CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2009 IX Legislatura Comisiones. Núm. 202
COMISIÓN DE JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTÍNEZ
celebrada el lunes,
5 de octubre de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Dictaminar: (Página 1)
-- Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial. (Número de expediente 621/000017). (Página 1)
-- Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Número de expediente 621/000018). (Página 8)
Se abre la sesión a la once horas y veinte minutos.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Buenos días, señorías.
Ruego al señor letrado que proceda a comprobar las asistencias.
Por el señor letrado se procede a la comprobación de las señoras y los señores senadores presentes.
El señor PRESIDENTE: Supongo que todos los portavoces han recibido el acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 21 de mayo de 2009. Si no hay ninguna observación la podemos dar por aprobada. (Asentimiento.)
Queda aprobada.
DICTAMINAR:
-- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL (Número de expediente 621/000017).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el dictamen del proyecto de ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial.
A este proyecto de ley se han presentado 297 enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: 6, de la senadora Caballero Martínez, del Grupo Mixto; 64, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; 57, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 144, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; 1, del Grupo Parlamentario Socialista, y 25, del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista.
A continuación, procede pasar directamente al debate y votación de las enmiendas.
Así, para la defensa de las enmiendas 1 a 6, tiene la palabra la senadora Caballero Martínez.
La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Comparezco en esta Comisión de Justicia por primera vez en nombre de Unión del Pueblo Navarro para defender las enmiendas 1 a 6 que presenté a este proyecto de ley de reforma de la legislación procesal, pero le comunico, señor presidente, que he aceptado una enmienda transaccional que ha sido suscrita por la mayor parte de los grupos.
Estas enmiendas persiguen la supresión de las reformas planteadas en diversos preceptos de la Ley de Procedimiento Laboral encaminadas a autorizar la firma del recurso de suplicación por parte de los graduados sociales y aquellas en las que se hacía referencia a los graduados sociales como graduado social colegiado.
Les anticipo que desarrollaré las razones técnicas para presentar estas enmiendas en mi intervención en el Pleno, pero sí quería manifestar que estaba en contra de los efectos prácticos que iba a suponer conferir en verdad la defensa técnica a los graduados sociales en el ámbito del recurso de suplicación porque esto implicaría, por un lado, que los ciudadanos verían disminuidas las garantías de calidad en la defensa de sus derechos e intereses y, por otro, que el sistema de defensa en España sufriría una quiebra esencial al atribuirse la defensa técnica, por primera vez, a profesionales distintos de los abogados, que son los únicos profesionales capacitados, como reconoce la Constitución en su artículo 24.2 cuando se refiere al derecho que todos tienen a la defensa y a la asistencia de letrado, es decir, precisamente de abogado.
Estas razones, que técnicamente desarrollaré en el Pleno, son más que suficientes para justificar las enmiendas, pero nunca las hubiera presentado si no hubiese percibido que el texto del proyecto de ley que venía del Congreso, avalado inicialmente por la unanimidad de los grupos, no recogía verdaderamente en este punto la voluntad mayoritaria de la Cámara. Reconozco que lo que he buscado ha sido provocar la reflexión de sus señorías, y esta enmienda transaccional que ahora sustituye a las enmiendas que yo presenté es una buena prueba de ello. Aunque dista bastante de mi petición inicial, reconozco que se ha tratado de buscar en ella una solución intermedia salvaguardando el derecho de defensa que corresponde a los abogados y el derecho de representación técnica que ostentan los graduados sociales. Por eso tengo la satisfacción de haber contribuido con la presentación de mis enmiendas a provocar esta reflexión y lograr que esta Cámara, siempre cuestionada, ejerza su papel como Cámara de segunda lectura, porque aunque estas reformas venían aprobadas, como digo, por unanimidad en el Congreso, ha hecho falta una lectura más sosegada en el Senado para que un derecho fundamental, como es la defensa de los ciudadanos, no se viese perjudicado o mermado con este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Caballero Martínez.
¿Entiende esta Presidencia que retira las enmiendas?
La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Las retiro por la transaccional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Caballero Martínez.
A continuación tiene la palabra el senador Zubia para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas números 7 a 70, ambas inclusive.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Hasta 64 enmiendas ha presentado el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas a este importantísimo y largo tiempo esperado proyecto de ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, que por fin va a ser realidad.
Todas estas enmiendas no tienen más afán que coadyuvar, con la mejor intención, en el logro de un mejor diseño del proyecto de ley, sentando así las bases para avanzar en ese objetivo prioritario que es lograr una justicia más eficaz, más eficiente, más ágil, más cercana y de calidad. Son 64 enmiendas, sí, pero no se me asusten, señorías, porque soy consciente de que el proyecto, en su actual redacción, ha alcanzado un amplio nivel de consenso y no tengo ningún reparo en reconocer que formamos parte y participamos de él.
Al mismo tiempo, estoy convencido de que no es intención del grupo parlamentario que da soporte y apoyo al Gobierno reabrir o ampliar un debate que considera a todos los efectos prácticamente cerrado. Si a ello le unimos el hecho de que dentro tan solo de 48 horas vamos a poder asistir y abordar su tramitación en sesión plenaria, creo que sus señorías me agradecerán que me remita ahora a ese momento para hacer una intervención más detallada y una valoración global y final sobre la opinión que nos merece el proyecto.
Sirva, por tanto, ahora dar por defendidas la totalidad de las enmiendas en los términos que constan en su propia justificación y anunciar que, salvo sorpresas que no esperamos en ningún caso, daremos nuestro voto favorable al proyecto de ley en esa sesión plenaria que tendrá lugar dentro de 48 horas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zubia.
A continuación, para la defensa de las enmiendas números 215 a 271, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Hago mías las palabras del senador Zubia y reitero que nosotros también las defenderemos en el Pleno. Por tanto, las damos hoy por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Casas.
A continuación, para la defensa de las enmiendas números 71 a 214, ambas inclusive, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill Abelló.
El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, president.
Aunque presentamos 144 enmiendas, la mayoría de ellas son de mejora técnica. Nuestro grupo comparte el contenido y el objetivo de este proyecto en particular, relativo exclusivamente a leyes procesales, aunque no así el de la ley orgánica.
Únicamente quiero precisar que hay unas enmiendas relacionadas con el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña que quiero subrayar e incluso pedir votación separada. Se trata de las enmiendas números 195 y 196, que hacen referencia justamente a la ampliación del recurso de casación en el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma que tenga previsto en sus estatutos de autonomía este papel del tribunal superior.
También quiero referirme a la enmienda número 213, que hace referencia a la participación de las comunidades autónomas en las cuentas de depósitos judiciales, que también tiene relación con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y que coincide con la número 270, de Convergència i Unió.
También me remito al día del Pleno para hacer una defensa más exhaustiva de nuestra posición ante el proyecto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bofill.
A continuación, para la defensa de la enmienda número 297, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, senador Irízar.
El señor IRÍZAR ORTEGA: Intervendré muy brevemente para defender esta enmienda que, en definitiva, viene a aclarar de forma más concisa el asunto de las costas y mejorar la redacción sobre la imposición que figuraba en el proyecto. Es una simple mejora técnica que, además, agilizaría la tramitación de la tasación de costas. Por eso solicitamos el voto favorable para esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Irízar.
