CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2006 VIII Legislatura Núm. 98 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA Sesión del Pleno celebrada el miércoles, 18 de octubre de 2006

ORDEN DEL DÍA:

Primero
PREGUNTAS

-- De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre el calendario previsto por el Gobierno para la convocatoria de la próxima Conferencia de Presidentes y del Debate sobre el Estado de las Autonomías. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001024).


-- De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre el plazo previsto por el Gobierno para la desclasificación de los aeropuertos de Girona, Tarragona y Sabadell como de interés general para que pasen a ser gestionados por las instituciones catalanas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001032).


-- De D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Presidente del Gobierno considera que el establecimiento de cauces de negociación política extraparlamentaria sobre el futuro político de la Comunidad Autónoma del País Vasco es un medio adecuado para acabar con el terrorismo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001034).


-- De Dª MARIA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para solucionar las anomalías que padecen los

usuarios de la línea de cercanías ferroviaria C4 durante las obras de construcción de la red de alta velocidad (AVE) en Barcelona.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001030).


-- De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las actuaciones que desarrolla el Gobierno para que los Ayuntamientos mejoren el servicio a los ciudadanos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001021).


-- De D. MANUEL ARJONA SANTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que tiene previsto incluir el Gobierno en los programas de cooperación, dirigidas a los municipios de menor población. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S.
680/001047).


-- De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las fechas previstas por el Gobierno para la devolución de los documentos incautados durante la Guerra Civil española a las instituciones vascas, que se encuentran depositados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001029).


-- De D. JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno tiene previsto exigir responsabilidades a la entidad Forum Universal de las Culturas (Barcelona 2004), como consecuencia de la controversia judicial planteada en su contra en Illinois (Estados Unidos de América) por parte de dos productoras cinematográficas, en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato de esponsorización y compromiso. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001037).


-- De Dª MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos por los que el Gobierno se opone a la comparecencia del liquidador de la entidad Forum Universal de las Culturas (Barcelona 2004) ante un tribunal de los Estados Unidos de América con anterioridad a la celebración de las próximas elecciones en la Comunidad Autónoma de Cataluña. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001039).


-- De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos de orden público que han llevado al Gobierno a la suspensión de la reunión de los de Ministros de Vivienda de la Unión Europea, cuya celebración estaba prevista en Barcelona los días 16 y 17 de octubre de 2006. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006).
(Número de expediente S. 680/001040).


-- De D. EDUARDO DE ORDUÑA PUEBLA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los objetivos del Concurso Internacional de Ideas convocado por el Ministerio de Vivienda para la construcción de viviendas protegidas sobre suelos comprados y urbanizados a través de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006).
(Número de expediente S. 680/001045).


-- De Dª MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ LAHIDALGA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que realiza el Gobierno en relación con el hecho de que el día 29 de septiembre de 2006 pasaran a ser de obligado cumplimiento tres documentos básicos que componen el Código Técnico de Edificación, referidos al ahorro energético, a la seguridad de utilización y a la seguridad en caso de incendio. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001046).


-- De Dª MARÍA DEL MAR ANGULO MARTÍNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas previstas por el Gobierno para erradicar los episodios de violencia y acoso en los centros escolares. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S.
680/001038).


-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre el objetivo que persigue el Ministerio de Defensa con la calificación de interés general para la Defensa Nacional de las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en el acuartelamiento de Las Canteras, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).


(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001025).


-- De D. VÍCTOR BRAVO DURÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la opinión del Gobierno acerca de la situación de los cuarteles de Loyola, en Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001028).


-- De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la fecha prevista por el Gobierno para dar cumplimiento al objetivo de autofinanciación de la Iglesia Católica, mediante la supresión del modelo actual de exenciones fiscales y asignación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001027).


-- De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre el cumplimiento por el Gobierno de la moción aprobada por la Comisión de Cultura del Senado por la que se instaba a proceder a la cesión del edificio del Banco de España en la ciudad de Tarragona al Ayuntamiento de esa ciudad, para que sea puesto al servicio de dicha institución para que pueda aplicarlo a su oferta cultural antes de finalizar el año en curso. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001033).


-- De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la situación en la que se encuentra el Plan de Desarrollo Sostenible de la zona del embalse de Jánovas, en la provincia de Huesca. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001026).


-- De D. FRANCISCO JAVIER CASTAÑO DEL OLMO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre el objetivo de la futura regulación de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001043).


-- De D. MARCOS FRANCISCO HERNÁNDEZ GUILLÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los trabajos emprendidos por el Ministerio de Medio Ambiente para prevenir la generación de residuos de pilas y acumuladores usados. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001044).


-- De D. JOSEP MARÍA BATLLE FARRÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas que está impulsando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para favorecer la producción de cultivos agroenergéticos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006).
(Número de expediente S. 680/001031).


-- De D. JESÚS MARTÍNEZ HERRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las nuevas medidas que va a introducir el Gobierno en el Plan de Renovación de Vehículos (RENOVE) para la mejora de la eficiencia energética. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 680/001041).


-- De Dª PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las iniciativas que se plantea el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en apoyo a las empresas pesqueras españolas en el exterior. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006).
(Número de expediente S. 680/001042).


-- De Dª ALMUDENA MONSERRAT DE LEÓN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los criterios seguidos por el Gobierno en relación con la ubicación del nuevo centro penitenciario en el municipio de Puerto del Rosario (Las Palmas). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006).
(Número de expediente S. 680/001035).


-- De D. PEDRO GORDILLO DURÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las causas por las que se han modificado las previsiones existentes en relación con el traslado de diversos vehículos cedidos por España a Marruecos para luchar contra la inmigración ilegal. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S.
680/001036).


Segundo
INTERPELACIONES

-- De D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la planificación que va a realizar el Gobierno en materia de desarrollo rural. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006).
(Número de expediente S. 670/000128).


-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la búsqueda de soluciones para frenar el creciente fenómeno de la inmigración irregular en la Comunidad Autónoma de Canarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 567, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 670/000127).

Tercero
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con la Proposición de Ley relativa a la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 15, de fecha 9 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 624/000012).
(Número de expediente C. D. 122/000142).


-- De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 68, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 621/000068). (Número de expediente C. D. 121/000076).


-- De la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación en relación con la Proposición de Ley reguladora de la gestión de la deuda externa.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 16, de fecha 10 de octubre de 2006). (Número de expediente S. 624/000013). (Número de expediente C. D. 122/000019).


-- De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 66, de fecha 16 de octubre de 2006). (Número de expediente S.
621/000066). (Número de expediente C. D. 121/000070).

SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

PREGUNTAS (Página 5800)
De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre el calendario previsto por el Gobierno para la convocatoria de la próxima Conferencia de Presidentes y del Debate sobre el Estado de las Autonomías (Página 5800) El señor Mendoza Cabrera formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor el señor Mendoza Cabrera. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).

De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre el plazo previsto por el Gobierno para la desclasificación de los aeropuertos de Girona, Tarragona y Sabadell como de interés general para que pasen a ser gestionados por las instituciones catalanas (Página 5800)

El señor Macias i Arau formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Macias i Arau. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).

De D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Presidente del Gobierno considera que el establecimiento de cauces de negociación política extraparlamentaria sobre el futuro político de la Comunidad Autónoma del País Vasco es un medio adecuado para acabar con el terrorismo (Página 5802) El señor García-Escudero Márquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García-Escudero Márquez. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).

De Dª MARIA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para solucionar las anomalías que padecen los usuarios de la línea de cercanías ferroviaria C4 durante las obras de construcción de la red de alta velocidad (AVE) en Barcelona (Página 5805) La señora Baig i Torras formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).

De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las actuaciones que desarrolla el Gobierno para que los Ayuntamientos mejoren el servicio a los ciudadanos (Página 5806) El señor Losada de Azpiazu formula la pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).

De D. MANUEL ARJONA SANTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que tiene previsto incluir el Gobierno en los programas de cooperación, dirigidas a los municipios de menor población (Página 5807) El señor Abad Benedicto formula la pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).

De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las fechas previstas por el Gobierno para la devolución de los documentos incautados durante la Guerra Civil española a las instituciones vascas, que se encuentran depositados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca (Página 5808)
El señor Maqueda Lafuente formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Maqueda Lafuente. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).

De D. JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno tiene previsto exigir responsabilidades a la entidad Forum Universal de las Culturas (Barcelona 2004), como consecuencia de la controversia judicial planteada en su contra en Illinois (Estados Unidos de América) por parte de dos productoras cinematográficas, en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato de esponsorización y compromiso (Página 5809)
El señor Seguí Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Seguí Díaz. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).

De Dª MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos por los que el Gobierno se opone a la comparecencia del liquidador de la entidad Forum Universal de las Culturas (Barcelona 2004) ante un tribunal de los Estados Unidos de América con anterioridad a la celebración de las próximas elecciones en la Comunidad Autónoma de Cataluña (Página 5811)
La señora Vindel López formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra

de Cultura (Calvo Poyato). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Vindel López. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).

De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos de orden público que han llevado al Gobierno a la suspensión de la reunión de los de Ministros de Vivienda de la Unión Europea, cuya celebración estaba prevista en Barcelona los días 16 y 17 de octubre de 2006 (Página 5812)
El señor Cosidó Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cosidó Gutiérrez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón).

De D. EDUARDO DE ORDUÑA PUEBLA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los objetivos del Concurso Internacional de Ideas convocado por el Ministerio de Vivienda para la construcción de viviendas protegidas sobre suelos comprados y urbanizados a través de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo (Página 5813)
El señor De Orduña Puebla formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón).

De Dª MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ LAHIDALGA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que realiza el Gobierno en relación con el hecho de que el día 29 de septiembre de 2006 pasaran a ser de obligado cumplimiento tres documentos básicos que componen el Código Técnico de Edificación, referidos al ahorro energético, a la seguridad de utilización y a la seguridad en caso de incendio (Página 5815)
La señora González Lahidalga formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón).

De Dª MARÍA DEL MAR ANGULO MARTÍNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas previstas por el Gobierno para erradicar los episodios de violencia y acoso en los centros escolares (Página 5816)
La señora Angulo Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo) En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Angulo Martínez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).

De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre el objetivo que persigue el Ministerio de Defensa con la calificación de interés general para la Defensa Nacional de las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en el acuartelamiento de Las Canteras, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) (Página 5817)
El señor Melchior Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Defensa (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Melchior Navarro. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Alonso Suárez).

De D. VÍCTOR BRAVO DURÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la opinión del Gobierno acerca de la situación de los cuarteles de Loyola, en Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa) (Página 5819)
El señor Bravo Durán formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Defensa (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Bravo Durán. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Alonso Suárez).

De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la fecha prevista por el Gobierno para dar cumplimiento al objetivo de autofinanciación de la Iglesia Católica, mediante la supresión del modelo actual de exenciones fiscales y asignación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (Página 5820)

El señor Cuenca Cañizares formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cuenca Cañizares. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).

De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre el cumplimiento por el Gobierno de la moción aprobada por la Comisión de Cultura del Senado por la que se instaba a proceder a la cesión del edificio del Banco de España en la ciudad de Tarragona al Ayuntamiento de esa ciudad, para que sea puesto al servicio de dicha institución para que pueda aplicarlo a su oferta cultural antes de finalizar el año en curso (Página 5821)
El señor Badia i Chancho formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Badia i Chancho. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).

De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la situación en la que se encuentra el Plan de Desarrollo Sostenible de la zona del embalse de Jánovas, en la provincia de Huesca (Página 5822)
El señor Mur Bernad formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mur Bernad. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz)
De D. FRANCISCO JAVIER CASTAÑO DEL OLMO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre el objetivo de la futura regulación de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición (Página 5823)
El señor Castaño del Olmo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).

De D. MARCOS FRANCISCO HERNÁNDEZ GUILLÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los trabajos emprendidos por el Ministerio de Medio Ambiente para prevenir la generación de residuos de pilas y acumuladores usados (Página 5824)
El señor Hernández Guillén formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).

De D. JOSEP MARÍA BATLLE FARRÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas que está impulsando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para favorecer la producción de cultivos agroenergéticos (Página 5825)
El señor Batlle Farrán formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).

De D. JESÚS MARTÍNEZ HERRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las nuevas medidas que va a introducir el Gobierno en el Plan de Renovación de Vehículos (RENOVE) para la mejora de la eficiencia energética (Página 5826)
El señor Martínez Herrera formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).

De Dª PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las iniciativas que se plantea el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en apoyo a las empresas pesqueras españolas en el exterior (Página 5827)
La señora Hernández Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).

De Dª ALMUDENA MONSERRAT DE LEÓN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los criterios seguidos por el Gobierno en relación con la ubicación del nuevo centro

penitenciario en el municipio de Puerto del Rosario (Las Palmas) (Página 5828)
La señora Monserrat de León formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Monserrat de León. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).

De D. PEDRO GORDILLO DURÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las causas por las que se han modificado las previsiones existentes en relación con el traslado de diversos vehículos cedidos por España a Marruecos para luchar contra la inmigración ilegal (Página 5829)
El señor Gordillo Durán formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gordillo Durán. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).

INTERPELACIONES (Página 5830)
De D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la planificación que va a realizar el Gobierno en materia de desarrollo rural (Página 5830)
El señor Pérez Lapazarán realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana). Vuelve a intervenir el señor Pérez Lapazarán. Cierra el debate la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).

De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la búsqueda de soluciones para frenar el creciente fenómeno de la inmigración irregular en la Comunidad Autónoma de Canarias (Página 5836)
El señor Melchior Navarro realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). Vuelve a intervenir el señor Melchior Navarro. Cierra el debate el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5842)
De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con la Proposición de Ley relativa a la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales (Página 5842)
La señora Rubial Cachorro, presidenta de la Comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno a favor hace uso de la palabra el señor Bravo Durán.

En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Burgués i Bargués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores Abad Benedicto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular.

Se suspende la sesión a las catorce horas y diez minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (Página 5847)
El señor Pérez Sáenz, vicepresidente de la Comisión, presenta el dictamen. En nombre del Gobierno interviene el señor Ministro de Justicia (López Aguilar).

El señor Urrutia Elorza defiende la propuesta de veto número 2.

El señor Cuenca Cañizares defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por este senador.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Díaz Tejera.

En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza y Cuenca Cañizares, por el Grupo Parlamentario

Mixto; Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Fernández Pardo, por el Grupo Parlamentario Popular.

Se procede a votar las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, del señor Urrutia Elorza, por 3 votos a favor, 121 en contra y 116 abstenciones.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, por 2 votos a favor, 122 en contra y 115 abstenciones.

De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con la Proposición de Ley relativa a la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales (Votación) (Página 5861)
Se aprueba por asentimiento de la Cámara la proposición de ley.

El señor Presidente anuncia que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales esta proposición de ley.

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (Continuación) (Página 5862)
Comienza el debate de las enmiendas.

El señor Urrutia Elorza defiende las enmiendas números 47 a 57, 59 a 61 y 63 a 65. El señor Cuenca Cañizares defiende las enmiendas números 1 a 40, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por este senador. El señor Jorquera Caselas defiende las enmiendas números 41 y 43 a 46, del mismo grupo parlamentario, originariamente presentadas por este senador. El señor Badia i Chancho defiende las enmiendas números 165 a 168, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números 66 a 83, 85 a 89 y 91 a 93, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas números 112 a 117, 119 a 146, 148, 149, 151 a 156 y 161 a 163, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. El señor Gutiérrez González defiende las enmiendas números 94 a 103, 105, 106, 108 y 109, del Grupo Parlamentario Popular.

En turno en contra interviene la señora Martínez García.

En turno de portavoces, intervienen los señores Cuenca Cañizares, por el Grupo Parlamentario Mixto; Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como la señora Martínez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Gutiérrez González, por el Grupo Parlamentario Popular.

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 47, 63 y 65, del señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, por 12 votos a favor y 226 en contra.

Se rechazan las restantes enmiendas del señor Urrutia Elorza por 10 votos a favor, 227 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 1, 28, 29 y 39, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el señor Cuenca Cañizares, por 12 votos a favor, 224 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 30, 35 y 36, del mismo grupo parlamentario, también originariamente presentadas por el señor Cuenca Cañizares, por 10 votos a favor, 226 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el señor Cuenca Cañizares, por 3 votos a favor, 228 en contra y 7 abstenciones
Se rechazan las enmiendas números 41 y 43 a 46, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el señor Jorquera Caselas, por 16 votos a favor, 218 en contra y 4 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 165 a 168, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 14 votos a favor y 224 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 66, 85 y 92, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 18 votos a favor, 217 en contra y 3 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por 16 votos a favor, 218 en contra y 4 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 117, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 109 votos a favor, 121 en contra y 8 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 119, 126, 129, 130, 135, 138, 139, 141, 145, 146, 154, 155 y 156, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 227 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 112, 113, 148, 149 y 163, del mismo grupo parlamentario, por 12 votos a favor, 223 en contra y 3 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 116 y 122, también del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 12 votos a favor, 223 en contra y 3 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 121, 123, 124, 125, 127, 136, 137, 140, 142, 143, 144, 161 y 162, del mismo grupo parlamentario, por 3 votos a favor, 227 en contra y 8 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 114, 115 y 120, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 5 votos a favor, 224 en contra y 7 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por 5 votos a favor, 226 en contra y 7 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 94, 103, 105, 106, 108 y 109, del Grupo Parlamentario Popular, por 115 votos a favor y 123 en contra.

Se aprueba el apartado 1 del artículo único por 221 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones.

Se aprueba el apartado 3 del artículo único por 235 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención
Se aprueban los apartados 18 bis, 18 ter, 19, 23 y 33 del artículo único por 235 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la disposición derogatoria por 107 votos a favor, 116 en contra y 15 abstenciones.

Se aprueba el resto del dictamen por 121 votos a favor, 116 en contra y 1 abstención.

El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

De la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación en relación con la Proposición de Ley reguladora de la gestión de la deuda externa (Página 5881)
El señor Bru Parra, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Cuenca Cañizares defiende las enmiendas números 1 a 11 y 14 a 18, del Grupo Parlamentario Mixto. El señor De Puig Olive defiende las enmiendas números 20 a 31 y 34 a 41, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

En turno de portavoces, intervienen los señores Cuenca Cañizares, por el Grupo Parlamentario Mixto; Macias i Arau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; De Puig Olive, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Carracao Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Becerril Bustamante, por el Grupo Parlamentario Popular.

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 11, del Grupo Parlamentario Mixto, por 2 votos a favor, 221 en contra y 10 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 15 y 18, del mismo grupo parlamentario, por 2 votos a favor, 214 en contra y 17 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 17, también del Grupo Parlamentario Mixto, por 115 votos a favor, 110 en contra y 8 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 16, del mismo grupo parlamentario, por 2 votos a favor, 214 en contra y 17 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 28 y 39, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 2 votos a favor, 227 en contra y 4 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 35 y 38, del mismo grupo parlamentario, por 114 votos a favor, 109 en contra y 10 abstenciones.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 73538.

Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 73539 por 229 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

Se aprueba el dictamen por 228 votos a favor y 3 en contra.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales (Página 5887)
La señora Martínez García, presidenta de la Comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 19. El señor Jorquera Caselas defiende las enmiendas números 20 a 34, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el señor Cuenca Cañizares las números 20 a 29 y por el Bloque Nacionalista Galego las números 30 a 34. El señor Badia i Chancho defiende las enmiendas números 85, 87 a 90 y 94, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas números 60, 61, 64, 66, 67, 69 a 72, 76, 78, 79 y 81, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

En turno de portavoces, intervienen el señor Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como los señores Mansilla Hidalgo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Nogueira Pol, del Grupo Parlamentario Popular.

En nombre del Gobierno hace uso de la palabra el señor Ministro de Justicia (López Aguilar).

Se procede a votar.

Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 4, 8, 9, 11 a 15, 17 y 18, del señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, por 8 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 3, 5 a 7, 10 y 16, del mismo señor senador, por 1 voto a favor, 209 en contra y 12 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 19, también del señor Urrutia Elorza, por 2 votos a favor, 209 en contra y 11 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 20 a 29, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el señor Cuenca Cañizares, por 211 en contra y 11 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 30 a 34, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, por 14 votos a favor, 204 en contra y 3 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 85, 87 a 90 y 94, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 16 votos a favor, 204 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 60, 64, 69 y 72, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 7 votos a favor, 204 en contra y 11 abstenciones.

El señor Aleu i Jornet anuncia la retirada del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se aprueba el dictamen por 220 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales este proyecto de ley
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos.


Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.

PREGUNTAS:


-- DE DON JOSÉ MENDOZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE EL CALENDARIO PREVISTO POR EL GOBIERNO PARA LA CONVOCATORIA DE LA PRÓXIMA CONFERENCIA DE PRESIDENTES Y DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS (S. 680/001024).

El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: preguntas.
Pregunta del senador Mendoza Cabrera.
Tiene la palabra su señoría.

El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor presidente del Gobierno. Buenos días, señoras y señores senadores.
Los dos puntos de encuentro entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas son la conferencia de presidentes y el debate del estado de las autonomías en el Senado.
¿Tiene previsto el señor presidente la celebración de las dos próximas sesiones y un calendario concreto? Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Sí, senador Mendoza, el Gobierno va a proponer que la conferencia de presidentes, que coincido con usted en que representa un punto de encuentro fundamental para el buen funcionamiento de grandes temas de Estado entre ese deseable mecanismo de cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, se celebre en el mes de diciembre de este año en el Senado, siempre que la Cámara tenga a bien reiterar una vez más su invitación y acredite en otra ocasión su hospitalidad y amabilidad, y que aborde nuestro sistema de investigación, desarrollo e innovación y la coordinación entre Gobierno y las comunidades autónomas en un esfuerzo conjunto y también, a petición de varios presidentes autonómicos, lo que podríamos entender como el futuro medioambiental en lo que afecta a la capacidad de nuestros recursos hidráulicos. Esos son los dos objetivos que va a tener la conferencia de presidentes.
Y en relación con el debate del estado de las autonomías, hemos recuperado en esta legislatura ese debate, que es extenso y útil. Por tanto, mantengo el compromiso de volver a realizarlo este año. El Gobierno entiende que el momento más conveniente es después de las elecciones autonómicas, cuando tengamos ya renovados los parlamentos y los gobiernos autonómicos, gobiernos que vendrán, sin duda alguna, con nuevos bríos a ese debate, con nuevas iniciativas, con nuevos planes. En consecuencia, a partir de las elecciones autonómicas de mayo y una vez constituidos los gobiernos autonómicos de una buena parte de nuestro país, convocaremos el debate del estado de las autonomías también en esta Cámara, para disfrutar de su hospitalidad.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el senador Mendoza.

El señor MENDOZA CABRERA: Muchas gracias, señor presidente.
Me alegra la noticia de que exista un calendario concreto, aunque el debate del estado de las autonomías se celebre algo más tarde, aunque me parece razonable que sea tras las elecciones autonómicas y me parece perfecto que en este año se celebre la conferencia de presidentes.
Nos temíamos que una vez más se incumpliera el compromiso de su celebración, como sucedió en legislaturas anteriores. Esta era nuestra preocupación, veo que sigue existiendo ese compromiso y, por tanto, me doy por satisfecho.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Le agradezco su pregunta, yo también me doy por satisfecho y, en lo que afecta a la conferencia de presidentes y al debate del estado de las autonomías, le puedo asegurar que la voluntad inequívoca del Gobierno es cumplir estrictamente los compromisos de celebración de las mismas. Vamos a tener una tercera conferencia de presidentes y un nuevo debate del estado de las autonomías. Todo lo que sea debate, poner en común, intercambiar ideas es positivo para los ciudadanos y por eso la voluntad del Gobierno es muy clara a este respecto.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


-- DE DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE EL PLAZO PREVISTO POR EL GOBIERNO PARA LA DESCLASIFICACIÓN DE LOS AEROPUERTOS DE GIRONA, TARRAGONA Y SABADELL COMO DE INTERÉS GENERAL PARA QUE PASEN A SER GESTIONADOS POR LAS INSTITUCIONES CATALANAS (S. 680/001032).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Macias i Arau.
Tiene la palabra su señoría.

El señor MACIAS I ARAU: «Gràcies, senyor president.
Senyor president del Govern, bon dia.» Ayer este Pleno del Senado aprobó, con el concurso de todos los partidos de la Cámara, excepto el Socialista, una moción de Convergència i Unió que planteaba la resolución de los graves problemas que afectan al servicio de cercanías del área de Barcelona. Para ello establecía tres paquetes de medidas: más inversiones en trenes, estaciones e infraestructuras, el pleno respeto a los planes y programas vigentes, un plan de comunicación e información al usuario a implementar antes de final de año y el pronto desarrollo de las previsiones estatutarias en relación al traspaso de estos servicios a la «Generalitat». Es una competencia recogida en el «Estatut» y por ello le he de manifestar mi extrañeza por el voto negativo de su grupo.
Pero mi pregunta no se refiere al transporte por ferrocarril, sino a los aeropuertos y ni siquiera al aeropuerto de Barcelona, que ha sido el gran escollo en las negociaciones del «Estatut». La falta de acuerdo en este punto se mantuvo, como usted sabe perfectamente, hasta el final de su tramitación.
En mi pregunta voy a referirme a los demás aeropuertos catalanes gestionados por AENA, los de Girona-Costa Brava, Reus y Sabadell porque me gustaría saber en qué plazo se plantea el Gobierno proceder a desclasificar los aeropuertos catalanes de Girona, Reus y Sabadell como de interés general con el fin de que pasen a ser gestionados directamente por las instituciones catalanas.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Le agradezco, señor presidente, su amabilidad e igualmente agradezco al señor Macias i Arau su pregunta. Su señoría, al principio de su intervención, se refirió a otro medio importante de transporte. Le puedo asegurar que atenderé y leeré con atención la moción de esta Cámara en relación con lo que afecta al transporte de cercanías por ferrocarril en el área metropolitana de Barcelona.
Yendo ahora a la pregunta concreta tengo que decirle que, como usted bien conoce, los aeropuertos de interés general están regulados por un Real Decreto de 1981, la modificación de esta normativa que parece conveniente es una tarea en la que está implicado en estos momentos el Ministerio de Fomento y también creo que es perfectamente consciente de que esta es una cuestión que tiene gran calado porque comporta en buena medida la definición de un cambio en el modelo aeroportuario para el conjunto de España. Este nuevo modelo debe contemplar, obviamente, la Constitución, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, el marco estatutario vigente, en este caso en concreto de Cataluña, y poniendo como objetivos irrenunciables la mejora de la seguridad y la calidad de los servicios públicos a los ciudadanos. Ese proceso de reforma del reglamento del régimen de aeropuertos de interés general, del nuevo modelo aeroportuario se va a llevar a cabo a través del diálogo entre las distintas instituciones y, en particular, en lo que afecte a los aeropuertos de Cataluña con las instituciones autonómicas, es decir, con la «Generalitat»; de hecho este proceso ya ha empezado en lo relativo al aeropuerto de Sabadell. Será entonces cuando tengamos un proceso de diálogo avanzado, que lógicamente no podrá tener un ritmo adecuado, si no es a partir de la constitución del nuevo Gobierno de Cataluña, tras las elecciones del 1º de noviembre, cuando podremos precisar contenidos, condiciones, procedimientos y, en su caso, plazos para la modificación de la calificación de aeropuertos de interés general, a los que ha hecho usted referencia en su pregunta y que están situados en Cataluña.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Le agradezco sinceramente su repuesta y la apelación al nuevo Gobierno de Cataluña, que espero que será capaz de resolver estos y otros problemas.
De todas maneras, señor presidente, mi pregunta no tenía trampa.
Simplemente pretendía conocer el porqué de la dilación en una decisión que, según todo parece indicar, estaba plenamente asumida por el Gobierno que usted preside, y basta echar una ojeada a la hemeroteca para comprobarlo, tanto por boca del president Maragall, como de los negociadores catalanes, pero también de su negociador del «Estatut», ahora ministro, señor Rubalcaba. Hay pleno acuerdo en los tres aeropuertos. La dificultad estriba en hallar una fórmula para Barcelona.
Me va a permitir que le muestre y que le lea un documento entregado a todas las fuerzas políticas, e incluso a la prensa, por el señor Rubalcaba en plena negociación, que se titula: Pacto sobre transporte. En este documento se puede observar unas anotaciones a mano, que hicieron nuestros negociadores sobre el texto original mecanografiado suministrado por el entonces portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
El apartado a) establece: Los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell, situados en Cataluña, y actualmente de interés general, serán desclasificados como tales, perdiendo su condición de interés general y asumiendo Cataluña su titularidad y su gestión, propuesta, repito, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y aceptada plenamente. Se ve que en el apartado referido a Barcelona hay muchos garabatos, pero no en éste. Por tanto, parecía que había pleno acuerdo, de hecho, cuando se procede a la aprobación del «Estatut» sin haber llegado a acuerdos en el punto aeroportuario, ya en esta Cámara sus representantes anuncian que a pesar de la falta

de acuerdo el asunto de los aeropuertos se va a resolver con prontitud, algunos, concretamente los representantes de Iniciativa por Cataluña, dicen que se les ha asegurado que sería antes del referéndum, antes del mes de junio. Más vale tarde que nunca, pero la desclasificación no llega, ni siquiera los calores veraniegos lograron descongelarla, y en septiembre, cuando parecía que todo estaba a punto surge una nueva sombra que yo le pido que desvanezca, señor presidente. Se nos dice que AENA bloquea el traspaso del aeropuerto de Girona porque supuestamente este aeropuerto ha despegado y porque su creciente número de vuelos y, por tanto, su rentabilidad, lo convierten en una perita en dulce que el ente estatal no está dispuesto a soltar. He aquí nuestra preocupación, señor presidente, y el motivo de nuestra pregunta. Me gustaría escuchar un desmentido rotundo de estas pretensiones de un grupo directivo de AENA de quedarse con la gestión de Girona, y también, y ésta es la pregunta, que nos anunciara usted un calendario.
Se lo pido a usted como presidente del Gobierno, puesto que hasta ahora no hemos recibido respuesta del ministerio competente, y se lo pido porque, más allá del hecho concreto y de la importancia intrínseca que tiene para la economía de Girona, es un mal ejemplo de gobernabilidad que las voluntades políticas unánimes, expresadas por una persona tan cualificada y, a mi entender, tan creíble como el señor Rubalcaba, se frustren por la codiciosa e insidiosa intervención de quienes debiendo ser servidores públicos se limitan a defender sus intereses particulares.
En catalán tenemos una manera de decirlo: «defensar la botigueta», defender la tienda, y es que, señor presidente, usted y yo compartimos que su tienda, nuestra tienda es la que vende un producto que se llama interés común.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Le agradezco el tono de su intervención. Quiero hacer, no obstante, alguna precisión y fundamentalmente una clarificación en lo que afecta al futuro y al proceso que tenemos por delante.
En materia aeroportuaria me remito a lo que diga el Estatuto de Autonomía de Cataluña. No voy a dejar de reconocerle que fue uno de los grandes asuntos de la negociación en el proceso estatutario, pero es evidente que el propio contenido del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la ausencia de referencias pone de manifiesto que no hubo acuerdo, pudo haber diálogo, incluso papeles, lo que es habitual en un proceso de negociación, pero no hubo acuerdo. Siempre expresé, y hoy reitero, que el Gobierno tiene la voluntad de llegar a un acuerdo, que el Gobierno entiende y comparte la conveniencia de participación de instituciones autonómicas, en particular en los grandes aeropuertos para su gestión.
Pero también creo que toda la ciudadanía es consciente de que estamos hablando de cuestiones que afectan a la conectividad del territorio y, por tanto, de los ciudadanos; de una situación de demanda creciente del tráfico aéreo y de su gestión que es absolutamente imprescindible garantizar. Es una responsabilidad del Gobierno, de la Administración General del Estado, garantizar la seguridad de la navegación aérea y un funcionamiento en red de nuestros aeropuertos para que se consolide el espacio aéreo europeo.
Desde esas premisas es conveniente que tengamos presente que los requisitos para calificar un aeropuerto de interés general han de ser modificados porque, si no, se impediría en muchos casos la posibilidad de la participación o la transferencia de aeropuertos a instituciones autonómicas, aunque es evidente que la Administración General del Estado en todo caso, porque esa es su competencia constitucional, se reservaría el control de la navegación aérea y el control de la seguridad aeronáutica.
¿Cuándo y qué aeropuertos? Permítame que sea absolutamente sincero con usted, este es un proceso que hemos de negociar, en este caso con la Generalidad de Cataluña. Y sí le tengo que decir en relación con un aeropuerto concreto que usted ha citado que, en efecto, el aeropuerto de Girona tiene una magnífica evolución, en buena medida fruto de la gestión de AENA, lo cual no quiere decir que otros no pudieran haber tenido también una buena evolución, pero digamos que la gestión de AENA, Administración General del Estado, ha permitido que el aeropuerto de Girona tenga una gran evolución, como otros muchos aeropuertos de nuestro país que viven en general un momento de crecimiento, de desarrollo, y que contribuyen, sin duda alguna, a nuestro progreso económico y a facilitar la movilidad de los ciudadanos en muchos ámbitos.
Por tanto, existe una voluntad de llegar a un acuerdo, no hubo acuerdo en el estatuto, creo que es justo reconocerlo, y el deseo y la voluntad del Gobierno es llegar a acuerdos con el futuro Gobierno de la Generalidad que surja de las elecciones del 1 de noviembre, que sé que tendrá una actitud de diálogo y de colaboración con el Gobierno de España.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


-- DE DON PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CONSIDERA QUE EL ESTABLECIMIENTO DE CAUCES DE NEGOCIACIÓN POLÍTICA EXTRAPARLAMENTARIA SOBRE EL FUTURO POLÍTICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO ES UN MEDIO ADECUADO PARA ACABAR CON EL TERRORISMO (S. 680/001034).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador García-Escudero. Tiene la palabra su señoría.


El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días.
¿Considera el presidente del Gobierno que el establecimiento de cauces extraparlamentarios sobre el futuro político del País Vasco es un medio adecuado para acabar con el terrorismo? Muchas gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno. Rogaría silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor García-Escudero, el Gobierno considera un objetivo de la sociedad española de gran trascendencia ver el fin de la violencia y acabar con el terrorismo. El Gobierno democrático de España, como todos los Gobiernos democráticos desde la transición española, ha estado en este empeño. Y lo ha intentado siempre desde una premisa evidente: el respeto a los principios democráticos, al Estado de Derecho, a la legalidad, como no podía ser de otra manera. Y desde esos principios el Gobierno considera que merece la pena hacer todo el esfuerzo de diálogo para acabar con el terrorismo, mucho más si estamos en un momento como este; en un momento en el que, afortunadamente, llevamos ya más de tres años sin víctimas mortales, por tanto, el horror está cada vez más lejos y la paz cada vez más cerca.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el senador García-Escudero.

El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero, usted lo acaba de decir y, además, lo repite con mucha frecuencia, ETA lleva más de tres años sin matar, pero lo que usted no dice nunca es por qué. Lo que usted no dice es que hace más de tres años ETA estaba muy cerca de su final. Con el Pacto Antiterrorista, la ley de partidos, las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad, de la Justicia, la colaboración internacional, la presión social, el apoyo de las víctimas, ETA hace más de tres años se encontraba al borde de la asfixia total. Se había incluido a Batasuna en la lista europea de organizaciones antiterroristas y se la había excluido de las instituciones democráticas. Esta era entonces la situación, y en marzo del año 2004 se encontró usted con una situación ideal para haber terminado con ETA, pero lo que los españoles no sabíamos entonces es que desde dos años antes usted ya tenía una estrategia... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, rogaría silencio, por favor.

El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: ... una estrategia que estaban fraguando los socialistas Eguiguren y Egea con los «batasunos» Otegi, Barrena y Díez Usabiaga, en unos contactos que usted conocía y consentía, mientras firmaba el Pacto Antiterrorista, votaba la ley de partidos y ETA asesinaba a su compañero de partido, Joseba Pagazartundua... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, les ruego silencio, por favor.

El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: La estrategia que se estaba diseñando por parte de su partido y de Batasuna no consistía en que el Estado de Derecho acabara con los terroristas sino en pactar con ellos entrando en su juego.
Conforme va pasando el tiempo los españoles lo estamos viendo cada vez más claro. Usted nos quiere vender la idea de que lo que pretende es atraer a los terroristas a los cauces democráticos y, sin embargo, la realidad es muy distinta. Lo que está usted haciendo es llevar a las instituciones democráticas al terreno de juego que marcan los terroristas.
Señor Zapatero, dice el refrán que si cedes una vez al chantaje estás preso para siempre, y eso es lo que le pasa a usted. Usted empezó cediendo en ese doble juego del año 2002 y hoy está preso de unos determinados compromisos. A usted Batasuna le sigue marcando la agenda, los plazos, los tiempos, los contenidos y usted se sigue allanando a eso; y en caso de duda, basta una huelga de hambre falsa de un asesino, basta una rueda de prensa de alguien de Batasuna --¿oyó usted ayer al señor Barrena, señor Zapatero?--, o bastan siete tiros al aire para que usted siga cediendo.
Dentro de su calendario pactado en noviembre del año 2004, Batasuna anuncia y exige en el velódromo de Anoeta la constitución de dos mesas de negociación en un acto que usted conocía previamente porque fue informado por el señor Eguiguren: la mesa de partidos y la mesa de negociación de su Gobierno con ETA. Dentro de su calendario pactado usted impulsó en mayo de 2005 en el Congreso una declaración en la que se fijaban las condiciones mínimas para que su Gobierno pudiera pactar y hablar con ETA, que decía: que haya voluntad para poner fin a la violencia, que se evidencien actitudes inequívocas que conduzcan a esa convicción; y añadía: que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular; y también: que la democracia española nunca cederá al chantaje de la violencia.
Señor Zapatero, ¿piensa usted, de verdad, realmente, después de haber oído ayer al señor Barrena, que hoy se dan esas condiciones? Continuando con el calendario pactado, en marzo de este año ETA anuncia la tregua y desde ese momento el Estado es cada vez más débil. Todo son cesiones, y hasta el Código Penal y la propia Fiscalía parece que también han entrado en tregua. Manifestaciones consentidas de la ilegal Batasuna todos los fines de semana; legalización de facto de la ilegal Batasuna; ruedas de prensa; reuniones públicas; asambleas; internacionalización

del problema, la próxima semana se lleva esta cuestión al Parlamento europeo, tal y como exigía la propia ETA en un comunicado en noviembre del año 2005; anuncio de rebaja en la petición de la Fiscalía de 96 a seis años de prisión al asesino De Juana Chaos , anuncio que, curiosamente, coincide con el abandono de la falsa huelga de hambre; rebaja en la petición de la Fiscalía a Iñaki Bilbao, a pesar de los altercados en la sala de la Audiencia Nacional y de las amenazas proferidas a los jueces de doce a dos años de prisión; sustitución de la prisión incondicional de Arnaldo Otegi, solicitada por la Fiscalía antes de la declaración de la tregua de ETA, por libertad bajo fianza solicitada por la Fiscalía después de la declaración de la tregua de ETA; reducción de la solicitud de penas por la Fiscalía por violencia callejera a un acusado de once años de prisión a 3.000 euros de multa, y a otros siete acusados de 400 años de prisión a 13 años para los siete. Todo esto es lo que el fiscal general del Estado llama la adaptación de la Fiscalía a la nueva situación.
Pero es que hay más cesiones, hay más coincidencias. No hay detenciones en España desde hace más de año y medio; en Francia, sí. Se avisa por teléfono a los terroristas antes de una actuación policial y no se investiga. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y continuando con el calendario pactado, usted acude al Congreso a finales de junio, cuando se estaba agotando otro plazo, no a comparecer en el Parlamento, sino a anunciar en un pasillo la verificación de las condiciones para que su Gobierno pueda hablar con ETA y el reconocimiento del derecho de los vascos a decidir sobre la autodeterminación.
Y usted sigue adelante porque todavía tiene más compromisos que cumplir.
Ahora toca la legalización de Batasuna para poder formar parte de la mesa de partidos y para poder presentarse a las elecciones municipales, y si para legalizar a Batasuna esta no quiere --y usted oyó ayer igual que yo al señor Barrena-- condenar la violencia ni acatar la ley de partidos, no importa, se va a hacer la vista gorda y se les tranquiliza --usted lo ha hecho--: la vía penal no va a perjudicar. ¿Qué va a pasar entonces, señor Zapatero, con las cinco causas pendientes de Arnaldo Otegi, con las de Barrena, con las de Permach? Y continuando con el calendario pactado o con la agenda impuesta, toca también constituir la mesa de partidos exigida por Batasuna en Anoeta en el año 2004. La mesa de partidos, sentar al Estado a negociar con una Batasuna que no representa la voluntad popular porque es ilegal y no está en el Parlamento. Negociar con ellos sobre algo que ya está prefijado, la territorialidad y la autodeterminación, bajo secreto, como desde hace cinco años y con la constante amenaza de las pistolas porque no han sido entregadas. Va usted a negociar el futuro del País Vasco, de Navarra y de España en estas condiciones, no en el Parlamento vasco, ni en el de Navarra, ni en las Cortes Generales, suplantando al Parlamento, sin la oposición democrática, sin las víctimas. Por cierto, señor Zapatero, ¿ha consultado usted ya con Francia eso de la eurorregión? Va usted por la vía de la ocultación, de la doble moral, del cinismo legal. ¿Adónde nos lleva usted, señor Zapatero? (Rumores en os escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, rogaría silencio, por favor.

El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Nos quiere llevar usted a su paz, a una paz en la que usted se sienta cómodo, a una paz que no va a permitir a la mitad de la sociedad vasca vivir en libertad, a una paz que va a estar siempre condicionada por la amenaza de la violencia, a la paz de Azkoitia, a la paz del miedo, a la paz de Batasuna-ETA.
Señor Zapatero, cada vez son más los españoles que no saben adónde nos lleva usted, pero cada vez son más los españoles que sí saben dónde hemos dejado de estar. ¿Es consciente, señor Zapatero, de que más de la mitad de los españoles no le están apoyando en esta estrategia? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor García-Escudero, le he escuchado con atención y alguna de las cosas que le he oído y ha afirmado en esta Cámara las voy a dar por no dichas.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, rogaría silencio.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Se lo digo con absoluta sinceridad y en aras de que una cuestión como la lucha contra el terrorismo, el final de la violencia, la memoria de las víctimas, lo que toda la sociedad española ha sufrido, no se sitúe en los niveles de contienda en que desde luego usted los ha situado, que no merecen ni las víctimas, ni los españoles ni la dignidad de esta Cámara. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Todos hemos sufrido demasiado para que ese sufrimiento y ese dolor merezca una confrontación de esta naturaleza. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Ese sufrimiento merece, desde mi punto de vista, sentido de la responsabilidad (Rumores.
--Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), sentido de Estado, como el que ha caracterizado a todas las fuerzas políticas democráticas desde la transición hasta aquí (Rumores.
--Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) hayan estado en el Gobierno o en la oposición. No sé si en algún momento podrán reflexionar serenamente. (Fuertes rumores.) No sé si les hará reflexionar lo que dijo ayer el Grupo Liberal del Parlamento

Europeo (Fuertes rumores.), que imagino no estará bajo sospecha, o lo que han dicho otros líderes de todo el abanico ideológico que conocen el problema, que tienen responsabilidades importantes y que son nuestros vecinos y amigos de la Unión Europea.
(Rumores.
--Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Yo no sé si será antes o después, pero tengo el convencimiento de que en sus filas se abrirá una reflexión autocrítica sobre cómo están posicionándose ante el proceso de paz. (Fuertes rumores.
--Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Mi deseo es que esa reflexión autocrítica se produzca cuanto antes, pero mucho me temo, viendo su actitud en esta legislatura, que esa reflexión autocrítica tendrá lugar después de que hablen los ciudadanos.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidente.


-- DE DOÑA MARÍA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LAS ANOMALÍAS QUE PADECEN LOS USUARIOS DE LA LÍNEA DE CERCANÍAS FERROVIARIA C2 DURANTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALTA VELOCIDAD (AVE) EN BARCELONA (S. 680/001030).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la senadora Baig para formular su pregunta.

La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, presidente.
(La señora Baig i Torras comienza su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Aquest mes de setembre els trens de rodalies de Renfe, i en concret la línea C2 de Sant Vicenç de Calders a Barcelona, han tingut tantes anomalies i han acumulat tants retards que els usuaris habituals demanen explicacions i previsions, especialment sobre si és cert que tals anomalies són produïdes per les obres destinades a fer arribar lÆAVE a Barcelona.» He dicho que en este último tiempo, en septiembre y en octubre, se han producido repetidas incidencias en el trayecto de la línea C2 de San Vicente de Calders a Barcelona, conocida como la línea de la costa, que han perturbado el funcionamiento del servicio, provocando retrasos y trastornos a sus usuarios, entre los que también me incluyo como sufridora del servicio, sin haber recibido información ni explicación alguna (Fuertes rumores.), mientras hemos tenido que permanecer encerrados en el tren acumulando ansiedad, nervios, preludio de violencia oral hasta el momento...

El señor PRESIDENTE: Señorías, rogaría silencio, por favor.

La señora BAIG I TORRAS: ... agravándose esto que les digo si coinciden estos retrasos con las horas punta, en las que, además, las aglomeraciones ponen en evidencia la poca capacidad que tienen los vagones para acomodar a todas las personas que prefieren el transporte ferroviario y colectivo al coche particular. (Rumores.) Estuve presente en el anterior Pleno, cuando se presentó la interpelación de CiU, a la que calificaba ayer un compañero de grupo --que no de partido-- de interpelación oportuna y oportunista, en la que sin ningún rubor se le demanda, señora ministra, sobre problemas estructurales correspondientes a la falta o escasa inversión durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular con el soporte de su grupo. Me imagino, sin ser experta, que invertir en compra de material móvil debe necesitar su tiempo, ya que no conozco concesionarios de venta ni trenes con kilómetro cero para adquirirlos rápidamente como ocurre con los coches.
Señora ministra, podemos comprender, aunque nos sea difícil compartirlo, las dificultades o problemas estructurales, pero le diré más, voy a reconocer y a difundir el esfuerzo inversor de su Gobierno con un incremento de un 137 por ciento en estos temas, pero no podemos comprender ni compartir que con motivo de los problemas coyunturales y/o de repercusión de unas obras como las de la llegada del AVE a Barcelona, los usuarios no recibamos información ni explicación sobre el tiempo de espera ni sobre el retraso consiguiente.
Según la revista OCU de este mes de octubre, los usuarios de cercanías están más satisfechos con su línea cuanto más frecuentemente pasan los trenes, más puntuales son y más información reciben, y la queja principal es la información sobre los retrasos.

El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.

La señora BAIG I TORRAS: Por eso, le pregunto: «Quines són les actuacions previstes per a donar resposta ràpida i efectiva a les anomalies que pateixen els usuaris de la línea C2 durant les obres de lÆAVE?»
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.
La ejecución de la línea de alta velocidad en Barcelona entre El Prat y la estación de Sans tiene una gran complejidad. Se trata de obras de gran envergadura que se ejecutan junto a la línea ferroviaria actual, por la que circulan diariamente 429 líneas, entre ellas la línea C2 por la que usted me pregunta.
A pesar de la complejidad, al inicio de las obras el Ministerio de Fomento tomó la decisión como regla general de no reducir ni suprimir ningún servicio ferroviario. Si hubiéramos optado por la reducción de los servicios, probablemente habríamos mantenido los niveles de puntualidad y otras condiciones, pero hubiéramos ofrecido un servicio absolutamente insuficiente. En lugar de ello, optamos

por compatibilizar la ejecución de las obras con la prestación del servicio, incluida la línea C2.
En este sentido, en un primer momento se definieron una serie de medidas para minimizar los efectos sobre los usuarios. Todas ellas se aplican en la actualidad y, según me informan los técnicos, se ha conseguido reducir la repercusión que en otro caso habría causado la ejecución de la línea de alta velocidad.
Quiero destacarle que entre El Prat y Sans se han independizado las zonas de obras respecto a las vías para poder mantener las circulaciones.
Además, como medida de seguridad adicional, se ha limitado la velocidad de los trenes por ese tramo, por lo que tardan unos siete minutos más en recorrerlo. A la vez se ha modificado la señalización para poder aumentar la frecuencia de paso de los trenes y así compensar en parte la limitación de velocidad establecida. La modificación ha consistido en reubicar las señales para reducir los tramos de la vía.
En la estación de El Prat, por la que pasa la línea C2, se ha aislado la zona de uso de los viajeros respecto a la de la obra y se ha creado una estación provisional que ha supuesto una inversión adicional de 24,7 millones de euros. Durante la fase de obra se han trasladado a otras estaciones todas las actividades complementarias a la circulación que antes se realizaban en la estación de Sans, y quiero recordarle, señoría, que también son esenciales para la correcta explotación de cualquier sistema ferroviario.
Desde diciembre de 2005 maniobras como la unión o separación de las composiciones, los cambios de locomotora para cambiar el sentido a los trenes, los trabajos de lavado y limpieza y el aparcado de los trenes, se realizan en otras estaciones: la de Francia, en Moncada Bifurcación, y Sant Andreu, que se han habilitado con una inversión adicional de 7,2 millones de euros. Esto permite una mayor utilización de los andenes disponibles y una mayor fluidez de las circulaciones.
Durante los trabajos se han observado algunos aspectos que podrían mejorarse --en esto estoy de acuerdo con usted--, por lo que se han puesto en marcha nuevas iniciativas y se están analizando otras tantas.
Se han definido medidas para reducir el riesgo de incidencias sobre las instalaciones existentes, en caso de que se produzcan, y hemos propuesto un nuevo procedimiento para agilizar los trabajos de normalización. En este sentido, señoría, se han adoptado una serie de medidas sobre la red de cableado porque se ha demostrado como la más vulnerable y una de las causas que más ha afectado al sistema de información por el que usted pregunta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLA EL GOBIERNO PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS MEJOREN EL SERVICIO A LOS CIUDADANOS (S. 680/001021).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta. Tiene la palabra el senador Losada para formularla.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro. Desde 1979 los ayuntamientos han sido un soporte fundamental de las medidas legales del Estado de bienestar y el desarrollo de la democracia. Siempre han buscado actuaciones que definieran óptimamente sus competencias municipales y una constante mejora en la financiación. Por su flexibilidad, como bien sabe el señor ministro, son las instituciones que mejor se adaptan a las peculiaridades del territorio, siendo capaces de dar respuesta en lo local a los problemas globales.
La receptividad de los gobiernos no siempre fue igual: el Gobierno del Partido Popular, de forma unilateral, alteró la Ley de Haciendas Locales, lo cual supuso un grave quebranto económico y una ruptura en las relaciones de colaboración; a la vez, durante ese Gobierno se paralizaron todas las iniciativas que facilitasen a los ayuntamientos su adaptación a los cambios sociales. Ahora los gobiernos locales encuentran un Gobierno receptivo: no solo se ha solventado de forma exitosa --con 120 millones de euros-- el desastre financiero que supuso la eliminación de los ingresos por el IAE, sino que los ingresos del Estado se ajustan a criterios de crecimiento; se impulsan medidas de avance tecnológico, financiero y legal; se lleva a cabo el compromiso del presidente del Gobierno en su investidura de reconocer el papel de los ayuntamientos y coordinar las políticas de proximidad.
Su ministerio, señor ministro, ha impulsado normativas legales de gran calado, ha elaborado un libro blanco que permitirá nuevas bases que ajusten a los gobiernos locales a la realidad de hoy. El esfuerzo económico nos ha permitido a los que estamos también en las corporaciones locales ver un horizonte claro, definido y seguro. La receptividad de su ministerio hacia la FEMP, así como las políticas de acuerdo y colaboración, son las normas de la actuación del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero y de su ministerio. Hay, pues, un entorno favorable a lo local como nunca ha existido.
Por ello, señor ministro, desearía conocer qué actuaciones viene desarrollando el Gobierno para que los ayuntamientos sigamos en esta senda de mejora de servicio a los ciudadanos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señoría, por darme la ocasión de hablar de un asunto que afecta a millones de españoles y a una de las instituciones constitucionales más importantes en este país, como son las entidades locales.
Es verdad que este es un Gobierno municipalista --no podía ser de otra manera porque está formado por un partido municipalista-- y, sin entrar a hacer la valoración de

la gestión de gobiernos anteriores, sí tengo que reconocer que hemos tenido que empezar por resolver muchos problemas que se venían arrastrando desde hacía mucho tiempo. Este es el Gobierno que ha podido traer a la Cámara la Carta Municipal de Barcelona; este es el Gobierno que ha podido traer a la Cámara la Ley de Capitalidad de Madrid y, desgraciadamente también, este es el Gobierno que ha traído por primera vez la disolución de un ayuntamiento por un tema de corrupción.
Este es el Gobierno que con su trabajo, con su esfuerzo y con sus gestos está intentando poner a los ayuntamientos en la agenda política y situar a las instituciones que representan los entes locales en el lugar que les corresponde en un país como el nuestro que tiene tres administraciones:
la central, la autonómica y también la local. Por tanto, frente a quienes han querido centrar el debate político solo en uno de esos tres niveles, nosotros hemos querido hacerlo también con el nivel local; así, este es el Gobierno que va a presentar una ley en el Parlamento donde por primera vez se va a institucionalizar la interlocución con la Federación Española de Municipios y Provincias y vamos a institucionalizar también --como ya se comprometió el presidente del Gobierno-- una conferencia municipal que tenga al menos una reunión anual al más alto nivel con el propio presidente del Gobierno.
Pero hemos hecho más, hemos hecho una apuesta muy clara por la autonomía municipal, no creemos que las tres administraciones que hay en España tengan ninguna relación de sujeción de unas a otras. Las comunidades autónomas, desde luego, no están subordinadas al Gobierno central, pero los ayuntamientos tampoco están subordinados a las comunidades autónomas y, por tanto, hemos hecho una apuesta firme por esa autonomía municipal y hemos hecho una apuesta firme por resolver otros dos problemas históricos de nuestros ayuntamientos: la ausencia de una definición clara de sus competencias y de una financiación suficiente.
Este Gobierno va a traer a esta Cámara una ley --una modificación de la Ley de Bases del año 1985-- que es un compromiso claro para definir las competencias claras de los ayuntamientos y el compromiso de una financiación suficiente en algo que creo que puede llamarse de manera legítima el estatuto de autonomía de los entes locales. Y además hemos ido incrementando cada año la financiación que el Gobierno destina a través de los Presupuestos Generales del Estado a las entidades locales y además hemos incrementado la compensación del IAE...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): ... y algunas medidas para los ayuntamientos pequeños.
Al final de esta legislatura los municipios estarán infinitamente mejor que al principio y, sobre todo, tendrán más instrumentos para defender sus intereses.
Gracias,
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON MANUEL ARJONA SANTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO INCLUIR EL GOBIERNO EN LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, DIRIGIDAS A LOS MUNICIPIOS DE MENOR POBLACIÓN (S.
680/001047).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta del senador Arjona, que formula el senador Abad.
Tiene la palabra su señoría.

