas destinadas a la ayuda al desarrollo, al control de fronteras, a los fondos migratorios.
Paso a referir los acuerdos ayer alcanzados entre la vicepresidenta del Gobierno y la Comisión Europea. La próxima semana se desplazará un equipo de expertos de la Agencia Europea de Fronteras para evaluar la situación a raíz de las últimas llegadas de inmigrantes subsaharianos. Asimismo, se destacará en Canarias un equipo conjunto de apoyo de la Agencia Europea de Fronteras, que colaborará durante el tiempo necesario con las autoridades españolas; se instalará en las islas Canarias, con carácter inmediato y como experiencia piloto, el primer equipo de reacción rápida europea; subrayo el primer equipo de reacción rápida europea, compuesto por técnicos nacionales para ofrecer... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ... asistencia técnica y operativa inmediata en caso de afluencia masiva de inmigrantes.
Estoy convencido de que los puntos tienen interés y muy especialmente para todos los ciudadanos de Canarias, que lógicamente están pendientes de la respuesta que podamos dar a esta situación.


La agencia coordinará el dispositivo europeo, que se desplazará en misiones de apoyo logístico y despliegue de medios marítimos y aéreos a Canarias para reforzar el control y la vigilancia de fronteras; se creará en Canarias un centro de coordinación regional, que se encargará de las tareas de vigilancia de la frontera sur de Europa, con el Mediterráneo occidental y el Atlántico.
En la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, se ha decidido establecer un mecanismo de coordinación de los oficiales de enlace de inmigración de los estados de la Unión en frica Subsahariana para fomentar el intercambio de información sobre las rutas migratorias y las mafias que operan en ellas; se va a implantar el sistema europeo de vigilancia marítima electrónica, que estaba previsto poner en marcha sobre la base del estudio de viabilidad y deberá estar concluido a la mayor brevedad posible; apoyo logístico y operativo de la Comisión y de sus delegaciones en África al despliegue diplomático español en África Occidental; en los dos próximos meses, junio y julio, se iniciarán las acciones sobre las bases del artículo 13 de Cotonou sobre inmigración entre la Comisión y los 10 países prioritarios del África Subsahariana; construcción, con financiación europea... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, rogaría silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero):, ... de dos centros de recepción de inmigrantes ilegales en Senegal y Mauritania; cooperación con Mauritania y Senegal para fortalecer su capacidad institucional con el fin de que gestionen estos centros de recepción de inmigrantes ilegales. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pediría silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Distribución urgente de los recursos financieros de la Comisión dedicados a la inmigración, y concretamente la Comisión ha comprometido en estos momentos 5 millones de euros, dos millones correspondientes a los fondos para Mauritania, con los que se pagarán dos de las cuatro patrulleras que se han enviado ya a Mauritania y el resto se invertirá en equipamiento.
Finalmente, se han desbloqueado dos millones de euros del programa ARGO para ayudas a terceros países para hacer frente a situaciones de emergencia en las fronteras exteriores derivadas de la afluencia masiva de inmigrantes.
Por último, quiero añadir un aspecto que me parece relevante. Para la política de integración social de los inmigrantes, para que las comunidades autónomas dispongan de más medios en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de integración cívica, quiero recordar que la cifra ha pasado desde que estamos en el Gobierno de 8 millones en el 2003 a 181 millones de euros que hemos aprobado en los presupuestos para el 2006. Esa es la diferencia de esfuerzo económico en política de integración social de los inmigrantes.
Y, por último, ha hecho referencia usted a alguna cifra sobre la evolución en el último año. Le puedo asegurar que esa cifra no se corresponde con la realidad y si usted tiene un dato... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ... si usted tiene un dato, apórtelo. Además, le invito a contrastar adecuadamente los datos sobre la situación en los centros de internamiento de Canarias. Señoría, no hay desbordamiento. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señoría, no hay desbordamiento; a pesar del número tan elevado que hemos tenido en las últimas semanas, hay plazas suficientes. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, rogaría silencio.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Le invito a que lo compruebe personalmente. El Gobierno se ofrece a que compruebe personalmente todas las plazas y los medios que en estos momentos hay disponibles en Canarias. Y añado: el esfuerzo que están haciendo Cruz Roja, ONGs, Policía, jueces y la sociedad canaria es ejemplar, lo que quiero reconocer en nombre de todos los españoles. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


-- DE DON FÉLIX AYALA FONTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS ACCIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN APROBADA POR EL PARLAMENTO DE CANARIAS EN EL DEBATE GENERAL SOBRE EL ESTADO DE LA NACIONALIDAD CANARIA, CELEBRADO EN MARZO DE 2006, POR LA QUE SE INSTA AL ESTADO A INTENSIFICAR EL RITMO DE LAS SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO CREADO SOBRE POBLACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (S. 680/000853).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Ayala. Tiene la palabra su señoría.


El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora vicepresidenta. Permítame señor presidente, que me extienda un poco más de lo que expone la pregunta escrita, puesto que no voy a utilizar el turno de réplica.
La elevada densidad de la población de Canarias, el elevado crecimiento de la población que se ha duplicado en apenas cuarenta años, y, al mismo tiempo, el hecho de que gran parte del territorio insular está protegido o sea inhabitable, además de la gran cantidad de población flotante, doce millones de turistas al año, que producen un aumento de la población en trescientas mil personas/día, han sido motivo de numerosos debates políticos y sociales durante los últimos años, que han inducido a numerosos sectores a sugerir que se limite la residencia en las islas, pese a que la legislación española y la comunitaria son contrarias a este tipo de prohibiciones en sus territorios. (Rumores.) Por ello, en el debate del estado de la nación de 2005, y a petición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, (Rumores.) se creó un grupo de trabajo entre Canarias y el Estado para estudiar las consecuencias de este desmesurado...

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, les rogaría que guarden silencio.

El señor AYALA FONTE: Decía que se creó un grupo de trabajo entre Canarias y el Estado para estudiar las consecuencias de este desmesurado crecimiento poblacional en el archipiélago, y las medidas necesarias para su contención.
Asimismo, casi un año después, el Parlamento de Canarias, no satisfecho por la marcha de estos trabajos, el pasado 30 de marzo insta al Gobierno del Estado a intensificar el ritmo de las sesiones del grupo de trabajo sobre población, creado entre el Estado y Canarias.
Por todo ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué acciones prevé acometer el Gobierno de la nación para dar cumplimiento a la resolución del Parlamento canario, citada anteriormente?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora vicepresidenta primera del Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señoría. El Gobierno está trabajando con rigor y con intensidad en relación con la resolución que salió del debate del estado de la nación sobre el grupo de población, con plena conciencia de que los problemas específicos de las islas Canarias requieren una atención cuidadosa del Gobierno, con pleno respeto hacia las competencias del Gobierno de Canarias, y en colaboración con él.
En estos momentos, como usted sabe, del debate del estado de la nación salió la constitución de dos grupos: el de población y el de la plataforma logística continental. En los dos se ha estado trabajando a lo largo de este año, y se han celebrado diversas reuniones.
En cuanto al grupo de población, que es por el que usted se interesa más, le puedo decir que es un grupo que se constituyó hace bastantes meses para analizar precisamente las consecuencias del incremento de población en el archipiélago y las posibles actuaciones a poner en marcha por ambas administraciones. Se ha reunido ya en diversas ocasiones, en pleno, en comisión, y se han hecho varios grupos de trabajo, porque son varios los temas que se están abordando dentro del mismo. En estos momentos se ha trabajado sobre los padrones municipales de habitantes, sobre el Catastro de Bienes Inmuebles, sobre un posible refuerzo de la Inspección de Trabajo, y sobre el seguimiento del plan conjunto en materia de inmigración.
En cuanto al primer tema, los padrones municipales de habitantes, que lo que pretenden es identificar a los residentes irregulares, se está intercambiando información con el Instituto Nacional de Estadística, y en estos momentos se está elaborando el texto de un convenio a suscribir entre la comunidad autónoma, el Instituto Nacional de Estadística y el Catastro, a fin de que, entre otras cosas, el Instituto canario de Estadística pueda tener acceso «on line» a toda la información de la que se dispone, de forma que se pueda tener una información mucho más actualizada a la hora de identificar a esos residentes irregulares.
También el Ministerio de Administraciones Públicas está analizando en el proyecto de ley de Bases de Régimen Local la propuesta de Canarias sobre los requisitos de inscripción en los padrones municipales.
En lo que se refiere al Catastro de Bienes Inmuebles, cuyo objetivo es obtener información fundamentalmente sobre la oferta turística, y de forma más concreta sobre la oferta turística que se realiza de manera irregular, el Ministerio de Hacienda, a esos efectos, está facilitando toda la información actualizada de que dispone, entre otras cosas, para que se pueda reordenar el sector, así como la actualización de la información sobre callejeros.
En cuanto al refuerzo de la Inspección de Trabajo estamos abordando los elementos para la puesta en marcha de un plan de choque que permita detectar el trabajo irregular, la economía sumergida y el fraude, así como incrementar la seguridad. Se van a completar las plantillas de la Inspección; se va a ampliar el número de efectivos para la realización de un plan extraordinario que en estos momentos tiene pendiente de determinar el número de inspecciones y los sectores concretos a que hay que dirigirlos, que entre ellos, como usted bien sabe, en Canarias son el sector servicios y el sector de la hostelería.

El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Fernández de la Vega Sanz): Termino, señor presidente.
Finalmente, también se está trabajando en el seguimiento del plan conjunto en materia de inmigración, que tiene por objeto la gestión conjunta de la participación en la fijación de los cupos y del contingente, y en la concesión

de permisos de residencia y de trabajo. Forma parte del plan conjunto de inmigración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias.
En definitiva, señoría, estamos trabajando creo que con el rigor que requiere la envergadura del tema que aquí nos hemos planteado. Como su señoría sabe, mañana va a haber una nueva reunión del plenario, y creo que llegaremos a conclusiones que podremos empezar a ejecutar.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JOSÉ VICENTE GONZÁLEZ BETHENCOURT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ACTUACIÓN QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LA ENTRADA DE INMIGRANTES DE FORMA IRREGULAR (S.
680/000896).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor González Bethencourt. Tiene la palabra su señoría.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, desde 1996, durante ocho años de gobierno del Partido Popular y dos del Partido Socialista, asistimos en España, como en otros países de Europa, a la llegada de inmigrantes irregulares, no sólo en pateras, sino también a través de Ceuta y Melilla, en aviones, en barcos, y últimamente en los más modernos cayucos.
Hace dos años, el nuevo Gobierno encontró una situación caótica: miles y miles de personas residiendo en España de manera ilegal. Mientras el PP apenas había retocado la Ley de Extranjería, el Gobierno abre un proceso de regularización y normaliza a medio millón de inmigrantes y a sus familiares, para que puedan tener un contrato digno en España. Se expulsa a 30.000 indocumentados; se detiene a más de 1.500 personas relacionadas con redes de inmigración ilegal, y desde el África subsahariana se produce un efecto expulsión, que no un efecto llamada. Más de la mitad de sus habitantes viven con un dólar al día.
Usted conoce la realidad canaria; visitó recientemente los centros de internamiento de inmigrantes; le agradecemos mucho el esfuerzo que se está haciendo con Canarias en este sentido, y usted pudo vivir personalmente el tremendo drama humano de estos inmigrantes. Le agradecemos toda su gestión y le decimos que la numerosa llegada de inmigrantes en cayucos a nuestras costas en los últimos meses ha consternado a todos en Canarias. Vivimos una buena situación económica en Canarias, somos frontera para llegar a lo que consideran en África un paraíso: España y Europa, y esta cuestión es desde luego en este momento la mayor preocupación de los ciudadanos canarios. Su importancia lo demuestra el hecho de que en este Pleno del Senado se hayan hecho cuatro preguntas al Gobierno y dos mociones sobre este asunto. Por todo ello, señora vicepresidenta ¿qué actuación está llevando a cabo el Gobierno para hacer frente a la entrada de inmigrantes de forma irregular? Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora vicepresidenta primera del Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Por completar lo que ya ha señalado el presidente del Gobierno en su anterior intervención, quiero reiterar algunas de las cosas y añadir, quizá, algunos matices. Como usted muy bien sabe, el Gobierno ha afrontado el problema de la inmigración desde el inicio de la legislatura con rigor y con responsabilidad, sabiendo que estamos ante un asunto complejo que exige, desde luego, respuestas complejas y multidisciplinares. Desde el primer momento hemos dicho y actuado en la línea de trabajar por una inmigración legal y ordenada y hemos tratado de llevarlo a cabo. Pero para tener un inmigración legal y ordenada, evidentemente, hay que combatir y ser absolutamente inflexibles en el tratamiento y en la lucha contra la inmigración irregular.
Quiero señalarle que desde que estamos en el Gobierno, en primer lugar, hemos incrementado la seguridad y el control. Se ha procedido a reforzar los controles de las costas españolas en las fronteras terrestres y aéreas. Y prueba de ello han sido los datos que hoy tenemos y es verdad que, aunque siga habiendo un volumen de inmigración irregular que tenemos que seguir combatiendo y, por tanto, no hay que caer en la autocomplacencia, han disminuido las entradas y se están produciendo muchas repatriaciones.
Quiero señalar que en todo lo que llevamos de año, desde enero hasta ahora, se ha expulsado por las distintas vías que establece la ley a 31.000 personas que han entrado irregularmente. (Rumores.) Sí, se ha expulsado a 31.000 personas, están ahí los datos y son absolutamente comprobables. Es verdad que hay muchas dificultades en las repatriaciones en lo que se refiere a los países del África subsahariana, porque a pesar de haber desplegado una actividad muy importante por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores para incrementar los acuerdos, en muchas ocasiones ni siquiera se cumplen por parte de estos países acuerdos que ya venían firmados de otra época. Y eso puede comprobarlo cualquier persona que se haya acercado a la realidad africana. Por lo tanto, las políticas tienen que ir más allá de incrementar, por supuesto, la seguridad y el control, como ha hecho este Gobierno desde el primer día. Y se ha ido incrementando con más medios, no hemos hecho un plan ni dos, sino que hemos tenido una actuación permanente y constante para abordar el asunto y adoptar todas las medidas que iban siendo necesarias, tanto desde el punto de vista del incremento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como de los medios de Salvamento Marítimo.
Además de mayor seguridad y control, en segundo lugar, hemos incrementado, por supuesto, los convenios con

los países emisores para colaborar, pero no sólo con convenios de readmisión, sino con convenios que contemplan, además, una política integral con los países africanos de readmisión, de cooperación, de colaboración en el ámbito policial y del desarrollo porque es la única manera de poder tener una política con esos países, donde la gente lo que está haciendo es huir, como hemos reiterado en muchas ocasiones, del hambre y de la miseria. No voy a reiterar aquí los convenios que en estos momentos se han suscrito y todos los que están pendiente de firma, porque ya los ha señalado el presidente del Gobierno y en otras ocasiones, también, el ministro Moratinos.
En tercer lugar, debo poner de manifiesto que, por supuesto, hemos incrementado los medios internos para la acogida de los inmigrantes. El presidente del Gobierno señalaba que hemos pasado de ocho a 180 millones de euros para abordar esta cuestión. Se han incrementado en más de 1.500 las plazas de acogida en Canarias, y se ha dotado a la Cruz Roja de un millón de euros para abordar todas las cuestiones relativas a la acogida.
Creo que en estos momentos se está acogiendo a los inmigrantes con todas las garantías de la aplicación del derecho humanitario, haciéndose un enorme esfuerzo por parte de todas las organizaciones no gubernamentales.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Fernández de la Vega Sanz): Ya termino, señor presidente.
Finalmente, señoría, más Europa. Aquí podríamos hacer y, desde luego, el tiempo no me lo va a permitir, un análisis sobre la evolución de cuál ha sido el tratamiento por parte de la Unión Europea del fenómeno de la inmigración, desde los acuerdos de Tampere, cuando se inició el Tercer Pilar, hasta pasar por los acuerdos que se llevaron al ámbito de la Constitución Europea, que fue la que fijó realmente que habría una política de inmigración común. Desgraciadamente, la Constitución Europea no ha salido adelante, y a partir de ahí hemos vuelto otra vez al ámbito de la cooperación. Le diré, primero, que en el ámbito de la cooperación hasta el mes de diciembre de este año no había habido un enfoque global para la inmigración, ahora existe con 35 puntos y se hizo a partir de una propuesta española y francesa. Segundo, como consecuencia del incremento en la presión migratoria, ayer tuve la ocasión --el señor presidente acaba de reseñar los acuerdos-- de entrevistarme con representantes la Comisión a los efectos de que lo que se acordó en diciembre se adelante porque es verdad que en la Unión Europea, como su señoría muy bien sabe, hay muchos países y los ritmos son muy lentos. Los inmigrantes y este fenómeno no pueden esperar al tratamiento y el ritmo que en muchas ocasiones se da desde la Unión Europea. Ayer conseguimos que muchos de los acuerdos que se pusieron en marcha en diciembre se ejecuten de forma urgente e inmediata en España, en colaboración con el Gobierno español y con muchos países miembros de la Unión Europea, además de la Comisión.
Creo que es un buen ejemplo de que por primera vez Europa se está implicando de verdad en la política de inmigración.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

-- DE DON JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE LA VALORACIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO DE VIVIENDA DE LOS ÚLTIMOS DATOS RELATIVOS AL NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS ALQUILADAS POR LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER (SPA) (S. 680/000900).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador García Ballestero. Tiene la palabra su señoría.

El señor GARCÍA BALLESTERO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Después de la abrumadora cifra que hemos conocido en los pasados días, puesta de manifiesto por el presidente de la Sociedad Pública de Alquiler, del alquiler de poco más de mil viviendas en siete meses, insisto, abrumadora cifra, ¿qué valoración hace su Gobierno? Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda.

La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.
Señoría, cumplir en siete meses un 150 por ciento de los objetivos previstos para todo un año solo merece una valoración positiva.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.

El señor GARCÍA BALLESTERO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la Sociedad Pública de Alquiler fue su apuesta personal y ha estado respaldada por una importante y costosa campaña publicitaria.
Se han quedado en poco más de mil contratos en siete meses y a usted, señor ministra, la sigo viendo tan contenta, aunque la verdad sea que a usted también se le estén empezando a manifestar los jóvenes. ¿Cuánto nos ha costado a los españoles el alquiler de esas poco más de mil viviendas? ¿A qué precio estamos pagando los españoles su enredos? ¿De qué forma está repercutiendo la Sociedad Pública de Alquiler en los alquileres de nuestro país? Esta ocurrencia ¿ha reducido el precio de los alquileres en España? Señora ministra, usted habla de un incremento del 150 por ciento de los objetivos que se han marcado. Eso sencillamente es mentira y le voy a refrescar la memoria. El 24 de noviembre de 2005 el presidente de la Sociedad Pública

de Alquiler decía textualmente en la Comisión de Presupuestos del Senado: El ritmo de las operaciones de la Sociedad Pública de Alquiler ha sido lo suficientemente positivo como para que nos reafirmemos en que la previsión de operaciones para el año 2006 sea de 5.500 viviendas. ¿Poco más de mil viviendas es el 150 por ciento de las 5.500, según sus previsiones, señora ministra? Yo creo que esto es una tomadura de pelo. Pero es más, le voy a leer sus propias palabras en esta Cámara: En 25 días se han realizado más de 600 visitas de ciudadanos a las viviendas de las que hoy dispone esta sociedad pública. Como resultado de esas visitas en ese breve período de tiempo, que no llega a un mes, la sociedad ha suscrito aproximadamente el 15 por ciento de los contratos respecto a la vivienda protegida y, además, a un ritmo que va en aumento. Si el primer día se suscribió un contrato, el tercer día se suscribieron dos, y el pasado lunes se cerraron seis contratos, si la Sociedad Pública de Alquiler mantuviera el ritmo más lento de contratación y el cierre de los contratos de arrendamiento, el último lunes -- insisto, seis contratos cerrados-- haciendo una regla muy simple y en el peor de los casos, 365 días al año por seis contratos nos daría una cifra de 2.190 contratos el primer año, señora ministra. Estas son sus palabras y usted nos dice aquí, y nos sigue engañando, que se han cumplido sus objetivos en un 150 por ciento. Si tan buena es la Sociedad Pública de Alquiler, señora ministra, ¿qué es lo que está fallando entonces? ¿Nos lo puede explicar? Le voy a dar los datos de la comunidad autónoma de España que más manía tiene usted y su Gobierno, Madrid, que es la que más esfuerzos está haciendo por el alquiler de los jóvenes, señora ministra.
En Madrid, existe la desgravación por alquiler; el 20 por ciento. En las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, como Andalucía y Cataluña, el 10 por ciento. Por cierto, las desgravaciones fiscales en el IRPF en que usted tanto insistía al inicio de la legislatura no aparecen entre las modificaciones que está llevando a cabo su Gobierno, simplemente porque el Tribunal Constitucional ha afirmado que es competencia de las comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.

El señor GARCÍA BALLESTERO: Termino, señor presidente. Muchas gracias por su benevolencia.
En el año 2005, se firmaron entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid más de 4.000 contratos, mientras que su ministerio firmó algo menos de 1.500 contratos, con 3.000 trabajadores que tiene la Sociedad Pública de Alquiler.
En resumen, mucho Ministerio de Vivienda, pero no se está resolviendo absolutamente nada, excepto lo que la economía, por su propia dinámica, pone en su sitio. Señora ministra, lo suyo y lo de su ministerio siguen siendo enredos y gobernar a base de ocurrencias.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda.

La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.
Señoría, la Sociedad Pública de Alquiler y las políticas de alquiler del Gobierno de España no son una apuesta personal sino políticas de Estado, que se hacen con poca publicidad, con muy pocos empleados, solo con 22, y con un gran resultado: el 150 por ciento en siete meses de funcionamiento en relación con lo previsto para un año. La Sociedad Pública de Alquiler no es una agencia que se ponga en una esquina y realice contratos de alquiler. Significa una política de alquiler para fomentar y dinamizar el mercado de alquiler, máxime después de tanta despreocupación y abandono por parte de su Gobierno en esta política.
Solo voy a referirme a tres medidas relacionadas con el fomento del alquiler únicamente por parte del Ministerio de Vivienda, porque hay otros departamentos, como el Ministerio de Justicia, a través de las oficinas de señalamiento y la justicia de proximidad, que están llevando a cabo otras medidas. Así, en los primeros cien días, mediante un plan de choque, con 1.030 millones de euros, se multiplicó por nueve el número de viviendas en alquiler previstas en el anterior plan del Gobierno del Partido Popular. En segundo lugar, plan estatal de viviendas 2005-2008, que ha multiplicado por once las ayudas previstas por el Gobierno anterior al alquiler en todas sus modalidades. Con el nuevo plan de viviendas, 235.000 familias pueden acceder a una vivienda en alquiler, frente a las 22.000 previstas por el Gobierno del Partido Popular. De los 7.000 millones de euros presupuestados, el 53 por ciento se destina a políticas de alquiler. En tercer lugar, como le decía antes, la Sociedad Pública de Alquiler, en siete meses de funcionamiento está cumpliendo en un 150 por ciento los objetivos previstos para un año.
Además, le diré que las comunidades gobernadas por el Partido Popular tienen una instrucción para no firmar convenios con la Sociedad Pública de Alquiler. Pero me voy a referir a resultados. Hasta la fecha, hemos firmado convenios con ocho comunidades autónomas, algunas del Partido Popular, y próximamente vamos a firmar otros con tres comunidades más. Y también hemos incorporado a los ayuntamientos del Partido Popular en aquellas comunidades autónomas que no hacen más que ofrecer información y publicidad. Siete alcaldes del área metropolitana de Madrid han firmado un convenio con la Sociedad Pública de Alquiler para facilitar que un millón de ciudadanos puedan acceder al alquiler, ya que la Comunidad de Madrid, a la que usted ha hecho mención, no quiere hacerlo. Ayer mismo firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona, pero mañana lo haremos también con 18 ayuntamientos del área metropolitana de Valencia, para que más de un millón de ciudadanos puedan acceder al alquiler a través de la Sociedad Pública, que, por cierto, es un modelo único en España. Esta paga la renta al propietario y al inquilino le facilita mayor oferta y un alquiler más barato, una vivienda de mayor calidad y habitabilidad, porque lleva el sello de calidad del Estado. Y en esto, señorías, el cerco se les está estrechando cada vez más. No lo hace casi

ninguna comunidad autónoma gobernada por su partido, salvo alguna que ya ha firmado.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JOSÉ PIQUÉ I CAMPS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ABIERTOS ENTRE ESPAÑA Y BOLIVIA (S. 680/000886).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Piqué.
Su señoría tiene la palabra.

El señor PIQUÉ I CAMPS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, buenos días.
Todos conocemos las vicisitudes negativas para nuestros intereses empresariales que se han producido en Bolivia a raíz del acceso a la Presidencia del señor Morales.
Me gustaría saber qué medidas está tomando el Gobierno para paliar y compensar esas vicisitudes negativas más allá de establecer unos canales de comunicación, que también nos gustaría conocer.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Gracias, por la pregunta, señoría.
Como ya informé en anterior sesión de control en el Senado, tan pronto como el Gobierno conoció el decreto de nacionalización de hidrocarburos intensificó los canales de comunicación que normalmente tiene con las autoridades bolivianas. En ese sentido, yo mismo hablé con el presidente Evo Morales y se desplazó a Bolivia el secretario de Estado, presidiendo una delegación de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Economía e Industria y Comercio. Posteriormente, en Viena, el presidente del Gobierno mantuvo una reunión de trabajo con el propio presidente Evo Morales. En dicho encuentro y previamente, el propio presidente boliviano respondía a una carta que le dirigí, insistiendo en la necesidad de proteger las inversiones españolas y estableciendo un marco de seguridad y confianza política para poder resolver de manera satisfactoria la situación de las empresas españolas en Bolivia.
Le puedo garantizar, señoría, que el Gobierno está trabajando de manera intensa no solamente desde nuestra embajada. Dada la sensibilidad y el carácter de la presencia española en Bolivia, se decidió por parte del presidente boliviano y de las autoridades españolas establecer una interlocución para el seguimiento de la situación en Bolivia. Por parte del Gobierno boliviano, se designó al ministro de la Presidencia y, por parte española, designamos al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el señor Bernardino León, acompañado de una persona de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno.
En cualquier caso, estamos defendiendo los intereses de las empresas españolas, hay que esperar el período de negociación que la propia empresa Repsol ha iniciado con el Gobierno boliviano, hay un período de espera respecto a una auditoria y posteriormente se negociará entre esta empresa y el Gobierno boliviano, y, desde luego, el Gobierno hará todo lo posible para defender del mejor modo los intereses de las empresas españolas. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Piqué.

El señor PIQUÉ I CAMPS: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor ministro, por su información.
Si me lo permite, lo que hemos constatado hasta ahora es que cada vez que se ha producido esa comunicación, o esos encuentros o pasos en la dirección de nuestra relación con Bolivia lo que ha habido ha sido una vuelta de tuerca más por parte del nuevo Gobierno boliviano.
Usted ha hablado exclusivamente de Repsol, pero creo que deberíamos hablar también de lo que ha sucedido con la expropiación de las acciones que sirven de garantía del fondo de pensiones privado en manos del BBVA o después de la, por lo visto, útil entrevista entre el presidente Morales y el presidente Rodríguez Zapatero, pues hemos visto que la nueva vuelta de tuerca incluye también los intereses de las empresas españolas en aeropuertos y autopistas de ese país. En definitiva, por lo menos hasta ahora, las gestiones no están saliendo bien, sino todo lo contrario.
Pero me gustaría hacer alguna consideración de carácter más general sobre nuestra política exterior en relación a Iberoamérica y regímenes claramente populistas. He leído su intervención de ayer en el Congreso de los Diputados. Dice usted que no tenemos que agitar el espantajo del fantasma populista, pero creo que eso responde a la verdad, como responde a la verdad que estamos ante un eje no pretendido sino real entre la Cuba de Fidel Castro, la Venezuela de Hugo Chávez y la Bolivia de Evo Morales.
Que no es pretendido sino real lo refleja un documento, que seguramente el señor ministro conoce, según el cual hablamos de lo siguiente. Los presidentes Hugo Chávez, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, Evo Morales, en nombre de la República de Bolivia, y Fidel Castro, en nombre de la República de Cuba, reunidos en la ciudad de La Habana los días 28 y 29 de abril de este año, deciden suscribir el presente acuerdo para la construcción de la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América y los tratados de comercio entre los pueblos de nuestros tres países. Si ese no es un eje, ¡baje Dios y lo vea! Y eso es así.
Lo que me gustaría es que nos precisara si usted cree que nuestra política en relación con Iberoamérica y, por lo tanto, también en cuanto a la relación entre la Unión Europea

e Iberoamérica tiene que basarse en el apoyo a esos tres regímenes y a ese eje, como así viene sucediendo.
Creo que una de las grandes virtudes durante muchísimos años de la política exterior española de los sucesivos gobiernos ha sido la de constituirse en intérprete de las necesidades de Iberoamérica frente a una Unión Europea que apreciaba una especial sensibilidad y capacidad de intermediación con Iberoamérica. Ahora creo que eso se está perdiendo
--lo hemos visto en Viena en la reunión entre América Latina, Caribe y la Unión Europea-- por una razón, y es que el resto de nuestros compañeros, de nuestros socios de la Unión Europea ya no ven a España como un país que defiende los auténticos intereses de Occidente y sus valores, sino que muestra especial simpatía con regímenes populistas que nada tienen que ver con los valores que sustenta la Unión Europea.
Yo le pediría, y acabo, señor presidente, que le diga al presidente de Bolivia que por este camino va a hundir a Bolivia definitivamente en la miseria. Sé que hay muchísimas injusticias y muchísimas desigualdades, pero lo peor que puede hacer un país, si quiere desarrollarse y corregir las desigualdades, es no ser una economía abierta, destruir la seguridad jurídica, no ir hacia una economía de mercado y, por tanto, no hacer lo que realmente se necesita para modernizar. Se está yendo en la dirección contraria, y el Gobierno español tiene la obligación de hacérselo saber al Gobierno de Bolivia en beneficio de los propios bolivianos y desde luego de nuestra capacidad de intermediación entre la Unión Europea y la América Latina.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, desde el punto de vista del Partido Popular siempre se va a lo mismo del eje bolivariano, del eje de Castro, Venezuela y Bolivia, cuando en definitiva, en primer lugar, y contestando a la primera parte de su pregunta que es sobre la situación de las empresas españolas en Bolivia, debemos dar tiempo al tiempo. Es verdad que ha habido un canje en la gestión de los bonos del Banco español BBVA; hemos estado en contacto con los propios interesados, y ellos están gestionando su situación sin dramatismo, con serenidad y con confianza en la solución futura, y lo mismo ocurre con las otras empresas de aeropuertos que están interviniendo en Bolivia, también tienen confianza y serenidad. Por tanto, no creemos dramatismo; sigamos trabajando con confianza, con firmeza.
Le puedo garantizar, señor Piqué, que el Gobierno cuando habla con el presidente de Bolivia, el señor Morales, lo hace con firmeza, defendiendo sus posiciones sobre tres principios básicos: la aceptación de las elecciones democráticas, legítimamente celebradas en Bolivia y, por tanto, respetando la voluntad del pueblo boliviano, la defensa intensa de los intereses de las empresas españolas y el instrumento del diálogo y la cooperación, que es el único que podrá dar resultados.

El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, termine.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Termino ya, señor presidente.
Y en relación a ese famoso eje le diré que este Gobierno sólo tiene cuatro alianzas estratégicas con países latinoamericanos, que son:
Brasil, Argentina, Chile y México. Y mire lo que supone la inversión española en Bolivia, un 1 por ciento del total de la inversión española en Latinoamérica. Por tanto, no distraigan con sus posiciones. España tiene una relación con presencia e influencia en Latinoamérica, reconocida en la Cumbre Unión Europea-América Latina.

El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, concluya.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Concluyo ya, señor presidente. Gracias.
A continuación responderé a otra pregunta sobre el mismo tema, pero le diré que todos los ecos de la Cumbre Unión Europea-América Latina fueron positivos por el papel del liderazgo y del protagonismo del Gobierno español.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


-- DE DON JOSÉ CASTRO RABADÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN LA IV CUMBRE ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CELEBRADA EN VIENA LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2006 (S.
680/000895).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Castro. Tiene la palabra su señoría.

El señor CASTRO RABADÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la IV Cumbre entre la Unión Europea y los países de Latinoamérica y el Caribe ha tenido lugar en Viena. Al parecer, como ya ha manifestado usted en la anterior pregunta, en dicha cumbre el presidente del Gobierno español mantuvo una entrevista con su homólogo de Bolivia, Evo Morales, para tratar sobre las repercusiones para las empresas españolas que se derivan de la nacionalización de los hidrocarburos en este país. El diálogo y la discusión que el Gobierno español y el boliviano mantienen en su relación bilateral son necesarios para alcanzar el fin de unas negociaciones satisfactorias para las partes

dentro del respeto al principio de la seguridad jurídica y a las decisiones políticas de los gobiernos soberanos y democráticos.
Ante la cumbre le hago la pregunta siguiente: ¿Qué valoración realiza el Gobierno de los resultados alcanzados en la cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe? Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, gracias por la pregunta porque me va a permitir abundar en la respuesta de la pregunta anterior. El Gobierno valora positivamente los resultados de la IV Cumbre entre la Unión Europea y América Latina, Caribe, celebrada en Viena. Es verdad que era la primera cumbre que se celebraba fuera del espacio iberoamericano. Las anteriores de Río de Janeiro, de Madrid, de Guadalajara no habían sido acogidas en un país tercero, en un país de la Unión Europea, como en este caso, en Viena. Por tanto, teníamos el reto de ver cuál sería la respuesta europea ante el desafío que ofrece el continente latinoamericano. Le puedo señalar que ha sido un éxito de percepción, un éxito de compromiso y un éxito de confianza de la Unión Europea hacia el continente latinoamericano, y esto con la ayuda, la presencia y el compromiso español.
Aprovechando esta pregunta, le diré también al señor Piqué que gracias a España la presidencia austriaca pudo organizar esta conferencia; desplazamos a un diplomático español, un embajador en misión especial, durante seis meses para organizar la conferencia. Estuvimos sensibilizando a los líderes y dirigentes latinoamericanos para acudir a Viena, y gracias a nuestra intervención 46 jefes de Estado y de Gobierno estuvieron presentes, debatieron sobre el futuro de Latinoamérica, sobre el multilateralismo, la cohesión social, la energía, el nuevo papel y la nueva voz de Latinoamérica en el conjunto de la comunidad internacional.
Fue también una cumbre que concluyó con una declaración final, que todos suscribieron. No fue así en Guadalajara. Se pudo consensuar políticamente esa declaración final como no ocurrió en otras cumbres recientes que han tenido lugar en el continente latinoamericano. Y también se avanzó por primera vez en las negociaciones de Centroamérica con la Unión Europea.
Era un deseo, desde la Cumbre de Madrid, de que los centroamericanos pudiesen iniciar el camino hacia la zona de libre cambio con la Unión Europea, y se consiguió y se lanzó en Viena. También se evitó la ruptura de la Comunidad Andina, por los problemas y sensibilidades antes mencionados entre Venezuela y Bolivia, y se ha dado un plazo razonable para que la Comunidad Andina pueda iniciar también las negociaciones con la Unión Europea. Pero es que, además, el presidente del Gobierno, junto con la presidenta de Chile propusieron una iniciativa específica de la Unión Europea, América Latina y Caribe, de apoyo y reconstrucción de Hahití, y el presidente del Gobierno también hizo una propuesta nueva, que es la creación de una fundación eurolatinoamericana-caribeña para tratar los problemas de democracia, de sensibilidad política, de sociedad civil al estilo de la Fundación Anna Lindh de Alejandría y a la que existe también con Asia-ACEP. Por tanto, hay que hacer una valoración muy positiva del rol desempeñado por España para impulsar el diálogo entre Latinoamérica y la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


-- DE DON JOSÉ ARSENIO GIMÉNEZ MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI PUEDE INFORMAR LA MINISTRA DE FOMENTO DE LAS INVERSIONES DE SU MINISTERIO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN (S. 680/000893).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Arsenio Giménez. Tiene la palabra su señoría.

El señor GIMÉNEZ MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Como senador por Castilla y León quiero preguntarle por las infraestructuras de mi comunidad autónoma.
Han transcurrido dos años desde que se constituyó el Gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, del que usted forma parte como ministra de Fomento, y en este tiempo, que hemos vivido con intensidad, se han producido cambios en todo el territorio nacional, pero especialmente en Castilla y León.
Yo no le voy a pedir que me explique con detalle cada una de las actuaciones que su ministerio está desarrollando, porque no le daría tiempo con los minutos establecidos por el Reglamento de esta Cámara, pero sí que explique las actuaciones más relevantes.
Ahora tenemos en España y en Castilla y León un plan que cumplirá sus objetivos gracias al Gobierno Socialista, el PEIT --Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte--, aprobado por el Gobierno, que con su desarrollo garantizará la cohesión social y territorial de nuestro país e impulsará el desarrollo económico y la competitividad de la economía.
Es evidente que gobiernos anteriores hablaron mucho de infraestructuras, pero redactaron pocos proyectos, licitaron menos y ejecutaron lo mínimo.
Eso sí, alguno lo guardaron en el cajón, como el acceso sur de León, que su ministerio ha desempolvado y puesto en marcha.
La planificación global contenida en el PEIT se complementa con planes específicos que también contienen infraestructuras a desarrollar, como las que se contemplan en el Plan Oeste, que afectan a las provincias de León, Zamora y Salamanca, a las que se suma Ávila en un tratamiento preferente para el reparto de los fondos de cohesión

futuros; para Soria el Gobierno aprobó el PAES el día 6 de mayo del 2005. Y a todo ello se suman otras actuaciones en Segovia, Palencia, Burgos y Valladolid, provincias con nuevos proyectos para la llegada de la alta velocidad en estaciones o integraciones ferroviarias o urbanas, con corredores viarios de alta capacidad, ejecutándose al máximo ritmo y con fuertes inversiones en seguridad vial y conservación.
El Gobierno socialista ha querido, precisamente, preocuparse por los españoles que viven en los territorios más desfavorecidos, uno de ellos es el de Castilla y León, chocando con un Gobierno regional que sólo predica, pero indispuesto cuando hay que hacer convenios para compartir inversiones, aunque éstas sean de titularidad autonómica.
Casi veinte años después del Gobierno del Partido Popular en la Junta de Castilla y León no existe una política autonómica que cohesione nuestro territorio. Ese vacío lo va a cubrir en parte el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte que al final de su desarrollo permitirá que los castellanos y los leoneses podamos comunicarnos entre nosotros mejor, de una forma más segura, rápida y, además, con todo el territorio español.
Por todo ello le pregunto: ¿cuáles han sido las inversiones de su ministerio en la comunidad autónoma de Castilla y León? Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, en la comunidad autónoma de Castilla y León hemos dado un fuerte impulso a todas las infraestructuras de transporte en los algo más de dos años que llevamos en el Gobierno. Permítame que les dé algunas cifras. La inversión total ejecutada en esta comunidad por el Ministerio de Fomento asciende a 1.688,8 millones de euros en dos años, es decir, 844,4 al año, lo que supone un crecimiento del 25,7 por ciento respecto de la media anual del período 2001-2003, correspondiente a la legislatura anterior e implica un incremento de la inversión de 172,8 millones más al año, o sea, que en dos años 345,6 millones de euros más.
El crecimiento de la inversión media ejecutada ha sido en todos los modos de transporte, el 10,4 en carretera en la que se ha elevado la inversión total a 724,5 millones de euros. Hemos crecido el 36,8 por ciento en ferrocarriles, con una inversión total que se ha elevado a 912 millones de euros y el 639,6 por ciento en aeropuerto. A esto habría que añadir 22,3 millones de euros en otras inversiones en los dos años.
Este impulso a la inversión en la comunidad de Castilla y León tiene su adecuado reflejo en los Presupuestos Generales del Estado de 2005-2006.
Los recursos totales destinados a infraestructuras para esta comunidad en estos dos años han sido de 2.611, 2 millones de euros, lo que supone una media anual de 1.305,6 y un incremento medio anual de 503, 5 millones de euros más, es decir, un crecimiento del 62,7 por ciento respecto a la media de la anterior legislatura, lo que supone que en dos años hemos presupuestado más, una media de 1.007 millones de euros.
Permítame referirme a algunos de los proyectos concretos, los más simbólicos, los más emblemáticos. En la red viaria, en la autovía de la Plata, la A-66, hemos iniciado las obras en 13 tramos que recibimos sin proyecto aprobado de los 20 que tiene el trayecto y pondremos en servicio 15 tramos hasta el período 2008. En la autovía Meseta Cantabria, la A-67, hemos puesto cinco tramos en servicio y en seis tramos que recibimos sin proyecto aprobado hemos iniciado las obras. En la autovía de Castilla A-62, de sus seis tramos, hemos puesto dos en servicio y uno en obra. En la autovía Ávila-Salamanca, de sus nueve tramos, en ocho hemos iniciado o adjudicado las obras y en uno seguimos con la obra iniciada. En la autovía de Navarra, del plan Soria, de los seis tramos, en tres hemos iniciado o licitado las obras y en otros tres licitada la redacción de los proyectos. En la A-11, la autovía del Duero, hemos puesto en servicio el tramo Toro-Zamora y hemos licitado o adjudicado la redacción de seis proyectos. En la A-60 hemos licitado el proyecto en un tramo y en la autovía Burgos- Aguilar hemos licitado cuatro proyectos más. Además, señoría, en el nuevo túnel viario de Guadarrama, el AP-6, se ha terminado su perforación y realizamos obras en varios entornos urbanos como Ávila, León, Burgos, Palencia o Valladolid.
En cuanto a los ferrocarriles, en el Madrid-Segovia-Valladolid hemos pasado del 31 por ciento de obra ejecutada al 60 por ciento. Hemos terminado la perforación de los túneles del Guadarrama e iniciado las obras de la estación Segovia y los accesos a Valladolid. En el tramo Valladolid-León hemos licitado la redacción de tres proyectos e iniciado los trámites para la licitación de las obras del enlace sur para la integración del ferrocarril en León. Y en la conexión ferroviaria entre León y Asturias hemos pasado del 0,3 por ciento al 21 por ciento de obra ejecutada.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Termino, señoría.
Me faltan datos de muchas otras obras ferroviarias. No obstante, les diré que hemos puesto en servicio en los aeropuertos de Valladolid, de León, de Salamanca y de Burgos instalaciones muy importantes para su operatividad.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA BELÉN MARÍA DO CAMPO PIÑEIRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO LLEVAR A CABO ALGÚN RECORTE EN LAS PENSIONES DE VIUDEDAD (S. 680/000884).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Do Campo que tiene la palabra.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿ tiene previsto el Gobierno llevar a cabo algún recorte en las pensiones de viudedad?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el ministro de Trabajo.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
No, por supuesto que no, al contrario, el Gobierno está trabajando en otra dirección, en la de la mejora de las prestaciones sociales. Le pondré algún ejemplo. Desde las medidas incorporadas en los años 2005 y 2006 respecto de la revalorización de las pensiones, y en especial de las pensiones mínimas que afectan mucho a las pensiones de viudedad, hasta la aprobación de la Ley 9/2005 sobre compatibilidad entre la pensión de viudedad del sistema de Seguridad Social con las pensiones del extinguido SOVI, 100.000 viudas perciben 200 y pico euros más al mes de pensión.
Lo que sí tenemos que hacer, porque lo ordenó el Pacto de Toledo y la Ley de Presupuestos para el año 2006, es presentar al parlamento, previo debate con los agentes sociales, una reformulación integral de la pensión de viudedad. Y eso es lo que haremos, señoría: acatar lo que ha mandado el Congreso y lo haremos sin ningún recorte por supuesto, sino fortaleciendo nuestro sistema de protección social.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra la senadora Do Campo.

