Año 1997 VI Legislatura
Núm. 30
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 12 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--De don Carlos Alberto González Príncipe, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si piensa el Gobierno establecer que algún partido de
la Liga española de fútbol tiene interés general, y por tanto, que deba
ser emitido en abierto (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha 10 de febrero de 1997).
(Número de expediente 680/000183.)
--De don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la fecha prevista por el Gobierno para sacar a concurso los dos nuevos
canales de televisión anunciados (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha 10 de febrero de
1997). (Número de expediente 680/000184.)
--De don Imanol Bolinaga Bengoa, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre los fundamentos en los que se basa la
Ministra de Educación y Cultura para asociar el sistema escolar vasco con
las algaradas callejeras, según manifestaciones realizadas a través de un
medio de comunicación (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha 10 de febrero de 1997).
(Número de expediente 680/000172.)
--De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las razones de contenido jurídico-político que aduce el Gobierno
para negarse a transferir la competencia exclusiva establecida por el
Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en materia de investigación
científica y técnica (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha 10 de febrero de 1997).
(Número de expediente 680/000180.)
--De don Pedro Martín Iglesias, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las iniciativas que ha tomado el Gobierno para impulsar la
restauración de la Catedral de Burgos (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha 10 de
febrero de 1997). (Número de expediente 680/000179.)
--De doña María Marta Alvarez Montes, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las líneas directrices que configurarán el nuevo
programa plurianual de empleo (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha 10 de febrero de
1997). (Número de expediente 680/000175.)
--De don Alvaro Antonio Someso Salvadores, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre los criterios que piensa adoptar el Gobierno
en la convocatoria de subvenciones con cargo al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) del año 1997 (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha
10 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000178.)
--De don Jaume Cardona i Vila, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió sobre el número de médicos que han obtenido
el título oficial al amparo del Real Decreto 1776/1994, de 5 de agosto,
por el que se regula el acceso a la titulación de médico especialista a
determinados licenciados en medicina y cirugía, y de la Orden de 14 de
diciembre de 1994, que la regula y desarrolla (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha
10 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000173.)
--De don Santiago Pérez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las razones que justifican la congelación de cien millones de pesetas
destinados a ayudar a la reparación del acueducto Albear que suministra
agua potable a la ciudad de La Habana (Cuba) (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha
10 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000159.)
--De don Antonio Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las personas en las que recaerá el pago de la multa por superación
de la cuota láctea en la campaña 1995/1996 (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha
10 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000186.)
--De don Pedro Tomás Galván de Urzaiz, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre si comparte el Gobierno las manifestaciones del ex
Ministro para las Administraciones Públicas, don Jerónimo Saavedra
Acevedo, relativas a la Organización Común de Mercado (OCM) del plátano
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 136, de fecha 10 de febrero de 1997). (Número de expediente
680/000174.)
--De don Jesús María Castro Asensio, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre si considera el Gobierno que tiene controlados los
posibles riesgos que, para el sector azucarero español, pudieran
derivarse de los movimientos financieros ocurridos en el accionariado de
alguna de las industrias españolas del sector (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha
10 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000177.)
--De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la voluntad y el compromiso del Gobierno para solucionar todos los
problemas técnicos, jurídicos y económicos para llevar a cabo la
transformación del Palacio de Fonseca en Parador, cumpliendo así el
convenio firmado entre la Universidad de Salamanca y la sociedad
Paradores de Turismo de España, S. A. (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha 10 de
febrero de 1997). (Número de expediente 680/000161.)
--De don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas que ha adoptado o va a adoptar el Ministerio de
Economía y Hacienda para saldar la deuda en materia de Seguridad Social e
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en las
universidades públicas de la Comunidad de Madrid y, especialmente, de la
Universidad Complutense, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo
de la Comisión Mixta de Transferencias de fecha 18 de mayo de 1995
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 136, de fecha 10 de febrero de 1997). (Número de expediente
680/000181.)
--De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la relación que existe, en opinión del Gobierno, entre
la falsa «amnistía fiscal encubierta» de doscientos mil millones de
pesetas y las congeladas retribuciones de los empleados públicos
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 136, de fecha 10 de febrero de 1997). (Número de expediente
680/000182.)
--De don Octavio José Granado Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para comunicar a las
Comunidades Autónomas que no se han acogido al nuevo modelo de
financiación, las actuaciones que tiene previstas para dar cumplimiento
al artículo 84.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 136, de fecha 10 de febrero de 1997). (Número de expediente
680/000185.)
--De don Agustín García Millán, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno acerca del cumplimiento
de los criterios de convergencia en el año 1996 (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha
10 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000176.)
Interpelaciones:
--De don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la situación y perspectivas de las relaciones entre España y Cuba
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 136, de fecha 10 de febrero de 1997). (Número de expediente
670/000029.)
--De don Antonio Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la situación de los cultivos herbáceos en España (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 136,
de fecha 10 de febrero de 1997). (Número de expediente 670/000033.)
--De don Lluís Armet i Coma, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas de tipo financiero y fiscal que piensa desarrollar el
Gobierno para restablecer el equilibrio entre los distintos activos
financieros actualmente en el mercado (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha 10 de
febrero de 1997). (Número de expediente 670/000034.)
--De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las declaraciones del Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, don Fernando María Villalonga Campos,
en relación con el destino del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB)
para cooperación al desarrollo y sobre las previsiones políticas del
Gobierno en materia de cooperación al desarrollo en la presente
Legislatura (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 136, de fecha 10 de febrero de 1997). (Número de
expediente 670/000031.)
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el
Proyecto de Ley de asimilación de jornadas a los efectos del subsidio por
desempleo de los trabajadores eventuales incluidos en el régimen especial
agrario de la Seguridad Social (procedente del Real Decreto-ley 9/1996,
de 7 de junio). Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 9,
de fecha 7 de febrero de 1997). (Número de expediente S. 621/000009.)
(Número de expediente C. D. 121/000005.)
--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones, en relación con el Proyecto de Ley de medidas
liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales
(procedente del Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio). Se tramita por
el procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 11, de fecha 10 de febrero de
1997). (Número de expediente S. 621/000011.) (Número de expediente C. D.
121/000002.)
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con el
Proyecto de Ley por la que se regula la Conferencia para Asuntos
Relacionados con las Comunidades Europeas (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 8, de fecha 10
de febrero de 1997). (Número de expediente S. 621/000008.) (Número de
expediente C. D. 121/000010.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y diez minutos.
PREGUNTAS (Página 1153)
De don Carlos Alberto González Príncipe, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si piensa el Gobierno establecer que algún partido de
la Liga española de fútbol tiene interés general, y por tanto, que deba
ser emitido en abierto (Página 1153)
El señor González Príncipe formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos
Fernández).
De don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
fecha prevista por el Gobierno para sacar a concurso los dos nuevos
canales de televisión anunciados (Página 1154)
El señor Aleu i Jornet formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De don Imanol Bolinaga Bengoa, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre los fundamentos en losque se basa la Ministra
de Educación y Cultura para asociar el sistema escolar vasco con las
algaradas callejeras, según manifestaciones realizadas a través de un
medio de comunicación (Página 1155)
El señor Bolinaga Bengoa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Bolinaga
Bengoa. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y
Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).
De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las razones de contenido jurídico-político que aduce el Gobierno
para negarse a transferir la competencia exclusiva establecida por el
Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en materia de investigación
científica y técnica (Página 1156)
La señora De Boneta y Piedra formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora De Boneta y
Piedra. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y
Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).
De don Pedro Martín Iglesias, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las iniciativas que ha tomado el Gobierno para impulsar las
restauración de la Catedral de Burgos (Página 1157)
El señor Martín Iglesias formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma).
De doña María Marta Alvarez Montes, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las líneas directrices que configurarán el nuevo programa
plurianual de empleo (Página 1158)
La señora Alvarez Montes formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra).
De don Alvaro Antonio Someso Salvadores, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre los criterios que piensa adoptar el Gobierno en la
convocatoria de subvenciones con cargo al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) del año 1997 (Página 1159)
El señor Someso Salvadores formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Someso
Salvadores.
De don Jaume Cardona i Vila, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, sobre el número de médicos que han obtenido el
título oficial al amparo del Real Decreto 1776/1994, de 5 de agosto, por
el que se regula el acceso a la titulación de médico especialista a
determinados licenciados en medicina y cirugía, y de la Orden de 14 de
diciembre de 1994, que la regula y desarrolla (Página 1160)
El señor Cardona i Vila formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cardona i Vila.
De don Santiago Pérez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las razones que justifican la congelación de cien millones de pesetas
destinados a ayudar a la reparación del acueducto Albear que suministra
agua potable a la ciudad de La Habana (Cuba).
Esta pregunta ha sido retirada.
De don Antonio Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las personas en las que recaerá el pago de la multa por superación
de la cuota láctea en la campaña 1995/1996 (Página 1162)
El señor Rodríguez Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Rodríguez Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace la señora
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De Palacio del
Valle-Lersundi).
De don Pedro Tomás Galván de Urzaiz, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre si comparte el Gobierno las manifestaciones del ex
Ministro para las Administraciones Públicas, don Jerónimo Saavedra
Acevedo, relativas a la Organización Común de Mercado (OCM) del plátano
El señor Galván de Urzaiz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Galván Urzaiz.
De don Jesús María Castro Asensio, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si considera el Gobierno que tiene controlados los posibles
riesgos que, para el sector azucarero español, pudieran derivarse de los
movimientos financieros ocurridos en el accionariado de alguna de las
industrias españolas del sector (Página 1164)
El señor Castro Asensio formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Castro Asensio.
De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
voluntad y el compromiso del Gobierno para solucionar todos los problemas
técnicos, jurídicos y económicos para llevar a cabo la transformación del
Palacio de Fonseca en Parador, cumpliendo así el convenio firmado entre
la Universidad de Salamanca y la sociedad Paradores de Turismo de España,
S. A. (Página 1166)
El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Castro Rabadán. En
turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Economía y Hacienda (De
Rato y Figaredo).
De don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas que ha adoptado o va a adoptar el Ministerio de Economía y
Hacienda para saldar la deuda en materia de Seguridad Social e Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en las universidades
públicas de la Comunidad de Madrid y, especialmente, de la Universidad
Complutense, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de la
Comisión Mixta de Transferencias de fecha 18 de mayo de 1995 (Página
1167)
El señor Lissavetzky Díez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lissavetzky Díez. En
turno de réplica, lo hace el señor Ministro de Economía y Hacienda (De
Rato y Figaredo).
De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la relación que existe, en opinión del Gobierno entre la falsa
«amnistía fiscal encubierta» de doscientos mil millones de pesetas y las
congeladas retribuciones de los empleados públicos (Página 1169)
El señor Arévalo Santiago formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).
En turno de réplica interviene de nuevo el señor Arévalo Santiago. En
turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Economía y Hacienda (De
Rato y Figaredo).
De don Octavio José Granado Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la fecha prevista por el Gobierno para comunicar a las Comunidades
Autónomas
que no se han acogido al nuevo modelo de financiación, las actuaciones
que tiene previstas para dar cumplimiento al artículo 84.2 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1997 (Página 1170)
El señor Granado Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Granado Martínez. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey).
De don Agustín García Millán, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno acerca del cumplimiento
de los criterios de convergencia en el año 1996 (Página 1172)
El señor García Millán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García Millán.
INTERPELACIONES (Página 1174)
De don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la situación y perspectivas de las relaciones entre España y Cuba.
Esta interpelación ha sido retirada.
De don Antonio Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la situación de los cultivos herbáceos en España (Página 1174)
El señor Rodríguez Rodríguez realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi). Vuelve a intervenir el
señor interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, Roig i Grau, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y Bernáldez Rodríguez, por el Grupo Popular. Cierra
el debate la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi).
De don Lluís Armet i Coma, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas de tipo financiero y fiscal que piensa desarrollar el Gobierno
para restablecer el equilibrio entre los distintos activos financieros
actualmente en el mercado (Página 1184)
El señor Armet i Coma realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cambra y Sánchez, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Armet i Coma, por el
Grupo Socialista. Cierra el debate el señor Ministro de Economía y
Hacienda (De Rato y Figaredo).
De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las declaraciones del Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, don Fernando María Villalonga Campos,
en relación con el destino del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB)
para cooperación al desarrollo y sobre las previsiones políticas del
Gobierno en materia de cooperación al desarrollo en la presente
Legislatura.
Esta interpelación ha sido aplazada.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1193)
De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el Proyecto
de Ley de asimilación de jornadas a los efectos del subsidio por
desempleo de los trabajadores eventuales incluidos en el régimen especial
agrario de la Seguridad Social (procedente del Real Decreto-Ley 9/1996,
de 7 de junio). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1193)
El señor Sanz Pérez presenta el dictamen. Al no producirse debate de
totalidad, comienza el debate del articulado.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 y 3. El señor Sanz Pérez consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el
Grupo Mixto; Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo
Socialista, y Sanz Pérez, por el Grupo Popular.
Se rechazan las enmiendas números 1 y 3, de los señores Nieto Cicuéndez y
Román Clemente, del Grupo Mixto, por 84 votos a favor, 121 en contra y 17
abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley, según el texto del dictamen, por 222 votos
a favor de los 222 emitidos.
El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, anuncia a la Cámara que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Se suspende la sesión a las trece horas y cuarenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones, en relación con el Proyecto de Ley de medidas
liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales
(procedente del Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio). SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1197)
El señor Beguer i Oliveres, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se abre debate de totalidad.
La señora Pleguezuelos Aguilar defiende la propuesta de veto número 1,
del Grupo Socialista. El señor Sanz Blanco consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez,
por el Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, y Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, así como la señora Pleguezuelos Aguilar,
por el Grupo Socialista, y el señor Sanz Blanco, por el Grupo Popular. La
señora Pleguezuelos Aguilar y el señor Sanz Blanco intervienen de nuevo
en virtud del artículo.
Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Socialista por 83 votos a
favor, 132 en contra y 2 abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
Artículos 1 a 4.