El señor ABAD BENEDICTO: Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras y señores senadores.
Señor ministro, permítame, en primer lugar, y en la parte que le corresponde, felicitarle modestamente en nombre de los 55.000 cargos electos locales que cada cuatro años desde 1979 son elegidos en las urnas, pues la gran mayoría de ellos viene desempeñando su trabajo en condiciones de altruismo. ¿Por qué, dirá usted? Porque a partir de esta tarde cuando esta Cámara apruebe por unanimidad o asentimiento la proposición de ley firmada por todos los grupos políticos en referencia a los derechos pasivos de los cargos públicos o la prestación por desempleo para estos y los sindicales, podrán dormir un poco más tranquilos, porque, aunque tarde, este Gobierno --y digo bien este Gobierno-- ha hecho justicia y esta Cámara, las dos Cámaras, zanjarán una discriminación escandalosa y una deuda histórica con el municipalismo español, precisamente cuando los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 acaban de superar la prueba del debate a la totalidad. Dichos Presupuestos Generales del Estado para el próximo año contemplan una cantidad cercana a los 15.000 millones de euros para el conjunto de las entidades locales, que seguramente se verá incrementado con la creación de un fondo de solidaridad destinado a municipios con población inferior a los 20.000 habitantes, lo que vendría a suponer un incremento del 7,41 por ciento sobre la participación en los tributos del Estado sobre 2006.
Si bien cabe destacar el esfuerzo realizado por el Gobierno para conseguir que estos crezcan por encima del incremento previsto para los ingresos tributarios del Estado 2006-2007, sería conveniente, señor ministro, que el Ministerio de Hacienda revisara el criterio utilizado para el cálculo de entrega a cuentas de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado con el propósito de equipararse con las comunidades autónomas.
Resumiendo. Le felicito, señor ministro, en la parte que le corresponde y le formulo la pregunta: ¿Qué medidas tiene previsto incluir el Gobierno en los programas de cooperación dirigidas a los municipios de menor población? Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Gracias, señor presidente.


A usted señoría también le doy las gracias porque está haciendo una exposición que responde a lo que está siendo esta legislatura. El Gobierno está haciendo actuaciones concretas en algunos casos para --como decía antes-- resolver problemas que se venían arrastrando desde hace mucho tiempo y que hasta ahora ningún Gobierno había sido capaz o había tenido la voluntad o el acierto político de resolver, y este Gobierno lo está haciendo para dignificar la situación de aquellas personas que se dedican a servir a los ciudadanos desde las entidades locales y para dignificar y favorecer el trabajo y el servicio a los ciudadanos que se presta desde estas administraciones locales.
Hechos es lo que este Gobierno está presentando; hechos que podrán ser valorados, discutidos y comentados, que se quedarán cortos o largos, pero hay una cosa incuestionable, antes de este Gobierno no existían y después de este Gobierno estarán ahí para mejorar y ayudar a los municipios.
Uno de estos hechos es el fondo de ayuda y de compensación a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Todo el mundo viene diciendo desde hace mucho tiempo que para prestar unos mismos servicios el coste es mayor en el caso de ayuntamientos pequeños, ayuntamientos con escasa población y, por tanto, con escasa capacidad de autofinanciación. Uno de los mecanismos para resolverlo es la agrupación, la utilización de las diputaciones o de otros instrumentos que permitan prestar en común esos servicios. Asimismo, otro de los mecanismos que este Gobierno contempla en los Presupuestos Generales para el próximo año es mejorar la financiación de estos ayuntamientos. Por primera vez aparece el concepto de una financiación mínima per cápita para todos los ayuntamientos españoles. Es la primera vez que un Gobierno asume el compromiso de establecer una financiación per cápita mínima, por debajo de la cual no debe situarse ningún municipio. El Gobierno se compromete a que aquellos que no lleguen a esa financiación mínima sean compensados con transferencias de los presupuestos. Se trata de un esfuerzo y un salto cualitativo respecto a la realidad anterior, y más allá del debate sobre si los 31 millones que aparecen en la partida presupuestaria podrán subirse o no --cosa que espero o deseo-- durante el trámite parlamentario, o más allá del debate sobre si el esfuerzo fiscal que se reclama debe de ser el que es o distinto, es incuestionable que estamos discutiendo sobre un elemento de solidaridad, de apoyo a los pequeños municipios y a los más de 14 millones de españoles que viven en esos casi 7.000 municipios que se van a ver beneficiados por este fondo. Por lo tanto, se trata del debate sobre un instrumento que hoy existe gracias a este Gobierno, y que antes no existía.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS FECHAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS INCAUTADOS DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA A LAS INSTITUCIONES VASCAS, QUE SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA DE SALAMANCA (S. 680/001029).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Maqueda.
Tiene la palabra su señoría.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra.
La pregunta es clara, directa y concreta. Se la repito: ¿Cuáles son las fechas concretas previstas por el Gobierno para la devolución de los documentos incautados durante la Guerra Civil española a las instituciones vascas que se encuentran depositados en el denominado Archivo de Salamanca? Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Cultura.

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
La respuesta también es clara y concreta. Todos los requisitos, incluidos los plazos de procedimiento, están establecidos por mandato legal en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Maqueda.

El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, sabe usted que le tengo un aprecio especial y que la respeto, porque me parece, y se lo he dicho en alguna ocasión, una buena persona, una buena política y una buena ministra. Pero dejando a un lado todas estas florituras, sabe que tenemos solicitadas dos comparecencias suyas en la Comisión de Cultura del Senado para hablar del tema del Guernica, en lo cual no vamos a insistir, porque, como dijo el presidente del Gobierno, si el informe de los técnicos es favorable, esperamos verlo el próximo año en Bilbao.
En cuanto al Archivo de Salamanca, usted y yo hemos hablado varias veces de ello, y vuelvo a insistir. El pasado 24 de mayo, usted me recordaba que, de acuerdo con la Ley aprobada en noviembre de 2005, que usted acaba de referir nuevamente, los documentos serán devueltos a sus legítimos propietarios siempre que lo acrediten. Señora ministra, le recuerdo brevemente que se han cumplido 70 años desde la aprobación por las Cortes de la República española del Estatuto de Autonomía, que se ha cumplido el 70 aniversario de la elección de José Antonio Aguirre como lehendakari de Euskadi y sabe usted que el Gobierno vasco actual le ha reclamado oficialmente a su ministerio la devolución de la documentación

incautada al Gobierno de Euskadi, depositada actualmente en Salamanca. Sabe usted que, por igualdad de trato con Cataluña, su presidente, el presidente del Gobierno español, el señor Rodríguez Zapatero, dijo en sede parlamentaria, el 2 de junio de 2005, que se iba a proceder de la misma manera que con Cataluña. También el Parlamento vasco y todos sus grupos, incluido el Partido Socialista de Euskadi, han solicitado repetidamente la devolución de estos documentos. Nuestro grupo, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, lo viene haciendo reiteradamente en la Cámara. Por ello, si usted o su ministerio no tiene la documentación, si la ha extraviado, yo le puedo entregar una copia que tengo aquí con todo el inventario que se llevó a cabo en su momento por parte del Departamento de Cultura, Juventud y Deporte del Gobierno vasco --en concreto, del centro Irargi, centro de patrimonio documental de Euskadi--, que seleccionó, confirmó, estableció, inventarió, documentó y reclamó --aquí tengo las copias-- los papeles del denominado Archivo de Salamanca. Existen series de la política social y series establecidas en Bilbao, Santander, en la Generalitat de Barcelona, etcétera, con 13.477 carpetas, en las que está absolutamente detallado cuáles son del Gobierno vasco, cuáles de las instituciones vascas, ayuntamientos, etcétera.
Termino, señor presidente.
En el año 1980, el Congreso de los Diputados reclamaba, por parte del diputado Antonio de Senillosa, con la aquiescencia de Manuel Fraga Iribarne, la devolución de los documentos a Cataluña, que están en Sant Cugat del Vallés. Nosotros también se lo hemos reclamado y se lo digo por última vez: díganos alto y claro, señora ministra, cuáles son las razones por las que usted y su ministerio se empecinan en tratar al País Vasco de una manera diferente a Cataluña, y qué piensa hacer y cuándo para dar respuesta a esta legítima demanda.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Cultura.

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, quizá por primera vez en la historia un ministerio de Cultura, y concretamente el que dirijo, ha constituido una conferencia sectorial en la que participan todos los gobiernos autonómicos, que reciben el mismo trato. Por ello no puedo aceptar que diga usted semejante cosa, pues, como sabe, siento el mismo respeto por todas sus señorías, pero sobre todo siento un aprecio personal por usted.
El proyecto de ley que el Gobierno envió a las Cortes Generales trae causa de una proposición no de ley de mayo de 2004 que se ha seguido fielmente, y ambos debemos movernos dentro de los parámetros del Estado de Derecho, máxime cuando se trata, como en este caso, de una ley que se elabora con arreglo a una requisitoria del Congreso de los Diputados recogida en una proposición no de ley, y ahí nos movemos.
Como usted sabe perfectamente, todas las personas físicas que puedan acreditar la existencia de documentos de su pertenencia se deberán acoger a un procedimiento establecido en esa ley que se tramitará a través de las comunidades autónomas. Así se hace y seguirá haciéndose, lo que beneficiará, como ya le he dicho en muchas ocasiones, a aquellas demandas del País Vasco como a las del resto del conjunto del territorio del Estado español, para no establecer diferencias.
En relación con las instituciones, tanto usted como yo sabemos que el grueso de los documentos de las instituciones vascas anteriores al golpe de Estado contra la República española están fundamentalmente en el País Vasco y en la Fundación Sabino Arana. Tanto usted como yo lo sabemos, señoría. Y sería conveniente y razonable --no es un consejo, sino una reflexión-- que se constituyera el archivo nacional de Euskadi, que se constituyera una institución donde muchos de esos documentos, algunos incluso privados, también pudieran estar. Lo digo como un sencillo comentario en tanto en cuanto hemos hecho una ley que respeta, y que en este caso, además, propicia que desde el País Vasco se pueda demostrar en el plazo de un año la pertenencia, y por tanto, el título legítimo de todos esos documentos.
Esto es algo que, como digo, está recogido en una ley que trae causa de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados, una ley que hemos puesto en marcha y que estamos cumpliendo y cumpliremos sin un ápice de discriminación hacia ningún territorio, salvo por lo que se refiere al núcleo central de esa ley, y que usted muy bien conoce, que eran los documentos legítimos de la Generalitat como Gobierno constitucional, democrático y legítimo que existió antes del golpe de Estado contra la República, y por tanto, contra el orden constitucional español.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE PREVISTO EXIGIR RESPONSABILIDADES A LA ENTIDAD FÓRUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS (BARCELONA 2004), COMO CONSECUENCIA DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL PLANTEADA EN SU CONTRA EN ILLINOIS (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) POR PARTE DE DOS PRODUCTORAS CINEMATOGRÁFICAS, EN RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE ESPONSORIZACIÓN Y COMPROMISO (S. 680/001037).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Seguí, que tiene la palabra.

El señor SEGUÍ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. ¿Tiene el Gobierno previsto exigir en el seno de Fórum Universal de las Culturas (Barcelona 2004) responsabilidades como consecuencia

de la controversia judicial planteada en su contra en Estados Unidos por dos productoras cinematográficas en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato de esponsorización y compromiso.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Cultura.

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, permítame cierta prudencia al facilitarle la información que demanda dado que nos encontramos ante una situación sub júdice. Como usted sabe, estamos hablando de unos hechos que se remontan a un período anterior a esta legislatura, y es en este momento en el que se va a producir la comparecencia inminente de liquidador ante los tribunales norteamericanos para zanjar una cuestión en la que no hemos hecho otra cosa que guiarnos por todas y cada una de las circunstancias a la que nos obliga nuestro Estado de Derecho, y me refiero especialmente a una sentencia de los tribunales españoles que indicaban --no al Gobierno sino, en este caso, a quienes componían las sociedades Fórum-- que no había que ejecutar una sentencia del tribunal de Illinois.
Nos movemos dentro del estricto espacio de la legalidad de nuestro país para la mejor defensa de los intereses, en este caso, de Fórum, de los recursos públicos y de quienes como administraciones públicas lo gestionamos, y en este momento estamos cerrando esa liquidación.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Seguí.

El señor SEGUÍ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, mi pregunta se refiere a un compromiso contractual muy cuantioso de Fórum internacional de las Culturas (Barcelona 2004) con dos productoras americanas para hacer una película de gran formato IMAX titulada provisionalmente: «San Jorge y el Dragón», y después: «Dragon Quest: La Leyenda del Libro y la Rosa». Se trata de un contrato firmado inicialmente por la Generalitat del señor Pujol, pero rápidamente traspasado a Fórum.
Usted sabe, señora ministra, que, en un momento dado, alguien de Fórum
--cuyo padre y alma máter fue el actual ministro de Industria, don Joan Clos, a la sazón alcalde de Barcelona--, tras un año de contrato, decidió rescindirlo unilateralmente. Tal incumplimiento motivó una demanda de las productoras ante los tribunales de Illinois en reclamación de daños y perjuicios. Usted sabe bien que dicha demanda no fue contesta por Fórum, incompresiblemente, pasando a situarse en posición de rebeldía procesal y a ser posteriormente condenada, sin defenderse siquiera, a indemnizar a las productoras por una cantidad de 3.987.000 de dólares americanos, cantidad que devenga un interés de demora anual del 9 por ciento. Usted sabe, señora ministra, que Fórum ha desoído cualquier intento de arreglo amistoso y ha ninguneado la ejecución forzosa sobre sus bienes que pretende el tribunal americano. Hoy la deuda, con intereses y costas, asciende a 5.500.000 de dólares. Pero ha seguido la actitud renuente de Fórum y, ante ella, tras varias advertencias, el juzgando le ha impuesto una multa diaria de 3.000 dólares americanos, a computar desde el 7 de junio de 2005.
Señora ministra, ante todo ello, ¿por qué no se exige en el seno de Fórum que se depuren las responsabilidades oportunas en relación con estas decisiones tan sorprendentes y gravosas, tanto para el erario público como para el prestigio internacional de España? ¿Sabe usted que el Gobierno español, como accionista de esta sociedad, puede ver embargados sus bienes en Estados Unidos? ¿Saben ustedes si estas decisiones tan estrambóticas se han producido en el Consejo de Administración de Fórum, o si se han producido por decisión individual de alguien? ¿Han preguntado ustedes quién es ese alguien? No escurra el bulto, señora Calvo. Ustedes, los miembros del Gobierno español, tienen que exigir responsabilidades a quien ha provocado todo este entuerto en el seno de Fórum. ¿Por qué no lo hacen? ¿Tiene algo que ver en todo esto que el señor Clos sea ministro de su Gobierno? Este asunto es muy grave. España se juega, por una actitud irresponsable, el prestigio en Estados Unidos. Incumplir aquí una sentencia americana no es gratis, señora Calvo. Y todo por no sabemos qué extrañas razones.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.

El señor SEGUÍ DÍAZ: Espero que algún día, además de usted, el señor Clos sea también capaz de darnos una explicación razonable aquí, en el Senado, como miembro que es del Gobierno español.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Cultura.

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Si no le importa, señoría, nos vamos a situar en España, en el marco de nuestras normas. La sentencia de 27 de diciembre de 2004, de un tribunal español, dice literalmente que, además de no ejecutar la sentencia americana, a la sociedad Fórum no se la ha convocado en forma y con los requisitos de seguridad jurídica exigidos por las leyes españolas. Si le parece a usted bien, vamos a ejercer de españoles: vamos a cumplir nuestras leyes y vamos a exigir en los tribunales extranjeros, incluidos los norteamericanos, los mismos requisitos de seguridad jurídica que nos imponen nuestras normas procesales, si a usted no le importa.
Como ha hablado del pasado, se lo recuerdo yo también, y le voy a recordar varias fechas. Todo el asunto del que estamos hablando tiene tres fechas clave, recuérdelas: el 29 de febrero de 2002, en que se firma el contrato entre la sociedad mercantil y las productoras norteamericanas. El 16 de septiembre de 2003, en que se produce la sentencia del tribunal de Cook, en Illinois. Por fin, el 23 de abril de 2004 --yo llevaba cinco días en el ministerio-- en que

se produce el incumplimiento contractual del que trae causa la sentencia de Illinois. Recuerde estas fechas.
El Gobierno actual, en nombre del cual puedo hablar, comparecer y rendir cuentas, no estaba; no fue responsable de nada de lo que me está preguntando. La responsable era una compañera suya: Pilar del Castillo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DOÑA MARÍA ROSA VINDEL LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO SE OPONE A LA COMPARECENCIA DEL LIQUIDADOR DE LA ENTIDAD FÓRUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS (BARCELONA 2004) ANTE UN TRIBUNAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMAS DE CATALUÑA (S. 680/001039).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Vindel.
Tiene la palabra su señoría.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Siguiendo con Fórum, señora ministra, ¿cuáles son los motivos por los que el Gobierno se opone a la comparecencia judicial del liquidador del Fórum de las Culturas (Barcelona 2004) antes del 1 de noviembre, fecha de las elecciones autonómicas catalanas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Cultura.

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señora Vindel, el Gobierno no se opone, porque el Gobierno no es compareciente en el tribunal de Cook. Es imposible que se oponga porque no es sujeto jurídico de esa comparecencia en Cook.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra su señoría.

La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Qué cierto es el dicho, señora ministra, de que lo que mal empieza, mal acaba. En este caso, lo que comenzó como un simple incumplimiento de un contrato por parte de Fórum va camino de convertirse en un pleito de indeseables dimensiones internacionales.
Como muy bien ha dicho el senador Seguí, las tres administraciones participantes en el Fórum de Barcelona, socialistas todas ellas, incumplieron el contrato. No indemnizaron y ni tan siquiera acudieron a las citas judiciales en territorio norteamericano, lo que es muestra de un comportamiento irresponsable, un comportamiento de nuevo rico, además de una frivolidad jurídica impresionante.
La consecuencia, como también muy bien ha dicho el senador Seguí, es una sentencia que nos obliga; no es la sentencia de la que usted habla, señoría, que es una sentencia de ejecución, esto es una sentencia firme.
Además, ustedes han desoído todas las citaciones judiciales y no se han preocupado de este asunto en absoluto hasta que ha llegado la famosa sentencia de ejecución, que, por cierto, está recurrida y está apelada y vamos a ver qué resuelven los tribunales en Barcelona. Esto significa, señor presidente, que además de la multa y de la sentencia, día a día hemos de pagar 3.000 dólares en concepto de multa por desacato, y el contador sigue en marcha.
Ustedes --y usted lo sabe bien-- han intentado por todos los medios posibles que la comparecencia del liquidador de Fórum no se lleve a cabo ante un tribunal norteamericano antes del próximo día 1 de noviembre, cita electoral de los catalanes. Usted dice que el Gobierno no tiene nada que ver y que el Gobierno no ha comparecido. Permítame que le rechace tal información, y se lo voy a demostrar con este documento que tengo en mi poder, que es el acta de 29 de septiembre pasado, a las 13,30 horas, ante el Juzgado de Cook, Illinois, donde los abogados de Fórum, del cual es parte el Gobierno español, no hicieron otra cosa que oponerse frontalmente a tal comparecencia durante el mes de octubre.
Llegan a afirmar, señor presidente --y leo textualmente de las páginas 5, 6, 8, 9, 11 y 13--, que la declaración antes de las elecciones de esta persona es dar una clara ventaja política, e incluso advierten --y cito textualmente-- que fijar una declaración en octubre arruinará cualquier tipo de acuerdo. Pero le voy a decir más, señora ministra. Ustedes no han comparecido, pero su abogado el lunes pasado ante el juzgado de Cook, en Illinois, no tuvo ningún empacho en presentar una moción ante la juez norteamericana informándole de que el liquidador no comparecería antes de las elecciones catalanas --y cito textualmente, página 2 de la moción-- para que su contenido no pueda ser utilizado por los medios de comunicación en la campaña electoral catalana.
¿Por qué se niegan ustedes, señoría, a tal comparecencia antes del 1 de noviembre? ¿Qué sabe el liquidador y, por lo tanto, qué sabe el Gobierno que no conviene que sepamos los demás, en particular la sociedad catalana? ¿Se da usted cuenta de que están favoreciendo a su candidato en esas elecciones frente al resto y que eso además de indigno es impresentable, señora ministra?
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.

La señora VINDEL LÓPEZ: Concluyo, señor presidente.
Incumplir una orden judicial, aunque sea norteamericana, tiene siempre consecuencias, señoría, y está claro que en este asunto ustedes tienen un claro interés partidista por encima del interés general. Y como su interés partidista nos cuesta dinero a los españoles, le pregunto hasta

cuándo van a hacer ustedes que sigamos pagando esos 3.000 dólares diarios por su puro interés.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Cultura.

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, lo de la desmemoria es una cosa ya patológica. Habla usted de administraciones socialistas. ¿Le recuerdo quién constituyó Fórum desde el Gobierno de España? (La señora Vindel López: ¿Y quién incumplió el contrato?)¿Le recuerdo que el presidente era José María Aznar? ¿Le recuerdo que los ministros eran Pilar del Castillo y Josep Piqué? ¿Se lo recuerdo a usted? ¿Le recuerdo que ese contrato se firma por un Gobierno del Partido Popular y se incumple por un Gobierno del Partido Popular? No hace falta que se lo recuerde porque lo saben todos los españoles.
Pero hay más. Usted y yo también vamos a ser serias hoy aquí. El Gobierno es una cosa y el consorcio Sociedad Mercantil Fórum, Sociedad Anónima, otra, si a usted no le importa, en términos de rigor jurídico y político, para no engañar a nadie. El Gobierno no es parte en ese proceso y usted no me puede contradecir eso. El Gobierno no es parte en ese proceso.
Nosotros no podemos comparecer a través de un consorcio que está conformado por administraciones públicas sin las garantías procesales de la citación que requieren las leyes españolas, si a usted no le importa también, precisamente porque somos en este caso administraciones públicas españolas en un consorcio que es una sociedad mercantil ante una sentencia de los tribunales extranjeros que conculcan claramente el procedimiento en el que tendríamos que ser convocados.
Es usted, señoría, la que está mezclando. He sido yo la que no ha querido mezclar un proceso electoral en el que, por cierto, el candidato de mi partido no se sentaba en ese Fórum, pero el suyo, el señor Piqué, sí. (La señora Vindel López: ¿Y qué?) Pues eso, ¿y qué?, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. (La señora Vindel López: Pero no incumplió nada.) Efectivamente, no tiene nada que ver una cosa con la otra, señorías. Están ustedes andando siempre con el mismo cuento. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.
--Varios señores senadores: ¡Muy bien, muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS MOTIVOS DE ORDEN PÚBLICO QUE HAN LLEVADO AL GOBIERNO A LA SUSPENSIÓN DE LA REUNIÓN DE LOS MINISTROS DE VIVIENDA DE LA UNIÓN EUROPEA, CUYA CELEBRACIÓN ESTABA PREVISTA EN BARCELONA LOS DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2006 (S. 680/001040).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cosidó.
Tiene la palabra su señoría.

El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, reconozco que me ha sorprendido esta mañana que el Gobierno haya decidido atribuirle al Ministerio de la Vivienda la competencia sobre el orden público, que era el motivo de mi pregunta.
Pero he de confesarle también que me alegro de que haya sido así, porque, por mucha incompetencia que haya usted demostrado en la gestión del problema de la vivienda en España --y sinceramente creo que lo ha demostrado a raudales--, hay muchos españoles que nos sentimos mucho más seguros si el responsable de nuestra seguridad deja de ser el señor Rubalcaba, así que me ha parecido una buena noticia. En todo caso, por decoro parlamentario, me voy a ahorrar el calificativo que me inspira el hecho de que el señor Rubalcaba sume, a la cobardía política de haber cedido al chantaje de unos violentos para suprimir una reunión de la Unión Europea en Barcelona, la cobardía política de no venir esta mañana a esta Cámara a responder por esa decisión. (El señor Barranco Gallardo:
Va a venir luego. Se lo dices después.
--Rumores.) Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda. (Rumores.) Rogaría silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Muchas gracias, señor presidente.
En relación con la pregunta formulada, los motivos para aplazar la cumbre de ministros de la Unión Europea han sido los manifestados por el ministro competente en la materia, que, por otro lado, no se refieren a ninguna suspensión, sino a un aplazamiento.
Por otro lado, el Gobierno decide quién contesta a las preguntas que sus señorías formulan.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el señor Cosidó.

El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra, pero en todo caso quiero decirle dos cosas. Me parece un grave error la decisión que ha tomado el Gobierno, y, además, me parece que el Gobierno ha mentido cuando ha tratado de justificar ese error. Es un error porque se ha dado una pésima imagen de Barcelona, de Cataluña y de España ante todos nuestros socios de la Unión Europea. Es un error porque se ha desacreditado a la policía autonómica catalana, a los Mossos dÆEsquadra, poniendo en duda y en cuestión su capacidad para hacer frente a un problema de orden público. Pero, sobre todo me parece un error porque es inadmisible que el Gobierno haya cedido al chantaje de un grupo minoritario de violentos para suspender o para aplazar una reunión de la importancia de la que se iba a celebrar en Barcelona.


Pero es que además me parece aún más grave que el Gobierno haya mentido para justificar ese error; y ha mentido el señor Rubalcaba --que tanto acusa, por otro lado-- al decir que era una decisión tomada por unanimidad, cuando la única unanimidad que se ha producido ha sido para criticar y para posicionarse en contra de una decisión que constituye un gravísimo error, no sólo por parte del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el Partido Socialista, no solamente por parte de la Generalitat catalana, gobernada por el Partido Socialista, sino por la totalidad de los partidos políticos, de los medios de comunicación, de los sindicatos y de las organizaciones sociales de Cataluña.
Ha mentido, y la mejor prueba de esa mentira es que esté hoy usted contestando, cuando ha alegado motivos de seguridad, porque en realidad lo que ha existido en esa decisión son motivos electorales. Por eso creo que ni usted ni quizá siquiera el señor Rubalcaba deberían contestar esta pregunta; la pregunta la debería contestar el señor Montilla, quien ha tomado esa decisión por intereses de partido y en contra de los intereses generales de los catalanes y de los españoles. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda.

La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, las razones para aplazar la cumbre de ministros de vivienda han sido, única y exclusivamente, de seguridad, como así consta en el acta de la Junta de Seguridad, y hubo una recomendación unánime y expresa para que se produjera el aplazamiento de la cumbre. Yo dudo, señoría, de su interés en las políticas de seguridad y en las políticas de vivienda, porque ya lo han demostrado durante muchos años; es más, dudo también de su interés en las políticas de la Unión Europea, ahora que la propia Unión Europea está cuestionando las políticas urbanas y de vivienda de las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan: Valencia, próximamente Madrid y el resto de las comunidades autónomas.
El Ministerio de Vivienda ha estado y está trabajando todavía para que se celebre la reunión informal de ministros que, como decía, no ha sido suspendida, sino aplazada. No se trata de un Consejo europeo, como su señoría conoce, sino de una reunión informal de los responsables de vivienda de los países miembros, que desde hace años estamos trabajando juntos para que el derecho a la vivienda sea reconocido en la Unión Europea y puedan llegar fondos para la política de vivienda. Nos reunimos dos veces al año, un semestre para trabajar sobre políticas urbanas y otro semestre para trabajar sobre políticas de vivienda. Sabe su señoría que la dimensión urbana forma parte de la política de cohesión y que en el próximo reglamento sobre fondos estructurales 2007-2013 así va a ser considerada.
La decisión para celebrar esta cumbre en España, en concreto en Barcelona, se adoptó en Praga hace muchísimo tiempo, concretamente en marzo de 2005. Posteriormente, en diciembre de 2005 yo misma propuse al presidente de la Generalidad que fuese Barcelona el lugar de celebración de la reunión informal y lo aceptó públicamente. A partir de ese momento nos pusimos en marcha redactando los documentos de debate --Italia va a presentar un documento sobre estadísticas, Francia otro documento, España un documento sobre la política de vivienda en la Unión Europea--, y además hemos abierto una web de la que colgar toda la documentación y hemos desarrollado todos los detalles logísticos, incluso las visitas a barrios de Barcelona. Es más, hasta el mismo día de la reunión de la Junta de Seguridad, el 9 de octubre, el Ministerio de Vivienda estuvo cerrando los lugares a visitar por los ministros y todas las delegaciones. Pero a las siete y media del día nueve de octubre se reunió la Junta de Seguridad, a la que el Ministerio de Vivienda fue convocado, y se decidió por unanimidad, no solo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino de los responsables políticos de todas las administraciones, recomendar el aplazamiento de la cumbre por razones de seguridad. Y esa es la recomendación que el Ministerio de Vivienda ha aceptado. Por último, le diré que la reunión de ministros de vivienda se va a celebrar en Barcelona, que se están organizando de nuevo todos los detalles para coordinar la agenda de los ministros, y que va a ser un éxito, como son un éxito las políticas de seguridad y de vivienda en este Gobierno.
En cuanto a las políticas de vivienda, los precios, el suelo para vivienda protegida, etcétera, le diré, por ejemplo, que en concreto las viviendas protegidas iniciadas supusieron un récord el año pasado...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.

La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): ... Supusieron un récord de 80.000 viviendas frente a la cifra de 45.000 que tenía el Gobierno del Partido Popular. Además, en dos años de Gobierno hemos cumplido el 50 por ciento de las políticas de vivienda y la evolución de los precios manifiesta un aterrizaje suave.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Señorías, nos dejaron los precios subiendo al 18,4 por ciento, los tenemos al 10,6 por ciento y mañana tendrá una nueva sorpresa.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON EDUARDO DE ORDUÑA PUEBLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS OBJETIVOS DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS CONVOCADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE VIVIENDAS PROTEGIDAS SOBRE SUELOS COMPRADOS Y URBANIZADOS A TRAVÉS DE SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO (S. 680/001045).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador De Orduña. Tiene la palabra su señoría.

El señor DE ORDUÑA PUEBLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, lo que ahora voy a decir demuestra que al frente de las políticas de vivienda está una persona competente y responsable, porque yo voy a hablar de hechos y no con afirmaciones gratuitas y faltas de rigor.
Recientemente, su ministerio ha anunciado la convocatoria de un concurso internacional de ideas, que serán la base de actuación en la construcción de aproximadamente unas 5.700 viviendas de protección oficial sobre suelos públicos que su departamento ha adquirido y urbanizado. El premio, que aún está por fallar porque sigue abierto el período de propuestas, va a consistir precisamente en el encargo del proyecto de ejecución de esas miles de viviendas.
En una somera valoración algunas cuestiones podrían resultar especialmente llamativas e interesantes. En primer lugar, el sistema abierto para el concurso de ideas lo hace enormemente participativo, lo que a buen seguro le va a permitir elegir entre numerosas y novedosas soluciones técnicas y constructivas. En segundo lugar, también resulta oportuno el momento elegido, pues tras la aprobación del Código Técnico de la Edificación parece lógico que se exija el cumplimiento de la nueva normativa, y no sólo en los tres documentos básicos que están vigentes, sino en la totalidad de los documentos que componen dicho Código Técnico de la Edificación.
Evidentemente, de esta experiencia se puede obtener, señora ministra, una magnífica información al respecto de la viabilidad en la implantación de esas medidas y, también, transcurrido algún tiempo analizar cuál ha sido su eficacia. Por tanto, estas viviendas van a ser un buen laboratorio para estudiar y saber cómo se comportan esas medidas y cuál es su eficacia. Pero no podemos olvidar que una vez más se pone de manifiesto el papel relevante de ese instrumento importante que tiene el ministerio en sus manos, como es el SEPES. El SEPES es una entidad pública que no sólo ha demostrado su magnífico papel en la gestión y urbanización de todo tipo de suelos (suelos residenciales, suelos industriales), sino que, como tiene acreditado, también ha servido para la promoción de las viviendas a construir en esos suelos. Quiero recordar, como algo digno de tener en cuenta y como un antecedente de su quehacer, que SEPES construyó en mi tierra 6.000 viviendas de promoción pública, en colaboración con la Junta de Extremadura, para ponerlas a disposición en el parque autonómico de alquiler. Así pues, la presencia de SEPES para nosotros es algo muy importante, puesto que en este proceso juega el verdadero papel de lo que debe hacer una empresa pública.
Finalmente, señora ministra, queda patente, como decía al principio, la diligencia de su departamento en la obtención de suelo destinado a esos fines de vivienda de protección oficial, aunque es justo citar aquí también la colaboración y la concertación con los ayuntamientos que han facilitado todo el programa, el cual se realizará, según tenemos entendido, en distintos territorios, como Asturias, Castilla-La Mancha, Valencia o Madrid.
Señora ministra, ¿qué otros objetivos persigue el Ministerio con la convocatoria del concurso internacional de ideas? ¿Va a tener continuidad esta línea de actuación? ¿Se trata solo de estas 5.700 primeras viviendas o también piensan ustedes en ampliar el número? Estas son las cuestiones que más nos interesan y es por lo que le estamos formulando la presente pregunta.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda.

La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.
Señoría, como bien conoce, la política de suelo para este Gobierno es una política de Estado y desde hace dos años estamos movilizando suelo público para la vivienda protegida. Actualmente tenemos comprometidos más de 14 millones de metros cuadrados para más de 40.000 viviendas protegidas en suelos desafectados de los ministerios de Defensa, Interior y Fomento, pero también del Ministerio de Vivienda.
En esta política de movilización de suelo, el ministerio, a través de nuestra entidad pública de suelo, ha movilizado hasta la fecha seis millones de metros cuadrados para 23.000 viviendas, todas ellas protegidas. Pues bien, en el marco de esta política de movilización de suelo público, surge el Proyecto Viva, Vivienda de Vanguardia, que consiste en la compra y urbanización de suelo para construir en esta primera fase 5.688 viviendas protegidas en seis comunidades autónomas:
Asturias, Galicia, Madrid, Ceuta, Valencia y Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta que en Madrid tenemos dos desarrollos urbanísticos.
Este suelo ya está urbanizado o muy próximas a concluir las obras de urbanización. En Alcalá de Henares, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, vamos a construir 103 viviendas en alquiler sobre una parcela que ya está urbanizada. En Asturias, son 711 viviendas, y las obras de urbanización ya han finalizado hace un par de semanas. Es la actuación conocida como Vasco Mayacina, en Mieres. En Galicia, tenemos suelo urbanizado para 300 viviendas en Carral. En Ceuta, una actuación junto al mar denominada Loma Colmenar, para construir 800 viviendas protegidas en un suelo que también está ya urbanizado. En Guadalajara tenemos en fase de urbanización suelo para 2.114 viviendas, en la actuación Aguas Vivas ampliación, que mañana vamos a inaugurar. En Navalcarnero, en el plazo de dos meses, en este año finaliza la urbanización para construir 1.503 viviendas protegidas en la actuación denominada Barrio de San Isidro. Por último, también se encuentra urbanizado ya el suelo en La Celadilla, en Utiel, Valencia, para la construcción de 198 viviendas protegidas.


En total son 5.688 viviendas protegidas en varias comunidades autónomas.
Podríamos haber enajenado, sin más, estos suelos, sacándolos a concurso o subasta. Son 66 parcelas, casi todas ellas urbanizadas ya. Podríamos haber dejado que los promotores que las comprasen construyen las viviendas que estimaran oportuno. No lo vamos a hacer así. Los solares se van a vender a precio de VPO, con el proyecto redactado, y el promotor comprará en esas condiciones.
Por otro lado, hemos lanzado un concurso internacional de ideas para estas 5.688 viviendas protegidas en una primera fase, y se va a continuar lanzando nuevos proyectos de viviendas protegidas a través del Ministerio de Vivienda, a través de SEPES.
En este caso, la inversión es de 16 millones de euros para la redacción de los proyectos y varios cientos de millones de euros para la compra de suelo.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ LAHIDALGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL HECHO DE QUE EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006 PASARÁN A SER DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO TRES DOCUMENTOS BÁSICOS QUE COMPONEN EL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN, REFERIDOS AL AHORRO ENERGÉTICO, A LA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y A LA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (S. 680/001046).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora González Lahidalga.
Tiene la palabra su señoría.

La señora GONZÁLEZ LAHIDALGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el pasado 29 de septiembre entraron en vigor tres documentos básicos de los once que componen el Código Técnico de la Edificación, que fue aprobado el pasado mes de marzo. Este código para nuestro país supone un gran avance por varias razones: primero, en esta actividad había una gran laguna y este código representa la mayor reforma normativa realizada en varias décadas. La edificación se regía por normas de hace más de 30 años, normas preconstitucionales en muchos casos, y en todos los casos normas obsoletas.
Se ha elaborado un código moderno, que además hace transposición de todas las directivas europeas que afectan a esta materia; es flexible, es armónico, es homologable con los existentes en los países europeos. Con esta aprobación del Código Técnico de la Edificación se ha dado respuesta a una demanda creciente en la construcción de edificios para construirlos más seguros, más eficaces, más fiables y de más calidad.
Como decía al principio, acaban de entrar en vigor, hace apenas veinte días, tres documentos básicos que hacen referencia, como usted bien sabe, a la seguridad en caso de incendios, a la seguridad por la utilización normal del edificio, y a la habitabilidad y al ahorro energético. Por supuesto, señora ministra, aplaudimos este trabajo y entendemos que este código técnico establece exigencias básicas de calidad que debe cumplir todo edificio y que en este momento nos parecen obvias; exigencias en cuanto a seguridad, a habitabilidad, a higiene, etcétera.
Nos gustaría que usted nos explicase cómo se han acogido estos tres primeros documentos que se han puesto en vigor, cómo está incidiendo su aplicación en los primeros momentos, sobre todo en el conjunto de agentes que intervienen en el proceso constructivo: colegios técnicos, constructores, promotores, profesionales, arquitectos, ayuntamientos, etcétera. Es normal que, al principio, cuando algo entra en vigor, no sea fácil su aplicación, y yo supongo que su ministerio tiene prevista esta circunstancia.
Una cuestión que a todos nos afecta y que a fin de cuentas nos preocupa a todos y a todas como consumidores es qué repercusión pueda tener en el precio final de la vivienda. Como usted sabe, la vivienda para muchas de las familias españolas es el desembolso mayor que se hace en la vida.
Señora ministra, yo quiero terminar felicitando a usted y a su equipo por su competencia en esta materia, así como en todas las materias en que está trabajando su ministerio. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo, un trabajo que además era necesario y que desde luego no podía esperar más. Nuestro país se pone de nuevo a la cabeza de la modernidad en la edificación. Se ha aprobado un código, como decía antes, exigente, fiable, flexible.

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego que termine.

La señora GONZÁLEZ LAHIDALGA: Termino ya, señor presidente.
Finalizo preguntándole su valoración sobre la entrada en vigor de estos tres documentos básicos que componen el Código Técnico de la Edificación.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la Ministra de Vivienda.

La señor MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como bien ha dicho, el pasado 29 de septiembre entraron en vigor, son ya de obligado cumplimiento, tres documentos básicos muy importantes del Código Técnico de la Edificación que, por otra parte, en algunas promociones de viviendas se estaba aplicando voluntariamente. De hecho, el Gobierno de España, el Ministerio de Vivienda, está dando ejemplo y todos los proyectos de las viviendas del Proyecto Viva, las 5.688 viviendas protegidas, se están redactando con el Código Técnico de la Edificación y con todos sus documentos. Me estoy refiriendo a los documentos, a los que han entrado en vigor, relativos

a la seguridad en caso de incendios, a la seguridad de utilización del edificio y al ahorro energético. El resto de los documentos entrará en vigor el 29 de marzo de 2007, y se refieren a la seguridad estructural, a la habitabilidad, a la salubridad en la edificación.
Es la mayor reforma de la normativa sobre edificación que se ha producido en los últimos 30 años y, además, supone un impulso sin precedentes para la modernización y el aumento de la productividad, para la competitividad en el sector de la edificación y para la cualificación y la especialización en el ámbito laboral. Con el Código Técnico de la Edificación tendremos edificios de más calidad, más seguros, más habitables, más accesibles y más sostenibles.
Por hacer referencia a los tres documentos que han entrado en vigor, que son ya de obligado cumplimiento desde el 29 de marzo, me quiero referir, en primer lugar, al que considero uno de los más importantes, que es el Documento de ahorro de energía; es uno de los principales instrumentos de las nuevas políticas energéticas, medioambientales y de vivienda de edificación del Gobierno de España. Este documento persigue un uso racional de la energía, necesaria para la construcción y utilización de los edificios, así como la reducción de su consumo energético, utilizando para ello fuentes de energía renovable. Por ejemplo, señoría, se trata de alcanzar una reducción media de la demanda de calefacción en un 25 por ciento en relación con la situación actual. Indudablemente, el ahorro de la energía consumida en una edificación va a suponer un ahorro en la factura energética que va a pagar el ciudadano, el propietario, el usuario de esa edificación, por no mencionar las ventajas medioambientales que va a suponer este documento.
Además de la limitación de la demanda energética, el documento trata sobre la eficiencia de las instalaciones de iluminación, e incorpora la obligación de que exista un sistema de control que optimice el aprovechamiento de la luz natural. También apuesta este documento de ahorro energético por el uso obligado de energías renovables y establece, por ejemplo, que para calentar el agua sanitaria hay que instalar paneles solares térmicos que cubran una parte de las necesidades energéticas. En otros edificios donde el consumo sea mayor, la instalación de paneles fotovoltaicos es obligatoria. En ese sentido, el Código Técnico de la Edificación apuesta decididamente por la sostenibilidad mediante la reducción de la demanda energética y mediante la mejora de la eficiencia energética. También hay una clara apuesta por el fomento de las energías renovables, por la competitividad de nuestras empresas, por la innovación, por el aumento de la productividad y por la mejora en la especialización y cualificación de la mano de obra en la edificación.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DOÑA MARÍA DEL MAR ANGULO MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA ERRADICAR LOS EPISODIOS DE VIOLENCIA Y ACOSO EN LOS CENTROS ESCOLARES (S.680/001038).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Angulo Martínez.
Tiene la palabra su señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La pregunta es sobre las medidas previstas por el Gobierno para erradicar la violencia y el acoso escolar de nuestros centros escolares.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Educación y Ciencia.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, porque este Gobierno está en contra de toda situación de violencia que pueda producirse en la sociedad, y muy especialmente en los centros escolares, hemos puesto en marcha, con la Ley Orgánica de Educación y las medidas que incorpora y con el Plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar, las medidas que consideramos necesarias para prevenirla y para crear un clima de convivencia y evitar situaciones de este tipo.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, su respuesta no puede ser más decepcionante. Ha venido a decirnos que el Gobierno no tiene nada nuevo que decir, que no tiene datos, que carece de criterio, menos aún: no ofrece respuestas. Se ha echado de menos su presencia, y ni siquiera pone en el asunto el interés que merece.
En esa terminología logsiana que tanto les gusta, podríamos decir que en el fomento de la convivencia escolar el Gobierno no progresa adecuadamente. De hecho, han tenido que recurrir a hablar de un informe sobre el plan para decir que van a hacer en los próximos meses lo que hace ya muchos que iba ser una realidad en los próximos meses. Es más, tengo la impresión de que cuando le preguntamos por ello se siente usted incómoda. ¿Cómo podría sentirse cómoda, señora ministra, sabiendo que hay un número importante de niños y adolescentes que no pueden aprender con libertad y con seguridad o que no pueden ejercer su derecho a ir a la escuela sin miedo a ser agredidos, insultados, aislados o humillados? Un elemental sentido democrático y un mínimo de decencia política impiden que uno se sienta cómodo en cuanto un alumno, un profesor o cualquier persona se vea víctima de violencia o acoso, tanto si se produce dentro como fuera de las aulas.
El acoso escolar es, a nuestro juicio, un problema de todos, y el aprendizaje en convivencia debe ser no solo una oportunidad sino una garantía para todos, y entendemos

que el Gobierno debe asumir el liderazgo y su responsabilidad de asignar recursos, de impulsar las acciones necesarias, de coordinar esfuerzos y también, cómo no, de proporcionar a las comunidades autónomas el apoyo que requieren. En definitiva, el Gobierno debe situarse en el centro de la acción política y no ser el convidado de piedra, que es lo que está ocurriendo.
Señora ministra, han ignorado ustedes un instrumento poderoso, como es un sistema educativo de calidad. Ustedes prefieren reeditar con la LOE la segunda parte de aquella que nos ha traído el mayor fracaso escolar de toda Europa, y lo saben muy bien. Son numerosos los expertos --hace poco lo decían en Valencia-- que vinculan el fracaso escolar a la frustración que supone la violencia en las aulas, al igual que tiene mucho que ver el acoso escolar con situaciones como la pobreza o el alto consumo televisivo. ¿Y qué hacen ustedes? Ustedes han preferido eliminar la cultura del esfuerzo personal y de la responsabilidad individual ante el fracaso y han preferido no reforzar, incluso minar la autoridad del profesor en el aula, aunque saben que es perjudicial.
Fueron ustedes los que elevaron a rango de ley la posibilidad de que los alumnos no fueran a clase sin más, y ahora hablan de controlar el absentismo. Han ignorado el trabajo de algunas comunidades autónomas, que es cuantitativa y cualitativamente mucho mayor que el del Gobierno. Y han olvidado también definir un marco de mínimos que garantice la igualdad de oportunidades ante el acoso de todos los escolares, vivan donde vivan.
Cuando un caso de acoso aparece en los medios de comunicación, ustedes se apresuran a anunciar un estudio. ¿Sabe usted que esta Cámara aprobó hace veinte meses una moción en la que se les encargaba un estudio en el menor plazo posible,...

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.
... y eso que la moción era del Grupo Parlamentario Socialista? Y nada de nada.
¿Cómo no va a sentirse incómoda, señora ministra? Una vez más, el Gobierno llega tarde, de hecho llega el último, y, además, con las manos vacías. El 21 de junio afirmaba usted que no conviene insistir en exceso, que no quiere que esto se convierta en el discurso fundamental, etcétera.
Pues bien, señoría, para el Partido Popular, el compromiso con la convivencia no solo es fundamental sino que debe ser absolutamente prioritario; y, como decía Jackson Brown, la oportunidad se deja alcanzar solo por quienes la persiguen.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.
En el camino del cumplimiento de compromisos y en el camino de un compromiso efectivo contra el acoso escolar nos encontrarán, pero en el camino de la desidia de un Gobierno perezoso que, una y otra vez, promete los mismos compromisos sin cumplirlos, debo decirle que tendremos que seguir insistiendo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Educación y Ciencia.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, incómoda en absoluto, qué quiere que le diga. Este Gobierno ha aprobado una Ley Orgánica de Educación que tiene como objetivo fundamental conseguir la disminución del abandono escolar y la elevación de la calidad de la educación en nuestro país. Por mucho que ustedes insistan y repitan que nuestros objetivos son otros, los objetivos de esta ley son esos y, además, detectar y prevenir, desde la educación infantil y primaria, retrasos y entorpecimientos en el clima de convivencia.
Ese es el objetivo de la Ley Orgánica de Educación, prevenir --que creo es lo que debe hacerse fundamentalmente en materia educativa--, inculcar la cultura del respeto y fomentar la cultura de la convivencia; eliminar la violencia en las aulas. Precisamente para eso hay una materia --y lamento mucho que no compartan ustedes nuestro interés por ella-- como es la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, cuyo objetivo es precisamente crear y fomentar esa cultura de la convivencia.
Pero, además, señoría, sí existen medidas concretas: hay un plan de convivencia aprobado el pasado mes de marzo, suscrito por siete sindicatos, dos organizaciones de centros escolares y una organización de padres de alumnos, que viene desarrollándose con contenidos muy claros que lamento que usted no conozca. Hay una investigación sobre los problemas de convivencia. Hay programas de fomento y mejora de la convivencia. Hay intercambios de experiencias con las comunidades autónomas que, como muy bien ha dicho usted, han puesto en marcha planes de convivencia y estrategias concretas. Y hay un interés muy especial de este Gobierno por conseguir algo en lo que, por el discurso que usted predica, me da la impresión de que trabaja en dirección contraria:
nuestros centros escolares, a Dios gracias, son en estos momentos centros de convivencia y no centros de acoso generalizado.
Señores del Grupo Parlamentario Popular, les pido que no sigan insistiendo en dar esta imagen de nuestro sistema educativo que no se corresponde con la realidad. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE EL OBJETIVO QUE PERSIGUE EL MINISTERIO DE DEFENSA

CON LA CALIFICACIÓN DE INTERÉS GENERAL PARA LA DEFENSA NACIONAL DE LAS OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN QUE SE REALICEN EN EL ACUARTELAMIENTO DE LAS CANTERAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (S. 680/001025).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Melchior Navarro. Tiene la palabra su señoría.

El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, el pasado 4 de octubre, es decir, hace exactamente dos semanas, el «Boletín Oficial del Estado» publicó la orden del Ministerio de Defensa de 29 de septiembre de este año en la que califica de interés general, por afectar directamente a la defensa nacional, las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en el acuartelamiento de Las Canteras, en el tinerfeño municipio de San Cristóbal de la Laguna.
Tanto la corporación municipal como el Cabildo Insular de Tenerife han expresado públicamente su oposición a dicha orden, ya que el acuartelamiento está abandonado desde hace más de 20 años, por lo que es incoherente pensar que tenga algún tipo de interés general para la defensa nacional; tampoco lo tenía antes, cuando no estaba rodeado de suelo urbano y edificaciones, como hoy en día.
Por tanto, mi pregunta es, señor ministro, qué objetivo persigue el Ministerio de Defensa con la calificación de interés general para la defensa nacional de las obras que se realicen en dicho acuartelamiento.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señoría, nuestro objetivo es poder realizar las obras necesarias para disponer de más capacidad de alojamiento temporal para inmigrantes, con la finalidad de su utilización en situaciones de emergencia si fuera necesario --que no lo ha sido hasta el momento, por fortuna--, y ello en cumplimiento estricto del principio constitucional de colaboración entre administraciones, de colaboración dentro de las administraciones entre los diferentes departamentos ministeriales y de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.

