CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2008 IX Legislatura Núm. 18
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno celebrada el martes,
28 de octubre de 2008
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CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2008 IX Legislatura Núm. 18 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA Sesión del Pleno celebrada el martes, 28 de octubre de 2008 |
ORDEN DEL DÍA:
Previo
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN. (Número de expediente 500/000272).
Primero
ACTAS
-- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 14 y 15 de octubre de 2008.
Segundo
PREGUNTAS
-- De D. ARTURO BAGUR MERCADAL, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, para que los clubes náuticos y marítimos puedan tener acceso prioritario a la gestión de los amarres de su zona de influencia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000117).
-- De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre si el Gobierno tiene prevista alguna iniciativa de modificación legal en relación con la situación de los menores inmigrantes no acompañados. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000139).
-- De D. PEDRO TORRES I TORRES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre el importe previsto para la compraventa de los terrenos del acuartelamiento de Sa Coma, en la isla de Ibiza (Illes Balears). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000140).
-- De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre si considera el Gobierno necesario modificar el sistema de seguridad jurídica preventiva para preservar los derechos de los ciudadanos en la actual coyuntura económica. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000141).
-- De D. PERE MUÑOZ HERNÁNDEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre el estado de tramitación de las obras de la autovía A-7 en los tramos comprendidos entre La Jana (Castellón), El Perelló (Tarragona) y L'Ametlla de Mar (Tarragona). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000142).
-- De D. JORDI GUILLOT MIRAVET, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre los proyectos legislativos que piensa presentar el Gobierno en la presente Legislatura en materia audiovisual. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000143).
-- De D.a CRISTINA MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre si puede informar el Gobierno en relación con la acogida que ha tenido entre los profesionales sanitarios estadounidenses la difusión del funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Salud. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000144).
-- De D.a RAQUEL MIRIAM ANDRÉS PRIETO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los medios que el Gobierno va a poner en marcha para garantizar una información eficaz a todos los ciudadanos respecto al llamado «apagón analógico». (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000145).
-- De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno acerca de la aplicación del Plan de Seguridad en Pasos a Nivel 2005-2012 en la Comunidad Autónoma de Galicia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000146).
-- De D.a MARGARITA PÉRIZ PERALTA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los planes del Gobierno para la mejora de la acción educativa en el exterior. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000147).
-- De D. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno respecto a la utilización de herramientas colaborativas web 2.0 para debatir el borrador de la futura Ley de Ciencia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000148).
-- De D.a PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno del servicio telefónico de información y asesoramiento 016 en materia de violencia de género. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000149).
-- De D. JOSEBA ZUBIA ATXAERANDIO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre si considera el Gobierno que con la actual política penal y penitenciaria es posible reducir la elevada tasa de hacinamiento existente en los centros penitenciarios. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000150).
-- De D. JOSÉ IGNACIO PALACIOS ZUASTI, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno tiene previsto adoptar alguna medida ante el hecho de que la bajada del precio del petróleo durante las últimas semanas no ha tenido una repercusión equivalente en el descenso del precio de los combustibles. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000151).
-- De D. JOSÉ VALÍN ALONSO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si puede informar el Gobierno de las conclusiones obtenidas en la reunión mantenida por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio con el Presidente del grupo Renault, respecto al futuro de la fábrica de ese grupo en Valladolid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000152).
-- De D. LUIS PERAL GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno acerca de la manifestación de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil el pasado día 18 de octubre. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000153).
-- De D. RAFAEL JAVIER SALAS MACHUCA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la cuantía planteada por la Administración del Estado en la negociación del pago de la denominada deuda histórica a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cumplimiento de la Disposición Adicional Segunda de su Estatuto de Autonomía. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000154).
-- De D. EUGENIO JESÚS GONZÁLVEZ GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos del Gobierno para que no haya puesto en práctica la norma que reducirá el precio de las comisiones de los envíos de dinero que realizan los emigrantes a sus países de origen. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000155).
-- De D. JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre el criterio del Gobierno en relación con la posibilidad de aumentar el plazo de vigencia de las cuentas de ahorro vivienda. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000156).
-- De D.a ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en favor de los aproximadamente dos mil trabajadores que van a ser afectados por el expediente de regulación de empleo de la factoría Nissan en Barcelona. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000157).
-- De D.a ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si tiene previsto el Gobierno modificar las normas europeas de subvenciones para el periodo 2007-2013 aplicables a universidades y organismos públicos de investigación, para que puedan participar en los programas INTERREG, con financiación europea, tal como ha ocurrido en el periodo 2000-2006. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000158).
-- De D. JORDI VILAJOANA I ROVIRA, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar que los dos reales decretos-leyes adoptados para otorgar estabilidad al sistema financiero puedan corregir, lo más rápidamente posible, las restricciones financieras que padecen las empresas y los consumidores. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 680/000159).
Tercero
INTERPELACIONES
-- De D. JOAN MARIA ROIG I GRAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las perspectivas y el calendario del proceso de mejora del sistema de financiación local. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 670/000018).
-- De D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para acabar con el caos en la Administración de Justicia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 670/000021).
-- De D.a MARÍA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre el comportamiento del Gobierno para favorecer políticas educativas que favorezcan valores democráticos de convivencia y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para la sociedad del siglo XXI. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 670/000022).
-- De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la política del Gobierno en materia de gestión aeroportuaria. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 670/000020).
Cuarto
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, por la que se insta al Gobierno a garantizar la seguridad de las actividades nucleares y de las centrales nucleares, manifestando el rechazo a la posible prórroga del funcionamiento de Santa María de Garoña. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 107, de fecha 27 de octubre de 2008). (Núm. exp. S. 671/000015).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
JURAMENTO O PROMESA DE ACA-TAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN (Página 719)
El Excmo. Sr. D. Agustín Almodóbar Barceló adquiere la plena condición de senador al prestar acatamiento a la Constitución.
ACTAS (Página 719)
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 14 y 15 de octubre de 2008 (Página 719 )
Se aprueba el acta.
PREGUNTAS (Página 719)
De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre si el Gobierno tiene prevista alguna iniciativa de modificación legal en relación con la situación de los menores inmigrantes no acompañados (Página 719)
El señor Belda Quintana formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Belda Quintana. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves).
De D.a ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en favor de los aproximadamente dos mil trabajadores que van a ser afectados por el expediente de regulación de empleo de la factoría Nissan en Barcelona (Página 720 )
La señora Sánchez-Camacho Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Sánchez-Camacho Pérez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves).
De D. JORDI GUILLOT MIRAVET, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre los proyectos legislativos que piensa presentar el Gobierno en la presente Legislatura en materia audiovisual (Página 721)
El señor Guillot Miravet formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Guillot Miravet. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón).
De D. JOSÉ IGNACIO PALACIOS ZUASTI, del GRUPO PARLAMENTARIO POPU-LAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno tiene previsto adoptar alguna medida ante el hecho de que la bajada del precio del petróleo durante las últimas semanas no ha tenido una repercusión equivalente en el descenso del precio de los combustibles (Página 722)
El señor Palacios Zuasti formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Palacios Zuasti. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón).
De D. JOSÉ VALÍN ALONSO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si puede informar el Gobierno de las conclusiones obtenidas en la reunión mantenida por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio con el Presidente del grupo Renault, respecto al futuro de la fábrica de ese grupo en Valladolid (Página 723)
El señor Valín Alonso formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Valín Alonso. En turno de dúplica, interviene de nuevo el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón).
De D.a CRISTINA MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, del GRUPO PARLAMEN-TARIO SOCIALISTA, sobre si puede informar el Gobierno en relación con la acogida que ha tenido entre los profesionales sanitarios estadounidenses la difusión del funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Salud (Página 724)
La señora Maestre Martín de Almagro formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Soria Escoms).
De D. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SO-CIALISTA, sobre la valoración del Gobierno respecto a la utilización de herramientas colaborativas web 2.0 para debatir el borrador de la futura Ley de Ciencia (Página 725)
El señor Salvador García formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Ciencia e Innovación (Garmendia Mendizábal).
De D.a PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLA-MENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno del servicio telefónico de información y asesoramiento 016 en materia de violencia de género (Página 726)
La señora Hernández Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Igualdad (Aído Almagro).
De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre si considera el Gobierno necesario modificar el sistema de seguridad jurídica preventiva para preservar los derechos de los ciudadanos en la actual coyuntura económica (Página 727)
El señor Mur Bernad formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mur Bernad. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo).
De D.a MARGARITA PÉRIZ PERALTA, del GRUPO PARLAMENTARIO SO-CIALISTA, sobre los planes del Gobierno para la mejora de la acción educativa en el exterior (Página 729)
La señora Périz Peralta formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Educación, Política Social y Deporte (Cabrera Calvo-Sotelo).
De D. ARTURO BAGUR MERCADAL, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, para que los clubes náuticos y marítimos puedan tener acceso prioritario a la gestión de los amarres de su zona de influencia (Página 730)
El señor Bagur Mercadal formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Bagur Mercadal. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).
De D. PERE MUÑOZ HERNÁNDEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre el estado de tramitación de las obras de la autovía A-7 en los tramos comprendidos entre La Jana (Castellón), El Perelló (Tarragona) y L'Ametlla de Mar (Tarragona) (Página 731)
El señor Muñoz Hernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).
De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno acerca de la aplicación del Plan de Seguridad en Pasos a Nivel 2005-2012 en la Comunidad Autónoma de Galicia (Página 732)
El señor Lago Lage formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).
De D. LUIS PERAL GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno acerca de la manifestación de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil el pasado día 18 de octubre (Página 733)
El señor Peral Guerra formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Peral Guerra. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).
De D. RAFAEL JAVIER SALAS MACHUCA, del GRUPO PARLA-MENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la cuantía planteada por la Administración del Estado en la negociación del pago de la denominada deuda histórica a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cumplimiento
de la Disposición Adicional Segunda de su Estatuto de Autonomía (Página 734)
El señor Salas Machuca formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Salas Machuca. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
De D. EUGENIO JESÚS GONZÁLVEZ GARCÍA, del GRUPO PARLAMEN-TARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos del Gobierno para que no haya puesto en práctica la norma que reducirá el precio de las comisiones de los envíos de dinero que realizan los emigrantes a sus países de origen (Página 736)
El señor Gonzálvez García formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gonzálvez García. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
De D. JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO, del GRUPO PARLA-MENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre el criterio del Gobierno en relación con la posibilidad de aumentar el plazo de vigencia de las cuentas de ahorro vivienda (Página 737)
El señor García Ballestero formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García Ballestero. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
De D.a ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLA-MENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si tiene previsto el Gobierno modificar las normas europeas de subvenciones para el periodo 2007-2013 aplicables a universidades y organismos públicos de investigación, para que puedan participar en los programas INTERREG, con financiación europea, tal como ha ocurrido en el periodo 2000-2006 (Página 739)
La señora Aleixandre i Cerarols formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Aleixandre y Cerarols.
De D. JORDI VILAJOANA I ROVIRA, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar que los dos reales decretos-leyes adoptados para otorgar estabilidad al sistema financiero puedan corregir, lo más rápidamente posible, las restricciones financieras que padecen las empresas y los consumidores (Página 740)
El señor Vilajoana i Rovira formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Vilajoana i Rovira. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
De D. PEDRO TORRES I TORRES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre el importe previsto para la compraventa de los terrenos del acuartelamiento de Sa Coma, en la isla de Ibiza (Illes Balears).
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D.a RAQUEL MIRIAM ANDRÉS PRIETO, del GRUPO PARLAMEN-TARIO SOCIALISTA, sobre los medios que el Gobierno va a poner en marcha para garantizar una información eficaz a todos los ciudadanos respecto al llamado «apagón analógico».
Esta pregunta ha sido retirada.
De D. JOSEBA ZUBIA ATXAERANDIO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENA-DORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre si considera el Gobierno que con la actual política penal y penitenciaria es posible reducir la elevada tasa de hacinamiento existente en los centros penitenciarios.
Esta pregunta ha sido aplazada.
INTERPELACIONES (Página 741)
De D. JOAN MARIA ROIG I GRAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las perspectivas y el calendario del proceso de mejora del sistema de financiación local (Página 741)
El señor Roig i Grau expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). Vuelve a intervenir el señor Roig i Grau. Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
De D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para acabar con el caos en la Administración de Justicia (Página 746)
El señor Conde Bajén expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo). Vuelve a intervenir el señor Conde Bajén. Cierra el debate el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo).
De D.a MARÍA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, del GRUPO PARLAMEN-TARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre el comportamiento del Gobierno para favorecer políticas edu-cativas que favorezcan valores demo-cráticos de convivencia y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para la sociedad del siglo XXI (Página 753)
La señora Baig i Torras expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Educación, Política Social y Deporte (Cabrera Calvo-Sotelo). Vuelve a intervenir la señora Baig i Torras. Cierra el debate la señora Ministra de Educación, Política Social y Deporte (Cabrera Calvo-Sotelo).
De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la política del Gobierno en materia de gestión aeroportuaria (Página 757)
El señor Belda Quintana expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). Vuelve a intervenir el señor Belda Quintana. Cierra el debate la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).
MOCIONES CONSECUENCIA DE IN-TERPELACIÓN (Página 763 )
Del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VAS-COS, por la que se insta al Gobierno a garantizar la seguridad de las actividades nucleares y de las centrales nucleares, manifestando el rechazo a la posible prórroga del funcionamiento de Santa María de Garoña (Página 763)
La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra defiende la moción.
La señora Fuentes García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor González Torres defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.
En turno de portavoces, intervienen el señor Tuñón San Martín, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Esquerda Segués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; así como la señora Fuentes García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor González Torres, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se rechaza la moción consecuencia de interpelación, por 13 votos a favor, 222 en contra y 7 abstenciones.
Se suspende la sesión a las veintiuna horas y treinta minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN (Número de expediente 500/000272).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Asunto previo al orden del día: juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.
Procede el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del excelentísimo señor don Agustín Almodóbar Barceló.
Ruego al señor Almodóbar que se acerque a la tribuna. (Pausa.)
Excelentísimo señor don Agustín Almodóbar Barceló, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Agustín Almodóbar Barceló ha adquirido la condición plena de senador. (Aplausos.-Aplausos de los señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado al exsenador, señor Barceló Pérez, que se encuentra en la tribuna del público.)
Gracias, señoría.
ACTAS:
LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA LOS PASADOS DÍAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2008.
El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el punto primero del orden del día: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 14 y 15 de octubre de 2008.
¿Alguna observación al acta? (Pausa.)
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada.
PREGUNTAS:
-- DE D. ALFREDO BELDA QUINTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE PREVISTA ALGUNA INICIATIVA DE MODIFICACIÓN LEGAL EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE LOS MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. (Número de expediente 680/000139).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día: preguntas. La pregunta de la senadora Andrés Prieto ha sido retirada, y la de los senadores Torres i Torres y Zubia Atxaerandio han sido aplazadas.
Pregunta del senador Belda Quintana. Tiene la palabra, señoría.
El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro.
Hasta hoy, han llegado 692 menores inmigrantes no acompañados a Canarias, frente a los 504 que llegaron durante el mismo período de 2007, lo que supone un incremento de un 37 por ciento, en contraposición con el descenso del número total de inmigrantes que han llegado este año a Canarias, en relación con el año anterior.
Lamentablemente, señor ministro, las mafias de la inmigración saben que rara vez se repatrían menores, pues tanto la legislación española como los convenios internacionales de protección de menores y de la infancia obligan a nuestras administraciones a proteger, mantener, educar y cuidar de ellos, independientemente de dónde provengan, si no se localiza a sus progenitores o si no existen garantías de que estos puedan cuidarlos y educarlos adecuadamente.
Las administraciones que tienen la obligación de velar por los menores son las comunidades autónomas. El marco legal lo establece la atribución de competencias que establecieron los estatutos de autonomía que se aprobaron a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo anterior y sus posteriores reformas, y también la legislación del Estado mediante la Ley Orgánica 1/1996. En Canarias, en concreto, es la Ley 1/1997, de atención integral a los menores, de la que, por cierto, este senador fue ponente.
Pero en la época en la que se publicaron y se reformaron los estatutos de autonomía, y se aprobó la legislación sobre menores tanto la del Estado como la de las comunidades autónomas, no existía el fenómeno de la inmigración masiva de menores inmigrantes no acompañados. A todos estos chicos hay que tutelarlos, enseñarles nuestras costumbres y nuestro idioma, educarlos y procurar integrarles para que puedan desarrollarse adecuadamente como personas y tengan en el futuro las mismas oportunidades que los niños españoles o Canarios.
Por eso, señor ministro, sabiendo la complejidad que ello conlleva y teniendo en cuenta que las leyes tienen que adaptarse a la realidad social de cada momento, le planteamos si tiene prevista el Gobierno alguna iniciativa, de acuerdo con las comunidades autónomas, para modificar la normativa sobre menores, en especial en relación con la situación de los menores inmigrantes no acompañados, de tal forma que la tutela pueda pasar al Estado y así podamos entre todos atenderles adecuadamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Trabajo e Inmigración.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señor presidente.
La respuesta a su pregunta es que en principio el Gobierno no tiene previsto cambiar la legislación para pasar las competencias, que en estos momentos residen en las comunidades autónomas, al Estado. Dicho esto, comparto con usted la preocupación y creo que todos tenemos que tomar conciencia de ello.
En el caso de Canarias se da una singularidad y una excepcionalidad que probablemente no se dan en otras partes del territorio con la misma intensidad. En Canarias, en tanto puerta de entrada, vemos el fenómeno de la inmigración en su mayor crudeza y vemos su mayor drama globalmente. Pero a ese fenómeno de la inmigración se une además el incremento de menores que últimamente se ha producido. Eso origina en Canarias, y al Gobierno de Canarias, un problema del cual este ministro es consciente.
Estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno de Canarias y mañana se reunirá la consejera con la secretaria de Estado. Espero que en los próximos días podamos llevar a cabo un convenio, un protocolo de acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España que permita, más allá de las competencias, involucrarnos a los dos gobiernos en la gestión del tema que usted enumeraba.
Usted también ha hecho otra referencia. Es verdad, que el retorno de los menores es más complejo porque debe presidir la idea de protección al menor por encima de la condición de origen, pero también quiero decirle que el Gobierno está haciendo gestiones con los países de origen, y también de ello participa el Gobierno de Canarias, que nos permitan, mediante convenios internacionales, en el fondo gobernar este sistema.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señor Belda, había terminado su tiempo.
Tiene un segundo.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente quiero agradecer la disposición del ministerio y mostrar nuestra preocupación por esos más de 1.400 menores inmigrantes no acompañados que hay ahora mismo en los centros de Canarias, totalmente masificados y que no reúnen las condiciones que tenemos que dar a estos menores para educarlos adecuadamente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Le agradezco su pregunta y quiero decirle que entiendo perfectamente su preocupación. Reitero y espero que la predisposición de los dos gobiernos permita que lo antes posible podamos haber alcanzado ese acuerdo para ayudar a gestionar mejor ese problema que hoy tiene Canarias.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- De D.ª ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO EN FAVOR DE LOS APROXIMADAMENTE DOS MIL TRABAJADORES QUE VAN A SER AFECTADOS POR EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO DE LA FACTORÍA NISSAN EN BARCELONA (Número de expediente 680/000157).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Sánchez-Camacho.
Tiene la palabra, señoría.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, presidente.
Señor ministro, ¿cuáles son las medidas que va a adoptar el Gobierno en favor de los aproximadamente dos mil trabajadores de la empresa Nissan, posiblemente afectados por un expediente de regulación de empleo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra le señor ministro Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Señor presidente, señoría, desde el Ministerio de Trabajo y también desde el Ministerio de Industria estamos en contacto directo con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para coordinar las políticas que favorezcan la resolución del conflicto lo más rápidamente posible y también lo más favorablemente posible.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, senadora.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Gracias, presidente.
Señor ministro, usted sabrá bien los últimos datos de la EPA sobre incremento del desempleo. De estos datos, señor ministro, uno de cada cuatro desempleados en el último trimestre es catalán. Ustedes, señor ministro, el Partido Socialista de Cataluña y su candidata, la actual ministra de Defensa, anunciaron que iban a crear 350.000 empleos nuevos en Cataluña. Lo que tenemos actualmente, señor ministro, son 360.000 parados nuevos en Cataluña, y eso es resultado de las políticas de su Gobierno.
Ahora bien, señor ministro, le pregunto sobre un asunto muy concreto, sobre los expedientes de regulación de empleo que se están sucediendo día sí y día también en Cataluña. No estamos hablando solo de la empresa a la que hoy hago referencia, sino de muchas de ellas. Estamos hablando de Seat, de Pirelli, de Nissan, de muchas empresas que están presentando estos últimos días posibles expedientes de regulación de empleo. La empresa Nissan ha anunciado un posible expediente de 1.680 trabajadores, expediente que aún no se ha presentado, señor ministro, y que ha sido anunciado reiteradamente hace dos semanas. Yo le pregunto al Gobierno de España, y aprovecho que también está el ministro de Industria aquí, para pedirles
responsabilidades por la falta de actuación que están teniendo. No me diga, señor ministro, que esto es competencia de la Generalitat. No haga usted como Larra -váyase usted y venga a la ventanilla otro día- y váyase usted a la ventanilla de la Generalitat. El Gobierno de España tiene responsabilidad a la hora de negociar y evitar 1.680 despidos en Nissan.
Señores ministros, señorías, cada día están sucediéndose paros de los trabajadores de Nissan en Cataluña. Esta empresa ha tenido más de trescientos millones de beneficios netos en los últimos años, nueve millones solo para Cataluña, y según una información de hoy en El País, Nissan ha recibido más de 43 ayudas públicas en cuatro años, 306 millones de ayudas desde el año 2003. El Partido Popular le dice que si se produce expediente de regulación de empleo tienen que ser devueltas estas ayudas, porque lo que no puede hacer una empresa internacional es enriquecerse en ayudas para después despedir a casi el 40 por ciento de la plantilla.
Pero le diré más: lo que no puede hacer este país es permitir que un ministro, en este caso usted, o el ministro que le acompaña, el ministro de Industria, se reúna con el presidente de Nissan-Renault y no le hable de la situación de Nissan -hasta el propio presidente de la Generalitat se lo recriminó a ustedes. (El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, Sebastián Gascón, hace gestos negativos.)
Sí, señor ministro. El presidente lleva siendo muy contrario a ustedes desde hace pocos días.
Las medidas que ustedes tienen que tomar son las de evitar ese expediente de regulación de empleo, buscar medidas transitorias de suspensión temporal y evitar que 1.680 trabajadores de Nissan y más de 4.000 de empresas de servicios se queden en el paro. Esa es su responsabilidad y eso es lo que ustedes están haciendo, dejar olvidados y abandonados a los trabajadores de Nissan en Cataluña.
Eso es lo que hace el Gobierno del señor Zapatero. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Señor presidente, señora senadora, ya sé que usted tiene un problema, y es que no es diputada en el Parlament de Catalunya. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-El señor Agramunt Font de Mora: ¡Pida perdón!)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): ¿Por qué voy a pedir perdón? No es parlamentaria. (El señor Agramunt Font de Mora: ¡Es senadora!)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Espero que su partido en Cataluña, cuyos candidatos tienen una alta tasa de temporalidad, no le cambie a usted antes de las próximas elecciones y pueda llevar alguna de estas propuestas a donde tocan. (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Qué nivel tenemos!)
Señora senadora, este ministro está haciendo lo que debe hacer: trabajar para intentar resolver y ayudar a resolver el problema de Nissan. (La señora Sánchez-Camacho Pérez: ¡Ya lo veo!) Este ministro está hablando con el presidente de la Generalitat y hablando con la consejera, y lo que este ministro y este partido nunca harán será utilizar a los parados con fines partidistas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Silencio, por favor.
-- DE D. JORDI GUILLOT MIRAVET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LOS PROYECTOS LEGISLATIVOS QUE PIENSA PRESENTAR EL GOBIERNO EN LA PRESENTE LEGISLATURA EN MATERIA AUDIOVISUAL (Número de expediente 680/000143).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Guillot.
Tiene la palabra su señoría. (Rumores.)
Silencio señorías, por favor.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente. (Rumores.)
Ya pasó, ya pasó. La pregunta anterior ya pasó y ahora estamos en otra.
Señor ministro de Industria, en la anterior legislatura quedaron pendientes en materia audiovisual dos proyectos de ley: la ley general de lo audiovisual y la ley del consejo superior de medios audiovisuales.
En su programa electoral del 2008 se reiteran estas propuestas y la vicepresidenta Fernández de la Vega afirmó en la Comisión Constitucional tanto del Congreso como del Senado la voluntad de presentar estos dos proyectos, y la pregunta concreta que le hago es: ¿cuándo los van a presentar?
Cuando ustedes afirman que es necesario y deseable el consenso, ¿no conseguirlo en su totalidad puede suponer un impedimento para la presentación de las leyes?
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria, Turismo y Comercio.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, tal y como se acordó en el Consejo de Ministros del pasado 14 de agosto, se someterán al acuerdo del Gobierno antes del 31 de marzo de 2009 dos propuestas legislativas. La primera, un anteproyecto de ley general audiovisual que actualizará conceptos y definiciones en línea con los importantes desarrollos tecnológicos y la realidad actual del sector y que pondrá fin a la actual dispersión normativa adaptándola a las últimas directrices comunitarias. La segunda, un anteproyecto de ley de creación del consejo estatal de los medios audiovisuales, que velará, desde la independencia, por el cumplimiento de la nueva regulación audiovisual.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Muchas gracias, señor presidente.
Espero que los plazos se cumplan y que no haya en esta legislatura la misma pereza que en la anterior, en la que, por cierto, el ministro, señor Clos, dijo que ya no había margen para poder presentar esos dos proyectos, unos proyectos que son imprescindibles para acabar de regular todo el sector audiovisual, para poder crear el consejo audiovisual y para conseguir que ése sea un marco independiente de regulación y de gestión del sector.
Lo que sí les pido es claridad legislativa y, sobre todo, voluntad. Y no dejen de recordar la reacción que hubo cuando en la anterior legislatura el Gobierno anunció estos dos proyectos de ley. Lo que les pediría es que en esta nueva etapa se cumplan los compromisos con la máxima voluntad, para poder colocarnos en la media europea, lo que significa tener leyes generales de lo audiovisual y consejos superiores que permitan la regulación del sector en las mejores condiciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como ya quedó claro en el compromiso electoral, nuestra intención es culminar en el actual curso político este proceso de racionalización y modernización del sector audiovisual, que ya iniciamos en la anterior legislatura -es verdad que no lo culminamos-.
Con las dos iniciativas que le he mencionado creo que habremos finalizado un proceso complejo y difícil que, como ningún otro, abre las puertas a un futuro plural, moderno y profundamente transformador de nuestra sociedad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE D. JOSÉ IGNACIO PALACIOS ZUASTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE PREVISTO ADOPTAR ALGUNA MEDIDA ANTE EL HECHO DE QUE LA BAJADA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO DURANTE LAS ÚLTIMAS SEMANAS NO HA TENIDO UNA REPERCUSIÓN EQUIVALENTE EN EL DESCENSO DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES (Número de expediente 680/000151).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Palacios. Señoría, tiene la palabra.
El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero decir que mi compañera de grupo parlamentario ha hecho una pregunta como senadora al señor ministro. Así pues, con relación a dicha pregunta doy por formulada la realizada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
Senador Palacios, en lo que se refiere a la repercusión equivalente en la gasolina o en el gasóleo por la bajada de precio del petróleo he de decir que el Gobierno ejerce un estrecho control sobre las actividades del mercado de combustibles. Lógicamente, nosotros estamos velando en todo momento para que la competencia y la transparencia imperen en estos procesos de formación de precios, y en el caso que nos ocupa para que se siga repercutiendo, sin retrasos injustificados, la caída del precio del petróleo sobre el precio del combustible que pagamos todos los consumidores.
Sin embargo, señorías, no debemos confundir a la ciudadanía afirmando que los combustibles tienen que bajar en la misma proporción en que lo haga el precio del petróleo en dólares. Esto no es así por dos motivos. En primer lugar, por el tipo de cambio dólar-euro y, en segundo lugar, porque aproximadamente la mitad del precio del combustible es impuesto, lo que no varía su precio.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Palacios.
El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado mes de julio el precio del barril de petróleo alcanzó los máximos históricos: 147 dólares el barril de Brent. Inmediatamente, y en la misma
proporción, subieron los precios de la gasolina y del gasóleo también a precios históricos. Sí, señor ministro. Esto produjo una espiral inflacionista, y ustedes, desde el Gobierno, lo que nos decían y no se cansaban de repetir, era que la subida del IPC se debía a dos factores, a la subida del precio de los alimentos y a la del precio del petróleo.
Pues bien, en estos momentos, hoy, 28 de octubre, el precio del petróleo está por debajo de los 60 dólares, mientras que el de la gasolina y el gasóleo no ha bajado, ni en la misma proporción ni con la misma velocidad. El petroleo ha bajado un 60 por ciento, pero la gasolina ha bajado un 30 por ciento.
Señor ministro, ¿a qué se debe este desfase? Esto es lo que queremos saber. Usted conoce que muchos negocios dependen en su rentabilidad del precio de la gasolina. Me estoy refiriendo a miles de agricultores, a los transportistas, a pequeñas y medianas industrias, al igual que a muchas economías domésticas, a todos los que necesitan el coche, por ejemplo, para ir a trabajar, y, finalmente, a todos los que compramos alimentos, que creo que somos el cien por cien de los españoles, porque esto también depende del precio de la gasolina.
Por eso queremos saber por qué se produce ese desfase, por qué no bajan en la misma proporción e intensidad. ¿Se debe a que los impuestos sobre la gasolina rondan el 40 y 50 por ciento? ¿Se debe a que su Gobierno no quiere prescindir de esos pingües ingresos que recibe a través de estos impuestos? ¿Se debe a que en España no existe libre mercado, sino oligopolio, puesto que en estos momentos dos operadoras controlan el 70 por ciento?
Eso es lo que nosotros queremos saber y lo que quieren saber los ciudadanos españoles, porque en estos momentos de crisis, señor ministro, lo que se necesita es mejorar la productividad de nuestras empresas e inyectar liquidez en las economías, y para eso es necesario que la gasolina y el gasóleo bajen con la misma velocidad e intensidad con que lo hacen cuando sube el petróleo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Gracias, señor presidente.
El 14 de julio el petroleo alcanzó su máximo. Desde entonces, en dólares, ha caído un 50 por ciento, con datos a 20 de octubre, los últimos datos cerrados. ¿Por qué no bajan la gasolina y el gasóleo un 50 por ciento entonces? Se lo explico muy brevemente, señoría. En primer lugar, porque hay un tipo cambio de dólar a euro. El euro ha caído, de forma que el barril del petroleo, en euros, no ha caído un 50 por ciento, como en dólares, sino un 41 por ciento. ¿Por qué no caen entonces la gasolina y el gasóleo un 41 por ciento, en euros? Se lo explico, también rápidamente. Porque aproximadamente la mitad del precio de venta al público corresponde a impuestos que no varían con el precio del petroleo. Por tanto, cuando baja un 40 por ciento el precio del petroleo, solo puede caer un 20 por ciento el precio de la gasolina o el precio del gasóleo. Lo mismo ocurre cuando sube el precio del petróleo, que solo puede subir la mitad el precio de la gasolina y del gasóleo.
Según los datos de que disponemos, se ha producido una caída del precio de la gasolina en un 17 por ciento y en un 19 por ciento en el gasóleo. Por tanto, todavía hay margen para que caiga unos céntimos más el precio de la gasolina y del gasóleo. Según nuestros cálculos, con este tipo de cambio y este precio del petroleo, el litro de la gasolina y del gasóleo estarán por debajo del euro en las próximas semanas. Le invito a que entre en la página web del ministerio, www.mityc.es, donde están todos los precios de todas las gasolineras de España, que es un ejercicio de transparencia inusitado en toda Europa.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE D. JOSÉ VALÍN ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO DE LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS EN LA REUNIÓN MANTENIDA POR EL MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO CON EL PRESIDENTE DEL GRUPO RENAULT, RESPECTO AL FUTURO DE LA FÁBRICA DE ESE GRUPO EN VALLADOLID (Número de expediente 680/000152).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Valín.
Tiene la palabra, señoría.
El señor VALÍN ALONSO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace menos de dos semanas mantuvo usted una reunión con los responsables del grupo Renault en Francia a propósito del futuro de la planta Renault en Valladolid.
¿Podría informarnos de las conclusiones que obtuvo en esa reunión?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastían Gascón): Gracias, señor presidente.
Este Gobierno informa siempre con puntualidad y transparencia sobre las reuniones que mantiene en defensa de los intereses de los trabajadores españoles. Así, mantuve una reunión con el presidente de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, en París para tratar sobre los planes de futuro de esta compañía en España. Dado que estábamos en la sede de Renault, el señor Ghosn nos pidió que no habláramos de Nissan porque podría ser contraproducente -lo digo
porque su señoría estaba interesado en este tema. Por eso hemos establecido una nueva reunión con Nissan.
