BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
13 de febrero de 2009
Núm. 146
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES CONGRESO DE LOS DIPUTADOS IX LEGISLATURA Serie D: GENERAL 13 de febrero de 2009 Núm. 146 |
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Pleno
059/000004 Calendario de sesiones plenarias para el período febrero-junio de 2009. Modificación ... (Página 3)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de ley
Pleno
162/000313 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el impulso a un tercer sector de la comunicación ... (Página 3)
162/000314 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al régimen jurídico de las operaciones de crédito de las corporaciones locales durante el ejercicio 2009 ... (Página 4)
162/000315 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la Carta Social Europea ... (Página 5)
162/000316 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para paliar la gravedad de la crisis económica ... (Página 6)
162/000317 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre incineración ilegal de neumáticos y otros residuos en fábricas de cemento ... (Página 7)
162/000318 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que el/la cabeza de la lista más votada en las elecciones al Parlamento Europeo sea propuesto al Presidente de la Comisión como Comisario Europeo ... (Página 8)
162/000319 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un Plan de Acción para la ejecución de la Estrategia global para el empleo de las personas con discapacidad... (Página 9)
162/000320 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa UPS ... (Página 10)
162/000321 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reducción de las tasas aeroportuarias ... (Página 11)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
059/000004
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de la fecha, oída la Junta de Portavoces, ha acordado modificar el calendario de sesiones plenarias para el período de sesiones febrero-junio de 2009, en el sentido de que en la semana del 24 al 26 de febrero no se celebre sesión plenaria.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Impulso a un Tercer Sector de la Comunicación, para su debate en el Pleno.
El pasado 25 de septiembre de 2008 el Parlamento Europeo aprobaba por amplia mayoría una Resolución sobre los medios del tercer sector de la comunicación (medios comunitarios).
El contenido de la Resolución señala que los medios comunitarios (radios y televisiones gestionados por entidades sin ánimo de lucro) son un medio eficaz de fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social y la identidad local, promueven el diálogo intercultural, contribuyen a alcanzar el objetivo de mejorar la alfabetización mediática de los ciudadanos mediante su participación directa en la creación y la difusión de contenidos, contribuyen a reforzar el pluralismo de los medios de comunicación y fomentar la participación ciudadana en el discurso público.
Dicha Resolución realiza una serie de demandas a los Estados miembros de la UE.
En su punto 15, recomienda a los Estados miembros que den reconocimiento legal a los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) como grupo definido, junto a los medios de comunicación comerciales y públicos, cuando no exista este reconocimiento legal, sin que ello vaya en detrimento de los medios de comunicación tradicionales.
En su punto 17, pide a los Estados miembros que apoyen más activamente a los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) para sostener el pluralismo de los medios de comunicación, si bien dicho apoyo no se ha de prestar en detrimento de los medios de comunicación públicos;
Y en su punto 19, pide a los Estados miembros que pongan a disposición el espectro de frecuencias, analógica y digital, de radio y televisión, teniendo en cuenta que el servicio prestado por los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) no se ha de evaluar en términos de coste de oportunidad o justificación del coste de adjudicación del espectro, sino por el valor social que representa.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, medidas destinadas al fomento y reconocimiento legal de los medios del tercer sector de la comunicación (medios comunitarios) tal y como establece la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre los medios del tercer sector de la comunicación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado. Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al régimen jurídico de las operaciones de crédito de las Corporaciones Locales durante el ejercicio 2009, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Una de las principales novedades que se introdujeron en la ley de Estabilidad tras su modificación fue el concepto de estabilidad a lo largo del ciclo. Pese a que este principio es común a las tres administraciones -estatal, autonómica y local- lo cierto es que el desarrollo que del mismo se ha hecho en la Ley, y especialmente en su Reglamento de desarrollo, ha venido a consagrar un trato claramente discriminatorio en contra de las Corporaciones Locales.
Frente al automatismo con el que se aplica la posibilidad de presentar los presupuestos con déficit en el caso de las Comunidades Autónomas, para las Corporaciones Locales se ha diseñado un complejo procedimiento, que en la práctica se ha traducido en que, hasta la fecha, ninguna corporación local se ha podido acoger a este supuesto.