La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias.
Señor ministro, los ciudadanos estamos acostumbrándonos a que gota a gota se nos mentalice de los cambios. Este Gobierno en particular es un experto en el manejo de la información y de los tiempos. Me explico. Poco a poco parece que usted nos quiere mentalizar de que tiene que haber un cambio que implicaría la revisión de las pensiones de viudedad.
En una reunión con su colega portugués, Antonio Vieira da Silva, señaló que para que en España los sistemas de Seguridad Social puedan mantenerse en el futuro y puedan seguir dando sus servicios necesitan reformas. El pasado día 11 afirmó también que en el futuro habrá que revisar las pensiones de viudedad porque responden a un modelo obsoleto. Al día siguiente dijo que se le había interpretado mal, pero que de todas maneras había que pensar en ese futuro en cómo se adapta la pensión de viudedad a los cambios de la sociedad.
También en una entrevista en un diario nacional usted habla preocupantemente de que la pensión de viudedad se mantiene, pero como renta de supervivencia para quien la necesite. Por lo tanto, señor Caldera, a muchas viudas y viudos, pero especialmente a esas más de dos millones de viudas de este país y a los ciudadanos en general nos preocupa ese «para quien la necesite» porque deja entrever una futura incompatibilidad de la pensión de viudedad con la percepción de otras rentas y eso, señor Caldera, nos lo tiene que aclarar. Nos lo tiene que aclarar porque usted sabe muy bien que la pensión de viudedad es compatible con cualquier renta del trabajo del beneficiario y compatible con la pensión de jubilación o incapacidad permanente a la que tuviera derecho.
Por ello, señor ministro, insisto, ¿pretenden modificar esa compatibilidad? ¿Está en sus planes que la pensión de viudedad sea incompatible con la percepción de otras rentas? Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular no queremos crear alarma.
Les aseguro, señorías, que esa no es nuestra intención. Sencillamente queremos que usted se aclare y de paso nos aleje las dudas que nos crea usted con todas sus afirmaciones, que nos aclare de una vez qué es lo que pretende hacer con las pensiones de viudedad.
Lleva un año lanzando informaciones gota a gota a los medios de comunicación. Y, por cierto, a esa política del goteo se le suma también el secretario de Estado de Seguridad Social que ha dicho que las pensiones de viudedad son insostenibles. Han dicho también: Trabajo alerta de que la Seguridad Social entrará en déficit en el 2015; Trabajo prevé recortar la pensión de las viudas con rentas más altas; y el Gobierno quiere que las pensiones de viudedad para menores de 65 años sean temporales. Como puede ver, gotas de intenciones que van siempre en las misma línea y que --insisto-- me preocupan, nos preocupan, y alarman a los ciudadanos.
Señor ministro, vemos que ustedes están trabajando en la misma dirección iniciada por el Partido Popular hace diez años. Usted sabe muy bien cómo se aumentaron las pensiones de viudedad para menores de 60 años en un 79 por ciento y usted sabe muy bien también cómo se incrementó ese porcentaje para el cálculo de las pensiones de viudedad que ustedes dejaron en el año 1995 en un 45 por ciento y que el Partido Popular subió al 52 por ciento.
Por ello, señor Caldera, desde el Grupo Parlamentario Popular le pedimos ese compromiso...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.

La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Termino, señor presidente.
... de continuar mejorando esas pensiones de viudedad. Son todavía muchas las viudas que están cobrando una pensión inferior a 450 euros.
Señor ministro, por favor, permítame la osadía, y no me lo tome a mal, de decirle que sea valiente, que sé que lo es, que no se deje influenciar por su entorno ministerial con este tema. No está en juego el déficit presupuestario del Estado, sino el modelo de sociedad que hemos creado entre todos. No pase a la historia de este país como el ministro Caldera, aquel que rebajó las pensiones de viudedad.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Pierda cuidado, señoría, porque lo único que hemos hecho hasta ahora ha sido subir las pensiones de viudedad mucho más que en el período anterior, por supuesto, porque las subidas a las que su señoría hace referencia afectaban a muy pocas pensiones de viudedad, mientras que ahora están subiendo todas y, además, en algunos casos hasta el 16 por ciento en solo dos años, la mayor subida de nuestra historia.
Claro que hacen falta reformas --lo dice el Pacto de Toledo--, y es lo que estamos dialogando con los interlocutores sociales porque queremos mantener --no se preocupe usted-- y profundizar en la mejora de las pensiones mínimas de viudedad. Por tanto, primer punto: el acuerdo partirá de la base de que vamos a aumentar las pensiones mínimas de viudedad muy por encima --muy por encima-- de la subida de los precios.
Segundo: se extenderán las pensiones de viudedad a las unidades familiares no matrimoniales --espero que no le parezca mal y que su moral le permita estar de acuerdo si extendemos la pensión de viudedad a las uniones no matrimoniales--. Por tanto, va a haber más pensiones de viudedad, aunque claro, para aquellas personas que tengan convivencia estable y dependencia económica respecto de la persona fallecida en el caso, repito, de pensiones de viudedad de unidades no matrimoniales. En tercer lugar, vamos a hacer una reforma de la pensión de viudedad en relación con las personas divorciadas --espero que también esté de acuerdo--. Si se produce una ruptura de la convivencia se produce una nueva situación y habrá una reforma que estamos discutiendo ahora con los interlocutores sociales.
En cualquier caso, cualquier modificación no se hará en contra ni perjudicará a nadie, sino que beneficiará. El objetivo del Gobierno es mejorar las pensiones de viudedad, en especial de aquellas más bajas, las que tienen menos ingresos, garantizando, cuando tengan esas necesidades, que su pensión siempre se va a incrementar por encima de la subida de los precios. En definitiva, más política social y más protección para todas estas personas.
Muchas gracias.


-- DE DON JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA UNA DECISIÓN ACERTADA Y COHERENTE CON LA ESPECIAL ATENCIÓN DEL HECHO INSULAR LA SUPRESIÓN DE LA EMISORA DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA (RNE) EN LA ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (S. 680/000875).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
La pregunta del senador Esquerda ha sido retirada. Por lo tanto, pasamos a la pregunta del senador Perestelo.
Tiene la palabra su señoría.

El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro.
En Canarias no entendemos, y mucho menos en La Palma, el plan impuesto por la SEPI en Radiotelevisión Española. La solución, por ejemplo, de las corresponsalías de Radio Nacional de España para atender a las islas menores, en un territorio alejado y fragmentado, nos parece bien, pues la radio cumplirá con funciones informativas, sociales y culturales de primer nivel, cosa que hasta ahora no ha sucedido, salvo en casos puntuales. Pero ese modelo ajustado en cuanto a coste económico que decide que La Palma se quede sin emisora y se convierta en una simple corresponsalía, cuando existen razones de peso para mantener un servicio público esencial con todas sus consecuencias, nos parece poco coherente con la propia historia e implantación de los medios de comunicación en esta isla.
Señoría, La Palma alberga el mejor observatorio de astrofísica del hemisferio norte y la sede del Diputado del Común. Hasta ahora Radio Nacional de España ha sido la voz de una isla con muchas raíces en la creación autonómica y del Estado, superando la barrera de la fragmentación geográfica y los problemas orográficos que en la propagación de las ondas tienen otras cadenas y emisiones locales. Radio Nacional de España anexionó en su día a Radio Cadena Española, un ente que, a su vez, se había formado con la fusión de las emisoras procedentes de la CAR, la REM y la CES, cada una con sus respectivas frecuencias. Así fue como surgió La Voz de la Isla de La Palma, fundada en 1960, antes, mucho tiempo antes de que a Radio Nacional de España se le ocurriera poner sus repetidores en Canarias con la inauguración en 1964 del Centro Emisor del Atlántico. Perdió sus frecuencias a favor del nuevo ente, en aquel momento primero Radio Cadena y Radio Nacional después, que se aprovechó de la implantación que tenía nuestra emisora en el pueblo.
La emisora origen de la radio en La Palma la hemos sentido siempre como un patrimonio de todos, y este sentimiento de los palmeros lo heredaron en una época Radio Cadena Española y Radio Nacional de España.
Así lo entendió el director general Jordi García Candau cuando firmó con el cabildo de la isla de La Palma un convenio para hacer unos estudios de nueva planta, sin coste alguno. Según el citado acuerdo Radio Televisión Española se comprometía a cumplir con su labor cultural, informativa y de divulgación de la propia isla. Los estudios de Radio Nacional de España en La Palma fueron perfectamente acondicionados por el cabildo, alojando incluso la corresponsalía de Televisión Española en Canarias.
Con este anuncio de cierre tememos y tenemos la impresión de que una de las partes, en este caso Radio Televisión Española, no está cumpliendo con sus compromisos en la isla. Por eso le formulamos esta pregunta, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, por supuesto que el Gobierno respalda las decisiones que adopta el ente público de Radiotelevisión Española y su accionista la SEPI, como no podría ser de otra manera.
Como usted sabe, el plan de saneamiento de Radiotelevisión Española tiene como objetivo fundamental garantizar un servicio público que sea de calidad, pero hacerlo también de una manera eficiente y eficaz. Por supuesto que el plan otorga una gran importancia a la información porque es un elemento básico de servicio público y por el papel que debe desempeñar en la cohesión territorial de nuestro país. Y para garantizar una información completa e independiente, como usted sabe, contempla la existencia de unidades informativas en todas las provincias. Y es más, precisamente atendiendo al hecho insular el plan da el tratamiento de provincia a cada una de las islas canarias. Por ello, en concreto en la isla de La Palma, prevé la existencia de una unidad informativa mixta de Radiotelevisión para garantizar esa cobertura informativa.
Es preciso tener en cuenta, señoría, que con este plan Radiotelevisión Española persigue una gestión más eficiente del ente y una eficacia que podría alcanzarse buscando también, quizás, fórmulas de cooperación con otras radios y televisiones públicas. Usted ha hecho una descripción a lo largo del tiempo, y hay que tener en cuenta que muchas cosas han cambiado en nuestro país, en concreto algo que es esencial, que es el desarrollo del Estado de las Autonomías y la existencia, por supuesto, de muchas más televisiones y radios públicas que en su momento no existían y que, evidentemente, a la hora de abordar este plan la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha de tener muy presente.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Perestelo.

El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no nos satisface la respuesta. Entendemos que no se ajusta al compromiso que en su día la isla de La Palma asumió con Radio Nacional de España realizando un esfuerzo presupuestario propio para acondicionar las instalaciones, para tener unas instalaciones dignas para Radio Nacional de España. Creemos que la historia, e incluso la propia ley aprobada recientemente en esta Cámara, esa nueva ley de radio y televisión pública, contempla la posibilidad de mantener ese hecho diferencial. Radio Nacional de España en La Palma deja de cumplir unilateralmente en estos momentos un convenio suscrito con el Gobierno de la isla, con el cabildo insular, y por eso le solicitamos que vuelvan a pensar lo que significa romper esos compromisos y que, por el contrario, podamos encontrar un punto de encuentro para poder continuar con la vigencia de Radio Nacional en la isla de La Palma, como ha sido así históricamente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el ministro de Industria.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, supongo que usted es consciente de la situación insostenible en que se encuentra Radiotelevisión Española desde el punto de vista financiero. Es precisamente por eso que se ha puesto en marcha un plan al que antes hacía mención, y que también forma parte del objeto de su pregunta, que se está negociando también con los interlocutores sociales, en este caso de Radiotelevisión Española.
Señoría, hemos de tener en cuenta que, al margen de estas consideraciones, que tienen que ver más con la situación financiera del ente, también hay algo que debemos tener presente, y es que también en el ámbito de la radio y la televisión es positivo avanzar en una estructura más acorde con el actual Estado autonómico y con la España plural que estamos construyendo entre todos.
En definitiva, señoría, el Gobierno entiende que el plan, además de permitir gestionar el ente con mayor eficiencia, cumple el objetivo inicial al que he hecho referencia al principio que, por supuesto, ha de ser garantizar un servicio público de calidad, de forma eficiente y eficaz, pero también mirando hacia la España plural.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA MANERA EN QUE VA A QUEDAR GARANTIZADO EL DERECHO DE TODOS LOS ESPAÑOLES DE DISFRUTAR DE LA RETRANSMISIÓN EN ABIERTO DE TODOS LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN NACIONAL ESPAÑOLA EN EL PRÓXIMO CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL DE ALEMANIA (S. 680/000887).

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el senador Vázquez Portomeñe.
Tiene la palabra su señoría.

El señor VÁZQUEZ PORTOMEÑE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le pregunto por la manera en que va a quedar garantizado el derecho de todos los españoles a disfrutar de la retransmisión en abierto de los partidos de la selección española en el próximo campeonato mundial de Alemania, así como del inaugural y de la final, declarados de interés general.
Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera):
Gracias, señor presidente.
Señoría, no se preocupe porque los españoles podrán ver, por supuesto en abierto y gratis, los partidos de la selección, de acuerdo con lo que prevé la legislación vigente y de acuerdo con lo que prevé, por supuesto también, el catálogo de acontecimientos de interés general para esta temporada que, como usted sabe, contempla lo que hace referencia al mundial.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ PORTOMEÑE: Señor ministro, no me diga que no debo preocuparme. ¡Naturalmente que me preocupo! Fíjese si me preocupo que me estoy acordando en este momento --y con vehemencia-- de un viejo proverbio suizo que decía lo siguiente: Las palabras son enanos y los ejemplos gigantes. De momento yo no veo en el horizonte más que negociaciones entre las distintas televisiones --negociaciones por cierto frustradas-- y veo también sus palabras, pero no veo ni acciones, ni soluciones, ni que esto pueda tranquilizar a los españoles.
Señor ministro, quiero recordarle algo que usted conoce perfectamente, y es que la Directiva europea Sin Fronteras y la Ley española 21/1997 consagran el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de la retransmisión de los acontecimientos deportivos de interés general. La filosofía de estas normas se ve acentuada en el caso del fútbol, porque este deporte, señor ministro, por esencia y por sus propias características, como usted no ignora, no es ya un simple juego sino un mundo en el que se mueven millones de personas y profundos sentimientos.
Y tenemos en España dos ejemplos bien recientes. Dos ciudades españolas, ilustres por su Historia, Sevilla y Barcelona, se han visto honradas con enorme brillantez con la conquista de los premios de dos campeonatos europeos. Esto nos ha llenado de satisfacción a todos los españoles y ha creado un especial sentimiento, un sentimiento que la selección de España transmite constantemente y que se va incrementado de forma cuantitativa.
La selección es la más capaz para generar la audiencia más extensa territorialmente. Señor ministro, la selección es un elemento de referencia generador de sentimientos profundos de los españoles y es un elemento de unión. Y usted, como miembro del Gobierno, está obligado legal y éticamente --y me consta que conoce usted esta obligación y que está dispuesto a cumplirla aunque de momento no veamos nada de nada--, decía que está usted obligado a mantener y a potenciar este vínculo. Pero eso sólo se logra universalizando el derecho de todos los españoles y no respetando simplemente una adjudicación a una televisión analógica --que no digo que se tenga que conculcar, se habrá de respetar pero corregida-- que tiene por limitación, incluida la propia concesión, el 70 por ciento de cobertura de los ciudadanos, y que cuando llegue el Mundial probablemente apenas rebasará el 60 por ciento ya que de momento no rebasa casi ni el 50 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.

El señor VÁZQUEZ PORTOMEÑE: Termino, señor presidente.
Y no se me diga que estos porcentajes no son de aplicación por cuanto que el propio director de deportes de La Sexta nos ha reconocido públicamente que en un esfuerzo titánico se llegue tal vez a un 80 por ciento. En todo caso, una quinta parte de los españoles de las áreas rurales, justamente las más humildes, quedarán privados de este derecho que venimos glosando.
Señor ministro, yo le digo que el sol ha de brillar para todos.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el ministro de Industria.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, por supuesto que el sol ha de brillar para todos, el Mundial también, y así será, porque aunque hoy sólo vea usted palabras, en realidad en un debate es lo que procede, pero cuando llegue el Mundial podrá usted ver a la selección.
Señoría, le voy a decir lo mismo que le dije la semana pasada a un diputado de su partido en el Pleno del Congreso cuando también preguntaba al Gobierno sobre el tema que hoy nos ocupa. Por supuesto que el Gobierno garantizará el cumplimiento de la ley que, como usted sabe, dice que las competiciones y los acontecimientos deportivos de interés general deben retransmitirse en directo, en emisión abierta y para todo el territorio del Estado.
Como usted sabe, el Gobierno ha incluido la participación de la selección española en el Mundial de fútbol de Alemania en el catálogo de acontecimientos de interés general para esta temporada, por lo que los partidos de la selección española podrán ser vistos por el conjunto de la población de manera gratuita, exactamente como ocurrió en el Mundial del año 2002, entre otras cosas, porque se va a aplicar la misma legislación, una legislación que, por cierto, elaboraron ustedes y con la que supongo estarán aún de acuerdo. Por tanto, señoría, no hay por qué sembrar dudas sin sustento alguno sobre si podrán verse o no los partidos de la selección española en el Mundial. Yo entiendo que a ustedes les preocupe este tema, pero a nosotros, por supuesto, nos preocupan los ciudadanos, y lo que no nos interesa a este respecto es que se distraiga la atención de la gente del Mundial de fútbol con un tema que subyace y que es el de cuestionar la opción de este Gobierno de que haya más canales de televisión, más pluralidad y más opciones, lo cual en ningún caso es negativo.
En definitiva, señoría, no se preocupe usted. La ley se cumplirá. Además, en ella se establecen, como usted muy bien sabe, los mecanismos que garantizan su cumplimiento. Y, por supuesto, el sol brillará para todos, estén en áreas rurales o urbanas.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A QUE LA COMISIÓN EUROPEA Y EL TRIBUNAL SUPREMO CUESTIONEN LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE MINISTROS, EN RELACIÓN A LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES (OPA) DE GAS NATURAL, SDG, SOBRE ENDESA, S. A. (S. 680/000889).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Seguí. Tiene la palabra su señoría.

El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿podría decirnos qué opinión le merecen al Gobierno los varapalos que viene recibiendo tanto del Tribunal Supremo como de la Unión Europea en relación con las decisiones adoptadas para favorecer la OPA de Gas Natural sobre Endesa y perjudicar la instada por la alemana E.ON sobre la misma empresa energética española? Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Industria.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted sabe, el Tribunal Supremo aún no ha adoptado ninguna decisión sobre el fondo del asunto. Sólo ha habido una suspensión cautelar, como es lógico, mientras analiza el contenido del acuerdo del Consejo de Ministros. Lo que ha iniciado la Comisión Europea ha sido un procedimiento, uno de los muchos que tiene abiertos el Estado español
--ni muchísimo menos es el que tiene más--, procedentes en su mayoría, por cierto, de la época en que gobernaba el Partido Popular. Por tanto, dejemos actuar a las instituciones, dejemos que hagan su trabajo. No prejuzgue y, sobre todo, sea usted un poco más riguroso y aténgase a la verdad sin distorsionarla. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Seguí.

El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, debo decirle ante todo que sorprende su actitud. Son ustedes el Gobierno de este país, pero no lo parecen. Un gobierno que se precie no ningunea ni desoye a las autoridades europeas de la forma en que ustedes lo han hecho. Y menos aún lo hace un gobierno --en este caso ustedes-- si se le ha llenado la boca de europeísmo y ha sido el primero en impulsar el apoyo popular a la nonata constitución europea. Y lo hace aún menos si además hay abierto un expediente sancionador en materia de competencia o si incluso ya planea la sombra del Tribunal Europeo de Justicia.
Un gobierno que se precie no se enfrenta con lo que el señor Zapatero ha llamado la vieja Europa, si justamente antes lo único que hacía era ensalzarla meramente para defender particularismos o intereses particulares. Señor ministro, un gobierno que se precie lo que hace es demostrar objetividad e imparcialidad respecto de las normas, cumplir las reglas establecidas y mantenerlas mientras dure el debate o la pugna.
Pero ustedes, señor ministro, tal y como les recuerda la Unión Europea, han favorecido descaradamente una opción empresarial que han estimado más conveniente, o por la que tenían preferencias inconfesables, y han tratado de desbancar otra por la vía del decreto-ley en tres días.
Han conseguido ustedes algo histórico: que el Tribunal Supremo les suspenda cautelarmente todo un acuerdo del Consejo de Ministros y que les dé un fuerte toque de atención en la fundamentación jurídica de su resolución. Señor Montilla, ustedes han logrado que el Tribunal Supremo entienda, con toda la sociedad española, que ustedes no están por la libre competencia y que priman por encima de tan europeo principio el interés político, el favor empresarial o los secretos inconfesables. Aún están a tiempo, señor ministro, de cambiar de actitud. Aún están a tiempo de abrazar con convencimiento ese espíritu europeísta que con tanto ahínco defendía no hace tanto tiempo su presidente, el señor Zapatero.
Porque no es hora de despreciar a las instituciones para luego no lograr absolutamente nada. No tiene sentido desprestigiar a organismos consultivos como la CNMV o la CNE para no llegar a ninguna parte. Porque, señor Montilla, no merece la pena dilapidar todo el prestigio de este viejo país para no lograr más que nada de nada.
Si ustedes hubieran hecho todo esto para defender a la empresa española y hubiesen actuado realmente en defensa del interés nacional, alguien podría entenderlo, que no nosotros, pero es que resulta evidente que, tal y como les recuerda el propio Tribunal Supremo, con su decisión de amparar la OPA de Gas Natural ocasionan perjuicios irreparables y en absoluto compensables con las graciosas, entre comillas, medidas pretendidamente limitativas que constan en el acuerdo del Consejo de Ministros.

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.

El señor SEGUÍ DÍAZ: Termino, señor presidente.
Sabe perfectamente que ustedes han actuado así porque quienes promovieron la operación de Gas Natural-Endesa hablaban con la certeza de contar con el Boletín Oficial del Estado y con la seguridad de que ustedes estaban detrás, y eso no es admisible en este país.
Señor ministro, finalmente, he de decirle algo por si se va. Antes de irse haga que este Gobierno que nos ha tocado en suerte vuelva al camino de la cordura. Si lo hace y se va,

habrá hecho por fin dos cosas buenas: rectificar e irse. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, le podría decir aquello de: me alegro de que me haga esta pregunta, sobre todo por la novedad, señor Seguí. (Risas.) Insisto en que aquí nadie a cuestionado nada. Únicamente, las instituciones a las que usted se ha referido, el Tribunal Supremo y la Comisión Europea, están estudiando unas decisiones del Gobierno; algunas de ellas, por cierto, refrendadas por amplia mayoría del Parlamento, salvo el Partido Popular. Y, señor Seguí, no confunda la Comisión Europea, que no deja de ser una institución cuyas decisiones se pueden cuestionar como usted lo hace con este Gobierno, con la Unión Europea.
Pero da igual porque, como he dicho en muchas ocasiones, tantas como usted ha tenido a bien preguntarme, a ustedes no les importa lo que yo les diga, ni les interesa la respuesta del Gobierno a sus preguntas. La prueba es que siempre hacen las mismas preguntas. No van a atender a razones porque entonces tendrían que darle la razón al Gobierno, y ustedes prefieren apuntarse a la demagogia y a la confusión, señor Seguí.
Para ustedes todo vale, señoría. Ha vuelto usted a soltarnos un mitin, seguramente más propio de un acto de su partido, señor Seguí, que de la Cámara en la que estamos. Solo le voy a decir una cosa más. Resulta penoso que estén ustedes utilizando el Parlamento, donde se deben debatir asuntos de interés para los ciudadanos, para insistir en un asunto que solo le interesa al Partido Popular. Solo les importa a ustedes porque están peligrando los intereses, que no sabemos cuáles son, de algunos conocidos y de un amigo muy particular del señor Aznar. Como le dije la última vez que hablamos de este asunto, algún día serán ustedes los que tengan que explicar por qué defienden con uñas y dientes el interés de este señor en lugar de defender el del sector energético español, señor Seguí. Repito que para ustedes sí que vale el lema, como ya le dije, de antes alemana que catalana, es decir española, aunque intenten encubrirlo, señor Seguí.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JORDI GUILLOT MIRAVET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE POGRÉS, SOBRE LA EVALUACIÓN Y PREVISIÓN DE AMPLIACIÓN DE COMPETENCIAS REGULADORAS QUE TIENE EL GOBIERNO DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES (CMT) (S. 680/000890).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Guillot.
Tiene la palabra su señoría.

El señor GUILLOT MIRAVET: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, le formulo la pregunta basándola en dos cuestiones.
En primer lugar, hace aproximadamente un año que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se trasladó a Barcelona. ¿Cuál es el balance que hace el Gobierno de este traslado? En segundo lugar, el artículo 47 de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, crea formalmente la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones. No obstante, esta agencia no se ha creado hasta la fecha, por lo que las competencias de esta entidad se mantienen en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria.
En el marco del proceso de descentralización y transferencia de competencias a los organismos independientes no tiene mucho sentido crear una nueva agencia para la regulación del espectro, cuando ya existe un organismo regulador e independiente para el sector audiovisual como es la CMT. Nos parece más lógico plantear que las competencias de regulación sobre el espectro se incorporen a las competencias de la CMT, ya sea mediante el desarrollo reglamentario de la Ley General de Telecomunicaciones o mediante una futura reforma legal.
Desde distintos ámbitos económicos se ha reclamado que esta competencia sea asumida por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, como ponen de manifiesto las declaraciones realizadas por la Cámara de Comercio de Barcelona. ¿Cuál es la opinión del Gobierno? Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Industria.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno no tiene prevista ninguna ampliación de competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Las funciones que la Ley General de Telecomunicaciones otorga a la no creada agencia no son solo de carácter regulatorio sino, también, de otro tipo.
Como usted sabe, se ha previsto y anunciado la creación del consejo superior de medios audiovisuales mediante un proyecto de ley que se enviará próximamente a las Cortes Generales. Es después de la aprobación de esta ley cuando puede considerarse la posibilidad de hacer una evaluación de las competencias de la CMT, si es que resulta necesario.
Señoría, todo ello sin perjuicio de realizar, además, una valoración positiva del traslado y de los trabajos que en este momento se están realizando, una vez que la comisión lleva unos meses en su actual ubicación en Barcelona.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Si su señoría no hace uso de la palabra, pasamos a la siguiente pregunta.


-- DE DON FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LOS PLANES PREVISTOS POR EL GOBIERNO PARA LA RESTITUCIÓN A SUS LEGÍTIMOS PROPIETARIOS DEL PAÍS VASCO DE LOS DOCUMENTOS QUE FUERON INCAUTADOS Y SE HALLAN CUSTODIADOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA DE SALAMANCA (S.
680/000882).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Maqueda Lafuente. Tiene la palabra su señoría.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Le formulo la pregunta en sus justos términos. ¿Qué pasos tiene previsto dar el Gobierno a fin de posibilitar la restitución a sus legítimos propietarios del País Vasco de los documentos que les fueron incautados y se hallan custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Cultura.

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted bien sabe, porque ha sido objeto de debate e intercambio de información entre su señoría y yo, lo que está previsto en la adicional primera de la ley es la devolución a los particulares, personas jurídicas o físicas, mediante el procedimiento que establezca el Gobierno, que será canalizado a través de las comunidades autónomas, que puedan acreditar su pertenencia de manera fidedigna, de tal modo que esos documentos de diverso tipo puedan ser restituidos a los titulares legítimos después del expolio que significó su llegada al Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Maqueda.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, como usted bien ha apuntado, hemos hablado varias veces sobre esta cuestión, pero desde la última vez que lo hicimos en febrero se han producido grandes avances. Por una parte, los papeles de Cataluña ya están allí, paso importante.
En segundo lugar, el presidente de los socialistas vascos, Patxi López, acaba de visitar Salamanca y ha hecho unas declaraciones en las que ha puesto de manifiesto que su formación --habla del Partido Socialista-- se mueve por el principio básico de que aquello que se expolió por la fuerza durante la dictadura se pueda devolver por ley, en libertad y en democracia, a sus legítimos propietarios. Pero luego comentaré algo más de las palabras de Patxi López.
Por otro lado, como usted bien conoce, existe un acuerdo del Parlamento vasco fechado en abril, que contó con los votos de su partido, el Partido Socialista, y de numerosos ayuntamientos de Euskadi, en el que se solicita la devolución de estos papeles, y repito que contó con los votos de su partido, el Partido Socialista.
En cuarto lugar, como señala la pregunta que le va a formular a continuación el senador Castro Rabadán, más papeles van a ir al Archivo de Salamanca para conformar esa memoria histórica, por lo que parece un buen momento para dejar sitio y facilitar que esos papeles puedan ubicarse allí.
Por último, tanto el «lehendakari» como la consejera de Cultura, le han enviado unas cartas solicitándole que les reciba. Quiero conocer su compromiso al respecto y si existe esa posibilidad de diálogo, no solo para hablar de los papeles, sino también del traslado del «Guernica» de Picasso a Bilbao desde octubre del año que viene a marzo del siguiente con motivo de un aniversario concreto y mediante petición formal, aunque sé que esto no es objeto de la pregunta.
Patxi López ha dicho recientemente en Salamanca que le unen más cosas a un socialista de Salamanca que a un nacionalista de Bilbao. Ahí no tengo nada que añadir, creo que la frase lo dice todo. Y apuntó, y esto sí que me importa, que José Luis Rodríguez Zapatero dijo que lo que es aplicable a Cataluña también lo es para el País Vasco, y supongo que ahí usted tendrá algo que decir.
Como sabe, y lo ha dicho recientemente el «lehendakari», con los votos del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, Aralar y el tripartito vasco, se ha pactado recientemente una petición para que los archivos sean devueltos. No nos preocupan los actos que está organizando el Partido Popular, en concreto su alcalde, para mañana día 25 de mayo, a los que ha invitado a catedráticos, historiadores y miembros de las reales academias. Yo soy catedrático y miembro de una real academia y creo que tengo el mismo derecho a pedir los papeles que el para decir lo contrario en el festejo que está organizando para mañana.
Además, el señor don Antonio Rivera, un compañero suyo y miembro del Partido Socialista de Euskadi, ha declarado que habló con el ministerio, que ustedes sabían que íbamos a pedir el traslado y que parecían estar totalmente de acuerdo.
En definitiva, señora ministra, le pido un compromiso para que nos reciba y nos sentemos, no para que me diga que devolvamos los papeles de la Fundación Sabino Arana, que lo vamos a hacer porque no tenemos ningún inconveniente, sino para hablar de cómo vamos a organizar esto.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Cultura.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, yo no me puedo mover por comentarios ni por titulares de prensa.
A día de hoy --y quizá esté llegando esa carta del «lehendakari» en este momento o llegue mañana-- en mi mesa no hay una petición del «lehendakari» para entrevistarse conmigo; inmediatamente que la haya, le recibiré por razones de obligación constitucional y de lealtad entre las administraciones públicas --faltaría más--; lo digo públicamente para que quede rotundamente claro y establecido. A día de hoy no ha llegado esa petición, pero en cuanto llegue me reuniré con él.
Haciendo caso estricto al procedimiento del Estado de Derecho, este Gobierno se limita a dos cosas: primero, a cumplir un mandato de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados en concreto, de mayo de 2004. Si nos leemos esa proposición no de ley con todos sus puntos y comas, vemos que se trasladó a una ley que el Gobierno deposita en su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales --la sede de la soberanía democrática de todos los españoles con arreglo al artículo 66 de la Constitución--, y son estas Cortes Generales, estas dos Cámaras, quienes deciden el contenido de esa ley que se produce en noviembre de 2005. El Gobierno se está limitando a cumplirla, como es su obligación en el marco de sus competencias en una institución del Estado que está en Salamanca.
Repito, señoría, me alegro del futuro nacimiento de un archivo general o nacional en Euskadi --que conozco por los debates del Parlamento vasco--, y estaremos siempre en la disposición de cooperación leal por los fondos documentales de este país y del conjunto de los españoles, se hallen donde se hallen. En este momento estamos cumpliendo una ley en su disposición adicional primera que trata a los particulares, a los ciudadanos vascos propietarios de documentos con los mismos criterios de igualdad que al resto de los españoles; esa es la situación de la que yo hoy puedo darle a usted cuenta e información. Cuando se produzca esa propuesta de reunión con el «lehendakari» le recbiré, acordaremos lo que tengamos que acordar, pero en el marco de nuestras competencias nos limitamos a hacer caso a estas Cortes Generales y a cumplir en el marco del Estado de Derecho una ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JOSÉ CASTRO RABADÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LLEGARÁN A SALAMANCA POR DONACIONES PARA INCREMENTAR LOS FONDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, QUE SERVIRÁN PARA CREAR EL NUEVO CENTRO HISTÓRICO DE LA MEMORIA RECUPERADA EN DICHA CIUDAD (S. 680/000892).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Castro Rabadán. Tiene la palabra su señoría.

El señor CASTRO RABADÁN: Señor presidente, señora ministra.
El llamado hoy Archivo de la Guerra Civil de Salamanca nació como oficina de información en 1937 con el fin de ser utilizado como centro documental por la dictadura franquista para la represión de todos aquellos ciudadanos españoles que fueron leales al Gobierno democrático de la República. En sus dependencias se almacenaron documentos incautados violentamente a particulares, instituciones, partidos y organizaciones de la España republicana que sirvieron como pruebas en los procesos de represión política realizados por los tribunales en la dictadura. Durante 40 años en esta oficina siniestra se realizaron más de tres millones de fichas de personas consideradas enemigas del régimen dictatorial franquista, autodenominado Movimiento Nacional; más de 150.000 ciudadanos españoles fueron depurados y asesinados por la dictadura desde 1939 hasta la década de los setenta sobre la base de la documentación requisada.
En 1977, la legalidad democrática acabó con este organismo de la dictadura y a partir de 1979, ya como Archivo de la Guerra Civil, se convierte en institución del Estado para la investigación, aunque con grandes lagunas y carencias documentales, pues a pesar de su título no contiene toda la documentación necesaria para conocer el período histórico de que se trata. Es por ello por lo que el Gobierno actual ha considerado crear el nuevo Centro Histórico de la Memoria Recuperada abarcando todos los años desde la república, guerra y dictadura hasta 1978, año de la Constitución democrática. Con este objetivo se dota a Salamanca del nuevo centro para el estudio de nuestra historia más reciente, mejorando el archivo, impulsándolo y transformándolo en uno de los grandes centros para el conocimiento de la historia de España durante parte del siglo XX.
El centro, que se ubicará en el Palacio de Orellana
--cuya expropiación está en marcha, a punto de concluirse--, duplicará el número de funcionarios que hoy tiene el archivo. Para cumplir el fin investigador se hará llegar por el Ministerio de Cultura y otros al nuevo Centro Histórico de la Memoria Recuperada en Salamanca documentación, colecciones y fondos adquiridos y cedidos a y por instituciones y particulares desde diferentes países.
Por ello, pregunto: ¿Qué valoración realiza el Gobierno de los papeles y documentos que llegarán a Salamanca por donaciones desde diferentes países hechas por instituciones y particulares para incrementar los fondos del archivo estatal de la Guerra Civil que servirán de dotación básica para crear el nuevo Centro Histórico de la Memoria Recuperada en dicha ciudad de Salamanca? Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Cultura.

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, ha puesto el verbo en futuro, pero estamos en presente: han llegado muchos documentos ya y, afortunadamente para esta institución del Estado en la ciudad

de Salamanca, me faltarán minutos en esta figura jurídica de las preguntas orales para contestarle el trabajo ya hecho.
El Gobierno ha manifestado en numerosas ocasiones que la democracia española está lo suficientemente madura y la ciudadanía más como para poder hablar abiertamente, de manera sincera y verdadera de un pasado traumático que todavía está en la memoria viva de muchos españoles y que tiene que ver con la Guerra Civil, que tiene que ver con el exilio y con la represión franquista. En muchas ocasiones se ha dicho --y no he sido yo, sino quienes me han precedido en la responsabilidad ministerial-- que era el archivo de los vencidos. Este Gobierno no quiere que haya archivo de vencidos ni de vencedores, sino archivo a disposición de la comunidad científica y de los ciudadanos en general para tener una información verdadera y completa.
Afortunadamente, hemos preservado la unidad funcional del Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca a todos los efectos, a pesar de lo que muchos se empeñen en decir de manera absolutamente impropia por parte de quienes son responsables de instituciones. Me va a faltar tiempo para decirle los documentos que ya han llegado y los que van a llegar próximamente. Provienen de instituciones públicas y privadas, unos provienen del interior de nuestro país --del Estado español-- y otros, naturalmente, tienen procedencia internacional; nos están llegando con diferentes instrumentos jurídicos --donaciones, comodatos, compras-- y son documentos diferentes: hemerográficos, bibliográficos, audiovisuales, maquetas, esculturas, incluso obras pictóricas. De momento hemos recibido ya en Salamanca todos los dibujos de Heinz Raebiger, que formó parte de los reporteros alemanes que siguieron tristemente el conflicto civil.
Hemos recibido 31 cajas de documentación de la Federación Española de Deportados e Internados Políticos desde Francia, que fue el primer exilio republicano. Hemos recibido nueve cajas de documentación de los exiliados españoles en Nantes. Hemos recibido el archivo fotográfico de Amadeo Calzada, de Toulouse, con 900 fotografías de 1940 a 1960 que plasman las actividades del colectivo de los exiliados en Francia. Hemos firmado un convenio con el Ministerio de Cultura en Francia para reproducir todos los documentos de la red de archivos públicos franceses donde está el exilio español. Hemos reproducido 10.000 imágenes del fondo de Cruz Roja Internacional --especialmente de ella-- en la que están los 6.000 nombres de los españoles internados en los campos de concentración nazis. Hemos realizado todas las gestiones para que llegue próximamente una parte importante de los documentos que trasladan toda la historia relativa a la Asociación de Niños de la Guerra del Centro de Estudios de Documentación en Gante. Hemos recibido digitalizados y reproducidos de los archivos rusos --mediante un convenio que hemos firmado con el Ministerio de Cultura-- documentos relativos a la presencia de exiliados, con nombres importantísimos para la cultura española como Alberti, Bergamín, Teresa León, Baroja, Sender y otros. En este momento estamos a punto de recuperar 360 fondos documentales referentes al exilio español en Argentina procedentes del Centro Republicano Español de Buenos Aires.

El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Se lo decía, señoría, me faltaba tiempo para contestar lo que ya está en Salamanca y lo que queda por llegar a Salamanca (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


-- DE DON JUAN ANTONIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO DE LA CONFERENCIA «EUROPA POR EL DIÁLOGO INTERCULTURAL» CELEBRADA EN GRANADA LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2006 (S. 680/000894).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Álvarez Fernández. Tiene la palabra su señoría.

El señor ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, me voy a salir un poco del guión y no le preguntaré sobre Salamanca. Existe cultura más allá de Salamanca. (Risas.) Si hablamos de cultura con mayúsculas, como nexo social y territorial y no como división, hemos de hacer referencia al diálogo intercultural, clave para el desarrollo del planeta. Se ha dicho que el riesgo del mundo globalizado es la incomprensión entre las culturas. Sin embargo, los días 27 y 28 de abril de 2006 se celebró en Granada la reunión de «Europa por el diálogo intercultural», continuación de las reuniones que se celebraron en Berlín, París y Budapest, con las delegaciones de 32 países de la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la Unesco, así como muchos representantes de la sociedad civil y de las administraciones culturales.
Con ello, Europa se pone al frente del diálogo intercultural, tal y como quedó perfectamente recogido en el propio texto de la Constitución europea, donde se decía que Unión contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común.
Es evidente que los valores culturales europeos son el mejor elemento integrador de la ciudadanía. Por ello, los objetivos que se remarcaron en la reunión de Granada fueron los siguientes: fomentar la identidad cultural europea, promover la movilidad de los ciudadanos europeos para formar la identidad cultural europea, la creación de una categoría de patrimonio europeo que promueva y proteja la diversidad cultural. En esta misma línea, se acaba de aprobar también el Programa Cultura 2007. En definitiva, señora ministra, la diversidad de caminos y

metas aparece como el gran tema del siglo XXI. Nuestro reto es construir una sociedad planetaria que reconozca el derecho a la diversidad cultural como riqueza común de la humanidad, en un clima de pluralismo, tolerancia y diálogo. El diálogo intercultural es una cuestión clave para el propio futuro de la humanidad, significa la construcción de un sueño. Por cierto, «La construcción de un sueño» es también el título de un poema de Dulce Chacón, extremeña, fallecida hace dos años, y no de viaje en Cuba, como cree la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ¡que manda narices! o, si quieren, pongan la frase de Federico Trillo. Les voy a leer el poema de Dulce Chacón, que dice así: Siempre hay tiempo para un sueño, siempre es tiempo de dejarse llevar por una pasión que nos arrastre hacia el deseo, siempre es posible encontrar la fuerza necesaria para alzar el vuelo y dirigirse hacia lo alto.
Señora ministra, me gustaría saber qué valoración hace el Gobierno de la importante reunión de «Europa por el Diálogo Intercultural.» Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palara la señora ministra de Cultura.