En cualquier caso, salí con una sensación positiva de esa reunión, por dos motivos: en primer lugar, porque Renault va a incrementar en 2009 su producción en España en un 15 por ciento, pese a la coyuntura internacional, y porque hemos acordado la creación de un grupo de trabajo para desarrollar el vehículo eléctrico en nuestro país, un grupo de trabajo que va a presentar sus conclusiones en febrero de 2009.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Valín.
El señor VALÍN ALONSO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, por lo que veo, inconcreción absoluta. Hablar de un incremento del 15 por ciento, es hablar de la mar y de los peces de colores. Hay que hablar de modelos. Hay que hablar de plantas. Hay que hablar de cosas concretas.
Señor ministro, está usted extendiendo la confusión y el malestar entre la plantilla por la falta de información. Está usted sometiendo a cerca de 10.000 empleados de la industria concreta y de todas las industrias auxiliares a una tensión bastante insoportable. Y está usted haciendo eso con una plantilla que ha demostrado a lo largo del tiempo profesionalidad y eficiencia.
Hay una clara dejadez y falta de política industrial en España en estos momentos, máxime en una cuestión como ésta en la que el grupo Renault ya el año pasado empezó a construir o mostró su interés por poner una fábrica en Marruecos, y ustedes sin mover ficha.
Señor ministro, entre la ciudadanía y entre la plantilla se está extendiendo cada vez más la convicción de que esa petulancia irresponsable del presidente Zapatero en Estados Unidos, señalando que España iba a adelantar a Francia en renta per cápita, ha sido la responsable directa de que en menos de 48 horas el presidente Sarkozy comprometiera (Rumores.) al señor Ghosn para que dos modelos de Renault se construyeran en Francia en plantas con menos eficiencia y menos productividad que la de Renault en Valladolid.
Señor ministro, no basta con viajes relámpagos, hay que hacer un trabajo serio y sensato en política industrial, un trabajo continuado. Es necesario un planteamiento muy serio, y no sobre motores o sobre coches del futuro, no sobre coches eléctricos. Hay que hacer planteamientos muy serios sobre coches convencionales o al menos sobre coches mixtos que permitan de verdad la viabilidad de la planta durante los próximos cinco años, que es lo que nos estamos jugando. Pero, sobre todo, hace falta, señor ministro, mucha responsabilidad porque estamos jugando, como hemos dicho antes, con cerca de 10.000 empleos, 10.000 empleos que son la base de un territorio, el territorio industrial de Valladolid.
Señor ministro, el Gobierno Zapatero fue responsable, en la legislatura pasada, del hundimiento y la reducción de la producción del azúcar en España a la mitad; ya en estos momentos está a menos de la mitad que cuando llegó.
Yo le pido, señor ministro, que trabaje usted todo lo que pueda en coordinación, naturalmente con todas las entidades regionales y con los grupos industriales, para que no sea también este Gobierno el enterrador de la planta de montaje de Valladolid.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, yo creo que el compromiso de aumentar un 15 por ciento la producción por parte de Renault, con la que está cayendo internacionalmente, no son peces de colores -no sé cómo lo ha calificado su señoría-, y el hecho de crear un grupo de trabajo para el coche eléctrico en Renault no creo que sea tampoco una mala noticia. Estamos satisfechos, como también lo está el presidente de la Junta de Castilla y León que, según tengo entendido, pertenece a su partido, aunque nunca se sabe.
Como su señoría ha manifestado, es muy importante que los centros de decisión estén en España, y tenemos el problema de que en la industria del automóvil los centros de decisión no están en España. Por tanto, bienvenidos al club de los que pensamos desde hace años que es importante que los centros de decisión estén en España. Y ustedes pertenecían al club del antes alemana que catalana.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
-- DE D.a CRISTINA MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA ACOGIDA QUE HA TENIDO ENTRE LOS PROFESIONALES SANITARIOS ESTADOUNIDENSES LA DIFUSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO SISTEMA NACIONAL DE SALUD (Número de expediente 680/000144).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Maestre.
Tiene la palabra su señoría.
La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, recientemente todos hemos podido leer y ver en los medios de comunicación noticias sobre su viaje a Estados Unidos para dar a conocer el funcionamiento del sistema sanitario español, por cierto a propuesta o mediante la invitación de numerosos representantes de
asociaciones, de sociedades institucionales americanas del ámbito de la salud. Resulta sumamente interesante, y así le parece a esta senadora o por lo menos le suscita gran curiosidad, la aceptación que haya podido tener ese intercambio de las experiencias y del funcionamiento del modelo sanitario español allí en Estados Unidos, teniendo, además, en cuenta que siendo la primera potencia mundial tiene un sistema sanitario totalmente distinto al nuestro: allí es gestionado por aseguradoras privadas, a diferencia de España que tenemos un sistema público, universal y gratuito.
Como digo, suscita gran interés saber qué acogida ha tenido esa traslación del modelo público español en el país americano. La pregunta que quisiera formularle es esa, ¿qué acogida han tenido en Estados Unidos las explicaciones que el señor ministro ha tenido a bien trasladar a instancias de las instituciones norteamericanas sobre el modelo público de sanidad español?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Soria Escoms): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente este reciente viaje me ha servido para confirmar efectivamente que nuestro Sistema Nacional de Salud es un ejemplo de eficiencia y calidad para los profesionales de la salud de los Estados Unidos de Norteamérica. El sistema sanitario español es también un modelo de éxito para las sociedades e instituciones sanitarias de ese gran país. Así lo ha reconocido Patient Centered Primary Care Collaborative -confederación que agrupa a más de 180 instituciones y sociedades del ámbito de la salud de los Estados Unidos y representa a 330.000 profesionales sanitarios, a la industria y a las asociaciones de pacientes- y así me lo expresaron tras la conferencia que tuve el honor de impartir en su reunión anual que se celebró en Washington el día 17 de octubre para explicar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.
Tuve ocasión también de reunirme con los representantes de las candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos, la demócrata Nicole Lurie y el republicano Thomas Miller. Estudiamos las posibilidades de colaboración de ambos países ya que los retos a los que nos enfrentamos son comunes: trabajar por la calidad y la innovación del sistema sanitario.
Revistieron particular interés para ellos las estrategias de promoción y prevención como ejes de las políticas de salud y el papel decisivo de la atención primaria en la buena salud de la ciudadanía y en la introducción de innovaciones como la historia crítica digital. Son proyectos que España ya desarrolla de forma decidida, pero para los organizadores de esta reunión que luchan por un sistema sanitario basado más en una sólida atención primaria constituyen una importante referencia.
También afirmé mi convencimiento de que la definición de los próximos pasos que hay que dar en los sistemas sanitarios debe ser el fruto del consenso entre los partidos y los territorios y destaqué el Pacto por la Sanidad que el ministerio promueve actualmente. En este sentido, ambas candidaturas expresaron públicamente su coincidencia en que la mejora del sistema sanitario debe ser fruto de un acuerdo entre los partidos y los diferentes agentes: (estados, profesionales, empresas y pacientes).
Sé, señorías, que como yo deben sentirse orgullosos de que nuestro Sistema Nacional de Salud sea objeto de tanto reconocimiento. Los esfuerzos de todos -repito, de todos- en su mejora continua harán que esta situación se mantenga en beneficio de los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS WEB 2.0 PARA DEBATIR EL BORRADOR DE LA FUTURA LEY DE CIENCIA (Número de expediente 680/000148).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Salvador.
Tiene la palabra, señoría.
El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, cuando la gente se refiere a Internet tradicionalmente el recuerdo que viene a la mente es cuando Internet servía para almacenar información con un acceso de carácter universal, y esa era la fotografía que todo el mundo ha llevado a través de los tiempos cuando realmente Internet posibilita muchas más cosas.
Ya en los años ochenta había grupos de discusión que trabajaban a través de listas de distribución en el concepto de preguntas-respuestas, algo que ahora, por ejemplo, ha vuelto a revolucionar Yahoo con sus preguntas-respuestas, teniendo a millones de personas agregadas que sirven para trabajar conjuntamente. En el año 1998 se creó la primera herramienta wiki que dio lugar a Wikipedia, que es hoy la mayor enciclopedia del mundo, porque lo importante no es que alguien sepa mucho, sino que entre todos sea puesto en común lo que sepamos y pueda ser enriquecido y actualizado al momento. Y en el año 2000 comenzaron las herramientas web 2.0, que, además de permitir editar -como lo hacían las herramientas wiki-, posibilitaban también al usuario tener una mayor interactividad, poder subir contenidos, poder retocarlos, y transformaron el concepto que entendemos hoy por la web.
Se puede decir que la tecnología es capaz de proporcionar y facilitar la innovación, igual que la innovación también permite actuar sobre la política para poder transformarla. Nosotros vivimos en una democracia representativa donde los ciudadanos estaban acostumbrados a votar cada cuatro años, a no tener ningún tipo de participación más,
lo cual provocaba un cierto descreimiento de la política, una desconexión de sus representantes por no tener contacto con ellos, por no poder acceder al trabajo que estaban realizando y por no tener una conversación; lo que hacía que, poco a poco, en todas las encuestas y en todas las informaciones, nuestra democracia perdiera fuerza.
En enero de 2005, como parlamentario, puse en marcha la primera oficina virtual de atención a la ciudadanía. Fue la primera que ponía un parlamentario en Internet e incluía buzón de quejas o la capacidad de los ciudadanos de presentar propuestas y planteamientos que podían incidir en la elaboración de las propias leyes. Hoy es muy normal ver a muchos políticos trabajando con herramientas web 2.0 o, como hará este grupo parlamentario en breve, a parlamentarios que disponen de blogs y mantienen conversaciones con la ciudadanía en tiempo real. También es muy normal empezar a ver a muchos políticos en redes sociales como Facebook o twtiter; aquí hay personas conectadas a twitter que están en contacto permanente con la comunidad.
La política se está revolucionando y transformando y lo que antes se hacía de una manera ahora empezamos a hacerla de otra. Sin duda, esto provoca un mayor acercamiento entre representantes y representados, nos da mayor transparencia y legitima la toma de decisiones mejorando nuestra democracia.
Como su Ministerio de Ciencia e Innovación en este momento está abordando el compromiso de presentar en esta Cámara y también en la Cámara Baja un proyecto de ley para trabajar sobre la nueva ley de ciencia, quiero preguntarle, querida ministra, sobre la valoración del Gobierno respecto a la utilización de herramientas colaborativas web 2.0 para debatir el borrador de la futura ley de ciencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Ciencia e Innovación.
La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendia Mendizábal): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. Me consta su conocimiento sobre estas herramientas y el entorno web 2.0 y le agradezco especialmente su interés y el hecho de conocer nuestras iniciativas, que realmente son muy innovadoras.
Existen pocas experiencias documentadas de desarrollo de una ley mediante herramientas colaborativas. Obviamente, como usted ha dicho, en muchos casos se ha utilizado Internet como ayuda, pero este canal se ha limitado a ser un elemento de mera difusión de conocimientos. Por otra parte, tenemos la constancia cierta de que la comunidad académica, los científicos, los empresarios e innovadores, que son audiencias esenciales para debatir la nueva ley de la ciencia y la tecnología, se encuentran entre los usuarios más avanzados en Internet, por lo que muchas de estas herramientas les resultan, sin duda, familiares. Una experiencia de este tipo está en línea con los objetivos que tiene el Ministerio de Ciencia e Innovación puesto que pretende implicar a la sociedad y estar abierta a escuchar todas sus propuestas.
En cuanto a las herramientas utilizadas, hay que distinguir entre herramientas internas y externas. Como herramienta interna, de uso exclusivo para el grupo de expertos al que hemos encomendado las tareas preparatorias de la ley, se ha optado por el uso de revisión de documentos a través de wiki, que permite la elaboración de documentos interactivos a partir de un borrador, que se va enriqueciendo con la intervención de los participantes en un debate virtual. El citado grupo de expertos lleva ya trabajando desde el pasado mes de julio, a través de la wiki, y en estos meses esta innovadora metodología ha demostrado ser un excelente instrumento para garantizar una interacción ágil y efectiva. Por ejemplo, permite al ministerio seguir muy de cerca el avance de estos borradores y ocuparse, fundamentalmente, de las tareas de la secretaría.
Como herramienta externa estamos utilizando una plataforma interactiva, a través de la cual cada interesado puede acceder a diversos elementos, desde noticias, textos, vídeos, y también cabe la posibilidad de acceder a un servicio de alertas que notifica de los cambios y novedades, pudiendo cada usuario hacer los comentarios que considere oportunos sobre cada elemento incluido en la plataforma. Esta plataforma ha sido probada con éxito durante las jornadas organizadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación el pasado mes de septiembre y permitió a cualquier ciudadano seguir el desarrollo de las distintas mesas redondas a través de Internet e intervenir en los debates, haciendo llegar comentarios a la sala donde un portavoz introducía sistemáticamente las cuestiones planteadas. En este momento la plataforma sigue funcionando y estará activa al menos hasta que el grupo de expertos finalice sus trabajos, previsiblemente en el mes de enero de 2009.
Para terminar, me gustaría subrayar que para esta experiencia se ha utilizado un software libre y que considero muy gratificantes e interesantes estas herramientas colaborativas que están permitiendo convertir la elaboración de un proyecto de ley en un ejercicio de participación democrática y de innovación en el propio funcionamiento de las administraciones públicas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE D.ª PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 016 EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (Número de expediente 680/000149).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Hernández.
Tiene la palabra su señoría.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la violencia de género es, sin duda, una de las mayores lacras de la sociedad actual, una de las violaciones de los derechos humanos más extendida, habitual y muchas veces silenciada.
El compromiso del Gobierno de acabar con esta lacra es patente ya desde la anterior legislatura, un compromiso permanente que cuenta con el apoyo de mi grupo parlamentario y, si me lo permiten sus señorías, de todos los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara.
En la línea de combatir la violencia de género el Gobierno puso en marcha, hace poco más de un año, el número de marcación abreviada 016, con la finalidad de garantizar el derecho a la información y el asesoramiento adecuado a la situación personal de las víctimas de violencia de género en toda España, con independencia de su lugar de residencia.
El 016 ofrece atención especializada las 24 horas del día, los 365 días del año en castellano, catalán, gallego y euskera, pero también en inglés y en francés.
Nos parece que también debemos destacar que el 016 tiene plena accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva, así como la actualización permanente de la información facilitada sobre los derechos de las mujeres víctimas y, sobre todo, sobre los recursos especializados disponibles en servicios sociales, ayudas económicas y empleo.
No obstante, señora ministra, mi grupo parlamentario considera que cada uno de los recursos que sirven para combatir esta lacra -la violencia machista- debe ser analizada. Y, en este caso, nos parece oportuno que haga el análisis del balance que hace el Gobierno del primer año de vida del servicio telefónico de información y asesoramiento 016 en materia de violencia de género.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Igualdad.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído Almagro): Gracias, señor presidente.
Señoría, muchas gracias.
Son muchas, en efecto, las medidas y los recursos que el Gobierno está poniendo en marcha para hacer frente a una lacra como es la violencia de género.
Por ceñirme a la pregunta concreta que ha realizado su señoría le diré que el 3 de septiembre del año 2007 el Gobierno puso en marcha un servicio telefónico de información y de atención a las mujeres víctimas de violencia de género en cumplimiento de una de las medidas recogidas en el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
Este servicio, además de ofrecer atención personalizada y especializada las 24 horas del día, durante 365 días al año, y de su carácter gratuito, se caracteriza por la universalidad en la prestación -atiende, además de en castellano, en inglés, en francés, en catalán, en gallego y en euskera-; por la actualización permanente de la información facilitada sobre los derechos de las mujeres víctimas de este tipo de violencia; y sobre los recursos especializados disponibles en materia de empleo, de servicios sociales, ayudas económicas, servicio de información, asistencia y turno de oficio. También se caracteriza por la calidad de la prestación tanto de carácter general, a cargo de un equipo de operadoras licenciadas con formación especializada en materia de violencia de género, como de asesoramiento jurídico, proporcionado por un equipo de juristas especializados también en violencia de género. A todo ello se une la garantía de confidencialidad de los datos de las personas usuarias de este servicio, característica que consideramos imprescindible en un servicio como este, que además no deja rastro alguno en la llamada. Asimismo, en caso de urgencia se deriva de manera automática a los servicios 112 autonómicos.
La cifra de llamadas, señorías, en este primer año ha sido de 73.418; es decir que la media de llamadas diaria es de 186 o, lo que es lo mismo, ocho llamadas cada hora.
Quiero destacar también que la cuarta parte de las usuarias tenían nacionalidad extranjera, lo que se considera muy positivo e indicativo de hasta qué punto el 016 ha calado en la sociedad.
Hemos logrado, además, evitar solapamientos con servicios ya existentes en comunidades autónomas y, por ello, se ha fomentado la suscripción de convenios de colaboración para asegurar que las personas que llaman al 016 reciban la atención más adecuada con una única llamada.
La facilidad para recordar este número -016- ha favorecido que recibamos llamadas de todo el territorio nacional, sin embargo, destacan las llamadas procedentes de la Comunidad de Madrid, que suponen el 25 por ciento del total, aunque, lamentablemente, no existe convenio con esta comunidad. Las cifras son elocuentes, era absolutamente necesario poner en marcha una medida como esta, y el Gobierno realiza una valoración muy positiva acerca de la misma.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO NECESARIO MODIFICAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVENTIVA PARA PRESERVAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA ACTUAL COYUNTURA ECONÓMICA (Número de expediente 680/000141).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Mur.
Tiene la palabra su señoría.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, buenas tardes. Permítame, en primer lugar, felicitarle por la inauguración ayer de los juzgados de Caspe en el Bajo Aragón. Creo que ha sido una buena tarea.
Y ahora le formulo la pregunta: ¿considera el Gobierno necesario modificar el sistema de seguridad jurídica preventiva para preservar los derechos de los ciudadanos en la actual y difícil coyuntura económica?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Gracias, señor presidente.
Señoría, como sabe, el Gobierno está trabajando en el retoque del sistema de seguridad jurídica preventiva desde la convicción de que, aun siendo bueno, hasta lo bueno es susceptible de ser perfeccionado y de que en esta coyuntura económica hay cosas que podemos mejorar. En eso, como le digo, estamos trabajando.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Mur.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Creo que es conocido que la actual crisis económica y, sobre todo, la afección a los mercados financieros tiene su origen, al menos en uno de sus principales elementos, en el pésimo funcionamiento del mercado hipotecario norteamericano, donde la falta de una institución que garantice la seguridad jurídica inmobiliaria y el sistema de seguros, como usted bien conoce, ha demostrado su absoluta impotencia para introducir seguridad en el sistema inmobiliario, incluso para garantizar el resarcimiento a las personas que tenían su garantía en ese sistema. Esto parece que es así, y, además, también está admitido universalmente que el sistema de seguridad jurídica inmobiliaria vigente en España -nuestros registros, el registro de derechos- protege perfectamente las titularidades inscritas y dota de seguridad jurídica y económica a todos los actores. Sin embargo, la prensa de los últimos días ha puesto de relieve la inquietud que suscita -especialmente entre ciudadanos de la Unión Europea y sus gobiernos- la modificación de la situación jurídica de sus propiedades que están afectadas por los deslindes de la Ley de Costas. Igualmente preocupa mucho a los ciudadanos en la actual situación de crisis inmobiliaria, a la vista de las declaraciones concursales que se están produciendo un día sí y otro también, la protección de sus intereses en relación con las cantidades entregadas a cuenta para la compra de viviendas o locales, cantidades que, como usted bien sabe, no quedan garantizadas con la actual legislación o medidas de seguridad al no tener acceso a los registros de la propiedad.
Todo esto hace que haya que replantearse, como usted bien ha dicho, algunas medidas porque a nuevos tiempos, hacen faltan nuevas ideas. Creo que hay que aprovechar lo valioso de algunas de nuestras instituciones, como puede ser el sistema registral español. Por eso yo le pregunto si en esa reforma ustedes piensan exigir en el Registro de la Propiedad el incremento de los controles de acceso al registro, para evitar que se produzcan situaciones de riesgo que afectan a la seguridad jurídica inmobiliaria. ¿Están pensando ustedes en incorporar al registro, además de lo que es su contenido habitual e intrínseco, toda aquella información de enorme utilidad, incluso imprescindible, para que el mercado inmobiliario funcione sin sobresaltos y, sobre todo, aquellas limitaciones derivadas de la legislación de costas y las resultantes de los deslindes practicados en virtud de la misma -es decir, todas esas viviendas que se han quedado fuera de ordenación, como usted bien conoce-? ¿No cree usted que, a la vista de las declaraciones concursales producidas en los últimos tiempos, sería conveniente adoptar algún tipo de medida pública registral para proteger adecuadamente las cantidades desembolsadas por los compradores y que no han recibido todavía la vivienda?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Gracias, señor presidente.
Señoría, aprovechó bien su tiempo porque, en vez de una pregunta, enlazó una batería de cinco o seis. Me temo que todas ellas deben recibir respuesta. Creo que todos podemos estar tranquilos: el sistema registral español, el sistema de seguridad preventiva en el área de la fe pública registral funciona bien, el sistema notarial funciona bien, lo cual no significa que no sea perfectible. Precisamente estamos intentando perfeccionar las cosas. Por ello, el Consejo de Ministros extraordinario de 14 de agosto, en el ámbito de las medidas de reforma estructural e impulso de la financiación de pequeñas y medianas empresas, encomendó al Ministerio de Justicia, junto al Ministerio de Economía y Hacienda, crear un grupo de trabajo con el objetivo de ofrecer antes del 15 de diciembre una propuesta de modificación de nuestro modelo del sistema de justicia preventiva, así como la agenda que estableciera los plazos y el momento de su realización.
El fin de esta propuesta tiene que ver sobre todo con la simplificación y reducción para los ciudadanos en todo aquello que a facilitación y mejora de la gestión se refiere, así como reducir costes. Como se imaginará, ello implica reorientar la labor de notarios y registradores, para evitar duplicidades en todo aquello que no afecte a la seguridad; reforzar los mecanismos de supervisión y control de la actividad de los fedatarios públicos y facilitar la información integral e integrada de los datos registrales y catastrales.
Quizá en estas aclaraciones encuentre parte de la respuesta a su preocupación por la incidencia que los deslindes de costas han tenido en la seguridad jurídica. Le puedo asegurar que esos deslindes de costas a penas han afectado a casi nada, aunque siempre es más fácil decir que los deslindes poco menos que casi acabaron con la seguridad jurídica, sobre todo de propietarios y extranjeros, que reconocer que prácticamente es intrascendente el número
de propietarios afectados. También añadiré que esos propietarios habían construido donde no debían y lo que tenían eran inundaciones. Pero, en fin, aunque no es objeto de mi intervención hacerle una enumeración exacta de lo que esto significó, sí quiero tranquilizarle. Tenemos un sistema de justicia preventiva que funciona, pero lo vamos a perfeccionar. No le quepa duda que integrar el sistema registral en el catastral es un desiderátum, porque entre ambos podemos llegar a estar todavía más seguros. Y tampoco le quepa duda que mantener la función de control de legalidad de los notarios -siempre que no se solapen- significará que quien acuda a un notario sabe que no acude a un testigo...
El señor PRESIDENTE: Señoría.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): … a un testigo privilegiado, sino a un fedatario público que controla la legalidad, porque es lo que se espera de él.
En definitiva, seguiremos mejorando, pero partiendo de una buena situación.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE D.a MARGARITA PÉRIZ PERALTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA LA MEJORA DE LA ACCIÓN EDUCATIVA EN EL EXTERIOR (Número de expediente 680/000147).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Périz.
Tiene la palabra, señoría.
La señora PÉRIZ PERALTA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señora ministra.
Señorías, es para mí un placer saludar a la señora ministra y a sus señorías en esta mi primera intervención ante el Pleno de la Cámara. También es un privilegio poder compartir el trabajo que nos ha encomendado la sociedad española y con el que estamos comprometidos.
La pregunta que voy a formularle, señora ministra, se refiere a los planes del Gobierno en relación con la acción educativa en el exterior, una acción educativa dirigida a las necesidades de la población española residente en el extranjero, a través de la promoción y difusión de la cultura española, en el marco de las enseñanzas regladas no universitarias de los países donde se realiza la acción.
La imagen exterior de España, señorías, es el resultado de la combinación del conjunto de expresiones culturales de nuestro país, una imagen que conjuga tradición, memoria y patrimonio histórico con las expresiones contemporáneas y emergentes, combinación que muestra la diversidad y pluralidad que poseemos, y la imagen de una España compatible con sus contenidos más tópicos y con los más contemporáneos.
El Partido Socialista quiere que España sea cada vez más fuerte e influyente en la escena mundial porque esa es la mejor manera de responder a las necesidades de las y los españoles. Una de las acciones para cumplir este objetivo creemos que vendrá de la mano del fomento de la acción educativa en el exterior.
La cultura y la lengua son nuestras principales cartas de presentación en el mundo para las y los españoles como ciudadanas y ciudadanos, para nuestras instituciones, para la sociedad civil y también para las empresas. Así pues entendemos que la política exterior debe comprender también la política exterior de la educación. La lengua española es un elemento fundamental de nuestra acción cultural exterior ya que constatamos que el español constituye una riqueza cultural y económica y que suscita cada vez más demanda en todo el mundo, gozando de gran prestigio en numerosos países, sin duda debido al buen trabajo de su ministerio.
Señora ministra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista le felicito por lo conseguido hasta ahora. Aprovechemos, pues, la importancia de la lengua española como factor económico y como recurso creador de una industria cultural con gran proyección de futuro. Tenemos la seguridad de que usted así lo cree y de que estos serán los principales objetivos a la hora de desarrollar las actividades fuera del territorio nacional. Por ello, y volviendo al principio, concreto la pregunta: ¿cuáles son los planes que tiene el Gobierno para la mejora de la acción educativa en el exterior?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Educación, Política social y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Gracias, señor presidente.
Señoría, estoy encantada de contestar a su primera intervención en esta Cámara y además responder a esta cuestión sobre la que informé también en Consejo de Ministros el pasado día 17 de octubre: la acción educativa española en el mundo.
Usted ha hablado de la enorme importancia estratégica que tienen para nuestro país todas las actuaciones que tienen que ver con la acción educativa en el exterior, y, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted ha dicho, pero también es cierto que queremos darle un mayor impulso.
Este esfuerzo en el exterior ha sido objeto de un gran trabajo en los últimos tiempos: de hecho hay 611 centros dentro de la red educativa en el exterior y más de 67.000 jóvenes que estudian según nuestro sistema educativo en distintos países del mundo, o que aprenden la cultura y la lengua de nuestro país gracias a los más de 6.400 profesores integrados en esta red exterior; creo que estas son cifras importantes.
Una parte esencial de los programas que están puestos en marcha son de promoción de nuestro sistema educati-
vo español en el exterior, pero también hay una parte importante que responde a un enfoque más amplio, que tiene que ver más con lo que debemos hacer en el futuro que con lo que hemos venido haciendo en el pasado y que está dirigido a promover la lengua y la cultura españolas en el exterior. Y para perseguir este objetivo hemos puesto en marcha programas como las secciones internacionales españolas en centros docentes extranjeros y los programas de profesores visitantes, entre otros.
¿Cuál es nuestra estrategia de futuro para seguir con esta introducción progresiva de la lengua y la cultura españolas en la enseñanza reglada de los sistemas educativos de otros países, que es en la dirección en la que queremos caminar, algo distinto a lo que había venido siendo tradicional en la acción exterior de nuestro sistema educativo? Para conseguir esta nueva estrategia vamos a concretar fundamentalmente las siguientes líneas de actuación: en primer lugar, consolidar y reforzar la presencia institucional del ministerio en el exterior; en segundo lugar, liderar la introducción del español como lengua extranjera en los sistemas educativos reglados de otros países e incrementar los programas de actividades desarrollados por el ministerio para la difusión de la lengua y cultura españolas en el marco de los sistemas educativos extranjeros, para satisfacer una demanda creciente que estamos percibiendo en muchos países; y en tercer lugar, mejorar los programas educativos de acción exterior dirigidos a la promoción de las enseñanzas propias del sistema educativo español mediante un refuerzo de la calidad de nuestras enseñanzas, la potenciación de su proyección en los países donde radican y la modernización de los recursos con los que cuentan.
Para ello estamos elaborando un plan director del Ministerio de Educación, Política social y Deporte en el exterior que cumpla con todos esos objetivos, fundamentalmente con lo que es nuestro mayor deseo: contribuir desde este ministerio a la proyección internacional de España, de su lengua, de su educación y de su cultura.
Muchas gracias
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE D. ARTURO BAGUR MERCADAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 27/1992, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE, PARA QUE LOS CLUBES NÁUTICOS Y MARÍTIMOS PUEDAN TENER ACCESO PRIORITARIO A LA GESTIÓN DE LOS AMARRES DE SU ZONA DE INFLUENCIA (Número de expediente 680/000117).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Bagur.
Su señoría tiene la palabra.
El señor BAGUR MERCADAL: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, un gran número de puertos, tanto estatales como autonómicos, cuentan con espacios destinados históricamente al deporte náutico y a la vida social, aunque la legislación vigente, la Ley 27/1992, y su modificación, Ley 62/1997, no hace referencias a la actividad que desde siempre ha estado presente en la cultura portuaria. En la mayoría de puertos han existido y existen entidades deportivas sin ánimo de lucro como los clubes náuticos o marítimos, como ustedes conocen, que han llevado a cabo su actividad en las zonas adyacentes a su instalación social; la lámina de agua, que ha servido para la práctica y promoción del deporte de vela; las escuelas de base pública; o las regatas de altura, de gran interés para la economía de puertos y ciudades.
Para gestionar estos espacios, estas entidades se han visto obligadas a competir con las empresas privadas mediante concurso, siendo estos por su naturaleza claramente adversos a las entidades marítimas y sociales.
Por tanto, la pregunta es la siguiente: ¿Podría estudiar el Ministerio de Fomento la modificación de la Ley de Puertos del Estado para que estos clubes náuticos y marítimos puedan tener acceso a la gestión de su zona de influencia a fin de que puedan seguir desarrollando una actividad que conlleva importantes beneficios deportivos y sociales?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno está estudiando modificar la Ley de Puertos, pero la cuestión concreta que usted plantea, la modificación de la regulación actual de los clubes náuticos, no está prevista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Bagur.
El señor BAGUR MERCADAL: Gracias, señor presidente.
Convendrá conmigo, señora ministra, que será necesario entre todas las administraciones hacer un esfuerzo para acercar la gestión de estos puertos a la ciudadanía y a los intereses públicos.
Por tanto, suplicaría que en un futuro se estudiara alguna fórmula , como han hecho algunas autonomías, para que esos clubes, estas entidades que forman parte de nuestro corpus social puedan tener acceso a una zona que históricamente había sido gestionada por ellos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, en mi opinión, esta cuestión se puede resolver de una forma mucho más fácil. Creo que usted se refiere a un club náutico en concreto, a un concurso concreto, de una zona concreta dependiente de la Autoridad Portuaria balear.
En la decisión de la adjudicación del concurso ha habido dos fases: una, el pliego de condiciones en el que todos los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria votaron a favor, y, dos, si no estaban de acuerdo con las cláusulas de ese pliego de condiciones no hay que reformar la ley para modificarlas y dar su papel al club náutico que corresponda. Le quiero decir que hay una solución mucho más fácil: a través del voto de los distintos miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.
Coincido totalmente con usted en que los clubes náuticos hacen una labor muy importante, sobre todo en Baleares, en lo relativo a todos los deportes náuticos y creo que debemos trabajar para buscar una solución más fácil.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE D. PERE MUÑOZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE EL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LAS OBRAS DE LA AUTOVÍA A-7 EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA JANA (CASTELLÓN), EL PERELLÓ (TARRAGONA) Y L'AMETLLA DE MAR (TARRAGONA) (Número de expediente 680/000142).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Muñoz.
Tiene la palabra su señoría.
El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, hablar de la autovía A-7 es hablar de la autovía del Mediterráneo, de la autovía más larga de la península, desde Algeciras a Le Pertús, es hablar de los tres ejes viarios estratégicos más importantes del país como en su día representó la Nacional 340 o es la misma autopista AP-7.
Para las comarcas del sur de Cataluña, el Baix Ebre y Montsià, es hablar de una de las infraestructuras más importantes, con una larga historia. Desde el año 2003, en que el Gobierno del señor Aznar puso en exposición el proyecto de desdoblamiento de la Nacional 340 hasta hoy, han sido numerosas las declaraciones, las reuniones, artículos de opinión, esperanzas, ilusiones, consensos en el territorio, notas de prensa que, sin duda, ha generado la construcción de la autovía A-7.
Hay unas fechas clave. Abril de 2004: cambio de opinión del Gobierno ante la nueva alternativa surgida después del consenso territorial. El 22 de septiembre de 2005 aparece en el Boletín Oficial del Estado la aprobación provisional y exposición pública del estudio informativo y del estudio de impacto ambiental, tramo La Jana-El Perelló. El 1 de enero de 2007 se publica en el Boletín Oficial del Estado la aprobación provisional del estudio informativo, estudio de impacto ambiental, tramo La Jana-El Perelló y el El Perelló-L'Hospitalet.