La propia Ley ha restringido además la posibilidad de presentar déficit como consecuencia de inversiones productivas sólo a las corporaciones locales que se hayan podido acoger a la formula de "equilibrio a lo largo del ciclo", exigencia que no se recoge para las Comunidades Autónomas, ya que dicha fórmula es aplicable a todas ellas.
A lo anterior se une el hecho de que el porcentaje de déficit que el conjunto de las administraciones locales puede presentar en caso de acogerse al procedimiento de déficit a lo largo del ciclo, y el que podrían presentar en caso de realizar inversiones productivas, es del 0.05 por ciento del PIB en ambos supuestos. Se trata de un umbral claramente inferior al que debería corresponder a las corporaciones locales si se tuviera en cuenta el peso de éstas en el conjunto del gasto público: el 13 por ciento.
El actual contexto de crisis económica ha puesto de manifiesto que la rigidez del marco normativo aplicable a las corporaciones locales las sitúa en una difícil posición para poder realizar políticas anticíclicas eficaces.
Desde que el Consejo de Ministros aprobó el objetivo de estabilidad para las Corporaciones Locales se ha producido una importante modificación de la situación económica: Si a mediados del año pasado las previsiones de crecimiento del PIB manejadas por el Gobierno se situaban en el 3,3 por ciento, un año después el propio Ministerio de Economía y Hacienda ha ajustado esta previsión en un punto, situándola en el 2,3 por ciento, y finalmente, los datos más recientes ya son del 1 por ciento.
En una situación en la que el modelo de financiación de las Corporaciones Locales resulta insuficiente para hacer frente al volumen real de competencias que éstas están asumiendo, la actual coyuntura económica resulta especialmente grave. El hecho de que el sector inmobiliario sea el más afectado por la crisis, está lastrando sustancialmente todos los ingresos municipales ligados a la actividad inmobiliaria, generando un importante desajuste entre las previsiones de ingresos y los derechos realmente reconocidos.
Puesto que todas las corporaciones locales se están viendo afectadas por esta importante variación de las previsiones económicas, se considera imprescindible la definición, lo antes posible, de un marco objetivo que determine los supuestos en los que no será exigible la presentación de un Plan Económico Financiero, o la modificación de los que ya estuviesen en vigor. Pese a que la no exigencia del Plan es una facultad del Gobierno cuyo ejercicio debe comunicar a la Comisión Nacional de Administración Local, puesto que en este supuesto se trata de aplicar unos parámetros que de facto vendrían a corregir el objetivo de estabilidad de las corporaciones locales.
Junto con las razones de equidad jurídica debe tenerse en cuenta además que existen importantes motivos de oportunidad. En efecto, la crisis económica está afectando de forma muy grave a las pequeñas empresas, que se enfrentan de forma cada vez más acuciante, a serios problemas de liquidez. Por parte de los principales organismos representativos de las mismas, se viene reclamando de forma insistente, la adopción de medidas que les permitan tener una mayor liquidez, poniendo especial énfasis en la necesidad de que por parte de la Administraciones públicas no se retrasen los
pagos, ya que con ello se ocasionarían serios problemas a la estabilidad de nuestro sector empresarial.
La actual situación de estrangulamiento financiero de las corporaciones locales se presenta por tanto como una seria amenaza para el conjunto de empresas que de forma habitual trabajan con ella. A medida que las administraciones locales retrasen sus pagos, las empresas tendrán serias dificultades para continuar ejerciendo su actividad.
Este problema de liquidez tendría fácil solución a través de esta propuesta, ya que la deuda asumida por las Corporaciones Locales debería tener como objetivo preferente atender a los pagos de los pequeños proveedores de forma inmediata, antes incluso del vencimiento de los plazos legalmente previstos.
De este modo, el endeudamiento asumido por el conjunto de las Corporaciones Locales, que se situaría entorno a los 5.700 millones de euros, supondría una inyección de liquidez inmediata cuyos destinatarios directos serían las pequeñas y medianas empresas, con una repercusión directa sobre su financiación, el mantenimiento de miles de puestos de trabajo y la dinamización de la actividad económica.
