CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2009 IX Legislatura Núm. 54
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno celebrada el miércoles,
7 de octubre de 2009
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CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2009 IX Legislatura Núm. 54 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA Sesión del Pleno celebrada el miércoles, 7 de octubre de 2009 |
ORDEN DEL DÍA:
Quinto
MOCIONES
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a elaborar un Plan Nacional de Autismo y Trastornos Generales del Desarrollo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 322, de fecha 5 de octubre de 2009). (Número de expediente 662/000076).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que el Pleno del Senado acuerda la creación, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de una Ponencia de Estudio que analice la relación de cada territorio con los cooperantes que residan en los mismos y la posibilidad de consensuar la normativa aplicable a tales efectos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 322, de fecha 5 de octubre de 2009). (Número de expediente 662/000075).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias con el fin de desbloquear la construcción del canal Segarra-Garrigues. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 322, de fecha 5 de octubre de 2009). (Número de expediente 662/000077).
Sexto
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. (Número de expediente Senado 621/000014 y número de expediente Congreso 121/000015).
-- De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial. (Número de expediente Senado 621/000017 y número de expediente Congreso 121/000017).
-- De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Número de expediente Senado 621/000018 y número de expediente Congreso 121/000028).
-- De la Comisión de Interior en relación con el Proyecto de Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. (Número de expediente Senado 621/000021 y número de expediente Congreso 121/000013).
Séptimo
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
-- Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para la coordinación de sus redes de centros de acogida a la mujer víctima de violencia de género. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 313, de fecha 23 de septiembre de 2009). (Número de expediente Senado 592/000014 y número de expediente Congreso 093/000016).
Octavo
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPUESTAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO
-- Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 169. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 13, de fecha 7 de octubre de 2009). (Número de expediente 626/000002).
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
MOCIONES (Página 2508)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a elaborar un Plan Nacional de Autismo y Trastornos Generales del Desarrollo (Página 2508)
El señor Cuevas Cuerda defiende la moción.
La señora Maestre Martín de Almagro defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora Aleixandre i Cerarols defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Cuevas Cuerda expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas e informa a la Cámara de la presentación de una propuesta de modificación.
En turno de portavoces intervienen el señor Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; la señora Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; el señor Esquerda Segués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la señora Maestre Martín de Almagro, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Cuevas Cuerda, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueba la propuesta de modificación por 145 votos a favor, 1 voto en contra y 100 abstenciones.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que el Pleno del Senado acuerda la creación, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de una Ponencia de Estudio que analice la relación de cada territorio con los cooperantes que residan en los mismos y la posibilidad de consensuar la normativa aplicable a tales efectos (Página 2518 )
La señora Camacho Vázquez defiende la moción.
En turno de portavoces intervienen los señores Torres i Torres, por el Grupo Parlamentario Mixto; Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como las señoras Camacho Vázquez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Velasco Morillo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueba la moción por 130 votos a favor; 1 voto en contra y 113 abstenciones.
Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias con el fin de desbloquear la construcción del canal Segarra-Garrigues (Página 2526 )
El señor Alturo Lloan defiende la moción.
El señor Llanos Vázquez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Batlle Farrán defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El señor Alturo Lloan expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas.
En turno de portavoces intervienen los señores Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Batlle Farrán, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Llanos Vázquez, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Sánchez-Camacho Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
La señora Candini i Puig pide la palabra por alusiones, en virtud del artículo 87.
Se aprueba la moción por 129 votos a favor, 118 votos en contra y 2 abstenciones.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2534)
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Página 2534 )
El señor Vilajoana i Rovira, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
Comienza el debate del articulado.
El señor Vilajoana i Rovira defiende la enmienda 62, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La señora Alberich Cano da por defendidas las enmiendas 11 a 31, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
La señora Angulo Martínez defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado 1 a 10 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 64, 66 y 67, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Hurtado Zurera.
En turno de portavoces intervienen los señores Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Alberich Cano, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; los señores Hurtado Zurera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Cucurull, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
MINUTO DE SILENCIO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO EN HERAT (AFGANISTÁN), EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2009, DEL MILITAR DEL CONTINGENTE ESPAÑOL DE LA FUERZA INTERNACIONAL DE ASISTENCIA PARA LA SEGURIDAD EN AFGANISTÁN (ISAF) D. CRISTO ANCOR CABELLO SANTANA (Página 2542)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación.) (Página 2542 )
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. (Votación.) (Página 2542 )
Se rechazan las enmiendas 20, 22 y 31, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 6 votos a favor, 118 votos en contra y 122 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por 7 votos a favor, 229 votos en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 3 y 10, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 115 votos a favor, 128 votos en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por 116 votos a favor, 127 votos en contra y 3 abstenciones.
Se aprueba la propuesta de modificación presentada en relación a la enmienda 62, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 131 votos a favor y 115 abstenciones.
Se rechaza la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 64, 66 y 67, del Grupo Parlamentario Socialista, por 120 votos a favor, 125 votos en contra y 1 abstención.
Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 242 votos a favor y 4 abstenciones.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 126 votos a favor, 3 votos en contra y 115 abstenciones.
El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial (Página 2543 )
El señor Asensio Martínez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
Comienza el debate de totalidad.
En turno a favor hace uso de la palabra el señor Irízar Ortega.
En turno de portavoces interviene la señora Caballero Martínez, por el Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza el debate del articulado.
El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas 7 a 70, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
El señor Casas i Bedós defiende las enmiendas 215 a 221 y 223 a 271, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas 71 a 214, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Díaz Tejera.
En turno de portavoces intervienen los señores Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Conde Bajén, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se pospone la votación.
Se suspende la sesión a las catorce horas y cincuenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
De la Comisión de Interior en relación con el Proyecto de Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (Página 2555 )
El señor Lago Lage, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
Comienza el debate de totalidad.
La señora Escudero Sánchez consume el turno a favor.
Se procede al debate del articulado.
El señor Tuñón San Martín informa de que retira las enmiendas 1 a 4, 6 y 8 a 11, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas 13 a 18, 20 a 24, 27 a 29, 32, 33, 35, 36 y 38, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
El señor Maldonado i Gili defiende las enmiendas 86 y 88, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, anunciando la retirada de las números 87 y 89.
El señor Nuet i Pujals defiende las enmiendas 48 a 51, 53 a 61, 63, 67 a 73, 76, 77 y 80 a 84, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Hace uso de la palabra el señor Bofill Abelló, del mismo grupo parlamentario.
La señora Escudero Sánchez informa a la Cámara de que, tras los acuerdos alcanzados, mantiene viva la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del proyecto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 25 y 26 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, 52, 64, 65, 75, 78 y 79 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y 92 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
En turno de portavoces intervienen los señores Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario Mixto; Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, que informa a la Cámara de que únicamente se mantienen vivas las enmiendas 16, 18, 27, 28 y 33, de ese grupo parlamentario; Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Sabaté Borrás, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como las señoras Escudero Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Naharro de Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda 16, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 18 votos a favor y 227 votos en contra.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas por 20 votos a favor y 225 votos en contra.
Se aprueban las enmiendas 86 y 88, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 244 votos a favor y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda 48, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 12 votos a favor, 227 votos en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas 53, 56, 57, 60, 63, 68, 72 y 82, del mismo grupo parlamentario, por 14 votos a favor, 226 votos en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por 14 votos a favor, 223 votos en contra y 8 abstenciones.
Se aprueba la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 25 y 26
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, 52, 64, 65, 75, 78 y 79, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y 92 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 229 votos a favor, 14 votos en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban por asentimiento de la Cámara las propuestas de modificación con números de registro 26579 a 26588.
Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores por 238 votos a favor y 7 votos en contra.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 235 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones.
El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Página 2566 )
El señor Asensio Martínez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
Comienza el debate de totalidad.
El señor Irízar Ortega consume un turno a favor.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sampol i Mas.
El señor Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 1 a 7.
El señor Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 8 a 10.
El señor Casas i Bedós defiende las enmiendas 84 a 89, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Los señores Bofill Abelló y Guillot Miravet defienden las enmiendas 12 a 83, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
En turno en contra interviene el señor Díaz Tejera.
El señor Conde Bajén hace uso de la palabra.
En turno de portavoces intervienen los señores Belda Quintana y Sampol i Mas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Conde Bajén, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El señor Sampol i Mas solicita la palabra por el artículo 87.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial. (Votación) (Página 2583 )
Se rechazan las enmiendas 7 a 70, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 15 votos a favor, 222 votos en contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la enmienda 270, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 19 votos a favor, 222 votos en contra y 1 abstención.
Se aprueba la enmienda 271, del mismo grupo parlamentario, por 236 votos a favor y 6 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 13 votos a favor, 222 votos en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas 194, 195 y 196, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 16 votos a favor, 221 votos en contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la enmienda 213, del mismo grupo parlamentario, por 15 votos a favor, 220 votos en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda 214, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 16 votos a favor, 219 votos en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por 14 votos a favor, 221 votos en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba por asentimiento de la Cámara la propuesta de modificación con número de registro 26546.
Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores por 239 votos a favor y 2 votos en contra.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 237 votos a favor y 2 abstenciones.
El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Votación) (Página 2583 )
Se rechazan las enmiendas 1 a 7, del señor Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto, por 10 votos a favor, 221 votos en contra y 12 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas 8 a 10, del señor Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 15 votos a favor, 221 votos en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas 84, 85 y 86, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 16 votos a favor, 222 votos en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda 87, del mismo grupo parlamentario, por 20 votos a favor, 220 votos en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas 88 y 89, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 19 votos a favor, 222 votos en contra y 1 abstención.
Se procede a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se rechaza la enmienda 12 por 14 votos a favor, 221 votos en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda 13 por 15 votos a favor, 221 votos en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda 14 por 15 votos a favor, 221 votos en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda 15 por 21 votos a favor y 221 votos en contra.
Se rechazan las enmiendas 31 y 32 por 15 votos a favor, 221 votos en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas 26, 27, 29, 30, 34, 45 a 49, 50 a 52, 54, 55, 58, 60, 62, 63, 64 a 68, 70 a 75 y 78 a 80, por 21 votos a favor y 221 votos en contra.
Se rechazan las enmiendas 33, 35 a 37, 39, 41 a 44, 56, 57 y 61, por 21 votos a favor y 221 votos en contra.
Se rechazan las enmiendas 28, 38, 40, 53, 59, 69 y 76, por 15 votos a favor, 221 votos en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por 15 votos a favor, 221 votos en contra y 6 abstenciones.
Se aprueban por asentimiento de la Cámara las propuestas de modificación con números de registro 26543 a 26545 y 26574.
Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores por 233 votos a favor y 9 votos en contra.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 228 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones.
El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Página 2585 )
Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para la coordinación de sus redes de centros de acogida a la mujer víctima de violencia de género (Página 2585 )
Al no haberse presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes Generales, la Cámara toma conocimiento de su celebración.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPUESTAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO (Página 2585 )
Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 169 (Página 2585 )
Se aprueba la toma en consideración por asentimiento de la Cámara.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días.
MOCIONES
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ELABORAR UN PLAN NACIONAL DE AUTISMO Y TRASTORNOS GENERALES DEL DESARROLLO (Número de expediente 662/000076).
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: Mociones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a elaborar un plan nacional de autismo y trastornos generales del desarrollo.
A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Socialista y otra de Convergència i Unió.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Cuevas.
El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, presidente.
Señorías, saben ustedes tan bien como yo que a veces resulta difícil sentirse útil como miembro de esta Cámara. Cuando cualquiera de nosotros regresa a su provincia, tras una sesión como esta, siempre hay un familiar, un amigo, un compañero de partido que nos pregunta: ¿Y qué hacéis en el Senado? Y no sabemos muy bien qué contestar. Es nuestra cruz, liviana, por otra parte. Pues bien, hoy me siento especialmente útil en mi condición de senador, siento que todos estamos hablando de una cuestión que afecta directísimamente a nuestros representados, a la ciudadanía, a la gente, a las personas que nos votaron o no nos votaron, que nos apoyan o nos critican, que nos siguen o nos ignoran o incluso, como en el caso que vamos a abordar, que ni siquiera conocen de nuestra existencia. Pero todas ellas tienen el derecho a que nos ocupemos y nos preocupemos de sus problemas y hagamos lo posible por aliviarlos.
Hoy me honro en defender una moción que tiene un solo objetivo: mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de los autistas y de los que comparten su entorno, principalmente sus familias. Permítanme, señorías, que salude a los representantes de Fespau y Autismo España, las asociaciones vinculadas al autismo, que nos acompañan en la tribuna de invitados. Ellos representan a decenas de miles de padres, de hermanos, de abuelos. Es un movimiento asociativo ejemplar, que ha sido reivindicativo y responsable, que ha querido trasmitir a los políticos y a las administraciones sus necesidades, que muchas veces ha suplido por sus propios medios. Vamos ahora a intentar solucionar esa carencia.
Ellos son los principales protagonistas de esta iniciativa parlamentaria y yo, modestamente, no hago otra cosa que prestarles mi voz. Soy ahora, por tanto, el portavoz de ellos y de sus hijos, de quienes demasiado a menudo viven sumidos en el desconocimiento y, por qué no decirlo, en la incomprensión de la sociedad, porque el principal problema de los afectados por el autismo y trastornos generales del desarrollo es ese: el desconocimiento y, como consecuencia inmediata, la incomprensión.
El autista tiene pocos signos visibles de su afección, al menos a primera vista. Un niño autista en los columpios de cualquier ciudad pasa a menudo solo por ser un niño mal educado, ante padres que no entienden su comportamiento. Un adolescente autista no puede integrarse en los ámbitos naturales de su edad. Un adulto autista está condenado al enclaustramiento con sus padres, a menudo ancianos o enfermos. No diré que, como en otros tiempos, el de nuestros abuelos, se les condene a estar encerrados u ocultados, pero ese es un riesgo todavía posible que entre todos debemos evitar, porque un autista es antes que nada una persona. Olviden sus prejuicios, señorías, olviden sus miedos o las películas que han visto y los lugares comunes. Un autista es una persona como todos nosotros; distinto, pero igual; con una serie de carencias, por supuesto, porque muchos no pueden hablar, la mayoría no sabe relacionarse con sus semejantes, y todos necesitan de un apoyo especial. Pero son personas, sujetos de derecho, seres únicos e irrepetibles componentes de esta sociedad, distintos, pero nunca inferiores. Ellos no eligieron su enfermedad, ni ellos ni sus padres. Conozco a familiares de autistas que hablan de su situación como si fuera una maldición -me parece un absurdo-, mientras que otros se van al extremo opuesto y dicen que es una bendición -lo respeto, pero no lo comparto-. Creo que se trata, pura y simplemente, de un azar biológico y genético que hay que afrontar con valentía y normalidad. Por eso, señorías, debatimos hoy esta moción, que pretende mejorar las condiciones de vida de los autistas y sus familias. Son muchos y, aunque no hay una explicación científica para ello, la incidencia del autismo se ha multiplicado por diez o más en apenas dos décadas. Hay estudios que dicen que en España podría haber hasta 350 000 autistas, quizás una cifra exagerada, aunque es muy difícil hablar de números concretos dada la amplitud y diversidad de eso que se ha dado en llamar espectro autista. Análisis más rigurosos hablan de más de 25 000 autistas solo en la edad escolar, lo que significa centenares de miles de afectados si incluimos a los familiares más directos.
Uno de cada 150 niños nacidos presenta algún tipo de trastorno general del desarrollo. Son muchos, vuelvo a decir, pero aunque fueran menos merecerían nuestra atención. Repito que son muchos, la prevalencia es similar en los países de nuestro entorno, y se ha disparado en muy poco tiempo.
El reto que tenemos todos, empezando por los poderes públicos, es garantizar a los autistas y a sus familiares una vida digna, una calidad de vida como la que nosotros tenemos, señorías porque ellos no son menos que nosotros, y por eso no podemos aceptar que tengan menos derechos. Por eso pedimos en esta moción que se elabore una estrategia común en la que se contemplen y se garanticen una serie de prestaciones, de derechos y de atencio-
nes. Pedimos un plan estatal de autismo e instamos al Gobierno a que se ponga manos a la obra y que, de acuerdo con las comunidades autónomas, e impulsándolas y ayudándolas, dé soluciones concretas y continuadas a problemas concretos y continuados.
Queremos un plan, no un estudio. No queremos un nuevo brindis al sol, sino compromisos. Queremos que el Gobierno central se comprometa y comprometa a su vez a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.
Conviene no olvidar que el autista es normalmente una persona sana en la vertiente física, lo que significa que su expectativa de vida es la misma que la de cualquier otro. Por ello, en esta moción pedimos que la atención comience desde el principio, desde el diagnóstico y la detección precoz, reconociendo que es mucho lo que se ha avanzado en este aspecto. Existen protocolos para que entre los 18 y los 24 meses el personal sanitario detecte los síntomas de autismo, las señales de alarma que indican que algo no va bien en el desarrollo cerebral de ese niño. Y hago una aclaración: empleo el género masculino porque la incidencia del autismo es cuatro o cinco veces mayor en niños que en niñas.
Sigamos avanzando, pues, en el diagnóstico, ya que cuando antes se detecte antes podrá comenzar el tratamiento. Y aquí empieza un trayecto sin final, una carrera de fondo en la que a las familias les toca lo principal, pero en la que necesitan y merecen el apoyo de toda la sociedad, porque el autismo no es una enfermedad única y monocolor, no es una discapacidad que pueda definirse y enmarcarse con criterios determinados. Cada autista es un caso único y diferente dentro de un espectro amplísimo donde caben el retraso mental más o menos acusado, las dificultades de comunicación con sus semejantes o con todos, las carencias verbales en diferentes niveles, por no hablar de posibles dolencias asociadas dada la dificultad que tienen para expresar sus sentimientos o estado de salud.
Por ello, en esta moción abogamos por la intervención temprana, con terapias conductuales y psicológicas desde el momento de la propia detección de la discapacidad, y abogamos también, evidentemente, por una apuesta por la integración escolar. Siempre que sea posible hay que intentar que el autista vaya a la escuela normal -pónganlo entre comillas- y se relacione con niños normales -con dobles comillas-. Ya sé que esto tiene un coste adicional y que para ello se precisan apoyos específicos que permitan desarrollar un programa curricular personalísimo y adaptado a sus capacidades y circunstancias. Eso también busca este plan: que se cubra ese coste adicional.
Es nuestro deber fomentar y sufragar esa integración que, además, no solo va a beneficiar al niño autista sino también a todos sus compañeros, que aprenderán a convivir con quien no es exactamente como ellos y entenderán mejor el autismo y a otros discapacitados que se crucen en su vida. Y, por qué no, esos niños se formarán sin dificultades ante la eventualidad de que sean el día de mañana sus propios hijos los discapacitados.
Pero no basta la integración escolar. Hay que garantizar también una atención profesionalizada y especializada en aspectos como la estimulación, la logopedia o la terapia conductual. Así los autistas podrán avanzar en todos los campos de su desarrollo, que son muchos y muy valiosos.
Y los autistas crecen, señores, y se hacen mayores, se hacen adultos, y debemos invertir en centros de empleo, en unidades de terapia ocupacional sin renunciar a que muchos de ellos, los que alcancen un mayor desarrollo, consigan un puesto de trabajo, al que también tienen derecho con la famosa, aunque no siempre respetada, por desgracia, norma de reserva del 2%. Y hay que crear y mantener pisos tutelados para que los autistas menos afectados puedan vivir con cierta autonomía. Y hay que hacer centros de día para que los que puedan sigan viviendo con sus familias. Y hay que hacer residencias para los casos más graves o para cuando los padres o familiares no puedan atenderles o mueran. Y debemos garantizar servicios de reposo familiar, estancias de unos días, porque muchas veces los familiares de los autistas no saben lo que es poder ir un fin de semana a una boda o tomar unas pequeñas vacaciones con sus otros hijos. Y, por qué no, hay que empezar a pensar en la senectud; un autista anciano lo tiene y lo va a tener muy difícil para integrarse en una residencia de tercera edad que no contemple sus especificidades.
Y esto es muy importante: hay que investigar, hay que hacer esfuerzos científicos para llegar a conocer la etiología y los tratamientos más adecuados del autismo, y hay que formar a profesionales que sean capaces de llevar a cabo esos tratamientos conductuales a que antes me refería.
Pues de todo esto se habla en esta moción, señorías. ¿Y por qué -se preguntarán ustedes- nos dirigimos en esta moción al Gobierno de España cuando buena parte de los servicios de los que hablamos corresponden a las comunidades autónomas? Pues por la creciente incidencia del autismo, que lo convierte ya en un problema nacional, y porque estamos aprendiendo a actuar. Es una novedad el gran número de autistas con el que contamos y, por tanto, hay que coordinar y garantizar prestaciones, como se ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, con la gripe A sin ir más lejos, ante la que el Estado ha coordinado e impulsado la labor de las comunidades autónomas. Y también lo hacemos porque las transferencias en educación, en sanidad o en servicios sociales se produjeron en buena medida antes de la eclosión de esta dolencia. Todos los autistas tienen derecho a la misma atención y a los mismos servicios con independencia de la región o el territorio en que residan o incluso del país en que hayan nacido. Nuestro deber como titulares de la soberanía nacional, señorías, es atender las necesidades de todos y cada uno de los españoles, lo dice la Constitución; y la Administración central tiene unas obligaciones de coordinación que podemos y debemos recordar y reclamar desde esta Cámara.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una propuesta de modificación a la que espero y deseo que se sumen el resto de los grupos, y ha atendido al cien por cien la enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió,
que nos pedía algo muy razonable: que la ejecución de este plan se articule en el marco de los distintos consejos interterritoriales del Sistema Nacional de Salud: Educación, Servicios Sociales y Trabajo. Estamos de acuerdo en que, aunque el impulso sea de la Administración central, hay que coordinar el plan con las comunidades autónomas, que tienen competencias y están en su perfecto derecho a ejecutarlo y llevarlo a cabo según sus propias especificidades. Por tanto, repito que hemos presentado una propuesta de modificación a la que espero y deseo, vuelvo a decirlo, que se sumen todos los grupos parlamentarios de esta Cámara en un ejercicio de responsabilidad.
Por todo ello, señorías, pido su voto a favor para esta moción así como su apoyo, pero no para mí ni para mi grupo parlamentario sino para los autistas y para sus familiares.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Maestre.
La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Cuevas, tengo que decirle en primer lugar que al menos los senadores socialistas de esta Cámara estamos muy orgullosos del trabajo que realizamos aquí y que nos sentimos sumamente útiles. Yo llevo seis años en la Cámara de representación territorial, y he visto aprobar muchas iniciativas, muchas mociones muy importantes para los ciudadanos. Y la primera que me ha venido a la mente cuando usted decía que el Senado no valía para nada era, precisamente, la Ley de dependencia, de la que se benefician muchísimas personas que tienen autismo.
Antes de comenzar la defensa de mi enmienda me gustaría saludar y dar una acogida muy especial a los familiares de enfermos, de afectados por el trastorno autista que nos acompañan desde la tribuna y a quienes he saludado antes de empezar esta sesión de Pleno. Quiero darles de nuevo la bienvenida y hacerles llegar, como he intentado hace un momento, la postura del Grupo Parlamentario Socialista en relación con esta moción.
En nuestra opinión, la detección precoz del autismo es fundamental para una correcta intervención, de la misma manera que consideramos que se tiene que articular un amplísimo conjunto de medidas para que todas las personas con discapacidad y que están afectadas por autismo puedan tener acceso a todos los recursos que están a su disposición. Y cuando digo todos los recursos me estoy refiriendo a que se pueda propiciar el que se aborde de forma integral la enfermedad o el trastorno de esas personas. Y al decir integral me estoy refiriendo a los ámbitos de la salud, la detección precoz, la integración, la incorporación social y también al de la incorporación laboral.
Pero en nuestra enmienda, aparte de contemplar estos aspectos tan necesarios, también hemos querido trabajar para un pilar muy importante en todo este entramado, como es la familia. Esta representa algo fundamental en la atención a las personas con síndrome de autismo. Y como no podía ser de otra manera, queremos también contribuir con nuestra enmienda a que la familia, que siempre está al lado del autista de manera callada, constante, paciente, generosa y entregada, que está volcada en la atención a su familiar enfermo, pueda también contar con los recursos necesarios para poder ayudar, junto con el resto de los entes implicados, a su integración.
Pero me gustaría decir algo que para nosotros es fundamental, y que tiene que ver con el ámbito competencial. Nuestra enmienda ha ido orientada a aclarar una cuestión que a lo mejor a un familiar o un enfermo o afectado de autismo puede no resultarle interesante o importante, pero que realmente es necesario delimitar si de verdad queremos que lo que se apruebe aquí pueda luego ser aplicado en la vida diaria. Porque, desde luego, el Grupo Socialista no está por aprobar una moción que se quede en el papel. Queremos que lo que se apruebe aquí se pueda aplicar donde se debe, que es en las comunidades autónomas. Porque no debemos olvidar que estamos en un Estado autonómico y que las competencias en materia de sanidad, servicios sociales, universidades, e incluso investigación están transferidas a las comunidades autónomas. Por eso hemos querido introducir esa concreción específica, y pedimos en nuestra enmienda de manera muy clara al Grupo Popular que elimine un solo término: la palabra «plan».
Compartimos absolutamente todos los aspectos de la moción: los relativos a la detección precoz, la integración social, la integración laboral, la educación… Efectivamente, los compartimos, y además los promovemos con muchas iniciativas: la Ley de educación, la Ley de dependencia o el sistema de calidad del Sistema Nacional de Salud, que contempla en la cartera de servicios la atención a las personas con autismo. Pero repito que queremos que se delimite el ámbito competencial, y aprobar un plan nacional supondría una injerencia en dicho ámbito: Por tanto, lo que planteamos es que, en los ámbitos de representación que son los consejos interterritoriales, se traslade a las comunidades autónomas las indicaciones para que todas estas medidas, que todos coincidimos que son sumamente importantes, puedan ser contempladas y llevadas a cabo por ellas, que son las que realmente tienen las competencias.
Además, hemos querido profundizar en los puntos de la moción del Grupo Popular porque los considerábamos demasiado someros, enmarcándolos en los planes de actuación vigentes para que las administraciones competentes -en este caso, las comunidades autónomas- se circunscriban a los preceptos que establece la ley, como, por ejemplo, la Ley de dependencia, que sienta las bases para que ese nuevo derecho de la ciudadanía sea posible. Porque sabemos que hay comunidades autónomas que todavía no están aplicando como se debe dicha ley. Por eso queremos ponerles las pilas, para que lo lleven a cabo.
Como ya he dicho, nuestra propuesta básicamente va orientada a que se elimine esa palabra.
El señor PRESIDENTE: Señoría...
La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Termino, señor presidente. Pero, si me permite un segundo más, me gustaría explicarles a aquellos que han tenido la deferencia de venir al Pleno a seguir este importante debate la postura del Grupo Socialista en este sentido.
Hemos hecho innumerables esfuerzos. Puedo decirles que ayer hasta las tantas de la noche, y en tres ocasiones, el Grupo Popular y la senadora que les habla trabajamos en una enmienda que ya estaba redactada y, además, consensuada por los dos principales grupos: el Grupo Popular y el Grupo Socialista, e incluso también por otros grupos del arco parlamentario.
No sé qué pasa en la segunda planta de este edificio, donde está la dirección del Grupo Popular, para que todas las iniciativas en las que ha trabajado, y muy bien, por cierto, el senador Cuevas…
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Termino, presidente. Todo el interés que ha puesto el senador Cuevas en llegar con el Grupo Socialista a una enmienda conjunta se ha volcado por la dirección del Grupo Popular.
Señor Cuevas…
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine. Tiene después el turno de portavoces.
La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Termino, presidente.
Le pido, por favor, que reconsidere su postura y que admita nuestra enmienda, porque, sin duda, va a aportar más y entre todos vamos a dar una imagen estupenda a los enfermos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Ha terminado, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero dar la bienvenida a esta Cámara a los representantes de las asociaciones de pacientes y de familias de pacientes afectados por autismo.
Senador Cuevas, es cierto que no siempre podemos explicar cuando llegamos a casa qué hacemos en el Senado, pero no es porque no trabajemos: es porque los medios de comunicación flaco favor nos hacen no sacándonos.
Aunque quizá nos hagan un favor, porque como solamente les gusta el espectáculo y aquí no lo organizamos, e incluso hay veces en que todos nos ponemos de acuerdo para tirar hacia adelante en algunos temas... Y eso no les interesa, aunque sí a los ciudadanos, que poco a poco terminarán oyéndonos.
Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Popular presenta una moción sobre una de las enfermedades más impactantes: el autismo, que lo es mucho más cuando afecta a la infancia. El autismo infantil es un trastorno del desarrollo de las funciones cerebrales del niño que afecta a sus posibilidades de comunicación emocional con otras personas en unos momentos en los que esa comunicación es vital. También afecta a la organización de la conducta en su vida diaria, en la que están involucradas habilidades lingüísticas y sociales.
El término autismo proviene del griego y significa «sí mismo», es decir, encerrarse en sí mismo, un término que fue acuñado ya en 1911. La concepción de la enfermedad, sin embargo, ha evolucionado en etapas totalmente distintas, desde la creencia de que era el entorno el que lo provocaba, y por tanto, los padres los culpables, hasta la componente neurobiológica y genética actual.
El autismo puede manifestarse desde el primer año de vida y afecta, según las últimas estadísticas, a un número entre el 0,5 y el 3% de los niños. Y digo niños porque afecta mucho más a los varones que a las hembras, como decía el senador Cuevas, y por tanto, parece ligado al sexo. La realidad es que los niños autistas son incapaces de percibir estados emocionales de los demás y tienden a actuar de una forma mecánica, repitiendo rígidamente esquemas aprendidos. Quizá sea esta su característica más conocida. Es, pues, una de las más graves y preocupantes enfermedades que padecen algunas familias.
Lo cierto es que la intervención temprana es fundamental, pues potencia al máximo las capacidades de desarrollo personal y social del niño y puede ser una oportuna guía y orientación de familiares y educadores. Sin embargo, tanto en el autismo como en los demás trastornos generalizados del desarrollo, el diagnóstico y la intervención temprana es sumamente difícil al no tener ninguna prueba diagnóstica ni bioquímica ni por su propia imagen, todo ello, agravado por la circunstancia de que los síntomas que presentan los niños a los dos años, por ejemplo, son muy distintos de los que presentan a los cuatro; por tanto, los criterios diagnósticos deben ser utilizados por expertos para que se produzca al final la adecuada intervención.
Por desgracia, todavía son pocos los niños con algún síntoma de autismo o parecido que son derivados a los profesionales o a centros especializados antes de los dos o tres años, perdiendo así un tiempo crítico e importante para la implementación de programas integrales de atención. En este sentido, los padres son un complemento muy importante para identificar el espectro del niño autista, que es sumamente amplio y difícil de diagnosticar. Es, pues, fundamental incorporar a las familias a la detección, el seguimiento y el desarrollo continuo del hijo, y se debe informar y preparar a padres y familiares para que estén atentos a los cambios en el desarrollo.
Tampoco hay tratamiento curativo, y en muchas ocasiones ni tan siquiera sintomático; solo existen terapias conductuales y estimulaciones precoces en muchos casos. La educación es en la actualidad el tratamiento fundamental y el más efectivo, una educación dirigida no solo al niño
sino también, como ya he dicho, a su familia, a los educadores, a los profesionales y a la comunidad en general. Es fundamental elaborar una evaluación detallada y permanente de todas las áreas de desarrollo del niño en los diversos contextos en los que se interacciona.
El autismo es en este momento una enfermedad grave sin posible solución. Por todo ello, mi grupo parlamentario, que considera correcta la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, ha presentado una enmienda de adición y una petición de cambio de nombre. La enmienda introduce en el primer párrafo a los distintos consejos interterritoriales, a través de los cuales los Gobiernos deben realizar su política de coordinación, ya que serán las comunidades autónomas las que, con sus competencias, prestarán los servicios necesarios en sanidad, educación, servicios sociales o trabajo a los afectados y a sus familiares. Y pedimos que si se realiza un plan, sea de carácter estatal, ya que algunos creemos que este es un Estado plurinacional. Es una enmienda que esperamos que sea aceptada. Asimismo, el senador Cuevas apuntaba a una posible enmienda transaccional, y en ese punto también estamos con ellos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para manifestar la posición sobre las dos enmiendas que se acaban de defender, tiene la palabra el senador Cuevas.
El señor CUEVAS CUERDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente la intervención en esta moción de la senadora Aleixandre, no solo ahora, sino durante todo el proceso de gestión y negociación, porque ha demostrado responsabilidad. Por supuesto, hemos aceptado su enmienda porque creemos sinceramente que mejora técnicamente la forma de ejecución de este plan. También quiero agradecerle que nos haya transmitido su conocimiento profesional. Me gusta que todos nos preparemos y sepamos de qué venimos a hablar. La senadora Aleixandre lo ha demostrado y, una vez más, le agradezco su intervención y su participación en la moción.
Efectivamente, hemos presentado una propuesta de modificación que, según me comentan, ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios, excepto por el Grupo Socialista. Senadora Maestre, aún están a tiempo de firmarla. Todavía están a tiempo de sumarse y votar a favor de esta moción, transformada con esa propuesta de modificación.
Por otro lado, le quiero aclarar que yo nunca he dicho que el Senado no sirva para nada. No ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Quizá usted lo piense, pero yo no. Me sorprende mucho que usted venga aquí a dar leña, a hacer sangre. Para hacer sangre tenemos otros asuntos: el paro, el atunero, la crisis... Ustedes pueden hacer sangre con la guerra de Iraq. Hagamos sangre cuando queramos y como queramos, pero no en un asunto como este y delante de los representantes de las asociaciones de padres. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Últimamente hemos intentado llegar a un acuerdo y su grupo parlamentario se ha negado en redondo a hablar de plan. ¿Sabe usted por qué? Porque no quieren comprometerse. Ya he visto que usted ha hablado con las asociaciones para entregarles su enmienda de sustitución, en la que ellos verán que no se habla de nada, que no hay ninguna propuesta concreta. Todos son brindis al sol: el Gobierno velará, se preocupará... Pero como esta moción se va a aprobar, dentro de seis meses vamos a preguntar al Gobierno qué ha hecho de ese plan nacional de autismo que hemos aprobado y que le hemos encomendado. Lo vamos a comprobar, porque es nuestra obligación no solo como oposición sino como representantes de todo el pueblo español, y también de los autistas. Usted está escenificando ahora mismo algo que no entiendo, y es la soledad del Partido Socialista, que, una vez más, se va a quedar solo. No entiendo por qué se niegan ustedes a comprometerse. Es un compromiso que ustedes tienen con la sociedad, sobre todo cuando se les llena la boca con la solidaridad. Demuéstrenla. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Ha hablado continuamente de sus logros, y me parece muy bien, el que gobierna, ejecuta -hasta ahí podríamos llegar-, tiene fondos. Pero reconozca usted sus carencias. No insulte a los ciudadanos diciendo que todo está solucionado. Porque, no señor, hay muchas carencias, hay muchas necesidades, y nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, vamos a seguir hablando de las necesidades de un colectivo tan importante. Me habría gustado poder decir: debemos felicitarnos. Y todavía tengo la confianza de que en la última intervención pueda decir debemos felicitarnos de que todos nos hayamos puesto de acuerdo. Yo, señorías, no voy a prestarme al juego de hacer sangre con un tema sensible que afecta a centenares de miles de españoles, que no merecen la imagen que el Grupo Parlamentario Socialista está transmitiendo al resto de los ciudadanos y a la que, desde luego, nosotros no hemos contribuido.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
No hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente. (El señor senador comienza su intervención en gallego.)
Aparte de saludar, decía, señorías, que para el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas resulta muy reconfortante que volvamos a debatir en el Pleno del Senado sobre problemas reales que afectan a importantes colectivos de nuestra sociedad.
En el Pleno pasado abordamos la problemática de aquellas personas que sufren fibromialgia o síndrome de fatiga crónica. Hoy lo hacemos respecto de los que padecen autismo, un trastorno cerebral que comienza en la niñez
temprana y persiste en la edad adulta, afectando a tres áreas cruciales del desarrollo: la comunicación, la interacción social y el juego creativo o imaginativo.
Señorías, está claro que no vivimos en un mundo de ciudadanos perfectos. Vivimos en un mundo donde hay muchas miles de personas que sufren diferentes trastornos que no discriminan en función del lugar donde vivan, la raza, el sexo o la clase social a la que pertenezcan. Cualquier niño o niña puede tener autismo, un inquietante enigma que afecta tanto al que lo padece como a toda su familia. Lejos de disminuir en los últimos años, la incidencia del trastorno del espectro autista, está aumentando, considerándose, según algunas estimaciones, que podemos estar en torno a los 300 000 afectados en el Estado español.
Sin lugar a dudas, el cuidado que requiere un niño autista es muy exigente para su familia. Los padres están expuestos a múltiples desafíos que tienen un fuerte impacto en la familia, tanto desde el punto de vista emocional como desde el económico y el cultural. Por eso, el apoyo de las administraciones, poniendo a su servicio profesionales formados en distintas disciplinas, puede ayudar a llevar de la mejor manera posible a un niño con autismo, enseñándole a manejar sus conductas. El autismo, por lo tanto, más que un problema que afecta a un persona es un trastorno de incapacidad que afecta a toda la familia. Con todo, hay que decir que el efecto del autismo es similar al que produce cualquier otra incapacidad permanente en un miembro de la familia, por lo que tiene problemáticas conjuntas, además de otras que, por supuesto, son específicas de este trastorno.
Por todo ello, señorías, es necesario que, con el máximo respeto por el ámbito competencial de cada Administración, se haga un esfuerzo conjunto y coordinado para que tanto los directamente afectados como sus familias reciban la mejor atención posible desde los distintos ámbitos. En cuanto al sanitario, resulta básico mejorar la investigación, la formación de los profesionales y el establecimiento de protocolos que nos permitan efectuar un diagnóstico precoz, con el objetivo de comenzar cuando antes con el tratamiento. Pero, una vez diagnosticado y tratado, es fundamental dotar al sistema educativo de los medios suficientes para conseguir la integración escolar plena de los niños con autismo. Posteriormente, llegado el momento, las administraciones públicas deben potenciar políticas de inserción laboral que contribuyan a la integración social de las personas que lo padecen. Pero, por mucho esfuerzo que se haga en políticas de integración escolar, laboral y social, sin duda son las familias las que soportan la mayor carga, siendo por eso necesario que en el marco de la Ley de dependencia se promueva la construcción de más centros residenciales para que, en determinadas situaciones, las familias puedan tomarse un respiro, aunque solo sea para coger fuerzas y seguir luchando.
Por todo ello, y porque la moción que hoy presenta el Grupo Popular, defendida por el senador don Dimas Cuevas, nos parece positiva porque recoge las demandas de las asociaciones de afectados y familiares, el Grupo de Senadores Nacionalistas dará su apoyo a esta iniciativa, con el único deseo de que las distintas administraciones, cada una desde su ámbito competencial, den cumplimiento a las peticiones que en ella se recogen.
Sin duda, miles de afectados y sus familiares se merecen ese esfuerzo del conjunto de las administraciones públicas. Hoy damos el primer paso, un paso importante, aprobando esta iniciativa. A nuestro grupo le gustaría que fuera por consenso. De no ser así, quiero manifestar que me consta la voluntad y el esfuerzo del Grupo Socialista por llegar a un consenso y la sensibilidad que tiene para dar una solución a los afectados por este trastorno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
En mi intervención anterior decía que la concepción de esta enfermedad ha evolucionado en distintas etapas. Voy a hacer énfasis en ello, para que puedan entender la evolución no solo de la enfermedad sino también de la sociedad y, por tanto, la situación actual sanitaria, social y, por ende, política.
La primera etapa corresponde a los años 1943-1963 -han pasado cuarenta años solamente-, durante los que existía la creencia popular de que este era un trastorno emocional respecto del que los padres eran los responsables de que el niño presentase esos síntomas.
La segunda etapa se refiere a los años 1963-1983, cuando se realizan estudios científicos asociados a trastornos neurobiológicos. Las teorías cognitivas y la modificación conductual dieron pie a la investigación. En esa época tuvo una gran importancia, ya que hablamos solamente de teorías cognitivas, la creación de diversos centros educativos y asociaciones de padres que contribuyeron a promover una mejor intervención respecto de las personas con autismo y sus familiares.
En la tercera etapa, la actual, desde finales de los años ochenta, los estudios de resonancia magnética, de genética y nuevas técnicas neurobiológicas han permitido orientar su teleología. Estudios recientes han demostrado que es posible encontrar causas orgánicas en el 49% de los casos detectados de autismo, aumentando dicha teleología a medida que vamos perfeccionando los medios de exploración: sistema nervioso central, exámenes físicos exhaustivos, evaluación genética a través de muestras sanguíneas, etcétera.
En el ámbito de la psicología, los aportes a la teoría de la mente han permitido elaborar hipótesis sobre ciertos motivos del desarrollo cognitivo y social de estas personas. Con todo ello, ya apuntamos entonces la necesidad de crear equipos multidisciplinares responsables de la detección precoz como única salida para que, en el plazo de tiempo más breve posible, se pueda presentar un diagnóstico, debido a la variedad de sintomatologías que puede tener el
niño según la edad, con el fin de llegar a un protocolo, porque la única terapia en la actualidad es paliativa.
Es necesario prestar apoyo a los padres, a las familias, tanto desde el punto de vista educativo como del de la integración, para la posterior inserción social, en función de la gravedad. Hace poco me decían que algunos niños pueden salir del problema, y es así, pero solo si los síntomas son leves. Para otros es totalmente imposible.
Creo que no hemos mencionado hasta ahora la necesidad de que la calidad de vida de las familias de los afectados por el autismo y otros trastornos generales del conocimiento sea aceptable; que tengan la posibilidad de utilizar centros de día, tanto de respiro como residenciales, bien sean temporales o definitivos, en la misma línea en que los tienen a su disposición los familiares de otros enfermos físicos o mentales de nuestro país. Pero, por desgracia, algunas comunidades y zonas están totalmente desprovistos de ellos.
Como he dicho, la educación es, en la actualidad, el tratamiento fundamental y más efectivo del autismo, teniendo en cuenta que no solamente compete a los niños sino también a los profesionales y a la comunidad en general. Es importante el respeto hacia el autismo.
Por lo que se refiere a la investigación médica, señorías, no solamente se está realizando en centros como el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Raras o el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Graves, sino en otros muchos, tanto en nuestro país como en el resto de Europa. Por desgracia, esta investigación, como la de todas las enfermedades que afectan al cerebro, es muy lenta porque la legislación así lo exige, porque debe ser exhaustiva con los derechos de los pacientes. Pero la investigación es clave, no solamente para conocer el origen de la enfermedad sino también su diagnóstico y, más adelante, su curación.
Como decía anteriormente, afecta entre el 0,5 y el 3% de los nacimientos. Es cierto que estas cifras se han ido incrementando en los últimos años, pero quizá se deba a que el diagnóstico ha sido más rápido en los países del primer mundo.
Insisto en que entiendo perfectamente la preocupación de los padres y familias y, por tanto, de las asociaciones, porque el autismo, repito, es para toda la vida, y los afectados pocas veces serán autónomos.
La moción reclama apoyar la investigación clínica, que esta sea potenciada y sus resultados transferidos a la práctica habitual de los profesionales que atienden a los pacientes. Pero, señorías, es que eso debe ocurrir siempre, no solamente en el caso de esta enfermedad. La investigación debe trasponerse rapidísimamente, a ser posible, a la práctica habitual de la medicina.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que recoge las propuestas del Grupo Popular sobre la base de lo que se está haciendo en este momento; pero es que si ya estuviésemos haciendo todo lo que es necesario, ahora no estaríamos aquí debatiendo. Y eso no es solo culpa de los Gobiernos sino también de la evolución, y por eso he hecho hincapié en eso, porque la evolución de la propia enfermedad y de los conocimientos sobre ella ha hecho que los Gobiernos y que las sociedades haya ido por detrás.
Tenemos una tarea importante, aunque menos que la que han realizado ustedes, las asociaciones, que con su perseverancia han logrado que hoy estemos todos debatiendo.
La mayoría, y muy especialmente mi grupo parlamentario, hubiese deseado poder alcanzar un acuerdo de todos los grupos de la Cámara a través de una transacción, pero no hemos debido hacerlo muy bien porque, al final, no lo hemos conseguido. Creemos que las aportaciones del Grupo Socialista mejoraban el texto original pero, como ustedes pueden ver, eso no ha sido posible. Estoy convencida de que el Grupo Socialista puede sumarse al total. No es cuestión de un poquito más o un poquito menos, porque creo que ningún miembro de esta Cámara está en contra; sencillamente, discrepamos sobre pequeños matices y puntos de vista, pero no en cuanto a realizar un esfuerzo para que más adelante esos niños tengan el cuidado y la atención que sus familias desean.
Votaremos, pues, a favor de la moción transaccional que se ha propuesto, y esperamos que lo haga el resto de miembros de la Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el grupo Parlamentario de la Entesa tiene la palabra el senador Esquerda.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: Moltes gràcies, senyor president. (El señor senador comienza su intervención en catalán.)
He dicho, señorías, que el autismo es un trastorno que afecta cada vez más a un número mayor de ciudadanos, ciudadanos que tienen exactamente los mismos derechos que el resto de la población. Y la sociedad tiene la obligación y el deber de preservarlos, cuidarlos y atenderlos con mayor atención, si cabe, que para el resto de los ciudadanos debido a su propia desprotección.
Al no ser considerado el autismo una enfermedad propiamente dicha, entrarían en juego otros aspectos aparte del sanitario, como el educativo y el entorno social, por lo que los trastornos del espectro autista deben ser abordados desde un prisma multidisciplinar. Estamos absolutamente de acuerdo en que debemos esforzarnos invirtiendo todos los recursos que sean necesarios para mejorar en lo posible la vida de esas personas. Es evidente que existe una gran diferencia entre aquellas que padecen este trastorno, porque este se presenta en una gran variedad de intensidades; por ello, esa transversalidad de medios y recursos hay que ponerlos a su alcance para mejorar en lo posible la calidad de vida de las personas afectadas.
Quiero saludar expresamente a los representantes de las asociaciones que hoy nos acompañan y darles el aliento que se merecen para seguir luchando en pro de la mejora de las condiciones de vida de las personas afectadas. Sepan que en esta Cámara tienen a sus máximos aliados, independientemente del color político de los distintos gru-
pos porque, amigos, frente a problemas como el presente todos tenemos un solo objetivo: la mejora de la calidad de vida social, educativa y sanitaria de todos los afectados. Y así lo quiero testimoniar desde la Entesa Catalana de Progrés y en nombre de los partidos que represento: el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida i Alternativa.
Dicho esto, señorías, quiero manifestarles que no todas las autonomías tienen el mismo grado de desarrollo en este aspecto; ni en este ni en otros muchos. Vamos a apoyar esta iniciativa -la hemos apoyado ya, porque hemos firmado la enmienda transaccional-, pero nos sabe mal que el Grupo Popular no tenga la flexibilidad que hemos demostrado otros grupos y se haya empeñado en presentar una propuesta sin aceptar ninguna sugerencia que, según nuestro modesto entender, podría mejorar sustancialmente esta moción, no ya solamente en su redacción -lo importante no es que quede o no bonita-, sino en cuanto a los resultados que se vayan obteniendo a lo largo del tiempo. Ustedes han obviado que hay una estrategia nacional de salud mental, aprobada por el consejo interterritorial en diciembre de 2006, con el apoyo de todas las comunidades autónomas, en la que se establecen los objetivos generales para la promoción de la salud mental, la prevención de los trastornos mentales, la atención especializada, la coordinación institucional e interdepartamental, la formación y la investigación.
En el marco de esta estrategia, uno de los colectivos prioritarios es la población infantil y juvenil con trastornos mentales graves, entre los cuales estaría incluido el espectro autista. Por tanto, si se propone hacer un plan estatal sobre el autismo, debe hacerse en el marco de la estrategia nacional de la salud mental.
El portavoz del Grupo Popular ya me comentó que había entrado en contacto con las distintas asociaciones, pero no con las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias transferidas. Por tanto, estamos debatiendo sobre unas competencias de las comunidades autónomas sin contar con ellas, señor Cuevas. Desde ese punto de vista, no deberíamos apoyar esta moción, pero lo vamos a hacer porque, al final, las cosas se harán como hay que hacerlas. Quiero pensar que también el Grupo Popular tendrá una mínima sensibilidad y trabajará de acuerdo con la lógica, de modo que no tendrá solo en cuenta esa foto que hoy quiere hacerse con esta moción, porque, señoría, esa foto nos la haremos todos, pero no con la moción en sí, sino con el trabajo bien hecho por y para las personas que sufren este trastorno y sus familiares. Y esto se lo digo desde el prisma de Cataluña, donde hace ya mucho tiempo que trabajamos en la mejora de estos afectados.