Como senador, y desde el inicio de la legislatura, ya he formulado tres preguntas por escrito al respecto de esta autovía, sin respuesta: una, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la resolución del estudio de impacto ambiental en el tramo de la autovía A-7, comprendido entre La Jana, Castellón, y El Perelló, Tarragona; dos, sobre las previsiones del Gobierno con respecto al calendario y los tramos de redacción del proyecto de construcción del tramo de lal autovía A-7, comprendido entre La Jana, Castellón, y El Perelló, Tarragona; y, tres, sobre cuál es el nivel de ejecución de inversión ejecutada en la partida prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 para la autovía A-7, tramo La Jana- El Perelló. De aquí que, aprovechando su presencia y gentileza, le formule hoy la siguiente pregunta, y más teniendo en cuenta la importancia estratégica de esta infraestructura no sólo para el futuro de las comarcas del sur de Cataluña sino también por ser una alternativa popular a la autopista A-7, teniendo en cuenta que, en 2007, el 17,5 por ciento de los siniestros de la demarcación de Tarragona se produjeron en este tramo de la Nacional 340; teniendo en cuenta que las obras de la autovía ya están prácticamente finalizadas hasta la altura de L'Ametlla de Mar; teniendo en cuenta que poblaciones como Cambrils han visto desaparecer, por fin, las caravanas kilométricas a su paso por medio de la población...
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.
El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Voy terminando. Y que hace aproximadamente dos años desde la publicación del primer estudio informativo, la pregunta es la siguiente: ¿En qué estado de tramitación se encuentran las obras de la autovía A-7 entre los tramos de La Jana, El Perelló y L'Amtella de Mar?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, coincido con usted en la importancia que tiene culminar toda la autovía del Mediterráneo. Para contestarle a su pregunta, he de señalar que actualmente los dos tramos están pendientes de la DIA y, por tanto, hasta que no conozcamos el contenido de la DIA y la solución definitiva del estudio informativo es muy prematuro hablar de fechas porque no conocemos cuáles son todas las prescripciones que deben llevarse a cabo para redactar el proyecto. Efectivamente, el 23 de marzo del año 2000 se inició el primer estudio informativo. Cuando llegamos al Gobierno en 2004 el estudio informativo seguía sin aprobarse, parece ser que porque la opción que incluía tenía un fuerte rechazo social y, además, había una falta de acuerdo institucional.
Como usted bien sabe, el 11 de abril de 2005 desbloqueamos esta situación con el Gobierno valenciano al acordar
por dónde debería discurrir y desde ese momento no hemos parado en toda su tramitación. Hay dos tramos: de La Jana a El Perelló; el 18 de agosto aprobamos provisionalmente el estudio informativo, y el 22 de septiembre lo sometimos a información pública. Hubo tal volumen de alegaciones, y de tanta importancia, que decidimos hacer un nuevo estudio informativo que incluyera las modificaciones sustanciales que habían sido planteadas en las alegaciones. El 1 de octubre de 2007 sometimos nuevamente este estudio informativo a información pública, y el 30 de junio de 2008 lo remitimos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Y el siguiente tramo, hasta que no estuvo definido el anterior, no se sabía por dónde teníamos que conectar y, por tanto, cuando se supo, el 14 de agosto de 2007 aprobamos el estudio informativo provisionalmente, lo sometimos a información pública y el 28 de marzo de 2008 lo remitimos a la DIA. En cuanto tengamos la DIA y conozcamos las prescripciones, procederemos a la aprobación definitiva del estudio informativo para licitar los proyectos constructivos e iniciar inmediatamente las obras.
Señoría, entiendo que le parezca un proceso largo, pero usted conoce tan bien como yo que nos encontramos en un territorio muy sensible, con gran dinamismo económico, con elevado nivel de ocupación urbana, donde la planificación y ejecución de nuevas infraestructuras se hace más compleja todavía, si cabe, en el ámbito de la construcción de nuevas infraestructuras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD EN PASOS A NIVEL 2005-2012 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (Número de expediente 680/000146).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a la pregunta del senador Lago.
Tiene la palabra su señoría.
El señor LAGO LAGE: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, cada día consideramos más la inseguridad viaria como uno de los mayores riesgos que asumen todos los días los ciudadanos. Por eso, la mejora de la seguridad en el transporte es uno de los objetivos a los que este Gobierno está dedicando mayor esfuerzo, porque detrás de cada accidente de tráfico siempre hay una desgracia familiar.
Es un hecho constatado que la eliminación de pasos a nivel produce mayor seguridad, traducida siempre en menor número de accidentes, menor número de víctimas, más vida, en definitiva. En este caso, los números sí son muy importantes, porque, cuanto más descienden, menos vidas se pierden. El objetivo final no puede ser otro que la protección de la vida, evitando muertes innecesarias. Por eso tenemos que seguir trabajando en la doble certeza de que los accidentes sí se pueden reducir, como se demuestra día a día, y de que este Gobierno sabe cómo hacerlo.
Dentro de la política de seguridad integral de este Gobierno y en lo que compete a su ministerio, sabemos que la supresión del mayor número posible de pasos a nivel es un objetivo prioritario, en este caso concreto, para conseguir un ferrocarril seguro, sin accidentes en los pasos a nivel. Con ese propósito se aprobó y se presentó el Plan de Seguridad en Pasos a Nivel en abril de 2005. Un plan para ocho años, que afectaba a los más de 4.000 pasos a nivel que existían en España en aquel momento, que tenía el objetivo de elevar el nivel de seguridad y cuya inversión se acercaba a los 1.500 millones de euros.
Cuando se habla de inversiones, hoy nadie discute el esfuerzo inversor de este Gobierno en una comunidad como Galicia. Bueno, sí lo discute el Partido Popular, pero es curioso que lo haga porque ellos invertían menos de la tercera parte cuando gobernaban. La inversión, por otra parte, tiene que tener prioridades como la seguridad. Cuando uno construye autovías, está invirtiendo en seguridad; cuando construye líneas de ferrocarril de alta velocidad, invierte en seguridad; igualmente, cuando aumenta las partidas destinadas a suprimir puntos negros en las carreteras o pasos a nivel de los ferrocarriles.
Ahora estamos en el ecuador de la aplicación de este plan. Por eso creemos que es buen momento para saber cuál es el nivel de ejecución de ese Plan de Seguridad en Pasos a Nivel, cuáles son las actuaciones realizadas y cuáles están en proyecto, y cómo va el nivel de colaboración con otras administraciones, porque, es curioso, pero la supresión de un paso a nivel requiere la negociación entre el Ministerio de Fomento, que es propietario de la línea de ferrocarril, y otras administraciones como diputaciones, ayuntamientos y comunidades autónomas que, en más del 99 por ciento de los casos, son propietarias de la red viaria que afecta al paso a nivel. En esta situación, queremos saber cómo van esos convenios y cómo va la aplicación de los nuevos criterios de riesgo. Sobre los tradicionales, que eran la intensidad de circulación de trenes y vehículos, hay nuevos criterios de riesgo a valorar, y nos parece que este momento, en que nos situamos en el ecuador de aplicación del plan, en el punto medio de inflexión, es el adecuado para saber qué valoración hace su Gobierno de la aplicación de este plan en una comunidad que tenía más de 300 pasos a nivel en 2005. Queremos saber, pues, cuál es la situación actual.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente. Señoría, coincido plenamente en su planteamiento: la prioridad de la política de transporte actual es precisamente la seguridad. Formulamos un
ambicioso plan del que usted ha dado los datos, y por eso no los repetiré. A nivel nacional y a nivel gallego, tenemos un alto nivel de ejecución, y me voy a permitir informarles sobre dicho nivel de ejecución.
Hemos ejecutado o contratado inversiones por valor de 538 millones de euros. Esto significa el 122 por ciento de la inversión prevista para el primer cuatrienio del plan. Hemos actuado a nivel nacional en 1.155 pasos a nivel. Hemos suprimido 713, el 98 por ciento de los previstos, y aumentado el nivel de protección de 442.
En Galicia, señoría, el plan también tiene un alto nivel de ejecución. Cuando llegamos al Gobierno, en 2004, había en Galicia 339 pasos a nivel, y el plan de seguridad que aprobamos preveía actuaciones en todos ellos: la supresión de 184, y elevación del nivel de protección en 176. Dicho de otra manera, como el plan tenía dos fases, entre 2005 y 2008 teníamos que actuar sobre 151 pasos a nivel en Galicia. Pues bien, hemos superado nuestras propias previsiones, porque las actuaciones hasta 2008, finalizadas o en ejecución y tanto de supresión como de elevación del nivel de seguridad, han sido 326. Esto significa que, durante la primera fase, estamos actuando ya sobre el 96 por ciento de todos los pasos a nivel que existen en Galicia, adelantando así la segunda fase del plan.
De estas actuaciones, les informo de que hemos terminado 162, sobre las 151 previstas para el primer cuatrienio. Hemos suprimido 110 pasos a nivel y hemos actuado sobre otros 52 para elevar su nivel de seguridad. Tenemos en marcha actuaciones de 164 pasos a nivel, con la supresión de 162.
Como usted ha planteado, permítame informarle que el 92 por ciento de los pasos a nivel de Galicia se sitúan en carreteras autonómicas o locales. Para llegar a este alto nivel de ejecución que he descrito ha resultado y resulta inestimable la participación de la Xunta, tanto en la financiación de las actuaciones como en la definición de las soluciones y en la coordinación con el Ministerio de Fomento para poder ejecutarlas.
En definitiva, señoría, creo que hemos realizado importantes avances en la supresión e incrementos de seguridad de los pasos a nivel en Galicia y en el resto de España y le agradezco la oportunidad que me ha dado para trasmitirles a todos ustedes que el Ministerio de Fomento ha puesto especial atención en este asunto y que vamos a seguir trabajando para llevar a su solución total.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. LUIS PERAL GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA MANIFESTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL EL PASADO DÍA 18 DE OCTUBRE (Número de expediente 680/000153).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Peral.
Tiene la palabra, señoría.
El señor PERAL GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en primer lugar, quiero felicitarle a usted y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la detención del último comando de ETA.
La pregunta es: ¿qué valoración le merece al Gobierno la manifestación de miembros del Cuerpo Nacional de la Policía y de la Guardia Civil el pasado 18 de octubre?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Le agradezco la felicitación, que trasladaré esta misma tarde al Cuerpo Nacional de Policía, que ha sido quien ha desarrollado la importante operación que ha tenido lugar esta noche en Navarra.
Respecto a la manifestación, creo que no me corresponde a mí como Gobierno valorarla, lo que sí corresponde al Gobierno es hacer lo que hicimos esa misma tarde, que es decirles a los sindicatos de policías una vez más que estábamos abiertos al diálogo. No nos va a costar mucho sentarnos en la mesa porque nunca nos hemos levantado de ella.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, señoría.
El señor PERAL GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde hace muchos meses los representantes sindicales de la Policía y la Guardia Civil vienen expresando públicamente su malestar por la falta de respuesta adecuada del ministerio a una serie de reivindicaciones que van desde la prometida equiparación retributiva con las policías autonómicas hasta la insuficiencia de medios materiales de todo tipo y muy especialmente a la vulneración de los derechos sindicales en el ámbito policial.
La verdad es que a los españoles, que estamos muy acostumbrados a las reivindicaciones y manifestaciones sindicales, especialmente en aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular, nos siguen resultando sorprendentes y dignas de una serena reflexión las manifestaciones de policías y guardias civiles. Pensamos que cuando estas personas, que desarrollan la labor de protección de todos nosotros en un ámbito caracterizado por la jerarquía, por la entrega personal, por el sentido del deber, llegan a manifestarse en la calle es que algo muy serio está ocurriendo, es que no se están atendiendo por los cauces previstos sus reivindicaciones, es que desde el ministerio alguien no es consciente de la importancia del factor humano en la lucha contra el crimen y en la protección de los ciudadanos.
Y esta actitud reivindicativa de los sindicatos policiales contrasta con la infinita paciencia, la extrema tolerancia, la
sumisa quietud con la que los sindicatos de clase contemplan el deterioro acelerado de la economía, el crecimiento del paro, 3.000 nuevos parados cada día, doce veces las personas que nos sentamos habitualmente en este Pleno del Senado, el drama de tantas familias que no llegan a final de mes, una crisis económica, señor ministro, que, como ya le dije en la comisión, debería impulsarle a encontrar soluciones a estos problemas, porque tendrá serias consecuencias en la seguridad ciudadana y para ello hacen falta unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mejor retribuidos, más incentivados y más motivados.
Busque usted las soluciones, busque los recursos, que los hay, como los han encontrado para conseguir el voto del Partido Nacionalista Vasco y del Bloque Nacionalista Galego a un coste para el erario de 250 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado. Por cierto, que entre las contrapartidas pactadas con el PNV figura la equiparación a efectos de jubilación de la Ertzaintza, con un coste de 30 millones de euros. No sé lo que pensarán los policías y guardias civiles de esta equiparación que tan pronto ha llegado mientras se retrasa la que a ellos se le prometió y, además, ahora con la reducción de las pensiones por incapacidad permanente prevista en los Presupuestos Generales del Estado.
Señor ministro, pida al presidente del Gobierno que se implique personalmente, que se implique como lo está haciendo para intentar, como sea, que España tenga, al menos, un taburete en la reunión del G-20 como sea, aunque sea de libre oyente invitado en collera con un país árabe indeterminado.
Señor ministro, estos problemas tienen solución y usted tiene la capacidad intelectual y la influencia política para lograrla.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor PERAL GUERRA: Vienen tiempos difíciles para la seguridad ciudadana, y con la colaboración de todas las fuerzas políticas hay que realizar un esfuerzo para que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan los medios adecuados para afrontar los difíciles retos que les esperan.
Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias.
Admiro su habilidad, señor Peral, para en una misma interpelación hablar del G-20, de la crisis económica, incluso meterle una cuchillada trapera a los sindicatos de clase, a los que usted no ve suficientemente reivindicativos y a los que le encantaría verles en la calle. Se lo diré cuando salga, que están ustedes pinchando ahí a la gente a ver si montan un poco más de lío. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Debo decirle que nada me gusta más que ver al Partido Popular defender los derechos sindicales de policías y guardias civiles. No sabe cómo le echamos de menos, a usted y a su grupo parlamentario, cuando esta Cámara aprobó la Ley de derechos y deberes de los guardias civiles. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Una ley que, por cierto, viene a cambiar sustancialmente una institución, la Guardia Civil, que tiene más de 160 años sin cambios, sin reconocer el derecho de asociación de los guardias civiles. Lo que pasa es que, como he dicho esta mañana en el Congreso, y vengo de una comparecencia muy larga, el Gobierno va a aplicar la misma determinación en defender los derechos de los guardias civiles que en aplicar los deberes a los guardias civiles. La misma determinación. Eso es lo que vamos a hacer.
En relación con las retribuciones y los policías, tengo que decirle que hemos hecho un enorme esfuerzo en estos cuatro años. Es la legislatura en la que el Estado ha incrementado más el gasto en materia de seguridad; hemos tenido que dotar veinte mil nuevos policías y guardias civiles, en buena medida porque ustedes se habían olvidado de ello; y hemos subido las retribuciones de los guardias civiles y de los policías 10,52 puntos más que el resto de las retribuciones de los funcionarios del Estado -para entendernos, un guardia civil y un policía ganan hoy diez puntos más de lo que gana un funcionario diplomático o inspector- porque el Gobierno entiende que estaban mal pagados. Estamos dispuestos a seguir haciendo este esfuerzo en un marco presupuestario que sabe que es el que es, restrictivo y al que nos tenemos que atener.
Reitero mi voluntad de diálogo. Llevamos muchos años dialogando, muchos pactando, y lo único que quiero decirle es que me llama la atención que le sorprenda a usted que haya una manifestación de policías porque ustedes tuvieron unas cuantas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE D. RAFAEL JAVIER SALAS MACHUCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA CUANTÍA PLANTEADA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN LA NEGOCIACIÓN DEL PAGO DE LA DENOMINADA DEUDA HISTÓRICA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE SU ESTATUTO DE AUTONOMÍA (Número de expediente 680/000154).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Salas.
Tiene la palabra su señoría.
El señor SALAS MACHUCA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el presidente del Gobierno y el presidente de la Junta de Andalucía han incumplido el Estatuto
de Autonomía. Y además lo han hecho en una cuestión muy sensible, muy delicada para los andaluces: la deuda histórica. La disposición adicional segunda del Estatuto fijó el 20 de septiembre pasado el límite para cuantificar la deuda histórica, y la falta de voluntad política por ambas partes ha llevado a otra demora inaceptable en el pago de esa deuda.
En el colmo de la desfachatez, los dos Gobiernos han llegado a un pacto para incumplir una ley orgánica. Un fraude, señor ministro. Otro monumental fraude.
¿En cuánto ha fijado el Gobierno de la nación la deuda histórica?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.
No comparto, señoría, su tesis sobre el fraude. La Administración General del Estado ha venido manteniendo reuniones con la Junta de Andalucía para dar cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional segunda del Estatuto. La más reciente de las reuniones fue el 18 de septiembre pasado, y en esa fecha se llegó a un acuerdo en la Comisión Bilateral que es muy claro. Dice textualmente que los representantes del Gobierno de la nación y de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado manifiestan que ambas administraciones han desarrollado, según el encargo realizado, trabajos y reuniones para completar la cuantía de las asignaciones. Y ambas partes, con lealtad institucional y buena fe, acuerdan continuar inmediatamente los citados trabajos con la voluntad de que en el plazo más breve posible, y dentro de los próximos seis meses, se alcance una posición común sobre la cuantía de las citadas asignaciones. Y termina diciendo el acuerdo: La Administración General del Estado podrá liquidar parcialmente estas asignaciones con anterioridad al 20 de marzo del año 2010, fecha en la que, se prevé, deberá haberse producido la liquidación definitiva conforme a lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 21/2007, de la reforma del Estatuto.
Mientras tanto, hemos hecho ya un adelanto de 300 millones de euros que en ningún modo representa una valoración definitiva, y quiero recordar que en el proyecto de presupuestos de este año hay una disposición adicional, la cuadragésimo primera, en la cual se habla también del procedimiento que se va a poner en marcha y de que el pago de las asignaciones complementarias se llevará a cabo en tres años y de que estas liquidaciones tendrán en todo lugar como fecha de finalización el 20 de marzo del 2010, tal como está establecido en el Estatuto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Salas.
El señor SALAS MACHUCA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted no comparte un fraude, pero cae en otro fraude: en el de la falta de transparencia. Conteste a la pregunta, ministro. No le falte al respeto a este senador ni les falte al respeto a los andaluces. Usted no puede dar la callada por respuesta. ¿Cuánto, señor ministro? ¿En cuánto ha valorado el Gobierno la deuda histórica? ¿Es cierto que el Gobierno ha fijado la deuda histórica en 900 millones de euros? Eso es lo que dicen sus compañeros de allá abajo. Diga la verdad, porque con este silencio usted escribe hoy una página más en la novela negra del engaño del socialismo andaluz con la deuda histórica. (Rumores.)
Le voy a contar yo la historia del fraude. Nunca reclamaron la deuda histórica ni la pagaron cuando gobernó Felipe González. Se la exigieron al Tribunal Constitucional con Aznar. La cuantificaron en miles de millones de euros porque para el presidente Chaves la deuda histórica era el gran hecho diferencial de Andalucía. Zapatero dijo que la iba a pagar al mes siguiente de ganar las elecciones en el año 2004. Pero, por supuesto, como Zapatero no es de fiar, no la pagó. (Fuertes rumores.)
Cuando ustedes ganaron las elecciones vinieron las rebajas y las aguas de borrajas. Y ahora usted echa balones fuera. ¡Qué vergüenza, señor ministro! Veintiocho años y dos estatutos y siguen mareando la perdiz. ¿Qué están ustedes ocultando, señor ministro? Mejor dicho, ¿qué están ustedes pasteleando? ¿Están ustedes negociando no pagar la deuda histórica en efectivo? Porque nos olemos que lo que aquí está ocurriendo es un cambalache. (Rumores.) Les vamos a mandar a ustedes unos notarios porque da la impresión de que están haciendo trampas los socialistas de aquí y los socialistas de allí. Y, ministro, con la dignidad de los andaluces no se juega. (Fuertes rumores.) Y ni se le pase por la cabeza -ya se lo advertimos- que esto lo van a zanjar ustedes con unas fincas, con unos edificios y con un dinerito porque eso sería inaceptable. No se trafica con la dignidad de Andalucía.
En aquellos tiempos de la confrontación, que hoy son los tiempos de la sumisión y del felpudo, dijo la señora Álvarez: el que se queda con tu dinero tiene su nombre. Nos llamó sibilinamente ladrones. Pues yo les digo que hoy son ustedes morosos. El señor Zapatero es el gran moroso con Andalucía. Pongan encima los 3.000 millones de euros que le deben ustedes a Andalucía, entre otras cosas, porque otros estaban los últimos y cobraron mucho y bien. Y los andaluces, que somos los primeros, llevamos treinta años esperando.
En justicia, señor ministro: pague. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
El proceso de negociación sobre la cuantía se halla en curso. Estamos pendientes de la valoración técnica definitiva, y no tenga usted ninguna duda de que el Gobierno va a cumplir con los compromisos acordados, lo mismo que lo hemos hecho siempre con la Comunidad de Andalucía, llámese financiación pendiente -que ustedes dejaron y que hubo que pagar por encima de los 2.000 millones de euros-, inversión pública o deuda histórica.
Usted ha hablado de morosos. Si morosos somos nosotros, ¿qué son ustedes, que durante todo su período no llevaron a cabo ningún pago? Nosotros, de momento, llevamos ya un adelanto de tesorería de algunos cientos de millones de euros.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
-- DE D. EUGENIO JESÚS GONZÁLVEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS MOTIVOS DEL GOBIERNO PARA QUE NO HAYA PUESTO EN PRÁCTICA LA NORMA QUE REDUCIRÁ EL PRECIO DE LAS COMISIONES DE LOS ENVÍOS DE DINERO QUE REALIZAN LOS EMIGRANTES A SUS PAÍSES DE ORIGEN (Número de expediente 680/000155).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Gonzálvez.
Tiene la palabra, señoría.
El señor GONZÁLVEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, como usted bien sabe, el Congreso de los Diputados aprobó en el año 2006 una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se instaba al Gobierno a abaratar los costes de las transferencias de las remesas de dinero que envían a sus países de origen los inmigrantes.
En un ejercicio de coherencia y de responsabilidad el Partido Popular colaboró a su aprobación, pero para que eso se pusiera en marcha, señor vicepresidente. Pero, una vez más, el Gobierno socialista, como viene demostrando, es insensible a las verdaderas necesidades de la gente, y no ha adoptado ninguna medida a pesar de haberse aprobado por unanimidad.
Aquella proposición suponía un avance tras media legislatura en la que el Gobierno apenas había tomado medidas concretas a excepción de la de «papeles para todos», menospreciando una actividad que rozaba el 1 por ciento del producto interior bruto español.
Lamentablemente, hoy, después de dos años, a pesar del tiempo transcurrido, todo sigue igual. Su Gobierno continúa ausente, incapaz de aprender de sus propios errores y empeñado en una eterna huida hacia delante, sin cumplir, por supuesto, con los mandatos del Parlamento, como nos tienen acostumbrados.
Ante este desolador panorama, desde el Grupo Popular, le pedimos, en nombre de los millones de inmigrantes agraviados por el Grupo Parlamentario Socialista, que abandonen la demagogia y ofrezcan a la Cámara una respuesta concreta.
Señor vicepresidente, ¿se va a poner en marcha la normativa que reduzca las comisiones de las remesas de dinero de los inmigrantes?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
La idea de abandonar la demagogia siempre es un tema que me atrae. Lo veo incoherente con su segunda referencia. Creo que ustedes son favorables a la libertad de la economía y supongo que son favorables también a mantener la libertad de precios en las operaciones financieras. Si ustedes no son favorables, está bien que lo digan.
El principio de libertad de comisiones está previsto en una orden del año 1989 y una circular del Banco de España de 1990. Nosotros respetamos el principio de libertad de comisiones y, evidentemente, queremos cumplir con lo que el Parlamento nos plantea.
Por eso, lo que hemos intentado incentivar es algo que nos parece fundamental, que es incrementar la competencia entre las remesadoras -llamémoslas así para entendernos de alguna forma-, un mercado en auge, en el que cada vez hay mayor presencia de entidades de crédito, con lo cual conseguimos dos cosas: por una parte, reducir los precios y, por otra, una mayor transparencia en los envíos, al tiempo que un mejor control, evitando los problemas de fraude que se pudieran plantear.
El Ministerio de Economía y Hacienda está trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario, en el que España y Japón son los dos principales donantes, y estamos analizando cuáles son los mejores procedimientos para la transferencia de este tipo de recursos.
En ese sentido, además de encuentros y conferencias en España entre el Ministerio de Economía, el Banco Interamericano y el Fondo Multilateral de Inversiones, ha habido contactos con cajas de ahorro, bancos, remesadoras y el Banco de España. ¿Con qué objetivo? Evidentemente, para tener un mercado español de envíos más transparente, lo cual nos permite también identificar, discutir y diseminar las mejores prácticas tanto en Latinoamérica como en España, al tiempo que mejorar la bancarización de servicios, porque muchas veces es donde tenemos el problema real, a fin de conseguir un impacto positivo no solo para los ciudadanos de los países que reciben estos ingresos, sino también para los países mismos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Gonzálvez.
El señor GONZÁLVEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, acusa usted al Partido Popular de utilizar un doble lenguaje. Doble lenguaje es el de quien dice una cosa en España y otra en Bruselas. Y le quiero recordar lo que dijo usted en Bruselas el pasado 9 de febrero, cuando planteó ante la Unión Europea la rebaja de estas comisiones y que se pusiera en marcha la nueva normativa. Señoría, creo que hay que ser coherente y decir lo mismo en España que en Bruselas.
Como ministro de Economía, sabe usted mejor que nadie que los ciudadanos españoles están sufriendo serias dificultades para llegar a fin de mes, y los inmigrantes mucho más; dificultades que en muchos casos se han convertido en dramáticas urgencias. Fíjese, señoría, mientras ustedes venden a la prensa y a la opinión pública la solidaridad de los socialistas, la Comisión Europea estima que el coste de las comisiones de remesas en España asciende al 4,1 por ciento del valor del envío, un negocio por valor de 8.135 millones de euros, negocio al que curiosamente ustedes no parecen estar dispuestos a renunciar.
El problema, señor ministro, es que los impuestos desincentivan el envío de las remesas, y en plena crisis económica es lógico que miles de inmigrantes comiencen a utilizar sistemas informales y poco seguros para evitar los gravámenes y mandar el dinero a sus países de origen. Aprenda usted, señor ministro -y soy el menos indicado para darle a usted consejos-, lo que es una realidad que el señor Aznar puso de manifiesto, y es que con menos impuestos cada vez hay más actividad económica.
Además, la inactividad de los socialistas, su inactividad reguladora ha provocado también un escándalo, el de la empresa Capital Money Transfer, a la que el Banco de España ha puesto graves sanciones.
Por eso, señor ministro, le pido que tengan el valor de tomar decisiones y asumir responsabilidades, porque la cosa va de mal en peor. En el segundo semestre de 2008, las remesas han experimentado una caída del 7,3 por ciento. Por eso, le invito a que tome medidas por el bien del inmigrante.
Y un recordatorio como andaluz: Aznar, el Grupo Parlamentario Popular, pagó de la deuda histórica 20.000 millones y el Partido Socialista Obrero Español pagó cero.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.
No sé si le he oído bien, pero si le he oído bien, le pediría que retirara lo que usted ha dicho. Si le he oído bien, usted ha dicho que no estamos dispuestos a renunciar a 8.000 millones de euros. ¿Qué quiere usted decir? ¿Me lo puede usted explicar? ¿Quién va a renunciar a 8.000 millones de euros? ¿Está usted diciendo que hay alguien que está implicado en estos temas? Si es eso lo que está usted diciendo, dígalo. Si no, no lo sugiera. Me parece totalmente intolerable su intervención.
A partir de ahí, distingue usted entre lo que es hacer las cosas y exigirlo por norma. Hacer las cosas es imprescindible, pero no es necesario hacer una normativa. Si a usted lo que le gusta es regular, regúlenlo ustedes. Luego, no me diga que el señor Aznar baja los impuestos, que está bien -ese es otro debate que podemos tener cuando usted quiera-.
Nosotros lo que estamos intentando es que el sistema funcione, y que el sistema funcione con la bancarización, pues la bancarización con competencia es exactamente el mejor sistema para dar garantía, para que los costes sean los menores para quien transfiere y los mejores para el país que recibe los recursos. Esa es la solución en la que estamos avanzando y trabajando.
Todo lo demás que usted ha dicho son evidentemente ganas de, como el calamar, lanzar tinta para ver si lo oscurecemos todo y aparece la falsedad donde solo hay verdad.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL CRITERIO DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE AUMENTAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS CUENTAS DE AHORRO VIVIENDA (Número de expediente 680/000156).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador García Ballestero.
Tiene la palabra su señoría.
El señor GARCÍA BALLESTERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el Partido Popular y su presidente Mariano Rajoy, la Asociación Hipotecaria Española, la Asociación de Promotores y Constructores y varios grupos parlamentarios más le hemos propuesto que se amplíe el plazo de vigencia de las cuentas de ahorro vivienda, motivado por las condiciones que atraviesa nuestra economía y, sobre todo, el sector de la construcción.
La propia ministra de Vivienda ha dicho que esta propuesta le parece razonable, pero se ha declarado que no es competente en esta materia, como no es competente en muchas materias más. Por eso deduzco que ha venido usted hoy aquí a contestar esa pregunta.
Usted y su departamento han frenado esta iniciativa que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular y distintas asociaciones y , por tanto, le quiero preguntar hoy en sesión de control cuál es el criterio válido de su Gobierno sobre la posibilidad de aumentar el plazo de vigencia de las cuentas ahorro vivienda.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría,
Tiene la palabra el vicepresidente segundo de Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Cuando se establecieron en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las condiciones que había que establecer o definir para utilizar las cuentas ahorro vivienda, se señalaba que en el caso de pérdida de los derechos de la deducción, porque no se llegaba al plazo correspondiente, se procedería a reintegrar en el ejercicio en que se hubieran incumplido los requisitos las cantidades indebidamente deducidas de los intereses. Es verdad que en aquel momento se estudió con todo detalle -estamos hablando del año 2007- la posibilidad de aplazar para invertir en la primera adquisición o rehabilitación de vivienda, y el debate dio como resultado algunos argumentos por los cuales no parecía conveniente. En primer lugar, por la idea fundamental de limitar los incentivos fiscales a la adquisición de vivienda, en línea con las recomendaciones de la OCDE, recomendaciones que, por otra parte, ustedes también defendieron en su momento. En segundo lugar, por razones de coherencia, puesto que en la reforma del IRPF se suprimieron los porcentajes incrementados de deducción por inversión de vivienda cuando se utilizase financiación ajena, por lo que no resultaba conveniente actuar en sentido contrario, ampliando el plazo de aportación a cuentas vivienda. En tercer lugar, por razones de gestión del impuesto, ya que habría de tenerse en cuenta la dificultad de control posterior, lo que supondría la implantación de una medida como la propuesta, teniendo en cuenta que el plazo real de prescripciones es de cuatro años. Y, por último, el efecto anuncio que dicha ampliación generará automáticamente, en la medida en que la ampliación del plazo traerá consigo menores compras de vivienda inmediatas que no es, en principio, lo que parecía en el momento actual lo más deseable.
En la situación actual es cierto que hay algunas variables, y especialmente la variable de la concesión de financiación por parte de las entidades financieras, que nos pueden llevar a hacer pensar algunos de estos elementos de otra forma y, por tanto, plantear alguna corrección si es necesario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, señor senador.
El señor GARCÍA BALLESTERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, por sus palabras, por las del secretario de Estado de Hacienda, don Carlos Ocaña, y también por las del secretario de Estado de Economía, don David Vegara, que han salido hoy publicadas en los distintos medios de comunicación, entiendo que ustedes no van a ampliar el plazo de cuatro a seis años de las cuentas ahorro vivienda. Usted no lo va a ampliar, a la señora ministra le parece razonable y nosotros creemos que esa no es una manera de generar confianza en los consumidores españoles.
Se lo hemos propuesto desde el Partido Popular y hoy también se lo proponemos desde aquí, desde el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Esto se llama, señor ministro, proponer, apoyar y ayudar al Gobierno y decirle que nos tiene a su lado y lo apoyaremos si usted decide ampliar el plazo de cuatro a seis años.