Ante las previsiones del Gobierno de España -tal y como se desprende de los Presupuestos Generales del Estado- de que el desempleo se incremente de forma alarmante durante el año 2009, es imprescindible adoptar medias tendentes a evitar la destrucción de puestos de trabajo se podrían y generar ahorro en las previsiones de gasto en las prestaciones por desempleo.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el contenido de esta propuesta no es novedoso, sino que es plenamente coherente con los planteamientos realizados por la Federación Española de Municipios y Provincias sobre los que ya existen precedentes con la disposición transitaría 5.ª de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden social, en cuanto a la autorización de la consolidación a largo plazo de las operaciones de tesorería suscritas por las Entidades Locales.
También está en sintonía con el requerimiento realizado por la Comisión Europea a los Estados miembros para que adopten medidas conjuntas y coordinadas para minimizar el impacto de la crisis en los ciudadanos, luchando contra el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo, al tiempo que ha anunciado la apertura de nuevas vías de financiación o la modificación de las ya existentes anunciando la posibilidad de adelantar los pagos previstos en las políticas Perspectivas Financieras de la UE para el período 2007-2013.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el régimen jurídico de las operaciones de crédito de las Corporaciones Locales, como medida excepcional para el ejercicio de 2009 por la evolución de sus ingresos, de acuerdo con los siguientes principios:
Primero. Todas las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de /as Haciendas Locales, así como las Diputaciones provinciales, podrán endeudarse para financiar operaciones corrientes o de capital. Si el presupuesto de 2008 se liquidase con remanente de tesorería negativo, a lo largo de 2009 se podrá a acudir al concierto de operaciones de crédito por su importe. En ninguno de estos dos supuestos resultaran de aplicación las previsiones del artículo 177.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Asimismo dichas operaciones se podrán instrumentar en cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 49.2 de la citada Ley.
Segundo. El endeudamiento asumido al amparo de la modificación, tendrá como destino preferente atender con carácter inmediato los pagos a los que esté obligada la Administración Local.
Tercero. Las operaciones realizadas, sólo precisarán autorización de los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda en los supuestos previstos en el apartado 53.5 de la norma legal citada, quedando expresamente suspendida la aplicación de los apartados 1 a 4 de dicho artículo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2009.-Rafael Merino López, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Carta Social Europea, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Consejo de Europa tiene entre sus objetivos principales la promoción social y la salvaguarda de los derechos civiles, políticos y sociales de las y los ciudadanos europeos. Para hacer efectivo este objetivo, ha desarrollado dos herramientas básicas: el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de 1950, centrado principalmente en la defensa de los derechos civiles y políticos; y la Carta Social Europea (CSE) de 1961, dirigida a garantizar los derechos sociales. La Carta Social Europea es considerada como el baluarte
de la democracia social, y uno de los principales instrumentos para la defensa, mantenimiento y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Dada su importancia, la Conferencia Ministerial sobre Derechos Humanos celebrada en Roma el 5 de noviembre de 1990 hizo especial hincapié en la necesidad de revisar la Carta Social Europea de 1961 -ratificada por el Estado español en 1980-, con el fin de actualizarla, complementarla y adaptarla a la nueva realidad social. Fruto de esta mejora y actualización, surge la Carta Social Europea revisada de 1996, que incorpora los protocolos adicionales de 1988 y 1995, y el protocolo de enmienda de 1991.
La Carta Social Europea revisada profundiza y consolida el estado social europeo, comporta mayores beneficios al conjunto de la ciudadanía al incorporar nuevos derechos sociales, y fortalece el papel de los agentes sociales al dotarles de legitimación activa para formular reclamaciones colectivas por supuestas vulneraciones de los derechos contenidos en la Carta. La Carta Social revisada supone, en definitiva, un importante avance en la defensa de los derechos sociales fundamentales.
A pesar de ello, el Estado español no ha ratificado todavía la Carta revisada de 1996, constituyendo uno más de los importantes déficits sociales del Estado.
Por todo ello el Grupo Parlamentario de EAJ-PNV presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"Instar al Gobierno de España a que ratifique, a la mayor brevedad posible, la Carta Social Europea revisada de 1996 como instrumento básico para la defensa de los derechos sociales y la mejora del nivel de vida y bienestar de la ciudadanía europea."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
162/000316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para paliar la gravedad de la crisis económica, para su debate en el Pleno.