A continuación, para la defensa de las enmiendas números 272 a 296, ambas inclusive, del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Conde.
El señor CONDE BAJÉN: No hay inconveniente alguno, aunque supongo que el portavoz socialista también querrá hacer alguna mención al respecto. En todo caso, señor presidente, no vamos a entretenerrnos en exceso.
Solo quiero poner de manifiesto ante esta comisión que el grupo mayoritario en esta Cámara, el Grupo Parlamentario Popular, y el siguiente en número, el Grupo Parlamentario Socialista, junto con el Gobierno de la nación, hemos mantenido intensas conversaciones a fin de conseguir que la implantación de la oficina judicial, que supone una evidente modernización de la Administración de Justicia española, sea un asunto tratado con el razonable consenso que requiere un asunto de Estado como es la justicia.
Hemos seguido la senda que se inició en el año 2000, con el primer Gobierno del Partido Popular, que acometió una reforma intensa del procedimiento civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, que supuso, como digo, un profundo avance en la modernización de la justicia. Esta ley preveía ya la reforma de una serie de leyes procesales a fin de implantar la oficina judicial, que se estimaba que era el instrumento idóneo para que la justicia estuviese debidamente administrada, es decir, separando claramente las funciones que corresponden al juez, que conforme a la Constitución es al único al que corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, de las que corresponderían al secretario judicial en cuanto que jefe de la oficina judicial y encargado de una serie de labores burocráticas unas, pero de gran incidencia procesal otras, que es lo que aquí viene a recogerse en el texto del proyecto de ley modificado, por supuesto, con las enmiendas que tanto en el Congreso como en este Senado hemos pactado el Partido Socialista, el Partido Popular y el Gobierno de la nación.
Como decía la senadora Caballero, se ha demostrado una vez más la utilidad del Senado. Este es un texto que salió con un amplio consenso del Congreso, sin embargo ha sido objeto de 26 enmiendas más una transaccional que van a obtener previsiblemente un amplio acuerdo de esta Cámara, y van a suponer mayores reformas en relación con el texto aprobado por el Consejo de Ministros.
En relación con la enmienda transaccional, que se refiere a la intervención de los graduados sociales en el proceso laboral, simplemente quiero señalar que nos alegramos enormemente y agradecemos, además, el acuerdo de todos los grupos respecto de una cuestión que requería una intervención -como así se hizo en el Congreso de los Diputados- y una matización en esta Cámara. Efectivamente, el recurso se suplicación por vía de hecho venía siendo redactado por los graduados sociales, que tenían
intervención en el proceso laboral en cuanto que representantes técnicos del litigantes. Aducían que ellos eran los que por vía de hecho preparaban los recursos de suplicación que, como saben sus señorías, es un procedimiento básica y esencialmente escrito, y solo muy excepcionalmente oral. El hecho es que se quiso dar a entrada a los graduados sociales a efectos de su intervención en el recurso de suplicación, pero había que salvaguardar -y eso es algo que el Congreso no hizo- un principio: el principio de que la defensa la ejercen en exclusiva los abogados. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo texto señala que corresponde la denominación y función de abogado, con carácter exclusivo y excluyente, a quienes defienden pretensiones en toda clase de jurisdicciones y tribunales. La intervención del graduado social es lógica, legítima y razonable, pero tiene que quedar claro en qué concepto se hace, que no puede ser otro que el que señala el correspondiente texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que los graduados sociales son representantes técnicos del litigante en la jurisdicción laboral.
Eso es lo que se ha hecho en esta enmienda transaccional: simplemente llamar a las cosas por su nombre; no el nombre que nos hemos querido inventar aquí, sino el nombre que el legislador -nosotros mismos-, por vía de ley orgánica, dijimos en su momento procesal oportuno. Llamar a las cosas por su nombre implica decir que quien defiende es solo un abogado, y la intervención de un graduado social lo será en la condición que la ley orgánica le atribuye, es decir, la representación técnica. De este modo entendemos que, de una manera que podríamos llamar salomónica, se satisfarían ambos intereses en presencia, contrapuestos inicialmente pero conciliables al cabo del tiempo; esto es, que los graduados sociales puedan intervenir en la segunda instancia, en la suplicación, pero como lo hacen con carácter de representante técnico, que no de defensor, queda satisfecha también la pretensión de la abogacía española, que nos parecía también muy justo tener en cuenta.
En consecuencia, señor presidente, como es obvio, las enmiendas presentadas en consenso con el Grupo Socialista mejoran el texto del proyecto de ley del Gobierno, por supuesto el texto salido del Congreso de los Diputados, y van a recibir, como es natural, todo nuestro apoyo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Conde.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Díaz.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
El senador Díaz Tejera hace uso de la palabra en este momento para precisar la toma de posición del grupo que represento en torno a varios asuntos. En primer lugar, para manifestar que este grupo va a votar a favor de la enmienda 222, de Convergència i Unió. Es una corrección de errores, y creo que es bueno adelantar nuestro voto favorable.
En la mañana de hoy, como en otras muchas ocasiones en comisión, por estricto título competencial de la cortesía parlamentaria, hemos intentado incorporar dos enmiendas: una, que han pedido los magistrados del Tribunal Supremo, en la que se deje claro que para dictar un auto son suficientes tres magistrados. Estaba claro que para dictar sentencia eran necesarios siete magistrados, pero se trataba de subrayar y enfatizar que para dictar un auto solo eran necesarios tres magistrados del Supremo. Era una petición unánime del Tribunal Supremo, hemos sido sensibles a tal petición y queríamos incorporarla al dictamen. Aunque han manifestado que prefieren realizar el debate en Pleno y no en comisión, adelantamos cuál va a ser su contenido.
Un segundo asunto que han planteado todas las asociaciones judiciales sin excepción -al amparo de tal título competencial de la cortesía parlamentaria- implicaba facilitar el trámite del debate, no tanto el voto, que forma parte de la libertad individual, sino facilitar el trámite. Lo que se pretendía con esta enmienda a ser posible, a efectos del cómputo de especialidad en un orden jurisdiccional, era concebir los ocho años en un cómputo de doce años anteriores al momento del concurso, lo que hace posible una mayor sensibilidad. Ha sido una petición unánime de todas las asociaciones judiciales teniendo en cuenta la experiencia, la práctica ya acreditada de trabajo en un orden jurisdiccional concreto.
Por lo que se refiere a las enmiendas 272 a 280, planteadas conjuntamente por el Grupo Popular y el Grupo Socialista, quiero hacer mías las expresiones usadas por el portavoz del Grupo Popular en lo relativo al afán de consenso en los asuntos de Estado. Estamos trabajando en la Oficina Judicial; no son asuntos que requieran banderías de ninguna naturaleza sino, muy al contrario, tomarnos en serio la Administración de Justicia como servicio público. Ya está muy trabajado como derecho fundamental, está muy trabajado como valor superior, pero nos tenemos que poner todos a la tarea de hacer posible que, como tal servicio público, la Administración de Justicia pueda cumplir cabalmente con su tarea, garantice la tutela judicial efectiva y no permita dilaciones indebidas en trámite o proceso alguno.