El precio de la vivienda está bajando en España, pero no solamente aquí, también en los países de nuestro entorno; es algo generalizado, señor ministro. Pero no solo por la bajada del precio de la vivienda se accede a ella; hay que hacer muchas más cosas para poder acceder a la vivienda como, por ejemplo, señor ministro, tener acceso al empleo. Sin un empleo nadie puede emprender un proyecto de vida; de ahí la propuesta del Partido Popular hoy en esta sesión de control.
Señor ministro, son 230.745 cuentas tipo las que existen hoy en España. Más de 230.000 cuentas ahorro vivienda; y a quienes les vence ese plazo hoy, cuando se acercan a una entidad financiera, se dan cuenta de que no tienen acceso al crédito, no pueden comprar una vivienda y tienen que devolver el dinero que les han retenido o que han desgravado en el Estado.
Por tanto, señor ministro, creemos que esta es una buena medida, que incentiva la compra de vivienda, que da confianza al consumidor en un tiempo de crisis, y de una crisis importante, que desgraciadamente está viviendo España. Hay que poner iniciativas encima de la mesa, señor ministro, para poder acceder a la vivienda.
Termino, señor presidente, con una recomendación: señor ministro, piense usted menos en los banqueros y piense más en los españoles, seguramente que todos los ciudadanos se lo agradecerán.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.
Viniendo de ustedes, le agradezco la última afirmación.
Podemos discutir mucho de las características de la medida. Incentivar la compra de vivienda ahora, no, sea cual sea la fórmula que se plante. Lo que hacemos es retrasar la compra de vivienda. Con eso estará usted de acuerdo conmigo. Sin embargo, sí tiene usted razón en un punto y ya me he referido a él en mi anterior intervención, y es la dificultad de acceso al crédito. Por eso, no hay contradicción entre lo que dice la ministra de Vivienda, lo que ha dicho el secretario de Estado de Hacienda, lo que ha dicho el secretario de Estado de Economía y lo que yo le voy a comentar ahora. La posición del Ministerio de Hacienda es mantener sin variación el plazo de cuatro años durante los cuales se pueden hacer aportaciones con
derecho a desgravación a las cuentas de ahorro vivienda. Lo que sucede es que sí nos estamos planteando aumentar dos años el plazo para adquirir la vivienda, es decir, se mantendrá como hasta ahora un plazo de cuatro años para aportaciones, pero se incrementará de cuatro a seis años el plazo para llevar a cabo la adquisición de vivienda, porque sabemos que con esto no vamos a incentivar la compra de vivienda, desgraciadamente, pero sabemos también que no es justo que aquellos que hayan ahorrado pierdan sus derechos o tengan necesariamente que comprar la vivienda cuando hay un problema de restricción crediticia en el mercado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
-- DE D.ª ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO MODIFICAR LAS NORMAS EUROPEAS DE SUBVENCIONES PARA EL PERÍODO 2007-2013 APLICABLES A UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN, PARA QUE PUEDAN PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS INTERREG, CON FINANCIACIÓN EUROPEA, TAL COMO HA OCURRIDO EN EL PERÍODO 2000-2006 (Número de expediente 680/000158).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Aleixandre.
Tiene la palabra, señoría.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, las universidades y los organismos públicos de investigación españoles han sido actores esenciales de la implementación de la iniciativa INTERREG en el período de programación 2000-2006. Su participación en gran número de acciones financiadas en el marco de esta iniciativa ha contribuido en gran medida a alcanzar el objetivo establecido de aumento de la cohesión económica y social de la Unión Europea, fomentando la cooperación transfronteriza, transnacional e internacional.
En el nuevo período de programación de la Unión Europea, el 2007-2013, la transformación de la iniciativa INTERREG, como objetivo de la cooperación interterritorial europea dentro de la política de la Unión Europea, tiene que suponer la continuación de la actividad acometida en el período anterior. Sin embargo, la interpretación de la sección 2, artículos 50 y 51 del Reglamento CE, número 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, sobre las normas de subvencionabilidad aplicadas a los programas operativos correspondientes al objetivo de cooperación territorial europea, ha suscitado serias dudas sobre la posibilidad de que nuestras universidades y OPI continúen participando, ya que tradicionalmente la cofinanciación que exigen las universidades se ha realizado mediante la aportación del sueldo del personal investigador, una práctica común en todos los países europeos.
En otros programas europeos se permite hacer este procedimiento sin ningún problema, pero este año su ministerio ha decidido no permitirlo y, por tanto, la mayoría de nuestras universidades no podrán garantizar sus aportaciones. Por lo tanto, deberán financiar entre 30.000 y 40.000 euros por cada proyecto, cuantía que no tienen ni tendrán.
Esta decisión nos coloca en clara desventaja respecto a los demás países de la Unión Europea y, si el Ministerio de Economía y Hacienda continúa con esta posición, nuestras universidades y OPI se verán excluidas de la posibilidad de participar en este objetivo. No entendemos el porqué de la iniciativa, ya que en cooperación interterritorial europea nuestro personal debería estar en las mismas condiciones y recibir el mismo trato que se da en otros países, donde sí se puede utilizar el coste de los sueldos de dicho personal como cofinanciación. Ello no supone en ningún momento la participación del Estado ni nuevas aportaciones, sino todo lo contrario, puede suponer no participar y no recibir ayudas de la Unión Europea.
Como no lo entendemos, le formulamos la siguiente pregunta: ¿Piensa el ministerio modificar esta nueva interpretación sobre las normas europeas de subvencionabilidad para el período 2007-2013?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, tal y como se desprende de su pregunta, había entendido que nos planteaba si pueden participar en los programas transfronterizos e internacionales de investigación, entre ellos INTERREG, tal como ha sucedido hasta ahora.
Sobre esto quiero decirle, en primer lugar, que es verdad que nosotros no modificamos las normas europeas. En segundo lugar, que universidades y organismos públicos de investigación no han variado el criterio de normas europeas de subvencionalidad, que siguen siendo las del período 2000-2006. En tercer lugar, que lo que sí se ha hecho es incorporar a las universidades y organismos de investigación privados sin ánimo de lucro, que, por tanto pueden tener la condición de elegibles de las subvenciones de cooperación transfronteriza.
Por otra parte, estas normas europeas de subvencionalidad, tanto las vigentes como las aplicables para el 2007-2013, permiten la participación de universidades y organismos públicos de investigación en el programa transfronterizo y transnacional con financiación europea. Además, las modificaciones llevadas a cabo en algunos programas operativos para admitir la subvencionalidad de gastos de la actividad privada no afectan a las entidades
públicas a las que hace referencia en su pregunta. Estas siempre han mantenido y mantienen su condición de elegibles en la subvención de la cooperación transfronteriza.
En su pregunta oral ha ido un paso más lejos y pregunta si hemos tomado alguna decisión respecto a la variación de las condiciones con las que se puede cofinanciar. No me consta, pero evidentemente analizaré ese punto porque, obviamente, no es nuestra intención perder ninguna subvención europea a la que podamos tener derecho.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
Nos alegramos, señor ministro, de que reconsideren, si es que en algún momento se ha barajado, la posibilidad de cambiar estas normas, ya que la utilización como cofinanciación del sueldo que se está pagando a nuestros investigadores es una práctica habitual en la mayoría de las universidades europeas. No entendíamos por qué en España no podía ser así.
La información nos llega directamente de las universidades, señor ministro, así que alguna confusión debe haber. En todo caso, nos alegramos de que esta confusión desaparezca porque nuestras universidades necesitan como nunca participar en estos programas internacionales y europeos de financiación comunes.
No podemos dejar pasar el tren de la investigación, precisamente ahora que empezamos a tomarlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. JORDI VILAJOANA I ROVIRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR QUE LOS DOS REALES DECRETOS-LEYES ADOPTADOS PARA OTORGAR ESTABILIDAD AL SISTEMA FINANCIERO PUEDAN CORREGIR, LO MÁS RÁPIDAMENTE POSIBLE, LAS RESTRICCIONES FINANCIERAS QUE PADECEN LAS EMPRESAS Y LOS CONSUMIDORES (Número de expediente 680/000159).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Vilajoana.
Tiene la palabra su señoría.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el aspecto más desequilibrado de la economía española en el contexto de la crisis financiera internacional es la falta de liquidez que desde hace unos meses padece el sistema financiero y que está afectando gravemente a la actividad económica de todo el sistema productivo.
Las medidas acordadas por el Gobierno, que nosotros hemos apoyado claramente, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, junto con las adoptadas por los demás Estados miembros de la Unión Europea, van a contribuir a equilibrar el sistema financiero y los mercados.
No obstante, desde la adopción de la medida hasta que la liquidez del sistema quede otra vez normalizada van a transcurrir algunos meses. Durante este período, las empresas, últimas destinatarias de los recursos financieros, van a seguir padeciendo las restricciones y estrecheces de recursos monetarios, con el consecuente riesgo de que acaben en situaciones concursales empresas que hasta el momento han venido presentando unos balances saneados. Como usted sabe perfectamente, señor ministro, este aspecto lo han denunciando en los últimos días patronales, etcétera.
Por ello, señor ministro, quiero preguntarle qué medidas específicas piensa adoptar el Gobierno para garantizar que los dos reales decretos aprobados recientemente y adoptados para otorgar estabilidad al sistema financiero puedan corregir, lo más rápidamente posible, las restricciones financieras que padecen las empresas y también los consumidores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señoría.
Soy un poco menos pesimista que usted con respecto al impacto de las medidas que se han adoptado, y no me refiero únicamente a las dos que ha mencionado, sino a otras relativas al sistema financiero; por ejemplo, la decisión del Banco Central Europeo de no establecer límites en sus subastas, la de garantizar al 3,5 por ciento y la de garantizar que va a dar recursos con períodos superiores a los seis meses de forma relativamente generosa en los próximos meses, sin duda alguna, han contribuido a mejorar el ambiente y se ha mejorado tanto que hemos empezado a apreciar una caída del Euríbor, de manera que hoy ya se sitúa por debajo del 5 por ciento.
Ya sé que me dirá, frente a esa idea, que el Euríbor todavía no está funcionando y que no es ese el precio de transacciones entre las entidades financieras, y es así, pero hemos avanzado ya algo en ese camino.
Por lo que se refiere a los decretos-leyes, en cuanto el específico español de obtención de liquidez a periodos superiores a los dos años, le diré que ya se han abordado las cuestiones previas; es decir, el decreto-ley tiene que contar con una reglamentación y a esa reglamentación le tiene que dar el visto bueno el Consejo de Estado, al que se le ha remitido y esperamos poder aprobarla esta semana; además, hemos anunciado ya unas subastas para los meses de noviembre y diciembre. Es lo más deprisa que podemos ir; es difícil hacerlo más rápido.
En cuanto al tema de las garantías o de recapitalización, como usted sabe, en este último España no tiene previsto entrar de momento dado que no plantea dificultades específicas. En el de garantías hemos recibido la primera propuesta del Banco Central Europeo y de la Comisión sobre la valoración de garantías, que es el problema más difícil que tendremos que incluir en la nueva normativa reguladora; estamos trabajando también sobre ese decreto y debería estar en vigor a lo largo de la próxima semana.
Todos estos elementos deben colaborar a una vuelta a la normalidad. Estoy de acuerdo con usted en que esa vuelta a la normalidad no va a ser inmediata, pero creo que sí se empieza a percibir una mayor tranquilidad en el sistema financiero; tranquilidad que era imprescindible desde hacía bastantes semanas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Señor ministro, mi vocación no es la de ser pesimista.
Estoy de acuerdo con usted en la necesidad de estas medidas, que repito que hemos apoyado y, en este sentido, tal y como le indicamos en una reciente comparecencia en el Senado, no solo cuenta con nuestro apoyo en relación con los 30.000 y 50.000 millones de euros sino en los avales de hasta 100.000 millones de euros. Desde mi punto de vista, era una prioridad abordar el problema del sistema financiero y creo que esto va a resolver la situación y que le está dando tranquilidad.
Sin embargo, señor ministro, mi preocupación se centra en cómo conseguir que esto se traspase a las empresas, pequeñas y medianas, porque usted sabe que están pasando apuros muy serios de liquidez; empresas que iban y que van bien, pero tienen problemas de circulante por distintas razones. Por ejemplo, Francia ha acordado que los bancos franceses aumentarán un cuatro por ciento los créditos a consumidores y a empresas a cambio de las ayudas que el Gobierno francés y el ministro de Economía han decidido.
Y luego quisiera recordarle, señor ministro, que el pasado 14 de octubre nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, presentó un conjunto de medidas en el Congreso con una proposición no de ley, que debido al sistema reglamentario a lo mejor tardamos meses en verla, pero son iniciativas que permitirían una cosa fundamental, señor ministro, sin pesimismo ni optimismo, y es ver cómo conseguimos que la liquidez vuelva a las empresas. Proponemos dos cosas: una, regular por decreto ley la devolución del IVA soportado a las empresas en el caso de declaraciones negativas antes de final de año, con lo cual tendrían liquidez en los próximos meses de marzo y abril; y otra, que han propuesto algunas patronales y que nosotros apoyamos, sería introducir una carencia en el pago del IVA correspondiente a las liquidaciones que deban presentar las empresas en los próximos seis meses, permitiendo aplazar su pago por un período máximo de seis meses, con pago de intereses, pero sin recargo ni necesidad de aportar garantías. Señor ministro, usted sabe perfectamente que esta solución supone en España más o menos 5.000 millones.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Acabo, señor presidente.
Como digo, seis meses supondrían 30.000 millones de euros que introducirían liquidez en el sistema de una forma automática. A mi me gustaría, señor ministro, que estas iniciativas que le hemos planteado se las replanteara usted también y buscáramos una solución en esta línea.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Primero, en la norma española va a existir también una referencia a una determinada cuantía que se va a referir específicamente a préstamos nuevos, tanto en compra de títulos como de garantías, por lo que estamos hablando de actuaciones adicionales que va a realizar la banca. Segundo, en cuanto a las propuestas que usted hace, la primera está previsto aplicarla ya a partir del próximo año. Es difícil hacerlo fuera de un ejercicio normal desde el punto de vista contable y desde el punto de vista informático, pero siempre hemos dicho que llevaremos a cabo los avances de las devoluciones de IVA mensualmente para todas aquellas empresas que así lo soliciten a partir del primero de enero del próximo año, y no única y exclusivamente para las grandes empresas como hasta ahora. En cuanto a la otra idea, es cierto que de facto se está aplicando con cierta generosidad el concepto de moratoria fiscal en aquellos casos en que las empresas tienen dificultades.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
INTERPELACIONES
-- DE D. JOAN MARIA ROIG I GRAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LAS PERSPECTIVAS Y EL CALENDARIO DEL PROCESO DE MEJORA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN LOCAL (Número de expediente 670/000018).
El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de preguntas, pasamos al punto tercero del orden del día: Interpelaciones. Interpelación de Joan Maria Roig i Grau, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las perspectivas y el calendario del pro-
ceso de mejora del sistema de financiación local. Para su exposición tiene la palabra el senador Roig.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, la presentación de esta interpelación del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió responde a unos hechos que no por obvios y conocidos dejan de tener una enorme trascendencia y gravedad. Nos referimos a la crisis financiera que azota al mundo económico en general, y que tiene una especial repercusión en el ámbito local, ya que está dejando en la penuria más absoluta las ya por sí maltrechas arcas municipales. Estamos llegando a una situación preocupante, que si no se toma en consideración puede conllevar el riesgo de que se dejen de prestar servicios municipales a los que ya tenían derecho los ciudadanos o, lo que es peor, que algunos ayuntamientos dejen de prestar estos servicios no obligatorios ante la pasividad de aquellas otras administraciones que deberían prestarlos y que hasta la fecha no lo habían hecho, incluso -y esta es la situación más grave a la que nos enfrentamos- que algunas corporaciones que por su menor entidad y presupuesto carecen de capacidad de respuesta a la crisis se vean obligadas a renunciar a prestar servicios considerados como básicos.
Pues bien, señor ministro, ante la gravedad de la crisis se impone la reflexión y, si me lo permite, la imaginación. Y este es, en definitiva, el motivo de la interpelación, conocer qué piensa sobre esta situación, conocer cuáles son las medidas que propone el ministro para paliar la actual situación y hacer propuestas que faciliten estos objetivos.
Ya le adelanto, señor ministro, que Convergència i Unió no pretende con esta interpelación y la subsiguiente moción resolver el problema de la financiación de los ayuntamientos; son demasiados los años de desidia en este asunto y, además, no somos tan ingenuos como para pensar que, precisamente ahora, se puede resolver el problema de un plumazo. En cambio, estamos convencidos de que podemos llegar a un acuerdo en una serie de temas que, de prosperar, paliarían la maltrecha situación de las finanzas locales.
Por lo tanto, se trata de una interpelación formulada desde el pragmatismo que, además, recoge demandas unánimes de la Federación Española de Municipios y Provincias, de las asociaciones municipalistas de todo el Estado, de todos los partidos políticos y también del propio Senado.
A nuestro juicio, dos deben ser los puntos de partida. De una parte, la insuficiente financiación municipal es una cuestión pendiente que requiere la reforma en profundidad de la vigente Ley de haciendas locales. Y de otra, y atendiendo a la actual coyuntura económica, resulta imprescindible tomar medidas que no queden supeditadas en el tiempo a esta reforma estructural, que debe ser abordada ineludiblemente.
El próximo año se cumplirán treinta de la existencia de ayuntamientos democráticos. Será entonces tiempo de recordar y hacer balance de las increíbles transformaciones de nuestros pueblos y ciudades. Desde los primeros consistorios, hace treinta años, se tuvo que trabajar duro para dotar a nuestros ciudadanos de servicios tan básicos como el abastecimiento de agua y luz, el alcantarillado, etcétera. Y entre las muchas mejoras se abordó un amplio abanico de actuaciones en ámbitos como los de la educación infantil, los servicios sociales, los servicios básicos comunitarios, la seguridad y la protección civil, todo ello cuando fue necesario considerarlo, habida cuenta de que a un alcalde -y quien les habla lo fue durante muchos años, además de presidente de la Asociación Catalana de Municipios-, si no le compete, sí le incumbe todo cuanto acontece en su término municipal. Y no puede ser de otra manera, porque, como gobiernos locales, somos también administraciones de proximidad.
Señor ministro, usted conoce perfectamente que los avances realizados a lo largo de estos años y la cohesión social impulsada por los ayuntamientos, por razón de los servicios municipales prestados, han garantizado el abordar los nuevos retos planteados: integrar a la nueva inmigración, coadyuvar al cumplimiento de la Ley de dependencia o asumir el desarrollo tecnológico, visto como una oportunidad de eludir fracturas sociales en el territorio. Todo esto, a título de ejemplo.
Lamentablemente, señor ministro, no ha existido un correlativo reconocimiento financiero, no ya solo por parte del Estado, sino de otras administraciones, que o bien han regulado leyes imponiendo nuevas obligaciones o, lo que es peor, han provocado que los ayuntamientos hayan tenido que asumir directamente un considerable porcentaje de su presupuesto; se habla aproximadamente de un tercio para sufragar gastos que les son impropios.
Lo cierto es que, más allá de la falta de reconocimiento institucional al papel de los ayuntamientos en la cohesión de la comunidad, estos soportan actualmente una situación financiera agravada por el marco legal actual. Ni siquiera se reconoce el enorme esfuerzo fiscal realizado, como todavía se refleja en la baja participación del gasto local respecto del gasto total de las administraciones públicas. Desde nuestro punto de vista, esta es una cuestión que ya no admite más demora. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)
Sin embargo, señor ministro, tal y como he anunciado, nuestro grupo no quiere limitarse a interpelarle y fiscalizarle. Por ello, queremos plantearle una serie de propuestas muy concretas, que luego trasladaremos a la moción subsiguiente a esta interpelación.
Primera. Se hace urgente un nuevo marco de financiación local -ya lo he dicho- adecuado para los ayuntamientos. Y la mejor vía para ello debería ser la reforma o, en su caso, una nueva redacción de la Ley de las Haciendas Locales, y que la nueva ley permitiera garantizar la autonomía local en plenitud y los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y suficiencia financiera.
Segunda. Desde el ámbito municipalista es un requerimiento común que se dejen de promover leyes que apli-
quen nuevas obligaciones para los ayuntamientos si estas no están dotadas con la correspondiente financiación.
Tercera. Vista la actual coyuntura económica, es necesaria una reforma urgente de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria que permita a aquellas administraciones locales que cumplen con los ratios legales, y que han demostrado una suficiente garantía y una saneada capacidad de gestión financiera, que puedan incrementar también su capacidad de endeudamiento por un tiempo limitado de ejercicios, estableciéndose, en consecuencia, una especia de moratoria en la ley.
Cuarta. Se refiere al retorno del IVA soportado en la obra pública, ya que los municipios son consumidores finales en prácticamente todas sus actuaciones; si es preciso, mediante la creación de un fondo específico que permita devolver el IVA pagado por las inversiones realizadas por los ayuntamientos, incluso, si así se desea, con la obligación de reinvertirlo en nuevos proyectos de inversión en infraestructuras y equipamientos municipales, nunca para gasto corriente municipal. Eso tendría además la virtud de dinamizar la economía de nuestros territorios.
Quinta. Por lo que resecta al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pedimos que se revisen las actuales exenciones, por ejemplo, en materia de autopistas, y se suprima de una vez por todas el 95 por ciento de exención contemplada. Otro ejemplo -hay muchos- sería el de los valores catastrales de los municipios con presas, centrales hidroeléctricas y grandes embalses, que han visto sustancialmente minorados sus ingresos con los nuevos criterios de valores catastrales aplicados. En definitiva, los ayuntamientos que soportan infraestructuras en su término municipal deberían tener el derecho a ser compensados.
Sexta. Hace referencia a los anticipos como entrega a cuenta de las transferencias estatales. Sé que este es un tema de debate. Nuestra propuesta sería que se pudiera anticipar, como a las comunidades autónomas, el 98 por ciento, y no el 95 por ciento, que es lo que está estipulado en estos momentos.
Séptima. Es absolutamente imprescindible que la liquidación de la tasa del 1,5 por ciento de las empresas suministradoras de energía y de telefonía a los ciudadanos quede garantizada de una forma real y clara por los ayuntamientos, que tienen serias dificultades para comprobar dicha facturación entre una madeja de empresas productoras, suministradoras o comercializadoras de los suministros.
Octava. Otra medida que se podría impulsar y que no cuesta dinero es la reforma de la legislación en materia de modificaciones de créditos. Ello facilitaría la gestión presupuestaria y eliminaría las limitaciones que supone la ralentización administrativa por las también actuales limitaciones legales del proceso.
Y en cuanto a la novena, es la única que implica recursos, pero nos parece realmente importante. Los ayuntamientos, señor ministro, no disponen de más recursos, y con la previsión de un descenso generalizado de entre el 10 y el 20 por ciento de los ingresos debería garantizarse por parte del Estado la prestación de unos servicios mínimos y básicos para todos los ayuntamientos. Esto podría realizarse mediante la constitución de un fondo adicional de 80 millones de euros, aplicable a los próximos presupuestos, destinados a los pequeños y medianos municipios, que son los que no participan de los impuestos del Estado, que son la mayoría, y los que más están sufriendo la actual coyuntura económica. Incluso, si existiera voluntad política, podrían arbitrarse dos franjas: la de aquellos municipios de hasta 20.000 habitantes, y la de aquellos otros entre 20.000 y 75.000. Nosotros calculamos que a los de 20.000 habitantes se les garantizarían unos 200 euros per cápita.
En definitiva, señor ministro, se trata de dar a cada uno lo suyo, de garantizar que los servicios municipales puedan continuar prestándose a la ciudadanía de una forma razonable y racional, sin que el tamaño suponga un factor discriminatorio. Supone también apelar a la mayoría de edad de los gobiernos locales, que, como he dicho en esta intervención, cumplirán próximamente treinta años en democracia, un aniversario que debería ser contemplado, señor ministro, desde la complicidad de que los gobiernos locales han de afrontar nuevos retos en esta nueva situación económica y que el gasto social aplicado por los ayuntamientos es garantía de cohesión y de futuro.
Señor ministro, ya ve que no pedimos grandes cosas ni un esfuerzo extraordinario en recursos. Lo que solicitamos es un pacto, un gran acuerdo para mejorar en la medida de lo posible la situación de estos ayuntamientos.
Muchas gracias, señor presidente, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
Me gustaría comenzar resaltando una idea. Su señoría se refiere a las perspectivas y los procesos de mejora del sistema de financiación local y, en mi opinión, estamos avanzando bastante en la negociación, en la reforma del conjunto del sistema de financiación local. Este proceso se inició ya en la pasada legislatura, y ya entonces se pusieron en marcha algunas reformas puntuales que no hay que olvidar si queremos ver claramente dónde estamos.
Puede recordarse que el punto de partida de la pasada legislatura se situaba en los acuerdos suscritos por representantes del Gobierno y de la FEMP el 18 de julio de 2005, cuyo objetivo principal era profundizar en las consecuencias de la suficiencia financiera de las entidades locales.
Entre las medidas adoptadas en la legislatura pasada me gustaría recordar, en primer lugar, el reconocimiento a la compensación derivada del IAE como consecuencia de la disposición adicional de la Ley de 2002; dicha compensa-
ción no se produjo en su momento y, sin embargo, tuvo lugar en la pasada legislatura, por un total de 120 millones de euros anuales de partida; y digo de partida, porque esa cantidad, que se reconoció en los años 2005 y 2006, a partir de ese momento no se reconoce de forma estática sino que se incrementa de la misma forma que aumentan los ingresos del Estado, de manera que ha crecido un 14,37 por ciento.
El segundo elemento importante, que hace referencia a esos ayuntamientos pequeños que su señoría ha mencionado en su intervención, es que se puso en marcha un fondo especial para ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, con un fondo específico de 40 millones de euros. Este fondo aparece nuevamente en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, y a través de él se incrementa la financiación de aquellas entidades que tienen menor participación per cápita en tributos del Estado, teniendo en cuenta que ejerzan de forma razonable su corresponsabilidad fiscal.
La tercera cuestión, y usted la ha tratado indirectamente, es el tema siempre difícil y delicado de las denominadas actividades o competencias impropias. Es verdad que siempre se discute sobre la participación de los ayuntamientos en competencias que pueden ser de otra Administración. Entiendo el argumento político de proximidad que usted plantea, que en muchas ocasiones hace muy difícil renunciar al ejercicio de dicho tipo de actividades, pero desde el punto de vista del Estado esas actividades han sido transferidas, y junto a ellas, también la financiación.
En todo caso, en el programa de trabajo aprobado por la Comisión Técnica de Financiación Local, que hemos puesto en marcha para intentar llegar a un acuerdo entre la Administración General del Estado, las entidades locales y las comunidades autónomas, esta cuestión está siendo objeto de discusión.
¿Qué otras medidas hemos adoptado durante la pasada legislatura? Aplicando la misma filosofía que se aplica a las comunidades autónomas, la financiación local se ha aproximado en el tiempo a la evolución de los ingresos del Estado.
En la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda para que en el último trimestre del año pueda acordar, si la evolución financiera así lo aconseja, un anticipo a todas las entidades locales a cuenta de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado del ejercicio inmediato anterior. Como usted sabe, el sistema no es exactamente igual que el de las comunidades autónomas, y usted lo sabe. En las comunidades autónomas eso referencia el año y la aportación digamos que es temporal, mientras que las corporaciones locales lo que están haciendo es una liquidación cuasi definitiva, en la medida en que los datos que conocemos son mejores.
Este anticipo ya se tramitó en el año 2006 respecto de la liquidación correspondiente a 2005, y supuso un adelanto en la percepción de ingresos de 860 millones de euros para las entidades locales. En 2007 se ha vuelto a poner en marcha dicho anticipo y se ha elevado a 957 millones de euros. Y en 2008 el anticipo también está en marcha, por un importe de 445 millones de euros.
Por otra parte, los acuerdos de julio del año 2005 tenían como finalidad realizar un planteamiento partiendo de una futura reforma de la financiación local. Para su desarrollo, se ha constituido una comisión bilateral, con representación política, y una comisión técnica, a la que me he referido. La primera ha celebrado dos reuniones, los días 19 de junio y 10 de octubre, y la segunda, cinco sesiones hasta la fecha, en las que se viene analizando un conjunto de recomendaciones para la citada reforma, de manera que se presenten a la comisión bilateral que sigue en estos momentos el proceso de negociación. Por tanto, estamos muy encima de la financiación local como Gobierno y le estamos prestando la mayor importancia.
El pasado 31 de julio presentamos a la FEMP las bases de la reforma del sistema de financiación local, algo que seguramente su señoría ya conoce. Pero de lo que estábamos hablando era de suficiencia global, de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal; de fondos de financiación incondicionada, en algunos casos específicos; de statu quo, en la medida en que ninguna entidad local vería mermados sus recursos en el modelo actual; de lealtad institucional, a la que usted también ha hecho referencia en su intervención, en la medida en que en ocasiones se imponen obligaciones y no se dotan los recursos suficientes; de mejorar la gestión tributaria, que también plantea problemas en algunos ayuntamientos, y en lo que estamos dispuestos a cooperar; y de transparencia, obviamente, para impulsar las mejores prácticas posibles en relación con los presupuestos de las entidades locales.
A partir de ahí, ¿cuál va a ser el proceso de reforma? Este es un asunto difícil; hablar de fechas concretas es complejo porque ese proceso está muy vinculado al proceso de negociación para la financiación de las comunidades autónomas. El calendario de diálogo sobre la financiación local va a ir en cierta medida en paralelo al de comunidades autónomas.
Hay una idea que me gustaría resaltar, y es que la participación en los ingresos del Estado de comunidades autónomas y corporaciones locales evidentemente fluctúa, de acuerdo con la evolución de los ingresos del Estado. Este es un debate no siempre bien entendido, pero es cierto que si el Estado dispone de más recursos también los tendrán las comunidades autónomas y corporaciones locales, mientras que una caída en los ingresos del Estado nos afecta a todos y, como he dicho en anteriores ocasiones, todos tenemos que apretarnos el cinturón.
Es una falta de coherencia pretender utilizar participaciones en los ingresos del Estado precisamente para obtener más recursos con independencia de lo que suceda con los ingresos del Estado, y este es un punto importante, porque sin duda va a ser el centro del debate en las próximas semanas.Es verdad que la caída de los ingresos del Estado ha sido muy significativa en el año 2008, e indirectamente ha afectado a comunidades autónomas y corporaciones locales.
Ahora bien, cuando analizamos qué es lo que va a suceder con las corporaciones locales, a pesar de todo lo dicho, es cierto que en el presupuesto del año 2009, en lo relativo específicamente a financiación de entidades locales, a pesar de la importantísima caída de ingresos del Estado del año 2009 respecto de lo presupuestado en el año 2008, hay un incremento del 2 por ciento de las corporaciones locales si sumamos las entregas a cuenta de municipios en el modelo general, en el modelo de cesión, las entregas a cuenta de provincias y entes asimilados, y la liquidación definitiva del año 2007, que es importante, porque aumenta mucho más que la otra participación de ingresos, y que, lógicamente, en la medida en que cae en el Estado también lo hace en las corporaciones locales. Todo esto, evidentemente, hay que vincularlo a su vez a los dos elementos que le he mencionado anteriormente. Seguimos aplicando los anticipos a cuenta de liquidación definitiva en el año 2007 -ya he dicho que serán 445 millones- y, evidentemente, este impuesto ya se ha reducido de lo presupuestado en 2009. Por tanto, cuando hablamos del 2 por ciento de incremento para el año que viene no hay que olvidar que hay 445 millones de euros que ya se aportan este año. Por otra parte, cuando hablamos de financiación de corporaciones locales nos olvidamos muchas veces de las partidas correspondientes de la Sección 32 del presupuesto, en las que aparecen otros 235 millones de euros, que van a las corporaciones locales. Todo esto, para concretar que somos conscientes de las dificultades por las que están pasando las corporaciones locales.
Usted ha suscitado un punto de debate interesante: si el porcentaje de participación de financiación de las corporaciones locales con respecto al gasto total es alto, bajo o adecuado. Su señoría dice, lógicamente, que es bajo. Nuestras cifras se sitúan en el entorno del 15 por ciento del gasto total, y no son muy distintas de las de la financiación de corporaciones locales de otros países europeos. A partir de ahí, su señoría ha hecho una serie de propuestas, algunas de las cuales tienen que ver con las dificultades actuales y otras más bien con el futuro sistema de financiación. Lo que sí puedo decirle es que nosotros hemos estado siempre dispuestos en estos temas a analizar las propuestas que se han presentado. Estudiaremos con mucho cuidado todo lo que ustedes nos propongan. Algunos elementos los vemos, lógicamente, más fáciles que otros. La capacidad de endeudamiento, por ejemplo, hay que estudiarla como mucho cuidado. La posibilidad de que el fondo para pequeños municipios, que ya existe, tenga una dotación algo mayor o menor dependerá del debate presupuestario. Usted sabe como yo que el IBI, el IVA, etcétera, plantean problemas significativos, y este no es un tema menor, sino que se trata de un asunto al que hay que prestar gran atención. Por fin, el punto fundamental que usted propone, la creación de un fondo excepcional para satisfacer a los ayuntamientos más pequeños, está en la línea del fondo que ya existe, aunque las cuantías de las que hablamos son significativamente diferenciadas.