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Señoría, no me cabe más que agradecerle sinceramente que lea poemas en el Senado.
Los 25 ministros de Cultura de Europa pensamos que la diversidad cultural de Europa, el panorama de pluralidad lingüística, de tradiciones y culturas dentro del marco de la Unión es un activo de Europa y no un problema. Es más, el Gobierno de España sabe que nuestra diversidad cultural interna y nuestra pluralidad cultural, esto que llamamos diversidad cultural --afortunadamente un bien protegido por la Unesco--, es también un activo importante que practicamos los españoles y que hemos de incorporar como parte importantísima del discurso de cohesión y construcción ciudadana de Europa. Tan es así, que hemos conseguido que nuestro país, concretamente la ciudad de Granada sea la sede, junto con Budapest, París y Berlín, para en la preparación del año 2008 como año europeo de diálogo entre las culturas. Frente a quienes dicen, piensan, creen y fomentan el enfrentamiento de las culturas y la cultura como arma arrojadiza de contraste, superioridad e incluso de humillación, los ministros europeos pensamos justo lo contrario. La cultura es el espacio del otro, del diverso, del que nos enriquece, desde donde podemos avanzar en un mundo complejo, afortunadamente complejo, que no funciona en extremo, sino en matices. Nuestro país, junto con Francia y Hungría, tal y como acordamos la semana pasada en Bruselas, empezará a trabajar sobre una figura del patrimonio europeo, sin competir, solaparnos o parecernos a la figura creada por la Unesco de declaración de patrimonio del mundo.
Se trata de empezar a tener un margen, unas rutas, un espacio y un lugar permanente de encuentro, donde lo diverso y, al mismo tiempo, lo único de Europa pueda aportar al mundo un ejemplo de ejercicio, diversidad e igualdad.
Nos sentimos plenamente satisfechos de que nuestros colegas hayan entendido el interés principalísimo del Gobierno de España en esta cuestión y, sobre todo, que las Naciones Unidas hayan recogido la propuesta del presidente del Gobierno respecto al trabajo que hemos de realizar y a la necesidad de la alianza de civilizaciones si queremos prepararnos para un futuro más rico y mejor, donde España tiene mucho que aportar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS BENEFICIOS QUE SUPONDRÁ PARA LA FLOTA PESQUERA ESPAÑOLA LA PRÓXIMA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y EL REINO DE MARRUECOS, APROBADO POR EL PARLAMENTO EUROPEO EL PASADO 16 DE MAYO (S. 680/000898).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Hernández Gutiérrez.
Tiene la palabra su señoría.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, desde su llegada al ministerio, ya nos adelantó, tanto usted como don Juan Carlos Martín Fragueiro, secretario general de Pesca, que una de las líneas de trabajo de su ministerio iba a ser alcanzar un nuevo convenio con Marruecos, que hoy es posible gracias al entusiasmo y la persistencia del Gobierno español, tal y como ha reconocido la propia Unión Europea. No creo que nadie se atreva a negar aquí que esto es fruto del marco de colaboración Rabat-Madrid. Sin embargo, durante el proceso algunos no lo entendieron. En esta misma casa, el Grupo Parlamentario Popular criticó en comisión la salida del «Vizconde de Eza» al caladero marroquí. Se ha trabajado mucho, muchísimo para restablecer la confianza rota durante los años de gobierno del Partido Popular. Por fin hoy recogemos los frutos, y serán 119 barcos comunitarios los que pescarán en caladero marroquí, cien de ellos barcos españoles.
Como usted bien sabe, porque parece que la ha aplicado punto por punto, y le damos las gracias por ello, a finales del año 2005 se aprobó en comisión, sin los votos del Grupo Parlamentario Popular, desgraciadamente, una moción a instancias de Coalición Canaria y con una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, respecto al reparto de licencias. La no renovación del anterior acuerdo dio lugar a un importante proceso de reconversión y reordenación de la flota pesquera española y de los 153 barcos vigentes que operaban con el anterior acuerdo, cien van a poder retornar; después de siete años, cien de nuestros barcos volverán a pescar en caladero marroquí.
Señora ministra, déjeme que como senadora canaria y en nombre de nuestra flota, le agradezca el esfuerzo, tanto

por la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, como por conseguir un consenso en el reparto de licencias a través del diálogo con el sector.
La pregunta que quería hacerle es la siguiente: ¿qué beneficio supondrá para la flota pesquera española la entrada en vigor de dicho acuerdo? Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señora Hernández, quiero comenzar diciéndole que el Gobierno valora muy positivamente el acuerdo de pesca alcanzado con Marruecos, que va a permitir faenar a cien barcos en un caladero de enorme importancia para la flota pesquera española, después de siete años sin poder hacerlo.
Usted lo ha dicho: este nuevo acuerdo era una de nuestras prioridades en materia pesquera y ha sido posible gracias a todas las actuaciones de colaboración y cooperación con Marruecos que, desde el inicio de la legislatura, desarrolló este Gobierno, tal y como ha reconocido la propia Comisión Europea.
Señorías, quiero agradecer una vez más el apoyo prestado por el sector, contribuyendo a recuperar unas posibilidades de pesca que nunca se debieron perder. Por ello, señoría, una vez lograda la firma del acuerdo, la mayor preocupación del Gobierno ha sido agilizar los trámites lo máximo posible para su entrada en vigor. Así, el pasado 16 de mayo, tras haberse realizado el reparto comunitario y coincidiendo con la votación en el Parlamento europeo, se convocó una reunión con el sector y con las comunidades autónomas para adjudicar las licencias a nivel nacional. Por otra parte, es importante recordar que esta asignación es de carácter provisional y que ha sido realizada con total transparencia y conforme a los criterios establecidos en la normativa española que, como usted sabe, responden a razones de historicidad e idoneidad. Aunque dicho reparto no haya atendido a criterios de territorialidad, se ha traducido en 42 licencias para la flota de Andalucía, 37 para la de Canarias, 17 para la de Galicia, dos para la de Cantabria y dos para la del País Vasco. Por lo tanto, el reparto de licencias ha sido equilibrado y ha respondido a las previsiones del sector pesquero afectado. Tampoco podemos olvidar que el propio acuerdo establece la posibilidad de introducir nuevas modalidades, siempre que el estado de los recursos pesqueros nos lo permita. Además, señoría, hace menos de 48 horas se ha ratificado el acuerdo en el Consejo de Ministros de la Unión Europea y está previsto que nuestros barcos inicien la pesquería una vez finalice el trámite parlamentario marroquí.
Es relevante recordar, aunque usted ya lo ha mencionado, que hemos seguido las pautas marcadas por la moción aprobada en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de esta Cámara el pasado mes de noviembre.
Finalmente, sólo me resta decirle que el conjunto de la flota española será la beneficiaria de este acuerdo, lo que va a permitir la generación de riqueza y el mantenimiento de empleo en el sector pesquero.
Señoría, le aseguro que el Gobierno va a seguir en esta línea de trabajo para facilitar que los pescadores españoles sigan manteniendo su actividad en un sector que en muchos territorios es estratégico.
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.


-- DE DON FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN APROBADA POR EL PLENO DEL SENADO EN SU SESIÓN CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE 2005, POR LA QUE SE INSTABA A LA CREACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO (S.
680/000879).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Jorquera.
Tiene la palabra su señoría.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, doy por formulada la pregunta en los términos en los que ha sido publicada.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Senador, el Gobierno está cumpliendo el proceso que anuncié en esta misma Cámara de reforma de las confederaciones hidrográficas para adaptarlas a la directiva europea sobre política de aguas y también al Estado autonómico, lo que significa que en la conferencia sectorial, celebrada los pasados 27 y 28 de febrero, los consejeros ya dispusieron del texto del proyecto de real decreto sobre demarcaciones hidrográficas en el que se delimita la futura demarcación hidrográfica del Miño-Sil, demarcación que tiene un tramo internacional, aguas en Portugal, y un tramo español que, como usted sabe, comprende tanto territorios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León como una pequeña parte de Asturias y, sobre todo, territorios de Galicia. Este proyecto de decreto ha sido por tanto consultado con las comunidades autónomas, hemos obtenido su visto bueno para seguir adelante, y ahora ha de ser enviado para su consulta a otro órgano preceptivo para cuestiones relativas a la política de agua, como es el Consejo Nacional del Agua.
Por tanto, la previsión del Gobierno es que a lo largo de este año, no más allá del próximo otoño, podamos disponer de la determinación desde el punto de vista normativo de esa nueva demarcación hidrográfica que incluye tanto

las aguas superficiales como las costeras correspondientes a la cuenca del Miño-Sil, y también otras dos normas, que son las relativas al comité de autoridades de las demarcaciones y al Consejo de cuenca de la demarcación donde lógicamente el peso de la Xunta de Galicia será determinante en las decisiones que allí se adopten.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra.
El proceso de reforma de los estatutos de autonomía está poniendo de actualidad el debate sobre el modelo de gestión de los recursos hidráulicos en España. El Estatuto de Autonomía de Galicia confiere a la comunidad autónoma gallega competencias en la gestión de agua, pero difícilmente podrá ejecutarlas si la cuenca más importante, que representa el 47 por ciento del territorio hidrográfico gallego, no entra
dentro de sus competencias y su gestión depende de un organismo con sede en Oviedo en el que la participación de la comunidad autónoma es residual.
El BNG no renuncia al traspaso de las competencias, y así lo vamos a plantear en el nuevo Estatuto de Galicia, pues pensamos que es compatible la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas en cuencas intercomunitarias con mecanismos de concertación con el Estado que aseguren una gestión integral y coherente del conjunto de la cuenca.
Sin embargo, no es este el asunto que ahora nos ocupa; lo que ahora nos ocupa es sencillamente poner fin a un anacronismo y a una injusticia histórica y también a un modelo de gestión de los recursos hidrográficos que contraviene el espíritu de la Ley de Aguas y de la propia Carta Europea del Agua, que apuestan por un modelo de gestión que tenga en cuenta la delimitación natural de las cuencas.
El Miño es el único de los grandes ríos del territorio español que carece de una confederación hidrográfica propia; la gestión de la cuenca Miño-Sil sigue dependiendo de un organismo con sede en Oviedo, que agrupa cuencas distintas con características hidrográficas muy diferentes, lo que también ha obligado a diseñar planes hidrográficos diferentes.
La cuenca Miño-Sil representa el 80 por ciento de los recursos hidráulicos y el 86 por ciento de los recursos hidroeléctricos del total de la Confederación Hidrográfica del Norte; la cuenca Miño-Sil, como he dicho, representa el 47 por ciento del territorio hidrográfico gallego y en la parte gallega habita el 83 por ciento de la población total de la cuenca.
Si en su momento fue de justicia crear la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, separándola de la Confederación Hidrográfica del Sur, con sede en Murcia, hoy es de justicia crear la Confederación Hidrográfica del Miño; si así lo hacen, estarán dando satisfacción a una demanda unánime de la sociedad gallega, como refleja el acuerdo del Parlamento gallego de 5 de febrero de 2002 y, además, estarán demostrando respeto a esta propia Cámara, que el 6 de abril aprobó por unanimidad una moción del BNG en este sentido.
Por tanto, agradezco que la ministra nos confirme que está avanzando en las gestiones pertinentes para responder a esta demanda y, si es así, ya le anticipo que tendrá el aplauso del Bloque Nacionalista Galego.
En cualquier caso, me gustaría que nos aclarase un extremo: ¿La creación de la demarcación hidrográfica Miño-Sil va a significar que la gestión de esta cuenca va a ser independiente del resto de las cuencas de la Confederación Hidrográfica del Norte, o va a seguir vinculada a la misma? De ser así, entenderemos que las demandas de la sociedad gallega
--porque, insisto, nos estamos haciendo eco de una demanda asumida por el conjunto de la sociedad gallega-- no se verán satisfechas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señoría, le confirmo que la creación de la demarcación hidrográfica Miño-Sil significa crear un organismo diferenciado de la demarcación hidrográfica del norte, que se mantendrá con alguna novedad , porque en estos momentos estamos trabajando con otros gobiernos autónomos para separar de esa demarcación aquellos ríos que nacen y mueren, en el caso de Asturias y Cantabria, dentro de una sola comunidad autónoma; por tanto, hay separación, y de acuerdo con lo aprobado en esta Cámara habrá una capital, una sede central que estaría en Galicia, aunque todavía no puedo anticiparle cuál será porque, como usted sabe, hay varias ciudades candidatas, pero sí puedo confirmarle, repito, que hay una separación, que hay un texto normativo que ha pasado sus primeros estadios de consulta y que solamente le queda ser objeto de análisis en el Consejo Nacional del Agua.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ MARÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA APROBAR CON CARÁCTER DE URGENCIA UN TRASVASE QUE HAGA FRENTE A LAS NECESIDADES HÍDRICAS POR LAS QUE ATRAVIESA EL LEVANTE ESPAÑOL (S. 680/000888).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Rodríguez Marín.
Tiene la palabra su señoría.

El señor RODRÍGUEZ MARÍN: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el motivo de esta iniciativa parlamentaria es la pregunta al Gobierno sobre qué previsiones tiene

para aprobar con carácter de urgencia un trasvase de agua que haga frente a las necesidades hídricas por las que atraviesa la zona del sureste español de Levante, es decir, el sur de Valencia, Alicante, Murcia y Almería.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señoría, desde el inicio de esta legislatura el Gobierno viene autorizando el trasvase de agua para la cuenca del Segura todos los meses, garantizando siempre el abastecimiento, el consumo de agua potable en todas las ciudades que sirve la mancomunidad de los Canales del Taibilla con las aguas del Tajo-Segura, es decir, casi tres millones de personas en verano, y adicionalmente el Consejo de Ministros aprobó la pasada semana un riego de socorro de 20 hectómetros cúbicos para evitar daños irreversibles en los cultivos leñosos de la cuenca del Segura.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.

El señor RODRÍGUEZ MARÍN: Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra.
Efectivamente, conocíamos el dato que, además, coincide con la inquietud que se crea en el mes de marzo cuando el Consejo de Ministros establece un riego de aproximadamente 38,5 hectómetros cúbicos pero, a continuación y ante las necesidades actuales, determina 20; sin embargo, no quisiera dudar --lo digo sin acritud, afortunadamente este es un diálogo casi íntimo--, pues dada la sensibilidad que existe en esa zona, es algo que nos inquieta y nos hace pensar que esta forma de arreglar las cosas sobre la marcha puede ser una manera de actuar por parte del Gobierno; queremos que entienda que esa sensibilidad responde a la necesidad de toda una zona donde el agua es fundamental, como bien sabe, para el campo, para los propios domicilios y al mismo tiempo para nuestra industria, fundamentalmente turística. Somos muy solidarios con el Estado. Somos --y no nos importa decirlo-- personas de España y para España, aunque estemos allí. Al mismo tiempo, no hacemos melindres porque seamos los que recibimos menos renta per cápita del Estado mientras que la renta que generamos es importante para todos. Parece mentira: Valencia, Murcia e incluso Almería.
Evidentemente, el seguimiento que viene haciendo este senador coincide con lo que usted ha dicho, lo cual le alegra. Lo que pasa es que, puesto que se prevé que junio, julio y agosto serán tremendos, me gustaría poder decir a mis conciudadanos que nuestro Gobierno tiene previsto evitar cualquier situación terrible. Por favor, no nos lo den gota a gota. No vaya a ocurrir como con aquel animal de labor al que su dueño estaba acostumbrando a no comer, que, cuando se acostumbró, se murió.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: Señoría, si repasa usted el discurso de investidura del presidente del Gobierno, verá que a la única cuenca a la que alude es precisamente a la del Segura. El Gobierno es muy consciente de que esta cuenca ha dependido excesivamente de si llueve o no en otra. También sabe usted que el año pasado fue el más seco de la historia de España y que, por desgracia, sigue sin llover en la cabecera del Tajo. De modo que hoy, en cuanto al agua embalsada en la cabecera del Tajo, estamos peor de lo que estábamos hace un año. Esto nos obliga a gestionar esa agua con prudencia extrema. Fíjese: si hubiéramos trasvasado para regadío la cuantía que se nos ha venido reclamando durante los últimos meses, hubiéramos tenido que interrumpir el suministro de agua para beber en Murcia y Alicante. Desde luego, entiendo que se nos pidiera, porque es agua que se aprovecha de manera muy rentable, como usted bien ha dicho. Quiero decir con esto que tenemos que administrar con gran prudencia la cantidad embalsada en el Tajo-Segura para no dejar de garantizar el abastecimiento a la Región de Murcia, a Alicante y a Almería.
Hasta el momento, el abastecimiento no ha sufrido ningún corte; todas las restricciones están recayendo sobre la agricultura, y somos conscientes del daño económico que eso supone. Por ello, el año pasado se aprobó un decreto ley de ayudas muy generoso en medidas para agricultores y ganaderos dañados por la sequía, y por eso estamos desarrollando al máximo la capacidad que nos otorga, por ejemplo, el decreto ley que aprobamos en diciembre, que permite reasignar derechos del agua desde la cuenca del Tajo a la cuenca del Segura. Ya se ha hecho para el regadío:
hace tres meses, los regantes del Segura pudieron aprovechar 30 hectómetros cúbicos de los regantes del Tajo. Ahora hemos hecho lo mismo para garantizar el agua para beber en Murcia, previendo que estamos en un momento muy delicado y aproximándonos lentamente a la línea roja de los 240 hectómetros cúbicos en la cabecera.
Afortunadamente, señoría, puedo decirle que, con las actuaciones del Programa AGUA que están en marcha, las desaladoras que se han terminado y las que se están construyendo, dentro de dos años como máximo Murcia ya no dependerá del Tajo-Segura para beber. Por lo menos, tendremos garantizada, llueva o no, el agua para beber en la cuenca del Segura, gracias al Programa AGUA del Gobierno.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA CRISTINA MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (S. 680/000897).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Maestre Martín de Almagro.
Tiene la palabra su señoría.

La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Gracias, presidente.
Señora ministra, el Partido Socialista ha manifestado en numerosas ocasiones su interés y preocupación por el fomento de la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Además, fue parte de su programa electoral. La situación de partida no era de las más favorables, puesto que nuestro país se encontraba a la cola de la Unión Europea en esta materia, con una inversión que no llegaba ni a la mitad de la media europea. La inversión en I+D+I constituye, pues, una de nuestras prioridades políticas.
Hay que destacar, en este sentido, el desarrollo del programa Ingenio 2010, como herramienta para involucrar a las administraciones públicas, a las empresas y a la universidad en el esfuerzo por alcanzar mayores niveles de investigación en materias diversas, teniendo en cuenta que la inversión en I+D+I aumenta incuestionablemente la productividad y genera crecimiento a todos los niveles. Además, los programas de fomento de la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica van teniendo cada vez más en cuenta criterios de sostenibilidad y compatibilidad con el medio ambiente, aspectos fundamentales si queremos avanzar en el desarrollo sostenible y en el logro de una mayor calidad ambiental, y van muy ligados al carácter transversal que deben tener las políticas medioambientales. La transversalidad debe estar presente en la investigación, y más aún en proyectos en los que es cada vez más frecuente el uso de las nuevas tecnologías. Todos sabemos que las tecnologías deben ser limpias, ya sean de transporte, de energía, de construcción o de gestión de recursos. El fomento de la inversión en I+D+I debe seguir siendo prioritario para el Gobierno.
En el campo medioambiental, la investigación científica y la innovación tecnológica pueden aportar innumerables posibilidades en materias tan variadas como la gestión de residuos, la prevención de la contaminación, la recuperación de suelos contaminados, la calidad del aire y un sinfín de campos. Por eso le pregunto lo siguiente: ¿cuáles son las medidas que va a impulsar su ministerio para la realización de proyectos medioambientales de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica? Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Gracias, señoría.
El Ministerio de Medio Ambiente viene otorgando desde 2004 subvenciones a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el campo de la política de residuos y de la descontaminación de suelos. Esta línea de subvenciones se ha incrementado este año en más de un 25 por ciento respecto al año pasado: este año destinaremos 13,8 millones de euros a proyectos para el impulso de las tecnologías limpias. De la convocatoria de este año, vale la pena destacar algunas novedades, como los proyectos subvencionables para el tratamiento adecuado de los subproductos animales o para el tratamiento incluso comercial de los residuos de industrias de carácter extractivo, y existe la posibilidad de subvencionar proyectos que tengan que ver con la modelización y la predicción de la calidad del aire, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, puesto que hay fenómenos de contaminación que nos llegan por la atmósfera desde otros países. Además, ya hemos propuesto un incremento del 25 por ciento para el ejercicio de 2007. El Gobierno quiere mantener un esfuerzo creciente en el marco del programa Ingenio 2010.
Otra novedad es que en esta convocatoria se prevé la incorporación a la comisión de valoración de los proyectos de dos representantes del Consejo Asesor de Medio Ambiente, lo que significa la participación de la sociedad civil en estos mecanismos de evaluación, y también la incorporación de nuevos criterios de selección de los proyectos que tengan en cuenta la perspectiva de género, el estímulo a los jóvenes investigadores --a los que se incorporan ahora a estas tareas-- y la perspectiva territorial, puesto que el Gobierno tiene que garantizar en esta como en otras cuestiones el avance de todos los territorios en cuanto a la aplicación de las mejores tecnologías posibles. Tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, el Ministerio de Medio Ambiente viene ampliando su capacidad de subvencionar proyectos de investigación sobre desarrollo tecnológico e innovación en el campo de las tecnologías limpias aplicables a residuos y suelos.
Además, en las convocatorias se hace especial hincapié en la oportunidad de subvencionar proyectos piloto a escala municipal. Como todos sabemos, los ayuntamientos tienen grandes responsabilidades en su ámbito competencial en lo que se refiere, por ejemplo, al tratamiento de residuos, y ahí es donde estamos dirigiendo desde el año pasado estas subvenciones para mejorar la calidad del compostaje, la capacidad del tratamiento de los residuos biodegradables para que su tratamiento no sólo no suponga un problema ambiental, sino para que podamos utilizar el compost cada vez más en un país que necesita enriquecer nuestro suelo y frenar el avance de la erosión.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE SI EL MINISTERIO DEL INTERIOR CONSIDERA QUE LA INMIGRACIÓN ILEGAL QUE LLEGA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS ES UN ASUNTO DE ESTADO (S. 680/000874).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Melchior Navarro.
Tiene la palabra su señoría.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ayer este Pleno aprobó por unanimidad una moción urgente, presentada por todos los grupos de la Cámara, auspiciada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Por lo tanto, doy mi agradecimiento a todos los grupos. Además, esa moción es una clara demostración del deseo de afrontar seriamente y con rigor este grave problema --yo diría que dramático desde el punto de vista humanitario-- como un asunto de Estado de primer orden. Por ello, esta mañana, en esta misma Cámara, y con anterioridad a mi intervención, dos senadores han preguntado tanto al presidente del Gobierno como a la vicepresidenta sobre estos asuntos.
Mi pregunta, señor ministro, es ¿qué medidas, acciones y procedimientos ejecutará inmediatamente el Gobierno para frenar la llegado de inmigrantes ilegales a las costas canarias? Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Melchior, efectivamente, como usted decía en su intervención, esta mañana tanto el presidente como la vicepresidenta del Gobierno han hecho un desarrollo exhaustivo --exhaustivo, digo bien-- de las medidas que se han tomado y de las que se van a tomar para abordar el problema de la inmigración ilegal en las islas Canarias.
Por lo tanto, no me queda a mí sino reiterar algunas de esas medidas, aquellas que corresponden propiamente a la actuación del Ministerio del Interior, no sin antes señalar que estamos, como ha dicho el presidente esta mañana, ante una verdadera cuestión de Estado, la de la inmigración, que tiene distintos elementos en su gestión política: la gestión de los flujos migratorios, el control riguroso de nuestras fronteras --que atañe a esta pregunta--, las políticas de integración y, finalmente, las políticas de cooperación que, a medio plazo, sin duda son el mejor antídoto para este asunto de la inmigración ilegal.
Sabe su señoría que en este marco hemos adoptado distintas medidas desde el Ministerio del Interior que voy a resumir brevemente. Por una parte, hemos puesto en marcha un conjunto de inversiones --cuyo detalle conoce bien porque han sido objeto de reiteradas preguntas en esta Cámara--; hemos habilitado acuartelamientos como lugares de acogida temporal; estamos agilizando los trámites de repatriación trabajando con los consulados de los países de los cuales son originarios los inmigrantes ilegales; estamos agilizando los traslados de los inmigrantes, en su caso, a la península; hemos reforzado la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en Canarias; está previsto la creación de un nuevo centro de internamiento de extranjeros; hemos reforzado los medios materiales y humanos de los que dispone la Guardia Civil; estamos trabajando directamente con Mauritania, que es uno de los lugares de origen de las últimas embarcaciones que han llegado a las costas canarias, para aplicar el convenio que tenemos con ese país y repatriar a los oportunos contingentes de inmigrantes; estamos realizando --y vamos a ser más exhaustivos-- operaciones conjuntas de vigilancia y control y, finalmente, hemos enviado oficiales de enlace a Senegal y a Mauritania, y en los próximos días lo haremos también con Cabo Verde y Guinea-Bissau.
Estas son algunas de las medidas que hemos puesto en marcha de las cuales, repito, ha dado cuenta esta mañana en esta Cámara con exhaustividad el presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Melchior Navarro.

El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor ministro.
Espero y deseo que todas estas nuevas medidas sean eficaces y eficientes.
Quiero manifestar que puede contar con la leal colaboración tanto de Coalición Canaria como de los cabildos insulares, que son los que tienen las competencias para los menores inmigrantes no acompañados, lo que supone también un gran problema.
Señor ministro, le deseo éxito en su gestión al frente del ministerio y que este gravísimo y dramático problema vaya disminuyendo en nuestro país.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Señor presidente, intervengo muy brevemente para agradecer la oferta de colaboración --me consta que está siendo así y estoy seguro de que así será-- y para recalcar algo que dejé pendiente en la anterior intervención, que es lo relativo a la política europea --a la que se ha referido la vicepresidenta esta mañana en esta Cámara--, que trata de establecer en Bruselas un axioma muy simple, y es que la frontera de la Unión es Canarias y, desde esa perspectiva, convertir lo que es una política de Estado en una política europea, extremo en el que estamos trabajando, como bien conoce su señoría.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO TRANSFERIR, ANTES DE FINALIZAR LA ACTUAL LEGISLATURA, LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE POLÍTICA PENITENCIARIA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (S. 680/000878).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Urrutia Elorza.
Tiene la palabra su señoría.


El señor URRUTIA ELORZA: Muy buenos días, señor presidente. «Ongi etorri ministro, jauna; bienvenido.» Desde la Ley Orgánica 3/1979, del Estatuto de Autonomía, se concreta en el artículo 10, apartado 14º, el traspaso de competencia de las instituciones penitenciarias, y el artículo 14 señala que corresponde a la comunidad autónoma la ejecución de esta competencia. Desde la Ley Orgánica de 1979 se han cumplido 26 años, estamos cerca del vigésimo-séptimo y la competencia todavía no ha sido asumida, pues tanto el PP como el PSOE hasta este momento no se han dignado a transferirla.
Quisiéramos conocer la opinión del señor ministro --por cierto, bienvenido, señor ministro, a su nuevo cometido; bienvenido para llevar a cabo el trabajo tan profundo que tiene-- conocer su opinión --digo-- en estos momentos en que las circunstancias en el País Vasco y gracias al esfuerzo del Partido Socialista --he de reconocerlo y así lo manifesté también el 23 de marzo-- pueden modificarse las cosas y asentarse esa competencia en el Gobierno vasco.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Urrutia, por su bienvenida.
Tanto usted como su formación política conocen perfectamente lo que ha pasado en estos años y las razones profundas y meditadas por las cuales no se ha realizado la transferencia. Es verdad que las circunstancias han cambiado y que trabajamos junto con el Gobierno vasco --lo tengo que decir con toda claridad-- para que cambien aún mucho más. Estamos todavía lejos de conseguir los objetivos que pretendemos, pero no cabe duda de que estamos en un camino correcto. En este camino, lógicamente uno de los temas de los que en algún momento tendremos que hablar es el de las prisiones y, en general, de la política penitenciaria. No creo que sea este el momento; por decirlo de otra manera, no creo que haya llegado el momento. Cuando llegue, nos sentaremos a hablar, pero considero que en este momento todavía no se han dado las circunstancias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.

El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, le agradezco la amabilidad y el cariño y la esperanza que trae usted a esta relación con el Gobierno vasco, y en concreto con el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social que lleva nuestro partido.
Lo que sí debo recordar --seguro que usted lo conoce-- es que las circunstancias en que se encuentran las cárceles de Nanclares y Martutene son insufribles. Las estructuras y las instalaciones se encuentran totalmente deterioradas y en poco más de un año han muerto, y por causas no naturales, catorce o quince personas. Por lo tanto, hay que humanizar las circunstancias y es fundamental dar un cambio y un trato totalmente distinto. Quiero que conste que mi pregunta no viene motivada por ganas de crear tensión; ni mucho menos, todo lo contrario. Nuestro partido y el País Vasco lo que desea es que termine este camino iniciado y termine bien para todos, también para los presos y para las personas que han sufrido la violencia.
El domingo pasado el presidente del Gobierno, en la reunión que mantuvo con todos los asociados y simpatizantes de su partido en el «Bilbao Exhibition Center», en el Día de la Rosa, dijo unas palabras muy interesantes que se las voy a leer: «... el tiempo necesario para que cada paso que dé sea un paso irreversible...» Se refiere al proceso de pacificación y normalización que se está llevando a cabo y añade que en cada uno de estos pasos se ha de dar en la buena dirección para que los ciudadanos sepan que el final de la violencia y la normalización es posible, en la buena dirección «... que asegure que nunca más se volverá a ver la violencia».

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego vaya concluyendo.

El señor URRUTIA ELORZA: Creo que uno de los pasos, que además está enmarcado, es el tema del acercamiento de los presos a las cárceles vascas y su posterior excarcelación.
Rogaría, señor ministro --y tanto Eusko Alkartasuna, como el Gobierno vasco y la consejería se ponen a su total y entera disposición-- que se dé un trato humanitario y se transfiera de verdad esta competencia para que el proceso se termine felizmente tanto para el País Vasco como para el Estado y para Europa.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.

El señor MINISTRO DE INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Urrutia, le agradezco el tono de su intervención y la voluntad que expresa y le reitero una vez más la voluntad de mi departamento y del Gobierno en su conjunto para seguir trabajando como lo estamos haciendo con el Gobierno vasco en esta materia.
Es verdad que son dos aspectos distintos que están relacionados: uno es la transferencia de las prisiones, otro es la política penitenciaria, que han sido el tema de fondo que hemos discutido durante todo este tiempo.
Respecto al primer asunto, el de la transferencia, y con independencia de las discusiones que se produzcan en su momento, le puedo decir que en la revisión que hemos hecho del Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios hay una previsión específica para las cárceles de Euskadi, en concreto para Martutene y para Nanclares, previsiones que, con mucho gusto, le suministraré.
Respecto al otro aspecto de la política penitenciaria, ya le he dicho antes que creo que no ha llegado el momento, pero qué duda cabe de que quizá en algún momento tengamos que hablar de ello. Ojalá podamos hablar en algún momento de la política penitenciaria.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DOÑA ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS REIVINDICACIONES PLANTEADAS POR LAS ASOCIACIONES DE ENFERMOS DE PARKINSON (S. 680/000881).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Aleixandre.
Tiene la palabra su señoría.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, bienvenida de nuevo a esta Cámara.
El parkinson es una enfermedad degenerativa, progresiva y, a pesar de los nuevos fármacos y tratamientos, continúa siendo una enfermedad invalidante contra la que, a pesar de los esfuerzos, nada hemos hecho, ni siquiera detener su avance. En contra de la creencia general, no sólo afecta a personas de edad avanzada sino que presenta una anticipación cada vez más frecuente. Esta anticipación genética hace que el número de afectados sea cada vez de menor edad y, por tanto, el número de afectados en edades tempranas empieza a ser mayor, lo que, unido a frecuentes alteraciones psíquicas que caracterizan a estas enfermedades --todas las crónicas las tienen y las invalidantes más-- sume al paciente y a su entorno familiar en situaciones verdaderamente angustiosas.
Es una enfermedad prevalente, dada su alta incidencia, pues a pesar de desconocer con exactitud el número de afectados, ya que no existe en nuestro país ningún estudio epidemiológico concluyente para conocer el número de pacientes, las distintas asociaciones de pacientes se han puesto en contacto con los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo. En el caso de su ministerio, sabemos que distintos cargos tuvieron reuniones conjuntas con algunas de estas asociaciones de afectados, pero se remontan a abril de 2005; reuniones en las que, según nuestras informaciones, el ministerio se comprometió a estudiar algunas de las reivindicaciones planteadas y que en estos momentos hacemos nuestras, como son: realizar un estudio epidemiológico de la misma para conocer con exactitud los afectados existentes; estudiar, dentro del Plan Estratégico Nacional para el Tratamiento Integral de las Enfermedades Neurológicas, que está elaborando su ministerio en colaboración con la Sociedad Española de Neurología, las posibilidades de aplicación parcial o total a esta patología; mejorar el conocimiento de la enfermedad dentro de la red de asistencia primara pública --ya sabemos que esta parte pertenece a las comunidades autónomas, pero se podría potenciar desde su ministerio--; promocionar desde el Consejo Interterritorial de Salud la fisioterapia como parte del tratamiento integral al paciente de parkinson, para que tenga un carácter indefinido y sea de aplicación en todas las comunidades.
Todo esto formaría parte de la revisión del catálogo, lo sabemos, señora ministra, revisión de un catálogo que hemos pedido en otras ocasiones, porque se elaboró en 1985, y debería haberse revisado ya. No se ha hecho y esperamos que ustedes lo hagan pronto; sabemos que están en ello.
Es complicado que el ministerio interceda en la industria farmacéutica para modificar algunos envases --lo sabemos--, pero estos pacientes tienen problemas con la utilización de los envases, y, como son jóvenes, todavía no necesitan la ayuda de otros y esto les facilitaría las cosas.
La última reivindicación es la petición de más recursos públicos. Todos pedimos lo mismo, pero es lógico que lo hagamos para aumentar la investigación de las causas que originan la enfermedad, tanto creando nuevos grupos como apoyando los que ya existen.
Sin embargo, después de estas primeras reuniones que tuvo el ministerio con algunos grupos de afectados, no hemos tenido conocimiento de que se haya hecho nada, ni siquiera se han iniciado algunas de las promesas que teóricamente se hicieron desde su ministerio. Por tanto, nuestra pregunta es: ¿Tiene el ministerio previsto tomar en consideración algunas de las peticiones realizadas en su momento? Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Sanidad y Consumo.

La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, mi departamento se comprometió con las asociaciones de afectados de Parkinson a apoyar determinadas aspiraciones de este colectivo, y hemos comenzado a hacerlo. En investigación, estamos desarrollando proyectos en el Centro Nacional de Epidemiología en la línea que usted planteaba, así como en la Fundación CIEN, y también financiamos, a través del FIS, 21 proyectos en distintos centros sanitarios.
En aquellos que inciden en la atención integral que usted mencionaba están ya en marcha dos iniciativas que van a afectar de manera muy importante a estos enfermos. En primer lugar, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, que recoge aspectos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neurológicas, que le anticipo que incluye la rehabilitación de las afecciones del sistema nervioso, donde estaría incluida la rehabilitación de la enfermedad de parkinson. Nuestra previsión es que esta cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, pueda estar aprobada antes del verano, en un plazo muy corto.
También estamos elaborando y tramitando el proyecto de real decreto por el que se establecen las bases del procedimiento para la designación y acreditación de centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud. Con ello, una vez más, daremos respuesta a algunas de las cuestiones planteadas por los afectados de parkinson, porque la acreditación de centros de referencia va a

beneficiar a estos pacientes, que necesitan para su atención la concentración de recursos terapéuticos y diagnósticos. Este proyecto, que está muy ligado al anterior, va a ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado» alrededor del mes de julio.
También hemos incluido en los centros biomédicos de investigación en red
--hemos hecho una convocatoria para ponerlos en marcha-- la creación de un CIBER en enfermedades neurodegenerativas. Con la finalidad de potenciar ese centro, vamos a dedicar sólo en este año 2006, ocho millones de euros para enfermedades neurodegenerativas, enfermedades que formarán parte de este Centro de Investigación Biomédica en Red. Para que se haga una idea de lo que eso significa, le diré que duplica la cantidad que se ha dedicado en el trienio 2003-2005, en definitiva, lo multiplicamos casi por cuatro.
Nos hemos reunido y, por supuesto, nos seguimos reuniendo con los afectados. En cualquier caso, respecto a la cuestión que me ha planteado de los envases de medicamentos, me voy a interesar personalmente a fin de comprobar en qué estado se encuentra esa petición.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

INTERPELACIONES:


-- INTERPELACIÓN DEL SENADOR BETETA BARREDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO EN ORDEN A GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN A LA CIUDADANÍA DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN (S. 670/000111).

El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de preguntas, pasamos al punto segundo del orden del día: Interpelaciones. Interpelación del senador Beteta Barreda, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la política general del Gobierno en orden a garantizar la correcta aplicación a la ciudadanía del artículo 17 de la Constitución.
Para la presentación de la misma, tiene la palabra el senador Beteta.

