CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2008 IX Legislatura Comisiones. Núm. 39 COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LENTXU RUBIAL CACHORRO celebrada el lunes, 30 de junio de 2008

ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia de D. Celestino Corbacho Chaves, Ministro de Trabajo e Inmigración:


-- A petición propia, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (711/000056).


-- A petición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, para informar sobre los objetivos y el programa de trabajo del Ministerio durante la presente Legislatura. (711/000010).


-- A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Senado:

Para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (711/000038).

Para informar sobre el incremento del número de parados registrados en el primer trimestre del año, sobre las causas del mismo y sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para mejorar la situación del mercado laboral en España. (711/000042).


-- A petición de D. José Manuel Pérez Bouza, del Grupo Parlamentario Mixto, para informar sobre el grado de cumplimiento de las medidas contempladas en el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. (711/000072).


Se abre la sesión a las diecisiete horas.

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.

En nombre de la comisión, damos la bienvenida al ministro de Trabajo e Inmigración en su primera comparecencia en esta Cámara, en el Senado.

Como saben todos ustedes, hay cinco comparecencias pedidas y vamos a intentar agrupar todas ellas en una. En primer lugar, hará uso de la palabra el ministro; a continuación, los grupos parlamentarios peticionarios de la comparecencia, por tiempo de diez minutos, excepto el Grupo Parlamentario Popular que como tiene solicitadas dos comparecencias seremos más flexibles y podrá disponer de ocho minutos para cada intervención; luego, intervendrá el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió -vamos a seguir en función del orden de solicitud de comparecencias-; a continuación, el Grupo Parlamentario Mixto y, luego, de los tres grupos que quedan intervendrán de menor a mayor. En la réplica seguiremos el turno normal, empezando el grupo más pequeño y acabando el Grupo Parlamentario Popular que es el mayor.

Sin más, señor ministro, muy agradecida por su presencia, le doy la palabra.

El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, en principio, antes de entrar en el tema de la comparecencia, y no porque me quiera hacer portavoz de ello, sino porque estoy convencido de que recojo un sentimiento muy ampliamente compartido por las ciudadanas y los ciudadanos españoles, quiero felicitar a la Selección Española de Fútbol por la brillante actuación que tuvieron anoche con el resultado de 1-0, pues nos hizo a todos vibrar y tener el corazón en un puño hasta el final del partido y -cómo no-, sin duda, también esta felicitación la extiendo a quien lo ha hecho posible, a Luis Aragonés, como gran seleccionador que es. Dicho esto que creo, como decía antes, es hacerme portavoz no de nada, sino simplemente de un sentimiento particular que estoy convencido de que compartimos todas y todos, entro ya en mi comparecencia.

Comparezco hoy a petición propia y de varios grupos de la Cámara para exponerles las líneas generales de la política que como ministro de Trabajo e Inmigración pretendo impulsar en esta legislatura.

Creo que las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento tienen que ser de doble dirección: Por una parte, asumo el compromiso de mantenerles informados cuantas veces sea necesario y, por otra, espero y valoro todas las opiniones, críticas o aportaciones que me quieran realizar. Esta voluntad de transparencia y colaboración es, por supuesto, extensible a mi equipo directivo en el ministerio y que hoy me acompañan. Si me permiten, paso brevemente a presentarlos, aunque algunos ya son conocidos por todos ustedes: El secretario de Estado de Seguridad Social, señor Octavio Granado; la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, la señora Consuelo Rumí, la secretaria General de Empleo, señora Maravillas Rojo y el subsecretario del ministerio señor Leandro González y el director de gabinete, señor Julio Pérez. Todos ellos y también el ministro a partir de estos momentos estamos a la disposición de sus señorías.

Señorías, el diálogo social ha sido, es y será una seña de identidad del Gobierno. Lo fue en la pasada legislatura con la Declaración para el Diálogo Social, de 8 de julio de 2004, por la competitividad, el empleo estable y la cohesión social, y pretendemos y haremos todo lo posible también para que lo sea en ésta. Gracias a este proceso se ha facilitado la creación de empleo y se ha mejorado su calidad; se ha fortalecido la Seguridad Social; se han dado pasos para la extensión del Estado de bienestar y se han promovido condiciones para asegurar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social; también el presidente del Gobierno se comprometió en su debate de investidura a seguir esta línea de trabajo, esta manera de entender la política y la democracia.

Y ya hemos dado el primer paso. Como todos ustedes saben, el pasado miércoles, 18 de junio, el Gobierno y los agentes sociales nos reunimos en La Moncloa para iniciar el proceso de diálogo social para esta legislatura con el compromiso de tener antes del verano la «hoja de ruta» para los próximos años. Además, no podemos olvidar que con una estructura territorial como la que tiene España, con unas comunidades autónomas y unos ayuntamientos con un elevado nivel competencial, ninguna política se puede realizar sin contar con su colaboración. Por ello es necesario, también, un proceso continuo de concertación territorial. Y sé que sus señorías tienen, como senadoras y senadores, una especial sensibilidad en este aspecto. Por tanto, son dos procesos que irán por separado: El diálogo social con los interlocutores sociales y la concertación territorial a través de instrumentos como la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales -por cierto, se le ha cambiado ya el nombre, era la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, no aparecía la palabra empleo; me parece razonable que una conferencia de estas características lleve en la prelación, primero, el empleo y después los asuntos laborales-, que se reunió el pasado jueves, día 26, para tratar temas de su competencia. Asimismo, les anuncio que el próximo día 9 de julio, y de acuerdo también con una moción que se aprobó en el Senado, reuniré y se constituirá por primera vez la Conferencia Sectorial de Inmigración.

Señorías, la legislatura pasada supuso avances muy importantes en materia de empleo, condiciones laborales y protección social. El crecimiento económico aumentó trimestre a trimestre y, con él, se intensificó la creación de empleo.

El momento económico que atraviesa nuestro país ha cambiado, al igual que para todos los países de nuestro entorno. Desde finales de 2007, la actividad económica se viene desacelerando, con las consecuencias directas que tiene sobre la creación de empleo y el aumento del paro. Esta desaceleración de la economía refleja esencialmente

los problemas por los que atraviesa el sector de la construcción, básicamente el residencial, el de la vivienda. Pero frente a las lecturas superficiales de la situación actual, es necesario un análisis más matizado. No se trata de enmascarar los datos negativos, sino de ofrecer una visión realista y más completa de la situación actual. Así, por ejemplo, es cierto que llevamos dos trimestres en los que el empleo cae y el paro aumenta, pero también que el empleo sigue aumentando en muchas actividades y, además, ese empleo creado es esencialmente estable.

Por todo ello, establecemos como un objetivo prioritario de la acción del Gobierno en esta legislatura superar esta fase de desaceleración y generar más empleo. El Gobierno ya ha afrontado la cuestión con medidas como el Plan extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral. El objetivo principal del plan es aumentar la prestación de servicios a los desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo, y también a los trabajadores ocupados en las actividades en proceso de ajuste que puedan necesitar de orientación o formación para mejorar su empleabilidad. Para ello se va a reforzar la red de oficinas de empleo con 1.500 orientadores profesionales, que serán los encargados de elaborar un itinerario personalizado para cada desempleado. El coste total del plan asciende a 201 millones de euros. Todas estas subvenciones serán gestionadas, en su mayor parte, por las comunidades autónomas que hayan asumido el traspaso de la gestión realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. Por ello, en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 26 de junio se aprobó, con las comunidades autónomas, la distribución de los fondos necesarios.

Señorías, tan importante como crear empleo es que éste sea de calidad entendida desde una triple perspectiva: estabilidad, seguridad y con un salario suficiente. Pero la calidad del empleo no puede entenderse sin un trabajo seguro y un salario digno.

En cuanto a la lucha contra la siniestralidad laboral, la adopción durante la legislatura pasada, con el consenso de interlocutores sociales y comunidades autónomas, de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 ha inaugurado una nueva forma de abordar las políticas en materia de prevención de riesgos laborales, queriendo trasladar a la sociedad que, con la colaboración de todos, es posible reducir de manera significativa la siniestralidad laboral.

El objetivo para la próxima legislatura será situar nuestros índices de siniestralidad laboral en la media de la Unión Europea. Para ello es necesario adoptar todas las medidas legislativas, reglamentarias y ejecutivas necesarias para proceder al despliegue y completa ejecución de la estrategia. En este objetivo es clave la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Decía que tan importante como tener trabajo es recibir un salario digno. Por ello, uno de los objetivos del Gobierno es continuar subiendo el Salario Mínimo Interprofesional para situarlo en 800 euros mensuales en el año 2012.

Señorías, hemos diseñado cinco líneas estratégicas para afrontar los retos del futuro, para transformar la situación actual y favorecer el acceso a las oportunidades: La primera línea es el acceso de los jóvenes a las nuevas oportunidades ocupacionales. Actualmente se está reduciendo la población activa joven como consecuencia de factores demográficos y de su estancia más prolongada en el sistema educativo; además, desde el año 2006 se viene produciendo un retroceso en el nivel de empleo juvenil y un aumento del paro; la actual tasa del 24 por ciento de paro en los jóvenes es superior al objetivo para 2010 fijado por la Estrategia de Lisboa. Es preciso prestar una atención especial a la situación de los jóvenes a través de la aplicación del Pacto Europeo para la Juventud, identificando los sectores estratégicos y las nuevas ocupaciones y orientando y formando a los jóvenes para que las ocupen, ampliando las experiencias profesionales que combinan formación y empleo y estudiando la extensión del trabajo a tiempo parcial para compatibilizar estudios y trabajo.

La segunda línea estratégica son los nuevos recorridos en el empleo de las mujeres. El crecimiento del empleo femenino en los últimos años ha sido muy importante, de casi un 24 por ciento entre los años 2004 y 2008. Eso significa que 1 millón 600.000 mujeres más están hoy incorporadas al mundo del trabajo y, además, sigue creciendo muy por encima que el de los hombres. Todo ello ha permitido un fuerte aumento de la tasa de empleo de las mujeres, que se encamina hacia el objetivo del 57 por ciento establecido en la Estrategia de Lisboa. Por su parte, la tasa de paro es sensiblemente inferior a la de 2004, aunque todavía sigue siendo elevada con relación a la media europea. Además, son las mujeres quienes mejor están aprovechando los cambios producidos en el mercado de trabajo por la globalización; el empleo femenino está creciendo más que el masculino en ramas de actividad y ocupaciones de mayor valor añadido y cualificación. Pese a todos estos avances, es preciso seguir reduciendo las diferencias por razón de género en el mercado laboral, en línea con el Pacto Europeo por la Igualdad entre mujeres y hombres. Para todo ello hay que abordar el desarrollo de las medidas reglamentarias y ejecutivas en materia laboral y social derivadas de la Ley de Igualdad, así como el reconocimiento de nuevos derechos que favorezcan la conciliación de trabajo y familia. Un instrumento clave para garantizar la coordinación de las políticas de igualdad será la Comisión Delegada de Igualdad que se constituyó el pasado 23 de junio. Además, es preciso reforzar los instrumentos para identificar entre las mujeres mayores de 45 años los currículos ocultos de manera que podamos potenciar sus competencias para desempeñar su actividad en empleos emergentes, como pueden ser los relacionados con la aplicación de la Ley de Dependencia.

La tercera línea estratégica es prolongar la vida activa para ampliar el capital humano. El empleo de las personas de más edad ha tenido una evolución positiva en los últimos años, con un incremento del 22 por ciento entre 2004 y 2008 y un aumento cercano al 5 por ciento en el último año. La tasa de empleo de las personas de 55 a 64 años se

sitúa en el 45,3 por ciento, 4 puntos más que hace cuatro años, pero aún por debajo de la media europea. Por eso es imprescindible aprovechar los conocimientos y capacidades de los trabajadores más experimentados y de más edad; representan, no lo olvidemos, el mejor exponente de una cultura del esfuerzo que, lejos de estar desfasada, hay que poner más en valor.

He hecho algunas reflexiones muy brevemente sobre este particular y permítanme una reflexión de carácter cultural. No me parece que el futuro tenga que ir porque la sociedad prescinda de toda persona a partir de una determinada edad; es decir, en esta sociedad se ha establecido la idea cultural de que cuando la persona llega a los 50 años parece que no fuese útil para el futuro. No voy a negar nunca, lo he dicho estos días, que a veces la prejubilación es una necesidad obligada para resolver una situación en crisis, pero la prejubilación como moda y como medida de carácter economicista tendría que estar mal vista en la sociedad, y creo que hay que reflexionar sobre ello; no les anticipo ninguna medida pero creo que hay que prescindir de esta idea. Por otro lado, no podemos entrar en mensajes contradictorios y que en determinados sectores se diga que no se pueden jubilar hasta los 70 años y en otros eliminar de la producción y del mercado a personas con 50 años. Lo dejo simplemente como reflexión, sé que es una cuestión que suscitará debates pero que es necesario poner en cuestión para seguir avanzando.

La cuarta línea estratégica es la siguiente: más personas emprendedoras y mayor número de autónomos, una necesidad para la actividad económica y el empleo. Muchos valoramos la importancia que para el desarrollo económico y el empleo tiene la iniciativa emprendedora. Queremos promover un clima que ponga en valor la función social y la aportación de las personas emprendedoras. En este contexto hay que favorecer el nacimiento de más empresas de calidad y con sentido de futuro; hay que contar más con los emprendedores y las emprendedoras y con instituciones que les acompañen en este itinerario y que dispongan de una cartera de servicios y de herramientas adecuadas. Una herramienta esencial en este sentido será el desarrollo reglamentario del Estatuto del Trabajo Autónomo, que permitirá avanzar en dicha valoración social, así como en el despliegue de todas las medidas incorporadas en la línea de más seguridad y protección social de las trabajadoras y los trabajadores autónomos.

Señorías, considero muy necesario hacer una breve reflexión sobre esta cuestión: el autónomo ha tenido históricamente una posición socialmente bien vista y fue siempre una figura valorada socialmente. Pero en los últimos treinta años el asalariado conquistó derechos y seguridad y el autónomo se quedó simplemente en lo que le había dado la sociedad, ese prestigio social, y hoy tenemos que desarrollar un concepto, que ya tiene, que es ese reconocimiento y prestigio social pero, además, hemos de darle la seguridad que puede tener cualquier persona en el mundo del trabajo para que nadie en un momento determinado deje de poner en práctica una empresa o una idea por el temor de no tener las mismas condiciones que disfrutaría si ocupara un lugar en el mundo asalariado. Hay que reflexionar también sobre este tema y hay que trabajar en esta dirección. Es la mejor manera de que todas las ideas, todas las iniciativas y todas las reflexiones de todas las personas se puedan incorporar al mundo del trabajo. Y que lo hagan sabiendo de antemano que si un autónomo fracasa, aunque tenga protección, habrá empeñado en su fracaso una parte de su capital y de su patrimonio. Eso sí, como mínimo, le quedará la seguridad de que no sufrirá una desprotección mayor que otra persona que contribuya también al desarrollo económico del país. Esa es la filosofía y en esa dirección tenemos que ir. Así, el emprendedor, la emprendedora, los autónomos y las autónomas serán una referencia en las políticas de mi departamento.

Finalmente, la quinta línea estratégica: una organización productiva y un sistema institucional adecuado para afrontar los nuevos retos y también para hacer frente a la presidencia europea de 2010. Los cambios derivados de la globalización y de la tecnología comportan intensas modificaciones en los criterios de competitividad y productividad, y en las maneras de trabajar. En este contexto, queremos renovar y actualizar los instrumentos para actuar sobre la nueva realidad desde el mundo empresarial y desde los poderes públicos. Como anunció el presidente del Gobierno, propondremos a sindicatos y empresarios, en el marco del diálogo social, abordar a medio plazo una reforma de los servicios públicos de empleo para incrementar su eficacia, y otra reforma dirigida a impulsar la formación profesional, a fin de que los procesos formativos se armonicen adecuadamente con la demanda de empleo. Otro instrumento importante es hacer de la extensión de la responsabilidad social de las empresas un elemento esencial del buen trabajo. Les anuncio que en las próximas semanas el ministerio va a nombrar a los vocales que componen el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, que a partir de ese momento será el órgano encargado de impulsar las iniciativas en este campo.

Señorías, hace tan solo unos días comparecí en el Congreso, ante la Comisión para el seguimiento y la evolución del Pacto de Toledo, para exponer las líneas maestras de actuación del Gobierno en materia de Seguridad Social para los próximos años. Dado que aquí, en el Senado, no existe una comisión semejante, quiero aprovechar esta ocasión para exponer brevemente las grandes líneas de actuación que el ministerio del que soy titular pretende desarrollar en los próximos cuatro años. Antes de nada, debo señalar que la actual situación financiera de la Seguridad Social es muy buena. Así lo refleja, por ejemplo, el volumen del Fondo de Reserva de 56.000 millones de euros y la ratio entre pensionistas y cotizantes, que se sitúa en 2,7, una de las ratios más altas de la historia del sistema. Sin embargo, un responsable político no puede caer en la autocomplacencia y, en este caso concreto, debe tomar la iniciativa y promover actuaciones que fortalezcan la salud del sistema público de Seguridad Social.

Decía la semana pasada en el Congreso que todas las medidas que se adopten en relación con la Seguridad

Social deben cumplir tres objetivos genéricos: primero, mejorar la protección que la Seguridad Social presta a los pensionistas, a las familias y al resto de beneficiarios del sistema; segundo, reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, garantizando a los trabajadores y trabajadoras que cotizan ahora que percibirán en el futuro las prestaciones correspondientes; y, tercero, contribuir a la creación de empleo y de riqueza desde la Seguridad Social partiendo de la base de que la protección social no es un lastre que frene la competitividad de las empresas, sino un elemento que añade valor al mercado de trabajo gracias a la estabilidad de sus fundamentos económicos. Estos tres objetivos genéricos deben presidir las actuaciones concretas en materia de Seguridad Social que desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración tenemos intención de impulsar. Sin olvidar actuaciones que culminarán determinadas iniciativas originadas en la pasada legislatura, el reto más importante al que nos enfrentamos no es otro que la renovación del Pacto de Toledo, un acuerdo que expresa el compromiso de todas las fuerzas políticas parlamentarias en la defensa del sistema público de Seguridad Social. En el marco de ese proceso, el Gobierno, en colaboración con todos los grupos parlamentarios y con los agentes sociales, pretende abordar una serie de cuestiones claves para el futuro de la Seguridad Social, de las que, si me permiten, me limitaré a enumerar algunas: La adopción de medidas para combatir el incremento del gasto en pensiones por el envejecimiento de la población como con el impulso de la política demográfica, el mantenimiento de una evolución positiva de la afiliación y la promoción de la prolongación de la vida laboral. Una nueva regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La mejora de la protección, con particular atención a las pensiones mínimas. Profundizar en las reformas en materia de viudedad. Continuar el proceso de simplificación e integración de los regímenes especiales de la Seguridad Social y, en particular, del régimen agrario y el de las empleadas y empleados del hogar.

Quisiera ponerles también de manifiesto la importancia del esfuerzo que todos debemos hacer para encontrar puntos en común dentro del Pacto de Toledo, para preservarlo como garantía de futuro, independientemente de las alternancias de Gobierno. El pacto es uno de los grandes logros de la democracia, que se ha conseguido sobre un sistema sobre el que recae la esperanza de las personas que hoy reciben una pensión porque son jubilados y de todas las que lo seremos en el futuro.

Señorías, se ha constatado -lo hemos vivido recientemente- que el fenómeno de la inmigración, bien gestionado, es altamente beneficioso tanto para los países de origen de los inmigrantes como para los países de destino. El Gobierno de España es plenamente consciente de que la inmigración es a la vez una oportunidad y un reto, además de una necesidad objetiva de nuestra sociedad. Es una oportunidad para nuestro crecimiento demográfico, para elevar nuestra capacidad productiva y para enriquecer nuestra pluralidad social y cultural con múltiples aportaciones. Es un reto, puesto que hay que gobernar un fenómeno complejo que afecta directamente a la convivencia y que, como todo fenómeno social, genera cambios tanto a nivel nacional, en el orden político y socioeconómico, como a nivel internacional, en las relaciones e intercambios con los países de origen y de tránsito de los inmigrantes.

Señorías, la inmigración en España presenta un balance altamente positivo, y su aportación ha sido fundamental para el crecimiento demográfico, para la elevación de la renta per cápita del país, para la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, para el crecimiento de sectores como el de la construcción, el de la agricultura o el de la hostelería o el comercio, y para incrementar las contribuciones de empresarios y trabajadores al sistema de protección social y al mantenimiento del Estado del bienestar. Además, los inmigrantes han desempeñado, en su mayoría, aquellos puestos de trabajo que dejaron de desempeñar los trabajadores y trabajadoras españoles, por tratarse de empleos de baja cualificación y de bajo valor añadido. El resultado, señorías, conocido por todos y todas, ha sido un crecimiento económico sin precedentes en nuestro país.

Ciertamente, la política de inmigración debe poder adaptarse y adecuarse a las nuevas necesidades y circunstancias; circunstancias que, como ustedes saben, hoy son distintas a las de ayer y, consecuentemente, desde la política de inmigración requieren una respuesta adecuada, ya que el escenario de hoy es distinto del de 2004-2008, y el peso de la población inmigrante, con cerca de 4.300.000 personas con autorización de residencia, supone ya el 11 por ciento del conjunto de la población. Por otra parte, estamos en un proceso de desaceleración económica que tiene un fuerte impacto en ciertos sectores productivos que tradicionalmente absorben un buen número de trabadores extranjeros, como los que he citado anteriormente. Esto conlleva la elevación del número de trabajadores extranjeros en situación de desempleo. En este contexto, nuestra política de inmigración tendrá un gran objetivo: conseguir una sociedad plural y diversa compartiendo valores de libertad y convivencia. Ese es el objetivo. Para alcanzarlo, el ministerio se propone trabajar en dos líneas paralelas. La primera, control y legalidad. La segunda, cohesión social, integración y convivencia. Sobre este particular, les trasladaré brevemente diez cuestiones básicas sobre cómo debemos abordar y gobernar este fenómeno: En primer lugar -como ya me han escuchado decir en reiteradas ocasiones-, todos los inmigrantes que hagan falta, pero con contrato de trabajo. En segundo lugar, saber distinguir entre las políticas que ha de haber en el país de origen y las que ha de haber en nuestro país, como lugar de destino. En cuanto al origen, hay que ayudar mediante la cooperación para el desarrollo -compromiso incuestionable de este Gobierno-, y en cuanto a España, como país de destino, no podemos retroceder en nuestro Estado de bienestar, un Estado de bienestar que no solo es de los españoles, sino de todos los que en este país compartimos ciudadanía.