El compromiso de seguir avanzando en la reforma lo tiene usted ya. Ese es nuestro objetivo, y seguiremos avanzando en esa dirección. Lógicamente, tenemos que ser sensibles a las dificultades actuales, pero las corporaciones locales también tienen que ser sensibles a la situación. Los problemas que tiene el Estado, que tienen las comunidades autónomas, los van a tener también las corporaciones locales. Y, desgraciadamente, el margen de maniobra de que dispone hoy el Estado para echar una mano a otras administraciones es menor de lo que lo era en otros momentos de la última legislatura.
Estos son mis comentarios. Evidentemente, estoy abierto, como siempre, a discutir estos temas.
Muchas gracias por su interpelación. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Roig.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, senyor president.
Señor ministro, permítame, en primer lugar, agradecerle sinceramente su exposición, su explicación, que me ha parecido exhaustiva y bastante concreta desde el punto de vista de los antecedentes, y también desde el punto de vista de algunas propuestas que yo me he permitido exponer y que ya he dicho que se concretarán posteriormente en esa moción consecuencia de interpelación que, lógicamente, intentaremos que aprueben todos los grupos de la Cámara. Esto quiere decir que intentaremos transaccionar, aceptar propuestas que se nos hagan para avanzar en esta línea.
Permítame unos comentarios sobre algunos de los aspectos que se han citado. Es cierto que se está avanzando en la reforma y es cierto también que hay acuerdos que se han planteado en el ejercicio anterior, en el año 2007, y en el año 2008, con la Federación Española de Municipios y Provincias, que es el gran interlocutor del municipalismo. En este sentido, ya saben que nosotros siempre pedimos que otras asociaciones municipalistas que están en contacto con la Federación Española de Municipios puedan participar en estas reflexiones. Por lo tanto, vuelvo a plantear este asunto, en el que, como digo, se está avanzando.
Fíjese, señor ministro, en que le he dicho al principio de la intervención que no estamos hablando de las posibilidades de futuro sino de la coyuntura actual, de cómo aplicar toda una serie de terapias para que los ayuntamientos, que, como ustedes ha reconocido, están sufriendo en estos momentos los avatares de una caída de los ingresos, puedan suparar esta situación. Es evidente, y lo sabemos, que el Estado también tiene problemas en estos momentos para ajustar el presupuesto, y en eso tenemos que ser consecuentes. Pero, señor ministro, usted ha hablado del PIE, de la participación en los ingresos del Estado, de aproximadamente el 15 por ciento, y dice que eso es lo que está al uso en Europa. Usted se acordará perfectamente, y quizá en este sentido yo sea un romántico, de que nosotros siempre hemos hablado del 25-25-50, desde hace prácticamente 25
ó 30 años. Por lo tanto, estamos aún lejos en ese tema. Le tengo que agradecer su referencia al cuidado que debemos tener las administraciones: la del Estado y las autonómicas, en no cargar con obligaciones a los ayuntamientos si no van acompañadas de suficiencia financiera.
Señor ministro, en algunas cosas hemos hecho un mal negocio, y no es responsabilidad suya. Un ejemplo clarísimo es el Impuesto sobre Actividades Económicas. Es cierto que ha habido un mecanismo de compensación por parte del Estado, pero nosotros siempre hemos preconizado que el Impuesto sobrre Actividades Económicas no debería haber desaparecido. Ya sé, insisto, que no es responsabilidad suya, pero en Cataluña estamos todos de acuerdo en que deberíamos haber arbitrado mecanismos para compensarlo a través del Impuesto sobre la Renta o del impuesto sobre Sociedades. Porque ahora se ven perjudicados todos aquellos ayuntamientos que han hecho un gran esfuerzo dinamizando su economía, impulsando polígonos industriales o la implantación de empresas.
Hay un aspecto de la propuesta que hacemos que me parece importante, y es la moratoria. Existe un argumento clarísimo ante esto, y es que se puede incrementar el déficit público si no se controla, pero nosotros entendemos que lo que pedimos es muy importante y, en definitiva, el déficit también lo provoca el propio Estado. Seguramente tendremos un déficit el próximo año, que se deberá asumir, y no hace falta que lo digamos las comunidades autónomas.
Algo en lo que he insistido mucho en esta Cámara es que es un verdadero peligro vincular la financiación de las comunidades autónomas con la financiación de las administraciones locales, y ahora se demuestra porque lo estamos vinculando; y no le digo ya lo que hace referencia a la financiación de Cataluña. En todo caso, tenemos que arbitrar en estos momentos propuestas para subsanar este déficit de los ayuntamientos.
Señor ministro, vuelvo a agradecerle su predisposición, sus propuestas. Leeremos con atención su intervención y plantearemos en el próximo Pleno una batería de propuestas concretas con las que, si podemos llegar a un acuerdo, mejorará sustancialmente la financiación de las administraciones locales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias. Intervendré muy rápidamente.
Es verdad que estamos avanzando en las negociaciones con la FEMP. Somos conscientes de que estos son los problemas del largo plazo y no los problemas coyunturales de corto. Es verdad que los problemas coyunturales nos afectan a todos, aunque no olvidemos que en términos de ciclo económico la Administración menos afectada es la local. Es verdad también, por decir todo, que la Administración local sí está más afectada por la desaparición de la burbuja inmobiliaria, por lo menos en algunos casos concretos. Pero en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria quedan fuera las corporaciones locales, y quedan fuera del concepto de endeudamiento por el total de ingresos que actualmente tienen, con un porcentaje determinado, porque se considera que no es la Administración que va a sufrir de forma más significativa en el caso de una modificación de ciclo económico.
El 25-25-50 es algo que alguien decidió en su día y está bien, pero en estos momentos la situación real es 15 más o menos corporaciones locales; 38 más o menos comunidades autónomas; 18 la Administración General del Estado, y 32 grosso modo la Seguridad Social. Por lo tanto, estamos hablando de unas cifras difíciles de encajar con esa concepción teórica del 25-25-50. Pero en fin, es un tema que también estamos dispuestos a debatir cuando haga falta.
En cuanto al IAE, es verdad que nosostros nos encontramos con el problema, no con la solución que tuvimos que poner en marcha aportando recursos. El problema de la moratoria al final es el problema de mayor o menor endeudamiento. Es un tema delicado y vinculado al problema de la estabilidad presupuestaria que yo creo que hay que manejar con mucho cuidado. Aceptar un nivel de endeudamiento mayor sin ninguna justificación, en mi opinión, genera problemas graves a medio y largo plazo. Nunca ningún alcalde encontrará un buen momento para tomar decisiones restrictivas de gasto, como nunca ningún Gobierno encuentra buen momento para tomar decisiones restrictivas de gasto, y es normal, porque siempre hay muchas cosas pendientes y siempre hay que hacer cosas nuevas. Por lo tanto, si el tema es para resolver los problemas, analicémoslo; si la solución es para dilatar el tema, yo creo que no tiene solución. Dice usted que vincularlo con las comunidades autónomas puede no ser una buena idea, y es cierto, pero ahí están ambas cuestiones en paralelo.
Nosotros estamos dispuestos a analizar esa batería de propuestas que ustedes hacen y seguramente de alguna podremos hablar, aunque evidentemente nos centraremos más en aquellas que puedan tener impacto a corto plazo dado que las de impacto a más largo plazo, lógicamente, se pueden discutir y comentar, pero hoy forman parte de la mesa de negociación que estamos teniendo con la FEMP y nos gustaría seguir avanzando en la dirección que actualmente tenemos definida.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor vicepresidente.
-- DE D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR
EL GOBIERNO PARA ACABAR CON EL CAOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Número de expediente 670/000021).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación de don Agustín Conde sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para acabar con el caos en la Administración de Justicia.
Tiene la palabra el senador Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Con la venia, señor presidente.
Señorías, no diré nada nuevo si afirmo que la justicia en España está mal; en realidad si digo que está muy mal. Basta con abrir los periódicos todos los días para comprobar cómo el descontento con nuestra Administración de Justicia por parte de los ciudadanos es en este momento una de las cuestiones más notables y más notorias. La cantidad de asuntos que están pendientes en nuestros tribunales de justicia es ya escandalosa.
Señorías, la tasa de pendencia en nuestros juzgados ha ido incrementándose paulatinamente desde el santo advenimiento de José Luis Rodríguez Zapatero a la Presidencia del Gobierno. Si en la anterior legislatura se fueron dando los pasos que iban permitiendo reducir la tasa de pendencia paulatinamente, en la pasada legislatura hemos llegado exactamente a la situación contraria: cada año la tasa de pendencia es superior a la anterior. En el año 2001, por ejemplo, se consiguió reducir la tasa de pendencia en un 1,11 por ciento, y en 2002 en un 0,85 por ciento. En ningún año de aquellos en que gobernó el Partido Popular la tasa de pendencia llegó al 3 por ciento. Sin embargo, el último año recogido en el informe del Consejo General del Poder Judicial, el año 2007, la tasa de pendencia ha llegado al 5,05 por ciento. Y este dato que les ofrezco, señorías, es en sí mismo una demostración de lo que estamos sosteniendo: la justicia en España está mal.
Por otro lado, señorías, no vemos que el Gobierno esté haciendo nada útil por resolver el problema. Los enfrentamientos que el Gobierno del señor Zapatero tiene con todos los operadores jurídicos al mismo tiempo, son una demostración de un Gobierno, digamos autista, que no escucha, que no entiende, que no habla con nadie y que cuando lo hace lo único que provoca es un conflicto.
Al final de la pasada legislatura hemos visto al Ministerio de Justicia enfrentado con los funcionarios de la Administración de Justicia. Todos nosotros hemos podido ver manifestaciones, huelgas, parálisis de la Administración de Justicia en definitiva, porque el ministerio no decidía reunirse con los funcionarios y resolver el problema. Hemos visto cómo el Ministerio de Justicia se ha enfrentado con las asociaciones de jueces, cómo lo ha hecho también con las asociaciones de secretarios judiciales, cómo se ha llegado a enfrentar, batiendo, eso sí, un récord, con el nuevo Consejo General del Poder Judicial. Recordarán sus señorías cómo se cifraba la paz en el mundo jurídico a la renovación del consejo. En opinión de los señores socialistas un nuevo consejo traería la solución automática a los problemas. Pues bien, no ha pasado un mes desde la renovación del Consejo General del Poder Judicial cuando este órgano ha tenido que emitir una nota muy dura, durísima, diría yo, criticando las declaraciones del señor ministro de Justicia, que ha decidido entrar en lo que quizá no debiera.
Señorías, los enfrentamientos, como digo, son con todos y al mismo tiempo. Y vemos a la vez a un Gobierno que no tiene objetivos claros en materia de Justicia y que no hace sino repetir lo que se fijaba como objetivos para la pasada legislatura.
Señorías, el Gobierno actual, cuando comenzó su tarea, allá por el año 2004, compareció en ambas Cámaras exponiendo la política de su departamento. Nos dijo cuáles eran los objetivos para la legislatura, y después de decirnos que todo estaba fatal y que quedaba mucho por hacer, nos desgranó cuáles eran sus programas. Nos dijo que querían dotar de rango de ley la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Administración de Justicia; nos dijo que querían reformar quince leyes procesales para poder poner en marcha la oficina judicial; nos dijo que querían reconducir el papel de los tribunales superiores de Justicia en relación con el papel del Tribunal Supremo; que querían generalizar la doble instancia penal; que querían implantar la justicia de proximidad; reforzar la conferencia sectorial; completar el mapa de las transferencias; hacer una nueva ley de planta y demarcación judicial; reformar el sistema de la estadística judicial; imponer nuevas tecnologías, singularmente el sistema LexNET que permitiera la interconexión de los distintos órganos judiciales y la tramitación más ágil de los procedimientos. Nos dijo que querían hacer una nueva ley de enjuiciamiento criminal; nos dijeron que querían reformar el Código penal, que querían hacer una ley de jurisdicción voluntaria; que querían hacer un código de leyes mercantiles y establecer un nuevo sistema de mediación. Éste, señorías, era el programa de Zapatero para los cuatro años anteriores.
Pues bien, señorías, han pasado cuatro años y resulta que nada de lo que les he dicho se ha hecho. Y lo que es más grave, cuando hace solo unas semanas el ministro de Justicia compareció en esta Cámara para exponer la política general de su departamento, volvió a repetir exactamente los mismos programas y los mismos objetivos.
¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Pura y simplemente, señorías, que el Gobierno no hizo nada de lo que se proponía hacer durante la pasada legislatura, que durante cuatro años el Gobierno ha estado ausente en materia de Justicia, que ha estado en una especie de excedencia o de permiso retribuido, que ha habido un paréntesis en la gobernación de los asuntos de la justicia en España.
Como tuve ocasión de decir al ministro, hay una perturbación de la percepción que se conoce con el nombre de adanismo y que consiste en pensar que la historia de la humanidad comienza cuando uno nace y aparece en este mundo. Hasta ese momento la culpa siempre es del anterior; de todos los males la culpa la tiene el antecesor. Es lo que dicen que les decían a los primeros secretarios del Partido Comunista de la Unión Soviética: si tienes un problema, échale la culpa a tus antecesores. Pues bien, parece ser
que, siguiendo esa vieja escuela, han decidido hacer lo mismo.
Pero en estos momentos, señorías, han pasado cuatro años, ha terminado una legislatura, ¿y ahora de quién es la culpa?, ¿de quién es la herencia? Los males que padece nuestra justicia, ¿a qué se deben? Es evidente o quizá muy probable que el Partido Socialista utilice la vía habitual, la reglamentaria, es decir, que siga echando la culpa a la Administración Bush, al Partido Popular o, en fin, a la memoria histórica. Pero ahora, señorías, el problema es de Zapatero, los problemas que tiene hoy la justicia en España son los problemas de los que no se ha ocupado Zapatero y su Gobierno, de los que ha hecho caso omiso el Gobierno del Partido Socialista.
Señorías, todos recordarán que al término de la VII Legislatura el Partido Socialista rompió el Pacto de Estado por la Justicia. Cuando gobernaba el Partido Popular, fuimos capaces de llegar a un gran consenso con el partido de la oposición para intentar construir juntos un nuevo sistema de justicia más moderno, más ágil, más eficaz, más pegado a los problemas del ciudadano. Ellos decidieron romper unilateralmente ese pacto. Lo hicieron porque, según ellos, no se dotaba suficientemente a la justicia en los Presupuestos Generales del Estado. Nos decían los socialistas que una justicia que tuviese menos de un 2 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado era una justicia infradotada económicamente.
Pero llegaron al Gobierno, presentaron sus primeros Presupuestos Generales del Estado y la dotación para la justicia era del 0,5 por ciento, igual que el año anterior. Cuando se lo reprochamos, nos dijeron que el objetivo era para la legislatura y que, por tanto, no les pidiésemos llegar al 2 por ciento en el primer año, que lo harían al final del ciclo. Pasó el ciclo, se acabó la legislatura y, señorías, la justicia fue dotada con el 0,5 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado.
Esperábamos que ahora, al comienzo de esta legislatura, se lo tomaran en serio, que dieran un impulso a la dotación presupuestaria de la justicia, pero, señorías, ¿saben a cuánto asciende el porcentaje de justicia en el presupuesto consolidado del Estado? Asciende al 0,5 por ciento, es decir, que por ahí no ha cambiado nada.
Y cuando se nos dice que hacen falta grandes inversiones en la justicia, que es necesario dotarnos de todo tipo de equipos y sistemas modernos, ¿saben, señorías, a cuánto asciende el Capítulo VI, inversiones reales, en materia de justicia para este año? Asciende a 110 millones de euros. ¿Y saben de cuánto era la dotación el año anterior? Eran 109 millones de euros. Es decir, todo ese esfuerzo y toda esa preocupación -que es preocupación falsa y falsaria, de boquilla- la cifran en un millón de euros, la mitad de lo que cuesta reformar la oficina de su compañero de partido, el señor presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño. Se gastan dos millones de euros en un despacho y, para la justicia, consideran que con la mitad ya está suficientemente dotada. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Lo bueno que tiene la Ley de presupuestos es que permite hacer un juicio adecuado de cuál es el interés real que un político, un gobernante tiene en los asuntos de los que está hablando. Podemos llenar de páginas y páginas los diarios de sesiones, los periódicos de circulación diaria, llenar de horas de televisión y de radio hablando de lo que queramos, pero al final, señorías, el interés se muestra en los Presupuestos Generales del Estado, y el interés que tiene el Gobierno de Zapatero por mejorar la justicia es un interés inexistente. No están ustedes realizando esfuerzo presupuestario ninguno que nos demuestre que ustedes en este ejercicio, de verdad, se están tomando en serio la justicia. No se la están tomando en serio.
¿Qué podría hacer el Gobierno y qué es lo que yo le pido desde esta tribuna? Hagan ustedes un pequeño ejercicio de autocrítica, aprovechen la ocasión que les da el grupo de la oposición subiendo a esta tribuna en esta interpelación para que ustedes puedan decir qué es lo que han hecho mal. Yo creo que sería un gran ejercicio de talante subir aquí y decir: ahora nosotros, que somos herederos de nosotros mismos, que tenemos que gestionar problemas que no resolvimos durante los cuatro años anteriores, reconocemos que hemos fallado en esto, en esto, en esto y en lo otro. ¿Creen ustedes, señorías, que el Gobierno de Zapatero tendrá esa capacidad de humildad? Yo, que soy persona siempre dispuesta a asombrarme, estoy esperando a que el ministro Bermejo suba aquí, y no digo que llegue al flagelo personal, pero que al menos sea capaz de decir en qué ha fallado el Gobierno de Zapatero, si es que el Gobierno de Zapatero es capaz de equivocarse en algo; y, sobre todo, que nos diga qué es lo que piensa hacer para arreglar el caos de la justicia. La justicia, señorías, no puede esperar ni un minuto más. LLeva demasiado tiempo postergada. Los socialistas rompieron el pacto de Estado; modificaron la legislación a su antojo sin consulta alguna con el partido mayoritario de la oposición y hoy por hoy única alternativa real del Gobierno; modificaron la Ley Orgánica del Poder Judicial, como recordarán sus señorías, en la pasada legislatura por el procedimiento de urgencia y en lectura única; modificaron la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional también a su antojo; decidieron un nuevo panorama de la justicia por vía indirecta a través de los estatutos de autonomía de determinadas comunidades autónomas; decidieron utilizar la justicia para ponerla al servicio de otros intereses distintos de los de impartir realmente justicia; se declararon absolutamente ajenos a cualquier posibilidad de pacto y de diálogo con el Partido Popular.
Nunca es tarde, señorías, si la dicha es buena. Y si ustedes en esta legislatura empiezan por hacer un reconocimiento de sus propios errores, empiezan por hacer expresión de en qué fallaron, qué no resolvieron y por qué no lo hicieron, qué enfrentamientos fueron gratuitos y cuáles inevitables, si nos plantean ustedes un objetivo de resolución de los problemas que la Administración de Justicia tiene, nos van a encontrar donde siempre estuvimos, es decir, dispuestos a pactar, dispuestos a dialogar, dispuestos a llegar a un acuerdo. (Protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.) Protestan en la bancada de la izquierda, pero es que se olvidan de que firmamos un Pacto de Estado por la Justicia. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Unos firmamos los pactos y otros los rompen, aunque les pese. Eso es lo que pueden hacer, señorías, y yo sinceramente espero que lo hagan. Insisto, siempre contarán con el Partido Popular para resolver los grandes problemas del Estado. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Sí, sí. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Les hace gracia, pero siempre contarán con el Partido Popular para resolver los auténticos problemas que tiene el Estado. Pero eso sí, no sigan echándole la culpa a quien no la tiene. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas Batllori): Gracias, senador.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es un honor para mí presentarme de nuevo en esta Cámara, transcurrido un mes desde que tuve el honor de comparecer ante la Comisión de Justicia, y explicar con detalle cuál es el programa de Gobierno.
Yo estoy seguro de que a mi amigo Agustín Conde le gustó tanto que por eso me ha interpelado, para que todos ustedes lo puedan oír en directo. Yo se lo explico ahora de nuevo, señor Conde. Le dije el otro día, y lo repito hoy, que yo he trazado una raya en relación con la legislatura anterior; veo que usted también: Por tanto, hablemos del futuro. Yo no quiero hablar de caos en la justicia porque no hay caos en la justicia, como no hay colapso. Tenemos problemas serios en la justicia y estamos en condiciones entre todos de arreglarlos, pero no hay un caos porque el caos es desorden y en la justicia hay orden; lo que hay es un gran retraso. Hay problemas de funcionamiento y, a veces, hay negligencias que se añaden a esos problemas de funcionamiento. Creo que es bueno distinguirlo.
No ha habido ese enfrentamiento que usted me apunta con el Consejo General del Poder Judicial. Ni lo ha habido ni lo va a haber. La nota del consejo, señor Conde, permítame que le recuerde, no tenía como destinatario único al Gobierno. Tenía como destinatario a todos aquellos políticos que habíamos osado opinar acerca de algún tema o alguna resolución del anterior Consejo General del Poder Judicial, acerca de alguna sanción. Si compara lo que yo dije, que fue que me parecía poco la sanción, con lo que dijo su compañero González Pons, a quien le parecía humillante, intente descubrir para quién iba más dedicada la nota del consejo, si para él o para mí. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) En todo caso, yo no voy a entrar en matices sobre quién rompió el pacto porque a buenas horas vamos a hablar de quién rompió el pacto; seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Ni tampoco a quién de los dos hay que atribuir que finalmente las leyes que el Gobierno elaboró, aprobó en consejo y llevó al Parlamento no se aprobaron; tampoco voy a entrar en ello porque no nos vamos a poner de acuerdo. Yo tengo la percepción de que fue cosa de ustedes y ustedes parece que no. Pero no es el tema; creo que hay que mirar al futuro.
No es el tema tampoco descubrir en qué nos gastamos el dinero. Yo no sé en qué se lo gasta el señor Touriño, pero se gasta bastante menos que la señora Esperanza Aguirre en inaugurar el canal, y no le digo nada el de Baleares, que se dedica a pagar con la tarjeta prostíbulos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Pero no es ese el tema. No se trata de que entremos en eso porque usted y yo a lo que venimos aquí es a hacer futuro. Vamos a analizar en el futuro qué es lo que queremos hacer.
Usted ha leído las cifras de pendencia y da aquí unos porcentajes que sinceramente no sé de dónde ha sacado. Le voy a dar los porcentajes que tengo yo, pero con las cifras absolutas, que es mejor. En 2003, el último año que ustedes gobernaron, se acabó con casi 700 causas pendientes por cada órgano judicial, abiertas, concretamente 690. Fíjese qué casualidad que en 2007, último año del que tenemos datos del consejo, el número de causas pendientes que había en cada órgano era el mismo, 690. No voy a entrar en matices de lo sospechosa que puede resultar esa coincidencia o en si nos podemos fiar mucho o poco de la estadística del Consejo General del Poder Judicial; pero el hecho es que la cifra que tenemos es esa, es la misma. Y si echamos un vistazo a las causas pendientes, ustedes acabaron el año 2003 con 2.130.000 asuntos pendientes, es decir, una tasa del 0,29 de pendencia; y nosotros en 2007 con 2.400.000, pero no sobre los siete millones de causas que tenían ustedes, sino sobre los ocho millones y pico que teníamos nosotros, un millón más; y la tasa de pendencia, la misma: 0,29.
Señor Conde, podemos seguir discutiendo si quiere de lo que ocurrió en el pasado, pero yo creo que si nosotros en 2007 hemos mantenido la tasa de pendencia algo debemos haber hecho bien, por ejemplo, crear más de 500 unidades judiciales. Pero voy al futuro, que es lo que nos interesa a los dos. Hay cuatro tipos de medidas: iniciativas legislativas, medios personales, nuevas tecnologías y obras para adecuación de instalaciones judiciales.
El primer proyecto que vamos a llevar al Parlamento es, como sabe, la modificación de 15 leyes procesales que quedó pendiente en la legislatura anterior y que son fundamentales para el nuevo reparto de trabajo entre jueces y secretarios. Es un proyecto de ley que se aprobó en julio, y no le voy a hacer la relación de los órganos a los que se los hemos mandado. Se lo hemos mandado a todos, unos han contestado y otros no. Curiosamente está pendiente el Consejo General del Poder Judicial, que creo que está a punto de darnos una respuesta, y alguna asociación de secretarios, de estos que nos reprochaban estos días que no
poníamos en marcha esa ley. La tenían pendiente en un informe suyo. Nos faltan varias comunidades autónomas por responder. Nosotros estamos examinado las respuestas y entrará en el Parlamento antes de que acabe el período de sesiones.
Se trata, en definitiva, de atajar uno de los problemas básicos: la reordenación de la oficina judicial. Además, estamos preparando una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que da mayor flexibilidad en la atribución de funciones a los distintos cuerpos al servicio de la Administración de Justicia; una modificación del recurso de casación y la generación de la doble instancia, que se quedó sin aprobar en la legislatura anterior. Tengo encima de la mesa un borrador de ley de planta y demarcación, una modificación de la conocida como jurisdicción voluntaria y estamos trabajando en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En cuanto a medios personales, ha sido una preocupación constante de este Gobierno disminuir la interinidad, que es uno de los problemas graves que tenemos, en parte porque hemos puesto en marcha el nuevo Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal, aprobado en 2005. Lo estamos aplicando ya y le doy los datos. Este año han tomado posesión o están a punto de hacerlo 825 funcionarios del cuerpo de gestión, 1.442 del cuerpo de tramitación y 1.144 del cuerpo de auxilio, más 88 médicos forenses. En total, 3.500 menos interinos en los juzgados. Para el cuerpo superior de secretarios se ofertaron 900 plazas pero, una vez celebrada la oposición con 450 plazas, se han cubierto 370. La oposición sigue sin permitirnos cubrir todas las plazas, pero ya hablaremos de eso. Ya hemos convocado otras 450. En total, 900 plazas del cuerpo de secretarios. También se han ofertado 228 para el Instituto Nacional de Toxicología, que llevaba 20 años sin convocar plazas.
En definitiva, en lo que resta de año y principios del próximo se incorporan 4.403 funcionarios más a la Administración de Justicia y para 2009 se incluyen 6.113 más. En total, 10.500 empleados públicos que disminuirán la tasa de interinidad. Añada a eso las 1.100 plazas de jueces y fiscales que llevamos en la legislatura pasada, a las que hay que sumar las 150 de jueces y 75 de fiscales para 2009.
En el ámbito de nuevas tecnologías cabe destacar que, por primera vez, la cifra de inversión en nuevas tecnologías supera en el presupuesto la destinada para infraestructuras. En concreto, 65 millones de euros, 10.800 millones de pesetas. Estamos hablando de una cantidad de 135 millones entre lo uno y lo otro, que será administrada por esa Secretaría General de Modernización que está impulsando esa renovación que nos hace falta. Algunas de esas renovaciones no se van a notar al principio, por ejemplo, la que acabamos de terminar. Acabamos de concluir la renovación de toda la red de comunicaciones de las sedes judiciales dependientes del ministerio, cuyas limitaciones habían sido tradicionalmente uno de los problemas para implantar nuevas tecnologías. El usuario final no lo ve pero hemos hecho una enorme inversión para que esas redes estén a la altura de las circunstancias para lo que viene ahora.
Entre los proyectos tecnológicos previstos estamos integrando el Libra/Minerva en Minerva NOJ, Nueva Oficina Judicial. En este momento, aunque es un proyecto piloto, está instalado y funcionando satisfactoriamente en los ocho juzgados de instrucción, cinco de lo penal y dos de violencia de Murcia. En el mes de julio de 2009 se habrá implantado esa modalidad de Minerva, que, en definitiva, es el gran instrumento de gestión de la oficina judicial, en Cáceres, Logroño, Ciudad Real, Burgos, Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla.
Compañero inseparable de Minerva es LexNET, esa plataforma de intercambio seguro de datos de información y comunicación. Se trata de la comunicación digital que superará la vieja historia de comunicación a través de los agentes judiciales. Ya está funcionado óptimamente en la Audiencia Nacional -no obstante, a primeros de año estará en todas las salas-, en los juzgados centrales de instrucción y de lo penal y en las secciones penales, pero también lo llevaremos al contencioso y a lo social. Igualmente, en 2009 LexNET acabará funcionando en todas las capitales de provincia que están bajo la gestión del ministerio.
Importante es subrayar la existencia y modificación de los registros de apoyo a la actividad judicial. Quiero destacar aquí el nuevo registro central de penados y rebeldes, que acaba definitivamente con el papel, y el de medidas cautelares, que empezará a funcionar en el primer trimestre de 2009 y que evitará que se puedan producir incomunicaciones que están en la memoria de todos y que no queremos que vuelvan a repetirse.
En el ámbito de las obras de adecuación de instalaciones judiciales, en el ejercicio 2008 se han llevado a cabo actuaciones de diferente índole en 29 sedes. Ayer mismo se inauguró el nuevo edificio judicial de Caspe, en Zaragoza; pero las más relevantes, con unas inversiones millonarias en euros son, por ejemplo: el nuevo edificio de los juzgados de Cuenca; el Palacio de Justicia de Burgos; el nuevo edificio de los juzgados de Mérida; la fase II de la Ciudad de la Justicia de Murcia; la nueva sede del Instituto Nacional de Toxicología, en Madrid; o la adecuación del edificio de macrojuicios de la Audiencia Nacional, que está ya muy avanzada. Como he dicho, se trata de obras millonarias, que exigen todas ellas adaptación para albergar juzgados que se ajusten al nuevo modelo de oficina judicial.
En 2009 se iniciarán otras actuaciones en 25 sedes distintas; entre ellas, el nuevo edificio de juzgados, en Albacete, con más de 30 millones de euros de inversión; o las de Guadalajara y Logroño, también con inversiones millonarias.
Para que se hagan una idea, en el 40 por ciento de los partidos judiciales bajo el ámbito del ministerio estaremos desarrollando actuaciones durante 2008-2009.
Y, desengáñese, el incremento presupuestario que lo ha permitido ha sido desde 2004 del 50 por ciento. Sé que no es maravilloso, que no es aquello que podríamos haber
hecho, pero es mucho más de lo que hicieron ustedes nunca; es muchísimo más y ello ha permitido toda esta serie de inversiones.
En definitiva, señor Conde, estamos en presencia de una actuación que tiene ante todo un plan de trabajo; un plan que se soporta en una serie de iniciativas legislativas que nos han de permitir poner las bases de la gran modificación de la oficina judicial. En esa modificación y en la que le seguirá hay que incluir: por un lado, el nuevo reparto de competencias entre jueces y secretarios, y la flexibilización tan demandada de las funciones de los funcionarios judiciales porque, desde nuestro punto de vista, no se puede seguir con la rigidez de perfil con que nos estamos manejando; y, por otro, las herramientas para que las administraciones de las comunidades autónomas puedan ejercer el control de los funcionarios de Justicia. Finalmente, allí estarán las bases de esa nueva oficina judicial, a la que, desde hace cinco años, estamos adaptando cada uno de los edificios que hemos puesto en marcha.
He querido dejar para el final lo organizado y lo que se está realizando en el ámbito del Ministerio Fiscal. La reforma del estatuto del Ministerio Fiscal tuvo un aparte que tenía como finalidad el despliegue del Ministerio Fiscal en el territorio y, por ello, se desdobló la figura del fiscal superior y del fiscal jefe provincial en casi todas las comunidades autónomas pero, sobre todo, por eso se crearon las Fiscalías de Área, que estamos implantando ahora a un buen ritmo, y que posibilitan que el Ministerio Fiscal esté presente en cada uno de los sitios en que debe estar. Asimismo, también se abre la posibilidad de atacar una modificación en profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tan necesitada de ello, en los aspectos más funcionales porque estamos manejándonos con instrumentos enormemente antiguos, añejos, que tampoco están dando la respuesta que queremos dar en este ámbito.
En definitiva, señor Conde, se trata de hacer hincapié en los aspectos organizativos, en coherencia con lo que desde el primer momento anuncié y es que se trata de una legislatura de gestión; de gestión modernizadora ya que aunque es cierto que existirán modificaciones legales que no tendrán exactamente que ver con ella, la modernización será la prioridad. Entre las que no la tendrán, les mencionaré que el próximo viernes llevaré al Consejo de Ministros la reforma del Código penal; esa reforma demandada por el propio Parlamento y que verá la luz en cuanto reciba, a su vez, la luz verde del Consejo. Ese es otro de los empeños en que hemos estado trabajando y será un buen material para que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado lo enriquezcan con sus aportaciones y que nos ofrecerá un nuevo marco jurídico penal para ámbitos importantísimos. También eso es modernizar, aunque no en el sentido que hoy nos ocupa.
Estoy seguro de que sabrá entender que uno espera el apoyo de su grupo, así como el de todos los grupos, para continuar profundizando. ¡Claro que se cometen errores! Todos, absolutamente todos, los cometemos, pero yo espero que a partir de esta legislatura caminemos juntos y nos ayudemos a no cometerlos; sería una buena cosa para todos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Senador Conde, tiene la palabra.
