CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2008 IX Legislatura Núm. 6
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno celebrada el martes,
10 de junio de 2008
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CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2008 IX Legislatura Núm. 6 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA Sesión del Pleno celebrada el martes, 10 de junio de 2008 |
ORDEN DEL DÍA:
Primero
ACTAS
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 27 y 28 de mayo de 2008.
Segundo
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a impulsar los trámites que permitan la constitución de la Conferencia Sectorial de Inmigración. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 30, de fecha 9 de junio de 2008). (Núm. exp. S. 671/000001).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la elaboración de un plan integral de políticas activas de empleo que permita hacer frente al incremento de la tasa de desempleo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 30, de fecha 9 de junio de 2008). (Núm. exp. S. 671/000002).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a implementar determinadas medidas en el mercado energético y a remitir al Senado una comunicación que contenga un
plan sobre política energética a largo plazo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 30, de fecha 9 de junio de 2008). (Núm. exp. S. 671/000003).
Tercero
MOCIONES
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con los trastornos de la salud mental. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 30, de fecha 9 de junio de 2008). (Núm. exp. S. 662/000009).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el cobro indebido del impuesto sobre la electricidad por parte de las compañías eléctricas, en aquellos casos en que no existe consumo eléctrico. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 30, de fecha 9 de junio de 2008). (Núm. exp. S. 662/000010).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a impulsar un gran acuerdo político que avance en una reforma más estructurada del sistema de financiación local. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 30, de fecha 9 de junio de 2008). (Núm. exp. S. 662/000011).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
ACTAS (Página 169)
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 27 y 28 de mayo de 2008 (Página 169)
Se aprueban las actas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Página 169)
Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a impulsar los trámites que permitan la constitución de la Conferencia Sectorial de Inmigración (Página 169)
La señora Burgués Bargués defiende la moción.
La señora Candini i Puig defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Belda Quintana defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora Burgués Bargués expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.
En turno de portavoces, intervienen el señor Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Burgués Bargués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; los señores Abreu Expósito, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Gonzálvez García, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se aprueba la moción consecuencia de interpelación por 245 votos a favor, 2 en contra y 10 abstenciones.
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la elaboración de un plan integral de políticas activas de empleo que permita hacer frente al incremento de la tasa de desempleo (Página 175)
La señora Sánchez-Camacho Pérez defiende la moción.
El señor Casas i Bedós defiende la emienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La señora Fernández Sanz defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora Sánchez-Camacho Pérez expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.
En turno de portavoces, intervienen la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y el señor Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las señoras Burgués Bargués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Fernández Sanz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sánchez-Camacho Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se aprueba la moción consecuencia de interpelación, en los términos de la propuesta de modificación, por 130 votos a favor y 127 en contra.
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a implementar determinadas medidas en el mercado energético y a remitir al Senado una comunicación que contenga un plan sobre política energética a largo plazo (Página 183 )
El señor Palacios Zuasti defiende la moción.
El señor Alturo Lloan defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Palacios Zuasti expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda.
En turno de portavoces, intervienen los señores Pérez Bouza y Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario Mixto; Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Esquerda Segués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Lavilla Martínez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se aprueba la moción consecuencia de interpelación, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 129 votos a favor, 122 en contra y 6 abstenciones.
MOCIONES (Página 190)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con los trastornos de la salud mental (Página 190)
La señora De Aragón Amunarriz defiende la moción.
El señor Villagrán Bustillos defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora De Aragón Amunarriz expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda.
En turno de portavoces, interviene el señor Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; los señores Esquerda Segués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Villagrán Bustillos, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora De Aragón Amunarriz, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se rechaza la moción con la enmienda incorporada del Grupo Parlamentario Popular, por 121 votos a favor y 137 en contra.
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el cobro indebido del impuesto sobre la electricidad por parte de las compañías eléctricas, en aquellos casos en que no existe consumo eléctrico (Página 200)
La señora Riolobos Regadera defiende la moción.
La señora Durán Fraguas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora Riolobos Regadera expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda.
En turno de portavoces, intervienen los señores Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las señoras Alberich Cano, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Durán Fraguas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Riolobos Regadera, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se aprueba la moción por 129 votos a favor, 128 en contra y 1 abstención.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a impulsar un gran acuerdo político que avance en una reforma más estructurada del sistema de financiación local (Página 208)
El señor Abad Benedicto defiende la moción.
El señor Pérez Bouza defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y del señor Sampol i Mas.
El señor Roig i Grau defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Abad Benedicto expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.
En turno de portavoces, intervienen los señores Bagur Mercadal y Sampol i Mas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra; el señor Roig i Grau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Arqué i Ferrer, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores Abad Benedicto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sánchez Sánchez-Seco, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se aprueba la moción por 231 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y treinta y cinco minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenas tardes, señorías.
ACTAS:
-- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2008.
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Actas. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la sesiones anteriores, celebradas los pasados días 27 y 28 de mayo de 2008.
¿Alguna observación? (Pausa.)
Entiendo que quedan aprobadas por asentimiento.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
-- DE GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LOS TRÁMITES QUE PERMITAN LA CONSTITUCIÓN DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE INMIGRACIÓN (671/000001).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Mociones consecuencia de interpelación.
Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por la que se insta al Gobierno a impulsar los trámites que permitan la constitución de la Conferencia Sectorial de Inmigración.
A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y otra por parte del Grupo Parlamentario Mixto, del senador Belda.
Para la defensa de la moción tiene la palabra la senadora Burgués.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, presidente.
Señorías, esta moción, consecuencia de la interpelación presentada en el anterior Pleno por el senador de nuestro Grupo Parlamentario, Entesa Catalan de Progrés, Ramón Aleu, hace una buena valoración de lo que ha significado la creación del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes. En efecto, en los primeros Presupuestos Generales del Estado aprobados en la anterior legislatura, en el año 2005, la cuantía destinada a dicho fondo se incrementó de forma considerable, pasando de 7,6 millones de euros a 120 millones de euros actualmente.
El Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes ha representado un instrumento importante para el buen gobierno de la inmigración por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Porque, como bien saben, señorías, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas los que deben dar respuesta a las necesidades de las personas inmigrantes, personas extranjeras que buscan trabajo en nuestro país para conseguir un mejor nivel de vida del que tienen o encuentran en sus países. Esa población que emigra de los países más pobres hacia los países más ricos se asienta en ciudades y pueblos, siendo preciso un esfuerzo por ambas partes -tanto de la sociedad de acogida como de los recién llegados- para conseguir una buena cooperación, una integración que garantice la convivencia y el desarrollo de forma igual para todos los que vivan en nuestro país. No hace falta que señale que cuando nos referimos a los inmigrantes tenemos claro que estos se encuentran dentro de la legalidad, que son trabajadores legales con contrato de trabajo que comparten nuestro modelo de convivencia en igualdad de derechos y obligaciones; solo de esta manera se puede garantizar la defensa de los derechos fundamentales para todos los trabajadores.
Quisiera hacer referencia a las manifestaciones hechas por el ministro de Trabajo e Inmigración en su reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados. En ella se comprometió a mejorar la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de inmigración. Habló del diálogo social junto a la concertación territorial para la gestión de la inmigración y el esfuerzo conjunto de todas las administraciones. Nos satisfizo oírlo, porque es con la suma de esfuerzos con la que se puede lograr una gestión eficaz. Pero también es necesaria, es precisa la voluntad de suplementar los medios cuando el incremento de inmigrantes cree nuevas necesidades sociales, y la solución no puede suponer una disminución de la atención social que venía prestándose a la población de acogida. Por ello, se exige aumentar las ayudas en aquellos aspectos que pueden favorecer la integración de estos inmigrantes, y deseamos que continúe la colaboración entre el Estado y las administraciones autonómicas y entre estas y las locales a través del Fondo de acogida para la inmigración, y que se contemplen asimismo las variaciones de población como consecuencia de la dirección de los flujos de población inmigrante, todo ello dentro del diálogo interterritorial y social y respetando las competencias de cada nivel administrativo.
Así pues, creemos necesario la constitución en el mínimo plazo posible de la Conferencia Sectorial de Inmigración, que permita la gestión de los recursos económicos del Fondo de acogida, que tan buen resultado ha dado, teniendo en cuenta las nuevas necesidades de las comunidades autónomas y los municipios tanto en lo que se refiere al crecimiento demográfico como a los cambios consecuencia de la aprobación reciente de los nuevos estatutos autonómicos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.
Señorías, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés nos parece absolutamente oportuna en tanto que los argumentos expuestos son razonables: la modificación de la situación de la inmigración en las diferentes comunidades autónomas y la posibilidad de participación del Gobierno de Cataluña, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en la fijación de los criterios para su determinación.
Ya en la tramitación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, nuestro grupo parlamentario incorporó mediante enmienda la creación del Consejo Superior de Políticas Migratorias. Este consejo superior, que nacía con la vocación de consensuar y dinamizar todas aquellas cuestiones que requería y marcaba la nueva ley, nunca ha tenido un carácter de impulso real; apenas unas pocas reuniones es la crónica de su historia. Tal era la parálisis del consejo superior, que en el año 2002 se creó la comisión mixta de las subcomisiones con la voluntad de convertirla en un encuentro bilateral que pudiera agilizar e incluir en la agenda política todas aquellas cuestiones que preocupan a los gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Pero, de nuevo, y a pesar del marco legal, hubo poca implicación por parte de los responsables institucionales.
Señorías, recuerden que la creación de la Conferencia Sectorial de Inmigración se acordó en la III Conferencia de Presidentes, celebrada el 11 de enero de 2007, acuerdo que comportó dicha aprobación en la sesión de 2 de marzo del mismo año del Consejo de Ministros. En dicho acuerdo se determinaba que se pondría en funcionamiento en el plazo de dos meses y que se abordarían con carácter prioritario las iniciativas y los compromisos en relación con las fórmulas de participación de las comunidades autónomas en la Agencia Estatal de Inmigración y Emigración, la participación autonómica en las delegaciones españolas ante la Unión Europea y los criterios de participación de las comunidades autónomas en la gestión y distribución del Fondo de integración.
En su primera comparecencia, efectivamente, el ministro Corbacho declaró que constituiría la Conferencia Sectorial de Inmigración, pero mucho tiempo después del plazo comprometido por parte del Gobierno, el mismo Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, plazo que, como antes he indicado, era de dos meses.
No obstante, insisto en que desde el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió consideramos acertada dicha petición, pero tímida en los propósitos de sus objetivos. Por todo ello, hemos presentado esta enmienda de adición en la que incorporamos tres cuestiones básicas para nuestro grupo parlamentario, por lo que proponemos iniciar el debate en esta conferencia, además de otras cuestiones, sobre las fórmulas de participación de las comunidades autónomas en la Agencia Estatal de Inmigración y Emigración, la participación autonómica en las delegaciones españolas ante la Unión Europea cuando traten de la inmigración y los criterios de participación de las comunidades autónomas en la gestión y distribución de los fondos de integración de la Unión Europea.
Nuestro grupo parlamentario no podría entender que cuestiones tan importantes como estas no se pusieran a debate desde el primer momento de la constitución de dicha conferencia sectorial. Por todo ello, pedimos que acepte esta enmienda de adición y se pueda aprobar la moción.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Hemos observado con atención que durante el debate de la interpelación de la que es origen esta moción el señor ministro de Trabajo e Inmigración insistió varias veces en lo relativo a la educación de los inmigrantes. Concretamente, decía: Hay que gobernar el fenómeno de la inmigración con la cohesión social, con la intermediación y también con la escuela.
Pues bien, compartiendo la filosofía tanto del debate de la interpelación como de la moción que ahora nos ocupa, nuestra enmienda añade algo que desde el punto de vista de Coalición Canaria es imprescindible y que afecta de manera particular a aquellos inmigrantes a los que obligatoriamente hay que proporcionarles una educación: a los menores inmigrantes no acompañados. Porque, además, los menores inmigrantes son los más débiles de ese colectivo, y al Estado que los acoge le corresponde no sólo educarlos sino también atenderlos, formarlos como personas, mantenerlos, en fin, dotarles de unas condiciones que les permitan un desarrollo y expectativas de futuro como a cualquier otro niño. Y ello no solo por sentido común, sino también en aplicación de los tratados y convenios internacionales sobre los derechos del niño que España ha firmado y ratificado.
En definitiva, señorías, con este añadido, con esta enmienda de adición proponemos que la Conferencia Sectorial de Inmigración no solo se ocupe de los repartos económicos del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes, sino también, en la línea propuesta en la moción, relativa al esfuerzo educativo de los inmigrantes, que se aborde la búsqueda de soluciones específicas para los menores inmigrantes no acompañados. Lo que propone Coalición Canaria no obedece solo a que Canarias sea el territorio donde en la actualidad tiene más incidencia el fenómeno de los menores inmigrantes, sino a que entendemos que este es un problema complejo que debemos resolver entre todos, y el marco adecuado puede ser precisamente la Conferencia Sectorial de Inmigración.
Es cierto que la tutela de esos menores es competencia de las comunidades autónomas, porque así lo dispone la Ley del menor de 1996, y así lo han asumido los propios estatutos de autonomía; pero también lo es que esos menores llegan a las comunidades autónomas, y a Canarias en particular, porque hay problemas en el control de fronteras, que es responsabilidad exclusiva del Estado.
Independientemente de lo anterior, lo realmente importante es que esos menores, esos niños, se eduquen, crezcan y se desarrollen en las mejores condiciones, y ello solo será posible si entre todos buscamos soluciones que eviten centros masificados y sin las condiciones necesarias, algo que estoy seguro ninguna otra comunidad podría afrontar por sí sola si se encontrara en la misma situación que Canarias.
Por ello, pedimos al grupo proponente que acepte esta enmienda y, consecuentemente, al resto de los grupos su apoyo a la moción resultante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para manifestar la posición sobre las dos enmiendas que se acaban de debatir tiene la palabra la senadora Burgués.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en cuanto a la enmienda de adición presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, quizá estaríamos de acuerdo con el último punto, que hace referencia a los criterios de participación de las comunidades autónomas en la gestión y distribución de los fondos de integración en la Unión Europea, punto que tiene que ver con la moción que hemos presentado, que es consecuencia de una interpelación concreta basada en una pregunta que le hicimos al señor ministro. Los otros dos puntos son mucho más complejos e implican la intervención de varios ministerios además del de Trabajo e Inmigración: los de Exteriores, Interior y Administraciones Públicas en el caso del primer punto, y también del Ministerio del Interior en el caso del segundo.
Por tanto, aunque es cierto que la participación de las comunidades autónomas es buena, lo que nosotros proponemos en esta moción es la creación de la conferencia sectorial para avanzar en el Fondo de acogida de los inmigrantes y que pueda proporcionar los recursos necesarios para que tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos puedan hacer frente a las necesidades creadas por la llegada de personas inmigrantes a sus municipios o comunidades. Por consiguiente, no podemos aceptar su enmienda.
Respecto de la enmienda de adición presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, estamos de acuerdo en la importancia de la atención a los menores no acompañados. Efectivamente, esa es una cuestión muy sensible en la que todos estamos de acuerdo, pero me parece que se aparta del contenido y objetivos de la moción, que son más de apoyo económico de acuerdos de distribución del Fondo de acogida de inmigrantes, como he dicho al hacer referencia a la enmienda del Grupo de Convergència i Unió. Y el problema que usted plantea: la atención de los menores no acompañados, que es muy importante, creo que requiere un tratamiento especial, no incluido en el Fondo.
Sabe usted que en el año 2006 en dicho Fondo de acogida ya se contemplaron unas cuantías económicas destinadas a la solución de los problemas de los menores no acompañados en Canarias, en sus ayuntamientos. Pero, como le he dicho, este es un asunto que merece una atención aparte porque es de vital importancia y no se trata solo del reparto de unos recursos económicos, como los del Fondo de atención a inmigrantes para su integración. Como he dicho, usted habla de una competencia de las comunidades autónomas, lo que no significa que no pueda tratarse en la conferencia sectorial, porque el punto número 5 de la definición de las conferencias sectoriales determina perfectamente que se podrán acordar la creación de comisiones y grupos de trabajo para la preparación, estudio y desarrollo de cuestiones concretas propias del ámbito material de cada una de ellas.
Pienso que el tema que usted ha presentado tiene la importancia necesaria como para ser tratado en un grupo específico de estudio y desarrollo de esa cuestión. Quizá por eso sería más adecuado hacerlo en otro momento, porque, como he dicho, ahora hablamos más de la respuesta de un fondo económico que de un estudio y una planificación de los recursos necesarios para la atención de la infancia en general.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, lamentamos la no aceptación de la enmienda, pero, a la vez, le agradecemos la intención de abordar de alguna manera la problemática de los menores no acompañados en el seno de esa conferencia sectorial.
En este turno de portavoces desde Coalición Canaria podemos decir que valoramos positivamente que la primera visita oficial del actual ministro de Trabajo e Inmigración haya sido a la comunidad canaria, la más afectada por el fenómeno de la inmigración, visita que se desarrolló la semana pasada en un ambiente de diálogo y de cooperación. No tenemos más que ver los titulares de los medios de comunicación. Por tanto, hemos percibido un cambio de actitud del Gobierno central, del ministerio, a diferencia de lo que sucedió en el pasado, a la hora de abordar conjuntamente con el Gobierno de Canarias el fenómeno de la inmigración. Ahora solo nos queda esperar que las soluciones a la inmigración y a la situación de los menores inmigrantes no acompañados se concreten de manera satisfactoria, no sólo para las administraciones implicadas, sino, lo que es más importante, para las propias personas afectadas, y en particular para los niños.
Y decimos esto porque hoy los titulares de la prensa de Canarias dicen: Canarias agota su presupuesto para los menores inmigrantes. El Gobierno de Canarias ha gastado en cinco meses 12 millones de euros para atenderlos. Señorías, tenemos ahora unos 1.200 menores inmigrantes
no acompañados que el Gobierno de Canarias atiende y educa en centros de acogida y hogares tutelados, en colaboración con organizaciones no gubernamentales. De esos 1.200 inmigrantes, aproximadamente el 60 por ciento son de origen subsahariano y el 40 por ciento de origen marroquí. Por cierto, no ha sido todavía ratificado por Marruecos el Acuerdo entre España y Marruecos para la atención y retorno de los menores inmigrantes no acompañados, que con tanta urgencia ratificamos en esta Cámara en noviembre del año pasado. Ya hemos tenido alguna otra iniciativa, porque dicho acuerdo se firmó en marzo de 2007, con una premura bastante importante al final de la legislatura anterior.
Además, el Gobierno de Canarias ha llegado a acuerdos con algunas ONG de la península para el traslado de esos menores, con tutela de la propia comunidad autónoma, a centros de esas organizaciones de diversas ciudades de la península. Ahora mismo hay 127, y se trata de descongestionar los centros del archipiélago y así mejorar las condiciones de los menores inmigrantes que queden en Canarias. La manutención, la educación, la formación, y las actividades de esos menores suponen un gasto de aproximadamente unos 80 euros por niño y día. Multipliquen sus señorías, y verán de qué cifra estamos hablando.
Por lo tanto, desde Coalición Canarias esperamos que se concreten las buenas palabras del señor ministro sobre este asunto que, además, fueron puestas de manifiesto el pasado 26 de mayo en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, en respuesta a mi compañera, la diputada Ana Oramas.
En definitiva, señorías, y para no reiterarnos más, esperamos que con esta iniciativa, que en todo caso Coalición Canaria va a apoyar, se llegue a puntos de encuentro comunes entre todas las administraciones: Estado, comunidades autónomas y entidades locales, de forma que podamos gobernar de la mejor manera posible el fenómeno de la inmigración y de los menores inmigrantes, con esa perspectiva de cohesión social y de integración que complemente las correspondientes políticas de cooperación con los países de origen y las necesarias políticas y medios de refuerzo para el control de las fronteras y asistencia a aquellos inmigrantes que arriesgan sus vidas en frágiles embarcaciones, con trayectos de cientos o miles de kilómetros con destino al archipiélago canario.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.
En coherencia con los principios y valores que defiende el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en cuestiones de política social, muy especialmente en relación con la dignidad y la solidaridad, mi grupo parlamentario entiende que a las personas inmigrantes no solo se las debe contemplar desde la dimensión laboral sino como ciudadanos y ciudadanas objeto de derechos y deberes: derecho a ser libre y a ser tratado en igualdad; derecho a elegir, a expresarse y a recibir asistencia sanitaria y social; derecho a recibir los bienes de la riqueza que colaboran a generar; y derecho a recibir la solidaridad de esta sociedad. Junto con todos estos derechos, deberán aceptar y asumir los deberes y los compromisos que esta sociedad entiende que van ligados: deber de respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas; deber de contribuir a los gastos comunes; y deber de aceptar y colaborar en el pluralismo social y cultural de nuestra sociedad.
En este sentido, las instituciones deben desarrollar acciones sociales, políticas y normativas dirigidas a facilitar la integración social del colectivo de personas inmigrantes como garantía de bienestar y convivencia. Ello incluye la regularización de la situación de los inmigrantes que tienen trabajo para frenar la dinámica cada vez más frecuente de dirigir a una parte de la población inmigrante hacia las ayudas sociales en las que se les mantiene en el mercado sumergido, sin control; una dinámica que además de irregular es injusta.
Por tanto, es preciso abordar y plantear todas aquellas cuestiones más allá de la dimensión laboral de la inmigración. La inmigración la componen personas, hombres y mujeres, sujetos de derechos y deberes, parte integrante y activa de nuestro país. El reto de la sociedad y de sus administraciones consiste, por tanto, en organizar la convivencia de tal forma que se respeten esos derechos, se acepten los deberes y se logre hacer una comunidad entre todos.
La tarea incumbe a las instituciones y al conjunto de la sociedad, a los individuos, a las familias, a la escuela, a los servicios sociales, al ámbito sanitario, al laboral, al cultural y al político. Para poder hablar de un Estado de bienestar el Gobierno tiene que impulsar los procesos y tomar la iniciativa orientada a garantizar que las personas que vayan estableciéndose entre nosotros lo hagan de manera que lleguemos a formar una comunidad que integre a todos sus componentes, velando porque no se inicien procesos de exclusión y marginación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos solicita que se impulsen acciones en el mínimo plazo posible, para que pueda constituirse -como dijo el señor ministro en el Pleno- la Conferencia Sectorial sobre Inmigración antes del verano, de manera que sea una referencia para la concertación y el acuerdo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de inmigración.
Estamos de acuerdo con la conferencia sectorial, en la que consideramos que, entre otras cuestiones, se debe abordar lo que acertadamente plantea la enmienda de Convergència i Unió, en el sentido de que las fórmulas de participación de las comunidades autónomas se debatan en la Agencia Estatal de Inmigración y Emigración, la participación autonómica en las delegaciones españolas ante la Unión Europea cuando traten de inmigración y los criterios de participación de las comunidades autónomas en la gestión y distribución de los fondos de integración de la Unión Europea.
Estamos de acuerdo en que se ponga en marcha esa conferencia sectorial, pero consideramos necesario que se precise más, puesto que de otra manera perdería sentido. Por ello, he de solicitar que se acepte la propuesta de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Candini.
La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.
Mi grupo parlamentario lamenta la no aceptación de la enmienda que hemos presentado.
Nos resulta un poco difícil pensar que realmente no haya habido posibilidad de transaccionar, dado que usted ha dicho que de los tres ejes básicos que planteábamos sólo estaba de acuerdo con uno. Desde mi punto de vista, si se hubiera trabajado un poco más, también hubiésemos podido llegar a un acuerdo sobre el segundo punto. Pero lo que es evidente es que en toda voluntad política, si se quiere llegar a un acuerdo, es necesario transaccionar, y eso es muy difícil si -en relación con el punto concreto en que usted y yo participaríamos- al inicio de este Pleno se nos dice directamente que no puede ser, no por razones jurídicas, sino por cuestiones puramente logísticas. Insisto: la Conferencia Sectorial de Inmigración, ya constituida desde marzo de 2007, arrastra un enorme retraso en la ejecución y el trabajo relativo a un tema tan importante como la inmigración. Por ello, considero que habría que haber aprovechado esta moción para incorporar otros elementos importantes, aparte de los que ustedes plantean, pues el déficit de trabajo de esta conferencia es enorme. No entendemos, insisto, cómo no ha habido más voluntad política en esta cuestión. Por tanto, esperamos que el ministro convoque la Conferencia Sectorial de Inmigración y empiece a trabajar de forma dinámica y ágil -más allá de lo que hoy se apruebe aquí-, y podamos avanzar así hacia adelante en las cuestiones más importantes, como los criterios de participación de las comunidades autónomas.
Nuestro partido se abstendrá en la votación de esta moción, pues entendemos que no se puede convocar la Conferencia Sectorial de Inmigración únicamente con este punto que ustedes defienden. Consideramos que ustedes están recorriendo un camino de dos velocidades y, a nuestro entender, esta doble velocidad otorga menor importancia a cuestiones tan importantes como las que ustedes plantean.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra la senadora Burgués.
El señor BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, agradezco el tono de todos los grupos que han intervenido, así como el de aquellos que han expresado su apoyo a la moción, pues otros todavía no se han manifestado. Estoy segura de que la experiencia de los senadores y las senadoras como responsables de comunidades autónomas o ayuntamientos -continúen o no con esta responsabilidad actualmente- les hará conocedores de la importancia que tiene este fondo de ayuda para la acogida de inmigrantes en su comunidad o en su ayuntamiento. Por eso, nuestro grupo solicita la constitución de la comisión sectorial lo más urgentemente posible para tratar este asunto.
Me gustaría decirle también al señor Belda que cuente con nosotros y con nuestro grupo para encontrar la mejor fórmula respecto a la atención de los menores no acogidos. Considero que esta moción no es la mejor oportunidad para tratar este importante asunto, pero sí celebro que el señor ministro haya demostrado su sensibilidad al respecto. Estoy convencida que de todo ello puede salir una solución beneficiosa para todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Abreu.
El señor ABREU EXPÓSITO: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Permítanme saludarles durante mi primera intervención en esta Cámara y agradecer al Grupo Parlamentario Socialista el hecho de ser portavoz en un asunto como la inmigración, que afecta a Canarias, y, sobre todo, en todo lo relacionado con los menores.
La desaparición de las fronteras interiores en la Unión Europea ha propiciado, en relación con la inmigración, que este fenómeno se solvente con políticas y actuaciones de los Estados miembros. En definitiva, la inmigración es un asunto que afecta a Europa.
Como señalan muchos estudios sobre el asunto, la inmigración es un fenómeno que está determinando el nacimiento de una nueva era en la medida en que modifica comportamientos de personas, grupos y formas de relacionarse. A pesar de ser una situación con profundas raíces históricas, en la actualidad se origina en países que disponen de abundantes recursos naturales, aunque carecen de políticas capaces de equilibrar su explotación y distribución.
Los recursos más valiosos de un país son sus personas, y en el caso de África y América, eso es lo que más pierden año tras año. Precisamente los más jóvenes entre sus habitantes, los más aptos, los más audaces son los que abandonan sus países hacia destinos ignotos. Algunas de estas regiones han visto aumentar de manera notable sus reservas en divisas, favorecidas por el alto nivel de los precios en las materias primas, aunque no por ello su deuda externa o las situaciones de pobreza se han aliviado.
Si me lo permiten, recordaré que especialmente Canarias, por ser en los últimos años el lugar elegido por las mafias como primer destino para acceder a la Unión Euro-
pea, es también la esperanza para muchos seres humanos. Nadie deja su familia, su casa y su país si no es por una verdadera necesidad. En Canarias se han escrito las páginas más hermosas en la búsqueda de una mejor calidad de vida del que emigra y también de sus familiares. ¡Qué satisfacción produce para un alcalde encontrar a un joven que se ha formado en su pueblo, en un centro de menores, que manifiesta que con su sueldo está manteniendo a veinte miembros de su familia en Mali.
Este hecho, unido a la principal incidencia que nuestras islas tienen en los menores inmigrantes, ha propiciado en los últimos años que España, y especialmente los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, tomara la iniciativa política para afrontar un fenómeno de tanta envergadura. Y he dicho bien: se ha tomado la iniciativa política, y no se ha hecho victimismo; una iniciativa política basada en la humanidad y en la solidaridad.
Luego, la situación descrita ha propiciado que España lidere hoy la política europea en materia de inmigración. En la cumbre europea celebrada en Hampton Court, José Luis Rodríguez Zapatero transmite la necesidad imperiosa, imprescindible y justa para la cooperación con el desarrollo de África. Como recordarán, en esa Cumbre de Presidentes de la Unión Europea, en la que se trató el fenómeno de la inmigración, la intervención del presidente del Gobierno propició importantes acuerdos bilaterales y globales, que sin duda marcaron el devenir de la política europea en la materia.
En este punto debemos recordar cómo se duplican los recursos de los Fondos Europeos de Vecindad y del Fondo Europeo de Desarrollo, recursos que, como todos y todas sabemos, tenían un doble objetivo: por un lado, controlar la inmigración ilegal y, por otro, contribuir al desarrollo de los países africanos, en especial del África subsahariana, en la línea expresada al comienzo de mi intervención. Solo ese es el camino, porque no hay barreras para el hambre y la miseria, y emigrar termina siendo la única esperanza para los seres humanos.
Pero no han sido solo políticas propiciadas por la Unión Europea. España ha realizado un notable esfuerzo en convenios con los países africanos generadores de la inmigración para contribuir a su desarrollo, hecho que ha propiciado, junto con otras actuaciones, que nuestro país esté liderando a los países con mayores recursos destinados a la ayuda al desarrollo. En consecuencia, con ellos iremos, dejando constancia una vez más de que hemos pasado de 7,6 millones de euros en 2004 a 200 millones en el año 2008 para el referido fondo, el cual ha sido valorado muy positivamente por las comunidades autónomas, así como por la FEMP, y que ha significado un notable instrumento de coordinación.
Para concluir, quisiera resaltar que, para gobernar un fenómeno como este al que nos estamos refiriendo, se necesitan normas precisas de la intermediación y la escuela y, por consiguiente, ayudas para que, allí donde la inmigración no es una estadística sino una realidad, es decir, en el barrio, en la escuela, en la ciudad, en la comunidad, haya concertación, cooperación y economía suficiente para reforzar el Estado del bienestar, la cohesión social, la intermediación y la educación. Ese es el proyecto que hay que desarrollar frente a la inmigración, desterrando su criminalización. Es el momento en que entre todos y todas hagamos una sociedad más justa, lo que solo es posible dando oportunidades a los que viven entre nosotros.