A mí me parece que este grupo de enmiendas, que van de la 272 a la 280, tiende a garantizar esa agilidad, a replantear, como veremos en la segunda ley, una distribución de tareas más adecuada, de tal forma que a los jueces se les exija juzgar y ejecutar lo juzgado y que no tengan que ocuparse de tareas de gestión administrativa u otros asuntos que puedan llevar a cabo otros profesionales cualificadísimos de la Administración de Justicia, me refiero a los secretarios judiciales.
Por otro lado, está la enmienda transaccional que se plantea en torno al recurso de suplicación. El recurso de suplicación siempre es escrito, no hay excepciones a la oralidad, y se trata de anunciarlo, de formalizarlo o, en su caso, impugnarlo. Cierto es que en la práctica real la cua-
lificación de tres años de formación en derecho del trabajo y Seguridad Social habilita a estos profesionales del derecho para llevar a cabo las tareas vinculadas a ese ámbito material del derecho del trabajo y de la Seguridad Social. Este texto ya venía consensuado del Congreso de los Diputados, y nosotros en este momento intentamos ser sensibles a esta petición que se formula aquí por parte de todos los grupos en cuanto a dejar claro que el graduado social puede anunciar, formalizar y, en su caso, impugnar el recurso de suplicación, pero el título competencial por el cual desempeña tal tarea es el de la representación técnica, dejando la función de defensa en mano del letrado debidamente colegiado; en manos de abogados. En consonancia, en otros artículos de la Ley de Procedimiento Laboral donde dice «letrado», habría que incorporar «o graduado social colegiado»; por ejemplo, los artículos 192 o 229, de la Ley de Procedimiento Laboral. Este es el contenido de esta primera exposición, señor presidente.
Gracias por haberme dado la palabra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz.
A continuación, cabe un turno en contra, una vez que han sido defendidas todas las enmiendas. (Pausa.) Si no lo hay, iniciamos el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente quiero decir que como mañana empieza el Pleno donde vamos a aprobar definitivamente este proyecto de ley, nos remitiremos a él para la valoración global del proyecto, pero quería advertir que nos hubiera gustado que ese acuerdo entre el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Gobierno se hubiera extendido también al resto de formaciones políticas presentes en las Cortes Generales.
En todo caso, entendemos positivo el proyecto de ley, y ya concretaremos pasado mañana en el Pleno nuestra valoración global.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Belda.
El portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas no desea hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el senador Casas, por el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario votó favorablemente a esta ley en el Congreso de los Diputados y, a pesar de que siguen vivas muchas de nuestras enmiendas, les anuncio que el resultado final de la votación va a ser positivo para el proyecto de ley, al margen de la defensa que hagamos de las enmiendas que queden vivas.
Hago mías las palabras del portavoz de Coalición Canaria que me ha precedido en el uso de la palabra, cuando ha manifestado que en estos consensos sobre cuestiones de Estado la Cámara tiene una posibilidad que va más allá de los dos partidos mayoritarios.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Casas.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra su portavoz, el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, president.
Como he dicho anteriormente, quiero manifestar nuestro apoyo global al contenido de la ley, y deseo sumarme también a las palabras del senador Belda, porque consideramos que habría sido bueno llegar a un consenso. En el último momento se han presentado en esta comisión algunas propuestas de transacción que en nuestra opinión, por un lado, se deberían haber presentado con anterioridad para haberlas podido estudiar, incluso para haber tenido la posibilidad de sumarnos a algunas de las enmiendas suscritas por los grupos parlamentarios Popular y Socialista; y, por otro, el Gobierno podría haber hecho un esfuerzo para pactar algunas cuestiones en las que quizá no haya acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular pero sí con el resto de los grupos, sobre todo con relación al desarrollo de las competencias autonómicas.
Me reservo el contenido fundamental de mi intervención para el Pleno del miércoles.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bofill.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Díaz.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
Señorías, si observamos las enmiendas presentadas en el trámite del Senado, dicho sea con todo cariño y respeto, podemos comprobar que son las mismas que las presentadas en el Congreso. Allí se llevó a cabo ese esfuerzo de consenso que se reclama, porque gran parte de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios son susceptibles de ser integradas en este momento, pues hay asuntos relativos a estatutos de autonomía y a competencias judiciales, al desarrollo autonómico en el ámbito del poder judicial, pendientes de sentencia del Tribunal Constitucional, y no parece adecuado adelantarnos a cualquier formulación que lleve a cabo el intérprete supremo de la Constitución, no el único, pero sí el supremo. Esto en cuanto al ámbito autonómico.
En cuanto al esfuerzo -insisto-, apelo al Diario de Sesiones para que sus señorías tengan la amabilidad de comprobar cuántas enmiendas presentadas por cada uno de los grupos parlamentarios fueron integradas al texto que salió del Congreso de los Diputados, hasta el punto de que las incorporaciones que se han planteado ahora ex novo y que no están recogidas en el texto remitido por el Congreso fueron las dinámicas que han ido establecien-
do las relaciones con los integrantes de la Administración de Justicia. He hecho referencia a la relativa a la petición de los magistrados del Tribunal Supremo para que sean tres los magistrados necesarios para dictar auto, o a la petición formulada por todas las asociaciones, sin excepción, que se refiere al cómputo de los doce años para evaluar la especialidad, la experiencia en el orden jurisdiccional concreto en el que se haya prestado servicio.
En cualquier caso, señorías, seguimos adelante. Nos falta todavía el día de hoy y mañana, hasta el Pleno y, aunque no tengo mucha experiencia al respecto -solo he estado los cuatro años anteriores y este-, he podido comprobar en la práctica regular que, hasta la última fracción de microsegundo, se está negociando permanentemente y recogiendo firmas, por lo que no parece que sea una tarea imposible para la condición humana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente.
En mi turno anterior de defensa de las enmiendas conjuntas de los grupos parlamentarios Popular y Socialista he hecho ya una valoración general de la ley y, por supuesto, también sobre este consenso. Ahora tomo la palabra estrictamente para hacer referencia a una mención del senador Belda, que además han hecho suya otros sucesivos portavoces, en relación con el consenso que esta ley debe tener.
Señorías, coincido también con ustedes; en un asunto de esta importancia, cuanto más amplio sea el consenso que lo sustente, mejor para el asunto en sí, mejor en este caso para la justicia.
Nosotros nos encontramos satisfechos por haber sido llamados al consenso, por haber sido recibidos en una serie de mesas de negociación y de foros en los que hemos tenido ocasión de exponer nuestros puntos de vista y haber podido llegar a acuerdos. Comprendo que sus señorías también habrían querido tener esa misma oportunidad, pero comprendan que nosotros, lógicamente, aprovechemos la mano que se nos ha tendido, con lo cual -repito-, estamos muy satisfechos.
Coincido con el senador Díaz Tejera en que, de aquí a que este proyecto de ley sea finalmente votado por el Pleno, todos vamos a tener ocasión, con buena voluntad, con apertura de miras, de hacer posible ese consenso. Al margen de los foros que con carácter previo se hayan reunido, estoy convencido de que podemos hacerlo, y tengan sus señorías la certeza de que, con independencia de que el voto en esta comisión ha de ser el que necesariamente ha de ser, como saben sus señorías, y dentro del consenso previamente pactado con el Grupo Parlamentario Socialista, como ustedes comprenderán, porque hay cuestiones a las que nos hemos comprometido de manera firme con dicho grupo y con el Gobierno de España, el Grupo Parlamentario Popular va a intentar que sus aportaciones también tengan acogida en el dictamen que haga el Senado de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Conde.