En tercer lugar, la política de la Unión Europea en la materia se encuentra en un proceso de construcción de una

política común entre los Estados miembros que, además de establecer mecanismos para la migración legal, refuerza los mecanismos de lucha contra la inmigración ilegal, especialmente a través de la vigilancia y control de las fronteras, el retorno de los inmigrantes ilegales y las sanciones a los empresarios y empleadores que contraten inmigrantes ilegales.

En cuarto lugar, debemos adaptar la legislación en materia de extranjería al nuevo contexto, además de la necesidad de trasponer algunas directivas comunitarias y dar cumplimiento a sentencias del Tribunal Constitucional. Es necesario reflexionar sobre algunos aspectos de la ley como la reagrupación familiar.

En quinto lugar, en el mes de septiembre impulsaremos un plan de ayuda al retorno voluntario de inmigrantes desempleados con derecho a prestación contributiva por desempleo. Este programa tenemos que verlo como una oportunidad para el inmigrante y no como una discriminación.

En sexto lugar, soy plenamente consciente de que la única forma de gobernar el proceso es a través del consenso y los acuerdos con los representantes de los ciudadanos, de los empresarios, de los trabajadores y también de los inmigrantes, por lo que manifiesto una vez más mi compromiso para trabajar en aras de la consecución de un pacto de Estado en esta materia. Con este fin, trabajaré para establecer la necesaria concertación territorial. El desarrollo del Estado autonómico y la gestión de la inmigración requieren un esfuerzo conjunto de las administraciones públicas. Por ello, desde el ministerio intensificaremos la cooperación con las comunidades autónomas y ayuntamientos para establecer procedimientos de control y gestión rápidos y eficaces, adaptados a las circunstancias reales de cada uno de los pueblos y provincias donde viven y trabajan los inmigrantes. Con este objetivo, pondremos en marcha la Conferencia Sectorial de Inmigración el próximo día 9 de julio, dando además cumplimiento a la moción presentada en esta Cámara por el Grupo Parlamentario de Entesa.

En séptimo lugar, la inmigración se encuentra estrechamente vinculada al mercado laboral. Por ello, las acciones han de estar encaminadas a la dignificación de las condiciones de trabajo y de vida en España, evitando situaciones de abuso y explotación. Esta será pues una línea prioritaria en el diálogo social.

En octavo lugar, potenciaremos las políticas de integración. Para ello desarrollaremos el Plan Estratégico de Ciudadanía e Inmigración, la mejora de los servicios públicos, la intensificación de la cooperación con las comunidades autónomas y ayuntamientos y potenciaremos, como órgano de asesoramiento y consulta, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, con el que me reuní la semana pasada.

En noveno lugar, una llamada al consenso político. Hemos de saber distinguir entre la gestión y lo que son acuerdos de Estado. Pues bien, el asunto de la inmigración necesita un pacto de Estado. Por ello, yo nunca les pediré que den su apoyo a mi gestión, pues esa es mi responsabilidad. Esta es la razón por la que yo distinguía entre la gestión de un Gobierno y de un ministerio, de lo que han de ser las grandes líneas de acuerdo, las cuales sí les invito a apoyar mayoritariamente, si es posible. Por tanto, la línea de gestión es de mi responsabilidad, y la de ustedes, vigilarla de cerca para comprobar si lo hago medianamente bien. Esa era mi reflexión sobre este particular.

En décimo lugar, creo que España ha de tener un modelo propio y mirar menos hacia afuera y más hacia adentro en esta cuestión. Sobre este particular también les trasladaré mi opinión. Creo que España necesita dos cosas: un mayor compromiso cada día con la Unión Europea y una participación activa en sus políticas. Sin duda, no se puede gestionar hoy la inmigración al margen de la Unión Europea, pero, a veces, los españoles y españolas tenemos el pequeño defecto, entre comillas, de valorar menos lo que nosotros hacemos y mirar mucho hacia fuera para ver qué hacen los demás. Sin embargo, si sabemos hacerlo bien, tenemos la oportunidad de tener nuestro propio modelo y gestionarlo de acuerdo con nuestra propia realidad, sin renunciar nunca a que dicho modelo sea una referencia. A esta conclusión no solo me lleva el hecho de trabajar en el Gobierno, sino el conocer tantos y tantos ayuntamientos y comunidades autónomas que hoy son una auténtica referencia en temas fundamentales de este fenómeno de convivencia y cohesión social. Por lo tanto, debemos considerar más esta cuestión y, quizá, mirar menos hacia fuera, aunque, lógicamente, siempre está bien tener presente el derecho comparado.

Otra política importante, señorías, es la de emigración. Más de un millón y medio de ciudadanos y ciudadanas españolas residen fuera del país, constituyendo una realidad que el Gobierno ni pretende ni va a ignorar; muy al contrario, parte de la voluntad por seguir dando respuesta desde las políticas públicas a las demandas y necesidades que este importante colectivo plantea. En este sentido, en la legislatura pasada consolidamos un modelo nuevo de política pública que, por una parte, afianzó y extendió el sistema de prestaciones sociales para los españoles que residen fuera y que atraviesan situaciones de necesidad y, por otra, aprobó por unanimidad, además, una ley específica: el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, para atender una realidad singular como es la emigración. El estatuto supuso el diseño de la nueva arquitectura institucional para los ciudadanos que viven fuera de su país y la modernización de la acción pública hacia este importante colectivo. Ahora nuestro cometido es proceder a su desarrollo normativo con la máxima celeridad, tal y como se está llevando a cabo. Para ello queremos seguir contando con la participación y la voz de la representación de la emigración a través de los trabajos y opiniones del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Una consideración más: la emigración, como cualquier ámbito de nuestra vida colectiva, experimenta cambios en su composición y en sus perfiles que el Gobierno no quiere ignorar. La acción pública debe abrirse a las nuevas realidades y a la nueva emigración: jóvenes profesionales,

cooperantes, etcétera. Ese es un sello que también estamos consiguiendo imprimir a nuestro trabajo, desarrollando programas en consonancia con esto colectivos. En consecuencia, extenderemos el sistema de prestaciones y la asistencia sanitaria y farmacéutica a todos los españoles en situación de necesidad que residen en países sin acceso a un sistema de salud desarrollado equiparable al español. Además, mantendremos la prestación económica a favor de los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad como consecuencia de la Guerra Civil, los llamados «niños de la guerra», que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional. Igualmente, continuaremos facilitando el retorno asistido de los españoles residentes en el extranjero a través de la Oficina Española del Retorno que, desde su apertura, el 16 de abril de 2007, ha recibido más de 430 fichas informativas previas al retorno de españoles residentes en el exterior que tienen intención de regresar a nuestro país, y ha atendido más de 1.700 consultas sobre cuestiones relacionadas con el retorno. El objetivo que nos guía es explícito: queremos hacer efectivos, materializar el ejercicio de todos los derechos que, como españoles, corresponden a los ciudadanos que residen en otros países. Ese es el gran reto que nos hemos impuesto.

Señorías, concluyo ya mi intervención y, a modo de resumen, quiero reiterar los principales aspectos de la comparecencia. En primer lugar, la aprobación de medidas choque para estimular el crecimiento económico y el empleo. En segundo lugar, estamos diseñando un nuevo enfoque de las políticas de empleo para modernizarlas y queremos poner el foco en cinco ejes: jóvenes, mujeres, prolongación de la vida activa, fomento de los emprendedores y autónomos y reforma de la formación profesional y de los Servicios Públicos de Empleo. Afrontamos la renovación del Pacto de Toledo con consenso para continuar teniendo un sistema de Seguridad Social fuerte y seguro en el futuro. Estamos gobernando el fenómeno de la inmigración, reforzando su vinculación con las necesidades de nuestro mercado laboral y garantizando que no suponga una pérdida en la calidad de los servicios públicos. En quinto lugar, desarrollaremos el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior para garantizar que todos los españoles tengan los mismos derechos dentro y fuera de nuestro país.

Todos estos objetivos necesitan de un proceso de diálogo con los interlocutores sociales y de concertación territorial con las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Señorías, en esta ambiciosa tarea espero contar con la necesaria colaboración de todos ustedes.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

Como había comentado al inicio de la sesión, el Grupo Parlamentario Popular tiene pedidas dos comparecencias sobre las líneas generales y sobre el incremento del número de parados registrados en el primer trimestre del año. Se van a repartir los tiempos dos portavoces, ocho minutos cada uno.

Inicia la intervención la senadora Sánchez-Camacho.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, presidenta, por su consideración. Habíamos dicho que se agruparan con el resto de las comparecencias para poderse sustanciar conjuntamente.

Buenas tardes, señor ministro, y muchas gracias por su comparecencia hoy en el Senado, la primera que usted realiza a petición propia y a petición de diferentes grupos. También quiero dar la bienvenida al resto de personas que forman parte del equipo del Ministerio de Trabajo y que hoy le acompañan y si me permite, señor ministro, quisiera dar la bienvenida muy especialmente a una persona a la que yo y mi grupo parlamentario reconoceos una extraordinaria valía, que es la señora Maravillas Rojo, a la que conocemos desde hace muchísimo tiempo por su capacidad de trabajo en Cataluña y además por su pertenencia a una saga de la que algunos hemos sido privilegiados alumnos y de cuya familia hemos aprendido el Derecho Laboral. Eso quería agradecérselo. Sé que le va a acompañar en esta dura tarea y que va a tener un claro referente en ella y en el resto de los miembros del Ministerio de Trabajo.

Si me permite, señor ministro, voy a empezar por el final dado el poco tiempo del que disponemos los grupos, y es la referencia que usted ha hecho al Pacto de Toledo. Quiero volver a reiterar lo que ya le dije en el Pleno de esta Cámara, y es la predisposición de mi grupo parlamentario a llegar al mayor de los consensos con el Gobierno y con el resto de los grupos parlamentarios, de los grupos políticos, porque coincidimos absolutamente con usted en que es uno de los mayores éxitos de nuestra democracia y debemos preservar ese Pacto de Toledo que desde 1995 suscribió el Partido Popular y creemos que debe ser absolutamente independiente de las alternancias y de los gobiernos, con lo cual entendemos que deben llevarse a cabo las propuestas necesarias por parte del Gobierno para preservar el Pacto de Toledo.

Coincidimos con usted en que no se deben realizar alarmismos y el estado actual, en este caso del fondo de reserva, como usted dice, es de 56.000 millones. Pero usted conoce muy bien que esos 56.000 millones podrían agotarse en muy breve tiempo y no lo dice el Partido Popular, sino que lo dicen los analistas, a los cuales usted habrá tenido acceso, que dicen que esos miles de millones podrían agotarse en un período de entre ocho y diez meses. La liquidez existente en el momento actual no obstaculiza para que tengamos que hacer las reformas necesarias, como le han dicho todas las entidades privadas y públicas, en este caso tanto la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional y el mismo Banco de España.

Creemos que se deben hacer las reformas, y se deben hacer pronto, para preservar la sostenibilidad, el carácter contributivo, la equidad y la progresividad de las pensiones en nuestro modelo de pensiones para las próximas décadas. Eso debe hacerlo su ministerio y debe traerlo a las Cámaras en septiembre, como nosotros le pedimos en

el Pleno del Congreso, después de que conozcamos los informes de proyecciones con un nuevo escenario de crecimiento, no del 3 por ciento, sino por debajo del 2 por ciento, como ya ha reconocido el Gobierno y con el informe del cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Le volvemos a reiterar que nosotros pensamos que es fundamental que eso se haga desde el consenso, que va a tener el acuerdo de este grupo parlamentario, pero, señor ministro, no se escude detrás de la situación del actual sistema de pensiones y tenga usted visión de futuro, visión que nos permita a todos mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones, como le vienen diciendo desde entidades públicas y privadas.

Señor ministro, voy a hacer breve alusión a las políticas de empleo a las que usted ha hecho referencia y desde la premisa a la que usted también ha hecho mención, y es desde el diálogo social y desde la concertación social, como lo ha hecho mi grupo parlamentario durante los años en los cuales estuvimos gobernando y con los cuales obtuvimos un extraordinario éxito en las políticas de empleo basadas en la concertación y en el diálogo social, con un gran número de acuerdos que se llevaron a cabo en materia de políticas activas.

Pero quería decirle, señor ministro, que nos ha parecido extraordinariamente insuficiente la presentación de medidas que usted ha hecho hoy aquí. Debemos reconocerle que desde ese escenario que ustedes dicen de desaceleración y que para nosotros y para todos los ciudadanos es la actual crisis económica en la que está sumida este país, no vamos a entrar en disquisiciones semánticas porque los ciudadanos de a pie ya están viendo las dificultades para llegar a fin de mes, las dificultades para pagar su hipoteca, las dificultades con el incremento de la inflación, el índice de los precios cómo está subiendo, lo están viviendo día a día las familias españolas, a las cuales les cuesta llegar a final de mes y están viviendo cada día el aumento del desempleo, un aumento del desempleo que usted ha reconocido; en primer lugar reconoció en esta Cámara que no llegaría al 10 por cien en este año y después ha tenido que variar sus previsiones diciendo que van a alcanzar al 11 por cien.

No sé si con las nuevas previsiones económicas del señor Solbes para el próximo mes o incluso para este miércoles el presidente Zapatero en el Congreso de los Diputados modifique esas previsiones y las reduzca por debajo incluso del 1,5. No lo sabemos, lo veremos a partir de este miércoles, pero lo que sí es evidente es que el desempleo sigue incrementándose de una manera extraordinariamente alarmante y preocupante, señor ministro, y entendemos que las medidas que usted ha presentado hoy aquí son claramente insuficientes.

Ha vuelto a reiterar, señor ministro, el Real Decreto, al que usted ha hecho alusión, 2/2008, de 18 de abril, que usted presenta como un plan de choque. Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que no es un plan de choque suficiente para luchar contra el incremento de paro que estamos sufriendo en este país. Usted ha mencionado el desempleo juvenil, ha mencionado el desempleo de mujeres, le hemos reiterado a lo largo de todas estas semanas en esta Cámara, porque hemos presentado interpelaciones y preguntas a las que usted ha ido respondiendo a lo largo de estas semanas, y hemos hecho referencia a la grave situación en la que se encuentran esas dos tasas de desempleo. El desempleo juvenil es el más alto de la Europa de los Veintisiete y el desempleo de la mujer está también en unos índices extraordinariamente preocupantes para nuestro país.

Entendemos, señor ministro, que las cinco líneas que usted ha mencionado hoy son líneas programáticas, porque -y permítame usted decirle que en políticas activas de empleo yo querría saber, señor ministro, desde la actitud crítica pero también desde la actitud constructiva para ver si entre todos podemos luchar para reducir esas tasas de desempleo tan preocupantes y que sufren los españoles- usted no ha presentado absolutamente nada. Queremos saber cuáles son las bonificaciones que usted quiere realizar para incentivar la contratación indefinida, para luchar contra la temporalidad que aunque usted la presente como tal es la temporalidad más alta de la Unión Europea. No hemos visto ninguna de esas medidas en la intervención del señor ministro de Trabajo.

En materia de formación profesional, señor ministro, usted no ha hecho mención alguna, excepto los aspectos programáticos y genéricos que usted menciona como línea estratégica de ese plan que usted ha señalado. Quiero saber: ¿qué ocurre con la formación profesional ocupacional y continua? ¿Cómo se va a realizar? ¿Se va a incrementar en los aspectos de I+D, que son los más importantes porque nuestro capital humano tiene que estar cada vez mejor formado, mejor cualificado y estamos viendo que no está dando los réditos necesarios para que ese desempleo se reduzca? A mí me gustaría, señor ministro, que usted presentara hoy aquí las líneas de esa formación profesional ocupacional y continua, qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere hacer. Por ejemplo, una medida que le podemos proponer es qué está pasando con las acreditaciones en materia de formación profesional continua en las diferentes comunidades autónomas.

Coincido con usted en que la participación del mundo municipalista y del mundo autonómico es vital puesto que tienen competencias de ejecución en materia de formación profesional y en materia laboral, tal como establece el Estatuto de los Trabajadores. Pero está habiendo serios y graves problemas, y usted será conocedor de los mismos, en las acreditaciones en materia de formación profesional continua en cada una de las comunidades autónomas para poder ejercer las categorías profesionales de los trabajadores con la formación cualificada en esa formación continua. Usted sabe que ahora de una comunidad autónoma no se puede tener el carné que le homologaría para la formación a título nacional de esa formación profesional continua y me gustaría saber señor ministro, le he puesto un ejemplo concreto no líneas programáticas, qué quiere hacer en su ministerio.


Otra de las cuestiones a las que usted ha hecho referencia, señor ministro, es el empleo de la mujer. Aparte de hacer alusión a las líneas genéricas que usted ha mencionado a lo largo de todas estas semanas, usted únicamente ha hecho referencia a la constitución de la comisión de la igualdad y la aplicación de las líneas reglamentarias y ejecutivas en virtud de esa comisión. La comisión aún no se ha constituido, pero a mí me gustaría saber, señor ministro, en materia de políticas activas para incentivar la promoción y la inserción de la mujer en el mundo laboral, qué presenta el Ministerio de Trabajo, qué presenta este Gobierno. No sé si ustedes se van a hacer eco de los trabajos realizados en la anterior legislatura por la subcomisión de la conciliación de la vida laboral y familiar. Fueron trabajos extraordinarios, realizados en el Congreso, que establecían conciliaciones de horarios, bonificaciones en materia laboral e incentivos fiscales. No sé si usted los va a tener en cuenta, puesto que no ha nombrado ninguna medida concreta.

Con respecto al desempleo juvenil, señor ministro, usted ha mencionado, única y exclusivamente, cuáles son los sectores, cuáles son los sectores de demanda, cuáles son los sectores en los que el empleo juvenil puede tener mayor acceso o mayor viabilidad. Aparte de la detección de esos sectores, señor ministro, quiero saber cómo va a atajar el Ministerio de Trabajo -con un plan de choque, que es lo que debería hacer- ese incremento progresivo del desempleo juvenil. Usted sabe y conoce más que nadie la realidad que están sufriendo nuestros jóvenes en este país. Esta es la realidad del mieleurismo, con la que nuestros jóvenes no pueden emprender una vida, no pueden tener un proyección de futuro puesto que tienen unos sueldos absolutamente por debajo de los que deberían tener en función de su formación y de las categorías profesionales a las que acceden. Usted, señor ministro, no ha presentado niguna medida concreta. Me gustaría saber si las están elaborando, si hoy puede presentarnos alguna medida en concreto con respecto al desempleo juvenil, esa lacra que están sufriendo nuestros jóvenes.

Otro aspecto relevante al que usted ha hecho referencia ha sido la capacidad emprendedora. Sin duda, la capacidad emprendedora de este país, de crear empleo, es lo que desearíamos todos, pero voy a darle un dato, señor ministro, y es que en relación al año anterior se ha demostrado que las posibilidades de crear empleo en este país han descendido en un 80 por ciento. Es más, por primera vez desde el año 1994 se está destruyendo empleo neto en este país. Desde luego, eso no ayuda a la capacidad emprendedora de nadie. Y coincidimos con usted en los privilegios sociales y laborales que han adquirido y que, gracias al Estatuto del Trabajador Autónomo, han empezado a tener los trabajadores autónomos en cuanto a incapacidad laboral transitoria, desempleo, cobertura de la siniestralidad laboral, que años atrás no tenían y que, desde luego, deben tener. Todos los grupos parlamentarios hemos luchado para conseguirlo y aún estamos en el camino. Sin embargo, usted no ha presentado medidas concretas para ver cómo los autónomos van a mejorar o incrementar esa capacidad emprendedora. Yo le voy a dar un solo dato, señor ministro, el presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos dice que se han producido más de 142.000 bajas en este primer trimestre. Con este dato, señor ministro, que afecta a los pequeños y medianos trabajadores, a los trabajadores por cuenta propia, a los que están en peores condiciones, con esta pérdida de puestos de trabajo de más de 140.000 trabajadores autónomos, me quiere decir, señor ministro de Trabajo, ¿cómo va a luchar contra una realidad cuando los datos de este primer trimestre ya le están diciendo que no tiene capacidad de crear empresas, sino de destruir los puestos de trabajo de esos trabajadores autónomos?
La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez-Camacho, termine. Ha agotado ya el tiempo.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Voy acabando, señora presidenta. Muchísimas gracias.

Señor ministro, nuestra actitud, como a lo largo de todas estas semanas, va a ser crítica -como usted muy bien ha dicho- para ver si usted lo hace meridianamente bien o no. Desde luego, esa es nuestra obligación y nuestro trabajo. Pero desde aquí también le trasladamos la preocupación de nuestro grupo parlamentario y de los millones de personas a las que representamos y que nos han votado, para que entre todos podamos reducir esa tasa de desempleo. Querría que su actitud estuviera dirigida a luchar de manera real contra esa tasa de desempleo y, desde luego, no a que nos conteste con respuestas generalistas, respuestas programáticas reflejadas hoy aquí en un discurso. Querríamos medidas concretas que puedan trasladarse a resultados concretos.

Y si me permite una última consideración con respecto a la reflexión en voz alta que ha hecho el señor ministro sobre las prejubilaciones, nosotros también querríamos que la vida laboral de los españoles fuera cada vez más larga y las prejubilaciones no ayudan a ello. Ahí también nos tendrán, señor ministro, porque entendemos que la vida laboral es un activo cada vez más valorado por la sociedad y así debería ser. Por tanto, luchar contra esas prejubilaciones es también una propuesta de nuestro grupo parlamentario. Y lo hacemos con medidas concretas como, por ejemplo, permitir compatibilizar el cobro de la pensión con la actividad profesional de manera parcial.

Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Sánchez-Camacho.

Senador Gonzálvez, su compañera de grupo ha consumido trece minutos, así que le ruego que concrete lo máximo posible.