Algunas líneas que se proponen en esta moción son las que se están desarrollando ya en Cataluña mediante un grupo de trabajo interdepartamental que se ha creado para dar respuesta a una resolución del Parlamento sobre este tema y que se coordina desde el Departamento de Salud. Dicha resolución, de 10 de julio del año 2008, es decir relativamente reciente, quería poner en funcionamiento un grupo de trabajo sobre el autismo, establecido por el Plan Director de Salud Mental de Cataluña, que tenía que elaborar un protocolo para mejorar la detección precoz del autismo -realmente este es el gran problema: la detección precoz-, el tratamiento especializado, el modelo organizativo de la red asistencial, los sistemas de derivación y el trabajo con las escuelas. De acuerdo con esta resolución aprobada -en el mes de septiembre se presentó en el Parlamento un estudio sobre los efectos de dicha moción-, atendiendo a que el abordaje del autismo y otros trastornos relacionados requieren necesariamente una atención integral que comporta la intervención de diferentes equipos sanitarios y no sanitarios, se optó por constituir este grupo multidisciplinar de carácter intersectorial. Por tanto, desde el Departamento de Salud de Generalitat de Catalunya se pidió la colaboración del Departamento de Educación y de Acción Ciudadana para que se designasen los representantes que habían de formar este grupo de trabajo. Dicho grupo ya está trabajando desde el 1 de abril de este año, y para hacer más operativa su labor se acordó trabajar en paralelo en tres subgrupos, encomendándoles respectivamente los temas de detección, diagnóstico e intervención. El objetivo del grupo es poder elaborar unas recomendaciones sobre la detección precoz, el establecimiento de un circuito de derivación que disminuya el plazo para hacer el diagnóstico y el tratamiento y seguimiento de los niños, jóvenes y adultos con trastornos de espectro autista.
Señorías, les he querido relatar un poco lo que se está haciendo en Cataluña porque seguramente es una de las comunidades que más tiempo lleva trabajando en este aspecto, desde antes del año 2004.
En esta moción se da un paso importante, no exactamente por lo que dice la moción en sí, sino por cuanto se encara un problema de unos afectados -cuyos representantes se encuentran hoy en la tribuna de visitantes-, problema que es necesario abordar en esta Cámara.
Estoy contento de que casi se haya llegado al consenso total, aunque no esté absolutamente de acuerdo con el tratamiento competencial que se da en la moción a las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor senador.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Maestre.
La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Gracias, señor presidente.
Señor Cuevas, lamento profundamente que haya imperado la disciplina de partido y que no haya aceptado nuestra enmienda. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Lo lamento profundamente porque pienso que estas personas que están en la tribuna no se lo merecen.
Señoría, si el presidente de la Cámara me lo permite (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.), voy a dirigirme directamente a los afectados -si me dejan hablar- porque aquí nos perdemos en debates técnicos, terminológicos, competenciales pero las personas que quieren una solución para sus familiares necesitan una explicación; y aunque a ustedes no les guste, se la voy a dar: hasta última hora hemos hecho esfuerzos para que incorporaran nuestra enmienda, y voy a explicar a las personas que han venido hasta aquí cuál es el problema.
La única petición que trasladamos al Grupo Popular era que eliminara la palabra «plan». Y hace apenas dos semanas en el Pleno de esta Cámara se aprobó una moción en la que se pedía un documento para estudiar el problema de la fibromialgia, y no se elaboró ningún plan, ninguna estrategia. Entonces sí lo respetaron, pero no sé qué titular de los periódicos de hoy habrá marcado su estrategia, y parece mentira que utilicen su situación política para manosear el problema de los demás (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) porque hoy el criterio del Grupo Popular ha sido negar el acuerdo con el Grupo Socialista.
Señorías, lo único que pido es que quiten la palabra «plan» (Rumores.) Les pedíamos un documento de estudio para trazar un mapa sobre cómo se está llevando la atención a las personas afectadas de autismo, que contenga medidas para la integración social, para la detección precoz, para la atención en las escuelas y para que se aplique la atención a la dependencia, que, por cierto, ustedes, que se les llena la boca con los problemas de los demás, deberían empezar a aplicar la Ley de dependencia porque precisamente en las comunidades gobernadas por el Partido Popular no se está llevando a cabo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Gracias, señor presidente.
Me habla de un plan sobre el autismo. Verdaderamente el autismo debe ser atendido desde diversos ámbitos, y esas son las propuestas del Grupo Socialista. Pero cualquiera puede entender que existen más de 6000 enfermedades raras y que no se puede hacer un plan por cada una de ellas. Aunque es importante, hay que trabajar desde la globalidad, y para eso está nuestro Sistema Nacional de Salud, el Sistema de atención a la dependencia, la políticas de atención a la discapacidad, los planes de empleo y las medidas de acción positiva, en global, que afecten, incluyan y atiendan a las personas con autismo. Pero, repito, no podemos hacer un plan nacional por cada una de las enfermedades. Seamos serios y responsables porque cuando ustedes gobernaban, señor Cuevas, ni usted ni su grupo lo pidieron, y aquí hay personas que han estado en el Gobierno y en el Ministerio de Sanidad y saben que no es factible hacer un plan por cada una de estas enfermedades. Por tanto, seamos un poco más serios, se lo pido por favor.
Señoría, hemos mantenido muchos debates en los que hemos empleado mucho tiempo. Señor Cuevas, yo no le voy a responsabilizar, porque hemos hablado largo y tendido sobre el asunto, y usted mismo, en la primera toma de contacto me reconoció que le daba igual que se denominase plan, medida, estrategia o documento; lo que usted me dijo -y lo comparto al cien por cien- fue: queremos medidas para los afectados de autismo, y porque compartimos su petición hemos presentado esta enmienda, para establecer medidas que permitan que las personas afectadas de autismo y sus familiares puedan hacer frente a su situación, para integrarlos, para que se desarrollen y para que sean detectados porque tenemos un gran problema con la detección precoz, y por eso planteamos las guías clínicas. Pero ustedes se han perdido en la palabra «plan» y han antepuesto su estrategia partidista manoseando los problemas de los demás precisamente para que haya una confrontación política. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Gracias, señor presidente.
Los familiares quieren medidas y es a las comunidades autónomas a quienes les corresponde ponerlas en marcha. Y, señoría, le voy a decir algo: no vamos a votar en contra de su moción; lo están deseando pero no les vamos a dar esa satisfacción. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Repito, no vamos a votar en contra de su moción.
Quiero explicar a los enfermos y a sus familiares que nos acompañan que la posición del Grupo Socialista en este caso va a ser la abstención. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Como ven, esa es la voluntad de diálogo y acuerdo del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, silencio.
La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Señorías, el Grupo Socialista nunca se abstiene; en este caso concreto tenemos muy clara nuestra posición: estamos del lado de quien más lo necesita. Por eso hemos propuesto la enmienda, para que las comunidades autónomas apliquen la Ley de dependencia, para que desarrollen la Ley de educación y en las escuelas se pueda favorecer la integración de las personas con autismo.
Por tanto, anuncio en esta Cámara que los parlamentos y los Gobiernos autonómicos van a emplear todas las iniciativas para que se lleven a cabo las medidas que planteamos en esa enmienda, y que ya he hecho llegar a los familiares. Nos vamos a asegurar de que sea así, incluso en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular; incluso, no, en primer lugar. Le puedo poner el ejemplo de la Comunidad de Madrid donde hay expedientes de atención a la Ley de dependencia que todavía están sin mirar desde
el año 2007. ¡Dos años sin resolver expedientes de la Ley de dependencia! ¡Eso es una auténtica vergüenza! No nos van a dar ustedes lecciones de lo que es la atención a la dependencia y a las personas afectadas de autismo. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Vamos a presentar estas iniciativas para promover que todas las comunidades autónomas cumplan con la integración de las personas afectadas de autismo. Nosotros sí que vamos a expresar nuestro compromiso. No nos vamos a quedar en un documento. Usted viene aquí a dar un discurso con toda la buena intención, no me cabe la más mínima duda, pero sabe que sin nuestro apoyo la medida pierde fuerza. Era lo que le trasladaba el otro día cuando intentaba buscar un texto conjunto; por cierto, se consensuaron tres mociones, pero cuando usted se dirigió a la dirección de su grupo parlamentario, le dijeron: Que no, que no; allá ellos. Ajo y agua al Partido Socialista. Ajo y agua. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) ¿Esa es su voluntad de acuerdo en un tema tan importante como es el autismo? ¿Esa es su postura?
Senador Cuevas, no queremos hacer sangre con esto, simplemente le pedimos que elimine la palabra «plan» y que respete las competencias de las comunidades autónomas. Es lo único que le pedimos. ¿Tan difícil es que quiten eso? Explíquemelo. ¿Tan difícil es que quiten esa palabra? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) ¿Es tan difícil? ¿O es que realmente ustedes quieren que no votemos? ¿Es que han forzado una estrategia utilizando a las personas afectadas para que se posicionen en esta cuestión? Sean un poco más responsables, se lo pido por favor.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cuevas.
El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, señor presidente.
Voy a empezar por el final, como es lógico. Señora Maestre, relájese. Está usted muy nerviosa. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Hasta se permite apuntarnos con el dedo, como los niños mal educados. Calma, tranquilidad. Yo estoy tranquilo, a pesar de que usted me ha acusado de algo muy grave, que es utilizar a enfermos de autismo. Eso es muy grave. No se lo tolero, señora Maestre. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: Muy bien, muy bien.) Solo se lo perdono por el papelón que está usted haciendo; el papelón que le están haciendo hacer, por eso que usted ha denominado disciplina de partido. Agárrese, le dijo la graja al cuervo: Apártate, que eres negro. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Disciplina de partido, me dice. ¡Menudo papelón le están haciendo a usted cumplir! (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista:¡Lea la prensa de hoy!)
Después de haber estado ayer negociando durante mucho tiempo, ¿verdad que cuenta usted interioridades de la negociación? Vamos a contar otras. No es verdad que usted solo quiere que quitemos la palabra «plan»; es evidente que usted quiere que quitemos la palabra «plan» porque así no tiene ningún compromiso. Así no podremos reclamarle dentro de unos meses el compromiso al que han llegado. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Es evidente. Usted decía: vamos a ser todos buenos con todos. No, vamos a pedir que se llegue a un compromiso, por eso queremos un plan.
Usted quería eliminar otra palabra; a toda costa quería eliminar la palabra «financiación». (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Usted no quería que la Administración central se comprometiera a apoyar las necesidades. Ya lo entiendo, se lo gastan en otras cosas. Han llegado ustedes a tal nivel de endeudamiento que ya no pueden ocuparse ni de los autistas. Usted sí que utiliza a los autistas, y vamos a dejar el tema.
Me gustaría enviar dos mensajes a la sociedad: uno, que los legisladores somos sensibles a los problemas de colectivos de todo tipo; y, dos, que somos capaces de llegar a acuerdos. Me congratulo porque todos los grupos de esta Cámara hemos llegado a acuerdos, excepto el Grupo Parlamentario Socialista. Me congratulo, porque todos los que han intervenido en esta Cámara han mostrado sus discrepancias, unas más leves, otras menos.
Efectivamente, senador del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, cuando hablé con usted me dijo -vamos a seguir contando interioridades-: siempre sois iguales los del PP; siempre estáis pidiendo planes a nivel nacional, no tenéis en cuenta a las autonomías. Sí las tenemos en cuenta, de verdad; de hecho, hemos accedido con gusto a incorporar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Lo hemos hecho con gusto porque entendemos que ahí está la responsabilidad de la ejecución de este plan. Quienes van a concretarlo van a ser las comunidades autónomas. Bueno, pues a pesar de las discrepancias, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés se ha sumado a esta iniciativa que es buena para el Senado, buena para el Estado y buena, sobre todo, para los afectados. Convergència -lo he dicho antes- y el Grupo de Senadores Nacionalistas también se han sumado. Ha habido voluntad de compromiso por parte de todos, excepto del Grupo Socialista.
Me pregunta la senadora socialista por qué no firmamos su enmienda. ¿Y por qué voy a firmar su enmienda? Firme usted mi moción. He presentado una moción razonable, contando con la participación de las asociaciones porque yo las conozco, yo sí hablo con ellas; y usted me presenta una enmienda de sustitución y ni siquiera plantean cambios -como ha hecho Convergència-, sino que dice que mi moción no les vale y que vale la suya. ¿Y por qué? ¿Es usted más que yo? ¿Tiene usted más derecho a defender a los ciudadanos? ¿Cree usted que está más legitimada? No
señor. El Grupo Popular tiene tanta obligación como derecho de defender a los ciudadanos y lo va a seguir haciendo. Y yo sí que no voy a hacer sangre, se lo aseguro. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Decía usted que me daba igual la palabra «plan». No es cierto. Yo dije que había que mantener el concepto, que tenía que haber algo que mantuviera el compromiso del Gobierno, algo que obligara de verdad a que se cumpla y a que veamos si se ha cumplido o no. No consiste solo en proponer una moción para decir lo buenos que somos y lo bien que lo vamos a hacer, como lleva usted diciendo desde hace un tiempo. No, señor. Yo tengo la obligación en esta Cámara de controlar e impulsar la acción de gobierno, y es lo que queremos e intentamos. Usted dice que va a controlar el cumplimiento de la Ley de dependencia. Hágalo. Es su obligación. Le animo a que lo hagan. Eso sí, primero cumplan con su financiación, cumplan ustedes y aporten a las autonomías lo que se comprometieron y que no están haciendo y después pregunte, que está usted en su derecho y en su obligación. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Efectivamente, está usted en su derecho y en su obligación porque podríamos cambiar palabras, pero no conceptos, no espíritus, y no tenemos por qué dejar de responder a las legítimas pretensiones de los autistas y sus familias porque ellos no lo merecen.
Voy a hacer otro inciso. Me hace gracia que usted se haya dirigido tantas veces a los familiares con los que hasta ahora ha hablado poco. Me hace gracia. Se ha dirigido a ellos varias veces, lo entiendo. Tiene usted tan difícil justificarse que es normal que en vez de a sus compañeros se dirija a quienes está ofendiendo directamente, y lamento decirlo. Ellos no merecen que nos enzarcemos, no merecen que nos peleemos, no merecen que busquemos excusas: que si la crisis económica, que si las dificultades de financiación, que si las rencillas competenciales... No lo merecen; y prueba es que muchos hemos cedido en varios aspectos, hemos cambiado «plan nacional» por «plan estatal», hemos incorporado la enmienda de Convergència. Los grupos nacionalistas han entrado pese a su reticencias porque los afectados no merecen que nos peguemos por minucias. No lo merecen y no debemos hacerlo.
Señorías, lo que hoy debatimos es importante y urgente. Debemos establecer prioridades. Debemos prescindir, si hace falta, de otras cosas que no son urgentes o que no son importantes y mucho más de las que no son ni urgentes ni importantes, como está ocurriendo muy a menudo.
Agradezco a todos los grupos sus esfuerzos por llegar a un acuerdo, muy especialmente, por supuesto, a los que finalmente han llegado a ese acuerdo. Y apelo a la conciencia de los senadores socialistas para que apoyen esta moción; apelo a su conciencia. Apelo a que, por una vez, se salten esa disciplina de partido y hagan algo tan fácil como votar a favor de una moción que, según ellos mismos, comparte su filosofía.
¿Les duele la palabra «plan»? Aplíquenla ustedes como les apetezca, pero yo apelo a su conciencia para que voten a favor y demos, al final, una imagen de unidad ante un problema real. Ahora lo que hace falta, salga como salga esta moción, que va a salir aprobada -me gustaría que por unanimidad, pero si no, lo será por amplísima mayoría, porque el Grupo Socialista ha intentado aplicar el cordón sanitario contra el Grupo Popular, pero al final le ha salido mal; cambian las tornas y ahora los que estamos solos no somos nosotros, los que están solos son otros-, como decía, lo que hace falta, una vez aprobada la moción, es que el Estado, la Administración central escuche el mensaje, y no solo la central, sino la autonómica, que las diputaciones y los ayuntamientos tomen nota de que los autistas son personas, personas con nombre y apellidos y, sobre todo, con dignidad humana y con derechos. ¡Ojalá que esta moción suponga el inicio del buen camino hacia la meta: que los autistas y sus familiares vivan más dignamente para que también la sociedad en su conjunto pueda sentirse un poco más digna!
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción que se acaba de debatir, con una transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 145; en contra, 1; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE EL PLENO DEL SENADO ACUERDA LA CREACIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, DE UNA PONENCIA DE ESTUDIO QUE ANALICE LA RELACIÓN DE CADA TERRITORIO CON LOS COOPERANTES QUE RESIDAN EN LOS MISMOS Y LA POSIBILIDAD DE CONSENSUAR LA NORMATIVA APLICABLE A TALES EFECTOS (Número de expediente 662/000075).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que el Pleno del Senado acuerda la creación, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de una ponencia de estudio que analice la relación de cada territorio con los cooperantes que residan en el mismo y la posibilidad de consensuar la normativa aplicable a tales efectos.
Para su defensa, tiene la palabra la senadora Camacho. (Rumores.)
Señorías, ruego silencio. (Continúan los rumores.)
Señorías…
Comience, señoría.
La señora CAMACHO VÁZQUEZ: Gracias.
Señorías, el 8 de septiembre del año 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración del Milenio. En ella se establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los que destacan la lucha internacional por el desarrollo y la erradicación de la pobreza para el año 2015. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Espere un momento, señoría.
Les ruego silencio. Es imposible oír a quien está en el uso de la palabra. (Continúan los rumores.)
Por favor, señorías, tenemos cuatro proyectos de ley… Me están entendiendo perfectamente. (Continúan los rumores.)
¡Señorías, ruego silencio; y el que no quiera escuchar, que salga!
Comience, señoría.
La señora CAMACHO VÁZQUEZ: Gracias.
Decía que, según la Agencia Española de Cooperación Internacional, dentro de los valores y principios de la Declaración del Milenio, se cita expresamente la cooperación internacional como uno de los instrumentos básicos para resolver problemas humanitarios, económicos, sociales y culturales en los diferentes territorios de nuestro planeta.
La fecha de la Declaración del Milenio, texto de referencia de la política española de cooperación, fue la razón por la que se eligió el 8 de septiembre como día del cooperante: por su implicación en la lucha contra toda clase de desigualdades y por el compromiso de todos aquellos que hacen posible con su trabajo un hueco a la esperanza. Y lo hizo, no porque un determinado colectivo necesite la señalización de un día en el calendario, sino como acto de reconocimiento de nuestra sociedad a los españoles que defienden con su trabajo espacios de concordia y progreso. Porque ellos simbolizan nuestra primera línea en la lucha contra la pobreza y la injusticia, el impulso al desarrollo sostenible y la puesta en valor de los derechos humanos y los valores democráticos.
El sector de la cooperación al desarrollo ha crecido en España y en el entorno europeo. Su vitalidad está condicionada por una realidad internacional compleja e incierta, sacudida por desastres humanos y naturales y, sobre todo, por fracturas aparentemente insalvables que nos remiten a los ámbitos de la cultura, la economía y la política.
Según datos recientes, hay cerca de 1700 cooperantes españoles distribuidos por el mundo. La mayoría de ellos, casi la mitad, se encuentran en Iberoamérica y les siguen aquellos que realizan su trabajo en el África subsahariana, Extremo Oriente, Magreb y Oriente Medio. Por países, alrededor de 63, son Nicaragua, Colombia y Marruecos los que reciben mayor número de cooperantes. Alcanzan cifras destacables también los cooperantes españoles en Perú, cerca de 90, Ecuador, más de 60, o Mali, en torno a los 60. En cuanto a las comunidades autónomas de procedencia, Cataluña ocupa el primer lugar con más de 200 cooperantes en el exterior y le sigue Andalucía con cerca de 150. Por datos porcentuales, un 58% realiza su labor en Latinoamérica, un 20% en el África subsahariana, un 11% en Extremo Oriente y un 7% en el Magreb y Oriente Medio. Estas cifras se refieren al personal remunerado, excluidos funcionarios, voluntarios y misioneros.
Casi la mitad de los cooperantes llevan a cabo su labor en las ONG españolas de ayuda al desarrollo distribuidas por todo el mundo. Por su parte, en la Agencia Española de Cooperación Internacional trabajan cerca de un 15% de los cooperantes. También hay un número significativo en las agencias del Sistema de las Naciones Unidas, en la Unión Europea y en las ONG extranjeras de ayuda al desarrollo. Muchos de ellos llevan a cabo su trabajo humanitario en países en guerra o en situaciones muy difíciles.
Estos cooperantes y las organizaciones españolas a las que representan están tejiendo una de las redes más eficientes y solidarias que puede tener hoy un país avanzado. Es la expresión humanitaria de los valores que constituyen la ciudadanía del siglo XXI; valores que se hace imprescindible extender en la realidad compleja de un mundo global golpeado por la enfermedad, el hambre y la pobreza, así como la violencia, la inseguridad y, en suma, la ausencia de futuro para millones de hombres y mujeres que en demasiadas regiones del planeta carecen hoy de un elemental estatuto de ciudadanía.
Muestra de la consideración que nuestra sociedad tiene hacia los cooperantes fue el reconocimiento expreso que hizo el Congreso de los Diputados coincidiendo con la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, subrayando la especial contribución de estas personas a la construcción de un mundo mejor y su compromiso de asociación con las organizaciones y las comunidades locales de los países objeto de la cooperación.
Nadie duda hoy, a la vista de esta realidad, de la importancia de las actividades que desarrollan las personas comprometidas con la cooperación. Tampoco existen dudas sobre la necesidad de dignificar las condiciones en las que desarrollan su trabajo los hombres y mujeres que integran el sector.
Por ello, en el año 2006 se aprobó el Estatuto del cooperante, marco normativo que recoge los derechos y obligaciones de quienes prestan su trabajo en el extranjero como cooperantes mediante la ejecución de programas de cooperación internacional para el desarrollo o de ayuda humanitaria. Se trata de una norma en la que se desarrollan las previsiones contenidas al respecto en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 7 de julio de 1998. La aprobación de este estatuto hizo posible, en primer lugar, definir y determinar desde una perspectiva jurídica el concepto de cooperante, lo que permite que en ulteriores disposiciones sectoriales, incluidas fiscalidad y seguridad social, se pueda considerar específicamente la problemática propia del colectivo.
Tras varios años de funcionamiento del referido estatuto, y tal y como se recoge en el texto de la moción, casi todas las ONG para el desarrollo hacen un balance positivo porque, entre otras cosas, se han reconocido las especificidades propias de los cooperantes, ya que el estatuto, reivindicación histórica de los afectados, vino a regular el sector, dotándolo de un desarrollo legislativo propio y convirtiéndose en un instrumento básico que proporciona la protección social y laboral de las y los cooperantes, con lo que esto supone en términos de garantía, estabilidad y seguridad.
Pero en la aplicación del estatuto todavía existen importantes aspectos en los que continuar trabajando que nos afectan a todos, en primer término, al Gobierno central, pero también a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a las entidades promotoras de la cooperación internacional para el desarrollo definidas en la norma estatutaria. En primer lugar, se requiere un desarrollo reglamentado por el Estado de las prestaciones sanitarias de los cooperantes durante su estancia en España en el marco del catálogo de derechos y obligaciones que se les reconocen estatutariamente y que incluye la figura de un aseguramiento colectivo. En segundo lugar, la regulación de un elemento fundamental de la vida del colectivo: el retorno. Por eso, su inscripción como desempleados en los servicios públicos de empleo una vez que vuelvan a España después de concluir sus labores de cooperación, debe conllevar la aplicación al colectivo de los programas de políticas activas de empleo. Es cierto que la opinión generalizada en el sector sostiene que, pese a contar con una herramienta tan importante como el estatuto, la complejidad de nuestro modelo territorial y la dispersión normativa a él asociada dificulta que el colectivo cuente con idénticas condiciones y garantías en cuestiones fiscales y/o laborales.
En materia de fiscalidad, los cooperantes españoles en el exterior se consideran residentes fiscales en España, salvo que tengan un certificado de lo contrario, con independencia de la duración de su estancia en el país de destino. En este sentido, contribuirían por el IRPF, tributando por su renta mundial, es decir, tanto la percibida en España como en el extranjero. Sin embargo, existe la posibilidad de aplicar la exención del IRPF a las rentas percibidas en el extranjero con el límite máximo de 60 100 euros anuales, cumpliendo con los siguientes requisitos: uno, que esos rendimientos tengan consideración fiscal de rendimientos del trabajo. Dos, que exista un desplazamiento físico del trabajador al extranjero para realizar allí su trabajo de cooperación. Y, tres, que en el territorio en el que se realice el trabajo de cooperación se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IRPF y no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal.
Sin embargo, al no existir un criterio unitario de las distintas administraciones, depende de la comunidad autónoma de residencia la exención o devolución efectiva del IRPF del personal expatriado, estableciéndose de esa manera discriminaciones indeseables entre los cooperantes y contraviniendo la nota aclaratoria remitida a todas las comunidades por la Agencia Tributaria. Por otro lado, la carga de la prueba de la existencia de un impuesto análogo al del IRPF en el país de cooperación en la mayoría de los casos se exige al propio interesado, lo que genera la necesidad de probar este extremo cada vez que se solicita una devolución y además sometiéndolo a diferentes criterios de valoración, dependiendo de nuevo de la comunidad autónoma en la que se resida.
En cuanto a los derechos laborales de los cooperantes, la normativa aplicable en la que se sustenta es la recogida en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el real decreto por el que se establece el Estatuto del cooperante y la orden por la que se desarrolla el citado estatuto. Sin embargo, a la hora de pretender garantizar los derechos laborales de las personas que desarrollan actividades de cooperación, no se contempla que la experiencia adquirida por estos en su trabajo sea considerada en el momento de acceder a las diferentes administraciones públicas mediante las oposiciones o concursos pertinentes en los que se valoren méritos y capacidad, lo que provoca actuaciones, si no arbitrarias, sí discrecionales por parte de cada Administración en la valoración de esa experiencia.
Por regla general, el perfil del cooperante responde en la mayoría de las ocasiones a personas jóvenes, con carrera o licenciatura académica reciente y que por ello mismo carecen de plaza fija. Sería deseable la posibilidad de poder valorar su experiencia profesional como cooperantes a efectos de oposiciones, bolsas de trabajo, reconocimiento de la antigüedad, etcétera, al objeto de permitirles su reincorporación al mercado laboral una vez terminada su actividad como cooperante.
Señorías, desde la aprobación del estatuto hasta el día de la fecha se han producido importantes avances, unas veces como consecuencia de su desarrollo y otras para intentar paliar deficiencias observadas en su aplicación. Por ejemplo, la aprobación de indemnizaciones a los cooperantes fallecidos en zonas de conflicto, el seguro colectivo que garantiza, entre otras cosas, la repatriación del cooperante a nuestro país en caso de necesidad para disponer de la mejor atención sanitaria o garantizar la asistencia en la maternidad son algunos de estos avances.
La puesta en marcha del seguro colectivo de salud y vida es una de las piezas clave de estas mejoras para los cooperantes, ya que es uno de los seguros más completos que existen, tal y como se ha reconocido por las ONG para el desarrollo. Actualmente, están dados de alta 532 cooperantes de 82 organizaciones y, según previsiones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se espera la pronta incorporación de muchas más.
También, y ante la disparidad del tratamiento fiscal a la que me referí antes, el ministerio realizó un esfuerzo de homogeneización y unificación de criterios en toda la Administración tributaria a través de una nota de la Subdirección General Técnica Tributaria en septiembre de 2007 después de diversas reuniones con las ONG y representantes del colectivo para intentar mejorar significativamente los criterios de la Hacienda Pública respecto a los coope-
rantes. Asimismo, se estableció un buzón de consultas sobre la fiscalidad que le es aplicable. Sin embargo, como he intentado exponer, son muchos los aspectos, incluido el fiscal, que precisan de mejoras objetivas en la problemática del colectivo.
Señorías, la preocupación por el desarrollo de la regulación normativa referida a los cooperantes ha sido una constante en las Cortes Generales durante la presente legislatura por parte de los distintos grupos parlamentarios, señal inequívoca de la valoración y reconocimiento de la sociedad española y de sus representantes a este colectivo. Espero que hoy, una vez más, demos muestra de la sensibilidad apoyando una moción que no pretende otra cosa que seguir avanzando en esa dirección.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Torres.
El señor TORRES I TORRES: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías.
Tal y como recoge la Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo, la política española de cooperación tiene su origen en la declaración contenida en el preámbulo de la Constitución española de 1978, en la que se proclama la voluntad de la nación española de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Pero dentro de todo este proyecto, que ha supuesto una importante regulación en esta materia de integración normativa y de codificación, es preciso revisar y actualizar el marco existente actual para poder hacer frente a una realidad cambiante.
En 1994 el Senado, en el informe de la ponencia de estudio de la política española de cooperación para el desarrollo, ya expresó la recomendación de que se procediera a elaborar la legislación que supliera el vacío normativo existente y que abordase los principales problemas en materia de cooperación española para el desarrollo.
Del mismo modo, actualmente la Ley de cooperación no puede eludir los problemas que presenta el marco actual, como la rigidez excesiva en los procedimientos administrativos, mecanismos de evaluación objetivables o la necesidad de una mayor transparencia. Por ese motivo, hoy nos encontramos de nuevo en este Pleno para estudiar y analizar la moción solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, a través de la cual se acuerda llevar a cabo la creación de una ponencia de estudio que analice la relación de cada territorio con los cooperantes que residan en ellos y la posibilidad de consensuar la normativa aplicable a tales efectos en materia de cooperación internacional al desarrollo.
La ayuda al desarrollo es una necesidad incuestionable, y aunque ha ido adquiriendo una tendencia al alza en la política exterior de los países y sociedades más avanzados, en España todavía se constatan graves disfuncionalidades que viene padeciendo nuestro programa, por lo que se necesita entrar en un proceso de estudio y de mejora.
Cabe destacar que en los últimos años la cooperación española ha experimentado un desarrollo extraordinario en lo que al incremento de recursos y al impulso por parte de las administraciones públicas, la Administración central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales se refiere. Sin embargo, el alto número de instituciones y entidades participantes en la política de cooperación ha propiciado el desarrollo de un programa de ayuda desconcentrado y descentralizado. Para conseguir un consenso básico se necesita la implicación de los diversos agentes sociales operativos redirigidos a un esquema eficaz y coherente. Esta necesidad hace indispensable que el Senado participe en la definición de las prioridades estratégicas de esta política y en formularios de las líneas esenciales. En definitiva, se han de elaborar los criterios adecuados reconducidos al establecimiento de una política de cooperación al desarrollo ajustada, adaptada y eficaz. Su planificación y evaluación requiere de instrumentos que permitan la eficacia de los criterios adoptados y la valoración de una programación adecuada de los recursos y de su debida gestión, un auténtico plan válido para señalar previamente los objetivos y resultados que se deben alcanzar.
Por otro lado, existen también aspectos de la política que necesitan atención preferente, como el personal de cooperación o el reconocimiento de un régimen fiscal especial aplicable a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y a sus aportaciones. En este sentido, y siguiendo con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, como bien se detalla, existen retos sobre los que hay que seguir trabajando. En esta sesión de hoy se plantean principalmente algunas carencias que muestra todavía el Estatuto del cooperante, el cual debe recoger sus derechos y deberes y reconocer el estatus de cooperante, así como regular de manera efectiva la relación jurídico-laboral de quienes se dedican a la cooperación al desarrollo y a la acción humanitaria dentro del marco actual de desarrollo de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional. Sin embargo, en esta materia todavía quedan puntos por esclarecer.
Las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo consideran de especial importancia la creación de un adecuado estatuto del cooperante con un digno reconocimiento, por la consideración, atención y respeto que la sociedad civil otorga a los cooperantes. Ellos comprometen su trabajo cotidiano y la totalidad de su propia persona convirtiéndose en los encargados de proyectar la imagen solidaria de España en el exterior. Ellos suponen una parte fundamental del éxito o fracaso de los diferentes proyectos de cooperación internacional para el desarrollo liderados por nuestro país. Y es importante que se reconozca la situación especial en que se encuentran, las difíciles condiciones de trabajo y de vida, el choque cultural, los peligros, la inseguridad, el riesgo, la carencia de recursos médicos y sanitarios, la falta de comunicación con la familia, vulnerabilidad ésta que se manifiesta durante el retorno, momento en que estos cooperantes han de rein-
sertarse en la sociedad, tanto personal como laboralmente. Todo ello conlleva una serie de dificultades consecuencia del cambio de hábitos y costumbres y una fuerte sensación de desarraigo. Por todo ello y mucho más, el actual Estatuto del cooperante de 2006 debería desarrollar adecuados aspectos fundamentales que faltan por mejorar, así como la elaboración de medidas de fomento que impulsen y favorezcan la incorporación de profesionales a esta actividad.
Señorías, como ya saben, la política de cooperación internacional para el desarrollo constituye un aspecto fundamental de la acción exterior de los Estados democráticos en relación con aquellos países que no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo basado en una concepción interdependiente y solidaria de la sociedad internacional y de las relaciones que en ella se desarrollan. Evidentemente, para coordinar de una manera efectiva esta política es necesario un trabajo conjunto en el cual existen diferentes agentes implicados que han de encontrarse sin dificultades.
Para terminar solamente quiero decirles que apoyo esta moción en su totalidad y que agradezco que la presente el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías, sobre el cooperante recaen una serie de estereotipos y perjuicios positivos y negativos por parte de la opinión pública que es preciso identificar y en la medida de lo posible, reconducir.
Esta moción del Grupo Parlamentario Socialista pretende una mayor dignificación, una corresponsabilización por parte del Estado y el adecuado retorno del cooperante que, a pesar de tener aprobado su estatuto, tiene evidentes disfunciones.
Por un lado, tal vez la idea más extendida sea la de que los cooperantes hacen una labor asistencial en países exóticos bajo condiciones muy adversas. Esta visión probablemente sea consecuencia de la vinculación tradicional que se ha establecido con la labor de caridad de la iglesia católica -muy meritoria- en remotos países a través de los misioneros o, más cercana en el tiempo, de una imagen un tanto reducida, construida y difundida por parte de los medios de comunicación. Pues bien, aunque de ellos se desprenda un reconocimiento y respeto por la labor, también motiva que su desempeño se asocie a una visión más parecida a la beneficencia o a la heroicidad que a la realidad diaria de los numerosos cooperantes involucrados en verdaderas actuaciones de cooperación al desarrollo. Aunque cada vez está más claro para los que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional, habría que insistir en diferenciar la ayuda al desarrollo de la tradicional caridad o de los conceptos más actuales de acciones humanitarias y de emergencia.
La cooperación al desarrollo implica la participación en pie de igualdad de los actores comprometidos en la acción, en el proyecto -beneficiarios, beneficiarias, organizaciones, instituciones de los países receptores, organizaciones no gubernamentales y agencias donantes- en función de las distintas posibilidades de cada uno de ellos y siempre con el horizonte de que ese impulso sirva para adquirir unas capacidades técnicas, económicas, educativas, que algún día generen unas condiciones tales que hagan innecesaria la ayuda externa.
Sin embargo, aun dentro de este enfoque y en respuesta a la diversidad de planteamientos personales, a la probabilidad de las organizaciones no gubernamentales o a la variedad de situaciones a las que atender, las posibilidades en las que pueden encajar los llamados cooperantes son múltiples.
Desde luego, no es lo mismo pertenecer a una gran organización no gubernamental internacional que a un grupo de vecinos de un municipio que constituyen su propia asociación movilizados por una causa concreta, no es igual trabajar en Venezuela que en Togo, como tampoco lo es tener 25 que 45 años, o permanecer en el terreno tres meses en lugar de tres años. Bajo todas esas posibles combinaciones y muchas otras más se conforma la figura del cooperante que, en general, goza de un alto reconocimiento de su propia sociedad y de aquella en la que actúa. No obstante, se dan una serie de circunstancias más o menos compartidas por todos y por todas, que envuelven su quehacer diario con unas difíciles condiciones de trabajo -el choque cultural, la inseguridad, el riesgo de accidentes y enfermedades, la lejanía con la familia, el retorno- que es justo reconocer. Más allá del halo del romanticismo que transmiten también, dedican buena parte de su tiempo a atender farragosos trámites administrativos, a asistir a innumerables reuniones o a realizar pesados desplazamientos, aunque la satisfacción que les reporta su labor, sin duda, se sobrepone a todo ello.
Por todo esto, en consonancia con el reconocimiento social e institucional y el creciente número de personas, principalmente jóvenes, que han salido al extranjero en la última década, en el año 2006 se aprobó el llamado Estatuto de los cooperantes, instrumento con el que se pretende regular la relación jurídico-laboral de quienes se dedican a la cooperación al desarrollo y a la acción humanitaria. Este obedece a una sentida demanda de parte de cooperantes y organizaciones no gubernamentales directamente relacionadas con el fenómeno de la ascendente profesionalización del sector en aras de una cooperación de mayor calidad, sin por ello dejar de reconocer otras maneras de actuar.
En lo que no estamos de acuerdo, y nunca lo estaremos, es en el criterio de que un cooperante autonómico, o la política de cooperación de autonomía, se subordine a los criterios de la Secretaría de Estado. Como dijimos en la comparecencia de la secretaria de Estado: cooperación, toda la que se necesite, toda la que se quiera y toda la que haga falta, pero coordinación subordinada, no.
Dicho esto, señor presidente, apoyamos esta moción destacando en primer lugar el buen trabajo que está
haciendo esta Comisión de cooperación del Senado, mucho más activa e interesante que la del Congreso, y porque creemos que en la ponencia que se apruebe los criterios de la cooperación deben primar sobre los de la coordinación centralizada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
Tras escuchar las flores del maestro Anasagasti, uno interviene con más ímpetu como miembro de esta comisión en la que, según dice, tanto trabajamos, y es cierto.
Señorías, comparezco para fijar la posición Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ante una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en la cual se pide que una ponencia de estudio analice la relación de cada territorio con los cooperantes que residan en los mismos, y la posibilidad de consensuar la normativa aplicable a tales efectos.
De entrada mi grupo parlamentario quiere comenzar diciendo que en este tema de defensa del cooperante tenemos un largo recorrido de exigencia. Hace años que en el Congreso Carles Campuzano, un claro referente en la lucha para defender los derechos de este colectivo, y este senador que les habla, hemos reclamado con insistencia un papel más claro del cooperante en la Ley de cooperación internacional y, por supuesto, el total desarrollo del Estatuto de los cooperantes.
Hay una expresión muy castiza que dice: ¿Y a ti, qué te pide el cuerpo? Pues en honor a la verdad, a mí me pide votar en contra, como creo va a hacer el Grupo Parlamentario Popular. ¿Y ello por qué? Pues porque esta moción se parece más a una entelequia que a una propuesta con visos de tener una tramitación efectiva, es decir, que más parece la voluntad de marear la perdiz, a la que nos tienen tan acostumbrados el Gobierno y el partido que le apoya, que la voluntad política de dar solución a los casi 2000 cooperantes que día a día se sienten indefensos, a pesar de que en el año 2006 aprobamos el Estatuto de los cooperantes.
Otro motivo que nos invita a votar en contra es la posibilidad de que este sea un nuevo intento armonizador, una pequeña «loapilla» del cooperante. Este deseo de estudiar cada territorio nos preocupa y, por tanto, en CiU estaremos muy atentos al tema competencial. Señores del Grupo Parlamentario Socialista, analizar la relación de cada territorio con los cooperantes que residen en ellos no -insisto-, no puede ser una excusa para eliminar un poco más el techo competencial de las autonomías en temas de cooperación.
También invita a votar en contra el propio texto de la moción ya que después de leerlo uno se pregunta qué es lo que realmente propone, aparte de crear una ponencia. El texto es realmente abstracto y difuso, por decir algo. Es posible que alguna de sus señorías pregunte por qué entonces el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar a favor de la creación de la ponencia. Pues lo hará por diferentes razones: una, por coherencia política, ya que desde CiU hemos pedido reiteradamente en las dos Cámaras un apoyo más explícito al cooperante, y ahora alguien podría no entender que no diéramos apoyo a esta iniciativa. Y otra razón, por posibilismo político, porque si somos capaces, pero de verdad, sin subterfugios, de darle un sentido a la ponencia, más allá del redactado actual que, en principio, no dice nada concreto, podemos tener un instrumento de debate y, sobre todo, un elemento desde el cual salgan propuestas para desarrollar de verdad y totalmente el Estatuto de los cooperantes a su más alto nivel.
Por tanto, vamos a votar a favor para visualizar nuestro interés en la figura del cooperante, pero lo haremos sin entusiasmo, sin apasionamiento, llenos de dudas sobre la operatividad que el grupo proponente le quiere dar a esta ponencia, y en el fondo con poca esperanza de que sea un buen instrumento para que realmente los derechos y deberes de los cooperantes sean recogidos en un documento sobre todo desarrollado por el Gobierno.
Creemos que si esta moción es realmente un deseo del PSOE de apoyar a este sector, llega tarde porque la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo se aprobó en el año 1998. Esta ley ya decía que había que desarrollar un estatuto del cooperante y, fíjense, señorías, no llega hasta el año 2006, casi ocho años más tarde, y ahora, tres años después de la aprobación del Estatuto, nos encontramos con esta curiosa propuesta de ponencia de estudio. A buenas horas mangas verdes. Por eso decía que si no fuera porque CiU lleva años solicitando en el Congreso y en el Senado la creación de esta ponencia para la potenciación y apoyo de la figura del cooperante, votaríamos en contra.
Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, votaremos a favor con un alto grado de incredulidad. Es una situación en la que nos parece que puede haber gato encerrado. No lo hacemos con entusiasmo, lo decíamos antes, pero intentaremos que con nuestro apoyo y el de todos los grupos parlamentarios sea una ponencia que funcione. Ustedes pueden hacer que cambie nuestra opinión, por ahora tienen nuestro voto, pero no nuestra confianza. Piensen que el cooperante y numerosas instituciones que trabajan en la cooperación son básicos para el desarrollo de zonas y países sumidos en la pobreza, y hasta ahora los cooperantes y las instituciones se han sentido muy desprotegidos.
Uno se pregunta por qué se ha presentado esta iniciativa, ¿para marear la perdiz, para tapar bocas? Este senador, que ha recorrido África desde hace años, conoce la gran labor humanitaria del cooperante, pero también su sentimiento de abandono y de permanente reivindicación de su papel. El tiempo, como siempre, nos dirá cuál es la voluntad que ha llevado al PSOE a solicitar la creación de esta ponencia. Señorías, esperamos que al final de este camino no haya sido una voluntad dilatoria para hacer callar a aquellos que reivindican un mayor papel del cooperante. Si no es así, tendrán no solo nuestro apoyo, no
solo nuestro voto, sino nuestra voluntad política de estar al lado de esta ponencia y de quien la propone.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, damos la palabra al senador Guillot, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.
En primer lugar, quiero manifestar el apoyo de mi grupo parlamentario a esta moción. España evidentemente es un país solidario que coopera, lo son sus instituciones, lo es su sociedad civil, y no es por nada por lo que un país llega a ser la cuarta potencia mundial en cooperación internacional para el desarrollo. Es más, España no es solo un país solidario en momentos de crecimiento económico, sino que ha reiterado sus compromisos de cooperación internacional en estos momentos de crisis. Todo esto lo podemos hacer no solo porque hay un esfuerzo y una dedicación por parte de las instituciones de los diferentes niveles -estatal, autonómico y municipal-, sino, sobre todo, por el compromiso de nuestra sociedad civil y de los cooperantes.
Tienen razón los portavoces que me han precedido al decir que no ha sido hasta el año 2006 cuando se ha aprobado el Estatuto de los cooperantes. Este ha sido un instrumento positivo que hay que ir afinando y la mejor manera de hacerlo es escuchando a los protagonistas institucionales y sociales analizando, estudiando, valorando y proponiendo.
A mis compañeros y compañeras de comisión les diría que no seamos melodramáticos. Ya sé que uno de los aspectos más delicados al hacer las propuestas es ver cómo se encajan los diferentes marcos competenciales, especialmente, el autonómico, pero marquemos territorio, delimitemos la voluntad o los límites de cada uno de los proyectos políticos a este respecto y no dramaticemos. La ponencia de estudio de la comisión hará exactamente lo que nosotros queramos, porque, afortunadamente, ni en esa comisión, ni en este Senado hay mayoría absoluta que pueda forzar a realizar o proponer cuestiones que no salgan de una mayoría o de un consenso, como es el que yo espero.
Insisto en que para nosotros es importante esta propuesta, que nos permitirá crear un marco de análisis, estudio y conocimiento de la situación de los cooperantes, así como realizar propuestas que permitan mejorar los instrumentos y proponer un marco coordinado de actuación entre los distintos niveles de la Administración, como decía el senador Anasagasti. Por ello, mi grupo da apoyo a esta moción.
Felicito a la senadora Camacho por la propuesta y convido al resto de los grupos parlamentarios a que la apoyen, pero, sobre todo, a que vivan esta propuesta de ponencia de estudio de manera positiva y constructiva.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Camacho.
La señora CAMACHO VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a aprovechar este turno, en primer lugar, para dar las gracias a todos los grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra por el apoyo que dan a la presente moción. Me hubiera gustado que fuera unánime, como suele suceder en la Comisión de cooperación internacional, pero creo que no va a ser así, por alguna reticencia del Grupo Parlamentario Popular que ya me hizo llegar su portavoz a la constitución de esta ponencia, que pretende abordar de manera global la problemática que existe, -creo que en eso estamos todos de acuerdo- y entre todos buscar las soluciones oportunas.
Como ya han dicho algunos portavoces, la constitución de esta ponencia no va a ralentizar, en absoluto, el desarrollo del Estatuto de los cooperantes, una tarea de muchos y, desde luego, la agilidad y la eficacia de la ponencia la vamos a definir sus miembros, Como decía el senador Guillot, nadie va a imponer nada, vamos a ser nosotros mismos quienes digamos cómo ha de funcionar, cuál será su periodicidad, etcétera.
Me hubiera gustado que su creación se apoyase por unanimidad, porque creo que es una buena idea la constitución de esta ponencia. No puede ser así, pero me gustaría volver a pedir al Grupo Popular que se sume a la moción. De todas formas va a tener que trabajar en la ponencia y es mucho mejor, si se suma, que uno venga con buen ánimo. De ahí que quisiera decirle al senador Maldonado que le agradezco su apoyo a la creación de la ponencia, aunque sé que lo hace sin entusiasmo. Espero que a los trabajos que ha de desarrollar la ponencia venga con todo el entusiasmo posible.
Por último, si se ha perdido un tiempo respecto al desarrollo del Estatuto de los cooperantes, no ha sido por culpa del Grupo Parlamentario Socialista ni del Gobierno, puesto que la Ley de cooperación internacional, como ustedes saben, se aprobó en 1998, nosotros llegamos en 2004 y el Estatuto de los cooperantes se aprobó en 2006, de modo que lleva muy pocos años de recorrido. Si tal como mandata la Ley, el Estatuto de los cooperantes se hubiera aprobado un año después de la Ley, probablemente no hubiéramos perdido esos años. De todas formas, creo que está de más pensar en lo que pudo haber pasado o hacer alusiones al pasado. Desde luego, en estos momentos queremos ser lo más resolutivos posible para atajar un problema real. Para ello, vuelvo a llamar al ánimo, para que la gente trabaje lo mejor posible, y, de nuevo, reitero mi agradecimiento a todos los grupos políticos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Velasco.
La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy una moción para la creación de una ponencia de
estudio que analice la relación de cada territorio con los cooperantes.
Para el Grupo Parlamentario Popular los cooperantes son muy importantes y múltiples han sido las iniciativas que se han realizado en este sentido. En la propia Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo se estableció, en su artículo 38.2, la obligación de aprobar el Estatuto de los cooperantes. Es verdad que en 2006 se aprobó en Consejo de Ministros el Estatuto de los cooperantes, mediante real decreto, dando así cobertura al trabajo que desempeñan más de 1500 personas en lugares y condiciones de notable dureza, que pueden suponer situaciones de riesgo para su salud y su integridad física.