El señor BETETA BARREDA: Muchas gracias, señor presidente.
Ayer el presidente del Gobierno definía democracia como cintura. ¿Dónde queda el Estado de Derecho? ¿Dónde queda cumplir la ley? ¿Todo se adecua, pues, a las conveniencias políticas aun a costa de atropellar los derechos de los ciudadanos? Pero, señorías, estos ciudadanos saben que existe otra política, que existe otra forma de hacer las cosas, respetando la Constitución, porque algunos, al menos, amamos la libertad.
El término libertad se define como facultad o capacidad que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra o sencillamente de no obrar y esta facultad nace del poder de que se haya revestido naturalmente el hombre para emplear sus facultades en la ejecución de aquello que le parezca más conveniente. Por tanto, la libertad debe entenderse como ausencia de coacciones o trabas externas que impidan el desarrollo integral de la persona. El acto libre sería aquel que se ejecuta con dominio, con facultad de realizar otro distinto o contrario o cuando menos de omitirlo.
Los poderes públicos, señores senadores, no deben solo garantizar este derecho en abstracto, sino que les corresponde promover las condiciones para que la libertad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva. En aras de no perjudicar la libertad de cada uno, se prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. El derecho a la libertad, por consiguiente, va íntimamente unido a la seguridad jurídica, y es la seguridad jurídica la que va a determinar los supuestos y los requisitos para privar de libertad a las personas. Esta comporta la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen y amenazan la libertad de toda persona de organizar en algún momento o lugar su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones.
Nuestra Constitución Española, la Constitución de 1978, en su Sección Iª trata de los derechos fundamentales. Y ahí podemos leer en el artículo 15 cómo se indica que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. En el artículo 16 podemos leer que se garantiza la libertad ideológica y religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para proteger el orden público defendido por la ley. En el artículo 17 se proclama que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Y en el artículo 18 se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Señores senadores, repasada cuidadosamente la Constitución Española, no encuentro ninguna excepción que indique que los ciudadanos al afiliarse al Partido Popular pierden alguna de esas circunstancias, y eso es lo que está produciendo su Gobierno, señores del Partido Socialista.
La obligación del Gobierno es cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado, tal y como se jura o se promete al asumir cualquier cargo. El Gobierno del señor Rodríguez Zapatero tiene la responsabilidad política de haber producido una detención política de ciudadanos, vecinos del municipio de Las Rozas, donde yo vivo, don Isidoro Barrios y doña Antonia de la Cruz, que también viven en la Comunidad de Madrid, a la que yo represento en esta Cámara, y en este país, que es el nuestro, que es España. Y es, por lo tanto, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero el responsable final de estas detenciones ilegales porque conociéndolas, respalda y ampara al responsable político directo de las mismas, el que fuera ministro del Interior, hoy ministro de Defensa, don José Antonio Alonso.
Hace un año en esta Cámara, en una importante interpelación que pronunció brillantemente la senadora doña Rosa Vindel, que fue contestada por el entonces ministro del Interior, el señor Alonso, explicó la señora Vindel una serie de hechos que justificaban que se estaban trasgrediendo

y violando los derechos de los ciudadanos, derechos fundamentales. El Gobierno de la nación, representado por el señor Alonso, mintió. Entonces era la opinión de la señora Vindel frente a la opinión del señor Alonso, eran unos hechos que interpretaba la señora Vindel frente a otros hechos que interpretaba el señor Alonso.
Pero hoy, señorías, señores senadores, las circunstancias han cambiado notablemente, se ha dictado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección decimoxesta, número 46/2006, y vamos a repasar los hechos probados que figuran en esta sentencia, que es lo que justifica esa exigencia de responsabilidad política, porque entiendo que el Gobierno socialista de la nación no está cuidando los derechos fundamentales de los españoles, y en especial del señor Barrios y de la señora De la Cruz.
Dice la sentencia en su página 4 que no hubo agresión física ni al señor Bono, ni a la señora Díez. Dice la sentencia en su página 5 que se logró que las autoridades en ningún momento fueran agredidas físicamente. Dice la sentencia en su página 10 que «don Constantino Méndez se reúne con los medios de comunicación y dice que "calculaba que pronto habría identificaciones y detenciones"... Afirmación que no respondía a la realidad, pues la investigación policial (...) no reflejaba ni agresiones, ni identificaciones (...) y tales informaciones del señor Delegado del Gobierno de Madrid se transmitieron por radio esa misma tarde-noche...» Dice la sentencia en su página 12 que «el acusado Javier Fernández Gómez telefonea a don Isidoro Barrios San José participándole que tiene que (...) prestar declaración en calidad de imputado y que necesita abogado».
Dice la sentencia en su página 15 que cuando el inspector 16444 dijo que no estaba de acuerdo con las detenciones, el comisario condenado le dijo que estaba cesado como instructor de las diligencias y que como jefe de grupo abandonara el despacho.
Dice la sentencia en su página 19 que «conscientes los acusados, (...
que) se cuestionarían las detenciones (...) decidieron rehacer el original atestado, de mi lado, para que no figurasen los dos primeros instructores y los dos primeros secretarios y, de otro, para inflar o abultar los hechos que sirvieran de justificación a las dos detenciones...».
Dice la sentencia en la página 28 que «las afirmaciones de los acusados (...) en orden a que se trató de una detención formal, no material» para salvaguardar mejor sus derechos «(...) y como un plus de seguridad» representa una aberración jurídica, pues toda persona tiene un derecho fundamental a la libertad y a la seguridad, de modo que nadie pueda ser privado de su libertad, sino en los casos y en la forma previstos en la ley (artículo 17.1 de la Constitución y 489 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).» También dice la sentencia en su página 36 que «disponer que fueran detenidos tan pronto llegaran a la Brigada (...) carece de justificación de clase alguna y aparece como inmotivada, arbitraria y abusiva».
Dice la sentencia en la página 37 que el acusado, don Rodolfo Ruiz, afirma «si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona». Eso es el Estado de Derecho para ustedes, señorías. Dice la sentencia que una cosa es dar crédito a un denunciante y otra que por ser un ministro sus afirmaciones no se cuestionen.
Dice la sentencia en su página 39 que son «unas detenciones que, aparte de inmotivadas, arbitrarias y abusivas aparecen como antijurídicas», «detenciones de complacencia» o «mirando al tendido», es decir, contraviniendo el Estado de Derecho.
Dice la sentencia posteriormente, en esa misma página 39, que este tribunal tiene la sospecha de que como el delegado del Gobierno indicó que habría detenciones, esas declaraciones «pudieron haber influido en el proceder de ambos acusados, quienes se olvidaron que son Policía Judicial, (y) sirvieron a fines o criterios que son contrarios a la justicia que propugna un Estado de Derecho...» Dice la sentencia en su página 54 que el condenado Javier Fernández transmite al inspector cesado 16444, cuando se niega a la detención:
«hazlo o tendremos problemas».
Dice la sentencia en su página 54 que «los funcionarios de las Unidades de Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta que finalice la misma (...) si no es por decisión o con la autorización de Juez o Fiscal competente».
Dice la sentencia también en su página número 59 que los funcionarios públicos «hicieron olvido y abstracción de que están al servicio del Estado de Derecho y que deben respetar los derechos y garantías constitucionales...» ¿Cuáles son las conclusiones reiteradas a las que llega esta sentencia? Que no hubo agresión, que la detención fue arbitraria, abusiva y antijurídica, que se ha vulnerado el Estado de Derecho y que posiblemente los condenados fueron influidos por las manifestaciones del delegado del Gobierno.
El señor ministro del Interior en el día de ayer, en la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno, alabó la conducta y reiteró el apoyo del Gobierno de la nación al delegado del Gobierno (El señor Pérez Rubalcaba asiente.), según ratifica, con un gesto afirmativo, el señor ministro del Interior, cuando es el responsable de todas estas cuestiones que han ocurrido bajo su mandato. Y le quiero recordar a usted lo que dijo don Alfonso Guerra, en el Congreso de los Diputados, cuando se detuvo a un diputado de esa Cámara y se dijo que la responsabilidad era del delegado del Gobierno. ¿Qué pasa, señorías, que aquí hay doble rasero. Según y cómo a quién interese, así funciona, señorías? Esa es la verdad que usted está demostrando.
Ustedes han mentido; han mentido a los ciudadanos; han mentido al Parlamento; han tergiversado los hechos, antes de la sentencia y después de la sentencia, ante la cual, lejos de rectificar, lejos de pedir perdón, continúan en una desesperada huida hacia adelante, y me gustaría
--aunque debo reconocer honradamente que no lo espero-- que rectificara hoy el señor ministro en esta sesión, ante este Senado. Porque ustedes, al menos, han mentido en diez ocasiones; al menos en diez ocasiones.
Mintieron cuando hablaron de las supuestas agresiones al entonces ministro de Defensa, señor Bono, con aquello

de que «si el ministro dice que le han pegado, le han pegado».
Ustedes han mentido al hablar de la manipulación de las diligencias. El señor Alonso justificó que tales diligencias estaban porque se había cometido un delito de atentado contra la persona del entonces ministro de Defensa. Sin embargo, la sentencia considera demostrado, desde el primer momento, señores del Gobierno, desde el primer momento, que los funcionarios policiales condenados disponían del material probatorio suficiente para la exculpación de los militantes del PP, a pesar de lo cual se materializó su detención.
Tercera mentira. Cambio de los instructores del atestado. El señor Alonso llegó a asegurar en las comparecencias que es falso que hubiera habido tres instructores de las diligencias. La sentencia ha demostrado que efectivamente existieron tres instructores del atestado, en una operación tendente a magnificar los hechos ocurridos en la manifestación de la AVT y la presunta implicación de los dos detenidos.
Cuarta mentira. La expulsión del segundo instructor. La sentencia continúa claramente probando que el segundo de los instructores fue relegado de sus funciones el día 25 de enero por su negativa a practicar la detención de los militantes. A pesar de ello, nueve días después, el ministro Alonso negó estos extremos diciendo: Es falso que el comisario jefe expulsara de las dependencias policiales al funcionario antes mencionado, e igualmente falso que hubiera habido tres instructores de las diligencias.
Quinta mentira. La fraudulenta identificación de los militantes del Partido Popular. La sentencia subraya asimismo que, siendo ya compleja la identificación de don Isidoro Barrios, lo es, con mucha más razón, la de doña Antonia de la Cruz, que fue citada a declarar en las dependencias policiales sin haber sido citada ni identificada previamente.
Sexta mentira. La falsa imputación. El ministro Alonso aseguró en su comparecencia que hay motivos racionales y suficientes para entender que existe --siempre naturalmente a los efectos en los que se mueve la investigación policial-- tal tipo penal. Sin embargo, la sentencia considera probada que la detención no sólo se realiza sobre la base de una inexistente identificación de los detenidos, sino sobre una falsa imputación en la comisión de un delito de atentado.
Séptima mentira. La falta de pruebas. El ministro Alonso en su comparecencia habló de la profesionalidad de los funcionarios implicados, asegurando que existían indicios de autoría para detenerlos. La sentencia demuestra que el inspector 16.444 se negó a practicar la detención de don Isidoro Barrios y de doña Antonia de la Cruz por entender que no tenían pruebas que en ese momento les inculparan, motivo por el que fue separado del caso y relevado en la instrucción del atestado.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

El señor BETETA BARREDA: Voy terminando, señor presidente.
Octava mentira. La detención ilegal, ya que la sentencia condena a los tres funcionarios por esa detención ilegal.
Novena mentira. Por la responsabilidad del delegado del Gobierno.
Y, décima, por la intencionalidad política que tiene en ella.
Los delitos y las detenciones ilegales se cometen después de las declaraciones del delegado del Gobierno del 24 de enero: detenciones de complacencia, detenciones mirando al tendido, como define la Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia. El señor ministro ayer, como he dicho, siguió alabando la conducta del delegado del Gobierno. Hay por tanto una responsabilidad política directa: del ministro del Interior, hoy de Defensa, José Antonio Alonso, que era el máximo responsable de todo lo que ocurría en el departamento, al ser el ministro competente en esa época de su mandato, y del presidente del Gobierno de la Nación, don José Luis Rodríguez Zapatero, que, pese a conocer los hechos probados establecidos en la sentencia, continúa aprobando a un ministro en cuyo departamento, como dice la sentencia, se han conculcado derechos constitucionales de dos ciudadanos madrileños.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.

El señor BETETA BARREDA: Termino, señor presidente.
Señorías, rectifiquen. Pidan perdón a los ciudadanos de Madrid y empiecen a entender que el Estado de Derecho no es cintura, es cumplir la ley y la Constitución.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para contestar a la interpelación, tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente. (El señor Conde Bajén: ¡Los españoles se merecen un gobierno que no les mienta!)
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego guarde silencio. (El señor Pérez Saénz: ¡Por eso tiene este!-- Rumores.) Señorías, guarden silencio.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.
¡Miren que me gusta esa frase! (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Qué vergüenza!-- El señor Peñarrubia Agius: ¡Y la cal viva!) Y lo que más me gusta es lo poco que les gusta a ustedes.

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Creánme que me encanta la frase; cuantas veces me

la digan, voy a disfrutarla. (El señor Peñarrubia Agius: ¡Y la cal viva!)
El señor PRESIDENTE: Señoría, le llamo al orden.
Puede usted continuar, señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Su interpelación tenía la siguiente formulación: que el Gobierno responda --me decía usted, señor Beteta-- ante la Cámara sobre su política general, en orden a garantizar la correcta aplicación a la ciudadanía del artículo 17 de la Constitución; política general --decía usted--, y a la política general me voy a referir, al menos en esta primera intervención, empezando por recordar algo que decía usted en esta Cámara, que estaba puesto en razón, y que no es otra cosa que la lectura de nuestra Constitución: derechos fundamentales contenidos en el artículo 17, y los supuestos y procedimientos con que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de practicar las detenciones, que están regulados, como usted bien conoce, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como el control judicial que sobre estas detenciones se ejerce por parte de las autoridades competentes. Todos estos principios, señoría, con carácter general, son respetados por nuestra Policía, y el Ministerio del Interior vela constantemente, como no podía ser de otra manera, por su correcta aplicación.
Los derechos de las personas detenidas cuentan ya, por tanto, con un marco protector, amparado tanto en nuestra normativa interna, como con una serie de instrumentos normativos internacionales, ratificados por España e incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. Dentro de estos, destacan tanto los emanados de la Organizaciones de Naciones Unidas, ONU, entre ellos la Declaración de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1968, como los procedentes del Consejo de Europa: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y Convenio para la prevención de la tortura del año 1987.
Este es el marco jurídico, nacional e internacional, que se ha preocupado por establecer un conjunto de reglas que exigen a la labor policial una determinada actuación ética, con el fin de evitar comportamientos arbitrarios. Pues bien, señoría, estos son los principios que inspiran la política general del Ministerio del Interior, a la hora de garantizar, como usted interesaba en su interpelación, la correcta aplicación a la ciudadanía del artículo 17 de nuestra Constitución.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son un colectivo formado por 130.000 personas que realizan cada año miles de actuaciones policiales legítimas, y practican también cada año, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, que no son otras que proteger los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, miles de detenciones conforme a los procedimientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico con carácter general, como usted me preguntaba.
Son, pues, escasísimos, aunque existentes, los casos de desviación en la actuación policial. La regla general, absoluta, que siempre preside la actuación de nuestra Policía profesional es la de un riguroso respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad e integridad de los detenidos.
El Ministerio del Interior ha venido aplicando siempre un principio de tolerancia cero ante la posible vulneración de derechos constitucionales, favoreciendo la investigación, la transparencia y la cooperación con el resto de los poderes del Estado, singularmente el Poder Judicial, cuando existe la sospecha de que se haya podido producir algún comportamiento de esta naturaleza. De hecho, este Gobierno, el ministerio que yo ahora ocupo, como sabe usted, desde hace algunas semanas, ha reforzado sustancialmente los instrumentos de los que dispone para garantizar el funcionamiento de estos servicios policiales respetuoso con la ley y con el derecho.
Hay un instrumento orgánico del que el Ministerio del Interior dispone, que es la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad. Pese a que los casos de desviación, repito, son muy pocos se han dado instrucciones precisas al máximo responsable de la unidad para vigilar especialmente este tipo de comportamientos, bajo el principio que le mencionaba antes de tolerancia cero, algo que ya hizo mi antecesor en el cargo. Y se han adoptado una serie de medidas específicas que mencionaré a continuación:
se han potenciado los puestos a disposición de esta inspección; se ha unificado su estructura, ahora es la misma para la Policía y la Guardia Civil; se han incrementado los efectivos en un 30 por ciento; se ha creado un gabinete de estudios y análisis que trabaja para mejorar los protocolos de actuación, creando un grupo específico para ello; se ha diseñado un plan de formación específica para el personal que trabaja en esta unidad, y se actualiza y se forma a quien está trabajando en ella, y, por último, se han incrementado las tareas de inspección, no sólo las inspecciones generales, sino también aquellas inspecciones concretas que se interesan por los distintos órganos directivos del ministerio.
En resumen, ese es el trabajo que hemos hecho, y esa es la actuación general del ministerio por la que usted se interesaba, que no es otra, como usted señalaba, que cumplir y hacer cumplir las leyes, cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución. Ese es el trabajo del ministerio y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El hecho de que haya habido una sentencia, que el Gobierno considera injusta y, por eso, va a recurrir, en ningún caso podría cuestionar este comportamiento general, que es del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
Muchas gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Beteta.

El señor BETETA BARREDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, decía mi madre: Predicar en desiertos, sermón perdido. Yo no sé para qué he consumido quince minutos --creo que más, gracias a la benevolencia del señor

presidente-- del tiempo de todos ustedes explicando y exponiendo las razones concretas, con hechos concretos, con datos concretos, basados no en opiniones, que también lo son de este senador, sino en hechos probados en una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.
Coincido con el señor ministro en que estamos en una democracia formal, totalmente de acuerdo. Coincido con el señor ministro en que tenemos una Constitución. Coincido con el señor ministro en que tenemos una serie de leyes que amparan a los ciudadanos, pero en lo que no coincido con el señor ministro es en que todos los ciudadanos estemos igual de amparados por su práctica de Gobierno, porque ustedes han atacado directamente a dos militantes del Partido Popular. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
-- Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y lo que yo le he dicho al señor ministro en mi intervención es que no fui capaz de encontrar el artículo de la Constitución donde decía que un ciudadano español, una vez afiliado al Partido Popular pierde la protección de los derechos que tenía antes de afiliarse al Partido Popular. Mire usted, eso yo no lo he encontrado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
--) Y eso es lo que les ha pasado a don Isidoro Barrios y a doña María Antonia de la Cruz. Y eso es, señorías, lo que está sufriendo la mujer del señor Barrios, en una situación psicológica muy delicada motivada por haber sido atravesado su honor y su fama por una campaña mediática orquestada y organizada por el Partido Socialista Obrero Español. Y eso es algo muy grave, muy grave, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Ustedes que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, parece que se han olvidado de todo ello. Y vienen aquí intentando echar agua al vino, lo cual me parece bien, porque su estrategia fundamental en este aspecto es que pase rápido y que se olvide. Pues no se va a olvidar, señorías, no se va a olvidar, señor ministro, porque este primer caso de detención política fue un asunto que ustedes intentaron en el año 2005, para que el Partido Popular y sus afiliados se desmotivaran y no ejercieran los derechos que la Constitución nos reconoce para manifestarnos contra la política de su Gobierno, pero la Constitución nos reconoce el derecho a expresar nuestra opinión. (Rumores.) Eso es lo que ustedes pretendían: asustar a los ciudadanos a través de una política de criminalización. Pero las cañas se les han vuelto lanzas, porque se ha demostrado claramente que no sólo no hubo ninguna actuación ilícita por parte de estos ciudadanos, sino que fueron ustedes los que actuaron ilícitamente. (Rumores.) Y después viene la cobardía política, que es decir que, la culpa es de estos policías. Bien, les voy a recordar lo que dicen los sindicatos
policiales: «Somos un cuerpo jerarquizado en el que no hacemos nada sin que lo sepan nuestros superiores», advirtió Isidoro Zamorano, de la Confederación Española de Policía. Véase el periódico «La Razón» del viernes, día 4 de febrero de 2005. En iguales términos se pronunciaron Iñaki Osés, del SPP, y Mónica Gracia, del SUP, que pidieron al señor Alonso que no eluda su responsabilidad. Cuando sale algo bien, enseguida se cuelgan la medalla. ¿ Y qué ocurre cuando sale algo mal?, ¿dónde se asume esa responsabilidad política? ¿La culpa es simplemente de los funcionarios que obraron mal, del delegado del Gobierno que actuó mal y al que, según la doctrina Guerra, ustedes tenían que haber condenado políticamente en lugar de mantenerle la alabanza? ¡Qué rápido cambian los criterios según las conveniencias en cada uno de los momentos y de las circunstancias! Y respecto a la responsabilidad del señor Alonso, qué bonita la entrevista de doña Esther Esteban, qué bonita la entrevista publicada en «El Mundo»: He dado orden a la Policía para que investigue y trate de localizar a quienes intentaron agredir a Bono. ¡Qué bonito! ¡Eso es proteger los derechos de los ciudadanos! ¡Eso es proteger los derechos de los madrileños! ¡Eso es proteger los derechos de los vecinos de Madrid! (Rumores.) No, señorías. Ustedes están en estos momentos en una situación complicada.
Nosotros queremos manifestar desde aquí nuestro respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su conjunto, con especial reconocimiento a ese funcionario ejemplar al que se cita en la sentencia y que fue represaliado por ustedes. Lo que nosotros pedimos aquí es depurar las responsabilidades por los hechos probados y por la responsabilidad política que se deriva de los mismos.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.

El señor BETETA BARREDA: Un instante, señor presidente.
Ustedes también hacen actuaciones selectivas y más recientes. Recuerdo el 1º de mayo, día en que se manifestaron por las vías de Madrid socialistas, comunistas, sindicalistas, con banderas variopintas.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No pasó nada.

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.

El señor BETETA BARREDA: Hace una semana en Móstoles dos militantes de Izquierda Unida llevaban banderas republicanas y fueron detenidos. ¿Qué es eso? ¿otra detención mirando al tendido?, ¿un aviso a los socios de Izquierda Unida? Es que eso de manifestarse está muy mal y debe ser sancionado según y cómo conviene al Gobierno del Partido Socialista.
Ustedes no sólo se conforman con hacer comunidades de primera y de segunda, sino que también quieren hacer ciudadanos de primera y de segunda, según estén apoyando al Gobierno o no. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
-- Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.

El señor BETETA BARREDA: Y eso es atentar contra la Constitución y los derechos fundamentales. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
-- Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Señor presidente, muchas gracias. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
--Algunos señores senadores del Grupo Parlamentario Popular:
¡Dimisión, dimisión!)
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, por favor.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Vaya ensalada, señor Beteta: militantes del Partido Popular, banderas republicanas, Comunidad de Cataluña, Estatuto... No le ha quedado de nada. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, rogaría silencio, para poder entender algo, porque no se puede oir nada. (El señor Floriano Corrales: ¡Trágate el caramelo!)
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Ya lo he tragado, muchas gracias. Le agradezco que me desee buena salud.
Senador Beteta, he leído el preámbulo de su interpelación. Quería matizar dos cuestiones antes que nada.
En primer lugar, no es la Administración del Estado la que ha sido condenada, no es verdad. Han sido condenados --a mi juicio, injustamente-- tres policías, no la Administración. Pequeño error que conviene que usted procese. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y la segunda es que no es la primera vez que sucede. Sin ir más lejos, en el año 2002 había otro ministro del Interior y hubo doce condenas por detenciones ilegales en España; muy pocas, poquísimas, en relación con el número general de detenciones que se hacen, lo que dice mucho de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su respeto hacia la Constitución.
Déjeme que le diga cómo veo yo las cosas. Hubo una manifestación convocada por la AVT y ustedes se sumaron. Pero no solo se sumaron, sino que distribuyeron entre su militancia unas pequeñas octavillas, que decían: Vamos a manifestarnos contra la política antiterrorista del Gobierno. (El señor Conde Bajén: ¡Por eso fue Bono!-- Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Ustedes distribuyeron entre sus militantes a través de sus correos interiores unas octavillas que decían: Vamos a manifestarnos contra la política antiterrorista. En definitiva, ustedes pretendieron convertir --y eso sí que es una novedad en democracia-- una manifestación contra ETA en una manifestación contra el Gobierno. Eso es lo que ustedes pretendieron, eso es lo primero que hay que decir. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.
--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Ustedes, señores del Partido Popular, utilizaron una manifestación de víctimas contra el terrorismo para manifestarse contra el Gobierno; ustedes, los dirigentes del Partido Popular. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, es muy difícil que se pueda escuchar al señor ministro, por los gritos que están dando. (Protestas y fuertes rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías, pido, cuando menos, el mismo respeto que se ha tenido al senador Beteta en su intervención.
Ruego silencio, por favor.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Y en ese contexto, señorías, se producen las agresiones al señor Bono. (Algunos señores senadores del Grupo Parlamentario Popular hacen signos negativos.) Las vimos todos, ese es el problema que tienen ustedes. Las vio toda España, porque se televisaron. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ruego silencio.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Me voy a dirigir hacia el Grupo Socialista. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Lo he intentado, pero veo que quieren convertir esto en una interpelación interactiva. (Risas desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Como tengo yo la palabra, me voy a dirigir al Grupo Socialista. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías, eso es lo que pasó. Y en ese contexto, hubo una agresión al ministro Bono, que vio toda España por televisión. (Fuertes protestas y rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): A partir de ese momento, de esa agresión, que ve toda España, actúan las Fuerzas de seguridad y actúan los jueces. (Protestas y gestos negativos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y en ese momento el Partido Popular lanza una acusación. Dice que las detenciones de los militantes del Partido Popular se han producido por órdenes del Gobierno. Esa es la acusación. Literalmente, hay un diputado que en el Congreso de los Diputados se refiere a las detenciones inducidas por declaraciones e instrucciones de miembros del Gobierno. En resumen, que el Gobierno había dictado instrucción a la Policía de detener a los militantes del Partido Popular. Eso es lo que dice el Partido Popular.
Y ahora viene la sentencia, de la que, como se ha citado de forma exhaustiva, permítanme que cite solo

una frase. Textualmente, dice: «Este tribunal no tiene elementos para entender que la conducta de los acusados en orden a las detenciones analizadas fueran sugeridas por instancias superiores a ellos.» (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: Sigue leyendo la sentencia.) Llamo su atención sobre que emplea el término sugeridas. Descarta ya el de encargadas o mandadas. Y ese es el problema. Ante una acusación del Partido Popular afirmando que el Gobierno había encargado las detenciones, se dicta una sentencia que dice que no es así y que ni siquiera la sugirió. Y ese empieza a ser su problema, que están ustedes con el pie cambiado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.
--Algunos señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Ya, ya!) En definitiva, señorías, no es que el Gobierno y el Partido Socialista quieran rehuir el caso Bono, como lo llaman ustedes, es que se ha acabado. (Algunos señores senadores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡Claro, claro!) El caso Bono, que ustedes planteaban una y otra vez, era porque decían que el Gobierno había dictado instrucciones a la Policía. Y no es así, señorías. (Algunos señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¿No?) Lo dicen los policías, lo dice el señor Bono, lo dice el Gobierno y lo dice la sentencia, esta que usted ha leído tanto y de la que se ha olvidado justamente esta línea, mire por donde, y ¡fíjese que ha dedicado tiempo a la lectura de la sentencia.! (El señor Marqués López: ¡Vaya papelón!) En eso estamos. Se ha acabado. Ya pueden hacer ustedes lo que quieran. Se ha acabado, porque la sentencia dice con rotundidad... (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular) ¡Que sí, hombre, que lo dice, que no ha habido instrucciones políticas! (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Eso sí, queda algo en todo esto, queda una acusación del Partido Popular que pedía 20 años para tres policías, seis años por cada hora de detención en la comisaría. Eso sí queda, para siempre.
Gracias. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.
--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.


-- DE DON CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL PERÍODO 2007-2013, LA POLÍTICA ENERGÉTICA Y OTROS TEMAS QUE SE PUEDAN CONSIDERAR RELEVANTES DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL CONSEJO EUROPEO QUE TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2006 EN BRUSELAS (BÉLGICA) (S.
670/000112).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Gasòliba, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, para la defensa de la interpelación sobre la posición del Gobierno en relación con las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013, la política energética y otros temas que se puedan considerar relevantes durante la celebración del Consejo Europeo que tendrá lugar los días 15 y 16 de junio de 2006 en Bruselas.
Señorías, quiero decirles que se encuentra en la tribuna del hemiciclo el Grupo de Amistad de Chile con el Parlamento Español. (Aplausos.) Tiene la palabra el senador Gasòliba.

El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, los próximos días 15 y 16 de junio se celebrará en Bruselas el Consejo Europeo que cierra la presidencia austriaca de la Unión Europea en el presente semestre y creo que ahora es el momento oportuno para conocer la posición del Gobierno español sobre los puntos más interesantes que se tratarán en el consejo de referencia. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) Como siempre, la Unión Europea se plantea nuevos retos, tiene problemas que resolver y diría que este Consejo Europeo de nuevo presenta un interés especial, no es una reunión de trámite. Estamos discutiendo en Europa cómo superar el parón que en el proceso de ratificación del tratado por el que se instituye una Constitución europea significó el rechazo en referéndum de Francia y Holanda y que, como saben muy bien el señor ministro y sus señorías, sirvió para que otros Estados miembros y sus Gobiernos aplazaran una posible consulta o el proceso de ratificación «sine die».
Sin embargo, el proceso no se ha parado y precisamente el día 12 de mayo Finlandia ratificó el tratado. Es decir, hay una serie de Estados miembros que han continuado este proceso. Finlandia lo acaba de ratificar y es el decimosexto, de modo que ya hay una mayoría clara de Estados que han ratificado el tratado y, por tanto, una mayoría clara de ciudadanos de la Unión Europea que ha ratificado la Constitución.
Sabemos que existe el compromiso para el año que viene de ver cómo se aplica y se desarrolla el tratado y la propia Presidencia austriaca se fijó como uno de sus cometidos ver qué salida se daba a la aplicación del tratado.
Saben, señorías --en todo caso, el señor ministro me rectificará o me ratificará--, que hay tres opciones: una, la que el primer ministro belga propuso ya hace meses: ir hacia la creación de un núcleo duro, aplicando el principio de cooperación reforzada; otra --como pasó con el referéndum irlandés para el Tratado de Niza y con el caso danés para el Tratado de Maastricht--, buscar una nueva formulación que permita a los Estados que lo han rechazado en referéndum volverlo a plantear --ayer el presidente de la Convención, Giscard dÆEstaing, volvió a insistir en la posibilidad de esta solución--; una tercera, la de los que opinan que se debe ser más pragmático e ir aplicando los contenidos

del tratado constitucional a base de acuerdos del Consejo Europeo, convertido en conferencia gubernamental, e ir aprobando aquellos temas que se consideren necesarios --y que la opinión pública también los considera así-- y, por tanto, no darle la dimensión que se le quiso dar a la ratificación del tratado.
Estas son básicamente las tres opciones que están en juego y que se están discutiendo en estos momentos.
Es obvio que evidentemente existe la necesidad de un debate en profundidad sobre el futuro de Europa; tuvimos uno muy interesante, a principios de este mes en Bruselas, los representantes de los parlamentos de Estados miembros con el propio Parlamento Europeo; ahora acabamos de celebrar una reunión en Viena esta misma semana, anteayer y ayer, donde uno de los temas centrales fue ese mismo, con participación del propio primer ministro austriaco. Por tanto, este es un tema de enjundia, de profundidad; evidentemente no se agotará el tema en el Consejo Europeo, pero se marcarán directrices y se tomará buena nota de cuál es la posición de los Estados miembros y, sobre todo, de España porque afortunadamente este nuevo Gobierno --aunque lleva ya dos años-- ha marcado el retorno --a lo que entiendo yo que es la buena senda-- de participar en el grupo motor de aquellos proyectos que contribuyen a fortalecer y a llevar adelante las propuestas de mayor consolidación en el ámbito político e institucional que se propone en la Unión Europea y que precisamente están contenidos en el tratado.
Aparte, hay otros dos temas a tratar que también son muy importantes. Uno es el de las perspectivas financieras; es decir, se ha de consolidar el acuerdo para el 2007-2013 --ya comentamos este tema en un momento anterior--; ha habido una ligera concesión a las propuestas del Parlamento Europeo, aunque tanto a mí, como al Gobierno español nos hubiera gustado disponer de mayores recursos, pero la opción, el acuerdo
--y ya lo manifesté al señor ministro en su momento-- adoptado es el mejor posible y con las condiciones que se han puesto también es un acuerdo favorable para los intereses españoles de aquí al 2013. Y esto enlaza ya con un tema que empieza a ser discutido, que es la aplicación de las perspectivas financieras para el presupuesto del año que viene y sin duda, aunque se habrá de decidir bajo presidencia finlandesa y con el debate que hay en el Parlamento Europeo, es obvio que se ha perfilado ya.
La Comisión Europea ya ha perfilado unas líneas de actuación, de distribución, de aplicación de los acuerdos de perspectivas financieras, y es conveniente que el Gobierno manifieste su opinión también sobre este tema, no tanto ya sobre el último tramo en la aprobación de las perspectivas financieras, que también, por los reajustes que ha habido en las diversas partidas que componen las mimas, sino por la propia aplicación del 2007.
Hay un tercer aspecto, que ha aparecido de repente en el panorama del interés de la opinión pública y que está repercutiendo en el propio ámbito económico pero que nosotros ya habíamos tratado con mucha anterioridad, que es la necesidad de una política energética europea; no se trata sólo del incremento del precio de los hidrocarburos que evidentemente es un componente importante, sino que ha aparecido un tema que no se encontraba en el horizontes que es la misma seguridad en el aprovisionamiento, básicamente en Rusia, donde, se quiera confesar o no, hubo una utilización a base de una clara presión política. Estoy siguiendo con interés las manifestaciones sobre este tema, y de anteayer el primer ministro ruso manifestó un tema, para mí muy preocupante; dijo que Rusia debe recuperar su posición, pues las relaciones con la Unión Europea se están poniendo en peligro porque la ampliación ha llevado a Estados miembros a decir cosas que no nos gustan --estos Estados miembros son de la Unión Europea--. Aunque sea un Estado tan importante como la Confederación de Estados Independientes, no se puede permitir que diga que hay cosas que dicen algunos Estados miembros que no les gustan y que
a lo mejor eso puede perjudicar las relaciones con la Unión Europea. Esto es un tipo de presión que yo considero inadmisible, pero evidentemente, si el primer ministro ruso se ve con la capacidad de decir esto, es porque sabe que está detrás el tema energético. Esto ha de llevar a la Unión Europea a dar una respuesta contundente para hacer realidad a lo que se comprometió ya en la Agenda de Lisboa, desde primavera del año 2000. Los obstáculos que algunos Estados miembros han puesto para una plena liberalización del mercado interior de la energía y la falta de un mandato a nivel de la propia Unión Europea para actuar como actúa en otros ámbitos económicos, como un auténtico operador internacional, lleva a un nuevo posicionamiento que se habría de solventar y, sobre todo, mostrar al mundo de que se actúa conjuntamente, insisto, no únicamente en el tema de los precios, sino en la seguridad del aprovisionamiento, y también evitar que esto se convierta en un tema inadmisible de presión política sobre la Unión Europea.
Otros dos temas más se pusieron de manifiesto en esta reunión de Viena; uno, es la preocupación compartida por todos por la falta de sensibilidad de la opinión pública en la Unión Europea para tener el apoyo adecuado a lo que son los proyectos europeos, que realmente es un tema más a largo plazo, pero que no lo podemos olvidar. La opinión pública se está alejando --en algunos Estados de manera muy preocupante-- de la aceptación o del consenso de los proyectos europeos o del propio apoyo a la Unión Europea. Todos nosotros nos beneficiamos de lo que es la Unión desde muchos ámbitos que van desde los intercambios de los estudiantes a los programas de investigación y desarrollo pasando por el apoyo al mundo rural y también a unas políticas sectoriales para ayudar a eliminar los desequilibrios sociales y territoriales que tienen una gran profundidad, un gran beneficio para los ciudadanos pero que no son conscientes de ello, por lo que ha de haber un apoyo mayor, con menos trabas burocráticas y una mecánica que no resulte tan excesivamente difícil, para establecer mejores acuerdos entre las instituciones, lo que nosotros podíamos llamar la sociedad civil, y las propias administraciones española y europea de los cuales puedo dar algunos ejemplos.
Evidentemente hay un tema final que se tratará en el Consejo Europeo, que es la posición de la Unión Europea en los Balcanes. El resultado del referéndum en Montenegro

abrirá un período en el cual la Unión Europea jugará un papel intermediario muy activo. El referéndum en Kósovo será el año que viene. Hay todo un dibujo de Croacia, que es un país que se va a integrar en la Unión. Por lo tanto, la política en los Balcanes es crucial y la acción en la Unión Europea también en el inmediato futuro por lo que no seguiremos hablando ya de un tema que tal vez ocupe no este Consejo, sino otros. Tendremos tiempo de hablar de ello y de otros países de la Unión Europea que son candidatos.
Creo, señor ministro, señorías, que son temas de suficiente interés y profundidad, que afectan a nuestro futuro, al futuro de España y dentro de Europa como para suscitar este debate y conocer la posición del Gobierno ante el mismo.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor senador.
Para contestar la interpelación, tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Gracias, señoría, le agradezco esta interpelación --como bien ha señalado-- por el calado, la profundidad, y la necesidad de reflexionar juntos sobre el futuro de Europa, sobre todo en vísperas del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio.
Como sabe su señoría, dentro de la Comisión Mixta para la Unión Europea Congreso-Senado, yo mismo y el secretario de Estado para Asuntos Europeos tenemos la obligación --la hemos tenido siempre-- y la responsabilidad de comparecer antes del Consejo Europeo para informar a las distintas fuerzas políticas sobre las orientaciones y posiciones que el Gobierno de España ha defendido y defenderá ante dicho organismo. Pero creo que su interpelación, tal como la ha presentado, va dirigida no solamente a lo que denominamos normalmente la agenda anotada del Consejo, una agenda anotada que ha sido ya discutida en el último Consejo de Asuntos Generales que mantuvimos en Bruselas el pasado lunes, sino también a los grandes temas de preocupación no solamente en España porque toda la ciudadanía europea debe reflexionar y trabajar conjuntamente.
Es verdad que el primer bloque de la agenda anotada del Consejo, tal y como está presentada por la Presidencia austriaca, se va a concentrar en el futuro de la Unión: la Constitución Europea; un segundo bloque lo hará en el espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Al respecto le indico de manera inmediata que por petición española ya incluimos los asuntos de inmigración. Hoy esta Cámara ha tenido ocasión de escuchar la voluntad del Gobierno español de involucrar más a la Unión Europea. Por lo tanto, el Consejo Europeo tendrá que debatir, actuar, proponer y decidir sobre los problemas de inmigración, como también la estrategia sobre el desarrollo sostenible y la política energética.
Junto a ello voy a comentar los puntos que ha mencionado, el desarrollo de las perspectivas financieras que --como sabe-- aprobó el pleno del Parlamento Europeo el pasado 17 de este mes. Por lo tanto, estamos ya en condiciones de contar con un presupuesto europeo y poner en aplicación lo que son esas perspectivas financieras para el 2007 y el 2013.
Por último, comentaré los aspectos PESC de política exterior y seguridad común y lógicamente hablaremos de Irán, de la situación en Oriente próximo y también --como bien ha señalado-- de los Balcanes occidentales, sobre todo tras el referéndum celebrado en Montenegro. Eso es lo que configurará, en mi opinión, el debate y la discusión dentro del Consejo Europeo.
Antes de entrar en la discusión y en la reflexión sobre el futuro de la Unión Europea quisiera señalar la voluntad del Gobierno de que en materia de inmigración demos todavía un paso más cualitativo de involucración de la Unión Europea. Habrá dos ejes fundamentales. El primero, desarrollar el enfoque global de inmigración que se aprobó en el último Consejo Europeo mediante las propuestas que ayer la vicepresidenta del Gobierno logró alcanzar con los distintos comisarios, después de mantener una reunión con el presidente de la Comisión, y ver entre todos como la inmigración tiene que ir construyéndose como una política de la Unión.
Ese era el gran deseo y ese era el párrafo y el capítulo incluido en el tratado constitucional. Al no aprobarse el Tratado constitucional hemos retrasado la creación de esa política europea de inmigración tanto de lo legal como del tratamiento de los flujos ilegales para que juntos podamos abordar este fenómeno tan dramático y tan importante que debemos resolver.
Pero, además, habrá otro elemento esencial, que es la estrategia global hacia África. Le puedo señalar, señoría, que el Gobierno está ya trabajando con algunos países de la Unión para también dar un mensaje de mayor compromiso, aún mayor que el que se dio en diciembre para dedicarnos, ocuparnos y preocuparnos por el continente africano.
No quiero anunciar un «plan África» o un «plan Marshall África», pero sí que la Unión Europea se compromete a hacer mucho más, mejor organizarlo y con una mayor coordinación y concertación para que ese continente pueda mirar hacia el futuro con más esperanza, dando solución a los problemas endémicos de pobreza, miseria y hambruna que tiene.
Tendremos también que seguir avanzando en la agenda de La Haya en la lucha contra el terrorismo pues esperamos que durante la Presidencia finlandesa podamos acudir a un Tampere 2 para que los espacios de Justicia, Seguridad y Justicia puedan obtener todavía un mayor desarrollo.
El bloque esencial, los debates esenciales que vamos a discutir en el Consejo Europeo se van a dedicar al futuro de la Unión y al futuro del tratado constitucional de la Constitución Europea. Para ello, el próximo fin de semana, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión nos reuniremos en un monasterio cercano a Viena para que en dos días
--solamente los ministros, sin colaboradores-- imaginemos como llevar ese tratado constitucional, que quiero recordar fue firmado por todos los Estados miembros que

se comprometieron con su firma en la validez. De ahí su importancia para que entre todos podamos mantener el compromiso en favor de esa Europa que quedó sellada con la firma en Roma del tratado constitucional.
Como bien ha señalado su señoría, en estos momentos hay 16 Estados miembros que han ratificado el tratado. Es verdad que ha habido dos que lo han rechazado por referéndum, Países Bajos y Francia, y que estamos en un período de reflexión, tal y como indicó y señaló el Consejo Europeo del pasado mes de Julio, período de reflexión que a mes de junio de este año tiene que renovarse e indicar la hoja de ruta para seguir avanzando en la construcción europea. Los ministros tendremos ocasión durante este fin de semana de discutir y reflexionar sobre el futuro de la Unión Europea.
La posición que voy a defender en nombre de España en este debate informal con mis colegas europeos está basada en tres objetivos esenciales. El primero, mantener el compromiso con el tratado constitucional. El Gobierno de España, el ministro de Asuntos Exteriores, no puede renunciar a lo que ha sido un mandato y un respaldo mayoritario de la sociedad española, que votó en referéndum con un 76 por ciento en favor del tratado constitucional. De hecho, como digo, casi dos tercios
--serán dos tercios cuando Rumania y Bulgaria ingresen en la Unión-- van a defender y aprobar el tratado constitucional. Por lo tanto, tenemos una masa crítica muy favorable a dicho tratado. Lo que tendremos que ver es cómo facilitamos, cómo hacemos posible que los países que no han ratificado el tratado constitucional lo puedan hacer en el futuro. En cualquier caso, la perspectiva en cualquiera de las decisiones es optar por un marco constitucional muy representativo de las ambiciones y aspiraciones que tiene el ciudadano europeo de cara al futuro.
El segundo bloque de posición española será la defensa de esa Europa que funciona, esa Unión Europea que puede aportar el entusiasmo a la ciudadanía europea y que, por lo tanto, los ciudadanos europeos vean que en materia de inmigración, en materia de terrorismo, en materia de justicia, en materia económica y en materia social la Unión Europea funciona. En definitiva, acercar y demostrar a los ciudadanos que es necesaria la Unión Europea.
El tercer bloque en el que el Gobierno español va a hacer hincapié es en la ampliación. ¿Cuál debe ser el futuro geográfico europeo? ¿Cuáles deben ser sus límites geográficos? ¿Debemos o no debemos poner fronteras a Europa? Tenemos que seguir trabajando para mantener esos criterios de Copenhague y, por lo tanto, favorecer nuestros espacios de estabilidad y de seguridad en el entorno europeo.
Ese es el gran debate que tenemos.
Su señoría ha mencionado tres opciones que están siendo objeto de discusión. La primera opción es la del primer ministro belga, señor Guy Verhofstadt, que pide una Europa federal con un grupo de países, un núcleo duro. Es una de las posibilidades, aunque tal y como están las cosas creo que la opción mayoritaria es no dejar a nadie fuera del marco constitucional.
La segunda opción es el «cherry picking» que dicen los anglosajones, es decir, coger del tratado lo que nos gusta y ponerlo en aplicación. Creo que sería un mal ejemplo. Todavía hay esperanza y oportunidad para poder tener ese tratado constitucional de la manera más ambiciosa y posible que todos deseamos.
La tercera opción es volver a un referéndum al estilo del que vivieron Irlanda y Dinamarca.
Estas son las opciones, aunque están todas las posibilidades abiertas y es muy prematuro. Lo que le puedo decir, señoría, es que el 2007 será un año importante, es el 50 aniversario de la firma del Tratado de Roma, es presidencia alemana y estamos en un momento de involucración de la ciudadanía con Europa y en 2009 habrá elecciones al Parlamento Europeo.
Por lo tanto, 2007 y 2009 constituyen un momento clave para dar ese salto cualitativo que todos los ciudadanos europeos quieren para una construcción de una Europa más cohesionada, más importante y más creíble en el exterior.
La segunda cuestión se refiere a las perspectivas financieras. La voluntad, de una manera general, ha sido poner en marcha de la manera más rápida el acuerdo interinstitucional entre Consejo, Comisión y Parlamento y ahora corresponde principalmente a la Comisión desarrollar los reglamentos. Para España hay un reto muy importante, que son los dos mil millones de euros del fondo tecnológico. Es un nuevo instrumento y, por lo tanto, pediría a las fuerzas políticas y a todos los representantes de las comunidades autónomas que tuviésemos una capacidad de interlocución, de consenso y de diálogo con la Administración para poder gestionar de la mejor manera este nuevo instrumento financiero. Desde luego, nuestra representación permanente estará muy atenta para desarrollar y defender lo mejor posible los intereses de España en los distintos reglamentos que vayan a aplicar y desembolsar las perspectivas financieras de 2007 a 2013.
Una palabra sobre energía. Es un asunto esencial en el debate político actual de la Unión Europea. En esa última reunión que mantuvimos en el Consejo Europeo extraordinario se pidió al alto representante, señor Solana, y al presidente de la Comisión, que colaborasen estrechamente en la importante cuestión de las relaciones exteriores en materia de energía y a que hagan aportaciones a una estrategia de la Unión Europea para debatirlas en el futuro Consejo Europeo. Por lo tanto, estamos a la espera de que la Comisión y el alto representante nos hagan un informe sobre las consecuencias en materia de política exterior de esa crisis energética, esa necesidad de garantizar la seguridad energética y buscar nuevas fuentes de aprovisionamiento para, entre todos, tener una visión global de la política exterior de la Unión Europea en relación con la energía. Es un debate nuevo, importante, donde entran las relaciones con Rusia. Precisamente hoy tiene lugar la cumbre Unión Europea-Federación Rusa en la que se va a tratar el tema del gas ruso y de la seguridad energética rusa. Además, tenemos el gran desafío con Irán y con todo Oriente Medio y América Latina. Por lo tanto, no se puede eludir la energía del debate europeo.
En definitiva, señoría, concluyo señalando que tendremos un Consejo Europeo intenso, en el que habrá un apartado de relaciones exteriores y donde estará, lógicamente,

el futuro de los Balcanes occidentales. Un futuro en el que, como sabe, la Unión Europea ha tenido siempre un compromiso claro no solamente de relación y de asociación e inicio de relaciones con Croacia, sino también de relaciones con Serbia y Montenegro, aunque ahora este último es un país independiente que ya tenía su propia soberanía porque tenía la carta constitucional con Serbia y, de acuerdo con ella, han decidido separarse a través de un referéndum con la visión de tener un horizonte europeo de futuro. Hay que dar tiempo al tiempo. Existen negociaciones entre Serbia y Kósovo y hay que ver los esfuerzos y los avances que se pueden alcanzar en esa área. En cualquier caso, hay que dar un mensaje muy claro de que la familia de los Balcanes occidentales tendrá esa perspectiva europea. Tienen que tener ese estímulo de que al final del proceso podrán ser parte de la familia europea.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador interpelante, señor Gasòliba.