El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor ministro.
Es absolutamente necesario, si queremos que todo lo concerniente a la inmigración irregular sea considerado cuestión de Estado en la que exista el espacio de entendimiento, apoyo y consenso de las fuerzas políticas, que exista una voluntad de diálogo, de respeto, de transparencia y participación. Creo, y le agradezco su respuesta, que en este caso, con esa orden ministerial, no se cumple la voluntad de transparencia, de respeto, de participación y de diálogo.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Gracias de nuevo, señor presidente.
Senador, permítame que le diga dos cosas. Una, que estoy de acuerdo con usted en que esto es una cuestión de Estado y, por lo tanto, tiene que ser trabajada de una manera generosa por todas las administraciones y siguiendo un principio, como le decía, constitucional de colaboración.
En la segunda estoy en desacuerdo. Esto era necesario, porque ha habido una llegada de inmigrantes irregulares en los últimos meses, y las Fuerzas Armadas han venido prestando, como es su obligación, su colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en tareas de vigilancia y rescate, pero también facilitando el alojamiento en instalaciones del Ministerio de Defensa cuando el Ministerio del Interior no ha tenido plazas suficientes en sus centros.
Estas actuaciones, como le decía, se enmarcan en los artículos 15.3 y 16.6 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional sobre colaboración entre las instituciones y administraciones públicas en supuestos de necesidades públicas que exijan la intervención de las Fuerzas Armadas y se entienden incluidas en el ámbito del interés público de la defensa nacional.
Actualmente, el acuartelamiento de Las Canteras se encuentra desocupado pero continúa afectado al uso de la defensa. Con fecha 5 de septiembre de 2006, se inició de manera urgente la limpieza y acondicionamiento de algunas naves de Las Canteras por si era necesaria su utilización humanitaria. El Ayuntamiento de La Laguna creyó equivocadamente que se estaban realizando obras y no simples tareas de limpieza y acondicionamiento, y ordenó su paralización tres días después, y para poder utilizar estas instalaciones lo que sí le digo es que era necesario, si se produce una situación de emergencia, efectuar, para atender dicha situación, obras de reparación, porque no vamos a tener a los inmigrantes tirados por las calles.
Por ese motivo el JEME propuso la declaración de estas obras como de interés general, y esta propuesta fue acogida favorablemente por el ministerio, porque el ayuntamiento de La Laguna ya había evidenciado, de manera equivocada, su oposición a la realización de esas obras, desde nuestro punto de vista absolutamente necesarias.
Por lo tanto, señoría, lo único que pretendemos --y acabo, presidente-- es dar respuesta a eventuales situaciones de emergencia humanitaria que no se han producido, y para eso es necesario hacer estas obras y, dados los antecedentes, hacer esa declaración de interés general conforme con el principio de colaboración obligado por los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, ley que

su grupo parlamentario, senador, apoyó, y de lo cual me congratulo.
De lo que no me puedo congratular es de que no apoye la aplicación de las previsiones de esa ley. En consecuencia, senador, lo que les pido es que entre todos colaboremos positivamente siempre que se produzcan situaciones de emergencia humanitaria.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON VÍCTOR BRAVO DURÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA SITUACIÓN DE LOS CUARTELES DE LOYOLA, EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA) (S. 680/001028).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Bravo.
Tiene la palabra su señoría.

El señor BRAVO DURÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, me gustaría conocer la opinión que actualmente tiene el Gobierno, habida cuenta del cambio de ministro, sobre la situación de obsolescencia, de infrautilización de los cuarteles de Loyola, en San Sebastián, así como la necesidad de mejorar su ubicación e instalaciones y dar un mejor uso a las actuales.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Gracias, presidente.
Senador, seguimos teniendo la misma opinión. La transformación de las Fuerzas Armadas en los últimos años, el paso a un ejército profesional de menor tamaño y la reorganización de unidades han dejado sin uso algunos acuartelamientos y terrenos que, una vez desafectados al uso de la defensa, se ponen a disposición de la gerencia de equipamientos de la defensa para su enajenación, de conformidad con lo dispuesto en la ley, prioritariamente para su destino a equipamientos sociales o viviendas de promoción pública.
No es ese el caso de los cuarteles de Loyola, que siguen siendo necesarios para la defensa nacional.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Bravo.

El señor BRAVO DURÁN: Señor ministro, la cuestión de los vecinos de los cuarteles de Loyola en San Sebastián es un asunto ya muy viejo, largamente debatido en la propia ciudad, así como en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados, y le puedo asegurar que supone un enconamiento que difícilmente puede ser entendido y menos aún asumido por la ciudadanía donostiarra y los pueblos de su entorno, de su área de influencia, Donostialdea. Y es que creo que no hay que empecinarse en mantener a toda costa casi 17 hectáreas con destino militar para ubicar un cuartel claramente sobredimensionado --es así a todas luces-- y con una guarnición escasísima. Eso sí, su predecesor, señor ministro, se negó a facilitarme el número de efectivos seguramente porque se le iba a caer la cara de vergüenza ante esos datos. El propio planeamiento urbanístico de la ciudad contempla una mejor ubicación, y fíjese que nunca hablamos de abandono de la ciudad por parte del Ejército sino de una ubicación más adecuada para las actuales necesidades, más segura, más moderna y mejor comunicada. Le decía que los ciudadanos no pueden entender tal empecinamiento a ultranza, máxime cuando las propuestas de los ediles de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de San Sebastián, incluido el suyo, han puesto sobre la mesa la posibilidad de dar un mejor uso a esas instalaciones colaborando, por ejemplo, a resolver el gravísimo problema que tiene el pueblo para acceder a una vivienda digna y adecuada. Y es que el planeamiento prevé para el terreno de los cuarteles en cuestión la construcción de unas 1.600 viviendas, en su mayoría de VPO, que estarían ubicadas en la única zona llana de expansión de una ciudad como esa, entre montes, sin tener por ello que expulsar a nadie, como he dicho, sino para reubicar a los efectivos del Ejército más racionalmente y en unas condiciones incomparablemente mejores.
¿No le parece al señor ministro que con ello el Ejército cumpliría muchísimo mejor su misión de servir al pueblo? Porque, señor ministro, tener que oír como acabamos de hacerlo --y no es la primera vez-- que los efectivos de los cuarteles de Loyola, estando en estas condiciones, conociendo como conocemos su actual situación, son necesarios para la defensa nacional, considero que es un pitorreo para el pueblo y para sus necesidades, y le puedo asegurar que el pueblo donostiarra no puede consentirlo ni permitirlo.
Muchas gracias anticipadas, señor ministro, por su respuesta.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.
Tiene la palabra el ministro de Defensa.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente. Gracias de nuevo, senador.
No le voy a discutir las políticas de vivienda del Ayuntamiento de San Sebastián porque no es una cuestión que me concierna directamente, como se puede imaginar. Respeto en cualquier caso los criterios del ayuntamiento, pero sí tengo que decirle claramente que los cuarteles de Loyola, al igual que otras instalaciones de despliegue de las Fuerzas Armadas, son de interés para la defensa nacional en atención a que constituyen una base permanente o un apoyo eficaz para el cumplimiento de sus misiones, y de acuerdo con ese interés militar se viene acometiendo desde 2005 un plan de reordenación y racionalización de la infraestructura de las instalaciones. Hasta este momento se ha ejecutado aproximadamente la tercera parte de las obras incluidas en dicho plan.
Por consiguiente, esta consideración de interés para la defensa se hace con independencia del número de efectivos

que albergan sus instalaciones o del número de metros cuadrados que ocupen. En otras palabras, la organización y el despliegue de las Fuerzas Armadas son determinados por el Gobierno de acuerdo con sus competencias. Vaya por delante que está fuera de cualquier duda la política del Ministerio de Defensa en el sentido de colaborar en la cuestión de las viviendas de protección oficial. Desde que estamos en el Gobierno, los últimos dos años aproximadamente, han sido más de 22.000 las viviendas propiciadas desde este ministerio, y más del 63 por ciento han sido viviendas protegidas.
Somos conscientes de que esa necesidad siempre existirá, sin duda, en San Sebastián. De hecho, obran en el Ministerio de Defensa varias cartas del alcalde de San Sebastián desde el año 2000 así como unos acuerdos municipales que son conocidos, y a ellos me remito. Pero, insisto, en esta legislatura se han presentado en el Congreso dos proposiciones no de ley que han sido rechazadas, se han formulado una docena de preguntas por escrito y tres preguntas orales. Esta es la tercera.
Comprendo, señoría, que el acuartelamiento de Loyola, estando en el centro de San Sebastián, tenga una indudable importancia para la ciudad, pero debo repetirle lo que ya dije en mi primera comparecencia en el Congreso de los Diputados como ministro de Defensa el pasado 9 de mayo:
Los cuarteles de Loyola siguen siendo objetivamente necesarios para la defensa nacional.
Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO DE AUTOFINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA, MEDIANTE LA SUPRESIÓN DEL MODELO ACTUAL DE EXENCIONES FISCALES Y ASIGNACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) (S. 680/001027).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Cuenca Cañizares.
Tiene la palabra su señoría.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento al objetivo de autofinanciación de la Iglesia Católica mediante la supresión del modelo actual de exenciones fiscales y asignación del IRPF?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Economía y Hacienda y Vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señoría.
Como usted bien sabe, el régimen actualmente en vigor se basa aún en el Concordato del año 1979, que es un acuerdo internacional y, por tanto, vinculante para ambas partes, y que en él se establece ya esa idea de autofinanciación a la que usted hace referencia. Es verdad que existía un régimen transitorio que, inicialmente, tenía una vigencia de tres años y que suponía una asignación presupuestaria directa, y es cierto que esta se ha venido prorrogando hasta ahora, y que en una segunda fase tendría que dotarse de un sistema de autofinanciación, a través de una participación en el porcentaje de imposición sobre la renta del patrimonio.
Recientemente, hemos llegado a un acuerdo sobre ese modelo, que se va a plasmar en la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
Por lo tanto, esperamos que a partir del próximo año se cumpla con ese objetivo de la autofinanciación por parte de la Iglesia.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Señor ministro, en este caso viene al pelo aquel dicho de donde dije digo digo Diego.
Hemos oído a dirigentes de su partido frases como que las aportaciones a la Iglesia Católica tendrán que ir a menos o que, algún día, el Estado tendrá que dejar de financiar a esta confesión religiosa.
Señor ministro, con el Gobierno socialista se ha pasado de aspirar a la autofinanciación de la Iglesia Católica a la aprobación de una sobrefinanciación. Antes recibían en torno a 140 millones de euros por estos conceptos, y ahora van a percibir cerca de 175 millones de euros, con lo que la asignación se eleva un 34 por ciento.
Señor ministro, ¿dónde está la promesa electoral de autofinanciación de la Iglesia Católica? ¿Esta es una acción positiva para consolidar un Estado laico? ¿Esta es la medida que nos tenían preparada para resolver, a 1 de enero del año 2007, una nueva financiación de un modelo caduco? Porque, además, señor ministro, la Iglesia Católica no paga el IBI por sus edificios ni por las donaciones o sociedades en sus operaciones mercantiles, y a ello hay que añadir la opacidad de su financiación vía educación religiosa y acciones de carácter social.
Por lo tanto, señor ministro, no han hecho nada de lo que dijeron. Cuando llegan al Gobierno cambian de opinión y se dan la vuelta, y utilizo esta expresión coloquial que seguro que usted comprende.
A lo mejor, señor ministro, con estas medidas pretenden ganarse el cielo, pero la realidad es que dan marcha atrás en su discurso. Habrá menos Estado laico y menos dinero para la gestión pública. Eso sí, luego, cuando pidamos para los temas sociales, para lo público, usted dirá que de dónde lo sacan. Vaya gestito que han hecho, un regalito de un 34 por ciento, pero creo que para lo público y la gestión de los servicios sociales no van a ir por ahí los presupuestos que ayer se empezaron a debatir.
Sean bienvenidos, si llegan, al cielo; los demás esperaremos políticas sociales y públicas, porque han recortado dinero para dárselo a otros.


Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Le puedo asegurar que mi preocupación esta semana no es ganarme el cielo, tengo otras más prioritarias.
Creo que mantenemos una diferencia de concepto. Usted considera que el que los ciudadanos opten por dar en su declaración de la renta un 0,7 por ciento a la Iglesia no es autofinanciación, sino subvención. Creo que la subvención es una atribución específica en el prepuesto del Estado por una cantidad predeterminada. Eso se ha suprimido y, por lo tanto, pasamos de un sistema de asignación a otro de autofinanciación. Sistema que está recogido para la Iglesia Católica, pero también para otras confesiones, de acuerdo con la ley del año 2002 y, por lo tanto, ese va a ser el sistema que se va a aplicar a partir de ahora. Aquellos ciudadanos que opten por esa posibilidad porque lo consideren oportuno, así lo harán, y evidentemente ello no plantea mayores dificultades, y el que opte por la opción de fines sociales también puede hacerlo perfectamente. Por consiguiente, nos encontramos en ese modelo de autofinanciación, consecuencia de la decisión de los ciudadanos.
A partir de ahí, ¿qué más hay que hacer? Suprimir la asignación presupuestaria que existía, que se va a hacer, y por lo tanto ya no se van a cubrir los mínimos. En segundo lugar, hay que poner en marcha el pago de impuestos, especialmente el IVA, del que en este momento está exento y ha sido recurrido por la Unión Europea. A partir de ahora se suprime también, y se está negociando con la Conferencia Episcopal, cómo puede ponerse en marcha.
No sé si todo esto nos servirá para ganarnos el cielo o no, pero sí nos va a servir para cumplir con nuestras promesas electorales.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, vicepresidente.

-- DE DON LLUÍS BADIA I CHANCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR EL GOBIERNO DE LA MOCIÓN APROBADA POR LA COMISIÓN DE CULTURA DEL SENADO POR LA QUE SE INSTABA A PROCEDER A LA CESIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE ESPAÑA EN LA CIUDAD DE TARRAGONA AL AYUNTAMIENTO DE ESA CIUDAD, PARA QUE SEA PUESTO AL SERVICIO DE DICHA INSTITUCIÓN PARA QUE PUEDA APLICARLO A SU OFERTA CULTURAL ANTES DE FINALIZAR EL AÑO EN CURSO (S. 680/001033).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Badia.
Tiene la palabra su señoría.

El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, buenos días. Le quería preguntar cuándo piensa implementar el Gobierno la moción aprobada en la Comisión de Cultura del pasado 29 de marzo de 2006 por la cual se instaba al Gobierno del Estado a proceder a la cesión del edificio del Banco de España en la ciudad de Tarragona al Ayuntamiento de Tarragona, para que sea puesto al servicio de dicha institución para que pueda aplicarlo a su oferta cultural antes de finalizar el año en curso.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.
Soy enormemente respetuoso con las mociones del Senado o de una Comisión de Cultura del Senado, lo que sucede es que en esta moción se toma una decisión sobre un bien, que no es del Estado como tal, para atribuirlo a un tercero, tema que, en mi opinión, excede algo de las competencias que el Senado tiene. Y le cuento un poco la historia, que creo que su señoría conoce.
Es verdad que el edificio del Banco de España en Tarragona se ha adquirido por una sociedad pública, SEGIPSA, previo el pago de su importe
--evidentemente--, y el objetivo era ser destinado a los servicios propios de la Administración General del Estado --en estos momentos está la Subdelegación del Gobierno de Tarragona en ese edificio--; en contraprestación, la Administración General del Estado pagará un arrendamiento de mercado a SEGIPSA por el uso del edificio. Por tanto, es un edificio que está en el mercado, que tiene un precio, que está ocupado, y es difícil disponer de él para otro uso si no tiene una contraprestación que permita que los actuales usos para los que se dedica se planteen de otra forma.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Badia.

El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, es evidente que, tal y como usted dice, el edificio fue adquirido por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S. A., y también es evidente que el acuerdo del Senado también afecta a esa sociedad, que es una sociedad estatal como bien dice su título. Por lo tanto, no voy a incidir en que el Gobierno ignora el mandato de las Cortes Generales y se salta los artículos concretos del Reglamento del Senado que regulan fundamentalmente la finalidad de las mociones y la obligación del Gobierno de cumplirlos --artículos 174 y 178--, porque usted ha abierto una posibilidad que me parece muy positiva y que entiendo perfectamente: que el

Ayuntamiento de Tarragona o, en su caso, la Generalitat de Cataluña, puedan tener opción sobre el edificio. Voy a ser muy concreto.
Este senador ha formulado innumerables preguntas respecto a las necesidades de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, y sé que las tiene perfectamente cubiertas, no tiene problemas ni necesidades urgentes de espacio. Pienso --en todo caso me lo ratificará en su respuesta-- que la posibilidad que usted abre de que sean el ayuntamiento o la Generalitat los que puedan acceder a esta instalación sería una alternativa factible, más si tenemos en cuenta la situación concreta de este edificio, que es un edificio emblemático, que es un edificio con unas características especialísimas, sería un mal negocio para el Estado, para el ayuntamiento y para la Generalitat aplicarlo a cuestiones puramente administrativas cuando tiene un potencial de todo orden que nos serviría mucho mejor si lo compartiésemos con aplicaciones culturales, tal como se aprobó en la moción del Senado.
En cualquier caso, señor vicepresidente, el tema merece una «pensada» por parte de todos. Quiero recordarle que la propuesta fue aprobada por todos los grupos de la Cámara, inclusive por el Partido Socialista de Cataluña, y en tanto en cuanto hay unanimidad entre los partidos catalanes, que son los que están implicados directamente, sería bueno que entre todos hiciésemos esa «pensada» y viésemos la cuestión con espíritu positivo.
Entiendo que no nos podemos limitar a que el Gobierno diga que esto se ha pasado a SEGIPSA y que van a cerrar el tema, cuando hay un potencial, hay unas características especiales que están alrededor de este edificio que merecen, repito, que entre todos hagamos una «pensada» y busquemos, evidentemente, las compensaciones económicas, pero que también busquemos la finalidad de una situación tan singular como la que he referido.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor vicepresidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.
Señoría, se lo vuelvo a repetir: el hecho de que la sociedad sea de propiedad pública no quiere decir que no esté sometida al Derecho privado y no quiere decir que no tenga obligación de sacar el mejor resultado posible de sus activos, como es evidente. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) En este momento el edificio está dedicado a un cierto objetivo. Y lo que yo le he planteado es que si hay una oferta que, evidentemente, puede ser atractiva es la posibilidad de negociar con SEGIPSA buscando la solución alternativa para la delegación del Estado, que tiene lógicamente que tomar en consideración el valor del edificio para llevar a cabo cualquier tipo de cesión o negociación.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


-- DE DON JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA DEL EMBALSE DE JÁNOVAS, EN LA PROVINCIA DE HUESCA (S. 680/001026).

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pasamos a la pregunta del senador Mur.
Su señoría tiene la palabra.

El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Yo querría saber en qué situación se encuentra el plan de desarrollo sostenible de la zona del embalse de Jánovas, en Huesca.
Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente, y gracias, senador.
La Confederación Hidrográfica del Ebro está llevando a cabo las actuaciones necesarias para que se produzca la reversión a los propietarios de las tierras que en su día les fueron expropiadas, como sabe, para la construcción del embalse de Jánovas, que tuvo declaración de impacto ambiental en el año 2001, con consecuencias que hasta el año 2005, con la aprobación de la Ley 11/ 2005, no han comenzado a producirse.
En estos momentos la Confederación Hidrográfica del Ebro ya ha terminado el estudio para la delimitación del dominio público hidráulico en la zona. Ese estudio es conocido también por la empresa concesionaria, Endesa, que procederá a la identificación catastral de quienes fueron expropiados en su momento; y mientras tanto, señorías, se está llevando a cabo también el expediente de caducidad de la concesión relativa a ese embalse. Ese expediente está ya en curso, y finalizará a mediados del año próximo. Por lo tanto, el Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, está dando los pasos imprescindibles para recuperar la seguridad jurídica en la zona.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Mur.

El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
La disposición adicional octava de la Ley 11/2005, que fue la que modificó el Plan Hidrológico Nacional, dice así: Se desestima la construcción del pantano de Jánovas. Eso, dicho con tal rotundidad, para nosotros es muy importante. No obstante, a renglón seguido se dice en la propia ley que las administraciones central, autonómica y local redactarán

conjuntamente un plan de desarrollo sostenible. A mayor abundamiento, en los presupuestos de 2006 este senador presentó una enmienda para introducir una partida presupuestaria mínima, por lo menos para iniciar ya ese expediente de desarrollo sostenible.
Yo conozco las dificultades que tiene todo ese enrevesado proceso porque ese embalse, maldito aun sin haber llegado a construirse, ha producido todos los efectos negativos y ninguno de los positivos. Cuando se hace un embalse tiene efectos negativos sobre muchas cosas, pero también tiene algún efecto positivo, por lo menos dotar de agua y de energía a una zona. Pero este hecho, como digo, ha tenido todo lo negativo y nada de lo positivo.
Sé, señora ministra, que usted está perfectamente sensibilizada con la cuestión, y es hora ya de que pasemos una página negra de la historia de Jánovas, de la comarca y de sus habitantes y emprendamos un desarrollo sostenible en una zona que tiene muchas posibilidades y que puede ser, precisamente, un ejemplo alternativo a otro tipo de desarrollos. Usted conoce la zona. Usted sabe las posibilidades que tiene. Por cierto, no ha hablado de si las administraciones local y autonómica están enteradas de si están trabajando con la Confederación Hidrográfica, de si se ha hecho algo en conjunto. Usted sabe del interés que tienen esas dos administraciones por avanzar en este asunto. Por tanto, le rogaría que, siendo bueno ese camino, se acelere, porque ha pasado año y medio ya desde que se aprobó la norma que obligaba a hacer ese plan de desarrollo sostenible. No estamos hablando de algo coyuntural, sino de algo que se contempla nada más y nada menos que en una ley, que tiene un rango superior. Por tanto, debería haber una prioridad en su ejecución.
Hay tres administraciones implicadas. Las tres están en buena disposición. Hay un presupuesto. Este año intentaremos que vuelva a haber presupuesto también para ese plan de desarrollo sostenible, y lo único que le pido es que acelere, que empuje y que, de alguna manera, demos una respuesta, que ya no será rápida, porque después de 50 años nada es rápido y nada compensará a los habitantes de la zona.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias.
Señoría, como usted bien ha dicho, después de más de 40 años es ahora es cuando se ha empezado a recuperar la situación desde el punto de vista del bienestar de las personas afectadas, y lo estamos haciendo todo lo rápido que podemos. Tal como le he dicho, se ha terminado ya el estudio para la delimitación del dominio público hidráulico y el expediente de caducidad concluirá su trámite a mediados del próximo año, lo que va a permitir la reversión. Además, señoría, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha empleado ya 120.000 euros en actuaciones de reparación de determinados barrancos, lo que permite mejorar la comunicación entre los pueblos de la zona. Como también sabe, el 26 de julio del año pasado, el Gobierno de Aragón decidió la ampliación del LIC del río Ara. Todo ello sienta las bases para un desarrollo que tiene que ser extraordinariamente cuidadoso. Como usted mismo señalaba, se trata de poner en valor los ecosistemas que hoy ya están formando parte de la Red Natura 2000, en el caso de esa comarca, y de evitar la destrucción de ese entorno, que se ha salvado de tener un gran embalse, pero que debe salvarse también de otras tentaciones, señoría.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.


-- DE DON FRANCISCO JAVIER CASTAÑO DEL OLMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL OBJETIVO DE LA FUTURA REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (S. 680/001043).

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Castaño.
Su señoría tiene la palabra.

El señor CASTAÑO DEL OLMO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, los residuos de construcción y demolición son aquellos que se generan en el entorno urbano y que no se encuentran entre los comúnmente conocidos como residuos sólidos urbanos, residuos domiciliarios, comerciales, etcétera, ya que su composición es cuantitativa y cualitativamente distinta. Se trata de residuos básicamente inertes, constituidos por tierras y áridos mezclados, piedras, restos de hormigón, restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios, ladrillo, madera, plástico, yeso, ferralla, etcétera; es decir, todos los desechos que se producen por el movimiento de tierras y la construcción de edificaciones nuevas y obras de infraestructura, así como los generados por la demolición o reparación de construcciones antiguas.
La mejora de la calidad de vida de los individuos propiciada por el progreso tecnológico ha originado un aumento progresivo y no controlado del volumen de estos residuos sólidos, que, como he dicho, se producen principalmente en el entorno urbano. La falta de un sistema de gestión adecuado para este tipo de residuos está creando un gran problema en el entorno de nuestras ciudades, problemas que se agravan año tras año e inciden directamente sobre el medio ambiente, propiciando su deterioro.
Además, el abandono discriminado de todos estos elementos supone un importante despilfarro, por cuanto se pierden una serie de recursos que podrían ser recuperados y reutilizados.
Conscientes del problema que los residuos de construcción y demolición representan, se comenzó a legislar en este sentido, y en el año 2001 el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Residuos de Construcción y

Demolición. El volumen de residuos de construcción y demolición oscila entre los 2 y 3 kilogramos por habitante y día, una tasa muy superior a la de los residuos sólidos urbanos, los residuos de la basura domiciliaria. El porcentaje de este tipo de residuos que actualmente es reutilizado o reciclado en España es inferior al 5 por ciento, muy lejos del de países como Holanda, que está en el 90 por ciento, Bélgica, en el 87 por ciento, Dinamarca, en el 81 por ciento, o el Reino Unido, en el 45 por ciento. Sin embargo, el plan nacional fija como objetivo una tasa de reutilización o reciclado de, al menos, el 60 por ciento para el año 2006; y ya vemos que eso no es así.
Por ello, señora ministra, quiero preguntarle acerca del objetivo de la futura regulación de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente, y gracias, señor senador.
Efectivamente, en el año 2001 se aprobó el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición, pero no se aprobó ningún instrumento normativo que exigiera el tratamiento de esos residuos a quienes los ponen en el mercado. Eso es exactamente lo que acabamos de aprobar en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el pasado día 6 de octubre, en Barcelona. Se trata de un proyecto del real decreto sobre gestión y tratamiento de los residuos de construcción y demolición. Todavía no existe al respecto una norma a nivel europeo, y tiene todo el sentido que España se anticipe y tenga una norma propia, porque la intensidad de la actividad del sector de la construcción en nuestro país así lo exige.
Como muy bien ha señalado, señoría, más del 90 por ciento de esos residuos están yendo en estos momentos al vertedero, estando totalmente incontrolados sus efectos negativos. Por eso, el proyecto de real decreto, que ha comenzado ya su tramitación después de aprobarse en la citada conferencia sectorial, establece obligaciones. Obligaciones para el titular de la licencia de la obra correspondiente y obligaciones también para el contratista, para el que ejecuta la obra. Esas obligaciones comportan la existencia de un plan de gestión de los residuos de construcción y de demolición en el que se identifique claramente al gestor que se ocupará de su tratamiento posterior, cuál será el coste de la gestión -que debe formar parte del presupuesto de la obra en cuestión-- dónde se van a tratar los residuos, etcétera. El real decreto también faculta a las comunidades autónomas para exigir, en el ámbito de su competencia, una fianza al productor de los residuos --al titular de la licencia-- que garantice el buen fin de los residuos de demolición y construcción.
Hay, por tanto, una herramienta normativa que no existía hasta ahora, y una tarea conjunta del Ministerio de Medio Ambiente, el Cedex y el Ministerio de Fomento para dar salida a los residuos de construcción y demolición, por ejemplo, mediante su incorporación a determinadas obras públicas. Se trata de establecer un marco que será obligatorio en toda España y respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas, y que tendrá en cuenta la diferencia entre ayuntamientos, en función de lo que se determine en cada territorio.
Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


-- DE DON MARCOS FRANCISCO HERNÁNDEZ GUILLÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS TRABAJOS EMPRENDIDOS POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA PREVENIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES USADOS (S. 680/001044).

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta de don Francisco Hernández Guillén.
Tiene la palabra su señoría.

El señor HERNÁNDEZ GUILLÉN: Gracias, señor presidente. Buenos días, señora ministra.
Gran parte de las pilas y acumuladores que se usan en la Unión acaba en vertederos de basura y otros sumideros, donde vierten su poderosa carga contaminante. Su toxicidad ha llevado a la Unión Europea a dictar una nueva norma de reciclaje que entrará en vigor este año. El Parlamento Europeo la votó recientemente, de acuerdo con lo pactado en mayo en el Consejo. Se trata de regular la eliminación de las sustancias más peligrosas durante el proceso de fabricación, de delimitar la responsabilidad de la industria en la gestión de los residuos y de establecer unos porcentajes mínimos de reciclaje. Con esta norma los gobiernos nacionales deberán ocuparse, por ejemplo, de que se cumplan los mínimos de reciclado: 25 por ciento en 2012 y 45 por ciento en 2016.
De acuerdo con el texto, se deberá implicar en el proceso tanto a consumidores como a fabricantes, por medio de campañas de información u otras iniciativas. Los distribuidores que suministren pilas o acumuladores portátiles deberán recuperar los residuos sin cobrar por ello, a fin de que desechar baterías y pilas no suponga ningún coste para el usuario. Todos los fabricantes deberán estar registrados, para evitar que evadan sus responsabilidades. Para ello se seguirá el mismo procedimiento en toda la Unión Europea, y los gobiernos invertirán en investigación y desarrollo, a fin de mejorar el rendimiento medioambiental global de las pilas y acumuladores a lo largo de todo su ciclo de vida útil, así como de propiciar el desarrollo y comercialización de pilas y acumuladores con menos cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes; en particular, con sustitutos del mercurio, cadmio y plomo.
Ante la importancia de estos hechos para el medio ambiente, le pregunto, señora ministra, por los trabajos emprendidos

en su ministerio para prevenir la generación de residuos de pilas y acumuladores usados.
Muchas gracias, señora ministra.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, senador.
Señora ministra de Medio Ambiente, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias.
Senador, se trata de un tema de extraordinaria importancia desde el punto de vista de la contaminación que producen las pilas, como usted señalaba.
En España, de acuerdo con los últimos datos disponibles, apenas se recicla un 20 por ciento del total de las 15.000 toneladas --unos 400 millones de pilas de todo tipo-- que se utilizan en nuestro país. Eso ha llevado al Ministerio de Medio Ambiente a plantear en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado 6 de octubre un proyecto de real decreto que supone, por una parte, la trasposición de la directiva aprobada recientemente en Europa, y por otra que amplía los contenidos de la norma europea, que, por ejemplo, no fija objetivos en lo que se refiere a las pilas de automoción o a las pilas industriales. El proyecto de real decreto que presentamos en la conferencia sectorial sí lo hace y, dada la complejidad que debemos tener en consideración y la situación de los sectores afectados, hemos decidido crear inmediatamente un grupo de trabajo con representantes de las comunidad autónomas y de los sectores productores e importadores de pilas de nuestro país.
Nuestro objetivo, señoría, es aprobar definitivamente el texto del real decreto sobre gestión de pilas y acumuladores en la conferencia sectorial que se celebrará a finales de diciembre o principios de enero, lo que nos permitirá anticiparnos aproximadamente en un año a la fecha máxima fijada para la trasposición de la directiva por parte de los Estados miembros, una directiva que se acaba de aprobar y que necesariamente debe estar en vigor antes de mitad de 2008.
Como digo, creemos que podremos anticiparnos aproximadamente en un año a dicha trasposición, estableciendo, además, condiciones en cuanto a la gestión de esas pilas, que se podrá llevar a cabo tanto dentro de un sistema integrado de gestión como a través de las diferentes fórmulas existentes, a través del servicio público o de un sistema de gestión individual.
Creemos, pues, señoría, que estamos sentando las bases para que, de una vez por todas, se trate en nuestro país la recogida de las pilas con absoluto rigor, así como también su tratamiento ambiental.
Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.


-- DE DON JOSEP MARÍA BATLLE FARRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ IMPULSANDO EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA FAVORECER LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS AGROENERGÉTICOS (S. 680/001031).

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Batlle.
Tiene su señoría la palabra.

El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.
«Bon dia», señora ministra. Hace unos días apareció publicado en los medios de comunicación que España multiplicaba por nueve las hectáreas destinadas a producir cultivos energéticos; y es cierto: de algo más de 25.000 hectáreas de declaraciones de siembra en la campaña 2005-2006 se ha pasado aproximadamente a 224.000, es decir, nueve veces más. Pero esto no es, con toda seguridad, fruto de la casualidad.
Estoy seguro de que el ministerio que usted dirige tiene mucho que ver en este incremento de superficie cultivada, que nuestro grupo parlamentario celebra y comparte porque cumple como mínimo cuatro objetivos: permite ocupar un número muy elevado de hectáreas para la siembra de oleaginosas destinadas a la producción de biodiesel, por un lado, y da salida a una serie de producciones excedentarias de remolacha y cereales para la producción de bioetanol, asegurando el empleo y la estabilidad económica en el medio rural en un momento en el que las sucesivas reformas de la PAC obligan a reconducir y a reconvertir las políticas productivas del campo español. El medio rural seguirá vivo si hay actividad agraria.
La contribución del ministerio a la promoción de cultivos agroenergéticos sirve, además, a varios objetivos. A abrir la puerta a la participación de cooperativas y opas en el proceso completo, es decir, de producción y distribución de biocombustibles, garantía, pues, de estabilidad económica y empleo en zonas rurales. A la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera como consecuencia de la utilización de combustibles más ecológicos, contribuyendo así al cumplimiento del protocolo de Kioto
--estamos de acuerdo en que el cumplimiento del plan de energías renovables supondría la reducción de 210 millones de toneladas de CO2 al año. A colaborar, aunque sea modestamente, a una menor dependencia de las importaciones de combustibles fósiles --el equivalente aproximadamente a 2,2 millones de toneladas de petróleo al año--. Y hay una cuestión que a nuestro entender tampoco es menor: el reconocimiento por parte del mundo urbano de la actividad agraria en la mejora medioambiental y, como consecuencia de ello, una mejor concepción social de la figura del agricultor, que se ve en el mundo urbano como un aprovechado de las ayudas europeas.
Estamos seguros, señora ministra, de que su ministerio tiene mucho que ver en el incremento de hectáreas de siembra de productos agroenergéticos. Por ello, le preguntamos por las medidas que está impulsando para que las producciones agroenergéticas sigan creciendo y para que

la concepción social de la figura del agricultor y su contribución a la mejora económica del mundo rural y a la mejora ambiental de todos sea efectiva.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
El desarrollo de los biocarburantes como combustibles alternativos a los derivados del petróleo es una prioridad política para la Unión Europea, y en especial para España. Así, la Unión Europea apoya el fomento de la utilización de biocarburantes en el sector del transporte, con el objetivo de llegar al 5,75 por ciento del consumo en el año 2010.
Los objetivos para el Estado español son los que a continuación les detallo: adelantar en dos años el objetivo comunitario del 5,75 por ciento; alcanzar en el período de cuatro años un porcentaje de mezcla de al menos el 10 por ciento; impulsar un marco contractual estable; incrementar la actual ayuda, de 45 euros por hectárea, así como la superficie total elegible; mantener la proporcionalidad entre la producción de biodiesel y biotanol que establece el Plan Energético Nacional y, finalmente, que la política de exenciones fiscales favorezca la producción de biocarburantes cuya materia prima sea de origen nacional.
Para avanzar en estos objetivos estamos manteniendo reuniones con las organizaciones agrarias, la Confederación de Cooperativas Agrarias y el sector industrial. De hecho, el pasado 11 de octubre hemos planteado la necesidad de favorecer la creación de un contrato marco con suficiente flexibilidad para que posteriormente puedan formalizarse contratos individuales. Se trata de ir creando los instrumentos que permitan dar respuesta a los compromisos de España en cuanto al uso de biocarburantes en el año 2010 y cubrir las metas que nos hemos establecido en el Plan de Energías Renovables, así como de dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados para paliar el incremento de los costes producidos por el alza del precio del gasóleo.
Señoría, a nivel nacional vamos a seguir manteniendo encuentros con el sector productor de materias primas y con el sector industrial, con el ánimo de lograr los objetivos que he mencionado. Y a nivel comunitario seguiremos muy atentos a las iniciativas que vaya adoptando la Comisión Europea, como la realizada hace apenas un mes relativa al incremento de superficie garantizada, que debatiremos en el próximo Consejo de Ministros.
Creo que todos tenemos que reconocer, y no quiero repetirlas aquí, las ventajas que tiene, no solamente para la agricultura, sino también para el medio ambiente, la producción de biocarburantes en España; pero tampoco nos podemos olvidar de la biomasa, en la que estamos trabajando al mismo tiempo.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


-- DE DON JESÚS MARTÍNEZ HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS NUEVAS MEDIDAS QUE VA A INTRODUCIR EL GOBIERNO EN EL PLAN DE RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS (RENOVE) PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA (S. 680/001041).

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Martínez Herrera.
Tiene la palabra. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor MARTÍNEZ HERRERA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en los dos primeros años de ejecución del actual Plan Renove, regulado por el Real Decreto 178/2005, de 18 de febrero, se ha conseguido el achatarramiento de 550 tractores, lo que supone un resultado muy inferior al objetivo pretendido. Aunque la sequía de 2005 y 2006, con las consiguientes mermas de cosecha, ha determinado una importante reducción en las compras de nuevos tractores, un análisis más profundo de la escasa aceptación del plan permite identificar como causas principales las siguientes. Primera, el importe de la ayuda al achatarramiento de los tractores es muy inferior al precio de mercado de estos. Y segunda, las exigencias para poderse acogerse a las ayudas son excesivas; algunas de ellas, como estar al corriente de la ITV, requieren realizar gastos adicionales para su cumplimiento, y otras, como que los tractores tengan más de 20 años, limitan demasiado el número potencial de solicitantes.
Considerando todos estos factores y que el objetivo es la retirada definitiva de la mayor cantidad posible de unidades con motores y tecnología obsoletos, sería necesario modificar el actual Plan Renove para conseguir, por un lado, flexibilizar las exigencias para acceder a las ayudas y, por otro, que se extiendan a otro tipo de maquinaria agrícola que suponga un ahorro de energía y combustible, por lo que la renovación afectaría a todo el parque de maquinaria con el fin de conseguir mejorar las explotaciones agrícolas y una agricultura más moderna.
El Plan Renove es, por tanto, básico para mejorar la seguridad en el trabajo del agricultor, evitar el gran número de accidentes que se producen, conseguir también un menor impacto medioambiental, y aumentar la productividad y un mejor aprovechamiento energético.
Por todo ello, señora ministra, quisiera saber qué nuevas medidas va a introducir el Gobierno en el Plan de Renovación de Vehículos, Renove, para la mejora de la eficiencia energética.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Martínez, hace dos años llegamos a un acuerdo con una organización agraria y con la Confederación de Cooperativas Agrarias para establecer un plan Renove, con ayudas prioritarias a jóvenes, zonas desfavorecidas y agrupaciones de maquinaria en común. Este acuerdo fue renovado un año después con la incorporación de otra organización agraria.
Usted ha señalado alguna de las causas que han impedido alcanzar los objetivos previstos en el plan iniciado en el año 2005, y creo que es necesario revisar el actual marco normativo para que la retirada definitiva alcance a la mayor cantidad posible de unidades de motores y tecnología obsoletos. Así, vamos a modificar el Real Decreto 178/2005 para introducir las siguientes medidas. Elevar el importe de la ayuda, hasta equipararlo al precio de mercado. Extender la ayuda a toda la maquinaria agrícola autopropulsada. Reducir la antigüedad de la maquinaria susceptible de acogerse al plan. Estimular la retirada de los tractores más peligrosos para los usuarios, mediante un incremento del importe de la ayuda. Suprimir algunos requisitos, como el certificado de la ITV, al que usted hacía referencia expresa. Evitar que el plan incremente la dotación unitaria de potencia de las explotaciones, permitiendo, en vez de la sustitución, la posibilidad de adquirir determinados tipos de maquinaria. Fomentar la adquisición de tractores de menor consumo y menos contaminantes. Ampliar el ámbito de posibles beneficiarios, con preferencia de las entidades asociativas. E incrementar el importe de la ayuda cuando el titular de la explotación sea una mujer.
En definitiva, con esta modificación del plan Renove pretendemos conseguir una significativa reducción del consumo de gasóleo y de las emisiones contaminantes, mediante el achatarramiento de la mayor cantidad posible de unidades autopropulsadas obsoletas, y, al tiempo, contribuir a la seguridad en el trabajo que, como usted conoce, sigue manteniendo unos márgenes altos de siniestralidad.
Para llevar a cabo el nuevo plan hemos propuesto un incremento de dos millones de euros en la dotación presupuestaria para el año 2007 sobre la cuantía que teníamos de dotación en el ejercicio anterior.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra, senador Martínez. (Denegaciones.) No hace uso de la palabra. Muchas gracias.


-- DE DOÑA PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE SE PLANTEA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN EN APOYO A LAS EMPRESAS PESQUERAS ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR (S. 680/001042).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Hernández Gutiérrez.
Tiene la palabra, señoría.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. En numerosas ocasiones el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha mostrado su compromiso con las sociedades mixtas de pesca y ha resaltado su importancia en la economía española y comunitaria, al igual que la importancia que estas tienen en el desarrollo social y económico de los países en los que opera. No solo crea puestos de trabajo directos en sus buques, ya que se estima que una persona embarcada mantiene aproximadamente a diez familias, es decir, unas 500.000 personas viven de las sociedades mixtas. Este dato muestra una realidad desconocida para muchos. Las sociedades mixtas de pesca ayudan también a fijar la población en el país de origen, combatiendo de forma activa el efecto expulsión de la población de los países con menos recursos económicos, que tantos debates y acciones ha generado.
Es conocido por todos el esfuerzo del Gobierno español para el impulso de los elementos de cooperación con países terceros, en concreto, de la pesca como herramienta que también permite el intercambio de experiencias, formación de personas y consolidación de una migración ordenada.
Las sociedades mixtas aportan un 10 por ciento del total de las importaciones de pescado de la Unión Europea, y generan más de 7.000 empleos directos con salarios de la Unión Europea. Su área de actuación se circunscribe ya a 25 países, y agrupa 122 empresas y 370 buques.
Las empresas pesqueras españolas en el exterior siguen aumentando, pero mi grupo parlamentario entiende que necesitan el apoyo del Gobierno y de su ministerio. Por eso le pregunto por las iniciativas concretas que se plantea el ministerio en su apoyo.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana); Gracias, señor presidente.
Señoría, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apuesta firmemente por la constitución y las actuaciones de las empresas pesqueras en el extranjero, porque, como usted ha señalado, crean riqueza en el lugar de origen y contribuyen al desarrollo de países terceros, permitiendo a sus ciudadanos acceder a una vida más digna.
En este sentido, apoyamos el «cluster» de empresas pesqueras en países terceros con el objetivo de fomentar y crear sociedades mixtas y empresas pesqueras conjuntas en el exterior. El ministerio ha decidido formar parte como asociado protector de esta organización empresarial para contribuir a ofrecer una información veraz y real de las empresas en su actuación multilateral en el exterior.


Así, a primeros de este mes de octubre, a iniciativa del «cluster» y con el apoyo del Gobierno, se ha celebrado en Bayona un seminario internacional sobre la contribución de las sociedades mixtas a la cooperación y al desarrollo sostenible, donde han participado 23 delegaciones internacionales, representantes de la Comisión Europea y de las comunidades autónomas, así como responsables de las asociaciones de armadores y otros agentes del sector pesquero.
Han sido más de 200 los asistentes que han analizado los retos y las oportunidades de las sociedades mixtas, habiendo supuesto un paso adelante en el reconocimiento de la labor que estas pueden desarrollar en el futuro. En el marco de este seminario, quiero destacar la firma de una declaración conjunta entre España y Mauritania para reforzar la cooperación bilateral en aspectos como la formación náutico-pesquera, investigación, acuicultura y apoyo a la flota artesanal.
En este ámbito de la cooperación internacional, hemos constatado el interés de numerosos países por la formación. Como respuesta a esta demanda, se proyecta la construcción de un buque de cooperación pesquera de actuación internacional. Abordo de esta embarcación se llevarán a cabo acciones formativas como las relativas a preparación y manipulación del pescado, congelación y transformación, normativas higiénico-sanitarias y de medio ambiente, entre otras.
Finalmente, senadora Hernández, somos conscientes de que para lograr la potenciación de las empresas pesqueras en el extranjero es necesario el establecimiento de medidas de carácter político y económico a través de distintas iniciativas que permitan asegurar la competitividad y seguir operando en las mejores condiciones posibles. En definitiva, se trata de poner a disposición del sector todos aquellos instrumentos que permitan asegurar el futuro, al tiempo que sirvan de herramientas de cooperación y desarrollo sostenible.
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA ALMUDENA MONSERRAT DE LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS CRITERIOS SEGUIDOS POR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA UBICACIÓN DEL NUEVO CENTRO PENITENCIARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS) (S. 680/001035).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Monserrat de León.
Tiene la palabra su señoría.

La señora MONSERRAT DE LEÓN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, tras la publicación el día 27 de septiembre de este año en el «Boletín Oficial de Canarias» de la construcción por parte del Ministerio del Interior de un centro penitenciario y otro de inserción social en la isla de Fuerteventura, concretamente en la zona de Llanos Pelados, y después de las declaraciones de distintas autoridades locales expresando su desconocimiento sobre este tema, mi pregunta se refiere a los criterios seguidos por el Gobierno en relación con la ubicación de un centro penitenciario en el municipio de Puerto del Rosario y, más concretamente, en Llanos Pelados.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Como su señoría acaba de recordar, el día 27 de septiembre se aprobó el plan territorial especial de instalaciones penitenciarias en Canarias.
Para el año 2007, en la sociedad estatal correspondiente figura un crédito de 56 millones de euros para la construcción del centro penitencio Canarias IV, que va a Fuerteventura.
Sabe su señoría que se generó una cierta polémica sobre si se trataba de un traslado de la prisión provincial de Las Palmas o de un centro específico para la isla. Va a ser un centro específico para Fuerteventura y en estos momentos se está trabajando para localizar definitivamente el centro. En principio, será en Puerto del Rosario y se está hablando con las autoridades insulares para cerrar la operación.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.

La señora MONSERRAT DE LEÓN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la población de Fuerteventura no se opone a que se construya un centro penitenciario en la isla, ya que esto propiciaría que los reclusos de la isla estuvieran más cercanos a sus familias. Lo que no entiende esta población es que su ministerio, sin tener conocimiento de la realidad de esta isla y la zona donde se impone la construcción de este centro, anuncie la ubicación concreta del mismo sin consultar con las administraciones locales sobre la idoneidad de dicho emplazamiento.
Por otro lado, no se entiende que en una isla con no más de 70 reclusos se imponga un centro para 400. Además, no se entiende que, sin informar a las instituciones y a la ciudadanía del proyecto que se va a realizar, este ministerio presupueste 56.267.000 euros para este centro penitenciario denominado Canarias IV, Fuerteventura, cantidad que si dividimos entre esas supuestas 400 plazas, nos da una media de 140.667,5 euros por recluso. Dicha cantidad nos hace poco creíble la intención de construir solo las 400 plazas anunciadas. Y más teniendo en cuenta que el nuevo centro penitenciario de Gran Canaria, anunciado con 1.080 plazas, no está incluido en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.
Por todo esto, queremos que el centro que se construya en Fuerteventura sea consensuado, sea el centro que necesita

Fuerteventura y no el que necesita toda Canarias. No queremos un macrocentro en Fuerteventura. Pedimos a su ministerio seriedad y diálogo, que hasta ahora no ha mostrado con esta isla.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.
Como usted sabe, la ubicación de un centro penitenciario sigue distintos criterios: cercanía a los núcleos urbanos más importantes --cercanía, entiéndame bien, limitada, pero cercanía--, y tienen que tener buenas comunicaciones para facilitar el traslado de las familias. En fin, hay un conjunto de criterios que se siguen. La Fundación Universidad de Las Palmas ha hecho un estudio concreto en relación con este centro de Fuerteventura. Y a partir de ese estudio y de los criterios que le menciono se ha decidido que la instalación idónea sería Puerto del Rosario, si bien la parcela concreta, el sitio concreto, según mi información no está determinado.
Ahora bien, sí hay dos ideas que quiero que queden bien claras en esta Cámara. La primera es que no se trata en modo alguno de un macrocentro.
Los planes que tiene en este momento la Dirección General correspondiente se refieren a un centro de 200 a 250 internos. Por tanto, un centro adecuado al tamaño de la isla, es decir, un centro para la isla de Fuerteventura. En segundo lugar, estamos en una fase provisional de aprobación, que antes de hacerse definitiva va a suponer la participación o el diálogo con las instituciones locales, en concreto con el Cabildo, con el cual tiene previsto reunirse la directora general en las próximas fechas.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON PEDRO GORDILLO DURÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS CAUSAS POR LAS QUE SE HAN MODIFICADO LAS PREVISIONES EXISTENTES EN RELACIÓN CON EL TRASLADO DE DIVERSOS VEHÍCULOS CEDIDOS POR ESPAÑA A MARRUECOS PARA LUCHAR CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL (S.
680/001036).

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Gordillo Durán. Tiene la palabra su señoría.

El señor GORDILLO DURÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, buenos días. Doy por formulada la pregunta.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gordillo.
Con la misma brevedad le diré que existe un acuerdo firmado con el Reino de Marruecos para luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, que se enmarca en el Tratado de Vecindad, Amistad y Colaboración firmado entre los Reinos de España y Marruecos el 4 de julio de 1991. Y en base a dicho acuerdo hay un conjunto de material que se está enviando a Marruecos para garantizar un adecuado control de sus fronteras, las que tiene con el Reino de España y, por tanto, con la Unión Europea. En ese contexto el día 4 de octubre de 2006 salió del puerto de Ceuta un barco de una compañía marroquí, Comarit, que transportó el material correspondiente a Tánger, donde se entregó a un representante del Ministerio del Interior, sufragándose los gastos de este traslado íntegramente por el Reino de Marruecos.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.