Por todo ello, los socialistas nos comprometimos electoralmente a profundizar en la cooperación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para el desarrollo de los objetivos y compromisos descritos anteriormente. En coherencia con ello, el señor ministro de Trabajo, en su comparecencia del 26 de mayo en el Congreso de los Diputados, se comprometió a mejorar la coordinación, constituyendo la concertación social sobre inmigración.
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.
El señor ABREU EXPÓSITO: Termino, señor presidente.
En la misma comparecencia señalaba que, junto al diálogo social, necesitamos concertación territorial, y el desarrollo del Estado autonómico y la gestión de la inmigración requieren un esfuerzo conjunto de las administraciones públicas. Por ello, desde el Estado se intensificará la cooperación con las comunidades autónomas para establecer procedimientos de control y gestión rápida y eficaz.
Al portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el senador Belda, le agradezco sus manifestaciones en cuanto a la presencia del ministro en Canarias. Pero, desde luego, hay que mejorar las políticas sociales en dicha comunidad, logrando acuerdos con los cabildos y los ayuntamientos, que a través de la Federación Canaria de Municipios estamos en disposición de llevar a cabo.
En consecuencia, y en coherencia con la propuesta realizada, apoyamos la moción presentada por el Grupo Entesa Catalana de Progrés.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Gonzálvez.
El señor GONZÁLVEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, subo a la tribuna en esta mi primera intervención en el Senado para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto de esta moción del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, con la que se pretende impulsar los trámites para crear la Conferencia Sectorial de Inmigración, consecuencia de una interpelación presentada en el último Pleno celebrado en esta Cámara.
A juicio del Grupo Parlamentario Popular, debatimos una moción bastante oportunista, porque en ella se pide que se cree la conferencia sectorial en el mínimo tiempo posible, cuando ese acuerdo ya se adoptó en el Consejo de Ministros el pasado día 2 de marzo, es decir, hace tres
meses. Por cierto, el señor Rodríguez Zapatero prometió, al finalizar la III Conferencia de Presidentes Autonómicos, el 11 de enero de 2007, que la pondría en marcha al cabo de dos meses, y han pasado ya dieciocho desde aquel acuerdo.
Asimismo, al Grupo Parlamentario Popular le sorprende que, tanto el señor ministro como el portavoz del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, aprovecharan esa interpelación para hablar de las bondades de las políticas de inmigración del Grupo Parlamentario Socialista, y ya de paso, dar leña a la política sobre inmigración de los gobiernos del Partido Popular.
Señorías, no es bueno hacer oposición a la oposición. El actual Gobierno es socialista y tiene su herencia de los últimos cuatro años; no es bueno obsesionarse con los años en los que gobernó el Partido Popular, aunque, por cierto, y apelando a su memoria histórica, le recuerdo que fue un gobierno del Partido Popular el que puso en marcha el Consejo Superior de la Inmigración.
Como he dicho, durante el debate de la interpelación se daban palmaditas en la espalda por las magníficas políticas puestas en marcha por los gobiernos socialistas en lugar de reconocer errores o anunciar alguna medida provechosa de futuro sobre la política de «papeles para todos» que hizo posible la entrada de más de dos millones y medio de inmigrantes irregulares en los cuatro últimos años, y es que, a pesar de tener el Estado competencia exclusiva en inmigración, como reconoció el señor ministro, dejan caer el peso del problema en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, que son los verdaderos sufridores. Pero el señor ministro no hace durante la interpelación ni un solo comentario sobre el salvaje aumento del desempleo de los inmigrantes, que es de un 67 por ciento en el último año; ni un solo comentario sobre el control de nuestras fronteras ni sobre las medidas que se van a poner en marcha para acabar con las mafias que trafican con seres humanos. Durante el último año han entrado por el litoral andaluz 1.078 inmigrantes, y la última noche entraron por las costas de Motril 68 inmigrantes, siendo seis de ellos bebés.
Señorías del Grupo Parlamentario de Entesa, con estas propuestas, que considero bastante oportunistas y en las que se plantean acuerdos sobre cuestiones ya aprobadas por el Consejo de Ministros, no se va a ningún sitio, pero, a pesar de ello, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la moción, porque en el fondo compartimos la preocupación sobre esa conferencia; porque entendemos que el Gobierno socialista tiene que ser transparente en cuanto a los datos sobre inmigración; porque entendemos que es necesario implicar en esa conferencia sectorial a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias; porque es necesario dotar al fondo de capacidad financiera suficiente, lo cual también supone consensuar con las autonomías y con la federación de municipios los criterios de distribución.
Conviene hacer memoria y recordar que ha sido bajo el mandato del Ejecutivo socialista cuando ha tenido lugar la explosión de la inmigración como fenómeno de masas, sobre todo tras la regularización masiva y esa política de «papeles para todos», una regularización que nos valió una severa reprimenda internacional por sus consecuencias sobre nuestros socios de la Unión Europea.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que las consecuencias de la inmigración ilegal son penosas. La inmigración ilegal no es un problema, es un drama. Son centenares de personas las que mueren intentando alcanzar nuestras costas o las que sufren la extorsión y el chantaje de mafias infames y esas tantas y tantas personas con ojos y cara que demandan servicios públicos en las plazas, en las calles, en las escaleras de nuestros pueblos y ciudades. Y da igual como se llame, señoría; da igual que se llame consejo o conferencia. Lo cierto es que se necesitan más recursos, más dinero y, fundamentalmente, un cambio de actitud del Gobierno, del Ejecutivo actual, para solucionar el problema de la inmigración, con seriedad y sin demagogia. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos son los auténticos paganos; son los que tienen en la puerta a los inmigrantes; son los que tienen que sufragar su educación, su sanidad, sus servicios sociales, su vivienda.
En definitiva, hace falta un consenso general de todas las fuerzas políticas para tratar la cuestión de la inmigración con más humanidad; pero el Gobierno tiene que tener claro que ha de mostrar más firmeza para evitar que España siga siendo el coladero de Europa.
Mi grupo parlamentario tiene dudas razonables sobre si el Gobierno socialista es la solución a este problema o es parte de él...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.
El señor GONZÁLVEZ GARCÍA: Finalizo, señor presidente.
No obstante, deseo transmitirles que si el Gobierno hace las cosas bien y actúa en la dirección correcta, podrá contar con el Partido Popular por una España de ciudadanos libres e iguales.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación que acabamos de debatir, sin la incorporación de ninguna de las enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, 245; en contra, dos; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO QUE PER-
MITA HACER FRENTE AL INCREMENTO DE LA TASA DE DESEMPLEO (S. 671/000002).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a debatir la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la elaboración de un plan integral de políticas activas de empleo que permita hacer frente al incremento de la tasa de desempleo.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Sánchez- Camacho. (Rumores.)
Señorías, silencio, por favor.
Puede comenzar.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, el Grupo Parlamentario Popular comparece para defender esta moción, resultado de la interpelación que se presentó al ministro de Trabajo en la anterior sesión.
Nuestro grupo parlamentario dijo que iba a presentar un paquete sustancial de medidas en el que debía ponerse freno al aumento progresivo de la tasa de desempleo. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera que este Gobierno no está tomando las medidas oportunas para luchar contra el aumento progresivo del desempleo. Los datos del mes de mayo van en la línea de incorporar muchos más ciudadanos a las listas del desempleo. Por tanto, como partido de Gobierno que hemos sido y que queremos volver a ser, creemos que es nuestra obligación aportar un conjunto de medidas importante y sustancial para luchar contra el progresivo incremento de la tasa de desempleo. Estas son las medidas.
Se presenta un plan integral de políticas activas de empleo. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.
Ruego silencio, por favor. Es imposible oír a la senadora que está en el uso de la palabra.
Ruego a quien no quiera escuchar que salga del hemiciclo o guarde silencio.
Tiene la palabra, señoría.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Seguro que esta moción tiene importancia e interés para todos mis compañeros senadores, pero le agradezco su colaboración.
Decía que este plan integral va destinado fundamentalmente a la creación de más y mejor empleo, de empleo de calidad y, sobre todo, a luchar contra ese incremento progresivo de la tasa de desempleo. Este plan debe contener las siguientes medidas.
En primer lugar, la mejora de los salarios y de las condiciones laborales, atendiendo a la especial formación de los trabajadores durante su vida laboral y profesional. Debo recordar que el ministro no presentó ni una sola medida, excepto la correspondiente a los orientadores profesionales, absolutamente insuficiente para nuestro grupo parlamentario.
Debe mejorarse la calidad de la gestión profesional, tanto la ocupacional como la continua. Además, debemos prestar especial interés a los colectivos más desfavorecidos en el mercado de trabajo. Por eso establecemos nuevas bonificaciones fiscales a la contratación de estos colectivos, como se hizo en años anteriores.
Consideramos que se debe seguir trabajando implementando las políticas necesarias para la conciliación de la vida laboral y personal, la estabilidad y la seguridad en el trabajo. Además, presentamos también como medida concreta sustituir, en el caso de los trabajadores asalariados y autónomos, la deducción recientemente aprobada de 400 euros en la cuota del IRPF por una deducción equivalente de la parte correspondiente al trabajador de las cotizaciones sociales. Dicha deducción sería aportada directamente por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Creemos fundamental incentivar la contratación indefinida. Señorías, ese es uno de los pocos datos que el ministro pudo aportar como buenos en una tasa que, además, deja mucho que desear porque debería ser mucho mejor.
Creemos que se debe simplificar el actual conjunto de contratos y, por tanto, reducir esa burocracia en la contratación e implementar nuevas bonificaciones en la cotización de la contratación indefinida.
Creemos que se debe luchar de una forma directa contra el desempleo juvenil, ya que una de las tasas más preocupantes para España y para la Unión Europea es el desempleo juvenil y el desempleo femenino de España. Por eso se deben elaborar más programas dirigidos a facilitar a los jóvenes el inicio de la vida laboral.
Señorías, incluimos en esta moción dos conceptos que consideramos muy importante que se implementen y sobre todo que se les dé mayor impulso. Uno de ellos es la fórmula del teletrabajo, que puede permitir mejores fórmulas para conciliar la vida laboral y familiar, combinando ese trabajo presencial con la implantación en las empresas. El otro es el de la flexiseguridad, que también se refiere a fórmulas de trabajo más flexibles que permitan una vida laboral más segura. Además, también se debe tratar el empleo de los mayores, por eso recogemos una medida en la que se establece en la que se pueda compatibilizar la actividad laboral remunerada a tiempo completo con el cobro de una parte de la pensión y, además, bonificarse las cuotas de la Seguridad Social a cargo de las empresas para los trabajadores con más de 55 años.
Hay una última medida fundamental: la colaboración y una mejor coordinación público-privada de los servicios estatales y autonómicos de empleo en las tareas de recolocación o de búsqueda de empleo.
Señorías, la intermediación laboral es ahora uno de nuestros grandes retos: recolocar a miles de personas que se encuentran engrosando las tasas de desempleo. Existen actualmente 2.350.000 ciudadanos españoles que necesitan mejores servicios de intermediación y de recolocación,
pero, sobre todo, señorías, se necesita un gobierno que dé respuesta a sus problemas. Como no lo ha hecho, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado un programa integral que esperamos que esta Cámara pueda aprobar hoy y que, además, sea recogido e impulsado en este caso por el Gobierno, ya que es de obligado cumplimiento.
Muchas gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda que pretende fundamentalmente lo siguiente: alcanzar un consenso en el Pleno de la Cámara para pedir al Gobierno que intente, a su vez, concertar con los agentes sociales una serie de medidas que ayuden a resolver la nueva situación, llámenla de desaceleración rápida o de crisis.
En la última moción del Grupo Parlamentario Popular, también se abordaban asuntos relacionados con la política laboral, y mi grupo parlamentario ya consideró entonces la importancia de un consenso entre todas las partes: los agentes sociales, el Gobierno y, por supuesto, el Congreso de los Diputados y el Senado. Porque, a diferencia de las anteriore -si me permiten-, ni el Grupo Parlamentario Popular en sus ocho años de Gobierno ni el Gobierno del presidente don José Luis Rodríguez Zapatero, han gestionado una crisis económica como la anterior. La última desacelaración o crisis se produjo en los años noventa, y se solucionó, como siempre, con el método tradicional de devaluar, algo que actualmente no es posible. Nuestra economía sufre un gravísimo problema de balanza comercial deficitaria, lo que significa que no somos competitivos y, por tanto, que no vamos a crear empleo sino a destruirlo.
Por consiguiente, como no se pueden utilizar las fórmulas tradicionales para resolver estas situaciones, habrá que ser imaginativos, habrá que buscar concertación, y habrá que buscar un acuerdo socialmente muy amplio, porque, insisto, la situación es distinta, la crisis o desaceleración tiene unos inputs radicalmente distintos de los que hasta ahora han sido tradicionales. La economía se mueve hoy por otros parámetros, lo que incide en la situación actual española; en muchos casos no depende ni de la economía española, aunque sí se pueden tomar medidas para amortiguarla
Por ello, insisto, nos encontramos ante una nueva situación, las medidas deben ser distintas de las que tradicionalmente se tomaban y, sobre todo, existe un gravísimo problema de falta de competitividad, que es objetivo, lo marca la balanza comercial, y ante esto no hay discusión posible. La realidad es la que es. Y España debe optar por intentar seguir siendo un país industrialmente solvente o pasar a ser un país de segunda división -no es la primera vez que utilizo esta expresión desde la tribuna-, y para eso requerirá un esfuerzo de imaginación y de consenso de todos.
Señorías, nuestra enmienda pretende que en el Senado se establezca el primer consenso, -si es posible también en el Congreso de los Diputados-, que sirva de ejemplo, con unos criterios que modestamente aportamos para que los agentes sociales tomen buena nota de que la situación es francamente distinta y de que no podemos perder mucho tiempo, porque la economía va muy acelerada y los cambios se producen todos los días. No hace falta que se lo diga: lean la prensa económica a diario, y se darán cuenta.
Por tanto, nuestro modesto intento con esta enmienda es colocar el primer cimiento para alcanzar el consenso en esta Cámara. Sus señorías nos dirán si es posible, y si no es así, votaremos en función de lo que el grupo parlamentario proponente manifieste.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Con la venia, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha planteado una enmienda de sustitución porque la moción del Grupo Popular no es aceptable, y no lo es, en primer lugar, porque el Grupo Popular nos trae al Senado una iniciativa similar a la que llegó al Congreso de los Diputados, fruto también de una interpelación urgente al Gobierno. Aunque en el Congreso era de empleo, nos expuso en casi 20 páginas el programa electoral en materia económica y el programa laboral. En la moción que nos trae no aporta las páginas del programa electoral en materia económica, pero sí nos trae una moción con su programa electoral en materia laboral.
Pues bien, a nosotros nos parece que así no se debe actuar en el Senado, y si esa va a ser la pauta del Partido Popular durante toda la legislatura, me parece que va a desacreditar la función y el trabajo de esta Cámara.
En segundo lugar, la moción no es aceptable porque sus propuestas, salvo algunas que son concretas, como la que la senadora ha citado de la jubilación, esto es, que se trabaje y se cobre la jubilación, o como alguna otra que podré citar, como digo, sus propuestas son muchas veces enunciativas y genéricas. Bueno, verán, sólo hay una cosa que no es enunciativa y genérica. Nos ha presentado una memoria económica de 500.000 millones de euros; y hemos preguntado: ¿oiga, sobra algún cero, verdad? Y nos han dicho que no; 500.000 millones de euros.
Es una moción que no sigue la tónica de sus mociones en las comunidades donde gobiernan, que siempre nos hacen un planteamiento de: nosotros vamos a seguir haciendo, nosotros continuamos con nuestra labor. Bueno, pues es como si todo fuera borrón y cuenta nueva; por ejemplo, déjenme seguir una de sus propuestas, la que hacen para el empleo de los mayores. ¿Es que se olvida, señora senadora, de la Ley 43 de 2006 para la mejora del crecimiento y del empleo, que recoge medidas para los
mayores de 55 años? ¿Es que se olvida usted de las bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 100 euros mes por cada contrato indefinido y mientras dure el contrato indefinido? ¿Es que se olvida usted de la bonificación del 50 por ciento de la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes en los contratos de trabajo indefinidos para mayores de 60 años? ¿Que aprobados los presupuestos de 2008 en una disposición adicional, la vigésimo segunda, se acorta a 59 años? ¿Es que se olvida usted del Pacto de Toledo, senadora, donde se dice que en el seno del Pacto de Toledo se trabaje sobre compatibilizar la jubilación, el cobro de una pensión, con algunos trabajos por cuenta ajena o de actividades profesionales de autónomos? ¿ Y por qué está esto, señora senadora? Porque pertenece a un régimen distinto cuya cotización es menor y se quiere estudiar, pero usted lo plantea para el Régimen General de la Seguridad Social: trabajar y cobrar pensión. No creo que sea ir en buena dirección.
Mire, la prueba de lo que se ha hecho en el pacto y en el diálogo social en la anterior legislatura y ratificado en estas Cámaras es que, según el Consejo Económico y Social, que acaba de presentar la memoria de 2007, hemos conseguido que las jubilaciones anticipadas hayan descendido, aunque sea ligeramente en un 2,3 en relación con 2006 por primera vez en muchísimos años; hemos conseguido que la movilidad de jubilación a tiempo parcial siga creciendo y hemos conseguido que aumenten en la Seguridad Social los afiliados mayores de 65 años. Todo ello tiene que ver con las medidas que están en marcha. ¿Que pueden ser necesarias otras? Que se sigan desarrollando y planteando en el sitio donde hasta ahora lo han hecho bien.
Por último, no podemos aprobar su propuesta porque no tienen en cuenta ni la mesa de diálogo social, ni la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales para, con las comunidades autónomas y los gobiernos autonómicos, resolver y pactar de forma homogénea criterios a seguir, ni las recomendaciones del Pacto de Toledo, ni las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del 18 de abril de este año. Señoría, perdóneme, pero es que ustedes quieren hacer invisible este compromiso del Gobierno, y no se lo podemos permitir, ni desde luego todo lo que se ha aprobado en la anterior legislatura.
Por eso, nuestra propuesta, senadora, es una enmienda de sustitución -que, por supuesto, tiene como marco el programa electoral, porque para eso los ciudadanos han dicho que gobernemos- que plantea claramente el objetivo de seguir creando empleo en cantidad, pero también el de asumir el compromiso de la OIT de crear empleo decente, que es crear empleo de calidad, y decimos dónde se tiene que hacer, con los interlocutores sociales, no tenemos que tutelarlos..
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Concluyo, señor presidente.
No tenemos que tutelarlos porque ellos han sabido hacerlo bien y con mucha responsabilidad. No podemos permitir que se entierren unas medidas que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y se está poniendo en marcha, y, desde luego, queremos que estén las comunidades autónomas porque son ellas las que gestionan buena parte de estas políticas.
Luego le contestaré en la réplica, pero déjeme decirle una cosa, señoría, con el permiso del presidente: Este planeta necesita que el señor Bush se vaya del Gobierno de los Estados Unidos (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), y con eso conseguiremos tener un liderazgo positivo que encauce el rumbo de la economía del planeta. ¡Claro que van a ser muy importantes las elecciones autonómicas!
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Y necesitamos también un Partido Popular que resuelva su congreso y que consiga... (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, gracias.
Para manifestar la posición sobre las enmiendas que acabamos de debatir, tiene la palabra la senadora Sánchez-Camacho.
Señorías, ruego silencio, por favor.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, señoría, con el mayor de los respetos le diré que yo no sé quién desacredita a esta Cámara, si nosotros en nuestra intervención o usted en sus últimas palabras. Piénselo y reflexione sobre eso, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Señoría, dice usted que presenta una enmienda de sustitución porque este grupo parlamentario ha presentado una moción similar a la del Congreso de los Diputados. Pues bien, señora senadora, el Partido Popular, a diferencia del Partido Socialista, hace y dice, propone y ejecuta en gobiernos lo mismo en todas partes, (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) a diferencia de ustedes que no tienen el concepto ni de nación en todas partes y que no hacen ni dicen ni ejecutan lo mismo en todas partes de España. Y se lo vuelvo a decir con mucho orgullo: Este grupo parlamentario va a presentar siempre lo que dice su programa electoral y siempre de manera conjunta y coordinada en cada una de las partes en las que estemos gobernando o en oposición, a diferencia de ustedes, señoría; esa es la diferencia entre unos y otros, señora senadora.
Señora senadora, respecto a esta iniciativa, primero dice que el Real Decreto del 18 de abril se quiere hacer un compromiso invisible. ¿No será que es un compromiso o una realidad invisible? Porque esos 270 millones en los que sólo se refieren a propuestas para orientadores profesionales son invisibles para luchar contra el incremento del desempleo en España. Esa es la causa, señorías, por la
que presentamos un plan integral de políticas de empleo, es decir, porque sus medidas han sido absolutamente invisibles para los ciudadanos españoles, señora senadora.
Pero, además, si a ustedes no les gustan algunas de las medidas, lo celebramos porque es nuestro programa electoral, no el suyo. Y le debo dar algunos datos, señora senadora. Con los programas electorales en políticas de empleo del Partido Popular, las tasas de desempleo se redujeron en más de diez puntos. Ustedes no han podido reducirlas, en dos años, en más de dos puntos. Con lo cual, en políticas de empleo, desde luego, el Partido Popular tiene muchísimo más crédito que el que puedan tener ustedes.
Y, señorías, sólo quería decirles que para nosotros es más importante resolver los problemas que llegar a confrontaciones en esta Cámara.
Por tanto, señor senador del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, le agradezco su intervención, así como su valoración respecto de que estos acuerdos tienen que ser amplios. Nosotros creemos que estos acuerdos tienen que ser amplios y que este es un primer paso. Y, como decía el senador Casas, creemos que esto es una primera piedra y, desde luego, es un primer paso fundamental e importantísimo llegar a este acuerdo, a este plan integral para luchar contra el incremento progresivo del desempleo. Si los senadores, y en este caso la senadora socialista, quiere enredarse en las palabras, en la política internacional -que además se ha enredado muy mal-, le dejamos esa variante, esa opción para ellos. Para nosotros están los resultados que son el plan integral. Esperemos que en esta Cámara puedan aprobar una transaccional todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, pasamos al turno de portavoces.
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas gracias, señor presidente.
En el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, como siempre, estamos muy preocupados por todo lo que pasa en este país, pero sobre todo por lo que les pasa a los ciudadanos y más concretamente a los trabajadores.
Ante la situación laboral que se está dando, he de decir que puede que ésta sea también una crisis de nuestro modelo económico. Hay que cambiar el modelo de desarrollo económico porque, si no, volveremos a un modelo especulador que ya nos está generando situaciones no deseadas. Pensamos que existe la lógica competencial que a la hora de delinear las políticas y de implementarlas debe ser tenida en cuenta en todo momento, pues el ámbito competencial debe ser respetado con mayor rigor. Exigimos que se expliquen las competencias y también pensamos que se deben dar tanto medidas inmediatas como medidas de alcance estructural.
Para ello, pensamos que hay que intensificar el incremento de la tasa de actividad y estimular la actividad económica dirigida a la creación de empleo a través, entre otras cosas, de las siguientes medidas de actuación económica. En el ámbito del gasto público, mediante reducciones que posibiliten la reorientación de los instrumentos fiscales hacia una política dirigida al crecimiento. También debe haber una política antiinflacionaria y de rentas que posibilite el incremento de capital físico a través de la inversión y de capital humano a través de la formación. Una reforma profunda de los programas de la formación profesional reglada y ocupacional que evite la lamentable falta de sintonía entre los requerimientos del mercado de trabajo y la en ocasiones periclitada formación con la que se proveen los planes de estudio: comercialización de la formación, formación pactada con los empresarios de la zona, etcétera.
En estos momentos en que adquiere tanta importancia la innovación, como hemos comentado en otras ocasiones, se están dando incoherencias tales como que cuando hablamos de innovación parece que las inversiones se tienen que dar en el ámbito técnico o de nuevas tecnologías, una grave incoherencia, pues la máquina más creativa, la más importante que en estos momentos la sociedad tiene es la mente humana, a la cual no se le da la importancia que debería tener. Nada hacemos con grandes tecnologías si el capital humano no está formado, no se recicla, no se forma. No podemos estar pensando solamente en los jóvenes universitarios. Debemos dar herramientas a todos los trabajadores para que en su día a día puedan tener la oportunidad de innovar, de crear y de generar riqueza, y es que todo el mundo puede producir pero no todo el mundo puede dar ese valor añadido. La formación continua debe ser articulada en las comunidades autónomas, donde se logren acuerdos como los previstos en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, formalizados por los representantes de empresarios y trabajadores.
Como decíamos, para estimular la actividad económica hay que hacer una regulación y un control de la economía sumergida. Se tiene que dar una orientación del crecimiento económico en el orden industrial, en el desarrollo tecnológico y racional. Asimismo, se tiene que dar una promoción pública con la debida atención presupuestaria de la incorporación a nuestras empresas de las nuevas tecnologías, así como de los niveles más avanzados de investigación e incremento de los planes de I+D. Hay que tomar también medidas de concertación social que permitan pactar el razonable incremento de los costes laborales y con ello hacer remitir los efectos inflacionarios del denominado shock salarial. Debemos mantener también el impulso del consumo privado y de la inversión adecuando racionalmente la estructura del mercado bursátil.
Debemos proveer de ayudas al fortalecimiento de las pymes desde las perspectivas financieras de articulación, de sistemas de garantía, de mejora de los sistemas de gestión e información empresarial, de adecuación tecnológica y de penetración en los nuevos mercados. Se debe dar
una incorporación de nuevas figuras satisfactoriamente ensayadas en otros países, como la de los agentes comunitarios de desarrollo, posibilidad de desconcentración de funciones públicas de la Administración en empresas nuevas creadas por jóvenes o por desempleados de larga duración, etcétera.
Como ustedes bien saben, sin realizar un diagnóstico profundo, sin consensuar medidas, sin evaluar su impacto y costos económicos, no es posible plantear nada en serio. La economía es lo suficientemente seria y el momento en el que nos encontramos lo suficientemente delicado como para no frivolizar presentando un conjunto de supuestas medidas sin más. Es muy importante la necesidad de abordar en profundidad la cuestión económica, la necesidad de elaborar un diagnóstico compartido y la de consensuar las medidas más eficaces y eficientes. La cuestión, pues, no consiste en aplicar sin más la retahíla de medidas que nos proponen.
Por todo ello y por mucho más, nosotros, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, no compartimos en absoluto su idea de «recentralización» y repliegue competencial. Apostamos por el pleno desarrollo estatutario y poder así ejercer desde el ámbito autonómico el conjunto de competencias que nos corresponden según nuestro estatuto de autonomía. Hay que cumplir con la primera descentralización antes de adentrarnos en la segunda que ustedes plantean, con el fin de...
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, le ruego concluya.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKALARREGORRA: ... el ámbito de la política autonómica.
Por ello, hoy no podemos apoyar esta moción, la vamos a votar en contra, pese a haber suscrito por cortesía parlamentaria y haber permitido la tramitación de una enmienda transaccional. Pero reitero asimismo la voluntad de nuestro grupo parlamentario de participar y trabajar en la búsqueda de un consenso, de un diagnóstico y de unas políticas económicas que la actual coyuntura y situación económica requieren.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
En algún momento de la tarde he tenido la impresión de estar en un debate de hace 15 años, no de 2008, porque -repetiré lo que he dicho en la defensa de mi enmienda- estamos ante una situación nueva, que no tiene nada que ver con las crisis que hemos vivido durante los últimos 30 ó 40 años, nada que ver, con una diferencia a nuestro favor: es verdad que en el Estado español desde que entramos en el euro, gracias a una política de contención del gasto público que empezó el ministro Solbes al final y siguió el ministro Rato durante su mandato, y gracias también a los fondos de cohesión, conseguimos que nuestros sectores industriales y productivos alcanzaran un primer nivel; ahora contamos en nuestro país con un sector financiero potente, con empresas punteras y con una multiplicidad de pequeñas y medianas empresas que es donde tenemos el problema. Y resulta que ante una situación económica compleja, en la que no tenemos los instrumentos que teníamos hace unos años para resolverla -porque ni tenemos la política monetaria, y por lo tanto no se puede volver a ser competitivos devaluando, ni podemos tocar los tipos de interés y estamos con inflación y además con caída del consumo, lo cual es una situación compleja y no tenemos los mecanismos tradicionales para resolverla-, aquí asistimos a un debate donde Gobierno y oposición andan con un rifirrafe de si Bush o no Bush. Es verdad -estoy convencido de ello- que cuando haya un cambio en Estados Unidos las cosas pueden mejorar, pero la situación interna de nuestra economía no la va a resolver ni Estados Unidos ni la Unión Europea, la tiene que resolver España. A ver si entendemos que nosotros tenemos que intentar ser imaginativos y dar soluciones a un problema que es complejo.
Insisto, hay un gran problema de falta de competitividad, enorme, porque incluso con índices al consumo a la baja sigue aumentando el déficit comercial; nuestras empresas no son competitivas y por lo tanto no podemos generar empleo en el sector industrial. Esto es una ecuación, es la realidad y algo habrá que hacer. Por tanto, habrá que estudiar qué es lo que dice el acuerdo al que hemos llegado con el Grupo Parlamentario Popular, habrá que estudiar en qué sectores se puede generar demanda de empleo haciendo formación, porque por más que se hable de invertir en I+D, si no hay formación adecuada para los trabajadores no va a haber creación de puestos de trabajo puesto que no podemos competir con mano de obra, hay que competir con industrias de valor añadido, y esto significa que el personal debe estar altamente cualificado. Hay que identificar dónde hay que hacer formación y hacerla, y no se está haciendo. Esta cuestión es urgente.
Igual sucede con la inserción de la gente joven al mercado laboral. ¿Están ustedes convencidos de que los alumnos que salen de la universidad y de la formación profesional salen en las condiciones adecuadas que requieren los sectores que necesitan valor añadido? Cada uno que se responda a sí mismo, pero yo tengo mis dudas.
Todas estas políticas hay que abordarlas detalladamente y con mucho diálogo y consenso porque son las que pueden evitar una crisis, que no desaceleración, de importante volumen. Las cifras son las que son y no se pueden manipular.