En la actualización del Programa de Estabilidad 2008-2011 presentado por el Ministro de Economía se plasma el desplome de la actividad económica de nuestro país en 2008, en una pendiente que ha colocado a la economía en recesión al acumular en los dos últimos trimestres descensos reales del PIB.
Paralelamente, los datos de la Encuesta de Población Activa muestran un aumento de 1.280.300 parados durante 2008 y sitúan el número de desempleados en 3.207.900 personas. En 2008 se han destruido más de 600.000 empleos y en 827.200 hogares todos sus miembros están en paro.
Las previsiones del Gobierno para 2009 en la propia actualización del Programa de Estabilidad prevén un descenso de la actividad económica del 1,6 por ciento del PIB, un aumento del desempleo hasta casi el 16 por ciento de la población activa y un déficit del conjunto de Administraciones Públicas del 5,8 por ciento del PIB.
Es muy probable que estas previsiones, lamentablemente, se queden cortas, si bien hay que reconocer que es muy difícil avanzar hasta donde llegará el deterioro de la economía y del empleo en una situación tan compleja como la actual. Los datos del paro registrado en enero, con una subida histórica de 199.000 parados que colocan el volumen total de desempleados en más de 3,3 millones de personas, o la caída, también histórica, de 350.000 cotizantes en ese mes, dan cuenta del profundo deterioro del empleo.
El Gobierno reconoce ahora la gravedad de la crisis y el paso inmediato es actuar en consecuencia. La situación de emergencia económica en la que nos encontramos necesita de nuevos enfoques para colocar la creación de empleo en el centro de los objetivos de la política económica y situar el apoyo a la demanda como la palanca esencial para relanzar la economía.
La recuperación de la economía sólo será sostenible si invertimos en un nuevo modelo económico centrado en la creación de empleo de calidad, en el apoyo a la economía real en sectores no especulativos y de futuro, en la suficiencia y progresividad de los ingresos públicos, en el reforzamiento del papel de lo público y en la convergencia con los países más avanzados de Europa en gasto social.
Frente a la intensidad de la crisis y su efecto sobre la economía real y el empleo, necesitamos articular medidas efectivas para detener el incremento del desempleo y para conseguir que el crédito llegue a familias y pequeñas y medianas empresas. Porque el dinero público puesto a disposición de las entidades financieras, sin contrapartida alguna, está obteniendo magros resultados.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Presentar de forma urgente ante la Cámara un crédito presupuestario extraordinario destinado a la
reactivación de la economía y a invertir en un nuevo modelo económico, cuyos recursos se orienten a políticas educativas y sociales, programas de ahorro energético y desarrollo de energías renovables, y actuaciones en materia de investigación, desarrollo e innovación.
- Desarrollar con carácter de urgencia una norma básica sobre Banca Pública que suponga el despliegue operativo directo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), fortalezca el carácter público de las Cajas de Ahorro, integre a las instituciones que puedan ser nacionalizadas, y regule el papel y representación de las participaciones públicas en instituciones financieras privadas.
- Potenciar con un marco legislativo adecuado la implantación y desarrollo de la Banca Ética en España."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado. Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre incineración ilegal de neumáticos y otros residuos en fábricas de cemento, para su debate en el Pleno.
La Ley 16/2002 de Prevención de la Contaminación Atmosférica obliga a las empresas cementeras a someterse al procedimiento de Autorización Ambiental integral (AAI). Pero son varias las empresas que, por motivos de rentabilidad económica, aprovechan el expediente de AAI para solicitar la sustitución de combustible tradicional por la incineración de neumáticos, plásticos y otros residuos como lodos de depuradoras, barnices, aceites o disolventes, e incluso harinas cárnicas, cuya combustión genera sustancias tóxicas y peligrosas para la salud, metales pesados como el mercurio, y contaminantes orgánicos persistentes como son las dioxinas y furanos que se forman a partir de la combustión del 1 por ciento de cloro contenido en los neumáticos.
La incineración de residuos peligrosos en los hornos de las cementeras ya había generado alarma social hace años, cuando algunas de estas empresas fueron señaladas por haber incinerado los restos de animales muertos por la enfermedad de las "vacas locas".