El señor GORDILLO DURÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ocurre lo de siempre: su Gobierno, el Gobierno del señor Zapatero no tiene una política clara con Marruecos. Bueno, me equivoco; tiene una política de entreguismo y sumisión. Es verdad que están mejor las relaciones pero porque hay uno que cede siempre y, qué casualidad, éste es el Gobierno español. Primero, en Sevilla con el vaso de agua; segundo, en la Cumbre de Marruecos no se les permitió asistir a Ceuta y Melilla, y tercero, ahora traen a Ceuta una serie de vehículos que han regalado a Marruecos para mejorar sus medios de lucha contra la inmigración ilegal, y estos, ante la sorpresa de sus propios delegados, no pasaron por la frontera terrestre, sino a Tánger, por barco y con una naviera marroquí.
De nuevo se siguen las normas e intereses de Marruecos, anteponiéndolos a los españoles. La ciudad se vio abandonada, desprotegida por el Gobierno del señor Zapatero.
La segunda fuerza política de la Asamblea, la UDCE y su líder Mohamed Ali dijo: La actitud del Gobierno de Zapatero en estos hechos es intolerable, da cabida a las reivindicaciones marroquíes sobre la soberanía de Ceuta.
A la Guardia Civil y a la Policía se le pusieron los dientes largos al ver tantos medios nuevos y ellos con tantas carencias. Pero lo más grave y sorprendente son las declaraciones del delegado del Gobierno del señor Zapatero en Ceuta el día 2 de octubre del presente año, cuyas palabras exactas fueron: Están en un proceso con la célula de reflexión hispano-marroquí. Vendrán tiempos en los que las relaciones puedan ser más normales entre ambos países, pero hoy son las que son. Estas afirmaciones son muy graves, señor ministro. Afirma que está usted dialogando con la célula de reflexión, que, como usted bien sabe, fue una idea del monarca anterior, Hassan II, con motivo de una visita a Rabat del ministro del Interior, José Barrionuevo, los días

20 y 21 de enero de 1987. El Rey le dio la célula de reflexión para que se la entregara al presidente del Gobierno y al Rey de España.
Antes de llegar a Madrid el señor Barrionuevo, el embajador de Marruecos en Madrid dijo: Su Majestad acaba de proponer la constitución entre nuestros dos países de una célula de reflexión que se encargaría de estudiar y proponer soluciones dentro del marco de los derechos imprescriptibles de Marruecos y de los intereses vitales de España. El Gobierno español lo rechazó y el ministro de Asuntos Exteriores, Fernández Ordóñez, dijo: Ceuta y Melilla son don ciudades españolas y seguirán siéndolo, de modo que la creación de este órgano de célula de reflexión no se justifica.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

El señor GORDILLO DURÁN: Termino, señor presidente.
Su delegado en Ceuta afirma que este órgano se está llevando a cabo. Esta afirmación es bastante grave. Si no es verdad, creo que el delegado del Gobierno no debería durar un minuto más. Pero si cuando este senador llegue a su ciudad, Ceuta, continúa este delegado, quizá sea porque el Gobierno admite también la célula de reflexión. Esto sería mucho más grave.
Señor ministro, exijo a su Gobierno una buena política de Estado con Marruecos y que ésta sea seria, dialogante, contundente y trasparente.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Hay dos aspectos en su pregunta, una tiene que ver con las relaciones entre el Reino de España y el Reino de Marruecos. En estos momentos son unas relaciones buenas, y buena prueba de ello --que afecta directamente a mi ministerio-- es la cooperación que mantenemos para luchar contra la inmigración ilegal, que es una cooperación en fronteras, en el estrecho, y también es una cooperación para garantizar la repatriación de aquellos que intentan entrar ilegalmente en España. Es una buena cooperación, que yo agradezco, y en un marco de diálogo bien distinto del que había hace algunos años. Ya sé que ustedes tienen algún problema en interpretar las palabras diálogo y sumisión, tienden a confundirlas, y ese es un problema que nos llevó muy lejos con Marruecos, pero es mejor que no echemos la vista atrás y vayamos hacia adelante, que es mejor para todos.
En ese contexto tengo que decirle que el delegado del Gobierno de Ceuta ha recordado algunas cosas que usted conoce bien, por ejemplo, que hace 40 años que no sale ninguna mercancía directamente por la frontera con Marruecos, por una razón que ustedes conocen muy bien, que en el año 1998, a una pregunta parlamentaria de un diputado socialista el entonces Gobierno del Partido Popular dijo textualmente: A diferencia de lo que sucede en la aduana española del Tarahal, el puesto fronterizo de Bab-Septa no está habilitado para el despacho de mercancías. Esto es lo que dijeron ustedes en 1998, y de1998 aquí las cosas no han cambiado.
Esta es la razón por la que el Gobierno hizo lo que tenía que hacer:
mandar material desde una frontera española y europea, que es Ceuta, a una frontera marroquí, en este caso Tánger.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

INTERPELACIONES:


-- DE DON JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA PLANIFICACIÓN QUE VA A REALIZAR EL GOBIERNO EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL (S. 670/000128).

El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de preguntas, pasamos al segundo punto del orden del día: interpelaciones.
Interpelación del senador Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la planificación que va a realizar el Gobierno en materia de desarrollo rural.
Para la exposición de la misma, tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente; señora ministra, bienvenida al Senado.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta interpelación cuyo tema de fondo es el desarrollo rural. Lo que pretendemos del Gobierno con esta interpelación es simple y llanamente que nos explique qué es lo que quiere hacer y qué es lo que va a hacer en esta materia, y lo hacemos en una sesión plenaria del Senado porque creemos que es un asunto que tiene una gran trascendencia en todas las regiones de España. Estamos hablando de más de 7.000 millones de euros de fondos europeos y de una planificación que afecta a las 17 comunidades autónomas de España para el período 2007-2013. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) A mi grupo le parece que el hecho de que la señora ministra no haya pedido su propia comparecencia en el Senado sobre una cuestión tan importante y que afecta a todas las regiones de España induce a pensar que algo raro ocurre y que algo extraño se está produciendo en su ministerio.
Señora ministra, la interpelamos porque nos preocupa lo que vamos conociendo por los medios de comunicación y los pasos que su Gobierno y su propio ministerio están dando y que tanto la prensa nacional como la regional están aireando, pero nos preocupa mucho más lo que no están haciendo, que a nuestro juicio es mucho.


Usted se podría preguntar, señora ministra, por qué el Partido Popular la interpela y qué es lo que cree que está ocurriendo. Se lo voy a resumir desde el principio. Primero, retraso en la planificación; segundo, retraso en la toma de decisiones; tercero, decisiones que creemos que se están tomando de espaldas a las comunidades autónomas y a las organizaciones agrarias; cuarto, una total falta de transparencia en el reparto de los fondos europeos, un desconocimiento de cuántos fondos nacionales se van a aplicar al futuro desarrollo rural, y algo muy grave que queremos contrastar y que intuimos que se está produciendo, un sectarismo en el reparto de fondos, y todo ello en unos momentos en que se sabe que la planificación del desarrollo rural español finaliza el 31 de diciembre, es decir dentro de dos meses; finaliza la planificación, aunque la ejecución pueda continuar. Lógicamente, cuando una planificación termina, de inmediato, al día siguiente, debería contar con una nueva, y a nuestro juicio, esto, señora ministra, no se está produciendo.
Estamos cerca del final de año y no se tiene ni calendario ni conocimiento exacto de la fecha en la que usted y su Gobierno aprobarán definitivamente la estrategia nacional, cuándo se podrán empezar a redactar los planes de desarrollo rural, cuándo se presentarán estos documentos a que vienen obligados por la propia Unión Europea, cuándo pasarán esos plazos de aprobación, ni cuándo se aprobarán definitivamente para poder iniciar la ejecución del desarrollo rural.
A ustedes, que son tan aficionados a mirar para atrás y a recordar qué se hizo anteriormente, les quiero decir que la planificación, que se termina el 31 de diciembre del presente año, la hizo un Gobierno del Partido Popular, que los fondos fueron negociados en las instituciones europeas por el Partido Popular, que fue planificado por una ministra, Loyola de Palacio, que quiso que las cosas se hicieran con fondos suficientes, con criterios claros de reparto y medidas que se aprovechasen para mejorar la competitividad y la calidad de vida del mundo rural español. Y le quiero decir hasta dónde llegó el compromiso del Partido Popular: los fondos europeos fueron complementados con una importante cantidad de fondos nacionales que han sido incluidos en los Presupuestos Generales del Estado.
Todas las medidas que se incluyeron en esta planificación que ahora finaliza ha servido para que se realizaran inversiones en modernización de explotaciones; en incorporación de jóvenes agricultores; en repoblaciones forestales; en mejora de la artesanía rural; en zonas desfavorecidas; en mejora de la competitividad, y en mejoras en la calidad de vida del mundo rural.
Y fíjense, señorías, esta planificación ha cumplido con sus objetivos y después de siete años hay que decir que se va a terminar con un importante grado de ejecución. Pero esto ya toca a su fin y creemos que lo que hizo el PP, junto con las comunidades autónomas, fue muy importante, tanto en la planificación como en la ejecución pero, como he dicho, todo esto termina, y nosotros no queremos mirar el pasado, son ustedes los que están siempre mirando al pasado.
Con esta interpelación pretendemos que usted, señora ministra, nos explique qué va a hacer su Gobierno, su ministerio y, sobre todo, plazos y compromiso presupuestario de su Gobierno. Y le puedo decir que lo que vamos conociendo no se parece en nada a lo que ocurrió con el Gobierno del Partido Popular. Se lo he dicho y se lo reitero: retraso y desconocimiento de lo que se va a hacer con la estrategia nacional, con el reparto de fondos, en definitiva, desconocimiento de muchas cuestiones, de algo que empieza el 1 de enero.
Y todo ello, señora ministra, está generando retraso y desconfianza no solamente de las comunidades autónomas sino también de las organizaciones agrarias y, por favor, no me diga que no han podido acelerar la aprobación de su Plan estratégico nacional porque desde febrero , que es cuando se aprueba el reglamento del Feader, ya podían haberlo incluso redactado. Por tanto, considero que estamos retrasados y que ustedes no han tomado decisiones.
Señoría, repito, esta cuestión empieza con la aprobación del reglamento del Feader en febrero de este año, por tanto, no me diga que no han podido empezar e incluso tener aprobados ya los planes y estrategias nacionales a este respecto; muchos países de Europa ya los han aprobado y este trámite se está acelerando en la Unión Europea .Por consiguiente, a mi juicio y al de mi grupo están dilatando inexplicablemente un proceso que debería estar ya muy avanzado, como ocurre en el resto de los países de la Unión Europea.
En cuanto a la estrategia nacional, señora ministra, usted habla de un hipotético plan estratégico nacional y quiero decirle que en esta Cámara, en contestación a una pregunta de su grupo parlamentario,nos ha hablado usted del Plan estratégico nacional, y puedo decirle que ni en esta Cámara ni en el Congreso de los Diputados se ha recibido dicho plan, ni tampoco usted ha solicitado su comparecencia para explicarnos las estrategias nacionales.
Creo que esto supone una descortesía; lo han tenido las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias o las cooperativas, pero los grupos parlamentarios que le interpelamos en esta Cámara ni chipi ni chapa, es decir, no hemos tenido la cortesía del Gobierno en algo tan importante que afecta a todas las comunidades autónomas Y lo más grave es que ni las propias comunidades autónomas ni las organizaciones agrarias conocen el calendario, ni saben exactamente con cuántos fondos van a contar, ni qué criterios van a seguir en una cuestión tan importante y que preocupa a los agricultores, como es la modulación voluntaria. Ustedes tienen la posibilidad de descontar a los agricultores hasta el 20 por ciento de ayudas de la PAC para destinarlas al desarrollo rural. ¿Qué van a hacer en esta materia? También nos gustaría conocer qué criterio va a tener España de cara a incrementar la modulación obligatoria, porque nosotros consideramos que no hay que incrementar a los agricultores los descuentos de sus ayudas de las rentas y de sus ayudas de la PAC? Por tanto, les pido que nos expliquen cómo van a planificar y qué se va a realizar en esta materia, sobre todo en lo que afecta a los fondos.


En cuanto a la financiación del futuro desarrollo rural español, hay que decir que esta es una de las historias más tristes de España en la negociación europea. Arranca en diciembre del pasado año con unas perspectivas financieras que nuestro presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, votó a favor y las consideró muy positivas para nuestro país. Y le quiero decir algo más: en aquella época le dijimos, y se lo hemos reiterado a lo largo de nuestras intervenciones parlamentarias, que no eran tan favorables y que ya lo veríamos con el paso del tiempo. Pues bien, en estos momentos estamos recogiendo los frutos de aquella mala negociación y de aquella valoración, aprobación y voto favorable del señor Zapatero.
Solamente hay que ver lo que se publicó el 12 de septiembre de este año.
Ese día se aprobó la dotación anual para el desarrollo rural de todos los países de la Unión Europea. A nuestro país se le dotaba con 7.213 millones de euros --fíjense, 7.213 millones de euros-- para el período 2007-2013. Creo que esta cifra de siete mil millones merece algún comentario. El primero es la comparación con el período anterior, el período del Partido Popular. En el período anterior, 9.356. Es decir, hemos pasado de tener nueve mil a tener siete mil. Esto supone un recorte de un 23 por ciento. Pero lo más preocupante de esos siete mil millones que le han adjudicado a España es que si descontamos la modulación, es decir, algo más de mil millones de euros, nos quedamos en seis mil, es decir, un recorte del 40 por ciento con respecto al anterior período.
Ante esta situación, un medio de comunicación publicaba la crónica con el siguiente titular --y se lo leo, señora ministra--: España es el país que más retrocede en la financiación del desarrollo rural.
Y fíjese. Cuando leemos las cifras del resto de los países de la Unión Europea, concretamente de quince, para no explicar las cifras de los diez restantes, vemos que si España pierde el 23 por ciento y dos mil millones, otros países, como por ejemplo Francia, no pierden nada, e incluso Italia gana un 1 por ciento, y Portugal, Dinamarca, Bélgica, Suiza o Austria ganan muchísimo más. Es decir, nuestro país se quedaba descolgado. Ya le digo que es el país que más dinero ha perdido, dos mil millones de euros, que porcentualmente supone el 23 por ciento.
Le quiero preguntar lo siguiente: ¿qué va a hacer España ante esta situación y qué va a hacer con los fondos nacionales? ¿Va a aumentarlos con dinero propio el Gobierno del Partido Socialista? Y le quiero decir una cosa. Hemos visto los Presupuestos Generales del Estado y allí no hay ningún compromiso, o no hemos visto ningún compromiso ni para compensar esa pérdida de dos mil millones de euros ni la contrapartida española al futuro plan de desarrollo rural.
En cuanto al reparto de fondos, quisiera plantearle algunas cuestiones.
¿Qué criterios van a seguir en el reparto de esos siete mil millones para elaborar los PDR? Porque un titular de prensa decía --y le leo textualmente--: «El ministerio renuncia a armonizar las ayudas y pretende reservarse una parte del Feader para gestionarlo centralizadamente y realizar 17 PDR.» Parece que si hay 17 planes habrá que tener 17 presupuestos.
Según conocemos, parece que los siete mil millones largos los han dividido en tres partidas presupuestarias: una para las regiones de convergencia; otra para el resto de las regiones, y un resto de la modulación más tabaco y algodón, es decir, 3.000 millones, 2.441 y 1.595.
Aparentemente la primera cantidad se da para las regiones convergencia que han salido por efectos estadísticos; la segunda sería para el resto de las regiones, y la modulación repartida en función de las modulaciones de su propia región. Esto, a mi juicio, debe ser así, y le pregunto esta cuestión porque circulan informaciones que dicen que los fondos de convergencia y regiones que salen serán para esas regiones, pero es que lo que después va para las once regiones, aparentemente y según nuestras informaciones, pasa para las diecisiete y la modulación se reparte entre las diecisiete. Si esto es así, señora ministra, quiero decirle que, a nuestro juicio, se sale de las directrices comunitarias y entra dentro de otra consideración. Nosotros lo tenemos que ver y estudiar y veremos qué es lo que ha ocurrido.
También quisiera comentarle una cuestión en cuanto al reparto de fondos.
Me gustaría saber cómo lo están haciendo, y le leo textualmente el titular de un periódico: «Parece que el MAPA está tratando de ir haciendo ofertas caso a caso, sin desvelar los criterios generales de reparto.» Esto es del 3 de octubre.
Señora ministra, si esto es así, si lo están negociando comunidad a comunidad, sin que conozca el resto de comunidades cómo lo están repartiendo, me parece un trato de feria y un pasteleo. No son unos criterios ni serios ni lógicos por parte de un Gobierno que va a repartir unos fondos europeos.
Señora ministra, no ponga cara de extrañeza, porque esto ha ocurrido en mi comunidad autónoma. Su director general fue allí con un papel sin membrete y sin nada a comentar unas cifras, y fíjense, señorías, lo que le daban a Navarra. En primer lugar, no conocía los criterios generales de reparto de toda España. En segundo lugar, se le daba un recorte en los programas del 53 por ciento, un recorte en los fondos Leader del 67 por ciento, y en la totalidad de los fondos de Navarra, descontada la modulación, un recorte del 54 por ciento. Y, fíjense, el consejero de Castilla y León en otro medio de comunicación decía que el recorte de Castilla y León, descontando los fondos de modulación era del 58 por ciento. Pero lo más preocupante de estas cifras es que no son lógicas con respecto al recorte que ha tenido España en su conjunto. Usted tiene que explicarlo, señora ministra.
Por último, quiero comentarle una cuestión, señora ministra, que tiene que ver con algo que usted viene predicando en los últimos meses, me refiero a la futura ley de desarrollo rural sostenible. Señora ministra, si usted quiere hacer una ley después de hacer una planificación, después de hacer unos planes y después de utilizar unos fondos europeos y unos fondos nacionales,...

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Vaya concluyendo, señor senador.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: ... quiero decirle, señora ministra, que eso es empezar la casa por el tejado. Lo

lógico es hacer primero una ley, luego una estrategia, luego unos planes y contar con unos fondos. En definitiva es una ley muy complicada porque tiene que ver con muchos ministerios y con muchas competencias transferidas a la comunidad autónoma. Explíquenos también qué es lo que quiere hacer porque parece que esto es el cuento de la lechera.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Concluya, por favor.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Termino, señor presidente.
Hay una última cuestión que es la preocupación por la pérdida de peso que está teniendo España: pérdida de fondos en desarrollo rural. Hace unos días publicaban incluso que con la liquidación de las ayudas PAC del año 2005 hemos pasado de ser el segundo país a ser el tercero. Hay que recordar que ustedes, cuando presumían de sus negociaciones en Europa, sacaban pecho y decían: nosotros somos el segundo país en la percepción de fondos. Pues, señora ministra, con sus negociaciones están bajando puestos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Pérez Lapazarán, puedo asegurarle que no hay temas raros ni extraños en el ministerio. Yo voy a intentar darle toda la información posible, ya que no me cansaré de responderle cuantas veces me pregunte usted por los fondos estructurales agrarios.
Como usted sabrá, desde la aprobación del reglamento correspondiente estamos trabajando con las comunidades autónomas y con el sector para diseñar la nueva política de desarrollo rural para el período 2007-2013.
Yo creo que lo más importante es darle toda la información posible para que usted no tenga que acudir a los medios de comunicación, como de hecho ha reiterado varias veces a lo largo de su intervención, por supuesto, con todos los respetos para los medios de comunicación.
Por otra parte, voy a intentar ir respondiendo a algunos de los planteamientos que usted hizo en paralelo a la información que le voy a ofrecer. En primer lugar, quiero decirle que el reglamento focaliza sus prioridades en tres aspectos: la mejora de las estructuras de producción a nivel de la explotación agraria y la industria transformadora, la mejora del medio ambiente ligada a la actividad agraria y forestal, la mejora de la calidad de vida y la diversificación de la actividad económica en el medio rural en su conjunto. Asimismo, impulsa el enfoque Leader como una metodología de gestión de las políticas de desarrollo rural.
Como ya le informé, concretamente en el mes de febrero de este año se aprobaron las directrices estratégicas comunitarias en materia de desarrollo rural, en las que sobre la base de las tres grandes prioridades establecidas en el Reglamento Feder se proponen las directrices de la Unión Europea en materia de desarrollo rural para los próximos siete años. En estos momentos está en discusión el reglamento de aplicación del Feader cuya aprobación es preceptiva para la presentación formal ante la Comisión Europea de los documentos y programas de desarrollo rural en cada uno de los Estados miembros.
De forma paralela, a lo largo del año 2005 y durante la primera mitad del 2006, se han aprobado las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013, que recibieron el acuerdo, como usted bien dijo, de los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre europea de diciembre de 2005.
Posteriormente, el documento fue debatido en el Parlamento Europeo, quedando fijada en 69.750 millones de euros la cantidad disponible para desarrollo rural durante estos siete años en el conjunto de la Unión Europea. Pero, como usted sabe, en el caso de España debemos ir cubriendo las diferentes fases para que sea efectiva la aprobación de los fondos de desarrollo rural, y estas fases son las siguientes --y con esto le doy la primera información puntual y, luego, entraré en cada uno de estos apartados--: Plan estratégico nacional, marco nacional y Programa de desarrollo rural.
A lo largo del año 2006 el Ministerio de Agricultura, en colaboración con las comunidades autónomas, otros ministerios implicados y la administración local, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y los agentes económicos y sociales implicados en la política de desarrollo rural, tal como se establece en el artículo 6 del Reglamento Feader, ha estado trabajando en este sentido. Entre otros representantes económicos y sociales, quiero destacar a las tres organizaciones profesionales agrarias, a la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, a la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, a la Red Española de Desarrollo Rural, a la Red Estatal de Desarrollo Rural y a grupos ecologistas como Adena, Ecologistas en Acción y SEO.
He aquí la primera información y la primera contradicción con lo que usted ha dicho sobre que falta transparencia. Desde luego, me voy a leer bien su intervención de hoy porque de la misma forma que al inicio de la misma ha dicho que observaba falta de transparencia más adelante ha apuntado que había obtenido información a través de las comunidades autónomas. Cuando ha hablado de falta de transparencia también ha puesto de manifiesto --por eso, insisto en que me voy a leer bien su intervención-- que lo hemos hecho de espaldas a las comunidades autónomas. Entonces, si lo hemos hecho sin contar con ellas, dígame usted cómo tiene los datos que dice haber obtenido por medio de las comunidades autónomas. En cualquier caso, aquí tiene la información sobre con quién nos hemos reunido.
En el plan estratégico nacional se trasladan a la Unión Europea las materias que va a querer España en los temas de desarrollo rural, y estas prioridades están fundamentalmente encaminadas a la persecución de los objetivos

de creación de empleo e integración del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Desde luego, esto coincide con las políticas comunitarias que se han establecido en las cumbres de jefes de Estado de Lisboa y Gotemburgo, respectivamente. A través de este plan, se fijan las prioridades para cada uno de los tres ejes: la mejora de la competitividad, un medio ambiente ligado a las explotaciones agrícolas y forestales y la diversificación de la actividad económica.
Para el envío formal del plan estratégico nacional a la Unión Europea, es preceptivo determinar el reparto de los fondos comunitarios entre los distintos programas de desarrollo rural. En este momento se está negociando el reparto de dichos fondos con las comunidades autónomas y en breve plazo se debatirá formalmente en el seno de una conferencia sectorial.
Creo que lo que estamos haciendo es correcto y no la interpretación que usted hace. Desde luego, el hecho de que el ministerio acuda a las comunidades autónomas y hable con los responsables facilita el tema, sobre todo cuando estas deseen demandar alguna información puntual, pero además les permite disponer de toda la información antes de que se inicie la discusión formal que va a realizarse en el seno de una conferencia sectorial. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, estamos acercándonos y facilitando la tarea a las comunidades autónomas y no lo que usted pretende hacer ver en esta sala.
Por otra parte, tenemos que elaborar el marco nacional --y lo estamos haciendo en paralelo-- que, como usted sabe, es un documento de programación por el que pueden optar los Estados miembros con estructura competencial diferenciada. El marco incluirá una serie de elementos comunes y de medidas horizontales de aplicación obligatoria en el conjunto de las comunidades autónomas y debe presentarse antes de los programas de desarrollo rural.
Como elementos más relevantes del marco nacional quiero señalar que se establecen seis líneas horizontales, que serán puestas en marcha de forma obligatoria en todas las comunidades autónomas con una serie de criterios comunes. En el eje 1 se proponen cuatro medidas: las medidas de gestión de recursos hídricos con el objetivo de cumplir las exigencias de la Directiva Marco del Agua, mejorando la eficiencia en el uso de la misma; el aumento del valor añadido de las producciones, ayuda de la que podrán beneficiarse las industrias y cooperativas agroalimentarias de hasta 750 trabajadores y 250 millones de euros de facturación; la instalación de jóvenes agricultores, de las que se beneficiarán jóvenes menores de 40 años residentes en el medio rural que se instalen como titulares de las explotaciones agrarias, y el asesoramiento a las explotaciones agrarias, mediante el cual los agricultores podrán cumplir con los requisitos de condicionalidad y otros aspectos medioambientales.
En el eje 2 se proponen dos medidas horizontales: una destinada a la prevención de incendios forestales que comprenderá infraestructuras de protección ambiental, restauración hidrológico-forestal y servicultura preventiva, y otra relativa a la financiación de la Red Natura en superficies forestales con el objetivo de garantizar la conservación de los espacios forestales que se han incluido en esta red a través del mantenimiento y mejora de los hábitat y poblaciones de especies de interés comunitario.
Otro elemento común es una política de incentivos para la puesta en marcha de contratos territoriales, que se definen como una relación contractual entre la Administración y los agricultores y entidades asociativas que voluntariamente lo decidan y que engloben las medidas de los ejes 1 y 2. Asimismo, se ha decidido incrementar el porcentaje mínimo a gestionar por los grupos de acción local que establece el Reglamento Feader, pasando de un 5 a un 10 por ciento del total de fondos comunitarios de cada programa. Se crea un comité de seguimiento para el Plan Estratégico Nacional y el marco nacional, a través del cual se canalizará la programación en España y de forma particular la evolución de las medidas horizontales.
Una vez que se apruebe el marco nacional de acuerdo con el Reglamento de desarrollo Feader se presentarán individualmente cada uno de los 18 programas de desarrollo rural para el programa 2007-2013 --es decir, uno para cada comunidad autónoma-- que incorporarán todas las actuaciones en materia de desarrollo rural en esa comunidad y otro a nivel nacional que gestionará el Ministerio de Agricultura. Este último --que es el que hemos denominado Red Rural Nacional-- servirá como órgano consultivo en materia de desarrollo rural, además de financiar proyectos piloto y proyectos de cooperación entre los diferentes grupos de acción local. Una vez que se presenten los programas ante la Comisión Europea se tendrá un plazo de seis meses para aprobarlos.
Como usted hablaba de que siempre miramos hacia el pasado yo hoy no iba a hacerlo, pero usted me ha facilitado que lo haga. Dice que en nada se parece lo que estamos haciendo a lo que ustedes hicieron, y efectivamente es cierto, pero no en el sentido que usted lo decía y yo se lo voy a aclarar muy rápidamente.
El reparto de los fondos comunitarios entre los Estados miembros para el período 2000-2006 se produjo en el mes de junio de 1999 --insisto, para el período 2000-2006-- y quiero recordar aquí hoy que ustedes aprobaron los mecanismos de puesta en marcha del plan estratégico en el mes de octubre; es decir, que estamos hablando de que desde la entrada en vigor han utilizado 10 meses del plazo establecido y teniendo en cuenta que se aprobó, insisto, en el mes de junio. Quiero recordarle que la aprobación de fondos para el período 2007-2013 se ha hecho el 12 de septiembre de 2006 y que, desde luego, es nuestra intención aprobar los programas españoles de desarrollo rural bastante antes que el Partido Popular. Por eso le digo que no pensaba mirar para atrás, pero como usted lo hizo le recuerdo las fechas y después veremos quién ha cumplido y quién lo ha hecho en menores plazos.
La modulación obligatoria, que es otro de los temas que usted plantea, tiene unos porcentajes establecidos y no es posible incrementarla y usted lo sabe perfectamente. La decisión sobre la aplicación de la modulación voluntaria se tomará una vez que se apruebe el reglamento comunitario que se encuentra en debate en estos momentos en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.


Con respecto a otros temas, ha dado una información correcta sobre cómo se deben distribuir los fondos del Feader que solamente diferencia entre dos bloques: los correspondientes a las regiones o a las comunidades autónomas que están dentro de convergencia, y las de efecto estadístico y el resto de las comunidades autónomas para evitar la confusión cuando se comparan con los fondos Feder que utilizan cuatro diferenciaciones de las comunidades autónomas.
Quiero agradecer que usted hoy reconozca aquí que el descenso del porcentaje ha sido del 23 por ciento y no del 41 por ciento --como dice su partido en un documento del que puede ver el membrete perfectamente, en la página 10 en concreto--, y también quiero decirle que cuando se hacen comparaciones hay que utilizar los mismos criterios, cosa que ustedes no hacen. ¿Por qué? La cuantía al inicio de aprobación de las perspectivas para el año 2006 no es la misma que la que tenemos hoy porque se ha incrementado. Y eso mismo nos puede suceder para el período 2007-2013. Afortunadamente, algunos presidentes de comunidades autónomas gobernados por el Partido Popular lo reconocen públicamente, de lo cual yo me alegro y tienen la satisfacción de haber salido del Objetivo 1 o de regiones de convergencia porque eso significa más riqueza para esas comunidades autónomas. Por lo tanto, tampoco podemos utilizar el mismo criterio porque tenemos un escenario afortunadamente para España, totalmente diferente.
Por eso, señor Lapazarán, no busque nada raro. No busque nada extraño.
Estamos trabajando en la planificación. Lo estamos haciendo en colaboración con las comunidades autónomas, con todo el sector. Lo estamos haciendo con absoluta transparencia y no tenga ninguna duda de que aplicaremos la normativa tal y como establecen los reglamentos comunitarios y en ningún momento utilizaremos el sectarismo.
Le recuerdo, por último, que vaya a los Presupuestos Generales del Estado, que compruebe los datos, dado que se han debatido ayer, y que mire solamente los capítulos VI, VII, VIII, donde hay un incremento del 8 por ciento para desarrollo rural. Me gustaría que hiciera los cálculos de los últimos años cuando gobernaron ustedes, pues a lo mejor estamos hablando de números negativos, aunque este es un asunto a tratar en el debate de los presupuestos y cualquiera de los aquí presentes lo puede comprobar.
Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.
Para réplica, tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN : Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra, por sus explicaciones.
A mí me lo ha puesto muy fácil. De las cosas que yo le he preguntado no me ha contestado prácticamente a ninguna. Primera cuestión: calendario.
Se está produciendo un retraso enorme, un retraso que se va a acumular después en el período de ejecución, pues los siete años se van a quedar reducidos a cinco y medio o a seis a lo sumo. ¿Por qué es eso? Usted me dice que están preparando el plan estratégico nacional, el marco nacional y los PDR, pero ustedes tienen que tomar ya una decisión de qué plan estratégico nacional quieren porque después van a trasladar a las comunidades autónomas los PDR y luego usted, porque ha tomado las decisiones tarde, les va a decir que no tiene la culpa, que la tienen las comunidades autónomas que tienen que redactar sus PDR.
Hay otra cuestión a la que no me ha contestado y que me ha dejado muy frío. España ha perdido 2.000 millones de euros con respecto al anterior período. Yo quiero saber si esa mala negociación de usted y de su Gobierno la van a compensar en los Presupuestos Generales del Estado, incluso, si van a incrementar las cantidades, teniendo en cuenta que los reglamentos de desarrollo rural son un cajón de sastre, en el que se le han metido a usted más medidas a financiar --por ejemplo, las medidas medioambientales, los apoyos a las cepas y cuestiones derivadas de la directiva de aguas--, todo eso con menos dinero. ¿Cuál es el compromiso del Partido Socialista en los presupuestos? Y no me diga que su ministerio sale boyante, porque creo que tiene un aumento del 0,57 por ciento con respecto al año anterior. Por lo tanto, su compromiso, el de su partido y el de su Gobierno es nulo, cero.
Usted ha hablado también de transparencia, cuando se nos oculta a los grupos parlamentarios, a todos, el plan estratégico nacional. Sin embargo, fíjense, hay comunidades autónomas que lo han recibido hasta por correo electrónico, mientras que nosotros no tenemos nada. Habla de transparencia, pero solo ha habido una reunión con las comunidades autónomas en julio de este año. El segundo borrador del plan estratégico lo han mandado por correo electrónico y dicen ustedes que tienen un tercero que está circulando en su propio ministerio --a saber si también en las comunidades autónomas de su propio partido--, pero los demás nada.
No solo a mi juicio, sino que, según las publicaciones de las organizaciones sindicales agrarias, no se sabe cuál es el calendario, cuáles son los fondos y si se les va a incrementar la modulación obligatoria. Además, están preocupados por un tema muy complejo y complicado como la modulación --del que usted nos ha hablado--, que significa quitar dinero de la renta de los agricultores para destinarlo a desarrollo rural. Señora ministra, dígame también si su plan estratégico se dedicará a medidas municipales, porque esta era otra de las quejas.
Qué pena que no esté el portavoz de CiU, pues decía que, con el anterior plan de desarrollo rural y en alguna comunidad de su partido, han financiado hasta tanatorios. ¿Con la futura modulación --es decir, rentas detraídas-- van a seguir financiando plazas públicas y tanatorios? Yo creo que, en ese sentido, usted debería ser clara con el plan estratégico nacional. De lo único que hablan es de que están haciendo y haciendo, pero también estaban haciendo un plan estratégico del vino hace más de dos años, tal y como usted anunció aquí. ¿Dónde está su plan estratégico? Mándenos su plan estratégico, porque todo está oculto. Por lo tanto, nosotros queremos calendarios, fechas y plazos.


Hay una cuestión que nos preocupa, señora ministra, y es el retraso. En febrero usted podía haber consensuado ya las líneas directrices del plan nacional, líneas que ya conocemos, pues están publicadas y las hemos debatido en comisión y en privado con su director general; por eso, no nos venga a contar más de lo mismo. Lo único que queremos es concreción en cuanto a períodos de aprobación y de diálogo con las comunidades autónomas. Yo creo que, al final, lo único que produce todo esto es opacidad y oscurantismo. Y le quiero anunciar que pediremos su comparecencia en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, para que escuche usted a los 17 consejeros, a ver qué le dicen, y para que ellos conozcan qué criterios van a utilizar ustedes para repartir los fondos europeos y el compromiso de su partido y de su Gobierno en los futuros planes de desarrollo rural. Además, le tengo que decir --a usted que tanto le gusta hablar del pasado-- que el compromiso del Partido Popular en gasto público --y es una publicación de su ministerio de 2004-- fue de 15.000 millones de euros para el año 2006. Nosotros queremos saber con cuánto van a contar las comunidades autónomas. El procedimiento que están siguiendo ustedes, mandando a su director general con un papel, comunidad autónoma por comunidad autónoma --sin saber unas cómo se está repartiendo a las otras--, con números donde se comprueba que han tenido un descuento muy importante...

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, concluya.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Termino, señor presidente.
Hay una negociación en marcha sin saber qué tendrán los demás. Eso parece un mercado persa, señora ministra. Reconózcame que esto no es serio. En este momento, a dos meses del final de la planificación, del inicio de una nueva, no han hecho nada y todo lo que se conoce es muy oscuro. Lo que sabemos, es por los medios de comunicación, y no por las comunidades autónomas.
Eso es lo que me vienen diciendo.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, vaya concluyendo.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Si quiere, le puedo pasar lo que dicen. Yo lo he leído, y no es muy favorable a su ministerio, precisamente por su oscurantismo y por su falta de compromiso con el desarrollo rural español.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Seré muy breve, porque hay un refrán que dice, señor Lapazarán, que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Eso es lo que le ha pasado a usted hoy. Yo le he dado datos a los que no ha sabido contestar. Lo único que ha hecho ha sido seguir hablando de oscurantismo. En fin, dejémoslo ahí.
Por nuestra parte, vamos a seguir haciendo la misma política, por el bien de las comunidades autónomas y del sector. Es cierto que hay una cuestión a la que no le he contestado; me olvidé de hacerlo en mi primera intervención. No obstante, el secretario general de Agricultura solicitó una comparecencia a primeros de octubre para informar sobre el plan estratégico. No dude de que vendremos pronto a darles una información mucho más completa que la que he podido darles aquí, por el poco tiempo de que disponemos.
¿Qué pasa, que le molesta que el ministerio se acerque a las comunidades autónomas y que mantenga reuniones bilaterales para consensuar los documentos del plan estratégico? ¿Por qué le molesta, señor Lapazarán? Si las hiciéramos en el ministerio, nos acusaría de olvidarnos de la realidad de España. No olvide que en esas reuniones no tiene que intervenir sólo la correspondiente consejería de Agricultura, sino que hay que incorporar también a las de Economía y, en algunos casos, a las de Medio Ambiente. Por supuesto, queremos hacerlo de forma coordinada.
Por favor, no empiecen a mezclarlo todo. Me niego a hablar del pasado, pero ustedes engañan continuamente a la gente. Si hablan de medidas medioambientales, que nosotros hemos recogido por primera vez, tendremos que recordarles que su compromiso se refería a dedicar el 12,89 por ciento de los fondos anteriores de desarrollo rural a medidas medioambientales. No es la primera vez que el Ministerio de Agricultura lo hace. Además, saben perfectamente que este es uno de los problemas que tenemos que atajar para cumplir con los compromisos de la Unión Europea tanto en los aspectos agrícolas como en los que se refieren al protocolo de Kioto.
De modo que sí hay transparencia, sí hay coordinación y sí lo haremos en un plazo bastante más breve que el que necesitaron ustedes, aunque le duela oírlo. Lo seguirán oyendo, y podrán comprobarlo en su momento. No quiero agotar mi tiempo. Léase los documentos, la información de que disponemos, y hable con rigor; se lo digo con todo respeto.
Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES PARA FRENAR EL CRECIENTE FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN IRREGULAR EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (S. 670/000127).

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación de don Ricardo Melchior, sobre la búsqueda de

soluciones para frenar la creciente inmigración irregular en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tiene la palara el senador Melchior.

El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, presidente.
Señor ministro, durante este año la inmigración clandestina se ha incrementado drásticamente, y ha mostrado además su aspecto más dramático con la muerte de miles de personas en las aguas del Atlántico. Más de 3.000 personas, según el comisario de Justicia e Interior de la Unión Europea, que la Media Luna Roja cifra en el doble; no lo sabemos exactamente. Sólo al archipiélago canario han arribado más de 26.000 personas procedentes del continente africano a lo largo de este año. A pesar de los encuentros diplomáticos con los países desde los que parten las embarcaciones con destino a Canarias, los cayucos continúan arribando a diario a las costas canarias. Así, hoy ha llegado, a las 6.30 horas, un nuevo cayuco. Como consecuencia de ello, se encuentran desbordados los servicios de emergencia, de salvamento marítimo, de atención social y sanitaria, así como los dispositivos de seguridad y justicia.
El Estado incumple sus competencias en materia de sanidad exterior; en los centros de internamiento los inmigrantes se encuentran hacinados y ello ha generado conflictos internos y fugas de inmigrantes, incumpliéndose por parte del Gobierno español la proposición no de ley aprobada el día 16 de abril de 2002 en el Congreso de los Diputados referente a la capacidad de acogida limitada que tiene Canarias. Esa cantidad fue fijada posteriormente por la subcomisión Canarias-Estado en 1.200 plazas, una posición, además, refrendada por el Parlamento de Canarias, por su Gobierno, así como por el Foro Canario de la Inmigración.
Las repatriaciones a sus países de origen han comenzado a funcionar parcialmente con Mauritania y Senegal. Se trata de un proceso complejo, que dificulta que las repatriaciones se realicen con la celeridad necesaria para evitar el colapso en los centros de internamiento y sus efectos colaterales.
Por lo que se refiere a los menores inmigrantes, el Gobierno del Estado inició el pasado día 5 de octubre el traslado de 150 jóvenes a otras comunidades. A pesar de este primer paso, que aplaudimos, los centros de menores continúan saturados, porque en los últimos 15 días ha entrado de forma irregular un centenar de menores magrebíes y subsaharianos.
Somos conscientes de que la inmigración irregular es una cuestión de Estado, y le digo, señor ministro, que cuente con nuestro apoyo, siempre y cuando exista diálogo, respeto, transparencia y participación. Y si eso es así, estoy seguro de que también encontrará ese espacio de entendimiento, apoyo y consenso por parte de las restantes fuerzas políticas; todo lo contrario a lo sucedido con la orden del Ministerio de Defensa de 29 de septiembre de 2006, en la que se califican de interés general, por afectar directamente a la defensa nacional, las obras que se realizan en el acuartelamiento de Las Canteras, en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de la Lagua, abandonado hace más de 20 años y rodeado de edificaciones. El ministro de Defensa ha reconocido hoy en este Pleno que ello es así como consecuencia de la colaboración interministerial con el ministro del Interior para el alojamiento de inmigrantes. La orden dice:
interés general para la defensa nacional. Entendemos que no hay en este caso diálogo, respeto, transparencia ni participación, y por tanto, señor ministro, le pido precisamente que, en aras del interés general, esa orden, en justicia, sea revocada.
El Plan Integral de Seguridad para Canarias, aprobado el pasado día 28 de julio por el Consejo de Ministros, que nosotros apoyamos, fija como primer objetivo el de mejorar y reforzar el control de vigilancia de las costas y del mar territorial, y para cumplir dicho objetivo establece una serie de medidas y acciones con las que estamos de acuerdo, como la de dotar a todo el archipiélago de cobertura del SIVE, Sistema Integral de Vigilancia Exterior, o incrementar los recursos humanos y materiales para la vigilancia de las costas.
Pero, créame, señor ministro, que para poder realizar eficazmente el control del mar territorial y de las costas, es absolutamente necesario que estén delimitadas las aguas jurisdiccionales del archipiélago canario. En este momento no existen aguas jurisdiccionales de Canarias, no existe un archipiélago. Existe el archipiélago de las Azores, el de Madeira o el de Cabo Verde, en tanto que Canarias es sólo una suma de islas rodeadas de 12 millas de aguas interiores. Es decir, entre las islas gran parte de las aguas son internacionales.
Existe una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que propone que las 12 millas de las aguas jurisdiccionales sea a partir del perímetro exterior de Canarias y establece una zona económica exclusiva de 200 millas. Con ello, si se aprueba, y creo que se ha de aprobar con urgencia, Canarias pasaría a ser un archipiélago, como lo es el resto de los archipiélagos de la Macaronesia. Aprobar esa proposición de ley es fundamental para conseguir el objetivo número uno del Plan Integral de Seguridad para Canarias que aprobó el Consejo de Ministros. Es muy difícil realizar un control eficaz del mar territorial si entre las propias islas existen aguas internacionales.
Otro de los objetivos del Plan Integral de Seguridad para Canarias es garantizar la atención humanitaria y la acogida a los inmigrantes que llegan a Canarias en situación de vulnerabilidad, prestando una atención especialmente intensa a los menores extranjeros no acompañados. Señor ministro, nosotros pedimos que se cumpla la proposición no de ley aprobada el 16 de abril de 2002 en el Congreso de los Diputados, referente a la capacidad de acogida limitada que tiene Canarias. La capacidad de acogida establecida, como comenté antes, es de 1.200 plazas.
Canarias tiene, aproximadamente, el 4 por ciento de la población española, el 1,5 por ciento del total de la superficie española, más del 25 por ciento de los parques nacionales españoles; por tanto, la mayor densidad de población y el mayor porcentaje de territorio medioambientalmente protegido de España.
Ojalá, señor ministro, que en un futuro el número de inmigrantes irregulares en Canarias no supere el número de

1.200 y, por lo tanto, se garantice la atención humanitaria y la acogida a los inmigrantes irregulares. Pero en el caso de superar a las 1.200 personas, estas han de ser distribuidas porcentualmente en el resto de las comunidades autónomas con criterios de población, sin arbitrariedad, con trasparencia y conociéndose cuántos recibe cada comunidad. Exactamente igual entendemos que debe ocurrir para los menores extranjeros no acompañados cuando su número supere los 250, que es el número de plazas máximo establecido.
Señor ministro, es fundamental que se cumpla también esta proposición no de ley.
Un tercer objetivo del Plan Integral de Seguridad para Canarias es mejorar los servicios de sanidad exterior, incrementando los servicios prestados en los puntos de inspección fronterizos. Los servicios de sanidad exterior en Canarias carecen de medios humanos y materiales. El Estado español no está cumpliendo con lo que son sus competencias, lo reconoce la propia ministra de Sanidad. Por lo tanto, señor ministro, el Estado ha de transferir o delegar o conveniar con la Comunidad Autónoma de Canarias esta competencia, con la dotación necesaria y suficiente para poder ejercer adecuadamente esta importante competencia y esta obligación.
Por todo ello, señor ministro, interpelo al Gobierno sobre la búsqueda de soluciones para frenar o disminuir la inmigración irregular que llega a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Para contestar la interpelación, tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor senador. De entrada quiero decirle que acepto de buen grado su oferta de colaboración. Es una oferta que su grupo parlamentario está manteniendo en esta Cámara, también en el Congreso y que espero que se siga manteniendo en el futuro. También es una oferta de colaboración entre los dos gobiernos que ha atravesado momentos difíciles, como difíciles han sido los momentos que hemos vivido, pero creo que, en su conjunto, caminan en buena dirección.
Déjeme que le haga un pequeño preámbulo general sobre la inmigración, porque no debemos perder la oportunidad, siempre que hablamos de inmigración, de contextualizarlo, ya que si no podríamos caer en algunos errores y transmitir algunos mensajes muy negativos.
Es evidente que la inmigración no es un fenómeno nuevo y también es evidente que la inmigración actual, la que sufren muchos países en el mundo --desde luego en Europa, pero también en Estados Unidos o en la propia África, en Sudáfrica--, tiene características singulares. Es una inmigración acelerada, global, con una fuerte feminización; es una inmigración con características especiales, y en España también. En España tiene dos características concretas que me gustaría señalar.
Primero, que ha crecido muy deprisa; España ha pasado de ser un país de emigración a ser un país de inmigración en muy poco tiempo, porque en muy poco tiempo ha crecido el número de inmigrantes en España de manera brusca, de forma muy importante. Por tanto, esta aceleración que se ve en todos los países del mundo, en España es especialmente notable. Y, segunda, que en España este fenómeno ha sido muy global. En este momento tenemos inmigración iberoamericana, que tiene raíces culturales perfectamente conocidas; tenemos inmigración de los países de Europa que no están en la Unión, aunque algunos de ellos van a estarlo dentro de muy poco --me refiero a Rumanía y a Bulgaria--, y tenemos una fuerte presión migratoria --y esto es una novedad-- en África, que se nota especialmente en las islas Canarias.
La segunda cuestión que tendríamos que plantearnos es por qué se produce esta inmigración, y la razón es la de siempre: la gente sale de donde no tiene trabajo y comida hacia donde sí lo hay, por ello, la miseria es el gran elemento movilizador de esta inmigración, y no podemos perderlo de vista porque, como usted bien decía en su interpelación, hay elementos humanitarios en esta política de inmigración que nunca puede olvidar un país como España, que está entre los diez países más desarrollados del mundo.
La tercera pregunta es, ¿ha sido buena o ha sido mala la inmigración para España, la reciente? La respuesta taxativamente es que ha sido buena. No hay que remitirse a muchos parámetros. El último es el de una solvente caja de ahorros que hace escasas semanas dijo que nuestro crecimiento, de 1994 a 2005, que ha sido del 2,6 por ciento, en buena medida ha sido debido a la inmigración. Lo avanzaba un estudio cierto y muy fundamentado según el cual, si no hubiéramos tenido este aporte de la inmigración a nuestro PIB, no hubiéramos crecido; habríamos decrecido el 0,65 por ciento. En consecuencia, debemos ser conscientes de que la inmigración, más allá de razones humanitarias, ha contribuido poderosamente a nuestro crecimiento económico, aunque eso no quita para que, efectivamente, vivamos algunas contradicciones.
La crisis --vamos a llamarlo así-- migratoria que han sufrido las islas Canarias ha provocado la aparición de sentimientos entre los españoles, como por ejemplo si el número de inmigrantes es o no suficiente, y, no nos engañemos, mucha gente opina que hay muchos inmigrantes en España, lo que es contradictorio con lo que uno lee, una y otra vez, en los medios de comunicación. Por ejemplo, el consejero de Trabajo de la Comunidad de Madrid pedía hace poco tiempo 500.000 inmigrantes para trabajar en Madrid; un prestigioso banco español hablaba de cuatro millones de inmigrantes, si queríamos seguir creciendo hasta 2020; Asturias reconocía que necesitaba 88.000 inmigrantes para seguir creciendo hasta 2020, y Galicia nos cuenta que necesita 200.000 inmigrantes para seguir creciendo. Esa es la gran contradicción: una cierta sensación de que ya hay muchos --si se me permite la expresión-- y, al mismo tiempo, una necesidad económica clarísima, por razones demográficas, de seguir admitiendo inmigrantes si queremos mantener un ritmo de crecimiento que en este

momento está mucho más cerca del 4 por ciento que del 3 por ciento.
Estos son los parámetros generales que nos llevarían a algunas conclusiones, también generales, que me parece importante remarcar.
Primera, que tenemos que controlar los flujos migratorios; el que necesitemos inmigrantes no quiere decir que no controlemos a los inmigrantes que nos llegan. Segunda, que tenemos que garantizar políticas de integración adecuadas, porque si no --entonces sí-- estaremos corriendo riesgos de fractura social. Tercera, que vamos a necesitar más inmigrantes, seguramente, para mantener nuestro ritmo de crecimiento, y habrá que explicárselo así a los ciudadanos; y, cuarta, que no podemos admitir a todos los inmigrantes que quieren llegar, sencillamente no podemos, y es un parámetro de nuestra política de emigración que debemos dejar muy claro.
Usted me pregunta por Canarias, y a eso voy. Ha hecho usted una intervención que yo he compartido en muchos momentos. Canarias tiene que ver básicamente con el rechazo o el control de la inmigración ilegal, aunque es verdad que el contexto es el que yo le decía antes: el de una fuerte presión migratoria que proviene de África. Y cuando hay una presión migratoria muy fuerte, que tiene raíces muy profundas --y no hay más que visitar los países de África para darse cuenta--, es verdad que la política que hay que poner en marcha para combatirla es muy compleja.
Es una política que afecta a la política exterior, a la política de cooperación, a la política nacional y a la política europea --y, si me apura, a fórmulas de cooperación mundial, pero, en fin, dejo esto de lado-- porque está bastante claro que España no puede por sí sola combatir el fenómeno de la presión migratoria que nos viene de África y, por supuesto, combatir eficazmente la inmigración ilegal. Solos no podemos y por eso hay que hacer planteamientos globales.
El planteamiento de la política de inmigración española en este contexto que tiene que ver con la inmigración ilegal, a la que me referiré posteriormente, conlleva medidas a largo y a corto plazo. Las primeras las conoce usted bien. Está el Plan África, que hemos aprobado por primera vez. Es la primera ocasión en que España tiene un plan de cooperación con el África subsahariana, dentro del cual hay un capítulo amplio de medidas que se están poniendo en práctica y que no les comento porque no creo que sea este el momento.
En ese contexto del Plan África, me gustaría señalar el esfuerzo que hemos hecho en la Cumbre Euromediterránea de Rabat, que ustedes conocen bien porque creo que el presidente de Canarias llegó a estar presente en esa cumbre. Y si lo remarco es porque es la primera vez que Europa y los países que son origen de la inmigración y los de tránsito nos hemos sentado para hablar de la emigración en su conjunto, de los factores que la potencian, de los problemas que traen para los países de tránsito, de las necesidades de los países que la recibimos, también de las necesidades para corregir la inmigración ilegal, y, en su conjunto, creo que esa es la fórmula atinada. Y eso es Rabat, un cambio de paradigma importantísimo a la hora de hablar de emigración. Es la primera vez que Europa y África para hablar de algo que les es compartido: necesidad, por una parte, y conveniencia de luchar contra la clandestinidad, por otra.
Y en este texto, le decía antes que Europa es fundamental. Y paso a hablar de algunas cosas que hemos hecho para luchar contra la inmigración ilegal en Canarias para bajar en la medida de lo posible la presión migratoria que sufre España y también Europa, porque somos la puerta de Europa, y, especialmente, las Islas Canarias.
Europa. No hay que abundar mucho en la necesidad de plantearse una política europea de inmigración, al menos en su faceta de la lucha contra la inmigración ilegal. Y debo decirle que esta política no existe y que hasta que el año pasado el presidente, señor Rodríguez Zapatero, en la Cumbre de Hampton Court, planteó la necesidad de que existiera no se había hablado en Europa de la inmigración, ni siquiera de la clandestina.
Es cierto que ahora se habla y mucho, porque no es España solo la que combate y sufre, entre comillas, la inmigración clandestina, sino que también son Grecia, Malta, Eslovenia, Francia y, sobre todo, Italia.
También hay otros países al otro lado de Europa que tienen inmigración clandestina y que la sufren básicamente de los países de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Como digo, es la primera vez que Europa se plantea este debate, como también es la primera vez que actúa Frontex, que es la primera medida que hemos puesto en marcha de un conjunto que a continuación relataré, centrándome ya en el tema canario.
Es la primera vez que actúa Frontex. Existía pero no había actuado, hasta que España planteó ante Europa un dilema que es bastante fácil de ver, esto es, que España es la puerta de Europa. Es verdad que hay muchos inmigrantes que intentan entrar clandestinamente en España para quedarse aquí, pero hay otros que, sencillamente, buscan el paso a otros países de Europa. Por tanto, el problema que tiene España con la inmigración ilegal no es únicamente español, sino europeo y, por tanto, hace falta resolverlo conjuntamente, entre otras cosas porque estamos hablando de proteger costas muy complejas, tanto en África como en España, como usted señalaba.
Frontex ha actuado porque España se ha puesto a la cabeza de las peticiones. Sabe usted que en estos momentos tenemos a Frontex trabajando en Senegal, por supuesto en Canarias y también en Cabo Verde, aunque ahora trasladaremos los efectivos portugueses que han abandonado Cabo Verde a Guinea Bissau.
Por tanto, primera medida, Frontex. Y si señalo Frontex no es solo por efectividad, que la tiene, a la hora de evitar que salgan embarcaciones ilegales de Senegal, en este caso, sino porque es la primera vez que Europa adopta una posición común en un tema como el de la inmigración ilegal.
En segundo lugar, cooperación. Es evidente que la cooperación a largo plazo --Plan África-- nos desborda, aunque hay que tenerlo. Es evidente que hay que hacer cosas concretas en cooperación a corto plazo, básicamente para reforzar las capacidades de cada uno de los países que son origen de la inmigración clandestina a la hora de proteger sus fronteras. En este contexto y dentro del despliegue diplomático

que pusimos en marcha ya hace algunos meses, tenemos programas específicos de cooperación para luchar contra la inmigración clandestina con Marruecos, con Mauritania, con Argelia, con Gambia, con Senegal, con Guinea Conakry, con Mali. También algunos programas multilaterales de cooperación, como el Plan Sea Horse, que es un plan para luchar contra la inmigración clandestina y que incorpora al mismo tiempo a España, Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Por tanto, cooperamos con los países de origen para tratar que estos eviten que salga la inmigración ilegal.
En tercer lugar --usted lo decía--, hemos mejorado nuestras fuerzas de seguridad para proteger y acoger mejor a quienes llegan a nuestras costas. Los datos de Policía y Guardia Civil en las islas Canarias los conoce usted bien pues han sido objeto de pregunta al presidente del Gobierno; tengo aquí los números, pero creo que no hace falta recordarlos. Ha habido un incremento sustancial tanto de la plantilla de la Policía como de la Guardia Civil en Canarias. También ha habido un plan, al que usted se refería, que entre otras cosas afecta a la Cruz Roja, a las ONG que colaboran a pie de playa cuando llegan los cayucos y, también, a los CIE. Usted decía que los CIE están saturados; ya no. Ha habido momentos difíciles, nunca lo he ocultado en esta Cámara y lo he reconocido. En este momento tenemos una ocupación al 50 por ciento aproximadamente de la capacidad de los CIE en Canarias porque la presión están bajando, como diré a continuación.
Por otra parte, me hablaba usted de la ley del perímetro del archipiélago. Entiendo que es un asunto bien traído desde su formación política, pero que no es objeto de esta interpelación. Creo recordar que la proposición de ley está admitida a trámite en el Congreso y ustedes saben, como sabemos nosotros, que es una proposición de ley muy compleja de instrumentar en términos de derecho internacional marítimo, pero, en fin, ese es otro debate.
También hemos procedido a agilizar los procedimientos de identificación y repatriación, que usted mismo ha definido aquí como complejos --a ello me referiré a continuación cuando de algunos datos generales--, porque es algo muy importante. Fíjese usted que el mensaje que las mafias hacen circular entre aquellos que quieren salir de sus países para venir a trabajar al nuestro es muy sencillo: el que llegue a las islas Canarias ya se queda en España y en Europa. Ese es el mensaje que solo se combate con otro mensaje igualmente nítido: el que usted llegue a Canarias, cosa que, por cierto, le puede suponer un riesgo enorme para su vida, no es sinónimo de que usted se quede, es más, es muy probable que usted vuelva porque ha entrado ilegalmente y eso España y Europa no lo vamos a tolerar. Por eso son tan importantes las repatriaciones, porque son medidas de un fuerte contenido disuasorio para aquellos que, no nos engañemos, quieren venir a nuestro país, como le decía antes, a trabajar.
Finalmente, le señalaré dos medidas más. Hemos unificado todo el dispositivo que tenemos en las islas Canarias para combatir la inmigración ilegal y acoger a los que llegan a nuestro país ilegalmente bajo la dirección de un único general de la Guardia Civil, que entiende de las competencias de Salvamento Marítimo, de las competencias de la Guardia Civil, por supuesto de las de la Policía Nacional, y algunas competencias que se refieren al Ministerio de Defensa; un mando único para garantizar la eficaz actuación en Canarias y desde Canarias en las costas de los países origen de la inmigración donde estamos trabajando. Y por supuesto, estamos trabajando contra las mafias de inmigración ilegal y con más eficacia que el año pasado. Los datos los tengo aquí: hemos crecido en detenciones, en desarticulaciones de redes, trabajamos en España y fuera de España. Por tanto, estamos siendo más eficaces y los datos, repito, los tengo a su disposición.
Para terminar le voy a dar un solo dato que me parece significativo y que no se refiere sólo a las islas Canarias, sino al conjunto de España, y es el número de inmigrantes que hemos repatriado en lo que va de año; se entiende que son inmigrantes que han intentado entrar ilegalmente en España. Son, en concreto, 76.058. A través de las distintas fórmulas de las que dispone el Estado para impedir la entrada ilegal en nuestro país hemos repatriado a 76.058 inmigrantes o personas que han intentado entrar ilegalmente en nuestro país en lo que va de año. Este dato lo di en agosto en el Congreso de los Diputados en un comparecencia como esta.
Entonces, eran 52.039, es decir, en mes y medio hemos repatriado 24.019 personas que intentaban entrar ilegalmente en nuestro país, a través de los mecanismos de los que dispone nuestro país que, como usted sabe, son todos en frontera, y son distintos según la frontera aérea, marítima o la frontera con Francia. Esta es la eficacia de las medidas que hemos puesto en marcha.
Y le voy a dar un dato más, aunque voy a ser cuidadoso porque usted sabe que, en contra de lo que se dice, el Océano Atlántico es navegable todo el año. Hay quien dice que vendrá el invierno, y bajará la presión migratoria, pero no podemos bajar la guardia porque la estadística demuestra que se puede navegar durante todo el año. Quien dice que la presión migratoria está bajando porque el tiempo es malo, a veces no sabe de lo que habla. No está aquí presente y, por tanto, no voy a explicar...