El señor Ríos Pérez defiende las enmiendas números 15 a 17, del Grupo
Mixto. La señora De Boneta y Piedra defiende las enmiendas números 1 a 3,
del Grupo Mixto. El señor Nieto Cicuéndez defiende las enmiendas números
4 a 13, del Grupo Mixto. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las
enmiendas números 18 a 20, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
La señora Pleguezuelos Aguilar defiende las enmiendas números 37 a 40,
así como la número 36, a la Exposición de Motivos, del Grupo Socialista.
El señor Sanz Blanco consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra el señor Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; la
señora Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista, y el señor Sanz
Blanco, por el Grupo Popular.
Artículo 5.
El señor Ferrer Roselló retira la enmienda número 23, del Grupo Mixto. La
señora De Boneta y Piedra defiende las enmiendas números 24 y 25, del
Grupo Mixto. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la enmienda
número 22 y retira la número 21, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. El señor Beguer i Oliveres, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, defiende el voto particular número 9, que solicita
la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados, y la
enmienda número 34, del mismo Grupo Parlamentario. El señor Galán Pérez
defiende las enmiendas números 42, 43, 45 a 50 y 53 a 56, y retira las
números 51 y 52, así como la 61, relativa a la Disposición Transitoria
Segunda, del Grupo Socialista. El señor Calvo Poch consume un turno en
contra y defiende la enmienda número 28, del Grupo Popular. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Beguer i Oliveres, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Galán Pérez, por el
Grupo Socialista, y Calvo Poch, por el Grupo Popular.
Disposiciones adicional, transitoria, derogatoria y finales. Exposición
de Motivos. Título.
El señor Nieto Cicuéndez da por defendida la enmienda número 14, del
Grupo Mixto. El señor Beguer i Oliveres defiende la enmienda número 33,
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora
Pleguezuelos Aguilar defiende las enmiendas números 35, 36, 57 a 60 y 62
a 64, retirando la número 61, del Grupo Socialista. El señor Sanz Blanco
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra el señor Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; la señora Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo
Socialista, y los señores Sanz Blanco y Calvo Poch, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas número 1, 2 y 3, del Grupo Mixto, por 84 votos
a favor y 124 en contra.
Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor,
203 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas número 4, 7, 8, 9 y 13, del Grupo Mixto, por 81
votos a favor, 125 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 5, 6, 10 y 11, del Grupo Mixto, por 2
votos a favor, 126 en contra y 81 abstenciones
Se rechazan las enmiendas números 15, 16 y 17, del Grupo Mixto, por 83
votos a favor y 125 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 18 a 20, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 84 votos a favor y 125 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 37 a 40, del Grupo Socialista, por 82
votos a favor, 124 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 24, del Grupo Mixto, por 84 votos a favor y
125 en contra.
Se rechaza la enmienda número 25, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor y
203 en contra.
Se rechaza la enmienda número 22, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 6 votos a favor, 193 en contra y 10 abstenciones.
Se rechaza el voto particular número 9, del señor Beguer i Oliveres, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 10 votos a favor,
195 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 34, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 10 votos a favor, 193 en contra y 6
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 42, 43, 45 a 50, 53, 55 y 56, del Grupo
Socialista, por 80 votos a favor, 125 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 14, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor,
130 en contra y 76 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 35, 36, 57 a 60, 62 y 64, por 76 votos
a favor, 124 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba la enmienda transaccional sustentada en la número 63, del
Grupo Socialista, por 193 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención.
Se aprueba la enmienda transaccional sustentada en la número 28, del
Grupo Popular, por 127 votos a favor y 82 en contra.
Se aprueba la enmienda transaccional sustentada en la número 33, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 205 votos a favor,
2 en contra y 1 abstención.
Se aprueban las enmiendas transaccionales sustentadas en la números 41 y
54, del Grupo Socialista, por 196 votos a favor, 11 en contra y 1
abstención.
Se aprueba el artículo 2 del dictamen por 125 votos a favor, 82 en contra
y 2 abstenciones.
Se aprueban los artículos 1, 3 y 4 del dictamen por 128 votos a favor, 79
en contra y 1 abstención.
Se aprueban los apartados números 1, 2 y 4 y nuevo del artículo 5 por 117
votos a favor, 17 en contra y 74 abstenciones.
Se aprueba el texto restante del artículo 5 del dictamen por 128 votos a
favor, 6 en contra y 75 abstenciones.
Se aprueba la disposición final primera del dictamen por 118 votos a
favor, 89 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban las disposiciones adicional, transitoria, derogatoria y
finales restantes, así como la Exposición de Motivos y el Título del
dictamen, por 127 votos a favor y 81 en contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con el
Proyecto de Ley por la que se regula la Conferencia para Asuntos
Relacionados con las Comunidades Europeas (Página 1229)
El señor Cardona i Vila, Vicepresidente Primero de la Comisión, presenta
el dictamen.
No se produce debate de totalidad.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Onaindía Nachiondo defiende las enmiendas números 9, 12, 13,
26, 27 y 31, del Grupo Socialista. El señor Huidobro Díez consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor
Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 9, 12, 13, 26, 27 y 31, del Grupo
Socialista, por 69 votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación del dictamen, firmada por todos
los Grupos Parlamentarios, relativa a los artículos 2, 3.a) y 3.b), por
190 votos a favor y 2 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen, con las modificaciones introducidas,
por 192 votos a favor de los 192 emitidos.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión.
PREGUNTAS:
-- DE DON CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRINCIPE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI PIENSA EL GOBIERNO ESTABLECER QUE ALGUN PARTIDO DE
LA LIGA ESPAÑOLA DE FUTBOL TIENE INTERES GENERAL Y, POR TANTO, QUE DEBA
SER EMITIDO EN ABIERTO. (680/000183.)
El señor PRESIDENTE: Punto primero. Preguntas.
De don Carlos Alberto González Príncipe, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si piensa el Gobierno establecer que algún partido de
la Liga Española de Fútbol tiene interés general y, por tanto, que deba
ser emitido en abierto.
El Senador González Príncipe tiene la palabra.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
¿Piensa el Gobierno establecer que algún partido de la Liga Española de
Fútbol tiene interés general y, por tanto, deba ser emitido en abierto?
El señor PRESIDENTE: El señor Vicepresidente Primero del Gobierno tiene
la palabra.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, el Gobierno está estudiando en estos momentos el borrador de un
anteproyecto de ley en el que, en relación con los acontecimientos
deportivos de interés general, dice lo siguiente:
1.Tendrán la consideración de interés general las competiciones o
acontecimientos deportivos en los que concurran las siguientes
circunstancias: a) Que tengan una especial relevancia y trascendencia
social y generen una clara atracción sobre la audiencia de los operadores
de radio y televisión. b) Que se incluyan en el catálogo que a tal efecto
elabore periódicamente el Consejo Superior de Deportes previa audiencia a
los interesados en la forma que reglamentariamente se establezca.
2.Las competiciones o acontecimientos deportivos de interés general sólo
podrán retransmitirse en emisión abierta y para todo el territorio del
Estado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Primero.
El Senador González Príncipe tiene la palabra.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Señor Vicepresidente, los socialistas estamos
preocupados porque en las últimas semanas, con problemas, yo creo que de
interés general y de preocupación mayor para este país, su señoría, como
Vicepresidente, se ha dedicado especial y específicamente a trabajar de
forma exclusiva sobre la regulación de la televisión digital y de los
partidos de fútbol.
Estamos en una situación extraña porque hace un mes, con motivo de las
reuniones del Consejo Europeo bajo la presidencia irlandesa, el Gobierno
español mantenía unas posiciones ultraliberales diciendo que en el tema
del fútbol no hacía falta regular prácticamente nada. Pero, además,
estamos preocupados, señor Alvarez-Cascos, porque ustedes introducen la
inseguridad jurídica. Ustedes, de repente, entre el día 20 de diciembre y
el día 5 de febrero, deciden cuestionar decenas de contratos firmados por
sociedades anónimas deportivas y sociedades de comunicación, que afectan
a miles de accionistas y a miles de millones. Ustedes introducen
inseguridad en un sector económico como el del fútbol, que estaba
funcionando, y que, teóricamente, ustedes decían que tenía que funcionar
por libre. Nos preocupa saber por qué ustedes han tenido ese cambio de
posición; por qué en el Consejo Europeo no hablaban de ninguna regulación
del fútbol; por qué en el mes de diciembre, cuando había follón entre los
derechos de los partidos, ustedes no intervenían --incluso hay
declaraciones de responsables del Gobierno diciendo que es una cosa de
las compañías y que ellas han de arreglarse-- y de pronto usted, señor
Alvarez-Cascos, descubre el Jordán, se convierte como Saulo, y se da
cuenta de que el fútbol es el problema fundamental de este país.
Nos parece que lo que hay detrás de esto es un clarísimo atentado a la
libertad por parte del Gobierno, señor Vicepresidente. Ustedes utilizan
el aparato del Estado para perseguir o para premiar, y como a ustedes no
les ha gustado el acuerdo al que llegaron dos grupos han decidido que
tienen que intervenir; han decidido que quien les acompañó o con quien
les fue bien como oposición, como ahora no les baila la corriente, tiene
que ser objeto de castigo, y eso es intolerable en un Estado de derecho,
señor Alvarez-Cascos. Es intolerable que usted y su Gobierno jueguen con
mis derechos --le estoy hablando ahora no ya como Senador, sino como
accionista de una sociedad anónima deportiva--, y mi club, esa sociedad a
la que pertenezco, tiene
firmados unos contratos que ustedes quieren cuestionar. En estos
tiempos...
El señor PRESIDENTE: Senador González Príncipe, le ruego que vaya
terminando.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, Presidente.
En estos tiempos de carnaval, si viviera Valle-Inclán, diría que ustedes
son esa imagen chusca de esa España que no debería volver nunca, que es
la imagen del esperpento. No es el fútbol la principal preocupación ni el
interés general de este país, y ustedes utilizan el fútbol y los
contratos entre sociedades de comunicación y sociedades anónimas
deportivas para no gobernar ni tan siquiera mandar, señor Alvarez-Cascos,
para actuar de recaderos, de mandados de otros, de los que publican ese
proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Senador González Príncipe, ha terminado.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias,
señor Presidente.
Lamento la pésima información de la que ha hecho gala su señoría.
El día 12 de noviembre, en el Parlamento Europeo, propuesta por el
portavoz del Grupo Popular europeo, señor Galeote, y apoyada por su Grupo
Parlamentario europeo --12 de noviembre, insisto-- se aprobó la siguiente
enmienda: Los Estados miembros velarán con los medios jurídicos
apropiados porque los organismos de radiodifusión televisiva bajo su
jurisdicción no adquieran derechos exclusivos para la retransmisión de
acontecimientos de especial importancia e interés general, nacional y
europeo, como son los Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales y
europeos de fútbol y cualquier otro acontecimiento --empiezo a leerle
ahora-- que cada Estado miembro considera mediante leyes o reglamentos de
la misma categoría, si dichos derechos tuvieran como consecuencia privar
a una parte importante del público del Estado o de los Estados
interesados de la posibilidad de seguir en directo, mediante
retransmisiones accesibles a todos, dichos acontecimientos.
Esto es lo que pretende el Gobierno. El Gobierno pretende que los
acontecimientos de interés general se ofrezcan en directo a todos los
ciudadanos españoles, a los socios del Celta y a todos los demás, a todos
los ciudadanos españoles para que puedan verlos mediante una norma de
rango legal, y esto, señor Senador, le gustará o no le gustará. (El señor
González Príncipe hace signos negativos desde su escaño.) A usted,
seguramente, le gusta el fútbol codificado y para unos pocos, para los
que pueden pagarlo. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.), y tiene usted todo el derecho a defenderlo, pero esta parte
de la Cámara quiere cuanto más fútbol en abierto, mejor, y, a ser
posible, fútbol sin pagar. Es lo que defiende esta parte de la Cámara,
señor Senador. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Porque nosotros defendemos tres principios. Es falso que las iniciativas
del Gobierno pongan en entredicho ningún contrato en vigor. Los contratos
en vigor los está poniendo en entredicho el Tribunal de Defensa de la
Competencia, en aplicación de una ley que, entre otros, aprobaron ustedes
en la legislatura anterior: la Ley de Defensa de la Competencia. Nosotros
defendemos la estabilidad de los clubes, y hay que fortalecerla. La
estabilidad de éstos consiste, por ejemplo, en evitar que le pase a los
clubes de fútbol lo que le pasó al Celta de Vigo hace dos temporadas: que
lo que no le quitó el balón se lo quitaron en el despacho de una
federación. Este grupo político, este Gobierno, lo ha arreglado. Ahora
sólo bajan a segunda o suben a primera los que ganan o pierden partidos
de fútbol. Eso lo ha aprobado este Gobierno, señor Príncipe. (Rumores en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.
--Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)
En segundo lugar, concurrencia entre operadores para que el principio
constitucional de libre empresa no se vea perjudicado por el uso
incorrecto de los derechos exclusivos de retransmisión.
Tercero, en defensa de los espectadores y de los ciudadanos, libertad de
información y defensa de los acontecimientos de interés general.
Señor González Príncipe, lo único que es intolerable es que, en nombre de
un interés particular legítimo, el de un determinado operador, se
intenten establecer reglas de juego para todos. Las reglas de juego las
establecen los que estamos legitimados: el Congreso, el Senado y el
Gobierno. Para todos, y en esta Cámara, se decidirá. Lo que no tiene
ningún sentido es que, desde un interés particular, se esté intentando
imponer a todos los ciudadanos españoles el interés general. Por ejemplo,
el interés de tener que ver todo el fútbol por la vía del sistema
codificado y mediante pago. A eso se va a oponer este Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
--DE DON RAMON ALEU I JORNET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA SACAR A CONCURSO LOS DOS NUEVOS
CANALES DE TELEVISION ANUNCIADOS. (680/000184).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para
sacar a concurso los dos nuevos canales de televisión anunciados.
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en unas manifestaciones realizadas en La Coruña, usted
dijo que las posibilidades técnicas de la red de repetidores de
Retevisión permitían dos nuevos canales
en abierto. Habló entonces, concretamente, de que estos dos canales
podían ser de ámbito nacional. Dijo que ésta era una idea de su
Departamento, pero que no renunciaba a proponerlo al Gobierno para su
aprobación y sacar a concurso dos nuevos canales de televisión analógica
por ondas terrestres.