El Estatuto de los cooperantes pretende garantizar los derechos, en especial los laborales, de las personas que desarrollan actividades de cooperación, pero la realidad es que se debería realizar un importante esfuerzo normativo que garantice realmente esos derechos de todos y cada uno de los cooperantes, respetando unos mínimos marcados desde el Gobierno. En definitiva, se trata de abordar un sistema absolutamente arbitrario y tendente a la generación de agravios comparativos y discriminaciones -como ya han comentado todos los portavoces- para garantizar otro que fomente la coherencia, la equidad y el respeto a los derechos laborales de los cooperantes. Si constituye una opinión compartida con la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades públicas locales, tal y como se establece en el prólogo del Estatuto del Cooperante, la labor de los cooperantes contribuye a difundir en el exterior la solidaridad como uno de los aspectos más positivos de la proyección internacional de la sociedad civil española; en definitiva, se pretende dar un apoyo real y efectivo a su trabajo.
Se debe reconocer el derecho a que la actividad realizada en proyectos de cooperación se compute en todos los baremos de acceso a la función pública, traslados y promociones de personal funcionario y del personal laboral en el ámbito que corresponda, especialmente importante en el sector público de salud ya que a estos profesionales les afecta gravemente la falta de desarrollo del estatuto marco del personal sanitario y que no sea únicamente tenido en cuenta como mérito a valorar para las plazas del sector público que guarden relación con la cooperación internacional.
La normativa aplicable en todo el territorio español debe ser consensuada con independencia por tanto de la comunidad autónoma de origen o residencia del cooperante como sujeto de ese derecho en cada caso. Sin embargo, señorías, los cooperantes no solo se encuentran con problemas laborales sino también con problemas fiscales a la hora de aplicar la exención del IRPF a las rentas percibidas en el extranjero. Esto surge como consecuencia de la redacción del artículo 7.p. de la Ley 35/2006, del IRPF.
La propia Agencia Tributaria emitió una nota de unificación de criterios sobre la tributación de los rendimientos de trabajo obtenidos por cooperantes españoles en el extranjero, como ha constatado la portavoz del Grupo Socialista, pero no ha sido difundida a todas las entidades, de manera que la mayoría de ellas siguen reteniendo inadecuadamente por no haber sido informadas por la Agencia Tributaria o por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.
A esa desinformación en general hay que añadir los problemas que sobre este particular están teniendo los cooperantes residentes en el País Vasco y Navarra, los trabajadores de la AECI en el exterior, que siguen viendo en la actualidad su nómina minorada por un descuento aparentemente ilegal, y numerosos autónomos en el exterior, que no pueden ver reconocido ese derecho por ser falsos autónomos.
Para resolver esto, ¿qué ha hecho el Gobierno? Crear una ventanilla única que se ha convertido en una dirección de correo electrónico que apenas informa y si lo hace es con escasa profesionalidad, lo que origina que la mayor parte de los cooperantes reclamen sus derechos asesorándose de forma privada.
Con respecto a la fiscalidad de los cooperantes también nos encontramos con que por parte de la propia Administración General del Estado y algún ministerio en concreto, como el de Igualdad -aquí se ha dicho que la mayor parte de estos cooperantes son jóvenes-, se niega un certificado sobre aspectos elementales de su desempeño laboral, solicitado para ejercer su legítimo derecho como cooperante en el exterior a que se le aplique la exención que marca el artículo 7.p. de la Ley del IRPF. El propio Ministerio de Igualdad interpreta que este certificado se refiere exclusivamente a cargos, según se recoge en una nota que envía a una relación de cooperantes, remitida por la Secretaría General de Políticas de Igualdad, que dice que no se le concede dicho certificado porque no es una persona que ostente un cargo dentro de la Administración Pública, vulnerando con ello la más elemental norma constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley. Este es un ejemplo más de la disparidad de criterios que emplea la propia Administración General del Estado respecto a la fiscalidad de los cooperantes. Este no puede ser un tema que recaiga solo en las comunidades autónomas, como ha defendido la portavoz del Grupo Socialista, a la hora de emitir la valoración las comunidades autónomas respecto al comunicado de la Agencia Tributaria. Creo que la Agencia Tributaria de momento no está transferida a las comunidades autónomas.
Dentro del desarrollo del Estatuto de los cooperantes han hecho algo más: establecer el día 8 de septiembre como el día del cooperante. La propia asociación profesional de cooperantes manifestó su disconformidad al entender que los cooperantes no deberían tener un día especial, porque el reconocimiento de su labor no debe ser objeto de un tratamiento especial ni diferente al resto de los profesionales. Así pues, consideran que el vehículo más idóneo para reconocer su trabajo no es la celebración de un día especial, sino el respeto de sus derechos laborales, al igual que se debe respetar al resto de trabajadores del Estado español, sin que el hecho de que su residencia en el extranjero suponga ningún tipo de discriminación como viene sucediendo hasta la fecha.
Además, señorías, tenemos algún otro hecho más que demuestra que poco o nada se ha avanzado en el Estatuto
de los cooperantes, y es el compromiso que alcanzamos todos en el Pacto de Estado contra la Pobreza, en el que en el apartado e) de sus conclusiones nos comprometíamos a avanzar en los desarrollos que requería el Estatuto de los cooperantes realizando las negociaciones que corresponden con las comunidades autónomas. Pues bien, de esto, nada de nada.
En el debate de esta iniciativa se ha hablado por parte de la portavoz de Grupo Socialista del seguro colectivo, seguro que se recoge en el Estatuto de los cooperantes y del que en estos presupuestos de 2010 no sabemos nada. Así como en las partidas presupuestarias de 2008 y 2009 aparecían dotaciones específicas para este seguro colectivo, por lo que respecta para 2010 no sabemos qué va a pasar. Espero que esto no vaya en detrimento de la labor ni de las condiciones que deben tener nuestros cooperantes.
Para el Grupo Popular resolver las desigualdades laborales y fiscales por las que pasan nuestros cooperantes es una prioridad, y entendemos que esta ponencia no puede paralizar el desarrollo de normas que eviten estas desigualdades, como he dicho a lo largo de mi exposición, o lo que en sí es el desarrollo del propio Estatuto de los cooperantes, estatuto que responde no solo a una norma legal, sino moral con quienes son los mejores embajadores de la solidaridad.
En mi grupo nos vamos a abstener porque los cooperantes necesitan otro tipo de actuaciones y no solo una ponencia de estudio que analice sus situaciones y que sirva a la vez al Gobierno para que durante el tiempo que esté la ponencia en esta Cámara no ejerza sus funciones para con los cooperantes.
No podemos estar, como decía el senador Maldonado, mareando la perdiz, imagen que podríamos dar y que así están viendo muchos de los cooperantes. Realmente los cooperantes necesitan unas medidas claras y una coherencia a la hora de aplicar todo lo relativo a sus derechos tanto laborales como fiscales, y no necesitan que el Gobierno -y así lo entiende mi grupo, y de ahí el motivo de nuestra abstención-…
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya terminando.
La señora VELASCO MORILLO: Termino ya, señor presidente.
Como decía, y no necesitan que el Gobierno entienda que se puede paralizar el desarrollo de este estatuto y no tenga la voluntad de desarrollarlo, responsabilidad que tiene dentro de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y la Secretaría de Estado de Cooperación al Desarrollo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor senador.
Vamos a pasar a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Socialista que se acaba de debatir.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 130; en contra, 1; abstenciones, 113.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS CON EL FIN DE DESBLOQUEAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES (Número de expediente 662/000077).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a debatir la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias con el fin de desbloquear la construcción del canal Segarra-Garrigues.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la exposición de la moción, tiene la palabra el senador Alturo. Por favor, señoría, no comience su intervención hasta que se desaloje la sala.
El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presenta hoy ante esta Cámara una moción de ámbito territorial sobre la construcción del canal Segarra-Garrigues, gran infraestructura para las comarcas de Lleida -que también para Cataluña-, para su debate y para la cual vamos a pedir su apoyo, entendiendo que esta Cámara debe ser también -mientras no se lleve a cabo la tan anunciada reforma para convertirla en una auténtica Cámara de representación territorial- un lugar donde se puedan tratar todos aquellos aspectos territoriales de interés general, como es el caso de la moción que hoy presentamos.
La aplicación de la directiva comunitaria ha generado un conflicto de intereses, y dado que hace ya algún tiempo la negociación con Bruselas se produce por los Estados y no por los pueblos, como entiendo que debería ser, nos vemos obligados a tratarlo en esta Cámara, pero este es otro debate.
Voy a tratar de dar a conocer a sus señorías qué es el canal Segarra-Garrigues, su importancia para el desarrollo agroalimentario de las comarcas de Lleida, en qué situación nos encontramos en este momento, y, especialmente, las amenazas a que está siendo sometido.
La construcción del canal Segarra-Garrigues es uno de los proyectos hidráulicos más importantes acometidos en Cataluña, que está destinado a convertir una gran parte de los actuales cultivos de secano en cultivos de regadío. Constituye, por tanto, una infraestructura emblemática para el futuro de las comarcas agrícolas de Lleida, destinado al regadío de más de 70 000 hectáreas de cultivo en
las comarcas de Garrigues, Noguera, Pla de Urgell, Segarra, Segrià-Urgell.
Las obras iniciadas en el año 2002 tienen como objetivo dinamizar económicamente este sector de Cataluña, creando 4000 puestos de trabajo directos, aumentando en un 70% su PIB, y el primer tramo fue inaugurado el 5 de julio de 2009, al que posteriormente me referiré porque no trajo precisamente consecuencias positivas.
Permítanme, señorías, en primer lugar, darles algunas referencias técnicas. Este canal tendrá una longitud de 85 kilómetros y permitirá el desvío de 342 hectómetros cúbicos de agua desde los embalses de L'Àlbagés y Rialb a tierras más bajas; además, entre otras obras, se realizarán 43 balsas de regulación, 17 estaciones de bombeo, y el total del coste de la construcción del canal se estima en torno a los 1600 millones de euros. Su puesta en marcha permitirá, como he dicho anteriormente, el regadío de aproximadamente 70 000 hectáreas, a la vez que se garantiza el riego de 77 municipios de una zona con larga tradición agrícola, en la que habitan más de 200 000 personas.
Esta obra ha de permitir la introducción de cultivos que serán más rentables, propiciará la instalación de nuevas empresas y la creación de numerosos puestos de trabajo que redundarán en un mayor beneficio económico: más de 17 000 regantes de la zona que en estos momentos explotan unos recursos naturales con una baja productividad por falta de agua, se beneficiarán del canal.
De manera previa a la ejecución de las obras y para mejorar la eficiencia del abastecimiento fue necesaria la realización de un proceso de concentración parcelaria iniciado en aquellos casos en que los agricultores, por mayoría o por posesión de al menos tres cuartas partes de la tierra, lo solicitaron.
El proyecto de la constitución del canal Segarra-Garrigues fue declarado de interés general por la Ley 42/1994, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 30 de diciembre, incluyéndose dentro del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, aprobado por real decreto 1664/1998, de 24 de junio.
En la actuación correspondiente a 15 sectores de regadío se diferenciarán dos tipos de transformaciones definidas por las diferentes dotaciones de agua previstas en el punto de captación.
Hay una dotación completa de 6500 metros cúbicos hectárea/año para 47 755 hectáreas y otra dotación de soporte de 3500 metros cúbicos hectárea/año para un conjunto de 22 375 hectáreas.
¿Qué actuaciones deben realizar las distintas administraciones? Pues bien, el 27 de septiembre de 1999 se firmó un protocolo general de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat de Catalunya que definía en el proyecto las responsabilidades de cada una de las administraciones a las cuales no voy a referirme ahora.
Una vez dadas las explicaciones técnicas en líneas generales para que sus señorías puedan evaluar la importancia que supone esta obra emblemática para Lleida, voy a plantear cuáles son los problemas que en este momento amenazan su desarrollo.
Problemas medioambientales. Uno de los principales problemas que genera la construcción del canal es la alteración que sufrirán los terrenos declarados como zona de especial protección para las aves. Más de la mitad de las hectáreas que están bajo esta denominación serán irrigadas, lo que ha provocado protestas por parte de movimientos ecologistas que se oponen al proyecto, llevando este asunto a la Comisión Europea. Por tanto, la designación de las zonas de especial protección para las aves, (ZEPA), la elaboración de los planes especiales de protección del medio natural y del paisaje, así como la elaboración de los planes de uso y gestión son los verdaderos problemas que en estos momentos hacen peligrar la viabilidad de la obra y, lo que es más grave, que muchos agricultores ven amenazadas sus esperanzas de futuro de un sector ya de por sí perjudicado por las actuaciones que deberían haber realizado las distintas administraciones.
Vayamos por partes para que veamos lo que ha sucedido y cuál es la situación actual.
El 22 de noviembre de 2001, las entidades ecologistas SEO/BirdLife, Ipcena, entre otras, presentan una queja ante la Comisión Europea porque el proyecto Segarra-Garrigues afecta a diferentes especies que deben ser protegidas. Por edicto de 6 de noviembre de 2002, Diario Oficial de la Generalitat de 8 de noviembre de 2002, se hizo pública la declaración de impacto ambiental del proyecto de regadío y la concentración parcelaria del Segarra-Garrigues, con 70 150 hectáreas limpias. Se declaran 5800 hectáreas de zona ZEPA y se negocia con Bruselas, negociación que se interrumpe por el cambio de Gobierno. El 30 de marzo de 2004, la comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea, Margot Wallström, envía una carta diciendo que las medidas de protección no están garantizadas.
Después de esta carta de requerimiento, el 14 de noviembre de 2004, repito, el 14 de noviembre de 2002, la Comisión Europea envió un dictamen exigiendo medidas para poder preservar las aves mencionadas; es decir, el objetivo era proteger las aves y no aumentar la superficie de protección.
El 5 de julio de 2005, la Comisión lleva el caso al Tribunal Europeo ante la falta de respuesta del Gobierno español, y el 18 de diciembre de 2007, el Tribunal dicta sentencia declarando culpable a España por incumplir la normativa europea de protección de aves. (Cito todas estas fechas porque posteriormente, en el debate, tendrán su importancia, atendiendo a las diferentes responsabilidades que puedan tener las administraciones existentes).
Quiero hacer notar que esta sentencia llega después de que se produjera la primera ampliación ZEPA por acuerdo de la Generalitat el 5 de septiembre de 2006, por la cual se designaron 26 256 hectáreas de la superficie de riego del canal Segarra-Garrigues como zonas de especial protección de las aves para formar parte de la Red Natura 2000; por tanto, en el intervalo de dictarse la sentencia, se produjo la declaración de protección de ZEPA.
A finales de 2008, la Comisión envía una nueva carta de requerimiento para ejecutar la sentencia condenatoria al Gobierno de España referente al cumplimiento de la sen-
tencia de 18 de diciembre de 2007, de incumplimiento de la Directiva 79/409, de la Comunidad Económica Europea, relativa a la conservación de las aves silvestres en las zonas de regadío del Segarra-Garrigues.
Se supone que tiene que haber una negociación entre las administraciones catalana y estatal y Bruselas, y el resultado es que hay una ampliación de 14 297 hectáreas más, que salieron a exposición pública el 17 de mayo, y el 17 de junio de este año fueron aprobadas por el Gobierno de la Generalitat. Por tanto, se sigue con la política de ampliar la superficie de protección sin detallar la forma de protección de las aves.
Ya estamos hablando entonces de una superficie de protección de 40 553 hectáreas de un total de 70 000 regables como he venido diciendo.
El primer tramo del canal de 5 kilómetros fue inaugurado el pasado 5 de julio, tal como hacía referencia al principio de mi intervención, por el presidente de la Generalitat, José Montilla, junto con el señor Josep Puxeo, secretario de Estado de Medio Rural y Agua, a pesar de la polémica sobre el incumplimiento de la sentencia de protección de aves, cuestión que dificultará la continuidad de las obras.
Evidentemente la respuesta de la Comisión Europea no se hizo esperar. Consideraba que las obras del canal no eran legales y que su estreno ponía en peligro la aplicación de la sentencia. Las obras no pueden ni deben de empezar -dijo la portavoz del comisario de Medio Ambiente-. Como consecuencia de esta provocación, Bruselas envía un último aviso a España por incumplimiento de sentencia y da un plazo de dos meses; de lo contrario, en septiembre, volverá al Tribunal Europeo. Por lo tanto, solo aquí podemos decir que la dejadez puede explicar que en toda una legislatura no se haya sido capaz de aprobar ni un solo plan para las diferentes zonas de especial protección.
Se puede responder, a nuestro entender, de dos formas a la petición europea de proteger las aves; una es aumentando zonas protegidas y la otra mejorando la calidad de las ya existentes. A nuestro juicio, el Govern, el Gobierno, se equivoca optando por la primera.
Una vez más, para compensar este enfado existente en la Comisión Europea, el Govern de la Generalitat anunció el 26 de agosto una nueva ampliación de superficie de protección en 1597 hectáreas que se sumarán a las ya aprobadas, 40 553. Finalmente estamos hablando de una superficie total protegida para la protección de las aves de 42 150 hectáreas; es decir, un 60% de superficie protegida por ZEPA. ¿Ustedes creen, señorías, que con este 60% y con las incertidumbres que hay pueden ir las cosas bien en Lleida para el desarrollo de esta gran infraestructura?
Por tanto, entendemos que hay dos puntos importantes a considerar. Uno es el desbloqueo de la situación actual y el otro es definir el plan de usos y gestión, cosa que no se ha hecho en la actualidad.
Por todo ello, por los agricultores de Lleida y por sus expectativas de futuro, les vamos a pedir que den apoyo a esta moción que hoy aquí presentamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a pasar, a continuación, a la defensa de las enmiendas. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el senador Llanos.
El señor LLANOS VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender esta enmienda de sustitución a la que ha presentado Convergència i Unió referente al canal Segarra-Garrigues y la zona ZEPA.
Nuestra enmienda insta al Gobierno de España a seguir trabajando en colaboración con la administración autonómica europea sobre el dictamen motivado por la sentencia del canal Segarra-Garrigues para compatibilizar la situación en la zona regable del canal y la nueva designación de ZEPA con la finalidad de permitir el funcionamiento de la zona regable y, al mismo tiempo, la protección y conservación medioambiental.
Señorías, este debate que se intenta reabrir en el Senado por parte de Convergència i Unió es consecuencia de una resolución que se presentó en el debate de política general de Cataluña referente al canal Segarra-Garrigues y la zona ZEPA, que se aprobó por el parlamento catalán, a excepción de Convergència i Unió. Por eso, ahora intentan que se debata en el Senado, para que su moción sobre la construcción del canal Segarra-Garrigues se desbloquee y para definir un plan de uso y gestión de las ZEPA. Pues bien, en el Grupo Parlamentario Socialista del Senado queremos ser muy respetuosos con las decisiones que se tomen sobre estos temas en el Parlamento de Cataluña, y esperamos que CiU también lo sea.
En cuanto al asunto que debatimos, puedo decirles que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino lleva muchos meses trabajando en él con la Generalitat de Catalunya y con la Comisión Europea. En el caso concreto de las ZEPA, la nueva designación permitirá resolver satisfactoriamente el expediente y cumplir la sentencia de la Unión Europea. Por cierto, estos procesos estuvieron abiertos en los años 2000 y 2001, período en el que Convergència i Unió gobernaba en Cataluña; es decir, ustedes.
Por lo que se refiere al canal Segarra-Garrigues, dado que la designación puede repercutir directamente sobre el proyecto del canal y sobre la zona regable, es necesario estudiar una posible adecuación de la declaración de impacto ambiental, en la medida en que lo indiquen los evaluadores. En estos momentos, todas las administraciones implicadas están trabajando sobre ello, de modo que se espera poder resolver también favorablemente el expediente y hacer posible la continuación del proyecto.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una propuesta de modificación a la moción de Convergència i Unió, sobre la que no se ha podido llegar a un acuerdo, y bien que lo lamentamos. Estamos seguros de que a los vecinos de los 74 municipios que se verán beneficiados por este proyecto les habría gustado que hubiéramos deja-
do a un lado nuestras diferencias y hubiéramos remado todos en la misma dirección.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Batlle.
El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo, Entesa Catalana de Progrés, ha presentado una enmienda de sustitución a la moción de Convergència i Unió, que podemos basar en diversas justificaciones que yo reduciré a cuatro. Primera: el proyecto Segarra-Garrigues es el proyecto con más carga histórica y con más alto valor simbólico que afecta a un territorio, en este caso a las Terres de Lleida, y en su conjunto es mucho más que un canal. Tiene una fuente de captación de agua en el embalse de Rialb, conducida a través del canal principal. Cuenta también con el embalse de L'Albagés, aproximadamente unos 100 kilómetros, y con una segunda captación de agua en la estación de bombeo de Albatàrrec, que suministra agua por elevación a unas 10 000 hectáreas. Por tanto, deberíamos dejar de hablar del canal Segarra-Garrigues para hablar de un sistema: el sistema Segarra-Garrigues.
La segunda justificación de nuestra enmienda es que el sistema Segarra-Garrigues no es solo un sistema de riego. El concepto inicial era el de un sistema de riego. El Govern de la Generalitat, el govern catalanista i d'esquerres, lo ha convertido en un proyecto de país, prioritario para el desarrollo integral de las Terres de Lleida. Para que se hagan una idea, repetiré algunos datos a los que ya se ha referido el señor Alturo y aportaré algunos nuevos. El sistema beneficia a 74 municipios, y a cerca de 16 000 regantes, de los cuales yo soy uno potencial. La superficie afectada es de alrededor de 50 000 hectáreas en la margen derecha, con una dotación de 6500 hectómetros cúbicos/hectárea/año, y de 1500 o 3500 -al señor Alturo se le ha olvidado decirlo- en la margen izquierda, en función de si el cultivo es leñoso o herbáceo. Dispone de casi 3500 kilómetros de cañerías, equivalente a la distancia entre Lleida y Moscú, 43 balsas de regulación, 17 estaciones de bombeo y una concentración parcelaria que afecta a más de 45 000 hectáreas. Tiene un coste aproximado de 1500 millones de euros, de los cuales alrededor de 500 corren a cargo del Estado, que es lo que afecta al canal principal y al embalse de L'Albagés, y algo más de 1000, destinados a la red secundaria y a la concentración parcelaria, van a cargo de los presupuestos de la Generalitat.
La energía disponible que se instala a lo largo del recorrido del canal para suministrar a las estaciones de bombeo es de 180 megavatios. Y los caminos de nueva construcción o de mejora en la zona afectada, lo cual supone una transformación territorial importantísima en las Terres de Lleida, recorren más de 1500 kilómetros; para que se hagan una idea, el equivalente entre Lleida y Ámsterdam.
Por su parte, en rehabilitación patrimonial se invierten más de 10 millones de euros.
Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que este proyecto garantiza agua para riego a más de 15 000 regantes y agua de boca y para uso industrial a más de 74 municipios.
Dada la magnitud de lo que les acabo de exponer, no es de extrañar que nuestra pretensión sea que esta moción sirva para algo, pero no se puede hablar de desbloqueo. ¿Qué hay que desbloquear? El primer tramo del canal ya está acabado, en el segundo y el tercero hay más de 40 kilómetros en obras, el cuarto ya está adjudicado, el quinto en proceso de licitación y el embalse de L'Albagés también adjudicado. Por tanto, ¿dónde está la parálisis? ¿Qué hay que desbloquear?
La cuarta razón por la cual presentamos esta enmienda es porque esta moción, tal y como la plantea CiU, llega con muchísimos años de retraso. ¿Por qué? Pues porque han tenido que ser los Gobiernos del president Montilla y del presidente Rodríguez Zapatero, en Madrid, los que quitaron los dos tapones que bloqueaban este proyecto, y le voy a decir cuáles eran esos dos tapones.
Por un lado, había que desencallar su financiación y ello se logra con el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Agricultura en el año 2006; el Gobierno paga en 25 años y cobra a los agricultores en 50, lo cual hacía inviable lo que pretendía CiU, que era cobrarles en esos 25 años. Por otro lado, estos gobiernos son los que han afrontado la insuficiente declaración de zonas ZEPA, según se desprende de las sentencias del tribunal fechadas en 2000 y en 2001. ¿Y a que no saben quién gobernaba en el 2000 y en el 2001?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para contestar a las dos enmiendas, tiene la palabra el senador Alturo.
El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a los senadores don Vicente Llanos y doña Esmeralda, su esfuerzo por llegar a una transaccional con nuestro grupo, así como el tono y el estilo empleados.
Pero lo que nosotros proponemos en nuestra moción es algo muy sencillo y dos aspectos resultan fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión del desbloqueo, porque desde la Unión Europea todavía no se ha dicho que hay cumplimiento de sentencia. Y prueba de ello son las manifestaciones de los agricultores leridanos los días 21 y 27 de septiembre -el día de San Miguel se celebra en Lleida una feria agrícola tremendamente significativa e importante- porque, si está desbloqueado, ¿por qué protestan los agricultores?
El otro aspecto importante para nuestro grupo tiene que ver con el Plan de usos y de gestión. Es decir, hay que saber qué se puede hacer con las zonas ZEPA, si se podrá o no regar y con cuánta agua. Las enmiendas que presentan el Grupo Parlamentario Socialista y la Entesa no dan
una respuesta concreta a esto y hoy en día los agricultores ya están pidiendo las cosas claras.
Finalmente, senador Batlle, déjeme decirle algo. El canal Segarra-Garrigues es una obra del Gobierno de Convergència i Unió. (El señor Batlle Farrán: ¡Nunca!) Cuando finalizó su mandato, dejó adjudicada la obra, y por ello con posterioridad recibió un premio por la gestión, por el tipo de financiación que se había propuesto, de la Comisión Europea. Por tanto, quiero que quede claro que es una obra de Convergència i Unió y que lo que han hecho ustedes es continuar.
En estos momentos existe el grave problema de no haber resuelto la ZEPA. Hemos incrementado la superficie de protección, pero no hemos adoptado criterios de calidad para proteger a las aves que, en definitiva, es lo que está diciendo la Unión Europea.
Por todo ello, no podemos aceptar las enmiendas presentadas y lo que sí vamos a pedir tanto al Grupo Socialista como a Entesa es que den apoyo a nuestra moción, porque es la que responde a las expectativas que en este momento tienen los agricultores leridanos, la gente de Lérida y sus familias.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
El Grupo Mixto no hace uso de la palabra.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.
De nuevo muy buenos días a todos y a todas. Esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, defendida por el senador Alturo, personalmente me parece muy interesante, no porque pretenda yo erigirme en defensor de los intereses de Cataluña, que, por lo que veo, están suficientemente bien defendidos por los distintos senadores de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. ¿Dónde radica mi interés por este asunto y por el tema que trata esta moción? Radica fundamentalmente en que en mi comarca de procedencia, en la comarca de A Limia, una de las comarcas avícolas más importantes de Galicia y también del Estado, estamos inmersos en una situación muy semejante. En estos momentos, en la comarca de A Limia está en proceso de declaración una zona ZEPA de 7000 hectáreas y al mismo tiempo la organización de un plan de regadío que afecta a 4000 hectáreas, muchas de ellas coincidentes con la zona que se pretende proteger.
Ante esta problemática, ¿cuál es el posicionamiento del Bloque Nacionalista Galego? El posicionamiento que tenemos nosotros, que defendemos en Galicia y que podría ser extrapolable a cualquier otro territorio del Estado es hacer posible compatibilizar la protección de las aves con el desarrollo de la actividad agrícola por un principio básico y fundamental: si no hay agricultores no hay aves y donde no hay aves es que seguramente ya no queden agricultores.
Pero para poder compatibilizar el desarrollo agrícola con la necesaria protección del entorno y con la necesaria protección de las aves, más importante que la declaración de una zona como zona de especial protección, sea mediante la figura que sea, más importante que esto es el plan de gestión que ha de tener cada una de estas zonas, plan de gestión que debe incluir los usos y las actividades que estarán permitidas y cuáles no y, a mi juicio, deben estar permitidas en cualquier zona de protección aquellas actividades que tradicionalmente se han desarrollado a lo largo de los años y la actividad agrícola es casi siempre una de esas actividades tradicionales cuando hablamos de un entorno rural, pero debe permitir una actividad agrícola no simplemente tradicional, sino una actividad agrícola moderna, que sea productiva y rentable económicamente para los agricultores.
La declaración de zona de protección, como es la zona ZEPA, no puede ser, por lo tanto, un freno para el desarrollo agrario; debe permitir mejoras tales como regadíos, concentraciones parcelarias o infraestructuras viarias. Por consiguiente, señorías, a mi juicio el debate no debe ser ZEPA sí o ZEPA no, o desarrollo agrícola sí o desarrollo agrícola no, el debate debe centrarse en aprobar planes de gestión para estos espacios, que permitan la convivencia entre aves y agricultores.
Para hacer posible esto es necesario coherencia política por parte de todos los grupos políticos, coherencia que, por cierto, en Galicia, y lamentándolo mucho, tengo que decirlo alto y claro, le falta al Partido Popular. Por ejemplo, en la comarca de A Limia, como antes comentaba, el Partido Popular pasó en solo unos meses de decir ZEPA, no, es decir, no a la declaración de zona de especial protección, y a convocar manifestaciones, presentar miles de enmiendas desde las distintas administraciones públicas, utilizar recursos públicos para movilizar a los agricultores y ganaderos de A Limia contra esta declaración, pasó, repito, a decir ZEPA, sí, y a enviar un proyecto a la Unión Europea, eso sí, sin transparencia y sin acuerdo con los colectivos afectados.
Este es el comportamiento que no debe tener ningún grupo político cuando hablamos de estos temas. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas anuncio nuestro apoyo a esta propuesta porque consideramos que es positiva para esta importante zona agrícola de la provincia de Lleida. Asimismo, creemos que de ser aprobada -por lo menos del espíritu de esta moción así se desprende- será posible compatibilizar las mejoras necesarias para el desarrollo agrícola de esta comarca con la necesaria protección de las aves y del conjunto del entorno medioambiental de esta comarca.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Alturo.
El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero agradecer la intervención del senador que me ha precedido, señor Pérez Bouza, por su apoyo y comprensión ante la problemática que estamos viviendo en Lleida por esta situación. También quiero dar las gracias al Partido Popular porque seguramente contemos con su apoyo, así como a los demás grupos que se sumen a ella.
En definitiva, me gustaría remarcar concretamente algunos de los problemas que estamos teniendo en estos momentos. En primer lugar, hay unas diferencias importantes en el sí del Gobierno en Cataluña entre Medi Ambient y Agricultura -dentro de la Generalitat ya son conocidas- y gana la partida Medi Ambient. Esta es una realidad.
No se defiende la posición del Gobierno ni la declaración de impacto ambiental, tal y como he dicho, por el edicto de 6 de noviembre del 2001, entonces Gobierno de Convergència. Tenemos los acuerdos que firmaron en aquel momento directores generales de nuestro departamento con el Gobierno del Estado, es decir, que podemos acreditarlo. (El señor Batlle Farrán pronuncia palabras que no se perciben.) Hay informes que llegan a Bruselas a petición de la propia comunidad catalana, de la Universidad de Barcelona y del Centro Tecnológico y Forestal, en la línea de proteger más superficie. No hay una negociación sistemática y continuada por parte de los Gobiernos ante Bruselas durante la situación de bloqueo de estos años; porque es una situación de bloqueo, como están diciendo también los agricultores y sindicatos, porque no están resueltos los problemas del Segarra-Garrigues.
La praxis utilizada es aumentar, como he dicho antes, superficie de zona de especial protección, aspecto que no responde a las solicitudes y formas de protección de aves. Por lo tanto, estamos confundiendo términos. Una cosa es protección de territorio y otra muy distinta es protección de aves.
Creo que hay también una dejadez en la negociación con la Unión Europea, puesto que el 5 de julio de 2005 -digo la fecha para saber quién estaba en el Gobierno-, la Comisión Europea lleva el caso al Tribunal Europeo como falta de respuesta del Gobierno español y de la Generalitat de Catalunya. Esto es así. Es una realidad. Los documentos existen y, por lo tanto, solo hay que verlos y hacer referencia a ellos. Y es el Tribunal Europeo el que dicta sentencia el 18 de diciembre de 2007 por incumplir la normativa europea de protección de aves. Y, mientras, se ha producido ya una declaración por parte del Gobierno de Cataluña de 26 000 hectáreas de protección ZEPA que no responde a que nadie lo haya pedido en estos momentos. Se pide protección de aves, repito el mismo concepto porque creo que es importante.
En cuanto a las decisiones -nosotros entendemos que son decisiones que afectan al Gobierno de Cataluña-, se toman aquí. Es decir, el conseller de Agricultura y todo el mundo dicen que quien toma las decisiones es el secretario de Estado y que lo que él dice es lo que se hace en Cataluña. Por tanto, estas cuestiones son las que van generando un bloqueo y que las cosas en realidad no funcionen.
Durante dos legislaturas en Cataluña de gobierno del tripartito no se ha hecho ningún plan de usos y gestión. Incluso personas que han tenido responsabilidades en la obra de que estamos hablando en el Gobierno tripartito han manifestado quejas por no haber presentado el plan de usos justamente compaginándolo con la creación de nuevas zonas ZEPA. Por tanto, esto es una realidad.
Finalmente, en la línea de lo que decía el senador Pérez Bouza, entendemos que en primer lugar están las personas, los agricultores y que después están las aves. Pero el Gobierno ahora lo está haciendo al revés: está protegiendo a las aves, pero las personas están sufriendo porque no saben cuál va a ser su futuro. Esta es la realidad.
Por todo ello vamos a pedirles que voten a favor de esta importante moción. No se queden al margen porque de lo contrario desde Lleida los agricultores y los sindicatos, como es evidente, van a ver cuál ha sido su actuación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Batlle.
El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.
Senador Alturo, no hay mayor mentira que las medias verdades. Vamos a poner las cosas en su sitio.
Usted dice: Esta es una obra de CiU. Mentira. Este era un proyecto que en su momento elaboró el Gobierno de Convergència i Unió y en el que se gastó miles y miles de millones de pesetas haciendo proyectos y más proyectos, camiones de proyectos, camiones de papeles, pero en el que no licitaron ni un metro de canal ni destinaron un solo euro a la construcción. Y ha tenido que ser el Govern de Entesa el que ha venido a desbloquear toda la situación. Porque había dos tapones, quiera usted reconocerlo o no. Estaba la negativa de los regantes a enfrentar un proyecto que no podían pagar en 25 años, como ustedes pretendían, y eso se solucionó a través del convenio con el Ministerio de Agricultura de 2006, con lo cual el Govern paga en 25 años y cobra en 50 años, es decir, demora en 25 años más una infraestructura que es muy necesaria para el país. Y por otra parte porque la insuficiente declaración de zona de protección de las aves viene motivada por dos sentencias del Tribunal Europeo fechadas en los años 2000 y 2001, años en que no se hizo nada, del mismo modo que hada se hizo en 2002 ni en 2003. Y han tenido que ser este Gobierno, el del presidente Rodríguez Zapatero y el Gobierno del president Montilla, los que han sacado estos dos tapones. Y ha sido a partir de ese momento cuando a través de los diferentes mecanismos de la Unión Europea se ha retirado la denuncia contra España. ¿Dónde está el bloqueo? ¡Si el canal se está construyendo! ¡Si el único tramo que no se está construyendo es el tramo número 5, que está adjudicado porque ya se licitó en su momento! Pero lo demás está todo adjudicado o en construcción. Pueden verse allí las máquinas trabajando. Les invito a que vengan a Lleida y lo verán. Vengan a Lleida y verán dónde están las máquinas, cuál es el proceso y cómo está encarrilado el tema.
En segundo lugar, la Unión Europea ha retirado la denuncia del tribunal, pues está satisfecha con las medidas de protección. Y ahora viene la tercera parte, que es cuando hay que hacer los planes de uso y gestión. Nadie en ningún sitio ha dicho que la zona ZEPA sea incompatible con el riego; el único que lo dice es usted, señor Alturo. Se podrá regar, ¿sabe por qué? Porque alguna de las aves como el sisón necesitan alfalfa y ya me contará usted cómo producir alfalfa en Lleida, con menos de 6500 metros cúbicos por hectárea y año.
Eso quiere decir que habrá que establecer en estas zonas de protección aquellos tipos de cultivo que permitan compaginar los hábitats de las aves con la actividad agraria, que es lo que siempre se ha hecho. No lo olvide. Es lo que se hace en Monegros. Usted pasa por allí a menudo cuando va en tren, pero si un día coge el coche y visita la zona regable de Monegros, le dirán dónde están las cepas y verá los cultivos que se practican. Es así de fácil; es así de fácil.
Por lo tanto, respecto a estos dos tapones que eran el veto de la Unión Europea y la financiación, tuvo que ser este Gobierno, estos Gobiernos, los que lo desencallaran, y nuestra enmienda, señor Alturo, pretende algo que usted entenderá ya que se puede entender fácilmente, porque en su segundo punto, le pido que se lo lea con atención, manifiesta que si el país y la Unión Europea nos piden que nosotros seamos los que protejamos unas aves y si hay unas zonas que no pueden beneficiarse enteramente de una obra de infraestructura como ésta, alguien debe pagarlo. Y no se puede decir que sean los agricultores, que sean los propietarios de estas tierras quienes vean pasar el agua y no puedan aprovecharla en todo su potencial.
Fíjese lo que dice nuestra moción en el segundo punto, señor Alturo; fíjese lo que dice nuestra moción y vea como nosotros decimos que en estos planes de uso y gestión se debe compatibilizar el riego con las aves y compensar a aquellas actividades que por exigencias de esta compatibilidad no puedan tener beneficios y rendimientos, porque hay una cosa que usted ha obviado completamente y que creo que está en el origen de los muchos deberes que ustedes no hicieron cuando estuvieron en el Gobierno, y es que no se puede castigar a los agricultores por aquellas actividades que han hecho toda la vida aunque debido a las mismas existan estos hábitats, existan estas aves y existan estos territorios en las condiciones que están.
Déjeme que le diga una cosa más. Parece que finalmente -supongo que por presiones de los propios agricultores que les han dicho: hagan algo, posiciónense-, para ustedes es como si hubiera salido el sol esta mañana y hasta ahora viniéramos de las tinieblas, y se han interesado por los planes de uso y gestión cuando se han delimitado los hábitats y en estos momentos sabemos en qué zonas y en qué cantidades hay especies como sparver cendrós, porque alguien se ha preocupado de saber dónde están, de contabilizar las parejas, y además poner los mecanismos para que estas aves puedan continuar estando; así podemos hablar del sisón, de la alondra, del gais blau, de la tenca, de la ganga, de la xurra, de la calandria, y de muchas más, ¿vale? Pero, claro, este falso debate de proteccionismo en contra de la agricultura es lo que ha originado los problemas, ¡sí, señor!
Y este es el debate del cual ustedes tienen la responsabilidad porque cuando estuvieron en el Gobierno no lo afrontaron. Estar en el Gobierno significa asumir la responsabilidad, y asumir la responsabilidad significa hacer la obra, que es lo que está haciendo este Gobierno, en vez de tanto garlar, tanto hablar y tanto cantar. Cantar sin solfa, esto es lo que hacían ustedes. Cantar sin solfa.
Por tanto, ahora lo que a ustedes les preocupa es que haya un Gobierno que haya quitado el tapón, que se estén regando ya las primeras hectáreas, que en el sector 12, el de captación, que está en el río Segre, concretamente en el municipio de Albatàrrec, se estén regando ya más de 4000 hectáreas. Y esto era impensable durante los años en los que ustedes estaban en el Gobierno, porque ni siquiera previeron que esta había de ser una zona de captación. Esto es lo que hay, señoría, y como se dice en mi pueblo, al meter el clavo por la cabota, cuanto más picas -cuantos más golpes le das-, más se tuerce. Y esto es lo que pretenden hacer ustedes en este momento.
¿Qué hay, pues, que desbloquear? Dígamelo usted. ¿Es que retiran la sentencia? Insisto, ¿qué hay que desbloquear? Las máquinas están trabajando, y pueden ustedes venir a verlo. A ello me comprometo oficialmente con la Cámara, y además les obsequiaré con una buena comida. (Risas.) ¡Vengan y vean dónde están las máquinas!, ¡vengan y véanlo! Creo que hablo suficientemente claro: vengan, véanlo y entrevístense con el Govern de la Generalitat, que les contará qué solución se ha dado a las resoluciones condenatorias del Tribunal Europeo, lo que conlleva, señora Candini, que la denuncia que motivó la presentación… (La señora Candini i Puig pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, sí, señoría, usted era entonces responsable del Gobierno, y sé que le duele, porque la responsabilidad también era suya.
Así están las cosas y esto es lo que hay. En estos momentos el proyecto no solo no está bloqueado, sino que se está ejecutando; la Comisión Europea ha asumido la declaración de impacto ambiental, y el tribunal ha retirado la denuncia. Si alguien da más, que lo diga. (La señora Candini i Puig pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Llanos.
El señor LLANOS VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero decir que precisamente la palabra «desbloqueo» es la que no ha permitido que CiU pudiera aceptar una enmienda transaccional que había presentado el Grupo Parlamentario Socialista, pero como bien ha dicho el senador Batlle, no hay bloqueo, y por tanto, no hay nada que desbloquear.
Por lo que se refiere al plan de uso y gestión respecto de los agricultores y las aves, puedo asegurarle que una y otra cosa son completamente compatibles, y así lo pone de
manifiesto la Unión Europea. Pero es que, además, puedo decirle a título personal que yo soy agricultor y sé perfectamente lo que significa convivir con el tema de la protección del medio ambiente. Así pues, le puedo asegurar que es perfectamente compatible, y eso se lo confirma precisamente la Unión Europea, que dice que se va a poder regar perfectamente.
En cuanto a las expectativas de los agricultores, estoy seguro de que con el tiempo sabrán apreciar quién ha desbloqueado este tema y quién ha hecho estas obras, y en definitiva, ha llevado adelante este proyecto, y van a poder regar gracias a que el Gobierno de Cataluña y el de España han desbloqueado este tema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Alturo, quería iniciar esta intervención agradeciéndole la presentación de esta moción, que ha permitido mantener un interesante debate en el que los grupos parlamentarios han puesto de manifiesto sus posicionamientos, que mi grupo parlamentario intentará rebatir, pues con todo respeto, senador Batlle, no solo son medias verdades, sino que en algunos casos lo que usted ha puesto de manifiesto en esta tribuna son verdades demagógicas, y a las que me gustará responder.
Estamos hablando de un tema fundamental: de la ayuda y el impulso a uno de los sectores básicos de la economía de nuestro país, que es la agricultura. Quiero dejar de manifiesto que ustedes saben que desde hace años, y concretamente desde 2004, la agricultura está teniendo serias pérdidas, como los canales de distribución, que están haciendo que los costes de producción sean incluso superiores a los de venta de los productos agroalimentarios, y por tanto, es uno de los sectores con mayores dificultades económicas que se agudizan en momentos de crisis como la que estamos sufriendo. Por ello el canal Segarra-Garriges es una de las obras más importantes y emblemáticas para dar impulso a la agricultura en nuestro país, y especialmente en Cataluña.
Señor Batlle, como aquí se estaba hablando de la paternidad de unas y otras infraestructuras, yo no sé si usted lo recordará, pero es el anexo II del Plan Hidrológico Nacional, un plan para muchos muy denostado, especialmente en Cataluña. Esta obra está incluida en el Plan Hidrológico Nacional, que impulsó el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, esta es la verdad entera, después esto tuvo sus fases. Este es el inicio de la verdad que usted parece haber olvidado.
A partir de aquí se produce una encomienda de gestión y se dan los pasos y fases necesarias, entre ellas la concentración parcelaria, para que ese plan, esa infraestructura siga adelante. La diferencia entre ustedes y nosotros, entre las izquierdas -sobre todo, entre el Gobierno tripartito- y el Partido Popular es que nosotros planificamos, presupuestamos y hacemos proyectos de infraestructuras, que el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista no hacen. Le quiero recordar que infraestructuras como las ferroviarias, el tren de alta velocidad al que hicimos referencia ayer, usted sabe muy bien que requieren sus plazos y sus momentos. Se tienen que hacer declaraciones de impacto ambiental, licitaciones, adjudicaciones, procesos de financiación, etcétera. Lo mismo ocurre con las infraestructuras hidráulicas, y esta es una de ellas. Por tanto, señor Batlle, no venga usted aquí a hacer demagogia diciendo que a partir del año 2001 hay un bloqueo en la financiación de esta infraestructura. Le puedo decir que si se aprueba esta infraestructura en julio de 2001, que haya un bloqueo incluso antes de esta fecha, reconocerá usted que eso es impensable. (El señor Batlle Farrán pronuncia palabras que no se perciben.) Permita seguir hablando a la portavoz de este grupo parlamentario, que yo lo he hecho con toda aquiescencia cuando usted ha intervenido.
Lo que sí es lógico es que después se hiciera la tramitación para la financiación, y solo faltaría que encima de que ustedes asumen grandes obras de otros Gobiernos, ya sea de Convergència i Unió o del Partido Popular, ustedes no las liciten, no las adjudiquen y no las lleven a cabo. Es que eso sería la mayor irresponsabilidad de Gobierno. Le voy a decir algo, señor Batlle, los que gobiernan bien son los que ejecutan y hacen bien los proyectos, no ustedes, porque este proyecto está en estas condiciones ahora, y está bloqueado ahora por la incompetencia del Gobierno tripartito y por la incompetencia del Gobierno de Zapatero. Y se lo voy a demostrar.
Usted conoce muy bien -el señor Alturo se lo ha explicado y, si no, deberemos volver a explicárselo desde el Grupo Parlamentario Popular- que el Departament de Medi Ambient y el de Agricultura del Govern de la Generalitat de Catalunya de entonces llegan a un acuerdo para conseguir solo una afectación de 5800 hectáreas de ZEPA, de zona de protección de las aves, y en cambio establecer un sistema cualitativo de mejora para no tener que afectar el territorio con un número de ZEPA como el que ustedes han llegado a afectar. Se llega a este acuerdo y, es más, se compran las fincas pertinentes para establecer un parque natural de defensa de las aves esteparias. Y eso lo sabe usted, pero no lo ha dicho.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, ¿saben cuál es la solución que dan los Gobiernos socialistas y del tripartito? No hacer nada, incompetencia, dejación. Frente a la denuncia del Tribunal Europeo se produce la sentencia en 2007 porque ustedes no reaccionan y no defienden lo que deberían haber defendido en este proyecto. ¿Qué ocurre? Que esas 5800 hectáreas de ZEPA inicialmente afectadas y propuestas por el Govern de la Generalitat, se incrementan a más de 26 000. Y luego viene usted aquí y nos dice que se ha desbloqueado la última denuncia. Es que ya es el colmo porque la última denuncia ha supuesto 1597 hectáreas más que el Gobierno tripartito hace afectar a los agricultores. ¿Esa es la manera que tienen ustedes de arreglar y desbloquear las denuncias?
Señoría, la gran diferencia entre ustedes y nosotros, es que nosotros hubiéramos permitido muchas más hectáreas de regadío para los agricultores de Lleida. De verdad, y con todos los respetos, no hace falta que usted nos invite a ir a Lleida, muchos ya estamos en Lleida y estuvimos en la Fira de Sant Miquel, y vimos el plante de los tractoristas y de muchos agricultores porque están realmente indignados con que una gran infraestructura de estas características, de esta financiación y de esta envergadura esté afectada en más del 60% con más de 42 000 hectáreas, que por culpa de ustedes y de los Gobiernos socialistas no se han protegido y defendido como correspondía en las instituciones europeas. Que ustedes lo hagan mal y que encima vengan aquí a justificarse es la expresión más absoluta de la demagogia y del despropósito.
Y permítame que le diga, señor Batlle, que para usted y para nosotros hay diferencias sustanciales en los proyectos de país. Para el Partido Popular los proyectos de país son los proyectos que defienden a las personas, el desarrollo y el crecimiento económico. Esta infraestructura, que afecta a más del 60% de las hectáreas de regadío que estaban previstas, no beneficia a los agricultores, y usted lo sabe muy bien. Por tanto, el país que ustedes y nosotros vemos es diferente: el suyo es el de la incompetencia, el nuestro es el de la prosperidad económica, el del desarrollo de la agricultura y el del desarrollo de las ayudas y de los planes como corresponde. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros.
Senador Batlle, que usted diga que se han bloqueado las fases correspondientes de adjudicación, licitación y ejecución de una infraestructura de estas características solo responde a la ignorancia más manifiesta de alguien que desconoce que una infraestructura de estas características tiene sus tiempos y sus términos. Y, senador Batlle, si estamos en la situación en la que estamos es porque tenemos un Gobierno tripartito y un presidente, Montilla, que está absolutamente hipotecado por sus socios de Gobierno, por Iniciativa per Catalunya Verds, que son los que dirigen el Departamento de Medio Ambiente. Ellos son los que han bloqueado, ellos son los que han tenido mayor incremento de hectáreas en esta infraestructura y por ellos los agricultores están teniendo que sufrir más de 42 500 hectáreas. Ríase, señoría, ríase usted mucho, porque, desde luego, esto es de risa. Es de risa que tengamos un Gobierno tan incompetente que haga que una infraestructura de estas características esté inservible, afectada y desvirtuada en más del 60%.