A mi grupo parlamentario le gustaría que en esta cuestión delicada en la que nos jugamos el puesto de trabajo de mucha gente y, sobre todo, el bienestar y que España siga siendo un país de elite mundial -estamos en el primer mundo y somos de los países punteros, pero estamos a punto de bajar escalones-, hubiera una actitud a priori por parte de todos los grupos parlamentarios de intentar dar ejemplo desde la política. Debemos ser conscientes de que va a hacer falta mucho esfuerzo e imaginación, y sin
la aportación de todos es imposible. Nadie tiene la solución mágica, nadie, y o bien España toma las medidas que desde su poder político puede tomar para resolver la situación o vamos a acabar mal. Nos equivocaremos si esperamos a que se solucione todo porque pierda Bush o porque intervenga la Unión Europea.
Por eso insisto en la necesidad de dejar de debatir con parámetros de hace 15 años y hacerlo viendo la realidad y el futuro que se nos viene encima. Señorías, si en un tema como este somos incapaces de llegar al más mínimo consenso, la crisis va a ser enorme. Por tanto, pido un esfuerzo por parte de los dos grandes partidos mayoritarios para que en este tipo de cuestiones se tenga un criterio de Estado.
Las cosas son complejas y van a serlo mucho más. Espero en septiembre poder desdecirme de las palabras que ahora estoy pronunciando, pero la situación puede ser muy grave si no empezamos dando ejemplo desde aquí. Por lo tanto, mi grupo parlamentario hoy hace un esfuerzo para lograr este consenso, que hemos conseguido con el grupo proponente y que lamentamos no haber alcanzado con los demás grupos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Burgués.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.
La moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular recoge una serie de medidas con las que mayoritariamente estamos de acuerdo, aunque no creemos que la forma en que han sido presentadas sea la mejor fórmula posible para realizarlas.
El Gobierno necesita del concierto de los agentes sociales, así como de la coordinación y acuerdo con las comunidades autónomas competentes en la ejecución de políticas activas de empleo. Creo que deberíamos pedir o instar al Gobierno que establezca el diálogo social cuanto antes y acuerde con las comunidades autónomas, sindicatos y empresarios las mejores medidas que dentro del consenso ellos mismos establezcan para superar la actual situación económica y el creciente desempleo.
Siguiendo los puntos que presenta la moción, quiero comentar que las políticas activas de empleo son de competencia autonómica. Creo conocer bien el Estatuto de Cataluña, que en su artículo 170 reconoce la competencia ejecutiva de la Generalitat en materia de políticas activas de empleo, así como la formación; por tanto, no podemos olvidarlo.
Otras medidas que propone la moción ya fueron iniciadas en la anterior legislatura -por cierto, con cierto éxito- por lo que será preciso continuar en la línea iniciada, y me refiero a las medidas para el crecimiento y mejora del empleo que consiguieron aumentar la contratación indefinida y reducir la temporalidad.
Por otro lado, cabe decir que la igualdad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal no son políticas activas de empleo, sino fundamento de las políticas de trabajo para aumentar la calidad del mercado laboral y de mejora de la vida de las personas y competitividad de las empresas. Conoce usted bien la ley catalana que legisla en este sentido, la Ley 8/2006, de 5 de julio, sobre medidas de conciliación laboral y familiar, y no podemos olvidarlo ni dejar de mencionarlo aquí.
Los puntos que hacen referencia a la contratación indefinida, la mejora del trabajo de los jóvenes, las fórmulas con horarios flexibles y el teletrabajo son extremos que han de llevarse al ámbito de la negociación colectiva, y el Estado ha de velar por la autonomía de la negociación colectiva de las partes implicadas.
Asimismo quiero señalar que, en cuanto al teletrabajo, tiene que ser una modalidad de trabajo tanto para mujeres como para hombres. No estamos de acuerdo en que sea una fórmula únicamente para las mujeres, porque la igualdad significa compartir también las cargas familiares. No estamos de acuerdo en establecer el teletrabajo como una fórmula para las mujeres, sino como una opción para aquellos hombres o mujeres que así lo prefieran o mejor les convenga, que sea una elección y no una imposición.
Por todo ello, por la invasión en las competencias autonómicas y por otros puntos que he mencionado, no podemos aceptar su propuesta y rechazamos la moción presentada.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Gracias, señor presidente.
No sé por qué les ha parecido tan mal lo de Bush. Lo dicen los economistas de todas las universidades del mundo: se necesitan elecciones en Estados Unidos y se van a reconducir muchísimos aspectos económicos e inseguridades por esa estabilidad. El hecho de que yo les convoque, con cariño y con afecto, para que después del congreso se reconduzca un liderazgo positivo en el Partido Popular, si lo digo es porque les necesitamos, porque es bueno para este país que ustedes no estén todos los días ocupando páginas en el periódico con problemas, sino con propuestas lo más cercanas a la realidad. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Pues bien, señorías, nuestra economía ha seguido creciendo por encima de la medida de los veintisiete países de la Unión Europea, aunque en este último año sólo lo ha hecho nueve décimas; poco, pero estamos por encima de la media de la Unión Europea. En este momento, Europa tiene miedo de cumplir sus objetivos de creación de empleo, tasa total, tasa femenina y tasa de mayores de 55 años e incluso, fíjense, señorías, con lo que nos hemos despertado hoy, con que se ha aprobado una directiva de hace cuatro años que estaba guardada en un cajón, con una mayoría de gobiernos planteando la jornada de 65 horas.
Si ustedes estuviesen gobernando, ¿qué hubieran votado? En vez de estar avanzando en derechos, ministros europeos están propugnando que nos vayamos a los planteamientos laborales de países como China. Un error clarísimo.
Mantenemos por tercer año un superávit en las cuentas públicas: 1,3 del producto interior bruto. Nuestro sistema financiero es profundamente sólido; estamos teniendo también indicadores muy positivos en el empleo. Evidentemente, está creciendo el desempleo, pero es muy importante que pongamos en valor en esta Cámara, entre todos, cómo crece el empleo indefinido. Esto es muy importante: cómo desciende el empleo temporal, por primera vez desde el año 1993. Y esto creo que se debe al diálogo social. Estamos desarrollando políticas keynesianas, con los derechos de servicios sociales en la atención a las personas dependientes y con lo que estoy segura que va a venir próximamente a esta Cámara, que es la propuesta de la red de seis meses a tres años, que va a ser otra política keynesiana generadora de empleo. Les recuerdo que esos números están hechos, por los sindicatos y por los partidos, y todos coincidimos en que un buen desarrollo de la Ley de la Dependencia va a poner en este país, en el sector de servicios sociales, 300.000 empleos más, y el desarrollo de la red cero-tres años va a suponer 225.000 ó 250.000 empleos más. Seguimos ocupando el número 13 en los índices de desarrollo humano de Naciones Unidas.
Todo esto son indicadores positivos que yo quiero que ustedes vean y reconozcan. ¿Que hay problemas? Sí. ¿Que hay crisis? Sí. Yo no tengo miedo a la palabra crisis porque he estudiado griego en Filosofía y Letras y crisis viene del griego y quiere decir cambio. Por lo tanto, claro que hay cambio.
Yo creo que nosotros debemos manejar la estadística oficial o documentos como los del Consejo Económico y Social, donde se produce el pacto entre empresarios, sindicatos, Gobierno y técnicos. Este documento, que está saliendo en este momento y es un informe socioeconómico del Consejo Económico y Social del año 2007, dice que si cogemos el primer trimestre de 2007 y el primero de 2008 vemos que crece menos el PIB, crece menos el empleo -aunque todavía con indicadores positivos-, crece menos la construcción y los bienes de equipo. Pero ¿por qué no miramos un poco para atrás? No sé por qué el señor Casas dice que no hay que mirar para atrás. Sí, hay que mirar para atrás para saber de dónde partimos, lo que hemos hecho y lo que tenemos que seguir haciendo.
Yo sí les puedo hablar de la crisis de 1972 y1973, era sindicalista en ese momento. Les puedo hablar de la crisis de 1982 y 1983, era sindicalista, y me senté con el Gobierno de UCD y con el primer Gobierno socialista a hacer frente a esa crisis y puedo hablarles también de la crisis de 1993. Vamos a hacer ese pequeño ejercicio pedagógico, señorías. Si uno coge los datos del año 2007 y los datos de 2003 -y lo digo para que ustedes también se sientan algo corresponsables de los resultados- resulta que el PIB ha crecido un 3,8 en 2007, bajó un punto en 1993 y salimos de esa crisis; que la formación bruta del capital fijo ha crecido un 5,9 en 2007 y bajó 10 puntos en 1993; que el tipo de interés está en el 4,4 en 2007 y estaba en el 11 por ciento en 1993.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Sí, voy terminando, señor presidente.
Que el empleo ha crecido un 3 por ciento en 2007 y decreció un 4,2 en 1993; que el paro está en un 8 por ciento y estaba en un 22 por ciento en 1993; que hoy trabajan 20 millones y medio de personas y en 1993 trabajaban 11,8, y si me voy más atrás todavía es más. ¿Qué quiero decir con esto, señorías? Que tenemos mimbres para hacer frente a la crisis, claro que las tenemos, teníamos menos en 1993 e hicimos frente a esa crisis y la sacamos adelante.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Termino diciendo, señor presidente, que hoy hay cuatro sectores emblemáticos de la economía del conocimiento: la tecnología de la información, la industria aeronáutica y aeroespacial, la biotecnología y las energías renovables. Las cuatro han crecido en los últimos años por encima del 15 por ciento. Hoy el 15 por ciento del PIB es la hostelería y la construcción. Mañana el 15 por ciento del PIB serán esos cuatro sectores punteros de la economía.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: En esto es en lo que hay que trabajar y no en palabras huecas.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Gracias, señor presidente y señoras y señores senadores.
Señoría del Grupo Parlamentario Socialista, debo decirle que coincido en algo con usted -y creo que es bueno llegar a acuerdos y a consensos-, y es en que estamos en crisis. Solo le hago un ruego: dígale al presidente del Gobierno que estudie griego para ver si él también acuerda que estamos en crisis en España. Ya que usted lo ve tan claro, vamos a ver si lo sabe también el presidente del Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
En cuanto a las palabras huecas, parece mentira que mencione usted esa frase aquí. Se ha puesto usted a decir -fíjese usted en sus propias palabras, dando datos del PIB y yéndose al 2003 y al 1993- que el desempleo estaba en el 23 por ciento en 1993, pero que con todos esos mimbres ustedes lucharon contra esa crisis y la pudieron superar. ¿Pero si en 1996 estábamos también en el 23 por ciento de paro cuando llegó el Partido Popular? ¿Qué
superaron ustedes, señoría, por favor? ¿Dónde están los mimbres? En ningún lado. Palabras huecas las de usted, señoría, y resultados huecos los de ustedes.
El tiempo es oro y no lo voy a perder en entrar en más valoraciones críticas con usted. Creo que usted ha dado ejemplo hoy en esta tribuna de lo que se debe y de lo que no se debe hablar, y enredarnos con Bush y con el año 1993 no es lo que quiere este grupo parlamentario y no es lo que quiere esta Cámara. Lo que queremos es sacar adelante un plan integral para luchar contra el incremento del desempleo. Y sobre todo lo que queremos es solucionar los problemas de 2.300.000 personas en España que están en situación de desempleo; y no venir a hablar de Bush y del congreso del Partido Popular, que creo que no es incumbencia de esta Cámara y que, por respeto parlamentario, usted debería haber tratado en otro sitio y no en este, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Venga usted a hablar de los problemas de los ciudadanos, no venga usted a hablar de eso. Además, en congresos tienen ustedes más experencia, incluso usted, señoría. Creo que hay que dejar el devenir de cada partido político, de cada formación, a lo que ocurra.
Me preocupa más que en su partido haya quien valore si hay crisis económica o no. Me preocupa más lo que dice el señor Solbes y lo que dice el señor Zapatero. Y sobre todo, si el señor Blanco ya empieza a ver que hay crisis, lo que me preocupa son los diferentes criterios de valorar la crisis de este país cuando tenemos las carreteras, las ciudades y el abastecimiento de productos en España como están. Eso es lo que realmente me preocupa, señoría.
A eso le digo que el Partido Popular presenta hoy un paquete de medidas en el Congreso para luchar contra la huelga que hoy se está produciendo en España, para luchar contra los problemas de los ciudadanos. Y hoy presentamos este plan aquí. Debo agradecer al resto de grupos parlamentarios que hayan dado apoyo a la transacción que hemos acordado con Convergència i Unió. Y nuestro agradecimiento expreso al senador Jordi Casas y al resto de los senadores portavoces que han hecho uso de la palabra, porque entiendo que ahí radica la intención de esta Cámara de buscar soluciones a los problemas, y no venir a hacer discursos huecos y, sobre todo, discursos altisonantes en relación con política exterior, como ha hecho la senadora socialista.
Por otro lado, quería decirle a la senadora del Grupo Parlamentario de la Entesa que desde este grupo parlamentario no queríamos, en modo alguno, hacer repliegue competencial. Conocemos, evidentemente, las competencias en el Estatuto de Cataluña y, además, que es de obligado cumplimiento. Debo recordarle que en el anterior estatuto de autonomía de Cataluña también estaba contenido porque las políticas de empleo son de competencia de ejecución de cada una de las comunidades autónomas. Para eso está la conferencia sectorial en materia laboral, para poder implementar esas políticas con las comunidades autónomas.
Lo que es importante, señorías, es que hoy aprobamos un conjunto de medidas que es un primer paso para luchar contra ese incremento del desempleo. Lo que es importante, señorías, es implementar todas esas medidas en relación con los jóvenes, los mayores, los discapacitados, los más desfavorecidos, las mujeres. El teletrabajo, señorías, no era una medida exclusiva para las mujeres, ni muchísimo menos. Coincido con usted en que debe serlo para el resto de la población activa, estoy absolutamente de acuerdo. Decíamos especialmente para los colectivos que en algún momento pudieran tener con cargas familiares una situación de agravio en el ámbito laboral. Por eso hicimos esa expresa mención.
Por tanto, señorías, coincidiendo en las valoraciones, consideraciones y reflexiones que se han hecho, para luchar contra la crisis necesitamos mayor competitividad, necesitamos valor añadido, necesitamos mejorar la cualificación del capital humano que son los recursos de que dispone este país. No tenemos otros recursos, pero sí tenemos un capital humano. Desde luego, en la formación y en las medidas que van dirigidas a esos colectivos está la primera piedra que ha puesto hoy esta Cámara para luchar contra el incremento progresivo del desempleo ante un Gobierno que no hace nada y ante un grupo parlamentario que se dedica a hablar de otras cosas, pero no de aquello que preocupa a los ciudadanos.
Muchas gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción que acabamos de debatir a la que ha presentado una enmienda transaccional firmada por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y por el Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, 130; en contra, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPLEMENTAR DETERMINADAS MEDIDAS EN EL MERCADO ENERGÉTICO Y A REMITIR AL SENADO UNA COMUNICACIÓN QUE CONTENGA UN PLAN SOBRE POLÍTICA ENERGÉTICA A LARGO PLAZO (S. 671/000003).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a implementar determinadas medidas en el mercado energético y a remitir al Senado una comunicación que contenga un plan sobre política energética a largo plazo.
Ha presentado una enmienda a esta moción el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Palacios.
El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, muy buenas tardes.
Tal y como indican las pantallas, esta moción es relativa a materia energética y consecuencia de la interpelación que presentamos en el Pleno celebrado hace quince días.
Es cierto que el señor ministro de Industria acaba de anunciar en el Congreso de los Diputados que las tarifas eléctricas van a subir el día 1 de julio entre el 5 y el 6 por ciento; y que este escenario es inferior al que se estaba barajando, el que había propuesto el órgano regulador, que ascendía al 20 por ciento. Sin embargo, también es cierto que esta subida hay que unirla a la que ya experimentamos a comienzos de año en el recibo de la luz, del 3,3 por ciento, por lo que en pocos meses el recibo va a subir el 10 por ciento.
Todos recordarán que hace muy poco, en la campaña electoral, el presidente Zapatero nos prometió que las tarifas eléctricas estarían acompasadas con el IPC; promesa, por lo que se ve, incumplida. ¿De qué inflación estaba hablando el presidente: del diez por ciento? ¿Es esta la inflación que maneja el Gobierno?
Señorías, acabamos de terminar un mes de mayo que se puede calificar de negro. Por primera vez en veinte años ha aumentado el paro y ha caído la actividad económica; se desacelera el consumo, se aplazan las inversiones y caen las ventas, y no solo eso, sino que, además, la OCDE ha recortado sensiblemente nuestras previsiones de crecimiento al 1,6 por ciento, un punto menos que en el año 2007, y lo que es más grave: por primera vez en mucho tiempo vamos a crecer por debajo de la eurozona.
Por eso nos preguntamos: ¿Estamos inmersos en una crisis? La senadora Fernández nos decía que sí se trata de una crisis porque nos encontramos en una situación de cambio, pero me temo que un cambio a peor. Además, en estos momentos nos preguntamos qué medidas ha adoptado este Gobierno durante estos meses para encarar la situación y para tratar de preparar al país ante esta crisis. Y yo preguntaría también si el Gobierno piensa que con una subida de las tarifas eléctricas por encima del doble del IPC vamos a salir de este momento crítico en que nos encontramos, porque esta subida se une a otras como la del euribor -que se encuentra en un máximo histórico-, la de las hipotecas, el precio de los alimentos y el precio de la gasolina, los cuales están ahogando a nuestras familias, a nuestros autónomos y también a las pequeñas y medianas empresas. También las grandes empresas, a pesar de los esfuerzos en materia energética, han visto cómo en solo tres años su recibo de la luz ha aumentado un cincuenta por ciento. Así no pueden ser competitivas; así se está invitando al cierre y a la deslocalización de empresas.
El Gobierno quiere paliar esta subida con una tarifa que tiene un límite de tres kilovatios de potencia. Por eso nos preguntamos: ¿Por qué aplica esta tarifa a la potencia contratada y no al nivel de renta? ¿Es que pretende que las familias numerosas y las empresas sean las que sufraguen a los despachos y también a las familias monoparentales? ¿Qué va a pasar con la tarifa nocturna? Nos parece muy grave que en estos momentos de crisis se tome la medida de aumentar el recibo de la luz.
Con esta moción nosotros pedimos al Gobierno que no adopte esa medida, que no suba el recibo por segunda vez este año, y que en el plazo de seis meses presente un plan en el que se plasmen las medidas que va a tomar para reducir nuestra dependencia energética del exterior, para diversificar las fuentes de energía, para desarrollar nuevos procesos, para que dejemos de ser una isla energética y para ahorrar energía. En definitiva, queremos que el Gobierno presente medidas que garanticen la seguridad en el suministro; medidas para ser más competitivos y utilizar energías sostenibles que cumplan con Kioto; para obtener un mercado de la energía que no esté sometido a monopolios u oligopolios -pudiendo elegir la compañía eléctrica y negociar los precios como se hace en otros países de Europa- y para que con el recibo de la luz solo estemos pagando el coste de la energía y su transporte, dejando a un lado otras muchas cosas que se están subvencionando con ese recibo. Eso es lo que planteamos en esta moción, para la cual solicito el apoyo de la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, para cuya defensa tiene la palabra el senador Alturo.
El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente. (El señor senador inicia su intervención en catalán, según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones».)
«Señorías, permítanme, permeteu-me, que les meves primeres paraules en aquesta Cambra siguin en la meva llengua materna, la llengua catalana, per fer una salutació a tots vostés i manifestar el desig que aquesta sigui una legislatura profitosa per al conjunt de la ciutadania. Moltes gràcies.»
Dicho esto, voy a referirme a la moción objeto de debate en estos momentos, que fue presentada por el senador Palacios.
Nosotros escuchamos con mucha atención la interpelación que su señoría realizó al ministro de Industria, Turismo y Comercio en la sesión del pasado 28 de mayo y especialmente la intervención del señor ministro, como no podía ser de otra forma.
En el Congreso de los Diputados y con fecha 27 de febrero de 2007, nuestro grupo presentó una proposición
no de ley, a la que más adelante me referiré y que fue consensuada y aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, por la que el Gobierno debería presentar durante el año 2007, a partir de un estudio de prospectiva energética con horizonte en el año 2030, una estrategia global para hacer frente a las necesidades energéticas de España, así como el balance de seguimiento energético y las medidas correctoras correspondientes.
Para poder hacer política en esta materia en Convergència i Unió entendemos que necesitamos conocer la hoja de ruta en los próximos 30 años. Es necesaria una política estructural básica para tener una economía competitiva y eficiente. Entendemos que la energía es una cuestión de estrategia de país de primer orden y la economía, como hoy podemos observar, va ligada a la política energética. Vemos estos días, por ejemplo, manifestaciones en el sector pesquero y en el sector del transporte por la subida de los precios de los carburantes, aunque esto requiere otro debate, que haremos también en su momento, como, en definitiva, estaba señalando anteriormente.
Por ello, nuestro grupo ha presentado una enmienda de sustitución al apartado 2 de la moción consecuencia de interpelación que estamos debatiendo, por la cual pedimos al Gobierno que remita en el plazo máximo de un mes una comunicación al Senado, en virtud de lo establecido en el artículo 182 del Reglamento de la Cámara, que contemple esa Estrategia Global en política energética.
¿Qué debería contener esta estrategia? Debería evaluar la demanda energética futura que permita garantizar nuestro modelo de crecimiento, incorporando hipótesis de efecto ahorro y uso eficiente; determinar el mix en el reparto de fuentes de energía primaria con el que se pretende cubrir esta demanda a medio y largo plazo, sin excluir a priori ninguna tecnología disponible; contemplar una propuesta estable para potenciar con especial intensidad las energías renovables, tanto su obtención como sus utilidades; definir una propuesta específica y estable sobre la energía nuclear en el marco de las propuestas planteadas en la Unión Europea; promover la inversión en calidad y seguridad en los suministros energéticos; priorizar el ahorro y la eficiencia energética sin olvidar ningún sector y prestando una especial atención al sector del transporte; materializar las interconexiones internacionales eléctrica y gasistas para evitar el actual aislamiento energético de la Península Ibérica, lo que comportará fijar un calendario de realización de las mismas; impulsar un programa interanual de inversiones destinadas a investigación y desarrollo para maximizar el aprovechamiento de las diferentes fuentes de energía primaria; valorar las propuestas de política energética común efectuadas por la Unión Europea y las prioridades que debe plantear el Estado español en este ámbito; finalmente, prever un mecanismo anual de seguimiento de los objetivos que se determinan en la estrategia energética, contrastable con la realidad, con la obligación de adoptar medidas correctoras en caso de existir desviaciones.
Por tanto, nuestro grupo presenta esta enmienda de sustitución, que pensamos que puede mejorar el panorama energético en los próximos años.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para manifestar la posición sobre la enmienda que se acaba de defender, tiene la palabra el senador Palacios.
El señor PALACIOS ZUASTI: Gracias, señor presidente.
Intervengo simplemente para decir que aceptamos la enmienda de sustitución. Nuestra moción consta de un preámbulo y de dos puntos, y la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió se refiere al punto segundo, manteniéndose, por tanto, el preámbulo y el punto primero.
Nada más, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Señor presidente, señorías, buenas tardes a todos y a todas.
Intervengo desde el escaño, y de forma muy breve, para decir que dado que esta moción que hoy nos plantea el Grupo Parlamentario Popular es exactamente igual que la presentada la pasada semana en el Congreso de los Diputados por ese grupo; que tanto en la parte expositiva como en la resolutiva se plantean cuestiones compartidas por el BNG en relación con diversas problemáticas que en los últimos meses afectan a las tarifas eléctricas y que tienen preocupados a muchos millones de ciudadanos y ciudadanas, y que en el Congreso de los Diputados el BNG votó a favor de la moción, este senador, en coherencia con el sentido del voto expresado por mis compañeros, también votará a favor.
Pero ello no me impide rematar mi intervención manifestando al Grupo Parlamentario Popular que no me parece una buena práctica traer a debate en esta Cámara mociones o iniciativas previamente debatidas y votadas en el Congreso de los Diputados, porque con este comportamiento estamos contribuyendo a fijar en la ciudadanía la creencia de que efectivamente el Senado es una Cámara de segunda lectura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente.
Compartimos la preocupación del Grupo Parlamentario Popular, pero puesto que esta iniciativa es un calco a la ya presentada y votada en el Pleno celebrado en el Congreso el 27 de mayo, donde los diputados de Coalición Canaria se abstuvieron, los senadores del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria anunciamos también nuestra abstención respecto de esta iniciativa.
Pero independientemente de la opinión que merezca la oportunidad de presentar o no este tipo de iniciativas de forma exactamente igual que en el Congreso también nos vamos a abstener por otra razón. Tanto en el debate de interpelación como en la propia moción se habla de las políticas y tarifas energéticas de forma uniforme para todo el Estado, e incluso se dice textualmente que España ha sido siempre una isla eléctrica; de ahí la propuesta que figura en la moción para interconectar eléctricamente a España con Francia y con el resto de Europa.
Pues bien, señorías, dentro del Estado existen sistemas eléctricos aislados, me refiero a los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares que la Ley del Sector Eléctrico remite a una regulación específica: un real decreto de 2003 y unas órdenes ministeriales de 2006. Estos sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares se caracterizan por un mayor coste de generación de la energía derivada de las exigencias de grupos de producción para cada sistema aislado; la necesidad de un mayor nivel de reserva; el sobrecoste de las tecnologías utilizadas, y como está ocurriendo ahora mismo, los mayores costes del combustible porque todas las centrales que existen en estos territorios son térmicas. En Baleares, en Canarias, en Ceuta y en Melilla dependemos casi exclusivamente del petróleo.
Tampoco podemos trasvasar energía desde la península, ni siquiera entre islas. En Canarias solo Lanzarote y Fuerteventura están interconectadas a través de líneas submarinas, y en Baleares solo lo están Menorca y Mallorca, pero estamos aislados de la península. Y tampoco podemos llevar la energía en barco tal y como se planteó hace poco con el problema del agua en Barcelona, y de nada de esto se ha hablado en la interpelación ni tampoco en la moción. Nos preocupa enormemente que no se contemple el hecho de que en estos sistemas insulares y extrapeninsulares aislados las tarifas de la energía deben mantener un régimen específico, pues, de lo contrario, sería imposible que los ciudadanos de estos territorios pudieran hacer frente al elevado coste real que esta supone.
Por todo ello nos vamos a abstener. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta hoy a debate en esta Cámara una moción consecuencia de interpelación sobre política energética, que es exactamente igual, puntos y comas incluidos, a la que hace 15 días, más concretamente el pasado 27 de mayo, fue objeto de tramitación y rechazo en el Congreso de los Diputados.
Nuestro grupo parlamentario aprovechó aquella ocasión para fijar posición sobre un tema evidentemente de la máxima actualidad e interés público, y reclamó con tal motivo al Gobierno que presentase sus planes de futuro, que liberalizara el mercado, que fomentase la competencia y que pactara un camino de aproximación al precio de la energía eléctrica, al que hay que llegar sin más tensiones que las necesarias y sin provocar cierres ni deslocalizaciones de empresas.
Es más, con el fin de forzar al Gobierno a que presentara sus ideas y planes al objeto de debatirlos y conseguir que el impacto de la subida de precios de energía eléctrica sea mínimo en los consumidores y en las empresas, máxime en momentos como los actuales, de incertidumbre económica, nuestro grupo parlamentario en aquella Cámara apoyó con su voto la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular pese a no estar, y así se dijo de manera expresa, en completo acuerdo con todo lo planteado en la iniciativa.
Pero de entonces aquí, a fuer de ser sinceros, debemos coincidir en que las cosas no siguen exactamente igual; de entonces aquí se ha sustanciado la comparecencia del ministro de Industria, Comercio y Turismo en el Congreso de los Diputados y se ha producido también el debate en esta Cámara de la interpelación de la que trae causa precisamente esta moción que hoy debatimos.
Con tal motivo, hemos tenido ocasión de conocer por boca del propio señor ministro las principales líneas de actuación que piensa llevar a cabo el Gobierno, y debo reconocer que giran en torno a los tres grandes objetivos o ejes que vienen siendo referidos desde tiempo atrás por la formación política a la que pertenezco.
Es evidente, creo que a nadie se le escapa a estas alturas, la necesidad de una nueva política energética, e incluso una nueva cultura energética que aborde y haga frente a toda una serie de cambios, nada fáciles en ocasiones, en los sistemas de vida con los que se ha venido operando hasta nuestros días, y el Estado español no es, no puede ser, excepción, más bien al contrario, dada su enorme dependencia energética y también su falta de política energética estable y clara con horizonte a medio y largo plazo.
Los tres grandes objetivos de la política energética para Europa, y que deben serlo también, en consecuencia, para el Estado español, son: primero, aumentar la seguridad del suministro; segundo, asegurar la competitividad de la economía y la disponibilidad de la energía asequible, y tercero, promover la sostenibilidad ambiental y combatir el cambio climático.
En la persecución de estos tres grandes objetivos o ejes, son numerosas y muy diversas las actuaciones que deben desarrollarse. Desde la propia reflexión estratégica, que a la par de que sea desarrollada con rigor deberá trasladarse, por una parte, a la sociedad en general, y por otra, al mundo empresarial en particular, hasta todo un conjunto de medidas para las que proponemos los siguientes principios y guías de actuación, lo que podríamos llamar nuestro decálogo en materia de política energética, y que sería grosso modo el siguiente: primero, el apoyo y apuesta por un mercado común energético europeo; segundo, un marco regulatorio energético estatal estable y predecible, no sujeto a arbitrariedades, a improvisaciones ni a intereses coyunturales más o menos particulares; tercero, el fomento de forma efectiva de una competencia real de los
sectores de gas y electricidad; cuarto, operaciones del mercado que deben ser transparentes; quinto, la potenciación, aún más, de los planes de ahorro y eficiencia energética, planes que deben desarrollarse de forma efectiva a largo plazo y en los que deben jugar un papel claro y protagonista las comunidades autónomas; sexto, seguir apostando por energías renovables a la par que ir configurando y participando en el marco europeo en un mix energético menos dependiente del anterior; séptimo, garantizar al máximo, con rigor, transparencia e independencia plena, por lo que se refiere al Consejo de Seguridad Nuclear, la seguridad de la actividad nuclear en su conjunto y de la actividad de las centrales nucleares en particular, ayudando a recuperar la confianza de los ciudadanos en su gestión controlada; octavo, dar un impulso decisivo al I+D energético; noveno, trabajar con la finalidad de cumplir con diligencia los objetivos energéticos que se establezcan en Europa; y, décimo, reforzar y potenciar la Comisión Nacional de la Energía en su independencia, tanto de los agentes del sector como de la Administración, así como en sus competencias, que deben ampliarse y reforzarse.