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Vaya terminando, señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Voy acabando, señor presidente.
Es verdad que la presión migratoria ha bajado. De hecho, en el mes de septiembre llegaron 108 cayucos y pateras y 7.247 inmigrantes, y en lo que va del mes de octubre, 19 embarcaciones y 600 inmigrantes. Para que se haga usted una idea, estamos al 15 por ciento de la presión que tuvimos en septiembre, y que fue todavía mayor en agosto. Por tanto, lo que estamos haciendo está disuadiendo la salida de los inmigrantes ilegales y controlando, en su caso, si no hay disuasión, las embarcaciones que salen fundamentalmente desde Senegal, Mauritania, Guinea-Bissau y Gambia, y también del Sahara.
Es cierto, por tanto, que estamos trabajando y teniendo eficacia en las repatriaciones, que por razones obvias no

voy a cuantificar hasta que no acabemos las que tenemos en marcha, aunque, repito, hay que ser cuidadoso a la hora de decir que hemos acabado con esto, porque la presión va a seguir existiendo y, por tanto, no podremos bajar la guardia.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el señor Melchior.

El señor MELCHIOR NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, estoy plenamente de acuerdo con usted en todo el preámbulo, además yo creo que todos lo deberíamos tener para consultarlo.
Efectivamente, fíjese si nosotros los canarios conocemos el tema de inmigración y hemos pasado de un territorio de emigración a otro de inmigración que precisamente el desarrollo canario se debe a nuestros inmigrantes. Nuestra gente hace unas tres generaciones cruzaba el Atlántico, pero no lo hacía en cayucos con motores fueraborda, sino con el equivalente a cayucos, a vela; y no tardaban seis días, sino seis semanas; y no tenían GPS sino sextantes. Es decir, desgraciadamente, fueron muchos los que se quedaron por el camino, muchos los que no pudieron llegar a una tierra que les diese la oportunidad que no les daba su propia tierra; y los que llegaron fueron los que desarrollaron Canarias, trabajando en América mañana, tarde y noche, integrándose en ese territorio, siendo respetuosos con ese territorio y ahorrando todo lo que podían para enviarlo a Canarias, a su tierra, a su pueblo, y con ello desarrollarla. Por eso, puede estar seguro, señor ministro, que nosotros, los canarios, somos sensibles, respetuosos y solidarios con el drama de la inmigración ilegal.
Pero yo, en definitiva, le pedía cinco puntos. Uno, en primer lugar, lo que entiendo que ha de ser: El interés general es que el problema de la inmigración sea una cuestión de Estado y que, por tanto, exista todo el diálogo, toda la trasparencia, toda la colaboración leal que debe existir. Le decía al principio que entiendo que esa famosa orden ministerial del Ministerio de Defensa, en aras precisamente al interés general, debería ser revocada. De lo contrario, entendemos que no existe esa trasparencia, ese diálogo, esa participación, ese respeto con las diferentes administraciones.
El segundo punto, señor ministro, se refiere a la delimitación de las aguas jurisdiccionales, que efectivamente es un tema complejo. El senador Ríos, que fue el portavoz del Grupo de Coalición Canaria en la anterior legislatura, ha editado un libro sobre todas las intervenciones habidas en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Pero el que sea un tema complejo no quiere decir que no pongamos toda la carne en el asador y le demos toda la celeridad posible, porque es absolutamente necesario para poder defender y controlar de manera eficaz lo que ocurre en las aguas, incluso en las aguas interiores de Canarias, ya que no lo tenemos controlado.
Sabe perfectamente, señor ministro, que llegan cayucos y pateras a lugares de extrema seguridad, donde hay instalaciones de interés general de Defensa, y no son detectados. Es un asunto extremadamente urgente, con independencia de otros aspectos medioambientales, sanitarios y de contrabando que hay que tener controlados, pero desde el punto de vista de la seguridad todo el perímetro de Canarias ha de ser considerado como aguas propias, como lo son en el resto de los archipiélagos, si no --como muy bien decía el senador Victoriano Ríos-- no se puede definir como archipiélago. Yo sé que no es de su competencia, pero sí de la del Gobierno, el acelerarlo al máximo, y nuestra interpelación no va dirigida al señor ministro del Interior sino al Gobierno español.
En tercer lugar, reconozco que los centros en Canarias están en la actualidad en torno al 50 por ciento de como estaban hace un mes, pero es que hace un mes se superaba en diez veces el número de personas que debería haber, por tanto, interpreto que nos encontramos en un 50 por ciento en los CIE si en este momento hubiese 600 personas ingresadas en los diferentes centros de internamiento. Pero no es así, porque en estos momentos las cifras deben de rondar entre los 4.000 ó 5.000 en Canarias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, vaya concluyendo, por favor.

El señor MELCHIOR NAVARRO: En cuarto lugar, le pedía, señor ministro, que nos informarse acerca de la sanidad exterior, que es absolutamente necesaria e imprescindible para poder garantizarlo. En este momento, por diferentes motivos, el Estado, Sanidad Exterior tiene un solo médico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y no cumple sus funciones porque ha sido trasladado hace aproximadamente dos años, o sea que no existe personal, no existe sanidad exterior y no se puede realizar esa competencia.
Por ello, señor ministro, le pediría ese esfuerzo en todos y cada uno de los puntos que le he mencionado, y --repito una vez más-- cuente con nuestra colaboración siempre y cuando exista ese diálogo, esa transparencia tan necesaria para intentar resolver este gravísimo y dramático problema que tiene nuestro territorio y todo el mundo.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve.
Empezaré por compartir la reflexión que hacía usted inicialmente. Es verdad que de Canarias salió mucha gente en condiciones aún más precarias de lo que sale en este momento de Senegal o de Gambia, y es cierto que, como usted recordaba, fueron bien acogidos en territorio americano y que las famosas remesas ayudaron mucho a salir a Canarias de su angustiosa situación económica,

que era el origen de que la gente se marchara. Eso es lo mismo que pasa en este momento en Senegal, en Mauritania, en Mali o en Gambia y, por cierto, es lo mismo que pasa en algunos países iberoamericanos, que la gente quiere venir a España, y el que viene no solo ayuda a una familia sino que además supone una ayuda para el país en la medida en que hay envío de remesas. Por eso es tan complejo hacer las repatriaciones, y por eso seguramente tenga usted razón. Canarias es un sitio especialmente solidario, y a pesar de la presión que ha sufrido estos meses, que ha sido enorme, no ha habido brotes de racismo ni de xenofobia. Por el contrario, las televisiones han puesto encima de la mesa una y otra vez una tierra de acogida y solidaria que prima lo humanitario sobre ninguna otra cosa. Creo que en eso estamos de acuerdo y tenemos que explicar esto una y otra vez para que la gente entienda lo que pasa ahí los beneficios que supone para los que estamos aquí, siempre y cuando lo hagamos ordenadamente y con un plan de integración también ordenado, al que usted se ha referido.
A continuación me hablaba de distintas cuestiones como la relativa a Las Canteras, a la que ya ha contestado el ministro de Defensa. Estamos colaborando, estamos reparando la instalación, aunque ya le digo que no va a ser necesaria su utilización, porque confiamos en que no haya una presión como la que hemos sufrido hasta ahora. Esperamos que este aparato que hemos montado --si me permite la expresión-- siga funcionando como hasta ahora, pues considero que la eficacia es bastante notable aunque, repito, en este asunto nunca se pueden lanzar las campanas al vuelo porque uno puede aguantar de nuevo una presión sostenida en el tiempo, como nos ha ocurrido en los meses de agosto y septiembre.
En cuanto a las aguas jurisdiccionales, honestamente le diré que es un debate distinto, porque no tiene que ver con la eficacia de la protección de nuestras costas, entre otras cosas porque, como usted sabe, el SIVE, por citar un ejemplo, detecta lo que viene y, por tanto, impide que entre nada sin que lo sepan las autoridades de las fronteras españolas; es un instrumento de control de lo que entra y, sobre todo, un fantástico instrumento humanitario porque impide que la gente se ahogue, siempre y cuando entre dentro de lo que llamaríamos su capacidad de visión.
Pero el SIVE actúa dentro y fuera de las aguas jurisdiccionales y, como usted sabe, una vez que un barco o un avión españoles, o el SIVE, que funciona en algunas islas, ven un cayuco, inmediatamente salimos a por él, independientemente de que se encuentre a 12 ó 20 millas. En ocasiones hemos salido hasta 200 ó 250 millas para evitar que se hunda. Y esto no tiene que ver con la jurisdicción, que es un tema distinto y complejo que afecta, como usted sabe, a cuestiones competenciales, y del que con mucho gusto discutiremos en el Congreso.
La sanidad exterior, que trae usted a esta Cámara, también es un tema complejo, y que conste que es un debate del que no huyo; tiene que ver con lo que usted dice y con un esquema competencial que en su estatuto figura, por cierto, con una determinada consideración que discutiremos tanto en el Congreso como en el Senado.
Para terminar con los CIE, he de decir que en estos momentos están al 50 por ciento de su capacidad, y que nunca hubo desbordamiento; siempre tuvimos capacidad, aunque sí es verdad que algunos días, tanto ustedes como nosotros, lo pasamos mal, y cuando digo ustedes me refiero al Gobierno canario y al Gobierno español. Es cierto que no hubo desbordamiento, aunque sí una fuerte presión. En este momento tenemos plazas de sobra, y puedo decirle que si lo que hemos puesto encima de la mesa lo mantenemos, incluso lo mejoramos --y en eso estamos--, no volveremos a vivir nunca más esa situación aunque, repito, me gustaría que esto se tomara con todas las cautelas.
En resumen, termino por donde empecé. Acepto gustoso la colaboración de su grupo, pues creo que la colaboración de ambos gobiernos está siendo estimable. Hay momentos de tensión inevitables porque la presión ha sido muy fuerte, y confío en que lo que entre todos estamos haciendo nos permita que nunca vuelva a producir una presión como la que padecimos y, en todo caso, que estas repatriaciones se lleven a cabo eficazmente y que surtan su efecto disuasorio y práctico en una política de inmigración ilegal, cuyos parámetros compartimos esencialmente.
Muchas gracias, señoras y señores senadores. Gracias, señor presidente.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor ministro.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:


-- DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA INCLUSIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO A DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS Y SINDICALES (S. 624/000012) (C. D.
122/000142).

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Terminado el turno de interpelaciones, pasamos a continuación al debate de los textos legislativos.
En primer lugar, debate del dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con la proposición de ley relativa a la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales, cuya votación haremos junto con la primera votación de la tarde. A este dictamen no se han presentado votos particulares.
Para su presentación en nombre de la comisión, tiene la palabra la senadora Rubial.

La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías. Me cabe el honor de haber sido designada como presidenta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales para presentar el dictamen de la proposición de ley relativa a la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales.
Esta proposición de ley tuvo su entrada en el Senado el pasado 27 de junio de 2006, siendo publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» en la misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el pasado 8 de septiembre , fue ampliado hasta el día 14 y se tramitó por el procedimiento ordinario. Se formularon 7 enmiendas, 2 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 5 del Grupo Parlamentario Socialista.
La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales ha dictaminado dicha proposición en su sesión del 5 de octubre de 2006, incorporando la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en términos transaccionales, y las enmiendas números 3 a 7, del Grupo Parlamentario Socialista, en sus propios términos.
Por último, para su debate ante el Pleno no se han formulado votos particulares.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
En turno a favor tiene la palabra el senador Bravo.

El señor BRAVO DURÁN: Gracias, señor presidente.
Voy a hacer uso del turno a favor renunciando al turno de portavoces, para mayor agilidad.
Únicamente quiero manifestarles que mi grupo parlamentario, por supuesto, apoya esta proposición de ley, pero no sin antes realizar algunas consideraciones por cuanto creemos que quizá ha quedado un poquito corta y no resuelve todas las situaciones de discriminación, manteniéndose una cierta injusticia para algunos colectivos que, después de dedicar un cierto tiempo --en ocasiones muchísimos años-- de sus vidas al servicio a los ciudadanos, pueden verse --de hecho es así-- con el cielo y la tierra, sin protección social de ningún tipo.
Me estoy refiriendo precisamente al caso de los parlamentarios autonómicos y al de los de las Cortes Generales, del Congreso y del Senado. Por eso creemos que esta proposición de ley resuelve, pero parcialmente, el problema existente, no siendo razonable, a nuestro entender, que se afronte por fin para unos cargos públicos también parlamentarios, como es el caso de las juntas generales --creo que en el caso de Canarias es algo parecido--, y se mantenga la problemática para otros, para parlamentarios autonómicos o de las Cortes Generales.
Creo que tan cargos electos son unos --los que afortunadamente verán resuelta su situación--, como otros --los que seguirán discriminados respecto de los primeros y respecto de la ciudadanía a la que representan--. La normalidad democrática exige una igualdad --así lo entendemos nosotros al menos-- entre los responsables políticos, electos o designados, y de estos con el resto de los ciudadanos. Quizá se haya perdido una oportunidad excelente para resolver esta reivindicación histórica, totalmente justa, aunque necesitada --y lo reconocemos-- de una buena comunicación para que la ciudadanía lo entienda, pues es una cuestión siempre delicada.
Por lo menos, aunque la hayamos tachado de parcial, esta ley resuelve una parte muy importante de los problemas y de la injusticia patente que padecemos, y ya eso es suficiente para que mostremos públicamente nuestro apoyo a esta proposición de ley y, además, pidamos a los demás grupos parlamentarios que la apoyen de forma unánime y den el voto afirmativo.
Muchas gracias por su atención.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
No hay turno en contra, por lo que pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.

El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.
Intervengo únicamente para marcar la posición de nuestro grupo. También votaremos a favor de esta proposición de ley, con dos comentarios. Uno de ellos es muy similar al que ha participado ya el senador Bravo, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en el sentido de que faltan todavía algunos colectivos. Creo que esta cuestión debiera abrirse otra vez para ellos. El otro comentario es que espero que todo esto sea en beneficio del Régimen General de Seguridad Social, porque creemos necesario que debe aglutine a todos los trabajadores por cuenta ajena, absolutamente a todos. Además, esta proposición de ley debe ser el paso subsiguiente para que, tanto los trabajadores por cuenta ajena --como es el caso-- como los trabajadores por cuenta propia, se consoliden en un régimen público del que hablaremos en el futuro para su posterior reforma.
Con todo --y termino, señor presidente--, votaremos a favor, porque creemos que es un paso decisivo y fundamental, pero tal vez un poco corto.
«Eskerrik asko».

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Casas.

El señor CASAS I BEDÓS: Muchas gracias, señor presidente.
Va a ser una intervención muy breve, pero quiero hacerla desde la tribuna porque me parece que le da solemnidad a una ley que voy a votar a favor con mucha satisfacción por una razón que explicaré.


Aquí quedaba un hueco relativo a los cargos electos municipales, que es lo que ha resuelto esta ley. Podrán quedar otros flecos, como comentaba el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pero por lo que hace referencia a los cargos electos municipales, que era lo que a nosotros nos preocupaba, creo que con esta proposición de ley se cierra una situación de injusticia que se daba hasta ahora, sobre todo para los cargos electos del año 1979 hasta que entró en vigor la Ley de 1985. Creo que se ha hecho una buena ley, puesto que se ha resuelto esta cuestión definitivamente. Y me refiero a los primeros cargos electos municipales del año 79, a los alcaldes y a los concejales que tuvieron que hacer frente a una situación muy difícil. España había entrado en la democracia; se habían celebrado ya elecciones generales, pero no se habían celebrado aún las municipales --eso fue en 1979--, lo que quiere decir que la situación de los ayuntamientos era muy precaria. Es verdad que el Gobierno de la UCD --hay que reconocer los hechos tal y como fueron--, después de las primeras elecciones municipales, hizo una importantísima aportación económica a los municipios, lo que permitió a los ayuntamientos empezar a ponerse al día y comenzar a hacer lo que una sociedad democrática demandaba de sus gobiernos municipales.
Por tanto, la dedicación de estas personas a la política en aquellos tiempos creo que es meritoria, y hemos de reconocérselo. Además, este es uno de los hechos de la transición de los que más orgullosos debemos sentirnos. Me refiero a lo bien que se hizo la transición en el mundo municipal y a lo bien que acogió la ciudadanía, en general, las aportaciones de los primeros alcaldes democráticos. Dicho esto, era importante llenar este vacío legal.
Hoy he querido subir a esta tribuna para rendir un pequeño homenaje al alcalde de mi ciudad, Sabadell, don Antoni Farrés, que fue pionero en esta cuestión. De hecho, cuando dejó la alcaldía en el año 1999 empezó a tramitar todo lo relativo al desempleo, aunque sabía que no se lo iban a conceder --él no lo quería para sí--. Lo que él quería era empezar a reclamar por la vía jurisdiccional un derecho que consideraba que tenía que ser reconocido. Efectivamente, las reclamaciones judiciales no salieron bien, pero lo que sí provocó fue que distintos grupos parlamentarios se interesaran por ese tema, y hoy, a los siete años, en 2006, podemos aprobarlo ya, a través de esta proposición de ley, dejando cerrado este ciclo. Considero de justicia que el tiempo transcurrido entre 1979 y 1985 para estos cargos electos se les pueda computar a los efectos de su pensión de jubilación.
Nosotros presentamos una enmienda en el Senado, que fue aprobada, con una transacción que hicimos con el Grupo Parlamentario Socialista, que me parece razonable, referente a que en cualquier caso habrá que cubrir la cotización. Creo que este tiempo no debe quedar como un vacío, como un paréntesis para unas personas que dejaron su vida laboral porque entraron a trabajar en puestos políticos en los primeros tiempos de la vida democrática. Estas personas no tienen por qué encontrarse al jubilarse con un paréntesis, con un vacío en su jubilación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Hemos tardado siete años, pero aprovecho para loar la labor de un alcalde de los de 1979 que, por su tesón, ha provocado que al final se legisle y se resuelva este vacío legal. Insisto en que por eso he subido a esta tribuna, para rendir un pequeño homenaje a un alcalde, el de mi ciudad, que, por cierto, era de un partido distinto al mío. Si todas sus señorías pudieran hacer lo mismo que yo respecto del alcalde de sus ciudades sé que lo harían con el mismo orgullo y satisfacción con que lo hago yo ahora.
Vamos a votar favorablemente esta proposición de ley. Creo que les hemos resuelto una pequeña cuestión que estaba pendiente desde la transición a los electos municipales, a quienes hemos de rendirles homenaje siempre por la labor ingente que hicieron en un momento francamente difícil.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Burgués.

La señora BURGUÉS BARGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Esta proposición de ley, que con toda probabilidad va a aprobarse hoy, supone un reconocimiento a los cargos electos y de designación de la Administración local de la posibilidad de cotizar por desempleo, extendiéndose así el derecho a percibir el subsidio de paro cuando dejen su cargo de forma involuntaria. Esta medida se prevé también para los representantes sindicales con cargos directivos que tengan dedicación exclusiva o parcial en el cargo que desempeñan.
En el año 1985, la Ley General de la Seguridad Social incluyó en el Régimen General de la Seguridad Social a los alcaldes y concejales con dedicación exclusiva, aunque no se recogió entonces la contingencia por desempleo. Esta proposición de ley pretende corregir una desigualdad, pues hasta ahora los cargos políticos y públicos en el ámbito local o los cargos sindicales abandonaban su trabajo, despacho profesional o empleo para dedicarse a un trabajo muy digno, como es el de representante de sus ciudadanos --y en esto seguro que estamos todos de acuerdo--, pero no siempre esta dignidad de cargo electo o representante sindical es tratada con la misma honorabilidad que nosotros esperamos del resto de la sociedad. Somos los primeros que debemos darle esta dignidad y respeto y, en este caso, la aprobación de esta proposición de ley cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos.
Así pues, esta proposición reconoce el principio de igualdad ante la ley, y si todos los trabajadores tienen reconocido el derecho a la cobertura económica en una situación de paro forzoso, es de justicia que también los concejales y alcaldes, así como los cargos sindicales, tengan la protección por desempleo. Bastante les costará recuperar su situación laboral que durante un tiempo han dejado, y el abandono o el olvido no debe ser el pago por su dedicación al bien público y por su contribución al desarrollo de la democracia.


El Tribunal Constitucional se pronunció ya en el año 2004 con una sentencia que iba en el sentido de compartir la no existencia de impedimentos legales para el reconocimiento de este derecho; es más, indicaba que era una opción del legislador. Lo que vamos a hacer ahora es precisamente legislar reconociendo que existen razones de justicia y equidad para reconocer este derecho.
Es un tema en el que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo, por eso se aprobó por unanimidad de la comisión el presente texto que hoy se somete a votación. También fue aprobada una enmienda de Convergència i Unió, a la que ha hecho referencia el senador Casas, completada por una transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, que recogía un agravio histórico sufrido por aquellos concejales y alcaldes anteriores al año 1985 que, teniendo dedicación exclusiva, no cotizaron a la Seguridad Social. Fueron los alcaldes y concejales de las primeras legislaturas de nuestra democracia y, al cabo de 25 años, se han visto perjudicados en el momento de su jubilación por no haber cotizado durante unos años de su vida laboral.
Creo que superamos la injusticia sufrida por todos ellos, así que sirva hoy esta rectificación como reconocimiento a la magnífica labor que realizaron durante los primeros años de la democracia.
Votaremos, cómo no, a favor del informe de la Ponencia, y nos alegramos de la unanimidad alcanzada en esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Abad.

El señor ABAD BENEDICTO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, después de un largo y tortuoso camino recorrido, bien está lo que bien acaba y, si es por consenso, mejor. Con fecha 27 de junio de 2006 entró en esta Cámara el texto aprobado por la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados referente a la proposición de ley relativa a la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales.
Antes de continuar con mi intervención, quiero dar las gracias a la dirección del Grupo Parlamentario Socialista por su gentileza, y al senador Alonso García por la generosidad que ha demostrado al permitirme el honor de intervenir en esta proposición de ley que viene a zanjar una gran injusticia con el municipalismo y a dejar la huella de un senador municipalista en ella. También quiero hacer constar la valoración, la sensibilidad y la predisposición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió posibilitando las transaccionales necesarias para que esta proposición salga limpia con el voto unánime de toda la Cámara. Con ello, como ya se ha dicho anteriormente, se repara una herencia de la legislación anterior que dejaba sin derechos a los concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas que ostentaron sus cargos entre el año 1979 y 1985, cuando entró en vigor la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En estos momentos, señorías, un municipalista como yo, con casi 24 años a sus espaldas de dedicación a lo local, no puede por menos que sentir una gran satisfacción ya que en mi historia personal llevo peleándome particularmente contra esta sinrazón más de 20 años. Baste recordar aquella asamblea extraordinaria de La Coruña de 1993, donde ya se tenía que haber marcado la hoja de ruta para dar respuesta a esta situación, y nunca fue el momento en función de lo que pensaran los ciudadanos.
Hoy, modestamente, los casi 55.000 --más de 55.000-- cargos electos locales de los 8.000 ayuntamientos que cada cuatro años, desde 1979, son elegidos en las urnas, la mayoría de los cuales vienen desempeñando su trabajo con gran altruismo, podrán dormir un poco más tranquilos porque, aunque tarde, este Gobierno --digo bien: este Gobierno-- y el conjunto de los grupos que configuran el arco parlamentario de las dos Cámaras, el Congreso y el Senado, por consenso, zanjarán una discriminación escandalosa y una deuda histórica con el municipalismo español.
Por fin este sí ha sido el momento, y las razones formales que impedían dar solución a esta situación han sido superadas por los que tenemos que legislar, por los legisladores, gracias a la voluntad de todos y todas, por razones de justicia y equidad con el municipalismo español, que han justificado la equiparación de dichos derechos con los de los trabajadores por cuenta ajena. Vaya nuestro más sincero homenaje para ellos, así como nuestro reconocimiento al importante trabajo realizado por muchos alcaldes y alcaldesas, por muchos concejales y concejalas, a lo largo de estos casi 28 años en sus gobiernos, y a todas y a todos los sindicalistas que tanto ayudaron a consolidar este Estado de derecho.
El grupo de senadores y senadoras socialistas no puede más que apoyar, lógicamente, esta proposición de ley y votar afirmativamente corrigiendo una gran injusticia.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández Sánchez.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con su venia, señor presidente.
Señorías, efectivamente, tal y como han ido manifestando los distintos portavoces de los restantes grupos parlamentarios, nuestro grupo también es consciente de que era una deuda histórica con aquellas personas que han trabajado, que han dado todo lo que han podido y han sabido en favor de la democracia y, sobre todo, en favor de muchos municipios, muchas entidades y corporaciones locales, y en bastantes casos también dedicados a la actividad sindical. Porque aun cuando el Tribunal Constitucional
--como se ha dicho antes--, en el año 2004, ya previó esa posibilidad por parte del legislador, es verdad

que estábamos ante una laguna concreta, y esto no se llevaba a cabo.
Queremos hacer constar en el «Diario de Sesiones» que el proyecto de ley que hoy vamos a refrendar todos --y somos conscientes de que estamos con ellos-- es un gesto no solamente de complacencia con aquellas personas que nos han precedido y que, como antes ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista municipalista, han actuado y trabajado para su municipio, sino que también es un gesto de valentía el que se reconozca aquí que no es ninguna prebenda para nadie, sino un derecho que han adquirido determinados concejales, diputados provinciales, alcaldes, alcaldesas, presidentes de cabildo y un largo etcétera. Repito que es un gesto de valentía y no de prebenda el que hoy se les reconozca, al igual que se hace con los trabajadores de otras empresas. Los trabajadores de otras empresas que están en el Régimen General por el mero hecho de cotizar --como han hecho estos, ni más ni menos-- tienen el derecho a esa prestación de jubilación, de invalidez o llamémosle como sea, y también de desempleo, un derecho adquirido que no es ni más ni menos que equipararlos al resto de los trabajadores.
En este caso no hay ninguna mejora por la que pueda interpretarse que los políticos y los grupos parlamentarios nos ponemos de acuerdo para consensuar algo que parece ser que a algunos les viene bien. No se trata de eso. Repito que es un gesto de valentía, y así lo digo en nombre de mi grupo parlamentario. Es un reconocimiento expreso, claro, medianamente claro, para todas esas personas que han trabajado.
Hay dos cuestiones que voy a sacar a colación por su aspecto puramente legal y jurídico. Me refiero a cómo se matiza en los artículos primero y segundo del proyecto de ley la forma involuntaria de cese cuando alguien es concejal, diputado provincial, presidente de un cabildo o alcalde.
Porque a mitad de legislatura, por cualquier causa de cambio o cualquier situación de pacto que pueda haber en un ayuntamiento puede decirse que es una forma voluntaria o involuntaria de cese por la mayoría del pleno de la corporación.
Esperemos que el Gobierno regule --tiene obligación de regularlo por real decreto-- estas situaciones involuntarias y pasen al ámbito de la Seguridad Social y del desempleo. Está claro que cuando en los ayuntamientos o corporaciones locales alguien cesa cuando termina su mandato, es una forma involuntaria por la no continuidad en el cargo en que uno se encuentra. Pero muchos grupos parlamentarios han estudiado a fondo este proyecto de ley y muchos partidos políticos también han estudiado lo que pasa con las personas que llevan muchos años en la vida municipal --el que les habla va también para 24 como acaba de decir el portavoz socialista, en el municipio de Cádiz-- y no hayan cotizado, o lo hayan hecho a tiempo parcial, a la Seguridad Social. Como digo, los partidos políticos han meditado la situación de estas personas que llevan veintitantos años en la vida municipal.
Esta situación da lástima. No puede seguir por más tiempo. Todos somos conscientes de que quien termina su mandato y no quiere continuar o no puede o el grupo parlamentario o político al que pertenece entiende que no debe continuar como concejal, diputado, o lo que sea, tiene legítimamente derecho, porque ha cotizado, a esa prestación por desempleo de la Seguridad Social.
Durante el período de 1979 a 1983 no se cotizó porque la ley de bases no lo contemplaba. Por ello, habrá que ver como se regulariza esa «vacatio legis» para que esos concejales, alcaldes, tenientes de alcaldes, puedan tener un período de carencia que se pueda contemplar en el momento de su jubilación o para cualquier prestación, por ejemplo, por invalidez.
En el caso de desempleo sí me preocupa algo. Hoy en día, las empresas cuyos trabajadores están prestan servicio por cuenta ajena están aportando un 5,75 por ciento para el contrato indefinido, y el trabajador aporta el 1,55 por ciento. Ocurre lo mismo con los temporales y con los trabajadores a tiempo parcial. Sin embargo, hoy por hoy, con la ley en la mano, para aquel concejal que tiene dedicación exclusiva o parcial no se contempla la posibilidad de abonar la parte del fondo de garantía y en este caso también la parte de desempleo. El fondo de garantía no es motivo ahora de discusión en esta Cámara porque no estamos hablando de él; sin embargo, el desempleo sí se contempla.
Si cuando llegue mayo del año 2007 determinados concejales, diputados y cargos públicos van a pasar a esa situación involuntaria de desempleo, si no han cotizado en la parte proporcional --a lo que la ley no les obligaba-- al desempleo el propio INEM podría decirles que no cotizaron para algo que tenían derecho a percibir.
Es un tema preocupante que el Gobierno debe contemplar, y quiero que conste en el «Diario de Sesiones». Si yo hoy, como concejal, con dedicación exclusiva o parcial, no cotizo --como empresario, el ayuntamiento, o como trabajador, el concejal-- para esa situación de desempleo, difícilmente pueden decirme luego que tengo un derecho adquirido, aunque haya cotizado a la Seguridad Social en el ámbito total del Régimen General. Sin embargo, en esa cláusula no se cotiza.
Es verdad que hay ayuntamientos que cotizan por todos sus trabajadores por lo mismo. Pero la ley hoy no contempla que cotice por desempleo a quien es concejal, diputado provincial, alcalde o cualquier cargo público, como he dicho antes. Dicho esto, habrá que regularlo en los seis meses posteriores a la promulgación de esta ley, una vez publicada en el Boletín Oficial, para que el Gobierno contemple la posibilidad de que cualquier ayuntamiento, diputación o entidad que tenga en su haber a ese trabajador por cuenta ajena, le dé por cotizado el tiempo que tuvo que estar como tal para que tenga derecho a la prestación por desempleo. El desempleo tiene un tope máximo de dos años, por lo tanto, sería igual que para el resto de los trabajadores. Sin embargo me preocupa que, para obtener un año de desempleo, hagan falta prácticamente 4 meses de cotización. Entonces, ¿qué ocurre? Que el INEM puede decir que no se cotizó por esa contingencia determinada y no se tenga un período de carencia. Por lo tanto, creo que es bueno que se dé la posibilidad de cotizar a estos ayuntamientos, si no lo han hecho, con carácter retroactivo por esa contingencia que no han tenido, para que puedan conservar

el derecho adquirido a la cotización. Esta es la salvedad que quería hacer, porque el tema nos preocupa, pues creemos puede afectar a cualquier concejal, diputado provincial o alcalde de cualquier ciudad de esos 8.000 municipios de que hablábamos antes.
Por lo demás, señorías, nuestro grupo parlamentario considera que este derecho salda una deuda histórica con los concejales que han trabajado por su ciudad, que se han entregado en cuerpo y alma a una labor política municipal encomiable. Por lo tanto, desde mi grupo parlamentario repito que entendemos que no es en absoluto ninguna prebenda, sino un derecho que hacía tiempo debían tener en su haber. También nos congratulamos de que todos los grupos del arco parlamentario sean conscientes de que esto supone una mejora para aquellas personas que, habiendo trabajado, pasan momentáneamente por una situación de desempleo o de falta de cobertura de Seguridad Social, pues son personas que tienen un derecho adquirido por haber cotizado, porque ese derecho es suyo y les pertenece.
Nada más, señorías, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Finalizado el debate, someteremos a votación este dictamen después de la discusión y votación del proyecto que se empezará a debatir a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las catorce horas y diez minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES (S. 621/000068).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Pérez Sáenz.

El señor PÉREZ SÁENZ: Gracias, señor presidente.
El proyecto de ley orgánica que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo entrada en esta Cámara el día 30 de junio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó, tras su ampliación, el día 18 de septiembre.
A este proyecto de ley orgánica se presentaron dos propuestas de veto
--la número uno, del senador Cuenca Cañizares, y la número dos del señor Urrutia Elorza--, así como 177 enmiendas distribuidas de la siguiente manera: 40, del señor Cuenca Cañizares; seis, del señor Jorquera Caselas; 19, del señor Urrutia Elorza; cuatro, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 28, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 54, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; nueve, del Grupo Parlamentario Socialista, y 17, del Grupo Parlamentario Popular.
La ponencia, integrada por don Félix Ayala Fonte, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, don Luis Badia i Chancho, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don Miquel Bofill Abelló, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista, doña María del Pilar Fernández Pardo, del Grupo Parlamentario Popular, don Carlos Gutiérrez González, del Grupo Parlamentario Popular, don Francisco Jesús Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, doña María Antonia Martínez García, del Grupo Parlamentario Socialista, y don Joseba Zubia Atxaerandio, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, se reunió el día 5 de este mes y emitió informe en el que, tras rechazar las propuestas de veto, aprobó algunas enmiendas, bien en su formulación original o bien por medio de texto transaccional, e introdujo algunas correcciones técnicas, todo ello en los términos que constan en la correspondiente publicación. La ponencia se volvió a reunir el día 10, introduciendo ulteriores modificaciones en su informe, como consecuencia de la aprobación de diversas enmiendas, bien en su formulación original o bien en forma de enmiendas transaccionales. La comisión se reunió para dictaminar el mismo 10 de octubre y, tras rechazar las propuestas de veto a las que antes se ha hecho referencia, aceptó en todos sus términos la última propuesta que le había elevado la ponencia.
El proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, tal y como se somete a debate y votación del Pleno del Senado, consta de un artículo único, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, precedido todo ello de un preámbulo. Han presentado votos particulares al dictamen de la comisión, para que se debatan en la sesión plenaria, el señor Urrutia Elorza, el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y el Grupo Parlamentario Popular. También se han mantenido para su defensa ante el Pleno las dos propuestas de veto.
Señor presidente, he concluido la presentación del dictamen.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Gobierno ha solicitado la palabra. Tiene la palabra el ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.


Uso la palabra en este Pleno del Senado a la vista de la importancia del trámite que tiene lugar aquí sobre una iniciativa legislativa que considero principal y muy representativa de la agenda ambiciosa que acometí en el arranque de esta legislatura como ministro de Justicia. En ambas Cámaras anticipé que la intención era servir simultáneamente a tres objetivos: el refuerzo de los derechos de ciudadanía, la mejora de la capacidad del sistema judicial para proteger esos derechos de ciudadanía, y al mismo tiempo, garantizar la seguridad en un mundo incierto, en un mundo cada vez más inseguro.
Señorías, esta iniciativa legislativa que esta tarde se va a votar en el Senado sintetiza muy bien esos tres objetivos, y en este sentido quiero agradecer el esfuerzo realizado por sus señorías para contribuir a su enriquecimiento, así como a perfeccionar una iniciativa del Gobierno que considero muy adecuada y que, además, se coordina con la capacidad del legislador de mantener firme el horizonte y el objetivo, al mismo tiempo que se es capaz de flexibilizar la respuesta o adecuarla a los cambios que la realidad vaya imponiendo.
La Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor del año 2000 es una norma reciente dentro de nuestro ordenamiento jurídico que puso de manifiesto el desarrollo avanzado de nuestra democracia constitucional, la necesidad de especializar la respuesta sancionadora y correctora del menor, y consiguientemente de la jurisdicción destinada a servir su reforma y su corrección cuando el menor infringe el ordenamiento penal.
Muy recientemente, pero concentrado en muy pocos años, se ha puesto de manifiesto la necesidad de adecuar esta respuesta; han surgido nuevos fenómenos, como el de la criminalidad juvenil organizada, el de la victimización secundaria del menor o el del acoso escolar, que constituyen ejemplos de la oportunidad de adecuar la respuesta y poner en hora la legislación al respecto. Por todo ello introdujimos en nuestra agenda para esta legislatura una reforma razonable de la ley del menor que preservase, como eje vertebral de esta legislación, el interés supremo del menor, su protección y su garantía en una jurisdicción especializada, pero que al mismo tiempo adecuase la respuesta al menos en tres ámbitos: mejor protección de la víctima; potenciación de la capacidad de la jurisdicción especial de menores de individualizar y adecuar la respuesta, de singularizarla con respecto al supuesto concreto, y por último, incorporación de algunas reformas técnicas que, de acuerdo con del testimonio de los especialistas y de los funcionarios que a esto se dedican, parecían oportunas y necesarias.
Señorías, creo que a lo largo del trabajo desarrollado por las Cámaras se han conseguido esos tres objetivos. Desde el punto de vista de la protección de la víctima, se ha mejorado su tratamiento, al menos en tres planos: la víctima directa del delito, a través de la articulación de la participación de la acusación particular en el proceso; a través de la encomienda del deber del secretario judicial de informar a las partes y a la víctima en todo el procedimiento de las actuaciones que le interesan; a través del perfeccionamiento del régimen de depuración de la responsabilidad civil simultánea a la penal, y a través de la introducción de la medida de alejamiento o incomunicación del agresor con respecto a la víctima en el juicio especial de menores, tanto en delitos como en faltas.
Por lo que se refiere al menor que ha sido víctima de un delito, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal en un sentido que creo ha sido ampliamente comentado y que ha tenido alguna presencia en los medios de comunicación que han seguido esta iniciativa legislativa. Y por lo que se refiere a la victimización secundaria, se mejora el régimen de internamiento en régimen cerrado de aquellos menores que puedan ver lesionada o amenazada su seguridad como consecuencia de su convivencia en los centros con menores que tengan un perfil de mayor dificultad en cuanto a su resocialización y reeducación para la vida en libertad. Las nuevas respuestas a las nuevas situaciones integran, como he señalado, el tratamiento especial a los menores integrados en bandas, la criminalidad juvenil organizada y también algunas respuestas especiales frente a los delitos más graves que puede cometer un menor.
Finalmente, en el capítulo de las reformas técnicas, tanto el nombramiento del segundo fiscal, como la duración de las medidas cautelares, como la prescripción de las faltas o la previsión de que se pueda imponer medida de alejamiento y libertad vigilada en caso de condena por faltas, ponen de manifiesto que hemos cumplido con nuestro deber, mejorando la legislación actualmente vigente.
Pero solo quería, sin reabrir el debate, reconocer la aportación que se ha efectuado en esta segunda Cámara. Nuestro Parlamento es bicameral y ambas cámaras pueden aportar valor añadido, ambas pueden perfeccionar las iniciativas legislativas tanto cuando proceden del Congreso de los Diputados como proposición de ley, como de forma muy especial cuando proceden del Gobierno como proyecto de ley, y creo que este ha sido el caso. Se ha hecho un buen trabajo, lo quiero reconocer. La Comisión de Justicia del Senado ha regresado a la posición inicial del Gobierno, que es la que pretendía que a partir de los 18 años los delitos cometidos por menores pudiesen ser enjuiciados por la jurisdicción penal directamente, por los juzgados de lo penal, en el sentido de cumplir así mejor esa línea divisoria que sitúa la plena responsabilidad de los 18 años y, por su parte, contribuir a no sobrecargar o sobresaturar la jurisdicción especial de menores.
El Senado ha mejorado también la garantía de la ejecución de las medidas que se pueden imponer por menores que infringen el ordenamiento estableciendo la figura del llamado juez de la ejecución, que debe entender cómo se aplican todas las medidas que se imponen eventualmente sobre un mismo menor y velar así por el cumplimiento del objetivo correccional, reeducador y rehabilitador para la vida en libertad y en responsabilidad de los menores que han delinquido.
Igualmente, se ha mejorado la protección de la víctima, de modo que se reconoce a la acusación particular su presencia durante la instrucción y durante el enjuiciamiento, sin perjuicio de la función distintiva que corresponde al Ministerio Fiscal en la garantía del interés supremo del menor. Y ha contribuido el Senado también a

clarificar la responsabilidad de los poderes públicos a través de las administraciones serviciales, reeducativas de los centros de menores, de modo que se despeja así una parte especialmente ingrata del debate que ha orbitado en torno a la idea de la privatización de algunos de los servicios correccionales o reeducativos del menor, garantizándose que serán funcionarios al servicio de las administraciones públicas o contratados laborales los que deban entender, en aquellas comunidades autónomas transferidas como territorio del Estado, la garantía de la ejecución de estas medidas. Se preserva, finalmente, la intervención cautelar mediante internamiento cerrado de la posibilidad de que la mera reiteración de infracciones, independientemente de su calificación como graves, menos graves o leves, pueda determinar la privación de libertad.
Hay un punto en la Cámara de representación territorial que tampoco debo pasar por alto para reconocer el trabajo de sus señorías, y es el relativo al compromiso de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en su aplicación del principio de lealtad institucional, se ocupe, en el marco de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, de evaluar el impacto de estas modificaciones que introducimos en la ley orgánica de responsabilidad penal del menor sobre las competencias y, consecuentemente, sobre las obligaciones de gasto de las comunidades autónomas.
Finalizo agradeciendo, porque no he querido entrar en ningún punto de los que han sido legítimamente debatidos por esta Cámara, el trabajo de todos los grupos parlamentarios y de forma muy especial de los que han mostrado su disposición a apoyar esta iniciativa que por su carácter orgánico hará bien en salir de las Cámaras apoyada por la mayoría más amplia posible y desde luego por la cualificada, que distingue su caracterización como ley orgánica en nuestro ordenamiento en la votación definitiva que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados después del trámite de enmiendas en el Senado. Gracias, por tanto, a los grupos parlamentarios de Convergència i Unió, Entesa Catalana, Grupo Vasco, Coalición Canaria, Grupo Mixto y, por qué no también, al Partido Popular por el trabajo de aportación, aun cuando no haya comprometido su voto al impulso de esta modificación legislativa que entiendo muy puesta en razón y muy expresiva de esta determinación del legislador de actualizar y poner en hora la legislación a la luz de la realidad.
Creo que la delincuencia juvenil está emergiendo con mucha fuerza en el paisaje de la criminalidad y de la inseguridad en España, y por tanto es perfectamente razonable que, de forma reflexiva, tomándonos nuestro tiempo, sin ceder a ninguna demagogia y, por supuesto, sin ninguna concesión al populismo punitivo, ninguna, este Parlamento intente adaptar la respuesta normativa a las necesidades y a la sensibilidad inmensamente mayoritaria de esta sociedad, al mismo tiempo que preserva, cómo no, el interés supremo del menor como un valor irrenunciable de nuestro orden de convivencia.
Por el trabajo efectuado, muchas gracias a todas las señorías que componen el Senado, y a sus grupos parlamentarios. Muchas gracias por su atención. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señorías, pasamos a continuación a debatir las propuestas de veto. En primer lugar, la del senador Urrutia Elorza, que tiene la palabra.