Le diré más, el portavoz socialista ha presentado una enmienda que no dice absolutamente nada y reconoce la total dejadez e incompetencia del Gobierno socialista. El Grupo Popular pidió en el Parlamento catalán que se aprobaran los planes de uso y de gestión. Ojalá que lo dicho por el portavoz socialista fuera cierto. Si esos planes de uso no permiten el regadío compatible de esas hectáreas, verán ustedes cómo no se dará respuesta a los miles de agricultores que verán afectadas esas zonas de regadío y el sostenimiento y el desarrollo de una actividad tan importante como la agricultura.
No jueguen ustedes con las palabras, ni con los pensamientos, ni con los intereses de los agricultores. Si lo han hecho mal, reconózcanlo. Esta vez lo han hecho mal y ha sido por su propia incompetencia. Espero que dentro de muy poco no estén ustedes al frente del Gobierno y espero que en Cataluña haya un nuevo gobierno que dé un nuevo impulso y no permita casos y errores como estos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (La señora Candini i Puig pide la palabra.)
¿Sí, senadora Candini?
La señora CANDINI I PUIG:Señor presidente, pido la palabra por alusiones, por el artículo 87.
El señor PRESIDENTE: Señoría, no le voy a dar la palabra.
Evidentemente, ha sido mencionada, pero no aludida; y apelando al artículo 88, no voy a reabrir el debate por una cuestión en los términos en que su señoría lo está haciendo.
Su señoría tendría derecho a contestar sobre si ha estado o no en el Gobierno. Si ha estado en el Gobierno, es cierto. Si no ha estado, dígalo. Esa es la única mención que ha habido en toda la intervención.
La señora CANDINI I PUIG: Señor presidente, he estado en el Gobierno y, por tanto, quiero clarificar parte de lo que ha dicho el senador Batlle.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que mire el Reglamento. En los términos que le estoy explicando, no puedo reabrir el debate, porque me volverían a pedir la palabra y tendría que darla.
Su señoría ha sido nombrada, evidentemente -no lo voy a negar, porque he estado en el debate-, pero no ha habido ninguna alusión que haya perjudicado su honor, su persona o su quehacer en el Gobierno en la responsabilidad que ha tenido.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 129; en contra, 118; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MER-
CADO INMOBILIARIO. (Número de expediente Senado 621/000014 y número de expediente Congreso 121/000015).
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley por la que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo ante ustedes para presentar el dictamen del proyecto de ley por la que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.
El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 26 de junio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas terminó el día 8 de septiembre, ampliándose hasta el siguiente día 14.
A este proyecto de ley se presentaron un total de 67 enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: 31, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 21, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; 5, del Grupo Parlamentario Socialista; y 10, del Grupo Parlamentario Popular.
La ponencia ha estado integrada por doña Judith Alberich Cano; doña María del Mar Angulo Martínez; doña Ana Luisa Durán Fraguas; don Nicolás Fernández Cucurull; don Antonio Hurtado Zurera; don José Manuel Pérez Bouza; don Pere Sampol i Mas; y por el senador que tiene el honor de dirigirse en este momento al Pleno de la Cámara.
La comisión se reunió para dictaminar el día 1 de octubre. Tras el correspondiente debate, fueron aprobadas las enmiendas 39, del Grupo de Convergència i Unió, de la 63 a la 67, del Grupo Socialista y 4 enmiendas transaccionales, suscritas por todos grupos parlamentarios, que se apoyaban en las enmiendas 40, 47, 57 y 60 del Grupo de Convergència i Unió. Este grupo, procedió a retirar en el transcurso de la sesión las demás enmiendas que había presentado con excepción de la 62; las restantes enmiendas fueron rechazadas.
Han presentado votos particulares a este proyecto de ley los Grupos Parlamentarios de Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés y Popular.
Gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos, a continuación, al turno de enmiendas. En primer lugar, debatiremos la enmienda 62, del Grupo de Convergència i Unió.
Senador Vilajoana, tiene de nuevo la palabra.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Señor presidente, señorías, nuestro grupo mantiene, después de perder la votación en comisión, esta enmienda porque nos parece razonable -y así lo hemos hecho esta semana- negociar una transaccional, cosa que todavía estamos haciendo. Con esta ley, que tiene como fin fundamental los fondos de inversión, las sociedades de inversión en el sector inmobiliario, está ocurriendo lo que ha ocurrido con más de una ley desde que se decidió acabar con las leyes de acompañamiento: estamos transformando todas las leyes en leyes de acompañamiento, es decir, hablemos de lo que hablemos, vamos añadiendo cosas, y aquí hemos introducido un tema importante, que es el relativo al registro de las nuevas sociedades energéticas, de las energías renovables, etcétera. Esta enmienda plantea una cosa razonable: que haya un registro a nivel de Estado sobre el total de operaciones que están actuando en este sistema energético. Como esto afecta a la tarifa económica que hay que aplicar, tiene un total sentido. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos olvidamos de que nos hemos dotado de un Estado autonómico y que hay unas competencias transferidas. Por tanto, lo que pretendía y pretende esta enmienda, y lo que hemos tratado de buscar durante esta semana con el Grupo Socialista, con el Ministerio de Industria, y ahora mismo, con el Ministerio de Economía, es una fórmula que elimine el registro previo; que haya un registro, por supuesto; que realmente el Estado sepa qué está ocurriendo en todo el país en esta área y que en función de ello determine el coste económico y los apoyos que tienen estas nuevas tecnologías, pero, por otra parte, que no se ponga por delante del registro autonómico un registro estatal. Esta es la filosofía fundamental de esta enmienda. Entendemos que es algo razonable que respeta la legalidad vigente y que en cierto modo ayuda a que sepamos qué está ocurriendo en todo el Estado.
Esto no solamente resuelve aspectos competenciales -había distintos grupos de esta Cámara que sentían preocupación por este tema-, sino que incluso el sector energético ve bien esta doble filosofía. Por tanto, estaríamos ante una enmienda transaccional que sería aceptada por el Ministerio de Industria, que es el directamente afectado, y confiamos en que Economía lo vea con buenos ojos. Por otra parte, espero que el sector energético y el sector político vean bien esta nueva situación. Este es el sentido de nuestra enmienda. Sepan que estamos buscando una fórmula transaccional, y estoy seguro de que a lo largo de este trámite podremos dar luz a una enmienda que resuelva los temas planteados.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos a continuación a debatir las enmiendas de Entesa Catalana. Tiene la palabra la senadora Alberich.
La señora ALBERICH CANO: Muchas gracias, señor presidente.
Damos por defendidas las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación debatiremos las enmiendas del Grupo Popular
Para su defensa, tiene la palabra la senadora Angulo.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a defender las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado al proyecto de ley por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, que en total son diez. A continuación paso a describirlas y, al miemos tiempo, les pediría su apoyo y su voto favorable.
En la enmienda número 1 planteamos que, al igual que la ley recoge que las sociedades de tasación previstas en la legislación del mercado hipotecario son las que deben realizar la valoración de las aportaciones no dinerarias de capital en bienes inmuebles, cuando la sociedad opte por sustituir el valor contable por el de mercado en la valoración de los activos, pretendemos que esta se realice también por una sociedad de tasación de las contempladas en dicha legislación. Se trata de una cuestión de pura y simple coherencia.
En la enmienda número 2 proponemos que todas las entidades puedan beneficiarse de la eliminación de la doble imposición prevista para las rentas percibidas por las Socimi y que se aplique sin distinciones la deducción del 18% de la cuota íntegra. Es decir, planteamos una modificación del artículo 10 de la ley, que regula el régimen fiscal especial de los socios, en concreto sobre la renta integral en la base imponible correspondiente a dividendos repartidos con cargo a beneficios o reservas o, en el apartado 2), a la parte de plusvalía correspondiente a beneficios no distribuidos. ¿Por qué? Porque el texto remitido por el Congreso establece que sobre esas rentas puedan deducirse un 18% o el tipo de gravamen del sujeto pasivo en caso de que sea inferior. Hace una distinción entre las rentas en función de quien las perciba. De modo que si es una entidad sujeta a un tipo de gravamen inferior al 18%, las rentas derivadas de su inversión en Socimi se verían gravadas con una mayor carga fiscal que la que le correspondería en principio. Entendemos que esta distinción podría desincentivar la inversión en estas sociedades por entidades que están sujetas a un gravamen inferior, como es el caso de las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria o el caso de no residentes, cuya inversión en este tipo de sociedades resultaría mucho más gravosa que en otros países.
Con las enmiendas números 4 y 6 tratamos de introducir dos disposiciones adicionales nuevas. En la número 4, para considerar los rendimientos del capital inmobiliario como renta del ahorro, equiparándolos de esta forma en su tratamiento fiscal a los rendimientos del capital mobiliario. Y en la número 6 tratamos de eliminar parcialmente, estableciendo una deducción del 50%, la doble imposición que se produce en la transmisión de inmuebles cuando ya ha estado gravada, bien sea por el impuesto de transmisiones patrimoniales, bien sea por el impuesto sobre el valor añadido.
En las enmiendas números 5 y 7 proponemos, como hemos hecho ya en otras iniciativas y en otros textos legales, algo en lo que nosotros creemos firmemente, y es en la necesidad de ampliar la deducción por compra de vivienda habitual hasta el 25%, con un límite de 10 000 euros anuales. Se trata de recuperar esa deducción que se recortó en la reforma fiscal de 2006. Intentamos con ello reducir la presión fiscal sobre la renta de las personas que invierten en vivienda habitual, bien sea en compra, bien sea en rehabilitación. Es un planteamiento que nosotros hemos reiterado porque sería importante a la hora de aliviar el esfuerzo que hacen las personas para comprar o rehabilitar una vivienda; un esfuerzo que, además, ha ido aumentando hasta situarse en el 41%, en parte por ese recorte que aplicó la reforma de 2006 a esas deducciones, que en algunos casos dificulta de manera seria la posibilidad de comprar una vivienda y que hace que sea particularmente difícil para muchas familias y sobre todo para muchos jóvenes. Y pensando precisamente en esos jóvenes, en la enmienda número 7 planteamos aumentar hasta seis años el plazo que se da a quienes tienen una cuenta ahorro-vivienda para que puedan hacer efectiva la adquisición, manteniendo el derecho a deducción.
En la enmienda número 8 planteamos compensar a las comunidades autónomas, en el marco del nuevo modelo de financiación autonómica, por la pérdida de recursos fiscales derivada de las modificaciones normativas que introduzca esta ley.
La enmienda número 9 pretende disminuir los costes de transacción para la constitución o adaptación de este tipo de sociedades que regula la ley, reduciendo al 10% la cifra que resulte de aplicar el arancel ordinario de notarios y registradores.
Por último, con independencia de que el senador Fernández Cucurull complete o añada alguna cuestión, voy a referirme a dos enmiendas importantes para la Ciudad Autónoma de Ceuta planteadas a iniciativa de los senadores de dicha ciudad autónoma. Con ellos tratamos de extender al helipuerto de Ceuta la bonificación del 15% que se recoge en la Ley 66/1997 para las tasas de aterrizaje y las aplicables a pasajeros en Baleares, Canarias y Melilla, así como el incremento a una bonificación extraordinaria del 30% desde el 1 de julio al 30 de diciembre de este año, establecida en la disposición adicional primera de la Ley 5/2009.
Las mismas razones que nos hicieron considerar necesaria esa bonificación para Baleares, Canarias y Melilla, nos hacen considerar necesaria esa bonificación para el helipuerto de Ceuta, que no está incluido sencillamente porque empezó a operar en el año 2004.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra. Tiene la palabra el senador Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para manifestar nuestro voto en contra en relación con las siguientes enmiendas. En pri-
mer lugar, me referiré a las diez enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Hay dos enmiendas nuevas que no se habían debatido en el Congreso de los Diputados relativas al helipuerto de Ceuta. Y la razón por la cual mi grupo no votará a favor es porque no hay ningún tipo de bonificaciones para los helipuertos; sí las hay para los aeropuertos de Melilla, Canarias y Baleares; pero, repito, ningún helipuerto español tiene ningún tipo de bonificación en las tasas aeroportuarias. Por tanto, por congruencia, no votaremos a favor de estas enmiendas.
Hay dos enmiendas relativas a esta ley, a la Socimi, una de las cuales pretende reducir los gastos de los aranceles por registradores o notarios. Nosotros consideramos que no está justificado por la transformación de un tipo de sociedad anónima a una Socimi y, por tanto, no votaremos a favor.
La otra enmienda pretende una deducción de un 18% en el impuesto sobre sociedades para aquellos socios que han de tributar por los dividendos conseguidos por parte de la Socimi. Consideramos que esto sería perjudicial para unos y beneficioso para otros. Hemos seguido un criterio único y es el de que cada socio deduzca sus dividendos al tipo que le corresponda en el impuesto sobre sociedades.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado otras enmiendas, una de las cuales pretende la modificación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Como todos sabemos, estos impuestos se han cedido a las comunidades autónomas, así como la competencia normativa, y por respeto a esas competencias ya asumidas, consideramos que no se deben tocar.
Otra enmienda pretende compensar a las comunidades autónomas por los cambios normativos que se lleven a cabo. Son cuestiones que ya se trataron con las comunidades autónomas en el último acuerdo de financiación autonómica y que, por tanto, se van a tener en consideración; incluso se ha establecido un mecanismo de revisión y de definición de los perjuicios económicos que puedan provocar los cambios normativos del Estado para que se cuantifiquen y se establezca el sistema de compensación. Por estas razones, mi grupo parlamentario va a votar en contra de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha presentado un total de 21 enmiendas. Hay un grupo de enmiendas cuya aprobación significaría claramente un trato discriminatorio además de ir contra los conceptos básicos del Tratado de la Unión Europea, puesto que supondría dar un trato distinto a los bienes inmuebles de las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria ubicados en territorio español respecto de los que no lo están. Sería un trato discriminatorio que no podemos aceptar, y esa es la razón principal por la cual mi grupo parlamentario va a votar en contra de estas cuatro enmiendas.
Estamos también en contra de una modificación que se propone en los impuestos locales, tanto en el impuesto sobre bienes inmuebles como en el del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, el impuesto sobre plusvalías. Se quiere establecer un recargo de un 50% en el impuesto sobre bienes inmuebles -que, por cierto, ya existe- para los inmuebles desocupados, pero es de muy difícil aplicación, puesto que no está clara la definición de lo que es un bien desocupado. Desde luego, los ayuntamientos tienen una clara imposibilidad de hacerlo por la inseguridad jurídica, la conflictividad y la litigiosidad que pudiera comportar el definir cuáles son los bienes inmuebles desocupados con objeto de aplicar este recargo del 50% en el impuesto sobre bienes inmuebles. Por tanto, ante esta situación, no vamos a aceptar esa enmienda.
Nos proponen también que se modifique el impuesto sobre plusvalía cambiando la regulación jurídica de su cuantificación; en vez de utilizar en la base imponible el valor catastral, se pretende que se aplique el valor real de mercado. Mi grupo parlamentario, tanto en la modificación del impuesto sobre bienes inmuebles como en la del impuesto sobre plusvalías, siempre estará condicionado a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Recientemente ha habido una resolución de la FEMP en uno de cuyos apartados solicita que cambie la normativa del impuesto sobre plusvalías, pero sin definir qué cambio es el que debemos impulsar. Por tanto, ante estas circunstancias, mi grupo parlamentario no puede votar a favor, porque lo que se propone no está aceptado en sus términos por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Por otra parte, quiero señalar dos cuestiones. Ese cambio normativo significaría aumentar en un 300% la recaudación del impuesto sobre plusvalías, una cuestión de mucha importancia económica y con unas consecuencias sociales evidentes, más en un momento donde no solamente no se vende un piso sino que tampoco se venden muchos pepinos, como se suele decir en mi tierra. Sería poner un obstáculo más a la transmisión de viviendas que en estos momentos tiene enormes dificultades para llevarse a cabo.
Por tanto, consideramos que esta propuesta la tiene que valorar la Federación Española de Municipios y Provincias, puesto que, dadas las circunstancias actuales, es muy difícil que se lleve a cabo y que la FEMP le dé su visto bueno.
Luego propone unas modificaciones para ampliar las deducciones por alquiler y compra de vivienda. Quiero señalar que esas deducciones ya existen. Ampliarlas podría tener el efecto de que no repercutiese sobre el beneficiario en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, sino que se trasladase al precio de la vivienda, con lo cual no consideramos pertinente aprobarlas.
Quiero recordar que el Grupo Parlamentario Popular en una de sus enmiendas quiere establecer una deducción en el IRPF por la compra de vivienda. El Gobierno ha anunciado que a partir de 2011 se va a eliminar esta deducción, entre otras cosas porque estamos asumiendo informes que vienen del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, o de Funcas, que recientemente ha elaborado un informe en
ese sentido, incluso últimamente el grupo de las 14 promotoras inmobiliarias más importantes de este país ha dicho que sería conveniente eliminar esta deducción por adquisición de vivienda. Por tanto, son muchos los criterios técnicos y políticos que nos impiden votar a favor.
La Entesa presenta otras dos enmiendas que sí tienen que ver con esta ley de Socimi. Una, en concreto, quiere que se consideren bienes inmuebles aquellos que se pueden registrar en el Registro de la Propiedad, valga la redundancia. Desde luego, no se puede aceptar porque no es una condición obligatoria. No es obligatorio registrar en ese registro de la propiedad ningún inmueble, sin embargo, sí es obligatorio hacerlo en el registro catastral. Por tanto, no la vamos a aceptar.
Por otra parte, quieren que se elimine la posibilidad de que la Socimi tenga actividades complementarias al alquiler de viviendas; actividades complementarias reguladas en la norma en un 20%. La aceptación de esta enmienda significaría imposibilitar que se constituyese ningún tipo de sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria porque cualquier percepción, por ejemplo, de intereses bancarios de un depósito o de una cuenta podría significar la imposibilidad, porque eso sería la renta de una actividad complementaria. Por tanto, no lo podemos aceptar.
Con las enmiendas de CiU hemos llegado a transaccionales que yo creo que son muy importantes y que mejoran sustancialmente esta ley. Alguna modifica la Ley del Mercado de Valores asumiendo una resolución de la Unión Europea que considera que las concesiones administrativas son bienes intangibles y, por tanto, no inmobiliarios.
Por otra parte, se han aceptado algunas enmiendas que modifican el impuesto de sociedades que yo creo que son interesantes; en concreto, que la empresa matriz pueda deducir las pérdidas que tengan las empresas filiales, sin tener que reducir la valoración de su participación en activos. Se ha aceptado también a través de una transaccional que las cuotas de arrendamiento financiero no tengan que ser, como ocurre en la actualidad, iguales o crecientes. Estamos en una situación de crisis económica. Muchas empresas han acordado que las cuotas de los leasing sean en este momento inferiores a las que venían pagando por cuestiones de liquidez. Vamos a establecer un período transitorio desde los años 2009, 2010 y 2011 para que estas cuotas puedan ser decrecientes. A partir de 2012 volveríamos a la situación inicial.
Son, por tanto, enmiendas que enriquecen el texto y posibilitan que esta ley, que esta nueva figura jurídica sea eficaz para modernizar el mercado inmobiliario de este país.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias.
Confieso que no tenía pensado intervenir en el debate de este proyecto de ley, pero me veo obligado a hacerlo por una cuestión formal no exenta de trascendencia constitucional. Señorías, en la disposición final cuarta, de este proyecto de ley, aparece en el texto que remitió el Congreso de los Diputados una modificación de la Ley 20/1991, respecto de los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias. Se solicitó el correspondiente informe preceptivo, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Constitución, sobre el contenido de la disposición final cuarta del proyecto de ley. Durante el trámite de enmiendas, no se había presentado ninguna a esta disposición pero, sorpresivamente, según he podido comprobar, a través de una enmienda transaccional presentada en la Comisión de Economía y Hacienda, de la que no formamos parte ninguno de los senadores de Coalición Canaria, se ha introducido una enmienda que modifica otros dos artículos de la Ley sobre el REF canario; modificación que, lógicamente, no cuenta con informe alguno del Parlamento de Canarias, aunque este es preceptivo so pena de inconstitucionalidad, tal y como ha manifestado ya el Tribunal Constitucional.
Así las cosas, independientemente de que las medidas sean favorables o no, e independientemente de que el informe del Parlamento de Canarias sea favorable o no, anuncio que los senadores de Coalición Canaria nos abstendremos en la votación de conjunto de esta ley, porque no podemos reglamentariamente solicitar votación separada de la disposición final cuarta. No obstante, confiamos en que se subsane este error, tras la aprobación del Pleno de hoy y antes de que el proyecto de ley se apruebe definitivamente en el Congreso de los Diputados -los servicios de la Cámara me lo han asegurado-. En ese caso, lógicamente, si las medidas introducidas que modifican el REF canario son favorables y el informe del Parlamento de Canarias así lo acredita, los diputados de Coalición Canaria votarán a favor de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero plantear una cuestión de orden, por aclararme yo y aclarar a algún otro compañero, portavoz de otro grupo: ¿estamos en el turno de posicionamiento sobre las enmiendas o es un turno conjunto sobre las enmiendas y sobre nuestro posicionamiento respecto al proyecto?
El señor PRESIDENTE: Señoría, estamos en el turno de portavoces.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.
Respecto a las enmiendas, votaremos en contra de las que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; nos abstendremos en las que ha presentado el
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y, finalmente, votaremos a favor de la enmienda que ha propuesto Convergéncia i Unió, independientemente de que sea transaccionada o no; no podría ser de otro modo, teniendo en cuenta que el nuestro es un grupo integrado por senadores nacionalistas. También votaremos a favor de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Para terminar, quiero repetir aquí, en el Pleno, algo que ya manifesté en la Comisión. Al margen de que estemos totalmente de acuerdo en cuestiones que se proponen en determinadas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, creemos sinceramente que no es una buena práctica parlamentaria y legislativa aprovechar la presentación de un proyecto de ley para introducir enmiendas de gran calado sobre asuntos que nada tienen que ver con el proyecto de ley en cuestión. En cualquier caso, votaremos a favor de esas enmiendas y a favor del proyecto de ley en su conjunto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Mi intervención contiene una parte de satisfacción. No obstante, estoy de acuerdo con lo que ha manifestado el senador Pérez Bouza. El Gobierno acordó retirar la ley de acompañamiento pero estamos transformando todas las leyes en leyes de acompañamiento, y vamos metiendo en ellas lo que no está escrito. Este es un problema serio que se visualiza cuando entramos en temas de gran trascendencia como el de la enmienda 62, que hemos intentado transaccionar y que parece que no lo acabamos de conseguir.
Me gustaría decir claramente cuál es la situación. Esta semana se nos envió por parte del Ministerio de Industria una propuesta de enmienda transaccional -y la tengo aquí- pero hoy se nos informa -y es posible que lleven razón porque lo dice un abogado del Estado- que la enmienda no es correcta porque pretende arreglar, por un acuerdo de esta Cámara, un real decreto. Nuestro grupo -y también contamos con un magnífico abogado del Estado, que es además miembro del grupo- había planteado una enmienda con la que se resolvía esto, pero parece ser que no somos capaces de llegar a un acuerdo.
En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Socialista, al cual yo creo, me comunica que el ministro arreglará esto y que es posible buscar una solución a un tema que me parece importante, y es que es una pena que en el debate de una ley relativa a las sociedades de inversión inmobiliaria estemos discutiendo sobre competencias autonómicas. Lo que ocurre es que, sistemáticamente, ignoramos que tenemos un Estado de las Autonomías del que nos hemos dotado, que está muy bien y que, sin embargo, incumplimos.
¿Por qué hemos presentado esta enmienda? Pues no porque tengamos ganas de intervenir, sencillamente porque estamos poniendo un sistema de registro previo al control autonómico, y esto no puede ser; la ley no lo permite y hacerlo supone infringirla. Pero esto está ocurriendo en muchas leyes.
Aunque lamento mucho esta intervención, que intento hacer en tono cordial, como suele ser habitual en mí, quiero manifestar nuestra seria preocupación ante dos cosas. Uno habla con un ministerio y llega a un acuerdo, pero resulta que en el momento de cerrarlo Economía dice que está mal hecho. Muy bien, pero que conste en el Diario de Sesiones. Y, luego, nos dicen que el ministro lo arreglará. Muy bien, pero que conste en el Diario de Sesiones. Argumentan que el ministro de Industria lo arreglará a posteriori, una vez se haya aprobado la ley. Sinceramente, creo que este no es un buen sistema de trabajar.
Dicho esto, la parte positiva es que entendemos que esta ley es necesaria en la parte que le toca. Además, Convergència i Unió ha planteado un conjunto de enmiendas a la ley y, entre las aprobadas y las transaccionadas en el Congreso y en el Senado, hemos conseguido que 34 enmiendas mejoren claramente esta ley.
Por eso, nosotros vamos a votar a favor. Pero repito que es una lástima que no seamos capaces, todos, de hacer las cosas un poco mejor.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la señora Alberich.
La señora ALBERICH CANO: Gracias, señor presidente.
En este turno de portavoces para fijar la posición de la Entesa respecto a lo que supone esta ley, permítanme que dé una visión más política de la que se ha ofrecido hasta ahora o al menos no tan técnica.
La sociedad española, creo que como consecuencia de nuestra más reciente historia, tiene una tendencia natural a la compra de la vivienda. Las familias, las personas, suelen asociar la estabilidad personal con el hecho de tener una propiedad y, a mi entender, muchas veces, cuando una propiedad ahoga el poder adquisitivo de las familias, se convierte en una cadena; en una cadena para la estabilidad, para la tranquilidad e incluso para la evolución personal y profesional de las personas.
Esto es bastante contrario a lo que sucede en muchos países europeos e incluso por concepto, aunque no sea un modelo a imitar, en Estados Unidos. La propiedad de una vivienda, entendida como algo férreo y necesario para que una persona pueda independizarse o emanciparse, es un escollo. Por eso, creo que esta ley que vamos a aprobar hoy sobre sociedades anónimas de inversión colectiva o Socimi, como la llamamos más técnicamente, supone una evolución, un paso necesario y fundamental para el cambio de cultura de nuestra sociedad con respecto a la propiedad.
En los últimos años hemos sido testigos de la enorme trampa que suponen las financiaciones, las hipotecas. Consultar la evolución del euríbor -permítanme que la califique como maldita-, se ha convertido para muchas personas en la primera página del periódico cuando lo abren y en una obsesión, y tampoco es de extrañar, ya que subió un 249% de julio de 2005 a julio de 2008,
aproximadamente 360 euros si hablamos de una hipoteca de 180 000 euros, que a lo mejor en muchas comunidades autónomas de este país puede ser lo normal, pero les aseguro que en Cataluña no lo es, el valor de la vivienda está mucho más alto, y esto no tiene nada que ver con el 11% de subida del IPC.
El proyecto de ley por el que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizados de Inversión en el Mercado Inmobiliario supone un importante impulso al mercado de alquiler. Con la incorporación de esta nueva figura societaria, se fomenta la construcción y rehabilitación de inmuebles destinados al arrendamiento mediante ventajas fiscales para aquellas sociedades de inversión que lo impulsen.
Las Socimi suponen un avance en el cambio del sistema productivo. En España, el mercado inmobiliario tiene un peso del 16%, y todos sabemos que su descenso ha sido causa fundamental de la recuperación tardía de nuestra economía. El parque de viviendas en España en el año 2008 era de veinticinco millones ciento veintinueve mil y pico y solo un 7,7% estaban destinadas al alquiler. Si queremos cambiar el modelo productivo, este 7,7% tiene que acabar convirtiéndose en un porcentaje muchísimo más importante y muy por encima del 87% restante. Es ahora, en este momento de nuestra economía, cuando por necesidad, y no por voluntad propia, las familias españolas están optando por incorporarse al mercado de alquiler y cuando los promotores y las empresas inmobiliarias están optando por fórmulas de alquiler o por fórmulas de alquiler con opción a compra, otra de las metodologías reguladas impulsadas a través de este proyecto de ley.
Por eso pensamos que este proyecto llega en el mejor momento, porque da un empujón fiscal definitivo para que las empresas del sector inmobiliario y las empresas de inversión destinadas al sector inmobiliario acaben de apostar por el mercado de alquiler a través de la tributación del 18% en el impuesto de sociedades o de la aplicación del tipo de IVA especial al 7%. Como les he dicho, esta ley supone un gran avance en nuestros instrumentos de inversión, pero también un impulso necesario en el mercado de alquiler.
Permítanme que, para acabar, en estos treinta segundos que me quedan y una vez fijada la posición de Entesa a favor de la ley, explique cuál va a ser el voto de los senadores del PSC en torno a dos enmiendas concretas propuestas por mi grupo. Estoy hablando de la enmienda 29 y de la enmienda 30, a la cual también se ha referido el portavoz del Grupo Socialista, y quiero hacerlo porque son dos enmiendas que han suscitado el interés de muchos alcaldes y alcaldesas de Cataluña en estos dos últimos días, y lo entiendo perfectamente dada la situación de escollo tributario en la que nos encontramos los ayuntamientos. Pero pensamos que las reformas de financiación no pueden entenderse aisladamente y que son mucho más globales de lo que pretenden estas enmiendas.
La enmienda 29 pretende aumentar del 50 al 150% el IBI actual en las viviendas desocupadas, pero sabemos que hay un problema en la definición de desocupadas. Personalmente estoy de acuerdo: aquellas viviendas que suponen una segunda vivienda para aquellas personas y que podríamos entender como un artículo de lujo, que sean gravadas -acabo, señor presidente- más fuertemente, pero no de esta manera. Por otro lado, el aumento de la plusvalía en la actualidad, tal y como está el mercado inmobiliario, no supone un error y, en cualquier caso, creemos que son cuestiones para tratar, pero en la nueva reforma de la financiación local.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presiente.
Señorías, quiero comentar, en relación con la intervención del portavoz de Coalición Canaria sobre la enmienda 57, que el que se ha seguido es el que habitualmente se sigue. El proyecto de ley sí ha sido informado por el Parlamento canario. Ha sido una introducción mediante enmienda, y lo que está previsto, el procedimiento habitual, es que, una vez aprobada la enmienda en Pleno, se solicita el informe del Parlamento, en este caso el Parlamento canario, porque afecta a su régimen fiscal, y en el Congreso, una vez que se apruebe o no, tiene que ir con el plácet correspondiente.
Por tanto, por nuestra parte ha habido muy buena fe, porque significa una ventaja para el resto de los empresarios al poder deducir de la base imponible del IVA las facturas incobrables desde el período de vencimiento. ¿Qué pasaría si se aprobara para todo el territorio español un beneficio que no se aplicase en Canarias? Evidentemente, que los empresarios canarios nos tirarían a todos de los pelos. Por consiguiente, ha habido muy buena fe y se ha puesto en marcha el procedimiento habitual.
Con relación a las enmiendas presentadas, hay muchas que no tienen que ver con esta ley. De las 67 que se presentan, solamente 4 afectan realmente a la ley de las Socimi. Eso significa que, de las 21 enmiendas que ha presentado Entesa, solo 2 tienen que ver con la ley. Significa que, de las treinta y una que ha presentado CiU, ninguna tiene que ver con la ley. Y significa que, de las diez que ha presentado el PP, solo 2 tienen que ver con la ley. Se trata de leyes que modifican otras leyes. Es una práctica que deberíamos ir corrigiendo todos. Siempre se implora la economía legislativa, pero no es lo mejor.
Todavía existe la posibilidad de llegar a una transaccional con CiU sobre la enmienda número 62, y hasta el último momento estaremos trabajando por ello. Hay un compromiso del ministerio de que se va a solucionar esa invasión, según CiU, de competencias del Real Decreto 6/2009. No obstante, tengo que añadir que ese real decreto se convalidó en el Congreso de los Diputados con el apoyo de CiU. Luego ha surgido esa duda, pero estamos dispuestos a solucionarla.
Siempre hablamos de la necesidad de reformas, y esta es una auténtica reforma en un sector que está gravemente en crisis, el sector inmobiliario. Le estamos pidiendo reformas al Gobierno, y helas aquí. Es una reforma que
significa modernizar el mercado inmobiliario; significa crear empresas que se dediquen a construir viviendas para alquilar; significa ampliar la oferta de viviendas en el mercado de alquiler, por lo que debe derivar en una contención y bajada de precios del alquiler.
A estas sociedades se les exigen una serie de condiciones. Se exige que el 80% sean activos inmobiliarios para el alquiler, que pueden ser locales, viviendas, residencias, es decir, es un concepto amplio. En cuanto a compra y promoción, se incluye también la rehabilitación de viviendas. Se exige que el 80% de sus rentas deriven del propio alquiler, con lo que se tienen que dedicar muy principalmente al alquiler de viviendas. Se exige que distribuyan los beneficios -el 90% en unos casos y el 50% en otros- entre sus socios, lo que está facilitando que los pequeños ahorradores inviertan en este tipo de sociedades, garantizando una rentabilidad que puede significar un aliciente fundamental para que el mercado inmobiliario se reactive. También se exige, por transparencia, que estén cotizando en bolsa.
Esta es una reforma que todos estamos pidiendo y, si sale adelante -estoy seguro de que sí lo hará con el apoyo de todos-, todos deberíamos congratularnos, porque las consecuencias y los beneficios se van a ver con cierta inmediatez.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández.
El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Muchas gracias, presidente.
Creo que para fijar la posición de mi grupo sería conveniente realizar, en primer lugar, una breve valoración general del proyecto que nos ocupa sobre las Socimi.
El Grupo Parlamentario Popular considera positiva la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la figura de los REIT, los real estate investment trusts, que ya existe desde hace tiempo fuera de nuestras fronteras, especialmente en el mundo anglosajón.
Coincidimos, pues, con alguna de las consideraciones recogidas en el preámbulo de la ley como, por ejemplo, en la necesidad de intentar proporcionar liquidez a las inversiones inmobiliarias, facilitando la entrada al pequeño inversor con una gestión profesional y, más concretamente, favorecer el mercado del alquiler, y todo ello en consideración a la importancia que el sector de la construcción tiene en el PIB español. Bien es verdad que en esto, como en tantas otras cosas, la actitud del Gobierno ha sido zigzagueante, y de demonizar al sector ha pasado, durante una legislatura completa, a vivir en buena parte de sus rentas para, nuevamente, culparlo de todos los males cuando se desata la crisis, y por último, más recientemente, a reconocer que será imprescindible su recuperación para salir de ella. Todo un ejemplo de coherencia, sin duda. No obstante, bienvenida sea esta última o penúltima rectificación -nunca se sabe- y bienvenido sea el nuevo instrumento jurídicofiscal que se pone a disposición del sector.
Sin embargo, frente al prudente criterio de adaptar lo que ya funciona en otros sitios sin excesivos cambios -lo que habría llevado a la simplicidad que en derecho comparado suelen presentar el régimen jurídico sustantivo y el régimen fiscal de estas sociedades-, el Gobierno ha estado por una adaptación sui géneris que, especialmente en materia fiscal, desarrolla una configuración bastante más compleja, y me atrevería a decir que hasta alambicada, del tratamiento de las rentas generadas por la actividad regulada. Así, frente al simple mecanismo de trasladar la tributación al socio, que es lo común en los REITs, aquí se va a hacer tributar a las Socimi con carácter general al tipo del 18% en el impuesto sobre sociedades para luego diferenciar el tratamiento del socio según el tipo de sujeto pasivo que sea -sociedad, IRPF, no residente, con establecimiento permanente o sin él- y, a su vez, distinguiendo por un lado los dividendos y por otro la transmisión de la participación en estas sociedades. El tiempo dirá si esta opción facilita la consecución del precitado objetivo de propiciar liquidez a las inversiones inmobiliarias frente a otras más contrastadas.
Por cierto, el tipo del 18% coincidía con la tributación en el IRPF de las rentas del ahorro. Si la propuesta de subida contenida en los Presupuestos Generales para 2010 prospera será, del 19 o del 21%. ¿Van a modificar la ley? Esta puede ser una más de las consecuencias de la improvisación y de la ocurrencia como método de gobierno. Por tanto, ya veremos qué sucede.
En la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados mi grupo parlamentario adoptó una actitud constructiva, que llegó a afectar a muchas de las transaccionales propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista, fundamentalmente sobre la base de las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y por Convergència i Unió. Aquí hemos optado por volver a presentar las enmiendas que no tuvieron esa suerte con la confianza de que una nueva lectura por parte de los grupos parlamentarios pudiera procurarles un mejor destino, al mismo tiempo que, algunas nuevas, han sido todas ellas defendidas en el turno correspondiente por la senadora Angulo. Sin embargo, es evidente que hasta ahora no hemos tenido suerte, pues ninguna ha sido aprobada. No obstante, nuestra actitud sigue siendo constructiva, y lo repito, porque, últimamente, desde esta tribuna se oye decir mucho eso de arrimar el hombro -entre comillas-, pero la posición del Grupo Parlamentario Popular en esta ley demuestra exactamente lo que hacemos cuando se nos plantean cuestiones razonables. De esta manera, votamos favorablemente en comisión la enmienda número 63, del Grupo Parlamentario Socialista, y 4 enmiendas transaccionales sobre la base de cuatro enmiendas de CiU, que nos ofreció el Grupo Parlamentario Socialista, relativas a diversos aspectos que ya ha comentado el senador Hurtado y que no repetiré.
No obstante, en cuanto al resto del texto no modificado en comisión, he de decir que vamos a mantener la postura
de abstención de mi grupo parlamentario en el Congreso por las razones ya apuntadas. Esto es: acuerdo con la traslación a nuestro ordenamiento jurídico de las aquí denominadas Socimi, pero dudas en cuanto a que la fórmula escogida sea la más adecuada.
En relación con la intervención del senador Hurtado, quiero hacer cuatro puntualizaciones. En cuanto a la deducción del 18%, hemos tratado de eliminar un trato fiscal desfavorable para aquellos sujetos pasivos con un tipo inferior, y cuya deducción sería inferior. Esto afecta especialmente al capital del no residente, y en un momento en que la inversión extranjera está cayendo directamente lo consideramos importante.
Por último, en lo que se refiere a los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ya hemos dicho que presentamos una enmienda para compensar a las comunidades autónomas, con lo cual una cosa va por la otra.
En cuanto a los incentivos fiscales por la compra de vivienda, tradicionales en nuestro ordenamiento jurídico, ustedes solo escuchan al Fondo Monetario Internacional para subir impuestos, pero no cuando les dicen cosas que no les gustan.
En relación con las enmiendas de Ceuta, me van a permitir que me refiera muy brevemente a ellas. Esas bonificaciones tienen su origen en las tasas aeroportuarias, en una Ley de acompañamiento del año 1997 en la que no se citaba a Ceuta porque entonces allí no existía instalación aeroportuaria alguna, no había helipuerto. Se amplían esas bonificaciones de un 15 a un 30% en el mes de junio mediante la Ley 5/2009, pero al referirse a la ley de 1997, vuelven a olvidarse de Ceuta. Aquí se han dado argumentos insostenibles, como que se trata solo de helipuertos, pero eso no es cierto. La razón objetiva es que se trata de bonificaciones en las tasas que AENA cobra sobre aeronaves y pasajeros en los territorios extrapeninsulares en los vuelos regulares con la península, y vuelos regulares con la península se dan también en los helipuertos de Ceuta. Luego, como ya le dije en comisión, senador Hurtado, no tiene usted razón.
Hemos pedido votación separada de esto para que se vea que muchos de los grupos parlamentarios van a tener una posición diferente. Resulta que en junio accedieron a ampliar del 15 al 30% en Baleares, Canarias y Melilla, y, sin embargo, ahora no lo admiten para Ceuta. Muchos van a cambiar de opinión, y a los senadores insulares les recuerdo que van a votar de manera distinta a como lo hicieron hace unos meses. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señoría…
El señor FERNÁNDEZ CUCURULL: Termino ya, señor presidente.
Repito lo ya expresado en mi intervención. Mi grupo parlamentario se felicita por la incorporación a nuestros derechos de este instrumento de inversión inmobiliaria. Lamentamos que no se haya podido profundizar aún más en nuestras sugerencias de mejora, y aunque consideramos que se ha optado por una regulación más compleja de lo necesario, esperamos por el bien de todos que la ley pueda cumplir con la finalidad de facilitar la inversión en el sector inmobiliario, especialmente en el mercado de alquiler.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- MINUTO DE SILENCIO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO EN HERAT (AFGANISTÁN), EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2009, DEL MILITAR DEL CONTINGENTE ESPAÑOL DE LA FUERZA INTERNACIONAL DE ASISTENCIA PARA LA SEGURIDAD EN AFGANISTÁN (ISAF) D. CRISTO ANCOR CABELLO SANTANA (Número de expediente 550/00001)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación del proyecto de ley que acabamos de debatir, quiero hacer una comunicación a la Cámara. Como ya saben, en la mañana de hoy, debido a la explosión de un artefacto en Afganistán, ha fallecido el cabo Cristo Ancor Cabello Santana, y hay heridos cinco militares más.
Solicito a la Cámara un minuto de silencio.
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Continuación.)
-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO (Número de expediente Senado 621/000014 número de expediente Congreso 121/000015) (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley que acabamos de debatir.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, en la medida en que la enmienda 62 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios, con la excepción del Grupo Parlamentario Popular, que votaremos al final.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, números 20, 22 y 31.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 6; en contra, 118; abstenciones, 122.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 7; en contra, 229; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números 3 y 10.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 115; en contra, 128; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 116; en contra, 127; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas..
Votamos a continuación la transaccional presentada como consecuencia de la enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 131; abstenciones, 115.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 64, 66 y 67 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 120; en contra, 125; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación que acabamos de celebrar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 242; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto del proyecto de ley
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 126; en contra, 3; abstenciones, 115.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por su majestad el Rey.
-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL (Número de expediente Senado 621/000017 y Número de expediente congreso 121/000017).
El señor PRESIDENTE: Señorías, tal y como han acordado los portavoces, pasamos a debatir el dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial.
A continuación celebraremos el debate, posponiendo la votación para esta tarde.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Asensio.
El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como presidente de la Comisión de Justicia tengo el honor de presentar ante el Pleno el dictamen de la comisión sobre el proyecto de ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial.
El proyecto de ley que en este acto se somete a debate en el Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el pasado día 6 de junio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas terminaba el 11 de septiembre, ampliándose hasta el siguiente día 17.
A este proyecto de ley se presentaron un total de 297 enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: 6 de la senadora Caballero Martínez; 64 del Grupo de Senadores Nacionalistas; 57 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; 144 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; 1 del Grupo Parlamentario Socialista; y 25 que fueron presentadas conjuntamente por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.
La comisión se reunió para dictaminar el 5 de octubre. Tras el correspondiente debate, fueron aprobadas 2 enmiendas transaccionales apoyadas en las enmiendas de la senadora Caballero Martínez, la enmienda número 222, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la enmienda número 297, del Grupo Parlamentario Socialista, y las enmiendas números 272 a 296, presentadas conjuntamente por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista. Las demás enmiendas fueron rechazadas. La comisión votó favorablemente el texto remitido por el Congreso de los Diputados, salvo aquellas partes del mismo afectadas por las enmiendas aprobadas.
Tras el trámite en comisión, se ha llevado a cabo la necesaria nueva ordenación sistemática del proyecto de ley, así como la eliminación del índice previo, que en esta fase del procedimiento resulta ya ajeno al contenido normativo de aquel.
Han presentado votos particulares al dictamen de la comisión los Grupos Parlamentarios de Senadores Nacionalistas, de Convergència i Unió y Entesa Catalana de Progrés.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno a favor.
Tiene la palabra el senador Irízar.
El señor IRÍZAR ORTEGA: Gracias.
Señor presidente, señoras y señores senadores, estamos en este momento ante una ley de una gran trascendencia no solamente para la justicia española, sino para toda la sociedad. Nos encontramos pendientes de una de las grandes reformas que la democracia no había asumido hasta ahora. Se han reformado muchísimas cosas en los más de treinta años de democracia, pero, la justicia siempre se ha quedado retrasada, siempre se ha quedado aparcada, y a pesar de las numerosas declaraciones de todos los Gobiernos de la democracia, de todos los Parlamentos, nunca se ha afrontado con seriedad la reforma de la Administración de Justicia.
En este momento nos encontramos con una ley que ya afronta de forma clara y decidida esta reforma pendiente. Para llevar a cabo la reforma de la Administración de Justicia se requiere consenso, y consenso existe en la tramitación de esta importante ley. Se requiere voluntad política, y voluntad política existe tanto por parte del Gobierno como de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Se requiere dotación económica, y dotación económica, señorías, existe también, puesto que no solamente hay un compromiso del Gobierno de dotar esta ley, sino que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 el único ministerio que aumenta de forma clara y evidente su dotación presupuestaria es el Ministerio de Justicia para poder poner en marcha la reforma de la justicia pendiente y que todos nosotros deseamos.
La Ley Orgánica del Poder Judicial sufrió una modificación en el año 2003, que permite esta reforma de la Oficina Judicial con una ley ordinaria, que en estos momentos estamos tratando. Fue el primer paso, pero se quedó ahí, y hay que reconocer que ya entonces el Gobierno del Partido Popular inició la reforma que hoy continuamos, porque todavía quedan muchas leyes pendientes de tramitar. La ley que hoy vamos a aprobar con el consenso prácticamente total de esta Cámara, como sucedió en el Congreso de los Diputados, se llama de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, porque lo que viene a hacer, en definitiva, es acabar con estos juzgados decimonónicos y pasar del juzgado del siglo XIX al juzgado del siglo XXI, saltándonos el siglo XX. Pretende crear una oficina judicial moderna, acorde con los tiempos actuales, y que desaparezca aquella que todos conocemos, donde cada juez tiene su parcelita, su juzgado, del que era dueño y señor, donde hacía lo que quería y en el que prácticamente nadie podía entrar. Esto se va a acabar. Hay un gran principio, y es que, a partir de ahora, los jueces se van a dedicar a lo que la Constitución española quiere que se dediquen, que es a juzgar y a hacer cumplir lo juzgado. Esta es la función de los jueces, no la de controlar su parcela correspondiente, no la de controlar su juzgadito y estar pendientes de todo lo que allí ocurra. A partir de esta ley, todo será distinto. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)
Para ello se crea una oficina judicial y se da un importante papel a los secretarios de la Administración de Justicia. Los secretarios, que hasta ahora se limitaban prácticamente a dar fe mediante una presencia permanente en los actos judiciales, en los que apenas intervenían, a controlar las tasaciones de costas y poco más, a partir de ahora van a tener una función fundamental para dejar al juez la que ya hemos mencionado, la que la Constitución prevé para el Poder Judicial: juzgar y hacer cumplir lo juzgado.
A partir de ahora, los secretarios judiciales van a tener una serie de competencias fundamentales. Van a ser los que decidan sobre la admisión de las demandas y la terminación de los pleitos. Ciertamente, dada la gran importancia que supone para un justiciable que se le admita una demanda o no, contra el acuerdo del secretario de no admitir una demanda a trámite sí cabrá recurso ante el juez, puesto que es un acto de jurisdicción, y será definitivamente el juez quien decida si admite o no a trámite esa demanda. Queda aquí una excepción en los procedimientos penales, es decir, en las querellas, pues dada la trascendencia que tiene para los ciudadanos, no será el secretario sino el juez de instrucción quien admita o no a trámite una querella criminal.
Los secretarios van a tener también capacidad para decidir sobre las acumulaciones, la declaración de caducidad, para apreciar los casos de fuerza mayor, y, cuando los plazos no se cumplan por fuerza mayor, también será el secretario quien lo aprecie. También, tendrán capacidad para la conciliación en un tema tan interesante como otorgar ante los secretarios el apud acta. Ahora se puede hacer, pero ante el secretario que lleva el pleito, de modo que aquel ciudadano que no vive donde se lleva el pleito tiene que acudir al notario, y eso le cuesta dinero. A partir de ahora, el que no viva donde se lleva su pleito podrá acudir al secretario de su localidad y de forma gratuita obtener el correspondiente poder para el procurador que lleve su procedimiento.