El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente.
Señorías, otra vez más cuando hablamos de un problema el Gobierno lo primero que hace es negar la existencia del problema. Estábamos diciendo por nuestra parte que la Justicia estaba muy mal, que está en una muy mala situación, pero el ministro cuando sube a la tribuna lo primero que hace es decirnos que no es para tanto, que el problema no existe. ¿Sabe lo que sucede? Que nosotros y, en general, los ciudadanos españoles ya cada día les creemos menos porque también decían que no había crisis económica; también decían que teníamos el sistema financiero más solvente del mundo, y un buen día por la mañana nos encontramos con que la crisis es inmensa y hay que darle 25 billones de pesetas a la banca, etcétera. Ahora resulta que tampoco hay problema en la Administración de Justicia, que las cosas, como se dice en la LOGSE, progresan adecuadamente.
Bien, señorías, al final fíjense ustedes que la intervención del ministro -en fin, vano intento por mi parte-, en la que pretendíamos que nos reconocieran algún error concreto en la gestión de los asuntos en la Justicia en una legislatura, se ha plasmado diciendo que aquí no ha pasado nada, que ustedes han hecho todo lo que tenían que hacer. Ya no echan la culpa al Partido Popular, por lo menos ya algo vamos ganando, pero parece ser que la culpa es de los acontecimientos meteorológicos. No ha sido capaz el Gobierno de reconocer aquí un solo fallo. Es más, se permite todavía el lujo de seguir echando las culpas a quien no las tiene. Se preguntaba retóricamente el ministro ¿de quién es la culpa de que no se aprueben las leyes que hemos remitido? Pues mire, señor ministro, si usted retira de esta Cámara la ley de la jurisdicción voluntaria, la culpa es suya, no de la Cámara. Fue usted quien retiró el proyecto de ley, no fue nadie más. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Si la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las quince leyes afectadas por la misma para permitir la implantación de la oficina judicial no se aprobó en la pasada legislatura, decía el ministro, ¿de quién es la culpa? Pues, hombre, quizá la culpa la tenga el grupo parlamentario que solicitó 53 ampliaciones del plazo de enmiendas hasta que acabó la legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Una señora senadora del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: Muy bien.)
Y luego siguen sembrando dudas, al final apuntando pero sin dar del todo, dicen que es sospechoso que la pendencia de asuntos por órgano judicial sea de 690, la misma que había cuando termina de gobernar el Partido Popular, ¡como si el Consejo del Poder Judicial hubiera falseado
los datos! Atrévase usted a decirlo, si esa es su intención. Pero, en todo caso, señorías, como se dice en Derecho, a confesión de parte se exime de prueba. El ministro nos ha dicho aquí que la tasa de pendencia, el número de asuntos pendientes por órgano, después de cuatro años de Gobierno de Zapatero, es la misma que la que se encontraron. Es decir, que ustedes no han hecho nada por mejorarla o, al menos, nada útil por mejorarla.
Señorías, el ministro también nos dice que están destinando más presupuesto del que nunca destinó el Partido Popular a la Justicia. Y eso, señorías, es rigurosamente falso, pero falso de toda falsedad. Bien es cierto que el ministro sigue utilizando el criterio de hablar de pesetas o de euros nominales, pero, claro, es que no se puede hablar de pesetas o euros nominales, hay que hablar del porcentaje de gasto que en los Presupuestos Generales del Estado supone cada uno de los capítulos y secciones del presupuesto, porque eso es, señorías, lo que determina cuál es el esfuerzo colectivo que una sociedad o una nación como la española está haciendo en cada una de las áreas. Y en relación con la Justicia, se ponga el ministro como se ponga, lo que se destina para Justicia en este año, y en el anterior, y en el anterior, y en el anterior y el anterior, es decir, del año 2005 hasta hoy, es el 0,5 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado, se ponga el ministro como se ponga. Luego, no nos venga usted a faltar a la verdad, señor ministro, no puede hacerlo gratuita e impunemente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Nos dice que van a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y me parece muy bien, pero ese era el objetivo fundamental del Ministerio de Justicia del Gobierno de Zapatero el primer día que llegó al Gobierno. ¿Qué han hecho entonces ustedes durante cuatro años en relación con la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
Comparto sus palabras: es imprescindible una modificación de la ley, pues la que tenemos está obsoleta y no obedece a los criterios jurídicos que hoy necesitamos emplear en un Estado social y democrático de derecho, bajo el amparo de la Constitución de 1978. Cierto, ¿pero qué han hecho ustedes durante cuatro años? Nada, señorías; ni en esto, ni en muchas de las otras cosas que yo le he enunciado.
Señor ministro, me parece muy bien que usted quiera mirar hacia el futuro; yo también, pero, señor ministro, ahora ustedes tienen su historia, y a la historia no está mal darle un repasito de vez en cuando, sobre todo cuando últimamente nos ponemos a mirar historias desde el año 30 para acá. Permítasenos ser algo mas modestos y hablar de la historia simplemente de la última legislatura.
Ustedes tienen su historia y es francamente deficiente. Esperemos que mejoren en el futuro.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Señor ministro de Justicia, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señor presidente, señorías, el ministro ha dicho muy claramente -y lo voy a repetir cada vez que suba aquí- que no hay caos, porque no lo hay, como tampoco hay colapso. Tenemos lentitud y problemas históricos muy graves que no hemos sido capaces de resolver, pero no existe caos en Justicia, como tampoco colapso.
También es verdad que tenemos un buen sistema financiero, señor Conde. Yo que usted mediría más las palabras en ese tema. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No es bueno que en esta tribuna se escuche al representante del primer partido de la oposición poner en duda nuestro sistema financiero. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) No es razonable en este momento. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Aunque no les guste, no es razonable. No se puede poner en duda aquí el sistema financiero de este país con la que está cayendo. (Aplausos.-Protestas) A eso se le llama responsabilidad, simplemente responsabilidad. No sean ustedes tan cortoplacistas. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) No tengan prisa, que así no llegan. Reconozcan ustedes de vez en cuando algún error.
No entraré en la discusión acerca de quién tuvo la culpa, pero si volviera a ocurrir con la ley de jurisdicción voluntaria lo que ocurrió en esta Cámara durante la legislatura pasada, el ministro volvería a retirarla, porque habría sido una irresponsabilidad no hacerlo, ya que no podía publicarse en el Boletín Oficial del Estado una ley que contaba con tres redacciones distintas y contradictorias de tres preceptos. Eso ocurrió en esta Cámara, y ustedes tienen mucho que ver con ello. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Pero este no es el tema, señor Conde.
El Gobierno, insisto, llevó a cabo la tramitación parlamentaria de esos proyectos de ley. Sin embargo, cuando yo llegué aquí, ya no existía aquel pacto que parecía haber existido hasta entonces en el 90 por ciento de los mismos. Y no entraré en saber cómo fue, insisto, pero suele ser cosa de dos, de verdad. Como espero que esta vez también sea cosa de dos el que miremos hacia adelante, que tengamos sentido de Estado y que, codo con codo, unamos nuestro esfuerzo para sacar adelante esas leyes que se quedaron atascadas en la legislatura anterior y que pueden tener un buen recorrido durante esta.
Cuando me refería a los datos y a las casualidades, simplemente quería subrayar el hecho de las 690 sentencias pendientes, pues reconózcame que es sorpresivo que la cifra de pendencia sea justo la misma en 2003 que en 2007. ¿Sabe lo que quiero decir? Que tenemos necesidad de arreglar y reflexionar, junto al Consejo General del Poder Judicial, la comisión de estadística que ellos gobiernan. Muchas veces lo digo en la Conferencia para asuntos relacionados con las comunidades autónomas y ellas me lo dicen también: no podemos seguir con esos datos estadísticos. Sin embargo, son los que tenemos y nos deben valer a todos; a mí me valen. No creo que nadie falsee
nada, señor Conde, es que no tenemos buenas herramientas, como en casi todo, y lo que nos sale es lo que nos sale. Por ello, el relanzamiento de la comisión de estadística es la herramienta necesaria para que nos podamos fiar y podamos hacer política, porque sin una buena base estadística no se puede hacer política.
En cuanto a la pendencia, qué quiere que le diga: compare, y si encuentra algo mejor, ya sabe... Si ustedes tuvieron 7 millones y ningún procedimiento, en 2007, ocho millones, 400.000 es un millón y muchos miles más en esta época. Haber evitado que se desplomara el sistema ya es un éxito porque para ello hubo que crear la friolera de casi 500 órganos judiciales y se mantuvo el nivel de respuesta a pesar de que se había disparado la demanda.
En cuanto a cómo medimos, sigo pensando que el presupuesto de Justicia en estos momentos debería ser mayor, pero no me puede negar que ha aumentado un 50 por ciento desde que ustedes nos lo dejaron, y es un porcentaje, no una cantidad global.
Insistiré en lo mismo, señor Conde, creo que esto es cosa de todos, y celebro que estemos en esta nueva línea de diálogo, con usted y con todos los grupos, porque si aunamos esfuerzos lo vamos a conseguir, y los ciudadanos finalmente nos lo van a agradecer.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
-- DE D.a MARÍA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL GOBIERNO PARA FAVORECER POLÍTICAS EDUCATIVAS QUE FAVOREZCAN VALORES DEMOCRÁTICOS DE CONVIVENCIA Y DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI. (Número de expediente 670/000022).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación de la senadora María Assumpta Baig, sobre el comportamiento del Gobierno para favorecer políticas educativas que favorezcan valores democráticos de convivencia y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para la sociedad del siglo XXI.
Su señoría tiene la palabra.
La señora BAIG I TORRAS: Moltes gràcies, senyor president.
Buenas tardes, ministra. Buenas tardes, senadores y senadoras.
El interés de una interpelación en materia de educación, en la que gran parte de las aplicaciones de cualquier ley educativa recae en las comunidades autónomas, tiene que enmarcarse dentro de un doble objetivo, y este es el marco en el que yo pediría que se encuadrase esta interpelación. Por un lado, poder conocer por parte de la ministra y del Ministerio de Educación el desarrollo normativo de la Ley Orgánica de Educación, y por otro, poder conocer también cuál es el papel de impulso dado desde el ministerio a la Conferencia Sectorial de Educación, conferencia dibujada legalmente en las leyes, que preside la señora ministra y a la que acompañan los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas para poder coordinar las políticas educativas y hacer que de la suma de todas ellas pueda resultar un dibujo mucho más exacto sobre cuál es la aplicación de la Ley Orgánica de Educación a través de las diferentes comunidades en nuestro Estado. Es en este contexto en el que voy a presentar la interpelación, con el convencimiento de que en los inicios del siglo XXI la sociedad española reclame al sistema educativo aprendizajes y conocimientos sólidos para afrontar los retos de esta nueva sociedad del conocimiento. Pero planteo esta interpelación con el convencimiento de que la sociedad española también demanda una formación en valores para favorecer la convivencia democrática, la resolución de conflictos, el respeto a la libertad personal, la responsabilidad y la superación de comportamientos sexistas.
En el último Pleno hice una alusión a un libro La nueva educación, de un catalán, Ferran Ruiz, muy preocupado por las tecnologías de la información y de la comunicación. En dicho libro, el autor reflexiona sobre el agotamiento del modelo escolar en la era industrial y la necesidad de transformar el sistema educativo para afrontar los retos de la sociedad del conocimiento. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Este libro, por cierto, fue el ganador del Premio de la Fundación Everis en su edición 2006 y publicado por su colección Acción empresarial. Su preocupación se centra en vincular lo que realmente ha de ser el papel de la nueva educación en los alumnos, profesores, maestros y padres al ámbito exterior. En este libro, nos advierte de que el inmovilismo, el conformismo y la escasa relación con el mundo exterior imperantes en el sistema educativo son posiblemente a largo plazo los mayores enemigos del bienestar de la sociedad española.
Esto me ha hecho pensar que es importante que el sistema educativo no falle en el aprendizaje de conocimientos, aunque en ocasiones parecemos más preocupados por cómo enseñar que por cómo han de aprender los alumnos. Pero también me hace pensar en el ciudadano, qué ciudadano y ciudadana vamos a tener y necesita la sociedad para avanzar en el bienestar del futuro.
Es evidente que con esta presentación podría abrir un marco muy genérico en la interpelación pero, señora ministra, como me gusta la concreción, la he centrado en aspectos concretos. Es cierto que nos ha de preocupar el inmovilismo y el conformismo de algunos para los que la escuela debería ser siempre igual, aquellos que sienten añoranza de su escuela y les gustaría que ahora se hiciera lo mismo que se hacía en su época, sin darse cuenta de que la escuela se ha de vincular con el mundo exterior, el cual ha cambiado muchísimo.
Por tanto, debemos pensar en la escuela del futuro, cómo vincular esta escuela con la sociedad, con el exterior, que es totalmente diferente. Hemos de orientar el
debate educativo español hacia este futuro, y no mirar atrás, si acaso únicamente para aprender de los errores y no volverlos a cometer, mirando hacia delante y sabiendo hacia dónde vamos.
Por ello, quiero preguntarle por las actuaciones de su ministerio para que las políticas educativas no dejen este mundo de la escuela como un museo y favorezcan valores democráticos de convivencia; por cierto, al hablar de convivencia lo hago desde dos aspectos: uno, evitar conflictos que perturban la vida escolar y, dos, promover los principios y los hábitos de la convivencia en democracia.
Igualmente, quiero preguntarle qué políticas piensa poner en marcha su ministerio para avanzar hacia una sociedad en la que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sea una realidad y no un hecho periodístico remarcable. Conseguimos la paridad en algún apartado importante, por ejemplo, en la formación de un gobierno, pero la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha de responder a una cultura; ya sabemos que no se consigue con leyes, pero se deben poner los medios necesarios en la escuela para hacerla avanzar y que pueda responder a una sociedad más equitativa y más justa.
Para concretar más la interpelación, la quiero centrar en el marco de los artículos 1 y 2 de la LOE, los principios y fines de la educación, que nuestro sistema educativo ha configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidas en ella. Principios como el contenido en el artículo 1, apartado c), que habla de la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como ayudar a superar cualquier tipo de discriminación; en el mismo artículo 1,apartado k), la educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; o, en el mismo artículo 1, apartado l), el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Estos principios tienen los mismos fines que los contemplados en el artículo 2. Me refiero a qué es lo que ha hecho y hará el ministerio, conjuntamente con las comunidades autónomas con competencia en la materia, para hacer avanzar en este camino a la sociedad. El interés de la interpelación es remarcar que planificar y trabajar para la sociedad del conocimiento en esta sociedad actual no consiste solamente en formar buenos profesionales, buenos tecnólogos, buenos especialistas -que, evidentemente, también lo es-, ni consiste sólo en utilizar términos como conocimiento, investigación, transferencia de conocimientos, por no citar otros términos más negativos, y que en muchas ocasiones son en los que más nos fijamos y los que más aparecen en la prensa, como fracaso, apatía, no llegar a los conocimientos, bullying, etcétera, mi reivindicación consiste en hablar y debatir de educación y de cómo llevarlo a la práctica. Reivindico este objetivo de educar aprovechando la situación única e irrepetible que ofrece el marco escolar, porque es cierto que educar también se debe hacer en familia y en sociedad, pero llevar el término educar, a la práctica universalmente debe hacerse en el marco de la escuela.
Por tanto, he presentado esta interpelación para que no ocurra lo mismo que manifestó en su momento el escritor García Márquez de sí mismo: Desde muy pequeño tuve que abandonar mi educación para empezar a ir a la escuela.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para contestar a la interpelación, tiene la palabra la ministra de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, es un placer contestar a esta interpelación aunque es verdad que no es fácil. Ya me gustaría que pudiéramos abrir un debate sobre educación en los términos tan generales -y no lo digo en sentido negativo, sino todo lo contrario- en los que la ha planteado.
Es verdad que su señoría ha tratado de restringirla y concretarla, y lo entiendo perfectamente, porque en toda su intervención ha figurado el propósito y la voluntad de llevarlo todo a un marco mucho más general, que debería ser el marco en el que la mayoría de las veces deberíamos hablar de educación.
Hablamos y discutimos mucho sobre educación en España, pero no mantenemos en la mayor parte de las ocasiones lo que podríamos llamar, en sentido generoso y productivo, un debate educativo. Es cierto que si la educación no acompaña a las transformaciones de la sociedad y no responde a las exigencias nuevas que la sociedad plantea al sistema educativo, este no solo se nos queda viejo sino que se convierte además en un sistema inútil para la formación de los ciudadanos que la sociedad exige.
Estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho su señoría de que el objetivo fundamental del sistema educativo es la formación de buenos profesionales, de buenos tecnólogos, de buenos especialistas. Sin embargo, reconocer eso, que es prioritario -insisto-, no debería llevarnos de ninguna manera a negar que el sistema educativo tiene que formar al mismo tiempo buenos ciudadanos porque difícilmente tendremos buenos profesionales, buenos tecnólogos y buenos especialistas si al mismo tiempo no son buenos ciudadanos. Es verdad que todo este debate educativo -que ojalá podamos abrir y seguir en algún momento- debe responder tanto a los retos que la sociedad nos propone desde el punto de vista de las necesidades futuras de formación de nuestros ciudadanos como al reto que nos plantea el hecho de que vivamos en el Estado en que vivimos: un Estado autonómico en el que las competencias en educación están sustancialmente en manos de las comunidades autónomas, por lo que con frecuencia me felicito públicamente, porque esa transferencia de competencias ha acercado asuntos tan importantes como los educativos a los ciudadanos en general. Pero, indudablemente, este hecho exige también un esfuerzo de coordinación
y de búsqueda de acuerdos, exige que tratemos de encontrar las bases comunes del tipo de educación que queremos para todos los ciudadanos, de tal manera que no aparezcan desigualdades en los modelos educativos de las distintas comunidades autónomas. Ojalá que en algún momento podamos discutir sobre todo eso, porque lo que voy a decir ahora tiene mucho más que ver con aspectos más concretos que los que usted ha apuntado, y sobre ellos voy a decir algunas cosas más específicas.
Es cierto que necesitamos adecuar nuestro modelo escolar a las exigencias de la sociedad en que vivimos, una sociedad crecientemente compleja y exigente, y, aunque para muchos oídos esta afirmación suene un tanto arriesgada, necesitamos olvidarnos de modelos educativos del pasado, o, por lo menos, debemos ser conscientes de que los modelos educativos del pasado respondieron a exigencias de un modelo de sociedad que ya no existe. Por tanto, debemos ser suficientemente flexibles como para entender esto y sacar todas las consecuencias posibles.
En ese modelo que necesitamos para la sociedad en la que vivimos, la formación en valores democráticos y la formación en valores como la igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser uno de los ejes fundamentales de la educación que queremos para nuestros niños y para nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque necesitamos que el sistema educativo consolide nuestros valores democráticos y garantice la permanencia de algo tan delicado como un sistema democrático tolerante y que defienda valores de convivencia. Y esto pasa por la educación.
Mire usted, este Gobierno ya en la legislatura pasado adquirió -lo sabe usted muy bien- importantes compromisos en relación con todo esto: con los valores democráticos, con la defensa de los valores en la educación y con la defensa de la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. Se aprobaron leyes importantes durante la pasada legislatura como la Ley de Igualdad o la Ley de protección integral contra la violencia de género, dos normas que, por cierto, tuvieron inmediata repercusión en el ámbito educativo -no podía ser de otra manera- puesto que al sistema educativo le corresponde educar en los valores que impregnan esas dos leyes. De hecho, la Ley Orgánica de Educación, aprobada a principios del año 2006, incorporó, como sabe usted muy bien, todos los principios y todos los valores que habían defendido esas dos leyes, la de Igualdad y la Ley contra la violencia de género: los incorporó la ley en su exposición de motivos, los incorporó la ley en sus principios, los incorporó la ley en la definición de las competencias básicas, que son el objetivo fundamental de la ley, y lo incorporó en los desarrollos curriculares que la Ley Orgánica de Educación tuvo a lo largo de la pasada legislatura y a los que me referiré enseguida más concretamente. Pero además, a finales del año 2007, en diciembre, el Gobierno presentó el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades que se articuló en una serie de ejes fundamentales, la inmensa mayoría de los cuales también tienen que ver con la educación y con nuestro sistema educativo, es decir, con la necesidad de promover que el profesorado y todos los que trabajan en la enseñanza reciban la formación adecuada -tanto la formación inicial como la formación continua- en valores como la educación, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de género; una formación de profesorado, por cierto, que se va a beneficiar de los cambios que introdujimos en la enseñanza universitaria en la pasada legislatura puesto que en los nuevos planes de los nuevos grados de maestro y en el máster de Educación Secundaria todos estos valores se van a incorporar. También se definió en esa estrategia la necesidad de promover una representación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de dirección, de participación y de toma de decisiones en los centros educativos, la implementación de la coeducación, la prevención de la violencia de género, la integración de la perspectiva de género, por ejemplo, en actividades deportivas; es decir, toda una serie de iniciativas dentro de esa estrategia en favor de la igualdad que refuerzan todavía más los compromisos adquiridos en la Ley de Igualdad y en la Ley contra la violencia de género y en la propia Ley Orgánica de Educación. Todas estas medidas, que se definieron en esta estrategia de diciembre del año 2007, están siendo implementadas. Muchas de ellas son políticas de carácter transversal que tienen importantes contenidos educativos pero que también necesitan desarrollo a partir de la actividad de otros ministerios.
Yendo en concreto al desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, a los reales decretos por los que se establecen las enseñanzas mínimas, elaborados por el ministerio y que luego deben ser complementados por las comunidades autónomas, como todos sabemos, en el ejercicio de sus competencias, en los contenidos curriculares de esas materias están incorporados todos los elementos que responden a la necesidad de educación en estos valores democráticos y en estos valores de igualdad, incorporados además en las competencias básicas del propio currículo.
Creemos que hay un carácter transversal en todos los contenidos curriculares en relación con estos valores -o sea, valores que impregnan todos los desarrollos curriculares de esos decretos que han seguido a la Ley Orgánica de Educación-, pero hay una nueva materia que específicamente hace de estas cuestiones su horizonte fundamental, que es la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, materia que, como usted sabe, forma parte de los contenidos educativos de la inmensa mayoría de los países europeos y está promovida y defendida desde organismos internacionales precisamente por la necesidad de hacer frente a sociedades crecientemente complejas, en las cuales es cada vez más importante la educación en este tipo de valores -de los más pequeños- puesto que solamente así garantizamos la convivencia en democracia y la aceptación de valores como la tolerancia, el respeto al otro, la resolución pacífica de los conflictos, etcétera.
En esta materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, señorías, se incorporan de manera mucho más concreta y específica todos estos valores, y
sabe usted muy bien que la introducción de esta materia en los centros escolares es uno de los objetivos importantes de la Ley Orgánica de Educación que defiende esa educación en valores.
Estamos dando contenido a este desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, especialmente en la dirección de educar en valores, algo que, como he dicho también, tiene que ver con la formación de profesorado, un capítulo que creemos especialmente relevante, puesto que si queremos introducir en el sistema educativo todos aquellos cambios que necesita su adaptación y su capacidad de respuesta a las exigencias de la sociedad en la que vivimos, el profesorado es una pieza básica. La formación de profesorado, tanto la inicial como la permanente, tiene que ser sustancialmente dirigida a capacitar a ese profesorado para responder a los retos que tiene ahora mismo en el sistema educativo, no a los que tuvimos hace un tiempo. Tenemos que ser capaces de ofrecer a los profesores los recursos necesarios para entender que cuando entran en un aula y se encuentran delante con alumnos sobre todo de Educación Secundaria -aunque no solo-, alumnos entre 12 y 16 años, se trata de un alumnado muy distinto al de hace apenas diez años, con unos niveles de formación y una vida cotidiana y social radicalmente distinta, con acceso a todo tipo de información de la que no disponían hace diez años y, por lo tanto, con una capacidad de iniciativa y de imaginación que los profesores deben ser capaces no de reprimir, sino precisamente de potenciar y de utilizar en la dirección de formar en esos valores que nos preocupan, en los valores democráticos y en los valores en la igualdad de oportunidades.
Estas son las líneas de actuación -podría citarle muchas más- que tienen que ver con la formación de los consejos escolares y con la necesidad de que a través de dichos consejos y el carácter participativo del sistema educativo se refuercen estos valores mediante la presencia de asociaciones de padres, de madres y de todos aquellos que tengan interés, sobre todo en el ámbito local, en participar activamente en los proyectos educativos de los centros, o los cambios que hemos introducido en el Consejo Escolar del Estado en la misma dirección.
Por último, quiero insistir en algo que usted ha apuntado y que me parece sustancial. Todo lo que hagamos en educación pasa por la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas. Los debates en Conferencia Sectorial suelen ser muy productivos y muy enriquecedores, y nuestra experiencia desde que pusimos en marcha el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación ha sido que en Conferencia Sectorial los acuerdos suelen adoptarse por unanimidad y que hay un consenso básico entre quienes están a pie de calle en el sistema educativo sobre lo que nuestro sistema educativo necesita. Es tremendamente provechoso el debate en la Conferencia Sectorial y, además, imprescindible, porque, sin la complicidad -en el mejor sentido del término- de las comunidades autónomas, difícilmente podemos llevar a cabo este proyecto educativo que pusimos en marcha en la anterior legislatura. Por eso, muchas veces cuando afrontamos comportamientos que no encajan con este espíritu de colaboración, de coordinación y de acuerdo básico sobre lo que necesita el sistema educativo, quienes realmente estamos interesados en tener la mejor educación en nuestro país no entendemos que haya determinados comportamientos que nos saquen del debate que deberíamos tener y nos sitúen en un debate que no creo que sea el que precisamente necesitamos ahora mismo en materia de educación.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra la senadora Baig.
La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señora ministra.
Creo que ha sido positiva la interpelación porque me ha dado a conocer, a mí y a los que han estado atentos, cuál ha sido el papel de impulso de este trabajo desde el ministerio dentro de la Conferencia Sectorial. Evidentemente, desde una comunidad autónoma nos interesa, y también en esta Cámara, que es la de representación territorial, deberíamos interesarnos mucho más por la Conferencia Sectorial. Quizá es un primer inicio hacia un nuevo seguimiento de la política que se acercaría más a lo que podría ser un Estado federal. A mí me gustaría llegar a poder ver que este tema autonómico va configurándose dentro de un Estado de políticas mucho más federales. Por esto creo que ha sido positivo poder ver que el trabajo dentro de la Conferencia Sectorial ha sido un trabajo de coordinación para conseguir la unanimidad. Pero entonces me sorprende, y le pregunto -porque usted también ha sido muy institucional en su respuesta- cómo es que en las comunidades autónomas existen diferencias notables en la aplicación de determinados temas educativos, precisamente en el de la materia de Educación para la Ciudadanía. A mí me sorprende. Me gustaría que también coordinaran, dentro de la Conferencia Episcopal de Valencia, una Educación para la Ciudadanía en inglés. Parece que se está utilizando a los alumnos, pero en la materia de Educación para la Ciudadanía, una materia tan delicada como esa, puesto que es uno de los pilares del funcionamiento de la democracia, no se puede utilizar a los alumnos en una batalla política o partidista. Y que precisamente eso lo haga un Gobierno del Partido Popular, cuando les oímos decir muchas veces que están preocupados... A mí también me preocupa que no consigamos esa coordinación del sistema educativo en conocimientos y en valores.
En esta línea nos gustaría, por tanto, presentar la posible moción consecuencia de esta interpelación para promover ese debate educativo, pero para profundizar más en el debate de esta sociedad del conocimiento, en lo que ha de ser un aprendizaje más creativo y con una mayor cooperación, y para que también se den a conocer, bien desde la conferencia, bien desde el ministerio o conjuntamente, proyectos educativos, buenas prácticas, estrategias pedagógicas que resultan positivas para favorecer esta sociedad plural y democrática, donde los valores de convivencia y
de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres puedan ser una realidad. Porque a veces discutimos mucho sobre los estudios y sobre los informes, pero después resulta que ese debate no es muy productivo porque unos lo pueden mirar por cantidad en tanto que otros por orden. Estamos en el buen hacer del sistema educativo, que creo está en el buen camino, aunque algo cansino, y deberíamos darle marcha, pero es necesaria otra escuela, y eso es posible.
Como presidenta de esta Conferencia Sectorial, nosotros le pedimos, señora ministra, que le dé impulso y pueda dar a conocer estas buenas prácticas que, seguro, hay muchas en todo el Estado español.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, lo he dicho en mi anterior intervención y lo repito ahora. La Conferencia Sectorial es el ámbito fundamental a través del cual podemos desarrollar políticas educativas. Yo lo sé muy bien, y soy tan consciente de ello que, como decía antes, me parece que el desarrollo del Estado autonómico ha sido positivo para el sistema educativo porque lo ha acercado a los ciudadanos. En ese sentido, lo repito: es un desarrollo positivo. Y también entiendo que la representación de ese Estado autonómico es precisamente la Conferencia Sectorial. Y porque son las comunidades autónomas las que desarrollan en la práctica la política educativa -lo que no significa de ninguna manera menosprecio hacia las competencias que le incumben al Ministerio de Educación, que son muchas, pero son las que son-, precisamente porque a las comunidades autónomas les corresponde el desarrollo y la aplicación de las políticas educativas, los contenidos fundamentales de lo que deba ser la educación, los retos a los que se debe responder desde el sistema educativo, los problemas que se deben afrontar desde la educación, todo eso debe ser objeto de debate en la Conferencia Sectorial, pero de un debate como ese que echábamos de menos al principio. Y tan convencida estoy de ello que, de hecho, ya he convocado para el mes de noviembre una conferencia sectorial de carácter extraordinario para hablar de uno de los temas que constituye probablemente una de las cuestiones de mayor preocupación para todos aquellos a quienes nos preocupa la educación, me refiero al abandono prematuro del sistema educativo por parte de los jóvenes. Y he convocado una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial para debatir -no para resolver cuestiones o aplicaciones normativas- sobre cómo se ve esta cuestión desde las distintas comunidades autónomas y qué tipo de soluciones podemos dar a esto, que, como digo, creo que es uno de los problemas que más nos preocupan.
Y lo mismo que voy a hacer respecto de esta cuestión, trataré de hacer en la Conferencia Sectorial en cuanto a todas aquellas cuestiones que me parecen centrales para la evolución positiva de nuestro sistema educativo, por ejemplo, la evaluación del sistema, de modo que probablemente convoquemos una reunión extraordinaria para analizar cómo ponemos en marcha los mecanismos de evaluación del sistema educativo que prevé la Ley Orgánica de Educación, y que debemos hacer de manera coordinada entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación.
Eso entiendo que debe hacer la Conferencia Sectorial. Y entiendo que lo que le incumbe al ministerio, una vez desarrollada la ley básica de educación, es una tarea fundamentalmente de coordinación y, en todo caso, de liderazgo al suscitar determinadas cuestiones. Y entiendo que a las comunidades autónomas les compete la puesta en marcha de las políticas educativas, la práctica del funcionamiento del sistema, la participación en todos los debates de carácter general y, fundamentalmente, algo en lo que creo que nadie debería estar en desacuerdo, esto es, que toda administración tiene como obligación fundamental el cumplimiento de las leyes. Por eso, lo que no puedo entender en este marco de trabajo en cooperación a través de la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas es que haya administraciones que incumplan las leyes, cuando uno de los valores que se aprenden en cualquier sistema democrático es que la primera obligación de cualquier administración pública es, como digo, el cumplimiento de las leyes aprobadas democráticamente en los parlamentos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. ALFREDO BELDA QUINTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE GESTIÓN AEROPORTUARIA (Número de expediente 670/000020).
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del senador Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en materia de gestión aeroportuaria.
Tiene la palabra su señoría.
El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora ministra.
Con frecuencia, durante las diferentes intervenciones de sus señorías en esta Cámara quienes venimos de una comunidad autónoma como la canaria nos preguntamos si verdaderamente se tiene en cuenta y se reflexiona sobre lo que se significa vivir a casi 2.000 kilómetros del territorio continental y del centro donde se toman muchas de las decisiones que nos afectan.
Piensen, señorías, en cómo habrían sido sus vidas y en si habrían tenido las mismas oportunidades de haber vivido en un archipiélago, pagando diariamente el coste de la
doble insularidad, de vivir en islas alejadas del continente y al tiempo encontrar una dificultad añadida al no poder comunicarse por otros medios que no fueran el mar y el aire dentro de la propia comunidad autónoma. Y cuando digo pagar me refiero a toda la amplia gama de acepciones que tiene el verbo. Todo nos ha costado siempre más dinero, más esfuerzos y más trabajo y, aún así, hemos salvado obstáculos hasta llegar adonde nos encontramos.