El recurso a la incineración de residuos tóxicos y peligrosos constituye un motivo de especial preocupación por cuanto España es el país de la Unión Europea que en estos últimos años ha consumido la mayor parte del cemento hasta alcanzar la quinta parte del total de la UE-25, liderato atribuible a las desproporcionadas dimensiones del sector de la construcción, tanto en edificación como en obra pública.
Por la mencionada vía de presentación de proyectos de incineración de residuos industriales, eufemísticamente denominada como "valorización de residuos", las Consejerías de Medio Ambiente de la mayoría de las Comunidades Autónomas han autorizado proyectos presentados por las fábricas de cemento que incluyen la incineración de este tipo de residuos.
Por ejemplo, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha ha autorizado:
- A la empresa multinacional mexicana CEMEX, en el municipio de Yepes, la incineración de 20.000 Tn/año de neumáticos y 25.000 T/año de plásticos, fábrica de cemento que viene incinerando neumáticos troceados desde marzo de 2007 y que carece del informe Favorable de la Dirección General de Calidad Ambiental, por incumplir el condicionado del Programa de Vigilancia al que se supedita la entrada en vigor de la autorización;
- A la empresa multinacional HOLCIM ESPAÑA S.A., en Yeles, la incineración de 7.000 Tn/año de neumáticos, 2.000 Tn/año de plásticos no halogenados, 7.000 Tn/año de lodos calizos de la industria papelera, 10,000 Tn/año de disolventes y licores madre no halogenados, 3.000 T/año de residuos y iodos acuosos que contienen pintura, barniz y tintes, y 35 T/año de aceite mineral usado; con el agravante que la industria está a menos de 2 Km del casco urbano.
- Y, de otra parte, se ha autorizado a la empresa multinacional francesa LAFARGE CEMENTOS S.A, en Villaluenga de la Sagra, la incineración de 45.000 Tn/año de residuos líquidos tóxicos y peligrosos, y a quien se le había permitido incinerar desde el año 2002 más de 30.000 Tn anuales de residuos sin haber obtenido la AAI que finalmente se le ha otorgado.
Las tres fábricas de cemento concentran su impacto en una zona reducida, como es la comarca de La Sagra, donde también se encuentran 29 cerámicas, la central térmica de Villaseca canteras a cielo abierto y polígonos industriales, con el agravante que, según el registro europeo EPER, el 43,37 por ciento de los complejos más contaminantes de España están ubicados en Castilla-La Mancha.
Todo ello sin que Ayuntamientos colindantes y vecinos afectados hayan sido llamados a consulta ni recibidos en trámite de audiencia en calidad de interesados, como marca la Ley 16/2002 sobre prevención y control integrado de la contaminación, y como recomiendan el Reglamento Europeo 850/2004 y el Convenio de Aarhus, para poder conocer dichas decisiones antes de ser aprobadas y tener así opción a alegar con conocimiento de causa por los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente que se derivan del proceso de incineración, todo ello en defensa
del derecho constitucional a la salud y su corolario de protección del medio ambiente, desconsiderando las decenas de miles de firmas de ciudadanos y las mociones presentadas contra estos proyectos por Ayuntamientos, Mancomunidades y plataformas ciudadanas.
De otra parte, la combustión de neumáticos y otros residuos contaminantes contraviene los objetivos acordados en el Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes de 2001, ratificado por España, de eliminar o reducir al máximo la producción de dioxinas, furanos y otros Compuestos Orgánicos Persistentes, sustancias cancerígenas extremadamente dañinas para la salud humana, una de cuyas principales fuentes asegura dicho Convenio que son las fábricas de cemento que incineran ese tipo de residuos.
Además, la autorización otorgada a las cementaras para la incineración de residuos vulnera hasta hacerlo inviable a medio plazo el principio de precaución y el principio básico de jerarquía que preside la Ley 10/98 y los Planes de gestión de residuos establecidos a nivel europeo, estatal y autonómico, que obligan a gestionarlos prioritariamente a través de la reducción, la reutilización y el reciclaje, totalmente factibles para los neumáticos, reutilizables en la construcción de carreteras, y cuya incineración ocupa el último lugar de esta jerarquía, puesto que no los elimina y sólo los dispersa, liberando a la atmósfera nuevas sustancias resultantes de la combustión, que son mucho más peligrosas que los materiales de partida. La incineración de neumáticos en las cementaras, incentivada económica y fiscalmente, entra en contradicción con los Planes estatales y autonómicos de reutilización y reciclaje de neumáticos fuera de uso para su utilización en recauchutado, firme de carreteras, pistas polideportivas, etc., poniendo en riesgo la viabilidad económica de las empresas dedicadas a la reutilización y reciclaje compatibles con la salud humana y el medio ambiente.