Sobre la base y en línea con lo señalado hasta el momento, mi grupo parlamentario no va a apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular; una iniciativa que, como he dicho al comienzo de mi intervención, tuvo su tiempo parlamentario hace 15 días en el Congreso de los Diputados, y que se presenta ahora en un contexto diferente, una vez conocida la decisión del Gobierno sobre la subida de tarifas, y sabedores, grosso modo, de las líneas o ejes de política que piensa adoptar el Gobierno. Pero tampoco pretendemos dar un cheque en blanco al Gobierno porque tiene deberes muy importantes sin hacer, que debe llevar a cabo.
En consecuencia, y pese a la introducción de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió , que considero realmente importante, nuestro voto hoy será de abstención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.
El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.
Celebro que el Grupo Parlamentario Popular haya aceptado nuestra enmienda de sustitución al punto segundo, por lo que de entrada manifiesto que mi grupo va a apoyar la moción objeto de interpelación.
Como he dicho anteriormente, para el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió la política energética es una cuestión estratégica, de país, y si el Gobierno cumple sus compromisos nos tendrá a su lado.
En la proposición no de ley que presentamos el 27 de febrero de 2007 planteamos un estudio de prospectiva del sistema energético para llevar a cabo una política energética de futuro para los próximos 30 años.
Es cierto que el señor ministro ha intervenido dos veces, una de ellas en esta Cámara, con motivo de la interpelación. Podemos resumir que ha planteado los ejes fundamentales de la estructura energética en la cual se debe basar y que vale la pena recordar: la seguridad en el suministro, la sostenibilidad y la eficiencia del sistema, y la competitividad.
Por tanto, para mi grupo parlamentario hablar de seguridad en el suministro es una cuestión sensible; sólo hay que recordar lo sucedido el verano pasado en Cataluña, especialmente en Barcelona, y las medidas que se tomaron a fin de subsanar la falta de fluido eléctrico.
Por todo ello, repito una vez más, mi grupo estará con el Gobierno si cumple con los procesos energéticos y con las demandas que acabamos de hacer; caso contrario, nos tendrá en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Esquerda.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: Moltes gràcies, senyor president. (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones».) «Una funció principal del Senat es la de ser una Cambra de segona lectura per les proposicions i proyectes de Llei que ens arriben del Congres. No m´imaginava que tinguéssim de fer segona lectura també de les mocions presentades al Congres. Que no ens arriben per conducte institucional sinó que ens la porta el Grup Popular.»
Señorías, he dicho que una función principal del Senado es la de ser una Cámara de segunda lectura de las proposiciones y proyectos de ley que nos llegan del Congreso; no me había imaginado que tuviéramos que hacer también segundas lecturas de las mociones presentadas en el Congreso, que no nos han llegado por un conducto institucional sino que nos las ha traído el propio Grupo Parlamentario Popular, el mismo que, muy acertadamente, protestaba por boca de su portavoz por debatirse en el Congreso y no en esta Cámara la cuestión de las papeletas electorales del Senado, y pedía al presidente del Gobierno que fuera consecuente si quería que el Senado ganara en prestigio y avanzara hacia su reforma.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, les pido que si queremos dignificar al máximo esta Cámara presenten mociones propias en el Senado. Señoría, ha hablado usted básicamente de las tarifas eléctricas y de un plan sobre política energética a largo plazo, sustituida esta segunda parte por la enmienda presentada, y aceptada, por ustedes, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y debemos debatirlo. En cuanto a la primera cuestión, tengo auténticas dudas sobre qué es lo mejor para el momento actual. El corazón y el bolsillo me dicen que no deberíamos subir las tarifas, pero no es una realidad desde el más puro razonamiento empírico.
Durante años, todos los gobiernos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en la anterior legislatu-
ra, han optado por el populismo y no han subido las tarifas, incluso en ocasiones las han bajado; las han bajado cuando se han mantenido los precios, o las han subido en cantidades inferiores al incremento del IPC.
¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Imaginarnos que la energía es barata y actuar como si fuese así? ¿O reconocer que cada día se encarece más y que el remedio será, por más tiempo que pase, cada vez más doloroso?
Señorías, debemos tender a la convergencia del precio real de la energía y al precio que se cobra en el recibo. Quizás el debate debería discurrir en el sentido de cómo y cuándo ha de ser esta convergencia, cuál ha de ser su ritmo. Quizás el momento actual es un tanto difícil: la crisis, la desacelaración, o como quiera llamarse al momento económico actual, afectan negativamente, no solo a las familias sino también a las empresas, y cuanto más grandes y mayores consumidores energéticos sean, más dificultades pueden encontrar.
Por tanto, no estamos de acuerdo con el mantenimiento permanente de las tarifas, y preconizamos una tendencia hacia el costo real con acuerdos con los agentes sociales afectados. Ha de ser un gran acuerdo que permita la convergencia sin incidir demasiado negativamente en la economía familiar y empresarial. Aunque el incremento de más de un cinco por ciento de la tarifa que ha anunciado el ministro para el día 1 no es exactamente una convergencia con su precio real, puesto que se ha llegado a hablar hasta del 40 por ciento, lo importante es que se inicia un camino, independientemente de que en el momento actual exista o no crisis. Por tanto, debemos apostar por un modelo económico menos intensivo en energía, incentivando a la vez las energías limpias, para lo cual se debería modernizar y ampliar la red para ganar en eficiencia.
En lo relativo a largo plazo, una vez leída la enmienda presentada por Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, considero que no puedo entrar en su debate porque realmente estoy más de acuerdo con lo que manifestó el señor ministro en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en cuanto a debatirlo con interlocutores sociales, grupos parlamentarios y comunidades autónomas, que con su propia propuesta. Ustedes no nos dicen cómo se tiene que hacer y quién tiene que intervenir en su discusión, solamente manifiestan lo que tendrían que hacer, algo que considero debería llevarse a cabo de otra manera.
Por tanto, señorías, vamos a votar en contra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Palacios, usted ha preguntado qué ha cambiado, por qué se modifica la posición del Grupo Parlamentario Socialista con relación a lo que se manifestó hace unos meses. Pues bien, como pueden ver con claridad sus señorías, el gráfico que les muestro indica que en el año 2004 el precio del barril del petróleo fue de 38,24 dólares, y actualmente es de 138. En enero, el precio del barril del petróleo fue de 99 dólares, y actualmente es de 138. Algo ha cambiado, y un gobierno responsable es el que tiene que adoptar medidas en función de las circunstancias que se le están presentando; es lo que ha hecho el Gobierno, y por eso ha presentado, y contesto a una de sus preguntas, 35 medidas para intentar resolver un problema.
Senador Palacios, en cuanto a la subida de la luz, no podemos ignorar que hay una deuda acumulada de 14.000 millones, con una responsabilidad directa del anterior Gobierno del Partido Popular, y no es justo ni ético que nuestros hijos paguen la energía que nosotros consumimos, segunda respuesta al planteamiento que usted ha hecho.
En cuanto a energías sostenibles hay un crecimiento del 32 por ciento. Evidentemente, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que no es de recibo presentar, después de una interpelación al ministro, calcada, una moción que ya se ha presentado en el Congreso. Es como si no se hubiera escuchado al ministro. Ya vamos a piñón fijo. Hay una moción presentada en el Congreso de los Diputados que es derrotada en votación el día 28. Se produce la interpelación previamente y se presenta en el Senado la misma iniciativa. Han tenido, eso sí, de aliados -en este caso lo lamento profundamente- a Convergència i Unió no tanto por el contenido de la moción que se aprueba, sino sencillamente porque no es un buen uso parlamentario para la dignificación de esta Cámara, del Senado. Aquí tienen que venir iniciativas nuevas que se debatan, y es lo que le ofrecimos al Grupo de Convergència i Unió, si nos preocupa la energía. Se ha producido ya, y esto tanto Convergència i Unió como Partido Popular lo han ignorado, la presencia del ministro tanto en el Congreso de los Diputados como en el Foro de la Nueva Economía donde estuvieron los principales empresarios de este país y sus representantes. Quiero recordarles a todas sus señorías que el responsable de CEOE dijo que estaba de acuerdo -y esto es importante decirlo también en esta Cámara- con el paquete de medidas que el ministro había presentado. Por lo tanto, los empresarios están de acuerdo.
Es verdad que hay problemas y hay que tener sensibilidad social para afrontarlos. Ahora, ¿la solución para resolver esos problemas es repercutir el precio de la energía en quien la consume o subvencionarla? Si la subvencionamos estamos incrementando el consumo. Si incrementamos el consumo lo que estamos haciendo es volver otra vez a encarecer la energía y cualquier medida presupuestaria que sale del dinero de los contribuyentes, de los impuestos de los ciudadanos, contribuye a que vuelva otra vez a subir la energía. Por lo tanto, esa política no encaja ni con la política de la Unión Europea ni con el sentido común y entendemos que no resuelve el problema.
El Gobierno socialista ha planteado la tarifa social precisamente para atender a los colectivos más necesitados. Es verdad que habrá que regularlo. Usted ha hablado de una serie de casos. Eso es llevar la política al esperpento. Vamos a esperar a ver cómo se regula. El ministro ya ha dicho que las medidas van a afectar a cuatro millones de españoles, los más necesitados.
Me gustaría que el Grupo Popular dijera en esta Cámara si está de acuerdo o no en ayudar a esos cuatro millones de españoles que van a tener dificultades, buscando, eso sí, el equilibrio tarifario, buscando el ahorro, y aquel que consuma más si se excede y no sigue políticas de ahorro compense esa tarifa social. Desde el Grupo Socialista creemos que es lo acertado.
En conclusión, creemos en el pacto de Estado que ha propuesto el señor ministro. Me sorprende que Convergència i Unió -como ha dicho el responsable y el portavoz, senador Esquerda, de Entesa- no haya citado a las comunidades autónomas. El ministro se ha comprometido a un pacto y eso es lo que hay que hacer.
En conclusión -y voy terminando ya- el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de esta moción por las siguientes razones: menoscabo y desprecio a esta Cámara porque a una moción ya derrotada se le intenta dar vida de una manera que no tiene sentido porque una parte, la que se aprueba por parte de Convergència i Unió era frívola, figura en las actas del Congreso de los Diputados y, por otro lado, no se aceptó.
Tampoco el Gobierno va a presentar -como digo- el documento de planificación energética y creemos que el diálogo, el consenso, es el mejor mecanismo.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Termino ya, señor presidente.
Por lo tanto, las razones están expuestas en este gráfico. Creemos en el paquete de medidas que ha presentado el Gobierno: 35 medidas para afrontar un problema. Nosotros estamos por la solución del problema y no por aprovecharse del problema para hacer demagogia cuando los problemas existen y tienen causas mundiales.
Nada más y muchas gracias. (Apalusos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palacios.
El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.
Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a los grupos que van a apoyar esta moción.
Nosotros, señorías, entendemos que esta es una materia importante que está en la calle, en los medios de comunicación, que es lo que está preocupando hoy en día a los ciudadanos, a los consumidores domésticos y a las empresas y, por eso, presentamos esta moción. ¿Es igual a la del Congreso? Es que nosotros sólo tenemos una voz, como decía mi compañera hace unos momentos. La misma voz la tenemos aquí en el Senado. La tenemos en el Congreso y en todos los lugares donde gobernamos. Eso no supone desprecio. Desprecio supone que los ministros no comparezcan cuando tienen que hacerlo, que el Gobierno no cumpla las mociones que son aprobadas en esta Cámara. Eso supone desprecio al Senado.
Como he dicho en mi intervención anterior desde el escaño, hemos aceptado esa enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que es al punto segundo; el nuestro tiene cinco puntos, el suyo tiene diez; en cinco de ellos decimos lo mismo con distintas palabras y los otros cinco vienen a complementar nuestra moción. Por eso la hemos aceptado.
Con referencia a lo que decía el representante de Coalición Canaria, en relación a lo de la isla energética, lógicamente nosotros estamos hablando de la parte de España -ya sabemos que hay unas ciudades autónomas, que hay unas islas y luego la parte peninsular-; lo que queremos es que la parte peninsular deje de ser una isla, entrecomillas, a efectos energéticos y, por eso, lo que estamos pidiendo es la interconexión con Francia, es decir, con la red europea.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés dice que hay que ir a una convergencia con el precio. Nosotros pedimos que previamente el Gobierno nos presente un plan con una serie de medidas y en un plazo de seis meses.
Con relación a lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, yo he dicho en mi primera intervención desde esta tribuna que todavía resuenan en nuestros oídos las palabras del presidente del Gobierno en plena campaña electoral, que está muy próxima -las elecciones fueron el 9 de marzo-. El presidente lo que prometió a los españoles era que la subida eléctrica iba a estar acompasada al IPC. Hemos tenido ya un 3 por ciento de incremento a comienzo de año. Nos están hablando de una subida del 5 o del 6 por ciento. ¿Es que ese es el IPC del cual está hablando el Partido Socialista y el presidente del Gobierno?
Pone como excusa el tema del petróleo. ¿Es que el petróleo no estaba subiendo ya en los meses de febrero y marzo?
Habla también de la deuda acumulada. ¿Es que al formarse este Gobierno se ha encontrado con una deuda acumulada? No, no se la ha encontrado.
A nosotros lo que nos preocupa es que la primera medida de este Gobierno en materia energética sea la de la subida de las tarifas, y que lo haga en un momento de crisis, esa crisis que puede ser cambio a peor, en estos momentos en que se está asfixiando a nuestras familias, a todas nuestras empresas -estamos teniendo huelgas estos días como consecuencia de esa crisis-. Nos parece que eso no debe ser así y, por tanto, entendemos que no tiene sentido que antes de que se presenten todas esas medidas se suban las tarifas.
Ha hablado de la tarifa social. Lo que nosotros sabemos es lo que ha dicho el señor ministro en el Congreso de los Diputados: ha puesto un límite de 3 kilovatios. Y una familia necesita por lo menos 3,3, porque la tarifa está tramificada. Nos parece que ésta es una medida improvisada por parte del Gobierno para salir del paso.
Queremos saber qué pasa con la tarifa nocturna, esas inversiones que ha hecho ese millón de hogares y que ahora parece que van a tener que contratar más potencia y más cara. Eso es lo que nos preocupa, señorías.
Y termino con lo que le dije al señor ministro desde esta tribuna hace quince días: Desde el Grupo Parlamentario Popular ofrecemos al Gobierno la negociación para llegar a un pacto de Estado en una materia que es estratégica para este país, como es la de la energía.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción que acabamos de debatir con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 257; a favor, 129; en contra, 122; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
MOCIONES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS TRASTORNOS DE LA SALUD MENTAL (662/000009).
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones. Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con los trastornos de la salud mental. (Rumores.)
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que se entiende incorporada a la moción. Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Para la defensa de la moción tiene la palabra la senadora Aragón. (Fuertes rumores.)
Señorías, silencio, por favor. (Pausa.)
Puede empezar, señoría.
La señora DE ARAGÓN AMUNARRIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías, subo hoy a esta tribuna para defender una moción, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que espero cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Lo esperamos y lo deseamos porque es una moción que habla de un tema importante, que no tiene colores políticos, por lo que sería absurdo no llegar a un consenso para mejorar la vida de los enfermos que padecen algún trastorno de salud mental así como la de sus familias.
Es verdad que hay muchos problemas de salud, pero el que hoy vamos a tratar, que es el de la salud mental, tiene una connotación muy especial. El Estado del bienestar y de la salud mental significan un bienestar familiar y un bienestar individual, pero con una repercusión social importantísima. Sin duda alguna, los trastornos de salud mental repercuten en la sociedad y en la familia como una lacra que a todos nos pesa. Según la OMS una de cada cuatro personas padece un trastorno de salud mental a lo largo de su vida. En España un 9 por ciento tienen ya problemas de salud mental y un 15 por ciento a lo largo de su vida los padecerán; 450 millones de personas en el mundo, y en España ni más ni menos que medio millón de personas, padecen trastornos de salud mental graves y muchas más que los pueden padecer.
Esta es la situación y hay que analizarla de forma importante porque el tratamiento que merecen estos pacientes, y este problema, es el de un tratamiento integral. Voy a hacer un somero análisis de en qué consiste esta enfermedad y cuáles son sus repercusiones a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral e incluso económico para nuestro país.
Es una enfermedad crónica, que tiene recaídas frecuentes. ¿Y esto qué produce? Que los pacientes que la padecen y sus familias tengan una sensación de inseguridad, tengan una sensación de miedo, de desconfianza en sí mismos y a veces -algo que afecta mucho a su tratamiento- de desconfianza en la medicina y en los profesionales de la medicina, y esto lo saben muy bien todos los facultativos, pero sobre todo los médicos de atención primaria.
Es una enfermedad en la que no solo es importante el diagnóstico precoz y su tratamiento, sino el mantenimiento de este tratamiento a lo largo del tiempo; lamentablemente, hoy podemos decir que además en España solamente un tercio de las personas que padecen trastornos de salud mental están correctamente tratadas.
En atención primaria un 20 por ciento de las consultas que reciben los médicos de cabecera son por trastornos de salud mental, pero si hacemos un estudio más en profundidad podemos llegar a la conclusión de que un 40 por ciento de las personas que demandan atención en las consultas de su médico de cabecera van porque tienen algún problema de salud mental bien como eje principal de su enfermedad o asociado a otro tipo de enfermedades, porque esta enfermedad también se asocia a otras patologías, como el alcoholismo, drogodependencia, ludopatía y otra serie de enfermedades somáticas.
Y la sociedad en la que vivimos hace que no seamos halagüeños en cuanto al porcentaje de personas que van a padecer trastornos de salud mental porque la sociedad en la que nos movemos -con el estrés, con el envejecimien-
to de la población, lógicamente, una sociedad consumista, una sociedad donde la publicidad está estudiada por todo el mundo, sobre todo en las personas jóvenes- es fácil que muchas personas padezcan estos trastornos de salud mental.
Supone además un deterioro para nuestra sociedad porque lo primero que hacen es erosionar la familia del paciente que padece este trastorno. ¿Por qué? Porque estos pacientes llegan a tener como eje central de su vida solamente su enfermedad. ¿Y esto qué produce? Produce que muchas veces los vínculos familiares se rompan por ambas partes: por un lado por el enfermo, que muestra desinterés por su familia, y por otro por los cuidadores o familiares, que en muchas ocasiones tienen hasta un sentimiento de culpabilidad, no saben si tratarlos con demasiada protección o si tratarlos con demasiado rigor, y no olvidemos que la familia es la célula fundamental de nuestra sociedad.
Pero es que afectan también a la sociedad de otra forma muy importante: en el sector laboral y, por tanto, económico. Los trastornos de salud mental son la primera causa de discapacidad en el mundo y la primera causa de discapacidad en España, y además son bajas laborales frecuentes; son, como decía, enfermedades recurrentes que muchas veces hacer perder su empleo a las personas.
Y luego hay algo que es quizá lo que más nos puede conmover a todos: es una enfermedad que tiene un estigma, un estigma que lamentablemente no hemos perdido y que hace que muchas veces los enfermos y sus propias familias sientan vergüenza de su propia enfermedad. Todavía están estigmatizados ante la sociedad y eso lo debemos combatir entre todos.
Ustedes me pueden decir: ¿por qué el Grupo Parlamentario Popular trae esta moción? Esta moción fue debatida ya en la Comisión de Sanidad en la anterior legislatura y fue aprobada para un plan marco nacional de salud mental en la comisión del 27 de junio de 2005. Posteriormente nosotros apoyamos una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista para la creación de una ponencia de estudio sobre salud mental -por supuesto que la apoyamos, nosotros estamos abiertos también al estudio-. ¿Y qué ocurrió con esta ponencia? Que se aprobó pero, lamentablemente, se trabajó poco en ella. Todos lo lamentamos y al final, ¿qué ocurrió? Que, efectivamente, en junio, antes de acabar la anterior legislatura, muy poquito tiempo antes de las elecciones, nos presentaron el documento de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Esta estrategia fue consensuada en el Consejo Interterritorial de Sanidad, por eso me pueden decir que por qué traemos una moción de estas características, pero es muy sencillo.
En primer lugar, porque de verdad creemos que las buenas intenciones y palabras están muy bien pero queremos llegar a los hechos, que son los que van a solucionar el problema de estas personas enfermas y de sus familias. Nos pueden hablar de la declaración de Helsinki y diremos que estamos totalmente de acuerdo. Nos pueden hablar de la estrategia y diremos que el Partido Popular lo apoyó con sus representantes en el Consejo Interterritorial y la aprueba también ahora, pero eso no es suficiente.
Nosotros estamos demandando actuaciones concretas. Vamos a dejarnos ya de buenas palabras, el Gobierno de la nación tiene que demostrar preocupación ante un problema como es la salud mental. Vamos a dejarnos ya de lanzar mensajes de esperanza, como hizo el ministro Bernat Soria el Día Mundial de la Salud Mental con los enfermos y sus familias. Eso no es suficiente, y así lo decimos nosotros, creo que lo pensamos todos y lo manifiestan las propias asociaciones de enfermos mentales y sus familiares. Y así también lo dice la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, que declara que los deseos y las intenciones han sido muy buenas pero que no han visto nada plasmado en la realidad y que tienen serias dudas de que se plasmen los objetivos que se contemplan en la estrategia porque lo fundamental son los recursos, que no vienen recogidos en ella.
Con todo respeto pero con contundencia tengo que decirles que después de cuatro años de Gobierno del señor Rodríguez Zapatero en los que no se ha llevado a cabo ninguna acción real para mejorar este problema de salud mental en España dudamos de que ahora con esta estrategia, donde no hay nada más que recomendaciones y una serie de análisis pero sin ningún objetivo ni compromiso concreto por parte del Gobierno, se solucione si no se adoptan otras medidas.
El ministro titular de Sanidad, el señor Bernat Soria, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados no aludió en ningún momento al problema de salud mental. ¿Qué ocurrió? Que cuando los grupos políticos protestaron por esta falta de diálogo o de estrategia en su comparecencia sobre salud mental salió rápidamente diciendo que sí, que le preocupa mucho la salud mental -y no dudo que al ministro de Sanidad le preocupe mucho la salud mental, por supuesto que sí- pero que hay muchas patologías y que no iba a hablar de todas. Eso a nosotros nos hace pensar que hay prioridades en el ministerio y quiero equivocarme al pensar que una de las prioridades no es la salud mental. Nosotros queremos que sea un tema prioritario y que se trate de una forma contundente y real.
Nos hablan siempre de las autonomías, así como de que son competencia autonómica. Si la han leído, verán que en la propia estrategia se habla siempre, incluso en materia de infraestructuras, de las competencias de las autonomías y de la posibilidad de que estas vayan creando infraestructuras de la forma que puedan. Nosotros con nuestra moción queremos un compromiso real por parte del Gobierno central. Nosotros somos autonomistas convencidos. Creemos en las autonomías y para nada queremos dañar el Estado de las Autonomías, pero queremos que las autonomías estén lideradas por quien corresponde: el Gobierno central y por el Ministerio de Sanidad. Las autonomías no pueden servir, como está sucediendo muchas veces, para quitarle un peso de encima al Gobierno central. No, señor. Vamos a trabajar para que las autonomías puedan desarrollar estas políticas y, en concreto, una política de salud mental adecuada para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y de estas familias, que todos se lo agradeceremos.
Es más, vamos a cumplir la Ley de cohesión y calidad; una ley importantísima que se aprobó con el Gobierno del Partido Popular con el consenso de todos los grupos políticos. En los artículos 12, 13 y 64 de la Ley de cohesión se habla precisamente de que para este tipo de enfermedades, con la prevalencia y trascendencia social y laboral que tienen, deben ser creados y puestos en marcha planes integrales de salud.
En cuanto al principio de equidad, sabemos que hay una discrepancia, como expresa en la propia estrategia su coordinador el doctor Gómez Beneyto. Hay muchas desigualdades entre unas comunidades y otras y queremos que se vele por la equidad en todos los territorios. Un enfermo o una familia no tiene por qué sufrir una serie de deficiencias en una comunidad por el simple hecho de vivir en otra distinta. Vamos a liderar la consecución de la equidad y la cohesión de nuestro sistema.
Las noticias que tenemos en los medios de comunicación con que las asociaciones se manifestaron delante del ministerio, y pudieron leer el manifiesto en el que demandaban mejoras en la calidad de asistencia y más infraestructuras en salud mental. Y hoy mismo en Granada hay una asociación de familiares que ha convocado una manifestación precisamente para el viernes por la falta de atención a la salud mental en su comunidad.
El Grupo Parlamentario Popular quiere además aprovechar esta tribuna para rendir un homenaje a quienes realmente sufren este problema, pues no son sólo los enfermos sino también las familias y las asociaciones de familias de enfermos con trastornos de salud mental, quienes están luchando día a día por que se les atiende, pues no se trata solamente de una enfermedad, sino de una lacra social que está incluso poniendo en riesgo a su propia familia, su propia economía familiar, y muchas veces se sienten desamparados. A ellos les rendimos homenaje por lo que están luchando, por lo que están trabajando y por las reivindicaciones tan legítimas que plantean. Y el mejor homenaje que entendemos desde el Partido Popular es aprobar esta moción, en la que no pedimos nada que no se pueda aprobar.
¿Qué pedimos? Elaborar y poner en marcha un plan nacional de salud mental, que para nada está contrapuesto con la Estrategia de Salud Mental ya consensuada, consensuado con las comunidades autónomas y el Consejo Interterritorial de Salud para coordinar las acciones políticas o legislativas en las distintas comunidades autónomas; elaborar, en colaboración con las comunidades autónomas, un plan integral de salud mental que mejore los cuidados asistenciales y disminuya la carga familiar y social y evite situaciones de exclusión; reducir los efectos que tiene la enfermedad en el desarrollo normal de las personas a través de medidas como el desarrollo de la atención domiciliaria, el reforzamiento de medios materiales y humanos, la elaboración de un registro centralizado de pacientes graves que necesiten de un especial seguimiento; y un cuarto punto que hemos añadido en una enmienda de adición a esta moción, que consideramos que todavía le da más sentido al cristalizar y plasmar algo real para mejorar esta situación, y es que se recoja en los próximos Presupuestos Generales del Estado una partida presupuestaria para crear centros de detección precoz, centros de terapia ocupacional y centros de reinserción laboral y social para estos enfermos.
Sin duda alguna, esto será el homenaje que podamos rendir a estas personas y a estas familias que se ven agobiadas y, de verdad, creo que no estamos proponiendo nada que no pueda ser aprobado por consenso. Debemos de recapacitar todos y sacar de aquí una moción que realmente merece la pena, que no compromete políticamente a nadie, con colores políticos, sino que nos compromete con lo que los responsables políticos debemos hacer, que es atender una demanda que lleva todo el sentido del mundo y a la que nosotros podemos dar solución si nos ponemos de acuerdo.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Villagrán.
El señor VILLAGRÁN BUSTILLOS: Señor presidente, señorías, se nos presenta una moción, por parte del Grupo Popular, sobre salud mental, obviando totalmente la Acción Estratégica en Salud Mental que se aprobó en el año 2007. Se aprobó ni más ni menos que por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por todas las comunidades autónomas que son competes en la materia, por las asociaciones de familiares de pacientes, y por el propio Ministerio y el Comité de Expertos. Ahora se solicita, a menos de un año de la aprobación de dicho plan, un Plan Nacional de Salud Mental sin ni siquiera constatar la evolución del desarrollo del Plan Estratégico.
Señor presidente, señorías, en diciembre de 2006 se elaboró un documento, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, llamado Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Este documento se realizó bajo la directriz del Ministerio, en coordinación con las comunidades autónomas -que, repito, son competentes en la materia-, sociedades científicas y las asociaciones de pacientes, y está sustentado en la filosofía y contenidos de la Declaración de Helsinki sobre salud mental de 1985, apoyada por la OMS y suscrita por España en 2005. Este plan estratégico fue aprobado por las comunidades autónomas, las asociaciones de familiares de enfermos mentales y el ministerio, y publicado y dado a conocer, con inicio de los trabajos, en mayo de 2007. En él se adopta un enfoque integrado que combina la promoción de la salud mental, la prevención de sus trastornos, el diagnóstico, el tratamiento de los pacientes, la coordinación inter e intrainstitucional, así como medidas que faciliten la inserción laboral y social de estos enfermos. Y ese plan es el instrumento que aprobamos todos y nosotros tenemos la obligación de defenderlo.
La estrategia de salud mental es como las estrategias ya aprobadas, como la del cáncer, como la de cuidados palia-
tivos, como la de la diabetes, como la de EPOC, como la de cardiopatía isquémica, que forman parte del gran plan de calidad del Sistema Nacional de Salud y se basan en las competencias de la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley de calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, que confieren al ministerio de Sanidad y Consumo.
Haciendo cronología, les diré que en el año 2005 se iniciaron los trabajos de redacción del plan estratégico que nos ocupa, con un responsable técnico de alto nivel y dos niveles de análisis, uno el de expertos y planificadores de las comunidades autónomas y un comité institucional. Se consensuó un documento, aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial, como dije anteriormente, el 11 de diciembre de 2006 y publicado en marzo de 2007. Se ha realizado una campaña de difusión, con edición, publicación y difusión de los documentos, la presentación pública de la estrategia, la campaña de promoción de la presentación de la estrategia en más de 20 foros nacionales e internacionales. Con esa estrategia, se han realizado participaciones múltiples en foros internacionales, como el Foro de Helsinki, el Foro de Salud Mental del Consejo de Europa y se ha participado en la elaboración del Libro Verde en Salud Mental de la OCDE.
En mayo de 2007, señorías, se constituyó un comité de seguimiento y evaluación para realizar una exploración continua sobre lo realizado. Está previsto, señorías, que para diciembre de 2008 se realice un corte de evaluación y en el primer trimestre de 2009 se podrá realizar un informe para el Consejo Interterritorial, donde se actualicen los contenidos de la estrategia.
Además de ello, en 2006 se transfirieron a las comunidades autónomas fondos para 26 proyectos relacionados con la estrategia de salud mental; en 2007 fueron 17 los proyectos y en el 2008 ya se han financiado 11 proyectos relacionados con dicha estrategia de salud mental. Igualmente, en 2007 se han financiado 11 proyectos sobre este tema con entidades sin ánimo de lucro. Igualmente, en el Consejo Interterritorial del próximo día 18 de este mes hay un compromiso del ministerio con la presentación a dicho órgano de la propuesta de destinar cuatro millones de euros de la partida económica destinada a transferencias a las comunidades autónomas para proyectos de apoyo a la estrategia de salud mental.