El señor GONZÁLVEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, en primer lugar, esta es mi primera intervención en esta Cámara, por eso le quiero dar la bien-

venida como portavoz de inmigración del Grupo Parlamentario Popular, así como desearle suerte tanto a usted como al equipo que nos ha presentado al frente de su difícil tarea en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en unos momentos en los que el escenario económico en que se halla inmerso nuestro país no se lo está poniendo fácil.

Señor ministro, su ministerio tendrá que convivir con una grave crisis -creo que este es el nombre que debemos ponerle-, cuyas primeras consencuencias -el fin del superávit público, el aumento de los precios, el incremento del paro o el encarecimiento de las hipotecas- están dejando tanto a las familias españolas como principalmente a los inmigrantes residentes en España en una situación de extraordinaria debilidad. En este contexto a mi grupo parlamentario no le cabe duda de la necesidad de establecer una estrecha colaboración entre el Gobierno y las Cortes Generales para impulsar todas las medidas que sean necesarias. Por ello le requerimos para que se esfuerce por consolidar una vinculación suficiente y adecuada entre el Ejecutivo y estas Cámaras.

Señor ministro, es mi deseo comenzar esta intervención señalando las cuestiones en las que es posible un buen entendimiento con el Partido Popular y una más efectiva celeridad. Debo decirle que me ha agradado que se haya referido en su intervención -como también pude escuchar en la interpelación anterior a la moción del grupo parlamentario de la Entesa- a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Su pasado municipalista, pegado al terrreno, debe hacerle una persona profundamente conocedora de lo que están sufriendo los ayuntamientos y las comunidades autónomas con los inmigrantes. Como usted sabe, y aunque en teoría la inmigración es una competencia estatal, en la práctica son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que se enfrentan a este fenómeno desarrollando una labor encomiable, con recursos muy escasos. Sin embargo, son los inmigrantes los que se pasean por los pueblos y ciudades solicitando atención sanitaria, educación, servicios sociales a estos ayuntamientos y comunidades autónomas. Al respecto compartimos con usted que es tarea fundamental e inaplazable concertar una cooperación institucional que asegure el mejor funcionamiento de las adminstraciones públicas, pero eso no se podrá hacer sin unos recursos económicos suficientes que puedan aplicar este tipo de políticas. Usted ha hablado también de llegar a un pacto de Estado en inmigración. Quiero transmitirle que desde el Grupo Parlamentario Popular recogemos esa propuesta con moderado optimismo, ya que se trata de una pretensión que el Partido Popular ha venido demandando al anterior Gobierno del señor Zapatero en los últimos años.

Nos complace también averiguar que el Gobierno establece vías de diálogo con la oposición, entendiendo que no se debe excluir de una decisión de Estado tan importante como es la inmigración a una formación política que representa a más de diez millones de ciudadanos.

Finalmente, también compartimos con usted la necesidad de reforzar mecanismos plurilaterales, apostando por una política común en el seno de la Unión Europea. En esta línea España debe trabajar para concienciar al resto de los países europeos de las dificultades asociadas al fenómeno migratorio, implicando a Europa en una cuestión que España no puede afrontar en solitario. Así lo reconoció la propia vicepresidenta del Gobierno cuando en agosto de 2006 se entrevistó con su homólogo de la Comisión Europea, el señor Frattini, para pedirle un mayor compromiso con España. Pensamos que la directiva europea de retorno supone un hito de gran trascendencia, ya que permite aunar criterios y ampliar garantías. No en vano hay que tener en cuenta que nueve países de la Unión Europea ni siquiera tenían un límite de internamiento de los inmigrantes. Estas circunstancias, sin embargo, se omiten interesadamente para desacreditar una legislación que lo que intenta, precisamente, es fomentar la corresponsabilidad entre los Estados, de tal manera que no se tomen decisiones unilaterales. No podemos olvidar que la inmigración es un fenómeno de connotaciones globales, por lo que es lógico que las normativas aspiren a promover soluciones de carácter supraestatal.

Y expresados los puntos en los que parecemos coincidir o con los que tenemos más o menos cercanía, después de oír el decálogo de buenas intenciones que usted ha expresado en materia de inmigración y viendo los pocos más de cien días que llevan en el Gobierno junto con el pasado de los cuatro últimos años en los que han gobernado en nuestro país, es mi obligación decir que nosotros adjetivamos las políticas del Gobierno socialistas de cuatro maneras: una política confusa, una política dispersa, una política ambigua y una política alejada de la realidad. Yo creo que usted tiene que demostrar lo contrario porque muchas de las cosas que usted dice a los medios de comunicación suenan muy bien, señor ministro, se lo ha reconocido antes mi compañera cuando hablaba de los autónomos, pero esa música debe tener una buena letra, que es la gestión y la ejecución de las políticas en materia de inmigración y de empleo que son su responsabilidad al frente de este ministerio. ¿Está usted en sintonía con su predecesor en el cargo? Al menos, ha heredado entero su equipo.

Al Grupo Parlamentario Popular sus políticas nos parecen confusas porque no hay una línea de continuidad entre el pasado y el futuro, como tampoco parece haber coherencia entre los propios miembros del Ejecutivo. Tenemos manifiestaciones públicas de la señora vicepresidenta del Gobierno.

Señor ministro, ustedes los socialistas llevaron a cabo un proceso de regularización en el año 2005 que nos costó una severa reprimenda internacional. En aquel momento el presidente del Gobierno manifestó que con aquel proceso se iba a terminar con la inmigración clandestina, con el trabajo ilegal y la falta de mano de obra, y lo que se produjo fue un efecto llamada brutal.

La realidad ha sido tan distinta que tres años después su Gobierno en el Consejo Europeo y 16 compañeros suyos, eurodiputados socialistas, han aprobado la directiva europea de retorno de inmigrantes, lo cual -todo sea dicho- es imposible de compaginar con la política que los socialistas habían llevado a cabo hasta entonces. Debo confe-

sarle que nos satisface al Partido Popular esa rectificación en sus políticas migratorias. De hecho, al fin y al cabo, no han hecho más que asumir nuestros postulados, pero, por otro lado, nos alarma su doble lenguaje. En Bruselas aplauden la directiva y en el resto del mundo, como les demostraré ahora, la descalifican. Sinceramente no parece que su Gobierno sea el mejor defensor de las convicciones. Cada decisión que toma el Gobierno socialista contradice a la anterior.

Quisiera recordar a los miembros de esta Comisión, que el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, se erigió en ferviente entusiasta de esta directiva, hasta el punto de declarar que las críticas que recibiera la norma -y cito textualmente palabras del señor Zapatero- proceden de una ignorancia supina elevada a la categoría de lo insólito.

Desconocemos, por tanto, si el Gobierno se ha planteado cesar a los altos cargos que han dado sobradas muestras de esa ignorancia supina a la que se refería el presidente del Gobierno. En cualquier caso, convendría que usted me explicase cuál es la postura del Ejecutivo en relación a la directiva europea y si piensa pedirle explicación al ministro de Asuntos Exteriores, si es un ignorante supino, a la secretaria de Estado para Iberoamérica o al embajador en Paraguay, por prometer ante los medios de comunicación que la normativa europea no alterará el estatus migratorio de los ciudadanos latinoamericanos que residan ilegalmente en España.

He dicho también que su política, la de los socialistas, me parece dispersa porque, a pesar de las buenas intenciones que manifiesta, no tiene delimitados sus objetivos, de tal modo que hay una ausencia de programación estratégica y hace que sus proyectos parezcan iluminaciones surgidas de una improvisación repentina.

Usted, al igual que el presidente del Gobierno, ha hecho referencia a la búsqueda de acuerdos en la acogida de inmigrantes con los países de origen para concertar la contratación en destino, en la legalidad de entrada o en la igualdad de derechos y deberes. Pero no encontramos un nexo de unión que dote de sentido a sus políticas, pues las prioridades parecen abstractas y desconectadas las unas de las otras. Tal vez esto venga provocado por el hecho de que está intentando realizar una labor ejecutiva sin contar con los planteamientos básicos. Dicho de otra manera, creo que están construyendo la casa por el tejado.

Pensamos, señor ministro, que sin una planificación a largo plazo y sin unos contactos directos y efectivos con las administraciones y colectivos sociales afectados por el fenómeno migratorio será imposible que tenga éxito, éxito que yo le deseo. Le animamos también a que tome en consideración que no se dan las condiciones óptimas de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, así como tampoco entre los distintos ministerios del Ejecutivo. A ello se une el requisito imprescindible del consenso parlamentario.

Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos dispuestos a trabajar por un pacto de Estado que entienda el fenómeno migratorio como una oportunidad para el desarrollo de los países de origen y de destino, estableciendo una política bajo dos ejes básicos: garantizar el control de la frontera, los flujos legales y el máximo respeto a la legalidad y a los derechos humanos favoreciendo al mismo tiempo la integración de todos los extranjeros que viven con nosotros.

También he dicho que su línea política nos parece ambigua porque es incapaz de concretarse. Honestamente su ideario está presidido por una desconcertante indefinición. Usted habla, por ejemplo, de vincular la inmigración al empleo o de que todos los inmigrantes que accedan a España lo hagan legalmente, pero no nos dice cómo pretende lograrlo y, por supuesto, tampoco nos ofrece un calendario de cuando se propone conseguirlo. Así las cosas su dirección política tiene grandes problemas.

La señora PRESIDENTA: Senador Gonzálvez, vaya terminando.

El señor GONZÁLVEZ GARCÍA: Voy terminando.

Y si no crea las condiciones adecuadas para afrontar estos retos dotándolos de los medios suficientes, mucho nos tememos que se convertirá en mera utopía.

Usted también se ha referido al empleo como un elemento clave, pero en su intervención ignora el relevante dato de que en nuestro país el desempleo de la población inmigrante roza el 15 por ciento.

Permítame recordarle que España ha recibido más inmigrantes ilegales en los últimos años que Alemania, Gran Bretaña, Francia, Irlanda e Italia juntos. Señor ministro, cada año entran por los puertos y aeropuertos de Canarias 20.000 falsos turistas. En los siete primeros meses de este año en el litoral andaluz, en las playas de Almería, Granada y Cádiz, han entrado 1.300 inmigrantes irregulares. Ante esta avalancha, su intención en el decálogo, ¿qué medidas va a hacer usted para frenar esa entrada de inmigrantes ilegales? ¿Qué va a hacer usted para luchar contra las mafias? Me gustaría que contestara a ello en su réplica.

Señor ministro, el Grupo Popular considera que el nuevo escenario económico exige una nueva política de inmigración que actualice la legislación sobre esta materia. Por ello le pedimos que las políticas migratorias no se guíen por la demagogia y la improvisación. Y tenga presente que la inmigración irregular es también la consecuencia de una gestión incorrecta e ineficaz.

Hay otro grave problema que afecta a su departamento -y no ha dicho usted nada en su primera intervención-, ¿qué vamos a hacer con los menores inmigrantes que están llenando las islas Canarias, que están entrando de una forma exagerada en las islas Canarias?
Yo voy a finalizar preguntándole sobre qué va a hacer con los centros de internamiento para inmigrantes. Estos centros, como ha comunicado la Unión Europea al Defensor del Pueblo, no son precisamente un ejemplo de solidaridad y de convivencia. La Delegación del Gobierno en Murcia ya ha anunciado el cierre de su centro de internamiento de extranjeros. Estas son cosas que nos inquietan a todos y espero que después del verano pueda

usted ir poniendo en práctica medidas, como las que ha anunciado, pero que se vayan concretando para que la inmigración, que es el cuarto problema que afecta a la sociedad española, pueda ser una solución y no un problema.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Gonzálvez.

El senador Casas i Bedós, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tenía solicitada la comparecencia del Gobierno para informar sobre los objetivos y el programa de trabajo.

Tiene la palabra el senador Casas.

El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, muchas gracias por su comparecencia y por venir acompañado de todo su equipo, que es una demostración de que usted quiere tener una relación fluida, transparente con las Cámaras. De hecho, la experiencia de nuestro grupo parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado con los colaboradores de su ministerio en la pasada legislatura fue muy positiva y, por tanto, no tengo por qué pensar que no va a ser del mismo modo durante esta legislatura; al menos nuestra posición va a ir en la línea de la máxima colaboración.

Usted, señor ministro, ha aceptado un ministerio en tiempos difíciles. Usted se podía haber quedado donde estaba que, para quien no le conozca, diré que estaba en una comodidad quizás excesiva, (Risas) y ha asumido el riesgo y el honor de formar parte de un Gobierno, pero hay ministerios y ministerios y el suyo realmente va a ser complicado. Y en tiempos difíciles si se hacen las cosas con tino, y no va a ser fácil porque las cosas son muy distintas a como eran antes, si se hacen las cosas bien, se puede salir reforzado. Y yo creo que esto es lo que hay que intentar entre todos.

Si me permiten sus señorías yo voy a hacer, unas reflexiones sobre cómo veo la situación y sobre cómo se puede afrontar el futuro, teniendo en cuenta que lo de antes no sirve porque lo que viene es distinto. Las experiencias sobre situaciones económicas complejas de años anteriores no nos sirven para diagnosticar la anterior coyuntura y mucho menos para enfocar el futuro. En parte, usted tendrá éxito en la gestión de su ministerio si es capaz de adelantarse al futuro tomando medidas de lo que va a ser el futuro, que es un ejercicio difícil, pero que es posible y que requiere de mucha complicidad. De hecho en el ejercicio parlamentario, que es lo que a usted le corresponde gestionar -a nosotros nos corresponde hacer la labor parlamentaria- a mi juicio hay dos vertientes. Hay momentos para explicitar la discrepancia. Los hay y hay que hacerlo. Hay momentos en los que es importante que el Gobierno conozca cuál es en profundidad el punto de vista de un grupo parlamentario y si es discrepante en su totalidad. Pero hay momentos para mí más importantes, que son el de crear la complicidad; es decir, en el momento de actuar es imprescindible buscar la complicidad; o sea, que en el momento de redactar un proyecto de ley y presentar una enmienda yo buscaré siempre la complicidad con la mayoría, con el Gobierno. La discrepancia ya la habré explicado en el Pleno; pero al final me interesa que cuantos más sumemos al redactar un proyecto de ley en un tema que afecta a todos los ciudadanos, cuantos más seamos, mejor.

La verdad es un espejo roto -como decía el poeta-, y todos tenemos una parte del espejo. Nosotros vamos a intentar aportar nuestra parte. Si usted es capaz de conseguir que todo el mundo aporte la suya su gestión será buena y la gestión, en definitiva, significará reducir al máximo el impacto de esta situación y orientar el futuro en buenas condiciones. Por lo tanto, vienen tiempos difíciles. Yo creo que se pueden orientar bien si somos capaces de adelantarnos al futuro y le voy a dar algunas pistas de lo que yo creo. Usted ha citado cinco grandes cuestiones. Las comparto, pero si me permite modestamente yo añadiría tres. Aunque pueda parecer que no tienen que ver con su ministerio sí tienen mucho que ver.

Creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todas las administraciones públicas, que lógicamente ha de liderar el Gobierno del Estado, en racionalizar al máximo el gasto corriente de las administraciones. La administración española debe ser competitiva -este es un tema fundamental- y cómplice de los agentes económicos, convirtiéndose en un agente más en la creación de economía de futuro y puestos de trabajo. El impacto de la administración pública y los fondos que maneja en la economía es muy importante y, por tanto, en la medida en que sea competitiva y se convierta en cómplice de nuestros agentes económicos habremos dado un paso adelante muy relevante.

No es fácil, porque durante los últimos años España ha hecho un esfuerzo de descentralización enorme, que ha dado muchos resultados -acercar la administración a través de las comunidades y el poder de los ayuntamientos es un esfuerzo que se ha notado en el bienestar de los ciudadanos-, pero seguramente que hoy será muy importante establecer las ratios del gasto público corriente a fin de que no resulte un laste sino un elemento competitivo. Es un tema transversal pero que interesa al señor ministro de Trabajo, puesto que en la medida en que la administración sea muy competitiva se ayuda a crear puestos de trabajo sin ninguna duda.

Un segundo aspecto es que hay que enfocar la reforma laboral -que hay que hacerla- pensando en lo que está siendo el inicio del siglo XXI, es decir, los parámetros del siglo pasado no nos valen. Las cosas ahora son muy distintas, señor ministro. Fíjese, una situación económica como la actual 40 años atrás se resolvía devaluando y subiendo aranceles -así de fácil-; devaluando ganábamos competitividad y subiendo aranceles parábamos las importaciones: tema resuelto. Hoy esto no es posible.

Hemos perdido soberanía pero hemos ganado mucha solidez. El hecho de que el mercado y las grandes políticas macroeconómicas estén compartidas en un espacio común con la Unión Europea es cierto que nos resta algunos instrumentos de poder pero nos ha hecho ganar en solidez, lo cual exige al gobernante ser mucho más origi-

nal y utilizar con mayor eficacia los mecanismos que le quedan.

Una reforma laboral adaptada al futuro partiría de un principio que a alguien puede parecer una herejía pero les pediría que me interpretaran bien y no sacaran conclusiones equivocadas. Hay que intentar entender que algunas conquistas sociales del siglo XIX no deben convertirse hoy en un lastre y una rigidez que impidan ganar el futuro. Comprendo que la afirmación es un poco dura pero a lo mejor una interpretación adecuada de formas distintas de gestionar algunos avances sociales que se consiguieron en el siglo pasado enfocados al futuro -lo que explica la filosofía de fondo de la flexiseguridad de la que habla la Unión Europea- nos puede ayudar a entender cómo hay que enfocar una reforma laboral adecuada a los tiempos que vienen. Requiere un esfuerzo intelectual de todas las partes pero adoptando esta vía iríamos ganando futuro y, por tanto, el impacto de la crisis sería menor.

Se trata de que algunas cuestiones que han significado grandes avances no se conviertan en rigideces. Podemos avanzar en mantener estos derechos sociales teniendo en cuenta que uno de los activos de la Unión Europea es que el progreso va ligado a la cohesión social. En ningún modo estoy hablando de adoptar medidas que rompan la cohesión social, porque eso rompería Europa y no seríamos competitivos. Sin cohesión no seríamos competitivos. Ahora bien, seguramente que las fórmulas para garantizar la cohesión no son las mismas que las que tradicionalmente hemos venido utilizando. Hay que pensar, hay que ser originales, hay que estudiar a fondo el mercado y, sobre todo, el comportamiento de la gente más joven y con qué parámetros se incorpora al mercado laboral, que no son los mismos de hace veinte años. Hay activos que hay que intentar normativizar y a ver si por aquí encontramos alguna salida.

Por tanto, esta reforma laboral debería estar adaptada al siglo XXI. El Gobierno, no solo su ministerio, debería influir notablemente en la Unión Europea a fin de que sean muy serios al admitir importaciones de terceros países. En Europa, por ejemplo, algunos productos químicos están prohibidos en algunos procesos industriales y, sin embargo, nos llegan productos manufacturados de China para los que sí se han utilizado. Esto hay que evitarlo. Aparentemente, el consumidor puede sentirse feliz cuando compra un producto manufacturado chino porque le ha salido más barato, pero que sepa este consumidor que está creando paro a medio plazo, pues estas importaciones masivas están provocando dumping social, es decir, al no cumplir las normas, están trasladando el paro a la Unión Europea.

Somos liberales, evidentemente, no tenemos una economía intervenida, pero hay que ser muy duros desde la Unión Europea, evitando exportaciones que no cumplan con las normas que se siguen en Europa en el proceso de manufactura industrial. No es verdad que estemos haciendo feliz al consumidor porque compra más barato, sino que estamos generando paro a medio plazo. Por tanto, hay que ser duros en Europa, y no es proteccionismo. Simplemente se trata de seguir unas reglas de juego que en Europa se establecen por cuestiones medioambientales y políticas de sostenibilidad, políticas que nuestros ciudadanos nos exigen porque quieren progreso económico pero al mismo tiempo cohesión social, que también implica todos estos elementos. En definitiva, hemos de ser duros en esta cuestión, porque si no es así, estamos permitiendo un dumping que no favorece a medio plazo a nadie. Es evidente que no solo su departamento debe trabajar en esta dirección pero es una de las materias en que su ministerio podría intervenir.

Ahora me referiré al servicio exterior del Estado. España es un país industrial importante. Hoy tenemos un déficit comercial tremendo, que nos dice que no somos competitivos, y, aun así, durante el último trimestre nuestras exportaciones han subido. Eso significa que tan malos no somos. Así pues, hay un camino industrial por recorrer. Y lo hay si todos vamos en la misma dirección. No creo en un futuro para España de balneario y país de servicios para ciudadanos ricos europeos. Prefiero una España que siga siendo un motor industrial y se sitúe en el pelotón de cabeza, como sucede hoy día, en tecnología, innovación, etcétera.

Por tanto, tenemos un problema referido a déficit comercial, de modo que somos poco competitivos y, aun así, exportamos. Entonces hay que poner todos los mecanismos en funcionamiento. Si me permiten, voy a poner un ejemplo, aunque pueda parecer poco serio, pero que habla por sí solo. Si el queso extremeño Torta del Casar fuera francés estaría en todo el mundo, en primera división, y sería consumido en grandes cantidades. Si el jamón normal español -no hablo del Jabugo, que es una especialidad- tuviera la publicidad que ha tenido el prosciutto di Parma, no daríamos a basto en su exportación.

¿Qué es lo que nos diferencia? Tenemos capacidad industrial y sectores con una capacidad de internacionalización muy importante. Sin embargo, el servicio exterior del Estado ha de ponerse al servicio de los productos industriales de nuestro país, que son de gran valor. Los componentes de la dieta mediterránea, que tienen fama en todo el mundo, hay que sacarlos al mundo. Un empresario solo no puede hacerlo pero el servicio comercial del Estado es pequeño. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo por colocar a más gente, y preparada, convirtiendo a nuestro servicio exterior en un agente de ventas permanente no solo del turismo sino de los productos industriales de nuestro país. He puesto el ejemplo del queso para que no me digan que siempre defiendo lo mismo, porque defiendo todo aunque el sector textil lo vivo más de cerca.