Por primera vez en un texto legal, en esta ley se trata la incompatibilidad entre el ejercicio de la profesión de abogado y la de procurador. Hasta ahora no tenía rango de ley, pero desde ahora quedará claro que no se pueden ejercer simultáneamente ambas profesiones. Además, los procuradores pasan a ser auxiliares del abogado, con una serie de funciones que antes no tenían, y en auxilio de la Administración de Justicia. Podrán realizar de forma directa
actos de comunicación, cumpliendo los requisitos que el proyecto de ley establece, al tiempo que participarán de forma directa respecto de la ejecución de las sentencias, lo que, sin duda, agilizará el pleito.
Como ya figura en la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a los pleitos civiles, se considera la obligatoriedad de grabar todos los procedimientos -todos- de cualquier orden jurisdiccional. No será como hasta ahora, que se graban pero además debe estar presente el secretario para dar fe de lo que allí pasa. A todos los efectos, la grabación tendrá carácter de acta, con la firma electrónica del secretario, que no tendrá que estar presente en los juicios, salvo si las partes lo solicitan con una antelación de dos días. Si no, el secretario ya no tendrá que estar presente y su firma electrónica servirá para dar fe del acta del juicio, que siempre será grabada en todos los órdenes jurisdiccionales.
Por tanto, se introduce una nueva terminología. Los secretarios tendrán que dictar resoluciones, cuando hasta ahora solo dictaban diligencias de ordenación, por lo que se introduce una nueva terminología en cuanto a su actividad procesal respecto de las de diligencias de ordenación cuando sean de mero trámite, los decretos, que serán aquellas resoluciones de los secretarios judiciales que solo tengan por objeto la admisión o la terminación de los procedimientos, o aquellas resoluciones que tengan algún tipo de razonamiento jurídico, y las diligencias de constancia cuando simplemente haya que dejar constancia de algún hecho.
Finalmente, señorías, se introduce alguna reforma puramente procesal de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar algunos procedimientos civiles. Así, se eleva la cuantía del procedimiento monitorio hasta 250 000 euros. El procedimiento monitorio ha resultado muy eficaz en cuanto a la reclamación de las deudas; de hecho, la mayoría de las reclamaciones de deudas ante los juzgados se tramitan hoy por este procedimiento, y las estadísticas dicen que solamente el 7% de las personas se oponen a él. Este es un modo de agilización y, por ello, se eleva la cuantía. Además, se eleva también la cuantía del procedimiento verbal, más ágil que el procedimiento ordinario, que pasa de 3000 a 6000 euros.
Por todas estas razones, creemos que es un primer paso para la modernización de la justicia, esa asignatura pendiente. Creemos que en este momento va en serio y, además, que todo el mundo se lo ha tomado de esa manera: jueces, secretarios, procuradores, abogados y, por supuesto, los que tenemos que decidir, los componentes de esta Cámara.
Por tanto, señorías, solicito de todos ustedes el voto a favor de la presente ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
¿Algún senador desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Caballero.
La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre de Unión del Pueblo Navarro para defender ante el Pleno la postura favorable de mi partido ante este proyecto de ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial.
Señorías, compartimos de forma global el contenido de esta reforma y su objetivo final, que redundará seguro en un mejor funcionamiento de toda la Administración de Justicia, que no debemos olvidar que debe estar siempre orientada a satisfacer las necesidades y las demandas de quienes a ella acuden.
No obstante, quiero aprovechar este turno de portavoces para manifestar la satisfacción que me produce el hecho de que 6 enmiendas que presenté en relación con la firma del recurso de suplicación por parte de los graduados sociales y contra la denominación de graduado social colegiado hayan dado lugar a una enmienda transaccional, apoyada por todos los grupos, que se ha incorporado al texto que hoy votaremos y cuyo contenido salvaguarda, a mi entender, el derecho de defensa de los ciudadanos.
Quiero expresar aquí las razones técnicas que me impulsaron a presentar estas enmiendas. En primer lugar, las referencias a graduado social colegiado como equiparado a abogado a efectos de interposición del recurso de suplicación implican que se le reconoce que ostenta postulación de la parte en el proceso y que puede asumir su defensa tecnicojurídica. Esto es contrario a lo previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial por afectar a la esencia del derecho de defensa de los ciudadanos, perjudicando su situación.
Señorías, los graduados sociales tienen legalmente reconocida la representación técnica en el ámbito del proceso laboral en la instancia, pero en este ámbito de actuación, marcado por la ley procesal general, no hay previsión alguna que permita al representante procesal ejercer funciones relativas a la defensa y asistencia técnica sobre el fondo del asunto.
En segundo lugar, la defensa técnica implica que un perito en derecho -es decir, el abogado- aconseja jurídicamente a la parte, elabora la estrategia procesal y dirige con su intervención la actividad procesal de la parte. En la instancia, la defensa técnica es facultativa o voluntaria, al igual que la representación; en consecuencia, las partes pueden defenderse por sí mismas o conferir la defensa a un abogado. Sin embargo, el hecho de que las partes puedan defenderse por sí mismas no significa que también puedan ser defendidas por otra persona; al contrario, esto no está autorizado por la ley. El tenor resulta nítido: o la parte se defiende por sí misma o se defiende a través de abogado.
Por último, en relación con el concepto de representación técnica, debe precisarse que el término formal no es un concepto jurídico nuevo, pues desde el punto de vista material la pretendida novedad es inexistente en la medida en que el calificativo de técnica no sirve más que para designar de un modo más preciso una institución ya existente, como la representación procesal que ejercen deter-
minados profesionales. De hecho, el término representación técnica se venía utilizando al margen de los textos legislativos por la doctrina y la jurisprudencia. Precisamente se ha querido apostillar con el calificativo de técnica para equipar de algún modo la representación -y solo representación- que pueden ostentar los graduados sociales respecto de la que pueden ejercer otros profesionales.
Los efectos prácticos que supondría conferir la defensa técnica a los graduados sociales en el ámbito del recurso de suplicación implicaría, por un lado, que los ciudadanos verían disminuidas las garantías de calidad en la defensa de sus derechos e intereses y, por otro, que el sistema de defensa en España sufriría una quiebra esencial al atribuirse la defensa técnica por primera vez a profesionales distintos de los abogados, que son los únicos profesionales capacitados, como reconoce, en primer lugar, la Constitución española en su artículo 24.2.
Señorías, siendo estas unas razones más que suficientes para justificar que yo hubiera presentado estas enmiendas, nunca lo habría hecho si no hubiese percibido que el texto del proyecto que venía del Congreso, avalado en principio por la unanimidad de todos los grupos, no recogía verdaderamente la voluntad mayoritaria de la Cámara en este asunto. Reconozco que con esta presentación de mis enmiendas buscaba provocar la reflexión de sus señorías, y esta enmienda transaccional que hemos apoyado es una buena prueba de ello. Aunque dista bastante de mi petición inicial, reconozco que se ha tratado de buscar con ella una solución intermedia que, salvaguardando el derecho de defensa de los ciudadanos -que para que esta defensa sea efectiva ha de ser ejercida por abogados- y la función de representación técnica que pueden ostentar los graduados sociales.
Señorías, tengo la satisfacción de haber contribuido con la presentación de mis enmiendas a provocar esta reflexión y a lograr que esta Cámara, siempre cuestionada, ejerza su papel como Cámara de segunda lectura, porque ha hecho falta esta segunda lectura para que un derecho fundamental, como es el derecho a la defensa de los ciudadanos, no se viese perjudicado o mermado en este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
¿Desea intervenir algún otro portavoz? (Pausa.)
Pasamos al turno de las enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Señorías -los que quedan-, gracias por su presencia.
Al fin, y después de un tiempo, va a ser realidad la implantación de la Nueva Oficina Judicial; una Nueva Oficina Judicial cuyo objetivo es racionalizar y optimizar los recursos que se destinan al funcionamiento de la Administración de Justicia y que constituye uno de los medios fundamentales para avanzar y profundizar en ese otro objetivo principal e inaplazable que es la reforma de la justicia.
Como bien se dice en el inicio mismo del preámbulo del proyecto de ley, lo que se persigue con la implantación de este nuevo modelo de Oficina Judicial y las consiguientes reformas de un buen número de leyes procesales que ello requiere, no es otra cosa que el que los jueces y magistrados se dediquen a juzgar y a hacer ejecutar lo juzgado, descargándoles de todos aquellos trabajos no vinculados estrictamente a esas funciones, y que sean otros funcionarios quienes asuman las responsabilidades y funciones que no tienen precisamente carácter jurisdiccional. En definitiva, en el proyecto se apuesta por un nuevo diseño que exige regular la distribución de competencias entre jueces, tribunales y secretarios judiciales, en tanto que estos últimos van a desempeñar un papel clave y de primer orden para la buena marcha del servicio público, que es la Administración de Justicia, con un nuevo diseño que, al hilo de ello, exige también el establecimiento de otros sistemas diferentes de organización del trabajo de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia.
Con esta pretensión y este objetivo, el Gobierno remitió a las Cortes Generales el proyecto de ley que hoy nos ocupa y que aborda la reforma de una amplia, amplísima, lista de leyes procesales. Pero, a decir verdad, la reforma o reformas no empiezan y acaban en lo que tiene relación más o menos directa con la oficina judicial; van bastante más allá. Se introducen reformas que tienen que ver con lo que el propio proyecto denomina objetivos complementarios, pero también algunas que de complementarias tienen más bien poco, y otras que incluso no tienen nada. Es decir, son las típicas reformas que se incorporan aprovechando el viaje -si me permiten la expresión-, lo que, por cierto, es muy cómodo pero carente del más mínimo rigor legislativo y, lo que es peor, es una técnica que se viene utilizando cada vez con mayor profusión y descaro, de suerte y manera que, en ocasiones, el proyecto de ley que termina siendo aprobado por la Cámara no tiene mucho que ver en su contenido con el originariamente remitido por el Gobierno.
Este proyecto es un ejemplo de ello. Se ha convertido en el proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, y de otras cuestiones, como podríamos muy bien añadir en su propio título. Durante su largo periplo por el Congreso de los Diputados, alrededor de seis meses -y eso que, sorprendentemente, no fue sometido a debate de sesión plenaria pese a su envergadura y alcance-, se ha ido engordando -lo digo entre comillas- con cuestiones de todo tipo, naturaleza y condición, ya tengan que ver con la conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la carrera judicial, ya tengan que ver con los secretarios judiciales, los procuradores o los graduados sociales o ya tengan que ver con problemas políticos o jurídico-políticos o incluso personales que se quieren desactivar aprovechando su tramitación como, por ejemplo, el de los señalamientos de las listas.
En definitiva, hoy de aquí va a salir aprobada una ley ómnibus en la que todo ha tenido cabida y todo parece seguir cabiendo.
He citado de manera expresa a los graduados sociales, en la medida en que se reforman también distintos preceptos de la Ley de Procedimiento Laboral, como ha recordado hace un momento la senadora Caballero, para posibilitar la participación de estos en los recursos de suplicación, aunque veremos finalmente cómo queda tras la introducción en esta Cámara de dos transaccionales que modifican lo aprobado por el Congreso de los Diputados, y sobre las que tendrá que pronunciarse finalmente esa Cámara, probablemente la próxima semana. Confiamos en que acepte y ratifique lo que hoy aquí hemos introducido como cambio.
Ciñéndome ya a lo que es en sentido estricto la configuración de la oficina judicial, debo empezar por reconocer -ya lo hizo en el Congreso de los Diputados mi compañero Olabarría- que se ha hecho un gran esfuerzo para lograr un modelo lo más ideal posible, y debo reconocer asimismo que fueron transaccionadas una gran parte de las enmiendas relativas a su estructura orgánica. Pero también quiero decir que modestamente creemos que todavía hay cosas que son perfectibles, y a eso van destinadas las 64 enmiendas -64, señorías, han oído bien- que hemos presentado en esta Cámara. No se asusten, señorías. Soy consciente de la hora. Soy consciente de que el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Socialista, que aquí forman un tándem, como lo demuestra el hecho de que hayan presentado hasta 25 enmiendas conjuntamente, no tienen la menor intención de reabrir un debate que consideran cerrado ni de aceptar ya nada que pueda poner en peligro el acuerdo que tienen sellado. Soy, repito, perfectamente consciente de ello, tan consciente, que me parecería hasta un abuso y un descaro por mi parte martirizarles ahora con la defensa, siquiera somera, de tales enmiendas. Las doy todas ellas, sin excepción, por defendidas en sus justos y más que conocidos términos. Simplemente, eso sí, quiero dejar constancia de que las mantendré para su posterior votación a lo largo de esta tarde, votación en la que anuncio desde ahora que apoyaremos enmiendas que mantienen vivas el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por ser coincidentes en no pocos casos con las nuestras, por participar en otras en la filosofía en la que están inspiradas en el sentido de su propuesta, y también, por qué no, por solidaridad con el esfuerzo y trabajo que encierran, en ese afán que compartimos de crear un modelo de oficina judicial lo más perfecto posible para que el ciudadano perciba la justicia de una vez por todas como un servicio eficaz, eficiente, ágil, cercano y de calidad.
Esta es la pretensión que nos ha movido a todos, incluido mi grupo parlamentario, a la hora de enmendar y debatir este importante, importantísimo proyecto de ley que, en mi opinión, nadie duda de que es absolutamente necesario.
Termino, señor presidente, indicando que aunque, por supuesto, nos hubiera gustado ver plasmadas en el proyecto final nuestras mantenidas pretensiones y las de otros grupos parlamentarios, no se me escapa lo difícil que es lograr un equilibrio en el consenso; de ahí que queramos ser partícipes de este votando para ello favorablemente el texto que va a aprobar hoy esta Cámara.
Mi sincera felicitación al señor ministro de Justicia y a su equipo, que van a ver -y me alegro por ello- que en esta ocasión se cumple el dicho de que a la tercera va la vencida, ya que va a ser el tercer ministro de Justicia de la era del presidente Rodríguez Zapatero quien va a conseguir llevar a buen puerto este tan esperado proyecto de nueva oficina judicial.
Felicidades, por tanto. Pero después de hoy no se olviden de ese otro compromiso de remitir a las Cámaras un nuevo proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para adecuarla al modelo de Estado de las Autonomías y adaptarla, en definitiva, a las competencias asumidas por las comunidades autónomas en materia de justicia en virtud de sus respectivos estatutos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Voy a consumir un solo turno para manifestar la posición de mi grupo parlamentario y la defensa de las enmiendas.
Como bien ha dicho el señor Zubia, este ha sido un proyecto de ley complejo, muy técnico, muy trabajado en el Congreso de los Diputados, donde nuestro grupo alcanzó un nivel de consenso que consideró suficiente, con lo cual lo votó favorablemente, como vamos a hacer hoy en el Pleno del Senado, a pesar de que nos quedan 57 enmiendas vivas.
He de decir también, al igual que el señor Zubia, que al llegar al Senado ha habido un pacto muy cerrado entre los dos grupos mayoritarios de la Cámara -lo que me parece muy legítimo- que ha hecho difícil que pudiéramos introducir alguna enmienda más. No obstante, ello no cambiará nuestro sentido del voto, pero sería bueno que el consenso alcanzado por los dos grupos mayoritarios continúe en el futuro.
Habida cuenta de que el actual ministro ha sido capaz de desbloquear una cuestión necesaria, estamos convencidos de que con este proyecto de ley el funcionamiento de la oficina judicial va a ganar en eficacia y eficiencia y que, por tanto, los ciudadanos van a notar que la justicia empezará a funcionar un poco mejor, porque era imprescindible redistribuir las funciones y creo que se ha hecho bien. Pero decía que sería importante que el consenso entre los dos grandes grupos continúe en el futuro para realizar la reforma que queda pendiente y que tenemos la obligación de hacer, que se inició en la anterior legislatura pero que quedó parada, y que es la adaptación de todo el sistema a las reformas estatutarias que tuvieron lugar también en la anterior legislatura.
Es un tema pendiente, que es fundamental; son leyes orgánicas, forman parte de lo que se llama el bloque constitucional y, por tanto, sería bueno que acabáramos toda la reforma con ese mismo nivel de consenso, respetando lo que los estatutos aprobados establecen en sus textos.
Mi grupo parlamentario da por defendidas sus enmiendas, y pedirá votación separada de la enmienda número 271, porque parece que ha alcanzado el acuerdo de todos los grupos parlamentarios.
Y quiero anunciar que votaremos a favor de una parte de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés porque hay que reconocer que el senador Bofill ha hecho un trabajo muy sólido presentando una serie de enmiendas que pretenden que la ley respete temas competenciales y estatutarios. Están muy bien trabajadas y defendidas por el senador Bofill, y por ello -repito- anuncio en el Pleno que votaremos a favor de esas enmiendas, que supongo defenderá el senador, y que realmente darían un carácter más adecuado al bloque constitucional y al conjunto de esta Ley.
Por tanto, insisto, espero que el consenso se repita en el futuro y que el ministro tenga pronto la iniciativa legislativa para adaptar todas estas reformas al marco competencial.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Para defender las enmiendas del grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, president. (El señor senador comienza su intervención en catalán.)
Continúo en castellano, no sin antes recordar a la Presidencia y a los dirigentes del grupo del Gobierno su compromiso de acometer las reformas reglamentarias necesarias para normalizar el uso de las lenguas oficiales en el Pleno de esta Cámara, supuestamente territorial.
Como comentaba, hoy aprobaremos una importante reforma legislativa que ha de permitir la implantación de la nueva oficina judicial, que no es otra cosa que el inicio de una modernización, de una racionalización del funcionamiento de la Administración de Justicia en el Estado español; y nos felicitamos por ello, a la vez que lamentamos, como han dicho los senadores Casas y Zubia, que no se haya ido más allá en lo que se refiere a los criterios de centralización y a acordar la Administración de Justicia con la letra y el espíritu de los estatutos de autonomía.
Precisamente nuestras alrededor de 140 enmiendas, aún vivas, a este complejo proyecto de ley no tienen otra intención que, por un lado, mejorarlo técnicamente, ahondar en la reforma y aumentar su coherencia y, por otro, asegurar que las reformas vayan en la dirección de la consolidación del modelo autonómico también en la Administración de Justicia.
Es cierto que la mayoría de las enmiendas del siguiente proyecto de ley va en esta dirección, quizá de forma más sustancial, porque justamente se refieren a la Ley Orgánica del Poder Judicial; pero también hay unas cuantas en este proyecto.
No voy a cansarles con la enumeración de nuestras enmiendas más técnicas, por lo que simplemente voy a subrayar que estamos convencidos de que algunos de sus contenidos van a tener que ser reconsiderados cuando se hagan los primeros balances de la aplicación de una reforma tan compleja como la que se va a abordar. En cambio, sí quiero singularizar algunas enmiendas a este proyecto relacionadas con la aplicación del nuevo marco estatutario y para las cuales pediré votación separada, aunque en relación con la cuestión estatutaria, el grueso de estas enmiendas, como he dicho, se refieren a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que debatiremos esta tarde.
En concreto, creemos que en este proyecto de ley se debería considerar la ampliación del ámbito del recurso de casación en aquello que es competencia de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas de acuerdo con los estatutos de autonomía aprobados, refrendados y plenamente vigentes, aunque haya quien intente obviarlos y no aplicarlos en lo que es un auténtico fraude de ley, al menos para nosotros.
Con la finalidad de ampliar el ámbito del recurso de casación en relación con lo que se establece en los estatutos, esperamos que se aprueben nuestras enmiendas números 194, 195 y 196, y pedimos su votación separada del resto de enmiendas para que todos los senadores que apoyan la aplicación del desarrollo práctico de los estatutos puedan votarlas. Se trata simplemente de asegurar la plena competencia de los tribunales superiores en materia de derecho propio de las comunidades autónomas.
En relación con las competencias autonómicas en materia de justicia, pedimos su apoyo a nuestra enmienda número 213 para que las comunidades autónomas con dichas competencias participen en la gestión, administración y rendimientos de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, habida cuenta de que quien corre con la mayoría de las cargas son justamente las comunidades autónomas que tienen atribuidas esas competencias de justicia.
Aprovecho para subrayar que esta enmienda tiene el mismo contenido literal que la número 270, del Grupo de Convergència i Unió, por lo cual, también pido, si es posible, votación separada del resto de sus enmiendas, para que el conjunto de los senadores catalanes también la puedan votar.
En relación con la tramitación del proyecto de ley en el Senado, aunque el Gobierno solo se ha preocupado -en nuestra opinión- del pacto con el Grupo Popular, en la medida en que se nos ha ofrecido la posibilidad, hemos procurado participar en la creación de un consenso que sustrajera el proyecto de las presiones gremialistas y lo mejorara técnicamente; de la misma manera que hemos facilitado, como se verá en el debate de la ley orgánica, alguna corrección de última hora sobre la base de alguna de nuestras enmiendas.
En cuanto a la reforma del procedimiento laboral, el Senado, con nuestro concurso y el de todos los grupos parlamentarios, ha mejorado el texto precisando la naturaleza de la intervención de los abogados como defensa, y la de los graduados sociales como representación técnica en los recursos de suplicación.
Únicamente nos queda esperar que el compromiso del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular en
esta Cámara sea respetado por sus homólogos en el Congreso de los Diputados, y nos gustaría que nos lo confirmaran, si puede ser, hoy mismo.
Finalmente, me voy a referir a una enmienda de Esquerra Republicana, que plantea una cuestión muy de fondo, como es la supresión de la Audiencia Nacional. Es la enmienda 214, para la que también pido votación separada.
Este lunes, el diario La Vanguardia publicaba una entrevista con el presidente de la Audiencia Nacional, el señor don Ángel Juanes, que, en un ataque de sinceridad, refiriéndose a los orígenes de dicho tribunal excepcional, decía: A la Audiencia se le dieron más competencias que las del terrorismo para evitar que fuera considerada un tribunal de orden público. Pero esa era la realidad de la Audiencia Nacional, una continuación del franquista tribunal de orden público de infausta memoria. Se trata de un tribunal excepcional cuyos fundamentos chocan con algunos de los estándares, de los principios de lo que es la normalidad judicial en un sistema democrático en el mundo.
La propia Constitución española establece con claridad en su artículo 24.2 como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos que todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. El juez natural debe ser en todos los casos el del lugar de comisión del delito, pero en el caso de la Audiencia Nacional tenemos un tribunal de excepción centralista y centralizado en Madrid que debería suprimirse. No es solo la opinión de unos grupos políticos más exigentes en materia de derechos democráticos y más contrarios al centralismo en general y al de Madrid, franquista, en particular, sino la de amplios sectores de la sociedad y del mundo jurídico, que contemplan la desaparición de la Audiencia Nacional como un elemento de democratización y de modernización de la justicia. Así, citando un ejemplo de alguien que seguramente no es nada extremista, el Círculo de Economía, presidido por el señor Lara, en Cataluña, en 2007, entre diez medidas para la modernización de la justicia, y al lado de algunas como las que hoy vamos a aprobar respecto de la simplificación y la modernización de las leyes procesales o un nuevo modelo de oficina judicial, proponía suprimir la Audiencia Nacional o al menos reducir sus competencias, porque -decía literalmente- es una excepción a la organización judicial.
Aquí termino, señor presidente, no sin antes pedirles su apoyo a nuestras enmiendas y muy singularmente -repito- a las números 194 a 196 y a la 213, que se refieren a las competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia y al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de autonomía.
Gràcies president.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.
Para turno en contra, tiene la palabra el senador Díaz por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero dar un saludo especial al presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Javier San Martín, que hoy nos acompaña. Y perdónenme que, además de saludar a todas las señorías aquí presentes, tenga en especial una cariñosa salutación para el grupo territorial de los socialistas canarios. Cuando hay cariño hay que compartirlo, y yo lo comparto.
Una vez dado mi agradecimiento a todos, y particularmente a quien lo ha hecho, me parece obligado, señor presidente, hacer un comentario sobre las enmiendas, porque resulta razonable que digamos ahora, en este turno, que el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar -lo hemos hablado entre todos los grupos- la enmienda 271, del Grupo de Convergència i Unió, y que expliquemos brevemente nuestra posición en torno a otras materias. En primer lugar, sobre los estatutos de autonomía.
Ya habíamos manifestado en la Comisión de Justicia que hay un compromiso del ministro de Justicia de una ley de desarrollo autonómico. En muchas ocasiones ya hemos expresado que, de los tres poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo están ampliamente desarrollados; ciertamente, el Estado autonómico ya está desarrollado en el ámbito legislativo y ejecutivo, pero no así en el ámbito del Poder Judicial. Esa sigue siendo una asignatura pendiente. No existe Estado autonómico en el ámbito del Poder Judicial. Lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, y las propias previsiones del constituyente no están desarrolladas con la culminación de la organización procesal en los tribunales superiores en cada una de las comunidades autónomas.
Habría que deslindar la parte de la casación, del Tribunal Supremo, para unificar doctrina en todos los pueblos de España, y la culminación de la organización procesal en cada una de las comunidades autónomas. Ese es un asunto que -repito- está pendiente. Pero no se trata de abordarlo de manera fragmentaria con un cachito por aquí y otro cachito por allá, con un retalito por aquí o un retalito por allá. Se trata de hacerlo con una visión de conjunto, no vaya a ser que el traje tenga la manga que corresponde a un niño de siete años y el hombro, el que corresponde a Arnold Schwarzenegger, el gobernador de California. Hay que hacerlo acompasándolo al ritmo de desarrollo del Estado autonómico en asuntos tan capitales como este, por ejemplo: la oficina judicial, donde se plantean asuntos relevantes como es la distribución de tareas en la reforma organizativa. Esta, la de hoy, es la piedra angular, básica, en las reformas judiciales que tenemos que desarrollar. Primero está este primer escalón, este cimiento organizativo, que redistribuye las tareas entre los que trabajan en los juzgados; cambia una cultura jurídica, en virtud de la cual el juez arrastraba tras de sí, como una especie de juez-caracol, la preocupación por dónde celebrar los juicios de la semana, por la sala de vistas, por si hay o no recursos del personal, por si falta algún funcionario, o por quién se ocupa de las tareas de infraestructura o de gestión administrativa del juzgado. Se trata, pues, de hacer un esfuerzo para que el juez haga aquello que solo él puede hacer, y no lo que pueda hacer otro servidor público tan cualificado como es el secretario, que pertenece a un cuerpo superior, a un cuerpo técnico, a un cuerpo
jurídico. Este cimiento básico, esta reforma organizativa, significa un cambio de cultura jurídica tan relevante, que no es bueno confundirlo con otros asuntos tan relevantes como, por ejemplo, el desarrollo autonómico en lo que se refiere al ámbito del Poder Judicial. Por deferencia parlamentaria, me parecía que no debía dar simplemente por argumentado lo que ya expusimos en la comisión, sino que había que hacerlo también en el Pleno.
En segundo lugar, en lo relativo al recurso de suplicación, sabido es que durante años, y sobre todo tras la formulación que recogió la Ley Orgánica del Poder Judicial, a los graduados sociales se les viene considerando profesionales cualificados. Yo tengo la experiencia de dar clase en la facultad de Derecho tanto a futuros licenciados en derecho -derecho administrativo, en tercer curso- como a futuros diplomados en relaciones laborales. Sé la formación que tienen los diplomados en relaciones laborales en el ámbito del derecho público, sé la formación que tienen en derecho del trabajo y la Seguridad Social, y sé la formación que tienen los licenciados en derecho en materia de derecho del trabajo y la Seguridad Social. Ciertamente, el derecho de defensa, tal cual se plantea en términos constitucionales, en términos de ley orgánica, es responsabilidad de la abogacía. Pero ciertamente también, los graduados sociales están no super, mega, hiper, cualificadísimos para abordar las materias relativas al derecho del trabajo y la Seguridad Social. Y no se entiende cómo es posible que en primera instancia lo puedan hacer por completo, y que se plantee que ese mismo asunto lo redacte el propio graduado social pero busque la firma de otro profesional que no ha conocido del asunto ni redactado el documento. Es una práctica que no se corresponde con la realidad material, con cómo funcionan las salas de lo Social.
Por tanto, lo más correcto es plantearlo en los términos que lo propone la enmienda que se ha abordado aquí, que consiste en lo siguiente: derecho de defensa, asunto de la abogacía; y lo que tenga que ver con el anuncio, con la sustanciación o formalización, y con la impugnación de recursos de suplicación, que sea asunto de los graduados sociales; siempre es escrito, no hay excepciones orales. Creo que es una formulación correcta, y solo me queda explicarle a los grupos que no han apoyado estas enmiendas que el objetivo central no acaba ahora; esto no es algo absoluto, único, que recoja todo. Este es el primer paso, el cimiento, el escalón si quieren; el cimiento básico para otras reformas que hagan posible la nueva oficina judicial, que ahora podremos desarrollar en el turno de portavoces. El consenso no se acaba con este acuerdo básico entre los dos grupos mayoritarios, pero sí tiene necesariamente que empezar por ahí para luego extenderse al resto de los grupos. Si no, como decía el señor Zubia, y tenía razón, no sería posible plantearlo en estos términos.
Me parece que este es un buen texto, que supone un cambio de cultura jurídica, y les agradezco a todos los grupos el apoyo que le van a otorgar.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, senador.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Senador Belda, tiene la palabra.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Intervengo para fijar la posición de Coalición Canaria sobre este proyecto de ley por el que se implanta la nueva oficina judicial, y para ello se reforma gran parte de la legislación procesal. Igualmente, saludamos también a don Javier San Martín, presidente del Consejo Superior de Graduados Sociales, y le agradecemos su asistencia. Con él hemos tenido ocasión de hablar de esta ley, precisamente.
Este proyecto de ley era una auténtica necesidad para conseguir un servicio público de justicia ágil, transparente y plenamente conforme con los valores constitucionales, tal y como dice el preámbulo; además de eficaz, lo que es esencial en un Estado de derecho. Por ello, la valoración global que hacemos de él es claramente positiva. Sin embargo, tal y como dijimos en la Comisión de Justicia, en la que soy portavoz de mi grupo, nos hubiera gustado que el acuerdo al que llegaron los dos grandes partidos estatales, el Partido Popular y el Partido Socialista, con el Gobierno en relación con este proyecto de ley se hubiera extendido al resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Sabemos que durante la tramitación parlamentaria llevada a cabo en el Congreso se ha hecho un esfuerzo de entendimiento entre todas las fuerzas políticas. Incluso aquí, en el Senado, así ha sucedido. Sabemos también que el proyecto cuenta con el beneplácito de las comunidades autónomas con competencia en materia de Administración de Justicia, pero ello no impide, a nuestro entender, que este proyecto de ley pudiese haber contado con el mayor consenso posible desde sus inicios, ya que esta será una de las leyes más importantes de esta legislatura.
Entrando en el contenido del propio proyecto de ley, compartimos el objetivo primordial de que, a través de las modificaciones procesales, se regule la distribución de funciones, como ya se ha dicho, entre jueces y magistrados, por una parte, y secretarios judiciales, por otra, de tal manera que recaigan sobre los jueces y magistrados únicamente las funciones que les encomienda la Constitución: juzgar y ejecutar lo juzgado, y sean los secretarios judiciales los responsables de todas aquellas tareas no vinculadas estrictamente a dichas funciones constitucionales. Es decir, estos serán directamente los responsables de que los juzgados y tribunales funcionen correctamente y con la agilidad necesaria, desde el punto de vista administrativo, para conseguir un eficaz servicio público de justicia.
Nos parece acertado, también, que a los secretarios judiciales se les haya atribuido competencias para admitir la demanda, decidir sobre la acumulación de acciones o dictar resoluciones declarando la terminación anticipada del proceso en determinados supuestos, así como que se delimiten claramente las funciones que les corresponde en la ejecución de las resoluciones judiciales.
Hay dos aspectos de este proyecto de ley que nos gustaría destacar especialmente. Por una parte, la nueva regulación relativa a los señalamientos y al desarrollo de toda clase de vistas, así como la documentación de todas las actuaciones. Y, por otra, y conectado con lo anterior, la generalización en la utilización por parte de la Administración de Justicia de medios telemáticos, informáticos o electrónicos.
Este avance implicará el uso de la firma electrónica y permitirá, por ejemplo, que en un futuro no muy lejano se puedan presentar las demandas de manera electrónica, al igual que ya se hace con muchos trámites ante el resto de las administraciones públicas. Permitirá también que en la celebración de las vistas no sea obligatoria la presencia física del secretario judicial, y quién sabe si en un futuro significará incluso que las partes o el tribunal no tengan que estar presentes físicamente en el mismo lugar para la celebración de las vistas, aunque de momento esto sea ciencia jurídica-ficción.
Para dar cumplimiento a todos los objetivos del proyecto de ley es necesario, por una parte, que la implantación de la nueva oficina judicial se haga de modo progresivo y, además, que se doten de los medios necesarios para que la utilización de las nuevas tecnologías sea eficaz. Para ello, tendremos que formar adecuadamente al personal auxiliar y colaborador de la Administración de Justicia y contar con las comunidades autónomas con competencia en esa materia, que seguro añadirán también su esfuerzo a esta modernización. Sería muy triste que por un problema de medios, de dotación presupuestaria, no se consiguiera un servicio público de Administración de Justicia del siglo XXI y siguiéramos anclados en una del siglo XIX.
En este sentido, nos parece insuficiente que no se haya podido llegar a un acuerdo en relación con las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, como decía anteriormente algún otro portavoz, para que las comunidades autónomas con competencias puedan participar plenamente de dichos ingresos, habiéndose introducido en el proyecto de ley orgánica complementaria que veremos a continuación un depósito para recurrir que, en nuestra opinión, no va a tener el efecto disuasorio pretendido y cuyos ingresos van a ser completamente insuficientes para hacer frente a las nuevas obligaciones derivadas de la implantación de la nueva Oficina Judicial, aunque en estos ingresos sí participen las comunidades autónomas.
Finalmente, quisiera destacar el acuerdo al que se ha llegado en cuanto a la intervención de los abogados y los graduados sociales en la jurisdicción laboral, que valoramos muy positivamente, así como un aspecto muy concreto, cual es la agilización en la tasación de costas a través de una enmienda personal de un senador del Grupo Socialista.
En definitiva, señorías, Coalición Canaria apoyará esta ley en su conjunto, sin perder de vista las observaciones que he realizado y con la esperanza y la confianza de que con la aprobación de este proyecto de ley y su complementario la justicia en este país deje de figurar en el número uno del ranking de quejas ante el defensor del pueblo e instituciones autonómicas equivalentes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas? (Pausa.)
¿Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.)
Por el Grupo de Entesa, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador comienza su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.) «Gràcies, president. Intervindré molt breument per recordar les paraules del president de la Generalitat de Catalunya fa pocs dies referint-se a 1'Estatut: "ni un pas enrere", i això vol dir complir, aplicar 1'Estatut cada dia, en cada actuació, en cada llei. Avui això vol dir que els senadors catalans i tots els qui van participar en l'acord polític de l'Estatut hauríem de votar a favor del màxim respecte a les competències autonòmiques en aquest projecte de llei.»)
Continúo en castellano por una imposición reglamentaria, poco democrática, desconsiderada, discriminatoria y cada vez más insoportable.
Decía que haría una intervención muy breve para recordar las palabras del presidente de la Generalitat de Cataluña hace pocos días refiriéndose al Estatuto: «ni un paso atrás», y eso para mí quiere decir cumplir, aplicar el Estatuto cada día, no más adelante, con esta técnica dilatoria de hoy no toca y mañana tampoco, cuando resulta que llevamos desde 2006 con el estatuto vigente, aunque a algunos les parezca que un recurso suspenda su vigencia. Como digo, el estatuto está plenamente vigente, y en cada ley, donde hay elementos que tienen relación con las competencias autonómicas, hay que atenerse a lo que dice una ley orgánica refrendada además por el pueblo de Cataluña. Sin embargo, esto no se está haciendo, y no se está haciendo tampoco en esta ley. No se están incorporando cantidad de cosas que están relacionadas con el estatuto y que tienen una relación directa con el contenido de la ley. Porque, que yo sepa, la posible creación del cuerpo de funcionarios autonómicos de justicia o la transferencia a la Generalitat de la gestión del personal de justicia o la creación de un cuerpo de secretarios autonómico, está íntimamente relacionado con el funcionamiento de la Oficina Judicial, porque para que esta funcione bien, tiene que funcionar allí donde está, que es en el territorio de las comunidades autónomas, y son ellas las que están creando los edificios judiciales donde tienen que funcionar, las que están informatizando los servicios, etcétera.
No me diga a mí que esto no tiene relación. Lo que no tiene ninguna relación, y ustedes están muy mal situados para darme lecciones sobre esta cuestión, es que en la Ley Orgánica del Poder Judicial, complementaria a esta que hoy debatimos, vengan a hablarnos de la justicia universal, cuestión que no tiene nada que ver con la Oficina Judicial -a mí me parece que no tiene nada que ver-, o de la creación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura, porque ahí están ustedes escamoteando dos debates: uno, el debate autonómico, con una dilación constante y,
otro, el debate de cuestiones que son fundamentales, y además creo que se hacen un mal favor, porque la Oficina Judicial es lo bastante importante como para que solo ocupe el protagonismo de las portadas de los periódicos y que los ciudadanos valoren el trabajo que estamos haciendo aquí para que la justicia sea más ágil y más eficaz. Esto es lo que finalmente los ciudadanos están esperando de nosotros, y pienso que hoy, sinceramente, estamos dando un paso adelante, aunque bastante más pequeño de lo que nosotros creemos que habría que dar. En cualquier caso, es un paso adelante, así que bienvenido sea y por eso votaremos a favor.
En relación con la cuestión de las competencias autonómicas, que es en lo que quería centrarme, emplazamos no solo a los senadores catalanes y de otras comunidades autónomas con competencias transferidas, sino particularmente a los senadores del Grupo Parlamentario Socialista a votar favorablemente nuestras enmiendas números 194 a 196 y 213, de claro contenido transversal, a favor del despliegue de los contenidos del estatuto de autonomía. Son cosas muy pequeñas, pero están relacionadas con el contenido de esta ley.
Esta ley es importante, como decía, pero creemos que se ha quedado corta en la modernización de la justicia. Porque modernizar, descentralizar y armonizar su funcionamiento con las competencias autonómicas para nosotros es un todo, no son cosas distintas. De la misma forma, el montón de anacronismos que tiene nuestra Administración de Justicia está muy relacionado con una visión centralista y cerrada de dicha administración en lugar de concebirla como un servicio público. Si es un servicio público, como el resto de servicios públicos que están descentralizados y funcionan de una determinada manera en un Estado de las Autonomías, también debería funcionar con los mismos criterios. Esto hay que hacerlo.
Quiero insistir en que desde Cataluña, en íntima relación con la nueva Oficina Judicial, el Gobierno, a través de la Consejería de Justicia de la Generalitat, y por lo tanto la Entesa Catalana de Progrés en el Senado, consideramos que en esta reforma se debería haber recogido el despliegue del estatuto por lo que se refiere a las competencias de la Generalitat en materia de gestión de personal en particular. Votaremos a favor de la ley -ya lo he dicho-, pero nuestro empeño es que en esta legislatura el Gobierno del Estado cumpla y transfiera a la Generalitat todas las competencias en materia de justicia previstas en el estatuto, y muy singularmente las referidas a la gestión del personal.
Lo único que me queda decir es que me parece bien su compromiso, pero háganlo ya. Tomen nota y busquen fecha, porque esta es una cuestión pendiente y fundamental para que realmente la reforma y la creación de la nueva Oficina Judicial funcione como debe funcionar.
Gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
Si me permite, intervengo desde mi escaño en aras de que estos 22 senadores y senadoras no sufran un ataque de hipoglucemia si pierdo el tiempo yendo hasta la tribuna.
No hay que desmoralizarse. La semana pasada, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en el momento en que se votaba que el medio ambiente se convirtiese en derecho fundamental y se incorporase un protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos de Roma del año 1950, había 58 parlamentarios de un total de 444 que podían estar sentados allí. Ahora somos 22 cuando estamos planteando el debate sobre la Oficina Judicial, y lo hacemos con todo cariño -antes se lo expresaba a mis tres jefas del Grupo Parlamentario Socialista que estaban presentes en el debate- porque se trata de un esfuerzo que se remonta al año 2000, a la reforma de la Ley Orgánica del año 2003, algo que se ha intentado a lo largo de estos años, y ahora, en esa feliz expresión del senador Zubia de que a la tercera va la vencida, con el ministro Caamaño, resulta que mañana se convoca una huelga de jueces, en un momento en que se han acordado 600 millones de euros para la modernización de la nueva Oficina Judicial que entraña esta redistribución de tareas dentro de los propios tribunales, cuando se propone la reforma tecnológica; es decir, la gran razón de ser que subyace en esta ley que estamos aprobando hoy es una especie de expropiación de competencias al juzgador, cosa esta que en absoluto se plantea. Tan solo se trata de hacer la gracia de quitarle tareas que puede realizar cualquier otro servidor público, y permitirle así que se concentre en aquello que solo puede hacer el juzgador y que nadie más puede hacer, mientras que otras tareas, que sí puede desempeñar otro servidor público, las haga un servidor público tan cualificado como es el secretario judicial. No solo son los 600 millones de euros para la Oficina Judicial comprometidos ya, con ficha financiera, sino que se plantea ese aumento del 13,77% para el Ministerio de Justicia. A mí me parece que con noticias de ese calibre -más lo acordado con todas las asociaciones judiciales, incluida la única que convoca la huelga de mañana-, a saber, la conciliación de la vida profesional y familiar, la supresión del ascenso forzoso y la creación del juez de adscripción territorial, a pesar de todo eso, en un momento en que se ha negociado y se ha acordado y se plantea su aplicación cuando entren en vigor los textos que aprobamos, a pesar de eso, digo, se convoca la huelga de mañana, asunto este que creo no pertenece al mundo del servicio público sino a otro mundo, el cual no procede que nosotros evaluemos hoy para no rebajar la dignidad de esta Cámara.
Yo creo que es un buen texto que ojalá de aquí en adelante cuente con el consenso no solo de los grupos mayoritarios sino de toda la Cámara sin excepción. Pero, francamente, cuando hoy lo votemos estaremos coadyuvando a la justicia, y no ya como valor superior o como derecho fundamental, sino como servicio público para suprimir esa ecuación diabólica de: justicia lenta e ineficaz y, por tanto, injusta.
Creo que es un buen día para la justicia y por tal razón el Grupo Parlamentario Socialista no solo apoya este texto sino que va a votar a favor de él con supermegahiperentusiasmo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente. Con su venia.
Señorías, la justicia ha sido la gran olvidada siempre en España. Muy poco interés se ha mostrado por ella durante mucho tiempo. Y no hay más que echarle un vistazo a este salón de Plenos para darse cuenta del interés que suscita la justicia en España, salón de Plenos que hoy deberíamos llamar salón de vacíos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
En cualquier caso, señorías, hoy tenemos la fortuna de estar aquí en trance de aprobar una ley largamente esperada. Como saben sus señorías, fue en el año 2000, al concluir la primera legislatura del Gobierno del Partido Popular, cuando se dio el primer gran impulso a la modernización de la justicia en España con la elaboración de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1/2000. Y fue precisamente con motivo de aquella ley cuando se aprobó en la siguiente legislatura la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, que al reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial creaba la Oficina Judicial. Aquella ley se pudo hacer gracias al Pacto de Estado por la Justicia que firmó el Gobierno del Partido Popular con el principal partido de la oposición, entonces el Partido Socialista.
Posteriormente, avatares electorales llevaron a los señores del Grupo Parlamentario Socialista a romper unilateralmente aquel pacto so pretexto de que no se dotaba a la justicia de medios económicos suficientes, aunque luego hemos comprobado que era efectivamente un pretexto, cuando después de cinco años de gobierno jamás han incrementado el porcentaje que a la justicia se dedica en los Presupuestos Generales del Estado. El hecho, insisto, es que se rompió aquel Pacto de Estado por la Justicia y no se pudo comenzar a andar conjuntamente en la implantación de la Oficina Judicial porque esa Ley Orgánica a que me refiero, la 19/2003, creaba el marco orgánico hábil para que luego se desarrollase en leyes ordinarias ese funcionamiento de la Oficina Judicial, que es justo lo que estamos haciendo hoy, señorías.
Pues bien, llegó la nueva era, y con ella el santo advenimiento de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, y ya todo iba a ser solucionado. Y efectivamente, el Gobierno del señor Zapatero remitió un paquete de leyes modernizadoras a las Cortes Generales. Se aprobaron una serie de leyes relativas al recurso de casación y doble instancia penal, a la justicia de proximidad y consejos de justicia, y se recogían todos estos elementos que tuvieron entrada en el Congreso de los Diputados y que fueron aprobados ya en diciembre de 2005. Porque entonces el Partido Popular era malo malísimo y con nosotros no se podía pactar nada, y decidieron buscarse otros apoyos por otros sitios, por otros lares, por otros territorios.
El resultado de aquella estrategia, esto es, romper el Pacto de Estado por la Justicia al que se llegó durante el último Gobierno del Partido Popular y buscarse otros aliados parlamentarios para ciertas cosas, es perfectamente constatable. Aquellas leyes murieron en el Congreso de los Diputados sin que jamás pudieran ni siquiera llegar a ser debatidas.
Señorías, hay algo que a mí me resulta francamente escandaloso, y es que aquellas leyes tuvieron hasta 71 plazos de ampliación de enmiendas, con el simple objetivo de dejar transcurrir la legislatura y que, finalmente, con la disolución de las Cámaras y con aplicación del reglamento, los proyectos de ley decayeran y, en definitiva, murieran, cosa que, efectivamente, sucedió. Es decir, el Gobierno del Partido Socialista dejó en blanco una legislatura entera, siendo incapaz, absolutamente incapaz, de poner en marcha la Oficina Judicial. Algo que, recuerdo de nuevo a sus señorías, venía previsto desde el año 2000, se le dio cobertura orgánica en el año 2003, y es así que hoy, en octubre del año 2009, seis años más tarde, estamos en disposición de implantar, y ello por la incapacidad del Gobierno socialista para sacarlo adelante, por el dogmatismo de su primer ministro de Justicia y por la incapacidad política completa del segundo ministro de Justicia que tuvo a bien designar el presidente del Gobierno en uso de las facultades que constitucionalmente tiene encomendadas. Insisto, la incapacidad política completa; 71 plazos de ampliación de enmiendas; ni siquiera la oportunidad de discutir en sede parlamentaria qué debía hacerse con la justicia.
Pues bien, transcurrido el primer año de esa primera legislatura de la era Zapatero, como algún otro senador la ha designado en esta tribuna, ahora han vuelto a pedir el apoyo del Partido Popular para sacar adelante estas leyes, y nosotros, entonces en el Gobierno y también ahora, por un sentido de responsabilidad y de servicio al Estado, estamos donde siempre estuvimos, dispuestos a sacar adelante un tema de la importancia que tiene éste. Y fue, ciertamente, en una entrevista del presidente del Partido Popular, don Mariano Rajoy Brey con el presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de la Moncloa, cuando se decidió reeditar o resucitar el Pacto de Estado por la Justicia, y miren ustedes, no ha pasado un año y ya tenemos la ley hecha. Sin pasar un año. Lo cual, para empezar, debería llevarles a ustedes a una determinada reflexión política: con quién van a ciertas cosas, para qué les sirven ciertas promesas y, al final, quién está siempre al servicio del Estado y al servicio de los grandes intereses de España.
Hoy tenemos esa ley. Fracasaron otras por el camino, entre otras, una reforma del Código penal que, señorías, también decayó, también se pasó la legislatura entera -tres años muerta de risa en el Congreso de los Diputados- y también hubo que echarla al cesto de los papeles. Y hoy tenemos una ley que, visto quiénes son las señorías
que están escuchando esta modesta intervención, y teniendo en cuenta que todos y cada uno conocen en profundidad el proyecto, me van a permitir ahorrar cualquier consideración sobre su contenido. Ustedes lo conocen, se han hecho aquí muy brillantes intervenciones al respecto, por lo que sólo quiero destacar lo siguiente: todos los grupos políticos compartimos el objetivo de tener una justicia moderna y eficaz, todos compartimos el objetivo de que los jueces se dediquen a juzgar y a hacer ejecutar lo juzgado, aprovechando un cuerpo de excelentes profesionales como son los secretarios judiciales, que tienen una alta formación jurídica, para darles más competencias en el proceso y para permitir que también sean ellos quienes gestionen y gerencien un importante servicio público como es el de la justicia.
Esta es, permítanme señorías, la principal novedad. Al hilo de todo esto ha habido que reformar dieciséis leyes procesales, esta ley que hoy traemos reforma dieciséis leyes procesales y la cosa no ha sido sencilla, pues se ha llevado a cabo un trabajo intenso, de todos los grupos, de los letrados de las dos Cámaras, de los técnicos del Ministerio de Justicia, de los asesores parlamentarios que cada uno de los grupos tenemos. Y hemos sido capaces de hacer en un tiempo récord lo que deberíamos haber hecho hace seis años, que se han perdido aquí en materia de justicia, como también se están perdiendo en otras tantas materias que hoy no toca enumerar desde esta tribuna.