Por tanto, nosotros pensamos que el Gobierno ha realizado un buen trabajo, que va en la buena dirección y que lo va a continuar realizando. Por ello, no estamos de acuerdo con lo que propone la senadora -termino, señor presidente- del Partido Popular.
Hemos presentado una enmienda de sustitución en apoyo al plan estratégico de salud mental, que dice:
El Pleno del Senado de España insta al Gobierno a:
Primero. Continuar impulsando, conjuntamente con las Comunidades Autónomas, el desarrollo de los objetivos y recomendaciones incluidas en la Estrategia en Salud Mental, aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2007.
Segundo. A que se presente ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el informe de evaluación de la estrategia previsto en la misma.
Muchas gracias, señor presidente y señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para manifestar la posición sobre la enmienda que se acaba de debatir, tiene la palabra la senadora Aragón.
La señora DE ARAGÓN AMUNARRIZ: Gracias, señor presidente.
Senador Villagrán, estoy encantada porque usted mismo me habla de plan estratégico. Eso es lo que estaba proponiendo el Partido Popular. Pero al manifestar nuestra postura sobre su enmienda, le tengo que decir que nosotros no la podemos aceptar porque su enmienda es una obviedad, señor Villagrán. En su enmienda dicen, primero, continuar impulsando, conjuntamente con las comunidades autónomas, el desarrollo de los objetivos y recomendaciones de la estrategia de salud mental. ¡Estaría bueno que no siguieran ustedes con la estrategia de salud mental, que ha sido aprobada y consensuada! Nosotros estamos pidiendo algo más. Y segundo, nos dice usted que se presente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el informe de evaluación de la estrategia. ¡Estaría bueno que no se presentara! Sería un desprecio total al Consejo Interterritorial que la evaluación de la estrategia no fuera presentada allí donde se consensuó y se aprobó.
Por tanto, se lo digo con todo respeto, han querido presentar algo para votar en contra de nuestra moción -espero que todavía recapaciten y la apoyen- y, desde luego, esto no tiene nada que ver con lo que el Partido Popular está reivindicando.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos, a continuación, al turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) No hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a través de esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular vuelve a ponerse sobre la mesa una cuestión que forma parte esencial de la vida de cada persona: su salud mental; salud que condiciona el bienestar personal y familiar e incide en todos los planos de la vida. Los problemas de salud mental son una de las primeras causas de discapacidad y, por tanto, de dependencia de las personas. No debe por ello sorprendernos la preocupación que pueda existir en relación con esa cuestión, y tampoco el que se presenten iniciativas que pretendan mejorar las situaciones personales y complejas de quienes tienen problemas de salud mental, y de quienes en su entorno más próximo conviven y atienden a una de estas personas.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos está totalmente de acuerdo, tal y como en cierto
modo recoge el punto tres de la moción, en ir reforzando los recursos actualmente existentes o adecuando prestaciones a que tuvieran derecho, incluso en el marco de la actual Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Todo ello en aras de reducir los efectos que los problemas de salud mental tienen en el normal desarrollo de la vida en una persona.
Nos sorprende, eso sí, y tenemos que decirlo de entrada, el hecho de que, unido a esto, se plantee la elaboración de un registro centralizado de pacientes graves que necesiten un especial seguimiento. Este planteamiento choca en principio con el actual reparto competencial en materia de sanidad, servicios sociales, formación y empleo, educación, etcétera; aspectos todos ellos que deben configurar la intervención integral en una persona con problemas de salud mental. Más que registros centralizados deberá reforzarse la colaboración y coordinación interinstitucional e intrainstitucional, tal y como se plantea en la Estrategia de Salud Mental aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. También es probable que las líneas estratégicas planteadas en la misma, como son promoción de la salud mental de la población, prevención de la enfermedad mental y erradicación del estigma asociado a las personas con trastorno mental, atención a los trastornos mentales, coordinación intra e interinstitucional, formación del personal sanitario, investigación en salud mental y sistemas de información y evaluación, no satisfagan del todo a los grupos parlamentarios de la Cámara, pero también es cierto y hay que reconocer que aún no ha transcurrido ni tan siquiera un tiempo prudencial para que su ejecución y puesta en marcha por parte de todos los actores implicados en la misma, como son las comunidades autónomas, Ministerio de Sanidad, entidades sociales, etcétera, pueda ser valorada globalmente.
La estrategia fue elaborada por representantes de todas las comunidades autónomas, expertos y miembros de sociedades científicas, Confederación Española de Agrupaciones, Familiares y Personas con Enfermedad Mental, representantes del Ministerio de Sanidad y diversas instituciones colaboradoras. Y su aprobación por el órgano competente, el Consejo Interterritorial, como mínimo debe otorgar credibilidad a la voluntad de las partes para avanzar en el abordaje de la problemática que entraña en todas sus vertientes la salud mental. Y en definitiva, por ello, trabajar para mejorar los cuidadados asistenciales, reducir la carga familiar y social que supone convivir o cuidar a una persona con estos problemas de salud.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos cree plenamente en la capacidad de las comunidades autónomas y en su mayoría de edad para gestionar las distintas competencias asumidas, así como en el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las mismas, que redunda en beneficio de las personas a quienes, en definitiva, van destinadas, y pone en práctica la colaboración que debe primar entre las distintas comunidades autónomas. Son las propias comunidades autónomas las que en el marco de la estrategia aprobada en su día deben diseñar, en base a las necesidades detectadas en la población, su propia estrategia de salud mental e ir dando pasos tal y como lo vienen haciendo.
Por otro lado, el punto 1 de la moción no es algo desconocido. De hecho, en la pasada legislatura se aprobó en la Comisión de Sanidad y Consumo, celebrada el 27 de junio de 2005, el contenido literal de dicho punto, con la matización de Plan Nacional de Salud Mental marco, a petición, precisamente, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Con tal motivo, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presentó una enmienda que no prosperó, pero que mantenía la coherencia con el trabajo realizado hasta ese momento en el Consejo Interterritorial -concretamente, en la subcomisión de prestaciones-, donde se había elaborado un informe sobre salud mental y se hacían una serie de recomendaciones en coherencia con los contenidos de la aclaración ministerial europea sobre salud mental, aprobado en el seno de la conferencia europea de la Organización Mundial de la Salud en Helsinki. Desde entonces, y aun habiéndose constituido la pasada legislatura una ponencia en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo para analizar la situación referida a salud mental en las distintas comunidades autónomas -aunque también hay que decir que con muy poco recorrido, por diversas circunstancias-, mi grupo parlamentario sigue pensando que ningún plan puede ni debe coordinar las acciones políticas o legislativas de las distintas comunidades autónomas, puesto que eso es negar la mayor, la existencia y esencia misma de las comunidades autónomas y, por tanto, su capacidad política, ejecutiva y legislativa, que nada tiene que ver con la universalidad, equidad en el acceso e igualdad en prestaciones y servicios, que configuran la cartera de servicios destinados a las personas con problemas de salud mental y que, por supuesto, mi grupo parlamentario apoya y siempre apoyará.
En definitiva, señor presidente y señorías, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario se trata de una moción que pretende un fin que es verdad que compartimos, la mejora sustancial del desarrollo de la vida de una persona con problemas de salud mental y, por extensión, de su entorno; pero también es cierto, y hay que mencionarlo, que los planteamientos concretos del petitum para su consecución no los compartimos por las razones que ya he expuesto, razón por la cual anuncio que votaremos en contra del texto de la moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Deseo aprovechar mi primera intervención en esta legislatura para expresar que vuelve a ser un placer y un honor compartir con todos ustedes el debate de las distintas iniciativas legislativas, con la esperanza de que fruto del
mismo logremos acuerdos entre todos los grupos, muy especialmente en relación con temas como el de hoy, el de la salud.
Hoy el Grupo Popular nos presenta una moción para elaborar un plan nacional de salud mental. Señorías, tal y como ha descrito perfectamente la senadora Aragón, los datos de la Organización Mundial de la Salud son escalofriantes: el 25 por ciento de la población mundial sufrirá a lo largo de su vida un trastorno mental.
En el caso de la población española, parecía que los datos eran algo más optimistas: aproximadamente, el 9 por ciento por ciento de la población sufre una patología mental. En este sentido, parece que el 15 por ciento lo padecerá a lo largo de su vida, aunque en realidad hay algunas publicaciones que afirman que el 60 por ciento de las patologías mentales no llegan actualmente a nuestros servicios de salud. Si a esto añadimos nuevas patologías, como las degenerativas -asociadas a la edad-, las asociadas a las drogas y a los trastornos alimentarios, podremos comprobar que los datos de la OMS pueden incluso quedarse cortos.
Por otra parte, a lo largo de las últimas décadas se ha producido una gran reforma en la atención psiquiátrica, que ha convertido no sólo nuestros manicomios en clínicas y hospitales psiquiátricos sino que ha externalizado a buena parte de los pacientes con patologías leves. Si bien es cierto que esto ha supuesto la normalización y, por tanto, la aceptación de estas patologías mentales muy estigmatizadas durante el siglo pasado -tal y como ha mencionado la senadora Aragón-, de manera que nuestra sociedad ha empezado a considerarlas como una enfermedad más y, al mismo tiempo, ha conseguido una mejor integración del enfermo psiquiátrico leve, también lo es que está provocando una nueva problemática a la que debemos enfrentarnos, cómo afecta a la familia esta integración y los efectos secundarios que derivan de ella a medio y a largo plazo.
Un análisis del momento en el que se encuentra la asistencia psiquiátrica en este país nos revela la existencia de distintos planes y modelos de salud mental, en función de cada una de las comunidades, fruto en parte del traspaso de la gestión sanitaria. Estoy hablando de modelos distintos tanto en dotación de recursos humanos como técnicos, existiendo no sólo un cierto desequilibrio -como decía usted-, sino una gran dificultad para el seguimiento de cualquier paciente fuera de su comunidad, pero no solamente del paciente que desconoce la estructura vigente en una comunidad distinta a aquella en la que halla habitualmente sino que incluso a los propios especialistas les es muy difícil saber cómo ha sido tratado y en qué condiciones un paciente en otra comunidad.
Y fue precisamente esa gran variedad de experiencias que realizan distintas comunidades lo que nos llevó en la anterior legislatura a pedir una ponencia, que se aprobó en su momento, para poner al día las distintas experiencias de las organizaciones y sus éxitos y fracasos; algo parecido al benchmarking, tan de moda en los modelos de gestión, y ahora en el ámbito de la salud.
Como saben todos los que formaron parte de la legislatura anterior, la ponencia no pudo concluir sus trabajos por falta de tiempo; se acumularon las ponencias, y esta se quedó en el tintero. Sin embargo, sí se consiguió que el Gobierno encargarse un informe en profundidad a una serie de expertos de reconocido prestigio, entre ellos, el doctor Gómez Beneyto, así como ciertos compromisos adquiridos por la misma ministra Salgado, presentados en el seno de la OMS en la reunión de Helsinki. De dicho informe surgió la mencionada Estrategia en Salud Mental, aprobada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado año 2007, tal como ha expuesto el senador Villagrán al hablar de su enmienda.
En esta línea presentamos la nuestra, en la que proponemos el cambio de la denominación de plan nacional de salud por plan marco, pues, como decía el senador Zubia, esa terminología supone un gran cambio y es la misma que aprobamos todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Sanidad el pasado año. Además, proponemos un programa de mínimos, porque, aunque ello suponga un cierto desequilibrio, las comunidades deben ser plenipotenciarias -sí, señor Zubia, estoy de acuerdo- y decidir hasta dónde deben o pueden llegar, siempre que económica y técnicamente ello sea sostenible. Por otro lado, proponemos la creación de unas unidades sociosanitarias de emergencia y respuesta rápida para situaciones de gravedad en que se necesiten, que puedan solucionar o a veces evitar casos extremos como el que últimamente hemos conocido por la prensa sensacionalista y que suponen un grave problema para las familias, tanto casos de violencia como de desatención de los mismos pacientes, situaciones que, según los expertos, pueden suceder con más frecuencia en el futuro.
Sabemos que la autonomía de la que gozan las comunidades permite perfectamente la creación de estas unidades, es cierto. Sin embargo, su necesidad y la ausencia de ellas nos ha llevado a pedirlas en esta moción; evidentemente, financiadas total o parcialmente, según se establezca en el Consejo Interterritorial.
Esperábamos que el Grupo Popular aceptase nuestra enmienda total o parcialmente y que, junto a los demás, especialmente el Grupo Socialista -que no ha hecho ningún esfuerzo de consenso-, se pudiese llegar a una transaccional de todas estas enmiendas. Sin embargo, no ha sido así, no ha habido transaccional. Por esa razón, permitanme decirles que ambos están cometiendo un error. Ninguno de nosotros debería utilizar la sanidad, y mucho menos la salud mental, como base de enfrentamientos, de estrategias políticas pura y exclusivamente partidistas. Uno de los motivos de presentar la enmienda en la forma en que se ha hecho fue precisamente el de servir de puente de unión entre ustedes para lograr acercar posiciones y llegar a acuerdos sobre el futuro de nuestro sistema sanitario, una parte del cual es la salud mental, sin dejar de ser los mejores, para que este sistema sanitario pueda ser sostenible. Otro motivo fue la creación de esas unidades de emergencia y respuesta rápida para paliar los posibles casos de extrema desatención o de violencia, medida
reclamada por todos los implicados en la salud mental, tanto sanitarios como pacientes y familiares de estos. Pero, agotadas las negociaciones, no ha sido posible llegar a un texto conjunto.
El senador Villagrán nos informaba en su enmienda de que en el próximo Consejo Interterritorial, que se celebrará el próximo día 18 de junio, está previsto proponer una partida de 4 millones de euros destinada a transferencias a las comunidades para estrategias de salud mental. Bien, esperaremos a ver el resultado la semana próxima. Pero como el curso parlamentario se acaba, y teniendo en cuenta que ustedes no suelen ser rápidos en el trasvase de fondos, en septiembre estaremos en las mismas condiciones. Esperamos que entonces nos expliquen cómo, dónde y cuándo han hecho ese trasvase de dinero -en este caso el trasvase no parece tener ningún problema-. Por otra parte, como parece que el Gobierno mantiene la fecha de diciembre de 2008 para realizar el informe de ese plan estratégico, esperamos que sea expuesto en esta Cámara el próximo enero de 2009.
Y, senadora Aragón, aun estando de acuerdo con las necesidades de las que ustedes habla: la mejora de servicios asistenciales, la disminución de las cargas familiares que supone tener en el seno de una familia un enfermo de estas características o, según se dice en el punto cuarto de su propia enmienda, recoger en los presupuestos generales del Estado una partida para la creación de centros de detección, de terapia ocupacional y de reinserción social, para reforzar lo que ya se está haciendo en algunas comunidades, ya sea de forma pública o privada -propóngalo, nosotros les apoyaremos en los presupuestos generales del Estado; para eso no hace falta una moción, pueden hacerlo cuando quieran-, a pesar de eso, nuestro grupo no podrá votar la moción, y no porque consideremos que la creación de un plan nacional en los términos en que se insta en esta moción es un paso atrás. Al revés: es un paso adelante hacia la centralización, hacia la toma de decisiones y, por tanto, en contra de las transferencias.
En cuanto al apartado tercero, en el que se habla de la elaboración de un registro centralizado, expresamos nuestras dudas. Debe hacerse en unas condiciones determinadas, de lo contrario podría atentar gravemente contra el derecho a la intimidad de esos pacientes. Es más, en las actuales condiciones de estanqueidad total de los 17 sistemas sanitarios de nuestro país, yo diría que es prácticamente imposible.
Nosotros vamos a insistir en tres aspectos durante la legislatura: en la creación de unidades, en que la salud mental no sea el pariente pobre de la sanidad y en buscar los mecanismos oportunos para conectar unos y otros modelos, los distintos modelos de salud mental de este país, para que podamos tener una mejor atención en salud mental.
Siempre he acabado diciendo que la sanidad no debe tener ni color ni legislatura. Hoy iré más lejos. No quiero ser agorera, pero si entre todos no llegamos pronto a un pacto de salud estatal, entre los siete grandes partidos que pueden formar gobiernos, con los agentes sociales y, por descontado, con los profesionales, asociaciones y colegios profesionales, en poco tiempo nuestro sistema sanitario, uno de los mejores de Europa, no solo no será sostenible, que empieza a no serlo, sino que llegará a ser uno de los peores de Europa, con una degradación difícil de recuperar. Y lo que no habremos querido hacer por las buenas, por consenso, se tendrá que hacer dadas las circunstancias. Por cierto, las actuales ya no son las mejores, ni las técnicas ni, por descontado, las económicas.
Ningún partido puede hacer esto solo, y ustedes lo saben; ni siquiera con mayoría absoluta. Hay que tomar decisiones difíciles, y o jugamos todos o nadie podrá hacerlo. Así que piénsenlo. Nosotros continuaremos insistiendo, dando argumentos técnicos y económicos para que la decisión pueda tomarse, pero tienen que adoptarla ustedes, el Partido Socialista, que está en el poder, tendiendo la mano, y el Partido Popular, aceptándola. Ustedes dijeron durante la campaña que si gobernaran estarían de acuerdo en hacer un pacto para la sanidad. ¿Lo han oído? Ténganlo en cuenta. Y a ver si lo hacen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de la Entesa tiene la palabra el senador Esquerda.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: Gràcies, senyor president. (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Senyories, l'instrument per finançar la sanitat es el Fons de Cohesió, que penalitza aquells territoris que han evolucionat cap a l'eficiència. Nomes preveu compensar els trasllats autorizats i sempre que en la comunitat de residencia no existeixin els serveis hospitalaris requerits; no preveu els casos de desplaçament per turisme, feina o motius familiars.
El primer any d'entrada en vigor del Reial Decret, el 2002, la sanitat publica catalana va tenir un saldo negatiu per aquest concepte de mes de 26 milions d'euros.»
He dicho, señorías, que el instrumento para financiar la sanidad es el Fondo de Cohesión, que penaliza a las comunidades que han evolucionado hacia la eficiencia. Solo prevé compensar los traslados autorizados y siempre que en la comunidad de residencia no existan los servicios hospitalarios requeridos. No prevé los casos de desplazamientos por turismo, trabajo o motivos familiares. En el primer año de entrada en vigor del Real Decreto, 2002, la sanidad pública catalana tuvo un saldo negativo por este concepto de al menos 26 millones de euros.
¿Qué quiero decir con ello? Que por tradición, por exigencia social, y creo que también por vocación, Cataluña siempre procura ir en cabeza en cuanto a las prestaciones sanitarias se refiere. Tenemos muy buenos profesionales e investigadores y somos pioneros en algunas especialidades -supongo que al igual que en otros sitios-, dedicamos muchos recursos humanos y económicos a mejorar la salud, vencer enfermedades, mejorar y eliminar ciertos trastornos y rehabilitar y reeducar a pacientes con trauma-
tismos severos. Y deberíamos encontrar el método para que a través de un pacto de financiación adicional en el Fondo de Cohesión Sanitaria se garantizase el pago de la atención sanitaria realizada por los desplazados entre comunidades y del extranjero.
¿Y por qué hablo de financiación en el debate de esta moción del Grupo Popular sobre salud mental? Porque la moción nos habla de un plan nacional de salud mental y de la coordinación desde dicho plan de las acciones políticas y legislativas en las comunidades autónomas. Además, se establecería un plan integral de la salud mental.
Creo que se debería dejar de pensar en la coordinación como un proceso de convergencia a la baja entre territorios que conlleve eliminar las diferencias derivadas de la diversidad de un sistema de salud descentralizado. No nos molesta que haya unos mínimos, siempre que eso no sea un intento de igualar por abajo. Nos molesta que se obstruya la evolución por arriba. Y aquí puede leerse que se grava financieramente dicha evolución, castigando la eficiencia.
La salud mental ha evolucionado mucho durante los últimos tiempos, habiéndose logrado grandes avances en materia de tratamiento, prevención e inserción social. Se ha desestigmatizado, se ha eliminado el hospital exclusivamente psiquiátrico, y podemos hablar de esas enfermedades libremente, sin cuchicheos, gracias en gran medida a la dimensión de la transversalidad que se ha adquirido últimamente. Y todo eso se está llevando a la práctica a través, entre otras cosas, de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de la Salud 2006, con objetivos puestos en la promoción de la salud mental; en la previsión de la enfermedad; en la erradicación del estigma asociado a la persona que la padece; en la atención a los trastornos; en la coordinación en la comunidad autónoma y entre comunidades autónomas; en la formación del personal sanitario, y en la investigación en salud mental, todo ello, mediante un sistema de información y evolución que funcione.
Para apoyar esta estrategia se han financiado proyectos en salud mental desarrollados por las comunidades autónomas, programas específicos desarrollados por entidades sin ánimo de lucro y actuaciones de apoyo a la investigación. Por supuesto, tendremos que esperar al informe que se emitirá a principios del año 2009, tal como se ha dicho, para evaluar en profundidad la bondad de dicha estrategia, lo que no deja de ser un esfuerzo para plantear unos mínimos deseables con un método de trabajo y su evaluación que nos dará un resultado interesante y no impide el crecimiento superior en aquellos ámbitos o comunidades que así lo quieran.
En cualquier caso, por lo que se refiere a Cataluña, y en el marco de la Estrategia en Salud Mental, se están desarrollando tres proyectos financiados con los Fondos de Cohesión 2008: uno, contra la depresión y el riesgo de suicidio, presupuestado en 100.000 euros; otro, de participación en el proyecto para reducir la exclusión social en personas con trastornos mentales graves a través de la formación continuada, presupuestado en 18.000 euros, y un programa formativo para la promoción de la salud mental infantil y juvenil desde pediatría, presupuestado en 10.000 euros.
En estos tres proyectos se está trabajando en el tratamiento de la enfermedad, en su prevención, en la integración social de los pacientes y en la promoción de la salud mental infantojuvenil. Sin embargo creemos que eso es del todo insuficiente si comparamos estas cuantías o la partida de seis millones de euros aprobada en diciembre de 2007 y destinada a las comunidades autónomas para desarrollar estrategias de salud mental con los 314 millones de euros que ha destinado la Generalitat de Cataluña en el presente ejercicio a esta cuestión.
Ello quiere decir que la atención a la salud mental no ha recibido un respaldo presupuestario suficiente como para financiar adecuadamente los objetivos de la Estrategia en Salud Mental. Señorías, la mitad de las personas que necesitan tratamiento no lo reciben, y de los que están en tratamiento, hay un porcentaje significativo que no recibe el adecuado. Y cito textualmente la justificación de la estrategia, que viene a ser lo que ha dicho la senadora Aragón sobre ese 30 por ciento del que hablaba: Ya sabemos que los ingresos de la financiación sanitaria crecen a un ritmo menor que el gasto sanitario en todas las comunidades autónomas de régimen común, y eso no es debido a una mala gestión sanitaria sino a deficiencias estructurales del sistema. Por ello, el Estado ha de garantizar suficientes recursos para que las comunidades autónomas mantengan su esfuerzo actual.
Vamos a votar en contra de la moción, fundamentalmente por su concepto centralizador contrario a lo especificado en la estrategia, que declara no querer interferir en el campo competencial de las comunidades autónomas. Tengo la sensación de que con ello iríamos hacia atrás más que hacia adelante. Sin embargo, creo que estos son aspectos que nos preocupan a todos los grupos parlamentarios de la Cámara, y una vez vistos los distintos planteamientos seguro que podremos coincidir -y así lo deseo- en muchos aspectos, pero en otras ocasiones.
Quizá merecería la pena que las propuestas no estuvieran tan marcadas por los programas electorales y que pudiéramos ver desde un punto de vista más global la sanidad que importa al ciudadano; y no solo me refiero a la sanidad mental, sino a la sanidad en general.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Villagrán.
El señor VILLAGRÁN BUSTILLOS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en mi grupo no llegamos a entender muy bien lo que el Grupo Parlamentario Popular pretende con esta moción.
Se habla de un plan nacional de salud mental, pero nosotros pensamos que ese plan es centralista, y no la estrategia que nosotros planteamos, que ha sido aprobada en el Consejo Interterritorial.
Estamos de acuerdo, senadora Aragón, en que todo es mejorable, evidentemente, y para ello estamos aquí. Todos queremos el bienestar de los enfermos. Pero hablar de un plan nacional en esos términos, cuando todavía no se ha realizado una evaluación del plan estratégico del pasado año, en el que el Gobierno, las comunidades autónomas, los expertos y las asociaciones de familiares trabajan, y que todos apoyamos, nos puede llevar al absurdo.
Cabe la posibilidad de que el Grupo Parlamentario Popular no esté satisfecho con los resultados que se están obteniendo en el año que llevamos con esta estrategia, pero sus posibles carencias y lagunas deben ser llevadas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se va a celebrar el próximo 18 de junio. Ese es el marco para hacer una evaluación de lo que se acordó en el año 2006.
Pero el Partido Popular lleva en su programa electoral dicho concepto de plan nacional, y ahora nos lo trae aquí. Aprobó con todas las comunidades autónomas la estrategia, y ahora nos trae al Senado el plan nacional. ¿Qué quiere decir eso?¿Que aparcamos el plan? ¿Que aparcamos la estrategia? ¿Que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que según nuestras informaciones están satisfechas con dicha estrategia, ahora están disconformes?
Creemos que todo eso hay que decirlo en el Consejo Interterritorial de Salud, que es el foro oportuno y el que hemos acordado todos. El plan nacional del que se habla en la moción es un plan de acuerdo con las comunidades autónomas, pero es para el Gobierno del Estado. Es un plan que, como dice un compañero, nos retratae ni más ni menos que a los años ochenta, cuando las comunidades autónomas no tenían las competencias en Sanidad. Según nuestro criterio, eso es una vuelta atrás, es retrógrado, es un retroceso, y además lesiona gravemente los intereses de las comunidades autónomas que tienen ya sus competencias sanitarias.
Usted bien sabe, senadora, y lo saben todos los ciudadanos de nuestro país, que la salud pública ha sido siempre una prioridad para los gobiernos socialistas. Ello nos enorgullece y nos llena de total satisfacción. Sí, senadora, las leyes más importantes que han configurado el Sistema Nacional de Salud que hoy tenemos, que es un orgullo para nosotros y para muchos de fuera, han sido realizadas por gobiernos socialistas, y esa bandera, ese liderazgo lo conocen bien todos los españoles. Para todos los gobiernos socialistas siempre ha sido una preocupación constante y una prioridad mejorar la atención a la salud y, por ende, la salud mental.
El instrumento que defiende mi grupo es, como hemos dicho, la estrategia aprobada por todos en el Consejo Interterritorial de Salud, que no toca las competencias de las comunidades autónomas. Y es que estamos en el comienzo de un giro significativo en la forma de entender la asistencia a esas personas, iniciado bajo la influencia de una creciente conciencia ciudadana y de sensibilidad hacia el respeto de los derechos humanos, de acuerdo con las comunidades autónomas, apoyado por las asociaciones de consumidores, por los servicios sanitarios y por las asociaciones de familiares de enfermos mentales.
Esa estrategia adopta un enfoque integrado que combina la promoción de la salud mental, la prevención de sus trastornos, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, la coordinación interinstitucional, así como medidas que faciliten la inserción laboral y social de esa problemática de los enfermos.
Esa estrategia constituye, señoría, un texto de apoyo para la coordinación en todo nuestro país de los planes y programas de promoción de salud mental, de los programas de prevención, de los medios diagnósticos y de las normas terapéuticas y rehabilitadoras para realizar una atención integral y continuada de las personas que tienen trastornos mentales. También se estimula en él la investigación y se crean herramientas que evalúan el avance del conocimiento en este campo, así como los avances y retrocesos que se detecten en su desarrollo.
La estrategia a la que nos referimos es un buen instrumento para mejorar la salud de los ciudadanos en general y de los enfermos mentales en particular, y ese plan estratégico es el eje en el que estamos todos trabajando desde su puesta en práctica.
Señorías, en el Consejo Interterritorial de este mes se va a evaluar intensamente la trayectoria de esa estrategia y, como he dicho en mi anterior intervención, en diciembre se realizará un corte para su evolución; y en el primer trimestre del próximo año se ofrecerá un informe sobre cómo se va desarrollando el plan.
El Grupo de Convergència i Unió ha presentado una enmienda con la que tampoco estamos de acuerdo, y que no entendemos muy bien viniendo de una formación política de corte nacionalista; igualmente, nos oponemos a la enmienda de adición presentada por el Grupo Parlamentario Popular a su propia moción.
Nos mantenemos, pues, a la espera de las evaluaciones de la Estrategia en Salud Mental aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, vamos a votar en contra de la moción del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Aragón.
La señora DE ARAGÓN AMUNARRIZ: Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer al senador Zubia su comprensión hacia el sentido de esta moción. Estamos de acuerdo, y lamento tremendamente que ustedes no puedan demostrar su apoyo votándola a favor.
Ha dicho usted que le da miedo el registro centralizado y que el plan choca con las competencias autonómicas. No es así, señoría. Sucede lo mismo que con las historias clínicas: cuando un paciente necesita -y estamos hablando de enfermos- una serie de registros o historias centralizadas es para mejorar su calidad de vida, para que se pueda mover de una comunidad a otra, y no para obviar las com-
petencias de las comunidades autónomas. En cualquier caso, repito que le agradezco el sentido que ha dado a nuestra moción, y lamento que no vayan a votarla a favor.
También quiero agradecer a la senadora Aleixandre el esfuerzo realizado para intentar llegar a un consenso con todos los grupos parlamentarios. Se lo agradezco de corazón. Ha comprendido perfectamente el sentido de esta moción. En la anterior legislatura, como portavoz del Grupo de Convergència i Unió, en la Comisión de Sanidad votó a favor de la moción que presentamos a este respecto, pero en estos momentos no lo va a hacer porque considera que debe haber consenso. Le agradezco, repito, el trabajo realizado, y espero que en otra ocasión podamos llevar a cabo una votación conjunta para mejorar esta situación.