Esto presenta dos dificultades: la dificultad de si, realmente, al hablar
de las posibilidades de Retevisión se han tenido en cuenta los
compromisos de las televisiones locales y los que ustedes proponen en la
nueva ley de televisiones locales, así como las posibilidades económicas
de los dos nuevos canales. Usted sabe que, al día siguiente, la
Organización de Usuarios de la Comunicación, entre otras, manifestó que
era imposible, porque el pastel de la propaganda no daba para satisfacer
las necesidades económicas de estas dos nuevas empresas. Por eso yo le
pregunto: ¿Cuándo piensa el Gobierno sacar a concurso los dos nuevos
canales de televisión?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Aleu.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
Presidente.
Señorías, el periodismo, como es lógico y no puede ser de otra manera,
simplifica con frecuencia las declaraciones que, con una pretensión
explicativa, se hacen con diferentes motivos.
Mis declaraciones --si lee usted con detalle la prensa gallega, porque
fueron hechas en Galicia-- fueron exactamente que en estos momentos se
estaba estudiando la posibilidad técnica de introducir dos nuevos canales
de televisión analógica en todo el territorio nacional si el sistema de
repetidores de Retevisión tenía tal capacidad. Y ése es el estudio
técnico que se está realizando. No se trata de decir: Vamos a dar dos
nuevos canales. Creemos que si fuera posible técnicamente introducir dos
nuevos canales de televisión analógica en España, sería
extraordinariamente positivo porque incrementaría la libre competencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
¿Desea hacer uso de la palabra, senador Aleu? (Pausa.)
--DE DON IMANOL BOLINAGA BENGOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES
NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LOS FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE BASA LA
MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA PARA ASOCIAR EL SISTEMA ESCOLAR VASCO CON
LAS ALGARADAS CALLEJERAS, SEGUN MANIFESTACIONES REALIZADAS A TRAVES DE UN
MEDIO DE COMUNICACION. (680/000172).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Imanol Bolinaga Bengoa, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los fundamentos en
los que se basa la Ministra de Educación y cultura para asociar el
sistema escolar vasco con las algaradas callejeras, según manifestaciones
realizadas a través de un medio de comunicación.
Tiene la palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, sus manifestaciones del pasado 15 de enero se vieron
publicadas en un sentido harto negativo desde la perspectiva de nuestro
Grupo. Ciertamente, nos produjeron sorpresa y preocupación, y algo más
que no me atrevo a calificar. Dicho sea con sinceridad, aunque dentro de
unas dudas lógicas sobre si podían ser ciertas las palabras atribuidas a
su señoría, no nos parecieron acordes con un análisis serio y verdadero.
En definitiva, señora Ministra, con el ánimo de adquirir una idea clara y
precisa sobre la verdad de fondo atribuirle a las palabras puestas en
boca de su señoría según el tenor literal de lo transcrito, considerando
todo ello de extrema gravedad desde nuestro punto de vista, es por lo que
nos interesa conocer cuáles son, si es que existen, los fundamentos de
base por los que su señoría pudo asociar el sistema escolar del País
Vasco con las algaradas callejeras, quema de libros, etcétera, y el
añadido de que las autoridades educativas vascas tendrían que preocuparse
de qué están enseñando a los niños.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bolinaga.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en ningún momento he asociado el sistema escolar vasco con las
algaradas callejeras. Cuando se saca de contexto una declaración larga
puede darse la impresión de que he querido sugerir algo que no estaba en
mis palabras. con mucho gusto haré llegar a su señoría, lo mismo que hice
con el Consejero señor Oliveri, la transcripción literal de lo que dije
en aquel programa. El citado Consejero dio por zanjada la polémica una
vez que lo leyó; pero con mucho gusto lo repito aquí en la Cámara.
Lo que allí dije tenía como única intención evitar a las autoridades
educativas vascas a unirse a mi preocupación por aquello que las escuelas
pueden hacer para evitar fenómenos como las agresiones a la librería
«Lagun», que esos fenómenos sigan produciéndose y cada vez tengan por
protagonistas a ciudadanos de edades más tempranas.
Yo creo que encontrar el papel que la escuela tiene que representar en el
proceso de educar en tolerancia y en el rechazo a toda violencia es
imprescindible si queremos arrebatarle a la violencia cualquier falso
intento de justificación política o ideológica, que sería, desde mi punto
de vista, inconcebible en una sociedad democrática en la que cualquier
idea puede defenderse por medios democráticos y no violentos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Señora Ministra, estoy totalmente de acuerdo
con lo que usted acaba de manifestarnos tan amablemente. Créame que
agradezco su respuesta, y créame si le digo que me alegra que sus
palabras, con el rango de oficialidad que al ser pronunciadas en esta
Cámara se les debe otorgar, sean las que realmente corresponden tanto a
sus sentimientos como a sus conocimientos sobre la realidad escolar del
País Vasco, en contraposición a aquellas otras palabras, según su señoría
sacadas de contexto, que le fueron imputadas irreflexivamente.
Repito las gracias y me reitero en la conformidad absoluta con todo lo
que su señoría acaba de manifestarnos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, como no podía ser de otro modo, nuestras posiciones en este
asunto son plenamente coincidentes. Todos los demócratas del mundo
sabemos que el proceso de educación en libertad es fundamental para
transmitir a la juventud que todas las opciones políticas son legítimas
siempre que se defiendan por medios democráticos. Y si en nuestra
sociedad algunos jóvenes no lo han aprendido y son capaces de quemar la
libertad --porque, señoría, yo creo que quien quema un libro quema la
libertad misma-- es un fracaso de todos nosotros. Por eso le pido que
reflexionemos sobre algo que debería conmover los cimientos culturales y
democráticos de la sociedad entera como es que haya quienes se dediquen a
la quema de libros. Creo que el fruto de esa reflexión tiene que ser la
tolerancia, el final de la violencia. Y me consta que en esa apuesta por
la paz, la libertad y la democracia su señoría y yo estamos totalmente de
acuerdo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y
Cultura.
--DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LAS RAZONES DE CONTENIDO JURIDICO-POLITICO QUE ADUCE EL GOBIERNO
PARA NEGARSE A TRANSFERIR LA COMPETENCIA EXCLUSIVA ESTABLECIDA POR EL
ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA EL PAIS VASCO, EN MATERIA DE INVESTIGACION
CIENTIFICA Y TECNICA. (680/000180.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre las razones de contenido
jurídico-político que aduce el Gobierno para negarse a transferir la
competencia exclusiva establecida por el Estatuto de Autonomía para el
País Vasco, en materia de investigación científica y técnica.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, inicialmente yo había presentado una pregunta en
términos muy parecidos a la que anteriormente ha dado usted respuesta.
Tras la visita efectuada por el señor Consejero de Educación el día 31 de
enero, esta cuestión quedó aparcada para esta Senadora y fue sustituida
por otras declaraciones más graves desde el punto de vista de Eusko
Alkartasuna y de la Senadora que le habla, teniendo en cuenta la negativa
de su señoría y de su Ministerio y, por lo tanto, del Gobierno, a
efectuar la transferencia de investigación científica y técnica, que es
una competencia exclusiva fijada en el artículo 10.16 del Estatuto de
Gernika.
En este sentido, y en los propios términos en que le efectuó la pregunta,
cuáles son las razones de contenido jurídico-político que aduce para
negarse a efectuar tal transferencia, le solicito una respuesta.
Gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el Estatuto de Gernika establece la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma del País Vasco en lo que se refiere a, leo
literalmente: Investigación científica y técnica en coordinación con el
Estado. Y el artículo 149.1.15ª de la Constitución Española dispone la
competencia exclusiva del Estado sobre el fomento y coordinación general
de la investigación científica y técnica. Esta atribución competencial
implica que se le reserva al Estado de modo exclusivo y, por lo tanto,
inasumible por las Comunidades, la coordinación general del fomento de la
investigación.
Por supuesto, señoría, eso no quiere decir que nadie más que el Estado se
halle habilitado para fomentar la investigación. Hemos visto que lo está
la Comunidad Autónoma Vasca según el Estatuto de Gernika, y de hecho lo
está haciendo en el esquema de coordinación general que corresponde al
Estado. Yo creo, señoría, que en esa labor de coordinación hay muchas
posibilidades de contribuir al desarrollo de la investigación en el País
Vasco. Así se lo hice saber al Consejero Oliveri, quien quedó en que
haría llegar las posibilidades que existen en este momento de colaborar,
a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el
Gobierno vasco.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y
Cultura.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señora Ministra, pero lamento no
darme por satisfecha con esta respuesta, puesto que sus palabras no
añaden absolutamente nada a la primera afirmación que esta Senadora
hacía.
Efectivamente, ha leído usted literalmente el Estatuto, de la misma
manera que ha leído el artículo 149 de la Constitución. Por lo tanto,
estamos de acuerdo en el tema de la coordinación, lo cual no obsta para
efectuar el traspaso de la competencia y tampoco para las facultades que
viene ejerciendo el Gobierno vasco. Los aproximadamente 10.000 millones
de pesetas que el Gobierno vasco invierte en materia de investigación
científica y técnica no salen en ningún caso --salvo en algún supuesto
pequeño de colaboración-- de la financiación de la Administración central
o de la colaboración en la financiación, sino que salen de la Comunidad
Autónoma vasca, y las competencias en esta materia están valoradas en
cerca de 7.000 millones de pesetas, competencias que no son transferidas
cuando realmente en este caso no hay ningún problema técnico para poder
efectuarse al no haber servicios del Estado en la Comunidad Autónoma
vasca en esta materia.
Por lo tanto, señoría, debo decirle que, efectivamente, hay muchas
muestras de coordinación --la absoluta transparencia y la comunicación,
la presencia continua y la participación de las autoridades competentes
del País Vasco en el Consejo General de la Ciencia y Tecnología, al igual
que en la Comisión Nacional de Evaluación, las convocatorias del País
Vasco son evaluadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva;
en definitiva, existe esa colaboración--, sin embargo, no se ha efectuado
la transferencia, cuando la coordinación no obsta la transferencia, y sus
palabras no son ningún fundamento, ni jurídico ni político, para tal
negativa.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, yo creo que no es ningún secreto que en este asunto el Gobierno
mantiene una discrepancia con el grupo político que representa la
Senadora. El Gobierno vasco mantiene su deseo de que se le transfiera y
yo quiero anunciar aquí que no es intención del Gobierno hacer esa
transferencia; no nos obliga a ello la ley, ni nos obligan tampoco los
acuerdos que tenemos con su formación política. Por lo tanto, yo quiero
insistir en que lo realmente importante es que ambos Gobiernos tomemos el
acuerdo de investigar y fomentar la investigación de acuerdo con las
competencias que tenemos ambos. La reestructuración de la CICYT, la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, a cuyo frente está
ahora el Presidente del Gobierno, y el notable incremento presupuestario
que se ha destinado a I+D este año prueban la voluntad del Gobierno de
impulsar la ciencia y la investigación.
En cuanto a la coordinación, señoría, yo quería terminar con una muy
acertada frase de la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió en una sesión de la Comisión Mixta, a la
que su señoría asistió también, que dijo literalmente: Podemos construir
entre todos una estructura en la que la cooperación sea concurrente. Este
es nuestro objetivo, éste fue el eje de mi conversación con el Consejero
Oliveri y en esta línea continuaremos trabajando.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
--DE DON PEDRO MARTIN IGLESIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE HA TOMADO EL GOBIERNO PARA IMPULSAR LA
RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE BURGOS. (680/000179.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Pedro Martín Iglesias, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la iniciativa que ha tomado el
Gobierno para impulsar la restauración de la Catedral de Burgos.
Senador Martín Iglesias, tiene la palabra.
El señor MARTIN IGLESIAS: Gracias, señor Presidente, señora Ministra.
En España contamos con un elevado número de catedrales que precisan
importantes inversiones de la Administración para su restauración si
queremos transmitir a generaciones venideras estos legados históricos que
nosotros hemos heredado en condiciones aceptables. El estado de muchas de
nuestras catedrales es normal para unos conjuntos arquitectónicos que han
sufrido diversas agresiones, unas veces por intervenciones inadecuadas de
los hombres y en otras ocasiones por agresiones medioambientales, pero en
ambos casos precisan de una intervención urgente, la cual puede ser de
carácter ordinario o de carácter extraordinario, para ejecutar una
adecuada restauración, como manifestaron en su día los arquitectos de
Castilla y León en Burgos durante el encuentro de unas jornadas de
arquitectos conservadores de catedrales. Pero voy a ceñirme concretamente
a la catedral de Burgos.
Después de muchos años de gloriosa existencia, este monumento, declarado
Patrimonio de la Humanidad, sufre las consecuencias de las adversidades
provocadas por la acción de los agentes atmosféricos, la contaminación y
las vibraciones que han generado roturas, resquebrajamientos y grietas de
grandes proporciones en diversos lugares del templo.
Me consta la sensibilidad que tiene el Ministerio que usted preside hacia
la conservación del patrimonio cultural, sensibilidad que contrasta con
la falta de atención del Gobierno anterior o, por mejor decir, con la
atención determinada por criterios políticos más que artísticos e
históricos. Que el Partido Popular, de igual manera, viene demostrando
esta sensibilidad lo prueba la enmienda aprobada en esta Cámara en los
Presupuestos del año 1997, a propuesta del Partido Popular, por importe
de 750 millones.
En Burgos tenemos muchas cosas pendientes, pero nos preocupa de una
manera especial cuanto se refiere a la catedral. Por eso le quiero
formular la siguiente pregunta: sobre las iniciativas que ha tomado el
Gobierno para impulsar la restauración de la Catedral de Burgos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Martín Iglesias.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, ayer mismo tuve la satisfacción de firmar un importante convenio
para la restauración de la fachada y de las torres de la Catedral de
Burgos. Gracias al esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación y
Cultura, de la Junta de Castilla y León y del Arzobispado este convenio
va a suponer una inversión, entre los ejercicios de 1997 y 1998, de 250
millones en la restauración de la Catedral. Y ello porque, como muy bien
saben todos ustedes, la Catedral de Burgos es uno de los monumentos más
ricos del arte gótico y del Patrimonio Histórico Artístico español y
verdaderamente ha sido durante los últimos años muestra, y símbolo
también, de un abandono que yo juzgo penoso. Por esa razón el convenio
que ayer firmamos pone definitivamente las bases para que el objetivo del
Gobierno, lo que el Gobierno tiene como absoluta prioridad, que son las
acciones en favor del Patrimonio, en el caso concreto de la Catedral de
Burgos se vea paliado con la inversión de 250 millones que vamos a hacer
las tres instituciones de acuerdo.