En definitiva, hay cantidad de pequeñas y medianas empresas con una gran capacidad de penetración en los mercados internacionales, pues hacen los deberes, pero les faltan soportes. Evidentemente, con un servicio exterior potente se crean puestos de trabajo, pues facilitamos la labor de salida de nuestras empresas, lo que es fundamental para ganar en competitividad, y esta se gana cuando se exporta mucho. Y en nuestro país hay masa crítica y las empresas saben lo que tienen que hacer.


En definitiva, señor ministro, he añadido tres asuntos a los cinco que usted proponía. En una primera intervención creo que hay que indicar desde su ministerio cuál va a ser el ritmo de colaboración durante esta legislatura. España tiene un problema serio y hemos de intentar que lo sea menos, pero, si no ponemos todos nuestra capacidad para encontrar soluciones y enfocar el futuro, no estamos haciendo lo que nos toca. Y, por encima de todo, cuando hay una situación delicada, lo que conviene es que todos arrimemos el hombro para garantizar el bienestar de los ciudadanos a los que representamos, que es la máxima que creo que debe tener cualquier parlamentario.

En definitiva, con diálogo y transparencia, señor ministro -hace poco llegamos a un acuerdo en relación a una moción sobre cuestiones de su departamento en el Congreso de los Diputados-, con una relación fluida, nuestra posición va a ser, como siempre, la de intentar colaborar, en este caso para salir de una situación que preferíamos que fuera otra. Sin embargo, es la que es y nos toca convivir con esta dificultad. Si las cosas siguen con el talante que el señor ministro ha explicitado en esta comparecencia, aun manifestando nuestras discrepancias cuando las haya, sepa que va a encontrar nuestra complicidad cuando toque concretar las políticas de su ministerio para intentar que su gestión, que es muy delicada, sea lo más eficaz posible, pues eso irá en beneficio del conjunto de los ciudadanos, que es a lo que todos aspiramos, que las cosas vayan mejor.

Señor presidente, señor ministro, muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Casas.

El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto habitualmente es el senador Bagur pero, dado que la comparecencia la ha solicitado el senador Pérez Bouza, ha sido sustituido en esta comisión; por tanto, tiene la palabra su señoría.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.

En primer lugar, y aunque sea casi con tres meses de retraso, en nombre del BNG quiero dar al señor ministro la enhorabuena por su nombramiento, así como agradecerle que antes de que rematara el actual periodo de sesiones tuviera a bien comparecer en esta comisión para expresarnos las líneas generales que va a llevar a cabo su departamento en la presente legislatura.

Señor ministro, nos ha hecho una declaración de intenciones con la que coincido en parte, pero desde la óptica de Galicia, y hablando en representación del BNG, necesariamente he de hacerle algunas consideraciones.

El pasado periodo de crecimiento económico tanto en Galicia como en el resto del Estado español, aunque ciertamente contribuyó a crear empleo, este no ha sido de la mejor calidad, siendo así que, en la actualidad, la inmensa mayoría de los contratos que se firman siguen siendo temporales; concretamente, en Galicia tan sólo el 14 por ciento de los contratos que se firman son indefinidos frente al resto que siguen siendo temporales. Por ello, el BNG le demanda, señor ministro, que en esta nueva legislatura, que coincide con una situación económica de crisis y con unas previsiones de crecimiento de paro que usted mismo ha reconocido, su ministerio tome medidas encaminadas a estimular la creación de empleo digno y estable, tarea que sin duda no resultará fácil pero que es necesario intentar con todas las fuerzas y recursos posibles.

El BNG comparte que esto debe hacerse en el marco del diálogo social con empresarios y sindicatos, pero permítame que le diga, señor ministro, que además de los dos sindicatos con implantación estatal, con los que ustedes tienen por costumbre negociar este tipo de acuerdos, también hay otras centrales sindicales con una representación muy importante en determinados territorios -incluso superior al de las centrales estatales- y que en muchos sectores profesionales son mayoritarias, como es el caso de la Confederación Intersindical Galega -la Ciga-, en Galicia, que desde el BNG le pedimos que también sean tenidas en cuenta.

Coincidimos en el objetivo de luchar contra la siniestralidad laboral, pero donde no coincido con usted, señor ministro, es en que el objetivo de la próxima legislatura debe ser situar el índice de siniestralidad laboral en el Estado español en la media de la Unión Europea; el objetivo debe ser reducirlo a la máxima expresión porque, de lo contrario, estaremos aceptando que la siniestralidad laboral es una fatalidad contra la que no se puede luchar para intentar reducirla a la mínima expresión.

Mejorar los servicios de empleo público y ampliar la cobertura de prestación por desempleo junto con el impulso del completo desarrollo normativo del Estatuto del Trabajador Autónomo deben ser prioridades, a juicio del BNG, de este Gobierno.

Pero, además, el BNG considera fundamental -y así lo reivindicaremos en esta Cámara-, que el Estado transfiera a Galicia durante la presente legislatura la inspección de trabajo, tal como se recoge en el actual Estatuto de autonomía y como acordaron el presidente del Gobierno y el vicepresidente de la Xunta de Galicia: iniciar un proceso de negociaciones que culmine con esta transferencia.

Asimismo, solicitaremos que la Administración gallega pueda gestionar íntegramente la formación continuada mediante la territorialización completa de las partidas que integran los fondos procedentes de cuota de formación profesional de los trabajadores y las trabajadoras en activo por medio de criterios objetivos de reparto.

Por último, y en relación con este apartado, quiero expresarle el rechazo firme del BNG a la directiva de la Unión Europea que limita la jornada laboral en 65 horas. Pensamos que es una medida regresiva que va en contra de las políticas iniciadas por este Gobierno y también por gobiernos autonómicos en relación con la conciliación de la vida familiar y laboral.

En cuanto a las pensiones, señor ministro, simplemente quiero decirle que el BNG apuesta por seguir mejorando en los próximos años las pensiones mínimas, -tanto contributivas como no contributivas- y las de viudedad. Igualmente, proponemos que, para garantizar la estabili-

dad del Fondo de Reserva, se debe fomentar su empleo en deuda pública autonómica o local y rechazar cualquier intento de utilizar este fondo en valores de renta variable.

Con respecto a la inmigración, de forma muy breve diré que el BNG apuesta claramente por un marco de integración social y de asunción positiva de la pluralidad y por la dignificación del estatuto jurídico de los extranjeros residentes en el Estado español a fin de evitar la explotación laboral de los inmigrantes y erradicar gérmenes de xenofobia. Asimismo, consideramos necesario intensificar la cooperación activa con los países en situación de crisis económica y social a través de la ampliación de las partidas destinadas al Fondo para la ayuda al desenvolvimiento y al establecimiento de relaciones económicas comerciales justas que permitan el progreso económico y la creación de condiciones favorables para que esta población pueda emprender una vida digna en su propia tierra. Por último, señor ministro, en relación con el fenómeno de la inmigración, quiero pedirle que el Gobierno del que usted forma parte no amplíe más allá de lo estrictamente necesario el periodo de retención de los inmigrantes ilegales.

Con respecto a la emigración, señor ministro, el BNG solicitó su comparecencia para que nos informara del nivel de desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, cuestión que para nosotros es de vital importancia ya que el 12 por ciento de nuestra población reside fuera de Galicia al tiempo que el 17 por ciento del millón 500.000 ciudadanos del Estado español que viven en el exterior son gallegos y gallegas.

El BNG considera que la aprobación de la ley que regula el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior constituyó un avance en el reconocimiento de derechos para las personas emigrantes, pero para conseguir la plena equiparación de sus derechos sociales, políticos y culturales se deberían poner en marcha medidas urgentes, que, en la mayoría de los casos, están soportando las comunidades autónomas casi en exclusiva y con sus propios recursos ya que no existe por parte del Estado la solidaridad y la complementariedad presupuestaria necesarias para que la población de Galicia, -que es la más mayoritaria en el exterior en términos proporcionales- pueda ser computada a efectos de asignación de recursos por población del Estado y a efectos de número de diputados y senadores a elegir en las elecciones generales. Un año y medio después de su entrada en vigor, consideramos que no fueron puestas en práctica las iniciativas pertinentes, en parte por no contar con el presupuestario necesario, a pesar de que durante la campaña electoral el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior fue expuesto en el mundo de la emigración como el gran amparador de derechos y libertades para los emigrantes.

El BNG considera que el compromiso adquirido por el Gobierno central debe avanzar en la aplicación del estatuto, ya que ha quedado hasta el momento reducido a una medida estética para utilizar con fines electoralistas y no está cumpliendo su objetivo de garantizar la igualdad de derechos para nuestra ciudadanía en el exterior. Por ello, el BNG, señor ministro, le demanda un mayor compromiso financiero que permita en la presente legislatura proceder a la modernización de la Administración para facilitar el acceso a los servicios en el exterior a través de embajadas y consulados.

Señor ministro, son varios los aspectos en los que consideramos que el nivel de cumplimiento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior es muy deficiente o simplemente se está incumpliendo, siendo especialmente grave para nosotros el incumplimiento de los derechos de participación política de los ciudadanos residentes en el exterior, que sigue siendo una de las grandes vergüenzas del sistema democrático español. El BNG considera el sistema de participación electoral poco garantista y que no reconoce la igualdad en el ejercicio al derecho al voto en las mismas condiciones que a los ciudadanos residentes en territorio del Estado, permitiendo vulneraciones en la forma y en el contenido, tal como venimos denunciando sistemáticamente. Cuestiones como la lentitud en la actualización de oficio del censo de ciudadanos españoles en el exterior -antes llamado CERA-, la falta de armonización de procedimientos técnicos o la imposibilidad del voto en urna son cuestiones que el BNG estima que deben resolverse de manera inmediata para terminar con el espectáculo surrealista de comprobar cómo elección tras elección llegan decenas de votos de personas que llevan varios años fallecidas, o cómo una misma persona puede impunemente votar por dos, tres, cuatro o las que quiera, sin ningún tipo de control legal.

En este sentido, señor ministro, le invito a que haga todo lo posible por facilitar que salga adelante a la mayor brevedad posible la proposición de ley que el Parlamento de Galicia enviará a las Cortes Generales para su aprobación, por medio de la cual se solicita la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y que permita la implantación del voto en urna mediante mesas electorales en el exterior.

La sociedad gallega demanda de forma unánime que esta reforma, sea tramitada con urgencia para que pueda entrar en vigor antes de los comicios autonómicos gallegos que se celebrarán el próximo año. De lo contrario, se producirá la repetición de un sistema electoral vulnerable, defectuoso y difícilmente soportable en un Estado democrático. Asimismo, el Estado español, como único Estado del entorno europeo y uno de los pocos del mundo que permite la participación de los emigrantes en todos los comicios, debería, a juicio del BNG, valorar la posibilidad de crear una circunscripción electoral propia para la diáspora, además de regular el desarrollo de las campañas electorales en el exterior.

Por último, respecto a los derechos de participación, aún no se ha resuelto la petición de que puedan participar en el Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior la asociaciones de emigrantes retornados, tal como viene solicitándolo este importante movimiento asociativo, petición que el BNG apoya.

Por todo esto, la política del Gobierno sobre inmigración debería girar, a juicio del BNG, alrededor de dos ejes: retorno e igualdad real. Defenderemos, pues, la aplicación

de políticas prácticas que eliminen todos los obstáculos que dificulten el retorno y el agrupamiento de los familiares, así como el desarrollo reglamentario del Estatuto de la Ciudadanía en el Exterior, que permita de manera efectiva que los gallegos y las gallegas emigrados o procedentes del resto del Estado cuenten como ciudadanos a la hora de acceder a los servicios sociales y a las prestaciones asistenciales básicas. Señor ministro, con esta finalidad, el BNG le demanda que, en materia de emigración, ponga en marcha, entre otras, las siguientes medidas: aclarar los requisitos básicos y el procedimiento para acreditar la situación de español retornado; diseñar un plan de asistencia sanitaria y servicios sociales que permita cubrir las deficiencias de los sistemas socio-sanitarios y de protección social de los países de acogida de los emigrantes que no cuenten con un sistema sanitario de cobertura suficiente, con el fin de garantizar un nivel asistencial mínimo; aclarar el régimen de ejercicio de los derechos políticos por parte de los emigrantes que poseen la doble nacionalidad conforme a los tratados internacionales y a los convenios de doble nacionalidad difundir y promover el acceso a la enseñanza de la lengua y cultura gallegas en los centros gallegos, así como incluir el idioma, la literatura y la historia de Galicia en los centros formativos españoles abiertos en el extranjero para atender la instrucción del alumnado de origen gallego; incluir de forma regular la lengua gallega en la programación exterior de Radio Nacional de España y Televisión Española, especialmente en aquellos programas dedicados a la emigración; y potenciar los mecanismos de participación institucional entre la emigración y la Administración, mejorando y complementando el papel que posee actualmente el Consejo de Emigración.

Termino solicitándole, señor ministro, que amplíe los medios humanos y materiales en las embajadas y en las oficinas consulares para agilizar la tramitación burocrática y dotar de una información más precisa a las personas emigrantes que soliciten los servicios consulares. Acepto, señor ministro, las explicaciones que nos ha dado un integrante de su equipo al comienzo de esta sesión, pero espero que la brevedad de su intervención sobre los temas relacionados con la emigración no signifique que los ciudadanos residentes en el exterior y las políticas relacionadas con ellos se vayan a convertir en la hermana pobre de su ministerio. Espero que no sea así.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Pérez Bouza.

Quedan por intervenir los tres grupos parlamentarios que no habían solicitado la comparecencia. Como de costumbre, de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas gracias, señora presidenta.

Bienvenido, señor ministro. Le deseo una buena gestión al frente de su ministerio, siempre redundará en beneficio de todos los ciudadanos.

Quiero comentarle algunos puntos, por ejemplo, la forma en que se produjo el diálogo social durante la legislatura anterior. La forma no se ajustó en absoluto a los imperativos laborales, pues se ha de citar a todos los agentes llamados que deben entrar en el diálogo social. Hay que decir que todos estos agentes sociales actuaron durante la legislatura anterior más bien como agentes legislativos, puesto que todo lo que acordaron mediante acuerdos profesionales e interprofesionales pasó por las Cortes sin que se tocase ni una sola coma y se convirtió en leyes -por ejemplo, la de Dependencia, el Real Decreto de reforma de las condiciones empleo o la Ley sobre Seguridad Social-. Y todo esto no lo vinieron haciendo con todos los que ostentan la condición de mayor representación sindical, sino con los cuatro que ustedes han colaborado exclusivamente. Señor ministro, hay otros que deberían estar por requerimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que establecen que hay dos tipos de sindicatos y organizaciones empresariales más representativas: aquellas de ámbito estatal que superen el 10 por ciento del total de representantes electos en el ámbito del Estado y aquellas que no son de ámbito estatal y que superen el 15 por ciento en 1.500. Pues bien, a ninguna de las negociaciones de estos acuerdos interprofesionales fueron llamadas organizaciones sindicales y patronales que ostentan la condición de mayor representatividad sindical como ELA o la Intersindical Gallega que decía el señor Bouzas, que, según la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, reúnen los requisitos adecuados. Podemos decir, pues, que se está produciendo un elemento de centralización de las relaciones laborales puesto que todos los interlocutores son de ámbito estatal y ninguno de ámbito autonómico. Luego, las autonomías o las realidades sindicales de ámbito inferior al Estado no han tenido presencia a la hora de articular los acuerdos interprofesionales de los que han dimanado posteriormente las grandes leyes que se aprobaron durante la legislatura anterior.

En cuanto a las políticas activas y pasivas de empleo de Euskadi, hay que decir que la nuestra es la única comunidad a la que no se le ha transferido esta competencia, junto a Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas. Para no llevar a cabo el traspaso, se ha utilizado cualquier artimaña jurídica y la razón parece que es la existencia de una relación muy directa con el sistema de financiación vasco. Sepa, señor ministro, que nosotros tenemos en Euskadi un organismo que se llama Hobetuz y que tiene la misma naturaleza que Forcem, para cuyo funcionamiento la Comunidad Autónoma del País Vasco debe detraer cantidades de otras partidas presupuestarias o minorizar partidas que no tienen nada que ver con las políticas activas de empleo porque el Estado no cumple con sus deberes.

En cuanto a la Seguridad Social, le recuerdo que la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika establece que corresponde al Gobierno vasco la gestión del régi-

men económico de la Seguridad Social en régimen de concierto. Resulta que se considera intransferible porque si se hiciera, vulneraría el principio de caja única, a sabiendas de que es una competencia que consagra un texto como el Estatuto de Gernika.

Por lo que se refiere al superávit de la Seguridad Social, quisiéramos saber si su ministerio tiene pensadas algunas medidas para garantizar la sostenibilidad financiera cuando se produzca déficit. La pirámide de edad es inexorable y la situación de la Seguridad Social, parece ser, alcanzará un tope, a partir del cual no podremos hablar de superávit.

No quisiera terminar mi intervención sin hacer mención a la emigración y a la aprobación de la Directiva sobre retorno. Está claro que los estados europeos se han preparado para la crisis que sabían impostergable y prepararon desde el año 2005 un expeditivo procedimiento como es la directiva de retorno, una manera de quitarse de encima a los y a las inmigrantes que les sobren para mantener los costes salariales suficientemente bajos que necesita la competitividad de la economía europea. Por otra parte, el derecho a la libre circulación de las personas, tan enfáticamente consagrado por la Unión Europea y sus estados en tantas ocasiones, queda así reducida a una simple autorización administrativa discrecionalmente concedida en función de variables totalmente economicistas. Nos preocupa que los 280 centros de internamiento actualmente existentes en suelo europeo puedan ampliarse y extenderse allende las fronteras.

En nuestra opinión, el período de internamiento aprobado junto con los procedimientos administrativos de detención sin control judicial representan el más grave atentado al Estado de derecho en Europa. Según la Declaración de derechos humanos -artículo 7-, todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho, sin distinción, a igual protección de la ley; todos tenemos derecho a igual protección. ¿Cómo va a conciliar nuestro Gobierno el precepto constitucional español de que todos somos iguales ante la ley? Un Estado con tal alta tradición de emigrantes ¿cómo puede aceptar semejantes condiciones, máxime cuando en estos momentos en que hablamos del Estado de bienestar deberíamos mostrar nuestra solidaridad hacia esa gran mayoría, muchos de ellos descendientes de españoles que fueron acogidos por otras naciones, naciones que les quitaron el hambre, les acogieron en su triste exilio y les dieron la dignidad que se les negaba en su país de origen? Desde la aprobación de esta directiva, ¿se puede seguir hablando de que Europa está en primera línea en cuanto a la defensa de los derechos humanos? Ante estas agresiones a la dignidad humana, a las libertades políticas y a los derechos fundamentales de las personas emigrantes, ¿qué va a hacer el Gobierno español?
¿Para cuándo, señor ministro, las transferencias a Euskadi de las políticas activas y pasivas de empleo? ¿Tiene intención su Gobierno de cumplir con la Ley Orgánica del Estatuto de Gernika, que dice que es competencia de la comunidad autónoma vasca el régimen económico de la Seguridad Social?
Para terminar, señor ministro, como le decía al principio de mi intervención, les deseo a usted y a su equipo que puedan desarrollar una buena gestión. Sepan todos ustedes que nuestro grupo parlamentario estará trabajando y colaborando con la máxima lealtad. Cuente usted con ello.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Leanizbarrutia. La Presidencia le agradece su concreción y que se haya limitado a los 10 minutos que se le habían concedido.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la senadora Burgués.

La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor ministro de Trabajo e Inmigración en esta comisión para informar sobre las políticas generales de su departamento, así como su pronta decisión para constituir el día 9 de julio la Comisión Especial de Inmigración.

Hago referencia a lo que ha comentado en su exposición. Esta es una comisión importante para todas las personas. Por ello, creo que debemos acertar en nuestros compromisos y en nuestro trabajo ya que es importante para el desarrollo personal, social, económico y para la integración social de todas las personas. Nos encontramos ante una situación en la que ha cambiado el panorama económico de España, pero también el panorama de la economía mundial. Por eso, deseo que el Gobierno acierte en las medidas que debe tomar para garantizar una situación de bienestar para sus ciudadanos y la seguridad en su desarrollo.

Quiero hacer referencia a algunos temas anteriormente citados que merecen especial atención. En primer lugar, el compromiso de renovación del Pacto de Toledo. Este compromiso ha de significar la consolidación de las mejoras conseguidas, así como garantizar un sistema de protección seguro y estable que responda a los compromisos de mejora de las pensiones mínimas, de mejora de las pensiones de viudedad -principalmente para aquellas mujeres que tengan cargas familiares-, al incremento del salario mínimo -hoy establecido en 600 euros-, al incremento del empleo indefinido y a la reducción del índice de siniestralidad, es decir, a la mejora de la calidad del empleo.

La preocupación actual de la sociedad es el aumento del desempleo, por lo que el Gobierno debe continuar desarrollando los avances sociales conseguidos en la anterior legislatura, consolidando las leyes sociales avanzadas que se aprobaron y que suponen un logro en cuanto a las libertades individuales y el reconocimiento de derechos subjetivos. Es evidente que para ello es preciso conseguir un acuerdo a través del diálogo social, tal y como se ha dicho, que aúne voluntades del Gobierno, sindicatos y empresarios, teniendo en cuenta la nueva realidad social.

El ministro ha hablado también de concertación territorial, que es importante para la implicación de las comunidades autónomas en la gestión de la inmigración y también es necesaria para el desarrollo de políticas activas de

empleo que den solución a los trabajadores y trabajadoras en paro.

Llevamos unos meses de cambio de panorama económico, en nuestro país y a nivel internacional, por lo que es necesario centrar las prioridades del Gobierno en la generación de empleo y la atención social necesaria ante el incremento de falta de empleo. Nuestro grupo parlamentario, señor ministro, estará a su lado en la elaboración de unos presupuestos que contemplen el esfuerzo económico necesario para continuar en la línea de desarrollo social iniciada en la anterior legislatura, con la creación de importantes leyes, de avances sociales y bienestar social. Sin embargo, todavía es preciso corregir desigualdades como el salario de las mujeres y de los jóvenes, así como el aumento de la incorporación en el mundo laboral de las personas con discapacidad y avanzar en el derecho efectivo que favorezca la conciliación de trabajo y familia.