Vivir rodeados de agua -lo saben los representantes de la comunidad balear tanto como nosotros- imprime un carácter especial porque no siempre es fácil asumir que no podemos trasladarnos cómo ni cuándo queramos. Si a ese hecho, ya de por sí especial, añadimos la lejanía -esos miles de kilómetros que nos separan-, nos encontramos con una comunidad autónoma que necesita más que ninguna otra que se tengan en cuenta sus singularidades, su hecho diferencial a la hora de tomar decisiones, y eso debe ser así, de manera muy significativa, cuando hablamos de aeropuertos y su gestión.
Durante años, señora ministra, se han ido aprobando iniciativas tendentes a dar entrada a las distintas administraciones del archipiélago en la gestión de nuestros aeropuertos. En este sentido, la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que se inició en 1994 y concluyó en 1996, introdujo el actual artículo 33.13, que dice que a la Comunidad Autónoma de Canarias le corresponde la competencia de ejecución en materia de puertos y aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserve la gestión directa. Tanto el Parlamento de Canarias en el año 2004 como todos los cabildos insulares del archipiélago en 2008 han tomado acuerdos en este sentido. Incluso, en la propuesta de reforma estatutaria que se presentó en las Cortes a finales de 2006 y que no llegó a buen término, se establecía en su artículo 104.4 que los aeropuertos y puertos de interés general tienen un régimen especial de funcionamiento derivado de su carácter archipielágico en el que participarán las instituciones canarias. Y esto también fue votado a favor por el Partido Socialista Obrero Español en Canarias. Y alguna disposición similar existe también en el Estatuto balear reformado.
Asimismo, en el Congreso de los Diputados y en esta misma Cámara, en legislaturas anteriores, se han presentado preguntas, interpelaciones y mociones -seguro que la señora ministra recuerda al señor Melchior de la legislatura pasada-, siempre con el objetivo de que, por la especial conformación de nuestro territorio y la importancia que los aeropuertos tienen en nuestra economía, las administraciones de las islas jueguen el papel que les corresponde en su gestión y en el establecimiento de la frecuencia y número de vuelos, vital para nuestra supervivencia económica en tanto nuestra mayor actividad es la turística y también nuestra comunicación con el exterior.
Pues bien, el pasado 1 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo modelo de gestión aeroportuaria por el que se separa la navegación aérea y la gestión de los aeropuertos. Igualmente se crea una nueva sociedad estatal que se encargará de la gestión de los aeropuertos y dará entrada a capital privado, y, al mismo tiempo, se dice que se dará entrada a las comunidades autónomas en aquellos aeropuertos cuya gestión sea especialmente compleja dados los niveles de volumen de tráfico en el conjunto aeroportuario. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al referido Consejo de Ministros, usted, señora ministra, decía textualmente lo siguiente: Pero además de posibilitar la entrada en la iniciativa privada, posibilita la entrada de las comunidades autónomas en la gestión de los aeropuertos. Como ha dicho la vicepresidenta, se hará en función de su volumen de tráfico y, por lo tanto, los aeropuertos tendrán una participación en su gestión en la medida en que su complejidad permita y, además, se vea la oportunidad. En este caso la oportunidad se ha cifrado en 30 millones de pasajeros, es decir, en aquellos aeropuertos cuyo tráfico de pasajeros supere o esté en 30 millones tendrán participación las comunidades autónomas.
Señora ministra, después de los antecedentes y de las iniciativas que le he enumerado, resulta para nosotros incomprensible que se excluya a Canarias, a la comunidad autónoma en lo que, por lo que ya hemos expuesto, se hace más necesario que en ninguna otra esa cogestión. Canarias fue el año pasado la tercera comunidad en tráfico de personas y mercancías y tuvo unos 34,8 millones de viajeros nacionales e internacionales en sus ocho aeropuertos, entre los cuales se cuentan, además, los casi 4 millones que supone el tráfico aéreo interinsular. Recibimos al año 12 millones de turistas, cuya principal puerta de entrada son, precisamente, los aeropuertos. Por tanto, la incidencia de los aeropuertos canarios en el producto interior bruto de Canarias es mucho mayor, si se quiere, de lo que suponen para Madrid o Cataluña sus respectivos aeropuertos de Madrid o Barcelona; y lo mismo sucede con respecto al archipiélago balear, con una economía basada igualmente en el turismo.
Se trata de que las decisiones que se toman en la gestión de los aeropuertos incidan de manera positiva en el territorio donde los mismos se encuentran ubicados. Tan sólo con estos datos yo creo que es más que evidente que los archipiélagos, y en particular el archipiélago canario por su lejanía, son las comunidades autónomas en las que más se justifica esta cogestión. Pero es que, además, desde otras comunidades autónomas distintas de Madrid o Cataluña, como Baleares, Valencia, Andalucía, Galicia o la propia Canarias, también se reclama la participación en la gestión aeroportuaria llegando incluso a comprometerse a ello el propio presidente Zapatero tras su reunión el día 2 de agosto de este año, justo un día después del acuerdo del Consejo de Ministros, con el presidente de Baleares, el presidente Antich, aunque en algunas de esas comunidades que he mencionado no se llega al tráfico requerido de 30 millones de pasajeros.
Esto ha llevado a la señora ministra a matizar sus primeras declaraciones y a afirmar en Baleares precisamente que su departamento va a encargar estudios para encajar las aspiraciones de las comunidades autónomas. Esperemos que esos estudios no se dilaten tanto como el estudio que nos anunció a principios de la legislatura pasada y que
suponemos se debió concluir a principios de esta legislatura, no hace mucho, para que el propio Consejo de Ministros pudiera adoptar su acuerdo del 1 de agosto.
A todo esto hay que añadir que el modelo de gestión actual de los aeropuertos españoles está agotado o, por lo menos, desfasado en relación con los países de nuestro entorno, tal y como se ha dicho con anterioridad en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados y es algo en lo que coinciden numerosos expertos. De los veintisiete países miembros de la Unión Europea, más los países candidatos, más los países anglosajones, todos ellos con más de 20 millones de habitantes, sólo España, Polonia, Turquía y Rumanía tienen una gestión centralizada de sus aeropuertos, si bien ahora parece que Polonia, Rumanía y España también están en un proceso de cambio hacia un modelo de gestión individualizada, aunque también hay que decir que ninguno de esos países con gestión centralizada tiene ni la mitad de relevancia en tráfico aéreo que España.
Los demás países europeos y anglosajones citados, lo que incluye al Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá o Australia, tienen diversos modelos de gestión individualizada; en muchos casos con participación, no siempre, pero con participación de las autoridades locales o regionales; modelos que se han revelado más que eficaces y que llevan aplicando desde hace años muchos de esos países.
El Gobierno en el Consejo de Ministros de 1 de agosto inició un camino para adaptar el modelo de gestión a la realidad de los aeropuertos europeos y del mundo equiparables a los nuestros, iniciativa que desde Coalición Canaria, evidentemente, aplaudimos y, por tanto, refrenda lo que hemos venido solicitando desde hace años. Pero creemos que es necesario afinar más, ajustar más para que este acuerdo respete y dote de contenido, entre otras muchas singularidades, lo que establece nuestro actual Estatuto de Autonomía.
El punto 3 de ese Acuerdo del Consejo de Ministros habla de aeropuertos de especial complejidad y no existen, en nuestra opinión, en el territorio español aeropuertos cuyo funcionamiento implique una mayor complejidad que los canarios y también los de Baleares.
En un territorio como el nuestro de ninguna manera puede contemplarse de forma aislada el número de pasajeros. La fragmentación de nuestro suelo es un hecho físico impuesto por la naturaleza y debe ser tenido en cuenta como una singularidad y no como un capricho de quienes en él vivimos. Por esta especial conformación, en Canarias todos los aeropuertos están conectados directa o indirectamente entre sí y el año pasado soportaron el tránsito de casi 4 millones de pasajeros entre ellos.
En nuestra opinión, por una cuestión de simple superviviencia y de cohesión territorial de nuestro archipiélago, es de una lógica aplastante que, si se trata de dar entrada a las comunidades autónomas en la gestión de los aeropuertos, se considere globalmente el número de pasajeros que transitan en todos los aeropuertos de esa comunidad. Otra decisión, la de considerar a los aeropuertos de manera aislada, podría llevar a pensar que solo podrían entrar en esa cogestión las administraciones locales, y creo que este no es el caso.
En suma, señora ministra, con nuestra interpelación pretendemos conocer qué piensa hacer el Gobierno en el caso de los archipiélagos y de Canarias en particular en cuanto a la cogestión de sus aeropuertos. Es decir, se trata de saber si dentro de ese concepto de aeropuertos cuya gestión es especialmente compleja van a entrar los aeropuertos de los archipiélagos; aeropuertos que, por sus especiales características, cuentan con un tráfico interinsular que no se puede comparar ni de lejos con el tráfico aéreo interno existente entre los aeropuertos de otras comunidades peninsulares, prácticamente inexistente como bien sabe usted. Además, nos encontramos con comunidades donde no existen alternativas de movilidad ágil, por ejemplo, transporte terrestre de alta velocidad, dentro y hacia fuera de los archipiélagos.
Muchas gracias, señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para contestar a la interpelación, tiene la palabra la señora ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a pesar de la eficacia demostrada por el modelo actual, efectivamente hemos contemplado la conveniencia de encontrar una fórmula que dotara a la gestión aeroportuaria de una mayor estabilidad institucional y permitiese afrontar con eficiencia las necesidades de la demanda del transporte aéreo durante los próximos años, de forma que tranquilice las lógicas inquietudes sobre el futuro del sector aeroportuario.
El Gobierno, como usted ha dicho, planteó la modificación del modelo actual con objeto de dar participación al sector privado en la gestión aeroportuaria y a las administraciones autonómicas en algunos aeropuertos de especial relevancia. Para valorar la importancia de acertar con un modelo adecuado de gestión es conveniente señalar y resaltar la relevancia estratégica de los aeropuertos en el transporte de pasajeros en España.
Estamos hablando de 210 millones de pasajeros y de más de 2 millones y medio de operaciones de despegue y aterrizaje, según datos de 2007, de un crecimiento medio del 6,3 por ciento como media anual en los últimos quince años y de que tres de cada cuatro turistas utilizan el transporte aéreo para visitar España. Estamos hablando de que en los aeropuertos españoles trabajan 6.200 empresas con 140.000 empleados, de que en ellos se genera un empleo indirecto inducido que supera los 430.000 empleos y de que la participación del sector en el PIB nacional es del 7 por ciento.
Le comento todo esto para que comprenda la complejidad y dificultad que conlleva modificar un modelo -por cierto, en esto no coincido con usted- que sirve para que otros países se adapten a nuestras características y de imagen para adecuar los distintos sistemas aeroportuarios al español. En este sentido, ha llevado a AENA, que es la
titular de la aplicación de ese modelo, a ser la empresa mayor y más importante del mundo en cuanto al número de pasajeros que transporta.
El presidente del Gobierno anunció el 23 de junio en el Consejo Económico y Social, en la presentación del informe anual sobre la situación económica, que antes de que concluyera el mes de julio presentaríamos un plan, al que usted se ha referido. En el anuncio de ese nuevo modelo, el presidente ya incluyó cuatro elementos definitorios: primero, la separación clara entre navegación aérea y gestión aeroportuaria; segundo, la apertura de la gestión aeroportuaria a la participación privada; tercero, el mantenimiento de una clara mayoría estatal en la nueva entidad a la que se le encomiende la gestión aeroportuaria; y, cuarto, la aceptación de que las comunidades autónomas se incorporen a la entidad o entidades encargadas de la gestión de ciertos aeropuertos.
De lo anunciado por el presidente, propusimos un nuevo modelo de gestión en el que se contempla que AENA mantenga la gestión de los servicios de navegación aérea y se separe la gestión aeroportuaria mediante la creación de una sociedad anónima gestora de los aeropuertos. Esta sociedad será inicialmente cien por cien titularidad de AENA y, posteriormente, se enajenará un porcentaje aproximado del 30 por ciento. Además, esta sociedad tendrá el cien por cien del capital de las sociedades gestoras de determinados aeropuertos, dando entrada en los consejos de administración de estas sociedades filiales a las comunidades autónomas respectivas, manteniendo en todo caso la mayoría del Gobierno de la nación en dichos consejos.
El objetivo básico es garantizar que el desarrollo futuro del transporte aéreo se haga con condiciones de seguridad y de calidad de los servicios prestados; que se pueda atender la demanda de los servicios aeroportuarios y asegurar los excedentes de capacidad que permitan el desarrollo en España del transporte aéreo; maximizar la calidad y la seguridad de los servicios aeroportuarios y de los de navegación aérea; garantizar la conectividad del territorio y la movilidad de los ciudadanos; y asegurar algo muy importante que quiero resaltar, señorías, la autosuficiencia financiera del sistema aeroportuario, a la vez que se contribuya a la creación del espacio aéreo único europeo.
El modelo se va a organizar en tres niveles: AENA entidad pública empresarial, una empresa gestora de los aeropuertos del Estado y esta sociedad podrá constituir filiales para la gestión de determinados aeropuertos en las que participarán las comunidades autónomas.
Entre los principales valores del nuevo modelo se podría destacar el mantenimiento de la gestión en red, que me parece un aspecto importante porque da la impresión de que usted promueve una red aeroportuaria en cada comunidad autónoma y estamos hablando de una gestión en red en todo el país. Esta gestión en red ha dado magníficos resultados: ha generado economías de escala; ha permitido mantener una estrecha coordinación entre los servicios de navegación aérea y las infraestructuras aeroportuarias; ha permitido grandes inversiones, por ejemplo, en Canarias -el Plan Canarias- de 3.000 millones de euros e inversiones tanto en aquellos aeropuertos que se puedan considerar rentables económicamente como aquellos que no lo son, pero sí social y territorialmente; ha contribuido a generar mayor tráfico; a dar cohesión territorial; a garantizar la movilidad ciudadana y a garantizar la conectividad de todo el territorio nacional.
Un segundo valor que es necesario destacar al hablar del nuevo modelo es la eficiencia; es decir, que los cambios introducidos en el modelo actual permiten mantener altos índices de eficiencia, de tal manera que nos van a permitir seguir invirtiendo y manteniendo la competitividad de costes que actualmente tiene AENA. Los costes de AENA son la mitad de los costes de otros aeropuertos europeos. Concretamente, los costes en AENA por pasajero son de 6,13 euros y la media europea es de 13,18 euros. Así que, señoría, permítame que le discuta esa alabanza que ha hecho usted del resto de los aeropuertos europeos frente al funcionamiento del modelo actual en España. La productividad actual de AENA, expresada en términos pasajeros-empleados, es el doble de la media europea.
También el nuevo modelo va a permitir generar recursos adicionales, precisamente por ese 30 por ciento que se sacaría a la iniciativa privada. Y esto nos daría posibilidades de seguir invirtiendo en nuevas infraestructuras aeroportuarias. Se introduce el capital privado, pero se mantiene el control estatal en todos los niveles del modelo. Las privatizaciones de aeropuertos, señoría, permítame que le informe que se están revelando ineficientes. Y le voy a dar el ejemplo de uno que usted ha citado, precisamente el británico. Está impidiendo inversiones, tienen unas altas tarifas y están estrangulados en cuanto a su capacidad. Así que, señoría, si hay un modelo que yo nunca pondría de ejemplo a seguir por los aeropuertos españoles sería, precisamente, el que usted ha citado en esta tribuna.
En cuanto a la viabilidad social, en AENA trabajan más de 12.000 personas y la participación privada propuesta es compatible con el mantenimiento de la paz social, como ya hemos tenido ocasión de plantearle a los sindicatos. La prudencia sería otra de las cuestiones sobre la que yo llamaría su atención porque estamos hablando de 210 millones de pasajeros al año en 2007, y cualquier cambio del modelo hay que hacerlo con prudencia, con garantía de estabilidad, con garantía de continuidad en la prestación de los servicios.
Respecto a la modernización, AENA ha demostrado una gran eficacia en sus años de existencia, sin embargo, necesita modernizarse conservando sus muchos valores positivos. El modelo planteado le otorga al sistema aeroportuario mayor transparencia frente a los usuarios y frente a las administraciones y le obliga a introducir ciertos criterios, prácticas de gestión privada más eficientes y permite iniciar una nueva etapa.
En cuanto al mantenimiento del equilibrio financiero, señoría, tenemos que adoptar un modelo que garantice que sigamos siendo autosuficientes. Aquí querría llamar su atención porque en muchas de las expresiones, -no ha sido su caso- se dice que los aeropuertos españoles están pagados con los impuestos de los españoles y en absoluto
es así. Están pagados con las tasas y con los ingresos comerciales. Las tasas son pagadas por las compañías que las trasladan a los viajeros. Y quiero llamar su atención sobre lo que he dicho antes, y es que tres de cada cuatro turistas que vienen a España utilizan nuestro sistema aeroportuario.
Y en la tendencia internacional, señoría, en este caso permítame que le matice porque solamente en el supuesto británico, la BAA es totalmente privada. Y después de veinte años presenta notorias carencias, baja inversión, una calidad de servicio que no es la adecuada y altas tarifas. Sin embargo, hay tres grandes organizaciones europeas que usted ha citado, pero siento no coincidir, no con usted, es que la realidad no coincide con su afirmación, porque la ADP, en Francia, solamente tiene privatizado un 31,6 por ciento, trabaja en red y es pública. En el aeropuerto de Frankfurt, Fraport también trabaja en red, es público y solamente el 18,66 por ciento de su capital ha salido en Bolsa. El aeropuerto de Amsterdam también es público y están pensando en iniciar un proceso similar al español.
El proceso que estamos previendo tendría tres fases. Todavía estamos en la primera y habrá un desarrollo paulatino de cada una de las tres fases hasta terminar con la aplicación del modelo que antes le he explicado.
Señorías, creo que, efectivamente, hay que tener en cuenta la lejanía y la ubicación de Canarias, y así lo hace este Gobierno. Ha diseñado solamente un plan para las infraestructuras aeroportuarias de Canarias que supera los 3.000 millones de inversión. Con lo que hemos hecho en esta legislatura ya hemos duplicado la capacidad de los aeropuertos canarios. Además, en el año 2006 hemos modificado, mejorado y ampliado obligaciones de servicio público. Por lo tanto, tenemos en cuenta las especiales características de Canarias, pues otras muchas ciudades españolas querrían contar con estas obligaciones de servicio público.
Por último, hemos desarrollado un gran esfuerzo presupuestario en relación con las bonificaciones del transporte, destinando 710 millones de euros a bonificar, mejorar y reducir el precio del transporte, de tal manera que, tanto en el marítimo como en el aéreo, está bonificado el transporte de viajeros hasta el 50 por ciento.
Señoría, no veo tan clara la incidencia directa que el nuevo modelo aeroportuario que estamos desarrollando pueda tener en el transporte aéreo de Canarias. Permítame que le diga, señoría, que el tráfico aéreo no se puede analizar desde una perspectiva autonómica. Las infraestructuras de transporte, efectivamente, pueden ser de ámbito local, autonómico y nacional. En este sentido, prácticamente todos los aeropuertos españoles, excepto unos cuantos -como, por ejemplo, el aeropuerto de Cuatro Vientos en Madrid, o el de Sabadell en Cataluña, que solo son de ámbito autonómico-, tienen vocación de conexión con el resto de las ciudades españolas y el resto del mundo. Por lo tanto, esta es también la vocación de los aeropuertos canarios.
Señoría, quisiera decirle que la duración de los estudios a los que usted se refería anteriormente está precisamente relacionada con la complejidad y la importancia de modificar un sistema que se ha revelado magnífico en su funcionamiento y que ha situado a España como el país que cuenta con la primera empresa del mundo en transporte aéreo. Pero no lo digo yo, señoría, sino los organismos internacionales como Eurocontrol y el Consejo Internacional de Aeropuertos, que han reconocido las importantes ventajas de la gestión aeroportuaria en red -y cito literalmente-: por su mayor contribución a la vertebración y cohesión territorial; por la optimización de la seguridad y la operatividad; por el mejor aprovechamiento de las economías de escala derivadas de la sinergia de los recursos; por la mayor capacidad de negociación con terceros así como por la capacidad de influencia en los centros de decisión internacional; por la mayor capacidad tecnológica y de conocimiento del negocio gracias al capital humano formado por profesionales expertos; por su mayor capacidad para obtener recursos en los mercados de capitales en condiciones más ventajosas; por sus mayores posibilidades de desarrollo en el ámbito internacional.
En definitiva, señoría, la opinión de los organismos internacionales -y le podría citar otras muchas- nos llevan a concluir que, efectivamente, podemos mejorar y modificar el modelo, pero lo hemos de hacer con especial cuidado, teniendo en cuenta el buen funcionamiento y la eficacia del que actualmente estamos aplicando.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora ministra.
En primer lugar, nosotros coincidimos con usted en que este nuevo modelo debe tener claro que la calidad y seguridad de los servicios aeroportuarios es algo fundamental y esencial.
En segundo lugar, la participación de las comunidades autónomas en el modelo de gestión no quiere decir, desde nuestro punto de vista, que los aeropuertos pasen a gestionarse sin interconectarse entre sí o con otros aeropuertos del resto del Estado. Claro que sí, hay que estar conectados para poder adoptar las medidas oportunas si un vuelo viene con retraso, etcétera. Es de sentido común y nadie ha dicho lo contrario.
Lo que nos llamaba la atención del acuerdo del 1 de agosto era esa cifra de oportunidad que se había dado en un primer momento de 30 millones de pasajeros. No sabemos a qué criterios obedece esta cifra, ¿por qué no 20, ó 10, ó 50 millones de pasajeros? No sabemos con qué criterio se ha elegido esa cifra.
La demanda se la planteamos porque prácticamente todas las administraciones canarias lo han acordado por unanimidad. En concreto, el Cabildo Insular de Tenerife, el 26 de septiembre, aprobó por unanimidad instar al
Ministerio de Fomento a establecer una mesa de diálogo con el Gobierno de Canarias y sus siete cabildos para apostar por un modelo aeroportuario compartido entre las cuatro administraciones e instar al Gobierno de Canarias a plantear, junto a los cabildos insulares y a los ayuntamientos afectados, un modelo conjunto de cogestión aeroportuaria basado en el volumen total de pasajeros y mercancías en todos los aeropuertos de Canarias, en la importancia de los aeropuertos, en la calidad que se ofrece a los turistas, en la repercusión de este sector en la economía de cada isla y en la falta de alternativas al transporte aéreo, por lo menos en Canarias.
Señora ministra, me ha hablado de la ineficiencia del modelo británico. Precisamente una de las cosas que me llama la atención es que los aeropuertos británicos tienen un sistema privatizado. Yo no comparto esa privatización de los aeropuertos porque creo que deben ser públicos, pero con la participación de las comunidades autónomas, incluso de las entidades locales, y muchos de los modelos que usted ha mencionado son aeropuertos que se gestionan individualizadamente. Usted ha nombrado a todos y cada uno de ellos, independientemente de que estén interconectados.
De inversiones, como habrá visto, no he hablado. No he querido hablar porque usted sabe muy bien que durante años y años los beneficios que se han generado en los aeropuertos canarios y en Baleares han financiado el resto de las inversiones aeroportuarias de los demás aeropuertos del Estado. Por cierto, señora ministra, los residentes también pagamos tasas aeroportuarias que financian el funcionamiento de los aeropuertos.
Para finalizar, como su ministerio tiene que enviar ese informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos antes del 31 de diciembre, le solicitamos que se nos diga si se entiende que los aeropuertos de los archipiélagos deben estar considerados dentro del concepto de aeropuertos de especial complejidad debido precisamente al gran tráfico interno existente entre los aeropuertos de cada archipiélago, lo cual es imprescindible, además, para la cohesión territorial de los archipiélagos; debido igualmente a la inexistencia de alternativas al transporte ágil, tanto hacia adentro como hacia afuera de los archipiélagos y, finalmente, en el caso de Canarias debido a la lejanía con la península. A esto concretamente no me ha respondido, y espero que lo haga en su última intervención. De no ser así, presentaremos la correspondiente moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señoría.
Señor presidente, me interesa aclarar una cuestión que creo que ha quedado meridianamente clara: estamos iniciando una fase de un proceso en el que hemos tomado determinadas decisiones que hemos hecho públicas y seguimos trabajando sobre el resto. Por tanto, nunca se puede decir cuál va a ser el final del camino cuando se está iniciando.
Señoría, hay dos puntos importantes, y lo digo para que lo sepan todos los españoles. Primero -y no es por debatir con usted, pero es importante aprovechar la interpelación para que quede claro-, la gestión pública de los aeropuertos no es una singularidad de los españoles sino todo lo contrario.
Además, está la gestión en red. No le voy a nombrar los 19 aeropuertos que se gestionan públicamente en red en Suecia, entre otras cosas, porque ni yo sabría pronunciarlo ni usted lo entendería. Pero he hablado de Alemania, Holanda y Francia, países europeos de nuestro entorno que comparten modelo con el español, es decir, gestión pública y en red.
En cuanto a Portugal: todos los aeropuertos, excepto Madeira; Suecia, 19 aeropuertos, los más importantes; Noruega, todos los aeropuertos, 46; Finlandia, todos los aeropuertos; Grecia, todos los aeropuertos, excepto Atenas, en cuya gestión participa mayoritariamente el gobierno y minoritariamente el sector privado; Irlanda, todos los aeropuertos y además participa en Düsseldorf y Birminghan; los países PECO, de nuevo ingreso, todos excepto Eslovenia y el aeropuerto de Budapest, que está privatizado; Francia, con una participación mayoritaria del gobierno francés y minoritaria del sector privado; Holanda, Schiphol Group es titular y gestiona su aeropuerto más importante, el estado holandés tiene una participación del 75,8 por ciento; y así, sucesivamente, señoría.
La gestión privada de los aeropuertos es una minoría, y un ejemplo que nos debe ayudar a no equivocarnos es precisamente el británico; las elevaciones de tasas que tienen que hacer para llevar a cabo las inversiones que necesitan irremediablemente las hace inviables, y puedo decirle -y créame que lo siento- que están teniendo problemas pero, repito, nos debe servir de referencia para no equivocarnos.
En cuanto a Canarias, señoría, naturalmente que las tasas las pagan los canarios, el resto de los españoles y todos los extranjeros. No lo he negado. Lo que he dicho es que en Canarias se paga la mitad del precio del billete que correspondería porque la otra mitad se paga con los Presupuestos Generales del Estado y que las tasas las financian los viajeros y no los contribuyentes; por tanto, es una manera de financiar un sistema que nos ha permitido grandes inversiones sin detraer los recursos de los Presupuestos Generales del Estado.
Por ello, señoría, creo haberle expuesto las decisiones que se han adoptado. También le he dicho que tenemos que recorrer tres fases, que nos encontramos al principio de la primera y que seguiremos trabajando para no dar un paso en falso y garantizar la seguridad, la conectividad y la calidad de unos servicios que son especialmente importantes, coincido totalmente con usted, en las islas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE. Gracias, señora ministra.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS ACTIVIDADES NUCLEARES Y DE LAS CENTRALES NUCLEARES, MANIFESTANDO EL RECHAZO A LA POSIBLE PRÓRROGA DEL FUNCIONAMIENTO DE SANTA MARÍA DE GAROÑA (Número de expediente 671/000015).
El señor PRESIDENTE: Señorías, finalizado el turno de las interpelaciones, pasamos al cuarto punto del orden del día. Mociones consecuencia de interpelación.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que se insta al Gobierno a garantizar la seguridad de las actividades nucleares y de las centrales nucleares, manifestando el rechazo a la posible prórroga del funcionamiento de Santa María de Garoña.
Para su defensa, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas noches, señorías. Tiene sus bemoles tener que hablar de energía en estos momentos, pero pondré el mayor empeño en defender esta moción.
Señorías, no se trata de energía nuclear sí o no, como dije al señor ministro, sino de seguridad del Estado; por ello, aunque la petición de cierre de nuestro grupo parlamentario está muy clara, no quiero pasar por alto otras cuestiones, a mi entender, trascendentales como la ética en la política y en las ideologías en un planteamiento político que incide en el día a día de la persona, en el presente y en de las generaciones futuras, así como en la naturaleza, como es la energía nuclear.
En esta Cámara, en muchas ocasiones se oye que en esta sociedad se está dando una pérdida de valores, y da la impresión de que la sociedad empieza y termina en la Plaza de la Marina Española; es decir, los únicos que no hemos perdido los valores somos los políticos y, señorías, es ahí donde quiero incidir.
¿Tenemos los legisladores valores a la hora de adoptar decisiones políticas para trasladarlas a la sociedad? Debemos propugnar una responsabilidad global, justamente lo contrario de una simple ética del éxito; lo contrario, también, de una actuación que santifica los medios en función de los fines y considera bueno todo lo que funciona o proporciona beneficios, poder o placer.
Con Garoña estamos viviendo una situación de incertidumbre, inseguridad generada, por un lado, por parte de los políticos que dicen no a la energía nuclear y mantienen las centrales nucleares de más dudoso funcionamiento del Estado y, por otro, por unas empresas eléctricas, propietarias de las centrales nucleares españolas, que no muestran su intención de aumentar su inversión en seguridad y mantenimiento, a no ser que los políticos se lo exijan.
La situación actual es que los trabajadores contratados para la próxima recarga de uranio de la Central Nuclear de Garoña se enfrentarán a niveles significativamente más altos de radiactividad, provocados por la rotura de un elemento de combustible nuclear del interior de la vasija del reactor, que es el verdadero corazón de la central nuclear. Una rotura o anomalía en estos elementos provoca, en primer lugar, un aumento de la liberación de la radiactividad al circuito primario y, en segundo lugar, puede redundar en un incremento de los niveles de radiactividad emitidos al medio ambiente exterior.
Esta rotura de combustible nuclear en la Central Nuclear de Garoña es el último problema de seguridad reconocido por el Consejo de Seguridad Nuclear, cuya vida útil está ya agotada, como demuestran los graves problemas de agrietamiento por corrosión que afectan a diversos componentes de la vasija del reactor y del resto del circuito primario. Además, hay que sumar los continuos errores humanos en la central, que hacen que su cultura de la seguridad pueda calificarse de muy deficiente.
La oposición al cierre por parte de Nuclenor, empresa propietaria de la central, es fácil de entender si tenemos en cuenta que el kilovatio/hora producido en Garoña es tres veces más barato que por lo que posteriormente se vende.
Quiero recordar que Garoña tiene licencia en prórroga para funcionar hasta el año 2009. Ahora, con su nueva petición de prórroga, pretende estar en funcionamiento hasta 2029. Además, en el mes de marzo le corresponde a la central de Garoña el recambio de barras de uranio, lo que añadiría una continuidad encubierta de su actividad.
El señor Zapatero anunció en su programa electoral que iba a cerrar las centrales nucleares de primera generación, lo que ocurrió con Zorita. Reinterpretando el principio de responsabilidad, se exige una nueva ética, preocupada por la persona, el futuro y respetuosa con la naturaleza.
Por tanto, en coherencia política y ética ideológica, desde esta Cámara proclamo que se debe dar la automoderación del hombre y de sus libertades actuales en aras de una supervivencia futura. Se exige, pues, una nueva ética, preocupada por la persona, el futuro -ahí está la sensatez- y respetuosa con la naturaleza.
Por consiguiente, no se puede quedar en medias tintas: o sí, o no, pero con todas las consecuencias. Los ciudadanos del Estado, además de los del entorno de Garoña, no se merecen ese trato, máxime cuando han aguantando 34 años de funcionamiento y, a este paso, camino van de 44, cuando la vida máxima de estas centrales nucleares es de 25 años.
Además, sabemos que en la época del franquismo, y posteriormente, se han producido fugas importantes que el CSN actual no las puede valorar.¿Cuáles han sido? ¿Cuál es la realidad? Lo que sí sabemos es que el capital no mira a la seguridad ni a la salud, sino a la rentabilidad. En la actualidad, la crisis económica es suficiente para ver qué
es lo que ha pasado y está pasando con la filosofía del éxito a corto plazo y quién lo está pagando.
Este fin de semana se han convocado manifestaciones pidiendo el cierre de Garoña. No son peticiones gratuitas, señorías, tienen su fundamento. La sociedad civil está exigiendo del político que actué en defensa de la salud, de su seguridad, no sólo la del País Vasco...
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRA-LEGORRA: Termino, señor presidente.
... también la de Burgos, Soria, Salamanca, Zamora, la del Estado, en definitiva.
Señorías, como he dicho al inicio de mi intervención, es cuestión de conciencia y de los valores de cada uno, no de grupo. Por eso mi grupo insta con toda firmeza al Gobierno a que cierre Garoña; a que tome una decisión política coherente, y no condicionada por la decisión técnica, que puede decir que no se puede seguir adelante con una actividad porque entraña riesgos, pero no puede nunca decidir la política energética del Gobierno. Tenemos un CSN que, según el señor ministro, es de lo mejor, de lo más competente, pero yo pido que el más competente y el mejor en política energética sea el Gobierno del Estado.
Por eso pedimos un no a la prórroga de la central nuclear de Garoña. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Leanizbarrutia.
A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la enmienda socialista, tiene la palabra la senadora Fuentes.
