Existen riesgos ciertos y problemas que hay que prevenir antes de que ocurran realmente. Es posible que se produzca una nueva dualización entre el Primer y el Tercer Mundo y también una dualización en el seno de las llamadas sociedades "avanzadas": entre los que tienen capacidad económica para acceder a la información y los que no la tienen, entre los que saben y los que no saben y, entre estos últimos, entre aquellos que no saben por que no quieren o los que no saben por que no pueden o no disponen de los medios necesarios para ello. Una dualización territorial entre aquellos que vivan en zonas que por su situación económica, geográfica y poblacional dispongan de la llamada "banda ancha" y los que tengan que conformarse con el arcaico acceso a las redes telefónicas rurales.

Pueden producirse nuevos cambios y desajustes en el mundo laboral. El puesto de trabajo tradicional, en el que se entra a la misma hora y se comparte un mismo espacio, tiende a desaparecer. Lo que cuenta es el producto final, no importa desde donde se haga, quién lo haga ni en cuanto tiempo. Las nuevas tecnologías de la información, que pueden significar un paso de gigantes con el fin del trabajo rutinario, corren también el riesgo de convertirse en el principal instrumento de idiotización global de un nuevo orden en el que sean muy pocos los que controlen y ejecuten proyectos que a todos atañen. El aumento del bienestar colectivo no es posible sin la redistribución de las mejoras incrementales -económicas y laborales- que la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación puedan suponer. A corto y medio plazo, la destrucción directa de empleos tradicionales debe verse contrarrestada con alternativas que no reproduzcan los recientes traumas de la crisis que ha sufrido el modelo de sociedad industrial clásica surgida de los siglos XIX y XX.

La rapidez con la que se desarrollan las nuevas tecnologías puede provocar a su vez la aparición de nuevos monopolios. El mercado no siempre acoge como producto final de consumo ni lo mejor, ni lo más útil, ni lo técnicamente más perfeccionado y ni siquiera lo más barato. No todos están en igualdad de condiciones de competencia y son cada vez menos los que están en disposición de encarar los retos que el mercado demanda.

Las nuevas tecnologías de la información pueden también incidir y plantear problemas políticos y de representatividad en los estados democráticos si la dualización mencionada se consolida. La tecnología de la información, como instrumento de comunicación de masas, representa además un instrumento de poder extraordinario en manos de quien pueda ejercer su control efectivo. Pueden, todavía, añadirse a las dificultades apuntadas una larga lista de posibles inconvenientes, pero no se trata de eso si no precisamente de lo contrario, de eliminar dificultades. No se trata de prevenirse contra nuevos avances técnicos, hay que aprovechar hasta el final el potencial que ofrecen en el camino adecuado, el que suponen los usos que van a hacer las personas de estos nuevos instrumentos que deben servir para trabajar más a gusto y de forma más eficaz, para mejorar nuestra calidad de vida, para comunicarnos con más fluidez . La nueva sociedad debe favorecer la generación y el acceso a la información del conjunto de la población. Es preciso poner el acento en los contenidos, en la información, en un nuevo modelo educativo, en la posibilidad de ejercer la medicina desde nuevas perspectivas, en una innovadora visión de conjunto que permita la visión amplia que soñaron los investigadores de siempre. En definitiva, en las personas.

Las administraciones públicas no pueden desconocer la urgencia del país en estas cuestiones y, por tanto, tienen la obligación inmediata de tomar medidas sobre las mismas. Así lo ha constatado, a través de los expertos comparecientes y los portavoces de los grupos parlamentarios, la Comisión Especial para el Estudio de las Redes Informáticas del Senado. Con todas sus actividades, la Comisión tuvo la aspiración de construir positivas e importantes conclusiones de consenso político para facilitar el uso y acceso a las nuevas tecnologías por parte de la población en general convencida de que Internet debe convertirse en un servicio público universal. Mientras eso ocurría, se dibujaba incluso como perentoria la necesidad de avanzar en el cumplimiento de aquello que aparece ya como una urgencia en un marco en el que las novedades, oportunidades y evoluciones se miden más por días que por meses o por años.