En el campo de la emigración existe una contradicción evidente. Hoy mismo salía en la prensa una noticia que señalaba que mientras la Unión Europea debate la directiva de retorno de inmigrantes -pues estamos de acuerdo en que aquellos que no cumplen con la normativa, los que no tienen papeles ni contrato de trabajo deben ser retornados a sus países-, al mismo tiempo diversos estudios insisten en señalar la necesidad de trabajadores extranjeros hasta la segunda mitad del presente siglo; hoy señalaba la prensa que entre 50 y 110 millones de trabajadores extranjeros son necesarios para el crecimiento económico eficaz de nuestro continente que va envejeciendo y que los ministros de finanzas de la Unión Europea han valorado positivamente el impacto de la inmigración en el crecimiento de los países europeos.

Por lo tanto, ante lo evidente de esta necesidad, es preciso que podamos gestionar bien el fenómeno de la inmigración, que no es nuevo, aunque sí lo es su importante crecimiento que en pocos años ha tenido en España.

Anteriormente se ha dicho que la inmigración debe ser regulada con contrato de trabajo, algo en lo que estamos de acuerdo. La experiencia de la contratación en origen es positiva en algunas regiones -tenemos ya la experiencia de varios años- sobre todo en la contratación de trabajadores temporales para la recolección. Además, la concertación territorial, a la que se ha comprometido el señor ministro, es también importante en este campo, tanto en el acuerdo del número de trabajadores necesarios como en su contratación. España, con su vicepresidente primero del Gobierno y los ministros con competencias en inmigración, se ha comprometido a promover una política común entre los Estados miembros de la Unión Europea para la gestión de los flujos migratorios y la integración de los inmigrantes, política común que considero no solo interesante, sino muy importante. La reciente aprobación de la llamada directiva de retorno es un primer paso en la política común de inmigración, sin embargo, queremos hacer un ruego: que la lucha contra la inmigración clandestina no sea un instrumento que signifique un retroceso en las garantías que nuestro continente reconoce a los trabajadores y trabajadoras, sujetos de derechos y obligaciones.

Estamos de acuerdo con el compromiso asumido por el Gobierno en cuanto a incrementar la cooperación al desarrollo para ayudar a países cuyos trabajadores emigran, ya que, como ellos dicen, están perdiendo sus talentos pues son precisamente los trabajadores preparados los que se desplazan a otros países más ricos en busca de una vida mejor.

Señorías, el tratamiento de los menores no acompañados merece desde mi punto de vista un tratamiento especial por dos motivos: en primer lugar, porque el interés del menor siempre debe prevalecer por encima de otras cuestiones. España firmó la Convención de los Derechos de los Niños, aprobada en la Asamblea de Naciones Unidas, comprometiéndose con la defensa de sus intereses. Por tanto, la respuesta del Gobierno debe estar de acuerdo con el interés primordial del derecho del menor a ser protegido y educado para su mejor desarrollo. En segundo lugar, y es un compromiso personal y también de mi grupo parlamentario, Entesa Catalana de Progrés presentó en el Pleno del Senado una moción consecuencia de interpelación en la que se instaba al Gobierno a la constitución de la Conferencia Sectorial de Inmigración. Además, el senador de Coalición Canaria, el señor Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, presentó una enmienda para estudiar la situación de los menores acompañados. La enmienda no fue aceptada en aquel momento, no porque no fuera importante, todo lo contrario, pues merece una atención especial. Por tanto, esta intervención en comisión es la primera ocasión que tengo para solicitar que la atención a los menores inmigrantes no acompañados y su esfuerzo educativo sea una prioridad para este Gobierno y este sea sensible a este problema complejo que afecta a las comunidades autónomas por competencia, según establece la Ley del Menor, tanto a la Comunidad de Canarias como al resto de comunidades autónomas.

Para finalizar, quiero hacer referencia a los españoles que residen en el exterior. Estamos de acuerdo con su planteamiento para que puedan llegar a garantizarse los derechos y libertades fundamentales constitucionales en igualdad de condiciones, tanto a los españoles que residen en el exterior, como a los que residen en el país. Muchos de esos españoles que residen en el exterior se vieron obligados a abandonar el país por razones políticas o económicas, como ocurre ahora con los inmigrantes, y debemos recordarlo y prestar nuestra ayuda para aquellos que quieran retornar.

Señor ministro, agradezco la buena disposición a colaborar que ha manifestado, y reitero el apoyo de nuestro grupo parlamentario para consolidar y avanzar en las políticas sociales que mejoren la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Para eso nos encontrará a su lado.

Le deseamos mucha suerte en esta legislatura para que obtenga los frutos que todos deseamos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su concreción y por ceñirse al tiempo establecido, senadora Burgués.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Fernández Sanz.

La señora FERNÁNDEZ SANZ: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señorías. Señor ministro, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista queremos agradecer su interés y su esfuerzo, forzando su agenda -lo sabemos- para comparecer en este período de sesiones. Lo ha hecho a pesar de que ha venido por mociones, interpelaciones y preguntas, y se lo agradecemos.

Asimismo agradecemos la presencia de los altos cargos del ministerio, que no están aquí para acompañar al ministro, señorías, sino para ver de qué hablan los diferentes grupos parlamentarios y, a continuación, entrar en detalle en cada uno de los temas de su competencia. Algunos de ustedes han dicho que querrían que el ministro hubiera entrado en detalle en cada una de las áreas del ministerio, y para ello tendríamos que haber estado en jornada de mañana y tarde escuchando únicamente al ministro. Seamos rigurosos, señorías, la primera comparecencia de un ministro es siempre para marcar los objetivos, algo que ha hecho el señor ministro con rotundidad y con claridad.

Pero, además, creo que todos los grupos parlamentarios tenemos que agradecer al ministro de Trabajo e Inmigración que desde el primer momento en que prometió su cargo no se haya ido por las ramas y se haya centrado en lo que para algunos son problemas y para otros retos, y quizá al final las dos cosas: problemas y retos.

No se ha dedicado a hablar de lo que está funcionando bien en el departamento, y por tanto, no es foco de atención, y se ha centrado en esos dos grandes retos: cómo seguir luchando por avanzar en los objetivos de pleno empleo y para que se destruya en este proceso de recesión o de crisis el menor empleo posible, y cómo enfocar bien el problema o el reto de la inmigración.

He escuchado a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular hablar de un montón de datos, unos cogidos de aquí, otros de allá, y al portavoz incluso decir muchos adjetivos. Cuando las intervenciones se dedican mucho rato a los adjetivos se acaban construyendo una novela, pero no se hace un análisis riguroso de la realidad, y el ministro sí lo ha hecho.

En el Pleno de la pasada semana dije lo importante que es que intentemos querer entendernos, y querer entendernos significa manejar la estadística todos igual. Si creemos que hay una estadística en el Ministerio de Trabajo, en el Consejo Económico y Social o en el Ministerio de Economía que no es correcta, mantengamos un debate aquí sobre cómo mejorar una herramienta de ese tipo; de lo contrario pongamos en valor los datos de que disponemos del ministerio.

Permitánme recordar que si uno va a las estadísticas de empleo y desempleo del Ministerio de Trabajo se encuentra con que en mayo de 2008 ha crecido el paro en 15.058 personas, pero hay indicadores -como ha dicho el ministro- que quisiera que todos pusiéramos en valor, porque si no, no respetamos este mundo del trabajo. Ha seguido creciendo el número de afiliados a la Seguridad Social en 106.000 personas. Y esto nadie puede leerlo en negativo. Han crecido los contratos indefinidos. Cuando uno de los retos de los socialistas en esta legislatura es reducir a un 25 por ciento la temporalidad -y va a seguir siéndolo-, y vemos que de pronto 164.500 contratos pasan de ser temporales a indefinidos, eso es algo que ningún senador, si es serio, puede dejar de valorar.

Y lo mismo digo de la población activa. Porque ese es un dato: está creciendo la población activa, y ya no aparecen en este país los efectos de desánimo en las estadísticas. Hay 650.000 personas más, y a la vez, hemos dado ocupación a 330.000. Está claro que hay más población activa que ocupada. Y ese es el reto en el que estamos ahora. A pesar de que crecemos algo menos, seguimos creando empleo. Estos son los datos estadísticos del mes de mayo del Ministerio de Trabajo; y como algunas veces hay personas que solo ven la realidad, que siempre tiene muchos colores, en blanco y negro o solo en negro, mi grupo parlamentario se ve obligado a recordar algo que no nos inventamos: la estadística real de este país.

Y lo mismo diría al portavoz del Grupo Parlamentario Popular sobre el tema de inmigración. Por suerte ha habido un alto nivel de pacto, tanto gobernando nosotros, como ustedes, y cuando uno va a sus documentos se encuentra con que en materia de inmigración todos los grupos parlamentarios se plantearon en las dos Cámaras tres grandes obligaciones como país que trasladábamos a los inmigrantes.

Lo recuerdo brevemente porque es muy importante, pues a veces se oyen cosas que demuestran que uno se olvida de los grandes pactos a los que la clase política llega en este país. Primero. Este país dijo que necesitaba hacer una política de flujos porque no éramos un país tan grande ni tan rico como para poder tener las puertas abiertas. Segundo. Que para evitar este mundo de nómadas entre los países no ricos o en vías de desarrollo hacia los desarrollados necesitábamos ser más exigentes en nuestro compromiso en cuanto a la cooperación al desarrollo. Y tercero. Que había que buscar la forma de que los inmigrantes que llegaban aquí, fuera por una u otra vía -la obligación de la Administración es que siempre fuera por vías regularizadas, pero, a pesar de los múltiples controles, también llegaban en situación irregular-, se integraran, y decíamos, según consta en un escrito del Congreso de los Diputados de 1990, que los inmigrantes tenían a su vez tres grandes obligaciones: respetar las reglas del juego de la democracia en sus instituciones -y yo añado que ojalá también en el seno de sus familias-; respetar la confesionalidad en la relación de esos colectivos con la sociedad española, y la igualdad entre hombres y mujeres. Estas eran las grandes conquistas que queríamos exigirles para la adaptación de los inmigrantes en nuestro país.

Y en esto se sigue trabajando. El Ministro de Trabajo les dijo hace unos días a ustedes, en el Congreso y en el foro de economía que quería contribuir, además de todo eso, a tener una Administración eficaz para evitar que esta produzca irregulares. Es valiente que el ministro dijera esto,

pues las administraciones a veces producimos irregulares por la estrechez de las normas. Y dijo, por ejemplo, cosas como que reflexionaba sobre el grado de reagrupación familiar, para no producir un irregular cuando esos hijos llegan a los 16 años, sino regularizar su acceso al mundo laboral.

Por tanto, señorías, es importante trabajar en esa dirección, al igual que lo es el formar a los inmigrantes para cualificarse más en otros empleos en este país, así como en su retorno, porque lo cierto es que a todos los que estamos en esta Cámara nos habría gustado que la llegada de los inmigrantes durante los últimos años hubiera sido un poco más dosificada. Si hubiera llegado un menor número de inmigrantes, habríamos podido desarrollar un trabajo más artesano para una integración más cualificada, respondiendo incluso a eso que ustedes y nosotros sabemos. Vienen los más preparados de sus países, países que han hecho un esfuerzo económico en la educación de esos inmigrantes; descapitalizan a sus países, se vienen a otros, y en estos otros países nosotros no les damos un trabajo acorde a su cualificación. Fíjense en los efectos tan absurdos que la globalización a veces produce en aquellos países y en estos.

Por cierto, fíense de los gobernantes que vienen a una comparecencia y no cuentan todo para el primer año. Yo tengo una gobernante en mi comunidad autónoma que al cumplir el primer año de Gobierno ha dicho que ya tiene el 90 por ciento de la gestión realizada. De eso sí que no se tienen que fiar ustedes porque o se ha comprometido en poco o falsea la realidad. Yo prefiero a los ministros que dicen: mi legislatura está en un programa electoral y aquí vengo a plantear un objetivo a un año o a dos años. Este grupo parlamentario tiene a la vez un compromiso con todos ustedes sobre una serie de proyectos y de normas, que incluso hoy no ha mencionado el señor ministro, pero están en nuestro programa electoral como, por ejemplo, la ley de economía social, a cuyo desarrollo todos tendremos que ver cómo contribuimos positivamente.

Dicho esto, si el ministro tiene tiempo en la réplica, aunque tiene muchas peticiones de información, me gustaría insistir en algo que es importante. El ministro lo dijo en otro foro y yo quiero animarle hoy a que lo recuerde. Señorías, Estado somos todos, Estado no es solo el Gobierno de la nación, Estado son las 17 comunidades autónomas y Estado son los casi 9.000 municipios. Somos Estado, y a veces hablamos como si el Estado fuera solo el Gobierno de la nación. Incluso hacemos intervenciones reivindicando al Gobierno de la nación algunas cosas. Por ejemplo, yo he escuchado al portavoz del BNG decir algunas cosas que me han entrado ganas de decirle: dígalas en su Parlamento autonómico, señor senador, porque muchas de esas cosas son deberes que usted se tiene que poner en su comunidad autónoma. Vamos a ser serios, Estado somos todos y el gran reto es codecidir de forma corresponsable. A mí me parece que aquí tenemos algo que asumir entre todos, y es intentar en este momento de recesión arrimar todos el hombro para trabajar en la dirección de resolverlo de la mejor manera posible y lo antes posible. A eso yo lo llamo las politicas keynesianas. El señor Casas me dirá que es un lenguaje antiguo -no me lo diga otra vez, señor Casas-, pero no se ha inventado otro nombre, son esas políticas. Y yo quiero recordarles a todos que cuando decían que el Gobierno no estaba haciendo cosas, el Gobierno les estaba comunicando 35 medidas para el impulso de la economía y había algunas de este corte keynesiano que yo le voy a pedir al ministro de Trabajo -aunque algunas no estén ahora en el ámbito de sus competencias- que lidere, ya que el Gobierno ha creado unas cuantas comisiones delegadas, entre ellas la de la inmigración, y es protagonista activo el ministro de Trabajo, porque son muy importantes para que todos asumamos responsabilidad, ayuntamientos y comunidades autónomas, y no miremos a otro lado.

La señora PRESIDENTA: Senadora Fernández, vaya acabando, por favor.

La señora FERNÁNDEZ SANZ: Estoy terminando.

Si aplicáramos bien la ley de la dependencia y no mal, como se está haciendo en muchas comunidades autónomas; si pusiéramos en marcha la red 0-3 años bien y no mal, como se está haciendo en algunas comunidades; si nos pusiéramos ahora todos a trabajar en lo que ha propuesto el Gobierno con sus 35 medidas, el turismo europeo y la larga estancia de jubilados europeos en España, una política en la que somos sabios, expertos en ese campo, como decía el señor Casas, estaríamos creando auténtico empleo. Y este es un reto en el que todos deberíamos trabajar, así como en el desarrollo de la ley de igualdad -no impugnándola ante el Tribunal Constitucional, señores del PP, sino desarrollando esa ley-, o el estatuto de autonomía, o el plan estratégico de seguridad e higiene.

En definitiva, con estos proyectos, el decálogo ante la inmigración y los cinco grandes objetivos, el Grupo Parlamentario Socialista quiere intentar compartir con todos los senadores el objetivo de luchar por frenar el desempleo y, por lo tanto, seguir marcando el pleno empleo como tarea de España en la que todos deberíamos seguir trabajando.

Para finalizar, insisto, aunque sea telegráficamente, en dos reflexiones. Una, pedir al ministro que juegue un papel decisivo en el trabajo europeo. Viene el período de Gobierno europeo de Francia, de Suecia, de España, países que creen en el Estado del bienestar, en la Europa social, y le pido que no deje de trabajar todo lo que sea posible para que este objetivo de la Europa social perdure en el sentimiento colectivo de todos los europeos y, desde luego, de quien observa a Europa en sus señas de identidad. Y segundo, comparto con el señor Casas los cambios que se están produciendo, y pongo un ejemplo que se incluye en el informe del Consejo Económico y Social. Nosotros nos podemos sentir orgullosos de que el 15 por ciento del producto interior bruto de este país haya estado hasta ahora en dos sectores: la construcción y la hostelería. De hecho, buena parte de las afiliaciones a la Seguridad Social tienen que ver con la hostelería, la sanidad, los

servicios sociales y las actividades al servicio de las empresas inmobiliarias. Pero lo significativo es que en este país con el trabajo y el esfuerzo de todos estamos consiguiendo que un 15 por ciento del producto interior bruto esté ahora en cuatro sectores de futuro: la tecnología de la comunicación, la biotecnología, las energías alternativas y el sector aeroespacial y aeronaval. Y eso sí que es un rumbo de futuro para este país. Trabajemos todos en la misma dirección y entonces conseguiremos hacer frente a los retos que deseamos como españoles: un país de pleno empleo y un país cada vez más igual, con una riqueza más redistribuida.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Fernández.

Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.

El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señora presidenta.

Voy a intentar contestar brevemente, y seguramente algunos asuntos los trataré poco porque, si no, correríamos el riesgo de estar aquí demasiado tiempo. En primer lugar, agradezco la felicitación de la señora Sánchez-Camacho a la secretaria general de Empleo y a mi mismo. Ya tuvo oportunidad de felicitarme en la primera interpelación y desearme muchos éxitos. Yo le dije que esperaba tener aciertos y si, además, por medio venía algún éxito, estupendo. Quiero agradecerle también su predisposición al Pacto de Toledo. Sincerametne, creo que es muy importante. Tenemos que trabajar todos para tratar de conseguir el mayor consenso posible y cuantas más fuerzas políticas puedan apoyar el Pacto de Toledo, sin duda, mejor; pero a nadie se le escapa que hay dos partidos políticos que en determinadas materias estamos llamados a expresar y tener una mayor responsabilidad porque, en definitiva, cuando estamos hablando de un Pacto de Toledo que pretende ser el punto de referencia del Gobierno, de un sistema de pensiones a 30 ó 40 años vista, sin duda, a nadie se le escapa que la alternancia democrática y, por tanto, los diferentes momentos de responsabilidad política habrán cambiado. En ese sentido, creo que siempre hay que preservar algunos conceptos y poner por delante esta cuestión. En consecuencia, le agradezco mucho que su partido político, y usted en su nombre, se ofrezca no tanto a dar un cheque al Gobierno lógicamente, sino a decir vamos a discutir.

Hay un asunto que también debemos tener claro y es por qué estamos en esta situación. Yo tampoco entraré ahora a calificar la situación de carácter económico, si es una desaceleración muy acelerada, si es un desaceleración muy profunda, pero en todo caso no estamos ahí como consecuencia de un problema de origen laboral. Es decir, no hemos llegado a esta situación por un problema de origen laboral. Simplemente constato ese hecho para situar al Ministerio de Trabajo en la génesis de lo que debe de tener y en el frontispicio de la política que tiene que hacer, porque si el petróleo sigue subiendo, ya podemos mantener todo el diálogo que quieran, pero seguramente la situación económica seguirá complicándose. Luego me referiré a algunos temas que el señor Casas ha expresado, pero para seguir un poco el hilo, estoy de acuerdo con la señora senadora en no crear alarmismo sobre el tema de la Seguridad Social, sin duda sin quitar que se tengan que hacer reformas. Estamos obligados a hacerlas en septiembre porque así viene determinado en el propio pacto de Toledo, pero no porque haya una urgencia, una necesidad, porque si no hacemos las reformas en septiembre corremos el riesgo de que las pensiones en marzo del año que viene vayan a tener un problema. Usted hacía referencia a ello. Si los 19 millones de personas que hoy contribuyen a la Seguridad Social desaparecieran mañana, efectivamente el fondo de reserva tendría, como todo pozo para que se seque, nueve meses, pero no debemos olvidar que ese fondo de reserva de la Seguridad Social es el resultado de un superávit y no estamos todavía ni mucho menos en una situación de gasto corriente en el que haya déficit.

Por lo tanto, una empresa -usted lo sabe mejor que yo- puede ir bien, evidentemente, puede ir ampliando su capital, sus fondos de reserva, lo cual le da más fortaleza, pero una empresa, al final, va bien en función de los gastos que tiene y los pedidos que tiene y, por lo tanto, de lo que produce y lo que vende. En consecuencia, hay una cuenta de explotación. La cuenta de explotación de la Seguridad Social no solamente no ha entrado en déficit, sino que tenemos superávit. Concretamente el viernes de la semana pasada, el Consejo de Ministros envió 4.700 millones de euros, que se dice pronto -estamos hablando de casi 800.000 millones de las antiguas pesetas-, a incrementar el fondo de reserva.

Pero estoy totalmente de acuerdo en que queremos y debemos de saber qué va a pasar con la sociedad española en los próximos treinta años. Seguramente podemos tener una cierta aproximación, pero ni tan siquiera eso podremos definirlo como un concepto ya cerrado para decir: esta será la sociedad de aquí a treinta años. Mire usted, seguramente cada cuatro o cinco años habrá que ver cómo han evolucionado las cosas porque hoy en día ningún proyecto de planificación a treinta años sirve para nada. Vivimos en una sociedad cambiante, cambian mucho las cosas, pero estoy de acuerdo con usted en que hay que tener una visión y hacer y cruzar estudios sobre cómo va a evolucionar el tema demográfico y cuál es el nivel de esperanza de vida y cómo envejece la población, y eso lo haremos.

Yo no voy a negar, todo lo contrario, las reformas que sean menester porque, además, creo que los que tenemos hoy la responsabilidad de gestionar este sistema tenemos que poner las medidas. Mire, insuficiencia de medidas siempre hay. Seguramente que todas las medidas siempre serán insuficientes, pero yo no he querido aquí traer un stock de 55 o 70 medidas, sino que he creído más importante enmarcar un conjunto de líneas estratégicas porque yo creo que nosotros tenemos que tener la responsabilidad, -el ministerio, y yo en particular- de intentar adelantarnos al tiempo, anticiparnos al futuro y, por tanto,

crear y orientar bien las acciones, en qué dirección tenemos que ir.