La señora FUENTES GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, para consumir un turno en contra de la moción que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Esta moción insta al Gobierno a garantizar con el máximo rigor y transparencia las actividades del CSN.
Como ustedes bien saben, el Consejo de Seguridad Nuclear es un órgano independiente, tal como establece la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, modificada por la Ley 33/2007, de 7 de noviembre. La seguridad nuclear y la protección radiológica son competencias exclusivas de este organismo. Asimismo, la ley establece que el CSN es independiente de la Administración General del Estado, es decir que no depende del Gobierno, y que ha de dar cuenta de sus actuaciones al Congreso de los Diputados y al Senado. Igualmente, el CSN realiza en las centrales nucleares las auditorías e inspecciones periódicas que considere oportunas y cuenta permanentemente con dos inspectores destacados de su cuerpo técnico en el emplazamiento de las centrales, con el fin de asegurar el cumplimiento de todas las normas y condiciones establecidas en las correspondientes autorizaciones, con objeto de que el funcionamiento de las centrales nucleares no suponga jamás un riesgo indebido ni para las personas ni para el medio ambiente. El CSN tiene autoridad para suspender el funcionamiento de las centrales por razones de seguridad.
Mientras existan centrales nucleares en funcionamiento, el Gobierno considera que este debe producirse con las máximas condiciones de seguridad, como se ha dicho en esta Cámara y ha repetido muchas veces el ministro, señor Sebastián. Las centrales son supervisadas por el CSN en el ejercicio de las competencias que este tiene atribuidas con carácter exclusivo.
Señoría, en su moción manifiestan también su rechazo a una posible prórroga de la central nuclear de Santa María de Garoña. Le diré a este respecto que el compromiso electoral de mi partido, del Partido Socialista, que es el partido que está gobernando, consiste en la sustitución gradual de la energía nuclear por otra energía segura, limpia y menos costosa, cerrando las centrales nucleares de forma ordenada en el tiempo final de su vida útil y dando prioridad a la garantía de seguridad con el máximo consenso social.
En su comparecencia ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados el 14 de junio de 2008 y en su comparecencia ante el Senado, el ministro, señor Sebastián, afirmó que se mantenía el compromiso del programa electoral de sustitución gradual de la energía nuclear por energías limpias, seguras y menos costosas. El ministro, señor Sebastián, también añadió que se va a aprobar el nuevo estatuto de CSN. Este debate es el que presenta el grupo.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en esa comparecencia no planteó ninguna cuestión relacionada con la energía nuclear. En su comparecencia en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, el 25 de septiembre de 2008, el secretario general de la Energía confirmó que la posición del Gobierno es la de no construir centrales nucleares en esta legislatura y mantener las actuales mientras se mantenga su vida útil. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no solicitó esta comparecencia y tampoco participó en el debate.
Desde mi grupo presentamos una enmienda que cumple escrupulosamente la ley y que usted, señoría, no ha querido por ahora aceptar. Por lo tanto, no podremos apoyar su moción.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador González Torres, para defender la enmienda de su grupo.
El señor GONZÁLEZ TORRES: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna en representación del Grupo
Popular para presentar y defender la enmienda de sustitución al párrafo segundo de la parte resolutiva de la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Señorías, en los últimos meses se ha abierto en la sociedad el debate energético sobre la necesidad de reducir en nuestro país la dependencia energética. Si realizamos un estudio comparativo, vemos que en España tenemos ocho centrales nucleares mientras que nuestro país vecino, Francia, dispone de casi 60; Gran Bretaña sigue apostando por ella e Italia, que ya había abandonado durante dos décadas la energía nuclear, reinicia su puesta en marcha. También apuestan por la misma energía países como Finlandia o Japón.
España en este sentido es clarísimamente deficitaria y provoca una gran dependencia de otras fuentes de energía, cuyo precio es muy fluctuante y mientras tanto, por fortuna, siguen creciendo las energías renovables. Sin embargo, y aunque en 2020 deberá significar el 20 por ciento de la energía total, a día de hoy no proporcionan, ni de acuerdo con los estudios más halagüeños, una garantía de suministro eléctrico continuo. Por tanto, sigue necesitándose el apoyo y el respaldo de otras fuentes energéticas.
En este punto es donde el Gobierno de la nación debe dar una respuesta contundente y clara sobre un tema tan importante como el que nos ocupa y nos preocupa, ya que condiciona nuestras posibilidades de crecimiento, sin olvidar el gran encarecimiento de las tarifas eléctricas para las empresas y las familias. En cambio, solo nos encontramos con noticias contradictorias y ambiguas en todo lo referente al futuro de la energía en España.
Burgos se encuentra particularmente implicada en este debate improvisado emprendido por el Gobierno socialista, al tener ubicada en el norte de la provincia una de las ocho centrales nucleares que existen en nuestro país. Hace varios meses que surgen desde el Gobierno declaraciones sobre el cierre más o menos inminente de la central nuclear de Garoña, situada en el burgalés Valle de Tobalina. Todo ello está generando una tremenda alarma en toda la zona, ya que dicha central supone para el entorno una fuente de recursos materiales y laborales crucial.
Con el fin de concretar, quiero dar algunos datos que lo avalan, ya que supone el 31 por ciento del consumo eléctrico de Castilla y León y cerca del 80 por ciento de la energía eléctrica de Burgos, más del 6 por ciento de la producción eléctrica nuclear española en 2006 y el 17 por ciento de la producción eólica española en ese mismo año. Además, durante 2007, según los últimos datos publicados, la central aportó un total de 32 millones de euros en concepto de impuestos, compras, contrataciones y, lo que es más importante, 600 puestos de trabajo directos y cerca de 1.000 entre directos e indirectos, precisamente en tiempos de crecimiento del paro. Se encuentra, asimismo, entre las seis mayores empresas de la provincia de Burgos y entre las 20 de Castilla y León.
Al Grupo Popular le preocupa, como a cualquier otro grupo, la seguridad de las centrales. No obstante, las diferentes auditorías e inversiones llevadas a cabo en la central garantizan un funcionamiento seguro y fiable. La central de Garoña ha invertido 350 millones de euros en los últimos 20 años en modernización y puesta al día de sus instalaciones, garantizando una central segura, moderna y preparada para continuar trabajando. En los últimos diez años se ha sometido a cinco evaluaciones internacionales por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, siendo todas ellas favorables, según se ha hecho público.
El estado operativo de una central nuclear y su capacidad para operar a largo plazo, señorías, no depende del tiempo, sino de las condiciones técnicas en las que se encuentre y, por supuesto, de las actuaciones que se hayan realizado a lo largo de su vida activa para mantenerla actualizada. Sus niveles de actualización y fiabilidad han mejorado sustancialmente, convirtiéndose en una de las centrales de referencia del parque de generación nuclear español y europeo.
Desde el punto de vista de la seguridad, la central está considerada en niveles óptimos. No ha notificado nunca sucesos con impacto en la seguridad dentro o fuera de la instalación. La radiactividad de sus efluentes se sitúa 1.100 veces por debajo del límite legal establecido por el Consejo de Seguridad Nuclear, y 11.000 veces menor que la radiactividad propia del entorno de la central.
Esto es fruto, por supuesto, entre otros factores, de las continuas inversiones realizadas por la central con el objetivo claro de conseguir una actualización permanente y unas condiciones óptimas para operar a largo plazo. No podemos pasar por alto un factor determinante para la seguridad, como es el elevado compromiso del personal de la central con una operación segura y fiable de la planta. Tampoco podemos soslayar el hecho de que además de asegurar un suministro energético sostenible, cumple los objetivos fundamentales de la política energética: respeto por el medio ambiente, seguridad de suministro, competitividad en el precio y contribución al desarrollo tecnológico.
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.
El señor GONZÁLEZ TORRES: Voy concluyendo, presidente.
Evita anualmente la emisión de un volumen de CO2 a la atmósfera equivalente a las emisiones del conjunto del parque automovilístico de turismos de la comunidad de Castilla y León y el País Vasco.
Por todo ello se presenta la siguiente enmienda de sustitución que dice: El Senado insta al Gobierno de España a la renovación del permiso de funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña siempre y cuando el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear sea favorable.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para manifestar la posición del grupo proponente sobre estas dos enmiendas, la senadora Leanizbarrutia tiene la palabra.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Voy a empezar contestando al representante del Grupo Popular. Está hablando de renovaciones de ocho centrales en Francia, en Alemania no sé cuantas, tropecientas, pero yo no estoy hablando de si tiene que haber energía nuclear o no. Creo que aquí se ha planteado clarísimamente que es un problema de seguridad. Lo estoy teniendo bastante fácil, porque defender lo contrario respecto a Garoña tiene bastantes dificultades.
Si hablamos de dinero, como he comentado anteriormente, el capital no tiene patria ni personas; no ve, no tiene ojos, y la rentabilidad está ahí.
Habla usted de modernización; yo le pido que me diga qué pasa con la vasija nuclear, el corazón de una central nuclear, porque está agrietada y lo único que están haciendo es parchearla, por lo que en principio ya está fastidiada.
Me habla de los residuos, pero es que la central nuclear de Garoña también tiene el problema de qué hacer con sus residuos. Además, tiene un problema añadido, y es que esos residuos los tienen que llevar por carretera, por lo que imagínense lo que podría generar un accidente con un camión que llevara todos esos residuos. Yo estoy hablando de seguridad del Estado, también de Burgos, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Soria, Zamora y Salamanca.
A los señores del Grupo Socialista quiero decirles que no aceptamos su enmienda porque no se puede estar medio embarazado: o se está embarazado o no se está.
Aquí hay una incoherencia por parte del Partido Socialista Obrero Español que es la siguiente. A medida que nos acercamos a la central y los votos cuentan, estoy en contra de la prórroga. No se puede estar en Álava en contra de la prórroga; en Navarra en contra de la prórroga; en la comunidad autónoma me abstengo porque ahí ya está un poco más difuminado el tema, y en Burgos digo que no. Ni tampoco se puede alegar que la energía nuclear está generando muchísimo trabajo. Eso es un mercadeo puro y duro. Se está jugando con el porvenir de las nuevas generaciones y con el medio ambiente. Aquí mismo el señor ministro también dijo -y se lo digo a la representante del Grupo Parlamentario Socialista- que las nuevas energías renovables están generando un montón de trabajo. Y si no, que les pregunten a los que trabajan en los parques eólicos cuánto están incrementando la riqueza de este país.
Yo lo estoy teniendo muy fácil puesto que no hay razones económicas ni políticas. No se puede alegar que el CSN es muy bueno, es excelente y hacer dejación de una responsabilidad política, porque las decisiones del Estado en política energética las toma el Gobierno. ¿Cómo las va a tomar un Consejo de Seguridad Nuclear que está formado, en definitiva, por unos técnicos? ¿Y qué dice el Consejo de Seguridad Nuclear de todas las emanaciones radiactivas que se han dado en Garoña con otros gobiernos? (Rumores.) Se habla de residuos radiactivos de baja intensidad, pero partiendo de una duración de muchos años no hay ningún estudio que dé una cifra verdadera de cuál es ese impacto real en la naturaleza, en las personas y en su salud. Y eso se debe a que no hay interés económico. Si a las empresas les interesase, por supuesto que se haría un estudio del impacto que tienen las pequeñas emisiones, esas que dice el CSN que no cree que supongan ningún tipo de problema para la salud ni de las personas ni los trabajadores. ¿Y la salud de las familias de los trabajadores? ¿O es que esos trabajadores no llevan consigo emisiones radiactivas en pequeñas dosis? (Rumores.)
Señores, creo que en este punto tenemos que ser responsables. Porque lo diga el CSN, no se puede estar intentando prorrogar la vida de una central nuclear de la época de Franco, y todos sabemos lo que eso implica. Y menos aún con un Gobierno socialista, que ya en su programa electoral del año 2004, y también en el de 2008, dijo que iba a cerrar esas centrales. ¿Cuándo las va a cerrar? Porque tampoco podemos estar esperando al año 2030. ¡Dios nos libre! ¡Me imagino que habrá que hacer algo a este respecto, señora socialista! ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a darle veintidós años más de vida a la central de Garoña? (Fuertes rumores.)
Hay muchas incoherencias y muy poca responsabilidad política en este tema; mucho mercadeo y, desde luego, ninguna firmeza en cuanto a la ética que tiene que regir toda decisión política que tenga una cierta ideología. Aquí se está haciendo mucha dejación de proclamas socialistas, naturalistas y medioambientales. Y es que se nos llena la boca, pero a la hora de la verdad no somos capaces de defender lo que tiene que ser defendido. No se puede ser carne y pescado a la vez. O se es carne, o se es pescado; pero seamos limpios y claros. (Rumores.-Risas.)
Señorías, con esto creo que termino.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Leanizbarrutia.
He creído entender que no acepta ninguna de las enmiendas. ¿Es así? (Fuertes rumores.-La señora Leanizbarruitia de Bizkarralegorra ocupa de nuevo la tribuna de oradores.-Risas.)
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRA-LEGORRA : Muchas gracias, señor presidente.
¿No estamos hablando de energía? Pues esto que ven es energía. (Risas.)
Señor presidente, no acepto ninguna enmienda.
El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko.
Pasamos a continuación al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Tuñón.
El señor TUÑON SAN MARTÍN: Buenas noches, señorías. Ya sé que el ambiente está un poco alterado, pero voy a intentar dejarme oír.
Intervengo como portavoz del Grupo Parlamentario Mixto para exponer mi opinión sobre esta moción consecuencia de interpelación, si bien adelanto que no represento las diferentes sensibilidades y opiniones sobre este tema que puede tener mi grupo.
En primer lugar, debo manifestar que, como antiguo militante de grupos ecologistas, siempre me he opuesto a la energía nuclear por los problemas que conlleva, dos fundamentalmente, como ustedes saben: el de la seguridad y el de la generación de residuos, al margen de la consideración, desde una perspectiva que mantengo desde hace más de treinta años, de que esta energía era ya entonces un freno para el desarrollo de las energías alternativas.
Sé que en estos momentos denominarse ecologista tiene un riesgo: algunos te pueden llamar ecologista fundamentalista, como diría el señor Aznar, ecologista que no se ha reciclado, como él, hasta el ecologismo moderno que él representa. Pero, una vez hecho este inciso, mi opinión sobre este tema no ha variado con el tiempo, seguramente lo ha reafirmado, porque ha habido trágicos accidentes nucleares, al tiempo que se sigue sin solucionar el problema de los residuos.
Conviene recordar -y esto es importante- que no hay ninguna compañía de seguros del mundo que asegure un accidente de una central nuclear. Dicho esto, no voy a seguir hablando sobre la energía nuclear sino sobre el objeto de la moción, que plantea la continuidad de una central nuclear próxima a cumplir su ciclo vital, su vida útil de cuarenta años, que va a vencer en el año 2011, y cuyo permiso de explotación concluye en julio de 2009.
Me parece que la decisión que se adopte sobre la continuidad de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña diez años más, hasta 2019, cuando hayan transcurrido cuarenta años desde su puesta en funcionamiento, va a poner a prueba el compromiso del Gobierno en cuanto al cambio del modelo energético nuclear, compromiso consistente en no promocionar ninguna central nuclear en esta legislatura y en el mantenimiento de las existentes hasta cumplir su ciclo útil de cuarenta años.
Si no se cierra esta central, ¿con qué autoridad moral se van a cerrar otras centrales nucleares cuando venza su permiso de explotación? Estamos en un periodo de gran presión por continuar con la energía nuclear y las centrales nucleares, presión tanto de las empresas del sector como de algunos grupos presentes en esta Cámara, como se manifiesta en la enmienda y en la intervención del portavoz del Grupo Popular.
Pediría al Gobierno que fuera consecuente y valiente y siga la hoja de ruta marcada, que no es otra que la del compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías más seguras, por las energías renovables y las políticas de ahorro y eficiencia energética. No tiremos balones fuera.
También lo hago desde el interés de una comunidad que está en el entorno próximo a Santa María de Garoña y que tiene como hilo conductor al Ebro, por lo que cualquier incidente o accidente repercutiría en ella, en la tierra que me vio nacer. Y lo hago asimismo desde la perspectiva de una comunidad que ha apostado por las energías renovables, que ha aprovechado la industria de las energías renovables y en la que se ubica el único laboratorio de energías renovables existente en Europa, dependiente del Cener.
Me gustaría hacer referencia al hecho de que este debate también se mantuvo en el Parlamento de Navarra el pasado día 12 de junio, en que se aprobó, a instancias de Izquierda Unida, y con una enmienda de sustitución del Partido Socialista de Navarra, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a que proceda al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, moción que fue aprobada con los votos del PSN, Izquierda Unida y NaBai. Les voy a leer lo que dice esa moción.
Primer punto. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de España a que proceda lo antes posible al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, continuando así el plan de cierre de las antiguas centrales españolas en la medida en que alcanzan el tiempo de vida útil. En este punto se abstuvieron UPN y CDN.
Segundo punto de la moción -leo textualmente. El Parlamento de Navarra apuesta por la supresión del modelo energético nuclear, sustituyéndolo por otras energías menos contaminantes y por la elaboración e implantación de planes de ahorro energético. Este punto obtuvo los votos en contra de UPN y CDN.
En cualquier caso, como senador autonómico, me sumo a esta resolución del Parlamento de Navarra, y aunque sé que me van a decir que no es exactamente igual a lo que plantea el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, creo que participa de su misma filosofía.
En consecuencia, y por todo lo expresado anteriormente, voy a manifestar mi apoyo a esta moción presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRA-LEGORRA: Gracias, señor presidente.
He terminado mi intervención con alegría, con simpatía. Simplemente quiero manifestar que hay un dicho en euskera que dice que los ojos están alegres, pero el corazón está triste; y estoy triste, porque la moción que hemos presentado en el Pleno no va a ser aceptada por una mayoría que, al tomar esa decisión, no está viendo al ciudadano en su realidad. La inseguridad es total. No se puede frivolizar sobre este tema. Creo que no se está actuando con plena responsabilidad política, que es lo que yo quiero denunciar, tanto por los que están pidiendo solamente medidas
económicas como por los que están pidiendo medidas de seguridad, que en el caso de Garoña no se dan pues allí la prórroga está encubierta, y esto es ya un hecho decidido. Nosotros no tenemos nada más que decir, simplemente, que tenemos la conciencia tranquila por haber defendido los derechos a la salud, a la integridad física, al medio ambiente y al desarrollo sostenible.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Alturo Lloan.
El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.
Señorías, ya en otras ocasiones he hecho referencia a una proposición no de ley para fijar la posición de Convergència i Unió en relación con la política energética y los temas energéticos. Me refiero a la proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados por nuestro grupo el 27 de febrero de 2007, que incluía diez puntos, y que fue aprobada por todos los grupos, con la cual se solicitaba al Gobierno la presentación de un estudio sobre la prospectiva energética en el horizonte 2030. Por tanto, la posición de Convergència i Unió quedaba clara a través de esos diez puntos, a los que ya he hecho referencia en esta misma Cámara en otras ocasiones y que ahora no voy a repetir para no alargar esta sesión.
Es evidente que en las diferentes comparecencias que se han venido produciendo desde que iniciamos esta nueva legislatura, empezando por la del ministro de Industria el 25 de septiembre en esta Cámara, siguiendo con la del secretario general de Industria, el 6 de octubre, y finalmente la del secretario general de Energía el 16 de octubre, se demuestra que nuestro grupo ha mantenido el mismo discurso y, por tanto, la misma posición. Es decir, nosotros estamos exigiendo al Gobierno saber cuál es nuestro mix energético. Entendemos que la energía es una cuestión estratégica de país, y ahora no tenemos una política energética definida y tampoco hay una categórica energética, de ahí que consideremos importantísimo realizar un debate en profundidad sin complejos y que a priori no excluyamos ninguna de las tecnologías que hoy tenemos a nuestra disposición, incluida la energía nuclear.
Da la sensación de que da miedo mantener un debate que incluya la energía nuclear, pero abordarlo con toda naturalidad creo que tiene que ser lo más normal. Señorías, en Cataluña, en un radio de 300 kilómetros tenemos aproximadamente veintidós centrales nucleares. Hemos tenido muchos incidentes en Tarragona, de los cuales se han tratado en las comisiones correspondientes y de los que, por tanto, no voy a hablar ahora. Pero lo que sí quiero dejar claro es que creemos que hay que abordar este tema con todas las repercusiones, dada la importancia que representa para Cataluña.
Confiamos en que en el informe Prospectiva 2030 realmente se dé a conocer durante el mes de noviembre, tal como se ha anunciado por parte del Gobierno; en que podamos abordar este debate; en que se pueda establecer el mix energético para el futuro y, por tanto, en que tengamos una estrategia de país por la importancia que ello tiene si consideramos que somos dependientes, energéticamente hablando, en aproximadamente el 80 por ciento.
Entendemos, pues, que ahora no nos convienen soluciones parciales. Queremos y exigimos soluciones globales. Por tanto, respetando muchísimo la moción que presenta la senadora Leanizbarrutia, y compartiendo muchos de los aspectos planteados, nuestro grupo se abstendrá por los criterios que acabo de exponer.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa tiene la palabra el senador Esquerda.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor presidente. (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones): Senyories, vostès ja saben els problemes permanents que hi ha a les centrals nuclears que tenim a Catalunya i, es poden imaginar, el neguit de la ciutadania al tenir tres centrals de alta producció a les portes de casa amb la fuga de partícules radioactives, inseguretat, aturades de les plantes, revisions de radioactivitat a infants i operaris, gestió ineficient, i segurament irresponsable, i advertiments per part del CSN i del Govern de l'Estat per millorar els procediments. Aquesta preocupació generalitzada comporta un debat social important que també es vistualitza en la present moció.
He dicho, señorías, que ustedes ya saben los problemas permanentes que hay en las centrales nucleares que tenemos en Cataluña, y se pueden imaginar el nerviosismo de la ciudadanía al tener tres centrales de alta producción a las puertas de su casa con la fuga de partículas radiactivas, inseguridad, paradas de las plantas, revisiones de radiactividad a niños y operarios, gestión ineficiente y seguramente irresponsable y la advertencia por parte del CSN y del Gobierno del Estado para mejorar los procedimientos.
Esta preocupación generalizada conlleva un debate social importante que también se visualiza en la presente moción. Por tanto, ya les adelanto, señorías, que el voto de nuestro grupo parlamentario va a ser diverso. Como no puede ser de otra manera, porque lo marca la ley, es el CSN el que debe hacer un riguroso informe sobre el estado en que se encuentra la central nuclear de Santa María de Garoña, actuando con absoluta independencia, y entregarlo al Gobierno para que decida sobre la prórroga o no.
La central de Garoña se puso en marcha en 1971. Por tanto, ya lleva, no treinta y cuatro, sino treinta y siete años y ocho meses en funcionamiento. Tendrá cerca de treinta y nueve el año que viene, cuando cumpla el término. Pertenece a las denominadas de primera generación, y con el cierre de Vandellós I y de Zorita es la única que funciona en nuestro país con un reactor del tipo BWR. Este reactor
es un diseño de los años sesenta, con tecnología ya en desuso, y ha tenido una vida media de unos veintiún años. La de Garoña es una central que se amortizó en veinticinco años. Es de baja producción, con una potencia instalada de 466 megavatios y una producción del 7 por ciento de las energías de origen nuclear en España. Y en 2005 representó el 1,25 de la electricidad consumida en España. Por tanto, es la central nuclear de menor producción, y desde este punto de vista podría ser la más prescindible. Siempre ha tenido problemas básicamente de corrosión, y ya en 1981 se agrietaron los manguitos. En 1994 se detectó la rotura de las soldaduras de la envolvente del núcleo del reactor, y los problemas más graves se detectaron en el casquete inferior de la vasija del reactor. Todo ello se une a los problemas actuales, que no voy a describir porque ya se ha hecho antes.
Todos estos elementos están relacionados con la seguridad. Se han ido haciendo pequeñas reparaciones, pero las grietas, que de eso se trata, han ido creciendo. Es una avería estructural de calidad de los componentes.
Señorías, en el debate que tuvo lugar en 2006 en el Congreso de los Diputados sobre una moción similar a la que debatimos hoy, el representante socialista dijo que el compromiso electoral del PSOE -y cito textualmente- era la sustitución gradual de la energía nuclear por energías más seguras, más limpias y menos costosas a desarrollar en el tiempo, dando prioridad a la garantía de seguridad con el máximo consenso.
La potencia instalada total de tipo eólico en la provincia de Burgos es actualmente de 1.928 megavatios, lo cual quiere decir que cuadruplica la potencia de Garoña. Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno hizo unas declaraciones el año pasado con las que, aparte de anunciar que el Gobierno no iba a autorizar la construcción de nuevos reactores nucleares, manifestó que se va a cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña.
A partir de aquí, señorías, algunos pensamos que, si bien no podemos incidir en el estudio técnico del CSN ni en su informe, sí podemos posicionarnos contrarios a que siga funcionando esa central por sus deficiencias estructurales, la salud de sus elementos y la posibilidad de futuros accidentes, que pueden ser muy graves por la degradación de sus materiales.
Por todo ello, señorías, entendemos que el Gobierno no debe prorrogar su funcionamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Fuentes García.
La señora FUENTES GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Senadora Leanizbarrutia, incoherencia por parte de mi partido, ninguna, quizá sí por la suya, pues todos sabemos que el Gobierno vasco es inversor en la central nuclear de Garoña. El Gobierno vasco es el PNV.
Senadora, cuando defendió la interpelación al ministro durante el pasado Pleno expresó su satisfacción porque el debate no se hubiera centrado en energía nuclear sí o no. Su interés, según manifestó redundantemente, estaba en garantizar la seguridad de las centrales nucleares. Hasta aquí, estamos de acuerdo: si las centrales nucleares no son seguras se cierran, y punto. Además, cuanto antes, mejor.
Pero ahora nos encontramos con una moción en la que se habla de seguridad. Usted simplemente pide el cierre de las instalaciones de Santa María de Garoña porque, según apunta, están obsoletas y son inseguras. Señora senadora, no lo sé, yo no soy técnica; son materias muy complejas, pero tengo confianza en la capacidad e independencia del CSN. La presidenta del Consejo nos dijo la semana pasada en la comisión que se está preparando un plan de trabajo para evaluar la central con todo el rigor. Leo textualmente lo que dijo en su intervención: Vamos a elaborar un plan integrado de evaluación y gestión del envejecimiento, un suplemento al estudio de seguridad que tienen que entregar los responsables de la central, además de una revisión de las especificaciones técnicas de funcionamiento a fecha de 2009, así como un estudio de impacto radiológico en el exterior a lo largo de su vida útil, cuarenta años, y una revisión del plan de gestión de residuos radiactivos. Perdóneme por lo exhaustivo, pero sepa que yo sí me fío del Consejo, y en función del informe que elabore, el Gobierno tomará la decisión cuando corresponda.
Para ir terminando, permítame que le diga que no es de recibo que en la moción se inste al CSN a que se oponga por razones de seguridad al funcionamiento de estas instalaciones, incluso antes de que se haya realizado el estudio y de haber dado su visto bueno. El CSN es independiente, nosotros no le instamos ni le aconsejamos; de lo que tiene que informar, informará. No vamos a prejuzgar los resultados de estos trabajos para justificar el cierre o el no cierre.
Por ello, señora Leanizbarrutia, mi grupo lamenta que Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos no acepte nuestra enmienda pero, desde luego, no vamos a condicionar al Consejo, porque no podemos y porque es ilegal. Así de claro y de rotundo se lo digo.
Muchas gracias y buenas tardes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador González Torres.
El señor GONZÁLEZ TORRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular se ha posicionado a favor de la continuación de la central nuclear de Santa María de Garoña, siempre y cuando sea favorable el informe del Consejo de Seguridad Nuclear.
Esta postura fue apoyada el pasado mes de abril por el Partido Socialista de Castilla y León ante una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León.
Existen razones para pensar que no podemos desprendernos de la energía nuclear ante el panorama de desequilibrio energético que sufrimos en España. Por una parte, la energía fotovoltaica es cara, muy cara, y repercute en el bolsillo del ciudadano y en la competitividad de nuestras empresas.
Como conocen sus señorías, España importa el 85 por ciento de sus necesidades energéticas, lo que nos hace muy vulnerables a las oscilaciones del mercado y al futuro abastecimiento y nos sitúa muy por detrás de los países europeos.
A esto hay que sumar la situación de las instalaciones hidráulicas en España, cuyas cuencas están prácticamente agotadas, lo que augura -siendo muy optimistas- la construcción de pequeñas instalaciones que no aliviarían prácticamente la situación, aunque, por supuesto, serían muy bien recibidas.
Lo mismo ocurriría en el caso de los biocombustibles, y es que su explotación no solucionaría gran cosa.
Por otra parte, la pasada semana la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León opinaba que dicha energía tiene un problema de provisión, y es que solo hay energía cuando sopla el viento, lo que la hace poco gestionable, e incluso califica de error y de tontería el cierre de las centrales nucleares en el plazo de diez años. En cambio, las centrales nucleares sí tienen la capacidad de satisfacer la demanda energética independientemente de las condiciones climatológicas.
Su señoría plantea que los intereses vitales a proteger por los diferentes Estados son, entre otros, la seguridad territorial, la seguridad económica, la seguridad física y la estabilidad política y social. Pues bien, señoría, al Grupo Popular le importa la seguridad de la central tanto o más que a su grupo; de hecho, las distintas auditorías e inversiones realizadas en Garoña garantizan un funcionamiento seguro y fiable de esta. La central nuclear de Santa María de Garoña ha invertido más de 350 millones de euros en los últimos veinte años en la modernización y puesta al día de sus instalaciones, y ello ha propiciado que Garoña sea una central segura, moderna y preparada para continuar funcionando con las mejores garantías. Además, en los últimos diez años se ha sometido a cinco evaluaciones internacionales por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica.
El pasado 21 de octubre, la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Carmen Martínez Ten, en su comparecencia a petición propia en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Senado reveló que en Estados Unidos acaban de autorizar veinte años más de funcionamiento a veintitrés centrales nucleares de la generación de Garoña. Por otro lado, recordó que el informe definitivo no estará disponible hasta mediados de 2009 y que, en cualquier caso, lo importante es el estado de la seguridad de la planta, la renovación de los componentes, las inversiones y el equipo gestor de la central.
Tengo la sensación, señoría, aludiendo al pasaje del Evangelio, que ustedes ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio o, lo que es lo mismo, que tienen una doble moral. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio, por favor.
El señor GONZÁLEZ TORRES: Me estoy refiriendo a las empresas químicas y a los proyectos de instalación de centrales de ciclo combinado en su comunidad autónoma, que lindan con Miranda de Ebro, y que emiten mucho CO2 a la atmósfera y generan menos empleo que Garoña. Le aseguro que en todo esto no caben interpretaciones porque nos jugamos la salud y el futuro de las generaciones pero, fundamentalmente, las de nuestro entorno.
En este sentido, el propio ministro de Industria aseguró el pasado 14 de octubre que el término de vida útil de una instalación nuclear depende de que la central cumpla con las condiciones de seguridad que dictamina el Consejo de Seguridad Nuclear y de que la empresa considere que la explotación es rentable. Sobre esto también se han pronunciado voces autorizadas, como don Luis Atienza, ex ministro socialista y presidente de Red Eléctrica de España, que se muestra a favor de alargar la vida útil de las centrales nucleares y, concretamente, de la central nuclear de Santa María de Garoña, afirmando que se ha sometido a revisiones de forma voluntaria desde 1996 que determinan que la central está en un una condición excelente y que su personal está comprometido con la seguridad, por lo que avala la continuidad en su funcionamiento. El señor Atienza considera que puede ayudar a reducir la dependencia energética del país y las emisiones contaminantes a la atmósfera. Asimismo, defiende que es una apuesta exitosa desde el punto de vista medioambiental, energético e industrial, asegurando el suministro a la red nacional.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor GONZÁLEZ TORRES: Termino, señor presidente.
Por falta de tiempo no voy a dar datos económicos detallados, simplemente quiero significar el compromiso económico y social de la central con las corporaciones municipales de su entorno. Además, hay estudios solventes al respecto que avalan la extraordinaria influencia económica de la central, como el publicado en octubre de 2007 por la Fundación General de la Universidad de Burgos.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor GONZÁLEZ TORRES: Voy terminando; perdón, señor presidente.
No puedo finalizar mi intervención en esta Cámara sin manifestar mi preocupación ante el rechazo del Partido Nacionalista Vasco de la posible prórroga del funcionamiento de la central de Garoña sin pedir a cambio un plan de revitalización de la zona, ya que, como he dicho antes, se perderían 600 empleos directos y cerca de 1.000 indirectos. Y estamos en una época para no perder empleo. El
hecho de que no se pida un plan alternativo laboral que sustituya la caótica situación que se crearía con el cierre de la central no es, precisamente, lo que nuestro grupo entiende por ser solidarios.
Por todo ello, nuestro grupo parlamentario votará en contra de la moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación de esta moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 13; en contra, 222; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, se suspende la sesión hasta las nueve y media de la mañana.
Eran las veintiuna horas y treinta minutos.