En los dos minutos dieciocho segundos que me quedan me van a permitir que haga un par de menciones que también han sido objeto de análisis y exposición desde esta tribuna. La primera de ellas se refiere al tema de los abogados y graduados sociales. Señorías, es un hecho que desde hace décadas los graduados sociales vienen ejerciendo una importantísima labor en las magistraturas de trabajo, primero, juzgados de lo social, después. Son profesionales altamente cualificados para la función que ejercen y unos excelentes representantes de los litigantes en el orden jurisdiccional social.
El hecho es que esos profesionales tenían vedado el acceso a su intervención profesional en el recurso de suplicación. Eso fue lo que quiso solventar el Congreso de los Diputados, adaptando la norma a la práctica social real, puesto que también era un hecho que los graduados sociales que intervenían en la primera instancia eran los que materialmente producían el contenido del recurso a presentar en vía de suplicación a los tribunales superiores de justicia. Pero la ley no les permitía firmar a ellos, de modo que tenían que buscarse la firma de un abogado, que en muchos casos ni siquiera conocía el fondo del asunto, y eso no solo iba en demérito de la dignísima profesión de graduado social, sino que generaba distorsiones.
El Congreso de los Diputados ha querido que los graduados sociales puedan firmar esos recursos de suplicación, y el Senado también lo quiere, pero, además, y haciendo referencia a lo que decía la senadora Caballero acerca de la Cámara de segunda lectura, queríamos hacer una mejor precisión técnica de determinados términos que nuestros colegas de la otra Cámara emplearon. Porque es un hecho que la función de defender corresponde a los abogados; y no porque lo diga yo, sino porque lo hace el artículo 542 de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando dice que corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado a aquellos licenciados en Derecho que, incorporados a un colegio de abogados, defienden, asesoran y dirigen cualquier pretensión ante cualquier jurisdicción. Es decir, la defensa corresponde en exclusiva al abogado, y el artículo 545 de dicha ley dice, al referirse a los graduados sociales, que su función consiste en representar técnicamente a la parte.
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.
El señor CONDE BAJÉN: Buenas tardes, señor presidente. Voy terminando. Como digo, consiste en representar técnicamente a la parte.
El texto que salió del Congreso de los Diputados…
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor CONDE BAJÉN: Sí, voy terminando, señor presidente.
El texto que salió del Congreso de los Diputados no utilizaba adecuadamente la terminología, y había un cierto confusionismo al respecto. Por ello, nosotros hemos hecho que el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Laboral diga que los litigantes podrán estar defendidos por abogado o representados técnicamente por un graduado social. ¿Y ello por qué? Pues porque no habiendo sido modificados en el Congreso de los Diputados ni el artículo 542 ni el 545, no podemos entender otra cosa, salvo que hubiéramos llegado a la conclusión de que nuestros compañeros del Congreso de los Diputados no conocían ni sabían interpretar lo que decía la ley orgánica, pues, pudiendo, no la modificaron, y si no lo hicieron, fue porque o no la conocían o porque era su voluntad mantener las definiciones que empleaba la ley orgánica.
Y como no puede ser de otra forma, señorías, nosotros no podemos imputar ni desconocimiento ni dejación ni falta de cualidad legislativa a los señores diputados del Congreso; hemos de quedarnos con la segunda de las opciones. Esa era su voluntad y nosotros hemos venido a plasmarla con mucha más precisión, de tal manera, señor Bofill, que salvo que vinieran a reconocer la primera de las opciones, que yo rechazo, no me cabe la menor duda de que esto también pasará por el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La votación de este proyecto de ley se efectuará una vez debatida la ley orgánica.
Así pues, señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y cincuenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.
-- DE LA COMISIÓN DE INTERIOR EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA (Número de expediente Senado 621/000021 y número de expediente Congreso 121/000013).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto sexto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
En primer lugar, dictamen de la Comisión de Interior en relación con el proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Lago.
El señor LAGO LAGE: Buenas tardes. Gracias, señor presidente.
Señorías, el 5 de diciembre de 2008 el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Con diversas modificaciones, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley en sesión plenaria celebrada el día 25 de junio de 2009, remitiéndolo al Senado, donde tuvo su entrada y fue publicado el día 13 de julio de 2009.
El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto de ley expiró el pasado día 17 de septiembre. Durante dicho plazo se presentaron un total de 96 enmiendas, de las cuales 12 formuladas por el senador don Francisco Javier Tuñón, del Grupo Parlamentario Mixto; 26 por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; 12 por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 37 por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y nueve presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
La comisión se reunió el día 5 de octubre para dictaminar el proyecto de ley y al dictamen se incorporaron 36 enmiendas. El dictamen de la comisión, junto con los votos particulares presentados, ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del día de hoy.
La vigente regulación del derecho de asilo en España data de 1984, año en que la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado vino a desarrollar el mandato contenido en el apartado 4 del artículo 13 de la Constitución. Esta norma primera que abordaba la institución del asilo en un marco democrático y de libertades sufrió una profunda revisión en 1994, al objeto de adecuar el ordenamiento español a la rápida evolución de las solicitudes de asilo que se produjo en el contexto de la Unión Europea.
Transcurridos más de 14 años desde esta primera modificación, se ha desarrollado una política europea de asilo que arranca con el Tratado de Ámsterdam de 1997 y que ha producido un extenso elenco de normas comunitarias que deben ser incorporadas al ordenamiento jurídico interno mediante los oportunos cambios legislativos.
Por ello, este proyecto de ley obedece a una doble finalidad, según ya se expone en su preámbulo: por un lado, a la necesidad de transponer varias directivas comunitarias y, por otro lado, a la voluntad de servir de instrumento eficaz para garantizar el derecho de asilo y de la protección subsidiaria en el marco de transparencia y atendiendo a la doctrina internacional y a la jurisprudencia de los órganos supranacionales y de los tribunales en esta materia.
Este proyecto incluye 48 artículos, ordenados en cinco títulos. Tiene un título preliminar, que se refiere a disposiciones generales, y cinco títulos más: el título I, relativo a las modalidades de protección internacional; el título II, a las reglas procedimentales para el reconocimiento de dicha protección internacional; el título III, al mantenimiento de la unidad familiar de las personas beneficiarias de protección internacional; título IV, al cese y revocación de la protección internacional, y el título V, a la situación específica de los menores y otras personas vulnerables. Completan el proyecto de ley ocho disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno a favor? (Pausa.)
Tiene la palabra la senadora Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Buenas tardes, señorías. Debatimos hoy aquí un proyecto de ley que ha tenido un camino tortuoso, por no decir difícil, en la comisión del pasado lunes y la verdad es que el dicho popular de bien está lo que bien acaba viene al pelo de lo que nos ha pasado con este proyecto de ley.
Me siento orgullosa de pertenecer a esta Cámara y de la capacidad que, finalmente, aunque con muchísimas dificultades, hemos tenido para ponernos de acuerdo.
Luego en el turno de portavoces pasaré a agradecer su trabajo a todos ellos y ahora quiero usar este turno, lógicamente, para presentar este proyecto de ley.
Es un proyecto de ley importante, importante porque nos sitúa en el marco de Europa, en el sentido de que el contenido y los objetivos de esta ley vienen a recoger que el ordenamiento jurídico español se haga cargo, fundamentalmente, de dos directivas que había que transponer para consolidar el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia y, más concretamente, para la implantación definitiva del Sistema Europeo Común de Asilo.
En ese sentido, es importante que hayamos logrado un consenso para que, en el marco común europeo, pudiéramos hacer esta transposición. Como ustedes saben, la política de asilo tiene su origen en una ley de 1984, la Ley 5/1984, que vino a desarrollar el mandato constitucio-
nal del artículo 13. Posteriormente hubo una reforma en el año 1994 que, a su vez y después de catorce años, estamos reformando en este momento. Fundamentalmente, estamos reformando esta ley por la convergencia con el marco europeo.
En ese sentido, no solamente estamos haciendo la transposición de la Directiva 83/2004, relativa a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados, sino también la de la Directiva 85/2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que se deben aplicar por parte de los Estados para conceder la condición de refugiado.
Por último, además de hacer referencia a las dos directivas, también es necesario realizar la transposición del capítulo V de la Directiva 86/2003, que es muy importante porque se refiere al derecho al reagrupamiento familiar de los refugiados.
En realidad, la transposición de estas directivas supone para nuestro país la incorporación a nuestro ordenamiento de la llamada Primera Fase del Sistema Europeo Común de Asilo, que tiene su origen, como ustedes saben, en las Conclusiones de Tampere del año 1999 y en el Programa de La Haya de 2004.
Por tanto, tiene un completo régimen de protección internacional que garantiza los derechos fundamentales partiendo de la Convención de Ginebra del año 1951 y del Protocolo de Nueva York de 1967. Así pues, estamos ante un avance importante y significativo de la política de derechos humanos en nuestro país.
Ya en el ámbito nacional, la ley va a incorporar una serie de disposiciones que van a mejorar las garantías de quienes solicitan la condición de asilo o refugio y, a la vez, va a permitir la mejora de las instituciones del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como toda la transparencia en los procedimientos que es verdaderamente importante.
No quiero que se me olvide destacar el papel importantísimo que en la nueva ley tiene ACNUR, porque el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene un papel de privilegio en el procedimiento para adquirir la condición de refugiado.
Esta nueva ley va a permitir no solo incorporar la normativa europea, como les vengo diciendo, sino también la jurisprudencia y las interpretaciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todo ello, como digo, para mejorar las garantías de las personas beneficiarias de la protección internacional.
Como el presidente de la comisión ya ha tenido la oportunidad de explicar el dictamen, no entraré a desarrollar pormenorizadamente el contenido de la ley, pero sí me gustaría destacar algunas cuestiones. En primer lugar, que por primera vez se recoge de forma explícita en nuestro ordenamiento jurídico la protección subsidiaria, que, si bien se venía aplicando, no estaba recogida de forma explícita. También se incorporan algunas novedades importantísimas como la dimensión de género y la orientación sexual, y se regula la protección subsidiaria con las mismas pautas que el derecho de asilo.
En cuanto al título III, que se refiere al reagrupamiento familiar de las personas beneficiarias de protección internacional, quiero destacar que el papel de ACNUR no solo ha sido importante durante el procedimiento sino también en cuanto se refiere a los programas de reasentamiento, en cumplimiento del principio de solidaridad y cooperación.
Por lo tanto, estoy satisfecha de que, finalmente, hayamos sido capaces de mantener los consensos que se alcanzaron en el Congreso y quisiera trasladarles mi agradecimiento, pues estamos dando un paso muy importante en el avance y consolidación de los derechos humanos en nuestro país. Gracias a todos por sus aportaciones y muchas gracias también a Organizaciones No Gubernamentales como CEAR, ACNUR, Amnistía Internacional, etcétera, por la aportación de sus diferentes propuestas.
Estoy segura de que esta ley ha mejorado gracias al esfuerzo de todos, también del Ministerio del Interior, y reitero mi satisfacción por haber alcanzado este acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Pasamos, por tanto, al debate de las enmiendas.
En primer lugar, las enmiendas 1 a 4, 6 y 8 a 11 del Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Tuñón San Martín.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Buenas tardes, señor presidente. Intervengo para defender las enmiendas relativas al proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Este senador presentó 12 enmiendas, fundamentalmente relativas a la preocupación de Amnistía Internacional, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y de otras organizaciones por la tendencia decreciente en España del número de estatutos de protección internacional concedidos cuando, sin embargo, el número de personas que sigue huyendo de sus países por violación de derechos humanos no ha disminuido durante los últimos años.
Con estas 12 enmiendas tratamos de que España no dé un paso atrás en cuanto a su compromiso internacional de respetar, proteger y realizar los derechos de las personas en busca de protección internacional, demandas expuestas muchas de ellas de forma similar en las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas o de Entesa Catalana de Progrés.
En el trámite de comisión se transaccionaron con otros grupos las enmiendas números 3, 5, 7 y 12, que han vuelto a ser transaccionadas durante el trámite posterior a dicha comisión. Se trata de propuestas que han gozado de un consenso mayoritario. Por lo tanto, y debido a la imposibilidad de sacarlas adelante, doy por retiradas el resto de enmiendas. En cualquier caso, votaremos a favor de aquellas enmiendas coincidentes con las que nosotros hemos presentado, si es que algún grupo las mantiene.
Me congratulo de los avances y las mejoras realizadas en el proyecto de ley durante su trámite en el Senado, me alegro de que el Senado haya servido para algo y espero que este dictamen, finalmente aprobado, según el compromiso adquirido por los partidos mayoritarios en esta Cámara, sea respetado en el Congreso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Con su beneplácito, voy a tratar de unir los dos turnos que me corresponden, tanto el de defensa de las enmiendas como el posterior de portavoces, para tratar de simplificar el trámite parlamentario. No utilizaré la suma de los dos tiempos, sino parte de ellos.
Señorías, vaya por delante que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas considera que estamos ante un proyecto de ley especialmente relevante en tanto que viene a regular una cuestión particularmente delicada como es el derecho de asilo y de la protección subsidiaria; un proyecto de ley que, una vez aprobado y en vigor, va a sustituir a la vigente Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, que ya fue objeto de revisión y adecuación en el año 1994 pero que requería, y requiere, una profunda modificación para adaptarse a la política europea de asilo que arranca con el Tratado de Ámsterdam de 1997 y que ha producido desde entonces un amplio abanico de normas comunitarias que, ciertamente, deben ser incorporadas al ordenamiento jurídico estatal.
Dicho esto, nuestro grupo parlamentario quiere también dejar constancia de que el trabajo parlamentario desarrollado por el Congreso de los Diputados en ese proyecto de ley es justo reconocerlo. Y es así que, por ejemplo, a su paso por aquella Cámara, el proyecto originario ha visto la introducción de no pocas variaciones que han supuesto importantes avances en materia de procedimiento, así como la corrección de algunas invasiones competenciales que se daban a comunidades autónomas en materia de asistencia social y a entidades locales en materia de servicios sociales, en materia sanitaria y en otras.
Sin embargo, a día de hoy, y en este momento en que yo les hablo, el proyecto de ley no es en absoluto plenamente satisfactorio; bien al contrario, sigue teniendo déficits -importantes déficits a nuestro juicio-. Dicho en palabras de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y de Amnistía Internacional -que las suscribimos y hacemos nuestras-, existen todavía disposiciones que no solo suponen un paso atrás en el actual sistema de asilo español sino que contravienen el espíritu de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados.
Es precisamente por ello que nuestro grupo parlamentario, consciente de que aun queda trabajo y camino por recorrer, ha presentado en esta Cámara hasta un total de 26 enmiendas. Por razones de economía procesal -como decía, señor presidente- no me referiré a todas ellas, sino que me detendré únicamente en las que consideramos más significativas por afectar a aspectos que consideramos especialmente graves o preocupantes.
Y señalaré, para empezar, que las tres primeras enmiendas, números 13, 14 y 15, pretenden adicionar nuevos párrafos en la exposición de motivos o preámbulo a fin de dejar claro que las directivas de la Unión Europea tienen la condición de Derecho mínimo mejorable; es decir, que son normas mínimas que no pueden constituir en ningún caso un pretexto para un recorte de las legislaciones vigentes, y que cuando se menciona que los Estados tienen competencia para aplicar la norma más favorable significa que esta aplicación es una obligación jurídica, no una opción política corroborada por la existencia del principio pro homine en materia de derechos humanos y los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad en la interpretación y aplicación del Derecho comunitario.
Señor presidente, señorías, evidente preocupación nos produce también la actual redacción de los artículo 1 y 2 del proyecto, que fijan el objeto de la ley y definen el derecho de asilo respectivamente. Hemos enmendado ambos artículos porque solo reconocen el derecho a pedir asilo a las personas nacionales de otros países que no sean comunitarios; es decir, que excluyen en su actual redacción a los nacionales comunitarios; exclusión que a todas luces, nos parece, es contraria a lo establecido en el artículo 3 de la Convención de Ginebra de 1951, que expresamente establece el principio de no discriminación por nacionalidad e incluso, señorías, exclusión de difícil encaje con el mismo tenor literal del artículo 13.4 de la Constitución que textualmente proclama que la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España; ciudadanos de otros países sin limitaciones ni excepciones, señorías.
Debo añadir que, por idéntica razón, hemos enmendado el artículo 16.1, de suerte que tengan derecho a solicitar protección internacional en España las personas nacionales de otros Estados y no solo las personas nacionales no comunitarias, como reza en este artículo 16.1 el proyecto de ley.
En relación con el artículo 3, que tiene que ver con la condición de refugiado, hemos presentado hasta tres enmiendas que tienen por objeto ampliar los motivos por los que puede reconocerse a una persona tal condición; a los motivos que en la actualidad se contemplan, de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, animamos a que se añadan los motivos de género u orientación sexual y cualquier otro motivo que hiciera surgir fundado temor de persecución por violación de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales.
Se trata, en definitiva, de asegurar que esta nueva ley de asilo respete el artículo 13.4 de la Constitución, la Convención de Ginebra de 1951 y todas las obligaciones adquiridas por el Estado español al adherirse a los instrumentos internacionales de protección del derecho de asilo y, en general, de los derechos humanos.
Podrá decírseme que, decir que posteriormente, el artículo 7, que regula los motivos de persecución, ya explicita que se incluya en el concepto de grupo social determinado un grupo basado en una característica común de orientación sexual o identidad sexual y/o edad, y que también se incluya a las mujeres que huyen de sus países de origen debido a fundados temores de sufrir persecución por motivos de género y/o edad. Pero es igualmente cierto que se incluyen, pero con dos coletillas -valga la expresión- muy determinadas y cuya supresión propugnamos: Por un lado, la coletilla de: En función de las circunstancias imperantes en el país de origen. Y, por otro, la de: Sin que estos aspectos por sí solos puedan dar lugar a la aplicación del presente artículo. ¿Por qué por sí solos, no, si hay países que siguen persiguiendo por estos motivos y llegando a imponer largas penas de privación de libertad, o incluso condenas de pena de muerte?
En todo caso, es justo reconocer también que una de las tres enmiendas alternativas, la número 19, fue incorporada al dictamen en el trámite de comisión, pero, al no haberlo sido por unanimidad, hemos preferido suscribir una transaccional que dé satisfacción a todos y tener así una certeza más absoluta de que el Congreso de los Diputados la ratificará a su vuelta a esa Cámara.
No menos preocupantes son todavía artículos como el 8, el 9, el 11 o el 12, que regulan las causas de exclusión de la condición de refugiados o de la condición de beneficiarios de la protección subsidiaria, así como las causas de denegación. Siguen existiendo en esos artículos términos confusos y conceptos jurídicamente imprecisos o abiertos que exceden la letra de la Convención de Ginebra y de la Directiva 2004/83 del Consejo, de 29 de abril.
Con el afán de mejorar esta situación presentamos sendas enmiendas a los artículos 8 y 11, adicionando en ambos un mismo apartado con la intención de dejar claro que la aplicación de las cláusulas de exclusión en ellas recogidas no podrán obviar las obligaciones derivadas del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966, y del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984.
Otra cuestión que abordamos en nuestras enmiendas, y más concretamente en la número 27, es la necesidad de garantizar el principio de no devolución en las operaciones en aguas internacionales y de países en tránsito, en aplicación, en este caso, del artículo 33 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, así como de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertados Fundamentales.
Viene esto a cuenta, señorías, porque el Estado español ha desarrollado en el marco de la Unión Europea un sistema de control de flujos migratorios que lleva su jurisdicción más allá de las fronteras de su territorio, y en este control de flujos el Gobierno español actúa en aguas internacionales y en países en tránsito, además de establecer acuerdos con los países de origen para que controlen la salida de sus propias costas.
Estas medidas no están dirigidas, evidentemente, a restringir la salida de las personas refugiadas de sus países de origen, ni a impedir que logren llegar a un país seguro, pero producen, de hecho, ese efecto. Incumplen por ello tratados de protección de derechos humanos y de protección de las personas refugiadas, por lo que el Estado español debe asegurar, a través de medidas estructurales, el respeto al derecho de salida, la prohibición de devolución y las pertinentes garantías del procedimiento.
La primacía del control migratorio sobre los derechos humanos ha conducido a la vulneración del principio de no devolución, norma imperativa que impide que alguien sea devuelto a un país donde su vida o libertad peligren a causa de su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a grupo social.
En otro orden de cosas, hemos defendido y defendemos que se mantenga la petición de asilo presentada ante una embajada o consulado españoles. Pero en este caso matizamos, como se recoge en nuestra enmienda número 29, que la petición sea cursada a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Igualmente sostenemos que en el artículo 18, que establece las obligaciones de los solicitantes, debería incluirse, de acuerdo con el artículo 10 de la directiva de procedimiento, un catálogo de derechos de los mismos. He de destacar también que sobre esta cuestión hemos alcanzado un acuerdo transaccional que sinceramente celebramos.
Preocupación también, señor presidente, nos producen los artículos 20 y 21 que regulan las solicitudes inadmisibles en territorio y las solicitudes en frontera. Tanto CEAR como Amnistía Internacional ya recomendaron en sus respectivos informes la eliminación de estos dos artículos, pero a la vista está que con escaso resultado. Y con propósito idéntico han presentado enmiendas de supresión el senador Tuñón San Martín, del Grupo Parlamentario Mixto, y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Además, en relación con el artículo 20, he de decir que el concepto de tercer país seguro como causa de inadmisión de la solicitud vulnera la obligación de estudiar caso por caso, de forma individual, lo contemplado en la Convención de Ginebra, tal y como indicamos en nuestra enmienda número 31, que, al menos en parte -y hay que reconocerlo y decirlo-, ha sido transada, lo cual evidentemente celebramos.
Dos cuestiones últimas, señor presidente, para no alargar en exceso esta intervención. La primera de ellas en relación con los órganos competentes para la instrucción, es decir, con el artículo 23 del proyecto, y más concretamente con la llamada Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, adscrita al Ministerio del Interior. Consideramos que sería conveniente la existencia en esa comisión -que, por supuesto, a partir de entonces no sería interministerial- de representantes de las comunidades autónomas con competencias sectoriales en la materia, y también abo-
gamos por un representante de la delegación en el Estado español del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Y la segunda y última cuestión sería la que tiene que ver con lo que se ha dado en llamar el reexamen. Hemos logrado en última instancia -y quiero resaltarlo- un acuerdo respecto a la consideración de la no necesidad de efectuar una nueva entrevista, que deberá ser motivada, tal y como finalmente se añade en el artículo 17.8, y no como pretendíamos en nuestra enmienda, en el artículo 24.1. Creemos, además, que es correcto introducirlo, como hemos firmado en la transaccional, en este artículo 17.8.
Con relación a la enmienda número 37 al artículo 36.1, que tenía el propósito de adicionar in fine del apartado a) la referencia a la Convención de Ginebra, he de decir que aceptamos gustosos su no necesidad por cuanto que, como se nos ha señalado y hemos comprobado, tal referencia ya figura en el apartado 1 del artículo, con lo cual, como he dicho, hace innecesario reiterarlo en ese apartado posterior a).
Y termino, ahora sí, señor presidente, indicando que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas votará favorablemente este proyecto de ley en la medida en que, como ya dijimos en comisión, la redacción actual es sustancialmente mejor que la del proyecto originario remitido por el Gobierno a las Cortes Generales. Pero también dijimos entonces en comisión que nos gustaría que ese texto no se diera por cerrado porque era posible, y debería intentarse, mejorarlo.
Con satisfacción, como ha hecho la senadora Escudero, debo constatar que, aunque sea a última hora, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno han hecho un esfuerzo evidente en tal sentido y que van a introducirse, en consecuencia, un buen número de transacciones en la línea que los distintos grupos parlamentarios hemos defendido, y que, por tanto, finalmente se ha conseguido ese efectivo deseo de mejorar el texto.
Nos congratulamos por ello, y en el posterior turno de portavoces, una vez presentadas formalmente la totalidad de transacciones acordadas y hace un momento firmadas, manifestaré las enmiendas que finalmente nuestro grupo parlamentario mantendrá vivas para su posterior votación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
En este caos parlamentario en el que nos ha sumido esta ley, intentaré clarificar nuestro panorama.
Comparezco para defender las enmiendas que quedaron vivas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, después del debate en la Comisión de Interior. Son tan solo dos: las números 86 y 88, con lo cual anunció de antemano que las números 87 y 89 quedan retiradas. La número 86, que mantengo, busca sostener el estándar de protección que garantiza la directiva en las causas de exclusión y clarificar cuáles son los delitos graves para no otorgar la condición de refugiado.
La número 88 habla de mantener el estándar de protección que garantiza la directiva en las causas de exclusión y de cuáles son los delitos graves para no otorgar la condición de refugiado.
Las otras dos enmiendas, las números 87 y 89, las retiramos, no porque no nos parecieran bien, sino porque hemos visto que hay una colisión con el Código penal, pues aquellas personas que cumplen sentencias de más de siete años en sus países pueden haber cometido delitos de mucha gravedad: violaciones, etcétera. Por tanto, hemos decidido retirarlas de común acuerdo en la negociación mantenida con el Partido Socialista.
Todas las enmiendas que he mencionado están en la línea de las 12 presentadas ante la comisión, de las cuales 8 fueron aprobadas en comisión, y que, sin duda, mejoran el texto recibido del Congreso de los Diputados.
Espero que se haga un último esfuerzo para aumentar el nivel de consenso conseguido hasta ahora. A pesar de todo, con la caótica situación de negociación actual, difícilmente puede hacer más esfuerzos el partido que da apoyo al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Nuet.
El señor NUET I PUJALS: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia de un grupo de activistas de derechos humanos que hoy nos acompañan en la Cámara y que van a asistir, desde mi punto de vista, a una tarde posiblemente bastante negativa para los derechos humanos en nuestro país, ahora discutiendo el derecho de asilo y después discutiendo la justicia universal.
Respecto a las enmiendas de mi grupo parlamentario, quiero decir que voy a hablar de forma parcial defendiendo las que ha presentado Iniciativa per Catalunya+Verds y Esquerra Unida y Esquerra Republicana de Catalunya. El resto de compañeros de mi grupo parlamentario no defienden esta posición. Por tanto, me limito a defender estas propuestas.
En primer lugar, quiero felicitar tanto a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado como a Amnistía Internacional por el trabajo realizado. Han venido a esta Cámara, se han sentado con todos aquellos grupos parlamentarios y aquellos senadores miembros de la comisión para intentar trasladarles el punto de vista de las organizaciones no gubernamentales, que tienen en nuestro país una larga experiencia en el ámbito de la ayuda al refugiado.
Por tanto, han hecho un buen trabajo y, sin duda, algunos grupos parlamentarios, no solo el mío, nos han ayudado mucho a la hora de clarificar las enmiendas y los puntos débiles del proyecto de ley que hoy estamos discutiendo.
Señorías, quiero darles un primer dato para saber de qué estamos hablando: en España, el año pasado, solo el 5%, repito, el 5% de las solicitudes de asilo recabaron en nuestro país solo 4500 solicitudes del conjunto de la Unión Europea, y de estas 4500 solicitudes solo se aceptaron 151. Por tanto, hablamos de un proyecto de ley muy restrictivo y que en su aplicación concreta en nuestro país ha facilitado el derecho de asilo a muy pocas personas, un total de 151.
Por tanto, la pregunta del millón: ¿por qué estamos hoy ante una iniciativa legislativa que restringe aún más el actual sistema de protección al refugiado que existe en nuestro país? Algunos podrían pensar que porque tenemos una avalancha. No es así. Ya he dado la cifra objetiva. Por tanto, ¿por qué? La gran pregunta también es por qué el Gobierno se mete en estos jardines. Con la que está cayendo, ¿por qué el Gobierno se mete en estos jardines?
Hoy discutimos el tema de la ley de asilo. Luego discutiremos el tema de la justicia universal y pronto vendrá a esta Cámara la ley orgánica de extranjería. ¿Cómo es posible que se estén abanderando desde el Gobierno una serie de iniciativas legislativas en el campo de los derechos humanos tan restrictivas y tan conservadoras? ¿Por qué? No hay una razón objetiva dada la situación de cada uno de estos temas.
Dejo en el aire la pregunta con la perplejidad de un senador que intenta ser de izquierdas. Es un tema sobre el que alguien debería dar explicaciones. Por tanto, ya estamos ante una nueva propuesta más conservadora y más restrictiva.
En este momento tenemos la convicción de que la actual propuesta vulnera elementos de legislación internacional que el Gobierno español ha firmado y que estaban, como mínimo, aceptablemente garantizados en la actual legislación sin tocarla, sin tener que tomar una iniciativa más restrictiva. Estamos hablando de la Convención de Ginebra. Estamos hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos y estamos hablando de forma muy concreta de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que fue aprobado por Naciones Unidas en el año 1951. Hace ya demasiado tiempo para que ahora demos un paso atrás. Deberíamos estar discutiendo una ampliación del Estatuto del Refugiado para facilitar a más personas el que pudieran venir y ser refugiados políticos del Estado español cuando en sus países no encuentran situaciones democráticas.
Tenemos vivas 28 enmiendas, 10 enmiendas de Iniciativa y de Esquerra Unida y 18 enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya. Al final, parece que, si a última hora eso no se cambia, nueve enmiendas de los compañeros de Esquerra Republicana de Catalunya han sido o transaccionadas o aceptadas de una forma parcial, pero las 28 enmiendas que defendemos expresan profundas convicciones, aunque, por supuesto, no voy a hablar de las 28 enmiendas. Para no cansarles a ustedes voy a decir en seis aspectos de qué estamos hablando de forma concreta al defender hasta el último momento esas 28 enmiendas y pedir a todos los senadores que las voten a favor.
En primer lugar, la exclusión de los ciudadanos europeos comunitarios del derecho a solicitar asilo. En segundo lugar, la desaparición del derecho para pedir asilo en las embajadas españolas o, en su caso, la posibilidad de contemplar un procedimiento sujeto a la discrecionalidad del embajador de turno. En tercer lugar, el aumento de las causas de exclusión para que una persona pueda pedir asilo. El concepto de tercer país seguro, un concepto como causa de inadmisión de la solicitud. La ampliación de los plazos de detención en frontera y, finalmente, el establecimiento de diferentes procedimientos de tramitación de la solicitud de asilo.
Y acabo. Hace pocos días murió una cantante chilena, Mercedes Sosa. A algunos nos encanta. Nos gusta mucho. Pasó diez años fuera de Chile como exiliada política. Si le aplicásemos las modificaciones que en la ley en este momento estamos discutiendo, Mercedes Sosa posiblemente hubiese tenido que aguantar a Pinochet en Chile y no hubiese podido venir a la España democrática.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor Bofill Abelló inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones):
Gràcies president,
Quatre paraules i un poema. Els meus pares dos ciudatans catalans, molt joves, van haver de fugir de l'ocupació de Catalunya per les tropes franquistes i Xile, on jo vaig néixer,els va acollir sense reticències especials, hi van fer una part de la seva vida, hi van arribar a tenir tots els drets com qualsevol ciutadà xilè… i ara nosaltres como a país democrátic també hem de saber ser generosos i solidaris. Aquest projecte de llei d'asil que avui se'ns proposa enlloc d'avançar, restringeix drets i per nosaltres Esquerra Republicana de Catalunya no és aceptable.
Hecha la defensa técnica y política de nuestras enmiendas por el senador Nuet, decía que los senadores de Esquerra Republicana votaremos en contra de un proyecto que restringe el derecho de asilo, a pesar de que se hayan pulido algunas aristas en el Senado. Por una vez, me he permitido argumentar con una experiencia personal que ha marcado mi existencia de catalán nacido en el exilio.
Para terminar, permítanme que les lea, si no me emociono demasiado, un poema que hace referencia a esa experiencia y al dolor y la esperanza de los que sufren regímenes de opresión. (El señor senador termina su intervención en catalán que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones): «Quins missatges frustrats // ens omplen els ulls. // Aterreix la por de tants // esbarzers. // Les punxes s'arrapen // a les mans, petits martiris, // flocs de llum-engrapades // mentides en cada floc lluent. // S'esllavissa l'espant // sense fi, i // les botes s'ensorren en // el llot de tants dies. // L'ordre un desgavell, un caos // de malediccions, d'enveges. // Tants morts
amb ulls // oberts que ens miren. // Però encara floreixen geranis i // hi ha ocells que volen a // mig aire. // Avui, onze de setembre, // sols la mar ens separa.» (La señora Fernández Sanz: ¡Tradúzcalo!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos a debatir las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la senadora Escudero Sánchez.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Nuestro grupo no tiene enmiendas, presidente, pero sí quiero aprovechar este turno para compartir con la Cámara que el acuerdo con los grupos ha permitido que se materialicen ocho transacciones, que están en la Mesa y las tienen todos los grupos. Les doy las gracias -quiero nombrarles a todos- al señor Tuñón y al señor Belda, del Grupo Parlamentario Mixto, al señor Sabaté, de Entesa, al señor Maldonado, de CiU, de una manera muy especial, al señor Zubia, ¡cómo no!, a la señora Naharro y al señor Peral. La verdad es que sin un gran esfuerzo por parte de todos no hubiéramos podido llegar a este acuerdo. También nosotros hemos aprendido mucho en este proceso: cuando se tiene voluntad de consensuar una cuestión tan importante, que tiene que ver con los derechos humanos, es posible hacerlo. Lo hemos conseguido y os quiero felicitar por ello.
Por otra parte, me gustaría comunicar a la Mesa cómo ha quedado el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista. Les decía, señor presidente, que nosotros no teníamos enmiendas, así que me refiero al voto particular. Para que le quede claro a la Mesa, les diré que, tras los acuerdos a los que hemos llegado, hemos sacado de nuestro voto particular las siguientes enmiendas: las números 5, 7 y 12 del Grupo Parlamentario Mixto; la 19, la 30, la 31, la 34 y la 37 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; la 39, la 40, la 41, la 42, la 43, la 44, la 45, la 46 y la 47 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; la 62, la 66 y la 74 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; y la 85, la 90, la 91, la 93, la 94, la 95 y la 96 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Por tanto, así quedaría el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista: sacando estas enmiendas.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Intervengo para fijar la posición de Coalición Canaria en relación con este proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria que, vamos a decirlo ya, valoramos positivamente con carácter general y apoyaremos en su conjunto, tal como dijimos en comisión.
A pesar de las reformas de 1994, el derecho de asilo continuaba regulado en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley de 1984, una norma de hace más de veinticinco años que requería desde hace tiempo una nueva y completa regulación.
Además, la evolución de una relativamente reciente política europea de asilo, con una serie de directivas europeas referidas a requisitos para el reconocimiento de los refugiados, etcétera, hacía aún más perentoria una nueva regulación global de este derecho de asilo y del Estatuto de los Refugiados en nuestro país.
En Coalición Canaria compartimos el contenido global de este proyecto de ley y somos conscientes, también, de las necesarias reformas futuras derivadas de la evolución de la propia normativa y política europeas relativas al Sistema Europeo Común de Asilo. Sin embargo, lamentamos que el espíritu de consenso que ha vivido este proyecto de ley durante su trámite en el Congreso de los Diputados casi se haya roto durante su paso por el Senado. Es cierto que en el Congreso se mejoró notablemente el proyecto de ley en relación con el texto inicial, fundamentalmente por las aportaciones de las ONG de ayuda al refugiado, pero también lo es que estas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, con las cuales nos hemos reunido en el Senado y a las que también saludamos por su presencia en la tribuna, calificaban dicho texto de insuficiente.
Por ello, durante el trámite en comisión hemos apoyado, y en el Pleno seguiremos haciéndolo si es que siguen vivas, todas aquellas enmiendas promovidas por las organizaciones de ayuda a los refugiados, a excepción de las relativas al artículo 1 del proyecto de ley, que tratan de incluir dentro del objeto de la ley a los ciudadanos de los países comunitarios porque, desde nuestro punto de vista, es contradictorio con la concepción que se tiene de la Unión Europea, si consideramos a esta como una auténtica unión política, con una normativa interna propia, formada por Estados de derecho que respetan escrupulosamente los derechos humanos y las libertades públicas y con un «acervo de Schengen» que en la práctica significa la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea sin cortapisas y la práctica desaparición de las fronteras entre los Estados miembros. Sin embargo, también es cierto que, tras el trámite llevado a cabo en comisión, se ha llegado a una aproximación que espero que sirva para que el Congreso ratifique las modificaciones introducidas en el Senado. En este sentido, nos alegramos porque la verdad es que el camino ha sido tortuoso.
En Coalición Canaria nos preocupaba especialmente la situación de los inmigrantes irregulares que, procedentes del África subsahariana, solicitan asilo por la persecución que sufren en su país de origen, muchos de ellos sin instituciones democráticas o con auténticos conflictos internos, y mientras se decidía sobre su solicitud se procedía a su expulsión de España en aplicación de la legislación de extranjería con un riesgo grave para su vida o integridad física.
Creemos que la enmienda introducida en el artículo 18, mediante la incorporación del derecho de los solicitantes a la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición que le pudiera afectar, soluciona este problema sobre el cual, desgraciadamente, se han producido casos reales.
Para finalizar, quiero destacar dos aspectos de este proyecto que consideramos muy positivos. En primer lugar, la novedosa incorporación a nuestra legislación del derecho a la protección subsidiaria. Y, en segundo lugar, el papel destacado, como ya se ha dicho, que se concede al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dándole incluso participación en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio.
Por todo ello, votaremos a favor del proyecto de ley y de las enmiendas que no ha sido posible introducir en comisión, si es que queda alguna, con las excepciones que hemos citado anteriormente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el señor Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, presidente.
Intervengo con toda brevedad, como he anunciado en mi anterior intervención, simplemente para decir que tras examinar con un cierto detenimiento la totalidad de enmiendas transaccionales que han sido suscritas, creo que son nueve, vamos a retirar buena parte de nuestras enmiendas, de suerte y manera que únicamente mantenemos vivas para votación las números 16, 18, 27, 28 y 33.
También quiero anunciar que votaremos a favor de todas y cada una de las transacciones alcanzadas, que confiamos, por supuesto, encarecidamente, y además haciendo un llamamiento a todos los grupos, en que se mantenga este consenso de hoy en la ratificación de fecha próxima en el Congreso de los Diputados de lo que hoy introducimos. Finalmente, también quiero ratificar que votaremos favorablemente el texto del proyecto de ley dada la importancia que el mismo tiene.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Como podrán entender, no tenía previsto empezar como lo voy a hacer. Me voy a dirigir a Miquel Bofill. Miquel: jo sóc un admirador de María Dolores Pradera y hay una canción de María Dolores Pradera que dice: llorar no es privilegio de mujeres, pues yo he visto llorar a muchos hombres. Hoy puedo decir que he visto llorar a un hombre en esta Cámara y como hijo de represaliado franquista puedo decir que le entiendo. Pero sobre todo le quiero decir al senador que sus lágrimas dignifican la política. Muchas gracias. (Aplausos.)
Señorías, estamos en pleno debate del proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria y como está pasando con demasiada frecuencia en esta Cámara y como portavoz de Convergència i Unió en la Comisión de Interior, quiero empezar diciendo que esta ley llega tarde, muy tarde, lo cual no quita que quiera agradecer que, al menos, se haya querido deshacer este entuerto elaborando desde el Gobierno un nuevo proyecto de ley. No es el que hubiera hecho Convergència i Unió, pero por posibilismo vamos a votarlo favorablemente.
Decía que este proyecto de ley llega tarde, creo que muy tarde, pero señorías ¿por qué digo esto? Porque esta nueva ley de asilo político vendrá si se aprueba, cosa que espero, a sustituir a la Ley 5/1984, de 26 de marzo. Ha tenido que pasar un cuarto de siglo para que se nos remita un nuevo proyecto de ley. Es cierto que en el año 1994 se revisó en parte, pero tan solo para adecuar el ordenamiento español al contexto de la Unión Europea, debido a la rápida evolución de las numerosas peticiones de asilo y a las diversas características de sus peticionarios. Pero no es hasta este año 2009 cuando el Gobierno se plantea presentar una nueva ley, ley que si sigue este camino nacerá con un gran acuerdo político, que a CiU nos congratula, sobre todo por el objetivo que persigue la ley, que es regular el derecho de asilo.
En primer lugar, quiero agradecer las importantes aportaciones llevadas a cabo por organizaciones que están al lado de los colectivos de personas que sufren persecución en algunos países del mundo. Y con el riesgo de poder dejarme alguna, quiero agradecer las aportaciones de ACNUR, Amnistía Internacional, CEAR, ACSAR y un largo etcétera y no solo sus aportaciones, sino también su gran labor humanitaria en zonas donde a veces ni la misma Administración está presente.
En este capítulo de agradecimientos también quiero hacer constar los esfuerzos titánicos de la portavoz socialista, María Escudero, que en este caos negociador, con su esfuerzo y actitud, ha conseguido un alto grado de consenso. El Grupo de Convergència i Unió se da por satisfecho por el importante número de enmiendas que se nos han aprobado con el apoyo de los dos partidos mayoritarios, así como de los otros grupos que forman esta Cámara. El consenso en política siempre es de desear, pero en temas que regulan el derecho a la vida y a la libertad de las personas, sin duda, aún es más necesario.
Creo que nos ha llegado un buen proyecto de ley, no el que queríamos pero un buen proyecto de ley, pero también estoy convencido de que sale de esta Cámara un documento mejorado y hago votos para que su paso por el Congreso no sirva para ser recortado nuevamente, ya que entonces los ingentes esfuerzos de consenso llevados a cabo por todos los grupos políticos no habrán servido para nada.
Señorías, este proyecto de ley es una gran oportunidad para adecuar la ley de asilo a la realidad actual. No tiene nada que ver nuestra sociedad con la de hace veinticinco años, cuando se aprobó la ley vigente. Es cierto que entonces existían personas perseguidas por sus creencias y ahora también, pero lo cierto es que la respuesta que
debemos dar ahora es muy diferente y adecuada a la realidad actual.
Desde las sociedades occidentales debemos dar la mano a las personas perseguidas por algún tipo de creencia -ya sea política o religiosa-, por su condición sexual, etcétera.
Este es un texto que nos incardina mejor en el Sistema Europeo Común de Asilo y debe ser, sin duda, un objetivo prioritario del Gobierno. Pero además, estas intervenciones en el Senado deben constituir un espacio para la reflexión y el debate, y desde Convergència i Unió queremos dejar claro que esta línea tiene dos objetivos: primero, y es básico, regular el derecho al asilo y adecuarlo a la realidad social actual; y, segundo, evitar que sea una puerta abierta a la picaresca. El instrumento que debatimos hoy ha de ponerse a disposición de los hombres y mujeres que sufren discriminación y persecución, ya sea por pensamiento político, creencias religiosas, condición sexual, etcétera. Por tanto, esta no puede ser tampoco una puerta abierta a la picaresca para evitar leyes de extranjería, etcétera.
Dado que he consumido mi tiempo no voy a alargarme. Solo quiero terminar diciendo que daremos apoyo a esta ley y que, a partir de aquí, esperamos que haya un antes y un después para aquellas personas que son perseguidas y que tienen su vida y sus libertades coartadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Sabaté.
El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.
Señorías, este proyecto de ley debe entenderse desde nuestra presencia dentro de la Unión Europea. Se trata de un proyecto de ley que fundamentalmente pretende la trasposición de dos directivas europeas a la legislación española. Por tanto, es necesario tener en cuenta la perspectiva europea para entender su significado y realmente su objetivo.
Europa tiene voluntad de constituirse como un espacio de libertad, justicia y seguridad; ese objetivo recibirá un impulso importante a partir del Programa de Estocolmo, que la Presidencia de turno sueca de la Unión Europea está promoviendo en este momento. El Programa de Estocolmo refuerza el concepto de unión política de la Unión Europea, en la previsión de que también el Tratado de Lisboa se vea aplicado si se superan definitivamente las trabas, máxime después de su aprobación por referéndum en Irlanda.
Es cierto que este proyecto europeo debe tenerse también en cuenta en un contexto de grandes migraciones globales. Hay un gran movimiento de personas en el mundo, y Europa no solo no es ajena a esta situación sino que es destino de buena parte de estos procesos migratorios. Esto hace más necesario que nunca conjugar precisamente la libertad con la seguridad y todo ello, en un marco de justicia. Estos derechos a la libertad, a la seguridad y a la justicia son indisociables; podemos afirmar que sin libertad no hay justicia ni seguridad; sin justicia, no es posible la libertad ni la seguridad; y, sin seguridad -si me permiten continuar con el juego de palabras-, no es posible la libertad ni la justicia.
Las dos directivas comunitarias a las que ya han aludido otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, la 2004/83/CE y la 2005/85/CE, por la que se establecen normas mínimas para conceder el derecho de asilo y la protección por la que se fija la condición de refugiado, lo que pretenden es armonizar la legislación de los Estados miembros. Se trata de que la legislación de los distintos países europeos -y, por tanto, también de España- sean coincidentes y no haya contradicciones o discrepancias entre unos Estados y otros. Estamos, pues, ante la realidad de cuidar y proteger por una parte la tradición europea de territorio protector de los derechos humanos y, por tanto, de territorio de asilo y protección, y a la vez estamos ante la realidad de ejercer el necesario control de los procesos migratorios, y de ejercer por supuesto también el control de la seguridad ante la real, evidente y padecida en España amenaza terrorista.
Es necesario, por tanto, conjugar todas estas situaciones. Debemos garantizar el derecho al asilo y a la protección sin desproteger a nuestra sociedad, a nuestra ciudadanía. Es necesario, repito, conjugar estas dos situaciones, y esto es lo que pretenden la legislación europea y este proyecto de ley que hoy se somete a debate y votación. Debemos hacer un esfuerzo para que esto sea así, y entendemos que el proyecto de ley realmente responde a esta necesidad.
En la misma línea de lo que ha dicho mi compañero de grupo, el senador Bofill, al que también felicito por su emotiva intervención, he de decir que en España precisamente tenemos una tradición de petición de asilo político aún reciente, y me refiero a los centenares de miles de españoles que se vieron forzados al exilio después de la guerra civil y que recibieron acogida sobre todo en Latinoamérica, antes incluso que en buena parte de algunos países europeos que adoptaron una actitud más bien ambigua cuando no hostil. Fue una gran generosidad a la que el senador Bofill hacía referencia cuando hablaba de Chile. Precisamente yo quiero recordar al general Lázaro Cárdenas, presidente del Gobierno de México a la sazón, quien realmente recibió a los exiliados españoles con los brazos abiertos. España no puede olvidar esta situación, esta realidad ni, por tanto, ese derecho a la acogida precisamente por nuestra experiencia vivida, sin que por eso tenga que ponerse en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos ni la de nuestros conciudadanos europeos.
Señorías, hay que ser estrictos en la redacción de la ley y generosos en su aplicación, y esto es lo que yo invoco. El proyecto de ley es bueno pero creo que deberemos hacer un esfuerzo de generosidad en su aplicación precisamente para mantener esta tradición española y europea. Desde esta convicción, la bondad del proyecto y la esperanza en la generosidad, los senadores socialistas de la Entesa Catalana de Progrés votaremos favorablemente el proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Solo quiero hacer una brevísima intervención para felicitarnos por el amplio consenso alcanzado por todos los grupos parlamentarios y para agradecer de nuevo a todos el esfuerzo que han hecho. Quiero decir también que con esta ley hemos mejorado de una manera muy significativa el procedimiento así como las garantías de personas que ven amenazadas sus vidas, su integridad física y su libertad en sus países de origen. Como les decía en mi primera intervención, me siento orgullosa de que mi país avance en este sentido y de que lo hagamos en el marco del espacio común europeo de libertad, seguridad y justicia.
Solo me resta invocar el consenso alcanzado hoy para que todos los grupos políticos y las organizaciones no gubernamentales que hoy nos acompañan podamos seguir avanzando en el próximo semestre de Presidencia europea en el Sistema Europeo Común de Asilo, que verdaderamente es muy importante y supone un reto. Nosotros vamos a tener ahí un protagonismo especial porque, como sus señorías saben, a partir de enero España presidirá la Comisión de la Unión Europea y, por tanto, tendremos un trabajo que hacer. Me consta que el Ministerio del Interior está trabajando ya en ello. Ahí es donde debemos seguir colaborando desde el consenso para avanzar en esta manteria.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Naharro.