El señor GASÓLIBA I BÖHM: Señor presidente, señorías, señor ministro, le agradezco su aportación, la información que nos ha dado y los criterios con que España acude a la reunión del Consejo Europeo y a esta reunión que se va a celebrar en el monasterio cercano a Viena en el que, por cierto, hace dos años estuve en un seminario. Creo que es un buen sitio para reflexionar y pensar sobre Europa, un sitio que ha visto pasar una parte importantísima de la historia europea, uno de los cruces de la historia desde hace siglos. Por lo tanto, es una buena referencia para recordar todo lo que ha servido la Unión Europea para superar los muchos conflictos que ha habido en nuestra historia.
Tengo un tiempo muy limitado en esta réplica y me querría centrar en cuatro puntos. En primer lugar, cuente con nuestra colaboración no únicamente para una buena aplicación del fondo específico acordado en las perspectivas financieras para España en programas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, sino como usted sabe, en todo aquello que sirva para reforzar nuestra presencia en Europa y llevar adelante los proyectos que hay para lograr una Europa unida. Ha habido un punto relacionado con esto que me he olvidado comentarle, señor ministro, por el que tengo un interés especial. Me refiero a la política con Iberoamérica. Se celebró hace unos quince días un Consejo Europeo que precisamente se dedicó a Iberoamérica. Desearía conocer su opinión sobre el desarrollo de esa reunión y qué políticas de la Unión Europea cree que se han fijado o qué prioridades y actividades se van a desprender de esa reunión.
En nombre de mi grupo parlamentario yo apoyo, evidentemente, que se desarrollen al máximo los contenidos del Tratado para que sean una realidad. Ese calendario 2007-2009 es una nueva oportunidad para ello, pero quiero insistir en que para desarrollar ese calendario y para volver a plantear en algunos Estados miembros el apoyo de la opinión pública es necesario tenerla al lado, pero esa es justamente una de las debilidades que estamos padeciendo ahora.
De aquí a unos días iré a Montblanc, una población de Cataluña que tiene también mucha Historia, para dar una conferencia sobre Europa. Señor ministro, quiero pedirle que me ayude usted en dos cosas. La primera se refiere al título que he de ponerle a la conferencia. Tendrá que ser un título atractivo. Si para hablar de Europa la titulo «El tratado constitucional» posiblemente me harán poco caso. Si la llamo «Los problemas de Europa hoy» resultará excesivamente pesimista. Y si la titulo «Las perspectivas financieras» resultará demasiado técnica.
Es decir, para poner de nuevo a la ciudadanía en el cauce de ese apoyo que necesitamos para que se hagan realidad los proyectos, ¿qué título es el que habría que poner? Yo había pensado en este: «Europa, nuestro futuro» por varias cosas: porque hay que seguir recordando que no podemos prescindir de Europa para construir nuestro futuro y porque estamos en el vigésimo aniversario de nuestra integración en la Unión Europea. Por cierto, la celebración del quincuagésimo aniversario de la reunión de Mesina ya ha tenido lugar; los que llamamos los padres fundadores se han reunido para rememorar, no el primer Tratado, el de la CECA, sino el Tratado de Roma, que es el de referencia.
En resumen, señor ministro, cualquier ayuda de su parte será buena para añadir otro elemento, el de las ideas fuerza. Nosotros empezamos esta década con tres ideas fuerza: el euro, que ha sido un éxito; la ampliación, que es ya una realidad, y dar más contenido político e institucional a la Unión Europea, como dice el Tratado --esto es lo que nos falta--, aparte de solucionar temas concretos. Usted ha citado uno importantísimo, la inmigración, y yo he puesto sobre la mesa otro, que también está en la agenda, y que es el de la energía.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Concluya, por favor, señoría.

El señor GASÒLIBA I BÖHM: Termino enseguida, señor presidente.
Me estaba refiriendo a la energía en el sentido de que no se vea a una Unión Europea rezagada o que intenta poner parches cuando se le plantea un problema, sino que se adelante a los problemas para que la opinión pública europea se pueda sentir identificada con una dimensión que le proporcionará muchos más beneficios que los que actualmente cree percibir.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, señor presidente. Quiero ser breve.
Gracias, señoría.


Vamos a aprovechar ese retiro en el monasterio. Estoy seguro que el espíritu monacal y la música de Mozart nos acompañarán en la reflexión para que podamos salir de allí con una hoja de ruta inspirada en esa mitte-Europa que es siempre el corazón del continente.
Le agradezco su colaboración en la aplicación de los fondos tecnológicos de I+D+I. Creo que tenemos una verdadera apuesta. España ha sido siempre la alumna aventajada en la utilización de los fondos estructurales, el fondo de cohesión, pero ahora hay una nueva apuesta en cuanto a cómo vamos a utilizar los fondos de una manera inteligente y con capacidad de transmisión a los distintos sectores de innovación de empresas, de universidades y de la sociedad en general. Agradezco, por tanto, todo su apoyo.
En cuanto a la cumbre Unión Europea-América Latina, ya he respondido en parte esta mañana, pero voy a contestarle ahora a algunos temas que no han sido objeto de titulares y que, sin embargo, han sido los más importantes del debate interno. En las mesas redondas que los jefes de Estado y de Gobierno mantuvieron mientras se celebraba la cumbre, aparte de la declaración política --hubo 46 jefes de Estado y de Gobierno-- hubo un verdadero compromiso europeo. Puedo señalarle que por primera vez esta cumbre interesó a los europeos; incluso descubrieron el potencial que tiene el continente latinoamericano. Se habló allí de tres temas muy importantes que, en mi opinión, van a ser los que dirijan la agenda Unión Europea-América Latina.
Uno de ellos es el multilateralismo, es decir, esa seña de identidad que tiene Europa y que tiene el continente americano de que solamente trabajando juntos dentro de la familia de las Naciones Unidas y dentro de las organizaciones internacionales la voz euroamericanolatina podrá escucharse y podrá pesar en las decisiones. Hubo un gran debate, y hubo avances en las negociaciones del OMC, de la Ronda de Doha. Se presentó una buena oportunidad para los actores principales, es decir, para Brasil, Alemania, Francia y España, para todos los que tenemos un compromiso de que la Ronda de Doha avance, lo que en muchas ocasiones depende de las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur, y en particular Brasil. Allí hubo avances sustantivos y se vislumbraron esperanzas de que cada parte va a hacer un esfuerzo para intentar alcanzar los oportunos acuerdos. Y se habló de energía. La energía fue objeto de mucha discusión. Por último se habló de las relaciones Mercosur-Unión Europea-comunidad andina. Se habló del lanzamiento de las negociaciones y del papel de la Comisión Europea. Y con los caribeños surgieron a ese respecto una serie de discusiones.
Me preguntaba su señoría sobre apoyar al máximo el tratado constitucional. Creo que vamos a trabajar intensamente para salvarlo y para dotarlo de lo que es el máximo objetivo de la Unión Europea: que haya una Unión Europea política.
Y me pide que le dé un título para su conferencia. Quizá yo le aconsejaría este: «El coste de la no Europa en un mundo global». La ciudadanía europea tiene que comprender que cuando tenemos enfrente de nosotros a países como China, India o Estados Unidos, Europa no puede quedar paralizada. ¿Cuál es el coste de la no existencia de Europa en un mundo global? Creo que esto le puede interesar.
Por último, ideas fuerza. Ese es el gran proyecto. Tenemos que decirle a la sociedad europea y a su ciudadanía qué debe y qué puede aportar la Unión Europea. A este respecto considero que hay cuatro elementos esenciales. Primero: tenemos que conseguir una unión política. ¿Por qué política? Porque, como antes he señalado, en este mundo global otros actores deciden, influyen y defienden sus intereses. Si no tenemos una unión política europea difícilmente podremos hacer frente a la posición de Estados Unidos, de China y de otros países. Por tanto, unión política.
Segundo elemento: valores y principios. Eso es lo que nos da señas de identidad. El modelo europeo de defensa de los principios del Estado de Derecho, de los derechos humanos. Valores y principios. Tercer elemento:
ciudadanía europea, cercanía con la ciudadanía europea. Expandir y dar más protagonismo a los ciudadanos europeos. Cuarto elemento: solidaridad con otras zonas del mundo que necesitan nuestra ayuda, nuestra cooperación y nuestro diálogo.
Esas son las cuatro ideas fuerza que pueden arbitrar y articular el discurso europeo español y yo creo que de todos los europeos.
Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor ministro.


-- DE DON JOSÉ MENDOZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA REGULACIÓN DE LA FORMACIÓN DE MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES (MIR) Y LA INSUFICIENCIA DE ESPECIALISTAS (S. 670/000108).

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación del senador José Mendoza, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la regulación de la formación de Médicos Internos Residentes, MIR, y la insuficiencia de especialistas.
Tiene la palabra el senador Mendoza.

El señor MENDOZA CABRERA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra, señoras y señores senadores. Vamos a reflexionar y dialogar y, si podemos, incluso a llegar a acuerdos sobre el presente y el futuro de las especialidades médicas en España.
Tendría que hacer unas consideraciones previas, y es que por lo menos nuestro grupo acepta que la valoración positiva que hace la Organización Mundial de la Salud de nuestro Sistema Nacional de Salud es adecuada. Si analizamos recursos, tanto materiales como humanos e incluso el porcentaje del producto interior bruto, en relación a los efectos que produce el sistema, creo que nuestra posición puede ser considerada como magnífica.


Hay otra consideración previa que quiero hacer, y es que valoramos muy positivamente el sistema de preparación y capacitación de nuestros especialistas, que creo que es uno de los vectores que ayudan a que el sistema tenga este nivel que antes he comentado.
Por tanto, señora ministra, esta interpelación tiene que ser amable --y yo creo que lo puede ser-- porque los puntos de partida pueden ser comunes. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, hay preocupaciones y elementos que pueden ser mejorables, y sobre ello queremos reflexionar y dialogar.
En cuanto a las preocupaciones, es obvio y constatable que en los últimos diez años ha habido un incremento demográfico en todo el Estado español notabilísimo, y eso, evidentemente, supone una mayor demanda del servicio. Ese incremento demográfico ha ido unido, también, a un relativo envejecimiento de la población y, por tanto, es un sector que también demanda mayor atención de los servicios sanitarios. Desde nuestro punto de vista, se está creando cierta distorsión entre el incremento de la población y el envejecimiento y el número de especialistas en el Servicio Nacional de Salud y, por tanto, en determinados servicios autonómicos de salud.
En esta situación hay otro elemento de preocupación, que es la pirámide de edad de los especialistas. Creemos que la vida laboral de los especialistas que actualmente están en el sistema está limitada y que existe una inyección de nuevos especialistas en el sistema en relación con los tres parámetros que anteriormente he presentado: incremento de población, envejecimiento y pirámide de edad de los especialistas que están en el sistema.
Esta preocupación es general para el conjunto del Estado español, pero sabemos que no es exclusivo de España; es decir, es un problema de Europa y, en general, de todas las sociedades desarrolladas. Es un problema que, en nuestro caso, tiene elementos de agravamiento en cuanto que tenemos serias dificultades para dotar de los especialistas necesarios a las islas no capitalinas por una serie de circunstancias. En realidad, puede llegarse a una conclusión que algunos especialistas han explicitado como que existe una crisis de recursos humanos.
A partir de ahí, hay una primera cuestión que nosotros echamos en falta y que humildemente sugerimos. Nosotros creemos que en el Sistema Nacional de Salud --por tanto, ha de hacerse en consonancia con las comunidades autónomas-- y en el conjunto de Europa se necesita un sistema de información permanente que relacione las variables que anteriormente he comentado: población de derecho y de hecho, edad de la población, número de especialistas en cada una de las especialidades y demanda de esos especialistas; es más, conviene tener en cuenta la progresión por atrás para que no se produzca ningún cuello de botella. Evidentemente, esta información actualizada para poder estar planificando constantemente y tomando decisiones que no sean estrictamente políticas, es decir que estén basadas en datos, es una necesidad urgente del sistema.
Voy a decir más, echo en falta que el sistema de estadística europea no contemple esta materia como un campo de investigación. Entiendo que es necesario, sobre todo teniendo en cuenta la circulación libre de personas en la Unión Europea, que en este campo es evidente, tratar de que Eurostat abra un campo de investigación que afecte al conjunto de los países de la Unión Europea que nos permita tener esta información, no solo del Estado español, sino del conjunto de los países que están en la Unión Europea. Sobre esta propuesta nos gustaría tener su opinión.
Pero hay una segunda cuestión que nos preocupa. Sé que en el pasado, y fue una decisión acertada, se acordó ampliar el número de facultades con números clausus en los estudios de medicina. Fue un momento en el que el número de médicos era importante e incluso teníamos bolsas de médicos en paro. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Esta no es la situación actual y entonces pregunto --aunque sé que tiene que ver mucho con los resultados que se pudieran obtener de lo que antes propuse, del estudio, para no planificar a ciegas--: ¿Está justificado en todos los casos que se mantenga de forma invariable el mismo numerus clausus de alumnos que entran en las facultades de medicina que hace 10 o 12 años? En mi comunidad, no --lo digo con toda claridad--, pero no estoy hablando ahora solo del caso de Canarias, estoy planteando una cuestión sobre la que debemos reflexionar.
A partir de aquí ya entramos en el segundo nivel de especialización o de formación de especialistas, que es el de los médicos internos y residentes. En este sentido, tendría que decir que hay una cierta diferencia entre el cupo de plazas solicitadas en este caso por mi comunidad y el número de plazas ofertadas al sistema MIR o asignadas definitivamente, aunque tengo que reconocer que en los últimos años se ha acercado muchísimo la demanda al número de plazas que se han metido en el cupo para el caso concreto de Canarias --quiero decir que en esto ha habido un avance, pero sigue habiendo deficiencias.
Tenemos insuficiencias claras en determinadas especialidades como anestesiología, obstetricia, pediatría, medicina de familia; insuficiencias que no es posible cubrir si acudimos a las demandas laborales porque no existen
--ese es el problema--. En algún caso, como es el de medicina de familia, por la aplicación de la directiva europea que obliga a especializarse se ha provocado una cierta distorsión en el sistema que será temporal y que espero que en el futuro pueda ser corregida.
Es preciso que se pacte con las comunidades autónomas una nueva orden que regule los requisitos de acreditación de los centros para la formación de MIR y nosotros pensamos que en esa nueva orden se tendría que contemplar la penalización para aquéllos que hayan accedido a una plaza MIR y, sin justificación aceptable, luego la rechacen, porque eso genera que si en este caso el Servicio Canario de Salud había planteado un cupo entendiendo que ese cupo iba a ser cubierto, se encuentra con las manos atadas porque no se ha cubierto y no puede hacer nada. Este es un problema menor, lo reconozco, pero quizá también cabría reflexionar sobre él.
Respecto a los MIR como personal, desde luego parto de las premisas iniciales de las que he hablado: que el modelo es positivo, aunque es perfectible. Es un modelo perfectible, en primer lugar, porque, aceptando que no ha sido

suficientemente regulado y que ahora hay un compromiso por parte del ministerio para regularlo, esa regulación tiene que ser no sólo laboral, sino también de carácter formativo y de carácter de iniciación a la investigación. Es decir, creemos que en los MIR prepondera un vector asistencial en el rol que juegan en nuestro sistema y consideramos que es necesario equilibrar más el aspecto de formación y de especialización junto con el aspecto asistencial.
Es necesario que abramos...

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.

El señor MENDOZA CABRERA: Voy a concluir.
Es necesario que abramos un debate sobre la necesidad o no de una formación troncal en los inicios de los estudios MIR y espero que también podamos concretar los aspectos más destacados de la relación laboral que sé que se contemplan o que se pretenden contemplar en un futuro decreto.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Sanidad y Consumo.

La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Senador Mendoza, como usted muy bien apuntaba en la exposición de motivos de su interpelación, nuestro sistema sanitario ha ido dando respuesta progresiva a las necesidades que en formación y capacitación de especialistas se venían produciendo desde que hace más de dos décadas se implantara el sistema de médicos internos y residentes. En este tiempo se han sucedido cambios en el Sistema Nacional de Salud, cambios que, como usted ha dicho, son reflejo de los cambios en la sociedad. En primer lugar, por supuesto, la descentralización y la asunción de competencias por las comunidades autónomas, pero también la apertura de un único espacio laboral en Europa, diferentes modelos de financiación y el fenómeno de la inmigración, que sin ninguna duda ejerce presión sobre los sistemas sanitarios.
El sistema ha crecido y no solo por el aumento de personas, sino también por el avance que la investigación y las ciencias médicas ha provocado en el aumento o en el nacimiento de nuevas especialidades, y eso ha afectado al funcionamiento del sistema en su estructura organizativa y en la prestación de los servicios, así como en la distribución y composición de sus recursos humanos tanto en lo que se refiere a la formación de especialistas como a su acceso al sistema; evidentemente, tiene también consecuencias para esa demografía de los recursos humanos de salud, que no es si no el reflejo de nuestra sociedad que cada vez va teniendo una edad media mayor.
En mi primera comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo de esta Cámara les comuniqué ya el inicio de acciones inmediatas para reforzar los planes de formación continuada y para impulsar los procesos relativos al acceso al título en especialidades. Ya en el primer consejo interterritorial, en junio de 2004, se propuso y se llevó a cabo la constitución de la comisión de recursos humanos para abordar la oferta de la convocatoria de los MIR, el diseño troncal de las especialidades en Ciencias de la Salud, la regulación de los residentes o la aplicación a los centros sanitarios de esa jornada máxima que nos determina la Unión Europea de 48 horas semanales.
A nosotros nos parece que lo que el ministerio debe hacer --y en eso coincido con su apreciación-- son los estudios correspondientes en primer lugar y comenzar a ver los frutos de todo aquello que se ha puesto en marcha. Se ha puesto en marcha en concreto el proyecto de real decreto por el que se regula la relación laboral especial de residencia --creo que podrá estar aprobado para el verano--; en el se cumplen las previsiones de la disposición adicional primera de la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Quiero decirle que es un texto que fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. La finalidad de la norma es terminar con el estado de precariedad laboral que afecta a los residentes. Hemos querido elaborar una norma que diera al colectivo un régimen jurídico homogéneo y común, cualquiera que sea la titularidad, pública o privada, de la institución sanitaria en la que se esté formando. En ese proceso han participado administraciones y agentes sociales. En primer lugar, el Ministerio de Trabajo --al que corresponde la iniciativa, puesto que es una relación laboral especial-- es el que está llevando a cabo el trámite de información pública, además de las comunidades autónomas, pues, en definitiva, los residentes son trabajadores de las instituciones sanitarias acreditadas que pertenecen a los servicios de salud. Además, el 21 de noviembre de 2005 se adoptó un acuerdo para establecer un marco retributivo común, que no era obligado incluir en el Estatuto de Relación Laboral Especial de Residencia, pero que las comunidades autónomas solicitaron y que el ministerio ha conseguido gestionar con el acuerdo de los sindicatos. Por ello, durante la tramitación de este decreto las organizaciones sindicales han tenido un papel fundamental, constituyéndose un ámbito de negociación con UGT, Comisiones Obreras, CESM, SATSE, y CSIF, llegando a un acuerdo global el pasado día 9 de febrero.
Quisiera destacar los aspectos más importantes del proyecto del Real Decreto. En cuanto al aspecto retributivo, se establece una subida media del 18 por ciento en los sueldos base y se fija un complemento de grado de formación que retribuye el aumento de responsabilidad del residente conforme va avanzando en formación y experiencia. Estos incrementos, aunque graduales, van a tener efectos retroactivos desde el 1 de enero del año 2006.
En materia de jornada laboral, se establece una jornada máxima ordinaria de 37,5 horas semanales y se regula también que las guardias serán aquellas que aconseje la actividad formativa. Se articulan también medidas para conciliar la vida laboral y personal de los residentes, en especial la organización del horario de trabajo de las mujeres embarazadas, pues quisiera recordarle que el colectivo de residentes en formación es mayoritariamente femenino, concretamente mujeres entre 25 y 30 años. En

las últimas convocatorias de pruebas MIR, el 74,76 por ciento de los aspirantes admitidos eran mujeres. En consecuencia, se incluyen medidas para asegurar la protección integral contra la violencia de género, permitiendo a los residentes beneficiarse del derecho preferente a que se les asigne una plaza de residente en una comunidad autónoma distinta.
En definitiva, desde la creación de la figura de los residentes, no se había elaborado un marco jurídico integral, consensuado, saldando así una deuda histórica con estos trabajadores, pilar fundamental de nuestro sistema.
A mí no me cabe ninguna duda de que esta mejora de la situación laboral y esta puesta al día del marco estatutario va a permitir fortalecer el sistema público y fidelizar a los médicos especialistas, frente a la atracción de otros mercados europeos y también --todo hay que decirlo-- del fuerte tirón de la demanda privada. Todo ello se produce porque nuestro sistema de formación goza de un extraordinario prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras y deberíamos mantener esa calidad. Por eso, el ministerio está trabajando con las comunidades autónomas para mejorar la formación sanitaria especializada y dar así respuesta a las necesidades de las comunidades autónomas, sin que por ello disminuya la calidad de nuestra formación. Queremos desarrollar, por tanto, una serie de actuaciones que nos permitan cumplir esos objetivos, entre ellos, la consideración global de todas las especialidades en ciencias de la salud, cualquiera que sea la titulación requerida para acceder a ellas, con un régimen jurídico idéntico, pero también la configuración de las unidades docentes acreditadas donde se imparte la formación, para incorporar criterios de multiprofesionalidad como principio esencial, tal como prevé la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, así como la regulación de las evaluaciones y de los aspectos de supervisión y tutela y el control de calidad de las estructuras docentes --que tiene mucho que ver con esa acreditación que usted mencionaba--, y, por supuesto, la regulación de los órganos colegiados y unipersonales que intervienen en el proceso formativo, con un diseño de derechos y obligaciones, tanto en lo que se refiere a las comisiones de docencia, como a los tutores, coordinadores de unidades docentes, etcétera.
En línea con lo que usted manifestaba, también nos parece importante introducir, tal y como prevé la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, criterios de troncalidad en la formación de las especialidades médicas. Ello nos va a permitir una configuración más flexible y permeable de un sector altamente atomizado, como consecuencia del elevado número de especialidades que demanda el progreso científico, aunque muchas de ellas procedan de troncos comunes y la troncalidad pueda ser de varios años. Por tanto, estas medidas nos van a permitir una formación interrelacionada entre especialidades del mismo tronco, que a corto y medio plazo contribuirán a ampliar las expectativas profesionales de los médicos especialistas, su adecuación a las demandas y, por tanto, el atractivo del ejercicio de la profesión. En este sentido, el pasado 19 de abril, tanto el Ministerio de Sanidad y Consumo como el Ministerio de Educación y Ciencia, en coordinación con la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, llegaron a un acuerdo para elaborar un proyecto que aborde la creación de la primera especialidad troncal, que será la de urgencias y emergencias, iniciando un proceso de diálogo para poder extender esa troncalidad a otras especialidades. Consideramos que la incorporación de la troncalidad, si bien es muy conveniente, requiere una planificación prudente y progresiva para evitar que se ponga en peligro el alto prestigio que este sistema de formación tiene nacional e internacionalmente.
Quisiera hacer también una observación general. Usted ha hablado de la necesidad de hacer un estudio sobre las exigencias de los sistemas sanitarios de la Unión Europea. A este respecto quiero decirle que, en este momentos, en la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud se está estudiando el problema de los profesionales sanitarios con una óptica más amplia. Existen profesionales sanitarios en países del tercer mundo, a los que cuesta mucho formar, que abandonan sus países para ir a trabajar a países más desarrollados. Por lo tanto, ocurre que allí donde más se necesita, no se cuenta con los profesionales sanitarios necesarios. Por tanto, la necesidad de que Canarias, como territorio con especiales condiciones de accesibilidad geográfica, cuente con profesionales sanitarios formados que, tengan condiciones atractivas que les hagan permanecer en Canarias prestando sus servicios, sepa su señoría que es un problema global al que, desgraciadamente, habrá que dar una respuesta europea, por supuesto, una respuesta del Estado español, pero también una respuesta mundial.
Por otra parte, tal y como usted comentaba, la nueva regulación irá incrementando el número de plazas de formación especializada. Yo quisiera decirle que, como saben, el número de plazas para esta legislatura coincide con las peticiones que hacen las comunidades autónomas. Además, como tendré oportunidad de contestarle después, el verdadero cuello de botella no son tanto las universidades, como nuestro sistema de formación especializada. Es ahí donde nosotros creemos que hemos de incidir y, sin ninguna duda, la extensión de la troncalidad será una medida, como también lo será el Real Decreto para el Estatuto del Personal Residente, que se encuentra en tramitación en estos momentos y que espero pueda ver la luz muy pronto.
Seguro que en la dúplica tengo la oportunidad de aclararle alguna otra cuestión.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Mendoza.

El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra.
Evidentemente, conozco el acuerdo alcanzado en noviembre y ratificado en febrero entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades autónomas para definir el marco de relación laboral. A este respecto, permítame

que le diga que sigo considerando que el número de guardias es excesivo y que la libranza después de la guardia es un derecho que depende de la voluntad del jefe de servicio, sin ninguna otra opinión, por tanto, entiendo que es algo que debería ser corregido.
Además, sigue persistiendo un hecho no deseable, y es que las guardias de los residentes sustituyen normalmente al titular. Esto es una realidad.
Por tanto, dependiendo de las comunidades autónomas, el ministerio ha de proponer elementos correctores que de por sí no van a surgir, y es algo que nos preocupa seriamente; tan seriamente que consideramos necesario impulsar de forma más decisiva el papel del tutor en su formación; la opinión del tutor tiene que contar mucho más en las comisiones de docencia.
Insisto en que considero que se han producido importantes avances con relación a la anterior situación; pero sigue siendo una incógnita, que domina quizá la señora ministra o los consejeros de Salud de las distintas comunidades, cuántos especialistas tenemos; en qué especialidades; dónde hay deficiencias; dónde no las hay; dónde sobran, etcétera; cuando en cualquier otro campo --y yo insisto en Eurostat-- es posible consultar en Internet, diariamente y a cualquier hora. Por tanto, ¿no podemos tener un sistema transparente y conocer cuáles son los recursos humanos, dónde están, y cuáles son sus características? Antes he hablado de la pirámide de población de los especialistas y si los mil que estamos formando van a poder sustituir adecuadamente a estos especialistas, sin que se cree un cuello de botella en un momento determinado. Hay una serie de cuestiones que considero absolutamente fundamentales sobre las que no me ha dado respuesta, porque usted puede tener una opinión, absolutamente respetable y con la mejor intención, pero difícilmente podremos discutir si no tenemos el mismo grado de información.
La información de estas características debe ser democratizada, y debemos tener acceso a ella todos los ciudadanos, como sucede en el ámbito docente, donde conocemos cuántos catedráticos hay en una universidad y en cada una de las especialidades; cuántos alumnos hay, etcétera, mientras que en el servicio de salud la información sobre los recursos humanos sigue siendo dominio de una minoría, y de esta forma es muy difícil contrastar si la planificación es o no adecuada...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.
El señor MENDOZA CABRERA: Termino, señor presidente.
En cualquier caso, espero que en el turno de dúplica me responda a algunas de estas cuestiones. Respecto a las dificultades de encontrar especialistas, --que ya sé que no es exclusivo de las Islas Canarias--, planteamos la necesidad de unas retribuciones básicas y variables en función de objetivos, que permitan primar aquellos lugares donde hay dificultades para cubrir las plazas.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Sanidad y Consumo.

La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Gracias, señor presidente.
Señor Mendoza, el proyecto de decreto que regula el sistema MIR no insiste demasiado en temas formativos, es una regulación de sus condiciones laborales; se han añadido las condiciones retributivas pero nosotros creemos que los aspectos formativos deben formar parte de otro documento en el que ya se está trabajando,y es algo que le quería anticipar.
Considero asimismo de interés tener una mejor radiografía de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud y, tiene usted razón, es una de las deficiencias de su sistema de información; usted me habrá oído decir alguna vez que es algo que eché mucho de menos cuando llegué al ministerio, un sistema de información integrado posterior al proceso de transferencias, y también en el caso de recursos humanos.
Por tanto, a iniciativa de los representantes de la consejería canaria de salud-- y lo digo porque ellos han sido los más dinamizadores de este grupo-- y también de la comisión de recursos humanos, se ha creado un grupo de trabajo que está ya realizando sus tareas para describir, analizar los datos y definir la estructura de las poblaciones de médicos en ejercicio; identificar también las variables que pudieran modificar a corto, medio y largo plazo las actuales necesidades de especialistas; la creación de registros de personal accesibles a todos, mediante los que sería posible conocer de forma directa y en tiempo real los recursos de profesionales en cada especialidad, centro y comunidad autónoma, así como la identificación de los problemas proponiendo actuaciones específicas. Y quiero decirle que los trabajos que está desarrollando este grupo van a tener no sólo apoyo técnico, sino también financiación por parte del Plan de calidad del Sistema Nacional de Salud, que contempla entre sus objetivos la realización de actuaciones que nos conduzcan a una adecuada planificación de sus necesidades futuras.
Por tanto, espero haberle dado respuesta a todas sus preguntas. Coincido con usted en la importancia de contar con esta información como una herramienta para planificar mejor. Como usted sabe, la formación de un médico en nuestro país requiere más de 10 años, y la formación de un especialista que puede sustituir a los que ahora se están jubilando muchísimos más, razón por la cual hemos de ponernos a trabajar pronto y bien para que esas necesidades puedan cumplirse.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Finalizado el punto del orden del día en lo que se refiere a las interpelaciones, se suspende la sesión hasta las dieciséis horas cuando discutiremos los dictámenes de los proyectos de ley.

Eran las catorce horas y cincuenta minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:


-- DE LA COMISIÓN DE CULTURA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL (S.
621/000053) (C. D. 212/000045).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto tercero del orden del día: dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de Cultura en relación con el proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Presidente, señorías, tengo el honor de presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Cultura al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo entrada en esta Cámara el 29 de marzo de 2006, tramitándose por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de vetos y enmiendas terminó, tras ser ampliado, el 18 de abril de 2006.
Al proyecto se presentaron un total de 84 enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: de la 1 a la 2 y de la 17 a la 26, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; de la 3 a la 16, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; de la 27 a la 30, del Grupo Parlamentario Popular; de la 31 a la 59, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; de la 60 a la 64, del senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; de la 65 a la 69 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; y de la 70 a la 84, del Grupo Parlamentario Socialista.
La Ponencia se reunió el día 8 de mayo y estuvo integrado por don Juan Van Halen Acedo y doña María Mercedes Gallego Esperanza, del Grupo Parlamentario Popular; don Félix Lavilla Martínez y doña María José Navarro Lafita, del Grupo Parlamentario Socialista; don Miquel Bofill Abelló, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; don Francisco Javier Maqueda Lafuente, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; doña Rosa Nuria Aleixandre i Cerarols, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don José Luis Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; y don Eduardo Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto.
La Comisión se reunió el mismo día, 8 de mayo, y en la sesión se aprobaron la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y las números 70, 73, 75 y 77 del Grupo Parlamentario Socialista. La comisión emitió un dictamen en el que se recogía el texto remitido por el Congreso de los Diputados con la incorporación de las referidas enmiendas.
Se han presentado siete votos particulares a través de los cuales se mantienen para su debate y votación en el Pleno las siguientes enmiendas:
las números 61 y 64 del senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; los números 17 a 26, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; los números 65, 66 y 68 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; los números 3 a 5 y de la 7 a la 16, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; enmiendas 31, 32, 34 a 37 y 39 a 59 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; los números 71, 72, 74, 76 y de la 78 a 84, del Grupo Parlamentario Socialista; y de la 27 a 30 del Grupo Parlamentario Popular.
Señor presidente, señorías, con esto creo haber resumido la tramitación que hasta este momento se ha llevado a cabo de dicho proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Damos comienzo al debate de totalidad. (Pausa.) Entiendo que nadie hace uso de este turno.
Pasamos al turno de defensa de las enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Intervengo solamente para dar por defendidas las enmiendas números 61 y 64 del que les habla.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Perestelo.

El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Brevemente también, intervengo para dar por defendidas las enmiendas números 17 a 26 con los argumentos expuestos en su presentación.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente. Solamente voy a utilizar el turno de presentación de enmiendas.
Hoy termina el trámite de la modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual --como ha expuesto la presidenta de la comisión--, aprobado por Real

Decreto Legislativo el 12 de abril de 1996, hace prácticamente diez años.
La necesidad de su modificación era obvia, tal y como reza en el preámbulo del proyecto de ley, puesto que responde no sólo a la necesidad de incorporar al Derecho español la transposición de la Directiva Europea 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sino que viene a su vez a cumplir con lo acordado en los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1996, OMPI, sobre el derecho de autor, sobre la interpretación y la ejecución de fonogramas.
Pero más allá de las obligaciones internacionales, es obvio que, debido a los avances de las nuevas tecnologías tanto en el campo audiovisual como en el informático, una ley promulgada hace diez años que básicamente tiene como destinatarios a parte de ellos, estaba totalmente obsoleta; una ley que, como pocas, ha provocado un revuelo mediático y ha movilizado a grandes grupos de presión en nuestro entorno --lógico ya que les afecta directamente--. Es una ley que afronta dos problemas: por un lado, el entorno social, la realidad social existente fruto de la evolución de las nuevas tecnologías, de los nuevos hábitos sociales e incluso de los valores que forman parte de ella, y el derecho a la propiedad, en este caso a la propiedad intelectual o incluso el derecho a la libre expresión.
La mayoría de nuestra sociedad acepta perfectamente los valores que supone la propiedad en marcas y patentes en el mundo científico y en el mundo técnico o incluso en el empresarial, y parece poco comprensible que tenga dificultades en aceptar la propiedad intelectual. Quizá sea debido a la naturaleza de las obras, que ellos creen poco tangibles físicamente.
Pero en ambos casos tienen un autor, un inventor, al que se ha llegado gracias al esfuerzo personal y muchas veces a su tesón. Y esta misma sociedad está inmersa en una espiral de avances científicos y tecnológicos imposibles de evitar; cambios que son rápidos y que se implantan con tanta celeridad que la legislación siempre está lejos de la realidad. Sin embargo, la realidad se impone en todos los ámbitos de la sociedad, y es la misma sociedad la que exige una nueva legislación que proteja al autor, propietario de los derechos de las obras, y que regule el uso de las nuevas tecnologías evitando nuevos delitos, impensables hace poco tiempo, que invaden los medios de comunicación. Al mismo tiempo, nos pide que las leyes consagren la libertad sin cortapisas del usuario de estas nuevas tecnologías.
Un ejemplo de todo ello lo tenemos en la utilización de Internet para comunicarse no sólo de forma personal sino también con la sociedad. Los periódicos digitales han sido en poco tiempo una verdadera revolución, un competidor de verdad de los emitidos en papel. Otro cambio es el del entorno analógico al digital en la transmisión de imágenes y sonido, a lo cual hay que añadir nuevos equipos y nuevos aparatos y materiales de soporte tanto para transmisión y almacenamiento como para reproducción.
Algunos de nosotros vemos con asombro cómo se ponen en marcha proyectos exclusivamente para la red; y lo hacen los mismos autores e intérpretes musicales que la despreciaban hasta hace poco, lanzando su última obra a través del teléfono móvil en lugar de por medio del clásico disco compacto. Digo clásico disco compacto, porque los de vinilo y las cintas o casetes, que formaban parte de nuestra experiencia personal, ya han pasado a la historia. También nos enfrentamos a nuevos modelos de negocio, implantados en ausencia de legislación. Necesitamos una ley que, al mismo tiempo que proporcione seguridad y protección a los autores, creadores e intérpretes y tutele y proteja sus obras «post mortem» y realice el necesario ajuste para poner límites a la propiedad intelectual, a los derechos de propiedad, para que esta no suponga un menoscabo de los intereses generales.
La ley fue pactada en el Congreso prácticamente por todos los grupos, y pedimos lo mismo en el Senado. En nuestro caso, presentamos cinco enmiendas; hemos retirado una e incorporado otra --la número 67--, y quedan vivas las números 65, 66 y 68. Paso a defenderlas brevemente. La 65 es similar a la 75 del Partido Socialista. Proponemos eliminar la referencia relativa a que la reproducción se lleve a cabo a partir de un ejemplar adquirido legalmente.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Sí.
La número 66 se refiere al artículo 31 bis, dedicado a la seguridad, y es parecida a otra del Partido Socialista. Por fin, me referiré solo a la número 68, al artículo 32: cita e ilustración de la enseñanza. Este punto es el que más polémica ha levantado. Es el vivo ejemplo de los problemas que podría acarrear, por la realidad existente en nuestra sociedad, el retraso de nuestro sistema legislativo. La cuestión es semejante a la que suscita la copia privada, del artículo 31. Hablábamos de «press-clipping», y aunque debemos entender que las empresas ya existen y deban continuar existiendo, habrá que buscar fórmulas de consenso para que la ley las regule. Sabemos que...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Concluyo.
Sabemos que algunas deberán sufrir algunos cambios. Cualquier decisión es compleja y difícil, y más en este campo. A veces nos gustaría tener la sabiduría del rey Salomón para logra un texto justo. No sé si esta vez lo hemos logrado, pero estas son nuestras enmiendas.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Luego, en el turno de defensa de las enmiendas, defenderemos nuestra posición, aunque sea de forma breve. En este proyecto de ley no se ha tenido en contra al consumidor. En consecuencia, nuestro grupo mantiene todas sus enmiendas. Retiró una en Comisión, como luego comentaré...