Finalizadas las intervenciones de los distintos portavoces, procedemos a votar las enmiendas por el orden en el que han sido defendidas.
Las primeras son las dos transaccionales basadas en las seis enmiendas que han sido retiradas por la senadora Caballero Martínez.
Señorías, voy a leer las dos enmiendas para que consten en el Diario de Sesiones.
Enmienda al artículo noveno, ciento veintisiete, que modifica el artículo 230 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Quedará redactada como sigue:
«1. Si el letrado recurrente hubiera sido designado de oficio, el secretario judicial le entregará los autos con el fin de que interponga el recurso de suplicación o formalice el de casación dentro del plazo de diez o veinte días, respectivamente. Estos plazos empezarán a correr desde la fecha en que se le notifique que están los autos a su disposición.
2. Si el letrado de oficio estimase improcedente el recurso, lo expondrá por escrito sin razonar su opinión, en el plazo de tres días. En este caso, dentro de los dos siguientes se nombrará nuevo letrado, y si éste opinare como el anterior, lo que expondrá en la forma y en el plazo antes indicado, se hará saber a la parte el resultado habido para que dentro de los tres días siguientes pueda valerse, si así lo deseara, de abogado de su libre designación , que habrá de formalizar dicho recurso dentro del plazo señalado en la Ley. La parte comunicará la designación de abogado al Juzgado o a la Sala dentro del mismo plazo de tres días, acordando éstos la entrega de los autos al designado en la forma en que se dispone en el apartado anterior. En otro caso, se pondrá fin al trámite del recurso. Si el recurso que se entabla es el de suplicación, la parte también podrá valerse para su representación técnica de graduado social colegiado de su libre designación.» Palacio del Senado, 5 de octubre de 2009. Firmado por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Mixto.
A continuación, voy a leer la segunda, al artículo noveno, cuarto, que modifica el artículo 21.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, que quedará redactado como sigue. «Artículo 21.1: La defensa por abogado tendrá carácter facultativo en la
instancia. En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogados o representados técnicamente por Graduado Social Colegiado. En el recurso de casación será preceptiva la defensa de Abogado. Cuando la defensa sea facultativa, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente, podrá utilizarla sin embargo cualquiera de los litigantes, en cuyo caso será de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos, con las excepciones fijadas en el artículo 2.d), de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.» Palacio del Senado, 5 de octubre de 2009. Esta firmada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, el Grupo de Convergència i Unió y el Grupo Mixto.
A continuación, iniciamos la votación de las dos transaccionales, a no ser que se quiera que se voten por separado. ¿Conjuntamente las dos? (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, procedemos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, que comprenden desde la 7 a la 70, todas juntas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 4; en contra, 19; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas presentadas por Convergència i Unió, que van de la 215 a la 271, excepto tres: la 215, la 222 y la 270.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 3; en contra, 20; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
¿Podemos votar conjuntamente la 215 y la 270? (Pausa.) De acuerdo.
A continuación, votamos las enmiendas 215 y 270.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 4; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos la enmienda 222.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en contra, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Seguidamente, vamos a votar las enmiendas presentadas por Entesa Catalana de Progrés, desde la 71 a la 214, ambas inclusive. (El señor Casas i Bedós pide la palabra.)
Tiene la palabra, senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Pido votación separada de las enmiendas números 195, 196 y 213, que se pueden votar conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Casas.
Votamos las enmiendas que van desde la 71 a la 214, de Entesa Catalana de Progrés, a excepción de tres enmiendas: la 195, la 196 y la 213.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 3; en contra, 20; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, procedemos a la votación de las tres enmiendas siguientes: 195, 196 y 213.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 4; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 297, correspondiente al Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 21; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos las enmiendas que van desde la 272 a la 296, ambas inclusive, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 21; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Seguidamente, someteremos a votación el texto remitido por el Congreso de los Diputados, salvo aquellas partes que pudieran considerarse ya incluidas en las enmiendas y que han sido aprobadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 24.
El señor PRESIDENTE: Señorías, queda aprobado por unanimidad.
Una vez finalizada la votación, se proclamará que ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia el proyecto de ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial.
A continuación, procede designar el miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación de este dictamen ante el Pleno del Senado.
El señor CONDE BAJÉN: Mi grupo parlamentario propone al señor presidente.
El señor CASAS I BEDÓS: Mi grupo parlamentario se suma a esa propuesta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por ese honor.
-- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Número de expediente 621/000018).
El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el segundo punto del orden del día: debate del proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
A este proyecto de ley se han presentado 101 enmiendas así distribuidas: siete del señor Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto; tres del señor Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto; seis del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; 72 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; 1 del Grupo Parlamentario Popular; y 12 de los grupos parlamentarios Popular y Socialista.
Procedemos a pasar directamente al debate y votación de las enmiendas.
Corresponde el turno al senador Mur Bernad para la defensa de las enmiendas números 1 a 7. En su nombre, intervendrá el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente.
Intervengo únicamente para dar por defendidas las enmiendas números 1 a 7, presentadas por el senador Mur.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Belda.
Corresponde la defensa de las enmiendas números 8 a 10 al señor Sampol i Mas, en cuyo nombre intervendrá también el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente.
Doy también por defendidas dichas enmiendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Belda.
Para la defensa de las enmiendas números 84 a 89, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Las doy por defendidas en sus justos términos hasta el debate en Pleno, donde se expondrán los argumentos para su defensa.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Casas.
A continuación, y para la defensa de las enmiendas números 12 a 83, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, president.
Las 72 enmiendas presentadas por nuestro grupo a este proyecto de ley orgánica son de tres tipos distintos. El primer grupo, que es el menor, son enmiendas técnicas como las presentadas al anterior proyecto de ley. La mayoría de ellas hacen referencia al desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a una serie de proyectos de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que estaban en trámite en la pasada legislatura, y que, por lo visto, el Gobierno ha guardado en un cajón esperando, quizá, alguna sentencia de algún tribunal, algo que a nosotros nos parece completamente fuera de lugar.
Me ha sorprendido, e incluso escandalizado hasta cierto punto, la intervención del portavoz socialista en el turno anterior, cuando decía que, al estar pendiente una sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno, y el grupo que lo apoya, no aplica el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y me escandaliza por dos motivos: porque esto no es correcto desde un punto de vista jurídico, porque el recurso interpuesto por un partido ante el Tribunal Constitucional no suspende, ni mucho menos, la aplicación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que está plenamente vigente en todo su contenido, incluyendo el Título III, que se refiere a Justicia. Pero también me escandaliza porque el propio ministro, en declaraciones muy recientes -declaraciones, por otra parte, que a veces me parecen poco creíbles- insistía justamente en que este estatuto está plenamente vigente y es plenamente constitucional, y que, por tanto, había que desarrollarlo. Así pues, no habría ningún inconveniente en que se hubieran tenido en cuenta en esta ley una serie de extremos relacionados con la Oficina Judicial que tienen relación con las competencias atribuidas a la Generalitat de Catalunya en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Otra parte importante de estas enmiendas se refiere a la lengua, a fin de que esta constituya un requisito en diversas situaciones, como es el nombramiento de los jueces de paz o las sustituciones, etcétera. Me refiero a las enmiendas números 33, de la 35 a la 37, la 39, de la 41 a la 44, la 57 y la 61, que vienen a insistir en lo relativo a la lengua, coincidente alguna de ellas con la número 87, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Por ello, señor presidente, llegado el momento pediré la votación separada de estas enmiendas, pues me parece un asunto bastante significativo e importante.