Las Cortes Generales y las administraciones públicas en general deben ser el garante para que la igualdad de oportunidades y de acceso a los bienes de la información sean una realidad tal como expresa el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía de nuestras nacionalidades y regiones. No se puede esperar de la bondad del mercado, que naturalmente opera desde la óptica del beneficio empresarial, que la universalización del servicio de comunicaciones empleando las nuevas tecnologías de la información sea una realidad ni a corto, ni a medio ni a largo plazo. El Ministerio de Fomento , la Comisión para la Supervisión del Servicio de Acceso a Información y la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones así lo han reconocido en múltiples declaraciones y documentos.
La universalización del acceso a la información por parte de las ciudadanas y los ciudadanos aparece como una necesidad, un servicio y un derecho que los poderes públicos deben garantizar, auspiciar y proteger. La fuerza imparable en la irrupción y el desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información, no sólo en España sino en el mundo entero, permite hablar, incluso, de la primera y más rápida revolución tecnológica global. La universalidad del servicio aparece como más urgente, si cabe, entre nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes que necesitan de estos elementos para enfrentarse a los nuevos retos y situaciones.

Los problemas técnicos suelen tener soluciones políticas y económicas. La obligación de los legisladores españoles consiste ahora en diseñar los mecanismos para poner al servicio de la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas las ventajas, los avances y los progresos que las nuevas tecnologías de la información ofrecen o pueden ofrecer, más allá de augures y consejeros interesados y, para ello, no basta con hacer invocaciones optimistas al futuro, abrir puertas donde no son necesarias, ni dibujar proyectos imposibles que el tiempo se encarga de arrinconar.

Es una responsabilidad de los legisladores y del Gobierno central y de los de las Comunidades Autónomas garantizar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos y a los territorios del Estado. La cesión de la configuración de redes únicamente al operador y al mercado referidos en razones de carácter mercantil impide que se cumpla el principio de universalidad y de servicio público. Todos los individuos y grupos sociales tienen derecho a disponer de instrumentos para su desarrollo y es aplicable el principio de subsidiariedad, cuando no pueden acceder a tales instrumentos por motivos ajenos a su voluntad de desarrollo humano como la distancia, la diferencia de renta, discapacidades físicas, densidad de población, predominio del sector agrícola, a los modos de vida rural, entre otros. No es posible dejar a los agentes del mercado las decisiones sobre el tendido y extensión de las redes cuya planificación y ordenamiento deben corresponder a la Administración Pública. El reto que tienen en la actualidad los poderes legislativo y ejecutivo es el de propiciar un referente legal que sirva para llegar a la regulación; introduzca políticas acordes con el derecho constitucional, con la información, con la garantía del ejercicio de competencia y con la observación del carácter de servicio público que tiene la red.

Esta Comisión no puede concluir sus trabajos sin hacer una llamada para incluir dentro de las políticas de cooperación internacional y ayuda al desarrollo, desarrolladas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional, así como el Ministerio de Economía, por medio de sus Fondos y Créditos de Ayudas al desarrollo, como también la cooperación descentralizada que se efectúa desde los órganos de las Comunidades Autónomas, fórmulas para colaborar con los países emergentes en la aproximación a la disposición, aprendizaje y dominio de las tecnologías informáticas de comunicación; incidiendo en particular en los niveles educativos básicos, técnicos y universitarios. Esta sensibilización por la incorporación de sociedades en vía de desarrollo a las modernas técnicas de información, debe orientarse con preferencia hacia el área latinoamericana y los países del Magreb.

Conscientes de todo ello, sabedores de la importancia capital que para el futuro de nuestro país tiene el correcto desarrollo de los nuevos instrumentos del mundo de la información y la comunicación, plenamente convencidos de que el desarrollo de las nuevas tecnologías requiere de un amplio consenso y protagonismo en las políticas de todos los ámbitos y niveles del Estado, sean cuales fueren sus cometidos; considerando que España no puede volver a cometer errores que en el pasado significaron décadas de retraso en la implantación de nuevos modelos productivos que implicaron retrasos imperdonables en desarrollo, cultura y bienestar para el conjunto de nuestra sociedad, los miembros de la Comisión, expuestas y acordadas las ideas que preceden, presentan ante el Pleno del Senado para que sean analizadas, debatidas y en su caso aprobadas, las siguientes