Asimismo, quería decir a sus señorías que ya en el presupuesto de 1997 se
han incrementado de una manera muy notable, hasta el 45 por ciento, las
inversiones para conservación y restauración del Patrimonio Histórico
español, lo que, unido a los 1.500 millones que dentro del programa del 1
por ciento cultural hemos firmado con el Ministerio de Fomento, va a
tener una consecuencia muy directa en la recuperación del Patrimonio
Histórico Artístico y singularmente en las catedrales.
Señorías, termino anunciándoles que en este mismo mes se va a firmar --y
se firmará, probablemente, en presencia del Presidente del Gobierno-- el
plan de catedrales españolas, que con la Conferencia Episcopal vamos a
poder hacer realidad para que las inversiones del Gobierno sean
definitivamente las que permitan garantizar la integridad, la
conservación y la rehabilitación de esas muestras tan importantes del
Patrimonio Artístico español que son las catedrales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y
Cultura.
--DE DOÑA MARIA MARTA ALVAREZ MONTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LAS LINEAS DIRECTRICES QUE CONFIGURARAN EL NUEVO
PROGRAMA PLURIANUAL DE EMPLEO. (680/000175.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Marta Alvarez Montes, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas directrices
que configurarán el nuevo programa plurianual de empleo.
Tiene la palabra la señora Alvarez Montes.
La señora ALVAREZ MONTES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el paro es un problema que preocupa profundamente a la
sociedad española y es también una de las peores herencias que han
recibido ustedes de la anterior etapa socialista. Sabemos que el Gobierno
del que usted forma parte considera prioritario desarrollar las medidas
que potencien la competitividad para crear un marco que haga posible el
empleo a través de la colaboración de las distintas Administraciones y de
los interlocutores sociales, siguiendo la filosofía de que no es el
Gobierno el que crea empleo, sino el que adopta las condiciones para su
creación.
Mi pregunta concreta es la siguiente: Declarado por el Gobierno 1997 año
del empleo, ¿cuáles son las líneas directrices que configurarán el nuevo
programa plurianual de empleo?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Alvarez Montes.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias, señora Senadora, por
plantear una cuestión que, evidentemente, conecta con la gran
preocupación ciudadana en torno a la problemática del empleo.
La señora Senadora ha manifestado, con buen criterio, que el empleo es
una de las primeras preocupaciones de la sociedad. Yo estoy convencido,
señor Presidente, de que ya se ha convertido en una auténtica obsesión
para la sociedad española, muy especialmente para el Gobierno.
Como sabe la señora Senadora, 1996 ha sido un buen año para el empleo; se
ha producido una reducción del paro registrado en más de 160.000 personas
y, a falta todavía de la Encuesta de Población Activa del último
trimestre,
creemos que la creación de empleo está en torno a los 190.000 en 1996.
El Presidente del Gobierno ha dicho que haremos todos los esfuerzos para
que 1997 pueda ser el año del empleo. Como muy bien ha señalado la señora
Senadora, este Gobierno no está asumiendo el compromiso de creación de
puestos de trabajo directamente, eso sólo podría hacerse en el ámbito de
la Función Pública --sector público administrativo o en el ámbito del
sector público empresarial--, precisamente el Gobierno considera
imprescindible en la sociedad española un gran tejido productivo privado
en todo lo que significan los entornos económicos. Por lo tanto, el
Gobierno, más que asumir la responsabilidad directa de la creación de
empleo tiene que tomar medidas, crear condiciones y un clima para que la
sociedad española cree empleo, muy especialmente los que pueden invertir:
los pequeños y medianos empresarios.
En ese sentido, el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo, en su sesión
pasada, por el que se encarga al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
la elaboración de un borrador que va a supervisar una Comisión que será
presidida por el Vicepresidente Económico del Gobierno.
Debo decir a la señora Senadora que, por primera vez, estamos ante un
programa plurianual que en absoluto es un programa del Ministerio de
Trabajo; es un programa del conjunto del Gobierno, que afecta exactamente
a nueve Ministerios, y queremos también contar decisivamente con la
colaboración de los agentes sociales de las Comunidades Autónomas, de los
distintos ayuntamientos y diputaciones, para que se hagan realidad los
cuatro principios básicos de ese programa: los parámetros de convergencia
europea, el impulso del crecimiento económico estable y sostenido, el
aumento de la capacidad de dicho crecimiento para que se transforme en
nuevos empleos y, una cuestión básica, la creación de un clima social de
confianza que permita la recuperación y la inversión.
Como sabe la señora Senadora, este programa plurianual de empleo es
también un imperativo de la Comunidad Europea. En ese sentido, el Consejo
de Ministros aprobó un índice que refleja las cinco grandes líneas
acordadas en la Cumbre de Essen, que van a ser los elementos principales
de desarrollo del citado programa.
Señor Presidente, en cualquier caso, creo que tenemos que responder a esa
obsesión de la sociedad española por el empleo, muy especialmente de los
jóvenes, que soportan en España una tasa de incapacidad de acceso al
mercado de trabajo desgraciadamente espectacular, y nos parece que este
programa plurianual de empleo es un dato importante para que 1997 sea el
año del empleo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
--PREGUNTA DE DON ALVARO ANTONIO SOMESO SALVADORES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS CRITERIOS QUE PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON CARGO AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (IRPF) DEL AÑO 1997.
(680/000178.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Alvaro Antonio Someso Salvadores,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los criterios que
piensa adoptar el Gobierno en la convocatoria de subvenciones con cargo
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 1997.
Tiene la palabra el Senador Someso.
El señor SOMESO SALVADORES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tiene
asignado determinados recursos para Asuntos Sociales, y nos ha preocupado
siempre en esta Cámara --concretamente a este Senador-- su aplicación con
criterios de objetividad, transparencia y neutralidad política. Por otra
parte, estos programas sociales suponen que, «in situ», hay que
controlarlos, hay que recurrir a las Administraciones locales, y
potenciar concretamente la participación de las Comunidades Autónomas a
lo largo del proceso.
Me gustaría saber, señor Ministro, qué criterios piensa adoptar el
Gobierno en la convocatoria de subvenciones con cargo al Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 1997.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Someso.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente.
Desde el mes de junio di instrucciones en el Ministerio para que los
equipos del área de Asuntos Sociales, bajo la coordinación de la
Secretaría General, revisara la normas relativas a las subvenciones del
IRPF en tres direcciones. La primera, un mayor peso y participación de
las Comunidades Autónomas a la hora de la toma de decisiones por parte
del Gobierno en la resolución de los distintos concursos y convocatorias;
la segunda, la creación de unidades de control de las subvenciones a las
organizaciones no gubernamentales --fortalecer el control-- y, la tercera
--que me parece también muy importante--, la renovación de los programas
prioritarios.
Quiero contestar a la pregunta del señor Senador diciendo que se ha
producido, exactamente en el día de ayer, un acuerdo muy importante en la
Conferencia de Asuntos Sociales celebrada en Sevilla, en la que los
representantes de todas las Comunidades Autónomas aprobaron los criterios
de distribución entre las mismas de los créditos destinados a estos
fines, así como los nuevos baremos de valoración establecidos para la
convocatoria de 1997.
También quiero informar al señor Senador en el sentido de que se produjo
un consenso total sobre la necesidad de que las Comunidades Autónomas
sean partícipes con el
Estado en la labor de control y seguimiento. En este sentido, también se
han introducido una serie de mejoras en el procedimiento de gestión de la
convocatoria.
En segundo lugar, como criterios nuevos de valoración de los programas,
se han introducido los siguientes: Priorizar aquellos que estén
cofinanciados por las Comunidades Autónomas --se han incluido una serie
de programas innovadores de los que hablaré luego-- y, finalmente, se
considera un elemento importante las aportaciones que reciban las
organizaciones no gubernamentales de la propia sociedad o de sus propios
socios. Nosotros estamos convencidos de que España puede duplicar en los
próximos años su número de voluntarios. Hoy en día somos uno de los
países más importantes del mundo en voluntariado --quizá también estamos
pagando por ello las consecuencias con tantos asesinatos entre los
voluntarios españoles--, pero creemos que cuando estamos hablando de
fondos públicos tenemos que extremar todas las medidas en el control de
la finalidad de los mismos --en consecuencia, unidades de control--, y
será un elemento importante la capacidad de autofinanciación de las
organizaciones no gubernamentales por el peso que tengan en la sociedad.
Finalmente, diré que para 1997 habrá una especial prioridad para aquellos
programas que se refieran, en primer lugar, a la erradicación del mal
trato infantil; en segundo lugar, los programas dirigidos al apoyo a la
familia, en tercer lugar, los programas dirigidos a acciones en torno a
la igualdad de oportunidades de la mujer, muy especialmente el fomento
del empleo y mujeres en el medio rural; nuevos programas de acogida de
inmigrantes y de atención a inmigrantes; fomento del empleo de los
jóvenes y, muy importante, las partidas destinadas al voluntariado, que
porcentualmente van a crecer en el conjunto de las subvenciones.
De esta forma, señor Presidente --resumo--: apoyo y potenciación de todos
los movimientos voluntarios, seriedad en el control, y también control de
la finalidad de los fondos públicos y consolidación de lo que ha
significado ese inicio en los últimos años de un gran movimiento de
voluntarios en España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
Tiene la palabra el Senador Someso.
El señor SOMESO SALVADORES: Gracias, señor Ministro.
Mi más sincera felicitación por el acuerdo alcanzado ayer en Sevilla, ya
que es fundamental llegar a un acuerdo consensuado en los baremos y
criterios de objetividad. El Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, muy costoso, que requiere mucho esfuerzo para todos los
ciudadanos españoles --dinero público--, desgraciadamente, no estaba
controlado de una forma objetiva y neutral políticamente. Parecía más --y
es lamentable decirlo-- que para el Gobierno anterior, en lugar del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, constituyera unos
importantes recursos para favores, y el IRPF no debe ser un importante
recurso para favores, sino un Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas que hay que emplear justamente en las cosas apropiadas y en los
programas justos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
--PREGUNTA DE DON JAUME CARDONA I VILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN
EN EL SENADO DE CONVERGÚNCIA I UNIO, SOBRE EL NUMERO DE MEDICOS QUE HAN
OBTENIDO EL TITULO OFICIAL AL AMPARO DEL REAL DECRETO 1776/1994, DE 5 DE
AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA EL ACCESO A LA TITULACION DE MEDICO
ESPECIALISTA A DETERMINADOS LICENCIADOS EN MEDICINA Y CIRUGIA, Y DE LA
ORDEN DE 14 DE DICIEMBRE DE 1994 QUE LA REGULA Y DESARROLLA.
(680/000173.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jaume Cardona i Vila, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el
número de médicos que han obtenido el título oficial al amparo del Real
Decreto 1776/1994, de 5 de agosto, por el que se regula el acceso a la
titulación de médico especialista a determinados licenciados en medicina
y cirugía, y de la Orden de 14 de diciembre de 1994 que la regula y
desarrolla.
Tiene la palabra el Senador Cardona i Vila.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, el Real Decreto 1776, de 5 de agosto, por el
que se regula el acceso a la titulación de los denominados Mestos, así
como la Orden de 14 de diciembre que lo desarrolla y que establece,
además, el procedimiento para dicho acceso, no han solucionado el
problema y tampoco pretendían, a buen seguro, solucionar el problema
salvo en alguna medida, puesto que las condiciones que exigían eran muy
concretas. Pero si el procedimiento ya de por sí era restrictivo
permitía, por lo menos, una vía para ir solucionando la cuestión. La
dificultad estaba en que ciertas interpretaciones que se hacían, sobre
todo al punto cuarto de la Orden Ministerial que desarrollaba el Real
Decreto, dificultaban aún más una posible solución viable para este
sector concreto dentro del ámbito de los Mestos. De ahí que nuestro Grupo
presentara una moción que fue aprobada por unanimidad en este Pleno, en
octubre de 1995, para agilizar las tramitaciones de las solicitudes
presentadas con la finalidad de que se remitieran urgentemente a las
Comisiones del Consejo Nacional de Especialidades Médicas para su
verificación inmediata, según lo dispuesto en la Orden Ministerial a fin
de que, una vez valorados los expedientes por las Administraciones
Públicas, fueran recibidas por el Ministerio de Educación y Ciencia y
remitidas a la Comisión Nacional de Especialidades Médicas.
Por todo ello, preguntamos al Gobierno, una vez salvadas aquellas
dificultades en su momento y a la vista de los criterios aplicados por el
Ministerio de Educación, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde
entonces, así como la importancia que tiene para este colectivo este
problema, qué número de médicos han podido acceder por esta vía a la
homologación del título de especialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona i Vila.
El señor Ministro de Sanidad tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
Señor Presidente.
Como bien recuerda su señoría, esta materia está regulada por ese Real
Decreto 1776 de 1994 y por la Orden Ministerial de 14 de diciembre de
1994. En aplicación de esa normativa, a 31 de diciembre de 1996, el
Ministerio de Educación y Cultura, que es al que corresponde la
competencia para hacerlo, ha concedido 836 títulos de médico especialista
y ha denegado 395 solicitudes.
El procedimiento para la concesión de este título es, como recordará su
señoría, laborioso y exigente y se lleva a cabo del siguiente modo: una
Comisión Mixta, que fue creada como consecuencia de una iniciativa del
Congreso de los Diputados y en la que participa desde noviembre de 1995
el Ministerio de Sanidad y Consumo junto con el de Educación y Cultura,
analiza los expedientes de solicitud de titulaciones y valora si cumplen
los requisitos administrativos exigidos. Hay una primera calificación en
relación con estos requisitos administrativos. Posteriormente, los
expedientes se trasladan a las comisiones nacionales de cada especialidad
médica, las cuales deben valorar, a su vez, los aspectos formativos. Como
último paso, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a la vista del
preceptivo informe-propuesta, positivo o negativo, de la comisión
nacional de la especialidad de que se trate informa cada expediente y
formula la correspondiente propuesta. Esa propuesta del Ministerio de
Sanidad y Consumo se eleva al Ministerio de Educación y Cultura que
produce la oportuna resolución --todas deben ser motivadas-- y agotan la
vía administrativa.