Otro grupo de enmiendas es exactamente concordante con dos de las presentadas por el senador Sampol, y hacen referencia a una cuestión de fondo muy importante que consideramos que debería haber dado lugar a un debate aparte del de la Oficina Judicial. Excepto en este punto relativo a las competencias autonómicas, es decir, respecto de la modernización de la Oficina Judicial, hay un amplio consenso entre todos los grupos parlamentarios, independientemente de que unos hayan suscrito unas u otras
enmiendas, y no viene a cuento -y permítanme decirlo de esta forma coloquial- introducir una reforma al artículo 23.4 en relación con algo tan importante y tan grave como es el de la justicia universal. Creo que esto es de muy mal estilo político, sobre todo por parte de un Gobierno y de un partido que hace pocos días aún suscribía un plan relacionado con los derechos humanos, y que resulta que plantea una enmienda consensuada con el Grupo Parlamentario Popular, que introduce subrepticiamente, en mi opinión, aunque evidentemente se someta a debate, pero en unas condiciones que no considero que sean las más adecuadas. Creo que esto debería haber sido objeto de otra reforma distinta, con un proyecto distinto y con un debate particular, pues ahora este debate ha quedado contaminado. Pero también el Pleno que se celebrará mañana y pasado mañana estará contaminado por ese debate sobre la justicia universal, por lo que no podremos ver con tranquilidad un tema tan importante como el de la Oficina Judicial ni salir con un acuerdo unánime y tranquilo, que seguramente era lo que todos queríamos. En mi opinión, se han hecho las cosas con muy mal estilo, aparte de que, evidentemente, no estamos de acuerdo con el contenido de esta reforma, y de ahí que hayamos presentado nuestra enmienda, que votemos en contra de la enmienda número 11 del Grupo Parlamentario Popular y que no suscribamos la transacción que se nos propone sobre este artículo 23.4.
Para terminar, quisiera referirme a una última cuestión que también está relacionada con esto y que se introduce en una enmienda conjunta del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista. Se trata de una cuestión que nada tiene que ver con la Oficina Judicial: la creación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura para cumplir con un convenio internacional, y que en realidad lo único que hace es transferir el tema al Defensor del Pueblo sin crear realmente este mecanismo nacional, y constituyendo un consejo asesor que no se sabe bien quién lo formará, etcétera. Asimismo, introduce otro elemento de debate dentro de un proyecto destinado a modernizar la Oficina Judicial que nada tiene que ver con ella. En nuestra opinión, habría sido mejor introducir esto en otro debate y en otro proyecto.
El resto de la argumentación la desarrollaremos ante el Pleno.
Moltes gràcies, president.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bofill.
Para la defensa de la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Señor presidente, esa es una enmienda que nosotros retiramos, puesto que, efectivamente, la Mesa dispone de una enmienda transaccional, la cual paso a defender.
El Congreso de los Diputados remitió un texto aprobado por esa Cámara que no se corresponde en absoluto con lo que realmente esa Cámara aprobó en la cuestión que estamos tratando. El Congreso de los Diputados no aprobó una justicia universal española que versa sobre los crímenes de guerra. Es decir, ni el texto aprobado por el Gobierno, ni el texto de las enmiendas que se presentaron en plazo, ni el texto de las enmiendas transaccionales aportadas en su momento a la ponencia en el Congreso de los Diputados incluían esa adición del término crímenes de guerra.
Sin embargo, por razones que ignoramos o que preferimos decir que ignoramos, el texto del Congreso de los Diputados incluía tal mención. Llegados a este punto, había varios modos de proceder. Uno, pedirle a la otra Cámara que rectificase su error material; dos, buscar al autor de la falsedad documental padecida; o tres, presentar aquí una enmienda y arreglar las cosas sin tanto ruido ni tanta alharaca. Esto es lo que hemos decidido hacer: resolverlo. Resolverlo en los términos -insisto- de devolver los textos a la realidad de los acuerdos, porque nunca el Gobierno aprobó que la jurisdicción española fuese competente en materia de crímenes de guerra, nunca la Comisión de Justicia del Congreso aprobó tal cosa, y nunca el Pleno de aquella Cámara decidió en ese sentido. Aquí lo que hemos hecho ha sido devolver las cosas a su ser y, por supuesto, entrar en el fondo del asunto. (El señor Bofill Abelló hace gestos negativos.) Estoy defendiendo mi enmienda transaccional, y comprendo que el senador Bofill me haga una serie de gestos porque, además de aquello a lo que se refiere a la enmienda transaccional que versa sobre la enmienda del Grupo Popular, hay otro contenido. El otro contenido es que, evidentemente -ya lo diremos en el Pleno-, había que poner coto a determinados «juececitos» de la Audiencia Nacional que se dedicaban, con apoyo en un texto determinado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a hacer lo que no debían hacer. Hemos intentado conseguir que no se le escapen algunos narcotraficantes, a los cuales no se les prorroga la prisión preventiva porque están en otras cosas. Por tanto, vamos a decirles a qué cosas pueden estar y a cuales no. Eso es lo que hemos querido hacer: decir a estos jueces en qué pueden estar y en qué no pueden estar, y hemos establecido un criterio de conexión con los elementos tradicionales de la jurisdicción, que son la nacionalidad, tanto de la gente como de la víctima, y el territorio.
Una vez establecidos esos elementos de conexión, ya les hemos dicho a qué se pueden dedicar y a qué no, lo cual no quiere decir en modo alguno que estemos estableciendo elementos de impunidad internacional, de ninguna manera. Lo desarrollaremos en su momento, entre otras cosas, porque se hace una expresa mención a los convenios internacionales suscritos por España y porque de esta manera estamos intentando contribuir a la efectividad, precisamente, de los tribunales penales internacionales, que quedarían absolutamente vacíos de contenido si resulta que cada uno nos encontramos juzgando al mundo mundial, al Tibet, que es lo que hace Garzón. Pues no, al Tibet no. Usted se dedica a lo que se tiene que dedicar, de momento, salvo que el Tribunal Supremo decida otra cosa respecto a lo que tiene que dedicarse o no.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Conde.
Para la defensa de las enmiendas números 90 a 101, ambas inclusive, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el senador Irízar.
El señor IRÍZAR ORTEGA: La ley orgánica, una vez que en el Congreso de los Diputados se desglosó, como es sabido, en dos proyectos de ley el que era un único proyecto de ley, en este trámite del Senado también ha sufrido unas enmiendas bastante positivas y de consenso entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista que modifican y mejoran el texto aprobado en el Congreso de los Diputados.