Al portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, el senador Esquerda, le quiero hacer un comentario. Me ha hablado de la eficiencia del sistema sanitario en Cataluña. En un principio ha mostrado usted un triunfalismo tremendo, que creo no comparte tanto su consejera en Cataluña, porque está preocupada por la sanidad, ya que no tiene los suficientes recursos, aunque finalmente usted mismo lo ha acabo reconociendo. Por otro lado, ha acusado a esta moción de centralizadora y, como muchos otros grupos nacionalistas, ha dicho que invade competencias autonómicas, pero usted ha dicho también que hacen falta más recursos, que las autonomías deben estar apoyadas por el Gobierno central con recursos para llevar a cabo una serie de actividades en materia de salud y, por tanto, de salud mental. Y eso es lo que pedimos en nuestra moción.
No se asusten, no intenten hacer ver a la población que nosotros asustamos, que viene el Partido Popular cargándose las autonomías. No, senador Esquerda, porque usted sabe que eso no es verdad.
También ha dicho que le da miedo que vayamos al mínimo por debajo. No, no se preocupe. El Partido Popular jamás defenderá los mínimos por debajo, sino los máximos para mejorar la salud de todos los españoles y ciudadanos del territorio español.
Y ha manifestado que los hospitales psiquiátricos han cambiado mucho. Efectivamente, pero como han cambiado para bien, y el tratamiento que se da ahora a los enfermos mentales no se lleva a cabo dentro de recintos, como se hacía anteriormente, ahora precisan de otra serie de actuaciones; precisan de una reinserción; y precisan de actuaciones sociosanitarias que no se están llevando a cabo suficientemente en estos momentos.
Por otra parte, quiero manifestar al senador Villagrán que le traiciona el subconsciente, porque continuamente habla de plan y no de estrategia; y plan es lo que está proponiendo el Grupo Parlamentario Popular. Y lo que me hace mucha gracia de todos los grupos parlamentarios, y en concreto del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es que resulta que el plan es centralizador, y que el Grupo Parlamentario Popular viene aquí a luchar contra las competencias autonómicas y la estrategia, no. No sé, me tendría usted que explicar eso más despacio, porque creo que esa es una excusa para no apoyar la moción del Grupo Parlamentario Popular.
Además, ha manifestado que estamos obviando la estrategia. El Partido Popular no ha obviado la estrategia en absoluto, y así lo ha reconocido desde el primer momento. Ha hablado usted de la Declaración de Helsinki, del deber de defender la estrategia, de foros, del Libro Verde, de informes, de comités de expertos, de nuevos informes que nos van a presentar… Todo eso está muy bien, y el Grupo Parlamentario Popular no lo va a criticar, pero lo que el Grupo Parlamentario Popular pide son compromisos concretos del Gobierno central.
Señoría, cuando hablan de las competencias autonómicas, no creo que ningún consejero de ninguna autonomía, sea del color político que sea, vaya a pensar que por poner en marcha un plan -el plan significa financiación e impulsos de una serie de actuaciones- estamos invadiendo sus competencias. Estoy convencida de que agradecerán muchísimo que el Gobierno central, de una vez por todas, hable de financiación en materia sanitaria y que impulse y financie planes para mejorar la salud mental. Seguro que ninguna autonomía lo ve mal, y lo acogerá con muchísimo agrado, sobre todo, todos los ciudadanos y vecinos del territorio español.
Por otro lado, ha comentado que se presenta al Consejo Interterritorial una propuesta del ministro de Sanidad. Efectivamente, después de la crítica que hubo porque no habló en absoluto de salud mental, rápidamente, y después de una manifestación de asociaciones de niños con trastornos mentales, dijo que sí, que iba a presentar unas estrategias en psiquiatría infantil presupuestadas en cuatro millones de euros, al próximo Consejo Interterritorial. Pues, señoría, pensamos que eso está muy bien, y lo vamos a apoyar, lógicamente, como cualquier iniciativa. Pero no es suficiente. Así no pueden ustedes callar a las familias de los enfermos mentales, y nunca, desde luego, al Grupo Parlamentario Popular, que reivindica mucho más que cuatro millones de euros.
Por último, ha manifestado que el Gobierno lo está haciendo bien y que está convencido de que lo seguirá haciendo bien, aunque todo es mejorable, por supuesto. Pues esto es sustancialmente mejorable, senador Villagrán, muy mejorable, porque en una materia, como hemos dicho, importantísima de actuaciones sociosanitarias no se está haciendo nada. Hemos perdido cuatro años de Gobierno con el señor Rodríguez Zapatero en materia de salud mental, y resulta que usted manifiesta que el Partido Socialista es el único que ha hecho leyes importantes en materia de sanidad. ¡Hombre, por favor! No falten ustedes a la verdad! Ahí está la Ley General de Sanidad de 1986. ¿Y desde entonces ya no se ha hecho nada en materia de sanidad? ¿Es que no hemos tenido un Gobierno del Partido Popular preocupado por la sanidad? ¿Es que no hemos tenido ministros a la altura de los problemas de la sanidad en el Partido Popular? ¿Es que no hemos tenido una excelente ministra, como es Ana Pastor, reconocida hasta por ustedes? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Aplausos en los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular.) Por favor, no faltemos a la verdad intentando vestir este asunto de alguna manera con el objetivo de votar en contra de esta moción.
Nos dicen que nos retrotraemos a los ochenta, que lesionamos a las comunidades autónomas. ¡Por Dios! Traemos una moción donde decimos precisamente que el Gobierno central lidere, que sea solidario con las comunidades autónomas. No entendemos cómo el Partido Socialista o la Entesa u otros partidos pueden estar en contra de la solidaridad entre las distintas regiones españolas. Eso es lesionar a las comunidades autónomas.
Señor Villagrán, en el Grupo Parlamentario Popular hemos estado abiertos al consenso, desde el primer momento hasta el último momento de debatir esta moción. Lamentamos que no haya sido posible. Y le voy a añadir algo. Si el Gobierno no brinda sus manos para llegar a consensos es muy difícil que se pueda alcanzar ninguno, ni siquiera con el Grupo Parlamentario Popular, y es verdad, como decía la senadora Aleixandre, que nuestro portavoz y presidente nacional ofreció un pacto de sanidad.
Tienen ustedes que hacer el esfuerzo necesario para llegar a consensos. Pero voy a añadir algo más. Ustedes otra vez vuelven a las comunidades autónomas y a las autonomías, pero nosotros no lesionamos a la autonomía. Yo no me siento avergonzada por pertenecer a un partido al que ustedes han acusado hoy de ser antiautonomista, de lesionar a las autonomías. Me siento muy orgullosa de pertenecer a un partido, que es el Partido Popular , que no ve a las autonomías como una liberación y una descarga de la responsabilidad que tiene el Gobierno central y que no puede obviar, que es lo que ustedes están haciendo. Son ustedes muy poco ambiciosos, muy conformistas, y el conformismo es mal compañero de viaje para un responsable político. El Partido Popular no es conformista, pero no es que no sea conformista por ser del Partido Popular o por ser de otro partido, sino porque los ciudadanos españoles no son conformistas y no merecen el conformismo de los responsables políticos. Por eso lamento profundamente que no nos apoye en esta moción, porque se está perdiendo hoy una oportunidad importante para mejorar la salud de tantas y tantas personas y las condiciones de vida de tantas familias.
Pero alguien ha aludido -creo que era el portavoz de la Entesa- a que sigue abierto, en otras ocasiones, a llegar a un acuerdo. El Partido Popular, desde esta tribuna, se brinda a llevar nuevas iniciativas a la Comisión de Sanidad sobre esta materia, porque nosotros no nos conformamos, e intentaremos por todos los medios llegar a un acuerdo y a un consenso.
Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 258; a favor, 121; en contra, 137.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL COBRO INDEBIDO DEL IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD POR PARTE DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS, EN AQUELLOS CASOS EN QUE NO EXISTE CONSUMO ELÉCTRICO (S.662/000010).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a debatir la moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el cobro indebido del impuesto sobre la electricidad por parte de las compañías eléctricas, en aquellos casos en que no existe consumo eléctrico.
A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Riolobos.
La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el honor de presentar, en nombre de mi grupo, esta moción, que espero y deseo que sea apoyada por la mayoría de los parlamentarios de esta Cámara, independientemente del grupo parlamentario al que pertenezcan, porque es una moción con un objetivo prioritario y fundamental: la defensa de los 29 millones de consumidores que tiene nuestro país, los 29 millones de hogares, y en este caso concreto este asunto afecta a 6,5 millones de españoles y de hogares.
Existe una cuestión que tenemos clara en el Partido Popular, y es que en los últimos nueve meses los consumidores españoles están sufriendo una carga insoportable por el incremento de los precios en general, y por el destino final de la subida de todos los precios o de todas las demandas o de todas las huelgas, como la del transporte, que son el último eslabón de la cadena y, al final, repercuten en todo lo que está pasando en nuestro país. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)
En el Grupo Popular pensamos que lo que tenemos que hacer los senadores es lanzar un mensaje en positivo a todos los consumidores de España para que sepan que vamos a defenderlos, así como frenar al Gobierno en esa extraordinaria voracidad recaudatoria, porque lo único que pretenden es seguir sacando, a través de los impuestos, la mayor cantidad de dinero posible a todos los contribuyentes.
En nuestra moción proponemos dos cosas. La primera es que el Gobierno inste a las compañías eléctricas a no seguir cobrando un impuesto que consideramos que es ilícito y, en segundo lugar, que se devuelva a los consumidores, a los que se les ha cobrado un impuesto ilícito, que son 6,5 millones, el dinero que se les ha cobrado desde el año 2004 hasta ahora.
Estoy convencida, señorías, de que ustedes conocen perfectamente que a finales del año 2007 fue la Asociación
de Técnicos del Ministerio de Hacienda la que hizo público, a través de un comunicado, y lo denunció públicamente, el cobro indebido por parte de las compañías eléctricas de un total de 126 millones de euros -señorías, es mucho dinero- que se estaba cobrando y que se liquidó a través del impuesto especial de electricidad, y ese dinero se entregó a Hacienda. Este impuesto, que se estaba cobrando a través del recibo de la luz y que se sigue cobrando a través del recibo de la luz, afecta fundamentalmente a locales vacíos, a viviendas vacías, a segundas residencias, a viviendas temporalmente ocupadas o a las empresas que solamente trabajan determinados negocios, que solo tienen trabajo estacional, y que el resto del año no tienen ningún consumo energético. Según los datos de la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, se estimó -y tienen unos datos muy prolijos y muy bien determinados- a 6,5 millones de usuarios, de abonados y, además, que este dinero se fue cobrando a través del recibo, y que se hacía aunque no hubiera ningún consumo eléctrico.
Les voy a dar un dato para que ustedes tengan un argumento más para apoyar esta moción. Aunque todas las comunidades autónomas están ampliamente afectadas, las tres que más lo están y en las que los consumidores están más afectados por el cobro de este impuesto indebido son Andalucía, Valencia y Cataluña, que tienen alrededor de un millón de usuarios, de un millón de abonados afectados, y el cobro ilícito que ha hecho el Gobierno y que ha ingresado en sus arcas va desde los 18,7 millones de Cataluña, pasando por los 19,3 millones de euros de Valencia y 21 millones de euros de Andalucía. Pero, como digo, todas las comunidades están afectadas y van sumando hasta llegar a los 6,5 millones de usuarios afectados por este cobro ilícito y a los 126 millones de euros. Y por provincias, para que tengan ustedes también argumentos, la provincia más afectada, lógicamente, es Madrid, con 582.261 abonados afectados y un cobro ilícito de 11,5 millones de euros; la segunda es Alicante, con 456.498 abonados afectados y 8,5 millones de euros cobrados ilícitamente; la tercera es Valencia, con 407.879 abonados afectados y 8 millones; y la cuarta es Málaga, con 269.834 abonados afectados y más de 5 millones. Creo que todos los senadores que estamos en este momento en esta Cámara somos conscientes de que hay miles de afectados, y en algunos casos millones, de cada una de nuestras provincias o comunidades autónomas.
Además de este cobro del impuesto especial de electricidad que se hace a través del recibo de la luz a personas o a abonados que ni siquiera han consumido energía eléctrica, se le grava también con un 16 por ciento de IVA. Es decir, que un cobro de algo que no se consume, encima lleva un gravamen más de un 16 por ciento de IVA, lo que hace que todos estos usuarios o consumidores que no consumen tengan que pagar a las arcas del Estado más de un euro adicional en cada recibo bimestral.
No sé si ustedes lo saben, pero les recuerdo que también la Dirección General de Tributos, en el año 1998, a través de una consulta, dejó claro que no se debía ni se podía cobrar el impuesto especial de electricidad a aquellos usuarios que no consumieran energía eléctrica. Como ustedes saben, este impuesto especial de electricidad, que grava el consumo, consta de dos conceptos, uno de ellos es el término potencia -en función de la contratada por el usuario- y el otro es el término consumo eléctrico. Luego no parece razonable que si un particular no consume ningún tipo de energía eléctrica, se le cobre ese consumo en el recibo.
Además de esto, quiero añadir que cada año la Agencia Tributaria ha elaborado un informe al respecto, y ya en 2006 quedó muy claro que ese impuesto no debería cobrarse, y que lo normal -y lo que desde luego recomienda la Asociación de Técnicos de Hacienda en justicia para todos los ciudadanos- es que ese dinero se devuelva de forma adecuada por la Agencia Tributaria a todos aquellos consumidores a los que se les ha cobrado de forma indebida.
El Grupo Parlamentario Popular, y creo que también el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, presentó una enmienda sobre esta cuestión en los presupuestos del año 2008, porque hay que mostrarse sensibles ante la situación que han vivido y siguen viviendo 29 millones de consumidores, de hogares de nuestro país. Esta enmienda no pudo debatirse -saben ustedes que los presupuestos se vetaron en el Senado-, pero en cualquier caso creo que supuso un toque de atención al Gobierno, que ha hecho caso omiso de la petición que hicieron en su momento el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y los técnicos de Hacienda.
Señoría, hemos dicho antes que lo que tiene el Gobierno es una gran voracidad recaudatoria, por lo que hace caso omiso de las llamadas de atención que le hacen los consumidores. Y lo que nos parece absolutamente inadecuado es que en épocas de vacas flacas -que es lo que hemos estado viviendo hasta hace ocho meses a pesar de que el Gobierno hacía alarde permanentemente de que había superávit-, el Gobierno no mostrara sensibilidad hacia los usuarios y no cobrara este impuesto indebido.
Pero la situación que hay en este momento es que las compañías eléctricas siguen cobrando ese impuesto. Tengo aquí un recibo de la luz donde se pueden ver los diferentes conceptos. Entre ellos está la potencia contratada, la energía consumida, el impuesto sobre electricidad, el alquiler de equipos y el IVA. Este recibo me lo dio ayer un señor que posee un local comercial que ha tenido que cerrar porque le iba mal el negocio. Pues bien, por los meses de diciembre y enero tiene que pagar 42,57 euros a la compañía eléctrica suministradora sin haber consumido nada de energía eléctrica dado que tiene su local cerrado. (Unos señores pronuncian palabras que no se perciben.) No ha dado de baja la luz porque está esperando poder abrir de nuevo su negocio. Digo esto porque veo que algunos senadores me están preguntando que por qué no se ha dado de baja.
En cualquier caso, señorías, la realidad es que hay 6,5 millones de ciudadanos de todas las comunidades autónomas y de todas las provincias de España que, por diversas
razones familiares, personales y demás, están pagando religiosamente cada dos meses a las compañías eléctricas recibos de luz que pueden oscilar entre los 45 y los 65 euros sin haber consumido ningún tipo de energía eléctrica. Lo que no parece razonable es que por este local el Gobierno ingrese 45 euros anuales como mínimo en concepto de impuestos y la compañía eléctrica suministradora pueda estar ingresando alrededor de 255 o 300 euros al año por un local que está cerrado, porque el negocio no le va bien, y que no consume ningún tipo de energía. Señorías, no parece razonable que las compañías eléctricas y el Gobierno estén cobrando una cantidad por algo que no se usa.
El Partido Popular, entiende que los sufridos consumidores ya lo están pasando bastante mal. Nuestra valoración de la postura y de la posición del Gobierno, señoría, es la siguiente: nosotros no podemos permitir que se siga quebrando la confianza de los consumidores y que, cuando un Gobierno sabe que está cobrando algo que es ilícito, siga haciéndolo desde el año 2004 hasta ahora, el 2008, en que sigue cobrando. Esto solo puede deberse a un alarde de voracidad recaudatoria de un Gobierno que quiere ingresar dinero permanentemente y a una avaricia del Gobierno, que cuando las vacas eran gordas y tenían superávit seguía cobrándolo, y ahora que han logrado vaciar el granero después de cuatro años de Gobierno loco siguen queriendo cobrar a todos los consumidores.
Señoría, ningún consumidor de España puede entender que un Gobierno, al iniciar la legislatura, incremente en un 21 por ciento el personal tanto de altos cargos como eventuales, llegando hasta un número de 453, y que en algunos casos, como, por ejemplo, el del presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, este haya sido capaz de subirse un 50 por ciento el suelo y subírselo a 160 altos cargos, cuando todo el mundo está apretándose el cinturón y cuando los consumidores están viendo cómo hay una espada de Damocles encima de ellos, que es la subida, absolutamente abusiva, que ha planteado ya el ministro de Industria en el Congreso de los Diputados -que parece que va a ser aún mayor-. Nos parece que es una carga insoportable para los consumidores.
Desde luego la situación que estamos viviendo todos los consumidores -entre los cuales nos encontramos todos los senadores que estamos aquí- es de una falta de sensibilidad del Gobierno, que no entiende que solo en los últimos cuatro meses los consumidores están soportando, por la subida de las hipotecas, de los alimentos básicos, de las gasolinas y por la pérdida de poder adquisitivo, 100 euros más de gastos al mes, y esto en muchas familias que no llegan al ingreso de 1.000 euros al mes es absolutamente insoportable. Y si a esto le sumamos la espada de Damocles -como les decía antes- de que más de 20 millones de hogares van a ver cómo se sube la luz de una forma absolutamente abusiva a partir del día 1 de julio, la situación se hace intolerable, pero no lo dice solo el Partido Popular, creo que todas las asociaciones de consumidores de España han puesto el grito en el cielo por la situación que estamos viviendo, por la situación insoportable de presión fiscal y de incremento de precios que están sufriendo los 29 millones de consumidores y todos los ciudadanos españoles. En el Partido Popular no vamos a contribuir a esa situación de presión hacia los consumidores, sino todo lo contrario.
Por eso en el Partido Popular nos gustaría contar con el apoyo de sus señorías en esta moción, en la cual -a modo de resumen voy a leer íntegramente lo que pedimos- decimos lo siguiente: Que el Gobierno dé instrucciones a las compañías eléctricas para que las compañías proveedoras de suministro eléctrico finalicen en la práctica de cobrar el impuesto sobre la electricidad a los consumidores en aquellos casos en que no existe consumo eléctrico. Y, en segundo lugar, aprobar un crédito extraordinario para que la Agencia Tributaria practique en el ejercicio 2008 las devoluciones de oficio por el cobro indebido del impuesto sobre la electricidad de los últimos cuatro años. Quiero decirles a sus señorías que si esto no lo aprobamos ya y no instamos al Gobierno a que lo haga, y lo hace, es posible que el cobro indebido del año 2004 ya prescriba en un tiempo.
Señorías, la petición que hacemos a través de esta moción es justa, es posible y se puede hacer, es necesaria, sería un guiño a favor de millones de consumidores preocupados por la situación que estamos viviendo, y creemos que ellos, nuestros ciudadanos y los que nos han apoyado para que estemos aquí como senadores en este momento, nos lo agradecerían.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora senadora.
Para defender la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Durán.
La señora DURÁN FRAGUAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señora portavoz del Grupo Popular, aunque esta portavoz del Grupo Parlamentario Socialista no suele empezar por el final sino por el fondo de las cuestiones, tengo que comentarle algo.
Así como la felicitaría por el énfasis que ha puesto en la defensa de su moción, tengo que decirle que no se pueden utilizar aspectos demagógicos para defender determinadas cosas. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No tienen ningún sentido las digresiones que ha hecho sobre los sueldos, que por cierto son falsas, ni esas reflexiones que son más propias de una campaña electoral que de una moción en el Senado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Al Grupo Parlamentario Socialista, y al Gobierno del Grupo Parlamentario Socialista, le interesan sobre todo que nuestros ciudadanos y ciudadanas gocen de una calidad de vida cada vez mejor. En eso, además, creo que coincidimos con el resto de los grupos aquí representados. Si en algo coincidimos es en eso, porque la única función
de todos nosotros como representantes políticos es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por tanto, al menos en eso coincidimos todos.
Cuando usted nos habla -y le repito que con una defensa acalorada- de que hay que frenar al Gobierno en su afán de voracidad recaudatoria y de un cobro ilícito sobrepasa los términos que debería haber utilizado. (Rumores.)
Le voy a hablar del impuesto sobre la electricidad. El impuesto sobre la electricidad se creó dentro de la categoría de impuestos especiales regulados en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, en el artículo 7 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Por cierto, a ese artículo se presentaron solo cuatro enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Socialista, entonces en la oposición, y dos del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
El apartado primero de la disposición transitoria undécima de esa misma Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social dispuso que durante el año 1998 el Gobierno -el suyo- adoptaría las iniciativas necesarias para que a partir del 1 de enero de 1999 el impuesto sobre la electricidad se configurase como un gravamen específico exigido en relación con la cantidad de energía eléctrica suministrada. Esa disposición, por cierto, no tuvo enmiendas.
Pero hay más, y vamos a hablar de la VII Legislatura. Resulta que con fecha 28 de junio de 2000 se debatió en el Pleno del Senado una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista precisamente sobre ese tema. En ese momento, el ministro de Hacienda, el señor Montoro, comenzó recordando que este impuesto sustituía al recargo que se aplicaba sobre la tarifa eléctrica en concepto de coste específico asignado a la minería del carbón, y nos dijo que no había sido una decisión arbitraria sino una decisión que respondía a una exigencia de la Unión Europea, lo cual era verdad. Por lo tanto, ya ve que hay mucho de qué hablar sobre este impuesto.
Como usted ha dicho, efectivamente un recibo de la luz tiene cinco elementos: potencia contratada, energía realmente consumida, impuesto sobre la electricidad, alquiler de los equipos e IVA, que grava los cuatro anteriores. El 90 por ciento de ese importe va a retribuir a la empresa suministradora, y el 10 por ciento, restante es el que se conoce como cuota para destinos específicos, y de ese 10 por ciento, el 4,5 va destinado a las compañías para compensarlas de los llamados costes de transición a la competencia. Además, estaban destinados para mejorar en el futuro el servicio eléctrico. Por otro lado, la propia ley establecía que el impuesto sobre la electricidad disponía que, a partir del 1 de enero de 1999, ese impuesto se exigiría en relación con la cantidad de energía consumida, que era la disposición transitoria undécima de la Ley 66/1997.
Pero, además, todavía cabe destacar otra cuestión. En las facturas domésticas de electricidad figura lo que se denomina cuota por destino específico, que supone un 10 por ciento de la factura y que las compañías eléctricas no consideran como ingreso porque dicen que lo reciben por cuenta de terceros. ¿Qué le quiero decir con todo eso? Pues que nosotros entendemos -y entendemos de verdad- que es equivocado centrarse en la posible aplicación incorrecta del impuesto sobre la electricidad, porque no está demostrado en ciertos suministros, y nos parece más importante centrarnos en el fondo de la cuestión. Por eso presentamos esta enmienda de sustitución, que dice: El Senado insta al Gobierno a iniciar los estudios pertinentes para modificar las tarifas relativas a la potencia contratada en los suministros de energía en los que, entre otras materias, se analice la repercusión del impuesto sobre la electricidad.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Riolobos.
La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Durán, muchísimas gracias por sus palabras. Tengo que decirle, en nombre de mi grupo, que no vamos a aceptar su enmienda porque, en realidad, lo que intenta la enmienda que usted nos plantea es dar largas al asunto. Está claramente demostrado que hay un cobro ilícito que afecta a 6,5 millones de usuarios españoles, que tiene un montante de 126 millones de euros, que es mucho dinero en la situación económica en la que estamos y, señora Durán, no lo iba a mencionar, pero puesto que usted ha hecho referencia al pasado del Gobierno del Partido Popular, le tengo que decir que el Partido Popular bajó la luz hasta un 39 por ciento cuando gobernaba (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) y, además, no hizo lo que ustedes han hecho, que es interferir en el mercado energético, y no le voy a recordar lo que han hecho en el tema de Endesa.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Abrimos el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, a través de la moción que nos ocupa, pretende que esta Cámara inste al Gobierno, por un lado, a solicitar a las compañías proveedoras del suministro eléctrico que finalicen con la práctica de cobrar el impuesto sobre la electricidad a los consumidores en aquellos casos en que no existe consumo eléctrico y, por otro, a aprobar un crédito extraordinario para que en este ejercicio 2008 se practiquen las devolu-
ciones de oficio por el cobro del impuesto, que considera indebido, en estos casos de los últimos cuatro años.
Se trata de una pretensión que como tal está muy bien y que, además, qué duda cabe, contará con el beneplácito de todos los que estén -o estemos, por qué no decirlo-, en la situación indicada. Pero, siendo estrictos, se hace necesario realizar una serie de precisiones.
El artículo 64 ter de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, establece que la base imponible de este impuesto -leo textualmente-, estará constituida por el resultado de multiplicar por el coeficiente 1,05113 el importe total que con ocasión del devengo del impuesto se habría determinado como base imponible -recalco: como base imponible- del Impuesto sobre el Valor Añadido, excluidas las cuotas del propio impuesto sobre la electricidad, para un suministro de energía eléctrica efectuado, a título oneroso, dentro del territorio de aplicación del IVA entre personas no vinculadas, conforme a lo establecido en los artículos 78 y 79 de la Ley 37/1992, del IVA. Por su parte, esta ley última a la que me he referido, la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece en su artículo 78 las reglas generales que permiten calcular la base imponible de este impuesto. Y, en su apartado 1, se dice que estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas.
A su vez, conviene también recordar que la formación del precio final de la energía eléctrica consumida, de acuerdo con la actual estructura de tarifas, parte de la facturación básica, que tiene una fórmula que se compone de dos componentes o términos: uno, en función de la potencia demandada y, otro, en función de la energía consumida. A esta facturación básica se le suman algebraicamente los recargos -o se le descuentan los descuentos correspondientes- a los cuatro complementos tarifarios existentes, a saber: energía reactiva, discriminación horaria, estacionalidad e interrumpibilidad, obteniéndose así el precio final de la energía.
Comprendo, señorías, que es algo complejo, no muy fácil de entender, pero, en cualquier caso, es algo que produce una situación paradójica por cuanto la contraprestación por la energía eléctrica consumida incorpora un elemento ajeno al propio consumo, como es el del abono de la potencia demandada, con independencia de si existe o no consumo, constituyendo dicha contraprestación la base imponible del IVA, base imponible utilizada para calcular el Impuesto sobre la Electricidad.
En consecuencia, mientras se mantenga la estructura tarifaria actual y la normativa del Impuesto sobre la Electricidad remita para el cálculo del impuesto al IVA, el importe en concepto de Impuesto sobre Electricidad se liquidará sobre el importe total que debe abonar un consumidor de energía, incluso -nos guste o no- si no hay consumo. Es más, la Dirección General de Tributos, en consulta número 461-98, de 25 de marzo de 1998, ya se pronunció en idéntico sentido, añadiendo únicamente un supuesto en el que no sería exigible el impuesto, a saber -y lo leo textualmente-, que se acredite que la falta de facturación por el término consumo de energía se debe a una ausencia efectiva de suministro eléctrico.
En definitiva, señor presidente, señorías, la pretensión de que el Impuesto sobre la Electricidad únicamente se aplique sobre la energía realmente consumida conllevaría, a nuestro entender, o bien modificar la estructura tarifaria actual, al objeto de incorporar como único elemento de contraprestación el abono de la energía consumida, o bien la modificación normativa, estableciendo como base imponible en el Impuesto sobre la Electricidad la energía consumida y no remitiéndose al Impuesto sobre el Valor Añadido. No nos negamos, además, y lo decimos claramente, a este debate ni a una posible posterior modificación que pudiera de él derivarse. Pero mientras esto no se lleve a cabo, señor presidente, señorías, casi sobra decir que mi grupo parlamentario votará en contra de la moción presentada hoy por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Tiene la palabra, por Convergència i Unió, el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, senyor president.
Voy a ser muy breve. Este grupo parlamentario de Convergència i Unió en el debate de presupuestos del año 2008, realizado en el 2007, presentó una redacción de disposición adicional nueva -repito- en la ley de presupuestos, en la cual se encomendaba básicamente lo que hoy plantea la moción del Grupo Parlamentario Popular. Nuestra propuesta decía que se encomendaba al Ministerio de Economía y Hacienda para que instara a las compañías proveedoras de suministro eléctrico a que finalicen con la práctica de cobrar el Impuesto sobre la Electricidad a los consumidores en aquellos casos en los que no existe consumo eléctrico. Creemos que esto es razonable. Se trata de un argumento que la Dirección General de Tributos en 1998 ya puso de manifiesto, es decir, este impuesto no debería imponerse en el caso de que no hubiera consumo eléctrico y también -repito- los técnicos del Ministerio de Hacienda denunciaron que había un cobro indebido en estos años.
Repito, nosotros, por coherencia con nuestro comportamiento y teniendo en cuenta que en este sector eléctrico lo que necesitamos es competitividad, liberalización y conseguir que estos servicios sean cada vez más competitivos y tengan menos costo, entendemos que hay que buscar otras fórmulas. Estamos de acuerdo con el compañero Zubia en que habría que abrir un debate, y antes en una moción hemos planteado precisamente que hace falta un debate energético serio en este país. Hemos de intentar conseguir que la electricidad, como la energía en general, sea un elemento que facilite la competitividad en este país, que es otro de los factores claves que necesitamos para afrontar los retos que tenemos planteados como sociedad y como economía. Pero entendemos que esto es un hecho colateral y -repito- por coherencia con nuestra actitud vamos a apoyar esta moción. Por otra parte y si realmente reco-
mendamos que no ocurra y que este comportamiento no se realice, también es coherente que pidamos que se haga lo necesario para que se restituya lo cobrado indebidamente.
Dicho esto, nos parece que en la moción que plantea el Grupo Parlamentario Popular puede haber un error de tipo técnico en el sentido de solicitar un crédito extraordinario, pues hay otros mecanismos para hacer esta devolución. En cualquier caso, nuestra posición sería positiva, de forma que el Gobierno haga lo que deba en este sentido para restituir este dinero impositivo cobrado indebidamente.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, tiene la palaba la senadora Judith Alberich.