Yo he planteado cinco líneas estratégicas. Pueden discutir si son las acertadas o no, pero a nadie se le escapa que si esas cinco líneas estratégicas se considera que están bien orientadas, esas matizadas u otras, al final de cada una de las líneas estratégicas se tendrá que desprender un conjunto de medidas y una acción. Pero hay una cosa previa, necesaria: para fijar un rumbo primero se ha de saber adónde se quiere ir. Por lo tanto, si no se tiene una estrategia, si no se tiene una idea, uno no se puede anticipar, no se puede adelantar, probablemente se puede acabar recurriendo a algo que a veces en política se hace mucho, pero yo procuraré evitar, que es hacer mucha legislación. Se legisla mucho, incluso se mide la gestión de los gobiernos en función del número de leyes que hacen. Se me puede decir: Oiga, señor ministro, que usted todavía no ha presentado ninguna ley y lleva cuatro meses en el Gobierno; está usted gestionando mal. Pero los que venimos de abajo, los que hemos sufrido toda la legislación del mundo, es decir, la de Europa, la del Estado, la de las comunidades autónomas, al final, siempre sabemos que no siempre la legislación ex novo es la mejor solución para trabajar e identificar futuro.

No le voy a negar que seguramente tendremos que ir adaptando medidas, que tendremos que ir viendo cuáles son adecuadas y cuáles, incluso, por qué no decirlo, no producen al final los objetivos que se pretendían. Pero cuando nos referimos, por ejemplo, a las medidas del Gobierno, no las podemos ver sólo en clave de materia de responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Tienen tanta importancia o más las medidas fiscales que el Gobierno ha adoptado que las que dependen de este ministerio, porque las que dependen de este ministerio pueden ayudar, pero la otra es la que puede generar más empleo.

El senador Jordi Casas decía algo sobre lo que voy a reflexionar. Hoy en día, además tenemos que ser conscientes de que un Gobierno tiene limitaciones en temas económicos. Hoy un Gobierno por muy de España que sea, por muy importante que sea el Gobierno, y lo es, y de una nación muy importante como es España, sólo puede hacer políticas presupuestarias y fiscales porque las políticas monetarias ya no están en el ámbito del Estado-nación y las políticas de los precios de las materias primas tampoco están en el Estado-nación. Y cuando una materia prima que es absolutamente imprescindible para la dependencia y el desarrollo de otro país sube el precio, aquel país que la produce tiene un poco más de economía y el país que la necesita pierde un poco más de desarrollo de su economía.

Cuando España paga el barril a 140 euros está perdiendo una parte de su economía e, incluso, de su ahorro y quien lo está vendiendo está ganando una parte de economía, y eso es lo que hoy en día incide sobre esa materia cuando todos sabemos que tenemos un alto índice de dependencia.

Por lo tanto, lo que hace el Gobierno no hay que verlo en los 1.500 orientadores. La devolución del IVA mensual, por ejemplo, tiene su importancia; la desaparición de un impuesto como el de patrimonio con 1.800 millones de euros de importe, tiene su importancia; subir 2.000 millones de euros para que el ICO pueda ampliar los créditos a las medianas y pequeñas empresas en un país donde el 80 por ciento del empleo depende de las pequeñas y medianas empresas tiene su importancia; ampliar también los créditos para la vivienda de protección oficial también tiene su importancia.

Políticas activas de empleo. Voy a decir una cosa que es sabida por todas sus señorías. Cuando Fitzgerald Kennedy se dirigió a los americanos saben ustedes que dijo: «No me pregunten a mí qué puedo hacer por América, sino pregúntense ustedes qué pueden hacer por América». En políticas activas de empleo no pregunten solo al Gobierno de la nación qué puede hacer por ellas, sino pregunten al conjunto de las administraciones autonómicas y locales qué pueden hacer ustedes por ellas porque son políticas ya transferidas que residen hoy en las comunidades autónomas. Después me referiré a Euskadi.

Y las comunidades autónomas deben tomar ejemplo. Por ejemplo, Cataluña: Trabajo ofrece trabajo como temporeros a 1.570 desempleados de la construcción. Han sido llamados. El 70 por ciento han sido llamados. Están desempleados. En Lleida se necesita contratar 5.000 temporeros. Parece razonable que si en Lleida se tienen que contratar 5.000 temporeros y hay 1.570 desempleados del sector de la construcción se le ofrezca la posibilidad de que vayan a trabajar de temporeros del sector de la construcción. Como decía, el 70 por ciento ha sido llamado, y el 34 por ciento ha mostrado interés. Esta es una iniciativa que debería ser imitada por todas las comunidades autónomas, pues es a ellas -no al Ministerio de Trabajo- a las que corresponden las competencias en materia de políticas activas de empleo. Por tanto, señoría, tienen lo más importante. ¿Dónde va hoy un desempleado? Acude a una oficina de empleo, que es de la comunidad autónoma, se inscribe, y va a la oficina del servicio público de empleo estatal exclusivamente para percibir el desempleo al que tiene derecho. Así pues, como digo, es la comunidad autónoma la que, en virtud de sus competencias, ha de incidir en esta cuestión. De modo que ruego a sus señorías que también indiquen en sus respectivas comunidades autónomas que esta es una tarea en la que nos tenemos que poner todos. Porque incluso si el ministro de Trabajo quisiera empeñarse mucho, y mañana fuera, por ejemplo, a Cataluña para decirles qué es lo que tienen que hacer, la señora consejera de Trabajo de esa comunidad autónoma le preguntaría qué hace cuando se trata de unas competencias que no le son las propias. Digo esto, para situar la cuestión en sus justos términos.

¿Eso significa que el Ministerio de Trabajo desee quedarse al margen? Ni muchísimo menos. ¿Qué ha hecho entonces? El ministerio podría haber contratado a esos 1.500 orientadores, y hoy yo hubiera venido a decírselo a ustedes. Pero hubiese sido absurdo. Como decía el senador Casas, hubiésemos caído en un engordamiento innecesario de la Administración para una función que a esta ya no le toca. Por el contrario, hemos acordado con las comu-

nidades autónomas que esos 1.500 orientadores los contraten ellas para reforzar las oficinas y las política activas de empleo.

En cuanto a la formación ocupacional y la formación continua, senadora Sánchez-Camacho, ya iremos entrando en la cuestión. Ahora le voy a expresar algunos pensamientos, pero, lógicamente, no pretenda que hoy le explique hasta el último detalle del último día. Entiendo que hay que flexibilizar y hacer más adaptables la formación ocupacional y la formación continua. Flexibilidad y adaptabilidad son dos conceptos que deberían presidir el futuro de la reflexión sobre esta materia, porque son enormemente importantes.

Pero hoy tenemos un problema, y es que no siempre la formación está adaptada ni se adapta con la suficiente rapidez que requieren el territorio y la dinámica del mercado. Y si usted me pregunta qué pienso hacer al respecto, le diré que me gustaría ser más flexible y adaptarme más, legislar más desde la base y menos desde la normativa específica, al detalle respecto de cómo se tienen que hacer las cosas, de manera que dejáramos un amplio margen al territorio para que determinara cómo adapta la formación a su especificidad, singularidad y particularidad.

Tanto la formación continua como la formación ocupacional son muy importantes, pero deberíamos ser capaces de ponerlas en común lectura con la tercera formación, la reglada, aunque sean gestionadas separadamente, porque, al final, formación debe serlo todo, ya que hoy vivimos en una sociedad en la que hay que ir aprendiendo a lo largo de la vida. Se ha acabado ya la época en la que uno obtenía un máster y decía que ya lo sabía todo. Ahora ese máster solo le da la oportunidad de poder aprender con más rapidez lo que todavía no sabe. En este sentido, concedo una enorme importancia a la formación.

Lógicamente, mediante el diálogo social deberemos estudiar estas estrategias y considerar si debe haber algún incentivo tanto para los jóvenes como para las mujeres, y cómo se les discrimina positivamente. Porque no basta con que el ministro de Trabajo diga que tiene una estrategia de empleo para esos sectores. Desde luego, la gente no va empezar a crear empleo para los jóvenes y para las mujeres, sin más. Pero su señoría también entenderá que en el momento en que está abierto el diálogo social parece razonable que analicemos si estamos en la dirección adecuada.

En cuanto a los autónomos, partimos de la base de que ya tenemos aprobado su Estatuto. En estos momentos hay que desarrollarlo -la semana pasada ya se hizo en una primera parte-, fundamentalmente en los temas a que ha hecho referencia, que además son los que piden las propias asociaciones de autónomos, como la jubilación, el desempleo, etcétera. Pero hoy he intentado hacer una reflexión que fuese un poco más allá de la medida concreta para poner en valor al autónomo. Usted ha dicho algo que es verdad. Históricamente, donde más autónomos ha habido ha sido en el sector textil, además del comercial. Pero todo esto ha cambiado mucho. Usted sabe bien que hace 25 años las grandes superficies acabaron con el comercio de proximidad. Ahora ha vuelto, pero gestionado por el pakistaní. Otro sector en el que el autónomo abundaba mucho recientemente era el de la construcción, sector en el que en estos momentos la situación está repercutiendo en el fontanero, el albañil, la cuadrilla... En fin, todos esos trabajos se han visto afectados.

Y, senador Gonzálvez, menos mal que mi política en materia de inmigración es ambigua, porque si llega a ser contundente y clara estaría en el The New York Times. No obstante, no creo que sea ambigua. Es más, soy poco ambiguo; más bien tengo la particularidad de ser bastante claro.

Yo no voy a cambiar la política, señoría. Usted decía antes que es alcalde. En ese caso, tendrá que convenir conmigo que hasta que no llegó el Partido Socialista al Gobierno no se había puesto ni un solo euro para gestionar la inmigración. El fondo de cooperación nace justamente con el Gobierno socialista, y convendrá también usted conmigo en que antes de 2004 había emigrantes.

Estoy de acuerdo con usted en que para un Gobierno de España, para el Ministro de Trabajo, la inmigración es la legalidad, es la estadística, y para usted, como alcalde, es la realidad. Pero esa realidad hoy cuenta con 200 millones de euros que permiten que en su comunidad autónoma, Andalucía, una parte importante de esa cifra, que debe rondar los 40 millones de euros -no tome el dato al pie de la letra, porque estoy hablando de memoria-, se destine al reforzamiento escolar y otra, a la integración y la convivencia.

Por tanto, yo, que fui alcalde, no puedo dejar de valorar positivamente esa política: Yo llegué a este Gobierno y a este ministerio con la convicción y la seguridad de compartir esa política. En caso contrario no lo hubiese aceptado, porque no tenía ninguna necesidad, ni institucional ni política, de hacerlo. Yo estaba francamente bien. Era alcalde de una ciudad; llevaba cuatro mayorías absolutas, y en las últimas incluso aumentaron los concejales: 17 de 27; tenía una valoración relativamente buena; era una ciudad con superávit; y fui presidente de la Diputación de Barcelona. Por ello, como usted comprenderá, no voy a llegar como ministro para poner en crisis las políticas de mi antecesor. Repito que llegué aquí sabiendo que compartía y valoraba positivamente la política que había hecho el Gobierno. Pero todo ha cambiado, y con una rapidez tremenda, por lo que hoy no podemos seguir haciendo la misma política que hace cuatro años, por buena que esta fuera.

Ahí está, no tanto el cambio de la política, como la identificación de una situación nueva; sin duda ha cambiado aquí, y también en Europa, pero con una diferencia: en Europa hay más discursos de coyuntura y menos a medio y largo plazo. En este sentido, creo que debemos intentar hacer una política más a medio y largo plazo que de coyuntura, porque a la larga las primeras son las sólidas, mientras que las de coyuntura sirven para 48 horas. Ya verá usted lo poco eficientes y eficaces que serán muchas de las políticas de una enorme dureza que aparecen en Europa o cómo se irán desvaneciendo con el paso

del tiempo. Porque hay que ser posibilistas y gobernar las realidades.

No entraré en la directiva de retorno, porque eso corresponde al Ministerio del Interior, y sobre ese particular se ha manifestado el propio presidente del Gobierno. En cualquier caso, comparto de la A a la Z sus reflexiones y también las opiniones y reflexiones que sobre ese tema ha hecho el ministro del Interior.

Senadora del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, también le contesto en este sentido: España no va a cambiar la política de garantías de derechos. Cuando un inmigrante entra en este país ilegalmente, lo primero que hace la Policía, después del correspondiente procedimiento administrativo, es que ese inmigrante ilegal pase a la tutela judicial. A partir de ese momento hay un procedimiento de absoluta garantía, con asistencia gratuita jurídica, y España tiene 40 días. Europa ha planteado en estos momentos una directiva de 18 meses, pero el propio ministro del Interior ya ha manifestado que España no piensa ampliar el plazo más allá de 60 días y que no va a cambiar en absoluto las garantías jurídicas.

Por consiguiente, España continuará ofreciendo una absoluta garantía a las personas y para los derechos humanos de aquellos que entren en este país, pero dejando bien claro que si una persona es ilegal hay que retornarla a su país de origen porque, caso contrario, se estaría pidiendo que la inmigración ilegal entre sin control y sin gestión: Si alguien lo considera así, está en su perfecto derecho de expresarlo, pero yo no estoy de acuerdo, y eso entraría radicalmente en contradicción con la política que he planteado respecto del contrato de trabajo regular y legal.

Señor senador, como he dicho anteriormente, tenemos que reforzar los controles, por un lado, los propios de nuestras fronteras, tanto de Canarias como de los aeropuertos, y también a través de la Unión Europea.

Como ya he dicho, he planteado dos líneas en inmigración: una, sobre el control y la legalidad, y, la otra, de cohesión social, integración y convivencia. Nosotros planteamos las líneas generales, pero es en el espacio de proximidad donde se deben producir las políticas de cohesión social, de convivencia. Como digo, reforzaremos los controles. En definitiva, hemos de trabajar con un objetivo, que es lograr que la inmigración sea legal y que cada día haya menos ilegalidad en los flujos migratorios.

Me ha preguntado el senador Casas si estaba o no estaba bien antes de llegar aquí. Bien, en esta vida, estemos en el Gobierno o en la oposición, creo que a todos los que nos dedicamos a la política -aunque en ocasiones no somos la clase más valorada por los ciudadanos- nos mueve el reto de trabajar más allá de las dificultades. Y voy a intentar convertir en reto la dificultad. En cualquier caso, no será la primera vez que he tenido que afrontar un reto, y estoy convencido de que tampoco será la última.

Pero lo que me preocuparía enormemente -y a ustedes les tendría que preocupar todavía más- es que la suerte de la economía y de este país dependiera exclusivamente de este ministro. Por fortuna, hay un Gobierno, con su presidente a la cabeza, con unos magníficos ministros y ministras, y serán los aciertos del conjunto de esas políticas los que realmente harán que este país supere la coyuntura para mirar hacia delante con más posibilidades.

En ese sentido, senador Casas, le agradezco su complicidad; soy consciente de que en momentos como los actuales se necesita más que nunca; se necesita abrir el diálogo y enriquecer las ideas, y seguramente en estos temas nunca haya una idea única.

Me ha planteado usted una cuestión que supera las competencias de mi propio ministerio. Se trata de la racionalización del gasto público del conjunto de las administraciones. En este momento el Gobierno ha tomado dos medidas importantes que deben obligar moralmente -no jurídicamente- al conjunto de las administraciones. Una de ellas es la reducción del Capítulo II del gasto corriente. Por tanto, los ministerios vamos a tener menos dinero el año que viene por ese concepto. Les anticipo que estoy totalmente de acuerdo con ello, y quiero decirles que tener más dinero no es sinónimo de resolver la situación económica ni de crear empleo. Es decir, si queremos actuar sobre una determinada materia de carácter económico que nunca se haga a base de un crecimiento del importe global del presupuesto y del gasto corriente. La segunda medida que a alguno puede parecer simbólica, pero tiene su importancia más allá de la simbología, es la congelación salarial de los altos cargos. Por cierto, aprovecho para decir que no estoy de acuerdo con que se congelen los salarios de mil euros, ni las pensiones mínimas ni el salario mínimo interprofesional. Pero sí me parece bien que en el caso de todos los salarios medios-altos de las grandes corporaciones, sobre todo si son públicas, se haga el gesto de la congelación salarial. Lo ha empezado a hacer el Gobierno, y espero que sea imitado por el conjunto de las administraciones como una señal inequívoca de que probablemente ese sea el mejor mensaje.

En cuanto a la reforma laboral, a la que usted hacía referencia y la flexiseguridad, este es un concepto que se está discutiendo en Europa, es verdad. Todo el mundo habla de él, pero de momento solo Dinamarca lo tiene testado como buen sistema. La flexiseguridad es un concepto sobre el que habrá que reflexionar, pero a mí me preocupa que queramos utilizarlo para resolver un problema coyuntural. Es decir, que si es para reflexionar sobre cómo debería ser el trabajo en el siglo XXI y sobre qué elementos y características debería tener respecto del trabajo en el siglo XX, o sobre cuáles son los patrones de cambio y de modelo económico en el siglo XXI igualmente respecto del trabajo en el siglo XX, no me parece mal. Me parece que es bueno que se estudie el concepto. Sin embargo, me da un poco de miedo que alguien entienda la flexiseguridad como abaratamiento de los despidos o como más despido libre, es decir, como sistema para resolver un problema que tiene su origen en la situación económica, de modo que se intente resolver ese problema con la precariedad de los contratos de trabajo. Porque más flexibilidad que en el sector de la construcción será difícil encontrarla; sin embargo, es justamente el sector que está sufriendo el mayor impacto. No obstante, esta sociedad tendrá que

reflexionar sobre este asunto y sobre otros. Dentro de 40 años los sistemas de producción no serán los mismos, ni tampoco los sistemas de energía. Por mi parte, creo más en la investigación y en el valor añadido que pueda tener la investigación sobre el cambio climático que en la sensibilidad. Tengo más confianza en la capacidad científica de la sociedad para resolver y gestionar un problema, sin renunciar al progreso.

La cohesión social hay que plantearla, evidentemente. El presidente del Gobierno lo ha hecho. En todo caso, la solución de la situación actual de desaceleración y de dificultad económica no puede llevarse a cabo poniendo en crisis los avances y las políticas sociales. Eso es así.

Por otra parte, ser un país balneario para que los jubilados de Europa vengan a pasar sus vacaciones y no aprovechar las infraestructuras que tiene, que están vacías la mitad del tiempo, creo que no es adecuado. Hay que innovar en este aspecto. Ya que tenemos un país en el que el clima acompaña, hay que innovar. Y hay que hacerlo procurando más turismo de calidad y menos de cantidad. Para eso hay que cambiar el chip en algunos elementos que intervienen en la calidad. Si este país ha tenido históricamente un problema, ese ha sido el de la cantidad, y no el de la calidad. Tenemos que combinar el mantenimiento de los espacios medioambientales y la sostenibilidad del paisaje o de los elementos que forman parte del patrimonio con el hecho de que el turismo pueda evolucionar adecuadamente. No me corresponde a mí hablar de ello, sino al ministro de Industria y al de Economía. Lo menciono, porque su reflexión ha ido un poco más allá de las competencias de mi departamento. El ministro de Industria ha presentado ya un programa que va en esa dirección, y me parece bien.

El Servicio Exterior tampoco es responsabilidad mía. No quiero que mis compañeros, mis colegas, cuando lean mi intervención, digan: Bueno, ¿qué hacía el ministro de Trabajo hablando de cosas que no le corresponden? Evidentemente, estoy de acuerdo con usted.

Y como la torta del Casar, también la torta de La Serena tiene mucha calidad. Es verdad; yo también fui una vez a un gran almacén a comprar torta del Casar, y no estaba entre los quesos de Extremadura sino entre los de Francia; es verdad. Creo que esto ha cambiado mucho. Se ha hecho un gran trabajo sobre las denominaciones de origen. Hoy, por suerte, la torta del Casar y la de La Serena empiezan a ser conocidas. Tenemos unos productos magníficos, unas cosas muy buenas que hay que valorar. No tenemos que esperar a que se valoren cuando los demás tengan la oportunidad de conocer su buen sabor, sino que debemos promocionarlos.

El señor Pérez Bouza se ha referido fundamentalmente, entre sus reflexiones, a la emigración, y ha hecho mucho hincapié a la parte de la emigración que tiene Galicia como origen y a la relación que esos emigrantes tienen con Galicia. No se ha referido solo a la relación de pertenencia y sentimental, sino también a la relación económica y al ejercicio de derechos. Este Gobierno puso unas bases adecuadas y correctas para que se reconociera la política de emigración en el exterior, para tener en cuenta a todas esas personas que son españolas. Sería enormemente contradictorio que un país que fue emisor históricamente, unas veces por motivos políticos y otras, por cuestiones económicas, y que ahora se convierte por suerte en receptor, acabara dando oportunidades a muchos millones de personas que habrán vivido con nosotros olvidándose en el camino de los que un día se fueron y siguen siendo españoles. Hay, pues, una situación de justicia, y el Gobierno la ha planteado. Sin embargo, a usted no se le escapa la enorme complejidad jurídica que tienen estos asuntos. El Ministerio de Justicia está trabajando en ello, y el Gobierno encargó en el último Consejo de Ministros un informe más amplio sobre las posibles reformas electorales, atendiendo las propuestas, no sé si en esta Cámara, pero sí en el Congreso de los Diputados. En ese contexto deberá analizarse, aparte de lo que propone el Ministerio de Justicia, otras cuestiones como el estatuto o lo que tiene que ver con las elecciones. Créame que todo esto forma parte de la preocupación del Gobierno, que quiere trabajar en esas materias y va a hacerlo. Así dará continuidad a muchas de las políticas que puso en marcha durante la legislatura pasada. Nuestro ministerio hará lo mismo con las materias que le competen: las pensiones, ya reconocidas hoy, o los acuerdos bilaterales con algunos países en materia de sanidad, un asunto importante también: Seguiremos trabajando sobre todos esos asuntos.

Estoy de acuerdo con usted en que lo importante es que la creación de empleo tenga dos condiciones: que sea estable y que tenga calidad. Coincidimos en que estamos lejos incluso de nuestro objetivo electoral, en el que fijábamos la tasa de temporalidad en un 25 por ciento; estamos en un 30 por ciento. Pero también debemos reconocer que hemos mejorado la tasa de temporalidad, aumentado con ello la estabilidad en el empleo y el crecimiento del empleo fijo. En ese sentido, y aunque de modo genérico, ya mencioné que la Estrategia de Lisboa establecía, en el caso de la mujer, llegar a una tasa del 57 por ciento, que estamos aumentando. Además, aprovecho para decirles que la Estrategia de Lisboa establecía una tasa de ocupación del 66 por ciento para el año 2010, mientras que en nuestro país ya ha llegado al 66 por ciento, es decir, dos años antes de lo que la Estrategia de Lisboa señalaba; avances que, sin duda, se ven alterados por la preocupación del desempleo.