Fundamentalmente, querría destacar la mejor redacción de la enmienda que regula los depósitos para la interposición de recursos. Por primera vez, exceptuando el derecho laboral, se regulan los depósitos para la interposición de recursos con el objeto de aliviar la carga de los juzgados, y se supone que así se reducirá el número de recursos, pero, además, con un destino de los depósitos que se pierdan para la mejora de la justicia en la que el Gobierno está empeñado. Creemos que esto queda mejor redactado con las enmiendas conjuntas que se han presentado en esta Cámara.
Pero, además, en esta Cámara se ha resuelto un problema que no lo estaba en el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, que era el de los concursos que habrán de convocarse por una sola vez cuando se pongan en marcha las unidades, que también se relacionan en una de las enmiendas, que serán aquellos concursos que se convoquen dentro del municipio y a los que podrán acceder los distintos funcionarios de las diferentes escalas de la Administración de Justicia, evitándose así un gran concurso nacional que podría crear problemas y dificultades casi irresolubles. El Congreso de los Diputados no lo había tenido en cuenta y aquí, gracias al trabajo del Gobierno, del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, se ha incorporado a la ley.
Quiero añadir, por último, que aunque al senador Bofill no le guste, entendemos que es un buen sistema. Se ha introducido una nueva enmienda para dar cumplimiento a lo previsto en el protocolo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles a base de crear el mecanismo nacional de prevención de la tortura que prevé esa Convención. Se ha pensado, y parece razonable, que sea el defensor del pueblo y se cree un consejo asesor presidido por uno de los adjuntos del defensor del pueblo.
Es cierto que esta ley no es, probablemente, el lugar más adecuado para legislar, pero no parece tampoco oportuno hacer una modificación de la Ley del Defensor del Pueblo cuando, realmente, estamos en la tramitación de una ley orgánica que podía tener encaje perfectamente. Nos parece que es una técnica legislativa, quizá no la mejor, pero es razonable haberlo incluido aquí.
Por esa razón solicitaré el voto favorable para todas las enmiendas presentadas conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Irízar.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el senador Conde, para la defensa de las enmiendas números 90 a 101, ambas inclusive.
El señor CONDE BAJÉN: Señor presidente, las doy por defendidas en los términos en los que han sido presentadas, sin perjuicio de una más amplia argumentación en el curso de la sesión plenaria del miércoles.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Conde.
Después de la defensa de las enmiendas, cabe un turno en contra, y posteriormente tendrán lugar las intervenciones de los diferentes portavoces.
¿Hay alguna intervención para turno en contra? (Pausa.)
El senador Díaz Tejera tiene la palabra.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
Me sentía obligado a hacer partícipe a la comisión de algunas reflexiones al respecto. Conviene subrayar que lo que pretendemos es llevar a cabo, en términos reales, algo en lo que se ha intentado trabajar desde el año 2000.
Por usar una expresión coloquial, diré que esto va en serio. Queremos cambiar una cultura jurídica, una inercia jurídica que se ha instalado en una serie de órganos jurisdiccionales, y para cambiar esas inercias hace falta el máximo consenso posible, como mínimo del partido que también lo intentó desde el año 2000, y ojalá y por extensión, el de todos los grupos; al menos, había que garantizar ese primer escalón básico.
Creo que no hay razón alguna para escándalos de ninguna naturaleza, salvo que nos concibamos como florecillas silvestres que nos agitamos sin motivo alguno, porque siendo cierto que es la ley que plantea la Oficina Judicial, si en su iter, en su trámite parlamentario, hay asuntos que hay que incorporar y se pueden resolver, se puede hacer. Por esa razón, a mí me parece que la formulación que hace de la letra h) del artículo 23 es muy correcta. Porque, en cualquier caso, en lugar de una preocupación ad náuseam, que es un listado muy minucioso -en términos más coloquiales, como hacen los adolescentes, supermegahiperminucioso- planteando todos los asuntos, una referencia a los convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos que ha suscrito España y que integra nuestro ordenamiento jurídico, me parece muy correcta para abordar este asunto. Y, en la práctica, ya se verá la eficacia, el desarrollo y la virtualidad que tiene.
No comparto otras consideraciones hechas en relación a ningún integrante de la carrera judicial. Sabe mi colega y amigo Agustín Conde Bajén que hay algunas reflexiones que hace que forman parte de su libertad de pensamiento y de expresión, y habrá que hacer lo imposible para que siga expresándose con la misma libertad y tenga el mismo pensamiento que en la actualidad, pero comprenderá que en este momento lo más adecuado es decir: no respondo, no acuso recibo de algunas consideraciones, pero sí mani-
fiesto mi discrepancia respecto a alguna de ellas, dicho sea con todo cariño, pero eso es lo que pienso.
Insisto en que está pendiente el proyecto de plantear la adecuación del Poder Judicial al Estado autonómico en algunas materias. Es un asunto que habrá que ver hasta dónde llega y qué se puede hacer, interpretando cabalmente la Constitución y haciendo un ejercicio de responsabilidad. No es que el Gobierno esté paralizado y toda España esté pendiente de alguna decisión, se trata simplemente de seguir haciendo el trabajo anteponiendo los ritmos y las previsiones en espera de las decisiones que se tengan que adoptar. Pero, en cualquiera de los supuestos esa es una tarea que se va a abordar. Y me adelanto a decirle al también amigo y colega, Miquel Bofill Abelló -tengo siempre cuidado en la pronunciación del segundo apellido, porque me cuesta mucho hacerlo, por mi condición de canario, entre la elle y la y griega; yo reivindico tal acento y lo mantengo, pero hago un esfuerzo especial con el apellido materno, con el paterno menos, pero con el materno siempre tengo especial cuidado (Risas.) que habrá una ley de desarrollo autonómico que precisará estos ámbitos. Pero me parece que la prudencia y la responsabilidad hacen que tengamos que ser cuidadosos en este asunto y el Gobierno cumplirá cabalmente con los compromisos que ya han sido planteados en varias ocasiones por el ministro, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta.
En cualquiera de los casos, hemos dado un paso adelante para que este servicio público se adecue a las necesidades del siglo XXI. Esto va en serio y me alegro de que todos los esfuerzos para llegar al consenso sean bien recibidos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz.
A continuación, iniciamos el turno de portavoces. Para la defensa de las enmiendas números 1 a 7 y 8 a 10, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Las doy por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Es el turno de portavoces.
El señor BELDA QUINTANA: Intervengo en el turno de portavoces, en nombre del Grupo Mixto, simplemente para anunciar que Coalición Canaria concretará en el Pleno de pasado mañana su opinión en relación a este proyecto de ley, complementario del anterior. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor presidente.
Después de este curioso turno en contra del portavoz socialista que he entendido yo, pero que por sus manifestaciones parece que no encajaba, brevísimamente voy a consumir un pequeño turno de portavoces para indicar algo que está a la vista, y es que a este proyecto de Ley Orgánica complementaria el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas no ha presentado enmienda alguna. Es un proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y yo me atrevería a añadir que modificación orgánica del Poder Judicial y otras porque, evidentemente, el proyecto hace referencia a otras leyes que no son precisamente la Ley Orgánica del Poder Judicial, cogiendo una costumbre no precisamente buena desde el punto de vista estrictamente legislativo en esta Cámara.