Este Real Decreto 1776 de 1994 ha supuesto, como bien recordaba su
señoría, sólo una resolución parcial, pues un número indeterminado de
Mestos, bien por haber iniciado su formación con posterioridad a 1984 o
bien por haberla iniciado antes y no cumplir algún otro requisito, no
puede beneficiarse del mismo. Aunque no ha finalizado la tramitación de
las solicitudes, al amparo de dicho Real Decreto ya se ha planteado,
incluso por el Congreso de los Diputados, la posibilidad de abrir nuevas
vías de acceso al título más flexibles. Y en este momento trabajamos
sobre dos posibles vías de solución.
En primer lugar, se busca facilitar el acceso al título para aquellos
Mestos que hayan iniciado su formación antes de 1986, dos años más. Esto
supondría ampliar en esos dos años el límite que impone el Real Decreto
1776 de 1994. Se trataría de flexibilizar también el resto de los
requisitos del mismo. Su principal inconveniente reside en que la
solución sigue siendo parcial.
Otra vía sobre la que trabajamos es la que nos abre el artículo 43 de la
Directiva 9.316 de la Comunidad Económica Europea. Ese artículo de la
Directiva posibilita que los Estados que encuentren al aplicar la
Directiva dificultades graves en determinadas materias pueden plantear la
situación a la Comisión Europea a fin de que el Consejo de la Unión pueda
autorizar, en su caso, medidas excepcionales. Por esta vía podría
diseñarse un procedimiento específico y único para los Mestos, pero sería
precisa la autorización expresa de la Comunidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, le ruego que vaya terminando.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muy bien.
Creo que con esto, señor Senador, quedan apuntadas las vías de solución
sobre las que trabajamos que, en todo caso, habrá que consensuar con las
comisiones nacionales de especialidades médicas y con el colectivo MIR
como afectados en esta materia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad.
El Senador Cardona tiene la palabra.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecerle al señor Ministro su contestación y decirle que,
efectivamente, ése es un problema muy complejo porque hay muchos sectores
dentro de los Mestos, los de antes de 1984, los posteriores a 1984 y,
finalmente, los que han terminado la carrera antes del uno de diciembre
de 1994, ya que a partir del uno de enero de 1995 habrá que poner el
reloj a cero porque entonces ya entra en vigor la Directiva comunitaria.
La Directiva comunitaria 1693 introduce, además, otra especialidad, que
es la de medicina familiar y comunitaria que habrá que saber si se
incluye dentro del MIR o no o dentro de la de medicina general o no.
Por tanto, hay que ir buscando soluciones, no digo yo que haya que ir
parcheando, paro sí que hay que ir tomando diferentes medidas para que la
solución que se da a un problema de un sector determinado no entre en
confrontación con los intereses legítimos de los otros sectores. En este
sentido, sepa que, aunque siempre ha sido así, el Ministerio continuará
teniendo el apoyo de nuestro Grupo con la finalidad, sobre todo
pragmática, de no hacer oposición por hacer oposición. Queremos colaborar
para buscar una solución, precisamente, a ese colectivo, puesto que las
dificultades que tienen son consecuencia de que en un momento determinado
no se dieron las condiciones adecuadas para que pudieran solucionar su
problema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona i Vila.
--DE DON ANTONIO RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS
PERSONAS EN LAS QUE RECAERA EL PAGO DE LA MULTA POR SUPERACION DE LA
CUOTA LACTEA EN LA CAMPAÑA 1995/1996. (680/000186.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Antonio Rodríguez Rodríguez, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las personas en las que recaerá el
pago de la multa por superación de la cuota láctea en la campaña
1995/1996.
El Senador Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Agricultura, ¿sobre quiénes va a hacer recaer su
Ministerio el pago de la multa por superación de la cuota láctea en la
campaña 1995/1996?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Ministra de Agricultura, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, como muy bien sabe, lo que va a hacer el Gobierno, y lo he
reiterado en distintas ocasiones, es aplicar la legislación vigente, es
decir, aquello que contempla el Real Decreto 324/1994, de 28 de febrero
del año 1994. Supongo que el señor Senador coincidirá plenamente con el
Ministerio y apoyará plenamente esas tesis por cuanto obedece a un
Decreto aprobado por el anterior Gobierno respaldado por el PSOE, partido
al cual pertenece su señoría, con lo cual supongo que no irá en contra de
sus propios actos y respaldará la postura del Ministerio.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Agricultura.
Senador Rodríguez Rodríguez, tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, creo que queda bastante patente su interés en aclarar
esta cuestión. Esta es la segunda vez que le formulo la misma pregunta en
el espacio de cinco meses y tengo que decirle de verdad que lo hacía con
el ánimo de que ésta fuera la última vez, pero después de su respuesta
tengo mis dudas de que sea así.
Ya no sé qué interés tendrá usted por conocer cómo ha llevado su
Departamento este tema, pero estoy seguro de que no necesitaré hacer un
gran esfuerzo para poner de manifiesto la falta de claridad, de
transparencia y de información a este respecto. Esta misma mañana los
medios de comunicación se hacen eco de esto que le estoy diciendo e
incluso de lo que va a pasar. Pese a su respuesta, yo me quedo sin saber
qué es lo que va a pasar, y por eso le haré un breve recordatorio de lo
sucedido hasta ahora.
En primer lugar, antes de negociar en Bruselas, ustedes dieron unas
cifras oficiosas que intentaron rectificar cuando ya era tarde y había
recaído una multa de 7.100 millones de pesetas en números redondos. Ante
esta situación, usted reaccionó de una forma algo similar a la de hoy
--luego verá la contradicción--, con una actitud pseudoejemplarizante, y
anunció a todo el mundo, incluso a esta Cámara, que iban a pagar los
ganaderos que se hubieran sobrepasado en la producción. Pero
posteriormente, obligada por las movilizaciones y por las protestas,
usted matizó esa primera declaración diciendo que sería proporcional y
que, por tanto, tendría en cuenta a los buenos y malos ganaderos en
función de que se hubieran sobrepasado poco o mucho o no tuvieran
licencia para producción.
Pero estas mismas movilizaciones a que me refiero le han llevado a usted
a hacer un viaje a Galicia dos días antes de una anunciada tractorada, y
a mantener una entrevista que se calificó como privada --repito, dos días
antes de una movilización--, no sé si para intentar evitar la
movilización o porque este año hay elecciones autonómicas en Galicia o
por ambas cosas a la vez. Lo cierto es que de esa visita privada con el
señor Fraga salen diciendo que los ganaderos no tendrán que pagar la
multa. Como ve usted, algo bastante distinto a lo que se venía diciendo.
Y posteriormente, y en esto estamos al día de hoy, lo que dicen los
medios de comunicación --de ahí mi pregunta si no se aclara la
situación-- es que, efectivamente, la multa no la pagarán los ganaderos y
que se pagará mediante subvenciones de la Comunidad Autónoma a las
industrias primeras compradoras --que son las que debieran cobrar a los
ganaderos-- y que esto se hará efectivo en el plazo de cinco años, lo que
en Galicia representa 500 millones de pesetas por año pagados por la
Xunta y por la Administración central.
Yo quiero saber si esto es así, si esto es verdad. Quiero que me conteste
a ello realmente. Si esto es así en Galicia, quisiera saber qué va a
pasar en las demás Comunidades Autónomas que tienen el mismo problema,
porque Galicia representa aproximadamente el 50 por ciento de la multa.
Usted tiene la obligación de responder con claridad, si no ante los
medios de comunicación, al menos ante este Parlamento, qué es lo que va a
pasar.
Para finalizar, señor Presidente, le recordará a la señora Ministra que
este problema de la campaña anterior se puede ver agravado en la campaña
que finalizará dentro de dos meses. Tiene usted pendiente, con nueve
meses de retraso, el cumplimiento de un compromiso electoral que será lo
único que resuelva el caos al que se está llevando al sector, que es el
incremento de un millón de toneladas en la cuota láctea. La situación
está complicándose de tal manera que empieza a funcionar el dinero negro,
las industrias ofrecen comprar leche con dinero negro y, aparte del
fraude, lo que hace esto es multiplicar la lecha «negra» y, por tanto,
complicar la situación.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Por segunda vez le he contestado y por segunda vez le he contestado lo
mismo, señor Senador, lo que pasa es que no hay peor cuestión para no
comprender que no querer entender.
Le reitero que se va a aplicar el Decreto 324/1994, que es el que regula
precisamente la aplicación de la sobretasa y que supongo que usted
respalda plenamente porque, insisto, fue aprobado por el anterior
Gobierno, un Gobierno socialista a cuyo Partido pertenece usted, Gobierno
que tenía su respaldo claro y explícito. Eso es lo que le digo.
En cuanto a buenos y malos ganaderos, es usted quien ha hablado de buenos
y malos, yo nunca me he referido ni a buenos ni a malos ganaderos. Lo que
hay es gente que se gana la vida precisamente con la ganadería, lo que
hay son explotaciones ganaderas, pero, señor Presidente, señor Senador,
lo único que hay que decir es que, lamentablemente, ha habido en España
un Gobierno durante muchos años que ha sido incapaz de defender los
intereses de los ganaderos españoles (Rumores.), que en su momento no
supo negociar lo que era la cuota láctea para España, que aceptó una
cifra absolutamente insuficiente de cuota láctea para España, y que
después de trece años seguimos teniendo cinco millones 600.000 toneladas,
es decir, como mínimo un millón de escasez. Y ahora, porque llevamos
nueve meses intentando aumentar esa cuota, usted me dice que vamos con
retraso. ¿Y los diez años que estuvieron ustedes gobernando, desde 1985,
en que se acuerda la cifra de los cinco millones y medio de toneladas
como cuota láctea para España sabiendo que eso era absolutamente
insuficiente? ¿Qué ha pasado durante esos años? ¿Y qué pasa con los más
de 200.000 millones de pesetas que hemos tenido que pagar todos los
españoles por la incapacidad del Gobierno anterior? (Fuertes rumores.
Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Señor Senador, lo que quiero decirle es que frente a eso, lo que
planteamos desde este Gobierno son medidas positivas para apoyar al
sector ganadero como las que presenté ayer ante la opinión pública y ante
el propio sector. Medidas positivas que suponen, en un momento de
dificultades, que hay que conseguir un nivel de calidad para la
producción láctea española, unos estándares que nos van a ser exigidos a
partir del 1.º de enero de 1998, una aportación de una prima
extraordinaria de 5.000 pesetas por cabeza precisamente para que los
ganaderos puedan adoptar las medidas necesarias para estar en perfecto
estado de revista ese 1.º de enero de 1998. Sabemos que el ganado lácteo
precisamente ha tenido enormes problemas este año, ya que los ganaderos
no se han visto beneficiados por ninguna de las ayudas extraordinarias
que se han planteado para el ganado de aptitud cárnica precisamente por
la crisis de las vacas locas, y sabemos que, sin embargo, también se han
visto afectados en sus ingresos por esta crisis.
Por eso es por lo que nosotros vamos con medidas positivas; medidas
positivas que suponen una serie de controles para preparar los niveles de
calidad, los niveles bromatológicos y los de los estándares de calidad de
la producción láctea española para que el 1.º de enero estemos en
condiciones de cumplir; medidas positivas para simplificar ese fárrago de
normas que son las regulaciones que a lo largo de todos estos años ha ido
aprobando el anterior Gobierno sin tener la más mínima comprensión para
simplificar y dar algo mucho más asimilable y menos contradictorio, como
resulta a veces, que lo que en la actualidad está en vigor.
Eso es lo que nosotros vamos a hacer para el sector ganadero hablando
siempre con la máxima claridad y explicando desde el principio las cosas
como hemos venido haciendo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.
--DE DON PEDRO TOMAS GALVAN DE URZAIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE SI COMPARTE EL GOBIERNO LAS MANIFESTACIONES DEL EX
MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, DON JERONIMO SAAVEDRA
ACEVEDO, RELATIVAS A LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL PLATANO.
(680/000174.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Pedro Tomás Galván de Urzaiz, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si comparte el Gobierno
las manifestaciones del ex Ministro para las Administraciones Públicas,
don Jerónimo Saavedra Acevedo, relativas a la Organización Común de
Mercado del plátano.
Tiene la palabra el Senador Galván de Urzaiz.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Señor Presidente, señorías, señora Ministra,
tras la aprobación y puesta en vigor del Reglamento 404/1993, por el que
se reguló la Organización Común de Mercado del plátano, éste se ha
constituido en un elemento fundamental y básico en el desarrollo
económico y social de las regiones ultraperiféricas, entre ellas la
región canaria.
Este instrumento jurídico, que mezcla con absoluta habilidad el régimen
de licencias con el contingente y las ayudas compensatorias, se consiguió
básicamente por un esfuerzo, por un trabajo coordinado de los
agricultores comunitarios de las Administraciones española, francesa,
portuguesa e inglesa y de la propia Comisión, que hizo un esfuerzo
notable para idear el propio Reglamento y su puesta en funcionamiento.
No cabe duda, señora Ministra, que este esfuerzo, que arrancó en 1992, se
ha mantenido hasta la fecha, siendo muchas las dificultades que han ido
venciéndose en todo este tiempo, entre ellas, recursos interpuestos ante
el Tribunal de Justicia de Luxemburgo que, precisamente el día 4 de
febrero pasado, ha dictaminado a favor del propio Reglamento, de este
mecanismo fundamental, como decía al
inicio de mi intervención, para el desarrollo económico y social de estas
regiones ultraperiféricas.
En este contexto, señora Ministra, y cuando todos a una estamos
defendiendo ese Reglamento de la OCM, ha habido unas declaraciones hace
dos semanas del ex Ministro, señor Saavedra, quien venía a señalar
públicamente, y con un gran titular, que la OCM del plátano será la
primera baza que dejará caer nuestro Presidente del Gobierno a favor de
los intereses de las multinacionales americanas.