En cuanto a la directiva europea que establecía las 65 horas semanales, este Gobierno ya se ha manifestado en contra. Por tanto, esperamos que el Parlamento Europeo modifique en su segunda lectura dicha directiva adecuándola al siglo XXI y no al siglo XIX, que es lo que plantea esta directiva.

Existe un tema recurrente, también mencionado por el senador del BNG, y es que en el diálogo social se tengan en cuenta las instituciones de ámbito territorial, aun con una fuerte representación en el territorio. Considero que eso va a ser complicado ya que los ámbitos territoriales cuentan con sus propios diálogos sociales -en los que tampoco participa el Estado-, atendiendo a su realidad

social y económica. El diálogo social tienen al Estado como referencia en sus competencias y, en cambio, las competencias de las comunidades autónomas pertenecen a otro ámbito en el que el ministro de Trabajo no tiene más relación que las que, por cortesía, correspondan. Por tanto, debemos continuar con la situación que ha venido funcionando ya que alterarla no forma parte, al menos en estos momentos, de los presupuestos políticos de este ministro.

En cuanto a los Servicios Públicos de Empleo, usted ha citado Ceuta, Melilla y el País Vasco. Usted sabe que ahí hay un tema de fondo que va un poco más allá de una negativa del Gobierno del Estado a no querer transferir los servicios de empleo. Si los hemos transferido a todas las comunidades autónomas y en el caso del País Vasco no los hemos transferido es porque usted sabe que ahí hay algunas discrepancias que no entro ahora a evaluar, pero, en fin, si el País Vasco acepta la transferencia, al igual que el resto de comunidades autónomas, probablemente, no habrá problema para ponernos de acuerdo.

En cuanto al tema de la Seguridad Social, debo decirle que deberá continuar siendo estatal. No voy a estar aquí cuatro años dándole muchas vueltas. La Seguridad Social es estatal y, desde mi punto de vista, ni la Caja Única ni el concepto de la Seguridad Social se tiene que romper por la transferencia a ninguna comunidad autónoma. Esa es mi opinión, no pido que se comparta. Creo que hacer lo contrario significaría un grave error. Por lo tanto, la Caja Única y el sistema de Seguridad Social -que iguala a todos los españoles, independientemente de donde residan-, debe ser algo que pertenezca exclusivamente al Estado. Por tanto, no es pensamiento de este ministro mover absolutamente nada en dirección contraria a este planteamiento.

Señoría, usted ha realizado una intervención que a mí me ha dejado un poco descolocado: no sé si usted está de acuerdo con la inmigración ilegal o con la inmigración legal. Si usted no está de acuerdo con la inmigración ilegal, convendrá conmigo que con un inmigrante ilegal habrá que actuar con un procedimiento: si una persona entra ilegalmente en España, ha de ser objeto de un procedimiento, que no puede ser otro que el retorno a su país. A partir de aquí, si eso es así, ¿qué más garantías debe tener una persona? La garantía de estar bajo el principio de la tutela jurídica de un juez y estar asistido jurídicamente de forma gratuita. Este es el sistema que tiene España, es uno de los sistemas más garantistas que hay.

En cuanto al asunto de la directiva, ya he dicho que el presidente del Gobierno se ha pronunciado al respecto, así como el ministro del Interior. Sin embargo, creo que debemos analizar esta directiva teniendo en cuenta que se trataba de una Europa en la que había muchos países en los que por ley no existía tiempo para la retención. Es verdad que 18 meses no es el tiempo que España considera adecuado, pero es cierto que había países que no tenían tiempo, por lo que no deja de ser un avance.

Tal y como ha dicho la senadora Burgués, el día 9 de julio constituiremos la Conferencia Sectorial. Creo que puede ser un buen lugar para el acuerdo y el debate con las comunidades autónomas. En cuanto al Pacto de Toledo, las pensiones mínimas han de seguir mejorando, cumpliendo con el límite comprometido de 800 euros, de la misma manera que con el salario mínimo, así como seguir manteniendo y mejorando la calidad del empleo. Efectivamente, desde el Gobierno consideramos que las políticas sociales han de ser compatibles con las medidas necesarias para superar la situación de dificultad económica. No creemos de ninguna de las maneras que en estos momentos para superar la situación económica tengamos que recurrir -ni lo vamos a hacer- a la congelación salarial, sobre todo de los salarios más bajos, y rebajar el Estado del bienestar suprimiendo políticas de protección social. Porque estas políticas de bajar los impuestos yo ya me las conozco. Se dice que hay que bajar los impuestos porque luego el desarrollo de la economía equilibra el Estado del bienestar. Pues, mire, eso ya les digo yo que es falso, sobre todo cuando un Estado del bienestar, por mucho que haya avanzado, está todavía lejos de ser un Estado del bienestar que le sobra. Pues cada vez que se rebajan los impuestos, al final, el primero que se resiente es el Estado del bienestar y, por tanto, la gente con mayor debilidad económica, que es la que más necesita de él. Por tanto, sí deben establecerse las medidas fiscales necesarias, también medidas presupuestarias, pero nunca medidas que debiliten el Estado del bienestar ni que castiguen las economías más débiles.

Ya he comentado el asunto de la directiva de retorno. En cuanto al asunto de los menores, tal y como planteaba su señoría, se trata de un tema responsabilidad de las comunidades autónomas, y creo que contamos con un sistema de garantía total y absoluto. Estoy totalmente de acuerdo con la expresión de que un menor no se puede ver como inmigrante, sino que un menor es un menor; por tanto, esa ha de ser su condición cuando llega y mientras está en nuestro país. En este sentido, España es un país que ofrece todas las garantías. Además, el resto de comunidades autónomas se va a comprometer a ayudar a Canarias en este tema pues, aun siendo competencia exclusiva del Gobierno de Canarias, es un problema que, en muchas ocasiones, supera su propia competencia. En este contexto, es bueno que exista un cierto compromiso.

La senadora Fernández Sanz ha desarrollado un conjunto de reflexiones y apreciaciones en cuanto a este ministerio que agradezco. Usted ha mencionado algunas cosas, que comparto, y para poner las cosas en sus justos términos hay que decir, primero, que la Seguridad Social efectivamente está creciendo y que hay más de 19 millones de personas afiliadas, como nunca había ocurrido en España, lo que nos da garantía y fortaleza; que la tasa de temporalidad ha bajado al 30 por ciento y estamos en el momento en que hay menor tasa de temporalidad, y que el empleo femenino está creciendo por encima del masculino incluso cualitativamente.

Y por lo que se refiere a la inmigración, que efectivamente hay que gobernar las políticas de flujos, y que la globalización produce desequilibrios sociales y económicos, que es lo que motiva las migraciones. Sin duda la

gente emigra por motivos económicos, porque en su lugar de origen ha perdido la esperanza ante el presente y ante el futuro, pues, de lo contrario, no hablaríamos de emigración, sino de movilidad. Y no podemos perder de vista que cuando se habla de inmigración como un fenómeno en el que uno es receptor, la mejor manera de ayudar a que sea más asumible es apoyar las políticas de cooperación en origen.

Este Gobierno pondrá en marcha todo un conjunto de iniciativas que ya vienen del mandato anterior y que tendrán una incidencia importante sobre los temas de empleo. La Ley de dependencia generará mucho empleo, y cuando se trate de hijos de 0 a 3 años, se facilitará también la conciliación de la vida laboral y familiar con la ayuda del propio Gobierno
Finalmente, ha hecho usted una referencia sobre el PIB y sobre los cambios para ir hacia unos sectores con mayor valor añadido y con una mayor innovación, estoy totalmente de acuerdo, y se ha referido también al tema de la construcción. Es evidente que en los últimos años el crecimiento en la construcción había sido desmesurado y la producción de vivienda estaba muy por encima de la potencial demanda que había en este país. En España se estaban construyendo más de 700.000 viviendas cuando la demanda real no está por encima de las 400.000. Algún día esto tenía que estallar, y lo ha hecho con mayor rapidez de lo que probablemente se preveía, pero esto, que hoy vemos negativo, seguramente será, si lo sabemos administrar, lo que debemos aprovechar para superar esa situación y apostar por un crecimiento de la economía española diferente del que ha experimentado en los últimos años, y para que no sea el boom inmobiliario el que nuevamente tire de la economía. Creo que ahí es donde realmente tenemos que hacer grandes esfuerzos. Debemos saber que hay una coyuntura, pero debe haber políticas para resolverla y otras para asentar las bases de un crecimiento económico diferente a medio y largo plazo.

Nada más, y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

Por aquello de conciliar la vida familiar y la laboral, de lo que tanto hablamos, vamos a intentar sintetizar todos.

Aunque la senadora Sánchez-Camacho debería intervenir la última, lo hará la primera -espero que con el acuerdo de todos- porque tiene que ausentarse.

Tiene la palabra su señoría por tiempo de tres minutos.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta, y en este caso concreto, también por su benevolencia. Se trata de conciliar la vida laboral y familiar, y además a 700 kilómetros de distancia, lo cual lo hace un poco más complicado. Por ello agradezco a sus señorías, y también al señor ministro, que me permitan intervenir antes.

Señor ministro, le agradezco su comparecencia. Se le han planteado muchas más cuestiones de las que son objeto de su competencia en tanto en cuanto hemos hablado desde la crisis económica hasta del modelo productivo que vamos a seguir y de otras muchas cosas. Evidentemente usted no es un ministro multidisciplinar, y por tanto, no le competen actuaciones referentes al ministro de Asuntos Exteriores o al de Economía, pero permítame que desde la discrepancia nosotros entendamos que su Gobierno no está actualmente en condiciones de garantizar el crecimiento económico, pues consideramos que no están llevando a cabo las reformas estructurales que ahora necesita España. Pero este es otro debate.

Lo que sí le he trasladado, señor ministro, han sido aspectos concretos relativos a las materias propias de su ministerio, recordando que quien comparece es el ministro de Trabajo e Inmigración. Como usted bien sabe, y al igual que usted ha explicado, conozco las competencias de ejecución de las políticas activas en las comunidades autónomas. Debo decirle que he sido ponente junto a su compañero, y después conseller de Treball, Josep Maria Rañé del SOC -el Servei Catalá d´Ocupació de Catalunya-, así que fíjese si conoceremos perfectamente quiénes tienen las competencias de ejecución de las políticas activas con ese ejemplo al que usted ha hecho referencia.

Pero su competencia no es la de ejecución, que es la que compete a las comunidades autónomas. Yo reclamo las actividades de su competencia, que son las de planificación y reglamentación en torno a esa actuación que después ejecutan las comunidades autónomas. Usted tiene responsabilidades inexcusables e indelegables en materia de políticas activas.

¿Qué va a hacer con el Consejo General de Formación Profesional? ¿Qué va a hacer con las homologaciones de las cualificaciones con la formación reglada? ¿Qué va a hacer con la mayor accesibilidad o facilidad de acceso de las empresas a las ayudas de formación continua? Y estos son varios ejemplos. Y usted también tiene competencias en el servicio de intermediación y de ocupación. ¿Qué quiere hacer usted con los servicios privados y con las agencias de colocación? ¿Va a adecuar la normativa en relación a eso? Como digo, después serán otros quienes lo ejecuten, pero usted tiene unas competencias propias e inexcusables al respecto que usted hoy aquí no ha avanzado en absoluto.

Hay un gran malestar respecto de los servicios públicos de intermediación, que incluso ha sido también trasladado por Comisiones Obreras, en cuanto a la gestión del incremento de las prestaciones y del subsidio asistencial de desempleo. Esos servicios públicos con competencias estatales están teniendo un incremento de más del 30 por ciento de la actuación, servicios que, además, cohabitan con los servicios públicos de intermediación de las comunidades autónomas. Ese personal no ayuda ni colabora, y además de la diferencia salarial con esos otros compañeros funcionarios, están teniendo un incremento de actividad muy importante, y me gustaría saber las medidas que está planificando el ministerio para evitar una posible situación como la que ocurrió hace pocos meses en Justicia.

Por eso, señor ministro, le he planteado cuestiones muy concretas sobre las que usted ha hecho algunas reflexiones

en voz alta muy genéricas. Por lo que se refiere a la formación profesional, ha hablado únicamente de flexibilidad y ha dicho que había que adaptarla, lo cual es una posición muy generalista. No ha dicho absolutamente nada de los servicios públicos de intermediación ni respecto de otras cuestiones, como la de cuáles van a ser los incentivos concretos. No se le pedía un stock ni se pide al ministro de Trabajo ni a ningún otro que haga una relación de todas y cada una de las medidas, pero sí que diga medidas mucho más concretas de las líneas estratégicas a las que ha hecho referencia.

Ha mencionado los 19 millones de población activa y el incremento del empelo femenino, pero no debemos caer en la autocomplacencia. Usted ha sido el primero que ha reconocido que el desempleo va a crecer este año hasta el 11 por ciento y que va a haber 375.000 parados más que el año pasado. Esa es una realidad para millones y millones de personas, y el ministro de Trabajo no puede seguir reflexionando. Debe actuar y gestionar con la ayuda inexcusable de todo el equipo, tanto de la Secretaría General de Empleo, como del resto, pues le serán de gran ayuda para empezar a ejecutar todas esas medidas que son objeto de su competencia y que los españoles, y el resto de los grupos parlamentarios estamos esperando. De lo contrario seguiremos aquí para recordarle que no lo ha hecho y para exigirle que lo haga cuanto antes.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Intervendrán a hora los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, he aprendido que corresponde al Ejecutivo hacer ejecutar la ley. Le recuerdo simplemente que hay una Ley Orgánica de Libertad Sindical que dice que, en este Estado de las autonomías del que fardamos, alardeamos y nos sentimos orgullosos, hay que tener en cuenta esas otras representaciones sindicales a nivel autonómico que también existen.

Le recuerdo que hay otra ley orgánica, el Estatuto de Autonomía de Guernica, que es una ley especial, no cualquiera, aprobada en referéndum, cuyo artículo 18, en su punto primero, dice que corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado. Además, en su punto número dos dice que en materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. No pido cuál es el parecer, sino que se diga cuáles son las razones para que la ley no se cumpla.

No se aleguen leyes que van en contra de leyes orgánicas y que no tienen en cuenta un estatuto de autonomía que en su día fue aprobado por una inmensa mayoría de la ciudadanía. Y menos escuchar de quien tiene que hacer que se ejecute la ley que no hay que cumplir con unos preceptos incluidos en leyes orgánicas. Eso no genera seguridad jurídica porque si no, ¿para qué queremos tantos documentos? ¿Usted se imagina que una comunidad autónoma dijese que no está dispuesta a cumplir una ley orgánica? Se armaría el guirigay, me imagino -y se tendría que organizar-.

En cuanto al lado de quién estoy, yo vengo de una tradición humanista. He creído siempre en la Europa de las libertades y estoy al lado de los derechos humanos. Cuando en una directiva se habla de retorno y que existe una retención, conozco las garantías que se derivan de una detención. Lo que desconozco son las garantías que se derivan de una retención. No lo he estudiado y no se me ha enseñado todavía. Igual es un tipo nuevo que yo desconozco. Lo único que pretendo es que España sea también defensora de los derechos humanos y de las libertades. Señor ministro, todos sabemos que la Europa de hoy es en muchos aspectos la Europa de los mercaderes, la Europa del dinero y de los intereses económicos. Se lo digo porque yo he hecho un estudio sobre ese tema, una especialidad, quise ver cuántas directivas eran de contenido social y le digo que la mayoría respondía más a intereses económicos que sociales. Por tanto, por cuestiones coyunturales no perdamos el norte. Los derechos humanos deben prevalecer por encima de todo. Por eso estoy del lado de los derechos humanos, no estoy del lado ni del ilegal ni del no legal.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Pérez Bouza. Le ruego brevedad.

El señor PÉREZ BOUZA: Intervendré muy brevemente, señora presidenta.

En primer lugar, agradezco el tono de la contestación del ministro. Confío en su palabra en el sentido de que, efectivamente, la política de emigración, dentro de su ministerio, sea una política importante. En cualquier caso, tan importante como cualquier otra de las que sin duda afrontará durante la presente legislatura. Por eso yo también confío en que esta legislatura, señor ministro, sea la del desarrollo pleno del Estatuto de la ciudadanía en el exterior, que hasta ahora usted convendrá conmigo en que no lo ha sido, entre otras cuestiones por razón de tiempo, pero llevamos ya un año y medio y es el momento de empezar con ese desarrollo pleno para terminar la legislatura con una verdadera igualdad de derechos para los residentes tanto del Estado como los del exterior.

En cuanto al diálogo social, simplemente desde el BNG le hacíamos una recomendación en el sentido de que ese diálogo que establecen ustedes con dos sindicatos estatales a mi entender nada impide que se pueda ampliar a otros sindicatos que tienen una amplia representación en sus territorios, como le decía antes, y que incluso, hablando en concreto de la Ciga en Galicia, en empresas de más de 200 trabajadores son mayoritarios. Por lo tanto, creo que nada impide extender esta convocatoria a esos representantes de

los trabajadores, y sin duda los acuerdos que podrían salir de ese diálogo tendrían mayor legitimidad.

En segundo lugar, y también de manera muy breve, le diré a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que ni una sola de las medidas que planteó hoy aquí el BNG son competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia. Por lo tanto, sería absolutamente absurdo plantearlas en el Parlamento gallego, a no ser que usted se refiera a la siniestralidad laboral, por ejemplo, en cuyo caso le invito a que convenza al Gobierno al que usted presta apoyo a que transfiera a Galicia la inspección de trabajo, con lo que podríamos hacer políticas para tratar de reducir la siniestralidad laboral y plantear estas cuestiones en nuestro Parlamento. Si se refiere a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, usted sabe mejor que yo que es una ley orgánica y, por lo tanto, se debe plantear su reforma en las Cortes Generales y no en el Parlamento de Galicia. Lo único que puede hacer el Parlamento de Galicia es lo que va a hacer, es decir, enviar una propuesta a estas Cortes Generales, y espero que usted y su grupo parlamentario, tanto en el Senado como en el Congreso, le presten apoyo para que pueda salir adelante si todos coincidimos en que es una cuestión importante.

En todo caso, y sin ánimo de polemizar con usted, senadora Fernández Sanz, le diré que el BNG plantea -no le quepa ninguna duda- en el Parlamento de Galicia todas aquellas cuestiones que son competencia de la Administración gallega y planteará en esta Cámara y en el Congreso todas aquellas que son competencia del Estado.

Es cierto -lo dijo usted y lo dice el señor ministro- que todos somos Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, pero también es cierto que cada administración tiene sus competencias y el Estado no es precisamente una administración que se caracterice por la voluntad de transferir algunas de esas competencias a las comunidades autónomas. En cualquier caso, y remato, señor ministro, le deseo mucha suerte en el desarrollo de sus funciones porque sin duda una gestión positiva será beneficiosa para el conjunto de los ciudadanos. En políticas progresistas de empleo, de Seguridad Social, de pensiones, de inmigración y de emigración tendrá el apoyo de este senador y del BNG.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas i Bedós.

El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, he hecho unas reflexiones en voz alta pensando en el futuro, no en la gestión inmediata de la situación que tenemos. Las decía pensando en que el ministro de Trabajo, él solo con sus competencias, no puede resolver todo lo que afecta al empleo. Yo buscaba complicidades con otros departamentos del Gobierno.

Ha dicho algunas cosas a las que me gustaría referirme. Cuando yo hablaba de reforma laboral pensando en el futuro usted ha dicho que no se pueden congelar los salarios, y lo comparto. Y cuando se habla de reforma laboral y se habla de flexibilidad y seguridad enseguida se va al despido libre, pero no es eso. Hoy la industria española es intensiva en capital, no en mano de obra. Por tanto, las empresas subsisten o no no por los costes salariales. Los costes salariales son los que hay en Europa. Son competitivas si son capaces de captar capital que les permita innovar tecnológicamente. Por lo tanto, son industrias intensivas de capital, pero necesitan mucha agilidad en la organización interna de la compañía y hoy algunos derechos adquiridos se han convertido en rigideces, y seguramente donde tiene que haber mucha libertad es en la entrada y en la gestión del puesto de trabajo, pero la salida tiene que ser siempre con garantías. La reforma moderna es esta, la que permita que la industria -que aquí, insisto, no es intensiva en mano de obra, sino que lo que la hace competitiva es la captación de capitales para estar tecnológicamente bien- tenga capacidad para seguir porque, si no, todos estos sectores que ha dicho doña Matilde Fernández en su intervención, todo el I+D, si no hay industria, se va, se deslocalizará, y nuestro reto es que, además de ser un buen balneario, que es un sector importantísimo, para los ciudadanos del mundo que quieran venir a vivir aquí, también debe seguir siendo un país puntero industrialmente. Esto requiere mucha complicidad, orientar bien el futuro y adelantarse.

Ha puesto algunos ejemplos que comparto. Es verdad que usted tiene las competencias que tiene y que las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen las que tienen, pero hay que intentar coordinarlo. Ha puesto el ejemplo de Lleida, y me parece muy bien, pero hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, yo leí hace pocos días en la prensa que en determinadas zonas de España se estaban yendo a buscar en origen a trabajadores para recoger la fruta y al mismo tiempo se estaban pagando peonadas. No puede ser. Hay que hacer todas las prestaciones sociales, pero hay que ser muy riguroso. Usted ha dicho en algún momento en el Congreso -he leído alguna intervención suya- que hay que perseguir el fraude. Hay que ser muy riguroso en las prestaciones sociales, y seguramente el debate que tuvieron la semana pasada en el Congreso sobre la viudedad hay que hacerlo. Seguramente las viudas de dentro de unos años no serán como las de hace unos años porque hay muchas mujeres que hoy, afortunadamente, están trabajando, han cotizado y están en otras circunstancias. Por lo tanto, hay que adaptarlo, pero cuando se deslocaliza tanto el poder tiene que haber un mínimo de coordinación para que las cosas sean lógicas y, si no, dejan de ser lógicas. Por eso hacía una reflexión de futuro, y evidentemente, el servicio exterior del Estado puede ayudarle muchísimo a que al final el balance de su ministerio se mida en buenos resultados en cuanto a destrucción de empleo porque puede ayudar a crear mucho empleo si son capaces de vender nuestros productos bien, como hacen los servicios italianos, por ejemplo.