Pero sí quisiera decir dos cosas. Una primera que queremos resaltar es que estamos ante un proyecto, cuando menos, curioso, en la medida en que es la primera vez que yo veo un proyecto de ley que no se ha aprobado por el Gobierno. Este es un proyecto que el Gobierno no aprobó para su remisión a las Cortes Generales; es un proyecto que no diré que ha surgido por generación espontánea, pero sí que fue gestado durante la tramitación parlamentaria de la ley anteriormente debatida, que es la ley matriz de implantación de la Ley de Nueva Oficina Judicial.
En segundo lugar, debo añadir dos cuestiones que también han sido objeto de tratamiento en el anterior debate; una, que manifestamos nuestra postura crítica en relación con la cuestión del depósito para recurrir y el reparto de ese depósito que se establece con las comunidades autónomas; y, otra -que ahondaremos en ella de manera mucho más exhaustiva con motivo del debate dentro de cuarenta y ocho horas escasas en la sesión plenaria-, cual es la limitación -sí, lo digo con mayúsculas- que se hace en el artículo 23.4 del ejercicio de la jurisdicción universal. A ello se han referido los portavoces de Entesa Catalana de Progrés y del Grupo Popular, y estamos plenamente en desacuerdo. Es más, incluso no sabemos cómo va a ser el texto definitivamente aprobado, en la medida en que ha sido anunciada la presentación de una transaccional sobre la enmienda número 11, que va a modificar, en consecuencia, el texto que actualmente figura en el proyecto de ley.
En cualquier caso, valga desde aquí la expresión de nuestra disconformidad, y añadir que en la sesión plenaria, a la que antes me refería, manifestaremos nuestra opinión global sobre este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zubia.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Graciès, president.
Intervengo simplemente para insistir -ya que me ha replicado el portavoz socialista- en que nosotros creemos que esta ley no es el consenso de dos partidos. En el contenido esencial de los dos proyectos que estamos discutiendo hoy respecto a la oficina judicial de hecho hay consenso. La prueba es que en la votación anterior sobre el conjunto del texto lo hemos aprobado por unanimidad, porque es el anterior proyecto el que hace referencia fun-
damentalmente a las cuestiones técnicas referidas a la oficina judicial.
Por lo tanto, nosotros hubiéramos preferido que en todo el trámite de estas leyes nos hubiéramos ceñido al tema de la oficina judicial. Nosotros igualmente hubiéramos planteado cuestiones relacionadas con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, por una razón pura y simple: que hay una serie de cuestiones relativas a los secretarios judiciales, al personal y funcionarios de la Administración de Justicia que están relacionadas con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y, por lo tanto, estos asuntos estaban íntimamente relacionados con el contenido esencial de la ley. Por lo tanto, a nosotros nos parecía que era un buen momento para plantear estas cuestiones.
¿Que las van a plantear más adelante? Perfecto, y yo les tomo la palabra igual que el ministro de Justicia tiene el compromiso de comparecer ante esta comisión para explicar qué va a hacer para desarrollar este Título III del estatuto. Le estamos esperando desde hace unos meses, y considero que no tiene nada que ver la sentencia del Tribunal Constitucional con esta cuestión, porque el estatuto, desde el punto de vista del Gobierno y desde nuestro punto de vista, es plenamente constitucional y, por lo tanto, debería estar aplicándose también lo referente al Título III.
Coincido con lo que ha señalado el senador Zubia respecto al asunto de los depósitos. Es una cuestión concreta que está relacionada también con el Estatuto de Autonomía y con uno de los debates anteriores que ha habido en esta Cámara en relación con quién debe administrar estos depósitos judiciales, y lo lógico sería que lo hicieran aquellas comunidades autónomas que tenemos transferidas las competencia de justicia y, por lo tanto, ya que tenemos asignada la mayor parte de gasto, también tendremos que tener la gestión de estos depósitos y consignaciones judiciales. Pero ya habrá ocasión de debatirlo.
Respecto a lo del artículo 23.4 y a la justicia universal, sigo pensando que es un error colocarlo en un debate relacionado con la oficina judicial. Y es un error -y lo veremos en los próximos días, porque va a saltar a la prensa-, porque la noticia que vamos a tener en portada va a ser el de la justicia universal y no un tema tan importante, que se arrastra de tantos años, sobre qué es la reforma y la modernización de la justicia, que es una cosa que los ciudadanos también deben asumir y entender porque esta reforma posiblemente va a dar entrada a una nueva relación de los ciudadanos con dicha Administración.
En relación con esta cuestión, incluso estaría de acuerdo con alguna de las manifestaciones que se hacen aquí. A mí también me sorprende a veces cuando veo a la justicia española perseguir a criminales de guerra en según qué países; me sorprende. ¿Y saben por qué me sorprende? Porque no los ha perseguido aquí; eso es lo que me sorprende. Lo que me sorprende no es que exista una justicia universal, sino lo que pasa en este país -por eso es tan fácil dar marcha atrás-, porque en los grupos mayoritarios de este país, no hay conciencia democrática de que aquí hay que perseguir los delitos. Dentro de poco celebraremos otra vez en Cataluña -por enésima vez- el fusilamiento del presidente Companys. Eso fue un crimen de lesa humanidad que no se ha perseguido ni se ha planteado la revisión del juicio. Eso es lo que a mí me escandaliza. Me escandaliza que ciertos jueces -y no les insultaré ni les dedicaré ningún apelativo- puedan permitirse el lujo de perseguir en países de Sudamérica o en el Tibet, etcétera, y no lo hagan aquí. A mí me parece bien que también lo hagan allí, entre otras cosas, porque para los tribunales penales internacionales la jurisdicción de justicia universal es muy limitada, porque solo tienen competencia respecto a aquellos países que han suscrito los convenios por los cuales se han creado estos tribunales, por lo cual, la justicia universal hoy en día está muy limitada, y el Estado español había dado un paso muy importante con el contenido del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ahora pretende reformarse.
En este sentido, no estamos de acuerdo con la reforma planteada ni con la defensa que se ha hecho. Evidentemente, hay elementos tradicionales de derecho que son muy importantes respecto a la nacionalidad de la víctima del territorio, pero justamente la justicia universal lo que dice es que con estos criterios tradicionales hay crímenes gravísimos que han quedado impunes. Por eso surge la justicia universal, porque hay una limitación en las fuentes tradicionales del derecho que hacen referencia al principio de justicia universal.
Y claro que esto es una novedad, pero estamos avanzando. En este sentido, esta ley supone claramente un retroceso y lo que me sabe mal es que el partido del Gobierno, que incluso en su programa utiliza expresiones relativas a fomentar los derechos humanos, la justicia universal, etcétera, acepte dar este paso atrás. Y todos sospechamos que lo hace por presiones que no vienen precisamente del Ministerio de Justicia, sino más bien del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Nos parece que esta cuestión no debería debatirse junto con el tema de la oficina judicial, respecto al que hay un consenso bastante importante, mayor incluso del que se manifiesta con respecto a otros. La prueba es que todos vamos a votar a favor y, aunque hemos presentado enmiendas, todas ellas son muy técnicas y pretenden perfeccionar algo que todos deseamos: que la justicia funcione mejor y más ágilmente en este país.
Moltes gràcies, senyor president.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bofill.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el senador Conde.
El señor CONDE BAJÉN: ¿El Grupo Parlamentario Socialista ya ha intervenido?
El señor PRESIDENTE: No.