La señora NAHARRO DE MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario en este turno de portavoces en un importantísimo proyecto de ley, el proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Es una ley muy importante por cuanto que regula derechos de personas que están solicitando protección y que se encuentran en situaciones muy delicadas y en muchas ocasiones con riesgo para su vida.
España tiene la obligación de transponer numerosas directivas, las directivas 2003/86/CE, la 2004/83/CE y la 2005/85/CE. Estas directivas, efectivamente, son necesarias para acercarnos al Sistema Europeo Común de Asilo y se están transponiendo con este nuevo proyecto de ley, que ya tenían que haber estado incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico.
Llegan tarde, pero con ello no quiere decir que haya que bajar las garantías y derechos a los solicitantes de asilo. Las directivas son un cómputo de normas mínimas, pero luego los Estados miembros pueden mejorarlas y añadir lo que consideren para que las garantías sean mayores.
En estos días nos hemos reunido con organizaciones no gubernamentales en materia de asilo y con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a quienes agradezco sus aportaciones y sus propuestas. Unas han podido sumarse mediante enmiendas al texto de la ley, otras no ha sido posible, pero pueden estar seguros de que hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para mejorar los derechos de los solicitantes de asilo y de protección subsidiaria.
Quiero agradecer también, por supuesto, su trabajo a los servicios de la Cámara y, especialmente, al letrado de la Comisión de Interior, por el intenso trabajo en tan poco tiempo y gracias, muchas gracias, a la buena disposición para negociar y al esfuerzo de todos los grupos y de los ponentes porque hemos llegado a un texto que sale del Senado con muchísimas mejoras, pues en muy poco tiempo hemos conseguido hacer muchas. Quizás hemos tenido demasiadas prisas, el lunes se celebraba la comisión y estamos a miércoles. Todo hubiera sido más fácil teniendo más tiempo, pero ahora ya no tiene solución.
El proyecto que el Gobierno envió al Parlamento mostraba numerosas carencias, retrocedía notablemente respecto a la actual legislación y durante su trámite en el Congreso se ha mejorado notablemente. Ha sido recogida la posibilidad del asilo en embajada, se ha dado intervención plena al ACNUR, que va a tener un papel importantísimo en todo el procedimiento, hay una mejor protección de los menores y también una mejora en materia de género y de orientación sexual, se ha reintroducido el reexamen del expediente que había sido eliminado del proyecto y otras muchas cosas que hacen que el texto del proyecto de ley sea mucho más garantista.
Y llegó al Senado, donde hemos seguido la misma línea. Con nuestras enmiendas, aceptadas todas en comisión, aunque finalmente una ha sido motivo de una transacción, hemos conseguido también mejorar este proyecto. Hemos conseguido que el derecho de los solicitantes de asilo y refugio a la sanidad y a la justicia gratuita se materialice desde el mismo momento de la solicitud; hemos sustituido la palabra «mujeres» por «personas». Se decía que en función de las circunstancias imperantes en el país de origen las mujeres perseguidas que huían de sus países por motivos de género necesitaban esta protección y podían ser solicitantes de asilo. Pues bien, hemos considerado, desde el Grupo Popular, igual que desde otros grupos, que en el término «persona» se incluye también «mujer», que es mucho más amplio y, por tanto, satisface mucho mejor las necesidades.
Hemos ampliado algunos plazos y, en fin, lo que hemos hecho ha sido mejorar el procedimiento. Así, por ejemplo, la entrada en vigor de la ley la ponemos a veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, para facilitar la adecuación a los procedimientos y la aplicación de la misma.
Vamos a votar a favor del texto del proyecto de ley, y las enmiendas transaccionales a las que hemos llegado entre todos en estos dos últimos días. Señorías, podemos sentirnos satisfechos por el amplísimo consenso que hemos alcanzado, pues ha costado mucho, muchas horas de trabajo, de negociación, pero pienso que ha merecido la pena
por esas personas que se encuentran en riesgo de exclusión, en una situación de riesgo, cuya vida corre peligro a las que vamos a dar mayores garantías que las que tenían antes de que la ley pasase por el Senado.
Espero que en el Congreso este consenso se mantenga y que se respete lo que aquí se ha mejorado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación vamos a proceder a la votación del proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que acabamos de debatir.
Votaremos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas, y concretamente la número 16.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor, 18; en contra, 227.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor, 20; en contra, 225.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 86 y 88 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor, 244; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmienda de la Entesa. En primer lugar, la número 48.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor, 12; en contra, 227; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas de la Entesa números 53, 56, 57, 60, 63, 68, 72 y 82.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor, 14; en contra, 226; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas de la Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor, 14; en contra, 223; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación, del Grupo Socialista, la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 25 y 26, del Grupo de Senadores Nacionalistas; 52, 64, 65, 75, 78 y 79, del Grupo de la Entesa, y la 92, del Grupo de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor, 229; en contra, 14; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las propuestas de modificación con números de registro 26579 a 26588. Han sido firmadas por todos los grupos y por tanto, ¿pueden entenderse aprobadas por asentimiento? (Asentimiento.)
Quedan aprobadas.
Pasamos a continuación, señorías, a votar en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no votadas en las votaciones que acabamos de realizar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor, 238; en contra, 7.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 235; en contra, 7; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Por tanto, señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, daremos traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del texto definitivo por su majestad el Rey.
-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Número de expediente Senado 621/000018 y número de expediente Congreso 121/000028).
El señor PRESIDENTE: Señorías, les anuncio que la votación propuesta se realizará después de la ley orgánica que vamos a debatir a continuación.
Pasamos al dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Asensio.
El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, de nuevo como presidente de la Comisión Justicia, tengo el honor de presentar ante el Pleno el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 6 de julio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas terminó el día 11 de septiembre, ampliándose hasta el siguiente día 17.
A este proyecto de ley se presentaron un total de 101 enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: 7, del señor Mur Bernad; 3, del señor Sampol i Mas; 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 72, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; 12, presentadas conjuntamente por el Grupo Parlamentario Popular y por Grupo Parlamentario Socialista y 1, del Grupo Parlamentario Popular.
La comisión se reunió para dictaminar el día 5 de octubre. Tras el correspondiente debate fueron aprobadas una enmienda transaccional, apoyada en la enmienda 11 del Grupo Parlamentario Popular y las enmiendas 90 a 101, presentadas conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular y Socialista. Las demás enmiendas fueron rechazadas.
La comisión votó favorablemente, también, el texto remitido por el Congreso de los Diputados, salvo aquellas partes del mismo afectadas por las enmiendas aprobadas.
Tras el trámite en comisión se ha llevado a cabo la necesaria ordenación sistemática del proyecto de ley. Han presentado votos particulares a este proyecto de ley los grupos parlamentarios Mixto, Convèrgencia i Unió y Entesa Catalana de Progrés.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Empezamos con el debate de totalidad.
¿Se solicita por parte del senador Sampol solicita un turno en contra del proyecto de ley? (Asentimiento.)
Observo que también se solicita turno a favor.
¿Turno a favor? (Asentimiento.)
El senador Irízar tiene la palabra.
El señor IRÍZAR ORTEGA: Señor presidente.
Señoras y señores senadores, después de la discusión que hemos tenido esta mañana sobre la Ley de Implantación de la Nueva Oficina Judicial corresponde, en este momento, traer a la consideración de esta Cámara la Ley Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal.
Inicialmente, como sus señorías conocen, fue presentado un único proyecto en el Congreso de los Diputados por el Gobierno, pero la Cámara entendió, con buen criterio, que había aspectos que debían ser tratados en ley orgánica por los contenidos que tenía, sobre todo de jurisdicción y otras cuestiones.
Por esa razón, se desglosó en dos proyectos de ley y ahora estamos viendo el proyecto de ley Orgánica complementaria para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial.
Fundamentalmente, la ley orgánica contiene algunos aspectos que, entendemos, tienen gran interés para esa modernización de la justicia de la que hablábamos esta mañana, cuyo debate no vamos a repetir porque suponemos que ya está todo dicho y, además, han coincidido mayoritariamente todos los grupos de la Cámara sobre lo que se persigue con estos dos proyectos de ley, pero tenemos que resaltar algunas de las cuestiones que este proyecto de ley orgánica recoge y que fijaríamos en los siguientes temas.
En primer término, este proyecto de ley contiene algunos aspectos procesales como son la especialización en los tribunales, en las audiencias provinciales, de algunas salas para las cuestiones derivadas de los juzgados de violencia sobre la mujer. Actualmente no había salas especializadas en las audiencias provinciales. Así, en las audiencias provinciales que tengan diversas salas se creará una sala especializada, no así en las que solo tienen una. Para mayor agilidad en la tramitación de las apelaciones, el proyecto de ley señala que el juicio verbal será tramitado por un solo magistrado en la Audiencia Provincial, en lugar de por los tres magistrados que lo hacían hasta ahora. Por lo tanto, se agilizará el juicio verbal. Asimismo, como ya hemos visto con la ley anterior, aumentará el número de juicios verbales, pues se amplía a 6000 euros la cuantía del procedimiento.
Señorías, esta ley contiene alguna novedad importante como los jueces de adscripción territorial, una nueva figura a la que la ley orgánica otorga jurisdicción. ¿En qué consiste? Se trata de jueces que no están adscritos a un juzgado determinado, como hasta ahora lo estaban tanto los jueces de tribunales colegiados como unipersonales. Asimismo, a partir de la entrada en vigor de esta ley, además de estos habrá otros jueces adscritos a una provincia, que es el término territorial que se fija, para que puedan desempeñar funciones de apoyo en aquellos lugares donde exista más trabajo o cubrir los que se encuentren vacantes, pretendiendo reducir de este modo la figura de los jueces sustitutos, que en muchas ocasiones eran quienes cubrían este tipo de funciones. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que es la ley la que otorga su jurisdicción, esta debe tener carácter orgánico.
Por otra parte, se establece una nueva figura, la del depósito para recurrir. ¿En qué consiste? En que, en los recursos que se interpongan contra las resoluciones judiciales, las partes -excepto aquellas que gocen de asistencia gratuita- tendrán que depositar cantidades no excesivamente grandes con las que se pretende lograr dos cosas:
por un lado, tratar de que no se recurra de forma indiscriminada y con el solo fin de alargar el procedimiento y, por otro, que el depósito -que obviamente se perderá cuando la resolución se confirme- tenga carácter de fondo, un 40% del cual se repartirá a las comunidades autónomas para la mejora y modernización de la justicia.
Durante el trámite en el Senado se han introducido algunas enmiendas importantes. Una de ellas señala que, cuando se ponga en marcha la Oficina Judicial, será necesario llevar a cabo una reorganización de los funcionarios de la Administración de Justicia mediante un concurso de carácter municipal. Los funcionarios serán redistribuidos, mediante los correspondientes concursos, en los distintos servicios comunes y juzgados que en ese municipio se creen con la aplicación de la Oficina Judicial. Esta es una importante enmienda incorporada en el Senado, pues era bastante complicado saber cómo se iban a redistribuir los funcionarios en un primer momento, sin perjuicio de que después dispusieran de la movilidad normal que ofrecen los concursos ordinarios a todos los funcionarios, tanto de la Administración de Justicia como de otros cuerpos.
Finalmente, señor presidente, señorías, querría contestar a alguna de las afirmaciones realizadas esta mañana desde esta tribuna por el señor Conde. Usted afirmaba que, durante estos seis años de Gobierno socialista no se había querido llevar a cabo la reforma de la justicia y que realmente nunca hubo medios para ello. Sin embargo, tengo que decirle que, por primera vez en la historia de la democracia, es ahora, con un Gobierno presidido por un socialista, no solo cuando se aprueban estas leyes -que el Grupo Popular apoya con entusiasmo-, sino cuando se han puesto los medios económicos para que tenga lugar esta reforma de la Administración de Justicia. Y ha sido este Gobierno y no otro el que ha puesto los medios económicos porque -como he dicho esta mañana- en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2010 aparecen los fondos suficientes para que se lleve a cabo esta reforma de la justicia. Es decir, no solamente hay voluntad política, no solamente hay consenso sino que hay dinero, y en una situación económicamente difícil -como todos sabemos y reconocemos- estos fondos van a estar disponibles para llevar a cabo esta reforma. Y ha sido este Gobierno y no otro el que lo ha realizado.
Por esa razón, señoras y señores senadores, solicito el voto favorable para este proyecto de ley orgánica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para un turno en contra, tiene la palabra el senador Sampol.
El señor SAMPOL I MAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, si este proyecto de ley hubiera estado en vigor hace diez años, el sanguinario dictador, general Pinochet, no hubiera podido ser procesado por la Audiencia Nacional española y sus crímenes habrían quedado impunes.
Muchos, ingenuamente, creíamos que la transición política daba paso a una democracia, que con el tiempo iría perfeccionándose, que iría avanzando, sin pausa, en la conquista de los derechos humanos. Pensábamos, ilusos, que solo con las dictaduras estos derechos retroceden. Más de treinta años después del fin de la dictadura comprobamos, perplejos, que también en democracia se pueden perder derechos fundamentales conquistados a lo largo del tiempo. ¡Y cuánta frustración se genera!
¿Qué le ha pasado a aquel Gobierno valiente que se enfrentó a los poderosos sacando las tropas españolas de Iraq, y ahora se arrodilla temeroso, avergonzado de la ejemplar actuación de sus magistrados? ¿Qué le ha pasado a este Gobierno que reniega del principio de jurisdicción universal? ¿Qué le ha pasado a este Gobierno que se niega a perseguir penalmente los delitos más graves conforme al derecho internacional: el crimen de guerra o el genocidio, sin que importe el lugar de comisión como exigen los tratados internacionales ratificados por España?
Precisamente la razón de ser de una jurisdicción universal es la de evitar la impunidad de estos crímenes. Porque los crímenes de guerra, los de genocidio, los de lesa humanidad, la tortura, las desapariciones forzadas comparten una nota: son crímenes de Estado en su peor acepción. Algunos crímenes son tan atroces que no deben, no pueden quedar impunes. Este es el concepto que ha inspirado la jurisdicción universal. Sé que a lo largo de esta tarde se va a argumentar que no se puede colapsar la justicia española, la Audiencia Nacional. ¿De qué estamos hablando?
Señorías, el primer caso que entró en la Audiencia Nacional fue en el año 1996, hace catorce años. Pues en catorce años han entrado 14 causas, una causa cada año. Actualmente, esta justicia colapsada tiene como máximo dos o tres causas para cinco jueces. Esta no es excusa.
Decía que la razón de ser de una jurisdicción universal es la de evitar la impunidad de estos crímenes. El derecho internacional obliga a todos los Estados a perseguir los crímenes de guerra. El IV Convenio de Ginebra establece, en su artículo 146: Cada Estado parte tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerla comparecer ante los propios tribunales sea cual sea su nacionalidad.
Con este proyecto de ley, por tanto, el Gobierno y los parlamentarios que voten a favor pretenden incumplir el Convenio de Ginebra, entre otros; convenios que ya están incorporados al ordenamiento jurídico español. Y no solo pretenden incumplir estos convenios, estos tratados internacionales, sino que lo hacen incumpliendo el artículo 96 de la Constitución española, que les voy a leer: «Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional». No se puede unilateralmente infringir un tratado internacional firmado por el Estado español.
Por si fuera poco, este proyecto de ley vulnera los principios aprobados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en Resolución de 15 de diciembre de 1989, en materia de ejecuciones extralegales, que establece: «Los gobiernos velarán por que sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Los gobiernos harán comparecer a esas personas ante la justicia o colaborarán para extraditarlas a otros países que se propongan someterlas a juicio. Este principio se aplicará con independencia de quienes sean los perpetradores o las víctimas, del lugar en que se encuentren, de su nacionalidad y del lugar en que se cometió el delito». Asamblea General de las Naciones Unidas.
Señorías, hoy el Gobierno de España y las Cortes Generales se pondrán del lado de los dictadores, de los torturadores, de los que practican el exterminio y el genocidio de los pueblos. Después, a estos pueblos les mandaremos los fondos de cooperación al desarrollo para tranquilizar nuestras conciencias. (Aplausos en la tribuna.) Pero lo único que puede librar a los pueblos oprimidos de la muerte y la miseria no es nuestra caridad sino nuestra justicia, la justicia universal, de la cual hoy, mucho me temo, que el Senado de España va a renegar.
Muchas gracias. (Aplausos en la tribuna.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señoras y señores, ruego se abstengan de manifestar sus expresiones.
Pasamos al turno de portavoces. (Pausa.)
Por tanto, pasamos al debate de las enmiendas y posteriormente habrá otro turno de portavoces.
En primer lugar, enmiendas números 1 a 7, del senador Mur.
Su señoría tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.
Les confieso que subo a esta tribuna con la misma convicción que cuando presenté las enmiendas, pero con mucha menor esperanza dado el tratamiento que han tenido durante el trámite parlamentario.
Yo he presentado, en nombre del Partido Aragonés, siete enmiendas a este proyecto de ley orgánica que modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y las hemos presentado desde la responsabilidad y desde la experiencia que nos da el ejercer desde hace unos meses la competencia de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Nosotros partimos de que el sistema vigente en la Administración de Justicia, por su misma naturaleza, se caracteriza por su complejidad, ya que el funcionamiento depende de las consignaciones presupuestarias que tramita el Poder Ejecutivo y que aprueba el Legislativo, y también de la transferencia de competencias en medios personales y materiales a las comunidades autónomas. También por su rigidez, ya que su funcionamiento está vinculado a cuerpos estancos, como son los jueces, los fiscales, los secretarios y funcionarios de la Administración de Justicia, conforme a una normativa propia y específica, y no puede pretenderse que todo lo que les atañe esté recogido en una ley ómnibus, como es la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incorpora actualmente más de 500 artículos, de los cuales más de 70 los dedica al personal colaborador, con regulación de vacaciones o permisos; a los funcionarios debe aplicárseles la normativa general con muy pequeñas singularidades, lo cual, en este caso que nos ocupa, supone una rigidez que no es precisamente lo más aconsejable.
Otra característica es la decrepitud, con una organización casi decimonónica de la que quiere salirse con un plan estratégico que descansa en una Nueva Oficina Judicial y en la aplicación de las nuevas tecnologías. Se trata de un plan muy ambicioso con el que quiere llegarse a un equilibrio entre aspectos legislativos y de gestión.
Sobre estas bases, las enmiendas que presentamos se refieren a secretarios judiciales, al personal funcionario, al coste de las nuevas unidades judiciales y a los consejos de justicia autonómicos.
En relación con los secretarios judiciales, se les quiere atribuir claramente las funciones y responsabilidades máximas de la Nueva Oficina Judicial, tanto de carácter jurisdiccional como de carácter administrativo. Ello se entiende sin perjuicio de que a través de la creación de la figura de los secretarios judiciales autonómicos puedan llegar a deslindarse unas de otras funciones.
Se pretende también abrir el ámbito del funcionariado adscrito al Ministerio de Justicia, de modo que puedan llegar a la Nueva Oficina Judicial no solo los cuerpos tradicionales de gestión, tramitación y auxilio judicial, sino también el personal de otros ministerios de la Administración central, incluso de las comunidades autónomas, y también de la Administración local.
Si se quiere dar efectividad y rapidez a la aplicación de las tecnologías informáticas y la instauración de nuevos sistemas informáticos en la gestión procesal, en la gestión de documentos, en el Registro Civil no puede cerrarse la Administración de Justicia a especialistas informáticos que procedan de otros ámbitos. Resulta evidente que el Ministerio de Economía y Hacienda y la Agencia Tributaria han impulsado las nuevas tecnologías; hay una cierta tradición y cultura informática y puede resultar de gran interés la incorporación de funcionarios de este ámbito y también del ámbito de las comunidades autónomas.
En cuanto a los costes económicos, si la nueva ley de planta y demarcación judicial amplia considerablemente el número de juzgados y unidades judiciales, es preciso evitar que ello no redunde en costes desorbitados a asumir por las comunidades autónomas, de modo que como mínimo la mitad de dicho costo en medios personales y materiales debería asumirse por la Administración central.
Finalmente resultaría preciso que las previsiones de los vigentes estatutos de autonomía en relación con la descentralización y creación de los consejos de justicia autonómicos, entre otros temas, sean abordados en la nueva ley o a través de disposiciones adicionales, y que el Gobierno se comprometa a recogerlas remitiendo un nuevo proyecto de ley.
En definitiva, señorías, si el plan estratégico que se está redactando debe demorarse en su efectividad por falta de medios presupuestarios y por las dificultades del momento actual de crisis económica, al menos será necesario que desde un punto de vista normativo tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como sus leyes complementarias estén a punto y adaptadas a los nuevos tiempos, y eso es lo que pretendemos con nuestras enmiendas.
Por otra parte, existe el compromiso del Ministerio de Justicia de presentar un proyecto de ley específico respecto del desarrollo estatutario en la Administración de Justicia, que esperamos llegue pronto y solucione los problemas planteados con lo previsto en los nuevos estatutos de autonomía, sobre todo los estatutos reformados, también con el ejercicio efectivo de las competencias en la Administración de Justicia por las comunidades autónomas, o las que puedan derivarse de la nueva ley de planta y demarcación judicial.
Lamento que los pactos entre el Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular, tan necesarios en otras grandes cuestiones de Estado, no hayan permitido abordar en la actualidad las cuestiones pendientes, algunas de las cuales hemos pretendido mejorar con nuestras enmiendas; con ellas hemos querido simplemente colaborar para que la ley que hoy estamos debatiendo salga mejor, más práctica, más eficaz de lo que entró en esta Cámara, y ya les anuncio, señorías, que a pesar de la nula receptividad a nuestro trabajo y a nuestras enmiendas, la vamos a apoyar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Sampol, para defender las enmiendas números 8 a 10.
El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.
Las enmiendas que defiendo en representación del Bloc per Mallorca PSM-Verds a petición de numerosos colectivos que desde hace años trabajan en el campo de la cooperación internacional y muchos de los cuales han sido testigos de las atrocidades de sanguinarios dictadores, pretenden minimizar la aberración democrática y jurídica perpetrada por el Congreso de los Diputados al modificar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En primer lugar, con nuestras enmiendas queremos evitar que se conculquen diversos tratados internacionales ratificados por el Estado español. He citado anteriormente la Convención de Ginebra, pero también habría que citar la Convención contra la Tortura, la Convención contra el Genocidio, entre otros; convenios que obligan a la persecución internacional de dichos delitos se encuentren donde se encuentren los sospechosos y exista vinculación o no con intereses españoles.
En segundo lugar, la introducción del criterio de la presencia del procesado o acusado en el territorio nacional no se aviene con los compromisos firmados con Europa en la euroorden; una euroorden que fue impulsada por el Gobierno español después de un conflicto con Bélgica, a raíz de la extradición de un terrorista de ETA. Pues bien, resulta paradójico que precisamente el Estado español presione a la Unión Europea para que se regule la entrega de sospechosos, y en su ordenamiento interno limite la acción de la justicia a que los responsables estén en territorio nacional.
Por último, en nuestras enmiendas proponemos una redacción sobre la concurrencia de jurisdicciones que evite neutralizaciones fraudulentas del proceso. Llamo la atención sobre el hecho de que no se podrá instruir un proceso penal por la justicia española si existe constancia de otro proceso en otro país, y observen que la ley dice que no se suspenderá si este proceso es de naturaleza penal; es decir, basta que en un país con un dictador se instruya una investigación militar o administrativa para que quede prohibido el proceso en España. No solo esto, sino que una vez iniciado el proceso en España, una simple denuncia, quizás instigada por los mismos perpetradores del crimen, paralizaría el proceso iniciado en España.
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, concluya.
El señor SAMPOL I MAS: Termino, señor presidente.
En definitiva, estamos ante un auténtico despropósito jurídico y democrático. El principio de jurisdicción universal está a punto de ser pisoteado por esta Cámara.
Señorías, todavía están a tiempo. Recapaciten.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario ha presentado a este proyecto de ley orgánica seis enmiendas, que doy por defendidas en sus mismos términos, porque esta ley es un complemento de la que hemos debatido esta mañana y, en definitiva, forma parte del consenso que alcanzamos en la anterior.
Considero que no debo entretener a sus señorías dando detalles sobre el contenido del proyecto de ley porque es muy técnico. Lo importante es que se ha llegado a un consenso para agilizar la oficina judicial. Se han llevado a cabo una serie de reformas en determinadas leyes para hacer posible una mayor eficiencia en la oficina judicial, y esperemos que haya una mayor sintonía entre la opinión pública y la justicia, puesto que hoy está muy deteriorada. Falta un segundo esfuerzo presupuestario, que me consta que se está haciendo; y falta una última modificación, que se ha mencionado en el debate anterior, que consiste en adaptar todas estas reformas a la configuración del mapa judicial español en función de las reformas estatutarias. Guste o no, son leyes orgánicas y, por tanto, habrá que ponerlos en funcionamiento si queremos que todo el engranaje acabe siendo positivo.
Quiero aprovechar la ocasión -ya lo hice esta mañana, pero lo haré más a fondo en esta intervención- para valorar el esfuerzo que ha hecho el actual ministro para impul-
sar estas reformas. Lo ha hecho con un nivel de consenso elevado. Mi grupo no se puede quejar del trato y del diálogo que ha habido en todo momento con el ministerio. Espero que el ministro siga con este ritmo que tiene de diálogo, de reformas y de búsqueda de consenso. Así habremos hecho un buen servicio a la justicia española, que es una asignatura pendiente desde hace muchos años.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLO: Gràcies, president. (El señor Bofill Abelló inicia su intervención en catalán.)
Continúo en castellano no sin protestar por lo que considero un atropello a un derecho fundamental. Decía que las primeras semanas de 2006, cuando se estaba aún negociando el contenido del Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación con el título tercero de justicia, había una negociación paralela del contenido de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial necesaria para la plena aplicabilidad de los preceptos del estatuto, aún más cuando el texto alternativo que se proponía desde el Gobierno del Estado, lo que nosotros conocemos como la retallada, la recortada del estatuto, el cepillo -como lo llamó algún ocurrente diputado-, se remitía constantemente a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Finalmente se aprobó ese texto con estas remisiones a la ley orgánica, pero casi cuatro años después aún estamos esperando las reformas de la ley orgánica que han de permitir el pleno desarrollo del estatuto en el ámbito de la justicia.
En la pasada legislatura el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados dos proyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitían llenar de contenido estas partes del estatuto, pero no llegaron a buen término -como se ha dicho claramente esta mañana- porque hubo más de 70 postergaciones, ampliación del plazo de enmiendas, hasta que decayeron.
Empezamos este nuevo periodo de sesiones y resulta que nos presentan una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que solo hace referencia a una parte muy pequeña de la reforma necesaria de la justicia de este país.
Ante esta reforma que hoy se nos plantea, hemos presentado al lado de una serie de enmiendas técnicas en relación con aspectos procesales y con el funcionamiento de la oficina judicial, una serie de enmiendas que no pretenden otra cosa que el pleno cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña en algunos de aquellos aspectos más relevantes relacionados con el funcionamiento de la Administración de Justicia en un Estado autonómico, porque no habrá una plena modernización de la justicia sin una auténtica descentralización y una auténtica adecuación del servicio público que es la justicia, a la realidad de las competencias de las comunidades autónomas y al carácter plural del país. Por ejemplo, plural en una cuestión tan esencial, no reconocida en esta Cámara, como el régimen de oficialidad lingüística y los derechos lingüísticos de los ciudadanos y de las instituciones que tienen una lengua propia distinta del castellano, cosa que tampoco está reconocida en la Administración de Justicia.
Paso, pues, a enumerar los distintos bloques de enmiendas que guardan relación con esta cuestión autonómica, fundamental para nosotros. Por un lado, tenemos, por ejemplo, enmiendas que se refieren al destino íntegro de la recaudación obtenida por la presentación de recursos -algo de lo que ya se ha hablado esta mañana al tratar de los depósitos y consideraciones judiciales-. Esta es nuestra enmienda número 15 que, por otro lado, es coincidente con las enmiendas 84, 85 y 86 de Convergència i Unió, de las cuales ya solicito votación separada.
También pedimos competencias en la revisión de la planta judicial. No puede ser que tengamos competencias en la Administración de Justicia en nuestro territorio y, cuando se trata de la demarcación y la planta, las competencias no estén plenamente reconocidas; que sea preceptivo el informe de la comunidad autónoma en el momento de fijarlas y que la comunidad autónoma pueda hacer su propuesta de demarcación y planta judicial. A esto se refieren nuestras enmiendas 26 y 27.
Lo mismo ocurre con las competencias en cuanto a la precisión del ámbito del recurso de casación, para que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma sea competente en lo que se refiere al recurso de casación en estas materias de derecho sustantivo propio. A esto se refiere nuestra enmienda número 29.
En relación con el Tribunal Superior, el Estatuto de Autonomía de Cataluña prevé la creación de una sala de garantías estatutarias y creemos que también hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se pueda crear esta sala de garantías. Eso es lo que pretende nuestra enmienda 30.
Igualmente, creemos que hay que regular en la Ley Orgánica del Poder Judicial cuál es la participación de las comunidades autónomas en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Para eso se ha producido ya una modificación del Reglamento del Senado, porque el Senado tiene algo que ver con esto. A eso se refiere nuestra enmienda número 34.
Otra cuestión muy importante perfectamente relacionada con la oficina judicial es la posibilidad de crear y regular cuerpos autonómicos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. En relación con la participación de la comunidad autónoma en la organización de la oficina judicial, en relación con los secretarios judiciales, en relación con la participación de las comunidades autónomas en la definición de las tareas de los secretarios judiciales e incluso en cuanto a la posibilidad de crear un cuerpo autonómico de secretarios judiciales, presentamos las enmiendas 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 62 y 63, para las cuales pedimos, evidentemente, votación separada. Nos parece muy importante. Todos los senadores que se muestran sensibles con la nueva generación de estatutos deberían votarlas a favor.
He dejado para el final lo que se refiere a la lengua, porque me parece fundamental. Tenemos un conjunto de enmiendas que están relacionadas con la necesidad del conocimiento del derecho y de la lengua propia por parte de todos aquellos funcionarios adscritos a nuestras comunidades autónomas. Son las enmiendas 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 56, 57 y 81, algunas de ellas concordantes con la 87 de Convergència i Unió, para la cual también pedimos votación separada.
Estas son cuestiones fundamentales. Cuestiones fundamentales que tienen que ver con la relación de los ciudadanos con la justicia y con su modernización. Este país se ha modernizado porque se ha descentralizado. Y la justicia no se ha modernizado porque no lo ha hecho. Está clarísimo. En muchos otros ámbitos hemos avanzado, hay iniciativa, el país funciona. En cambio, la Administración de Justicia es una rémora. En parte, porque no se ha asumido el carácter autonómico en relación con la Administración de Justicia. El portavoz socialista esta mañana lo reconocía, y decía que, efectivamente, era una cuestión pendiente. Lo que pasa es que nos dice que no es el momento. Sin embargo, creo que, cuatro años después de la aprobación del estatuto, es el momento; es el momento en todas las leyes que debatimos. Lo que no es de este momento, lo que no es oportuno ni correcto en este debate parlamentario es poner en cuestión un tema tan importante como la justicia universal, mientras se habla de la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta cuestión debería debatirse en otro momento. Primero, porque desluce una reforma importante como esta que nos lleva a modernizar la oficina judicial y, segundo, porque estamos tratando un asunto muy importante que no se puede aprobar de tapadillo, a escondidas.
A lo largo de estos dos días se han intentado diversas cosas. Después de la sesión de comisión, se pretendía celebrar un debate único sobre los dos proyectos de ley con la misma intención: mezclarlo todo, y cuanto más, mejor. Esta mañana se pretendía que el debate de la ley orgánica se celebrara por la mañana y no por la tarde, pero por suerte algunos grupos parlamentarios nos hemos opuesto y el debate se desarrolla por la tarde y por separado. ¿Por qué? Porque no se quiere debatir sobre este tema pero, sintiéndolo mucho, también van a debatirlo. Lo siento mucho, porque para mí el debate principal está situado en otra parte. Yo quería hablar de este primer bloque al que me he referido y que guarda relación precisamente con la aplicación de los estatutos de autonomía, pero es evidente que esta cuestión es demasiado grave para pasarla por alto. De hecho, lo que se está pretendiendo es una derogación de la justicia universal. Esta es la cuestión de fondo.
En relación con esta cuestión, estamos en contra -y lo quiero decir antes de que se me pase- de lo que se ha hecho, y es que en el Senado se ha introducido de tapadillo una enmienda, la número 97, que ha sido suscrita por el Grupo Popular y el Socialista, y que guarda relación con la creación de un mecanismo nacional para la prevención de la tortura, algo previsto en la convención del 2002, suscrita en Nueva York, y resulta que lo que se hace es remitirlo al Defensor del Pueblo. Es algo irrisorio. Están haciendo trampa, y esto tampoco teníamos que discutirlo hoy, porque no tiene relación con la Oficina Judicial.
Nuestro grupo ha presentado dos enmiendas en relación con la pretendida reforma del artículo 23.4. En realidad, pretenden continuar como estábamos o perfeccionar un poco la cuestión.
¿Qué es lo que estamos debatiendo aquí? Estamos debatiendo una cuestión muy sencilla: que todavía hay -y la ha habido durante años- impunidad en relación con los crímenes de genocidio y contra la humanidad. Este es el problema: que haya impunidad. Se confunde a la opinión pública diciendo que existen unos tribunales penales internacionales, y como la gente lo lee en la prensa, no entiende que los jueces aborden asuntos del Tíbet o de Latinoamérica, porque ya existe un Tribunal Penal Internacional. Pero se está escondiendo la cuestión de fondo, y es que la justicia penal internacional es limitada, pues los tribunales penales internacionales solo tienen competencia en relación con los nacionales y los territorios de aquellos países que han suscrito los convenios en virtud de los cuales se crean dichos tribunales penales, con lo cual es evidente y es fácil sospechar que aquellos países que más han violado los derechos humanos son justamente los que no suscriben esos convenios internacionales.
¿Qué se argumenta? Se dice que en nuestro derecho la tradición jurídica -y es verdad- para la jurisdicción es el concepto de nacionalidad y el de territorialidad. Pero resulta que ha aparecido un campo nuevo en la justicia: la justicia universal y, por suerte, se han reconocido unos derechos nuevos. Parece que por fin la humanidad está saliendo del estadio animal para ser humana y hay derechos humanos, y estos derechos tienen unas características particulares en virtud de las cuales existe un concepto que es el de justicia universal. Cualquiera de la calle puede entender este concepto fácilmente. Si en relación a los derechos humanos hay un derecho universal que, además, es imprescriptible, cualquier juez de cualquier parte del mundo debería poder juzgar y perseguir ese delito universal e imprescriptible que se ha cometido. El objetivo es que no queden impunes estos delitos que, a lo largo de la historia, siempre han quedado impunes, y justo ahora empieza a no ser así.
¿Qué es lo que se ha hecho? ¿En el Estado español se ha logrado un avance en esta cuestión? Y lo digo entre paréntesis, porque se trata de un avance en relación con lo que pasa fuera, porque en relación con lo que pasa dentro, nada de nada, ningún avance, porque luego hablaré de la Ley de la memoria. ¡Vaya pena! Una de las cosas que sí que me avergüenza es ver a jueces nuestros persiguiendo por el mundo ciertos delitos cuando aquí al president Companys todavía no se le ha restablecido plenamente su dignidad, ni tampoco la de todos los catalanes que se ven afectados por esta cuestión. Pero dejo esto aparte, porque ya hablaremos sobre ello. Lo que está claro es que hay una jurisdicción universal, que se ha avanzado en relación con esta cuestión en el Estado español y que ahora se quiere dar marcha atrás. Esto no es una novedad, porque en rea-
lidad el Tribunal Supremo ya ha intentado en diversas ocasiones hacer esta marcha atrás. Lo que es una novedad es que el Partido Socialista pacte esto con el Partido Popular. Esto es una novedad y lo digo con una inmensa tristeza, porque hasta ahora se han producido estos avances en parte gracias al Partido Socialista. Esos avances se habían hecho justamente con la colaboración de toda la gente que propiciamos el cambio democrático en este Estado.
Quien expresa con una claridad meridiana de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia universal es el Tribunal Constitucional. Hoy lo voy a citar, aunque ya saben que para mí el Tribunal Constitucional hoy en día está muy deslegitimado. Pero en el año 2005, en la sentencia 237, en relación con una sentencia del Tribunal Supremo que hacía una interpretación tan restrictiva como la que se pretende hoy en día, se decía que la persecución internacional y transfronteriza que pretende imponer el principio de justicia universal se basa exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidos a ella, cuya lesividad trasciende de las concretas víctimas y alcanza a la comunidad internacional en su conjunto. Consecuentemente, su persecución y sanción constituyen no solo un compromiso, sino también un interés compartido de todos los Estados cuya legitimidad, en consecuencia, no depende de ulteriores intereses particulares de cada uno de ellos. Del mismo modo -continuaba-, la concepción de la jurisdicción universal en el derecho internacional actualmente vigente no se configura en torno a vínculos de conexión fundados en particulares intereses estatales. Es justamente lo contrario de lo que está pasando ahora: particulares intereses estatales están forzando al Estado español a cambiar de posición respecto a una cuestión que afecta a derechos fundamentales.
Termino aquí, pues continuaré durante el turno de portavoces. Cedo la palabra a mi compañero de grupo, Jordi Guillot, que hará una intervención complementaria a la nuestra, ya que sus enmiendas y las nuestras, las de Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa y Esquerra Republicana son conjuntas en este caso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (Rumores.)
Ruego silencio, por favor.
Espere un momento, señoría.
Quiero hacer dos aclaraciones en la medida en que estamos en el Parlamento y a efectos del Diario de Sesiones.
Senador Bofill, con respeto pero con firmeza se lo voy a decir: en esta Cámara, en esta institución no se vulneran derechos fundamentales. Usted ha hecho una acusación que, como presidente de la Cámara, no se la voy a consentir. Esa es la primera cuestión. Como legisladores, si tenemos que hacer algo será respetar las leyes, y si entendemos que no nos gustan, cambiarlas. Y la norma, nuestro Reglamento, es el instrumento del que nos hemos dotado todos para funcionar en esta Cámara. Por tanto, si no le gusta el Reglamento, lo cambia, pero no venga usted a decir a esta Cámara, para que conste en el Diario de Sesiones, que aquí se vulneran derechos fundamentales. Aquí no se vulneran derechos fundamentales. Todos estamos en la obligación de respetar el Estado de Derecho y de respetarnos a nosotros mismos.
Segunda cuestión. Como presidente de la Cámara quiero decirle que aquí no ha habido ninguna propuesta de tapadillo para discutir una ley antes que la otra con no sé qué intencionalidad. Por tanto, no le puedo consentir la consideración que usted ha hecho en la tribuna. Si se lo han dicho a usted, no sé quién se lo habrá dicho, pero soy el presidente de la Cámara, y si hay que cambiar el orden del día, lo discute con los portavoces.
Tiene la palabra, señoría. (Aplausos.)
El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.
A mí también me sorprende -el senador Bofill y otros senadores ya lo han dicho- que, a caballo de la tramitación del proyecto de ley sobre la Nueva Oficina Judicial se presente este proyecto de ley complementaria, donde se amontonan cuestiones como la agilización de la justicia, la conciliación familiar y laboral para los miembros de la carrera judicial, depósitos para interposición de recursos, especialización de los juzgados con competencia exclusiva sobre la violencia de género y, en medio de todo ello, la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el relativo a la jurisdicción universal.
Que tramiten una cuestión tan importante como esta y tan sensible para amplios sectores de la opinión pública y que tanto debate ha motivado en este tótum revolútum sorprende, y la pregunta es: ¿esto es por miedo al debate o por vergüenza a la propuesta? Porque si no, no se explica que una cuestión tan singular, tan importante se tramite en medio de todo este proceso, y no es la primera vez en esta legislatura que tenemos que discutir de forma opaca o confusa, por urgencia, cuestiones -insisto- muy importantes.
Señorías, si aprobamos este proyecto de ley con su actual redacción, el mundo será algo peor, porque habrá más impunidad para los responsables de crímenes de guerra, genocidio, torturas, desapariciones y crímenes de lesa humanidad; el mundo será algo peor porque habrá menos esperanza para las víctimas de estos crímenes.
Si aprobamos este proyecto de ley tal y como está será un duro golpe a la contribución realizada por la justicia española al hacer comparecer ante sus tribunales a personas sospechosas de haber cometido crímenes de derecho internacional. Pasaremos de ser un referente mundial a ser uno de los países más restrictivos para el ejercicio de la jurisdicción universal. La contribución que los jueces españoles han hecho para que en este mundo haya más justicia se cortará en seco, y esta no es una buena noticia para las víctimas; solo es una buena noticia para los verdugos.
La modificación que se nos propone, que llega del Congreso por acuerdo del Grupo Socialista y del Grupo Popular, es un paso atrás: es un paso atrás indiscutible y es un paso atrás injustificable. Es indiscutible que el principio de jurisdicción universal que regula hasta el momento nuestro ordenamiento jurídico, y que ha permitido a España ser un referente a nivel mundial en su compromiso en la persecución de los más odiosos crímenes, se verá en la
práctica reducido a dos únicos criterios: territorialidad y nacionalidad. Por eso nos proponen una modificación que dice lo siguiente: Para que puedan conocer los tribunales españoles, deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España. La modificación que se propone pone fin a todos los esfuerzos realizados por la justicia española y, dentro de ella, por significados magistrados, para perseguir este tipo de crímenes.
En esta modificación también se afirma, y sin ningún tipo de rubor, que, sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, solo se podrá actuar si los presuntos responsables se encuentran en España o existen víctimas españolas. Para llegar a esa conclusión, señorías, ¿de qué nos sirve haber firmado tantos tratados y tantos convenios? El senador Sampol ya ha puesto ejemplos. ¿De qué nos sirve a nosotros firmar tantos tratados y tantos convenios si luego elaboramos una ley que nos impide cumplirlos? Señorías, ¿los tratados y convenios internacionales, firmados y validados, forman parte o no de nuestro ordenamiento interno, tal y como consagra la Constitución? Desde mi punto de vista, sí, y el Tribunal Constitucional cree que sí, pero con la modificación que ustedes proponen nos dicen que no.
El retroceso es indiscutible pero, sobre todo, es injustificable. No somos el único país que hasta el día de hoy ejercía la jurisdicción internacional; hay otros. España se descolgará hoy de este grupo de países líderes, y lo haremos con carácter retroactivo, que es otra de las perlas de este proyecto de ley.
El manifiesto contra la impunidad y a favor de la justicia universal afirma que la defensa de los derechos humanos es una obligación absoluta de los Estados y no puede someterse a ningún tipo de interés ni de presión. Ese manifiesto lo han suscrito sindicatos, ONG y todo tipo de entidades y asociaciones, muchas de ellas de juristas. Comparto esa afirmación, y no solo por motivos morales y éticos, que también, sino sobre todo por motivos políticos, pero es evidente que mi razonamiento político es muy contrario al que ha llevado a esta reforma.
¿Por qué esta reforma? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el motivo de este cambio? Con mucha claridad y sinceridad lo explica el Grupo Popular; pero no hace lo mismo el portavoz socialista que, en su turno a favor, no ha dicho ni una palabra sobre este aspecto tan polémico. Espero que los portavoces socialistas que intervengan a continuación expliquen sus razones, pero con más profundidad que el preámbulo de la ley.
¿Qué dice el Partido Popular? La señora Montserrat, diputada del PP, en su intervención en el Congreso de los Diputados durante el debate de este proyecto de ley, daba el argumento que justifica la modificación. La señora Montserrat dice lo siguiente. Leo de forma literal. La evolución seguida por los tribunales de justicia, y especialmente por la Audiencia Nacional, en el ámbito de la justicia internacional afecta a nuestras relaciones internacionales y genera conflictos diplomáticos. Señorías, esta es la principal razón que justifica esta reforma del Grupo Socialista y del Grupo Popular.
Todos o casi todos aplaudíamos cuando se perseguía a asesinos del tercer mundo o a ex dictadores derrocados; otra cosa muy distinta es cuando se piden responsabilidades al Estado de Israel por los bombardeos indiscriminados en la franja de Gaza, y también es muy distinto que se exijan responsabilidades al Ejército de los Estados Unidos por la muerte del señor Couso. Esto es mucho más complicado, pero es igual de justo que perseguir otro tipo de crímenes.
Señorías, la respuesta del Grupo Popular y del Grupo Socialista es limitar la jurisdicción universal, subordinarla a una falsa realpolitik, justificada en la defensa de no se sabe qué intereses nunca explicados. Yo pienso todo lo contrario, y el senador Nuet piensa como yo, es decir, todo lo contrario. Los intereses de la sociedad española en el actual proceso de globalización, su desarrollo, bienestar y seguridad pasan por la defensa de la paz, la justicia y la equidad. Cuanto más justo sea este mundo, más protegidos están nuestros intereses, más podremos contribuir a un presente y a un futuro más justos a escala planetaria. El realismo político, que casi siempre es sinónimo de cinismo político, solo favorece a intereses particulares, no al interés nacional. El interés nacional exige actuar en una realidad globalizada a favor de un orden mundial justo y sostenible social y ecológicamente. La justicia trae orden y seguridad; la injusticia trae desorden y conflicto. La justicia internacional es también un factor de presión, ya sea para Estados o para individuos. Es un instrumento de lucha contra la impunidad, un instrumento que hoy vamos a debilitar con esta reforma.
Y senadores socialistas, un dato empírico: siempre que el Grupo Popular vota con ustedes es para dar un paso atrás. Este es un dato empírico. Piénsenlo. Siempre que tienen el acuerdo del Grupo Popular no es para avanzar sino para dar un paso atrás. Reflexionen sobre cómo puede ser que, desde un pensamiento de izquierdas y en un tema tan sensible, tan delicado, tan progresista y tan democrático, ustedes den este paso atrás. Creo que es muy negativo para todos.
Termino, señoras y señores senadores, recordándoles que tenemos la obligación de cumplir con nuestros compromisos internacionales, tenemos el deber de juzgar e investigar los delitos cometidos contra el derecho de gentes, y por ello pido su voto favorable, en especial para las enmiendas números 12 y 13, presentadas por los senadores de Iniciativa Verds y Esquerra Unida.
Señorías, seguro que otro mundo es posible, pero si hoy aprobamos esta modificación lo haremos más difícil.
Gracias por su atención. (Rumores en la tribuna pública.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Ruego silencio en la tribuna, porque de lo contrario tendrán que abandonarla.
Para turno en contra, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
Empiezo por manifestar que no le permito a nadie que en esta Cámara sitúe al Grupo Socialista al lado de los torturadores y dictadores. No se lo permito a nadie en absoluto, a nadie. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Si se trata de aportar currículos para ver quién ha trabajado más por los derechos y libertades que tenemos hoy en España, se hace como grupo y como seres humanos individuales. Por eso, de entrada, ni siquiera acuso recibo de tal tipo de consideraciones.
Segunda cuestión. Yo podría hablar aquí despacio, paladeando las palabras acerca de mecánica cuántica, pero, francamente, como no lo he leído ni lo he estudiado, tengo el pudor de no hacerlo. Por tanto, quien hable aquí de que ya no se pueden perseguir dictadores, es que ni se ha leído el texto ni se ha leído los Convenios de Ginebra de 1949, que se los voy a explicar ahora para que entiendan cómo, a esos dictadores y torturadores, sí se les puede seguir persiguiendo. Se lo explico.
Son crímenes de guerra los ataques cometidos contra toda persona que no participe o que haya dejado de participar en las hostilidades: combatientes heridos, enfermos, prisioneros de guerra, personas civiles. Por ejemplo, homicidio intencional, torturas, hechos para causar intencionadamente grandes sufrimientos, hechos contra la integridad física o contra la salud, hechos para someter a la población civil a un ataque, deportación o traslados ilícitos de población, empleo de armas o métodos de guerra prohibidos, armas químicas, bacteriológicas o incendiarias, utilización pérfida del signo distintivo de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja o de otros signos protectores, saqueo de bienes públicos o privados.
Estos son los cuatro convenios y cuatro protocolos del 12 de agosto de 1949. España, al firmarlos, los integró en el ordenamiento jurídico. ¿Desde cuándo son perseguidos los dictadores y torturadores? Desde que entró en vigor. ¿Y quién lo hizo posible? La Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Cuándo se aprobó? En el año 1985. ¿Quién estaba gobernando? El Partido Socialista. Luego ha sido el Partido Socialista, con ese artículo 23, el que ha hecho posible esa persecución de todos esos torturadores. Ese es un hecho objetivo y no admite discusión de ningún tipo. La pena es que es muchísimo más fácil sin leer el texto, sin leer los convenios internacionales, sin leer los protocolos, decir lo siguiente: a partir de ahora ya no se puede perseguir a dictadores. Falso, profundamente falso. Le digo más. En el supuesto de que no se hubiese tenido acceso a la lectura de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, está el Código penal, y aquí sí que no voy a proceder a su lectura. Del artículo 605 al 607, delitos contra el derecho de gentes. Del 607 al 607 bis, delitos de genocidio y delitos de lesa humanidad. El 208, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Y sigue así hasta el artículo 615, donde están ya las disposiciones comunes.