Evidentemente, estos grandes titulares no solamente han quedado ahí, sino
que han venido reforzados por la intervención también pública y aparecida
en prensa del eurodiputado señor Medina, que ha venido a relacionar esta
afirmación del señor Saavedra con el supuesto entreguismo de España a los
intereses de Norteamérica.Y no solamente ello, sino que, además, se ha
vinculado la puesta a disposición de la OCM del plátano a la supuesta no
aplicación de la Ley Helms-Burton.
Ante estas manifestaciones públicas, por la trascendencia que tiene no
solamente para los productores de las regiones ultraperiféricas, sino
para las sociedades de estas regiones ultraperiféricas, señora Ministra,
¿el Gobierno comparte estas graves manifestaciones que llegan en
titulares a la Comisión de la Unión Europea?
Muchas gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Galván de Urzaiz.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, quiero afirmar rotundamente que son absolutamente falsas
tanto las informaciones vertidas por el señor Jerónimo Saavedra, como las
declaraciones y las referencias que hace el señor Medina. Yo no sé si el
señor Jerónimo Saavedra ha sido víctima de una mala información, de un
engaño por parte del señor González, porque cualquiera de las dos
posibilidades caben: bien que el señor González le ha informado mal,
porque el señor González estaba dispuesto a entregar los intereses del
plátano en cualquier momento como primera moneda de cambio y ha pensado
que su sucesor iba a hacer lo mismo, o bien --puestos a hacer juicios de
intenciones se pueden hacer para todo el mundo-- porque ha querido
sembrar la zozobra en las islas, sabiendo que en el archipiélago canario
la producción del plátano es un elemento absolutamente vital.
Yo tengo que decir rotundamente que por parte del Gobierno de España se
están haciendo todas las gestiones necesarias para defender el cultivo
del plátano en las islas Canarias. Tengo que afirmar, y no me duelen
prendas en hacerlo, que la actual regulación de la organización común de
mercado del plátano, conseguida por el anterior Gobierno, es una buena
regulación. No me duelen prendas en decirlo, porque es cierto, lo mismo
que digo lo contrario cuando pienso lo contrario. Y tengo que decir, como
muy bien sabe su señoría y todas sus señorías, que, dentro de la Unión
Europea, hay una serie de países, entre otros Alemania, que tienen el
máximo interés en terminar con la actual regulación y que pretenden que
haya una entrada práctica o absolutamente libre de esta mercancía,
arguyendo todo tipo de razonamientos.
En ese sentido, quiero señalar que en la última cumbre hispano-francesa
tanto el Gobierno español como el francés se comprometieron a seguir
defendiendo la actual regulación de la organización común de mercado del
plátano en todos los foros. Se comprometieron a no admitir ningún tipo de
modificación o cambio hasta que no se resolviese el panel que tiene
planteado entre otros Estados Unidos, pero también países como Ecuador,
en donde se discute la compatibilidad de la actual regulación de mercado
con la organización mundial de comercio. Y, por supuesto, puedo afirmar
que se van a hacer todas las gestiones necesarias para defender lo mejor
posible los intereses de la producción platanera canaria.
También tengo que decir que lamento las declaraciones del señor don
Jerónimo Saavedra y del señor Medina, porque entiendo que ese tipo de
declaraciones en nada benefician una postura común, una postura unida,
que yo creo que es la que se debe tener frente a una cuestión como ésta,
para defender mejor los intereses de la producción platanera canaria.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Agricultura.
Tiene la palabra el señor Galván.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Gracias, señora Ministra.
Por cortesía parlamentaria, le agradezco su presencia en esta Cámara y su
oportuna contestación a estas manifestaciones, que han sido vertidas en
los medios de comunicación, y tengo que agradecérselo especialmente,
porque al defender asuntos de la Unión Europea que afectan a regiones
determinadas, en este caso aisladas y lejanas, no cabe duda de que el
consenso político es el principal argumento, la principal arma para
conseguir un final absolutamente seguro para esas producciones
indispensables para esas regiones. Y desde ese punto de vista, reclamo
ese consenso político fundamental en la defensa de los intereses
generales españoles.
Muchas gracias.
--DE DON JESUS MARIA CASTRO ASENSIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE TIENE CONTROLADOS LOS
POSIBLES RIESGOS QUE PARA EL SECTOR AZUCARERO ESPAÑOL PUDIERAN DERIVARSE
DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS OCURRIDOS EN EL ACCIONARIADO DE ALGUNA DE
LAS INDUSTRIAS ESPAÑOLAS DEL SECTOR. (680/000177.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jesús María Castro Asensio, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si considera el Gobierno
que tiene controlados los posibles riesgos que para el sector azucarero
español pudieran derivarse de los movimientos financieros ocurridos en el
accionariado de algunas de las industrias españolas del sector.
Tiene la palabra el Senador Castro Asensio.
El señor CASTRO ASENSIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, como usted sabe, el sector azucarero español ha empezado
el año envuelto en una polémica importante, relacionada directamente con
los movimientos de capital industrial en una de las empresas
transformadoras de dicho sector español. Parece lógica tanto la polémica
como la inquietud que la ha originado, por el conocimiento de la
trascendencia económica y estratégica que este sector tiene, por una
parte, en relación con los ámbitos de decisión europeo, pero también, por
otra parte y especialmente, en relación con la supervivencia de tantas y
tantas explotaciones del agro español, que dependen en gran medida de la
estabilidad y permanencia de los cupos. Sé que usted, señora Ministra,
conoce que la inquietud se ha convertido en zozobra, en alarma, en
especial en zonas remolacheras como las de nuestra región, Castilla y
León, que ven peligrar este cultivo tradicional e imprescindible.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular, al que tengo el honor de
representar en este momento, entiende que es precisa una concreción clara
y definitiva de cuál es la verdadera situación respecto al sector
industrial del ámbito azucarero español, máxime cuando en el río revuelto
que suele generar este tipo de alarmas tampoco han faltado los dedicados
a fomentar y aprovechar la confusión con intereses poco confesables.
Nadie mejor y con mayor autoridad que el Gobierno de la nación para
definir con conocimiento de causa y rigor en qué situación se encuentra
realmente el sector azucarero español después de los acontecimientos
financieros señalados, así como las consecuencias derivadas de los mismos
y los mecanismos de control que desde el Ejecutivo se tengan en este
asunto.
Por ello, formulo esta pregunta: ¿considera el Gobierno de la nación que
tiene controlados los posibles riesgos que para el sector azucarero
español pudieran derivarse de los recientes movimientos financieros
ocurridos en el accionariado de algunas de las industrias españolas del
sector?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Asensio.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, ante todo quiero tranquilizarle a usted y a todo el sector
azucarero español, especialmente al castellano-leonés, porque sé que es
ahí donde hay mayores inquietudes y preocupaciones. Como muy bien sabe,
las empresas azucareras españolas, como cualquier empresa privada que
cotice en Bolsa, se rigen y actúan de acuerdo con sus propias estrategias
y criterios empresariales y cualquier sugerencia gubernamental ha de
pasar necesariamente por la aceptación y el acuerdo de los propios
accionistas. Estamos en un sistema de libre mercado.
En este contexto, cuando el Banco Central Hispano, el BCH, decidió vender
su participación del 50 por ciento de la Sociedad General Azucarera --le
recuerdo que el 15 por ciento de Ebro ha sido el último acto, mejor dicho
el penúltimo, ya que todavía tiene que haber otra serie de actuaciones,
por lo que éste no es, ni mucho menos, el primero--, entró en contacto
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y hubo una serie
de conversaciones, de acuerdos y el BCH, a quien quiero agradecer
públicamente su actuación, hizo una operación de venta compatibilizando
sus intereses, es decir, la rentabilidad y la mejora de sus realizaciones
y de sus acciones, con lo que eran los criterios del Gobierno español de
mantener el capital de las empresas azucareras en manos españolas.
Así, el BCH vendió el 50 por ciento de la siguiente manera: el 24 por
ciento a la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, el 20 por ciento a la
Sociedad Ebro y el 5 por ciento, «grosso modo», a la empresa pública
Mercasa. Eso suponía, entre otras cosas, que por primera vez una sociedad
financiera de Castilla y León se convertía en primer accionista de una de
las azucareras más importantes de España, como es la Sociedad General
Azucarera. Simultáneamente, hubo unas conversaciones, entre otros, con el
Banco de Santander, precisamente para que si el Banco de Santander
consideraba oportuno llevar a cabo un cambio de posición en su
accionariado o en su bolsa de valores, cosa que es totalmente legítima,
hubiera una actuación semejante. Lamentablemente, eso no se produjo así.
Sin embargo, tengo que tranquilizarle, porque, aparte de la presencia del
grupo francés con un 13,4 por ciento, sabemos que, en cuanto a las otras
presencias, hay conversaciones bastante avanzadas para llegar a un
acuerdo y que haya una venta de las acciones que están en manos de grupos
no españoles a grupos españoles, así como el 35 por ciento, «grosso
modo», que es lo que tiene en este momento el grupo Torras Kio, donde hay
que señalar, además, que Kuwait no es un país productor de azúcar, por lo
que difícilmente intentará llevarse la cuota de azúcar fuera de España,
que es lo que de alguna manera inquieta a los productores españoles.
Insisto, creo que es un socio estable que, además, tiene un compromiso
con el Gobierno de contar con la Administración a la hora de cambiar su
posición en el grupo Ebro-agrícolas.
Por lo tanto, señoría, tranquilidad, el sector está controlado y, además,
en este momento, insisto, con la actual regulación hasta el año 2001, el
Gobierno español es el responsable de las cuotas y es el que tiene, en
última instancia, las cuotas en su poder.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.
El señor Castro tiene la palabra.
El señor CASTRO ASENSIO: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias,
señora Ministra.
Intervengo brevemente, primero, para decirle que, en efecto, sus palabras
transmiten una enorme tranquilidad porque de ellas se desprende que desde
el Gobierno se tiene controlado el movimiento accionarial, el movimiento
de capital que hay en el sector y, por tanto, fácilmente se pueden
incentivar los apoyos de una forma u otra que en un libre mercado, en un
sector tan importante como éste, lógicamente debe hacerse así. Pero,
sobre todo, porque esto aclara una situación muy confusa que, en cierto
modo, podría desincentivar la incertidumbre a los agricultores y
desincentivar el sector con la trascendencia negativa que ello tendría,
cosa que en este momento y con sus palabras queda neutralizada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro.
--DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA VOLUNTAD Y EL COMPROMISO DEL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR TODOS LOS
PROBLEMAS TECNICOS, JURIDICOS Y ECONOMICOS PARA LLEVAR A CABO LA
TRANSFORMACION DEL PALACIO DE FONSECA EN PARADOR, CUMPLIENDO ASI EL
CONVENIO FIRMADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y LA SOCIEDAD
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S. A. (680/000161.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Castro Rabadán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la voluntad y el compromiso del Gobierno
para solucionar todos los problemas técnicos, jurídicos y económicos para
llevar a cabo la transformación del Palacio de Fonseca en Parador,
cumpliendo así el convenio firmado entre la Universidad de Salamanca y la
sociedad Paradores de Turismo de España.
El Senador Castro Rabadán tiene la palabra.
El señor CASTRO RABADAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la Universidad de Salamanca realizó hace tres meses, en
febrero de 1996, un convenio con la Sociedad Estatal de Paradores para la
construcción de un nuevo Parador de Turismo en el edificio monumental
denominado Palacio de Fonseca o los Irlandeses, propiedad de la
Universidad, la cual, haciendo cesión del mismo, recibe a cambio el
Parador existente en Salamanca para transformarlo en residencia
universitaria.
Dicho acuerdo recibió y recibe, según sus declaraciones en los medios de
comunicación, el apoyo de la Presidencia de la Junta de Castilla y León,
así como del Alcalde de la ciudad. No es así por parte de la Presidencia
el Gobierno que, en carta a la Asociación de Hostelería, dice que el
convenio tiene pocas posibilidades de llevarse a cabo.
Ante estas contradicciones, pregunto: ¿Es cierta la voluntad, después de
las conversaciones realizadas, del Gobierno y firme su compromiso de
solucionar todos los problemas técnicos, jurídicos y económicos para
transformar el Palacio de Fonseca que hoy es hospedería, en el futuro
Parador de Fonseca, cumpliendo así con el convenio firmado entre la
Universidad de Salamanca y los Paradores de Turismo?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Rabadán.
El señor Vicepresidente Segundo del Gobierno tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Senador, como su señoría sabe, como consecuencia de una pregunta
escrita sobre este mismo tema, que le ha sido contestada recientemente,
el Gobierno central en ningún caso dio su conformidad jurídica a este
acuerdo, ni en febrero de 1996 ni en este momento. Por tanto, su señoría
conoce la voluntad del Gobierno y sabe que esa voluntad no se ha
expresado en términos adecuados en ningún momento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Castro Rabadán tiene la palabra.
El señor CASTRO RABADAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me ha contestado sin responder a la pregunta. Yo sí
conozco la voluntad del Gobierno por las preguntas escritas, no una, sino
tres, que me han contestado, y que dicen: la primera, que no era posible;
la segunda, que ya veríamos, y, la tercera, más de lo mismo.
Está ocurriendo que el Gobierno no quiere cumplir este convenio por una
serie de motivos técnicos y jurídicos: que si firmó Paradores de Turismo,
que si tenía que firmar Turespaña, por los cambios de organigrama que ha
tenido el nuevo Ministerio que usted preside.
Las respuestas que me han dado son: una de 1.º de octubre de 1996, otra
de noviembre, y todas van en el mismo sentido que usted ha planteado. Sin
embargo, el 15 de octubre de 1996 diferentes medios de comunicación de
Salamanca publican la noticia siguiente: El Parador de Turismo del
Colegio Fonseca será una realidad cierta, según acuerdo alcanzado ayer
por los representantes de la Universidad y del Ayuntamiento de Salamanca
con los máximos dirigentes, entre ellos, de la Secretaría de Estado,
Comercio y Turismo, don Fernando Norniella, de la Dirección General de
Turismo, don Carlos Díez, y de la Sociedad Estatal de Paradores.