El señor URRUTIA ELORZA: «Mila esker presidente jauna, arratsalde on guztiori.» Muy buenas tardes a todos. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias por su presencia y por la presentación de este proyecto. También le doy las gracias por su reconocimiento a todos los grupos, y en especial al Grupo Parlamentario Mixto, que es buena señal, aunque dicho grupo tenga dos vetos, pero son dos vetos positivos, señor ministro.
Le habla un senador de Eusko Alkartasuna, perteneciente al País Vasco, comunidad que está haciendo frente con total autenticidad, con total cariño y con total responsabilidad a un problema de gran calado y de gran entramado para el futuro de la gente joven. Señorías, Eusko Alkartasuna en el Congreso de los Diputados ya planteó la enmienda a la totalidad; al final se abstuvo, porque creía --a pesar del pequeño consenso, que luego no se cumplió del todo-- que algunas de las enmiendas que se habían incorporado se iban a inscribir dentro del proyecto de reforma. No fue así, y la diputada Lasagabaster ya anunció que, si no se incorporaban, en el Senado presentaríamos enmienda a la totalidad.
La enmienda a la totalidad se hace con un carácter absolutamente positivo, porque nos parece un proyecto de gran calado, de cara al futuro de la gente joven, de casi niños entre 16 y 18 años, que necesitan horizontes, no leyes o reformas donde prevalezca el carácter punitivo, el carácter sancionador. Reformas que lo que quieren es acallar --a nuestro modo de ver-- la alarma social, el miedo a las bandas de gente joven; la gente joven tiene sus problemas, está claro, pero hay que darles otras salidas y otros horizontes; hay que reeducarles, hay que reintegrarles, hay que buscar un horizonte positivo para ellos, y en Eusko Alkartasuna pensamos que con este proyecto de reforma de la Ley 5/2000, de 12 de enero, no se consigue.
Además, hay un tercer motivo que nos ha impulsado a presentar esta enmienda a la totalidad, enmienda que nos rasga un poco el corazón, pero lo tenemos que hacer en todo caso, que es el problema de la financiación que se les presenta a las comunidades autónomas si quieren llevar a efecto todas las medidas --que así se llaman-- que se ponen en práctica en este proyecto de reforma que estamos analizando.
Pero lo cortés no quita lo valiente, ni mucho menos, y tenemos que decir que, a pesar del trámite en el Congreso y en la Comisión de Justicia del Senado, debate en el que tengo que agradecer a la senadora Martínez García y al senador Díaz Tejera su colaboración, porque creo que hemos dialogado de forma muy positiva, cada cual ha analizado las distintas posturas y ha habido acercamientos, y así hay que manifestarlo, todavía el proyecto, a nuestro modo de

ver, queda bastante corto, bastante cojo, y el aspecto sancionador es grave.
Se han apoyado aspectos como la no supresión de la aplicación de la Ley 5/2000 a los mayores de 18 años y menores de 21. También hemos de valorar positivamente que se haya regulado mejor la competencia judicial para la ejecución de ciertas medidas y se haya establecido la protección a los menores a los que se aplique una medida de internamiento. También se ha apoyado que se garantice la irretroactividad de la reforma. Pero aun cuando estos aspectos son positivos y han mejorado su tratamiento en el Congreso y en la comisión del Senado, señorías, no podemos aceptar varios puntos que para nosotros son traumáticos y rompen una adecuada filosofía de cara al futuro.
Primero, no podemos admitir --esto es grave para nosotros-- la competencia excepcional de la Audiencia Nacional, que consideramos tribunal excepcional, que no debiera existir en un país democrático. Los tribunales superiores de Justicia de los distintos territorios debieran tener la competencia. Por tanto, no podemos trasladar a los menores a la Audiencia Nacional.
Señorías, este es un tema grave para nosotros y es el primer motivo por el que no podemos admitir este proyecto de ley. La libertad vigilada y las tareas socioeducativas de hasta seis meses por una simple falta constituye una sanción excesiva, máxime cuando su incumplimiento puede conllevar el internamiento. Por otra parte, el sistema de ejecución de medidas juveniles supone una carga importante.
Con respecto al artículo 10, no podemos admitir que se incremente en un año la duración de las medidas.
Respecto al artículo 14 y la mayoría de edad del condenado, debiéramos haber sido más restrictivos para que una persona de 18 años pueda ingresar en prisión. Ello adolece de una imprecisión que puede dar lugar a enorme inseguridad jurídica y arbitrariedad. Podemos crear un cuerpo de jóvenes de 18 años que por entrar en la cárcel sea carne de cañón, elemento de mayor crispación, de mayor tensión y mayor violencia. No, no podemos aceptar esto.
Tampoco podemos aceptar la prórroga del internamiento cautelar hasta nueve meses, seis de manera ordinaria y tres más de forma prorrogada. Y en el artículo 14 no se determina la edad de paso automático a prisión en los 23 años, como se le había ofrecido a Eusko Alkartasuna en el Congreso de los Diputados; no ha sido así.
Señorías, estamos ante un proyecto que intenta configurar una columna vertebral en el endurecimiento de la ley penal. Queremos sancionar y crear sensación de miedo y tensión. No, señorías, tenemos que buscar procedimientos para que a la gente que haya llegado a este punto con edad juvenil la podamos reeducar y buscar soluciones de futuro, ofreciéndole posibilidades de trabajo e integración en la sociedad civil.
Hablando de réquiem, habitualmente podría pensarse en el de Mozart o en el de Verdi, pero este es el réquiem de la ley del menor, el réquiem de la justicia juvenil. Estamos creando situaciones en que la sanción debiera ser tratada como instrumento de responsabilización en cuanto a tiempo, en cuanto a forma y en cuanto a educación. Sin embargo, lo que estamos trasladando es que la sanción tenga como única finalidad calmar la alarma social. Señorías, tenemos que tener cuidado con este proyecto porque puede generarnos problemas ya que la idea de la sanción como tal y sin más no tiene carácter de cara al futuro.
Quisiera tocar otro punto, para mí fundamental, que es el de la financiación y el problema que se les plantea a las comunidades autónomas si este proyecto de reforma se quiere cumplir a punta de lanza con un carácter no eminentemente sancionador --es decir, que cada cual se quede encerrado en la cárcel, y ahí termine-- sino de reeducador.
Les voy a hablar, primero, de lo que está pasando en el País Vasco, sin menospreciar a las demás comunidades autónomas, por las que siento un total y absoluto respeto, cariño y cercanía. El País Vasco, desde 1996, ha venido haciendo un esfuerzo presupuestario importantísimo; tanto el Gobierno vasco, el departamento de Justicia y el departamento de Seguridad Social y las tres diputaciones forales, que también tienen cometido por la Ley de territorios históricos, y en algunas de esas diputaciones tanto el PP, como el PSOE, están actuando con verdadero rigor --lo tengo que decir y no me importa, no se me caen los anillos-- y se están gastando una gran cantidad de dinero. Para ejecutar las 235 medidas que se llevaron a cabo en el año 2000 a fin de solventar los problemas con la gente que estaba incorporada en los centros de acogida, o para ejecutar las 1.054 medidas que se aplicaron en 2005 y las más de 1.300 medidas para solventar los problemas de cada uno de los incorporados o de varios de ellos, se están generando crecimientos presupuestarios que cada dos o tres años duplican los presupuestos. El cometido financiero es tan importante que si se quiere llevar a rajatabla esta ley, va a hipotecar a las comunidades autónomas y también al Estado, de forma que en la disposición adicional única ya se recomendaba al Consejo de Política Fiscal y Financiera que hiciera --y perdónenme la alusión baloncestística-- un «pressing» en todo el campo al vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, señor Solbes, para que en este presupuesto del año 2007 fuera generoso e incrementara las partidas presupuestarias. Desde un punto de vista real y oficial de esta reforma, el crecimiento puede estimarse --según los datos del País Vasco-- de un 20 a un 28 por ciento. Y esto no sólo pasa en el País Vasco, territorio que forma parte de Europa y que está situado en el punto más septentrional, porque en el punto más meridional, según el senador Melchior Navarro, en Canarias --y tengo aquí el texto oficial--, el responsable del Centro de Internamiento de Menores de Gáldar ha hecho un comentario que refuerza la filosofía de este pobre senador de un partido pequeño, como es Eusko Alkartasuna, pero que plantea un problema delicado como es el de financiación, porque el problema de los menores y el de esta ley, además de espíritu y de filosofía, es de dinero, y cuando el problema de dinero no se tiene resuelto, las soluciones humanas y sociales no suelen tener un recorrido positivo. El responsable directo del centro de internamiento dice que cada menor ingresado en un centro de régimen cerrado --y estoy hablando de la Comunidad de Canarias, no he querido echarme el farol del País Vasco-- supone para el patrimonio

público un gasto de más de 180 euros, 30.000 de las antiguas pesetas, un precio superior a una habitación con vistas al mar y un hotel de cinco estrellas con talasoterapia incluida; esa es la realidad. Si se quiere llevar a la perfección, esta ley exige una colaboración importante por parte de monitores, de tutores, de especialistas y de psicólogos, además de las obras y las instalaciones que son necesarias para actualizar el comportamiento y la posición de estas personas que necesitan una reeducación, una integración y una incorporación a la sociedad, y no podemos dejarles que terminen en una situación bastante tenebrosa, en cárceles.
Termino, señorías, replanteando una vez más cuáles son los motivos por los cuales este senador ha planteado esta enmienda a la totalidad.

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.

El señor URRUTIA ELORZA: Termino, señor presidente.
Creemos que el carácter punitivo y sancionador es lo que ha primado en esta ley cuando lo que debía haber primado es la voluntad de integración, de recuperación, de que esas personas que lo necesitan puedan ver un horizonte.
En mi opinión, lo que se pretendía era sobre todo calmar una alarma social; a la sociedad hay que decirle que estas personas pueden tener horizontes si se les ayuda; con trabajo, con dedicación y con el esfuerzo de todos puede haber soluciones para estas personas que han tenido una infancia o una familia un tanto desintegrada o con problemas, lo que sí es necesario es dedicación, tiempo y recursos. (El señor Urrutia continúa su discurso en euskera, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»). «Legebiltzarrean, EAK erabateko zuzenketa aurkeztu zuen lege-proiektu honentzat. Eta hemen Senatuan ere, gure botua ezezkoa izango da.» Digo, y termino, que en el Congreso EA presentó una enmienda a la totalidad a este proyecto y aquí en el senado nuestro voto también será negativo.
Muchas gracias, señoría, «arratsalde on».

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para debatir el segundo veto, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Cuenca Cañizares.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, gracias por estar presente en el debate de este proyecto de ley.
Simplemente con la lectura de lo que argumentamos en la presentación de este veto sería suficiente para explicar cuál es la posición de Izquierda Unida en este proyecto de ley. Pero permítame que haga algunos comentarios que concreten más nuestra explicación a la hora de presentar el veto.
Quizá este debate, si fuéramos sensibles, debería ir precedido de una reflexión de por qué los jóvenes realizan actividades que son de carácter punitivo. Deberíamos intentar ver las causas que lo generan para posteriormente trabajar en ellas, invertir, llevar a cabo acciones positivas para evitar que caigan en actitudes punitivas. Ese sería el primer objetivo, al que deberíamos ser sensibles a la hora de abordar una ley de estas características.
Lo segundo que nos deberíamos plantear es que, si aun así ocurre, cuáles serían las mejores acciones desde una vertiente progresista y de izquierdas para intentar atajarlas, cómo reincorporar a ese joven que ha delinquido, cómo vamos a trabajar o vamos a llevar a cabo acciones de carácter positivo para reincorporarles a la sociedad, al trabajo y a la actividad cotidiana. Todo ello, repito, si fuéramos sensibles a la hora de abordar una ley de estas características y si no estuviéramos condicionados por dos cuestiones: la primera, la presión mediática, cuando surgen hechos muy serios e importantes, rápidamente, y sin analizar los dos conceptos a los que me he referido anteriormente, se legisla, se dictan normas y cada vez que se modifica una ley siempre es para dar una vuelta de rosca más en algunos apartados. Pero ya nos olvidamos de los dos conceptos principales que he enumerado, la sensibilidad a la hora de abordar los orígenes o las causas que generan que un joven o una joven pueda cometer unos actos de esas características y hallar las mejores condiciones para reintegrarle y reincorporarle a la actividad cotidiana de la ciudadanía.
Por tanto, la reforma de esta ley está condicionada fundamentalmente por la presión mediática, pero nos olvidamos de que deberíamos tener una sensibilidad especial y pensar que legislar no es responder a la demanda mediática de un momento dado, sino invertir en futuro para que esas acciones no ocurran y, caso de que ocurrieran, poder reincorporar a aquellas personas que las han cometido.
Hay que dejar claro que este proyecto de ley modifica una ley orgánica del año 2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; por ello, la primera pregunta que debemos hacernos es qué ha fallado para que apenas en seis años haya que modificarla, y darle una vuelta de rosca más.
A nuestro juicio, han fallado dos aspectos fundamentales: el primero, que la ley de 2000 surgió sin la memoria económica necesaria que la hiciera viable y, el segundo, es que los recursos necesarios para llevar adelante una ley fundamental para la atención y reeducación del menor, que se basaba en diferenciar la atención de los menores de la de los adultos, ha brillado por su ausencia; no ha habido recursos para poder llevarla a cabo.
Señorías, señor ministro, entiendo que para reeducar a los menores no es suficiente una ley, y los pedagogos, los que trabajan en el mundo educativo lo saben mejor que el que les habla. Estamos hablando de reeducar a los menores, y lo primero que deberíamos preguntarnos es si pretendemos reeducar bien a estos jóvenes o simplemente trasladarles a la cárcel, a un centro penitenciario. ¿Qué ocurre, pues, con la reeeducación, con la sensibilidad política a la que me he referido, y con lo de ver las cosas desde otra vertiente? Entendíamos, repito, que esta ley pretendía reeducar pero vemos que no es así.
Este proyecto que debatimos va en la misma línea que la ley del año 2000 que pretende modificar; tampoco hay

memoria económica y presumimos que si ocurren algunos hechos graves --ojalá que no-- en los próximos años volveremos a modificar esta ley de nuevo porque tendrá los mismos vicios y los mismos problemas que la del año 2000, no hay memoria económica y tampoco se habla de los recursos económicos. Como veremos posteriormente, en el turno de defensa de las enmiendas, se encarga a las comunidades una determinada actividad, y el ministerio viéndolas venir. Por tanto, no hay sensibilidad a la hora de abordar una ley, analizando principalmente los elementos que generan los problemas para legislar; no habla de reeducación ni tampoco hay memoria económica, ni recursos económicos adicionales para trabajar en esta materia.
Esta ley ha tenido una aplicación dispar en las diferentes comunidades con dos elementos en común: la falta de recursos y la falta de inversión en la reeducación de los menores.
Ministro, tampoco se ha cumplido un mandato contenido en la ley que pretende modificar cuando hablaba de valorarla y evaluarla transcurridos cinco años. ¿Por qué no se puede valorar y evaluar? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está la memoria? ¿Dónde está la documentación que se haya remitido a las Cámaras para analizar y constatar los argumentos que el ministro ha defendido aquí? Al menos nosotros no lo tenemos. ¿Cómo sabemos si se ha cumplido o no los objetivos que había establecido la ley del año 2000? ¿Qué datos manejan ustedes para hablar de esta reforma? Porque le tengo que decir que los datos están confrontados con diferentes estamentos del ámbito judicial y, por lo tanto, tenemos esa dificultad.
Tras esta explicación sobre cómo lo están haciendo ustedes, nos cabría preguntarles ahora si no están actuando con presión a la hora de plantearse esta cuestión. A nuestro juicio, para abordar una ley de estas característica hay cuatro elementos que marcan el desarrollo de la atención en la responsabilidad penal de los menores: la fiscalía, los equipos técnicos, la jurisdicción y los recursos disponibles de las administraciones públicas. Pero ministro, estos cuatro elementos o pilares, para que esto funcione, no son posibles si no hay recursos económicos. Como consecuencia de que no hubo recursos económicos en la ley del año 2000 que pretende ahora modificar, tenemos estos problemas y ustedes, en vez de poner recursos económicos para evitar que se sigan produciendo, lo que hacen es dar una vuelta de rosca en el propio proyecto de ley que presentan aquí.
Como no hay recursos, se baja de 23 a 21 años la edad para que un menor pase a un centro penitenciario. Vamos a quitárnoslos de un sitio y los pasamos a otro. ¡Está el tema como para hacer esto! Por eso hacía referencia al principio a la sensibilidad a la hora de abordar una ley de estas características.
No nos presentan una buena ley, ministro, porque para ocultar que no ponen recursos económicos, nos presentan una reforma más dura y con un mensaje que mandan a la sociedad. Lo que no sabemos es si ese mensaje será positivo y eficaz o volveremos a estar dentro de unos años otra vez en las mismas condiciones; a lo mejor no discutiendo con usted pero sí con el que corresponda en ese momento.
El proyecto de ley, a nuestro juicio, se aleja del interés del menor. Se mantiene el incremento punitivo. Un ejemplo es que se puede llevar a la cárcel desde los 18 años excepcionalmente, y a los 21 años de forma ordinaria. Se mantiene el régimen penitenciario para los menores en edades anteriormente descritas y, en definitiva, la reforma posterga la respuesta sancionadora educativa y pasan a una respuesta vindicativa y retributiva exclusivamente.
Esta reforma tampoco aborda los auténticos problemas de la justicia de menores, que fundamentalmente son el control y la eficacia en la ejecución de las medidas impuestas al menor.
Por lo tanto, señor ministro, señorías, nos hemos visto en la necesidad de presentar este veto. Y cuando trabajábamos en él pensábamos que a lo mejor los de Izquierda Unida éramos muy exigentes y habíamos puesto el listón muy alto con el veto, por lo que hemos esperado para ver si de las cuarenta enmiendas que pretenden corregir esos defectos, el Grupo Parlamentario Socialista, imagino que por indicación del ministro, incluía alguna que mejorara el texto y evitara parte del discurso que le estoy haciendo. Pues ni una de las cuarenta enmiendas que fundamentalmente pretenden abordar el ámbito de reeducación ha sido incluida. Ninguna. Lo de la sensibilidad del principio, ministro.
Esto no se resuelve a base de leyes, a base de meter a la gente en la cárcel, cuanto antes mejor, y si el problema es que los tengo hacinados en un sitio, rápidamente los paso a otro estamento. Ese es el futuro que usted me ha venido a desgranar de cara a los jóvenes que delinquen y que entran en esa situación. Ese es el futuro que usted me ha venido a plantear. Lo ha decorado con otras palabras un poco más modernas pero esa es, en castellano --como yo digo, en manchego--, para que nos entendamos todos, la explicación que usted ha hecho.
Además --y acabo--, tampoco hay recursos, y como no hay recursos y no hay una intervención pública clarísima en esta actividad, se están dando lo que se da.
El senador que me ha precedido en el uso de la palabra le ha puesto algún ejemplo, y yo voy a hacer lo mismo. Yo soy de la Comunidad de Madrid, y le hago la siguiente pregunta. Usted cree que está bien que en Madrid se conceda la construcción de un centro de atención a menores a una fundación de un constructor con un dinero vía joven --hay que decir que también lo tienen otras comunidades; no va a ser siempre la mala Madrid-- y que con ello se pueda hacer negocio? ¡Pero en qué quedamos! Ya ni en reeducar. ¡No solamente no hay recursos económicos, que su ministerio debería facilitar, sino que con esto encima se hace negocio! Resulta que hemos estado esta mañana discutiendo que hay menos recursos económicos porque se le dan a la Iglesia, señor ministro, y ahora por la tarde nos encontramos con una ley que no tiene recursos, que no tiene memoria económica y con la cual, de paso, algunas comunidades facilitan el negocio.
Este es el modelo que usted nos ha presentado, este es el modelo de la ley y por eso hemos manifestado nuestro rechazo con un veto. Además, hemos intentado ser positivos y hemos presentando enmiendas en la línea de lo que

le hemos dicho antes. A lo mejor el discurso no les gustaba, pero sí era posible trabajar vía enmiendas. Señor ministro, ni una sola enmienda de Izquierda Unida se nos ha aceptado de las 40 que hemos presentado. En primer lugar, todas ellas van en la línea de lo que le he dicho anteriormente: fundamentalmente sensibilidad. En segundo lugar, no debe entenderse que esto se resuelve con un golpe de mano y con una vuelta de rosca más a la legislación vigente, que no por meter más pronto a la gente en la cárcel se resuelven los problemas. Deberíamos haber empezado a construir la casa por donde corresponde. Ustedes, al fin y al cabo han vuelto a repetir el mismo vicio que en el año 2000.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno en contra, tiene la palabra el senador Díaz Tejera por el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, me corresponde en este turno contestar a las dos intervenciones que proponen un veto a este proyecto de ley.
Leí con atención la argumentación de la diputada de Eusko Alkartasuna en el Congreso de los Diputados y la del diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya els Verds, y de alguna manera ya tenía conocimiento de cuáles iban a ser las tesis a defender, pero creo que no se corresponden con la realidad del texto que aquí se plantea. En primer lugar, porque gran parte de las enmiendas que se sugirieron durante la tramitación en la Cámara Baja, provenientes tanto de un grupo como de otro, se incorporaron al texto. Y como el propio senador Urrutia ha reconocido en la tarde de hoy, también en el trámite del Senado se han incorporado varias enmiendas, por ejemplo, la número 58, que fue aceptada, y la número 62, que se retiró porque había sido ya recogida en otra formulación.
Yo no sé si estamos hablando del mismo texto o si hablamos de otro, pero si hablamos de este no sé entonces por qué razón se argumenta que esta ley va en contra del interés superior del menor. ¿En qué se basa tal afirmación? Yo podría decir que tengo una inmensa melena que me llega al suelo, pero tendría que probarlo, tendría que acreditarlo con algún bucle, con un flequillo... Pues bien, esa afirmación de que esta ley va en contra del interés supremo del menor hay que argumentarla, y es que creo que es bueno para los que están aplicando la ley que el abanico de posibilidades del juzgador sea amplio. ¿O es que no es cierto que en la práctica se ha acreditado que en el conjunto de los pueblos de España han surgido fenómenos delictivos que no estaban previstos en el momento de la elaboración de la Ley 5/2000, del día de San Arcadio, el día 12 de enero, por lo que el legislador puede acomodarse a un esquema previo y decir:
reeducación, reeducación, reeducación? Pues nosotros decimos:
reeducación, reeducación, reeducación tal y como establece y sigue estableciendo la ley, pero también en esta deben tenerse en cuenta algunas realidades que han surgido posteriormente. ¿O es que no hay realidades delictivas anteriores a los 18 años? Sabido es que de 0 a 14 años el asunto queda en manos de las comunidades autónomas, y ahí están los centros de tutela y de protección. No hay mejor política criminal que una buena política social. Como son verdades elementales, dejémoslas ahora a un lado. De 14 a 18 años pasa a ser responsabilidad de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a través de la jurisdicción especial y jueces de menores. A partir de los 18 años, entran en acción los juzgados de Instrucción y de lo Penal y, en general, las audiencias provinciales o salas de lo Penal de los tribunales superiores.
¿Qué se plantea aquí? ¿Qué se hace con esta ley? Pues abrir el tipo de respuestas que puede dar el juzgador. Cuando se dice que esta ley nos distrae del interés supremo del menor se yerra, porque es una afirmación vieja en pedagogía que hay que querer mucho a un hijo para decirle que no y ponerle límites; es decir, para establecer que su deseo, capricho o voluntad personal no puede ser el centro del universo. Cuando el límite a ese deseo no lo establece el núcleo familiar o las fórmulas educativas no formales, es cierto que en ocasiones acaba imponiéndolo el agente de la autoridad, el servidor público que usa toga.
Ciertamente, ampliar el abanico de posibilidades en la respuesta del juzgador no es malo, es bueno porque ajusta aún más la respuesta de la sociedad articulada de un Estado a las características individuales de la persona que ha realizado esa infracción. Se trata de que el reproche que hace la sociedad a ese comportamiento no sea estándar o tipo, sino ajustado a las características individuales, sociales y familiares del sujeto que infringe. Por lo tanto, darle al juzgador más posibilidades de respuesta no es malo; este tipo de respuesta se ajusta mucho más aún, como un guante, a la que exige ese interés superior del menor.
Se dice que la posibilidad de cumplir, a partir de los 18 años, una medida de internamiento en lugar de en un centro cerrado en un centro penitenciario es malo para el menor. Puede que sea así en algunos casos, pero no en otros. ¿Quién va a decidir eso? ¿Alguno de los senadores aquí presentes? No, lo va a decidir el juzgador. Se trata de eso, de abrir el abanico de posibilidades. En algunos casos no es conveniente que los menores cumplan la pena en un centro cerrado, ¿por qué? Porque ese menor va a vivir esa remisión a un centro penitenciario como una especie de nuevo renglón de prestigio, entre comillas, en su currículum como delincuente, y para algunos es timbre de honor pasar de un centro cerrado de menores a un centro penitenciario. Por eso digo que en algunos supuestos es malo para el menor, pero en otros sí resulta necesario para el menor y para los que le rodean. Es así.
Uno puede instalarse en una especie de actitud angelical y decir que todo lo que haga un menor de 18 años es la encarnación del bien; pero se equivoca. La diversidad de la condición humana lleva a tales posiciones que, en general, la respuesta en un centro cerrado es la adecuada pero en algunos supuestos, siempre de manera excepcional --no es una fórmula ordinaria-- y siendo supervisado por el fiscal que tiene competencia de instrucción, el juez y los recursos que se interponen, es necesaria esa posibilidad. Se trata de

ofrecerle al juzgador esa posibilidad. Al juzgador no se le está diciendo que tiene que hacerlo así siempre que se den determinados requisitos, sino que puede hacerlo así si, por sus estudios sociológicos y psicológicos, el conocimiento y relevancia del hecho y el itinerario de su comportamiento delictivo, entiende que es lo conveniente para dar esa respuesta.
El incremento en un año en el supuesto de dos a tres años en la edad de 14-15 y de cinco a seis años en la edad de 16-17, ustedes dirán que es una respuesta inadecuada. Para algunos casos sí, pero hay algún caso que lo necesita. ¿Por qué establecer a priori una respuesta «urbi et orbe» en general para segmentos de una población? Planteemos un tipo de respuesta que se ajuste más a las características individuales de cada una de las personas que pasan por un juzgado de menores.
Lo que resulta especialmente doloroso es el argumento de la sensibilidad.
Nunca me ha gustado que la sensibilidad se mida en función de unos criterios u otros; tan respetables son los que tienen un criterio como los que tienen otros y no por eso se es más o menos sensible. He trabajado en muchas ocasiones con menores que tenían este tipo de situaciones, las he visto en un juzgado de lo penal en un territorio al que el señor Urrutia se ha referido antes, que incluía Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y allí trabajé con personas de 18 años en muchas ocasiones, como le consta a don José Mendoza, que estaba de consejero de Educación cuando realicé las funciones de Diputado del Común de Canarias --a efectos suyos el Arárteko o el Ararteko, según donde ponga la tilde, si la tiene--. Entonces hicimos dos informes sobre la situación del menor en Canarias que generaron una ley, la Ley 1/1997, y no conozco en el conjunto de Europa ley más avanzada que esa: contempla la realidad de los menores, contempla la realidad de la respuesta en términos preventivos, en términos de centros especializados y en términos de rehabilitación, pero ciertamente al juez de menores lo que hay que hacer es darle posibilidades, apertura de respuestas ajustadas a cada una de las condiciones.
Segundo. ¿Por qué se dice que esto es populismo punitivo? ¿Qué supuestos son esos que nos han afectado en los últimos meses para decir tal cosa? ¿Por qué se plantea esto? Hace cerca de seis años --me lo recordaba ahora mi compañera María Antonia Martínez-- que entró en vigor esta ley. ¿Por qué se plantea que estamos legislando en caliente en función de lo que establece el telediario? Las realidades han ido pasando, ha habido muchos integrantes del Ministerio Público que permanentemente han estado insistiendo en la necesidad de ampliar el abanico de respuestas, y no comprendo en qué se basan para establecer tal planteamiento.
Tanto la ampliación del internamiento como las modificaciones en la ejecución, ubicando la responsabilidad en el primer juez que conoció del asunto y que se va a encargar en adelante de ejecutar el resto de las medidas, o la necesidad de la ampliación de tales tiempos a criterio del juez no solo no perturban los criterios establecidos por la Ley 5/2000, de 12 de enero, sino que lo que hacen es acomodarla a la experiencia de la realidad acontecida en los últimos seis años. No hay un esquema previo del que se parta para negar la realidad, se trata de reconocer que hay nuevos fenómenos en la realidad y desde ahí incorporarlos e integrarlos en la modificación normativa.
En términos reales, ¿cuántos asuntos se han visto en juzgados centrales de instrucción? Han sido escasísimos; en términos reales todas las medidas alternativas a la privación de libertad se han ejecutado en el País Vasco. Eso es real, luego plantear ahora el debate de un asunto que está ya zanjado por el Tribunal Constitucional, como es la existencia de la Audiencia Nacional, no parece que a estas alturas tenga sentido. Yo sí aceptaría la reflexión acerca de los juzgados centrales de instrucción, no la reflexión acerca de la Audiencia Nacional porque, insisto, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ya lo deja zanjado, de manera que desde aquel entonces, año 1990, hasta 2006 no ha habido cuestionamiento alguno de tal tesis; se ha reafirmado en esa doctrina y no ha habido modificación doctrinal. En términos reales el número de asuntos ha sido francamente irrelevante, las medidas donde se han cumplido ha sido en el propio territorio y han sido los jueces que están allí los que han seguido su ejecución; por lo tanto, parece que se trata de elevar a algo normal, a algo común, a algo extendido en el conjunto de la ley lo que en la reforma se plantea como algo absolutamente excepcional.
Por otro lado, en lo que se refiere a la financiación ya hay un compromiso --que ha sido señalado aquí en varias ocasiones, lo vimos en ponencia, lo vimos en comisión y hoy el ministro ha vuelto a insistir en la intervención de introducción-- sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, entre otros asuntos, aquí no se podrían dar mayores pasos porque esta es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas en el ámbito de la atención a los menores, y me parece a mí que alguna comunidad autónoma podría decir que desde este ámbito no se puede estar afectando competencias exclusivas, interviniendo e incidiendo con esa intensidad que se plantea.
Los informes con los que, en general, se ha trabajado tanto en ponencia como en comisión --me refiero en particular a la página 51 del informe del Fiscal General del Estado del año 2005-- hacen una referencia al número de asuntos que se han planteado aquí en esta materia. Hay algunos informes anteriores. Hay diversidad de criterios entre lo establecido por las estadísticas judiciales y las policiales, pero en cualesquiera de los casos es evidente no sólo el incremento en cantidad, sino sobre todo la diversidad de naturaleza.
Es un tipo delictivo de naturaleza distinta. Hay fenómenos de bandas organizadas que no estaban previstos en aquel momento y de lo que se trata es de afilar el instrumento. Se trata de engrasar el instrumento para hacer posible que en su ejecución sea realidad y no mera declaración que de tiene en cuenta el interés supremo del menor. La ejecución se ha simplificado. Es mucho más garantista en la actualidad que como estaba formulada. La concentración de la ejecución en el juez inicial, en el primero que conoció el asunto, supone un gran avance.
En general, a mí me parece que es un texto que no modifica, que no adultera y que no desnaturaliza el texto proveniente

del año 2000. Ha habido tres reformas en este texto. El mismo año en que se elaboró ya tuvo dos reformas: la 5 y la 7 de 2000. Luego vino otra reforma en el año 2003 donde la disposición adicional sexta obligaba a esa evaluación al quinto año de su ejercicio.
Es un texto que bien merece ser enmendado, como pasó en el Congreso, también aquí en el Senado, y que francamente no creo que se haga acreedor a que sea rechazado «ab initio» para no acceder a evaluar el dictamen de la comisión que es lo que hemos hecho tanto en ponencia como en comisión.
Lo correcto es votar en contra de los dos vetos, seguir tramitando lo que se ha elaborado en el dictamen de la comisión y, a ser posible, que los que están aplicando la ley sientan que el legislador ha escuchado las demandas que han ido planteando en los últimos años. Pregúntenles ustedes a los fiscales que trabajan en el ámbito de menores que tienen competencias de instrucción. Como saben ustedes, en un ámbito laboral, en general, no tienen competencias de instrucción. Pregúntenles ustedes a los fiscales que están trabajando en ello todos los días si lo que estamos haciendo hoy les parece que es algo que está al margen de la realidad o tiene en cuenta algo que ellos y ellas han estado pidiendo en los últimos años. Pregúntenles ustedes a los jueces de menores si les parece que abrir nuevas posibilidades a cada uno de los juzgadores en el momento de tomar la decisión es negativo y malo o, por el contrario, son unas respuestas precisas que van a permitir al juzgador modular con mayor concreción y precisión qué tipo de respuesta específica, qué tipo de reproche específico necesita ese menor porque antes de los 18 años se pueden tener comportamientos delictivos graves y antes de los 18 años pueden existir bandas organizadas. Eso existe. Y no se le obliga al juez a que necesariamente tenga que poner ese año más. Se le permite la posibilidad, si lo entiende libérrimamente en el ejercicio de la libre valoración de la prueba, si así lo entiende, de aplicarlo y si así no lo entiende no lo aplica. Pero sería bueno que el legislador no despreciara lo que están diciendo los que aplican directamente todos los días esta ley. Sería bueno que tuviéramos en cuenta y dejáramos a esos servidores públicos que apliquen o no ese criterio. Nosotros al menos les abriríamos esa posibilidad. Creo que estaríamos actuando con sentido de la responsabilidad si debatimos estrictamente lo que afecta a la atención a los menores y no otros asuntos procesales y materias pertenecientes a otros ámbitos. En otro momento podremos hablar de las políticas públicas relativas a la juventud o de las políticas sociales, aplicando ese aforismo clásico que dice: no hay mejor política criminal que una buena política social, pero hoy no estamos hablando de eso. Hoy les estamos diciendo a los jueces y fiscales: tengan ustedes este abanico y apliquen a cada supuesto concreto --después del análisis concreto de las condiciones concretas de cada uno de los individuos concretos-- lo más conveniente para ese menor con la experiencia delictiva que ha tenido, qué reproche concreto vamos a graduar y cómo lo vamos a evaluar durante el transcurso del tiempo.
¿Este texto mejora el texto vigente? Sí, radicalmente; no lo empeora, sino que, con absoluta claridad, lo mejora. La pregunta es:¿podríamos mejorarlo aun más? Este es el tema de debate de las enmiendas, pero para entrar en ese debate hace falta que estos dos vetos sean rechazados, razón por la cual he utilizado este turno en contra de los dos vetos, aceptando cariñosísimamente toda la pasión que late en el contenido de las enmiendas, aunque no pueda aceptar el réquiem que algunos entonan por la ley. Me encanta el «Réquiem» de Mozart, pero, sinceramente, le deseo larga vida a la ley que, no siendo del Grupo Parlamentario Socialista, nos estamos encargando de afilar y ajustar para hacer posible el cumplimiento de los objetivos que están en el preámbulo, que nadie ha enmendado y que sigue estando en vigor. Por lo tanto, larga vida a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Con este debate le estamos insuflando vitalidad, para ajustarla a las condiciones concretas de cada una de las personas que pasan por los juzgados de lo penal. Insisto, para decirle que no a un menor hay que quererle mucho. Y ese no que en ocasiones tiene que decir el juzgador o el fiscal, porque antes no se le ha dicho en otros ámbitos educativos o familiares, se tiene que graduar según las condiciones concretas de cada una de las personas. El interés supremo del menor sigue siendo la guía y el norte de los juzgadores y fiscales, porque así lo establece la ley. Se trata de ajustar el norte y la guía de la brújula de vez en cuando para que, a ser posible, no se desvíe el interés supremo del menor. Por eso, lamento no poder entonar con ustedes el réquiem, sino desear larga vida a la Ley 5/2000 del día de San Arcadio.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.

El señor URRUTIA ELORZA: Señor presidente, mi grupo se va a repartir el tiempo, si usted lo acepta.
Señor Díaz Tejera, gracias por la contestación, pero, una vez más, tal y como se lo anticipé en la comisión, no compartimos la opinión de su grupo. Para plantear la defensa de este veto --quizá no muy brillantemente--, le doy mi palabra de honor de que he hablado con jueces y fiscales; tengo además varios compañeros de mi cuadrilla trabajando en ello en la Audiencia de Bilbao; he hablado también con monitores, instructores, con los responsables de varios centros de internamiento y con psicólogos y sociólogos que se dedican a este tema, y todos ellos han vivido en el País Vasco, desde el año 1996 --y no quiero marcarme un farol--, una política de dedicación, de entrega, de servicio y de financiación a este tema que creo que ha sido bastante importante. Por lo tanto, mis planteamientos respecto a este proyecto de reforma han sido los que ellos me han manifestado, que no coinciden con los suyos. Tengo que repetirle de nuevo que el problema está en la sanción. O la sanción tiene valor como punición o trata de reinsertar a la persona, de reincorporarla a la sociedad, reivindicando para ella un futuro. En el primer caso, sencillamente la condena a entrar en un centro cerrado,

en una cárcel, y la convierte en carne de cañón, en alguien que solo puede ya cantar un réquiem --«dies irae, dies illa», ¿se acuerda?--. Yo no quiero que canten «dies irae, dies illa», ¡ni mucho menos!, pero esta ley va por ahí. ¿Por qué? Porque intenta enterrar la justicia juvenil.
Yo estoy más cercano al «Aleluya» de Haendel. Busco una salida agradable para la persona, para que se reinserte. Todos tenemos hijos. Yo los tengo, y les he dicho muchas veces que no; y hasta he movido la mano por varias partes de su cuerpo. Pero lo he hecho con cariño, con entrega, pensando que va a ser un hombre con futuro; y, ¡gracias a Dios!, ha sido así. Sin embargo, con esta ley, los dejamos en manos de juzgadores, como usted ha dicho, y en manos de juzgadores de la Audiencia Nacional --lo ha dicho también usted, de pasada--, y el problema puede ser más grave. Se lo digo de corazón, y sin ningún tono reivindicativo.
Perdone si saco mis impresiones del País Vasco, que es lo que mejor conozco. Lo que he dicho de Canarias lo he tomado de un amigo de allí, que me lo ha mandado. En seis años, sólo ha habido 13 personas con un problema grave. El resto han sido situaciones más o menos tensas, que podrían requerir instructores para los centros. Pero no podemos dejar en manos de juzgadores lo que les ocurra a estas personas a partir de los 18 años.

El señor PRESIDENTE: Señoría, ha consumido la mitad del tiempo.

El señor URRUTIA ELORZA: Termino, señor presidente. «Amaitua momentu netan.» Ha pasado de puntillas por la financiación, señor Díaz Tejera. Se lo voy a dejar a mi compañero, Eduardo Cuenca Cañizares, que seguro que lo defenderá mejor que yo.
Igual que no fueron bien la reforma de la Ley 5/2000 ni las anteriores, esta tampoco es ave de buen agüero. Terminemos con el réquiem y pasemos al aleluya.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, presidente.
Señor senador, oyéndole a usted veo que estamos muy lejos el uno del otro. Es difícil conciliar nuestras posturas. Me manda usted a preguntar al fiscal, cuando estamos ya casi al final del recorrido. Yo no le he dicho lo de la sensibilidad por herirle. Lo he dicho pensando que hay que preguntar a los que tienen que ver con la sensibilidad: a los mediadores sociales, a los monitores, a los animadores socio-juveniles o a las organizaciones juveniles. Y habría que preguntarles cuando llegan a la puerta del juzgado. Supongo que me manda a preguntárselo al fiscal para hacerles el trabajo más fácil, pero yo estoy en otro sitio. Por eso le digo que es difícil conciliar nuestras posturas.
Dice que el internamiento en prisión para mayores de 18 años puede ser bueno o malo. No sé si dice que puede ser bueno porque puede depender de la estatura o de lo fuerte que sea el sujeto. No le he entendido bien.
Sin embargo, si el ejemplo es el de un joven al que llevan a la Audiencia Nacional tras haber visto por la televisión lo que pasa allí, y por eso ya es mayor... ¡Vaya ejemplo! Es lo que usted me ha argumentado. De todos modos, de la Audiencia Nacional no ha querido usted ni oír hablar; lo ha dicho el senador que ha intervenido antes, y tiene razón.
Tampoco ha querido oír hablar de los recursos. Y usted reconoce en su fuero interno que el problema serio que tuvo la Ley de 2000 fueron los recursos económicos. Aquellos polvos nos han traído estos lodos, y ustedes quieren responder con un golpe mediático. Pero ¿creen que se va a resolver? No, señorías; si no se destinan recursos económicos suficientes, si los centros no cuentan con los profesionales adecuados, si no se anima a la reinserción socio-laboral, etcétera, nunca va a funcionar, y por ello les he dicho que la próxima reforma que traigan será ya para retorcerlo del todo Tampoco me ha hablado usted de reeducación. Se dice que eso se va a dejar en manos del juez, ¿pero por qué no le ponemos las cosas más fáciles al juez? Usted está proponiendo medidas que nada tienen que ver con la reeducación, la modificación que propone el articulado no es para la reeducación. Se deberían arbitrar más instrumentos para facilitar las diversas posibilidades, y que después sea el juez, como es lógico, el que decida y elija alguna de las diferentes opciones.
Señoría, la propuesta que usted nos presenta como portavoz del grupo parlamentario que apoya al Gobierno no recoge eso. Ni ha querido usted hablar de los recursos económicos ni de la reeducación, y mucho menos de cosas a las que nos hemos referido anteriormente, pero en cambio nos dice usted que esos chicos se van a hacer más adultos si van a prisión. Vaya ejemplo, señoría. No me ha gustado nada, y se lo digo sinceramente.
Es verdad que efectivamente ocurren y han ocurrido cosas graves que han tenido como sujetos activos a los menores. De acuerdo, así es. Y también es verdad que algunas de esas veces el cuerpo te pide actuar de una determinada manera, pero lo cierto es que hay que parar un momento y pensar que hay que trabajar cara al futuro, porque de nada sirve meter a un chico más en las cárceles si al final ese discurso de la reeducación, de la reinserción, del trabajo educativo que se debe desarrollar, no ya en prisión, sino en estos centros, se pierde o no existe.
Por todo eso termino diciéndole, señoría, que mi grupo parlamentario discrepa con lo que usted ha expresado, y que vamos a votar a favor del veto, aunque sabemos que nuestra representación será humilde. Fíjese usted en que un Partido Popular aplastado en términos coloquiales no interesa. Usted tiene que hacer un papelón en una ley que proviene de ellos y que no cumple los objetivos, pero encima vuelven ustedes a caer en el mismo vicio en el que ellos cayeron. Yo les creía un poquito más avanzados, señorías, pero el tropezar otra vez con la misma piedra en la que tropezaron los otros no constituye precisamente un mérito o un valor por su parte.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Ayala.

El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.
Debatimos hoy la reforma de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, una reforma necesaria a pesar de que sólo han transcurrido cinco años desde su entrada en vigor debido a los importantes cambios que se han producido en esta parcela social de la juventud.
Tratamos de abordar de nuevo las medidas de reinserción y reeducación de los menores de edad, haciéndolas compatibles con las medidas sancionadoras que debe imponer todo Derecho Penal, de tal modo que el endurecimiento de las penas contempladas en este proyecto de ley debe tener como único objetivo el de garantizar la reinserción de los menores de edad.
Sólo quiero destacar dos aspectos que considero importantes en este proyecto de ley. En primer lugar destacaría algo que considero bastante novedoso, me refiero a las medidas de alejamiento que se imponen para proteger al menor víctima del delito en lo que se refiere al acoso escolar tan frecuente en estos días, lo que traería consigo una mejora sustancial de la convivencia en centros escolares. Asimismo me ha parecido acertada la decisión de la ponencia de suprimir la introducción en esta ley de los jóvenes de entre 18 y 21 años. Creemos que estos jóvenes de entre 18 y 21 años, o de entre 18 y 25 años --es muy difícil saber dónde poner la raya--, necesitan un tratamiento especial y diferenciado de los demás adultos, pero en ningún caso deben considerarse como menores de edad simplemente porque no lo son, y por tanto, los delitos relativos a jóvenes comprendidos en esta franja de edad debería tratarse en otra ley diferente.
Sin embargo, sí echo en falta en este proyecto de ley, y en esto sí coincido con los dos autores de los vetos, una valoración de la aplicación de esta ley cuando entre en vigor, puesto que el problema es, como siempre ocurre, la falta de medios y de recursos económicos. No es de recibo que el Gobierno del Estado elabore una ley que conlleva un suplemento financiero importante y a continuación, puesto que la rehabilitación de los menores en los centros de internamiento no penitenciarios dependen de los servicios de asistencia social, competencia de las comunidades autónomas, diga a estas: como esto es de su competencia, arréglense como puedan.
Sin recursos difícilmente se puede desarrollar una ley cuya aplicación dependerá en buena medida de las comunidades autónomas y, en consecuencia, podrá producirse, y de hecho se produce en algunos casos, un desarrollo desigual en las distintas comunidades en función de las posibilidades de cada una de ellas. También son necesarios más recursos humanos, más jueces, más funcionarios judiciales especializados, pues la actual lentitud de la justicia puede repercutir negativamente en los menores, puede producir que estos menores en espera de juicio puedan volver a delinquir durante ese período.
En cualquier caso, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria valora positiva y globalmente este proyecto de ley y votará desfavorablemente los dos vetos presentados.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.

El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, no vamos a votar a favor del veto, pero sí quiero hacer una reflexión, y es que valoramos muy positivamente las intervenciones de los dos portavoces del Grupo Parlamentario Mixto porque entendemos que sus reflexiones han de valer para el desarrollo futuro de la ley. Pero no vamos a votar el veto por tres cuestiones fundamentales: primero, porque creemos que la ley vigente con estas reformas se mejora. Segundo, porque supone un avance en una situación complicada y tercero, porque comporta introducir en la regulación situación nuevas que nos han ido apareciendo desde la vigencia de la ley. Además, es evidente que la ley deberá introducir cuestiones que consideramos importantes y esperamos que a lo largo del debate de las enmiendas estas, a ser posible, se incorporen.
En cualquier caso, en el debate que estamos teniendo no podemos olvidar cuestiones fundamentales. Se ha dicho aquí que la prevención y la reeducación son cuestiones innegociables en todo lo que es la aplicación futura de la ley. El tema de la financiación de la ley también es una cuestión indudable, en tanto en cuanto si no existe financiación --se ha dicho repetidamente-- la viabilidad de la ley se pone en duda. Y, finalmente, en las dotaciones personales se ha puesto también en duda la capacidad de desarrollar la ley por problemas prácticos a la hora de poner en marcha la ley. En cualquier caso, todos estos puntos son vitales para su eficacia y esperamos que ese objetivo fundamental de la reinserción del menor sea también una realidad cuando esta ley entre en vigor.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra para anunciar que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no va a apoyar las propuestas de veto presentadas por el senador de Izquierda Unida, don Eduardo Cuenca Cañizares, y el senador de Eusko Alkartasuna, don José Ramón Urrutia, al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. No las va a apoyar mi grupo parlamentario pese a participar de la filosofía que encierran ambas y coincidir en no pocos de los motivos que justifican tales propuestas de veto. No lo vamos a hacer, en cualquier caso, señorías, en coherencia con la actitud que adoptamos en el Congreso de los Diputados y que nos llevó de presentar una enmienda a la totalidad al inicio

del procedimiento parlamentario a su posterior retirada y finalmente a la emisión de un voto favorable al texto del dictamen, excepción hecha del artículo 28, relativo a las reglas generales de las medidas cautelares.
Votamos favorablemente en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados porque, pese a las importantes discrepancias que manteníamos y seguimos manteniendo, el proyecto mejoró --y notablemente-- a su paso por aquella Cámara.
Conviene recordar, por ejemplo, que en relación con la asistencia letrada, se introdujo la posibilidad de que el menor se entrevistase con el letrado con anterioridad a que le fuera tomada declaración en un primer momento. Se aceptó también un mayor protagonismo de las entidades públicas de tutela. Nos parece, asimismo, un importante avance en relación con lo que constituye la pluralidad de infracciones y su ejecución, la modificación igualmente introducida en el artículo 12.1 y, en virtud de la cual, el juez que haya dictado la primera sentencia firme será el competente para la ejecución de todas. Y nos alegra también, por citar un cuarto y último ejemplo, que en la disposición transitoria única se evite una aplicación retroactiva de la norma, al fijar que las medidas impuestas por hechos delictivos cometidos por menores hasta el día de la entrada en vigor de la ley se ejecutarán conforme a la legislación vigente en el momento de la comisión de esos hechos.
¿Qué ha sucedido al paso del proyecto de ley por esta casa? A decir verdad, ha sucedido poco, pero, dentro de ese poco, ha habido de todo, y me explicaré, señorías. En primer lugar, hemos conseguido, al paso por esta casa del proyecto de ley, transaccionar nuestra enmienda número 84, introduciendo con ello en el artículo 37.1 la expresión «... en su caso...», tras la referencia «... a quienes han ejercitado... la acción penal». Se trata de una enmienda que responde a la concepción restringida de la acusación particular, que defendemos, pero no comparte ciertamente el Grupo Parlamentario Socialista, pese a esta corta transacción que no cambia --y es justo reconocerlo-- la cuestión de fondo, y a la que con detalle me referiré a la hora de proceder a la defensa de nuestras enmiendas aún vivas.
Igualmente, al paso del proyecto por esta casa hemos podido alcanzar un acuerdo en relación con el contenido de la enmienda número 90, referida al artículo 53.1, sobre cumplimiento de la medida, de suerte que el auto que dicte el juez de menores, una vez cumplida la medida, sea notificado, además de al Ministerio Fiscal, al Letrado del menor y a la entidad pública, además de a éstos, señorías, a la víctima. Se trataba --que así se ha hecho ahora-- de introducir un derecho que el Estatuto europeo de las Víctimas reconoce a estas en los procesos penales.
Del mismo modo, al paso del proyecto por esta casa se han introducido hasta ocho enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, con la lacónica justificación de que se trata de enmiendas técnicas, pero de entre ellas no quisiera pasar por alto la número 171, en tanto supone la aceptación, cuando menos, de una de las consideraciones que hemos venido haciendo en relación con el tan traído y llevado artículo 28, relativo a las reglas generales de las medidas cautelares.
En el apartado 2 de ese artículo 28, señorías, se decía expresamente que, para la adopción de la medida cautelar de internamiento se atenderá a la gravedad de los hechos, valorando también las circunstancias personales y sociales del menor, la existencia de un peligro para la fuga y, especialmente --se añadía-, que el menor hubiere cometido o no con anterioridad otros hechos de la misma naturaleza. Recalco lo de «...
otros hechos de la misma naturaleza...». Nos parecía una barbaridad que la comisión de otros hechos de la misma naturaleza, es decir, la reincidencia sin más, diera lugar automáticamente al internamiento.
Entendíamos que esos hechos repetidos debían ser siempre graves, y eso y no otra cosa es, por fin, lo que ha hecho la enmienda número 171, incorporada al dictamen de la comisión. Enhorabuena, señorías.
Pero decía hace un momento que durante la tramitación en esta Cámara ha habido, dentro de lo poco, de todo, y efectivamente así ha sido, ya que además de lo indicado, el proyecto de ley que aprobó el Congreso de los Diputados y tuvo entrada en esta Cámara ha experimentado una importante variación, fruto de la incorporación de las enmiendas números 110, del Grupo Parlamentario Popular, y 111, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
¿Qué ha supuesto la aceptación de estas dos enmiendas? La supresión del apartado segundo del artículo 1 de la ley o, lo que es lo mismo, para que todas sus señorías sepan a qué me refiero, la supresión de la aplicación de la ley a los mayores de 18 años y menores de 21, algo que sorpresivamente aparece y desaparece según el trámite en que nos encontremos. El proyecto remitido por el Gobierno a las Cortes Generales no contemplaba su aplicación a los mayores de 18 y menores de 21, en el Congreso de los Diputados sí lo contempla y ahora el Senado lo elimina.
¿Qué ocurrirá a la vuelta del proyecto a la Cámara Baja? Toda una incógnita pendiente de resolver. ¿Dirán dentro de unos días, de un par de semanas, que no quienes antes, hace poco, dijeron que sí, o ratificarán su voto anterior? Pronto tendremos ocasión de salir de dudas.
En cualquier caso, señorías, les anuncio desde ahora que nuestro grupo parlamentario no votará a favor de tal supresión, que supone una vuelta atrás y, como algún otro interviniente ha dicho, solamente basada en el colapso que se produciría en el sistema judicial de menores y en el siempre existente y repetitivo problema presupuestario.
Dejando a un lado este episodio, que, como digo, no sé cómo terminará, la valoración que hacemos del texto actual del proyecto es positiva si lo comparamos con el texto original, pero crítica si nos atenemos a nuestro modelo de justicia juvenil. Tal es así que al día de hoy mantenemos aún vivas un total de 26 enmiendas, que serán objeto de atención en posterior intervención, pero que debo adelantar que giran en torno a cuestiones de todas sus señorías perfectamente conocidas.
Es así que no nos parece suficientemente justificado el agravamiento del régimen punitivo que se contempla, máxime, como también se decía hace unos momentos, cuando no se realiza una seria evaluación de la aplicación de la ley y se omite además el principal problema que ha mostrado, que no es otro que el de la escasez de medios y recursos de

que se ha dispuesto desde su entrada en vigor, un problema que ciertamente --y también se ha dicho-- no se soluciona con el agravamiento de las penas y el internamiento de un buen número de jóvenes en centros penitenciarios, que ya tienen además una saturación contrastada y una demostrada incapacidad para la reinserción.
Señorías, si tiene que establecerse un sistema penal y procesal que permita la reinserción respecto a los adultos, con mucho más motivo ha de serlo respecto a los menores. Y no es esto precisamente lo que prima siempre en el texto del proyecto, como tampoco lo es el interés superior del menor, que queda relegado no pocas veces a un segundo orden, pese a ser citado con cierta profusión tanto en la exposición de motivos del proyecto como en su texto articulado.
Otro de los temas objeto de discrepancia fundamental, al que me referiré en el siguiente turno por falta ahora de tiempo, es el de la acusación particular.
En todo caso, señor presidente, terminaría diciendo que a la vista está que hemos tenido y seguimos teniendo importantes discrepancias en cuanto al modelo de justicia juvenil y en el modo de regular la responsabilidad penal de los menores. Pero una vez expuestos y defendidos nuestros principios, que, por cierto, seguiremos defendiendo donde haga falta y cada vez que tengamos ocasión, debemos ser prácticos o, si lo prefieren, posibilistas y, en ese sentido, debemos ser conscientes de que el texto actual es el único que ha sido posible. Dicho de otra manera, señorías, hasta aquí hemos llegado, o hasta aquí ha sido posible llegar, con luces y con sombras, con aceptaciones y rechazos, pero con mejoras evidentes
--y hay que reconocerlo-- respecto al texto inicial.
Es por ello, señor presidente --y ahora sí que termino-, por lo que anuncio que nuestro grupo parlamentario votará a favor del dictamen de la comisión, pero no, como indiqué en un principio, a la supresión del apartado primero del artículo único, que supone, en definitiva, la no aplicación de la ley a mayores de 18 años y menores de 21.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En nombre del Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para posicionarme sobre los vetos porque el grueso de nuestra intervención la reservo para el debate de las enmiendas y del dictamen.
Nuestro Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés no va a apoyar los vetos, básicamente porque consideramos que se ha mejorado considerablemente el texto en su trámite tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. A pesar de ello, quiero manifestar que, en cierta sintonía con el contenido de los vetos, estamos preocupados por el carácter fuertemente punitivo de algunos artículos de esta reforma.
También creemos que se ha desaprovechado una oportunidad para suprimir el Juzgado Central de la Audiencia Nacional y estamos de acuerdo también con los autores de los vetos respecto a la necesidad de una buena financiación porque, sin ella, esta reforma será papel mojado.
«Moltes gràcies, senyor president.»
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señor presidente.
Yo invito a los senadores y senadoras aquí presentes a que me digan qué artículos de esta reforma no tienen en cuenta el interés superior del menor --cosa que no es cierta-- o mejor dicho qué parte del artículo, pues esta reforma sólo tiene uno, pero fíjense ustedes qué potencia de artículo que se carga toda una ley.
El artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño --que se citó en el debate en el Congreso de los Diputados argumentando que se incumple con este único artículo de esta reforma-- trata del interés superior del menor. Aquí se afirma que establecer que a un menor se le puede aplicar una pena de internamiento cerrado o cuando cumple 18 años la posibilidad excepcional de que vaya a un centro penitenciario va en contra del interés superior del menor. A mí me gustaría que me lo demostrasen ya que, ¿no es cierto que hay supuestos en la vida, que todos los que estamos aquí hemos vivido, en los que en alguna ocasión la palabra, el verbo, el amor, el abrazo y el cariño no han sido suficientes? ¿Es que todos los que estamos aquí no hemos vivido alguna situación personal en la que por mucho verbo y bondad que utilices no consigues modificar el comportamiento de la otra persona? ¿Es cierto que hay personas de esta edad a las que por mucha palabra, amor, bondad y cariño que se aplique no se modifica el comportamiento? Aquí planteo que se lo pregunten a esos monitores que trabajan con menores. Se trata es de saber que en el segmento de población de 14 a 18 años no es verdad que todos sean iguales. En ese segmento de población hay algunos individuos, algunas personas concretas, a las cuales algunas medidas resultan contraproducentes en el momento de aplicarse, y el juzgador tiene que tener la flexibilidad de evaluar en la práctica qué está pasando con esta persona mientras está cumpliéndose con esa medida, y en ocasiones hay personas de estas edades que no admiten el verbo, y lo único que aceptan es una decisión --dígase con claridad-- en la cual se les prohíbe y limitan determinados comportamientos. Eso es lo cierto.
Yo simpatizo infinitamente con el criterio que establece de que el ser humano por naturaleza es un ser angelical, bondadoso, justo, bueno y benéfico, como decía la Constitución de 1812, pero la realidad me lo desmiente todos los días.
Hay supuestos y supuestos, y hay supuestos en los que esto no es así a determinadas edades. De lo que se trata es de saber qué hacer cuando están desbordados los monitores, cuando lo están los psicólogos, cuando lo están los educadores sociales y cuando lo están el fiscal y el juez y dicen: no hay manera de que este menor avance, tiene a todo el centro en jaque, no hay manera de plantearse que el

menor se integre mínimamente en las pautas de convivencia en un grupo plural como es un centro de menores.
Se dice que hay que prohibir al juez que pueda enviarlo a un centro penitenciario, y pregunto: ¿por qué? ¿Por qué se parte de esa presunción de desconfianza en el juzgador y en el fiscal? Yo parto de una presunción de confianza en ese fiscal y en ese juzgador, y lo que establezco es que, en virtud del itinerario de comportamiento de esa persona y en virtud de lo que ha pasado ahí, que sea ese juez quien evalúe lo que más le conviene a esa persona, incluso si lo que más le conviene a esa persona es dejar ese centro e ir a un centro penitenciario, por buscar el ejemplo más duro a la hora de explicarlo en términos pedagógicos.
Antes omití razonar sobre el segmento de población comprendido entre los 18 y los 21 años porque, sinceramente, me parece una obviedad como la copa de un pino --con mucho respeto a quienes piensen de otra forma--, estando como está la jurisdicción especial de menores, estando como están las comunidades autónomas ante fenómenos humanos que las desbordan y que nos desbordan a los adultos. En muchas ocasiones hay realidades en esta franja de la población juvenil que no sabemos cómo abordar, y la palabra, la bondad y el cariño no son suficientes. Si en algunos casos no nos es suficiente a nosotros, imagínense ustedes al juzgador o al fiscal que tiene que aplicar la norma. Cuando van a aplicarla y se dan cuenta de que no hay forma de que se integre en ese ámbito, necesariamente ese menor está requiriendo una respuesta más ajustada a su perfil psicológico, porque existen personas de estas características. Es posible que si vivimos en un ámbito de la estratosfera estas cosas de la realidad mundana no se conozcan, pero, insisto, en la realidad de todos los días hay personas de toda variedad y condición, sea cual fuere su edad, y hay personas que requieren un tipo de respuesta más ajustada a sus condiciones psicológicas, a su situación de absoluto desprecio a las más mínimas normas que se exigen para vivir en sociedad.
No es buena la profecía que establece que con este único artículo desaparece toda la filosofía reeducativa, rehabilitadora y reinsertadora de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero. Muy al contrario, hace posible una respuesta más ajustada a la realidad y a las condiciones concretas, y no quisiera establecer mecanismos de comparación entre unos territorios y otros, porque los patrones de comportamiento en esta sociedad mundializada a través de los medios de comunicación suelen ser semejantes. Hay segmentos de población que tienen pautas de comunicación iguales, pautas de vestimenta iguales y pautas estéticas iguales, sea cual fuere el ámbito territorial en el que está. Otra cosa son las competencias o los recursos para hacerlos posible, pero en términos de patrones de comportamiento suelen ser semejantes.
¿Qué se persigue con la sanción? El artículo 25.2 de la Constitución establece que para los adultos el único fin que tiene la pena de privación de libertad es la reinserción, la reeducación. Eso también se establece para los adultos, pero es evidente que cuando se establece una respuesta a un comportamiento hay un reproche, la comunidad le dice a esa persona: lo que has hecho no está bien y te reprocho ese comportamiento, pero te quiero reinsertar. Es evidente que está recibiendo una respuesta concreta por un comportamiento concreto porque, insisto, son muchas las personas en esta franja de edad a los que nadie ha podido decir no a determinados comportamientos, y cuando no lo han sabido hacer ni su madre ni su padre, cuando no lo han sabido hacer otros ámbitos, al final acaba haciéndolo el policía, el fiscal o el juez.
Insisto, si preguntamos a quienes están trabajando todos los días, nos reconocerán que hay algunos fenómenos concretos que hacen que se sientan desbordados e incapaces para afrontar con rigor esta cuestión, porque no pueden hacerlo, en sus currículos no les dan esa habilidad...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo, señor presidente.
... y en la práctica real no tienen mecanismos para abordarlo con la seriedad que se merece.
Termino ya solicitándoles que voten no a estos dos vetos porque, sinceramente, así no se ayuda a este segmento de la población, que requiere que ese interés superior del menor no esté condicionado por ningún otro planteamiento filosófico o pedagógico previo al conocimiento de la propia realidad. Los operadores jurídicos, los operadores sociales o psicológicos que trabajan en el ámbito de la población juvenil en ocasiones están desbordados y hoy les damos más instrumentos para que ellos adecuen sus respuestas; ellos son los que están ahí trabajando regularmente, por tanto, que ellos decidan, confiando en esos magníficos profesionales, cuál es la respuesta más adecuada para cada menor.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Fernández Pardo.