El señor PRESIDENTE: Disculpe, señoría. Le recuerdo que estamos en el turno de enmiendas.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Resumo: mantenemos todas nuestras enmiendas, menos una que retiramos en Comisión. Luego daré razón de cuáles y por qué.
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.
Los dos senadores de Iniciativa per Catalunya-Verds votaremos no a este proyecto de ley, porque estamos en contra del canon digital. Doy por defendidas nuestras enmiendas y justificaré, a continuación, nuestro voto en contra de este proyecto de ley.
Este proyecto de ley es fundamentalmente la ley que regula y amplia el llamado canon digital. Estamos absolutamente de acuerdo en que hay que proteger los derechos de los autores, artistas, directores y productores; deben ser remunerados por su creación. Soy consciente de los costes que suponen la piratería, las descargas ilegales, de obras sujetas a derechos de propiedad intelectual. Les daré dos ejemplos que permiten ver la gravedad del problema: durante el último año y medio, la piratería audiovisual ha pasado del 5 al 60 por ciento. En 2005, en España, se copiaron ilegalmente 350 millones de canciones. Esta situación hace más comprensible la determinación de las sociedades de gestión en la defensa de los derechos de los creadores.
Sin embargo, señorías, este canon no es la solución, sinceramente. Algo pasará para que tantos estemos en desacuerdo con este canon, sin tener por ello intereses inconfesables, y me quiero referir a las casi cien mil firmas contra el canon presentadas en el Senado hace pocos días. Un canon indiscriminado no se puede justificar sobre la base de la necesidad de compensar las pérdidas que el desarrollo tecnológico genera a quien crea los contenidos. Una afirmación así, al no poder ser generalizada, no es válida. Como sentenció la Audiencia Provincial de Madrid, confuso derecho es este en el que se cobra canon a cambio de una actividad prohibida.
El canon de copia privada es un sistema manifiestamente ineficaz e imperfecto. Esa es la principal conclusión de un dictamen elaborado por la comisión asesora sobre la sociedad de la información, presidida por Manuel Castells, uno de los mayores expertos mundiales en este campo.
Sigue el informe: es un canon injusto e indiscriminado, no frena la piratería y nos hace responsables a todos de ella. El canon puede afectar seriamente al desarrollo de la sociedad de la información y encarece el precio de los productos. Hoy en día representa el 50 por ciento del precio del CD y el 31 por ciento de un MP3.
El Senado tampoco puede ignorar en este debate los acuerdos que ha ido aprobando sobre estas cuestiones. El 18 de mayo de 2005 el Grupo Parlamentario Popular presenta y aprueba una proposición de ley sobre el actual canon digital: Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a los programas de ordenador, a los equipos informáticos, a las conexiones a Internet, a los soportes en CD y en DVD, así como cualquier otro dispositivo informático y sistemas de almacenamiento y/o reproducción digital.
Como reacción a esta proposición del PP, el resto de los grupos firmamos una moción que decía que el Senado insta al Gobierno para que en el plazo de nueve meses presente un proyecto de ley en el que, entre otros asuntos, se modifique el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Visto el debate de hoy y las enmiendas presentadas, ninguna de las dos votaciones han servido de mucho. Para legislar más canon no hacían falta estas polémicas, sino algo más de coherencia.
Señoras y señores senadores, ¿es posible encontrar un tratamiento justo para los consumidores y que se cree un sistema compensatorio correcto para los creadores de contenidos? Sí. Iniciativa-Verds cree que sí, que hay fórmulas, hay propuestas, hay debates abiertos del conjunto de la Unión Europea. Esta era la virtud de la moción aprobada por el Senado:
abrir un período de reflexión, convocar a las partes, estudiar otras propuestas. La respuesta del Gobierno ha sido este proyecto de ley; la nuestra, votar en contra.
Gracias, señoras y señores senadores.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones): «Moltes gràcies, president.
La propietat intel·lectual dÆuna obra literària, artística o científica correspon al seu autor pel sol fet de la seva creació. Els poders públics promouran i tutelaran lÆaccés a la cultura, a la qual tothom té dret.» La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde a su autor por el solo hecho de su creación. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la cual todo el mundo tiene derecho.
Estos son dos de los principios enunciados en la Ley de la Propiedad Intelectual vigente y en la Constitución, que enmarcan el conjunto de las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés y de los grupos que la integramos, que tenemos la voluntad de modernizar nuestra legislación sobre propiedad intelectual dentro del marco europeo para aprovechar al máximo las posibilidades que las nuevas tecnologías abren a la difusión de la cultura y la ciencia, a la educación y al acceso a la información, fomentando al tiempo la creación cultural y la investigación científica, protegiendo a los autores, a los creadores, a los investigadores, garantizando sus derechos y también incitándoles a aprovechar las posibilidades que les ofrecen a ellos las nuevas tecnologías tanto para la propia creación como para la difusión de sus obras, incluso para obtener al final una remuneración más adecuada de su trabajo, de su propiedad intelectual.


No es esta una simple declaración de principios, sino la expresión de una voluntad real de cambio que nos lleve a cogerle la palabra a la ministra para que cumpla su compromiso de plantear en esta legislatura una reforma en profundidad del conjunto de la Ley de Propiedad Intelectual, sin la cual estamos solo poniendo parches y resulta muy difícil garantizar en el actual contexto de cambio tecnológico un justo equilibrio entre los derechos económicos de los autores, productores o distribuidores y el interés general del acceso más amplio posible de los ciudadanos a la cultura.
Continuando con los principios, queremos afirmar algunos más que inspiran también buena parte de nuestras enmiendas. La copia privada es legítima, no es piratería. La copia privada genera el derecho del autor a recibir una compensación por el uso de su obra, siendo también cierto que si no hay copia, no hay derecho de autor y no debería haber un pago por este concepto. La piratería, la copia ilegal masiva para su distribución masiva con finalidades lucrativas, directas o indirectas, es un delito que se debe castigar y que se debe impedir que se produzca. La compensación económica por las pérdidas ocasionadas por estos delitos debe correr a cuenta de los responsables de los delitos.
El canon, que la ley denomina expresamente compensación equitativa por copia privada, en la medida de lo posible, debería ser estrictamente eso, y en la medida de lo posible no se debería aplicar indiscriminadamente a todos los medios y aparatos de copia o reproducción sin tener en cuenta los usos reales de esos medios y aparatos, ni tampoco debería servir para compensar supuestas o reales pérdidas económicas de autores, productores o distribuidores a causa de delitos relacionados con la denominada piratería.
De las enmiendas que ha presentado Entesa, unas, concretamente las números 32, 34, 39 y 58, corresponden a Iniciativa per Catalunya-Verds, y las damos por defendidas con la intervención del compañero Jordi Guillot.
Las enmiendas números 33 y 56 son asumidas por Entesa en su conjunto, es decir, por los tres grupos que la formamos. Y las veintidós restantes que han quedado vivas para este Pleno son de Esquerra Republicana de Catalunya.
La enmienda número 33 de Entesa pretende que no se aplique el canon automática e indiscriminadamente a todos los equipos, aparatos y soportes materiales que puedan realizar una reproducción --con lo cual, hasta un teléfono móvil con una cámara podría llegar a pagar el canon--, sino que las partes a las que la ley reconoce competencia en la materia, y, en última instancia, los Ministerios de Cultura y de Industria, vayan revisando periódicamente cuáles se usan preferentemente con esta finalidad --realizar copias de obras que generen derecho a compensación equitativa-- y cuáles no. Por otro lado, es una enmienda próxima en su finalidad a la más descafeinada número 28, del Partido Popular, que los senadores de Esquerra votaremos afirmativamente.
También sabemos que en su fuero interno muchos senadores de todos los grupos asumen como propia nuestra enmienda, y mantenemos la esperanza de que ejerzan sus dotes de convicción ante los dirigentes de sus grupos y ante los responsables del Ministerio de Cultura para que pongan el semáforo en verde y apoyen nuestra enmienda.
Lo mismo decimos de nuestra enmienda número 56, a la disposición transitoria, que transpone a la ley el acuerdo sobre el canon a que llegaron hace unos meses las entidades de gestión y una parte del sector industrial implicado. Es una enmienda que intenta impedir un redactado que no se corresponde exactamente con el acuerdo de referencia, y que podría interpretarse para que las impresoras también paguen el canon, cosa que nos parece excesiva. En realidad, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya hemos asumido esta enmienda como un mal menor, ya que la enmienda número 57, de Esquerra lo que pretende es que se negocie de nuevo y con nuevos criterios toda la tarifa del canon, y es también lo que intenta, por su lado, hacer la enmienda número 58 de Iniciativa.
No nos parece ni adecuado ni oportuno que se den por buenas unas tarifas acordadas entre privados, cuando la ley establece que, en última instancia, serán los Ministerios de Cultura e Industria los que las fijarán.
Defenderé, a continuación, las enmiendas que son estrictamente de Esquerra Republicana. Esquerra es el partido que más enmiendas ha presentado para mejorar la ley, de acuerdo con los criterios apuntados más arriba: una aplicación menos indiscriminada del canon para no gravar usos que no tienen nada que ver con la copia privada, para favorecer usos culturales y educativos, sin finalidad de lucro, ligados a nuestro progreso cultural y científico, y para facilitar el acceso a la cultura, a la información y a la educación a colectivos que tienen mayores dificultades para hacerlo, como los discapacitados.
Nuestras enmiendas, particularmente las números 35, 36, 42 y 52, se inspiran también en el necesario respeto a las competencias autonómicas en la materia, y en la necesaria participación de las comunidades autónomas y de las asociaciones de consumidores y usuarios en todo lo relacionado con la fijación de las tarifas del canon, y no sólo de los industriales y de las sociedades de gestión de los derechos de autor.
En cuanto a las competencias autonómicas, se ha desaprovechado una buena ocasión para incorporar las competencias de las comunidades autónomas por lo que se refiere a las entidades de gestión, avaladas por la sentencia 196/1997, del Tribunal Constitucional, aunque no nos extraña, visto cómo le han pasado el cepillo al Estatuto catalán, también en esta materia; y ahí tienen ustedes uno más del centenar de motivos que inducen a votar no a Esquerra Republicana el 18 de junio.
Las enmiendas de Esquerra son claramente progresistas y favorables a la vez a los creadores culturales y a la difusión de la cultura, y nos extraña que desde el partido del Gobierno no se haya incorporado al dictamen ninguna de ellas. Y les voy a citar algunas, con la esperanza de que les permitan votarlas favorablemente. La enmienda número 37 --y parece que finalmente el Partido Popular va a votar a favor-- dice que las partes negociadoras de las tarifas del canon, y en todo caso los Ministerios de Industria y Cultura, tengan en cuenta en el momento de fijarla la necesidad

de fomentar el acceso y difusión de la cultura y la información. ¿No les parece una cosa razonable y progresista? Fíjense, también en la misma línea de fomento de la cultura, en las enmiendas números 46, 47, 48 ó 51, que tienen como finalidad facilitar el uso de las obras para la ilustración, con fines educativos, de la investigación científica, facilitar las reproducciones que se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública, facilitar que en esos centros se puedan comunicar obras a través de terminales a usuarios determinados, a efectos de investigación o de actividad educativa, así como eximir del pago de la tarifa para aquellos usos en que los titulares así lo soliciten, en especial en actos benéficos, culturales o de promoción de las propias obras, sin taquilla, o con una recaudación inferior a los mínimos para cubrir los gastos de organización.
Para proteger mejor a los autores y favorecer la comunicación científica, la enmienda número 50 de Esquerra pretende que el autor de artículos, especialmente científicos y técnicos, reproducidos en publicaciones periódicas conserve sus derechos para difundirlos posteriormente a través de su web personal o de la institución en que trabaja. Tampoco se entiende que desde una perspectiva progresista no se acepte nuestra enmienda número 41, cuya finalidad es que las asociaciones de personas con discapacidad estén exentas del pago del canon cuando adquieran equipos, aparatos o soportes para reproducir material para sus afiliados discapacitados.
La enmienda número 40 plantea una cuestión central, como es eximir del pago del canon a todos aquellos compradores que acrediten suficientemente que el destino o uso final de los equipos, aparatos o soportes materiales no sea la copia privada, en particular, empresas, instituciones, administraciones públicas y trabajadores autónomos, cuya actividad requiera la utilización habitual de dichos equipos, aparatos o soportes.
Resulta incomprensible y es extremadamente injusto --una auténtica perversión del objeto de la ley-- que tengan que pagar el canon por copia privada cuando es evidente que esta no existe. Es un auténtico escándalo que habrá de terminar volviéndose contra el concepto mismo del canon digital. No es de recibo que las administraciones públicas, las empresas, estén financiando las sociedades de gestión de derechos de autor más allá de lo que legítimamente les corresponde. No es de recibo que se pague cuando manifiestamente no han realizado ninguna copia de película, música, etcétera, que pueda justificar el pago de derechos. ¿Es que acaso los ministerios y los funcionarios públicos tienen instalado el Emule u otro programa de este tipo en sus ordenadores y se dedican a bajarse películas o música? ¿Deben pagar los ciudadanos con sus impuestos un canon por unas copias que no se han realizado, y que si excepcionalmente se han realizado ha sido por un total incumplimiento de las obligaciones de la función pública? ¿Cómo pueden defender un texto que lleva a que escuelas, museos, juzgados, hospitales o empresas paguen un canon en compensación de una copia privada, que por su propia definición no pueden ejercer? Y qué decir del Grupo Parlamentario Popular, después de que hace un año se aprobara en esta Cámara con su voto una proposición de ley simplemente en contra del canon digital, ¿no van a votar ahora a favor de una enmienda mucho más moderada, pero que al menos limitaría su aplicación indiscriminada? Realmente sería incomprensible que Esquerra Republicana se quedara sola defendiendo una demanda tan justa y tan de sentido común que, además, una mayoría de senadores en privado afirman compartir.
La enmienda número 43 pretende que conste en las facturas de compra el importe del canon que se incluye en el precio del producto. Es un derecho mínimo del consumidor y, por otro lado, puede suponer un freno a un aumento del coste del producto, ya que actualmente la mayoría de intermediarios están cargando sus márgenes comerciales sobre el canon.
Este es también el objetivo de la enmienda número 59 para evitar que se cargue el IVA sobre el canon. Los usuarios deben saber qué pagan y por qué pagan.
Nuestra enmienda número 42, además de precisar la competencia autonómica, tiene como finalidad dejar claro que los autores que no son socios de una entidad de gestión deben percibir una compensación equitativa por la copia de sus obras y, también, deben participar en el reparto de las cantidades percibidas en concepto de derecho de autor.
Finalmente, nuestra enmienda número 55 propone la supresión del artículo 161 que pone en peligro la copia privada y puede ser extremadamente lesivo para los usuarios que, después de haber pagado un canon muy indiscriminado, se encontrarán con que los titulares de los derechos podrán adoptar medidas tecnológicas que limiten el número de reproducciones por copia privada.
No me alargo más porque se me termina el tiempo. Simplemente insistiré en el hecho de que nuestras enmiendas tienen un objetivo fundamental:
garantizar el acceso de los ciudadanos a la cultura, la información en la educación, y a los autores la justa remuneración de sus derechos sin poner puertas al campo del progreso.
«Moltes gràcies, senyor president.»
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Navarro.

La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes a todos. Debatimos hoy el proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con objeto de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la directiva europea conocida como Sociedad de la Información. Esta directiva, relativa a la modificación de determinados aspectos de los derechos de autor y de derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debería haber sido traspuesta con fecha anterior al 22 de diciembre de 2002; y estamos en el año 2006.
Aun estando de acuerdo con la percepción generalizada de que es necesaria una nueva ley de propiedad intelectual, acomodada a las nuevas necesidades y a los nuevos conflictos

que se han planteado en esta materia, resulta lógico aceptar que se lleve a cabo en primer lugar, por motivos de urgencia, la trasposición de la citada directiva, y dejar para unas segunda fase las modificaciones posteriores. Quiero recordar a este respecto que el Estado español ha sido condenado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por incumplimiento de esta obligación.
Esta trasposición resulta totalmente necesaria para garantizar los derechos de autor ante las nuevas y variadas posibilidades que brinda la sociedad de la información, en constante avance y evolución. Por responsabilidad, corresponde promover y acometer esa trasposición al Gobierno socialista. Por supuesto, hubiese sido mucho más cómodo para este Gobierno encontrar esta directiva incorporada al ordenamiento jurídico, pero eso se realiza ahora; y no creo que sea casualidad.
Dijimos ya en la Comisión de Cultura y lo repetimos en este debate que estamos ante una ley muy complicada, una ley compleja, difícil, llena de sutilezas y que viene determinada por la diversidad de intereses, legítimos, por supuesto, de los diferentes sectores afectados y en ocasiones enfrentados. También viene determinada por los permanentes avances de las nuevas tecnologías, que cada vez ofrecen una mayor capacidad y calidad, al tiempo que constituyen una extraordinaria posibilidad para el acceso del ciudadano como usuario y consumidor al mundo de la cultura. En definitiva, señorías, la complejidad de esta ley estriba en la dificultad de acomodar el derecho de la propiedad intelectual al entorno digital.
La ley se ha tramitado en el Congreso y se nos ha hecho llegar un texto aprobado por un amplio consenso; y de él partimos. En el período de tramitación en esta Cámara hemos sido invitados a escuchar a representantes de todos los sectores afectados, que se han puesto en contacto con nosotros para transmitirnos sus puntos de vista, inquietudes, dudas, temores y, por supuesto, sus iniciativas. A todos ellos quiero agradecerles desde esta tribuna el esfuerzo por acercarnos esa realidad que conocen tan bien, esas matizaciones que conocen por el desarrollo de su profesión. Y quiero destacar que uno de ellos me decía que no nos presentaban las iniciativas que les gustarían, porque, si realmente fuese así, se mostrarían mucho más ambiciosos. De modo que lo que nos presentan son iniciativas que consideran justas y equilibradas, iniciativas razonables.
Por ello, señorías, siguiendo esta reflexión, tanto por lo que se refiere a nuestras propias enmiendas, como respecto de nuestra posición ante las presentadas por los demás grupos parlamentarios, el Grupo Socialista buscará ese mismo equilibrio, esa posición de adecuación al momento normativo que nos compete.
El Grupo Parlamentario Socialista mantiene un voto particular que agrupa once enmiendas, tras haberse incorporado cuatro en el dictamen de la comisión. Así hemos mantenido las enmiendas números 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84, con la sana intención de enriquecer y mejorar el texto remitido por el Congreso de los Diputados de manera coherente y equilibrada.
La enmienda número 71, al párrafo 8º del apartado II del Preámbulo, está relacionada con la enmienda número 74, al apartado Cuatro, artículo 25.6, que se refiere a la compensación equitativa por copia privada.
Consideramos justo que se compensen las pérdidas que sufren los creadores por la habilitación legal que permite en determinados casos la reproducción de obras y prestaciones sin autorización del titular, máxime si entendemos que la copia privada no es un derecho subjetivo del ciudadano sino una limitación del derecho de autor o titular a la reproducción de sus obras. Pero también queremos asegurar mediante nuestras enmiendas que esa compensación sea proporcionada, que se produzca dentro de unos márgenes razonables desde el punto de vista económico y teniendo en cuenta el precio final del equipo o aparato. Por ello, mediante la enmienda número 74 proponemos la adición de un nuevo epígrafe g) a la regla 4ª con esta consideración, al tiempo que proponemos que también se anuncie en el Preámbulo, según se considera en nuestra enmienda número 71. Por tanto, señorías, la compensación proporcionada sería el objeto de estas enmiendas.
La enmienda número 72, al apartado II, párrafo 17º, del Preámbulo, se presenta en coherencia con nuestra enmienda 75, al apartado cinco, relativo al artículo 31.2, enmienda que ya fue aprobada en la Comisión.
Con ambas enmiendas pretendíamos dejar claro que el acceso a la fuente que contiene la obra que se reproduce debe ser un acceso legal, y que esta matización no tiene por qué suponer un menoscabo en la recaudación de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Se trata, por tanto, de una modificación a un artículo y su reflejo en el Preámbulo.
En Comisión aprobamos también la enmienda número 70, al párrafo 3º del Preámbulo, enmienda que estaba en coherencia con la enmienda 82, de adición de una nueva disposición adicional tercera, referida al fomento de la difusión de obras digitales. Señorías, el desarrollo de herramientas de publicación personal y la popularidad que han conseguido nuevos medios tecnológicos permiten que muchas personas publiquen contenidos en Internet sin necesidad de una gran infraestructura ni tampoco de grandes conocimientos. Alguien ha denominado a estas formas de comunicación manantiales de cultura libre. Queremos que los ciudadanos puedan aprovechar al máximo el gran potencial que para el mundo de la cultura suponen los avances tecnológicos, y pretendemos adecuar el contenido programático de la ley la realidad tecnológica que supone para la difusión de la cultura los permanentes avances y la continua evolución de la tecnología digital y las comunicaciones, aunque siempre dejando constancia de que esta realidad no debe influir en la protección de los derechos de los creadores. Por ello, con nuestra enmienda pretendemos mandatar a los poderes públicos para que sean aprovechadas estas posibilidades de la tecnología digital en la difusión de creaciones intelectuales, prestando una particular atención a la diversidad cultural española.
La enmienda 76, al apartado seis, artículo 31 bis.2, también pretende mejorar el texto original, aclarándolo para evitar interpretaciones erróneas que no se ajusten a la voluntad del legislador. Esta enmienda coincide con la número 66, de Convergència i Unió.


La enmienda 78, al apartado Nueve, artículo 90.4, tiene por finalidad mejorar la redacción del texto y aclarar su contenido. Presentamos a todos los grupos una propuesta de mejora de la redacción, y desde esta tribuna quiero agradecer a todos los grupos su colaboración para poder presentar esta nueva propuesta que, como no estaba publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», voy a leer. La redacción final de este punto sería: La proyección, exhibición sin exigir precio de entrada, o la transmisión al público por cualquier medio o procedimiento alámbrico o inalámbrico, incluido, entre otros, la puesta a disposición, en la forma establecida en el artículo 20.2.i), de una obra audiovisual, dará derecho a los autores a recibir la remuneración que proceda de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la correspondiente entidad de gestión.
Como ven, señorías, la expresión: «sin exigir precio de entrada» se coloca tras las palabras «proyección» o «exhibición», ya que es precisamente en estos procedimientos cuando nos referimos al público presente, la que justifica la referencia al precio de entrada. El complemento por cualquier procedimiento se halla ya expresado en el artículo 20.2.i), por lo que no es necesario repetir el contenido.
Además, de ese modo entendemos que se mantiene una relación con el acto de transmisión para que esa palabra abarque precisamente cualquier forma de difusión con independencia de la modalidad técnica. Y se añaden los términos «alámbrico» o «inalámbrico» para reforzar la expresión: por cualquier procedimiento, y evitar así interpretaciones equívocas que discriminen la transmisión por cable de la transmisión herciana. En definitiva, señorías, lo único que pretendemos es que los derechos que se tenían mediante procedimientos analógicos se conserven también en los nuevos procedimientos digitales.
Las enmiendas números 79, 80 y 81 pretenden recoger el texto de los artículos, tal como están regulados en el proyecto de ley, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial que incorpora la directiva de respeto de los derechos de propiedad intelectual.
La enmienda 83, de modificación a la disposición transitoria única, plantea describir en sus justos términos los acuerdos alcanzados entre las asociaciones representativas de gestión de derechos de la propiedad intelectual y las asociaciones representativas de deudores de pago por copia privada. Quiero subrayar que este acuerdo se transcribe en sus justos términos y no por su interpretación u otras consideraciones.
Por último, la enmienda 84, a la disposición final primera, simplemente pretende ampliar el fundamento constitucional en materia de legislación procesal, de acuerdo con el artículo 149.1.6ª de la Constitución, y también la necesidad de articular mecanismos de intervención pública, al amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución Española, debido al incremento exponencial del valor económico de la propiedad intelectual.
Señorías, insisto en destacar el equilibrio y la coherencia de estas enmiendas, y por ello solicito a todos los grupos su respaldo unánime.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Van-Halen.

El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias.
El Grupo Parlamentario Popular presenta cuatro enmiendas a este proyecto de ley. La número 27, al apartado II, párrafo 8º del Preámbulo, propone suprimir la expresión: a partir de la entrada en vigor de esta ley. Es una enmienda coherente ante una reiteración, dado que la ley cuenta en su totalidad desde su entrada en vigor.
La número 28, al artículo 25, apartado dos, introduce la expresión: Y que se utilicen, refiriéndose a los aparatos y soportes materiales idóneos para reproducción. Se aclara con esta enmienda lo que el legislador ha de entender como idóneo, que a menudo no ha sido interpretado como adecuación específica, sino para que simplemente se permita la realización de tales producciones.
En cuanto a la enmienda número 29, a la disposición transitoria única, era intención del Grupo Parlamentario Popular que se reflejasen los acuerdos entre significadas entidades de gestión y asociaciones de fabricantes e importadores de equipos del sector y, por ello, en la justificación de la enmienda se explica que esa opción no debería estar sujeta a modificación y que habría de reflejar exactamente los acuerdos.
Pero en la enmienda hay alguna variación involuntaria sobre los acuerdos a que me he referido, por lo que la retiraremos y votaremos la enmienda número 83 del Grupo Parlamentario Socialista si se procede a reflejar el texto literal de los acuerdos referidos. De ahí que debería cambiarse la palabra «reproducción» por la de «digitalización» en el apartado a) del punto primero, de modo que se reproduzca exactamente dicho acuerdo. De no hacerlo se estaría falseando el enunciado en el epígrafe uno de la citada enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Con la número 30, a la disposición adicional primera, se enmienda algo obvio: el Gobierno no puede modificar una ley mediante un real decreto, como se dice en esta disposición adicional primera, de conformidad con la doctrina conocida y el informe del Consejo de Estado.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al turno en contra.
Tiene la palabra la senadora Navarro.

La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente porque de no hacerlo no me daría tiempo a dar respuesta a todos los grupos. Voy a fijar la posición de mi grupo en contra de las enmiendas presentadas, y quiero empezar recordando de nuevo que este proyecto de ley tiene por objeto transponer la directiva europea en materia de la sociedad de la información, y en el apartado I del Preámbulo se indican claramente los criterios que se han seguido por el Gobierno: la fidelidad al texto de la directiva y la mínima reforma de la actual normativa. Lo subrayo, señorías, porque hay aspectos en el

texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que podrán ser objeto de revisión en el futuro inmediato, y esta es la voluntad de este Gobierno expresada por la Ministra de Cultura. Por ello, el contenido de algunas de las enmiendas presentadas debería ser estudiado y abordado también en esa fase posterior.
El artículo 25 de la ley, al que se han referido todos los portavoces, se refiere a la compensación equitativa por copia privada. La remuneración equitativa por copia privada, señorías, existe desde hace más de 40 años en Europa. Apareció por primera vez en Alemania, en 1964, y en España existe desde 1987 como forma de paliar las pérdidas que sufren en sus ingresos los autores, artistas, editores y productores por las copias que de sus obras se realizan en el ámbito privado.
El Tribunal Supremo ha refrendado este derecho en numerosas sentencias.
Quiero recordar que esta compensación se realiza sobre la base de una expropiación que se le hace al autor en su derecho de permitir la reproducción de su obra y que, por tanto, no es un derecho del consumidor. Esta figura está presente en la totalidad de los países europeos, y donde no lo está es porque está prohibida la realización de esas copias privadas. Por lo tanto, señorías, la existencia de esa remuneración supone una garantía para la creación cultural y para los autores, que aseguran así su trabajo y el desarrollo de su creatividad en unas condiciones dignas.
La supresión de esta remuneración, como algunos parecen defender, tendría graves consecuencias para los autores y titulares de los derechos.
Tendría también graves consecuencias para el desarrollo de las labores asistenciales y de promoción cultural que realizan las entidades de gestión con parte del dinero que recogen. Asimismo, tendría una repercusión negativa en las industrias culturales, que verían mermada su capacidad de empleo y desarrollo y, en general, en los ciudadanos y la cultura por la merma de estas producciones.
En definitiva, se trata de una compensación que la ley establece en beneficio de los consumidores, del derecho inalienable de autorización que tiene el titular de la obra que se copia y, por lo tanto, no estamos debatiendo el sí o el no. Nuestra enmienda número 74 propone a este respecto que la remuneración sea proporcionada, y por eso les pido que lo consideren en su votación.
Con respecto a las enmiendas de los distintos grupos a este artículo, hay diferentes contenidos en relación con los distintos epígrafes. Por ello, voy a ir siguiendo el articulado, y si no me refiero a una enmienda concreta será por entender que su respuesta está ya contenida en otra.
Al artículo 25.2 se ha presentado la enmienda número 28, del Partido Popular, y la número 31, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, añadiendo las expresiones: «que se utilicen» y «que se utilicen preferentemente». Entendemos que el sentido de esa compensación debe darse en función de la idoneidad, y que estos otros matices deberían ser criterios a tener en cuenta a la hora de fijar el precio de pago en compensación. Consideramos también que son expresiones con un alto grado de indefinición y que generan una enorme inseguridad jurídica.
Con respecto al artículo 25.3, tenemos la enmienda número 32, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, relativa a los programas de ordenador y programas de copia de seguridad. Pues bien, consideramos que estos programas no se pueden reproducir para uso privado sin autorización del autor y, en consecuencia, no hay compensación por copia privada. Los equipos y los soportes en los que se fijan programas de ordenador son los mismos en los que se fijan otro tipo de obras que sí se pueden reproducir para uso privado y, por lo tanto, sí deben estar sujetos a compensación.
En relación con el artículo 25.4, se ha presentado la enmienda número 17, de Coalición Canaria, relativa a la distinción de fabricantes de distribución. Pero que no es necesaria esa distinción a efectos del pago de compensación ya que ambos son responsables subsidiarios.
Con respecto al artículo 25.5, se ha presentado la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que elimina del texto del Congreso las publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros.
Proponemos el voto en contra porque equipara la cuantía prevista en la disposición transitoria para los equipos digitales.
En cuanto al artículo 25.6, tiene enmiendas de Izquierda Unida, de Coalición Canaria y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
La redacción prevista en el proyecto de ley garantiza la intervención en todo momento de las partes involucradas, primando los acuerdos a los que pueden llegar como consecuencia de sus negociaciones. Por otra parte, no se considera necesaria la intervención de las asociaciones sectoriales de usuarios ni del Consejo Asesor de Telecomunicaciones, ya que la opinión de los primeros debe canalizarse a través del Consejo de Consumidores y Usuarios, que se pronunciará acerca de la relación de equipos, aparatos y soportes materiales y las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción de libros, de sonido y visual o audiovisual; y la del Consejo Asesor de telecomunicaciones, a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Al artículo 25.6.3º, se presentan la enmienda número 19 del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria y la número 36, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Entendemos que, si bien es cierto que los consumidores no son deudores de la compensación por copia privada, pues estos son los fabricantes y los importadores de los equipos y soportes sobre los que recae la compensación, se considera oportuna esa participación de los consumidores a través del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Con respecto al artículo 25.6, y respondiendo al senador Bofill, que nos acusaba de no apoyar su enmienda, entendemos que los derechos de propiedad intelectual no limitan el derecho de los ciudadanos a la cultura, sino que protegen esta. Por lo tanto, tendría fundamento solamente esa protección a la cultura y no tendría sentido incluir lo que se propone por entender que los ciudadanos no están discriminados en ningún momento.


En cuanto al artículo 25.7, al que se han presentado cuatro enmiendas, entendemos que no se justifica esa extensión de la excepción a los dispositivos integrados en ordenadores como grabadoras de CD o DVD, que deberían ser grabados como cualquier otro equipo. Además, las excepciones que se proponen pueden suponer en la práctica la derogación de la compensación por copia privada.
Por otra parte, considerando la rapidez con que evoluciona la tecnología, que puede poner en el mercado aparatos y soportes cuyo uso no sea la reproducción de obras protegidas, creemos que debe facultarse al Gobierno para introducir más excepciones en el pago de la compensación. No nos parece oportuna la ampliación de la excepción a otros supuestos, y más concretamente no nos lo parece en la enmienda referida a las necesidades de los discapacitados para acceder a las obras. Eso ya está previsto en el artículo 31 bis 2 sin que se justifique la exención de la compensación a estas asociaciones y no a otras.
Con respecto al artículo 25, apartados 8 y 10 debo decir que como en esta ley se establecen criterios de reparto, deberían establecerse no sólo para la compensación por copia privada sino para todos los derechos de propiedad intelectual. Esto debería ser objeto de un detenido estudio.
Por otra parte, en cuanto a las competencias de las autonomías, nos parece que se tendrán que establecer en una reforma global del sistema de distribución de competencias para adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional, aparte de que ello requerirá hacer un estudio en profundidad y asimismo consensuarlo entre todas las comunidades autónomas que han asumido competencias en sus estatutos de autonomía en materia de propiedad intelectual.
Por lo que se refiere al artículo 25.19, al que se ha presentado la enmienda número 23 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, creemos que ya existen suficientes elementos de control para impedir el fraude en el pago de compensación por copia privada.
Respecto de la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria al artículo 25.25, es cierto que un real decreto no modifica una ley, pero el acuerdo que contempla el texto remitido por el Congreso de los Diputados lo que en realidad pretende es permitir que, dado el avance de las nuevas tecnologías, el Gobierno pueda tener flexibilidad para adaptarse a los nuevos cambios, ya que, como todos sabemos muy bien, el modificar una ley supone un proceso bastante lento.
En cuanto a marcar un canon en el precio final para los usuarios, proponemos el voto en contra de esa medida ya que los consumidores no son deudores de esa compensación por copia privada; es sobre los fabricantes y sobre los importadores de equipos y soportes sobre quienes recae la compensación.
Con respecto al artículo 31.2, referente a reproducciones provisionales y de copia privada, al que está referida la enmienda número 25 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, nos parece que lo que en ella se solicita ya ha sido incorporado a través de la enmienda número 75 de nuestro grupo parlamentario, que fue ya aceptada en comisión. Por tanto, solicitamos la retirada de esta enmienda número 25.
Al artículo 31 bis hay tres enmiendas. Una de ellas es la número 76, de nuestro grupo parlamentario, que se corresponde con la enmienda número 66 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Pues bien, dado que ambas pretenden mejorar el texto original --lo aclaro para evitar interpretaciones erróneas que no se ajusten a la voluntad del legislador--, no tenemos inconveniente en retirar nuestra enmienda número 76 y aceptar la número 66 de Convergència i Unió.
Al artículo 32.1 se han presentado nueve enmiendas. En lo que se refiere al primer párrafo de ese apartado, debemos señalar que la regulación que se recoge en el texto no ha planteado problemas en su aplicación. Por eso mismo, no se justifica su modificación en cuanto al límite por ilustración. Una de las enmiendas propone una gran ampliación del límite de ilustración para la enseñanza, pero eso podría entrar en conflicto con la regla de los tres pasos que se aplica a estos límites, causando un grave perjuicio en los derechos de autores y editores.
En cuanto a la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, nos parece que causaría un grave perjuicio a los autores.
En relación con las enmiendas referidas al «press clipping», dado que hay un conflicto entre editores, periodistas y ese tipo de empresas, creemos necesario que se reconozca que estas revistas de prensa son un producto útil tanto para consumidores como para usuarios, aparte de que se trata de un sector productivo que genera una importante actividad y que se viene desarrollando en nuestro país desde hace más de 50 años según se nos ha informado. Realizan una labor profesional con más de 400 trabajadores, pero también está por otro lado el sector de los editores de prensa, que solicita que sus derechos, como titulares de una obra colectiva, sean protegidos de forma adecuada, ya que se sienten expoliados por esa actividad.
El reto pendiente es conjugar ambos intereses, y de hecho, varios grupos han presentado diversas enmiendas, algunas de las cuales se han retirado y otras no se han mantenido en el Pleno. Entendemos que, no habiendo una enmienda de transacción firmada por todos los grupos que intente mejorar el texto consensuado que fue remitido por el Congreso, lo adecuado es mantener ese texto. Y ese será el sentido de nuestro voto.
Con respecto al artículo 32.2, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha presentado una enmienda para permitir citar la enseñanza, pero no la vamos a apoyar por la amplitud con la que se contempla ese límite y por el daño que causaría a los autores y editores, especialmente a los de los libros de texto, ya que ese sector desaparecería si se regulase con los límites aquí propuestos.
Al artículo 37.1 se han formulado dos enmiendas: número 47 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y la número 8 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, para permitir la reproducción en museos y bibliotecas o para el estudio personal.
Entendemos que ocurre lo mismo: que se trata de una redacción demasiado amplia y ambigua que no determina cuáles son esos específicos actos de reproducción.


En cuanto a la número 48, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que pretende permitir la reproducción a través de terminales de museos y bibliotecas, entendemos que el límite para estas actividades que podemos considerar educativas está ya previsto en el artículo 82.
Respecto de la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, consideramos que también amplía excesivamente el límite.
En relación con el artículo 40 bis nuevo, relativo a obras huérfanas y fruto de una enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, he de decir que este asunto está siendo objeto de análisis y estudio en algunos países y, por tanto, nos parece prematuro abordar en este proyecto de ley una regulación como la propuesta para esas obras.
Opinamos lo mismo respecto del nuevo apartado, de transmisión de derechos para publicaciones periódicas, que se propone en otra de las enmiendas.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos formula una enmienda al artículo 113, que también se refiere a obras huérfanas y derechos de las comunidades autónomas, y también en este caso entendemos que sucede lo mismo. Creemos que las instituciones encargadas de velar por los derechos morales del artista previstas en el proyecto de ley son las mismas que se establecen para los autores en los artículos 15 y 16 de la ley.
Con respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre la comunicación pública por cable, entendemos que los productores de grabaciones audiovisuales tienen reconocido con carácter general el derecho de comunicación pública en el artículo 122.1 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y, por lo tanto, no es necesario el reconocimiento expreso de esa modalidad de puesta a disposición del público interactiva incluida en aquel.
Votaremos en contra de la que presenta del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés para eximir del pago de compensación en actos benéficos, ya que esa modificación propuesta relativa a las obligaciones de las entidades de gestión no es objeto de la reforma de este proyecto de ley.
Respecto al artículo 161, relativo a los límites a la propiedad intelectual y medidas tecnológicas, se formulan las enmiendas 53 y 54 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y la número 13 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Pero entendemos que no se puede suprimir todo el artículo porque sus previsiones vienen impuestas por la directiva.
En cuanto a la enmienda 54, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, consideramos que las funciones futuras de la comisión se determinarán en un posterior proceso normativo.
Y en relación con la enmienda 13 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, como he dicho antes, entendemos que no puede suprimirse este apartado al artículo 161 porque viene impuesto por la directiva. Por otra parte, de acuerdo con el proyecto de ley, la disponibilidad, el grado de aplicación y la efectividad de las medidas tecnológicas deberá tenerse en cuenta a la hora de determinar el canon.
A la disposición adicional primera, sobre medidas tecnológicas y límite de copia privada, han sido formuladas tres enmiendas: la 30, del Grupo Parlamentario Popular, la 55, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y la 15, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En este caso, podemos repetir lo dicho anteriormente porque ocurre lo mismo. Es verdad que un reglamento no modifica un proyecto de ley pero da agilidad al Gobierno para realizar cambios debido a los avances tecnológicos que se producen sin cesar. La enmienda 55 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que se refiere a la competencia del Estado y que propone la supresión de toda la disposición, la rechazamos porque lo único que establece la disposición final primera es el fundamento constitucional de la ley, y el artículo 149.1.9ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación sobre propiedad intelectual.
Con respecto a la disposición adicional nueva que propone la enmienda 16, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, referida a las comisiones mixtas de transferencia a las comunidades autónomas en relación con los registros territoriales, señorías, el proceso de transferencias en materia de cultura está ya finalizado, y por lo que se refiere a la comunidad autónoma del País Vasco le corresponde a esa comunidad poner en marcha ese registro territorial, al igual que lo han hecho otras comunidades como Cataluña, Andalucía, Aragón, La Rioja, etcétera.
Por último, está la disposición transitoria única, que tiene tres enmiendas. La enmienda 83, del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación a la disposición transitoria, pretende transcribir en sus justos términos esos acuerdos alcanzados entre las asociaciones representativas de gestión de derechos de la propiedad intelectual y las asociaciones de deudores de pago por copia privada, lo que consideramos que se ajusta mejor a la voluntad de mantener estos acuerdos de pagos en el período transitorio. Es cierto que había un error en la transcripción del texto y hemos procedido a modificarlo.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.

La señora NAVARRO LAFITA: Concluyo.
Les solicito que, aunque no compartan el razonamiento que hemos expuesto respecto a sus enmiendas, nos entiendan y respeten nuestra posición, totalmente coherente con el objetivo y los criterios del presente proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente. «Arratsalde on danori».
Perdone, señor presidente, estaba inmerso en negociaciones de última hora, algo habitual en toda transacción de un proyecto de ley importante, como es el de la propiedad intelectual.
Como no lo he hecho antes al defender las enmiendas, quiero manifestar la posición de nuestro grupo parlamentario. En esta trasposición de la directiva europea se han modificado y se han regulado con el proyecto de ley algunos aspectos que no estaban recogidos en la directiva y, sin embargo, otros que sí aparecían en la directiva no se recogían. Los debates que se han mantenido en el Congreso de los Diputados se han centrado casi en exclusiva en defender al artista y al creador, sin tener en cuenta, a nuestro modo de ver, el interés del consumidor. Por lo tanto, consideramos que no existe un equilibrio entre ambas partes.
Además, queremos subrayar que, en última instancia, a quien realmente se beneficia en el aspecto más controvertido de esta ley es a las sociedades gestoras.
A pesar de que existen muchos avances, consideramos que es necesario regular una serie de derechos que estaban desprotegidos como consecuencia de la revolución tecnológica que estamos viviendo en los tiempos actuales. A nuestro modo de ver, la ley tiene una serie de defectos
--sobre todo en lo relativo a la distribución competencial entre las instituciones de las comunidades autónomas y lo que es propio del Estado--, y se debería esperar a regularlo de una manera definitiva para ir avanzando --como en su momento dijo la ministra-- hacia la consecución de una nueva ley.
Ya manifestamos en la comisión --antes lo adelantaba-- cuál era la posición de nuestro grupo a la hora de mantener una serie de enmiendas que principalmente --lo he dicho antes y lo repito-- tratan de defender a los diferentes estamentos que están implicados en ella: editores, autores y sobre todo a los consumidores que, no debemos olvidarnos, es para los que tenemos que trabajar y a los que debemos que defender. En nuestras enmiendas --en la comisión retiramos la enmienda número 6 y vamos a mantener las demás-- estamos haciendo hincapié, además de en esta defensa, en el reconocimiento que debe existir en cuanto a la propiedad intelectual de los diferentes agentes.
En este momento todavía estamos negociando, transaccionando flecos de última hora como es habitual --lo decía en al inicio de mi intervención-- y, en consecuencia, si nuestra postura en el Congreso fue la de abstención a esta ley esperando a que haya otra ley más concreta, más definitiva, más avanzada, por la que estamos trabajando y por la que apostamos, anuncio que, quitando alguna cuestión concreta, nuestro grupo se va a abstener prácticamente en el grueso de dicha ley.
Muchas gracias.
«Eskerrik asko», señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: Gracias, señor president.
Aunque ya hemos fijado nuestra posición en el turno de presentación de enmiendas, quisiera aprovechar este turno de portavoces para hacer una reflexión sobre el proceso de elaboración de esta ley. Creo sinceramente que nos estamos equivocando en una cuestión fundamental: se está intentando establecer unas reglas del juego para garantizar los derechos de autor en la era digital, algo que me parece conveniente, aunque se ha hecho tocando solo una parte de la Ley de Propiedad Intelectual y sin hacer un análisis de conjunto de las múltiples implicaciones que los cambios tecnológicos tienen en la sociedad, en las formas de creación, producción, distribución, difusión y de consumo en todos los ámbitos, particularmente en el de la cultura. Es cierto que era urgente adaptar nuestra legislación sobre la materia a la directiva europea, pero no es menos cierto que hacerlo sin abordar otros aspectos de la ley es arriesgado si se quieren soluciones equilibradas y meditadas. Nos parece que el Gobierno ha querido quedar bien con todo el mundo, pero más bien parece haber enfadado a todos. El canon es demasiado indiscriminado y las excepciones a su aplicación demasiado limitadas, olvidando que son válvulas de escape para regular los derechos de autor de manera equitativa. Nos da la impresión de que por este camino la olla a presión podría estallar, y a los que defendemos la cultura no nos interesa una aplicación indiscriminada del canon ni tampoco un liberalismo salvaje que comporte que los titulares de derechos los acaben protegiendo de forma prioritaria e imponiendo barreras tecnológicas a la reproducción, algo que perjudicaría a los usuarios y, en primer lugar, a los que tengan menos recursos.
Tampoco la oposición, particularmente el Grupo Parlamentario Popular, ha estado a la altura necesaria. No entendemos la conducta errática del Grupo Parlamentario Popular en una cuestión de tanta trascendencia. En primer lugar, por un afán de protagonismo y, seguramente, con el fin de poner en un brete al Gobierno, hace un año aprobaron en el Senado una proposición de ley contra el canon. Después, en el Congreso de los Diputados plantean enmiendas a la ley que van en sentido contrario a la proposición de ley que aprobaron aquí en el Senado. Posteriormente, olvidándose de lo que hicieron hace un año en el Senado, apenas plantean cinco enmiendas, una de las cuales, la número 28, viene a matizar en positivo --hay que decirlo-- la aplicación indiscriminada del canon, en contradicción manifiesta con lo que hicieron en el Congreso. Seguramente deberíamos ser bastante autocríticos por el trámite casi sin debate auténtico y de fondo en la Comisión de Cultura, como si los grupos no quisieran mostrar con claridad sus posiciones, quizá porque no se tenían claras o bien para eludir las presiones de los sectores implicados. Nos parece que deberíamos tomar este asunto con mayor seriedad, porque más allá del tira y afloja de intereses legítimos de unos sectores y otros, está el interés general de los ciudadanos y del progreso tecnológico, científico y cultural. Por ello, insistimos y volvemos a insistir en la necesidad de que se aborde, cuanto antes mejor, una reforma profunda de la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarla en su globalidad a los cambios tecnológicos y a su repercusión

en la cultura, y que la ministra cumpla su compromiso de hacerlo.
«Moltes gràcies, senyor president.»
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Navarro.