Como quiera que las respuestas que se le vienen dando a este Senador por
parte del Gobierno son contradictorias con las que se publican luego en
la prensa, he reiterado la pregunta oral en los términos manifestados.
Esperaba que su respuesta no me defraudase, pero sí me defrauda, sigue
manteniendo las cosas en el aire. Y este asunto es una
muestra más de la falta de decisión que el Gobierno tiene como guía, ya
que un día anuncian unas medidas, otro día se desdicen de ellas y
seguimos con la política de «donde dije digo, digo Diego». Es un lema de
una nueva estirpe de familia política.
Con este modelo y este estilo político de una especie de continuo
«interruptus» de paso y marcha atrás están consiguiendo el pleno
desconcierto nacional. Ahora que rectifican ya no aciertan, si
rectifican, pues el tiempo de la duda les hace quedar mal con todos.
Como dije al principio, espero que el Gobierno rectifique en su actuación
y que sea una acción positiva, porque hacer el Parador de Turismo en la
Hospedería de Fonseca, un monumento histórico precioso, daría categoría a
la ciudad de Salamanca, serviría para los fines culturales, turísticos y
artísticos de la ciudad, y como ciudad de congresos y capital de cultura
que se ha solicitado.
Espero que la respuesta definitiva, es decir, la acción del Gobierno
acabe siendo buena para Castilla y León y buena para Salamanca.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Vicepresidente Segundo del Gobierno tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Senador, es usted plenamente consciente de que en febrero de 1996,
no sólo en este caso, sino en otros muchos, con muchos ayuntamientos de
España, el Gobierno en funciones asumió compromisos para los que no tenía
presupuesto y en este caso ni siquiera cumplió los compromisos legales
mínimos, como era que el compromiso para el acuerdo entre la Universidad,
el Ayuntamiento y el Gobierno central fuera formalizado por Turespaña.
Por lo tanto, estamos ante un caso claro de una acción realizada durante
las elecciones, que ha producido engaño en la ciudadanía y en la opinión
pública de Salamanca, sin duda alguna, pero es que se hizo sabiendo que
se iba a engañar y, por lo tanto, usted no nos puede pedir cuentas sobre
esa cuestión.
Su señoría sabe perfectamente, porque se le ha informado por este
Gobierno, que no existió autorización expresa para la firma del convenio
por parte del Consejo de Administración de la Sociedad Paradores de
Turismo España, S. A., luego fue un acto absolutamente fuera de todo
control y de toda legalidad; que no existió mandato ni encomienda
específica de Turespaña a la Sociedad Paradores de Turismo, S. A., para
la realización de los objetivos del convenio; que no se produjo la
estipulación octava del convenio considerada condición suspensiva que
supedita la eficacia del convenio a la cesión efectiva y documental a
favor de la Universidad de Salamanca del edificio actualmente destinado a
Parador de Salamanca; que se ha producido la causa de extinción del
convenio establecido en la cláusula 9.B de no presentar en el plazo de
seis meses el proyecto definitivo de rehabilitación del edificio Fonseca;
y que, en consecuencia, toda ésta ha sido una operación que, sin duda, ha
producido un engaño a la opinión pública de Salamanca, pero se hizo
claramente con esa intención.
El valor real del actual Parador es de 1.600 millones de pesetas, la
inversión a realizar sería aproximadamente de una cantidad similar, que
no estaba consignada en los Presupuestos Generales del Estado para 1996 y
que no lo está para 1997. Y es indudable que, además, el actual servicio
que la Sociedad Paradores presta a la ciudad de Salamanca, con un parador
que, además, es rentable, es un servicio de gran calidad. En ese sentido,
el Gobierno Central mantiene contactos con la Universidad y con el
Ayuntamiento, que han sido claramente inducidos a engaño, pero no han
sido inducidos a engaño por nosotros, y no puedo, en este momento,
clarificarle a usted más allá de estas cuestiones que se las hemos
ratificado tres veces por escrito, como usted ha reconocido, y se las
ratifico yo una vez más oralmente en este momento.
Quizás usted, que pertenecía al Grupo Socialista en febrero de 1996,
pudiera explicarnos alguna vez cómo fueron capaces en aquel momento en el
Gobierno de tomar ese tipo de decisiones sin presupuesto y sin
autorización jurídica, como hicieron con otras muchas en costas en las
mismas circunstancias, nada más que porque estábamos en campaña
electoral.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
--DE DON JAIME LISSAVETZKY DIEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS MEDIDAS QUE HA ADOPTADO O VA A ADOPTAR EL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA PARA SALDAR LA DEUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (IRPF) EN LAS
UNIVERSIDADES PUBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y, ESPECIALMENTE, DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO
DE LA COMISION MIXTA DE TRANSFERENCIAS DE FECHA 18 DE MAYO DE 1995.
(680/000181.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas que ha adoptado o va a
adoptar el Ministerio de Economía y Hacienda para saldar la deuda en
materia de Seguridad Social e Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y,
especialmente, de la Universidad Complutense, en cumplimiento de lo
establecido en el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de fecha
18 de mayo de 1995.
El Senador Lissavetzky tiene la palabra.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me tocó, como Consejero de Educación y Cultura de la
Comunidad de Madrid, llevar a cabo el proceso de transferencias de las
competencias en materia de enseñanza universitaria, las universidades; un
proceso largo, difícil y complejo, sobre todo, porque había un problema
que afectaba muy especialmente a la Universidad Complutense, y es que
había una deuda en torno a 22.000 millones de pesetas --en números
redondos-- por impagos a la Seguridad Social e impagos del IRPF. En el
acuerdo que se llevó a cabo en la Comisión Mixta de Transferencias se
puso como condición para recibir estas competencias por la Comunidad de
Madrid el que el Ministerio de Economía y Hacienda se hiciera cargo de
esas deudas. Así figura en documento formal, y mi pregunta es, según ha
expresado el señor Presidente de la Cámara: ¿en qué estado de la cuestión
está ese pago a la Complutense o este hacerse con esas deudas de la
Complutense y del conjunto de las Universidades Públicas, porque hasta el
momento, según mi conocimiento, no se ha producido ningún acuerdo en el
Consejo de Ministros?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lissavetzky.
El señor Vicepresidente Segundo del Gobierno tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Senador, efectivamente, se está en este momento en negociaciones
entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el Gobierno Central para saldar
las deudas, habida cuenta de los términos empleados en el citado acuerdo
en que el Estado se compromete a asumir las deudas de las universidades.
El Gobierno espera que las medidas que puedan solucionar definitivamente
este problema se puedan tomar durante este primer trimestre del año.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
El Senador Lissavetzky tiene la palabra.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco su contestación. Yo creo que esto puede
tener cariz de una buena noticia para las universidades madrileñas y
concretamente para la Complutense, pero yo tengo alguna pequeña duda que
me gustaría que me aclarara. Me llega alguna noticia de que parece ser
que lo que está contemplando el Gobierno de la Nación es tener
exclusivamente en cuenta esas deudas hasta el 31 de diciembre de 1994; en
el supuesto de que se llegue a ese acuerdo, significaría que no
contemplarían ustedes las deudas desde el 1 de enero de 1995 hasta el
momento en el que se produjo la transferencia; prácticamente son seis
meses, y serían en torno a 4.000 millones de pesetas. Yo le adelanto ya
que, de llegarse a ese acuerdo, nosotros intentaremos por vía
parlamentaria, lógicamente, protestar, en el supuesto de que no hubiera
un cumplimiento estricto hasta la última peseta.
En segundo lugar, quiero decirle que me parece sinceramente que se está
produciendo un retraso. Me imagino que usted conoce que en el primer
borrador de Presupuestos, hecho por su Departamento, figuraba el pago de
esta deuda que está generando unos problemas graves en la Universidad
Complutense desde lo que a las reclamaciones lógicas de la Seguridad
Social a los trabajadores de la Universidad se refiere, hasta las
reclamaciones, incluso judiciales, a los trabajadores de la Universidad
por parte del Insalud, a las dificultades de los investigadores para
recibir ayudas y subvenciones, porque la Universidad no está al corriente
de sus obligaciones, porque, además, hay problemas en el propio Consejo
Social para aprobar las cuentas de los ejercicios, hay un ruido en la
contabilidad, y esto exige una urgente solución. Se ha perdido ya un
tiempo precioso y no se han aprovechado los Presupuestos de 1997 hasta
este momento.
El actual Consejero de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid es
don Gustavo Villapalos. El fue rector de la Universidad Complutense
durante ese tiempo. Yo creo que deberían ustedes intentar --no sé si
utilizan esa palabra-- tener solidaridad, o cuando menos cubrir esta
deuda que se tiene con la Universidad Complutense, que se tiene
concretamente con la Comunidad de Madrid y, puesto que el Gobierno de la
Comunidad parece incapaz de conseguir del Gobierno de la Nación una serie
de reivindicaciones razonables que se están planteando, yo le ruego al
Ministro de Economía y Hacienda que tenga muy en cuenta que el futuro de
la Universidad, y muy concretamente de la Universidad Complutense, pasa a
través suyo, a través de la decisión que tome el Consejo de Ministros;
tome esta decisión lo más pronto posible. Veo, por lo que vengo
observando, incapacidad del señor Ruiz-Gallardón y del Gobierno de
Madrid, que calificó de los mejores, de conseguir que la Administración
Central pague, por ejemplo, esta deuda o que se le compense por otras
actuaciones de su Departamento, como es la disminución del Impuesto de
Sucesiones, con lo que hemos perdido ya 2.000 millones de pesetas en
Madrid. Le ruego que, por una vez y espero que sirva de precedente, hagan
caso al señor Ruiz-Gallardón y nos arreglen algún problema que tenemos
aquí, en Madrid.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lissavetzky.
El señor Vicepresidente Segundo del Gobierno tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Senador, efectivamente en mayo de 1995 se firmó un compromiso entre
el entonces Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central.
Ganadas las elecciones por el Partido Popular, este compromiso no fue
satisfecho por el Gobierno central. Señor Lissavetzky, entonces nos
hubiera gustado mucho que usted hubiera hecho
estas mismas manifestaciones. Seguramente, hubiera tenido usted,
entonces, mucha más influencia o, al menos, eso es lo que podríamos haber
pensado.
Yo le voy a decir una cosa. Fíjese: usted es del Grupo Socialista y va a
conseguir que un Gobierno del Partido Popular cumpla con la Comunidad de
Madrid lo que usted firmó, cosa que el Gobierno del Partido Socialista,
el Gobierno Central no quiso cumplir, porque de mayo de 1995 a mayo de
1996, señor Lissavetzky, cuando usted no hacía este tipo de preguntas, el
Gobierno de entonces tampoco fue capaz ni de identificar el importe de la
deuda ni de dotar el crédito necesario para su cancelación.
Nosotros asumimos responsabilidades de Gobierno en mayo de 1996; en
septiembre de 1996 procedimos a identificar, junto con la Comunidad de
Madrid, cuál era el importe de la deuda, y en eso estamos trabajando y,
como yo le he dicho, estamos en condiciones de decir que seremos capaces
de cancelar esta cuestión durante el primer trimestre. Vuelvo a
ratificarle, señor Lissavetzky, que es realmente lastimoso que por un
cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid, el Gobierno anterior haya
retrasado durante un año decisiones que se podían haber tomado para el
presupuesto de 1996.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
--DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA RELACION QUE EXISTE, EN OPINION DEL GOBIERNO, ENTRE
LA FALSA «AMNISTIA FISCAL ENCUBIERTA» DE DOSCIENTOS MIL MILLONES DE
PESETAS Y LAS CONGELADAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS.
(680/000182.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Antonio Arévalo Santiago, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la relación que existe, en opinión
del Gobierno, entre la falsa «amnistía fiscal encubierta» de 200.000
millones de pesetas y las congeladas retribuciones de los empleados
públicos.
El Senador Arévalo Santiago tiene la palabra.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, el señor Acebes afirmó que a 600 amigos del
PSOE se les perdonó más de 200.000 millones de pesetas. El señor de
Grandes insistió: Se han beneficiado los ricos amiguetes del PSOE. Los
dos, con fina interpretación constitucional, habitual en el Partido
Popular, apostillaron: Tiene que ser el PSOE quien demuestre que no es
así. El señor Rato terció en el escándalo, y fue el mismísimo señor Aznar
quien con su habitual seguridad sentenció: Se han dejado de recaudar
200.000 millones para favorecer a algunas personas, y pagan el pato
personas, como los funcionarios, a los cuales si esto se hubiera
ingresado en las arcas públicas se podría haber aumentado el sueldo. No
lo ponía como ejemplo; era una afirmación. ¿Cuál es, por tanto, la
relación que existe entre una cosa y otra?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Arévalo Santiago.
El señor Vicepresidente Segundo del Gobierno tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas
gracias, señor Presidente.
Pues la cantidad, señor Senador; exactamente la cantidad: 200.000
millones de pesetas es el importe de la revalorización de los sueldos de
los funcionarios para 1997.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
El señor Arévalo Santiago tiene la palabra.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Vicepresidente Segundo, su contestación ha sido
evidentemente clarísima: usted no tiene contestación. Ni siquiera sienten
pudor cuando hablan de este tema. Están ustedes utilizando a los
funcionarios de una manera absolutamente intolerable.
En el mes de septiembre, respondiendo a una pregunta mía, que fue
contestada por escrito, el Gobierno dijo que no se subía el sueldo de los
funcionarios porque el objetivo inmediato se centra en garantizar la
subida de las pensiones de conformidad con el IPC. Y apostillaba: de esta
manera se posibilitará, además, la generación de nuevo empleo.
Cuando se le hizo ver esto al señor Ministro de Administraciones Públicas
en la comparecencia en la Comisión correspondiente, dijo: No, esto no es
así. Se le contestó que lo había dicho el Gobierno y que estaba firmado,
pero él respondió que no es así, que el motivo es otro. Ahora resulta que
ya sabemos cuál es el motivo. Se conoce que ustedes ya en verano conocían
que había ese problema de los 200.000 millones, que es cuando ustedes
tomaron la decisión de congelar las retribuciones de los funcionarios
públicos. Lo sabían ya en verano y se lo han callado hasta ahora, que es
cuando hacen esta relación. ¡Qué bien!