Esta situación tiene su correspondencia en otras Comunidades Autónomas, por ejemplo en Cataluña, donde la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat ha autorizado a la empresa LAFARGE, en Moncada i Reixach, la combustión de iodos de depuradoras y cenizas volantes, a 90 metros del casco urbano, y a la empresa CEMEX, en San Feliu de Llobregat, a 200 metros del casco urbano.
Una situación similar se produce en Castilla y León, con cuatro proyectos de incineración de neumáticos y residuos en la provincia de León: las cementaras COSMOS, en Toral de los Vados, que pretende quemar 20.639 Tn/año de neumáticos, 10.320 Tn/año de plásticos, 21.671 Tn/año de lodos y 14.447 Tn/año de harinas y grasas animales; TUDELA-VEGUÍN, en La Robla, que proyecta quemar 18,000 Tn/año de neumáticos con el mismo fin; RMD, en Ardoncino, que proyecta poner en marcha su planta de termólisis con capacidad para 24.000 Tn/año y la planta de "pirolisis-flash" promovida por el Ayuntamiento de Villagatón en Brañuelas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. A presentar al Congreso de los Diputados un informe sobre el estado de cumplimiento de la legislación vigente en materia de incineración de residuos en las fábricas de cemento y sobre las medidas institucionales de vigilancia, con especial referencia a la Ley 10/1998 de Residuos, a la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, al Real Decreto 653/2003 sobre incineración de residuos, a la Ley 10/98 y a los Planes de Gestión de Residuos, al Reglamento Europeo 850/2004, al Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes de 2001;
2. A presentar al Congreso de los Diputados un informe relativo a las Autorizaciones Ambientales Integrales concedidas en España a las empresas fabricantes de cemento que incluyen la incineración de residuos, en aplicación del artículo 5 del Real-Decreto 508/2007 de 20 de abril;
3. A promover con las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el compromiso de velar por el cumplimiento riguroso de la legislación vigente en la materia; de rechazar los proyectos presentados por las empresas fabricantes de cemento que incluyan la incineración de neumáticos y demás combustibles tóxicos; y de promover la sustitución del combustible utilizado ilegalmente en los hornos por otras fuentes tradicionales.
4. A promover incentivos económicos y fiscales a las empresas especializadas en la reutilización y el reciclaje de neumáticos para usos compatibles con la salud humana y el medio ambiente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado. Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a que el/la cabeza de la lista más votada en las elecciones al Parlamento Europeo sea propuesto al Presidente de la Comisión como Comisario Europeo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El próximo mes de junio de 2009 se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo. En ellas no sólo se decidirá el reparto de los escaños que corresponden a España, sino que además suponen una oportunidad para poner en el centro de la actualidad política el proceso de construcción europea, algo afectado en la percepción ciudadana desde las dificultades del proceso de ratificación del Proyecto de Constitución Europea.
Uno de los problemas que afronta la Unión Europea en estos tiempos es la existencia de un cierto número de ciudadanos que sienten a la Unión Europea como un ente que se encuentra alejado de sus intereses y preocupaciones como se evidenció, por ejemplo, con el voto negativo del referéndum irlandés sobre el Tratado de Lisboa y, antes, en los referenda del Proyecto de Constitución en Francia y Holanda. A esta aparente lejanía se le añade un déficit en la información y la comprensión de los no siempre sencillos mecanismos de funcionamiento de las instituciones comunitarias y de sus objetivos.