La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente.
Señorías, como todos sabemos, nos encontramos ante un proyecto de ley cuyos contenidos van de mano de la cultura, de la industria y de la sociedad de la información.
Quiero reiterar, y no me cansaré de repetirlo, que en mi grupo hemos trabajado para conseguir el equilibrio en la presentación de nuestras enmiendas, conciliando nuestra propia postura con los intereses de unas partes y de otras, cediendo de aquí y de allá, con el objetivo de conseguir una justa ponderación. Exactamente lo mismo podría decir con respecto a la fijación de la posición de mi grupo en cuanto a las enmiendas de los demás grupos. Insisto en subrayar que, por responsabilidad, no podemos hacer solamente lo que nos gustaría; debemos saber cuál es el objetivo final que pretendemos conseguir para no desviarnos de ese camino, avanzando por un lado un paso y retrocediendo por otro dos o tres, y así sucesivamente.
Hemos iniciado nuestro trabajo a partir de un texto aprobado mayoritariamente por el Congreso, y nos gustaría que apoyasen también mayoritariamente nuestras enmiendas en esta Cámara, ya que consideramos que son coherentes y enriquecen y mejoran la redacción final. En cualquier caso, señorías, no nos cabe duda de que, sea cual sea el resultado de la votación, no va a contentar a los diferentes sectores afectados, pero nosotros sí nos quedamos satisfechos. No es culpa del Gobierno. Como antes he dicho, al Gobierno le habría gustado más haberse encontrado traspuesta la directiva de la sociedad de la información.
Quiero insistir en que nosotros estamos satisfechos con el trabajo realizado en busca de esa ecuanimidad, y por ello me entristece que este debate se intente distorsionar y envenenar en demasiadas ocasiones con hipocresía. Es cierto que estamos en el siglo XXI, que se ha avanzado tremendamente en el mundo de la tecnología y de la sociedad de la información, y nos encontramos ante posibilidades insospechadas, en permanente evolución y que nos permiten cada día con mayor calidad y capacidad acumular, acceder, transportar y compartir contenidos culturales. Afortunadamente, hay autores y creadores que nos proporcionan esos contenidos, así como toda una industria cultural que se desarrolla en torno a ellos, pero esos contenidos son propiedad intelectual de sus autores y no se pueden expropiar sin compensación.
Señorías, hay quienes intentan convencer a la sociedad de que estos factores no pueden avanzar juntos. Quieren hacernos creer que la protección de estos derechos supone un freno al desarrollo de la sociedad de la información y de los avances tecnológicos, perjudicando al interés ciudadano, y no es así, señorías. Podemos hacernos preguntas a este respecto, por ejemplo, ¿qué sería de la sociedad de la información si no hubiese contenidos? Sería como tener autopistas sin coches. ¿Creen ustedes que se venderían tantos aparatos, equipos o soportes tecnológicos si no tuviesen la capacidad de reproducir o almacenar estos contenidos culturales, entre otros? Nosotros consideramos que no.
Señorías, cuando nos compramos un coche sabemos que no nos sirve de nada si no le echamos gasolina, y que esa gasolina nos la vamos a pagar nosotros, y el hecho de tener ese medio no nos va a dar derecho a llenar el depósito gratis a costa de otros, pero tampoco debemos vivir de espaldas al tremendo avance tecnológico y a esas posibilidades que nos ofrece a favor del fomento de la cultura y de su diversidad. Debemos potenciarlo para que se desarrolle y, como hemos repetido en todas las intervenciones, buscar un equilibrio entre el fomento industrial, la potencialidad de la sociedad de la información y el respeto al derecho de los autores.
Es posible que se pueda encontrar un sistema mejor, pero no se ha planteado aquí ninguna nueva propuesta que sustituya a las medidas actuales y, señorías, tampoco considero que seamos más torpes que nuestros vecinos en estos planteamiento cuando resulta que la mayoría de los países de nuestro entorno se rigen por ordenamientos similares.
Quiero expresar mi agradecimiento a los grupos que han manifestado su apoyo a nuestras enmiendas en el sentido constructivo de su voto, y hacer un llamamiento al Grupo Parlamentario Popular, que todavía no se ha pronunciado, y a aquellos que no tengan esa intención para que recapaciten. Quiero solicitarles un voto de confianza para nuestras enmiendas y para este proyecto de ley que consideramos justo y equilibrado en el cumplimiento del objetivo de trasponer la directiva de la sociedad de la información.
Señorías, finalizo mi intervención manifestando la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por ser el grupo que sustenta al Gobierno, un Gobierno socialista que de nuevo demuestra su compromiso con la cultura mediante la reforma y la mejora de nuestro ordenamiento jurídico en relación con la propiedad intelectual, y quiero recordarles que así lo hizo en 1987, siendo ministro don Javier Solana, cuando se aprobó la Ley de Propiedad Intelectual; así lo hizo también un Gobierno socialista en el año 1996, siendo ministra doña Carmen Alborch, cuando se aprobó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; y así sucede actualmente en el año 2006, siendo ministra doña Carmen Calvo, mediante esta ley que modifica el texto refundido de propiedad intelectual.
Señorías, estas medidas legislativas han sido promovidas por gobiernos socialistas pero, como no es el único que vota, reitero mi solicitud de apoyo mayoritario en esta Cámara a este proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Van-Halen.

El señor VAH-HALEN ACEDO: Señor presidente, señorías, no dudo del interés del Gobierno socialista en los

temas de cultura, pero me habría gustado que ese interés hubiera ido unido a la presencia de la ministra de Cultura en este salón. Ya que se la ha citado, doña Carmen Alborch sí estuvo cuando se debatió y se votó aquí la Ley de Propiedad Intelectual, y los sucesivo ministros de Cultura siempre han estado presentes en los debates sobre temas de cultura. Todos, menos doña Carmen Calvo, que podría haber venido del Congreso a estar un rato con nosotros.
Señorías, el proyecto de ley que reforma el vigente texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual tiene como objetivo principal la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva europea 2001/29, de 22 de mayo de 2001, sobre derechos de autor en la sociedad de la información; se lo hemos oído decir tres veces a nuestra compañera, la senadora Navarro. Se debe entender como un paso más, pero no el definitivo; si es que hay leyes definitivas.
Se ha hablado y escrito mucho, y es una demanda de los sectores implicados, sobre la adecuación de la realidad de las nuevas tecnologías a los derechos de autor; o sea, de la realidad cambiante y rica de la llamada sociedad de la información y lo que representa y sus repercusiones sobre la propiedad intelectual. No es esta norma que se debate el texto necesario, todos lo sabemos; pero sí es un paso para armonizar y equilibrar esa realidad ya en el ámbito europeo. Sin embargo, todos sabemos que no es suficiente. El Gobierno ha repetido que es necesaria una ley de propiedad intelectual, y hace menos de dos semanas, la ministra de Cultura anunció una vez más que el proyecto llegará al Parlamento antes de que finalice la legislatura. Permítasenos que lo dudemos; en todo caso, el anuncio está hecho. Puede quedarse en el aire, como tantas otras prometidas. A la hora de legislar, el Gobierno que los españoles gozamos mira más hacia el pasado que hacia el futuro; cuida más la memoria, por más que sea sesgada, que la prospectiva. En todo caso, señorías, tenemos aquí un proyecto de ley que acerca la norma a la realidad, y hay que decir que lo hace con una virtud evidente: llegó del Congreso con un amplio consenso y, previsiblemente, volverá con esa misma virtud. Cuando la portavoz socialista pide que apoyemos sus enmiendas lo hará porque su talante será el de apoyar otras. El proyecto tiene carencias, pero en el Congreso se entendió que suponía un paso adelante, y aquí se ha seguido ese camino.
Debemos comenzar por reconocer que el centro de gravedad de esta norma está en los autores, en los creadores de la cultura; se trata de defender sus derechos, de atender a su propiedad. Y desde los autores, llegamos a los consumidores, a los destinatarios de su creación, los ciudadanos, pasando por quienes son elementos clave: quienes se ocupan de la divulgación de las creaciones. En este sentido, las llamadas industrias culturales desempeñan un papel fundamental, sobre todo en la complejidad siempre cambiante de la llamada sociedad de la información: el ámbito de las nuevas tecnologías.
No es fácil legislar para este mundo rico, vivo, cambiante y complejo. El legislador está obligado a atender los legítimos intereses sociales cuando legisla; y en este punto, lo sabemos bien los ponentes de todos los grupos parlamentarios que nos hemos ocupado de este proyecto de ley, los legítimos intereses de los sectores implicados o afectados en el variado campo sobre el que actúa la norma son a menudo contrapuestos, justamente enfrentados en sus aspiraciones. Pocas leyes en las que he intervenido en mis años de senador han supuesto una dedicación tan intensa para recibir criterios y opiniones que tantas veces resultaban no conciliables desde la más estricta legitimidad de todos los sectores implicados. Por ello, si Cánovas pudo escribir un día que no había ley que a todos agradase; es obvio que este proyecto es un paradigma de esa afirmación del padre de la primera Restauración. Y siguiendo con Cánovas, no es menos cierto que querer dar gusto a todos supone comúnmente disgustar a todos. Acaso esto haya ocurrido al final, o vaya a ocurrir, con esta norma; o no. Pero justo es reconocer que, desde el inicio de su tramitación en el Congreso, los sectores implicados han llevado a cabo una enorme labor pedagógica cerca de los parlamentarios, que merece no menos gratitud.
El texto que llegó del Gobierno --y son palabras de la señora ministra de Cultura en el Pleno del Congreso de los Diputados de 17 de marzo de este año-- se mejoró en el debate parlamentario del Congreso, y esperamos y deseamos --y ahora hablo por mi grupo parlamentario-- que el texto que salga del Senado tras la sesión de hoy suponga una mejora del que esta Cámara recibió.
Decía antes que el centro de gravedad de esta norma se residencia en los autores, en los creadores. La sociedad tiene el deber de reconocer su esfuerzo y compensar su trabajo. La propiedad intelectual debe ser protegida, y este acaso sea el primer compromiso del legislador en este campo, y, paralelamente, el reconocimiento de todos los agentes que intervienen en la cadena que lleva desde el creador al ciudadano, pasando por los responsables de su difusión y divulgación, singularmente sensibles desde la complejidad de las nuevas tecnologías, cada vez más abiertas a las demandas de los usuarios. Creadores, productores, industrias culturales, consumidores, suponen una compleja realidad a la que el legislador no debe ser ajeno. Con mayor o menor fortuna, todos estos factores se han querido tener en cuenta en el debate del proyecto.
Señorías, lo que tenemos delante es una realidad cultural plural; unos elementos de difusión multifacéticos y de poderosa penetración social y, en la raíz de esa pluralidad cultural tan viva, la libertad que genera y a la que se debe. Las nuevas tecnologías suponen una poderosa palanca económica, y las industrias culturales son un elemento clave de riqueza que revierte tanto en la economía como en la cultura misma. No sé si se habrá conseguido, pero nuestro grupo parlamentario así ha entendido la aportación a este proyecto desde su llegada al Congreso de los Diputados hasta el trámite que culmina hoy en el Senado, antes de regresar a la Carrera de San Jerónimo.
Los poderosos medios de reproducción, la repercusión de esta reproducción masiva en la creación original, el universo de Internet, cada vez más extendido en nuestra sociedad abierta y desarrollada, las mil complejas facetas que ese universo descubre, incluso las perspectivas que sin duda harán pronto viejo lo que era rabiosamente nuevo;

todo ello y mucho más, que acaso ni se nos puede ocurrir ahora, tiene que ver con la propiedad intelectual.
En cuanto a los derechos de autor, una vieja preocupación que ha movilizado desde hace tiempo la justa protección normativa, resulta evidente que, por ejemplo, las nuevas tecnologías, la llamada revolución digital, ha conmovido los cimientos de los viejos entendimientos de la propiedad intelectual. Los niveles de protección de los autores deben adecuarse a los tiempos nuevos, y este es un camino que siempre se abre a nuevos tramos. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Senado pocas enmiendas, pero seguimos pensando que el consenso que venía del Congreso no impide destacar algunas discrepancias reflejadas en esas enmiendas que, desafortunadamente, por lo que se ha anunciado, no van a ser atendidas por el Grupo Parlamentario Socialista que sustenta al Gobierno a la hora de la votación. Es una decepción, aunque menor, porque ya se sabe cómo funciona el talante del Gobierno y cómo se evidencia comúnmente, y no vamos a ser tan ingenuos de sorprendernos, y menos en este proyecto de ley en el que, notoriamente, se han enfrentado los Ministerios de Cultura y de Industria.
Nosotros, que creíamos en el Congreso en el consenso, aunque tampoco se atendieron nuestras enmiendas de matiz, hemos reproducido esas enmiendas en el Senado, y parece que con la misma acogida por el Grupo Parlamentario Socialista, es decir, por el Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.

El señor VAN HALEN ACEDO: Voy terminando, señor presidente.
Para que quede reflejado en el «Diario de Sesiones», y acogiéndome al refranero, que es la sabiduría popular, valga decir que una cosa es predicar talante y otra dar trigo talante.
Con todo, señor presidente, señorías --y concluyo--, queremos pensar que este proyecto de ley, encapsulado en la incorporación de una directiva europea a nuestro ordenamiento jurídico, es un paso adelante. Como tal, y desde la buena fe, lo hemos apoyado buscando equilibrios y flexibilizando posiciones a la espera de la llegada de la verdad, es decir, la presentación por el Gobierno de la tan anunciada ley de propiedad intelectual, en la que habrán de tener cabida aspectos territoriales en este campo que, a nuestro juicio, no tenían sentido en este proyecto de ley, pero que se deben encuadrar en la norma que se anuncia en reconocimiento a la pluralidad cultural de España.
En cuanto a las enmiendas de los restantes grupos, vamos a votar a favor las números 71 y 78, con la nueva redacción que se ha expuesto aquí, firmada por los cuatro grupos; y las números 79, 80, 81, 82 y 84, del Grupo Parlamentario Socialista. Respecto a la enmienda 76, del Grupo Parlamentario Socialista, nos abstendremos, ya que al coincidir con la 66, de Convergència i Unió, entendemos que esta última recoge mejor las propuestas de las asociaciones de discapacitados.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.

El señor VAN HALEN ACEDO: Termino en un segundo, señor presidente.
Vamos a votar favorablemente la enmienda 66, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la 37, de Entesa Catalana de Progrés; y nos abstendremos en la enmienda número 68, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Votaremos negativamente el resto de las enmiendas presentadas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del senador Cuenca Cañizares. Comenzamos votando la enmienda número 61.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, cinco; en contra, 229; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 64, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, cinco; en contra, 223; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmiendas de Coalición Canaria. En primer lugar, las números 17 y 20.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, seis; en contra, 224; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, seis; en contra, 229; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor Curiel Alonso pide la palabra.)

El señor CURIEL ALONSO: Pedimos votación separada de la enmienda número 66, de Convergéncia i Unió.

El señor PRESIDENTE: La íbamos a votar de forma separada.(Rumores.) Señorías, silencio, por favor.
Votamos las enmiendas de Convergéncia i Unió. En primer lugar, la número 65.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 16; en contra, 220; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 66, de Convergéncia i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 241; en contra, uno; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 68, de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, siete; en contra, 110; abstenciones, 126.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En primer lugar, votamos la enmienda número 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 12; en contra, 224; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. (El Senador Zubia Atxaerandio pide la palabra.) Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Señor presidente, la número 4 no aparece en el listado de la votación.

El señor PRESIDENTE: Señoría, es un error nuestro, pero existe la enmienda. No está en el cuadernillo, pero existe. Disculpen.
Sometemos a votación la enmienda número 4 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 14; en contra, 220; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 7 y 9, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 14; en contra, 220; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 8, 10 y 11, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 23; en contra, 220.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 5 y de la 12 a la 16, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 19; en contra, 220; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de Entesa.
En primer lugar, votamos la enmienda 31.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 18; en contra, 215; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 37, de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 123; en contra, 114; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas de Entesa números 36, 45, 52 y 55.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, nueve; en contra, 219; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación la enmienda número 56, de Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 18; en contra, 209; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda número 58, del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, cuatro; en contra, 225; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas de Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, ocho; en contra, 225; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar la número 72.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 113; en contra, 116; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 74, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 119; en contra, 116; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 76, del mismo grupo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 114; en contra, 121; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 71 y 82, del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 234; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas números 79, 80 y 81, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 226; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la enmienda número 84, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 229; en contra, seis; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, la enmienda número 27.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 122; en contra, 113; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 28 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 133; en contra, 108; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la enmienda número 29 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 115; en contra, 119; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 30 del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 128; en contra, 113; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, las propuestas de modificación del dictamen. En primer lugar, la que figura con número de registro 60873, apoyada por todos los grupos parlamentarios.


Por tanto, ¿puede entenderse aprobada por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobada. (El señor Curiel Alonso pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.

El señor CURIEL ALONSO: Señor presidente, quisiera aclarar una duda de este portavoz: no sé si se ha votado, al menos no me consta, la transaccional sobre la base de la enmienda número 83 del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PRESIDENTE: Señoría, es lo que vamos a votar a continuación.
La propuesta de modificación con número de registro 61793 está apoyada por seis grupos parlamentarios y sustentada por la enmienda número 83.
Votamos ahora la propuesta con número de registro 61793, apoyada por seis grupos parlamentarios, con arreglo a la enmienda número 83 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 241; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el dictamen en bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 232; en contra, dos; abstenciones, nueve.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIACIÓN DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS (S. 621/000054) (C. D.
121/000045).

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a debatir a continuación el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de mediación de seguros y reaseguros privados.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el senador Gasòliba.

El señor GASÒLIBA I BÖHM: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como presidente de la Comisión de Economía y Hacienda, me cabe el honor de presentar ante el Pleno el dictamen del proyecto de ley de mediación de seguros y reaseguros privados.
El proyecto de ley tuvo su entrada en esta Cámara el día 29 de marzo de 2006, tramitándose por el procedimiento ordinario y concluyendo el plazo de presentación de vetos y enmiendas el día 10 de abril, que se amplió hasta el día 18 de abril.
Se presentaron un total de 104 enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: las números 1 a 9, del senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; las números 10 a 15, del senador Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; las números 16 a 51, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las números 52 a 56, del Grupo de Coalición Canaria; las números 57 a 68, del Grupo Parlamentario Popular; las números 69 a 78, del Grupo Parlamentario Socialista; las números 79 a 92, del Grupo Entesa Catalana de Progrés; las números 93 a 104, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La ponencia acordó incorporar las enmiendas números 69 a 74, 76 y 78, del Grupo Parlamentario Socialista, las números 57 y 58, del Grupo Parlamentario Popular, y la número 101, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como cuatro enmiendas transaccionales, respectivamente, sobre la base de las números 63, 75 y 96, de la número 77, de la número 66 y de la número 67, además del mantenimiento del resto del texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Se retiraron las enmiendas números 59 a 62, 64, 65 y 68, del Grupo Parlamentario Popular, la número 87, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y la número 57, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Se acordó diferir el debate del resto de las enmiendas presentadas a una fase ulterior del procedimiento. La comisión aceptó como dictamen el texto propuesto por la ponencia.
Se han presentado seis votos particulares, a través de los cuales se mantienen para su debate y votación en el Pleno las siguientes enmiendas:
las números 1 a 15, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los senadores Cuenca Cañizares (las números 1 a 9) y Jorquera Caselas (enmiendas números 10 a 15); las números 53 a 56, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; 93 a 95, 97 a 100 y 102 a 104, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; las números 16 a 51, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las números 79 a 86 y 88 a 92, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y un voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por la enmienda 101, de Convergència i Unió.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos a continuación al debate de totalidad. (Pausa.) Entiendo que no hay.
Pasamos al debate de los votos particulares.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares, para la defensa de las enmiendas números 1 a 9.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para dar por defendidas las enmiendas de la 1 a la 9 tal y como están descritas.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Jorquera para defender las enmiendas de la 10 a la 15.

El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego ha presentado seis enmiendas al proyecto de ley de mediación de seguros y reaseguros privados.
La enmienda número 10, al artículo 20, propone establecer la condición de que los agentes de seguros vinculados no puedan suscribir un contrato de agencia de seguros con varias entidades aseguradoras, en caso de que los productos comercializados por las mismas entren en competencia. Con ello pretendemos equiparar la figura del agente de seguros vinculado al mediador de seguros ligado, al que se refiere la directiva europea, evitando de esta manera cualquier equívoco con respecto a la figura de los agentes de seguros vinculados, que sólo contribuiría a confundir a un consumidor que empezaba a acostumbrarse a las dos figuras de mediadores:
el agente y el corredor.
La enmienda 11 propone que no se pueda supeditar la concesión de una operación financiera a la contratación de uno o varios seguros, mediados por el operador de bancaseguros. Asimismo, propone prohibir conceder ventajas en la contratación de productos financieros en contrapartida a la contratación de seguros mediados por el operador de bancaseguros dependiente de la entidad financiera concedente.
Es sabido que las entidades financieras supeditan la concesión de créditos a la suscripción de seguros en la propia entidad y que ofrecen ventajas, por ejemplo, en los tipos de interés, a cambio de la referida suscripción, lo que coloca al consumidor ante la obligación de contratar dichas pólizas. Desde nuestro punto de vista, resulta inadmisible que se mantenga dicha práctica por ser contraria a las normas que rigen la defensa de la competencia, al subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias, que no guardan una relación directa con el objeto de tales contratos.
Las enmiendas 12 y 13 pretenden reforzar el papel del corredor de seguros como representante mandatario del tomador. Desde nuestro punto de vista, resulta lógico que el corredor desempeñe una amplia representación del cliente en todas las cuestiones relativas a la póliza a fin de que pueda defender correctamente los derechos de su cliente. En este sentido pensamos que el corredor debe ser interlocutor válido a los efectos que sean inherentes a la práctica de notificaciones, ejerciendo la defensa del cliente ante la compañía en todo lo relacionado con la póliza del seguro, lo que se antoja necesario para la efectiva defensa de los intereses del tomador o asegurado.
La enmienda 14 propone que los corredores de seguros estén en posesión, para obtener la autorización administrativa, además del curso de formación que establece el presente artículo, de al menos una diplomatura universitaria. Con ello, se pretende incidir en la necesidad de una mayor preparación de los corredores de seguros, para de esta forma representar mejor los intereses de los clientes. El establecimiento de este requisito exigirá, por su complejidad, de un desarrollo reglamentario de la ley, en el que se detallen qué estudios universitarios son adecuados para acceder a la profesión de corredor de seguros.
Por último, la enmienda 15 propone que sea la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones quien organice las pruebas de aptitud y emita las certificaciones que acrediten la superación de las pruebas. Las razones que motivan la presentación de esta enmienda nos parecen de coherencia y sentido común, ya que con la redacción actual del artículo 39.3 a los Colegios de Mediadores de Seguros Titulados se les concede la posibilidad de realizar las pruebas de aptitud, lo que no se justifica de ninguna forma, sobre todo si tenemos en cuenta que la adscripción al colegio profesional no es preceptiva.
Pensamos que todas estas enmiendas mejoran el texto que se somete a debate e inciden en un aspecto al que el Bloque Nacionalista Galego concede una importancia fundamental: la defensa de los derechos del consumidor. Por eso, señorías, solicitamos el apoyo a estas enmiendas.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.

El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo solamente para anunciar que mi grupo retira las cuatro enmiendas que permanecían vivas.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Gasòliba.

El señor GASÒLIBA I BÖHM: Muchas gracias, señor presidente.
Como se ha presentado en el informe de la ponencia, el trámite de comisión y el proceso de votación de las respectivas enmiendas, basado principalmente en un acuerdo entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, ha llevado a que ninguno de estos dos grupos mantengan ninguna enmienda viva.
Por nuestra parte nos congratulamos de que en una enmienda transaccional con los dos grupos citados y con la nuestra número 96 se satisficiese nuestra posición para clarificar los aspectos que creíamos más destacados del artículo 29, apartado dos, que hace referencia a las relaciones

de mediación de seguros entre corredores de seguros y su clientela.
Por otra parte, habíamos presentado una enmienda para nosotros esencial, la número 101, que hacía referencia a un régimen transitorio de mutualidades de previsión social establecidas por colegios profesionales, que también coincidía con una de Entesa Catalana de Progrés. Gracias al apoyo de los otros grupos, salvo del Grupo Parlamentario Socialista, vio incorporada al dictamen de la comisión.
Anuncio que retiramos todas las enmiendas menos las 97 y 98, que hacen referencia a la preservación y clarificación del ejercicio de las competencias en las comunidades autónomas que tienen reconocidas las competencias correspondientes en materia de ordenación de seguros.
Destacamos un hecho importante: respecto de los agentes de seguros vinculados, operadores de bancaseguros vinculados, corredores de seguros, corredores de reaseguros y colegios de mediadores de seguros, el criterio será que prevalecerá su domicilio social y que su oficina principal se ubique en el territorio de la comunidad autónoma. Yo creo que es bueno aceptar estas dos enmiendas porque, sin duda, evitarán una serie de litigios posteriores.
Esta ley hace una actualización necesaria desde su aprobación en 1992 y, sobre todo, después de la correspondiente directiva europea de 2002, pero hubiese sido conveniente aprovechar la ocasión para establecer y delimitar claramente los criterios de respeto a las competencias, como en otros proyectos de ley presentados por el Gobierno socialista, porque a pesar de sus declaraciones de respeto a las autonomías, y de fortalecimiento de las mismas, luego eso no se traduce en la realidad, al menos en cuestiones concretas pero de gran transcendencia, como las que afectan al sector de seguros y reaseguros. Lo veremos también en las enmiendas que defiende el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y lo hemos visto en algunas que se han comentado previamente.
Es una ocasión perdida, pero aún habría posibilidad. Ruego al Grupo Parlamentario Socialista que las examine de nuevo porque creo que sería realmente positivo su aprobación. Sinceramente creo que he justificado que se han de aceptar las únicas dos enmiendas que mantenemos vivas, que son la 97 y la 98, porque son fundamentales para una delimitación correcta y respeto de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias en el ámbito de este proyecto de ley.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente. «Arratsalde on.» Buenas tardes.
En relación con este proyecto de ley, muy importante para el sector de seguros y reaseguros, queremos manifestar en primer lugar el respeto que debería tenerse en él a la competencia de las comunidades autónomas, como voy a hacer ver en la justificación de las enmiendas que ha presentado nuestro grupo.
Mantenemos vivas 36 enmiendas a este proyecto de ley, y sabemos, por lo que hemos estado negociando en la comisión y por lo que hemos hablado con los representantes de los diferentes grupos, que ninguna de ellas va a prosperar. No obstante, voy a referirme a ellas, y que nadie tenga miedo porque no voy a consumir los 54 minutos asignados a nuestro grupo.
Hay una serie de sentencias del Tribunal Constitucional que en muchos casos justifican el cumplimiento de las enmiendas que proponemos; no obstante, como existe un diálogo --y somos conscientes-- entre la Dirección General de Seguros y la consejería correspondiente de Economía y Hacienda, esperamos que antes del trámite final en el Congreso se puedan alcanzar los acuerdos que todos deseamos.
Hablamos principalmente de domicilios, de solapes en las competencias de la Dirección General de Seguros y de los órganos autonómicos correspondientes que, en opinión del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, no se han tenido en cuenta en este proyecto de ley.
En consecuencia, defendemos, en la mayoría de los casos, que se respete el domicilio, el territorio en la comunidad autónoma cuando sea distinto el centro de decisión, como se contempla en el proyecto de ley, y que se considere como domicilio predominante aquel donde la actividad sea más importante en la mediación de seguros y reaseguros privados. A nuestro modo de ver esto no se ha tenido en cuenta en el proyecto de ley, y pensamos que, por lo menos desde el punto de vista de los partidos nacionalistas, la posición debería reconsiderarse.
Por parte del Gobierno, como decía, hay negociaciones abiertas y creemos que varias de las 36 enmiendas que hemos mantenido vivas van a ser acordadas o, por lo menos, objeto de entendimiento o acercamiento antes de la discusión final en el Congreso.
Hay alguna enmienda, como la número 17, en relación con el artículo 5.2.
del proyecto, en la que exponemos que el ejercicio como perito de seguros o comisario de averías sea a designación de las partes o como perito tercero. Para nosotros esta es una enmienda importante porque con la inclusión de la prohibición que se expresa en el actual proyecto de ley a los mediadores de seguros y reaseguros privados se contribuye a una mayor garantía de la transparencia en la actuación de dichos mediadores. Por lo tanto, el Consejo de Estado, en su dictamen del anteproyecto de ley, ya consideraba recomendable la inclusión de esta prohibición, que también ha sido solicitada por la asociación de peritos de seguros y comisarios de averías. En consecuencia, no entendemos cómo por parte de los grupos mayoritarios no se hace caso a este colectivo, desde nuestro punto de vista de una manera no justificada.
Consideramos esencial la enmienda número 19, relativa a la supresión del número 1 del artículo 11 del proyecto de ley. La prohibición de promover el cambio de entidad aseguradora de la cartera de contratos de seguros celebrados con su mediación no debe afectar a los agentes de seguros ni a los operadores de banca-seguros vinculados a

varias entidades aseguradoras, cosa muy habitual en los mercados en que nos movemos hoy en día, donde los seguros y las entidades financieras tienen, como saben, diferentes clientes compartidos.
De este modo se favorece la libre concurrencia en el mercado y los intereses de los particulares. Si no apoyamos esta iniciativa estamos poniendo puertas, en definitiva, a la libertad de actuación en el mercado. En este sentido, el Consejo de Estado, en su dictamen del anteproyecto de ley, recomendaba la posibilidad de no aplicar la prohibición a los agentes de seguros que no sean exclusivos de una sola entidad aseguradora, lo cual refuerza la posición que estamos defendiendo.
Es importante también la enmienda número 25, de modificación, en la que proponemos sustituir el artículo 21.3 del proyecto por un texto en el cual los agentes de seguros vinculados, personas físicas, deberán acreditar haber superado un curso de formación o una prueba de aptitud en materias financieras y de seguros privados que reúna los requisitos legal y reglamentariamente exigidos. Aquellas personas que vayan a participar en la mediación bajo la dirección de agentes de seguros vinculados, deberán estar en posesión de los conocimientos y aptitudes necesarios para el ejercicio de la profesión, cosa que, como cualquiera puede entender, es mínimamente exigible.
En las sociedades de agencias de seguros vinculados deberá designarse un órgano de dirección responsable de la mediación de seguros, y al menos la mitad de las personas que lo compongan, y en todo caso las que ejerzan la dirección técnica o puesto asimilado, deberán acreditar, en materia financiera y de seguros privados, que reúnen los requisitos legal y reglamentariamente exigidos. Asimismo, cualquier persona que participe directamente en la mediación de seguros deberá acreditar los conocimientos y aptitudes necesarios para el ejercicio de su trabajo. En definitiva, aparte de reglamentar y establecer los requisitos para poder ejercer la profesión, también estamos pidiendo en este punto, aunque no se diga explícitamente, el reconocimiento de las competencias de las comunidades autónomas. En Cataluña existen una serie de cursos con empresas que también tienen su correspondiente actuación a nivel estatal, lo mismo que en el País Vasco, y, en consecuencia, lo que estamos pidiendo es que se respete el acceso a la profesión a través de esta enmienda.
Hemos propuesto una enmienda, en nuestra opinión razonable, al artículo 21.3 del proyecto de ley, en la que pedimos que la documentación correspondiente a los programas de formación --abundando en la enmienda anterior-- estará a disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y del órgano competente de la comunidad autónoma, que podrá requerir que se efectúen en las modificaciones que resulten necesarias. ¿Qué queremos decir con esto? Que las comunidades autónomas y la Dirección General de Seguros establezcan el contenido de los programas necesarios para el acceso a la profesión. En definitiva, queremos que haya un diálogo entre ambas partes porque, como ustedes bien saben, muchas cosas están en manos de las comunidades autónomas y en materia de seguros, fondos de pensiones, etcétera, no tienen nada que ver las competencias que hay en el País Vasco, o incluso las deducciones fiscales, es decir, lo que es en sí mismo el producto financiero, el plan de pensiones, el plan de seguros, puesto que en cada caso es diferente dicho producto respecto del que existe en otra comunidad autónoma o en el resto del Estado. Tienen competencias distintas. Y en cuanto a los programas de formación de los agentes y el desarrollo de estas materias, es evidente que son absolutamente diferentes. No puede entenderse que el Estado quiera centralizar el acceso a la formación de los agentes y el desarrollo de lo que éstos habrán de realizar, puesto que luego ellos mismos tendrán que ofrecer en cada una de las comunidades autónomas unos productos diferentes partiendo de conceptos absolutamente distintos.
La enmienda número 28 es de modificación. Con ella queremos que se suprima el segundo párrafo del artículo 24.1. La prohibición que se establece en este artículo ya ha sido justificada en el artículo 5.2 por medio de otra enmienda. Por tanto, como es una redundancia, debería desaparecer.
En lo que se refiere a las competencias de las comunidades autónomas, consideramos que debería sustituirse el primer párrafo del artículo 25.2.b) por un texto que dijese: Deberá designarse un órgano de dirección responsable de la mediación de seguros o, al menos, la mitad de las personas que compongan este órgano, y en todo caso, las personas que ejerzan la dirección técnica o puesto asimilado deberían acreditar haber superado un curso de formación o prueba de aptitud en materias financieras y de seguros privados que reúnan los requisitos legal y reglamentariamente exigidos. Esto no se dice en ningún apartado de este proyecto de ley. Y aunque no se diga de manera explícita, lo que estamos exigiendo es un respeto a las competencias que tienen las comunidades autónomas en esta materia y que sí está regulado.
Señorías, consideramos, en definitiva, que hacemos una aportación para enriquecer este proyecto de ley. Pedimos, por tanto, su apoyo a estas enmiendas.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrès tiene la palabra la senadora Aroz.

La señora AROZ IBÁÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha presentado a este proyecto de ley catorce enmiendas. Una de ellas, en concreto la número 87, ha sido incorporada al dictamen en el trámite de ponencia, al ser coincidente con la enmienda número 68 del Grupo Parlamentario Popular y la número 101 de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que es precisamente el redactado que ha prevalecido al incorporarse al dictamen y quedar recogida como disposición adicional.
Las trece enmiendas restantes que permanecen vivas son de uno de los partidos integrados en el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, provienen del Congreso y van dirigidas, fundamentalmente, a garantizar la

cualificación de los mediadores de seguros y, también, la igualdad de trato entre las distintas figuras de mediadores que se reconocen en el proyecto de ley. Estas enmiendas las doy por defendidas en sus propios términos.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Gastón.

La señora GASTÓN MENAL: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo ha solicitado el voto particular para una disposición adicional nueva que ha sido incluida en ponencia y que es resultante de la presentación de tres enmiendas coincidentes en la materia, como ya dije en comisión, y que son objeto de nuestro rechazo.
Solicitamos, señorías, una reflexión acerca del alcance que supone la enmienda incluida en el dictamen, no en vano el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales advierte que significa la ruptura de la caja única de la Seguridad Social.
La reforma propone crear un mecanismo de protección alternativo a la Seguridad Social consistente en que los médicos privados del Estado puedan asociarse a mutuas y compañías vinculadas a los seguros, en lugar de al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Supone, por tanto, la salida del sistema público y obligatorio de un colectivo importante de profesionales, al tiempo que puede servir de precedente para que otros colectivos demanden una aplicación homogénea del mecanismo alternativo en su incorporación a la Seguridad Social.
Con la petición que recoge la enmienda incluida se originaría un problema respecto de las cotizaciones que realizan los facultativos médicos pluriempleados. Conviene aclarar que en este colectivo es muy frecuente ejercer una actividad por cuenta ajena, por lo general en el Sistema Nacional de Salud, y al mismo tiempo una actividad por cuenta propia.
Dado que en su actividad por cuenta ajena cotizan por la base máxima, se deduce que las cotizaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos apenas tienen virtualidad en orden a la protección, por lo que les sería más conveniente cotizar a una mutualidad de previsión social alternativa.
La consecuencia, señorías, es clara. Este cambio rompe la caja única de la Seguridad Social porque permite a los médicos privados la alternativa a no cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, lo cual pone en peligro el actual sistema, además de restar una elevada cifra de negocios; un impacto negativo que viene a rondar los 25 millones de euros anuales. La existencia de esta caja única supone que la totalidad de las cotizaciones de la Seguridad Social entra en una misma hucha, la misma de la que salen todas las prestaciones, considerándose, por tanto, una garantía del sistema.
Implica la quiebra de los principios básicos en los que se asienta el sistema de la Seguridad Social, como la equidad y, en especial, la solidaridad. Por ello, el contenido se opone frontalmente a los principios en los que está basado el sistema de la Seguridad Social español, configurado en la modalidad de reparto. Ello provoca que algunas personas coticen más, permitiendo al sistema ejercer esa finalidad solidaria con los colectivos más limitados o que se encuentran en una situación más desfavorable.
Quiero añadir que este tema ya se planteó cuando gobernaba el Partido Popular y que la propuesta fue rechazada de pleno con el argumento de que atentaba contra la Seguridad Social. Supone, por tanto, un cambio radical de criterio por parte de este grupo parlamentario.
Instamos, señorías, a los grupos de esta Cámara a sumarse a la defensa del actual sistema de Seguridad Social, dando su apoyo a este voto particular presentado por mi grupo parlamentario.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor Sánchez-Simón.

El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Como señalaré después en el turno de portavoces, quiero adelantar que se trata de una ley en la que ha habido un amplio grado de consenso por parte del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular y que la existencia de un punto de divergencia en ese proceso de encuentro se manifiesta en el voto particular formulado por el Grupo Parlamentario Socialista. Nos oponemos a este voto particular porque entendemos que se trata de mantener o de recuperar una institución, una modalidad de previsión social que viene existiendo en la realidad tanto en Cataluña como en las Islas Baleares como en el resto de España, y darle una cobertura legal a esa situación que existe de hecho, cobertura legal que consideramos no va a producir esa quiebra del sistema que anuncia la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos a continuación al turno de portavoces.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.

El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.
Ha sido agradable el desarrollo que este proyecto de ley ha tenido en comisión como lo está siendo también el desarrollo que está teniendo en este Pleno. Esta nueva ley introduce una variante a una antigua ley, la Ley 9/1992, de 30 de abril, y le da un peso específico importante a la actividad del mundo del seguro, mundo del seguro desconocido tanto en sus términos como en sus expresiones como en su forma de cálculo y en sus formas de compartir y convivir; por eso nacen en este mundo del seguro todas estas figuras de agentes --agentes libres, agentes mediadores, corredores, corredores del seguro, corredores del reaseguro-- y las nuevas fórmulas relacionadas con el procedimiento de banca-seguros. Nos parece que es un paso positivo

y favorable el que se ha dado con este proyecto de ley, fundamentalmente en la clarificación de todos estos conceptos de las figuras que intervienen relacionadas con la información y la comunicación al asegurado y al futuro asegurado, de tal forma que el agente tendrá una figura relacionada con la compañía de seguros y el corredor con el futuro asegurado.
Según nuestro modesto entender, son básicas también --y por eso las vamos a apoyar-- todas aquellas enmiendas relacionadas con la parte competencial. Ocurre también en el de Cataluña, pero concretamente el Estatuto del año 1979 del País Vasco contempla en el artículo 11, apartado 2 a) la competencia relacionada con la ordenación del crédito, banca y seguros, y creo que esta competencia --no asumida completamente-- puede tener una relación muy importante en el desarrollo de esta ley y de cara al futuro para que pueda ser ejercida.
Como decía antes, un tema básico que vamos a apoyar a través de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
--defendidas por el senador Gasòliba-- y de Entesa son las relacionadas con la cuestión competencial. Hay un aspecto importante que merece atención y es, tal como lo llamamos desde el punto de vista fiscal, el punto de conexión, es decir, dónde tiene el domicilio fiscal no la compañía de seguros o aquellas compañías de seguros para las que trabajan los agentes, sino en muchos casos cuál es el domicilio de este agente, de este mediador o de este corredor, lo mismo que sucede en el desarrollo de la banca-seguros con respecto a cuál es la compañía de seguros que sirve de engarce con la entidad bancaria, porque es la entidad bancaria la que vende y da el seguro. Por ello vamos a apoyar aquellas enmiendas en las cuales se intenta clarificar la actuación de la entidad bancaria o financiera --caja de ahorros-- y la compañía de seguros a través de la cual opera.
No vamos a apoyar --y así se lo tengo que decir a la senadora Gastón-- la parte correspondiente a la defensa que ha hecho de la disposición adicional nueva, por dos motivos fundamentalmente: porque existe una tradición consistente en que muchas mutualidades de previsión social
--tanto en Cataluña como en el País Vasco, pero fundamentalmente en Cataluña-- realizan labores de cobertura en la Seguridad Social y me parece que puede ser contraproducente que esa historia que han venido desarrollando perfectamente sea coartada por una actuación un tanto unilateral. Y tampoco me ha gustado el desarrollo realizado respecto al concepto de caja única de la Seguridad Social, concepto que se suele utilizar mucho pero que es carpetovetónico y previo a la transición. No existe tal concepto. La Seguridad Social, y no quiero decir ninguna incongruencia, tiene un carácter unitario y responde al principio de solidaridad. Por lo tanto, el concepto de caja única no lo utilizan más que aquellas personas que, desde mi punto de vista, no tienen una visión correcta de la Seguridad Social, pues reitero que la Seguridad Social tiene un carácter unitario y un principio de solidaridad.
Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, tiene la palabra el senador Gasòliba.