La señora ALBERICH CANO: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.
Señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, debo decirle que la moción que nos ocupa hoy es absolutamente acertada respecto a la oportunidad política, y eso no se lo voy a negar, si bien es cierto que para nuestro grupo es realmente desacertada en el contenido. Y voy a intentar explicárselo muy claramente. Ustedes parten de una premisa cierta, la de que el Impuesto Especial sobre la Electricidad se está liquidando a cualquier ciudadano o ciudadana de este país o, mejor dicho, a cualquier propietario o propietaria. Y se liquida, no teniendo en cuenta a un consumo real, sino un derecho de servicio, una disposición de este servicio según un contrato con una compañía eléctrica, independientemente, como es obvio, de que se le dé o no al interruptor, y permítame que hable en términos cotidianos, que es como mejor me expreso.
Según ustedes, esta fórmula es errónea y basan su criterio en una cuestión que se planteó a la Dirección General de Tributos en el año 1998. Pues bien, si bien es cierto que la Dirección General de Tributos contestó en parte en el sentido en el que ustedes plantean la moción, también es cierto que en el año 1998 no se hizo ninguna modificación en la ley que regula este impuesto. Y en el año 1998, señora portavoz, gobernaban ustedes. La base imponible del impuesto, pues, se determina en función del importe facturado, como antes he comentado, sea cual sea este, incluso si el único concepto facturado es el de la potencia contratada. Y sólo se considera que no hay derecho a cobrarlo si, obviamente, no existe ningún contrato de suministro.
Le tengo que decir que el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés está absolutamente de acuerdo con la filosofía de esta premisa o concepto en el cual se basa la ley. Y le voy a explicar el porqué con palabras de su propia moción. Ustedes dicen literalmente: esta situación perjudica a los propietarios de viviendas vacías, segundas residencias o viviendas temporalmente desocupadas. Es verdad, usted imagínese que sólo se facturase a las viviendas realmente ocupadas. Imáginese que se hiciera lo mismo con cualquier tipo de consumo. Esto no es un caso que se limite exclusivamente a la electricidad. El consumo de agua tiene unos costes que dependen exclusivamente de la disposición del suministro. Desde nuestro punto de vista, si realmente se facturase no a todas las residencias que tienen contratado el suministro por igual, estaríamos discriminando claramente a las primeras residencias o a los propietarios normales y corrientes de una sola vivienda. Y estaríamos primando desorbitadamente y de forma indecorosa el fomento de la especulación. Usted hablaba de seis millones de usuarios perjudicados por el impuesto. Yo le hablo de los 23 millones de usuarios restantes a los que se perjudicaría si su moción saliera adelante. Este grupo nunca estará de acuerdo con políticas como la que usted está planteando, de ayudar a quien más tiene frente al que menos tiene, y no se sumará. Aún más cuando el ministerio ya ha anunciado un paquete de medidas para hacer más eficiente la gestión de las tarifas con base en el Plan Contador y para proteger a los usuarios más desfavorecidos a través de la nueva tarifa social, que sí plantea una tarificación única por consumo y gratuidad del concepto de potencia. En este caso en el que el beneficio de la modificación de la tarifa prime a quien realmente lo necesite estaremos siempre de acuerdo.
Por otro lado, señoría, está por demostrar que esta recaudación haya sido efectuada indebidamente, como usted está planteando, pero aún hay otro caso que hace que tengamos que votar en contra.
Otra de las grandes dificultades de esta moción, desde el punto de vista de la Entesa, es la relativa a las consecuencias que plantearía. El Impuesto sobre la Electricidad es uno de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. En el año 2005, la participación de las comunidades autónomas en este impuesto ascendió a 922 millones de euros y, en el año 2006, a 978 millones de euros. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por lo tanto, no podemos plantearnos una modificación de su estructura sin tener en cuenta la compensación que deberían recibir las comunidades autónomas por la disminución de sus ingresos, que es obvio que sufrirían.
Así pues, señorías, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés votará en contra de esta moción por la falta de rigor de su planteamiento, su tendencia a la desigualdad en cuanto a las consecuencias sociales y su clara falta de sensibilidad en relación con las comunidades autónomas.
Créame que lamento que mi primera intervención para defender la postura de mi grupo parlamentario en relación con una moción se haya producido en una propuesta tan absolutamente radical que no nos permita llegar a ningún acuerdo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Durán.
La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en este turno de portavoces voy a exponer la postura en contra del Grupo Socialista. Mi grupo parla-
mentario va a votar en contra de esta moción ya que no ha sido posible que aceptaran la enmienda de sustitución que habíamos presentado.
La moción solicita la aprobación de un crédito presupuestario extraordinario para proceder a devoluciones de oficio de unas cuotas impositivas que, supuestamente -y repito, supuestamente-, habrían sido repercutidas indebidamente. En efecto, la base de la moción es una denuncia genérica en el sentido de que las compañías eléctricas habrían repercutido indebidamente el Impuesto sobre la Electricidad en su facturación a viviendas e instalaciones que se hallan temporalmente desocupadas. He de aclarar que el criterio mantenido por la Dirección General de Tributos, desde 1998 -no se olvide de que establecieron el impuesto y no lo quitaron, a pesar de que les preocupara tanto...-, en relación con la inclusión de la base imponible del Impuesto sobre la Electricidad, el importe facturado por el término de potencia decía lo siguiente -e insisto en que ya desde el año 1998-: Con carácter general, la base imponible del impuesto en los suministros a tarifa se determinará a partir de la cuantía facturada, incluso si el único concepto facturado por el suministro es el de potencia contratada. No sé quién tenía afán recaudatorio, pero nosotros no.
Asimismo, también se decía: Solamente en los casos en que se acredite que la falta de facturación por el término consumo de energía se debe a una ausencia efectiva de suministro eléctrico y no a otras circunstancias -como podrían ser la falta de lectura del contador, etcétera-, no resultará exigible el impuesto aunque exista una facturación por el término potencia contratada.
En definitiva, señorías, la correcta aplicación de los tributos es verificada por la administración tributaria, como lo ha sido siempre y, por otra parte, los actos de repercusión de los tributos son reclamables en la vía económico-administrativa por aquellos que están obligados, según la ley, a soportar la repercusión.
Por tanto, si las compañías eléctricas estuvieran repercutiendo indebidamente un impuesto -circunstancia que, repito, está por demostrar-, el ordenamiento jurídico regularía los mecanismos necesarios para que la correcta aplicación de la ley sea restituida, incluida, si fuera el caso, la práctica de devoluciones por ingresos indebidos que, por lo demás, y como bien recordaba el portavoz de Convergència i Unió, no requiere en principio -y es que no lo puede requerir- la aprobación de créditos extraordinarios.
Además, el pasado 4 de junio, el ministro de Industria, Turismo y Comercio compareció en el Congreso de los Diputados ante la comisión del mismo nombre para exponer las líneas maestras de su departamento. En relación con el sector eléctrico dijo que se sustituirán los actuales contadores domésticos mediante el Plan Contador, al que podrán acceder todos los consumidores domésticos que así lo deseen.
Por tanto, la nueva filosofía del Grupo Parlamentario Socialista y de nuestro Gobierno es la protección de los usuarios más desprotegidos y, para ellos, se ha diseñado una tarifa social, destinada a aquellos tramos de población que no pueden disfrutar de un consumo de electricidad elevado. Quienes tengan derecho a que se les aplique esa tarifa serán facturados únicamente por su consumo, disfrutando del término de potencia gratuito. Afectará a quienes tengan contratada en su primera residencia -concepto importante- una potencia inferior a tres kilovatios; afectará a 4,5 millones de hogares.
Resumiendo: ¿Por qué vamos a votar en contra de su moción? Primero, porque la moción da por supuesto, implícitamente, que las compañías eléctricas están aplicando de forma incorrecta el Impuesto especial sobre la Electricidad, lo cual está por demostrar. Segundo, porque, con independencia de lo anterior, se desconoce, porque no nos lo explica, el modo en que ustedes suponen que el Gobierno podría exigir a las compañías eléctricas la supuesta correcta aplicación de dicho impuesto -en un mercado liberalizado estaríamos hablando de intervenir, pero no sabemos bien a qué se refieren-, ello sin perjuicio de que, si dichas compañías estuviesen actuando incorrectamente, tanto los afectados por dicha actuación como la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrían poner en marcha los mecanismos para que dichas actuaciones supuestamente incorrectas fueran corregidas. Y, por último, porque quiero recordar que con la entrada en vigor de la tarifa social, solo quienes tengan derecho, es decir, quienes lo necesiten, quedarán exentos de pagar por la potencia instalada.
Por todo ello, señorías, vamos a votar en contra de esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Riolobos.
La señora RIOLOBOS REGADERA: Señor presidente, señorías, quiero agradecer las amables palabras de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra.
En primer lugar, agradezco muchísimo las palabras del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, el señor Zubia. Sé positivamente, pues lo habíamos hablado anteriormente, que usted comparte el fondo de la moción pero discrepa en la interpretación de la ley. Nosotros lo comprendemos, pero sabe que nuestra interpretación es completamente diferente. Nosotros consideramos que un Impuesto Especial sobre la Electricidad solo se puede aplicar cuando se consume. Y creo que hay algo que ustedes, todos los ciudadanos y todos los consumidores entenderán: cuando yo voy a un bar, pago si consumo; si entro en el bar con un amigo que consume y yo no, a mí no me cobran y a él le cobrarán su consumición. Por tanto, aunque abrir el establecimiento cueste dinero, a mí no me cobran por entrar.
Señorías, ya es bastante que un consumidor que no consume pueda llegar a pagar a una compañía eléctrica, solo por el alquiler del servicio, casi 300 euros de media al año -que es mucho dinero- por algo que no usa. En cual-
quier caso, señor Zubia, tenemos por delante una legislatura y estoy convencida de que podremos llegar a muchos acuerdos a lo largo de la misma.
Agradezco muchísimo las palabras del portavoz de Convergència i Unió, el señor Vilajoana. Estoy convencida de que todos los consumidores catalanes, pero también todos los consumidores españoles, le van a agradecer su apoyo a esta moción y el hecho de que él y su grupo hayan sido sensibles a la misma y a la demanda de seis millones y medio de consumidores a los que se les ha cobrado de forma ilícita un impuesto.
Compartimos con el portavoz de Convergència i Unió que la situación actual de la energía requiere un debate energético nacional importante, que el Gobierno coja el toro por los cuernos y plantee medidas serias, porque no solo la situación es mala actualmente, sino que empeorará en los próximos años. Compartimos también que la competitividad en este y en todos los sectores es un elemento importante que beneficia finalmente al consumidor.
Lógicamente, agradecemos las palabras relativas a la oportunidad de la presentación de la moción pronunciadas por la portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, la señora Alberich, pero, desde luego, no compartimos el resto de sus afirmaciones. Nosotros no creemos que devolver algo que estamos convencidos se ha cobrado de forma ilícita signifique perjudicar a los demás. Los ciudadanos tenemos unos derechos y unas obligaciones, y creo que es un asunto muy serio que reclamemos, tanto desde el Senado como desde todas las instituciones, que los ciudadanos paguemos religiosamente nuestros impuestos. Pero cuando se está cobrando un impuesto por un consumo que no se efectúa porque no se consume nada y cuando los técnicos de Hacienda, que son los que mejor conocen este tema, al analizar y estudiar las liquidaciones que realizan las grandes suministradoras de energía eléctrica a los consumidores, advierten que se está cobrando un dinero que llega a los 126 millones de euros y afecta a seis millones y medio de españoles, cobro que entienden que es injusto, ilícito e indebido y advierten a todos los ciudadanos de que es así, creo que es de justicia que exista una sensibilidad política por parte del Gobierno pero también por parte de las personas que estamos aquí, porque esos consumidores nos han votado para que seamos senadores.
Me ha dado usted la oportunidad, aunque no pensaba hacerlo, de hablar de la valoración que hace nuestro partido en relación con la adecuación, o subida espectacular -como se quiera denominar-, de las tarifas eléctricas que ha anunciado, primero, el presidente del Gobierno, diciendo que se situará en torno al IPC -pero el IPC está en el 4,7 por ciento-, y luego el ministro, que le ha enmendado la plana en el Congreso de los Diputados y a través de los medios de comunicación diciendo que del 4,7 por ciento nasti de nasti, que lo que se va a hacer es aprobar un incremento que ronda, de media, el 6 por ciento, lo que, sumado al 3,3 del mes de enero, va a suponer un incremento del precio de la energía eléctrica que en algunos casos o en la mayoría -ya veremos-, llegará a rondar el 10 por ciento.
Señorías, esta subida es insolidaria en un momento en que los consumidores están soportando, como les decía antes, subidas de todo, de las hipotecas, los productos básicos de consumo, el gasóleo o la gasolina... y ahora también la electricidad. Por cierto, usted ha dicho, como también expresó la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Durán -aprovecho para empezar a contestarla también a ella-, que va a haber una tarifa social, que repercutirá en un número importante de ciudadanos de nuestro país.
Señorías, habrá 20 millones de españoles que tendrán contratados más de los tres kilovatios que dice el ministro, que somos la mayoría, puesto que tener contratada una cantidad menor es prácticamente imposible, ya que, ciertamente, en una vivienda donde haya una lavadora y un frigorífico el contrato mínimo es de 3,3 kilovatios, pero en una vivienda donde haya un aire acondicionado habrá de contratarse 3,6. Luego, más de 20 millones de consumidores no va a poder acogerse a esa tarifa social, que luego veremos a quiénes se aplica en realidad.
En definitiva, esta tarifa que ustedes llaman social, tanto el Partido Socialista como la portavoz de Entesa, no lo es tanto. Precisamente, las familias numerosas, las que tienen mayor número de hijos, que ya tienen un alto consumo y, por tanto, gasto añadido, porque necesitan casa más grande, más agua, más luz, más alimentos, etcétera, no pueden tener contratados menos de tres kilovatios, es imposible. Luego, lo que ustedes van a hacer es gravar a todas las familias numerosas de España y perjudicar a las familias que tienen niños. Y más aún, aquellas familias que además de niños tengan un abuelo o un enfermo en la casa, quienes, por su edad o enfermedad regulan peor su temperatura, van a necesitar tener un brasero eléctrico en invierno y aire acondicionado en verano porque, si no, no van a poder aguantar ni los enfermos, ni los mayores, ni los niños. Luego, la tarifa que ustedes plantean, subiendo la tarifa de la luz de una forma espectacular a medida que el contrato de kilovatios es mayor, lo único que va a hacer es perjudicar a miles de familias que tienen hijos a su cargo mucha que tienen mayores a su cargo -muchas- o que tienen enfermos en sus casas -muchas-.
Pero no solo el Grupo Popular dice esto. Todas las asociaciones de consumidores de España: UCE, OCU, FACUA, FUCI, todas han dado ya la voz de alarma, porque no van a aceptar la subida de las tarifas eléctricas.
Además, me van a permitir que les recuerde, tanto a usted como a la senadora Durán, que a partir del 1 de julio un gran número de consumidores no va a poder beneficiarse de la tarifa nocturna. Y su señoría sabe que esto afecta a más de un millón y medio de usuarios, de familias, que además, aconsejados por el Gobierno, durante los últimos años hicieron el esfuerzo de hacer una inversión inicial de 3.500 euros para poder adecuar los acumuladores eléctricos y poder beneficiarse de esa tarifa que ahora ustedes les van a quitar. Fíjese usted, la mayor parte de las asociaciones de consumidores, además de acudir al Defensor del
Pueblo por esta cuestión, han anunciado que van a ir a los tribunales.
En el Partido Popular tenemos claro que nuestra obligación siempre ha sido trabajar y luchar por defender a los consumidores, por hacer una política económica y una política energética que beneficie a todos. De hecho, nadie podrá poner en duda que mientras gobernó el Partido Popular se consiguieron las mayores rebajas en los recibos de la energía eléctrica, las mayores que ha tenido este país. Y ustedes van a conseguir que, tras cuatro años de vacas gordas -que ustedes han convertido en flacas porque se han cargado el presupuesto que había y todo el superávit-, haya un montón de familias en nuestro país que no lleguen a final de mes y que soporten día a día una mayor y más importante pérdida de calidad de vida.
Debo advertirles que en este momento la sensación que se tiene en la calle es la de que el Gobierno está tensando innecesariamente la cuerda, y si este no tiene la sensibilidad de ayudar a los consumidores devolviéndoles lo que se les ha cobrado ilícitamente, pero también no subiendo de forma abusiva el recibo de la luz, ustedes van a ser responsables de lo que pase a partir de ahora.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 258; a favor, 129; en contra, 128; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR UN GRAN ACUERDO POLÍTICO QUE AVANCE EN UNA REFORMA MÁS ESTRUCTURADA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN LOCAL (S.662/000011).
El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación pasamos a debatir la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a impulsar un gran acuerdo político que avance en una reforma más estructurada del sistema de financiación local.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una de los senadores Pérez Bouza y Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto, y otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador Abad.
El señor ABAD BENEDICTO: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar mi intervención en esta tribuna, la primera de este período de sesiones, manifestando mi más enérgica repulsa y condena por el atentado de ETA contra la sede del periódico El Correo del Pueblo Vasco en la localidad vizcaína de Zamudio el pasado día 8 de 2008, justamente 24 horas después de que se cumplieran 40 años del primer atentado terrorista con víctimas aquel 7 de julio de 1968.
Señorías, casi seis meses después de aquel 19 de diciembre de 2007, cuando se aprobó por parte de este Senado la ponencia sobre la financiación local, esta Cámara territorial de nuevo se impregna de municipalismo.
El grupo de senadoras y senadores socialistas ha traído a colación una moción que quiere, lógicamente, huir de cualquier confrontación y plantea un espíritu de consenso, porque creemos que con ella recogemos el sentir del municipalismo español y el sentir de la ciudadanía.
Señorías, el Senado se ha mostrado siempre sensible y cercano a la realidad municipal de nuestro país y a sus necesidades financieras, que no son pocas, como lo demuestran las distintas iniciativas llevadas a cabo en la pasada legislatura y en las anteriores, y así debe seguir siendo por su carácter de Cámara territorial. Señorías, el Senado debe participar ahora -ahora es el momento- activamente en este debate sobre la financiación local a fin de que los ayuntamientos puedan seguir garantizando su capacidad de atender a todos y a todas las ciudadanas y ciudadanos, actuando, lógicamente, en respuesta en relación con los servicios prestados.
Señorías, a pesar de los importantes avances experimentados en la pasada legislatura, donde las transferencias derivadas del modelo de financiación local alcanzaron un incremento respecto a 2004 del 33,9 por ciento; a pesar de la compensación derivada de las reformas del año 2008 sobre el IAE, cifra en torno a los 120 millones de euros; a pesar de la dotación de un Fondo Especial de Financiación a favor de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes en torno a 40 millones de euros, que garantice una financiación de 153 euros por habitante a un número importante de ayuntamientos; a pesar de la consecución de una demanda histórica del municipalismo español, cuales fueron los derechos pasivos de los cargos públicos y la prestación por desempleo; a pesar de todos esos logros, señorías, la financiación local es la gran asignatura pendiente desde 1978.
La magnífica arquitectura con la que se construyó el municipalismo español, al amparo de la Constitución Española de 1978, apoyado en dos columnas básicas cuales fueron los artículos 140, que hace referencia a la autonomía municipal, y 142, en relación con la autonomía financiera, dicha arquitectura lleva ya algún tiempo en un profundo proceso de deterioro y necesita una urgente actuación, actuación antes de que sus crujías terminen por reventar.
Se necesita, señorías, una actuación urgente sin más demora, porque la reforma de la financiación local exige un gran pacto de Estado en el que sean parte el Gobierno de España, las comunidades autónomas, las entidades locales y todas las fuerzas con representación parlamentaria, para que los ayuntamientos puedan sentarse de igual a
igual en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya que son también Estado, pero siempre -repito- dentro del más escrupuloso respeto a la distribución competencial y al espacio negociador que a estas corresponde -a las comunidades autónomas-.
Señorías, el Pleno del Senado del pasado 19 de diciembre de 2007 aprobó por unanimidad el informe de la Ponencia de Estudio de la financiación local, constituida en el seno de la Comisión de Entidades Locales. Se diagnosticaron en 20 conclusiones cuáles eran los problemas y la situación actual del municipio español, así como la escasez de recursos financieros, a la vez que se propusieron 19 medidas a estudiar para la reforma de la financiación local, que aportaran más transparencia, más instrumentos, mejoras en la gestión de los recursos propios de los ayuntamientos y mejora de su fiscalidad para tener más capacidad de gestión sin tener que recurrir a la presión fiscal para prestar los servicios, eso sí, aquellos servicios que son propios de la competencia municipal y no otros.
Se necesita -repito, señorías-, una gran acción concertada de diálogo entre todas las administraciones, un gran pacto que aglutine sensibilidades e ideas. Además, señorías, el parón de la construcción ha puesto más en evidencia la fragilidad financiera de los ayuntamientos, causando víctimas colaterales, de las que éstos no pueden escapar; donde los ingresos económicos derivados del urbanismo, impuestos sobre construcción, licencia de obras, plusvalías, etcétera, se han reducido en la mayoría de los casos hasta un 60 por ciento, según informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Señorías, señor presidente, es evidente y perfectamente constatable que los ayuntamientos en España, después de casi 30 años que se cumplirán el próximo año, no gozan de buena salud financiera, que asumen competencias que no les corresponden, y da la sensación de que no son Estado, así como una falta de reconocimiento de los servicios que prestan en el Estado del bienestar.
Esta Cámara, señoras y señores senadores, debe participar activamente en el debate sobre la financiación local, bien a través de la Comisión General de las Comunidades Autónomas o de la Comisión de Entidades Locales, pasando de las lamentaciones a la acción o de la lírica a la épica, a fin de que los ayuntamientos, que son también Estado, puedan seguir garantizando el papel que la Constitución Española les tiene reservado, con toda dignidad y toda su responsabilidad.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Varias son las causas por las que el actual modelo de financiamiento local es incapaz de garantizar la suficiencia de recursos de los ayuntamientos, provocando un raquitismo presupuestario estructural y una dependencia financiera de las entidades locales del Estado que provoca que éstas solo gestionen el 13 por ciento del total del gasto público.
Esta situación se ve agravada, en el caso de los ayuntamientos de Galicia, por la falta de consideración del Gobierno central a la hora de determinar la participación en los ingresos del Estado de una realidad específica de las entidades locales gallegas como son la dispersión y el envejecimiento de la población, que a nadie se le escapa que encarecen sustancialmente la prestación de varios servicios.
Por todo lo anteriormente expuesto, no cabe ninguna duda de que se hace necesario y urgente mejorar la financiación de las entidades locales, que según el BNG debería abordar, entre otras, las siguientes cuestiones: modificar el actual sistema de participación en los ingresos del Estado propiciando la integración plena de la transferencia de la PIE en los presupuestos de las comunidades autónomas e incrementando su cuantía, teniendo en cuenta el mayor coste de los servicios derivado de la superficie territorial, de la dispersión de los núcleos y del envejecimiento de la población; creación en cada comunidad autónoma de un fondo de financiamiento local que aglutine tanto la transferencia de la PIE como la participación en los ingresos de las comunidades autónomas; mantenimiento del Fondo de Compensación Interterritorial en cada comunidad autónoma destinado a los ayuntamientos con menos recursos para paliar los desequilibrios que puedan surgir entre éstos y aquellos que tienen mayor capacidad presupuestaria; reconocimiento del principio de que toda nueva atribución de competencias a los entes locales deberá ir acompañada de la correspondiente asignación de recursos que cubra su coste efectivo; y, por último, fortalecer la capacidad y la eficacia recaudatoria de los ayuntamientos.
Sin duda, un acuerdo sobre financiación local que tenga en cuenta estas o similares consideraciones mejoraría sustancialmente la financiación del conjunto de los ayuntamientos del Estado, y en especial de los de Galicia, que hasta el momento han sido los grandes perjudicados por un modelo de financiamiento local poco equitativo, rígido, insuficiente, que no reconoce las especificidades de los distintos territorios y que, además, en muchas ocasiones, es regresivo. Pero en ningún caso, a juicio del BNG, este acuerdo debe vincularse con el pacto de financiación autonómica; bastante complejo y laborioso va a resultar conseguir un acuerdo que satisfaga a todas las partes con respecto a la modificación del sistema de financiamiento económico para vincular este proceso -que, por cierto, significa hacer que una cosa dependa de la otra- a la necesaria negociación de la mejora del financiamiento de la Administración local.
La vinculación de los procesos no debe producirse a no ser que lo que se pretenda es confrontar a las comunidades autónomas con el poder local, al hilo de la teoría de que las comunidades autónomas absorben demasiados recur-
sos públicos, introduciendo la falsa percepción de que son las insaciables demandas de las comunidades autónomas las que impiden un mejor financiamiento de la Administración local cuando con la actual distribución de recursos económicos es la Administración central la que está sobredimensionada al conservar más del 50 por ciento de los presupuestos públicos.
Por otra parte, la vinculación de los dos procesos solo contribuiría a dilatar en el tiempo el acuerdo de ambos al introducir más elementos de confrontación que dificultarían el consenso ya de por sí complicado de conseguir.
Por todo lo anteriormente expuesto, mi compañero del Grupo Parlamentario Mixto, Pere Sampol, y yo mismo presentamos una enmienda que propone suprimir tanto en la parte expositiva como en la resolutiva de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista los párrafos donde se vincula la negociación de los acuerdos sobre financiamiento local y autonómico. Consideramos que lo único que cabría vincular al proceso de negociación de la mejora de la financiación de los ayuntamientos es la aprobación de una nueva ley de régimen local que deje perfectamente definido qué competencias, y con qué recursos, deben prestar las entidades locales.
Por todo ello, pedimos al Grupo Parlamentario Socialista que acepte esta enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Roig.
El señor ROIG I GRAU: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió para defender la enmienda que nuestro grupo parlamentario ha presentado a la moción del Grupo Parlamentario Socialista.
Nuestra enmienda es muy sencilla. No estamos de acuerdo con vincular la financiación autonómica, la de Cataluña, vinculada a un estatut que es ley, y la de los municipios. Permítanme, a pesar de todo, hacer algunas reflexiones sobre nuestros entes locales y sobre la moción presentada, con la que estamos básicamente de acuerdo en cuanto a la exposición que ha hecho el portavoz socialista. Es evidente que los municipios han sido verdaderos agentes de transformación social y territorial. Las políticas públicas de carácter social especialmente se han identificado en el territorio, y es también en este territorio donde es más fácil detectar los problemas y necesidades. Los municipios han desarrollado, normalmente con eficacia, estas políticas, sin muchas veces el reconocimiento y, en general, sin suficiente financiación; es más, el legislador muchas veces ha otorgado competencias y obligaciones a los entes locales sin tener en cuenta esta financiación.
Por tanto, reitero que estamos de acuerdo con la música de la moción, pero no con la letra. Nos ocurre como a un personaje catalán que con las tablas de multiplicar se sabía toda la música pero que nunca acertaba con la letra, me refiero evidentemente a Maginet Pelacañas. Estamos de acuerdo en que es necesario un gran pacto de Estado porque esta es una asignatura pendiente. Si se acuerdan ustedes del 50-25-25; posteriormente, y más recientemente, del 40-30-30, porque evidentemente son muchas las políticas que se realizan desde los municipios y que no cuentan con un reconocimiento público ni financiero. Al mismo tiempo, como no tienen consideración de competencias obligatorias, no cuentan a la hora de establecer las bases de la financiación local.
Señorías, hay un argumento de verdadero peso en la presentación de esta enmienda que deseamos que prospere, y es la ley, es el Estatut de Catalunya que otorga competencias a la Generalitat a partir de los artículos 218.2 y 219.2. Queremos que el Govern de la Generalitat tenga capacidad para negociar una buena financiación, y defendemos que lo haga a partir de la bilateralidad que propone el Estatut.
¿Creen ustedes, señorías, que el día 9 de agosto, como es obligatorio, habrá una propuesta de financiación de Catalunya que se ajuste al Estatut si además introducimos el debate sobre financiación local? Lo dudamos, señorías. No quiero pensar que precisamente se pretenda introducir el debate sobre financiación local para retrasar el acuerdo de financiación que prevé el Estatut. Evidentemente nuestra postura es clara: no podemos aceptar esta moción si no se acepta nuestra enmienda; en todo caso coincidimos totalmente, porque es la misma, con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, que pretende exactamente lo mismo que la nuestra.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Abad para manifestar la posición sobre las dos enmiendas que se acaban de debatir.
El señor ABAD BENEDICTO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Roig, nada más lejos y le ha caracterizado a este portavoz en la anterior período de sesiones el consenso y el acuerdo. Huimos de cualquier confrontación y por mi cabeza ni pasa ni asoma en la más mínima de mis neuronas retrasar ningún tipo de acuerdo que tenga prevista la Generalitat. Pero es evidente que la situación financiera local requiere una reforma más estructurada, vinculada, desarrollada en paralelo, a la del sistema general de financiación autonómica que permita una financiación suficiente para los servicios que asumen los ayuntamientos, como ustedes han reconocido, y que permita también que, mediante su integración en los grandes planes nacionales, esos servicios garanticen su capacidad de atender a todos los ciudadanos y a la mejora constante de su calidad. Si alcanzamos ese acuerdo financiero podremos también lógicamente proceder a una reforma general del marco normativo local que permita clarificar su ámbito competencial, potenciar la cooperación entre entidades locales y agilizar su acción administrativa diaria. Estas
palabras no son mías. Son del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el día 8 de abril en el debate de investidura.
Por tanto, el grupo de senadores no va a aceptar esas enmiendas que presentan, lógicamente, el Grupo Parlamentario Mixto y Convergència i Unió y esperemos que haya más aproximación a lo largo del debate.
Señorías, muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos, a continuación, al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Bagur Mercadal.
El señor BAGUR MERCADAL: Gracias.
Señor presidente, señorías, tal como expone la moción del Partido Socialista, los ayuntamientos -y es conocido de todos y todas- son las administraciones más próximas al ciudadano y las que más esfuerzo han realizado para conseguir una sociedad más igualitaria y unos pueblos y ciudades con más calidad de vida.
A pesar del incremento, que se ha relatado aquí, de la financiación local de los pasados años, sigue siendo endémica la mala situación de las haciendas locales, las cuales están sometidas a un riguroso equilibrio presupuestario, como tiene que ser, sin dejar por ello de hacer frente a los servicios demandados por la ciudadanía, sean estos competencia o no municipal.