Se trata de saber si los tribunales de justicia españoles, si entrase en vigor esta ley, con esta reforma, pueden perseguir al dictador o al torturador sea cual fuere su nacionalidad y esté donde esté. Ninguno de los países signatarios de estos acuerdos de Ginebra de 12 de agosto de 1942 tiene la obligación de hacerlo, pero puede hacerlo, y si lo hace, los demás están obligados a respetarlo. Esa es la realidad del derecho internacional, es lo que quiere decir «infracciones graves del derecho humanitario», y eso es lo que regula esta situación.
Tiene razón cuando plantea que si esto es así, si están en vigor los convenios de 1949, ¿a propósito de qué aparece esa expresión? Porque quienes la han incorporado entendían -yo estaba aquí cuando llegó el texto y lo leí- que no parecía superfluo subrayarlo, intensificarlo. Ya dijimos en la Comisión de Justicia que esa expresión aparecía en el texto que venía del Congreso, sin que hubiera habido un acuerdo formal o solemne al respecto.
¿Qué es lo que hace la enmienda transaccional que han firmado los dos grupos mayoritarios de la Cámara? Lo que hace es plantear que la regulación del artículo 23 lo es sin perjuicio de los tratados y convenios firmados por España en materia de derecho humanitario, que está integrado dentro del ordenamiento jurídico y es de aplicación directa por todos los tribunales, luego la fórmula no es: o todo, y entonces los tribunales españoles, como un moderno Atlas, se ponen encima el globo terráqueo -no todo el globo terráqueo, porque no estamos hablando de justicia mundial sino de todo el universo, de todos los planetas y galaxias que hay, porque hablamos del universo-, se lo ponen aquí, en el cogote, y entonces tenemos el complejo de Atlas. ¿Todo? Pues no. Lo que se plantea es que, frente a la fórmula del todo, como nos sugerían a mediodía algunas personas que querían también influir en esta marcha, -porque han sido más de 5000 los correos que nos han mandado y que decían: todo-, también están algunos otros que han llegado a esta Cámara planteando que nada. Pues mire, entre el todo y el nada no parece irracional que el legislador español, que fue elegido en votación por sufragio universal, libre, directo y secreto, haya decidido plantear dos elementos. Uno: que tenga relación con España, primera cosa razonable. Dos: no inventemos una especie de neocolonialismo jurídico en virtud del cual los países desarrollados nos vamos a dedicar a decirles a un grupo de países lo que tienen que hacer, sobre todo si son países democráticos, con constitución democrática, división de poderes y tribunales independientes. No vamos a decirle a todo el mundo mundial, urbi et orbi, poniéndonos a todo el universo en el cogote qué es lo que tiene que hacer.
Estamos acomodando, estamos poniendo un marco a este trabajo que se está haciendo, pero algunos de los embates y citas concretas que se nos han hecho aquí en la tarde de hoy, con supuestos concretos, con dictadores concretos, pueden ser perseguidos, aplicando estos convenios del año 1949, porque es la obligación que tienen los tribunales, a efectos internos y a efectos internacionales. El concepto de crímenes de guerra no está en los tratados, no está en el Código penal, ¿dónde está?, en la práctica de tribunales internacionales como el de La Haya y el de Yugoslavia, el de Camboya, el de Ruanda, el de Sierra Leona y en la Corte Penal Internacional, que está establemente organizada.
En la práctica se concibe el concepto de crímenes de guerra como les acabo de plantear. No es objeto de debate, es pacífico en toda la práctica de estos tribunales internacionales, luego, ¿a qué se debe esto? A que se hace una interpretación ideológica al margen de la realidad jurídica y al margen del contenido exacto del artículo. Comprendo que es una tentación muy fácil, porque leerse todo esto de la Oficina Judicial, francamente es arduo, y es mucho más fácil coger una especie de barniz epidérmico con dos o tres referencias ideológicas, y con eso me planteo una intervención.
No ha habido voluntad de esconder nada. ¿O es que estamos escondiendo algo aquí? ¿Se escondió algo en la comisión? ¡En absoluto! Después de la entrada en vigor de esta norma, organicemos los debates que se quiera, con quien se quiera y donde se quiera para hablar sobre esto. ¡No hay problema! ¿Acaso no son también seres humanos que usan el verbo como los que estamos aquí? Insisto: no hay ningún problema. Machado decía: nadie es más que nadie. Hablemos, pues, con cualquiera que lo desee.
¿Que es lo que va a pasar con esto? Que la Oficina Judicial queda absolutamente desdibujada. ¿Por qué razón? Pues porque mientras estás adoptando decisiones, hay que asumir los desafíos que exige la responsabilidad de administrar justicia para toda la población de todos los pueblos de España. Hasta ayer estuvimos recibiendo las sugerencias que nos han hecho llegar a todos los grupos provenientes del Consejo General del Poder Judicial o de magistrados del Supremo. ¿O no es cierto que todos los grupos parlamentarios hemos firmado iniciativas de los magistrados del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial? Hasta el último nanosegundo, hasta el último microsegundo estamos adoptando las decisiones que exige la práctica de la justicia como servicio público; no como valor superior, no como derecho fundamental, pero -insito- sí como servicio público.
Este asunto también exigía establecer el marco en el que pudimos desarrollar este trabajo, porque no se trata de generar falsas expectativas a un montón de personas diciendo que los 4800 jueces españoles van a abordar en el último rincón del mundo cualquier asunto que se plantee, porque nuestro Estado no tiene esa capacidad. España no tiene capacidad para el conjunto del mundo, y no es cierto que por establecer un marco se deje de ser más efectivo. Creo que podemos ser infinitamente más efectivos estableciendo ese marco y no dejando margen para que se produzcan otro tipo de situaciones.
Cambio ahora de tercio y me voy a centrar en el asunto que hoy se debate, en el conjunto del texto, y no únicamente en una enmienda transaccional. Señorías, la suma de las inversiones que se hacen por las comunidades autónomas y la Administración General del Estado es de un 1,5% respecto del producto interior bruto, luego no se puede seguir planteando que seguimos con el 0,7%. Insisto, señorías: sumen las inversiones de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado.
En segundo lugar, por la mañana hemos abordado un debate sobre una nueva cultura de la gestión en los juzgados y en los tribunales, en los órganos unipersonales y en los colegiados, y ahora seguimos abordando una reforma para que, a ser posible, el servicio público sea más ágil, más efectivo y tutele los derechos e intereses legítimos de la población, y hemos situado el marco en el que podemos y debemos hacerlo. Si esta mañana se trataba de una nueva cultura de gestión, ahora nos estamos planteando incorporar una nueva cultura jurídica, y es que hay un montón de juristas formados en categorías como la soberanía y la soberanía nacional que no entienden esto; no entienden que al derecho le repugna, porque se trata de una conquista civilizadora, que un criminal quede impune, y como se trata de que ningún criminal quede impune en su quehacer criminal, se trata también de perseguirlo. ¿Y con qué título se le persigue? Con el Convenio de Ginebra de 1949, con el Código penal y con la práctica reiterada tanto como del Supremo como del Constitucional.
Así pues, no acepto eso de que esta mañana fue un día triste para los derechos humanos y de que esta tarde es también un día triste para los derechos humanos. Yo lo plantearía de otra forma: esta mañana ha sido un día más efectivo en la tutela real de los derechos humanos; no en las proclamaciones retóricas e ideológicas absolutamente inútiles, sino en la realidad práctica del trabajo de los tribunales, con la capacidad de ser efectivo en la tutela de los derechos de las personas que piden a los 4800 jueces españoles que protejamos sus derechos e intereses legítimos porque tienen vinculación con España y no hay un Estado democrático que haya supervisado o investigado previamente lo que se plantea debajo de ese pleito. Esta mañana, hablando de cultura de gestión y ahora de nueva cultura jurídica, estamos en el buen camino.
En tercer lugar, señorías, me parece penoso que, aprobándose hoy la Oficina Judicial, se haya anunciado para mañana una huelga de los 1200 jueces que integran la Asociación Profesional de la Magistratura, cuando resulta que jamás se ha hecho tanta inversión en el servicio público de la justicia como ahora con un 13,7% en el presupuesto ordinario; 214 millones de euros solo para la modernización, que se une al presupuesto ordinario de justicia, y 600 millones de euros en tres años. Y es que cuando acabemos esta legislatura habremos creado más del doble de las plazas que se crearon en los ocho años anteriores. Y, sinceramente, no es comprensible que ahora, cuando se plantea esta nueva cultura jurídica, haya integrantes de una asociación que estén diciendo: no quiero perder competencias, no quiero perder poder y, por lo tanto, como estoy en contra de la reforma, me planteo hacer esa huelga.
La oficina judicial no va contra ningún juez, contra ninguno de los 4800 aproximadamente que integran la carrera judicial, contra ninguno en absoluto, esté en la comunidad que esté, haya planteado o no vínculos de afectividad con cualquier cargo público, esté en la provincia que esté o esté en la audiencia en la que esté. No va contra nadie; va a favor de la justicia, y a mí, sinceramente, me parece que es una buena cosa para el Senado, que dignifica el trabajo del Senado, el haber coadyuvado con nuevas enmien-
das que se han incorporado aquí al trabajo previo que venía del Congreso. Fíjense que ya en el Congreso se habían incorporado un montón de enmiendas de todos los grupos -esta mañana lo decía el propio senador Casas-, y lo que tratamos en este último tramo es recoger, porque no se trata de repetir el debate del Congreso; si nos limitáramos a repetir las enmiendas que se han planteado en el Congreso esta sería una Cámara bis. Se trata de incorporar al trabajo hecho otras enmiendas, porque en la práctica real nos lo pedía el Supremo, nos lo pedía el Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, nos lo pedían las asociaciones judiciales. Desde las vacaciones hasta la conciliación de la vida profesional y laboral, pasando por el juez de adscripción territorial, por suprimir los ascensos forzosos, etcétera, la mayor parte de las reivindicaciones de las asociaciones se han integrado, pero, ciertamente, hay 1200 asociados a la Asociación Profesional de la Magistratura que no quieren la reforma porque siguen con el reloj parado, ubicados en otra cultura jurídica, que no están haciendo su trabajo ajustándose a la realidad social del tiempo y a la realidad tecnológica en la que estamos.
La reforma se va a hacer, esto va en serio, lo quiera o no lo quiera el sector que fuese del oficio que fuese. Se va a hacer, y con toda seguridad lo veremos en los próximos tres años.
Nada más, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Conde Bajén pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente.
Señorías, utilizo este turno de palabra -al margen de que en el turno de portavoces hablaré específicamente de la parte de esta ley orgánica relativa a la implantación de la oficina judicial- para hablar de lo que el senador Bofill decía que queríamos evitar: para hablar de la modificación de la competencia de los tribunales españoles, y para dar así una prueba de que este debate ni se elude ni se escamotea. Y será de lo que hable en este momento.
No comparto sus opiniones, señor Bofill, pero las respeto; es más, las he escuchado y las ha expuesto usted con contundencia, con la pasión del que cree en algo, con respeto y, por lo tanto, aunque yo no las comparta no tengo por qué consentírselas o dejar de consentírselas. Porque cuando un senador de esta Cámara toma la palabra para expresar una opinión no necesita permiso de nadie para exponerla, ni siquiera el permiso del señor presidente de esta Cámara, que no es más senador que usted ni que yo, ni tiene un escaño que valga más que el suyo o que el mío, y que tiene exclusivamente el mandato dado por todos nosotros para mantener el orden y la dirección de los debates, pero en ningún caso para decir de qué se puede hablar y de qué no y qué opiniones son admisibles y cuáles no lo son. Así que mi solidaridad con usted en este asunto, señor Bofill. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.-Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Señorías, sin embargo creo que el debate en relación con este asunto no es quién está a favor y quién está en contra de los crímenes de guerra, quién está a favor o en contra del genocidio o quién está a favor o en contra de los crímenes de lesa humanidad. Porque, sinceramente, creo que nadie en esta Cámara puede reprochar a ningún otro grupo político semejante aberración; ni los senadores de la Esquerra o del PNV o del PSOE o del PP o de cualquier grupo, ninguno, defendemos los derechos humanos con más intensidad ni con más pasión, porque todos y cada uno de nosotros, que somos senadores electos en un régimen democrático que tiene como principios fundamentales el respeto a la libertad y a la condición humana, todos defendemos con la misma intensidad semejantes valores.
No es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de cuál es el ámbito de actuación de los tribunales españoles y de la eficacia que ha de darse, por supuesto, a los tribunales españoles en la labor de persecución de estos delitos.
Sinceramente creo, señorías, que algunos han hecho una pequeña trampa al leer los convenios internacionales de los cuales España es miembro, sobre la base de decir: son derecho internacional, conforme a la Constitución son derecho interno y, por lo tanto, son aplicables. Y se nos ha hecho lectura del convenio de 12 de agosto de 1949, de la Convención de Ginebra, diciendo que los Estados parte tienen la obligación de perseguir a los culpables de los delitos. Pero el artículo 146, señorías -me interesa, y por eso he subido a esta tribuna a leerlo-, dice: Podrá también la parte contratante, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra parte contratante interesada si esta ha formulado contra ella cargos suficientes.
Luego, señorías, no es cierto que los Estados miembros de esa Convención, firmantes de ese tratado internacional, no puedan inhibirse de juzgar a los responsables de tales crímenes cuando existe la posibilidad de que sean juzgados en otro sitio.
¿Qué es lo que hemos querido hacer, señorías? Hemos querido referir la acción de la justicia española a la posibilidad de que esa justicia sea efectiva y no una mera declaración. ¿De qué nos sirve, señorías, iniciar un procedimiento penal contra un genocida si no tenemos al responsable en nuestro territorio, ni tenemos la posibilidad de hacerle comparecer ante los tribunales, ni tenemos la posibilidad de castigarle metiéndole en la cárcel, ni incluso tenemos la posibilidad de hacer una investigación adecuada porque el delito no ha sido cometido en nuestro territorio, ni nos es accesible? ¿De qué sirve? Pues, al Estado español, de nada. Probablemente, al juez que se dedique a estas cosas le sirva para mucho; le puede servir para decir que se va a aprender inglés a Nueva York y cobrar cientos de miles de euros por dar unas charlitas en alguna universidad del lugar. Eso sí puede ser útil. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Pero ¿de qué le sirve al Estado español? Pues de nada.
Lo que hemos dicho, señorías, es que cuando los responsables de tales delitos se encuentren en España, es
decir, cuando se pueda asegurar la efectividad de la sentencia que se dictare, o cuando las víctimas sean de nacionalidad española, porque, evidentemente, tendremos un interés al menos en hacer la declaración de la existencia de tal conducta delictiva, o cuando exista un vínculo relevante con España, entonces podremos juzgar. No se está pretendiendo escamotear la justicia ni crear espacios de impunidad para nadie; se está pretendiendo que la justicia española se ocupe de lo que se tiene que ocupar, porque es de lo que se puede ocupar, porque es de aquello de lo que luego se puede hacer una eficaz aplicación.
Insisto en decir que la justicia no es una declaración de principios, ni una declaración institucional. La justicia es mucho más que eso, porque lo que dice se tiene que poder cumplir. De lo contrario lo que estamos haciendo es, en algún caso, dar un espectáculo bastante lamentable, y en otros, crear muy falsas expectativas ante víctimas de atrocidades que piensan que porque se ha puesto en marcha la maquinaria de la justicia van a poder obtener justicia, cuando eso resulta ser, al final, rotundamente falso.
Hemos traído las cosas, señorías, al punto en el que nunca debieron dejar de estar, y lo hemos hecho con sentido de la responsabilidad. Y, del mismo modo que dijo el senador Díaz Tejera, señorías, nadie nos puede dar lecciones de defensa de la dignidad de la persona y de los derechos humanos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Senador Conde, solamente le voy a hacer una aclaración, aunque creía que se me había entendido bien en mi intervención. He dicho dos cosas que reitero y en las que me reafirmo, en mi condición de presidente de la Cámara, y estoy en la obligación de hacer lo que he hecho. He dicho que esta institución nunca ha vulnerado los derechos fundamentales. Que como legisladores tenemos la obligación de respetar las leyes o, en todo caso, de cambiarlas, y que si no nos gusta nuestro Reglamento, lo cambiamos. Y he dicho que no se ha intentado cambiar el orden del día para discutir esta ley por la mañana. Eso es lo que he dicho, y lo reafirmo. Y, evidentemente, nunca he pretendido decir que como senador soy más que nadie, porque mi voto vale exactamente lo mismo que el de usted. Tengo una obligación distinta, pero aquí todos somos iguales.
Eso es lo que he aclarado, y eso es lo que consta en el Diario de Sesiones. (Aplausos.)
Pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el senador Belda. (Rumores.)
Señorías, ruego silencio.
El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente.
Intervengo de nuevo en nombre de Coalición Canaria para fijar nuestra posición en relación con este proyecto de ley orgánica, complementario del que vamos a aprobar a continuación, que ya hemos debatido, por el que se implanta la nueva oficina judicial, en el que se ha añadido algo más, tal y como ha quedado de manifiesto en el debate de totalidad y durante el propio debate de las enmiendas al articulado. Vayamos por partes.
En lo que se refiere a la nueva oficina judicial, valoramos positivamente todo lo que incorpora este proyecto de ley, ya que compartimos el objetivo de agilización de la justicia, como no podía ser menos y ya hemos recalcado en el debate del proyecto de ley anterior. Estamos de acuerdo con las modificaciones que tratan de lograr reducir el tiempo de respuesta de los recursos de apelación y con todas las medidas que tienen que ver con la provisión de plazas en la carrera judicial, la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral para los miembros de la carrera judicial y la exigencia de una formación obligatoria en el caso de los titulares de los juzgados de violencia sobre la mujer y de género, así como con la creación de la figura de los jueces de adscripción territorial. Sin embargo, señorías, mostramos nuestro escepticismo en relación con la introducción del depósito para recurrir -tal y como hemos señalado en el proyecto de ley anterior-, pues dudamos de que, dadas las escasas cuantías, este tenga el carácter disuasorio que se pretende y sirva para la finalidad prevista de asistencia gratuita y modernización e informatización de la Administración de Justicia si no se transfiere a cada comunidad autónoma con esas competencias el cien por cien de lo ingresado en su territorio.
Otro asunto que se incluye en este proyecto de ley es de mayor calado y, ciertamente, chirría en comparación con el resto de su contenido. Me refiero, lógicamente, a la modificación de los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula el llamado principio de jurisdicción universal y que ha sido objeto de un extenso debate. Coalición Canaria comprende y comparte la preocupación de algunos grupos por la modificación efectuada y, por ello, vamos a votar a favor de las enmiendas relativas a este artículo, pues consideramos que supone un retroceso con respecto a la situación anterior.
Por lo tanto, y para finalizar, porque voy a compartir el turno con el senador Sampol, Coalición Canaria hace una valoración global positiva de este proyecto de ley en la parte mayor, que se refiere a la oficina judicial, y votaremos a favor, sin perjuicio de que también votemos a favor de todas aquellas enmiendas que se refieren a los aspectos competenciales de las comunidades autónomas con responsabilidades en materia de Administración de Justicia y de las que tratan de impedir que se modifique el principio de jurisdicción universal en este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Sampol.
El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.
Señor Díaz Tejera, no estamos discutiendo la naturaleza de los delitos tipificados en los tratados internacionales, estamos discutiendo la competencia territorial de nuestros tribunales; estamos discutiendo que ustedes quieren ajustar la competencia de la justicia española a crímenes
cometidos en territorio español o contra ciudadanos españoles. Esto es lo que estamos discutiendo.
¿Y de qué sirve?, dice el portavoz del Grupo Popular. Pues, precisamente hace un año, el juez Andreu, de la Audiencia Nacional, dictó orden de arresto internacional contra cuarenta altos cargos de la Administración ruandesa, a los que acusa y considera culpables de la muerte de nueve millones de personas, entre ellas, nueve ciudadanos españoles. A mí me sirve saber que actualmente hay un jefe de Estado, con toda su Administración, acusado por un juez español de los crímenes contra nueve millones de personas, el genocidio más grande desde la segunda guerra mundial. Y me sirve saber que hay gobiernos que están todavía colaborando con ese dictador y le financiarán la campaña electoral del año que viene. Y me sirve saber que nuestro presidente del Gobierno todavía no ha recibido a los familiares de esas nueve personas asesinadas por esos criminales, acusados por un juez de la Audiencia Nacional. A mí eso me sirve. Si a ustedes no, allá con su conciencia. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor presidente.
Si del proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial hemos dicho que era un proyecto ómnibus en la medida en que regula de todo y todo ha cabido en él, tuviera o no tuviera que ver con la nueva oficina judicial, otro tanto se puede decir de este proyecto de ley complementaria por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Es más, en este caso podemos incluso hablar de un proyecto de ley nacido in itínere, dado que no ha sido aprobado por el Gobierno y remitido a las Cortes Generales, sino que es el resultado de enmiendas presentadas al proyecto matriz, que fueron aceptadas y conformaron un nuevo artículo decimosexto que, finalmente, fue desglosado y tramitado separadamente con carácter orgánico. En definitiva, es un proyecto de ley que surge no por generación espontánea, pero sí de una forma atípica -muy atípica-, vía enmiendas, y durante el transcurso de la tramitación de otro proyecto. Es decir -para entendernos-, que estamos innovando porque, si mal no recuerdo, el artículo 88 de la Constitución dice que los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso. Pues no, en este caso el Consejo de Ministros no ha remitido a las Cortes Generales este proyecto de ley sino que ha surgido del Congreso de los Diputados.
Señor presidente, dejo ahí, a un lado, el cómo se ha gestado y ha aparecido. Pero tenemos que insistir en que estamos ante otro proyecto que, al socaire de la implantación de la nueva oficina judicial, regula un sinfín de cuestiones que poco o nada tienen que ver con esta. Dicho de otra manera, que se está aprovechando el viaje para abordar problemas jurisdiccionales o conflictos de competencia pendientes entre y con colectivos profesionales diversos, tratando de darles solución o, cuando menos, una solución o situación de parcheo.
Y es así que el proyecto -que, repito, no era proyecto- ha ido engordando a cada paso, y todo parece indicar que va a seguir haciéndolo hasta el final de su tramitación. Por cierto, que entre las enmiendas que han sido transadas en este trámite hay una, concretamente la número 97, por la que se adiciona un artículo tercero que añade una disposición final a la Ley Orgánica no del Poder Judicial, sino 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. Esta disposición tiene la sin duda loable intención de que el defensor del pueblo ejerza las funciones del mecanismo nacional de prevención de la tortura, dando así cumplimiento a lo previsto en el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Sus señorías se preguntarán qué tiene esto que ver con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es lo que se modifica, según reza el título del proyecto, y se preguntarán también qué tiene que ver con la oficina judicial, que es lo que estamos diciendo que regulamos.
Es una asignatura pendiente -no quiero que el tiempo se me agote, y quería referirme a ello como punto final de mi intervención en este turno de portavoces- una cuestión relacionada con un principio que no es otro que el ejercicio de la jurisdicción universal. A tal efecto, en este proyecto de ley se lleva a cabo una reforma sigilosa, que se ha colado de rondón, como quien no quiere la cosa, en un proyecto tan oportuno como es el de la implantación de la nueva oficina judicial, una reforma, en suma, del punto 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, evidentemente, no es menor o de forma, sino de fondo, y ha generado y genera un debate y preocupación.
Con la modificación se amplía el apartado a) de dicho punto 4, de suerte que también será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como delitos de lesa humanidad. Este es un añadido respecto de la actual regulación del artículo 23. Y es algo que, evidentemente, apoyamos, como también apoyamos la inclusión de los crímenes de guerra, que contemplaba el texto remitido por el Congreso de los Diputados, aunque sus socios de proyecto, señores del Partido Socialista, han logrado persuadirles de que desaparezca, y lo han hecho mediante otra transacción conjunta. Pero -aquí está el otro pero- con el cebo de esta ampliación -al final, además reducida- se introducen inmediatamente después en ese punto 4 dos nuevos párrafos que a todas luces desvirtúan y limitan el alcance de ese principio, que dice consagrarse, de jurisdicción universal en lo referido a determinados delitos.
No es necesario decirlo en demasía porque lo han explicado con autoridad anteriores intervinientes al defender sus enmiendas relacionadas con esa pretensión, que, lamentablemente, dado el juego de mayorías parlamentarias, será realidad, pero de la que no queremos ser partícipes ni por el fondo ni por la forma en que se va a consumar, a través de un proyecto de ley del que, curiosamente,
o quizá no tan curiosamente, no es autor el Gobierno, estableciendo así, como decía, un nuevo procedimiento legislativo que, en todo caso, y termino, señor presidente, constituye un marco precipitado y carente de rigor que sustrae la reforma al necesario debate informado que la cuestión exige, tal como sostienen, con criterio, toda una serie de organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, Asociación Pro-derechos Humanos, Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, y otras muchas asociaciones y personas de reconocido prestigio.
El señor PRESIDENTE: Señoría…
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Por ello, abogamos, al igual que los enmendantes, por la supresión de estos dos párrafos añadidos a la redacción vigente del punto 4 del artículo 23, o, en su defecto, por la redacción alternativa que propugnan las enmiendas números 9, del senador Sampol, y 13, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
No hay que ser muy lince ni experto en derecho para llegar a la conclusión de que la reforma es un paso atrás en tanto que se establecen condiciones antes no existentes, y además, para que no haya ninguna duda, el primero de los párrafo añadidos comienza con la lapidaria frase de: Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales asumidos por España.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Un «sin perjuicio» que habría que sustituir por un «con perjuicio», porque, en definitiva, es lo que es, por mucho que trate de adornarse.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
No tenía previsto intervenir, pero, a la vista del debate que se ha suscitado, es conveniente que deje clara la posición de mi grupo parlamentario.
El tema de la justicia universal es fruto de una enmienda conjunta entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular; y el debate que se ha suscitado esta tarde es fruto de unas enmiendas conjuntas que presentaron al inicio en la comisión los dos grupos mayoritarios, que no tuvimos tiempo de leer y, por tanto, no participamos en el debate.
En la ley -lo he dicho, y antes incluso he felicitado al ministro- ha habido un amplísimo nivel de diálogo entre todos los grupos parlamentarios, pero en este tema específico ha habido un acuerdo cerrado, legítimo, no lo discuto, entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista.
Si quieren que les diga la verdad, el debate de esta tarde no me ha gustado. Me ha parecido interesante y lo he seguido con mucha atención, pero por el tema de que se trataba debería haberse hecho de otra manera.
Estas cuestiones requieren más tranquilidad, más consenso y tratarlas, si me permiten la expresión, como Dios manda. En España hay mucha gente sensible a estos temas, y hoy, aunque nos quejamos de que hay desafección de la política, hay mucha gente joven que los sigue con mucha atención porque les interesa lo que pasa en el mundo; gente joven con ideales para pensar en un mundo más justo.
El debate de hoy no ha sido constructivo. No dudo en absoluto de que ningún senador que está sentado en esta Cámara no tenga la voluntad de luchar para mejorar los derechos humanos en el mundo. Todos exactamente igual. Nadie es mejor que nadie en este sentido; ahora bien, es posible que este tema se vea desde distintas sensibilidades y desde distintas ópticas.
Pero, señorías, estoy convencido de que si hubiésemos hablado de una cuestión de este calado con calma en la comisión se habría hecho un buen debate. Si había que ajustar la posición de España en este tema deberíamos haberlo hablado con calma, no con un papel en el último minuto, algo que, aunque legítimo, no nos ha permitido un debate sosegado. Y hoy todo el mundo ha querido ser más que el otro. Y nos hemos equivocado. Repito que cuestiones de tanta sensibilidad y que, sobre todo, interesan a mucha gente joven -me puedo equivocar- deberíamos tratarlas con más calma y tranquilidad, y sobre todo debería quedar claro que el consenso existe, porque estoy seguro de que si hubiéramos empezado en este tema con esa calma y tranquilidad votaríamos unánimemente. Y cada uno tiene sus experiencias.
Hemos tenido hoy intervenciones emotivas, que dignifican la Cámara, como ha dicho muy bien mi compañero el señor Maldonado, y hay otros puntos de vista que también son muy emotivos. Puestos en común, evitando un debate partidario, podríamos haber hecho un debate constructivo, mucho más positivo, y seguramente hubiésemos encontrado la complicidad de mucha gente.
Mi grupo parlamentario se va a abstener porque -repito- no hemos participado en el debate. Pero insisto en que lamento que en una cuestión de tanta sensibilidad, en la que podríamos haber encontrado la complicidad de mucha gente joven, hayamos hecho un debate excesivamente partidista y con pocas ganas de construir.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, president.
Permítame, señor presidente, que aluda en principio a sus palabras. Creo que el primero que no me ha entendido es usted, porque con relación al cambio en el orden del día no me he referido en ningún momento a la Presidencia; al contrario, cuando hemos acudido a la Presidencia, junto al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, para hablar del orden del día, ya nos habíamos puesto de acuerdo los portavoces para solicitarle que el debate de la ley orgáni-
ca tuviera lugar por la tarde y el de la ley ordinaria, por la mañana.
Lo que he dicho es que el Grupo Parlamentario Socialista inicialmente proponía lo contrario. Lo ha propuesto a los portavoces, que hemos dicho que no, y el portavoz socialista lo ha aceptado con tranquilidad.
La realidad es que el debate sobre la modificación del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial está contaminado, y lo está por una razón muy sencilla que me señalaba ahora el senador Guillot: este tema se inicia por una cuestión de Estado y quien lo plantea es el ministro Moratinos y no el ministro de Justicia. Aquí empieza a estar contaminado. No era posible un debate sereno cuando se ha empezado de esta manera; presiones de otros países obligan a ciertas cosas, y se incluye esta cuestión en una ley en la que no toca, y por eso -repito- no ha sido posible un debate sereno. Estoy de acuerdo con el senador Casas en que es una cuestión muy importante que no se debería debatir en el marco de esta reforma sino en otro momento. Y no había tanta prisa, pero ha habido prisa por incluirla en el Pleno, ha habido prisa por incluir todo junto; en el Congreso de los Diputados tuvo lugar un debate precipitado, conjunto. No ha sido un debate clarificador. En todo caso, quiero dejar claro que no he hecho ninguna alusión a que la Presidencia haya querido imponer nada.
Respecto a otro asunto, y refiriéndome al presidente, no puedo dejar de comentar una cuestión. Se ha hablado de si se violaban derechos fundamentales. Mire, yo no digo que nadie esté violando derechos fundamentales, digo que para mí no poder hablar catalán aquí, que es mi lengua, como lo sería para usted si le prohibieran hablar su lengua, es estar todavía en el franquismo. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) ¡Sintiéndolo mucho, les guste o no! ¡Esta es para mí la realidad! ¡Para mí es una imposición intolerable. ¡Yo lo vivo así! ¡Lo siento así! ¡Y como yo, otra gente! ¡Y usted me manda a la porra, don Pío Escudero! (El señor García-Escudero Márquez hace gestos negativos.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio, por favor.
El señor BOFILL ABELLÓ: ¡Me está mandando a la porra! Estoy hablando de una cuestión de sensibilidad, y nada más, y lo voy a seguir diciendo. Mientras en esta Cámara no esté normalizada esta cuestión, lo voy a seguir diciendo. No quiero ofender a nadie con esto, y pido disculpas, en primer lugar, al presidente y a quien se sienta ofendido por esta cuestión, pero simplemente les pido que entiendan que estoy hablando desde mi libertad y desde mis sentimientos, como yo lo vivo, y lo vivo así. Y no tengo nada más que decir. En este sentido estoy de acuerdo con el señor Conde. Tengo libertad para decir aquí lo que creo y lo que mi grupo piensa.
Les voy a decir otra cosa. Ha dicho que si no gusta el Reglamento, se cambia. Ahora, encima, tenemos otro debate: el Reglamento. ¡Solo nos faltaba esto! Pues mire, la mayoría de esta Cámara se ha pronunciado diciendo que hay que normalizar el uso del catalán en el Pleno porque todos los grupos parlamentarios aprobaron una moción en ese sentido, excepto el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El presidente del Senado, al inicio de la legislatura, en una reunión con los cuatro senadores de Esquerra Republicana nos pidió que le diéramos tiempo porque quería liderar esta cuestión, y a mí me parece bien que lo haga. Ahora que no me diga: si quiere cambiar el Reglamento, hágalo. Quiero cambiarlo, y si hay que presentar una iniciativa, ya lo haremos. Termino con esta cuestión porque no es este el debate y se me ha pasado el tiempo.
Lo que quiero decir es que a río revuelto, ganancia de pescadores. El señor Conde ha dicho que no quiere tapar el debate. Claro que no lo quiere tapar, porque aquí el único perjudicado es el Partido Socialista, y a mí me sabe mal, pero esa es la realidad. En este debate el principal perjudicado es el Partido Socialista; el Partido Popular a bodas me invita, porque para él todo son réditos. ¿Por qué? Porque dentro de su proyecto político es evidente que tiene una posición más conservadora, llámenlo como quieran. No pongo en cuestión ni mucho menos su legitimidad ni su lealtad democrática. Simplemente tiene otra sensibilidad, y es un poco más conservador respecto a la tradición jurídica española en lo relativo a los conceptos de nacionalidad, territorialidad, etcétera. Otros grupos han sido más sensibles en el pasado, como el Grupo Parlamentario Socialista; yo no negaré que si existía el artículo 23.4 fue gracias al Partido Socialista y a la sensibilidad de todos los grupos progresistas, o llámenlos como quieran. Ahora resulta que damos un paso atrás, y esto nos sabe mal. No digo nada más.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine, por favor.
El señor BOFILL ABELLÓ: No estamos atacando a un partido determinado, sencillamente las cosas son como son, por eso han intentado esconder el debate, porque les duele; hacen algo que les duele. Pues bien, no lo hagan o plantéenlo de forma distinta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
Empiezo por una cuestión aparentemente menor, y es que no he escuchado a nadie plantear a lo largo de todo el día de hoy que quería oscurecer o apagar ningún tipo de debate, lo que se debatió en comisión fue si deberíamos hacer un debate conjunto o no. Y esta mañana, con el ritmo que llevaba la Cámara, nos planteamos si cabía la posibilidad de debatir una ley por la mañana y otra por la tarde, y la duración estaba en función de si se acababa o no por la mañana. Nunca hay que buscar los tres pies al
gato, porque es como un juicio de intenciones con una profundidad psicoanalítica. ¿Si debates una ley por la mañana y otra por la tarde, lo que quieres es oscurecer? Pues es igual. En la ley de esta mañana había 22 personas presentes. Y les decía, y les recordaba, que la semana pasada en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 58 personas votaron convertir el medio ambiente en un derecho fundamental y hacer un protocolo, una addenda al Convenio Europeo de los Derechos Humanos del año 1950 de Roma para que sea un derecho fundamental. Algunos se miraron de forma condescendiente porque tienen el reloj parado en el derecho vinculado a los conceptos de la soberanía de hace dos siglos. Pero una cosa son los derechos civiles, políticos, religiosos y otra los derechos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales. Pero estos derechos de medio ambiente, de paz, vinculados a las necesidades de la especie para sobrevivir, no basados en la libertad, como los civiles, políticos y religiosos, ni en la igualdad, como los económicos, sociales y culturales, sino basados en la solidaridad, los derechos de tercera generación, progresivamente tienen que ir ganando en vinculatoriedad jurídica, si no, no se pueden exigir ante los tribunales.
A mí me pareció que fue un momento especialmente relevante de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Ahora incluso alguno sigue sonriendo de una forma condescendiente, aunque no tiene ni idea de lo que estoy diciendo. Ya veremos cómo con el tiempo, alguno que lo hace así se aprovechará de esa conquista de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europea para abordar asuntos relativos al medio ambiente. Esto es lo mismo. Esta mañana estábamos 22 senadores hablando de la Oficina Judicial. Es el cimiento más sólido para la reforma organizativa en el ámbito de la justicia como servicio público. Es una redistribución de funciones. Es un cambio de cultura en la gestión, como este asunto -antes lo decía- es un cambio hacia una nueva cultura jurídica, y nadie ha planteado vacarlo, al contrario.
Decía el senador Casas -y creo que tiene razón- al señor Guillot y a usted mismo, señor Bofill, que estaría encantado de ir a cualquier lugar de España, con el formato que se estime, a hablar de esto. Y añadía: cuando usted quiera, con entera naturalidad. Lo planteaba -y con razón- de forma sosegada, por supuesto. ¿Acaso no tuvimos en la Comisión de Justicia un debate tranquilo? ¿Qué salió a continuación del debate? Una palabra: «los juececitos» de la Audiencia Nacional. Lo dijo un solo senador, que es amigo y al que respeto, y pelearé para que siga usando la expresión que estime oportuna.
Yo manifesté en la comisión que no lo comparto en absoluto. Y hoy vuelvo a decir que los 4800 jueces, todos ellos y ellas sin excepción, merecen el mismo respeto y la misma dignidad; todos sin excepción; incluso aunque uno discrepe si tenía o no razones para abstenerse por amistad íntima y con expresión que no está en el diccionario (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), incluso en ese caso hay que abstenerse; incluso en alguna tramitación que sorprende, también ahí hay que abstenerse, cuanto más cuando se ha significado en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico y ha sentado a dictadores, lo que ha supuesto conquistas históricas civilizadoras. Evidentemente, a todos sin excepción.
Cuando se tiene una especial fijación obsesiva, permanente, contra alguno de los 4800 jueces, tiene que hacerse mirar por algún terapeuta. Yo no abordo ninguna otra cuestión más, pero pido el mismo respeto para esos 4800. Lo dije en la comisión y lo vuelvo a decir hoy.
En el asunto Ruanda-Burundi hay un tribunal de justicia internacional con estos conceptos en la aplicación de los cuatro convenios y los cuatros protocolos. Hay un tribunal internacional de Ruanda-Burundi que trata de infracciones graves del derecho humanitario. Lo mismo que el de Sierra Leona. Lo mismo que el de Camboya. Lo mismo que el de la antigua Yugoslavia. Y lo mismo que la Corte Penal Internacional. Lo mismo.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor DÍAZ TEJERA: Un segundo nada más, señor presidente.
Sí está planteado. Acabo, señor presidente. Aparte de agradecer el magnífico trabajo realizado por el letrado de la comisión, para hacer que esto fuera posible, quiero decirle que la palabra que más amo es «libre»; amo sentirme libre, y a lo que le tengo más pánico es a ser injusto. Todavía recuerdo el caso de una persona a la que mandé a la cárcel porque me lo pidió el fiscal. Había pruebas suficientes y había un problema de interpretación porque era árabe. Todavía recuerdo el rostro de esa persona. Le tengo pánico a ser injusto. Y le tengo pánico a que haya un ser humano que sienta que ha sido víctima de un delito y de un crimen, y que no haya otro ser humano con poder -o sea, autoridad judicial, fiscales, policía- que tutele sus derechos e intereses legítimos.
Sinceramente creo que los asuntos concretos que aquí se han planteado en torno a Pinochet o a Ruanda-Burundi tendrán la tutela judicial efectiva también con esta reforma. Es más, mucho mejor con esta reforma, porque seremos infinitamente más efectivos que antes.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta ley orgánica viene a hacer posible la implantación de la Oficina Judicial en España. Decía el senador Irízar en un turno de palabra que ha consumido que ha sido este Gobierno socialista el que, por primera vez, remite a esta Cámara las leyes adecuadas para implantarlas.
Señorías, el señor Irízar no dice la verdad. No dice la verdad en muchas cosas. En primer lugar, como tuve opor-
tunidad de recordar esta mañana, la implantación de la Oficina Judicial en España era algo previsto por la anterior modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, elaborada en el año 2003, gobernando el Partido Popular. Y cuando llegó el Gobierno socialista, intentó, al comienzo de la legislatura, llevar a cabo el desarrollo legislativo que permitiera dicha implantación. A esos efectos, aprobó el 20 de diciembre, el 26 de diciembre y el 29 de diciembre del año 2005, sendas leyes que permitían la implantación de la Oficina Judicial. En 2005. Y esas leyes, señorías, durmieron el sueño de los justos en el Congreso de los Diputados; fueron objeto de 71 ampliaciones del plazo de enmiendas y jamás pudieron llegar a ser ni siquiera discutidas. Y no lo fueron porque, en aquel entonces, el Partido Socialista andaba en determinadas compañías que, finalmente, no le permitieron sacar adelante esta legislación. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista pronuncia palabras que no se perciben.)
Señorías, la ley de la Oficina Judicial ha perdido cinco años. La Oficina Judicial está tardando cinco años más de lo debido en implantarse (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) porque el Grupo Parlamentario Socialista, con tres ministros sucesivos: Bermejo, López Aguilar y el actual, no ha sido capaz de sacar adelante este proyecto. ¿Y por qué ahora sí y entonces no? (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, silencio. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Silencio! ¡Señoría! (Rumores y protestas.) Silencio, por favor. ¡Silencio, silencio! (Continúan los rumores.) Les ruego a todas sus señorías que guarden silencio por respeto a quien está hablando.
El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente, por su amparo.
Decía, señorías, que el Grupo Socialista, el Gobierno de Zapatero, ha sido incapaz de sacar esto adelante con la personalidad de tres ministros. Ahora, al último le vamos a sacar del cupo; con los dos anteriores. Y si lo pueden sacar ahora es porque en el año 2008 se reeditó el Pacto de Estado por la Justicia, otra vez con el Partido Popular.
Luego, en definitiva, señorías, queda claro que si va a haber en España Oficina Judicial es porque el Partido Popular la va a hacer posible, en vista de que el Partido Socialista no ha sido capaz. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Me llaman, eso sí, la atención, algunos de los reproches de los ex aliados del Partido Socialista. Dice el señor Bofill: claro, cuando hicimos el estatut -y no cabe la menor duda sobre la opinión que yo personalmente y mi grupo político tenemos al respecto, lo hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional- os aceptamos que dijerais que todas las remisiones al Poder Judicial de Cataluña entrasen en la ley orgánica. ¡Y usted les creyó! (El señor Bofill Abelló hace gestos negativos.) Y ahora dice: y ahora nos mandan la modificación de la ley orgánica, y aquí no hay nada de lo prometido. Y, claro, ustedes les creyeron. (El señor Bofill Abelló hace gestos negativos.-Rumores.) Bueno, pues pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa por fiarse de algunos. (Risas.-Rumores.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor
El señor CONDE BAJÉN: Resulta lo que resulta.
Por último, una referencia que ha hecho… (El señor Carracao Gutiérrez pronuncia palabras que no se perciben.) Sosiéguese; sosiéguese.
El señor PRESIDENTE: Señoría, silencio, por favor.
El señor CONDE BAJÉN: Una referencia que ha hecho el senador Díaz Tejera a los presupuestos de justicia. Nos dice el senador Díaz Tejera: claro, ya sí se está superando el 0,5% de los Presupuestos Generales del Estado porque hay que sumar lo que pagan las comunidades autónomas. Hombre, pues sume usted lo que pagan los ayuntamientos; póngase usted a sumar lo que quiera.
Ustedes asumieron un compromiso electoral. Su compromiso era que en los Presupuestos Generales del Estado se llegaría a un 2% de participación de la justicia y ustedes jamás han superado el 0,5%. En el proyecto que está ya en tramitación en las Cortes Generales siguen sin superar el 0,5%, pero para que les salgan las cuentas ahora se ponen a sumar lo que se gastan las comunidades autónomas. Claro, así nos sale lo que usted quiera. Podemos sumar a los ayuntamientos, a las diputaciones y a los organismos autónomos y nos saldrá lo que usted quiera, pero siguen ustedes incumpliendo un elemento fundamental.
Esta ley de la Oficina Judicial servirá para algo en la medida en que el Gobierno decida adquirir un auténtico compromiso presupuestario para sacarla adelante y, una vez más -no es el debate de esta tarde pero lo será en ocasiones subsiguientes-, veremos cómo el PSOE sigue dejando a la justicia con el 0,5% de los Presupuestos Generales del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Sampol i Mas pide la palabra.)
Senador Sampol, ¿sobre la base de qué artículo solicita la palabra?
El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.
La pido por el artículo 87, porque he sido discutido en mis argumentaciones por el señor Díaz Tejera. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, con la experiencia que usted tiene entenderá que en un debate parlamentario
discutidos somos todos. Pero, señoría, usted no ha sido aludido ni citado. Aquí ha habido alusiones a los grupos parlamentarios porque así es el debate parlamentario. Entiendo perfectamente que usted quiera intervenir pero no le puedo dar la palabra.
Llamen a votación. (Pausa.)
-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL (Número de expediente Senado 621/000017 y número de expediente Congreso 121/000017) (Votación.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, en primer lugar, vamos a proceder a la votación del dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, que hemos debatido por la mañana.
En primer lugar, votamos las enmiendas 7 a 70 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 15; en contra, 222, abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
En primer lugar, votamos la número 270.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 19; en contra, 222; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, señorías, la enmienda número 271 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 236; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 13; en contra, 222; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de la Entesa.
En primer lugar, las enmiendas números 194, 195 y 196.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,242; a favor, 16; en contra, 221; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 213, de Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 15, en contra, 220; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 214.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 16; en contra, 219; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de enmiendas de Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 14; en contra, 221; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la propuesta de modificación con el número de registro 26546.
¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
Votamos aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 239; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 237; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por su majestad el Rey. (Rumores en la tribuna pública.)
Ruego que saquen a los señores que están sentados en la tribuna. Ruego salgan de la tribuna.
-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL, POR LA
QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Número de expediente Senado 621/000018 y número de expediente Congreso 121/000028). (Votación.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial.
Comenzamos votando las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del senador Mur, números 1 a 7.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 10; en contra, 221; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 8 a 10 del senador Sampol, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 15; en contra, 221; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas de Convergència i Unió.
En primer lugar, las números 84, 85 y 86.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 16; en contra, 222; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, la enmienda número 87, de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 20; en contra, 220; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas de Convergència i Unió números 88 y 89.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 19; en contra, 222; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, la enmienda número 12.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 14; en contra, 221; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 13, de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 15; en contra, 221; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 14.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 15; en contra, 221; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 15, de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 21; en contra, 221.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas números 31 y 32.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 15; en contra, 221; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la Entesa números 26, 27, 29, 30, 34, 45 a 49, 50 a 52, 54, 55, 58, 60, 62, 63, 64 a 68, 70 a 75 y 77 a 80.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 21; en contra, 221.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
También del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés votamos las enmiendas 33, 35 a 37, 39, 41 a 44, 56, 57 y 61.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 21; en contra, 221.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 28, 38, 40, 53, 59, 69 y 76 de la Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 15; en contra, 221; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas de la Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 15; en contra, 221; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las propuestas de modificación con el número de registro 26543 a 26545 y 26574. ¿Se pueden aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)
Quedan aprobadas.
A continuación pasamos a votar las partes del proyecto de ley enmendadas en comisión que no han sido votadas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 233; en contra, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 228; en contra,7; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por su majestad el Rey. (Rumores.)
Señorías, aún quedan dos puntos en el orden del día. (Fuertes rumores.)
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
-- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA COORDINACIÓN DE SUS REDES DE CENTROS DE ACOGIDA A LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (Número expediente Senado 592/000014 y número expediente Congreso 093/000016).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto séptimo del orden del día: Conocimiento directo por el Pleno de convenios entre comunidades autónomas. Convenio de colaboración entre comunidades autónomas para la coordinación de sus redes de centros de acogida a la mujer víctima de violencia de género.
No se han presentado propuestas. ¿Alguien desea intervenir? (Pausa.)
Entiendo que no. En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho convenio.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPUESTAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO
-- PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 169 (Número expediente 626/000002).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto octavo nuevo del orden del día: Toma en consideración de propuesta de reforma del Reglamento del Senado, por la que se modifica el artículo 169. No se ha presentado ninguna propuesta de reforma de Reglamento alternativa, por lo cual procede someter a votación la presentada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Entesa, Convergència i Unió, Nacionalistas y Mixto.
¿Se aprueba la toma en consideración por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobada por asentimiento.
Señorías, finalizado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y treinta y cinco minutos.