Y acabo con una pequeña anécdota, si me permiten. Decía el señor ministro que es importante que el PSOE y

el PP estén de acuerdo con lo del Pacto de Toledo, y es verdad. Es importante que los dos grandes partidos que con la alternancia lógica han de ir compartiendo el Gobierno estén de acuerdo, pero quiero recordar que quien básicamente impulsó el Pacto de Toledo fue don Miguel Roca, en aquel tiempo portavoz de Minoría Catalana. Con ello no quiero decir que no se les pueda dejar solos a los dos mayores, pero quiero recordar el hecho histórico de que quien lo promovió fue Minoría Catalana.

Gracias, señor ministro, sobre todo por el tono y el contenido de su respuesta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Casas.

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, la senadora Burgués.

La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, presidenta. Intervendré con la mayor brevedad posible.

Señor ministro, me ha tranquilizado oír que va a continuar impulsando el desarrollo del Estado del bienestar que tanto nos ha costado conseguir. Todavía no estamos en el punto más óptimo, pero vamos a poder continuar. Hemos trabajado conjuntamente desde los ayuntamientos y las diputaciones para lograr este bienestar y por lo menos intentemos conservarlo e incrementarlo en lo que podamos.

También quisiera agradecerle la claridad con que ha expuesto los conceptos, su programa y la oferta de diálogo que nos ha hecho, a la que también quiero responder con el diálogo por nuestra parte.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Burgués.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ SANZ: Presidenta, aunque solo sea de forma enunciativa, en nuestro grupo queremos poner en valor de la intervención del ministro los siguientes aspectos que pueden ser más concretos y no hemos atendido en el primer turno de palabra.

Cuando se ha hablado de las cinco líneas estratégicas para seguir trabajando en el objetivo del mayor y mejor empleo posible y desde luego no abandonar el objetivo de Estocolmo y de Lisboa del pleno empleo, creemos que es muy importante el mensaje que aquí se ha dejado de la vida laboral completa y acabar con una inercia que tendía a expulsar a partir de los 48 ó 52 años a los trabajadores en las grandes empresas. Cambiar esa dirección es importantísimo y sirve -aunque pensamos en trabajadores hombres mayores- para los trabajadores que ya están permaneciendo en el mundo del trabajo que son jóvenes -ya menos jóvenes- y, desde luego, mujeres. Para generar nuestra cotización a la Seguridad Social qué importante es que estas políticas se hagan para proteger en el futuro también a las mujeres.

En segundo lugar, de estas grandes líneas estratégicas nos parece muy importante lo que aquí se ha dicho en el sentido de mejorar las condiciones de los autónomos, porque pudiendo fallarme la retención de las estadísticas, creo que si sumamos régimen agrario por cuenta ajena y autónomos estamos hablando de tres millones y medio de personas que en este momento están dentro de los regímenes de la Seguridad Social. Por lo tanto, estamos hablando de muchas familias y de dar un mensaje para mejorar sus condiciones y proteger aún más con beneficios este estatuto del trabajador.

En tercer lugar, quisiéramos valorar el mensaje que el ministro ha expuesto sobre la inspección. Ojalá lo último que ha dicho el Consejo de Ministros de reducir la oferta de empleo público no afecte a un compromiso de ampliar el número de inspectores de la Seguridad Social. Sería muy importante, señor ministro, porque al reto de tener más inspectores de Trabajo para el control de la Seguridad Social y del mundo industrial o laboral en general hay que sumarle la formación de los inspectores de Trabajo en todo lo que es el principio de igualdad entre hombres y mujeres y las mejoras cualitativas de los empleos de los inmigrantes.

Por último, de las ideas que ha expuesto aquí el ministro y que nos parece muy importante es todo lo que se refiere a la mejora y descentralización de las oficinas de empleo. Los sindicatos están presentando papeles, los empresarios están presentando papeles, Cataluña, si mi cabeza no funciona mal, fue de las primeras comunidades autónomas que hizo esfuerzos de descentralización de oficinas de empleo, con crisis de SEAT y de la industria química, etcétera, y los resultados fueron muy buenos llevando con los ayuntamientos esa descentralización. Yo creo que ahora es un reto.

Por último, senador Pérez Bouza, sabe perfectamente a lo que me refería. Claro que no a los derechos políticos, que es un reto de todos, pero creo que compartirá conmigo, señor Pérez Bouza, que se está caminando en la línea de lo que plantean los propios inmigrantes. Ya han ofertado en el Consejo de Inmigración montones de mejoras que se han ido aplicando y a veces es muy fácil decir que se vote en urna en las embajadas y en los consulados, pero para eso hay que arreglar muchas cosas antes para que eso sea una garantía de ejercicio de derechos políticos con más rigor del que hoy se está haciendo.

Señora presidenta, en relación con los inmigrantes irregulares, tal vez en el futuro, entre todos los grupos, deberíamos pensar que cuando se habla de subvenciones a organizaciones de inmigrantes, etcétera, tendríamos que pedirles la corresponsabilidad de informar bien en sus países. Una organización de inmigrantes podría no estar haciendo un efecto llamada en un momento difícil -ya sé que la pérdida de expectativas de mucho empleo va a frenar la llegada de inmigrantes a este país, como ha pasado históricamente en todos los lugares-, pero deben jugar un papel importante a la hora de no hacer efectos llamada para que al final unos paisanos de su pueblo vengan a pasar dificultades a este país. Esto hay que exigírselo al conjunto de las asociaciones de inmigrantes.


Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro, por el detalle de sus respuestas a cada uno de los grupos parlamentarios.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Fernández.

Señor Gonzálvez, tiene la palabra por tiempo de tres minutos.

El señor GONZÁLVEZ GARCÍA: Me toca el último y espero que la presidenta sea generosa con mi intervención.

La señora PRESIDENTA: Tenga en cuenta que generosos hemos sido con su compañera de grupo, a la que hemos dejado intervenir en primer lugar y, además, ella ha consumido no solo tres minutos sino cinco. Por eso le ruego brevedad.

El señor GONZÁLVEZ GARCÍA: Señor ministro, le he seguido con atención en este que es mi debut en la comisión. Decía usted que no es ambiguo, sino claro. Yo no estaba criticando las políticas del ministro, sino la política del Gobierno socialista de España y me reitero en que es una política confusa, dispersa, ambigua y alejada de la realidad.

Usted dice que comparte al cien por cien la política de su antecesor en el cargo. Yo le puedo decir que con las manifestaciones públicas que usted ha hecho desde que es ministro, si las hubiera hecho en la campaña electoral probablemente le hubieran llamado xenófobo porque comparte al cien por cien el programa electoral del Partido Popular, que ya recogía muchas de las medidas que usted está planteando. A nosotros, por anunciar en campaña el contrato de integración que está en la Unión Europea se nos acusó de racistas y xenófobos.

Ha dicho usted alguna inexactitud, señor ministro. Ha comentado que en una moción en el Pleno del Senado se aprobó lo de la conferencia sectorial. Fue el Consejo de Ministros del 2 de marzo de este año el que aprobó la creación de la conferencia sectorial. Fue una promesa que el presidente Zapatero hizo después de la reunión de presidentes autonómicos hace ya más de 19 meses.

Usted habla de que no le gustan mucho las leyes y de que ha sido alcalde y que le gusta hacer una política pegada a la realidad, y yo le digo a usted que lo que se ha hecho es cambiar el nombre a lo que era el Consejo Superior de Inmigración que creó el Partido Popular. Es cierto que había poco dinero, pero también es cierto que no fue con un Gobierno del Partido Popular y sí con un Gobierno del Partido Socialista con el que se hizo una regularización masiva y con el que se hizo el efecto llamada que trajo a tantos y tantos inmigrantes irregulares a nuestro país.

Señor ministro, cuando dice que han puesto 200 millones de euros para la conferencia sectorial le tengo que contestar que compare, y le hablo como alcalde de un municipio andaluz, por que sé lo que la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, da para políticas de inmigración, y en absoluto se parece a lo que dan comunidades como Valencia y Madrid, que son las que a pesar de ser la inmigración competencia exclusiva del Gobierno están llevando el peso de la inmigración porque son los inmigrantes los que tienen que percibir esa sanidad, esa educación y esos servicios sociales.

Usted ha anunciado, y voy finalizando, señor ministro, diez medidas. Suenan muy bien, pero yo le pregunto cuándo las va a hacer, cómo las va a hacer y con qué consignación presupuestaria las va a hacer.

Se me ha acusado por la portavoz socialista de que utilizo artículos y que tienen poca consistencia. Yo voy a hablar de realidades. Señor ministro, ayer, a las costas de Tenerife, llegaron 179 inmigrantes en pateras. Esto es una realidad. ¿Qué va a hacer su ministerio para frenar esta avalancha de inmigrantes a las costas españolas? Usted ha reconocido que los menores no son un problema del Gobierno central, sino de la comunidad autónoma canaria, pero que el Gobierno canario no puede soportar esa política. ¿Qué va a hacer el Gobierno de la nación para ayudar al Gobierno de Canarias con los menores?
Señor ministro, en los últimos años, bajo el Gobierno de un Partido Socialista, se ha cuadruplicado el número de inmigrantes que han llegado a las costas canarias -aquí tengo el gráfico-. Mientras que en 2005 llegaron 4.700 inmigrantes a las costas de Canarias en el año 2006 llegaron 18.800 gracias al efecto llamada del Gobierno socialista.

Finalizo. En esta conferencia sectorial donde usted busca el diálogo y el apoyo de las comunidades autónomas, ese diálogo será necesario con una mayor financiación, con una mayor implicación del Estado. Yo le digo que es necesario que haga usted una política clara respecto del control de las fronteras, y es que hoy España es noticia en la prensa porque somos el primer país de la Unión Europea en paro de inmigrantes; hemos llegado ya al 15 por ciento. Y puedo proporcionarle este recorte de prensa. Es otra anécdota, como decía la senadora de su partido, es otra realidad a la que usted le tiene que buscar solución. Tiene usted que dar soluciones a este incremento del paro entre los inmigrantes, a esa financiación suficiente que tiene que tener la conferencia sectorial. Y le recuerdo que en la anterior legislatura ya se aprobó una moción en este Senado en la que se acordaba dotar con 2.000 euros el Fondo de ayuda a los inmigrantes. Y tiene usted que dotar también, con una regulación clara, los centros de integración y acogida a los inmigrantes; porque, como han dicho tanto el Defensor del Pueblo como varias ONG y todo el mundo, sus medidas son poco claras.

La señora PRESIDENTA: Senador, vaya acabando, por favor.

El señor GONZÁLVEZ GARCÍA: Yo le invito a que coja usted el toro por los cuernos. Esa claridad y ese sentido común de los que usted ha hecho gala en esta comisión a través de sus palabras -lo que alabo porque da gusto oírle a usted- debe ponerlos en práctica por el bien de la inmigración y por el bien del Gobierno del que usted es miembro.

Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: El señor ministro tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señora presidenta. Intentaré ser breve.

A la señora Sánchez-Camacho la conozco hace tiempo, pero aunque yo le diera aquí una retahíla de cosas concretas, ella volvería a intervenir diciendo: señor ministro, usted no ha concretado, usted no me ha convencido. En todo caso, como la conozco hace muchos años, repito, quiero que quede constancia de que, en principio, yo ya sabía lo que ella iba a decir independientemente de lo que yo dijera. De todos modos le agradezco su tono porque sé que éste no ha sido uno de los días en los que más radicalidad ha puesto, cosa que tampoco le resulta muy complicada. (Rumores.)
Señora senadora, yo, como miembro de un Gobierno y como ciudadano parto siempre del principio de que, como no podría ser de otra manera, las leyes están para cumplirlas. Pero usted se ha olvidado de alguna cosita por el medio, se ha olvidado de alguna sentencia del Constitucional. Usted ha hecho mención de una ley pero se ha olvidado de alguna sentencia que, por cierto, también están para cumplirlas, aunque como toda sentencia se pueden discutir pero se tienen que acatar. Por tanto, cuando usted lea bien esa sentencia de 1987 verá que mi intervención no está en la posición de alguien que no quiere cumplir la ley sino de alguien que en todo caso tiene una opinión que queda amparada por la ley.

En cuanto a la teorización, está muy bien. Yo también estoy lleno de sentimientos por la noche cuando me acuesto y por la mañana cuando me levanto, de verdad. Pero a veces en esta vida uno se tiene que pronunciar en blanco o en negro. Cuando una persona entra en este país ilegalmente es ilegal. Por tanto, lo primero que hay que decidir es qué se hace con la persona ilegal, se tiene que decidir también con la legislación, con las leyes, porque eso mismo es lo que le pasaría a usted y también a mí si fuésemos a ese país. Si yo fuese ilegalmente a ese otro país no me dirían: tome usted una subvención y váyase usted de tiendas. Me aplicarían la legislación de aquel país y me retendrían. Incluso dudo de si en algunos países tendría el mismo nivel de protección que tengo en España, no lo sé. Ya le anticipo que en muchos no lo tendría, pero no ya solo referido a personas que pudieran llegar ilegalmente, no, es que no tendrían ese nivel de protección ni tan siquiera para con sus propios ciudadanos. Por tanto, ni admito ni acepto que se plantee la más mínima duda sobre que en España se vulnera ningún derecho humano. Y es que éste, señoría, es un país absolutamente garantista. Es más, si incluso en ocasiones tiene más garantía el que incumple la ley -y no digo en este caso- que el que tiene la obligación de hacerla cumplir. Es un país de garantías plenas, lo cual no me parece mal. Y cuando un inmigrante entra en este país ilegalmente, está protegido, lo está él y sus derechos humanos, pero es ilegal, y como tal ilegal hay que decirle: lo siento mucho, pero a usted no le cabe otro destino que el retorno a su país. De lo contrario, aquí vendrá todo el que quiera independientemente de su condición de legalidad o ilegalidad. Si usted defiende eso, simplemente le digo que yo no estoy de acuerdo. Pero si usted no defiende eso y defiende el principio de legalidad, habrá que aplicarlo, y a partir de ahí veremos si ese principio se está aplicando adecuadamente o no. Yo respeto mucho su humanismo, yo también soy humanista y en el fondo todos lo somos, pero las cosas tienen que gobernarse con la máxima garantía y también con ideas claras.

Quiero expresarle mi opinión al senador del BNG en el sentido de que, efectivamente, el que yo haya hecho una referencia a que el diálogo social está y ha estado enmarcado históricamente en las organizaciones sindicales y empresariales desde el punto de vista estatal, no solo no quita un reconocimiento, sino que incluso ello contribuye a tener presente tanto la realidad de la representación empresarial como de la sindical que se da en determinadas partes de España. Pero yo también entiendo -y también le pido que usted lo comprenda-, puesto que soy enormemente respetuoso con la realidad que tiene España en sus diferentes responsabilidades de gobiernos de las comunidades autónomas, yo también entiendo que incluso las propias comunidades autónomas no llegasen a comprender que yo pidiera una participación de presencia o de opinión respecto de temas que corresponden a esos niveles. En cualquier caso, yo he planteado una cosa, la concertación territorial, que ya sé que no es respuesta a lo que usted plantea, pero que intenta recoger un poco la conciliación con el diálogo social. Entiendo que la concertación territorial tiene un ámbito institucional con las comunidades autónomas fundamentalmente, y que en cambio el diálogo social tiene como referencia a las asociaciones sindicales y patronales hoy representadas a nivel más estatal. En cualquier caso, entiendo que esto es una petición que ya me hicieron en el Congreso de los Diputados, pero quiero que entiendan ustedes que hoy por hoy el Gobierno tiene que tomar la decisión de tener como referencia a las organizaciones sindicales y empresariales a nivel estatal, más allá de que nunca será descortés ni dejará de atender, sin duda, otras consideraciones.

Senador Casas, ha hecho una reflexión que me parece sumamente interesante sobre los temas de producción. En cuanto a lo otro, yo tengo conciencia de que el Pacto de Toledo nace como una proposición no de ley de Convergència i Unió presentada por don Miguel Roca.

Sería un error que buscásemos solamente el consenso entre las dos formaciones políticas, como son el PP y el PSOE, al margen de la opinión y el interés de sumarse al compromiso otras formaciones políticas. Sería un error. He dicho que valoro que el Partido Popular quiera acordar con el Gobierno el tema del Pacto de Toledo y le doy un alto valor por cuanto sin duda es el partido que legítimamente puede aspirar a ser una alternativa -yo espero que tarde mucho- del Partido Socialista, pero creo que el Pacto de Toledo debe ser participado no solo por el Partido Socialista y el Partido Popular, sino por todas las formaciones políticas que quieran comprometerse con el Pacto de Toledo en el futuro.


El número de autónomos y en régimen agrario supera los 4 millones, o sea, 3 millones y medio de autónomos y unos 700.000 del régimen agrario, con lo cual realmente estamos hablando de un colectivo importante, que merece la pena tomar en consideración.

Brevemente, señor Gonzálvez, le diré que el contrato de integración no sirve para la función que ustedes pretenden. Si usted quiere hacer un contrato de integración para hablar de las costumbres, tendrá que hacer 9.000 contratos, ya que en este país en cada pueblo hay una costumbre diferente. Tendrá que hacer 9.000 contratos porque incluso dentro de una misma región hay costumbres diferentes. Pero el problema de fondo no es ese y por eso no estamos de acuerdo. A mí me es igual la costumbre que tenga mi vecino porque a la larga seguramente acabaré aceptando una parte de su costumbre y espero que él también con el tiempo incluso asuma una parte de las mías. ¿Pero dónde se gestiona eso? Desde luego, no desde el Estado, sino en la proximidad. ¿Quiere usted una política para gestionar eso? Refuerce sectorialmente la autoridad del alcalde y de la alcaldesa. ¿Sabe usted dónde tiene que reforzar esa autoridad? Fundamentalmente con políticas sectoriales de las comunidades autónomas. Hágalo, ya que ahí es donde se juega la convivencia. Aplíquense las normas del país, de una comunidad o de una ciudad y oblíguese, como no puede ser de otra manera, al estricto cumplimiento de la misma a toda persona que adquiere esa ciudadanía. Eso sí es reforzamiento de la autoridad y cumplimiento de la legalidad, que ha de ser lo que tiene que presidir la gobernación del fenómeno.

Las costumbres son evolutivas. Como el senador Casas sabe perfectamente, cuando llegué a Cataluña de Extremadura, su sociedad nunca había celebrado la Nochebuena porque no era costumbre, solo Navidad y el día de San Esteban. Cuando fuimos los de Extremadura, los de Castilla, los de Andalucía llevábamos en nuestra costumbre la celebración de la Nochebuena y hoy ya no se concibe la Navidad en Cataluña sin celebrar la Nochebuena, la Navidad y el día de San Esteban. No tenemos más fiestas y el día de Nochebuena se trabaja, es un día laborable, pero se celebra. Por tanto, las costumbres evolucionan con el tiempo y una comunidad las transmite a otra.

No obstante, ahora no se está discutiendo eso. Creánme, de verdad, están ustedes equivocados. Lo que estamos discutiendo es la gobernación del fenómeno de la inmigración, que no es neutro sino que modifica muchos asuntos, y el reto es gobernarlo, porque lo primero que modifica una ciudad -usted lo sabe- es su propia economía. ¿Cuál es el reto? ¿Resulta negativo modificar esa economía? ¿Es malo que haya muchos colmados, que antes no existían y ahora sí? No es malo, pero siempre que se apliquen las normas y se cumpla la normativa. Por tanto, no es un problema de costumbres, sino de normativa.

Hagamos reflexiones serias, hablemos sobre el asunto, no del contrato, sino de la reagrupación familiar, un concepto que se ha abierto cuando este ministro lo ha abierto a través de la reflexión. El tema de la inmigración es competencia del Estado pero también de las comunidades autónomas e incluso de los ayuntamientos. Yo fui alcalde y sé que para gobernar sobre algunas materias no hace falta dinero. Estrictamente se hace cumplir la ordenanza aprobada en Pleno y se ejerce la autoridad por parte del alcalde. Yo lo he hecho en una ciudad con un 24 por ciento de inmigración, 134 nacionalidades y 260.000 habitantes, en la segunda ciudad de Cataluña, y ha funcionado. Siempre ejercí mi autoridad, aunque mi queja estaba en que tenía menos de la que reclamaba. No obstante, insisto en que no siempre era una cuestión económica, aunque evidentemente al final siempre tiene su importancia.

¿Cómo vamos a resolver el problema de las avalanchas? Creo que haciendo lo que está haciendo España, primero, comprometiéndose con los países de origen en su ayuda al desarrollo económico. España ha sido un país receptor desde hace muy poco tiempo, comprometiendo 500 millones de euros para combatir el hambre en el mundo. Ese es un compromiso, buscar convenios bilaterales con países de origen para corregir o ayudar a corregir la situación que hace que la gente emigre. Y, finalmente, ante la dramática situación en que llegan los emigrantes, un Gobierno tiene que aplicar la legalidad, garantizar la asistencia sanitaria y todos los derechos humanos, pero también el retorno a su país de origen, apoyando y potenciando las contrataciones en origen, las migraciones circulares y las migraciones regulares.

Ahora ustedes dicen que el Gobierno ha cambiado de política y desarrolla la que el Partido Popular siempre había indicado. Señorías, les invito a que reflexionen sobre todo esto, porque en esta vida todos tenemos que evolucionar, creo que también ustedes. Olviden esa cantinela del contrato, que no sirve para nada -créanme- y pongámonos a trabajar de verdad para que, cuando se modifique la ley, a partir de septiembre, podamos analizar qué hay que cambiar, como sucede con el Pacto de Toledo, para que sirva para un Gobierno socialista y, sobre todo -lo más importante- para el Estado y la sociedad. A eso les invito y en ello espero encontrar al Grupo Popular y a las demás formaciones políticas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro, por su amplia respuesta a todas las preguntas que le han realizado los diferentes portavoces de los grupos. Felices vacaciones.

Se levanta la sesión.

Eran las veinte horas y cincuenta minutos.