Parte de la ciudadanía seguramente no perciba con nitidez que su voto al Parlamento Europeo significa también una cierta opción de gobierno para la Unión Europea, por lo que consideramos que el compromiso de presentar al cabeza de lista más votada en las elecciones al Parlamento Europeo como futuro Miembro del Colegio de Comisarios contribuiría a darle un mayor atractivo e interés adicional a la votación para los ciudadanos, acercándoles a las Instituciones comunitarias y podría, en suma, contribuir a incrementar la participación en esos comicios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proponer al Presidente de la Comisión, a designar en el otoño del 2009, al cabeza de la lista española más votada en las elecciones europeas del próximo mes de junio de 2009 como candidato al puesto de Comisario Europeo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2009.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de un Plan de Acción para la ejecución de la Estrategia global para el empleo de las personas con discapacidad, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Durante la pasada Legislatura fueron aprobadas una batería de normas de gran calado cuya finalidad principal era mejorar las condiciones de vida y la integración sociolaboral de las personas con discapacidad.
El Gobierno trabajó sobre tres grandes ejes: la atención a las personas con discapacidad, que dio lugar a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; el relativo a la accesibilidad universal, con la promulgación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas; y, objetivo de primer orden, la integración social de estas personas a través del empleo,
En relación con este tercer eje de actuación es importante mencionar la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, la cual supuso el establecimiento de importantes bonificaciones para la contratación indefinida de las personas con discapacidad, bonificaciones que no sólo son las más elevadas en referencia a otros colectivos, sino que tienen en cuenta a la vez todas las variables a considerar: el sexo, la edad, el tipo de discapacidad y el grado de minusvalía.
La Ley 43/2006 supone un antes y un después en la regulación de la integración laboral de las personas con discapacidad. La misma introduce una nueva metodología que, al partir de la situación del empleo de estas personas, nos permite marcar una estrategia de futuro, con objetivos concretos a alcanzar. Con ello, supera una anterior etapa caracterizada por la adopción de medidas puntuales, en no pocas ocasiones adoptadas en las diversas Leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y por medio de planes de empleo caracterizados por un corto plazo de vigencia, carentes de una visión global. Asimismo, es preciso poner de manifiesto que esta nueva metodología también se caracteriza por una dinámica de trabajo permanente, más participativa y basada en el diálogo social.
De este modo, esta Ley en su Disposición adicional duodécima mandada al Gobierno, previa consulta con los interlocutores sociales y con las organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias, a aprobar una Estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad, que contenga un amplio repertorio de iniciativas y medidas dirigidas a promover su acceso al mercado de trabajo, la mejora de su empleabilidad y su integración laboral.
El pasado 26 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Global para el Empleo de las Personas con Discapacidad, a desarrollar entre 2008 y 2012, con una inversión de 3.700 millones de euros.
Sus objetivos generales pueden resumirse en, por un lado, aumentar la tasa de actividad y de ocupación, así como la inserción laboral de las personas con discapacidad y, por otro, mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo, combatiendo activamente la discriminación. Para ello cuenta con siete objetivos operativos, que incluyen 93 líneas de actuación, que inciden, además de en la política de empleo, en ámbitos como la educación, la seguridad social o la política fiscal.
Asimismo, cuenta con dos objetivos de naturaleza transversal: utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el empleo de estas personas y prestar especial atención a aquellas variables (tipo y grado de discapacidad, edad, lugar de residencia, entre otras) que agravan la situación de inactividad de algunas de ellas. El otro objetivo transversal es atender especialmente a la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad.
Siendo este el contenido de la Estrategia, y teniendo una vigencia de cinco años, procede ahora la elaboración por parte del Gobierno de un Plan de Acción para su ejecución, con determinación de los sujetos responsables, la prioridad de las actuaciones a corto, medio y largo plazo, con previsión de una evaluación periódica de las medidas que permita conocer el grado de su ejecución y dificultades, así como de su eficiencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en coordinación con las Comunidades Autónomas, previa consulta con los interlocutores sociales y con las organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias, elabore un Plan de Acción para el impulso y ejecución de las medidas contenidas en la Estrategia Global para el Empleo de las Personas con Discapacidad, con determinación de los sujetos responsables, así como con una previsión de evaluación periódica de las medidas desarrolladas y de su incidencia en la inserción laboral de estas personas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2009.-María José Sánchez Rubio, Diputada.Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa UPS, para su debate en el Pleno.