Ya se ha dicho que se calcula que la Administración local destina más de un 30 por ciento de su presupuesto a competencias que no le son propias y que, sin embargo, es la Administración local la que las lleva a cabo por ser la más próxima y conocedora de las necesidades de los vecinos y vecinas de cada pueblo o ciudad, sea cual sea su tamaño o ubicación geográfica.
Es necesario, por tanto, que el Gobierno central entre en conversación y acuerdos con la Federación de Municipios y Provincias para lograr que la Administración local sea más autónoma, con más competencias y que los nuevos retos de los pueblos y ciudades se centren en ofrecer unos servicios a la altura de la demanda ciudadana.
Esta moción se presenta en un momento oportuno ya que si es aprobada por esta Cámara significará un respaldo importantísimo del Senado a las justas reivindicaciones de las administraciones públicas y locales; y creo sinceramente que se tiene que hacer a la vez que se está hablando con las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Sampol.
El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, me temo que pinta en bastos para la financiación de las comunidades autónomas. Esta es la conclusión a la que nos lleva la interpretación de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Si no, ¿a qué viene a estas alturas que, ante la que había de ser inminente modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas, el partido que da apoyo al Gobierno presente una moción que pretende vincularlo a un nuevo sistema de financiación de las corporaciones locales, por muy necesario que éste sea y no lo vamos a negar?
No, señorías, no es inocente esta moción, como no son inocentes los pronunciamientos, declaraciones, manifiestos de las últimas semanas que desde el ámbito municipal socialista vienen coincidiendo en culpar a las comunidades autónomas de la mala financiación de los ayuntamientos. Los ayuntamientos están ahogados económicamente al tener que hacer frente a un crecimiento demográfico y creciente demanda de servicios que en muchos casos no les corresponden. Pero culpar de ello a las comunidades autónomas, como alguien ha hecho, es injusto y perverso, porque la realidad es que las comunidades autónomas han supuesto un gran negocio para el Gobierno central, primero, al transferirles competencias importantes infravaloradas mediante prácticas que dicen muy poco de la lealtad institucional entre instituciones del mismo Estado. Segundo, al no prever la actualización del coste de las competencias fruto del aumento de los usuarios de los servicios públicos, a excepción -hay que reconocerlo- de la reforma de la financiación de la sanidad producida en la pasada legislatura, aunque resultó insuficiente. Tercero, reduciendo impuestos transferidos a las comunidades autónomas. Es muy cómodo bajar impuestos y que paguen otros como ha sucedido; y esto también vale para los ayuntamientos, como hizo el Gobierno del Partido Popular con el Impuesto de Actividades Económicas que afectó a los ayuntamientos. Y, cuarto, con modificaciones legislativas que han creado nuevas obligaciones a las demás instituciones, ayuntamientos y comunidades autónomas, sin compensarlas económicamente, ley de menores o leyes de asistencia social. Al contrario, el Gobierno central ha sido el gran beneficiario del ciclo de bonanza económica que hemos disfrutado al reservarse los impuestos que gravan el consumo y que han supuesto un considerable incremento de recaudación no compartido con el resto de instituciones. Tenemos un ejemplo estos días: qué decir del incremento de la recaudación por la subida del precio de los carburantes -más impuestos que precio real-, una recaudación que ha supuesto cerrar los últimos ejercicios con un gran superávit, del que se ha jactado el Gobierno, mientras el resto de instituciones ha ido incrementando el déficit. Y estas prácticas han sido comunes a todos los gobiernos.
En definitiva, la crónica que nos anuncia esta moción es que la crisis la van a pagar las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La intención es obvia: Ahí están estos recursos, ustedes se los repartan. Y ya tenemos el conflicto. Alguien bienintencionado podrá preguntarse: ¿de dónde han de salir los recursos para incrementar el presupuesto de comunidades autónomas y de ayuntamientos? Pues del Gobierno central. Si de verdad creemos en un sistema federal, también en un sistema fiscal federal, se
ha de asumir de una vez por todas. Y esto significa que no el Estado, como se le llama equivocadamente, sino que el Gobierno central -porque Estado también son las comunidades autónomas- deberá limitar su actividad a aquellas competencias que tiene reservadas.
Señorías, repasen las enmiendas aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado, sigan la ejecución de los presupuestos y respondan: ¿a santo de qué el Gobierno ha de financiar hospitales, polideportivos, incluso semanas de ópera a distintas comunidades o ayuntamientos como si los presupuestos generales del Estado fueran el plan de obras y servicios de una diputación? ¿Qué objeto tiene que se mantengan no solo políticas sino ministerios enteros sobre competencias exclusivas de las comunidades autónomas como son sanidad, educación primaria, secundaria o universitaria? ¡Pero si están transferidas a las comunidades autónomas! ¿A qué viene mantener esta duplicidad de administraciones que solo genera gasto y confusión? ¿Qué base tiene el criterio de que el Estado se ha de reservar forzosamente el 50 por ciento del gasto general, como ha dicho últimamente el presidente del Gobierno?
Miren, señorías, las comunidades autónomas y los ayuntamientos no necesitan tutelas ni subvenciones concedidas graciosa y arbitrariamente. Necesitan una adecuada financiación y que todo el mundo se limite a aquello que es de su competencia y respete la competencia de los demás aplicando el principio de subsidiariedad, es decir, que una instancia superior no haga lo que puede hacer una instancia inferior. Señorías, que las comunidades autónomas crezcan económica y competencialmente y que el Gobierno central reduzca sus competencias y su presupuesto no supone una desmembración del Estado sino una organización más federal, la cual se ha mostrado más eficaz que un sistema centralista. Lo que es ineficaz es la coexistencia de dos modelos, lo que solo lleva al despilfarro, a la arbitrariedad, a la confusión y al enfrentamiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, al que tengo el honor de representar, siempre ha sido un firme defensor de la autonomía municipal, y como ha dicho el senador que me ha precedido en el uso de la palabra, también creemos en el principio de subsidiariedad, es decir, todo aquello que pueda hacer uno directamente con el ciudadano no debe hacerlo un ente superior. Ésta es una filosofía que hemos defendido y que en nuestra opinión ha dado muy buenos resultados. Y es que entendemos que en el ámbito local se ha dado una capacidad de gestión a un nivel muy intenso y directo de participación política. También creemos que ése es el escalón en que la política está más cerca del ciudadano y donde se fraguan muchas de las capacidades del político en servicio de la comunidad.
En estos años la sociedad ha cambiado, luego la labor política se tiene también que adecuar a lo que las necesidades sociales reclaman. Por supuesto que hay que determinar el alcance de la autonomía local y cuáles son las competencias municipales; hay que establecer un sistema de financiación local que garantice la suficiencia financiera y hay que abordar un nuevo modelo de diálogo, colaboración y cooperación entre los tres niveles de nuestra Administración: ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado. Y todo ello, por supuesto, para promover un modelo de gobierno local más operativo y eficiente, más participativo y transparente y para mejorar el autogobierno. Porque resulta evidente para todos que nos estamos refiriendo a un elemento nuclear del papel y protagonismo institucional encomendado a los gobiernos locales y a la manera en que ejercen de un modo auténtico y pleno su autonomía política. No existe una auténtica autonomía local sin financiación suficiente y adecuada.
Pero permítanme antes que nada hacer unas reflexiones previas sobre la autonomía local. La afirmación del principio de autonomía local resulta con demasiada frecuencia gratuita. Así puede concluirse de un análisis sobre cómo se han venido dictando determinadas leyes sectoriales o se han aprobado programas o planes. Podemos repetir hoy de nuevo la definición de autonomía local consagrada en la Carta Europea, autonomía entendida como autonomía política y administrativa, comprensiva de la capacidad para regular o gestionar bajo su propia responsabilidad una parte importante de los asuntos públicos de tal modo que permita a los gobiernos locales la definición de políticas propias más allá de lo que supone una mera gestión de servicios. Resulta obvio que todo ayuntamiento ejerce un poder público, pero conviene matizar con cuidado esta afirmación porque algo importante debemos interiorizar: nos referimos a un poder público en su doble vertiente, administrativa y de gobierno.
Con demasiada frecuencia la dinámica política va encajonando al poder local en un papel de mera administración. Bien al contrario, no podemos desconocer que como poder político está llamado a ejercer y desarrollar políticas públicas con su propia orientación política, aquella que dimana de la comunidad a la que se sirve, de la que recibe su mandato y que marca el distinto perfil ideológico de sus instituciones de gobierno, de modo que desde el respeto al ordenamiento jurídico pueda desarrollar y ejercer con autenticidad, de verdad, decisiones políticas distintas, alternativas, incluso diferentes a las que ejercen otras instituciones públicas que en ocasiones disfrutan de un signo político distinto precisamente porque surgen de un mandato ciudadano también distinto. Y no existe autonomía local cuando en una materia y pese al reconocimiento retórico se han vaciado, reducido o limitado prácticamente todas las facultades o las facultades sustanciales para adoptar decisiones propias, desdibujando la virtualidad práctica de aquel principio.
Reconocer la autonomía a una institución significa que esta dispone de las facultades de opción política en un sentido o en otro, incluidos los supuestos de discrepancia
radical con otra autoridad que comparta competencias en la materia, incluso admitiendo que la institución municipal cometa un error en sus políticas, caso en el que su control político será, naturalmente, el municipal. No existe autonomía si esta se entiende vinculada a un único resultado o se encuentra sometida explícita o implícitamente a cualquier control de oportunidad de otra institución. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos estará a favor de todas aquellas medidas que refuercen la autonomía municipal. Cuenten, pues, con nuestra colaboración más sincera y espero de ustedes, el Grupo Parlamentario Socialista, la misma colaboración en Euskadi ahora que ya se ha dado entrada para su debate el proyecto de ley municipal vasca; esperamos ser correspondidos de igual manera con su voto afirmativo allí.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Roig.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor presidente, señorías.
En este turno de portavoces tengo que lamentar, en primer lugar, que no se haya podido aceptar nuestra enmienda, que entendemos que es una enmienda constructiva. No dudamos de la voluntad de consenso del señor senador, estoy absolutamente seguro, no tengo ninguna duda, y también confío en que, efectivamente, nada va a entorpecer la negociación que en estos momentos tiene el Govern de la Generalitat con el Gobierno del Estado para hallar un mecanismo de financiación.
De todas formas nosotros reiteramos que sería bueno llegar a un gran acuerdo para mejorar la financiación, pero entienda que para nosotros es vital preservar la financiación de Cataluña como ordena el Estatut, respetando, insisto, la bilateralidad de la negociación, respetando en definitiva el marco legal.
Desde Convergència i Unió hemos presentado alguna iniciativa que puede mejorar los recursos económicos de los ayuntamientos, puede ser incluso sencillo, hará falta voluntad política más allá de este pacto global de financiación. Permítanme simplemente dos minutos para decir, por ejemplo, que la situación del IVA es un verdadero escándalo.
Como saben sus señorías, en prácticamente todas sus actuaciones los municipios son los consumidores finales, y esto quiere decir que no pueden repercutir el IVA. ¿A quién beneficia el IVA? Básicamente, al Gobierno central y a una pequeña parte de las comunidades autónomas; o sea, toda la obra pública de los entes locales, todos los consumos que contratan acaban suponiendo un beneficio para otras administraciones, básicamente para el Gobierno central.
Podríamos afirmar, y lo hago, que los ayuntamientos financian al Estado, que después otorga una participación a través de la PIE, de la participación en los ingresos del Estado. Sería mucho más fácil acordar que los ayuntamientos tengan derecho al retorno íntegro del IVA pagado en virtud del ejercicio de sus competencias.
Insisto en que este es un ejemplo, pero hay otros. Sus señorías saben que algunas situaciones son históricas: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las autopistas; la tasa del 1,5 de las empresas suministradoras de energía, de telefonía y de gas, que es una verdadera estafa para los ayuntamientos; no volveré a abrir el debate sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas, pues ya lo ha hecho muy bien el señor Pere Sampol. A pesar de la valoración positiva que se hace en la exposición de motivos de la enmienda, no se ha resuelto favorablemente para los ayuntamientos, sobre todo para aquellos que han sido más dinámicos impulsando medidas de dinamización económica en sus municipios.
Acabo, señor presidente. Señorías, tenemos que hacer un gran esfuerzo para mejorar la financiación local -y lo dice un senador que ha sido alcalde durante 20 años-, pero no podemos mezclar este tema con la financiación autonómica. Este es nuestro criterio: ahora no toca. En este momento esto no toca. Aquí no nos encontrarán pero, en todo caso, agradecemos la atención y el tono habido en un debate en el que se ha respetado, obviamente, nuestra propuesta y que insisto es tremendamente positiva.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Arqué.
La señora ARQUÉ I FERRER: Muchas gracias, señor presidente.
Evidentemente, afronto este debate con cierto orgullo y mucha responsabilidad porque hace escasamente un mes o mes y medio dejé una alcaldía para venir aquí. Por lo tanto, estoy absolutamente sensibilizada con el tema.
La intervención en nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés quiere expresar el apoyo que va a dar a esta moción; apoyo que se funda en la profunda vocación y tradición de servicio ciudadano del municipalismo catalán. Ha sido siempre una fuente de innovación y de progreso, como también en todos los ayuntamientos del Estado.
Continuamente constatamos las dificultades de financiación que hemos asumido muchos ayuntamientos a lo largo y ancho de toda la geografía del Estado. Solo habiendo conocido cómo y de qué manera se han creado muchos servicios sabemos que normalmente se han realizado porque los municipalistas, la gente que estamos en los municipios, creemos más en la responsabilidad que en las competencias. Solo estando cerca y próximos a los ciudadanos sientes y tienes esta sensación, de ahí que a lo largo de casi 30 años se hayan planteado servicios y recursos sin tener en cuenta si eran o no competencia, sino solo atendiendo a si eran necesidades.
Desde mi experiencia personal sé que la proximidad y la cercanía a la ciudadanía y al ejercicio comprometido de la responsabilidad local ha obligado a muchos gobiernos locales a prestar servicios no obligatorios de naturaleza personal y a desarrollar servicios originados en leyes que no han sido acompañadas con la dotación presupuestaria correspondiente.
Asimismo, en materias que necesitan la creación de nuevos servicios, a veces antes que cualquier ley, dictamen o decreto que tuviera que venir de alguna instancia superior. Por ejemplo, en el caso de Badalona, desarrollamos un modelo municipal de gestión de salud en los niveles ambulatorios, socioasistencial y hospitalario, que ha sido y es una referencia local más allá de Cataluña. Por lo tanto, la puesta en marcha de la Ley de la dependencia es un ejemplo de lo que ha sido la aplicación de diferentes leyes que hemos acogido bien, y acertadamente, porque da un servicio que muchos de los municipios habíamos empezado a dar -en todo caso, no en las pensiones-, pero es evidente que ha estado pactado entre Gobierno y autonomías y, sin embargo, los ayuntamientos prestamos uno de los servicios más importantes, que es la acogida de estos servicios, el diálogo con los ciudadanos que lo necesitan y, en ese momento, no se pensó en la repercusión económica que podría suponer para los ayuntamientos.
La Federación Española de Municipios y Provincias, en su informe La financiación local en España: radiografía del presente y propuestas de futuro, -que imagino todos ustedes conocen-, y como base para la negociación de un futuro sistema de financiación, ha llevado a cabo un diagnóstico de la situación y formula unas propuestas para avanzar en la garantía de la equidad y la suficiencia financiera para fortalecer la autonomía municipal. Se trata, pues, de avanzar en la definición de un espacio fiscal propio para el mundo local y contrarrestar la pérdida efectiva de autonomía que han supuesto distintos procesos.
Desde la consolidación del sistema de descentralización y autonomía política en el conjunto del Estado, en estas últimas dos décadas de las que nos sentimos muy orgullosos, los ayuntamientos han quedado en un segundo plano. Por lo tanto, es importante en este momento ir hacia delante como nos señala el informe de la Federación Española de Municipios y Provincias. En el marco del proceso de reformas estatutarias, la voluntad expresada por el Gobierno -y también lo constata la moción del Grupo Socialista- son un punto de partida para iniciar el debate y el proceso de reforma.
Quisiera también avanzar que, justo pocos días después de saber que sería senadora, me llegó al ayuntamiento un documento del Senado, aprobado el 19 de diciembre, donde entre muchas de las aportaciones que hubo, en la parte de las conclusiones -también hay aportaciones de diferentes representantes que estuvieron en esta ponencia, dice: Medidas propuestas para la reforma de sistema de financiación local: La reforma de la financiación local exige un pacto de Estado en el que sean parte el Gobierno de la nación, las comunidades autónomas, los entes locales y todas las fuerzas con representación parlamentaria. La citada reforma exige, en particular, una coordinación especialmente intensa cuando se proceda al debate de la financiación de las comunidades autónomas. Esto es lo que dice este documento que ustedes aprobaron en diciembre. Esto es lo que considera Entesa que debe hacerse: Conseguir este gran pacto de Estado para poder argumentar, discutir y finalmente conseguir una mejora en la financiación de los ayuntamientos. En el caso de los municipios de mayor dimensión en cuanto a su población, se señala la necesidad de ajustar las figuras tributarias variables como la renta y el consumo; que sean un reflejo más fiel de la realidad económica local y de su evolución, aspectos que implicarían una mayor corresponsabilidad fiscal. En las bases para la reforma de la financiación fiscal, se pone de relieve la necesidad de reflexionar sobre el papel reservado a instituciones de carácter supramunicipal: diputaciones y otras entidades, en la financiación de algunas competencias y de articular mecanismos más estables de financiación acordes con la naturaleza de sus competencias.
Para acabar, y el punto más importante para nosotros, está la comisión municipalista de Cataluña, que reúne a la Federació de Municipis de Catalunya y a la Associació Catalana de Municipis i Comarques, que también ha abogado por la necesidad de mejorar el modelo de financiación local, en el marco del debate de la reforma de la financiación autonómica, desde la consideración del marco competencial de cada ámbito, desde el más escrupuloso respeto a las negociaciones paralelas que se están articulando con las comunidades autónomas, y aquí es donde queremos dejar muy claro que nosotros desde Entesa no entendemos -y por eso la apoyamos- que en la moción se plantee una vinculación extrema, que diga que no se podrá negociar lo que en estos momentos se está ya negociando, que es el Estatut de Catalunya.
Pero sí entendemos que ha de abrirse paralelamente la opción de un debate general, de una discusión general, donde estén tanto el Estado como las comunidades autónomas como la representación de los ayuntamientos para poder llevar adelante esta propuesta que sin duda -y los que lo conocemos lo sabemos- implican un acuerdo de Estado, pero sobre todo entre comunidades autónomas y ayuntamientos.
Por lo tanto, la propuesta de pacto de Estado es, sin duda, un punto de partida necesario. Los ayuntamientos también son Estado y un espacio autónomo, fuente de responsabilidad, legitimidad democrática y sobre todo de prestación de servicios públicos desde la proximidad, que estamos convencidos y seguros que es desde donde se prestan mejor.
Finalmente, y dada la relación del debate de la financiación local con las reformas de la financiación autonómica y desde el respeto a los marcos competenciales específicos, el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés considera, como señala la moción del Grupo Socialista y también ante el compromiso del presidente del Gobierno en su discurso de investidura, que es el momento de impulsar un debate y gran acuerdo político
que fortalezca los servicios públicos locales y acabe permitiendo una nueva ley de financiación para el ámbito local.
Estoy convencida de conseguir su aprobación, pero teniendo muy en cuenta que estamos convencidos de que esta palabra, que quizás ha significado no poder aprobarlo por unanimidad, no será un estorbo para la continuidad de la relación entre el Gobierno y la autonomía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Abad.
El señor ABAD BENEDICTO: Gracias, señor presidente.
Señorías, con cierta brevedad. Reitero que la moción recoge el sentir de la ciudadanía y de la mayoría de los municipios de España. La moción recoge la voluntad expresa de la resolución de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias en la que me consta que hay un alcalde de Convergència i Unió que votó a favor de que la financiación local y autonómica estén vinculadas. La moción no quiere herir susceptibilidades y huye de confrontaciones, la moción no quiere retrasar ningún acuerdo ni ningún proceso negociador y menos de la Generalitat, que este senador, como el resto de los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Socialista, votó. Simplemente la moción quiere situar en la agenda política al municipalismo español. Sí es el momento y ahora toca reproducir un gran debate donde el municipalismo tenga cabida y donde los artículos 140 y 142 de la Constitución por fin se lleven a la práctica porque somos Estado.
Yo también he sido, como tú, senador Roig, alcalde de La Rinconada 20 años y cuatro de concejal, 24 de los casi 30 que el año que viene va a cumplir la Constitución, y hemos sufrido en nuestras carnes la situación de penuria económica y de ser la infantería ante la problemática que tienen nuestros ciudadanos.
Señorías, simple y llanamente termino con un planteamiento positivo para que desde esta Cámara territorial salga este acuerdo nítido a la opinión pública diciendo que impulsa la creación de este marco, para que por fin los ayuntamientos en igualdad de condiciones se sienten con el Gobierno y con las comunidades autónomas. Esa es la voluntad de la moción que presenta este grupo de senadoras y senadores. Y lógicamente, dando las gracias de antemano a los compañeros que han manifestado su apoyo a la moción, y en espera de la posición del Grupo Parlamentario Popular, confiamos en abrir espacios comunes con el resto de fuerzas políticas para que sigamos avanzando en pro del municipalismo español.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sánchez Sánchez-Seco.
El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular, como su portavoz en la Comisión de Entidades Locales de esta Cámara, en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a través de la que, según consta textualmente en el enunciado de dicha moción, se insta al Gobierno a impulsar un gran acuerdo político que avance en una reforma más estructurada del sistema de financiación local.
En mi intervención trataré de reflejar la doble sensación, la doble impresión, que la presentación de esta moción supone para nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular. Una doble sensación de optimismo, por una parte, pero también de perplejidad ante el propio texto de la moción considerando los precedentes que han caracterizado en este asunto, especialmente en esta Cámara, al Grupo Parlamentario Socialista y al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Una sensación de optimismo, señorías, ante la presentación de esta moción porque parece que el Grupo Parlamentario Socialista -y queremos pensar que en este movimiento también pueda estar implicado el Gobierno de la nación- por fin parece que asume la voluntad de que pueda aprobarse un nuevo sistema de financiación local para las entidades locales, en línea con lo impulsado y propuesto por nuestro grupo en reiteradas ocasiones en esta Cámara en la pasada legislatura, tanto en el Pleno como en la propia Comisión de Entidades Locales. En el Grupo Parlamentario Popular -así lo ha manifestado públicamente nuestro portavoz, Pío García-Escudero- nos felicitamos de que el Grupo Parlamentario Socialista asuma casi de manera literal las propuestas de financiación local defendidas tantas veces por el Partido Popular. Y por ello queremos dar la bienvenida de nuevo al Grupo Parlamentario Socialista a la senda de la defensa de los derechos de las corporaciones locales. Bienvenido de nuevo al club, senador Abad y todo el Grupo Parlamentario Socialista.
En ese sentido, es de agradecer la renovada voluntad manifestada a través de esta moción de querer abordar este histórico problema, como ya se ha dicho aquí reiteradamente, que afecta al conjunto de las corporaciones locales y que usted, como ha manifestado en su condición de antiguo alcalde, conoce perfectamente. Pero, además, de la voluntad política, que en este caso como el valor se le supone, está el verdadero compromiso de que la reforma de la financiación local se lleve de verdad a la práctica y en los términos expresados por los principales y verdaderos interlocutores del mundo local que, como usted bien sabe, es la Federación Española de Municipios y Provincias.
Nuestra experiencia hasta ahora sobre su verdadero posicionamiento al respecto, y a las pruebas y hechos nos remitimos, no ha sido muy positiva precisamente. En la anterior legislatura, como usted bien conoce, en la Comisión de Entidades Locales comparecieron el vicepresidente económico, el antiguo ministro de Administraciones Públicas, el señor Sevilla, se aprobaron diversas mociones
en el mismo sentido, se presentaron distintas interpelaciones en el Pleno de esta Cámara, y se hicieron preguntas a los miembros del Gobierno, incluso al propio presidente del Ejecutivo, que contestó a alguna de ellas. Les voy a citar -usted lo recordará, senador Abad, porque estaba aquí- lo que nuestro portavoz Pío García-Escudero decía al señor Rodríguez Zapatero el 25 de mayo de 2005 en este mismo salón del Plenos.
Decía lo siguiente: «En nombre de mi grupo parlamentario y de mi partido le ofrezco un pacto para mejorar la financiación local; un pacto abierto, que acoja a los grupos parlamentarios, a las entidades locales, a las comunidades autónomas y al propio Gobierno de la nación.
Le ofrezco un pacto que debería contemplar; en primer lugar, que la reforma de la financiación local no se desvincule de la reforma de la financiación autonómica, porque es vital que vayan juntas; en segundo lugar, que no se posponga a la reforma competencial, porque también es fundamental que vayan juntas; en tercer lugar, que cuando se definan exactamente las competencias que correspondan a unos y otros, se reflejen en los estatutos de autonomía para que quede perfectamente claro; y, en cuarto lugar, que este pacto cumpla dos condiciones, la multilateralidad, que ya he mencionado, y la transparencia en el necesario diálogo que se ha de producir.»
Continuaba el senador García-Escudero: «En nombre de mi grupo parlamentario espero una respuesta pronta, como también todos los alcaldes y presidentes de diputación presentes...»
Ahora les voy a citar lo que contestaba inmediatamente después el señor presidente del Gobierno: «...no es necesario que espere una respuesta pronta -como creo que me decía-, es una respuesta inmediata, ya le digo desde aquí que sí a su oferta de diálogo, y que, por supuesto, el Ministerio de Administraciones Públicas se dirigirá al Grupo Parlamentario Popular y a todos los grupos para establecer un calendario de diálogo...»
«Ése es el compromiso que yo puedo establecer, aceptando y agradeciendo la propuesta del Grupo Parlamentario Popular de un acuerdo en materia de financiación y competencias de las corporaciones locales.»
Señorías, creo que sobra cualquier palabra que pueda añadir al respecto porque todos ustedes son perfectos entendedores.
Han pasado más de tres años desde aquel compromiso y no seré yo quien haga referencia hoy a la credibilidad del señor Rodríguez Zapatero, pero creo que ante la situación general que estamos viviendo en nuestro país la credibilidad del señor Rodríguez Zapatero está de plena actualidad en todos los foros nacionales e internacionales.
En cualquier caso, lo que sí está claro es que el compromiso asumido por el señor Rodríguez Zapatero de que desde el Ministerio de Administraciones Públicas se dirigirían al Grupo Parlamentario Popular para establecer un calendario de diálogo, nada de nada. Es más, con posterioridad a ese Pleno y al compromiso asumido por el presidente del Gobierno -y usted, señor Abad, lo conoce perfectamente-, usted y el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, el 7 de marzo de 2006 -es decir, menos de un año después- votaban en contra de una moción que expresaba y trataba de constatar los términos manifestados en el citado Pleno por el señor Rodríguez Zapatero. Evidentemente, toda una muestra de coherencia y de voluntad de cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Con todos estos precedentes de decir una cosa y hacer la contraria, nos encontramos hoy ante esta moción que, de nuevo, manifiesta su voluntad de impulsar una posición común en la reforma del sistema de financiación local.
Permítannos, sin ningún tipo de acritud, que con los precedentes citados, cuanto menos mi grupo parlamentario tenga algunas dudas e incluso cierta desconfianza sobre su voluntad de llevar a cabo una verdadera reforma de la financiación local en los términos expuestos por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Desde luego, ya lo ha dicho nuestro portavoz, Pío García-Escudero, y yo repito que por mi grupo parlamentario no va a quedar y, en este sentido, tengo que reiterar la plena voluntad y la disposición del Grupo Parlamentario Popular para entablar el diálogo y el consenso necesario para afrontar, de verdad, el principal problema que afecta a las entidades locales españolas, pero son ustedes quienes tienen la responsabilidad de Gobierno y, por tanto, la responsabilidad de iniciar su efectivo desarrollo.
De entrada, los primeros pasos no inducen precisamente al optimismo, y ahí encaja esa sensación de perplejidad a la que me refería al principio de mi intervención con respecto a la moción que debatimos. Por una parte, la referencia a este importante asunto por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Silva, en el debate de presentación del Gobierno durante el Pleno celebrado el pasado 13 de mayo se limitó a una mínima frase al respecto. Fue nuestro portavoz, Pío García-Escudero, el que de nuevo tuvo que recordar y reclamar al señor Rodríguez Zapatero el compromiso para desarrollar un nuevo sistema de financiación local en la presente legislatura.
Por otra parte, tampoco parece muy cortés ni muy loable, por decirlo de manera suave, que en la primera reunión que mantienen con el Gobierno los representantes del mundo local, de la Federación Española de Municipios y Provincias, para abordar este importante asunto de la financiación, se les menosprecie hasta el punto de que el propio presidente de dicha Federación Española de Municipios y Provincias, el alcalde de Getafe, señor Pedro Castro, tuviese que remitir una carta de protesta al Gobierno por tal hecho, según él mismo ha manifestado públicamente.
Voy terminando, porque se agota el tiempo.
En la reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias del pasado martes, el señor Castro presentaba precisamente un nuevo documento de la situación financiera de las entidades locales y hablaba de la existencia de una clara hoja de ruta de la futura negociación del nuevo marco de financiación local en ese documento. También la ponencia aprobada por unanimidad el pasado 17 de diciembre en esta misma Cámara, creo que es una buena hoja de ruta...
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.
El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Termino, señor presidente.
Una buena hoja de ruta para el desarrollo de esta financiación local. Con esto quiero decir que las bases de lo que debe contemplar el nuevo sistema de financiación local están perfectamente definidas, solo falta la plena voluntad y decisión por parte del Gobierno de llevarla a cabo.
Confiemos en que esta moción sea el paso definitivo para que se produzca de una vez por todas el desarrollo de esta financiación local, pero permítannos que desconfiemos. Por tanto, estaremos vigilantes para comprobar su renovado compromiso, y no tenga la menor duda de que, en el caso de que lo incumplan, seremos los primeros en denunciarlo y demandarlo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción que se acaba de debatir.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 231; en contra, siete; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, se levanta la sesión hasta mañana a las nueve y media de la mañana.
Eran las veintidós horas y treinta y cinco minutos.