El señor CONDE BAJÉN: Pues el Grupo Parlamentario Popular es el último que interviene, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Sí, sí. El Grupo Socialista no va a intervenir.
El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente.
Voy a dejar para el Pleno la argumentación in extenso pero, por elemental cortesía parlamentaria, no quiero dejar de hacer alguna mención a lo que ha dicho el senador Bofill, y es que no quiero que mi silencio en este turno de portavoces se interprete como displicencia hacia su intervención.
Nosotros diferimos de su criterio. Evidentemente, defendemos que no haya espacios de impunidad en el mundo para determinado tipo de acciones que están en la mente de todos, que han supuesto genocidios, crímenes de lesa humanidad, etcétera, pero entendemos que un solo país no puede convertirse en el tribunal al que acude todo el mundo a efectos de juzgar a estos criminales. Hay que dimensionar nuestra capacidad de hacer justicia y, también, tener en cuenta las labores acometidas desde un punto de vista internacional precisamente para superar todas las deficiencias que ha puesto de manifiesto el senador Bofill en torno a la competencia de los tribunales penales internacionales; lejos de desmerecerlas, las suplamos. Es decir, tendremos que intentar dotar de la mayor fuerza posible a los tribunales penales internacionales en vez de asumir las competencias que, por su naturaleza, deberían ser suyas.
Y, ciertamente, somos conscientes de las limitaciones que manifiesta el senador Bofill y de lo que sucede, precisamente, en los países más genocidas. Por ejemplo, ¿China ha suscrito el convenio del Tribunal Penal Internacional? Respecto a Cuba, ¿vamos a poder juzgar algún día al genocida Fidel Castro? Pues de momento no, pero vamos a intentarlo. Pero, desde luego, lo que no podemos hacer es convertir la Audiencia Nacional en el escaparate donde aparezca cualquiera para intentar que sea la justicia española la que entienda sobre el asunto.
También quiero hacer una brevísima mención en relación a lo que se ha dicho sobre la constitucionalidad o no del Estatuto de Autonomía de Cataluña. El senador Bofill ha hecho referencia a que por un recurso interpuesto por un partido ante el Tribunal Constitucional no podía dejar de entenderse vigente la norma. El partido al que se refiere, evidentemente, es el Partido Popular, que fue recurrente, pero quede claro que no hay un solo recurso. El Estatuto de Autonomía de Cataluña ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular, desde luego, pero también por el Defensor del Pueblo y por alguna que otra comunidad autónoma.
Digo esto, simplemente, para aclarar las cosas. Esto ni quita ni pone a la argumentación de fondo dada por el senador Bofill, que hace una argumentación sobre la vigencia de la norma que nada tiene que ver con la identidad de los recurrentes, pero me interesa hacer esta precisión. No es un solo partido el que ha presentado recurso a ese estatuto, también lo han hecho una de las instituciones del Estado, como es el Defensor del Pueblo, y algunas comunidades autónomas.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Conde.
A continuación, una vez terminadas las intervenciones de los distintos portavoces, pasamos a votar las enmiendas por el orden en que fueron defendidas.
Así, en primer lugar, votamos las enmiendas 1 a 7 del señor Mur Bernad.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 22; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, procedemos a votar las enmiendas 8 a 10 del señor Sampol i Mas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 22; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 8 a 10.
Ahora, vamos a proceder a la votación de las enmiendas presentadas por Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
En primer lugar, votamos de la 84 a la 89, excepto la número 87, para la que el senador Bofill solicita votación separada. ¿Alguna más?
El señor BOFILL ABELLÓ: Sí, las números 84, 85, 87, 88 y 89 las voy a votar favorablemente y tan solo queda una. Así que podemos votar en grupo las números 84, 85, 87, 88 y 89. Todas hacen referencia a recursos de consignaciones judiciales, a artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, etcétera.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Entonces, primero votaremos en bloque las enmiendas números 84, 85, 87, 88 y 89 y, luego, la enmienda 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, pasamos a votar la enmienda número 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 22; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 86.
A continuación, procedemos a votar las enmiendas 12 a 83, ambas inclusive, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. ¿Se pueden votar todas juntas?
El señor BOFILL ABELLÓ: Pido votación separada de la 15, que hace referencia a depósitos y consignaciones judiciales y que incluso algún portavoz que no ha presentado enmiendas ha entendido.
Y, también, solicito votación separada de las que he enumerado anteriormente y que se refieren a la lengua.
Son las números 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 57 y 61. Estas se pueden votar en un bloque. Hacen referencia al requisito lingüístico para la provisión de plazas en el concurso de traslado.
O sea, votaríamos por un lado la número 15, que se refiere a las consignaciones judiciales, y, luego, el resto.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
A continuación, vamos a proceder a votar la enmienda número 15. Luego, pasaremos a votar en bloque las enmiendas 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 57 y 61. Y en una tercera votación votaremos el resto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, procedemos a la votación de las enmiendas siguientes: 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 57 y 61.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, procedemos a votar el resto de enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 22; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, procederemos a votar la enmienda transaccional apoyada en la enmienda número 11, del Grupo Popular.
Está transaccionada por el Grupo Socialista y por el Grupo Parlamentario Popular. La leo: Enmienda de modificación.
Se modifica el apartado 1 del artículo único, quedando redactado como sigue:
«Artículo único.
Apartado uno. Los apartados 4 y 5 del artículo 23 quedan redactados de la forma siguiente:
4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos:
a) Genocidio y lesa humanidad. b) Terrorismo. c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves. d) Delito relativo a la prostitución y corrupción de menores e incapaces. e) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. f) Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores. g) Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España. h) Cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España. Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles. El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior.
5. Si se tramitara causa penal en España por los supuestos regulados en los anteriores apartados 3 y 4, será en todo caso de aplicación lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del presente artículo.»
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 2; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, procedemos a la votación de las enmiendas de la 90 a la 101, de los grupos parlamentarios Popular y Socialista. (El señor Bofill Abelló pide la palabra.)
Senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Solicito votación separada de la enmienda 97, que hace referencia a la creación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura y atribución de esta competencia al Defensor del Pueblo.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la enmienda número 97.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 1; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Tiene la palabra el señor Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.
No lo he consultado con ningún grupo y si el presidente considera que no es el momento, me callo y lo digo en otro momento, pero después de esta votación iba a sugerir -si le parecía bien a la Presidencia- el debate conjunto de los dos textos en el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Cuando acabemos la sesión pediré a todos los portavoces que se acerquen a la Mesa para tratar ese tema.
El señor DÍAZ TEJERA: Pido disculpas a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Está disculpado.
A continuación, sometemos a votación el texto remitido por el Congreso de los Diputados, salvo aquellas partes del mismo que pudieran considerarse ya incluidas en las enmiendas que, en su caso, hubieran sido aprobadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Finalizada la votación, se proclama que ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Acto seguido, se designará al miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación de este dictamen ante el Pleno del Senado. (El señor Conde Bajén pide la palabra.)
El senador Conde tiene la palabra.
El señor CONDE BAJÉN: Propongo que esa presentación la haga la Presidencia.
El señor DÍAZ TEJERA: El Grupo Socialista lo apoya con supermegahiperentusiasmo. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, por tal honor.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las doce horas y cincuenta minutos.