El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.
Quiero insistir en dos cuestiones. En primer lugar, que la mayoría de los grupos parlamentarios llegó a un acuerdo, con la aceptación de una enmienda transaccional, respecto a la propuesta de Convergencia i Unió para clarificar el tipo de relaciones de mediación de seguros entre los corredores de seguros y su clientela, recogida en el párrafo segundo del artículo 29. En segundo lugar, Convergencia i Unió ha presentado las enmiendas números 97 y 98, relacionadas con el respeto a determinadas competencias asumidas por las comunidades autónomas, a lo cual se opone el Grupo Parlamentario Socialista, como también se opone al tema que al que acabo de hacer referencia. En este sentido, durante el turno en contra, la senadora Gastón ha mantenido su voto particular respecto a la situación de las mutualidades que ejercían su actividad con anterioridad al 10 noviembre de 1995, en desarrollo de la Ley de Seguros de 1992. Esto supone dos tics centralistas, algo que entiendo no guste a los funcionarios de la Administración central. Sin embargo, creo que los políticos hemos de tomar decisiones políticas y los funcionarios aplicarlas, y no al revés. Es decir, que exista una situación más compleja, relacionando un sistema de mutualidades con la Seguridad Social, no quiere decir que el sistema no sea solidario. Esto significa volver a confundir uniformización con armonización, que son dos conceptos diferentes, y los dos mecanismos pueden ser perfectamente solidarios.
Cuando un tema se sale de la comodidad de la Administración central y de los funcionarios que la administran, se dice que se es insolidario, pero no es cierto. Evidentemente, las mutualidades de médicos y otro tipo de mutualidades no han sido ni son insolidarias. Existen tradiciones, como la catalana o la vasca, pero también en el resto del Estado español, donde nunca se ha puesto en peligro ni la solidaridad ni el buen funcionamiento, al contrario, esto ha contribuido positivamente a una asistencia sanitaria que de otra manera hubiese podido sobrecargar aun más las obligaciones y la asistencia de la Seguridad Social. Quiero insistir en ello porque el Grupo Parlamentario Socialista habría de tomar nota y observar que es el único grupo que no lo apoya, evidentemente porque es el que defiende la posición del Gobierno. Sin embargo, el Gobierno debía estar atento a dar soluciones a la sociedad y no detenerse en la facilidad que puedan tener los funcionarios para administrar sus competencia sin respetar otras.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.


Ya nos hubiera gustado llegar al nivel de consenso alcanzado entre los grupos mayoritarios que ha tenido la suerte de alcanzar el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió respecto a sus enmiendas. Ninguna de las tres enmiendas que manteníamos vivas va finalmente a prosperar por razón de la coordinación y eficacia de los votos. En consecuencia, mi grupo espera que sigan adelante las negociaciones entre la Dirección General de Seguros y la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno vasco. Además, les anuncio que nos abstendremos prácticamente en la totalidad de las enmiendas presentadas por los grupos.
Señor presidente, quiero hacer una matización en relación con el acuerdo de la enmienda transaccional sobre la base del voto particular número 5 del Grupo Parlamentario Socialista, registrado con el número 61774, a la disposición adicional nueva, en lo que se refiere a la facultad alternativa, la obligación de integración en la Seguridad Social de los colegios profesionales, y decir que, aunque nuestro grupo ha presentado la firma por un error en la comunicación de esta transaccional, va a votar en contra.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Aroz.

La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
En ese turno voy a hacer una breve valoración de este proyecto de ley. En primer lugar, quiero destacar la importancia de este proyecto, que afecta a un sector económico muy relevante en España.
Otra cuestión que hay que destacar es que no se trata de una reforma sino de una nueva ley que viene a sustituir la normativa vigente del año 1992 y normas posteriores, que supone la modernización de la legislación en este ámbito y que traspone la directiva comunitaria dirigida a la armonización de la actividad de mediación de seguros en la Unión Europea.
Por tanto, mi grupo parlamentario está de acuerdo con la necesidad de esta nueva ley y también con la regulación concreta que se hace; además, valoramos muy positivamente el amplio consenso que ha merecido, tanto en el Congreso como en esta Cámara, y al que ya se ha hecho referencia, y que para nuestro grupo constituye una garantía de estabilidad en el futuro del ordenamiento jurídico que vamos a aprobar.
De la nueva regulación quiero destacar tres aspectos: en primer lugar, que la ley atiende a la realidad actual del mercado en España y se regulan nuevas normas de mediación con la incorporación a la figura del corredor ya existente del agente de seguros vinculado a varias entidades aseguradoras --ya existía como agente exclusivo--, así como la del corredor de reaseguros con arreglo a las exigencias comunitarias. En segundo lugar, nos parece destacable que se establezca la igualdad de trato de las distintas clases de mediadores, para lo que se prevén requisitos profesionales equivalentes en función de su naturaleza específica. Y en tercer lugar, es muy destacable el principio de transparencia que se incorpora para garantizar adecuadamente la protección de los consumidores en este ámbito.
Por todo ello, señorías, entendemos que estamos ante una ley necesaria, bien resuelta, con un amplio consenso, que viene a regular, como he dicho, de forma unitaria la actividad de mediación de seguros en la Unión Europea y que adapta nuestra legislación a la situación real del mercado de seguros en nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Gastón.

La señora GASTÓN MENAL. Gracias, señor presidente.
Menos mal que vamos a hablar de un proyecto de ley que se ha caracterizado a lo largo de su trámite parlamentario por la conciliación entre los grupos, porque por parte de alguna de sus señorías ha habido un exceso de exaltación, y no por la ley sino porque, a pesar de la cantidad de aspectos novedosos de este proyecto de ley, parece que algún grupo no ha visto más allá que el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, al que me referiré más tarde.
Señorías, estamos ante un proyecto de ley que supone la adaptación de una directiva europea del año 1992, que establece las bases para la armonización de la actividad de mediación de seguros en la Unión Europea; atendiendo al objeto de esta ley, la misma va a regular las condiciones en las que deben ordenarse y desarrollarse las actividades mercantiles de mediación de seguros y reaseguros privados, establecer las normas sobre el acceso y ejercicio por parte de las personas físicas y jurídicas que la realicen y el régimen de supervisión y disciplina administrativa que les resulte de aplicación. Sin duda, es una ley que despierta gran interés, no en vano el número de personas implicadas en este sector es elevado y todos y cada uno de nosotros somos clientes del mercado de seguros, bien reales o potenciales; hay que añadir que es incuestionable el hecho de que el mercado de seguros configura un sector con cada vez mayor penetración en nuestra sociedad.
El texto que nos ocupa es producto del trabajo con muchas asociaciones y organizaciones representativas de mediadores, corredores o agentes de banca y seguros. Algunos de sus miembros han contribuido a la elaboración de este proyecto de ley y están en la tribuna; aprovecho para saludarles en nombre de mi grupo parlamentario. Estamos convencidos de que dicho texto recoge el sentir general del sector. Igualmente, este proyecto es producto del trabajo de los grupos parlamentarios, con el interés común de mejorar la redacción de la ley y haciendo un esfuerzo constructivo y conciliador --como decía al principio de mi intervención-- por acomodar las distintas propuestas de los grupos. El texto resultante representa, pues, el punto de encuentro de casi todas las enmiendas y sugerencias de las asociaciones y organizaciones y de los grupos políticos que lo han elaborado.


La finalidad de esta ley es la de contribuir al funcionamiento correcto del mercado único de seguros, para lo que recoge una serie de requisitos profesionales mínimos, sin olvidar nunca la protección de los consumidores o clientes, para lo que recoge la obligación de información y transparencia y la necesidad de establecer mecanismos de resolución de las posibles quejas de la clientela. Su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico hace necesario introducir modificaciones importantes en la Ley vigente, la 9/1992, de 30 de abril, de mediación en Seguros Privados. El tiempo ha demostrado que el objetivo que recogía la ley de 1992 no ha funcionado, y ha conllevado además que se confundieran las figuras del agente y el corredor. El proyecto de ley que debatimos acentúa la separación entre estas figuras, dejando claro el régimen de responsabilidades y garantías y la información al cliente. Al mismo tiempo, durante estos últimos años han surgido unas prácticas no previstas en la normativa vigente, y esta ley prevé la superación de las deficiencias que se han puesto de manifiesto.
Los principios que caracterizan a esta nueva ley son, por un lado, la regulación de las nuevas formas de mediación, con la incorporación de las figuras del agente de seguros vinculada a varias entidades aseguradoras y del corredor de reaseguros. Así, los agentes tienen un régimen diferenciado atendiendo a su posible vinculación con una o con varias entidades aseguradoras: por un lado, están los exclusivos, para los que se mantiene en términos generales el régimen existente y, por otro, los vinculados, a quienes corresponderá acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos y garantizar que disponen de los conocimientos necesarios para ejercer su actividad, así como de honorabilidad. En cuanto a la garantía y la responsabilidad civil, son asumidas por las entidades aseguradoras para quienes hayan mediado.
Novedad también en cuanto a la regulación de los operadores de banca seguros, para quienes se establece además la obligación de las redes de distribución, que recae en las entidades aseguradoras con las que hayan concertado el contrato de agencia de seguros y también en las entidades de crédito a través de las que distribuyan los contratos. Estos agentes tienen su perfil regulado por primera vez.
Igualmente, el proyecto recoge y regula la figura de los corredores de seguros y, como novedad, de los corredores de reaseguros.
El segundo principio que recoge este proyecto de ley es el de igualdad de trato de las distintas clases de mediadores, para lo que se prevén requisitos profesionales equivalentes para todos ellos, atendiendo a su especial naturaleza. El tercer principio, muy importante a nuestro modo de ver, es el de transparencia, que deberá garantizar adecuadamente la protección de los consumidores en este ámbito. Ello conlleva una serie de exigencias encaminadas a garantizar dicha transparencia como son el establecimiento de un punto único de información, actualizado y de fácil acceso para el público, que contenga los datos procedentes del registro estatal y de los posibles registros que, en su caso, existan en las comunidades autónomas, mecanismo este indispensable de cara a la protección del consumidor. Por otro lado, también se exige una serie de información que debe proporcionar el mediador de seguros a su cliente con carácter previo a la suscripción del contrato de seguros.
Señorías, a lo largo de la tramitación parlamentaria de este texto legislativo se han salvado una serie de escollos, tónica cuasi común del conjunto de enmiendas, no pocas; ya se ha dicho que se habían presentado en esta Cámara 104 por parte de los distintos grupos parlamentarios. Esos escollos, definidos informalmente, son, por un lado, el de la retribución. El trámite en el Congreso superó las dificultades que afectaban a este punto con el acuerdo entre los grupos parlamentarios. Lo que quedaba pendiente para el Senado era impedir la opacidad en este asunto de cara, siempre, a defender al consumidor. Para ello nuestro grupo presentó una enmienda incluida a su vez en una enmienda transaccional, junto al Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, quienes también manifestaban su preocupación en esta materia. Así, se ha logrado una fórmula más clarificadora buscando la garantía de transparencia en la relación corredor-cliente, en concreto en el precio total que el primero percibe del segundo, sin vulnerar el derecho de protección de los consumidores y usuarios y garantizando, a su vez, la independencia de los corredores respecto a posibles retribuciones adicionales por parte de las compañías aseguradoras que pudieran comprometer su independencia.
El proyecto de ley recoge también otro escollo salvado: el título. Recoge fundamentalmente una idea muy importante, sin duda compartida con otros grupos, y es que la formación es necesaria. Además, asegura que los profesionales del sector den un buen servicio y que el cliente tenga el mejor de estos servicios. En el Senado, mediante una serie de transaccionales, también hemos salvado las mínimas discrepancias que pudiera haber en torno a la figura del título de mediador.
Señorías, la ley respeta todos los derechos adquiridos y no va a ver nadie que teniendo hoy una situación de titulación, de expedición del título vea perjudicado sus derechos. Entendemos que la formación debe acreditarse mediante unos baremos, unos requisitos sobre los conocimientos, y lo que le competerá realizar en un futuro a la Dirección General de Seguros es un listado, un registro con la totalidad de quienes cumplan con los requisitos que se exigen para quienes vayan a desarrollar esta actividad, así como en cuanto a capacidad y conocimientos, al igual que sucede en el resto de los países de la Unión Europea.
La idea que debe subyacer del resultado del texto legislativo es que la formación está por encima de todo. Todos estamos convencidos de que este sector, el del seguro, tiene un gran recorrido, y para garantizar su futuro precisamente pretendemos dotarlo de unos profesionales competentes. Sin duda, una mayor formación implica un mayor prestigio para el sector, necesarios por el papel social que el sector representa, por la garantía que supone de cara al cliente con quien está en contacto permanente y por la mejor imagen que le reporta.
Señorías, estos dos asuntos, junto con la figura del agente vinculado, conforman la mayoría de las enmiendas

que se presentaron al texto del proyecto en esta Cámara. El trabajo llevado a cabo en ponencia ha dado como producto la inclusión de muchas mejoras al respecto.
En cuanto al resto de las enmiendas que quedaban vivas y que lo están en este momento, puesto que algunas de ellas han sido retiradas a lo largo de este debate, podemos decir que la práctica totalidad son reproducción de las presentadas por los distintos grupos parlamentarios en el Congreso. Como digo, muchas de ellas, la mayoría, quedan resueltas por los acuerdos alcanzados en ponencia por distintos grupos parlamentarios.
En cuanto al resto de las enmiendas, nuestra posición, como comprenderán, es análoga por coherencia a la que mi grupo parlamentario adoptó en la Cámara Baja.
Para finalizar, simplemente quería agradecer al sector el esfuerzo realizado a lo largo de toda la tramitación parlamentaria con los grupos políticos y también con el Gobierno para, así, mejorarla y con la finalidad de conseguir un sector más competitivo.
Igualmente mostramos nuestro agradecimiento al resto de los grupos parlamentarios por su talante conciliador y constructivo y el interés por sacar adelante una ley tan compleja a la par que importante para el propio sector, para todos como consumidores reales o potenciales y, en definitiva, para el conjunto de nuestra sociedad y de nuestra economía.
Esperábamos salvar en la votación la única pega que encontrábamos en el texto mediante el apoyo de los grupos a nuestro voto particular en defensa de los principios que sustenta nuestro Sistema de la Seguridad Social. Señor Urrutia, no sé si lo definiré bien o mal, la próxima vez que hable de la Seguridad Social le preguntaré a usted, que parece que tiene la verdad absoluta. En cuanto a lo que he afirmado en mi primera intervención, es mi opinión; espero que lo dicho por usted sea sólo la suya. Pero no se preocupe que la próxima vez le preguntaré si la definición es caja única o caja unitaria, como dice usted.
En cuanto a nuestro voto particular, tengo una cosa más que añadir, y es que dado que en el turno de portavoces la mayoría de los grupos han manifestado que no van a dar su apoyo a nuestro voto particular --al parecer es lo único que importa en este debate--, señorías, desde aquí decimos que nuestro grupo parlamentario lo retira en este mismo momento.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sánchez-Simón.

El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
La actividad aseguradora constituye en nuestro país, como ocurre en todo el sistema occidental, una de las actividades más importante dentro de la cobertura de riesgos. Desde el momento en que existe el riesgo, existe la posibilidad de efectuar una traslación del mismo, desde el momento en que existe la posibilidad de que se produzca un siniestro, existe la posibilidad de trasladarlo al mismo y obtener por parte del asegurado una satisfacción acerca del daño que pueda haber tenido como consecuencia de ese riesgo o de ese siniestro, que es lo que, en definitiva, se está asegurando. Pero la actividad aseguradora no sólo descansa en la definición de una serie de principios fundamentales y básicos acerca del concepto de riesgo, acerca de los conceptos de las partes contratantes, acerca del tomador, del asegurado o del beneficiario, sino que también descansa en una parte sustancial como es la actividad mediadora. No existe posibilidad de efectuar contratos de seguros si no existe una actividad empresarial que comunica al asegurado con el asegurador, si no se comunica al tomador con el asegurador, y esa actividad, que viene realizándose en el mundo occidental desde siempre, desde el principio de la historia del seguro, en España tiene una enorme tradición a través de las distintas figuras de mediación, y las funciones de esas distintas figuras de mediación, --existe el colegio desde el año 1965, sus estatutos son del año 1967-- han venido realizándose con carácter de normalidad, han venido realizándose con carácter de funcionamiento correcto, pero la puesta en práctica de dichas funciones requiere, en cualquier caso, una adecuación a los tiempos en que han venido desarrollándose y a los distintos tiempos en que ha tenido lugar todo este proceso de coordinación de las compañías aseguradoras, coordinación de los intereses de los asegurados y coordinación de los intereses de los mediadores. Y a través de esta ley se realiza una trasposición de las directivas comunitarias que regulan en el ámbito de la Unión Europea esa actividad de mediación en aseguramiento.
La postura del Partido Popular ha sido siempre clara: por un lado, ha tratado de contribuir a la necesaria modernización, y, por otro, ha tratado de coadyuvar al logro de una transparencia clara en el funcionamiento de cada uno de los operadores, fundamentalmente en el tramo relativo a los mediadores, sin provocar una grave alteración en el funcionamiento actual.
Las enmiendas que hemos presentado van en esa línea: por un lado, transparencia hacia el consumidor, protección de los intereses del consumidor y apertura del mercado, tanto en la regulación de los corredores como en la regulación de los mediadores, de los agentes, tanto vinculados como exclusivos, y fundamentalmente el mantenimiento de una tradición, ya que se trata de una institución que tiene muchos años y que conserva una importante tradición, y, por otra parte, mantener una regulación, y el mantenimiento de esa regulación consiste, ni más ni menos, que en algo tan sencillo como dar entrada en la regulación actual a una serie de figuras que en la actualidad existen en el mercado, fundamentalmente protagonizadas por la actividad de la banca-seguros, que es necesario que tengan una regulación específica.
La ley regula esos aspectos fundamentales, regula los aspectos relativos a la transparencia, regula los aspectos relativos al acceso a la actividad mediadora, regula los aspectos relativos a las relaciones entre asegurador y tomador, entre asegurador y asegurado, entre mediador y tomador y entre mediador y compañía aseguradora.


Con las enmiendas hemos pretendido dar un toque de coherencia y de normalización al sector. Hemos hablado con todos los grupos y desde esta tribuna quiero expresar mi agradecimiento más sincero a aquellos senadores que han intervenido de manera muy intensa, desde el senador Urrutia hasta el senador Félix Ayala, pasando por el señor Gasòliba, doña Mercedes Aroz, la senadora Gastón, y creo que he mencionado a todos.
Hemos llegado a un texto en el que hay un grado de consenso bastante amplio. Se me olvidaba el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, a quien también agradezco su colaboración. Y aunque en algunos temas nos hemos distanciado, entiendo que se ha conseguido una buena ley.
Finalmente, hay una novedad: la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado la retirada de un voto particular, lo cual impide la votación de una enmienda transaccional. Y lo lamento profundamente porque con la retirada de ese voto particular se impide que se vote una enmienda transaccional que corrige una situación que estaba contemplada y regulada en esa enmienda transaccional, y lo lamento de verdad porque esa enmienda transaccional, sobre la base de los argumentos que señaló el senador Gasòliba, sobre la base de los argumentos que señaló el señor Urrutia que contradecía su planteamiento, sobre la base de los argumentos que señalaba en comisión la señora Aroz, corregía una situación que se puede producir con esta enmienda, y es que no solamente da respuesta a las instituciones que están ubicadas y que realizan fundamentalmente su actividad en Cataluña y en las Islas Baleares sino también en el resto de España. Y lo que impide es la votación de esa corrección, con lo cual me preocupa si por lo que estamos aquí --a través de esta fórmula de retirada de ese voto particular-- no es tanto para la consecución de los principios que usted ha indicado y que no compartimos, sino para impedir un tratamiento igual y un tratamiento de competencia en toda España, un tratamiento igual y un tratamiento de competencia en Cataluña, en Baleares y en el resto de España y un perjuicio claro a determinadas entidades que están funcionando y que trataba de corregir esa enmienda transaccional, enmienda transaccional que había sido inicialmente aceptada por todos los grupos, con la salvedad del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, cuya posición no entro a valorar...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.

El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: En cualquier caso, lo que sí le digo es que supone un perjuicio y que corresponde más a una estrategia que al principio de aplicación de los puntos que usted señalaba, principio de aplicación de puntos que usted señalaba... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, rogaría silencio.
Termine, por favor.

El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: Porque su señoría decía que se sorprendía de por qué el Partido Popular estando en el Gobierno votaba en contra de esta norma, y de la misma manera se tendría que sorprender de por qué el Partido Socialista cuando estaba en la oposición votaba a favor de esta norma, con lo cual lo que aquí se plantea es no tanto corregir situaciones de justicia, sino corear situaciones de incongruencia que, lamentablemente, se han mantenido en una determinada línea en la tramitación de la ley, pero usted al final lo ha roto.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley de mediación de seguros y reaseguros privados.
En primer lugar, vamos a votar las enmiendas del senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, números 3, 7 y 9.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, cuatro; en contra, 227; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del senador Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, cinco; en contra, 223; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del senador Jorquera, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, votamos la número 12.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 11; en contra, 221; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 13, del senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 14; en contra, 223; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 13; en contra, 224; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, números 97 y 98.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 14; en contra, 222; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, números 17, 19, 24 y 28.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 10; en contra, 224; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 14; en contra, 224; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, las enmiendas números 79, 80, 81, 84, 85 y 86 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, diez; en contra, 221; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas números 82, 88 y 90, también del Grupo Parlamentario de la Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, ocho; en contra, 223; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 83, 87, 89, 91 y 92 del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 13; en contra, 221; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, el dictamen en bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 237.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN FISCAL DE LAS REORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y DEL SISTEMA PORTUARIO, Y SE APRUEBAN MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA LA FINANCIACIÓN SANITARIA Y PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA (S. 621/000058) (C. D. 121/000063).

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a debatir el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario, y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el senador Gasòliba.

El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.
Señorías, como presidente de la Comisión de Economía y Hacienda tengo el honor de presentar ante el Pleno el proyecto de ley por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario, y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera. El proyecto de ley tuvo su entrada en esta Cámara el día 31 de marzo de 2006, tramitándose por el procedimiento ordinario y terminando el plazo de presentación de vetos y enmiendas el 12 de abril, ampliándose hasta el 20 de abril de 2006. Se presentaron un total de un veto, del Grupo Parlamentario Popular, y 42 enmiendas distribuidas de la siguiente manera: números 1 a la 28 del Grupo Parlamentario Popular, de la 29 a la 34 del Grupo Parlamentario Socialista y de la 35 a la 42 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La ponencia acordó aplazar el debate de las enmiendas para una fase ulterior del procedimiento, manteniéndose en este trámite el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión aceptó como dictamen el texto propuesto por la ponencia.
Se han presentado tres votos particulares, a través de los cuales se mantienen para su debate y votación en Pleno la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular y todas las enmiendas citadas anteriormente:
de la 1 a la 28, del Grupo Parlamentario Popular, de la 29 a la 34, del Grupo

Parlamentario Socialista, y de la 35 a la 42, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A este proyecto de ley se ha presentado un veto del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el senador Sánchez-Simón.

El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que cuando leí este proyecto de ley por primera vez no sabía si considerarlo como un parque de atracciones o un lavado de ropa, y les diré por qué. Solo les voy a leer el título, señorías. Se denomina por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario --y no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra-- y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera. Y no sé por qué no regula también la luz eléctrica, porque la verdad es que, puestos a regular..., y esto respecto de una ley, por cierto, que solamente tiene seis artículos.
En su día se nos presentó como una ley que contenía una serie de medidas para favorecer la estabilidad económica y actuaciones tendentes a la competencia de las empresas, incluso a favorecer las inversiones en nuestro país y las inversiones españolas en el extranjero. Se decía que era una ley para impulsar la productividad. Pues bien, señorías, se trata de un proyecto de ley en el que se mezcla la ropa blanca con la ropa de color, se echa lejía y, al final, sale un lavado totalmente desteñido.
Les voy a poner un ejemplo. La ley regula --así dice el título-- el sistema portuario. Pues, señorías, se ha olvidado de su regulación. Es en una enmienda que se presenta en el Senado donde se trata la regulación del sistema portuario. En el proyecto de ley que ha llegado al Senado solamente se recoge una mención en una disposición final sobre el tipo impositivo de las autoridades portuarias. ¡Si esa es la reordenación del sistema portuario, díganme ustedes, señorías! Lo cierto es que sí se introduce una enmienda de tres páginas de boletín mediante la que se establece una regulación del sistema portuario. ¿Cómo se aprueba por el Consejo de Ministros y se presenta en el Congreso de los Diputados y en el Senado una ley con este título y olvida su regulación? Como digo, el tema es absolutamente asombroso. Si analizamos cada uno de los temas que trata de regular esta ley, lo cierto es que uno no sale de su asombro.
En primer lugar, habla de las reorganizaciones empresariales. En definitiva, se trata de introducir una serie de normas de corrección técnica a una regulación absolutamente consolidada, y mejor que considerarlas en esta ley, creo que al Gobierno tenía dos alternativas:
una, elaborar una ley específica para abordar las adaptaciones que se creyera necesario efectuar en materia de fusiones, escisiones y aportaciones de ramas de actividad, o establecerlas en la ley de medidas de política tributaria que efectuó en su día; antiguamente, llamada ley de acompañamiento, cosa que al Gobierno le causa úlcera, aunque las hace, las elabora y las presenta --las cambia de nombre, también es verdad.
En cuanto al sistema portuario, ya he dicho todo. Es una ley que trata de la reordenación del sistema portuario y se olvida de su regulación.
En lo que se refiere a financiación sanitaria, la ley cuela de rondón una regulación porque no establece otra cosa que una modificación radical y sustancial del sistema de financiación; utiliza el argumento de la denominada por el presidente del Gobierno «Conferencia de Presidentes», en la que con un brevísimo debate --porque las intervenciones que tenían los distintos presidentes autonómicos eran de enorme brevedad; las conclusiones como tales no se aprobaban; se efectuaban una serie de conclusiones sobre las cuales se iban manifestando los distintos presidentes autonómicos, pero no se recogía ningún tipo de norma-- con un brevísimo debate --digo-- y sin pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se establece una modificación del sistema financiero-sanitario de las comunidades autónomas. Se establece una modificación de verdad, que es la que plantea el Partido Socialista, y punto. Y se olvida de hechos tan importantes como la situación específica de Canarias, o como la regulación específica o las necesidades que tiene Castilla y León, o las situaciones singulares que tiene Andalucía, que tiene Cataluña, y así sucesivamente cada una de las comunidades autónomas. Establece un marco para todos en el que se altera la regulación actual de financiación sanitaria y en la que se olvida efectuar una medición --como se efectuó en su momento-- de las necesidades financieras específicas en materia de financiación sanitaria.
Es una regulación «limitadita», una regulación absolutamente contraria a lo que entendemos desde el Grupo Popular que se requeriría. Y es una regulación colada de rondón, que ha pasado sin pena ni gloria porque está dentro de un artículo recogido en una ley que tiene una literatura y una denominación amplia, larga y confusa.
Finalmente, en lo que se refiere al sector de transporte por carretera, el proyecto de ley establece la aplicación de una serie de acuerdos
--algunos los podemos compartir--, a los que se ha llegado con el sector, pero tiene, en nuestra opinión, dos defectos importantes, primero, que son cicateros, limitados en cuanto a la cuantía, limitados en cuanto al tiempo, pensando que la subida de los precios actuales del petróleo es algo coyuntural. Lamentablemente, el hecho coyuntural solamente se lo cree el vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, porque, por supuesto, el resto del país y de las instituciones que tienen «solbencia» --con b--, entienden que el precio del petróleo no es un fenómeno coyuntural en el que nos vamos a situar en una banda importante, que puede estar por encima de los 55 dólares --que era la previsión que tenía el Gobierno-- y de los 65 dólares --ahora está en algo más de 71 dólares el barril--. Pues bien, las medidas que contemplan son coyunturales y limitadas. Lo que el Grupo Popular plantea y recogerá en sus enmiendas es algo tan sencillo como decir: existía un plan del año 2001 que requiere una

actualización; ese plan era global, completo, recogía muchísimos de los factores que inducen a la pérdida de competitividad, a un exceso de costes que tiene la ley del sector de transporte por carretera. Entendemos que ese plan tiene que ser actualizado, pero con las mismas características, que son las lógicas, y no establecer un parche, unos elementos o unas medidas meramente coyunturales y con poquita virtualidad.
En definitiva, si se quieren introducir con este proyecto de ley medidas que favorezcan la competencia, la competitividad, la apertura de mercados, que las empresas españolas sean realmente competitivas, que tengan y que soporten menores costes, tengo que decir que este proyecto de ley no se refiere en absoluto a esos extremos.
Razones y medidas que son imprescindibles; razones y medidas que son absolutamente necesarias; razones y medidas que si no se introducen ahora, que el momento no es malo, serán de difícil introducción en momentos en que las circunstancias puedan ser peores. No les estoy haciendo un planteamiento agorero, sino un planteamiento de lógica. Vamos a introducir las medidas estructurales cuando hay margen, porque si no hubiese margen, no podríamos introducir las medidas estructurales o tendrían un coste excesivo. Esta ley no regula para nada ninguna medida que persiga esos objetivos; no regula para nada ninguna medida que persiga esa finalidad. Es una ley absolutamente innecesaria. Es una ley vacía. Esta es una ley que tiene contradicciones en su título, en su exposición de motivos y en su articulado; es una ley que tiene olvidos.
Es la primera vez que esto ocurre. Imagínense que nos encontrásemos con que se modifica el Código Civil y se olvida de regular cualquiera de los 1.976 artículos que tiene el Código.
Señorías, la verdad es que es una de las normas más asombrosas que se han presentado en esta Cámara y, desde luego, es una norma a la que --como no puede ser de otra manera-- presentamos un veto. Presentamos una enmienda de devolución al Congreso de los Diputados y presentamos un veto porque rechazamos necesariamente esta norma.
Se trata de no plantear normas vacías. Buscamos la coherencia, buscamos la eficacia y lo que perseguimos, desde luego, es que esta Cámara --y por eso pedimos el apoyo a este veto-- efectúe una manifestación clara de que hay que resolver, a través de los instrumentos legales, los auténticos problemas y no hay que introducir confusiones acerca de cuestiones que no requerían una regulación tan rara, tan extraña y tan insólita como la que contiene este proyecto de ley.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra.
Tiene la palabra la senadora Camacho.

La señora CAMACHO VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para consumir un turno en contra de la propuesta de veto que presenta el Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera.
No estamos de acuerdo en la justificación que hacen ustedes para la presentación de este veto. En primer lugar, porque el Grupo Parlamentario Socialista sí cree que el presente proyecto contiene medidas económicas que son necesarias en este momento, ya que se recogen un conjunto de disposiciones fiscales que persiguen el objetivo común de crear las condiciones apropiadas, a través de medidas tributarias, para que tanto el sector público como el privado en distintos ámbitos de actividad puedan responder con eficacia a los retos hoy planteados.
No hay tampoco falta de transparencia --como dicen ustedes en su justificación--, pues el enunciado de la propia ley marca absolutamente todos los contenidos y medidas que abarcan y que se especifican a lo largo de todo su articulado, algunas de ellas --les recuerdo-- plasmadas en acuerdos sectoriales como la de la financiación sanitaria o como la del transporte.
Quiero recordarle, además, que este proyecto de ley entró en las Cámaras a principios de año y que durante su tramitación ha pasado por un debate a la totalidad presentado por su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, además de la correspondiente sesión en comisión y Pleno, y cuando llega a esta Cámara presentan ustedes también un veto. Por ello, hablar de falta de transparencia es absolutamente incorrecto porque el proyecto de ley que ahora nos ocupa nada tiene que ver con aquella famosa Ley de Acompañamiento a la que ha hecho usted alusión esta tarde, que presentaban ustedes en otras épocas. Sin ir más lejos, en la última Ley de Acompañamiento introdujeron ustedes 143 medidas, muchas de ellas en esta Cámara, que no pudieron ser debatidas en tiempo y forma. Eso sí que era un cajón de sastre y a mí me parece también que un verdadero parque de atracciones al que usted se ha referido anteriormente. Y se lo dice alguien a la que le encantan, desde luego, los parques de atracciones.
Es verdad que introduce varios cambios, pero a nuestro entender son absolutamente necesarios. En este sentido, las modificaciones de régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales se realizan en cumplimiento de las obligaciones del Derecho comunitario, concretamente de la Directiva 2005/19, del Consejo, de 17 de febrero del citado año. El propósito es modernizar y facilitar las transacciones comunitarias y, sobre todo, aplicar la naturalidad en todo este tipo de transacciones, fusiones, escisiones, etcétera, a determinados tipos de sociedades, fundamentalmente a la sociedad anónima europea y a la sociedad cooperativa europea.
El proyecto de ley introduce también modificaciones en el régimen fiscal de puertos autónomos y autoridades portuarias, ya que en la actualidad tributan al tipo general del 35 por ciento, siendo entidades parcialmente exentas y que deben tributar al 25 por ciento.
Me gustaría recoger aquí las palabras del propio ministro de Economía y Hacienda cuando dijo en la presentación de este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados

que esta cuestión no había sido prevista en la modificación llevada a cabo por la Ley 24/2001, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y que lo que se pretende hacer con el actual proyecto, entre otras cosas, no es más que subsanar esa deficiencia, haciéndolo con carácter retroactivo.
Se recogen también medidas que hacen referencia a los acuerdos de la segunda conferencia de presidentes, celebrada en Madrid en septiembre del año pasado, y que están destinadas a proporcionar a las comunidades autónomas recursos adicionales para financiar el sistema sanitario. Al parecer, estas medidas no son del agrado de su grupo parlamentario y justifican gran parte del veto en ellas. Sin embargo, al Grupo Parlamentario Socialista estas medidas le parecen adecuadas, por lo que no podemos compartir con ustedes esa idea que dejan en el aire sobre la falta de implicación del Gobierno en temas tan puntuales y tan sensibles como los relacionados con la salud. Este Gobierno ha hecho un esfuerzo considerable en este sentido y lo seguirá haciendo.
Usted sabe bien que entre los presentes en la citada conferencia se consensuaron una serie de medidas dirigidas a atender las reiteradas demandas de las administraciones autonómicas y de contar con un mayor volumen de recursos para garantizar una asistencia sanitaria de calidad.
Algunas de estas medidas ya se materializaron mediante real decreto, mientras que otras se articularon a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y quedaban por aprobar otras de carácter tributario, que son las que se recogen en el presente proyecto de ley.
Se puede criticar lo que hacen los demás y se puede no estar de acuerdo
--es legítimo y democrático--, pero también es sana la autocrítica y admitir los fallos que se han cometido en el pasado, y tendrían que reconocer que el sistema de financiación que se aprobó en 2001 fue insuficiente porque ustedes no contemplaron una serie de variables que hoy dejan patentes en su discurso, como si nunca hubieran tenido responsabilidades de Gobierno. Si bien es cierto que en el futuro se tendría que abordar un sistema de financiación que proporcione la necesaria suficiencia a las comunidades autónomas, ahora no estamos hablando de eso sino de lo ya aportado y de lo que queda para 2007, que supone más de tres mil millones de euros que el Gobierno actual inyecta a un sistema sanitario que ustedes dejaron bastante en precario.
Por último, se procede a la ejecución de las medidas en materia fiscal que han sido acordadas por el Gobierno con el sector del transporte por carretera el pasado mes de octubre de 2005 para paliar la situación generada por la elevación que viene experimentando el precio de los combustibles. Entre estos acuerdos figura el incremento de las deducciones por inversión en nuevos vehículos industriales o comerciales de transporte por carretera cuando se contribuya de manera efectiva a la reducción de la contaminación atmosférica, concretamente del 10 al 12 por ciento. Se reduce el importe del impuesto sobre primas de seguros en un 75 por ciento y, finalmente, se reduce el 50 por ciento de las cuotas del impuesto sobre actividades económicas que soporten los transportistas durante los ejercicios de 2006 y 2007.
Por todo ello, señorías, este proyecto de ley nos parece importante y oportuno, y pensamos que el veto que presentan ustedes hoy no está justificado, ya que este proyecto de ley da salida a los acuerdos sectoriales pactados con comunidades autónomas y con el sector del transporte, se subsanan algunas deficiencias como las referidas a los puertos y autoridades portuarias y se transponen directivas vinculadas a fusiones o escisiones de empresas, sobre las empresas que tienen cambio de domicilio social dentro de los países de la Unión Europea y sobre las cuestiones vinculadas a la doble imposición internacional.
Reitero la oportunidad del proyecto de ley y, por lo tanto, nuestro rechazo al veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Ayala.

El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías quiero manifestar de modo breve que mi Grupo Parlamentario de Coalición Canaria no va a dar apoyo a este veto que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Estamos de acuerdo con las modificaciones que se proponen con relación al régimen fiscal de las organizaciones empresariales y del sistema portuario. Se trata de un proyecto que, por un lado, aborda el régimen fiscal al que me acabo de referir y que, por otro, aporta unas medidas destinadas a dotar a las comunidades autónomas de recursos adicionales para financiar el sistema sanitario y para el sector del transporte por carretera.
En cuanto a las medidas tributarias para financiar la sanidad, que acabo de mencionar, las consideramos importantísimas para todas las comunidades autónomas, especialmente para la comunidad canaria, a la que represento, puesto que tanto la financiación sanitaria de 2001 como el acuerdo sanitario del año pasado fueron claramente deficitarios al no tener en cuenta una serie de variables que influyen de una manera determinante, sobre todo en Canarias, como pueden ser la población inmigrante, a la que hay que atender, la población flotante y el crecimiento desmesurado de esa población.
Finalmente quiero hacer mención en este turno de la enmienda número 31, del Grupo Parlamentario Socialista, que es también importante para nosotros. En ella se solicita que se añada una nueva disposición adicional y se recogen bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad Social para los afectados por la tormenta tropical «Delta» ocurrida en Canarias a finales de noviembre del año pasado.
De ahí nuestro voto en contra del veto del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Gasòliba.

El señor GASÒLIBA I BÖHM: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero decir que la argumentación del senador Sánchez-Simón tiene un fundamento claro. Yo no soy jurista, soy un modesto economista, pero cuando uno lee el proyecto de ley y todo lo que se incorpora en él se observa una falta de consistencia. Creo que el Gobierno podría haber hecho algo mucho mejor sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de altos funcionarios y de expertos que tiene a su servicio para presentar con mayor rigor sus propuestas legislativas.
Precisamente desde un punto de vista de rigor legislativo, esto podría llevarme a apoyar su rechazo para que se volviese a presentar un texto mejor, pero hay una serie de cuestiones que considero urgentes, a pesar de ese planteamiento para nosotros un tanto incoherente, que hacen referencia --y aquí se ha comentado-- al tema que afecta al sector del transporte por carretera.
En trámites anteriores ya retiramos las enmiendas que habíamos presentado, especialmente las referentes a la sanidad, pero mantenemos éstas. La situación es sumamente grave y de urgencia; la problemática tan acusada que viene padeciendo este sector merece una respuesta rápida. Por eso no vamos a apoyar el veto. Esperemos que en el trámite de discusión de las enmiendas podamos encontrar los apoyos suficientes para que se dé solución a los aspectos clave del sector del transporte dada su problemática actual.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Maqueda.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero anunciar muy brevemente que en coherencia con la posición que ha mantenido nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tanto en el Congreso de los Diputados como en la Comisión de Economía y Hacienda, no vamos a apoyar el veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular. En el turno de portavoces comentaré el porqué de nuestra posición ya que sí apoyaremos algunas enmiendas, incluso varias del Grupo Parlamentario Popular. Por eso queremos intervenir en ese turno aunque nuestro grupo parlamentario no tenga presentada ninguna enmienda.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Aroz.

La señora AROZ IBÁÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La posición de mi grupo es contraria a este veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular y favorable al proyecto de ley que debatimos.
Este proyecto de ley contiene una serie de medidas tributarias que suponen el cumplimiento de distintos acuerdos sectoriales, la transposición de una directiva comunitaria y otras medidas, entre ellas la modificación del régimen fiscal de la entidad de derecho público Puertos del Estado. Esto es lo que dice y hace el proyecto de ley, modificar el régimen fiscal en relación a esta materia y no otra cosa, como ha tratado de hacernos creer, ridiculizando el proyecto de ley, el senador Sánchez-Simón.
Como he dicho, en este proyecto de ley se da cumplimiento a compromisos del Gobierno sobre medidas fiscales acordadas con el sector del transporte por carretera el pasado año. El conjunto de