La señora FERNÁNDEZ PARDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, subo a esta tribuna para defender la postura del Grupo Parlamentario Popular con respecto a los vetos presentados al proyecto de ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Se ha presentado una propuesta de veto por el Grupo Mixto, en concreto por el senador Cuenca Cañizares, al conjunto de la modificación de la ley que nos trae causa, y a simple vista se podría pensar en su conjunto que el Grupo Parlamentario Popular estaría de acuerdo. Como ustedes saben, en el Congreso de los Diputados mi grupo ha votado en contra del dictamen porque no estamos de acuerdo con el proyecto de ley y ello muestra nuestra contradicción con el texto.
Lo mismo podría suceder con la propuesta de veto planteada por el senador Urrutia, puesto que el veto significa un rechazo de plano al proyecto de ley y nosotros, a día de hoy, no estamos de acuerdo con el mismo. No obstante, es cierto que cualquier admisión de una propuesta de veto que no contase con texto alternativo significaría un rechazo

total al proyecto de ley con el interés de que la ley actual de responsabilidad del menor del año 2000 siguiese en vigor con el mismo texto y en consecuencia con los mismos efectos jurídicos sobre los hechos penales cometidos por menores, y este, señorías, no es el parecer del grupo al que represento.
Es cierto que la ley de 2000, promulgada durante el Gobierno del Partido Popular, y sus modificaciones, en especial la Ley 7/2000, también durante el mandato del Partido Popular, es una ley buena, que tiene sus problemas, pero en líneas generales permite diseñar un sistema penal del menor coherente con el siglo XXI; ahora bien, que la ley sea en su conjunto buena no significa que no sea mejorable y que periódicamente deba ser adaptada.
Tras más de cinco años de vigencia de la Ley del menor entendemos que debe ser revisada, reformada y modificada en aquellos aspectos sobre los cuales no se acertó o bien donde se han modificado los estándares sociales, y obligar a que el legislador tome partido y provoque una adaptación en busca de lo mejor de la ley.
La ley que no se modifica no es en absoluto y por principio una buena ley; la ley debe ajustarse al tiempo de su aplicación y dejar en manos de la interpretación judicial, de conformidad con los pensamientos sociales, en aplicación del Título Preliminar del Código Civil, a veces no es la mejor solución; es más, a veces ni siquiera es una solución y hay que proceder legislativamente.
En nuestra opinión, esto es lo que sucede con la Ley del menor en el horizonte del año 2007. Aun estando de acuerdo con el Gobierno en la necesidad de modificar la ley, no lo estamos con el contenido de la reforma de la misma. La posición mantenida por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados admitiendo alguna posición radicalmente distinta a la planteada por el propio texto del proyecto de ley, como puede ser lo concerniente a la aplicación de ley sobre los mayores de 18 años, hoy no sostenida en esta Cámara, así como la disparidad de criterios sobre la proporcionalidad de las medidas en función de los hechos, nos obliga a mostrarnos, hoy por hoy, en desacuerdo.
Pero esta es la visión general que será debatida al hilo de las enmiendas y ahora nos toca debatir los vetos. Por ello, tengo que centrarme en dichos vetos y no en las posibilidades de modificación de la ley, pero sirva de punto de partida la contradicción con la ley, y nuestra voluntad de modificación de la misma.
El veto del senador Cuenca tiene como fundamento algunas claves que no compartimos. Dice el senador Cuenca que su contrariedad se fundamenta en que la ley mantiene un modelo sustentado en el aumento de la duración de las medidas, sobre lo que no nos mostramos en desacuerdo; que la aplicación de las medidas no se hace en interés del menor, y nosotros creemos que sí se hace; que el incremento punitivo lleva a prisión de forma ordinaria a los mayores de 21 años y excepcionalmente a los mayores de 18 años, siempre por delitos cometidos cuando eran menores y, a priori, tampoco mostramos nuestro desacuerdo. Pero también se fundamenta el veto en la escasa financiación a las comunidades autónomas que con la aplicación de la ley puedan verse afectadas en el gasto que genera implícitamente su aplicación, y sobre ello, señorías, estamos por entero de acuerdo. Y quizá habría que reflexionar más --también podemos estar de acuerdo-- en la falta de especialidad de los jueces de menores no en la primera instancia, sino en la apelación y recurso de casación.
El veto del señor Urrutia se fundamenta en el mantenimiento de la competencia de la Audiencia Nacional, el incremento innecesario de las medidas, el alargamiento de la medida de internamiento y no se ha querido modificar el artículo 50, con problemas serios de constitucionalidad. En este caso el desacuerdo es absoluto y el planteamiento de mi grupo sobre la reforma de la ley, pero también sobre la propia ley, es radicalmente distinto, y así lo hemos mostrado en todos los debates a los que hemos podido asistir.
En definitiva, señorías, y para concluir, no estamos de acuerdo con la argumentación de ambos vetos y tampoco estamos de acuerdo con la actuación pasiva respecto a la normativa. Por ello vamos a abstenernos en las proposiciones de veto e intentaremos mejorar la reforma para, si es posible, votar a favor, aunque a tenor de lo que nos han planteado en el Congreso, y tras la tramitación seguida en el Senado, pienso, señorías, que lo vamos a tener difícil.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a votar el veto del senador Urrutia Elorza y el del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentado por el senador Cuenca Cañizares. (Fuertes rumores.) Señorías, ruego silencio, por favor.
Votamos en primer lugar el veto defendido por el senador Urrutia Elorza al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, tres; en contra, 121; abstenciones, 116.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a votar el veto del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, dos; en contra, 122; abstenciones, 115.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


-- DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA INCLUSIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN

POR DESEMPLEO A DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS Y SINDICALES (S. 624/000012) (C. D. 122/000142) (Votación).

El señor PRESIDENTE: Señorías, teníamos pendiente de esta mañana la votación de la proposición de ley relativa a la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales.
A juzgar por las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, ¿se podría aprobar por asentimiento? (Asentimiento.) Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales esta proposición de Ley.


-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES (S. 621/000068) (C. D.
121/000076) (Continuación).

El señor PRESIDENTE: A continuación, señorías, pasamos a debatir las enmiendas y los votos particulares del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero.
En primer lugar, tiene la palabra el senador Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto. (Fuertes rumores.) Guarden silencio, señorías.
(Pausa.) Puede empezar, señoría.

El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente. «Eskerrik asko, presidente jauna.» (Rumores.) Eusko Alkartasuna presenta las enmiendas que van de la número 47 a la 65 al objeto de intentar, si sus señorías admiten alguna, mejorar en lo posible el texto. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señoría.
Señorías, no vamos a seguir hasta que no haya silencio en la Cámara.
(Continúan los rumores.) Señorías, les recuerdo que todavía nos quedan tres proyectos de ley.
(Continúan los rumores.) Señoría, continúe.

El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente. «Eskerrik asko.» Como decía, este senador ha presentado las enmiendas números 47 a 65. De ellas, la número 58 ha sido consensuada y la 62 retirada, quedando vivas el resto de enmiendas.
Me voy a centrar fundamentalmente en cuatro de ellas por eso del aforismo de que lo breve, si bueno, dos veces bueno. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) La enmienda 47 propone la supresión del artículo dos, apartado 4, nuevo.
Con ella se pretende solucionar uno de los problemas más graves en el que incurren tanto la Ley 5/2000 como este proyecto de ley y a lo que el senador Díaz Tejera no ha contestado con toda la importancia que merece.
La atribución de esta competencia al Juzgado Central de Menores dependiente de la Audiencia Nacional para enjuiciar a menores de 14 a 18 años nos parece tremendamente traumático, por respeto a los jueces del País Vasco, por el interés superior del menor y porque la realidad ha demostrado que, con respecto a los menores de 18 años, solo ha habido trece condenas en cinco años y medio. Nos parece que la voluntad de seguir con esta incorporación merece todo nuestro rechazo, y por eso presentamos esta enmienda de supresión.
La enmienda número 50 es de modificación y se presenta al artículo cinco, artículo 7, porque privar al menor durante un largo período de tiempo de la posibilidad de acceder a empleos públicos constituye un obstáculo para su inserción social y para hacerle una persona de bien. Entendemos que esa actuación es verdaderamente traumática e intentamos dulcificarla a través de la modificación de este artículo.
Lo mismo perseguimos con la enmienda número 52, con la que intentamos modificar el artículo cinco, artículo 7.3, al objeto de situar el principio constitucional de proporcionalidad en un lugar sistemáticamente correcto, algo que la redacción original de este artículo no hace.
Nos parece interesante la enmienda número 53, de modificación, que se formula al artículo cinco, artículo 7.4. Creemos que cada hecho delictivo solo debe llevar aparejada la imposición de una medida. Incrementar las sanciones no es aconsejable si queremos buscar una inserción social recomendable y absolutamente necesaria.
La enmienda número 56 se formula al artículo once, y va dirigida a otro de los elementos que para nosotros debieran suprimirse, como nosotros solicitamos. Nos debemos de oponer rotundamente a que una medida juvenil de internamiento pueda cumplirse en un centro penitenciario. Aunque el señor Díaz Tejera dice que el juzgador deberá determinarlo, a nosotros nos parece que aunque haya una acumulación de trabajo y los asesores, los inspectores, la gente que controla tenga ese exceso de trabajo --a nuestro parecer porque la carga es excesiva y no hay los suficientes medios humanos ni técnicos--, creemos que es totalmente decadente y degradante. Si no hay personal adecuado, lo que habrá que hacer es garantizar los derechos y la financiación correspondientes para que esta gente pueda cumplir las medidas dentro de los centros juveniles.
Otra enmienda que para nosotros es fundamental es la número 57, al artículo doce, artículo 15, y por eso solicitamos su supresión. No se justifica que para algunos delitos los plazos de prescripción se equiparen a los de los adultos. El tiempo no tiene la misma significación para la gente joven, para los adolescentes --como reconoce la ley--, que para las personas mayores, para los adultos. Lo mismo que hemos dicho para los delitos lo decimos para las faltas: en nuestra opinión se debe suprimir porque lo consideramos totalmente injustificable.
La enmienda número 58 ha sido consensuada, pero nos parecía positivo que el menor, tanto previamente como al final de la entrevista, tuviera posibilidad de hablar con su

abogado. Gracias a Dios, ha sido aceptada y se ha incorporado.
La enmienda 59 también es de supresión. ¿Por qué? Porque tiene relación también con la Audiencia Nacional, tribunal excepcional para situaciones que no deben ser, desde ningún punto de vista, excepcionales.
Y termino, señor presidente, con la enmienda número 61 --ya que la 62 está retirada--, también de supresión, porque consideramos que el artículo diecinueve, artículo 28, apartado 3 es innecesario. En mi comunidad autónoma --y perdónenme que me centre en ella siempre, aunque el senador Díaz Tejera me dice que no hay que hacer distingos entre unas y otras comunidades; yo me tengo que centrar en lo que sé, pues desconozco lo que sucede en las otras--, durante el tiempo de vigencia, no se ha dado más que un solo caso en el que el internamiento cautelar haya sido insuficiente. Por eso creo que es mucho mejor que esto quede suprimido, y si hay que buscar soluciones que tengan un cierto carácter excepcional, que no estén reglamentadas, sino que sea la excepción la que prevalezca.
«Mil esker, presidente jauna.»
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Pasamos a la defensa de las otras enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
¿Compartirán el tiempo? (El senador Jorquera Caselas hace signos afirmativos.)
El señor JORQUERA CASELAS: Sí, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Tiene la palabra el señor Cuenca Cañizares.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Presidente, entiendo que tenemos el tiempo que está tasado por enmienda, tanto el senador Jorquera como el que le habla.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Como son enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, dicho grupo dispone de una cantidad de tiempo global. Si el primer interviniente consume más de la mitad, quedará menos para el segundo.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Pero, señor presidente, ¿no tengo un minuto por enmienda?
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Sí, tiene un minuto por enmienda.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Le aseguro, presidente, que no pienso estar aquí toda la tarde con este tema.
Nuestras enmiendas van en la línea de abordar los silencios del proyecto.
Cuando me planteo explicar las enmiendas de la 1 a la 40 --40 enmiendas que hemos presentado en nombre de Izquierda Unida--, siempre me cabe la posibilidad de esperar que, a última hora, el representante del Grupo Parlamentario Socialista diga que admite una serie de enmiendas. En técnica parlamentaria se sabe que eso es de ilusos, porque lo que no se ha hecho ya no es posible y, por lo tanto, doy por defendidas las 40 enmiendas que presenta Izquierda Unida sobre los silencios del proyecto de ley. No las voy a defender y las doy por conocidas, porque creo que tiene poco interés para el partido en el Gobierno, y me voy a centrar brevemente en algunas.
Hay varias enmiendas que hacen referencia a la Audiencia Nacional. La enmienda número 1 se justifica porque, a nuestro entender, no tiene sentido que se traten los delitos de los menores por la Audiencia Nacional.
Planteamos la enmienda número 2 porque creemos que no cabe la acusación particular por ser contraria al interés del menor. Hablaba antes el senador del Partido Socialista del interés del menor, y nosotros hemos presentado 45 enmiendas que tratan del asunto.
La enmienda número 3 se justifica porque creemos que la medida de alejamiento puede ser contraria a la socialización del menor, y además, a través de la libertad vigilada, se pueden alcanzar los objetivos dentro de un criterio educativo amplio. Como verán, nosotros hablamos mucho de educación, de reeducación, del interés del menor, etcétera.
La enmienda número 5 pretende que la extensión a tres años en las edades de 14 a 15 años es meramente retributiva e incompatible con los criterios y principios que inspiran dicha ley.
La enmienda número 6 plantea la modificación del artículo 7, pues no tiene ninguna explicación racional desde una perspectiva educativa.
En la enmienda número 8 planteamos una supresión de la medida de seguridad de un año porque ambas adiciones atentan contra el principio reeducativo de la ley, son meramente retributivas y no tienen en cuenta la valoración del interés del menor.
La enmienda número 9 pretende de la supresión del nuevo número 2 del artículo 10, justificándose porque deben quedar redactados como lo están en la actualidad ya que la extensión de la duración de las medidas y el establecimiento de un período de duración tan amplio atentan contra el principio educativo de la ley, impidiendo al juez valorar de modo flexible la respuesta sancionadora y teniendo un mero valor retributivo.
La enmienda número 13 --entenderán ustedes que me salte enmiendas y que solamente me refiera a algunas en concreto-- pretende la supresión de los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 14. Entendemos que son incompatibles con la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 19 del Código Penal, y suponen una modificación de los principios, criterios y valores que conforman esta ley.
La enmienda número 28 va en la línea de lo que hemos dicho anteriormente, pues hemos presentado varias enmiendas que hacen referencia a la eliminación y conocimiento de los asuntos por parte de la Audiencia Nacional.
Por último, voy a hacer referencia a la enmienda número 32, en la que planteamos que subsidiariamente, de no eliminarse el concierto con estas entidades privadas sin ánimo de lucro --estamos hablando de los centros--, al menos debiera garantizarse que el personal necesario para la consecución de los fines de la ley, los equipos técnicos,

dependan de las administraciones públicas y no de las entidades privadas.
Señorías, este es el resumen de lo que hemos planteado en el discurso del veto y lo que hemos configurado, además, 40 enmiendas por si no entendían el veto, pero nos hemos dado cuenta de que estábamos dando sobre hierro.
No hay sensibilidad. Presentamos enmiendas para intentar mejorar la ley con ese discurso sobre la sensibilidad, pero la reeducación y el interés del menor vuelven a estar otra vez en tela de juicio. Aquí, en estas 40 enmiendas, nada de nada por parte del partido del Gobierno. La sensibilidad, dentro de seis años, cuando haya que hacer la próxima modificación.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori ): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera para defender sus enmiendas.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Sin excederme del tiempo que me corresponde, voy a fijar la posición global del Bloque Nacionalista Galego, aparte de comentar las enmiendas presentadas y,por tanto, abstenerme de intervenir ya en el turno de portavoces.
En nuestra opinión a pesar de las mejoras introducidas en el trámite parlamentario, la reforma sigue apartándose de los principios básicos que habían regido la aprobación de la ley 5 / 2000, como son el superior interés del menor y la naturaleza no penal, sino sancionadora, educativa, del procedimiento y de las medidas. Sé que difiere este criterio del manifestado por el senador Díaz Tejera. En cualquier caso, espero que en el comentario de las enmiendas quede claro por qué pensamos esto.
El Bloque Nacionalista Galego no comparte el agravamiento del régimen punitivo, máxime cuando se ha constatado una tendencia a la baja en la comisión de delitos por menores. A nuestro juicio, este mayor rigor punitivo que se observa en el texto del proyecto relega a un segundo plano el principio de la reeducación y reinserción social del menor, dando prioridad a fines y principios más propios del derecho penal de adultos.
Por todo ello, hemos presentado cinco enmiendas al proyecto de ley que pretenden corregir los aspectos comentados. Así ocurre con la enmienda número 41, que propone la supresión del apartado 4. Aun entendiendo el sentido que se le quiere dar al artículo de dotar de mayor protección a las víctimas, no consideramos que el medio propuesto sea el mejor para otorgar esa protección. En nuestra opinión, la posibilidad del ejercicio de acción penal en cualquier tipo de proceso por parte de las víctimas puede llevar a la aparición de dinámicas poco consecuentes con respecto al principio de defensa del interés superior del menor, proclamado a lo largo de la ley orgánica. Pensamos que la aparición de acusaciones particulares lleva aparejada la intervención por motivos subjetivos, alejados de la necesaria profesionalización y objetivación que debe tener el tratamiento penal de los menores.
En cuanto a la enmienda número 42, que inicialmente presentamos, ha sido retirada por un error de nuestro grupo a la hora de formular el voto particular. En dicha enmienda proponíamos mantener la actual redacción del artículo 7.1.d) de la ley orgánica, referida al internamiento terapéutico, ya que, a nuestro juicio, debe primar el criterio técnico a la hora de establecer el contenido de los derechos del menor en el cumplimiento de la medida --régimen cerrado, semi abierto o abierto--, sin dejarlos al arbitrio exclusivo del juez. Dado que, por un error, esta enmienda figura como retirada, vamos a apoyar la número 117, de Entesa Catalana de Progrés, coincidente en forma y en contenido con la enmienda inicialmente presentada por el Bloque Nacionalista Galego.
La enmienda número 43 propone la supresión del artículo 9.2.c) del apartado seis, que hace referencia a la aplicación de medidas de internamiento en régimen cerrado, cuando los hechos tipificados como delito se cometan en grupo. Pensamos que con la actual redacción se puede aplicar el mismo a cualquier grupo, aun formado de modo ocasional y con una finalidad poco clara, lo que de algún modo supondría volver al antiguo precepto del Código Penal que castigaba la comisión de delitos en cuadrilla.
La enmienda número 44 al artículo 10 y la número 45 al artículo 15 pretenden restablecer los principios resocializadores a través de las medidas de carácter educativo que inspiraban la Ley 5/2000, aplicando criterios de proporcionalidad en el régimen punitivo.
Por último, paso a comentar la enmienda número 46 al apartado quince, referida al apartado 2 del artículo 19. Desde nuestro punto de vista, el legislador no puede dejar al arbitrio de la víctima, en primer lugar y antes de que intervenga el juez, el sobreseimiento y archivo de las actuaciones como si de una justicia privada se tratara, sustrayéndolo al poder del Estado.
Finalmente, en el Bloque Nacionalista Galego somos conscientes de que la efectiva aplicación de la ley debe venir acompañada de los recursos suficientes que permitan que el sistema pueda asimilarla.
Por todo ello, no solo solicito el apoyo de sus señorías a las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, sino que manifiesto que el BNG apoyará todas las enmiendas que contribuyan a reformar este proyecto en la dirección comentada, en particular, las enmiendas presentadas por nuestras formaciones amigas y aliadas en Galeuzka --Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco-, pero también las enmiendas presentadas por Entesa Catalana de Progrés, Izquierda Unida y Eusko Alkartasuna.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.

El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros hemos mantenido para este debate en Pleno cuatro enmiendas. Las cuatro hacen referencia a las reglas

especiales de aplicación y duración de las medidas de internamiento, todas ellas en el firme convencimiento de que estas medidas deben ser un paso imprescindible para el objetivo de la reinserción y la reeducación.
Concretándolas en diferentes puntos del artículo único, en los apartados siete y ocho hemos presentado las siguientes enmiendas.
Según la enmienda número 165, consideramos incongruente fijar una duración de la medida en tres años, cuando el propio articulado del proyecto dice que no podrá exceder de dos años para los menores que al cometer el hecho tuviesen entre 14 y 15 años. En la enmienda 166 consideramos la necesidad de establecer la duración máxima de la medida de internamiento cerrado en cuatro años, con lo que evitamos superar la edad límite de los 21 años. En la enmienda número 167 entendemos que no se puede incrementar el límite máximo del internamiento en régimen cerrado para las edades de 14 y 15 años en los supuestos que ya prevé el proyecto. Finalmente, en la enmienda número 168, sobre la base del principio de reeducación y su efectividad, no consideramos procedente incrementar el límite máximo en régimen cerrado en una pluralidad de infracciones.
En definitiva, nuestras propuestas reflejan nuestra convicción de que el objetivo vital de esta ley es la reinserción por encima de cualquier otro anhelo, y de ahí nuestras enmiendas, que les rogamos que tengan en cuenta.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias señor presidente.
Como he tenido ocasión de poner de manifiesto hace un momento, en el debate de las propuestas de veto que se han presentado a este proyecto de ley orgánica, nuestro grupo parlamentario sigue manteniendo a día de hoy importantes discrepancias respecto al texto que ha llegado a esta sesión plenaria. Son 26 --26, han oído bien-- las enmiendas vivas en esta recta final de la tramitación, y a ellas voy a dedicar un tiempo, porque considero que es mi obligación dejar suficientemente clara nuestra posición, dada la trascendencia de una ley de esta naturaleza. Es cierto que tampoco derrocharé un excesivo entusiasmo en su defensa, porque, en primer lugar, la filosofía que las inspira es de sobra conocida por todas sus señorías, y, en segundo lugar, porque soy consciente de que, salvo que haya grandes sorpresas, la banca ya ha cerrado, ha dicho no va más, y por tanto, las enmiendas que voy a defender están condenadas al rechazo.
En cualquier caso, haré una breve defensa de las enmiendas, pero les advierto a sus señorías que no me referiré a todas ellas, sino que haré una defensa por bloques, procurando que estos no sean más de cuatro.
El primer bloque está constituido por las enmiendas 66, 77, 85 y 91, cuyo objetivo no es otro que suprimir todas las referencias legales a ese régimen extraordinario, coyuntural y excepcional pero que se mantiene, de la jurisdicción especial de la Audiencia Nacional y de sus juzgados centrales de menores. Proponemos, pues, suprimir el nuevo apartado cuatro del artículo 2 de la ley orgánica y, en coherencia con ello, suprimir también el apartado cuatro del artículo 20, que impide que los procedimientos de competencias de la Audiencia Nacional puedan ser objeto de acumulación con otros procedimientos abiertos a los menores, de acuerdo con el principio de domicilio del menor.
En clara sintonía con la supresión que propugnamos en materia de delincuencia juvenil, en el artículo 42, que se refiere al recurso de casación para la unificación de doctrina, eliminamos también las citas a la Audiencia Nacional en los apartados uno, tres y cuatro del artículo 2.
A su vez, suprimimos la nueva redacción que se da al artículo 54.1, relativo a los centros para la ejecución de las medidas privativas de libertad.
El segundo bloque lo constituyen las enmiendas que hemos presentado a un artículo ciertamente importante, el 7, que define las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores, y fija las reglas generales para su determinación. Es objeto de especial atención este artículo 7, como digo, a través de enmiendas como la 69, la 70 o la 72. Son enmiendas en las sí que quiero detenerme siquiera un momento.
La primera tiene que ver con las medidas de internamiento en régimen semiabierto y, más concretamente, con la posibilidad de que el juez de menores suspenda la realización de actividades fuera del centro y acuerde que todas se lleven a cabo dentro. Nada que objetar a tal posibilidad, señorías, pero --pero, y de ahí nuestra enmienda-- siempre tras la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 del proyecto de ley. Nos parece obligado especificar que la decisión judicial de suspender las actividades externas debe ser consecuencia de un procedimiento reglado en el que el menor goce de todas las garantías, y no de una decisión discrecional.
La enmienda número 70 atañe a la medida de inhabilitación absoluta, y pretende eliminar la referencia a la privación de empleos públicos y a la incapacidad para obtenerlos. No nos parece que esta manifestación sea acorde con los principios inspiradores de la ley orgánica --lo hemos dicho desde el principio de la tramitación-- ya que, lejos de facilitar la reinserción del joven, le dificulta normalizar su vida si no se le permite acceder a empleos.
Por último, la enmienda número 72, también referida a ese artículo 7, modifica el apartado cuatro con el fin de que el juez no pueda imponer al menor por un solo hecho más de una medida, salvo cuando expresamente así se prevea.
Cada hecho delictivo, señorías, debe llevar aparejada la imposición de una medida; la imposición de varias medidas a un solo hecho deberá estar prevista legalmente en aras del principio de legalidad y de seguridad jurídica. Debe ser en todo caso, y siempre, el legislador quien prevea en qué supuestos la conducta delictiva merece una reprobación múltiple en interés del bien jurídico que se desea proteger.


Un tercer capítulo, que por su significación también merece nuestra atención, es la redacción dada a los artículos 9 y 10 del proyecto de ley, o lo que es lo mismo, a los artículos que regulan el régimen general de aplicación y duración de las medidas, y sus reglas especiales.
A este capítulo dedicamos las enmiendas números 73 y 74, con las que simplemente se pretende suprimir la nueva redacción dada a los dos artículos, en los que se concreta el incremento punitivo que pretende la reforma y con el que estamos en total desacuerdo. Una modificación en este sentido --lo hemos dicho en nuestra anterior intervención y lo han repetido otros intervinientes-- exige un estudio criminológico serio, una valoración de la aplicación de la ley suficientemente contrastada con la experiencia de las comunidades autónomas, que son, además, quienes después la ejecutan materialmente, y una constatación clara y evidente del incremento de la delincuencia juvenil. Pero da la casualidad de que esto no se ha hecho y, además, los datos que existen no parecen dirigirse precisamente en ese sentido, tal y como han dejado patente los vocales del Consejo General del Poder Judicial que han formulado un voto particular.
En esos artículos --hay que decirlo-- se amplían los supuestos en los que cabe imponer la medida de internamiento cerrado, cuando esta debería ser el último remedio, y se incluye entre ellos el supuesto de actuación en banda, organización o asociación sin distinguir el tipo de hecho cometido, algo que, a nuestro juicio, contradice claramente el principio de proporcionalidad.
Se amplía también en dichos artículos la duración de las medidas en un año, sin que, como he dicho con anterioridad, exista un contraste suficiente del incremento de la criminalidad. Y por otra parte, y por último, se limita a los jueces de menores la posibilidad de modificar las medidas, de suspenderlas y de dejarlas sin efecto a la vez que se establecen períodos de seguridad que pueden obstaculizar el proceso resocializador del menor que debe estar siempre presente.
Estimamos que las reglas de aplicación y la duración de las medidas deberían englobarse todas ellas en un mismo artículo, y en ese sentido entendemos suficiente el régimen que actualmente prevé la ley orgánica en su artículo 9, y que, como todas sus señorías saben, tiene un régimen general de aplicación en las reglas primera, segunda, tercera, cuarta, sexta y séptima, y un régimen excepcional en su regla quinta. Pero como último apunte a ese tercer bloque de mi exposición, si precisara alguna reforma, sería en sentido contrario al propuesto, como, por ejemplo, en la consideración de la reincidencia como supuesto de extrema gravedad. Se debería especificar el motivo de la reincidencia que conlleve tal consideración, y en consecuencia suprimir la palabra «siempre» para permitir al juez el ejercicio de la discrecionalidad propio del derecho penal de menores.
Simples derivadas de estas enmiendas a las que me he referido serían
--aunque no entraré a defenderlas a fin de que este debate pueda finalizar a una hora prudente-- las números 87, 71, 75 y 76. Únicamente me referiré, pues ya había amenazado con hacerlo en mi anterior intervención, al otro eje de discrepancia importante que mantenemos respecto de la posición del grupo mayoritario, y que tiene que ver con la acusación particular. El eje de este tema se encuentra recogido en nuestra enmienda número 78, y pivotando sobre ella se encuentran prácticamente el resto de las enmiendas que hemos presentado.
Con estas enmiendas pretendemos, en definitiva, recuperar la redacción original del artículo 25 de la ley, que establecía como regla general la prohibición del ejercicio de las acciones por los particulares, salvo en lo que se refería a la acción civil. El perjudicado podía personarse y tener intervención en el expediente, pero solamente al concurrir una serie de condiciones muy restrictivas, y no podía, además, realizar manifestación alguna sobre la procedencia de las medidas propuestas. Sin embargo, fue con la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2003, de 25 de noviembre, cuando se introdujo la acusación particular en condiciones equiparables al proceso penal de adultos.
Son muchos, señorías, los argumentos en contra de esa admisión generalizada de la acusación particular, y la mayoría de la doctrina científica apoya la limitación de la intervención del perjudicado en el proceso de menores. La necesidad de preservar los aspectos educativos del proceso; la exigencia de celeridad; la conveniencia de proteger los aspectos más íntimos del menor y de su familia; la exigencia de evitar postulaciones puramente vindicativas; la obligación de promover una medida inspirada en el principio de interés del menor, etcétera, son argumentos sólidos en contra de la introducción de la acusación particular para todo tipo de delitos que se llevó a cabo a través de la reforma a la que me he referido del año 2003.
Somos conscientes, señorías, y tengo que decirlo, de que lograr conciliar los derechos de las víctimas --víctimas perjudicadas-- con el interés superior del menor, es una tarea compleja y delicada, pero se debe buscar la fórmula de llevarla a cabo. Precisamente partiendo de las directrices del Estatuto de la víctima en el proceso penal, aprobado por la decisión marco del Consejo de 15 de marzo de 2001, dos serían, a nuestro juicio, los aspectos a tener en cuenta en esta siempre difícil cuestión. Primero.
Las medidas que se adopten respecto de las víctimas y perjudicados han de dirigirse a paliar los efectos del delito en todas sus facetas y serán muy distintos en función del bien jurídico transgredido. Para ello, es preciso concebir y tratar las necesidades de la víctima de forma integrada y articulada. Segundo. No se deben fomentar respuestas vindicativas ni que estas predominen, tanto en el momento de la adopción de la medida como durante su ejecución, sobre el interés superior del menor.
Volviendo a esa decisión del Consejo, quiero decir que es necesario que se respete la dignidad de la víctima, su derecho a declarar y ser informada, al igual, por supuesto, que a no ser informada, a comprender y ser comprendida y a ser protegida en las diversas fases de las actuaciones. Desde esta perspectiva, señor presidente, señorías, hemos presentado el buen número de enmiendas al que antes me refería, que están destinadas a lograr, como decía antes, ese difícil pero necesario equilibrio.


Voy a terminar, señor presidente, aunque podría detenerme una vez más en el artículo 28, referido a las medidas cautelares; pero no lo haré, toda vez que en algo hemos mejorado en su redacción tras el paso del proyecto por esta Cámara, como ya indiqué en mi intervención anterior. En definitiva, señorías, hay muchas enmiendas aún vivas de este grupo parlamentario, e importantes y reales discrepancias que siguen estando ahí, pero la coherencia y el reconocimiento de lo avanzado nos llevan a apoyar el dictamen de la comisión, con la salvedad, ya explicitada en la anterior intervención, en lo que tiene que ver con la no aplicación de esta ley a los mayores de 18 años y de 21, lo que no contará con nuestro voto positivo.
Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Bofill, de Entesa Catalana de Progrés.

El señor BOFILL ABELLÓ: «Gràcies, senyor president.» En primer lugar, quiero expresar la satisfacción de mi grupo por el trabajo realizado en ponencia y en comisión que, como ha subrayado el ministro de Justicia, ha permitido perfeccionar la ley en relación con cuestiones extremadamente sensibles, como la necesidad de que la justicia de menores se pueda dedicar con plenitud y con recursos al tratamiento de los menores, a favorecer su mejor integración social y a prevenir males mayores.
Antes de entrar en el contenido de las enmiendas que mantenemos en el Pleno, hemos de precisar que, teniendo en cuenta que Entesa es una coalición de partidos y que hemos trabajado en sintonía con la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña, unas enmiendas de Entesa en realidad son enmiendas de Iniciativa per Cataluña-Verds, que siguen vivas después del trámite del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados; otras son de Esquerra Republicana y otras son de Entesa en conjunto como grupo, en consonancia con propuestas de la Dirección General de Justicia Juvenil de la Generalitat de Cataluña.
En relación con este último grupo de enmiendas de Entesa, que hemos preparado y presentado expresamente para mejorar la ley en el Senado, estamos particularmente satisfechos porque la mayoría han sido asumidas o transaccionadas en ponencia e incorporadas por la comisión al dictamen, y las podemos retirar. Es el caso de las enmiendas números 111, 118, 147, 150, 152, 153, 157, 159, 160 y 164. No entraremos, pues, en la defensa de su contenido. Pero sí queremos subrayar que nuestras enmiendas números 111 y 164 han sido decisivas para una transacción con la número 110, del Grupo Popular, que ha permitido no incluir en la ley del menor a los jóvenes mayores de 18 o 21 años, con la intención de que todos los medios de la justicia juvenil se concentren en la atención de los menores que delincan delinquen entre los 14 y los 18 años, y que la ley prevé que puedan ser atendidos en centros de menores hasta los 21 años, sin menoscabo de que consideremos que los jóvenes que delincan entre los 18 y los 21 años necesiten un tratamiento especial, cuestión a la que me referiré específicamente en el turno de portavoces. Esta mejora de la ley para concentrarla en los menores, que de alguna manera es una vuelta al texto original del proyecto presentado por el Ministerio de Justicia, era una demanda mayoritaria de los profesionales y de las comunidades autónomas que tienen la responsabilidad de estos centros de menores.
Sería bueno que tomasen nota algunos medios de comunicación del papel de Entesa en esta cuestión.
De las enmiendas que apoya el conjunto de Entesa, y que mantenemos, la número 117 propone la supresión de la referencia a los regímenes cerrado, abierto y semiabierto cuando se defina el internamiento terapéutico, porque no tiene justificación ni es apropiada para este tipo de internamientos. Esta enmienda se correspondía con la número 42, del senador Jorquera, del Grupo Parlamentario Mixto, y creíamos que se había incorporado en el trámite en comisión. Pedimos, pues, su votación separada para que, todos los grupos, que en ponencia manifestaron su acuerdo con el contenido, puedan votarla e incorporarla al texto.
Por otro lado, retiramos las enmiendas números 133 y 134, que se refieren a la necesidad de poner un límite de edad a la permanencia en centros de menores cuando esta sea en régimen semiabierto y abierto; y lo hacemos por falta de apoyo, fundamentalmente del Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de que consideramos que resulta un poco incongruente que la ley rebaje el límite de permanencia en centros de menores, en régimen cerrado, a los 21 años, y sin embargo se olvide que la ley hasta ahora fijaba el límite de permanencia en un centro de menores, tanto si era en régimen cerrado, semiabierto o abierto, en los 23 años, dejando por tanto un vacío que, llegado el caso, poco frecuente, será una excepcionalidad difícil de gestionar, teniendo en cuenta que los centros de justicia juvenil que acogen menores desde los 14 años no pueden dar una oferta educativa y asistencial adecuada a las necesidades de los jóvenes mayores de 21 años.
Mantenemos las enmiendas números 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 135 a 146, ambas inclusive, 154, 155, 156, 161 y 162, que son de Iniciativa per Catalunya-Verds y se corresponden con las de Izquierda Unida, dándolas por defendidas, y solicitando que se voten separadamente.
También pedimos el voto separado de la enmienda número 112, de Esquerra Republicana de Catalunya, y de las números 113, 148, 149 y 163, de Iniciativa per Catalunya-Verds, que se refieren a la supresión del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, cuya atribución de competencias por la Ley 7/2000 nos parece de dudosa constitucionalidad.
El escandaloso caso de un chico de 3º de ESO, de Lloret de Mar, mi circunscripción electoral, que fue detenido en plena noche con medios desproporcionados, en virtud de la legislación antiterrorista, y obligado a declarar en la Audiencia Nacional, lejos de su domicilio, y cuyo caso estuvo encallado meses en ese Juzgado Central de Menores porque había mandado unos mensajes de correo electrónico, firmados por el Ejército del Fénix, nombre relacionado con su reciente lectura de una novela de Harry Potter, aparte de demostrar que en este país lo ridículo

no tiene límites y que a veces puede llegar a ser trágico, corrobora nuestra convicción de que no es ni justo ni adecuado que los menores hayan de comparecer ante la Audiencia Nacional, en Madrid. En este sentido, para que quede claro que esta voluntad de supresión del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional es plural, solicitamos votación separada de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 1, 28, 29 y 39, de Izquierda Unida, y las números 47, 63 y 65, de Eusko Alkartasuna, así como las números 66, 85 y 93 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Retiramos las enmiendas números 151 y 158, de Esquerra Republicana, ya incorporadas al dictamen, y mantenemos las números 114, 115, 116, 120, 122 y 128, también de Esquerra Republicana. Son todas ellas enmiendas que intentan suavizar la visión predominantemente punitiva de la justicia juvenil que se introduce en algunos artículos de este proyecto de ley mediante un endurecimiento sistemático de las penas, algo que senadores de todos los grupos, sin excepción, me han reconocido en privado que es excesivo y que incluso está en los límites de lo permitido por los convenios internacionales suscritos por el Estado español, pero que, según parece, responde menos a razones de Justicia y de protección del interés del menor que a una concesión a un supuesto clamor de la calle, que personalmente creo que no es muy real sino más bien inducido y amplificado por algunos medios amarillos o interesados en generar una imagen de inseguridad y desgobierno. Porque la gente, cuando razona con templanza, intuye que el endurecimiento de las penas «per se» no resuelve nada, y en jóvenes, en época de maduración personal, puede llegar a ser contraproducente.
Por eso, la ley se refiere al interés del menor. La invocación del interés del menor debe conservar su pleno sentido, como expresaban en su voto particular al informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley algunos vocales del Consejo, y subyace en el fundamento de nuestra enmienda número 122, de supresión del artículo 10. Si la respuesta sancionadora se hace proporcional al hecho, como en el procedimiento para adultos, es decir, acreditado el presupuesto de hecho, la consecuencia jurídica viene dada por el Código Penal. Con la proporcionalidad que resulta de la tipificación penal el interés del menor resultará irrelevante al condicionar la respuesta al automatismo legal, sin las consideraciones que singularizan la respuesta a los valores infractores.
Este ataque al valor incorporado al concepto del interés del menor se evidencia en el incremento punitivo que se establece en la redacción del nuevo artículo 10, por lo que proponemos su supresión, decían los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Hemos mejorado la Ley en Comisión, pero aún tenemos la oportunidad en el Pleno de hacer una ley más adecuada si incorporamos algunas de estas enmiendas o algunas de los otros grupos que apuntan en esta misma dirección.
«Gràcies, senyor president.»
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, afrontamos el debate de las enmiendas del proyecto de ley que regula la responsabilidad penal de los menores y quiero ser breve, puesto que ya hemos debatido mucho, y creo que bien, en ponencia y en comisión; por lo tanto, vamos a mostrar ahora un reflejo político de lo que representan las posiciones de los grupos parlamentarios.
En primer lugar, quisiera decir que coincido con las palabras del señor ministro en la introducción de esta ley. La Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor del año 2000 fue aprobada durante el Gobierno del Partido Popular, es más, a caballo entre las dos legislaturas de ese Gobierno. Es una ley sustancialmente buena en mi opinión, por lo menos en su planteamiento filosófico. Pero, más allá de lo que suponga su bondad, y de que pueda tener sus defectos en la aplicación práctica, lo importante de dicha ley son las novedades que representaba, novedades fundamentales de las que quisiera resaltar algunas para reflejar mejor después nuestra posición sobre las enmiendas.
La novedad fundamental era la elevación de la edad penal a los 18 años
--es cierto que en relación con el Código Penal del año 1995--, y es cuando se produce el abanico distinto en la aplicación de la ley y, en consecuencia, en la aplicación del propio Código Penal. De 12 a 16 años, pasamos de 16 a 18 años, y con un tratamiento específico, entre 14 y 16 años y 16 y 18 años.
Pero hay otras importantes novedades en el ámbito procesal. Se atribuye la instrucción al Ministerio Fiscal buscando una mayor dosis del principio de oportunidad, que en ningún caso puede rebajar la aplicación del principio de legalidad y, sobre todo, la aplicación de la igualdad, proclamada en el artículo 14 de la Constitución. Y se toma un particular interés en proclamar la ausencia de la acción particular. Digo esto, porque después hablaremos más de lo que puede suponer esta aplicación de la acusación particular en el ámbito de la responsabilidad de los menores.
Y también hay novedades muy importantes en el ámbito material. El elenco de medidas que se proponen, la propia flexibilidad del juez a la hora de imponer medidas, la atribución de competencias a los equipos técnicos, el llegar más allá de lo que puede suponer solamente el internamiento cerrado hasta el internamiento abierto y semiabierto y, sobre todo, como decía, un elenco de medidas muy importantes destinadas a la rehabilitación, es el punto de inflexión que nos ha permitido superar lo que antaño era el tribunal tutelar de menores y aquella Ley de jurisdicción de menores de 1988, con alguna dosis de inconstitucionalidad. Por tanto, es un punto de inflexión de esta ley en su aplicación a partir del año 2000. Este era el panorama.
Pero, como les decía, más allá de la bondad de la ley, estaban las novedades. Y toda aquella ley que suponga un punto de inflexión y que admita novedades importantes en el ordenamiento jurídico debe conllevar un período de reflexión en el que podamos valorar aquello que en la práctica

puede ser bueno, aquello que no lo es y, en consecuencia, hay que corregir, y aquello que hay que mantener. Y así afrontamos el año 2003, donde se tomó en consideración un acuerdo político de todas las Cámaras en el que se afirmó que deberíamos revisar la ley, con cuatro objetivos. Elaborar un estudio, una evaluación de la criminalidad en el ámbito de menores. Consultar al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio Fiscal --esto es importante--, más allá de lo que representa su carácter preceptivo. Coordinar y colaborar y sobre todo detectar los problemas que pueda tener la aplicación de la ley con las comunidades autónomas. Y buscar un consenso en el arco parlamentario, consenso que va más allá del que se pueda alcanzar entre dos o tres grupos parlamentarios y que debe tender básicamente a la representación de la Cámara, consenso que se va a alcanzar si en realidad se vota por más del 80 por ciento de los diputados y de los senadores.
Este es el planteamiento, y quería incidir en él antes de entrar en las enmiendas, por el importante incumplimiento por parte del Gobierno.
Porque no se ha hecho el estudio de evaluación --lo decía antes un portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra-- y, por tanto, no tenemos datos sobre los cuales podamos basarnos. Jugamos un poco con la intuición, tanto el Partido Socialista como evidentemente nosotros.
Han sido oídos el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, pero lo cierto es que no han sido escuchados; hay puntos fundamentales del Consejo y de la Fiscalía que no han sido tenidos en cuenta.
No ha habido coordinación con las comunidades autónomas, no se han detectado los problemas con ellas, que tienen encomendada la ejecución.
Se ha llamado a las comunidades autónomas, pero se ha hecho cuando el problema ya era en muchos casos irresoluble, además del problema de la financiación, al que luego me referiré.
Y en cuanto al consenso político, ha brillado por su ausencia. Al Partido Popular no se le ha participado antes del proyecto de ley. Quizá --y es de agradecer-- se ha buscado un cierto consenso en esta Cámara, en el Senado, pero en el Congreso de los Diputados no se le ha oído ni se le ha escuchado ni, por supuesto, se le ha hecho caso.
Este es el panorama. Por eso, este proyecto de ley nace cojo, y yo diría que nace mal. Nace mal, porque no hay participación política ni de las comunidades autónomas, lo cual no quiere decir que el proyecto de ley no pudiera ser bueno, porque a veces se puede acertar y hacer un proyecto bueno; pero resulta que no: ni es bueno, y a veces es un simple disparate, desde el punto de vista del Partido Popular. Por ello, y porque no se ha alcanzado este consenso, evidentemente la ley se modificará; quizá por ustedes, cuando se den cuenta, pero sobre todo se podrá modificar por nosotros cuando lleguemos al Gobierno, y se hará un consenso y según el planteamiento de acuerdo político que se alcanzó a finales del 2003.
Recalco que esta es la posición del Partido Popular. Nosotros queremos modificar la ley. Lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular al hablar de los vetos: no apoyamos los vetos porque no coincidimos con los argumentos de aquellos que los propusieron. Somos opuestos a la ley en su conjunto, y queremos modificarla, pero no a través de la reforma que hoy nos trae aquí el Partido Socialista.
Estas son nuestras enmiendas, a pesar de que debo agradecer que algunas de ellas hayan sido acogidas por la buena tarea en ponencia y comisión.
No voy a defenderlas una a una, no es mi modo de llevar a cabo la disertación en los Plenos. Como hacía el portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, solo voy a hablar de ellas en líneas generales.
Con relación a los aspectos procesales, a nosotros nos preocupa la acusación particular --a ello se ha referido también el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos--. Es cierto que la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de menores, nuestra ley del año 2000, planteaba la ausencia de la acusación particular. Quizá no sea malo y pudiera ir por buenos derroteros. La cultura del proceso penal español mantiene la acción penal en el Ministerio Fiscal. Quizá para esa mayor dosis de oportunidad pudiera ser bueno. Quizá la filosofía estuviera bien planteada, pero la eficacia práctica no dio resultado.
Se reclamó que las víctimas pudieran participar en el proceso, sobre todo en aquellos delitos especialmente graves. Ahora bien, si decidimos que la acusación particular pueda participar en algún tipo delictivo, entonces tenemos que mantener la acusación particular hasta sus últimas consecuencias en todo el proceso penal. ¿Por qué? Sencillamente, porque la acusación particular viene unida al artículo 24 de la Constitución, artículo que está inserto en los derechos fundamentales, y no viene unida al artículo 125, como sí lo hace la acusación popular, que es algo muy distinto a la participación de la víctima en el proceso. Por tanto, si decidimos que la acusación particular deba serlo, decidámoslo con todas las consecuencias. Y en ese punto estamos en contra del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que mantiene algunas restricciones, y del Grupo Parlamentario Mixto, que quiere la ausencia total, como primitivamente se había hecho en la ley.
Hasta aquí, coincide el Grupo Parlamentario Socialista, porque, efectivamente, en la fase de instrucción, en la fase ante el juez de menores y en la fase de la vista han dado juego, han admitido enmiendas nuestras, y podemos decir que la acusación particular hoy está consolidada en ese procedimiento. Cabe la posibilidad de recurso de casación de la acusación particular, cabe la posibilidad de la proposición de prueba, algo que no estaba medido en el proyecto de ley.
Pero se nos niega algo fundamental en la ejecución de sentencias. La flexibilidad del juez en la ejecución de sentencias es mucha y muy importante, y no nos negamos pero cuando el juez tome la decisión, que por lo menos sea oída la víctima, que cuando se puedan tomar decisiones que modifiquen las medidas de forma sustancial e incluso las suspendan, que por lo menos sea oída la víctima.
¿Y las medidas cautelares? Se ha aceptado que la acusación particular pueda hacerlo, pero se racanea --valga la expresión coloquial-- en cuanto a los plazos de la posible medida cautelar, sobre todo la de internamiento. La ley señala tres meses más tres posibles de prórroga, la reforma de la ley nos plantea seis más tres, y nosotros queremos llevarlos a seis más seis. Podríamos pensar en otra fecha,

pero consideramos que esa es la idónea por dos razones y una consecuencia.
La primera razón es que, en principio, una medida cautelar de internamiento en la que se restringe la libertad no es el problema, este se deriva de que la medida es de carácter excepcional, tiene que ser absolutamente motivada por parte del juez, motivación que además en el propio proyecto de ley la llevamos pareja a la prisión provisional, y debe argumentar las causas de fuga. Estamos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estamos en el buen camino y, por tanto, es una medida excepcional; no veamos los parámetros más allá de que sean más cortos o más largos.
La segunda razón es que la duración de la medida cautelar nada tiene que ver con la duración del proceso. El proceso tiene que durar lo menos posible porque tenemos que llegar a la sentencia firme cuanto antes, por propia seguridad del ordenamiento jurídico. Por tanto, si es más o menos, en principio no tiene un valor en sí mismo. Evidentemente, no vamos a llegar a dos años más dos de los adultos, pero no tiene un valor en sí mismo y, sin embargo, nos permitirá que en aquellos delitos de alta complejidad tengamos la flexibilidad de poder disponer de un plazo mayor porque, daño por daño, es mucho más el que se puede causar cuando se queda en libertad que aquel que se puede causar en la aceleración del procedimiento.
Respecto de los aspectos materiales --y voy a ir un poco más rápido porque dispongo de poco tiempo-, mi grupo es partidario de cumplir aquel acuerdo de la disposición final de la Ley 15/2003, en el cual se decía que la revisión iba destinada a sancionar con más firmeza y eficacia los delitos. Y nosotros así lo apuntamos, con el juego de tres enmiendas a tres apartados de ese artículo único: que pudiera haber una condena, una sanción o una medida de hasta tres años con carácter general, que sea elevada en aquellos delitos de especial gravedad hasta los diez años, y doce años en el caso de pluralidad de infracciones; que además venga conjuntada con unos plazos de prescripción más lógicos, no tan cortos, sobre todo en los delitos menos grave, y que la revisión de la pena
--alguien ha hablado aquí de la guardia, de la seguridad en el cumplimiento de la pena-- que pueda no plantear la desigualdad de los menores ante la ley que tenga, en principio, un mínimo, como es la mitad del cumplimiento de la pena en internamiento cerrado, para poder plantearse una revisión. El conjunto de las tres enmiendas es que nos lleva al cumplimiento de aquel mandato político.
Y hablaré ahora de dos cuestiones muy importantes sobre la edad: la primera se refiere a los bordes de esta franja de 14 a 18 años. Con nuestra enmienda número 95 --y quiero decirlo detenidamente y con cuidado-- el Partido Popular apunta la posibilidad de aplicar la ley a menores en una franja de 12 a 14 años. Pero me voy a referir al tema midiendo las palabras: podría aplicarse siempre que sean casos especiales, rigiendo con una dosis muy amplia el principio de oportunidad del Ministerio Fiscal, ante delitos de especial gravedad o multirreincidencia y, evidentemente, para aquellos que estén más cerca de los 14 que de los 12 años. Lo dice el Partido Popular, lo dice este senador y también lo dice el informe de la Fiscalía General del Estado.
Creo que podría ser importante pero, repito, en casos de especial gravedad, atendiendo al principio de oportunidad, ante delitos especialmente graves y multirreincidencia. De esta forma solucionaríamos muchos temas. Lean ustedes nuestra enmienda número 95, y si la pudiéramos transaccionar, lo haríamos. Pero repito que el tema es fundamental.
La franja superior está perfectamente clara: entre los 18 y 21 años. El Partido Popular se opone. El Congreso lo introdujo. El proyecto de ley, no. El Senado lo ha quitado. No me voy a detener en esta cuestión porque las razones son claras: no lo demanda la sociedad y además puede haber problemas de rehabilitación. No lo cambien en el Congreso. Algún grupo partidario de mantenerlo cree que lo van a cambiar, pero por las palabras del ministro intuyo que no va a ser así. No lo cambien, suprímanlo. Era una hipótesis planteada en la ley del año 2000, pero en la práctica nos va a traer muchos problemas...