El 25 de junio del año pasado, la filial española de la empresa de transporte de paquetería más importante del mundo, UPS, presentó ante el Ministerio de Trabajo un ERE para 216 trabajadores, una quinta parte de la plantilla de 1.100 que la multinacional tiene en España.
Según la empresa, el ajuste de plantilla no responde a motivos económicos, ni relacionados con un menor volumen de la actividad, sino a una reorganizacIón que persigue "mejorar la competitividad de la empresa y posibilitar su crecimiento en España".
Bajo esta premisa se esconde lo de siempre: externalización de servicios, sustitución de empleos fijos y estables por contrataciones temporales y precarias, y el cierre del centro de Vallecas (Madrid), núcleo en dónde se encuentran la mayor parte de los trabajadores afectados por el ERE, 183 de los 216 afectados. En definitiva, pretenden sustituir trabajadores fijos y con derechos por subcontratas y trabajadores en precario y sin derechos.
El ERE no es más que una excusa para quitarse de en medio el centro de Vallecas, el único de todo el mundo en dónde los conductores son miembros de pleno derecho de la plantilla, y por lo tanto no es un servicio externalizado en el que los conductores autónomos cobren por paquete entregado. Es decir, lo que plantea la multinacional es sustituir empleo de calidad por empleo precario, mientras sus beneficios siguen creciendo según la propia información de la compañía. En 2008 cerró el ejercicio con un beneficio neto de 3.003 millones de dólares, casi ocho veces más que en el 2007, cuando ganó 382 millones.
En la situación de recesión económica en la que nos encontramos, en la que la pérdida de puestos de trabajo es su mayor y dramática consecuencia, este ERE no debería ser autorizado por la administración pública competente. El Ministerio de Trabajo ha reiterado que se "mirarán con lupa" los ERE's que se presenten, para evitar abusos por parte de empresas que pretendan ajustes de plantilla aprovechando la situación de crisis.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Trabajo e Inmigración a que resuelva de manera satisfactoria para los trabajadores el ERE de extinción
presentado por la empresa UPS y por lo tanto no dé su autorización."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado. Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la reducción de las tasas aeroportuarias para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los efectos de la crisis económica sobre el sector turístico están siendo devastadores. Según datos publicados recientemente, el sector turístico español se contrae por primera vez en una década. En 2008 llegaron a nuestro país 57,4 millones de turistas, lo que supone la primera caída desde 1995 con respecto al año anterior. España ha perdido así, 1,7 millones de turistas, lo que supone una caída del 2,6 por ciento y, por primera vez, el sector no contribuye al crecimiento del PIB. El PIB turístico cayó un 1,1 por ciento respecto a 2007 y la facturación del sector cayó un 4,4 por ciento.
Más del 75 por ciento de las empresas del sector han visto caer su facturación en el último año, y, sus beneficios; y según encuestas realizadas por el sector la confianza empresarial es la más baja de la década con un sentimiento negativo cercano al 70 por ciento.
Con este panorama las empresas están apunto de hacer recortes drásticos de personal en las empresas turísticas. Se prevé la destrucción de 100.000 empleos en el primer semestre de 2009, lo que representa el 6 por ciento de la ocupación del sector.
Ante esta situación al turismo español, que no es ajeno a los vientos de crisis que corren por los principales países emisores, el panorama se le plantea oscuro. Es en este momento cuando los poderes públicos tienen que articular medidas e iniciativas para hacer nuestros productos turísticos más competitivos.
No parece razonable, pues, que un año más se incrementen todas las tasas aeroportuarias (seguridad, aproximación, aterrizaje) como está recogido en los PGE 2009.
El Grupo Parlamentario Popular ya se opuso a este incremento sobre las tasas aeroportuarias mediante enmienda a los PGE 2009 (enmienda n.° 130).
Las tasas de navegación de los aeropuertos españoles son las segundas más caras de Europa y no parece lógico que se incrementen año tras años, mientras las tasas de seguridad del AVE, por ejemplo, las asume el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Por todo ello, y en aras a conseguir más competitividad en el sector aéreo, y por ende, aumentar la llegada de turistas a España, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que con carácter urgente reduzca al 50 por ciento todas las tasas aeroportuarias como medida de choque ante la crisis del sector turístico y aeronáutico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2009.-María Salom Coll, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.