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, vaya concluyendo, por favor.

El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Termino, señor presidente.
Como decía, nos va a plantear muchos problemas de jurisdicción de menores y de rehabilitación. No lo cambien, aunque sólo sea para que el Grupo Parlamentario Socialista del Senado no quede vituperado.
Con respecto a la franja de edad, sí nos importa que aquellos que cometan un acto delictivo a los 17 años y muchos meses, es decir, que van a cumplir enseguida los 18 años, puedan o no ir a prisión. Y creemos que hay que dar una sensación de sensibilidad del legislador hacia la propia sociedad. Y lo digo también con cierta cautela. Nuestra enmienda número 100 se refiere a aquellos tipos delictivos especialmente graves, proponiendo que vayan a prisión a los 18 años cuando sabemos que no se van a cumplir antes de los 21 años la medida de internamiento. Si ustedes quieren, pueden salvarlo después a través de causas excepcionales, pero que la regla lo sea y la excepción la aplique el juez, y no a la inversa, como se está planteando en estos momentos.
Termino, señor presidente, pero no puedo dejar de hablar de la financiación. Las comunidades autónomas están mal dotadas, la ejecución está mal llevada porque no hay recursos económicos; todos lo sabemos. Por tanto, dotenos de financiación, y hagámoslo como un compromiso serio. Eso es lo que propone nuestra enmienda número 94. Como todos estamos de acuerdo y sabemos que hay que hacerlo, hágase en el plazo de dos o tres meses, o en un plazo relativamente corto, porque es un compromiso. Eso es lo que tiene que plantear el grupo que sustenta el Gobierno, y no sabemos si lo hará este año, en 2007 o en 2008. Eso será un favor para las comunidades autónomas gobernadas por ustedes y también para las gobernadas por nosotros. No entiendo por qué no puede haber este compromiso por parte del Gobierno.
He apuntado someramente las tesis de mi grupo parlamentario sobre los motivos de nuestra oposición. No he tenido

más tiempo pero he querido reflejar en grandes líneas la oposición a este proyecto de ley sobre la responsabilidad penal de los menores, estando de acuerdo en que la ley se debía reformar, pero no sobre estos parámetros.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Turno en contra.
Tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Espero no tener que abusar de su benevolencia. Señorías, permítanme que comience mi intervención mostrando mi gran satisfacción y el gran honor que, como siempre, supone trabajar con los ponentes que me han correspondido en la tramitación de esta ley.
Efectivamente, como hemos visto en el turno de defensa de las enmiendas, son muchas las que siguen vivas, pero no es menos cierto que nos encontramos ante un dictamen que es singular. Quiero recordar a sus señorías que, excepto algunas enmiendas importantes del Grupo Mixto, concretamente de Izquierda Unida, y algunas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, el resto de los grupos parlamentarios ha repetido en esta Cámara las enmiendas presentadas en el Congreso.
Como digo, las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, las del Grupo Parlamentario Mixto a través de Izquierda Unida y las aportadas por el Grupo Parlamentario Socialista son las únicas que, como novedad, se han incorporado a este debate. Pues bien, señorías, entiendo que siendo esto así, tengo que resaltar la importancia de que en este dictamen se hayan incorporado concretamente 28 enmiendas, porque son 24 incorporadas directamente y cuatro retiradas por estar recogido su contenido en el texto. No voy a hacer referencia a ellas, pero sí quiero decir, para que quede constancia, que cinco son del Grupo Parlamentario Popular, tres del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, ocho del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, una del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente del señor Urrutia, y siete del Grupo Parlamentario Socialista. Y si importante es que yo reconozca el esfuerzo que se ha hecho por que el dictamen mejore el texto remitido por el Congreso, también quiero dar las gracias a aquellos grupos que no han presentado enmiendas, como es el caso del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, que teniendo como tienen problemas específicos de menores en estos momentos creo que ha tenido un alto concepto de responsabilidad y de velar por que esta ley saliera de esta Casa de la mejor forma posible.
Siendo esto así, señorías, me van a permitir que en primer lugar mi turno lo dedique a defender el dictamen de la comisión. Por supuesto, voy a entrar a dar cumplida respuesta --a algunos, evidentemente, no a todos-- a los argumentos que se han esgrimido para defender las enmiendas, pero antes de pasar a su contenido quiero partir de la base de la defensa no digo a ultranza, pero sí de forma convincente, de forma convencida --la convicción espero trasladársela a sus señorías y por mi parte me quedo con la convicción con que lo defiendo-, del dictamen tal cual ha salido de la comisión.
El señor ministro, en su intervención al principio del Pleno, ha puesto de manifiesto la importancia de algunas de las reformas que hemos introducido. Creo que hemos llegado, como decía el señor Zubia, hasta donde podíamos llegar, y precisamente porque hemos llegado adonde podíamos llegar me parece, de verdad, que el dictamen es bueno. Y pido el apoyo de todos los grupos parlamentarios al dictamen aprobado por la comisión por algunas razones que expondré más adelante, pero especialmente por una fundamental, y es que quiero que aprecien a lo largo de mi turno en contra de las enmiendas que han defendido los distintos grupos parlamentarios las diferencias tan abismales, la distancia que existe entre las posiciones de un grupo y otro respecto a cada una de las materias importantes en las que hemos incidido en la reforma de la Ley Orgánica 5/2000, ley que todos conocemos como de responsabilidad penal del menor. Las diferencias son abismales, y yo entiendo honestamente que perturbar el texto del dictamen en los términos en que viene de la comisión introduciendo enmiendas de uno u otro grupo dada la divergencia tan abismal que existe entre unas y otras posiciones no va si no a empobrecer y a crear contradicciones dentro del proyecto de ley en la forma en que nosotros creo que debemos mandarlo de vuelta al Congreso.
No voy a comentar las modificaciones que se han introducido en el Senado, pero como se habla mucho de financiación sí quiero simplemente hacer referencia a una, que es la incorporada por la enmienda número 177, del Grupo Parlamentario Socialista. Llamo la atención, señorías, porque precisamente a través de esa enmienda nosotros instamos al Gobierno de España y a las comunidades autónomas a que precisamente para aplicar esta ley convenientemente adapten todas las plantillas que hacen falta relativas al personal de los juzgados de menores y a los fiscales de menores. Asimismo, me parece fundamental --y todos lo sabemos por conocer bien la ley-- la incorporación de las plantillas de personal funcionario y laboral que forman los equipos técnicos por la importancia del papel que juegan a la hora de asistir al juez y a las entidades que posteriormente tienen que aplicar la ley. Resalto esta introducción porque me parece importante y creo que supone un cambio sustancial en el régimen de financiación que hasta ahora existía, o sea, que no existía.
También me van a permitir que antes de entrar a ponderar el contenido de algunas enmiendas haga alguna apreciación de carácter general.
Me refería a la satisfacción por el trabajo que hemos hecho en la ponencia. Creo, de verdad, que hemos hecho un buen trabajo. Nos hemos reunido dos veces, hemos estudiado concienzudamente y hemos dado una digna segunda lectura, como manda la Constitución, a todo el proyecto de ley que nos ha llegado del Congreso.
Realmente lamento --aunque creo que no es responsabilidad del Grupo Socialista-- que la composición de algunos

grupos parlamentarios haya impedido que algún senador que mantiene importantes enmiendas y una posición respecto a la globalidad de la tramitación, no haya podido formar parte de la ponencia ni de la comisión. No quiero una explicación, ni muchísimo menos, porque lo comprendo. Pero quiero que también comprendan ustedes que las diferencias que en estos momentos tenemos de apreciación no significan ni despreciar ni no tener en cuenta el contenido de las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios. Lo que hay es una diferenciación clara y evidente respecto de los modelos que nosotros hemos defendido, pero no ahora, señorías, sino desde la Ley 5 del año 2000. Desde entonces todos los grupos parlamentarios han mantenido respecto de aquella ley y sus sucesivas reformas una determinada posición. Algunas de esas posiciones no han variado, con lo cual ha habido coherencia. Otras se han modificado, sin que haya habido por ello una menor coherencia al haber cambiado determinadas circunstancias durante el tiempo que ha transcurrido desde la aplicación de dicha ley, y otras posiciones sí han cambiado de una forma un tanto extremada.
Con ello quiero manifestar desde el Grupo Parlamentario Socialista --que es al que le compete mantener el apoyo al texto remitido por el Gobierno intentando conservar y mejorar, junto con sus señorías, las modificaciones que se han hecho en el Congreso-- que es conveniente decir estas cosas porque, desde luego, no hay desconocimiento ni desprecio.
Sencillamente no hay coincidencia en muchas posiciones que, por supuesto, respetamos aunque no compartimos.
Con carácter general quiero referirme a que se está magnificando el alcance de la modificación de la ley. Yo aprecio en algunas intervenciones de sus señorías que no se ajustan a la modificación que hoy traemos aquí en sus propios términos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros partimos de la base de que la ley que estamos modificando, que está en vigor, y que como muy bien ha dicho el senador Gutiérrez fue aprobada con mayoría absoluta del Partido Popular, también para nosotros sigue estando en vigor, del mismo modo que siguen estando vigentes los principios que la conforman y que están avalados por informes muy variados, incluido el del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de unos principios que contemplan la doble naturaleza que tiene esta normativa que nos ocupa en el día de hoy y que nos ha ocupado durante muchos años. Es una ley de doble naturaleza como digo. Formalmente es una ley penal y materialmente es una ley educativa y sancionadora.
Pues bien, para nosotros, señoría, siguen estando vigentes ambos principios, y no hay, ni mucho menos, falta alguna de sensibilidad en el mantenimiento, en el fomento y en la potenciación de su carácter educativo y rehabilitador. Muchas de las medidas van dirigidas precisamente a potenciar ese carácter reeducador de los jóvenes y a mantener con mayor puridad, si es posible, el carácter educador de los propios centros, donde muchos jóvenes tienen que cumplir las obligadas medidas.
Y digo, señorías, que la estamos magnificando, porque hay una parte en que se ha dado una vuelta de tuerca --como decía un senador-- endureciendo o agravando algunas medidas que se adoptan fundamentalmente en el internamiento cerrado, y ello por el estricto cumplimiento del mandato de la propia Ley Orgánica penal del menor, según la modificación que se hizo por la Ley 15/2003, que era precisamente la de agravar determinadas conductas cuando la gravedad de los hechos así lo pusiera de manifiesto.
Aquí se ha hecho referencia a que no se ha realizado una evaluación por parte del ministerio, pero no, señoría, eso no es verdad. El ministerio hizo una evaluación y contrastó los datos tal y como podía hacerlo, es decir, con los existentes, con los que tiene el Poder Judicial, con los que se hace la Memoria del fiscal general del Estado y con los propios de los cuerpos policiales, y ese informe, por cierto, se entregó en el Congreso. Yo entiendo que los grupos parlamentarios somos los que nos pasamos el testigo de una ponencia a otra y los que nos vamos transmitiendo la información, pero no sé si es que en algún momento se habrá roto esa cadena de transmisión de información de unos grupos a otros. Pero valoración, señor Gutiérrez, la hay.
Y tampoco es cierto que no se haya contado con las comunidades autónomas.
Ni muchísimo menos. Estas han participado incluso en la elaboración de algunos artículos de esta ley y, por supuesto, han sido conscientes del proyecto que envió el Gobierno, pero, claro, luego se acusa de lo que se peca, y es que estamos imponiendo obligaciones en el trámite del Congreso
--espero que no lo hagamos en el Senado-- que no estaban previstas en el proyecto de ley que envió el Gobierno a las Cortes Generales. Por tanto, no se podía prever su coste ni su valoración económica. Creo, señorías, que estos temas debemos tenerlos en cuenta. En la exposición de motivos del proyecto viene fundamentado perfectamente el cumplimiento estricto de ese mandato.
Siendo esto así, señorías, y antes de pasar a los bloques de las enmiendas, les pido que hagan un esfuerzo y retiren aquellas enmiendas susceptibles de ser apoyadas con el único ánimo de restar eficacia a la ley. Señorías, después del apoyo prácticamente unánime que obtuvo el dictamen en comisión, hoy tendríamos que concentrar los esfuerzos, como legislativos que somos, en lo mismo que les pedimos al resto de poderes públicos: que esta sea una reforma eficaz para una mejor protección del interés del menor.
Señorías, en absoluto dudo de que todos ustedes defienden y mantienen en sus enmiendas el interés supremo del menor, pero todos sabemos que el interés del menor, que a todos nos preocupa y ocupa --y quizá nos ocupe más-, no es único ni excluyente. Tiene que ser compatible con otros intereses y valores constitucionalmente protegidos, como es la ponderación que hemos hecho en relación con la presencia de la víctima en todo el proceso sancionador o la proporcionalidad de las sanciones que se imponen, incluidas las medidas cautelares.
He intentado agrupar la respuesta a sus enmiendas por razón de la materia para no ser muy minuciosa y que el señor presidente no tuviera que llamarme al orden antes de tiempo, por eso ahora quiero pasar a una serie de bloques de enmiendas relativas a ciertas materias que guardan entre sí una relación de forma sustancial.


El primer bloque de enmiendas, en concreto 22, hace referencia al papel que damos a la víctima en este proceso. Aquí les llamo la atención por la disparidad de criterios que existe en este momento en la Cámara. Hay un paquete de enmiendas, concretamente seis del PNV, que pide que se reduzca la participación a delitos graves y a la pieza de responsabilidad civil; existe otro gran bloque de enmiendas, en concreto seis del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, siete del señor Cuenca y una del señor Urrutia, que pretende suprimir toda intervención de la víctima en el proceso, a excepción de la pieza de responsabilidad civil; y luego se mantiene otra posición, que es la que pide ampliar la presencia de la víctima hasta los momentos procesales de suspensión y ejecución de las medidas judiciales impuestas a menores, que son las enmiendas 106 y 108 del Grupo Parlamentario Popular. Se visualiza rápidamente las grandes diferencias que existen entre nosotros.
Señorías, en este caso concreto, a mí no me vale el aforismo de en el término medio está la virtud; y creo que no y tampoco lo pretende mi grupo con el texto del dictamen que hemos apoyado. El texto del dictamen no se queda en el término medio, y además creo que este nunca debería ser el de potenciar la protección al papel de la víctima. El texto del dictamen contempla en toda su extensión cuál debe ser ese papel.
Quiero recordar a sus señorías que ya en el Congreso, y así lo hemos podido ver en la transcripción del debate, se hizo un barrido completo y se introdujo la presencia de la víctima en algunos de ellos. Pues bien, señorías, aquí hemos vuelto a hacer ese barrido y producto del mismo ha sido la incorporación de muchas enmiendas presentadas por sus señorías, que van de una punta a otra del espectro procesal con las garantías debidas, incluso la de guardar el secreto y las cautelas debidas cuando se estime necesario porque el juez haya decretado el secreto de sumario, para la presencia de la víctima.
Además, esta ley lo contempla de una forma extensa, en una triple dimensión: respecto de la víctima directa del delito, sea menor o no; respecto de la víctima cuando es menor, por eso se han incorporado a este texto mandado por el Gobierno las tres proposiciones de ley que estaban vivas en el Congreso sobre cómo deben declarar los menores cuando son testigos o tienen que efectuar determinado testimonio o declaración frente a sus agresores; y, también, contempla la reacción proporcionada al intento de victimización del propio menor que es sujeto de una medida de internamiento, en este caso internamiento cerrado.
Sobre este primer ámbito se han presentado el grueso de las enmiendas, y al Grupo Parlamentario Socialista le complace y considera que es una medida apropiada tal y como figura en el dictamen. Lo decimos nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, que cuando tramitó la ley original del año 2000, mantuvo desde el principio la necesidad de la presencia de la víctima. Ahí no hemos cambiado, pero sí ha habido variaciones por parte de otros grupos, y me extraña que sea precisamente el Grupo Parlamentario Popular el que quiera ir más allá de donde se debe cuando él, con su mayoría absoluta, impidió en un principio que las víctimas formaran parte de ningún estadio del proceso; de hecho, fue la reforma de la Ley Orgánica 15/2003 la que contempló tímidamente este aspecto. Yo entiendo, señorías, que la formulación que hacemos es correcta. Me parece que extralimitaríamos el concepto de Justicia y tocaríamos la vindicación y casi la venganza si lleváramos la presencia de la víctima a una fase de ejecución de la medida que está supeditada al control y al estricto cumplimiento por parte de los jueces, en el que interviene el ministerio fiscal, el defensor del menor porque tiene que garantizar debidamente su defensa y también la entidad pública que debe hacerse cargo del cumplimiento de la medida. Todo lo demás nos parece que es ir más allá de lo necesario.
Y quiero dejar clara una cuestión porque la creo sinceramente y la he estudiado con detenimiento. En estos momentos, tal como queda el texto, no queda ningún resquicio que limite los derechos de la víctima en el proceso de los contemplados en la Decisión marco del Consejo Europeo del 15/3/2001, relativa al estatuto jurídico de la víctima, y lo hacemos en este proceso que es el especial de menores cuando ese estatuto marco vela por las garantías de las víctimas en el proceso penal hablando de adultos. Pues bien, nosotros para menores respetamos todo el «iter» --lo tengo aquí pero no quiero cansar a sus señorías-- que contempla esa normativa europea de hasta dónde debe llegar la protección y presencia de la víctima en el proceso de menores. Por tanto, señorías, creo que el dictamen es ponderado y pido que, si no retiran las enmiendas, por favor acotemos ese campo de entendimiento al que hemos llegado, como en otras materias, en el dictamen.
Me quiero referir también, aunque sea de pasada, a las enmiendas que inciden en la duración y ejecución de las medidas y también a las medidas cautelares. Son todas las enmiendas referidas a los artículos 9, 10, 11, 12 y 14 de la Ley Orgánica 5/2000.
Señorías, de sus propias intervenciones se deriva la realidad que yo les expongo ahora: es el apartado al que más enmiendas se han presentado y en el que más enmiendas han permanecido vivas en este debate del Pleno
--concretamente se mantienen 45 enmiendas vivas en el Pleno--. Pues bien, aquí también quiero llamar la atención sobre la diferencia tan abismal que existe entre unos grupos y otros --en este caso es un grupo frente a los demás--: mientras que todas las enmiendas de los otros grupos parlamentarios --del Grupo Parlamentario Mixto: 10 del señor Cuenca y tres del señor Urrutia; cuatro de CiU; cuatro del PNV; 15 de Entesa-- son favorables a que se reduzca, a que se suavice la aplicación de las medidas impuestas en la reforma, de forma específica el internamiento cerrado, el Grupo Parlamentario Popular va más allá y le parece que la reforma que se lleva a cabo en cumplimiento de la disposición adicional de la propia Ley Orgánica del menor no se ajusta a la gravedad de los delitos. Y quiero decir una cosa a este respecto para que ponderemos de lo que estamos hablando, porque creo de verdad que estamos exagerando un poco la situación.
Les traigo unas cifras al Pleno porque creo que nos ayudan a comprender cuál es la realidad. Estamos modificando, como antes he dicho, una parte muy específica de la

ley, concretamente la agravación de penas --como decía la ley orgánica-- de los delitos más graves: los de banda juvenil, organización o asociación, que se introduce como novedoso, y en los de terrorismo ya no más porque más graves no podían ser --y hago una referencia a eso--. Pero la ley que está en vigor es rica en medidas alternativas al internamiento de los jóvenes, bien sea en régimen cerrado, en abierto o en semiabierto, y es tan rica, señorías, está tan viva la ley --aunque algunos no lo terminen de reconocer y otros la repudien-- que hasta junio de 2005 --es el último dato que tengo--, de las 63.074 medidas impuestas por los juzgados de menores --en las que no entran aquellos supuestos que han quedado sin sentencia o en los que ha habido avenencia-- solo en 5,7 por ciento lo son de internamiento. ¿De qué estamos hablando aquí, señorías? ¿Estamos acotando una reforma para aquellos delitos que son de tal gravedad que el principio de proporcionalidad, el de alarma social y también el didáctico nos llevan a decirles a los menores y a los mayores que no somos insensibles a ese daño que va más allá de lo permitido socialmente? Eso no estaría bien ni se ajustaría --como han dicho algunas de sus señorías-- a las prescripciones de la Convención de Derechos del Niño si junto a estas previsiones no se dotara al juez de la capacidad de decidir caso a caso hasta dónde pone la medida. Pero, señorías del Partido Popular, son medidas muy duras. Quiero decirlo así. Por eso, no me parece razonable ni responsable que estén haciendo llegar a la sociedad mensajes de alarma social como que a partir de la entrada en vigor de esta reforma todos los jóvenes van a ir a la calle y que no van a ser encarcelados ni en centros cerrados ni en centros penitenciarios. Eso no es verdad. Son penas muy graves y las quiero recordar: para los delitos de cierta gravedad son de hasta ocho años, más medidas cautelares de seguridad, y hasta 10 años con medidas, la mitad también de seguridad.
Señorías, esta es la realidad, el panorama que se presenta y el dictamen que se enmienda. Ante este panorama, señorías --les vuelvo a insistir-- apoyen el dictamen de la comisión. Creo que hemos hecho un trabajo espléndido, donde podemos ver y recoger el cumplimiento del objetivo primero, uno de los que tenía la ley, que paso a leer textualmente. La disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 5/ 2000, en su nueva redacción de la Ley Orgánica 15/2003 decía: El Gobierno debe impulsar una reforma para sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo menores, revistan especial gravedad. Sabemos cuales son: homicidio, violación, asesinato. Y añade que para tal fin se establecerá la posibilidad de prolongar el tiempo de internamiento, su cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad impuestas, así como la posibilidad de su cumplimiento a partir de la mayoría de edad en centros penitenciarios.
Señorías, eso es lo que estamos haciendo con esta reforma. Yo creo que lo estamos cumpliendo totalmente. Tengo que decir lo mismo que antes: no comparto las tesis que se mantienen, las respeto, pero no las comparto en cuanto a que tengamos que rebajar o que aumentar. En este sentido damos respuesta al cumplimiento que nos mandataba esa ley y, además, lo hacemos teniendo en cuenta la naturaleza educativa y sancionadora de la ley y la proporcionalidad en la respuesta sancionadora a la gravedad de los hechos delictivos.
Quiero aligerar, por lo que no voy a entretener a sus señorías porque conocen muy bien hasta dónde hemos llegado con la agravación, pero no puedo dejar de hacer una observación. En estos momentos quiero recordar que la única recomendación, que la única llamada al orden que ha hecho el Comité de la Convención de Derechos del Niño ha sido precisamente a la pena de internamiento de hasta 10 años aplicada a los supuestos de terrorismo. No pretenderá el Partido Popular que hagamos extensivo ese régimen, ya de por sí muy elevado, al resto de delitos por muy graves que sean, porque ahí sí que debemos poner un límite y reconocer la capacidad rehabilitadora y educadora de la ley.
No quiero volver sobre ello, pero cuando el menor cumple su mayoría de edad estando pendiente el cumplimiento íntegro de una medida, la regulación que en el dictamen hemos dado al artículo 14 garantiza precisamente que se ponga coto a la posible victimización del menor. Le damos al juez la potestad de que de forma individual y especializada le de a cada joven su solución cuando cumpla los 18 años o cuando cumpla los 21. Si el joven cumple los 18 años y el progreso en el cumplimiento de la medida es bueno, se está cumpliendo el objetivo, el menor --ya mayor--, podrá seguir cumpliendo las medidas en los términos que marque el juez de menores. Cuando tenga más de 21 años, si excepcionalmente el juez entendiera que se están cumpliendo los objetivos marcados por la medida educativa rehabilitadora también lo podrá hacer. Una vez más acertamos con el dictamen.
Paso a comentar el grupo de enmiendas relacionadas con el tema del terrorismo. Señorías, mantenemos 18 enmiendas abiertas. De las que ha citado, seis son del Partido Nacionalista Vasco, cinco de la Entesa, cuatro de Eusko Alkartasuna --aunque en su exposición el señor Urrutia ha hecho especial hincapié en la 47-- y tres de Izquierda Unida. Señorías, en nombre de mi grupo parlamentario quiero decirles que no voy a entrar en polémica; ya lo dije en la comisión y lo vuelvo a reiterar. Nosotros no compartimos en gran medida ni la forma ni los contenidos de la modificación que se hizo de esta ley con la Ley 7/2000, tal y como dijo muy bien nuestro portavoz en aquel momento, el señor Marín Rite.
Precisamente por eso, quiero recordarles hoy que, tal y como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, aun no estando de acuerdo ni con la forma de tramitarse la ley ni con parte de su contenido, el mensaje de unidad que debíamos dar a la sociedad supone rearme moral imprescindible ante la lucha contra el terrorismo, y eso tenía para nosotros más valor que nuestras propias objeciones, precisamente porque en la lucha contra el terrorismo no podemos desperdiciar ningún instrumento, aunque este no nos parezca suficiente o no sea perfecto. Eso decía el señor Marín Rite y eso digo yo ahora en nombre de mi grupo. Para nosotros no han variado ni las circunstancias ni los motivos que nos llevaron a mantener esa posición. Y frente a actuaciones como la que hemos

visto aquí esta mañana, quiero reiterar que la posición leal de la oposición de entonces al Gobierno del PP es la misma posición leal que hoy ofrece el partido en el Gobierno a la ley aprobada con mayoría absoluta del Partido Popular, porque todos, señorías, no somos iguales.
Por último, me referiré brevemente a la financiación y daré una breve pincelada a la aplicación o no de la ley a los jóvenes de 18 a 21 años.
En cuanto a la financiación, señorías, no nos pueden comparar diciendo que el Gobierno socialista está actuando igual que el Gobierno del Partido Popular cuando elaboró la Ley Orgánica 5/2000. En primer lugar, no es verdad y, además, no es justo. Les diré por qué. La Ley 5/2000 penal del menor se modificó dos veces antes de entrar en vigor y, después de entrar en vigor, se volvió a modificar en el año 2003. Les aseguro, señorías, que ninguna de las reformas fue para buscar medios para la aplicación de la ley; ni se pusieron medios ni una peseta --entonces había pesetas-- sobre la mesa para las comunidades autónomas; ni una peseta se puso en ninguna de las reformas. Señorías, ahora yo me pregunto: ¿es igual lo que está haciendo el Gobierno socialista? No, lo he dicho antes. El proyecto de ley que el Gobierno manda no amplía responsabilidades a otros tramos de edad porque la suprime, que es el tramo de 18 a 21 años. En cuanto a las medidas que se contemplan, saben sus señorías que en el texto que nos llega a esta Cámara se recoge la garantía de lealtad institucional incluida en la LOFCA, a través de la cual no somos nosotros, sino quien lo debe hacer: el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas y el Gobierno deben valorar y evaluar el costo de la entrada en vigor de esta ley y de las obligaciones que desde el legislativo estamos imponiendo al Gobierno en su aplicación, además de buscar los fondos necesarios para ello. Todo ello, junto a la enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista ha introducido, nos pone en una situación bien distinta y distante a la que esta ley ha tenido. Y no nos duelen prendas reconocer cuál es la situación. El Grupo Parlamentario Socialista no dice que falten medios, que lo dijimos --promoviendo en el año 2000 un gran debate en el que participaron todas las comunidades autónomas, en la Comisión General de Comunidades Autónomas, que ustedes rechazaron por completo--, sino que lo dijo el informe del Defensor del Pueblo cuando hizo la evaluación de la aplicación de ley, y lo ha hecho el propio Comité de la Convención de Derechos del Niño cuando ha evaluado y conocido la existencia de la Ley de 2000. Es una paradoja que lo que no ha hecho el Partido Popular durante todos los años que estuvo en el Gobierno desde que se aprobó la ley, ahora diga que lo tenemos que hacer nosotros en dos meses. Pues bien, ni en dos meses ni en tres meses se puede hacer. Debe hacerlo quien debe hacerlo y donde debe hacerse, es decir, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y yo le aseguro que habrá medios.
Podemos también abrir el debate sobre el tratamiento de los menores en la fase preventiva, es decir, sobre la protección de menores o el tratamiento del menor una vez que está en un centro penitenciario, pero no es el tema objeto de esta ley. Lo que regula esta ley es la responsabilidad penal del menor. Y yo les recuerdo, señorías, que en estos momentos hay un plan muy ambicioso aprobado por el Gobierno de España con las comunidades autónomas, en el que se contemplan más de 144 medidas, un plan integral, un plan estratégico nacional de la infancia y la adolescencia. Ahí tenemos que entrar y nuestro grupo está dispuesto a ello y a seguir buscando financiación. Repito, esta ley sí prevé remedios para conseguir fondos para su aplicación, a través de la cláusula de garantía institucional de la LOFCA y de la nueva incorporación del artículo 67...

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora senadora, vaya concluyendo, por favor.

La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.
Quiero reconocer el esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas por dotarse de medios cuando no los hubo. Conozco el panorama que ha pintado el señor Urrutia y sé que se está haciendo un trabajo espléndido, pero la situación de todas las comunidades no es la misma, señor Urrutia.
Por eso les he pedido en público y en privado que hicieran un ejercicio de solidaridad. No sé lo que harán en el Congreso, ¡allá con su responsabilidad! Pero estamos en la Cámara de representación territorial, y tenemos que mirar la carga que echamos sobre los hombros de las comunidades autónomas. No me valen los discursos que han hecho muchos de los presentes. Están diciendo que no hay fondos, pero piensan: no queréis caldo, tres tazas llenas; ahí os mandamos a los jóvenes de 18 a 21 años.
Seamos serios, señorías. Hagamos un esfuerzo económico y de personal para que la ley sea eficaz, para que sean instrumento de política del Gobierno no sólo para erradicar el crimen, sino también un instrumento de prevención. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Desde luego, les garantizo que la ley es acorde con el informe del Consejo Económico y Social Europeo. Estamos dentro de la línea de tratamiento más moderna de Europa, y con esto termino, presidente, porque enlazo mi última reflexión con la posibilidad de aplicar la ley a los jóvenes de 18 a 21 años. He tenido la suerte de trabajar en muchas ponencias con el senador del Grupo Parlamentario Popular, el señor Gutiérrez. Lo admiro y lo respeto porque es un amante de la ley, y siempre se aproxima a ella con la capacidad y la voluntad de mejorarla.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.

La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Por eso han tenido que convocar ruedas de prensa el señor Acebes y el señor Astarloa para poner verde a esta ley.
Dicen que es un pequeño éxito del PP que no se aplique a los menores. Yo creo que, por una vez y sin que sirva de precedente, en esta legislatura el Partido Popular le da la razón al Gobierno, y comparten el éxito con Entesa y con el Grupo Parlamentario Socialista...


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.

La señora MARTÍNEZ GARCÍA: ... porque les anuncio, señorías, que vamos a votar el dictamen en su totalidad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.

El señor CUENCA CAÑIZARES: Senadora Martínez, tengo la sensación de que lo he debido hacer mal porque, después de tres horas y media de debate, no ha sido posible comunicarnos, no nos hemos entendido. Estamos hablando de cosas distintas.
No obstante, quiero aclarar dos cuestiones. Primera, en la tramitación de esta ley en esta Cámara el Grupo Socialista no se ha dirigido al que les habla para intentar concluir algunas enmiendas que llevaran a retirar el veto que hemos debatido antes. Nadie.
Segunda, usted dice que hemos hablado mucho de los recursos económicos, y que hay una enmienda que insta a ordenar las plantillas. Senadora, desde las cuatro de la tarde les estamos diciendo que no es un problema de ordenar plantillas, sino de recursos económicos; que hacen falta más recursos, más pelas --en manchego--, más dinero para más centros, más profesionales y más medios. No se trata de ordenar la plantilla, no vamos a hacer una relación de puestos de trabajo. ¡Que no! Ese no es el problema. Sin embargo, después de tres horas y media de debate, sigue usted insistiendo en que esta ley es la más moderna y vela por el interés del menor. Está bien; ya lo hemos debatido, y no vamos a entrar más en la cuestión.
Concluyo, senadora: en este punto de la tramitación, no se han dirigido a mi grupo para intentar una conciliación. No sé el trabajo que habrán realizado en la ponencia; seguro que habrá sido agotador, muy cansado.
Sin embargo, la realidad es esta: mantenemos vivas todas las enmiendas y usted sigue pidiéndonos que las retiremos porque habrá cruces.
A votar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.

El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente.
Señorías, como ha dicho el senador Cuenca, llevamos más de tres horas y media de debate, y todo está debatido. En todo caso, el tema es importante. Lo que estamos hablando tendrá repercusiones incalculables y vale la pena que aprovechemos todas nuestras divergencias y coincidencias.
Es evidente que la ley se propone dar respuesta a una demanda social, que exige soluciones desde el ordenamiento penal a esta preocupación social que es la delincuencia juvenil. No podemos caer en el error de legislar por la presión mediática, pero estamos hablando de niños de, ya sean 14, 16, 18 ó 20 años. Desde este punto de vista, la ley se rige por criterios discutibles. Nos permite discutir sobre la edad, sobre la aplicación de las medidas, sobre su duración y, sobre todo, sobre la necesidad de comprometer su desarrollo. Esta tarde se ha hablado repetidamente de la financiación para las comunidades autónomas que deben aplicar la ley, pero no estamos hablando de una ley financiera, sino de una ley que va a afectar a muchas personas en una situación gravísima, y por otra parte, tampoco podemos aceptar que condicione nuestro posicionamiento en la aprobación o no de la ley la temática judicial práctica de su aplicación.
Entiendo --se ha dicho también-- que los medios personales en todo caso y esa jurisdicción especializada de la que hablaba el ministro en ningún caso nos ha de poner trabas a la aprobación.
Por otra parte, entiendo que hemos de incidir en los objetivos claros de la ley. Está claro que un primer objetivo es la firmeza y eficacia ante hechos delictivos especialmente graves que causan alarma social, pero, sobre todo, lo es la reinserción, y para ello vuelvo al tema económico, que no debe condicionar una cuestión que en todo caso es de justicia. Por otra parte, el objetivo de la reinserción es la recuperación de la persona, la reeducación y la reescolarización.
Permítanme que, de pasada, haga referencia a otros de los temas discutidos, especialmente a algo que ha sido una sorpresa. Parece que ahora se desaprueba o replantea una situación que se aprobó en el Congreso de los Diputados, y es que la ley pueda aplicarse a personas comprendidas entre 18 y 21 años siempre que el imputado hubiera cometido una falta o delito menos grave al que no pueda aplicarse medida de internamiento en régimen cerrado.
Creo que esto es consecuencia del gran revuelo mediático. Se ha hablado de populismo punitivo. En ningún caso entiendo que esta habría de ser la razón de cambiar el posicionamiento. Aceptamos y entendemos que los grupos mayoritarios se replanteen el tema, pero pensamos que esta era una cuestión que estaba ya perfectamente delimitada en la ley del año 2000, y no entendemos el cambio de posicionamiento ni del Grupo Parlamentario Socialista ni del Popular.
Se ha dicho aquí también que este proyecto de ley supone también modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y debo hacer referencia a uno de los temas importantes que se han debatido públicamente y que ha sido objeto de muchos comentarios en los medios de comunicación: las declaraciones de los menores en procedimientos penales. Creo que en este sentido se hace un avance importante. Asimismo el respeto cautelar a que sean testigos o víctimas es una cuestión que de alguna manera solventamos, y por tanto, sea también bienvenida en esta ley.
Permítanme que diga también que no se regula una cuestión que de entrada parecía lógica y que también ha sido objeto de debate durante los últimos meses: el acoso escolar; e incluso se habló de la posibilidad de incluir lo que se conoce como el «booling». Entiendo que habremos

de hacer un esfuerzo a corto plazo para que este tema también podamos resolverlo lo mejor posible y cuanto antes.
En definitiva, la modificación de la ley del menor que estamos discutiendo da respuesta a una demanda social, que es la delincuencia juvenil, pero insisto en el objetivo de reinserción del menor. Espero que cuando hagamos balance dentro de unos años este punto prioritario, esa reinserción tenga los resultados apetecidos.
Señorías, nuestro interés es que el proyecto de ley se haga realidad.
Deseo que todos hagamos el esfuerzo necesario y que el proyecto se apruebe con todas las consecuencias. No sería bueno --y termino-- que tuviésemos modelos distintos a la hora de tocar un tema tan grave como éste, y por tanto, creo que entre todos debemos hacer el esfuerzo necesario para que esto sea una realidad.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
No quiero ser reiterativo tras casi cuatro horas de debate, máxime tras haber utilizado ya dos largos turnos de intervención. Creo que la posición de nuestro grupo parlamentario respecto al proyecto de ley es suficientemente clara, al igual que lo es el contenido de las enmiendas que hemos defendido en turnos anteriores.
Estoy seguro de que todos los grupos parlamentarios agradecerán de forma unánime que en este momento renuncie al turno que me corresponde.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor Bofill Abelló comienza su intervención.) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y a la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad.
Este es el primer principio rector de la sentencia que fija las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores y quería recordarlo, sobre todo a los senadores del Partido Popular porque sus enmiendas y sus posiciones son contradictorias con ello y una parte del contenido del dictamen que vamos a aprobar tampoco se ajusta exactamente a esta recomendación.
Consideramos, a pesar de todo, que en el trámite en el Senado hemos mejorado la ley, por ejemplo, incorporando una enmienda del senador Urrutia sobre los derechos de la defensa, y votaremos favorablemente el dictamen. Pero nos sigue preocupando, como he dicho, su carácter fuertemente punitivo, y en este sentido coincido con algunas de las objeciones formuladas en los dos vetos presentados. Nos hubiera gustado una ley que se ajustara más a estas recomendaciones de Naciones Unidas y no creo que sea el caso.
En este sentido, esta reforma no debemos verla como un final de trayecto.
Desde su aprobación deberíamos estar muy atentos a su aplicación, y muy especialmente por lo que se refiere al endurecimiento de las penas, que si se revela innecesario o incluso contraproducente se deberá revisar sin tardanza.
Igualmente me parece que se ha desaprovechado la oportunidad de enmendar lo que se hizo mal en el pasado al crear el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional y esperemos que no tarden en darse las circunstancias políticas que permitan abordar de forma serena esta cuestión.
La ley que hoy aprobamos, con todas estas salvedades, puede ser una buena ley si se dota a la justicia de menores de los medios materiales y personales suficientes para atender a sus exigencias. En relación con ello nos parece bien la previsión de la disposición adicional única y también la incorporación en el dictamen en el Senado de una 44, que insiste sobre los medios personales y materiales, que aunque al senador Cuenca le parece insuficiente y a mí también, es importante que se haya incorporado y que en ella se precise el carácter público de estos medios dependientes de la Administración Pública y de estos medios personales.
En el paso del proyecto de ley por el Senado hemos dado satisfacción a una de las demandas más urgentes de las comunidades autónomas, de los propios jueces de menores y de los profesionales responsables de la aplicación de las medidas que han de conducir a la reincorporación a la vida social activa y plena de estos jóvenes menores que han cometido un acto delictivo, como era la de poder trabajar con estos menores y no tener la carga de asumir la problemática de los jóvenes mayores que han cometido algún acto delictivo entre los 18 y los 21 años. Era una propuesta nuestra en el trámite del Senado. Se ha asumido y nos parece que es una buena noticia, sobre todo para los menores que se encuentran a cargo del sistema de justicia juvenil, que podrán recibir una mejor atención con menores distorsiones.
De populismo político nada, señor Badia, y creo que la posición tan principista de Convergència i Unió nos da a entender que se encuentran lejos del Gobierno, cosa que me alegra particularmente en este período preelectoral, porque si estamos asumiendo esta enmienda por parte de Entesa es justamente a demanda del Gobierno de Cataluña y de los responsables de política juvenil, que algunos de ellos son de la época del Gobierno de Convergència i Unió y, por lo visto, ustedes se han olvidado.
Dicho esto, es evidente que el problema de los jóvenes mayores de edad que cometen un delito entre los 18 y los 21 años, que se pretendía evacuar mal en esta ley, subsiste y no podemos cerrar los ojos. Al contrario, entiendo que en el trámite en el Senado el conjunto de los grupos al votar el dictamen estamos adquiriendo el compromiso de plantear nuevas reformas legislativas para dar una respuesta adecuada a estos casos en aras de evitar la reincidencia y conseguir una plena incorporación de estos jóvenes a la vida social.


En los trabajos de la ponencia de la ley que debatimos se habló de posibles reformas de la Ley General Penitenciaria e incluso del Código Penal. Sería bueno que empezáramos ya a trabajar, en primer lugar, estudiando el alcance y las limitaciones de los instrumentos jurídicos de que ya disponemos para dar ese tratamiento específico a estos jóvenes mayores que cometen un delito en esta etapa de 18 a 21 años, que tiene características específicas en los procesos de maduración personal, y esperamos también que ya estén pensando en ello tanto los responsables del Ministerio de Justicia como los de las consejerías de las comunidades autónomas, especialmente del área de Cataluña, que tiene competencias sobre los centros de menores y también sobre las prisiones.
El trámite del Senado ha mejorado la ley también en cuestiones técnicas que no son baladíes, como las referencias al juez competente para la resolución de la sentencia y las cuestiones fundamentales que hemos señalado más arriba. Ahora se trata de que todos los grupos parlamentarios sepamos transmitir nuestras valoraciones y nuestros compromisos a los grupos del Congreso de los Diputados para que nuestro trabajo se vea recompensado y se pueda aplicar una ley mejor. En este sentido, nos alegra saber que el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar el conjunto del dictamen y, por lo tanto, también la transacción que en comisión hicimos entre el grupo de Entesa y el Grupo Parlamentario Popular.
«Moltas gràcies, senyor president.»
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para hacer algunas puntualizaciones. Izquierda Unida dice que, a estas alturas, la portavoz socialista se despacha --el adjetivo lo pongo yo; no es peyorativo, y lo hago así por ser más rápida-- con una adaptación de plantillas. Yo creo que a estas alturas usted lo que no se ha leído es el apartado 44 del dictamen de la comisión, y yo se lo voy a leer textualmente, porque nos parece que la enmienda --y no es porque sea nuestra-- tiene un contenido importantísimo, que van a agradecer todos los juzgados de menores, todos los fiscales de menores y sobre todo los equipos técnicos, sobre los que, por cierto, he oído decir que quería que fueran funcionarios públicos. Lo leo para que quede constancia de su contenido: El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y las comunidades autónomas con competencias en la materia, a través de las correspondientes consejerías, adecuarán las plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia a las necesidades que presenten los juzgados y las fiscalías de menores para la aplicación de la presente ley --¿Tiene alcance o no tiene alcance?--.
Asimismo, determinará el número y plantilla de los equipos técnicos compuestos por personal funcionario o laboral al servicio de las administraciones públicas, que actuarán bajo los principios de independencia, imparcialidad y profesionalidad. Lo he leído simplemente para que quedara constancia.
En cuanto a su participación en los trabajos, yo no entro en esas cosas.
Cada cual administra su tiempo y tiene sus prioridades; yo lamento muchísimo que no hayamos podido hablar más; el diálogo es mutuo, tiene dos direcciones, y la composición del Grupo Parlamentario Mixto es la que es. Yo puedo dar testimonio de que han formado parte activa en los trabajos, tanto el señor Urrutia, que es de Eusko Alkartasuna, como el señor Jorquera, que es del BNG. Sin valoraciones.
Quiero hacer otra puntualización al senador Badia, y esta con mucho cariño, que incluso quiero trasladar a mi voz. Señoría, yo no condiciono nada; yo pido; yo solicito; para algunas cosas hasta suplicaría. Repito que me parece un buen dictamen; lo único que podemos hacer es empeorarlo, porque mejorarlo, después del debate que hemos tenido y del barrido que hemos hecho, artículo por artículo, buscando más puntos de encuentro entre nosotros, me parece muy difícil. Por eso se lo quería decir; por supuesto no condiciono ni su voto ni lo que haga con sus enmiendas.
Termino, señor presidente, como empecé: defendiendo el dictamen trasladado de la comisión, pidiendo el apoyo de todos los grupos parlamentarios al mismo, porque entiendo que cumple con los objetivos marcados por la reforma, por aquellos que se marcó en principio el Gobierno, y también por aquellos que han sido ampliados en la tramitación parlamentaria, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.
Sin duda, todos con nuestra mejor voluntad --pero lo que tendrá eficacia será lo que está en la ley--, velamos y queremos lo mejor para los menores, porque, si por alguien merece la pena apostar y gastar, es por ese futuro, no sólo tecnológico, sino sobre todo de las personas, de nuestros jóvenes de hoy. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Ahora, de verdad, quiero ser absolutamente breve. Sólo quiero hacer algunas puntualizaciones en este turno de portavoces. En primer lugar, quiero agradecer a la portavoz del Grupo Socialista que esté de acuerdo con los principios de la ley. Lo más importante de la ley son los principios y, efectivamente, en la reforma no se modifica la exposición de motivos. Y eso es muy importante. Tanto como que, si estamos de acuerdo con los principios, hubiera sido hasta casi necesario haber alcanzado un consenso. Ese consenso es el que permitiría hablar de la solidez de las leyes que son fundamentales para el buen funcionamiento del ordenamiento jurídico del Estado, y ese consenso se alcanza, como ya dije en mi primera intervención, cuando el 80 o el 90 por ciento del arco parlamentario lo vota, con independencia del número de grupos parlamentarios, sean uno, tres, o dieciocho. Si entre ellos alcanzan

poco más de la mitad, no es un consenso, y precisamente porque coincidimos en los principios creo que deberíamos haber coincidido en el consenso.
Es una lástima no haberlo conseguido, y por eso, porque estamos en desacuerdo, vamos a votar en contra del dictamen, no porque planteemos modelos distintos, que creo que no lo son, sino porque estamos dando respuestas distintas a ese mandato legal derivado de la Ley 14/2003.
En cuanto a la pena, efectivamente, nosotros la queremos llevar hasta diez años, en libertad vigilada, queremos ampliar los períodos de prescripción, queremos salvaguardar la posibilidad de modificación por parte del juez a un período que ascienda a la mitad de la pena, porque creo que esa es la respuesta que tenemos que dar a ese acuerdo político, que su señoría leyó y yo también. Habría que sancionar con mayor firmeza y eficacia los hechos delictivos.
Además, coincido también con el senador Bofill en lo que él nos quiere ilustrar. Efectivamente, la pena se debe poner atendiendo a las circunstancias del hecho y a las circunstancias del autor. Lo que nos interesa son los delitos de especial gravedad, y cuando son cometidos por personas menores, de 17 años y muchos meses tienen especial gravedad, pues se trata de un autor casi con mayoría de edad. Por eso, tiene que haber una respuesta contundente por parte de la