Los razonamientos que ha hecho su señoría y que ha venido haciendo el
Gobierno dan la razón al Secretario General de la Unión General de
Trabajadores y, por tanto, en cuanto se recupere cualquier cantidad de
esos 200.000 millones, ya saben ustedes lo que tienen que hacer, dárselo
a los funcionarios. Tomen ustedes nota de esto. Se han comprometido, por
tanto, a hacer una serie de razonamientos que no coinciden para nada y
sólo juegan con los funcionarios públicos.
¿Cuándo van ustedes a parar de una vez y se van a dedicar a gobernar a
los españoles? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a abandonar este estilo?
Ustedes no quieren la confrontación democrática, ustedes sólo quieren el
enfrentamiento. Ustedes no quieren tener adversarios, ustedes sólo
quieren tener enemigos. Ustedes no gobiernan, ustedes lo que hacen es
atemorizar a todos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Arévalo Santiago.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas
gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Senador.
Lo primero que hay que hacer para recuperar esos expedientes es no
desistir de acciones judiciales. Yo le puedo garantizar, señor Senador,
que este Gobierno no va a desistir de ninguna y lamento que en su
influencia sobre el Grupo Parlamentario Socialista no haya usted
convencido al Gobierno anterior de que no desistiera tampoco de ninguna.
Escribiendo una nueva página en la historia tributaria española, el
Gobierno anterior desistía de acciones para defender los derechos de la
Hacienda Pública. Es una buena pregunta que quizá me haga usted la
próxima vez.
Dice usted que nosotros no estamos de acuerdo con la confrontación
democrática. ¿Cómo cree usted que estoy sentado yo aquí? Elegido por los
votos de los españoles, exactamente igual que usted. ¿A su Grupo le
molesta que los ciudadanos sepan que, por la gestión absolutamente
irregular y por la negligencia política, la Hacienda Pública española ha
tenido un perjuicio de 200.000 millones de pesetas? Comprendo que les
preocupe. Comprendo que ustedes prefirieran que no se supiera. Estoy
completamente convencido de que su intención era que no se supiera nunca,
pero precisamente gracias a la confrontación democrática ustedes no
gobiernan y se ha sabido por los ciudadanos españoles. Fíjese usted las
ventajas que tiene la confrontación democrática frente al ocultamiento de
la realidad. Su señoría no ha discutido para nada que se han producido
retrasos injustificados de hasta cinco años; no ha discutido para nada
que no hay ninguna explicación jurídica ni técnica; no ha discutido para
nada que desde el año 1991 se sabían las consecuencias de esos retrasos;
no ha discutido para nada que los propios servicios internos de
intervención de la Agencia General de la Administración Tributaria
estaban denunciando las consecuencias de esos retrasos; y no ha discutido
para nada una cosa todavía más importante, cuando ha citado usted a
algunos miembros del Grupo Parlamentario Popular. Yo le voy a decir a
usted, en boca de don Joaquín Almunia, portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados y, según su organización, creo
que, además, persona que incluso tiene responsabilidades en la
coordinación entre los dos Grupos, cuándo hay que referirse a amigos en
términos políticos. Dice el señor Almunia que hay que referirse a amigos,
en términos políticos, cuando se beneficia a unos pocos y poderosos y se
perjudica a muchos y débiles. Pues, señoría, éste es exactamente el caso,
porque 600 personas con deudas tributarias de 200.000 millones de pesetas
han salido objetivamente beneficiadas en una gestión sin precedentes de
negligencia política en la Agencia Tributaria. Y eso se sabe gracias al
Gobierno del Partido Popular.
Fíjese usted, en las oficinas nacionales de inspección de Madrid y
Barcelona, responsables de la investigación de grandes fraudes, ha
prescrito el 41 y el 51 por ciento de deuda liquidada, firmada en
disconformidad entre 1991 y 1996, respectivamente. En la Delegación
especial de Madrid han prescrito expedientes de 2.872 contribuyentes, de
los cuales 172 acumulan una deuda líquida por importe de 28.000 millones
de pesetas, el 73 por ciento de la deuda prescrita. Es decir, 172 son los
poderosos y pocos y por eso su señoría se tiene que ir acostumbrando a
que, en términos políticos, se hable de favores y de amigos políticos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
--DE DON OCTAVIO JOSE GRANADO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA COMUNICAR A LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS QUE NO SE HAN ACOGIDO AL NUEVO MODELO DE
FINANCIACION, LAS ACTUACIONES QUE TIENE PREVISTAS PARA DAR CUMPLIMIENTO
AL ARTICULO 84.2 DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1997. (680/000185.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta formulada por don Octavio José
Granado Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha
prevista por el Gobierno para comunicar a las Comunidades Autónomas que
no se han acogido al nuevo modelo de financiación, las actuaciones que
tiene previstas para dar cumplimiento al artículo 84.2 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Tiene la palabra el Senador Granado Martínez.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Es un objetivo compartido por los grupos políticos de esta Cámara el
hecho de que todas las administraciones públicas deben colaborar a que
España pueda mantener, no solamente en el año 1997, sino los siguientes,
los objetivos de reducción de déficit y de endeudamiento, que permitan
que la incorporación a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria
se consolide en ejercicios sucesivos. Para ello sería especialmente
necesario que el conjunto de administraciones públicas y las Comunidades
Autónomas conocieran cuál va a ser su participación en ingresos del
Estado.
Las Comunidades Autónomas que no se han acogido al nuevo sistema de
financiación tienen, en el artículo 84 de
la actual Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, calculados
los anticipos a cuenta que van a recibir en función de dicha
circunstancia, pero desconocen qué criterios se les van a aplicar para la
liquidación definitiva de esta participación en los ingresos del Estado
que, evidentemente, va a afectar a sus ingresos en los años 1998 y
siguientes. ¿Qué va a hacer el Gobierno para dar cumplimiento al apartado
segundo de dicho artículo, a fin de que las Comunidades Autónomas puedan
calcular sus previsiones de ingresos y puedan colaborar más eficazmente
en materia de la reducción del déficit y del endeudamiento del conjunto
de las administraciones públicas?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado Martínez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Como seguro que conoce el Senador Granado, a lo largo de estos meses se
han celebrado reuniones de las Comisiones Mixtas de las distintas
Comunidades Autónomas, algunas de las cuales han aceptado el modelo,
otras no y otras todavía no han celebrado la reunión de la Comisión Mixta
a la que acabo de hacer referencia.
El modelo que en principio tendrán las Comunidades Autónomas que no han
aprobado el que acordó en su día el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y que luego se plasmó en reformas legales en las Cortes
Generales, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, será
el modelo anterior, si bien el Gobierno también plantea la posibilidad de
que pueda aceptarse el modelo de una manera parcial. Por ejemplo, que se
acepte la capacidad normativa a los tributos cedidos, que se acepte el 30
por ciento del IRPF pero sin capacidad normativa y, por tanto, son las
Comunidades Autónomas las que saben y las que tienen que decidir cuál es
el modelo que realmente les interesa. El Gobierno en este momento, frente
a quien no quiere aceptar el modelo, como usted perfectamente puede
entender, no puede hacer nada, sino simplemente aplicar la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, concretamente el artículo 84.1 al que
usted hizo referencia para las entregas a cuenta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
Tiene la palabra el Senador Granado Martínez.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco al Ministro su contestación. El problema es que no me explica
por qué lo que dice es cierto. Voy a intentar explicárselo con el máximo
respeto.
El artículo primero de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas, que ustedes no han modificado en la última reforma de la
LOFCA, dice que la financiación de las Comunidades Autónomas se regirá
por la LOFCA y sus Estatutos de Autonomía. Usted me dice ahora que para
las Comunidades Autónomas que no acepten un modelo se aplicará el modelo
anterior. ¿Dónde está escrito eso? ¿En qué Ley figura? Ni lo dice la
LOFCA, ni los Estatutos de Autonomía ni la Ley de Presupuestos Generales
del Estado, que dice que el modelo anterior se utilizará para calcular
las liquidaciones a cuenta, pero no la liquidación definitiva. ¿Por qué
quiere usted obligar a las Comunidades Autónomas a que acepten su
criterio y no una disposición legal? ¿Por qué usted no quiere cumplir la
Ley? Mire usted, señor Rajoy, cuando no hay norma legal que lo explique,
cuando existe un vacío legal --y aquí lo hay, así lo reconoce el artículo
84.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, porque si no sería
absurdo--, la financiación de las Comunidades Autónomas en nuestro país
no puede ser un juego en solitario del Gobierno; es un juego de pareja,
necesita dos interlocutores, y necesita que haya acuerdos. El problema es
que en las reuniones en las que tiene usted que buscar el acuerdo, porque
es su obligación como gobernante, sale insultando a la otra parte, y en
estas circunstancias no va usted a llegar a ningún acuerdo. El Grupo
Parlamentario Socialista le ha ofrecido muchas posibilidades de acuerdo,
usted tendría que dejar de enrocarse en algo que está incumpliendo la
legislación vigente. Usted no puede obligar ni a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, ni a la de Extremadura, ni a la de Castilla-La Mancha a que
acepten sus criterios. Usted está obligado, como las Comunidades
Autónomas, a aceptar la Ley, y ésta no dice qué modelo de financiación
tiene que aplicarse para las liquidaciones definitivas en los años 1997,
1998 y siguientes.
¿Por qué hacen ustedes eso? Porque son incapaces de ofrecer previsiones
creíbles a la opinión pública y a las Comunidades Autónomas. Ustedes
tenían que haber negociado nuevos escenarios de reducción del déficit y
de la deuda, a la vez que la financiación de las Comunidades Autónomas,
pero no lo hicieron porque no les interesaba políticamente, y ahora
tienen ustedes una patata que no pueden resolver ni legalmente ni de
ninguna otra manera.
Además, cuando ofrecen ustedes previsiones, las incumplen clamorosamente.
Desde septiembre a diciembre la recaudación por el Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas se diferencia desde la previsión elaborada en los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 en el avance de liquidación
provisional hasta la liquidación provisional conocida a 31 de diciembre,
en 400.000 millones de pesetas; no 200.000, 400.000 millones de pesetas
que nadie saben dónde están.
El señor PRESIDENTE: Señor Granado, le ruego termine.
El señor GRANADO MARTINEZ: Concluyo en diez segundos, señor Presidente.
Muchas gracias por su benevolencia.
Con este tipo de previsiones se entiende que una vez más, a mediados de
febrero del año 1997, usted no nos pueda decir ni siquiera qué normas
legales ni qué previsiones de ingresos pueden tener en cuenta las
Comunidades
Autónomas para calcular su colaboración con los objetivos de
incorporación a la Unión Económica y Monetaria Europea. Están ustedes
poniendo en peligro la colaboración de las Comunidades Autónomas con la
integración en la Unión Económica y Monetaria simplemente por pura
malevolencia política, por hacer creer a los ciudadanos que las
Comunidades Autónomas gobernadas por los socialistas no quieren colaborar
con el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Granado.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Granado, la intervención que acaba de hacer no se corresponde con
el talante que realmente tiene.
Mire usted, a lo largo de estos últimos meses, en los que se ha producido
el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, el Gobierno
ha hecho un esfuerzo para llegar a un acuerdo con el mayor número de
fuerzas políticas y de Comunidades Autónomas, para que hubiera en España
un modelo de financiación por un período de cinco años, como dice la ley.
El Gobierno consiguió el acuerdo con ocho fuerzas políticas y todas las
Comunidades Autónomas, menos tres. La estrategia del Partido Socialista
fue exactamente la misma en todas las Comunidades: decir que el modelo de
financiación aprobado por el Gobierno era perjudicial para la Comunidad
Autónoma de turno. Probablemente, el caso más espectacular se produjo en
Andalucía, donde el Partido Socialista llenó de carteles toda la
Comunidad diciendo que con el nuevo modelo, por cada peseta que recibiese
un andaluz, un catalán recibiría 7 y un valenciano, 9. Curiosamente, el
mismo día el señor Zaplana era interpelado en Valencia y se le decía que
el modelo era muy malo para la Comunidad Valenciana. Bastó simplemente
con presentar ante las Cortes valencianas el documento que habían
repartido por toda Andalucía los socialistas andaluces para que el debate
durase el tiempo de cero segundos.
Ustedes han hecho muchísima demagogia y siguen haciéndola en este tema de
la financiación autonómica, porque no se conoce todavía cuál es el modelo
de financiación que el Partido Socialista pretende para el conjunto de
las Comunidades Autónomas españolas. Una vez que se han dado cuenta de
que el modelo ha seguido adelante, de que las Cortes Generales han
aprobado las leyes, de que, lógicamente, tienen que plasmarlo desde el
punto de vista jurídico, lo que están pretendiendo es que en España haya
17 modelos de financiación diferentes, porque dicen que si no se acepta
el nuevo modelo es obligatorio negociar un nuevo modelo con las
Comunidades que no lo acepten. ¿Creen ustedes que es coherente con ese
discurso de vertebrar la unidad nacional, que en España existan 17
modelos de financiación autonómica? ¿Le parece a usted lógico que el
Gobierno negocie un modelo con Andalucía, un modelo con Cataluña, otro
con La Rioja, otro con Madrid y otro con Canarias? ¿Por qué no lo
hicieron ustedes a lo largo de estos últimos años en los que --que yo
sepa--hubo un solo modelo de financiación? Y, sobre todo, ¿cómo se pueden
hacer 17 modelos si los intereses son en muchas ocasiones
contradictorios? ¿Cómo se puede hacer un modelo que satisfaga a los
socialistas valencianos, que quieren que prime el criterio población, y a
los socialistas de Galicia, que quieren que prime el criterio superficie?
Esta es la demostración de la demagogia que están ustedes haciendo en
este tema, y de la cual, el caso más patente, sin duda alguna, porque
usted ha hablado de insultos, es el de los socialistas de Andalucía, que
han asistido recientemente a una Comisión Mixta, y puedo asegurarle que
yo, que llevo muchos años en la actividad política, nunca he visto un
espectáculo tan lamentable y tan bochornoso como el que allí se produjo.
(Una señora Senadora: La cinta).
Voy a decir cuál es el planteamiento que hicieron los socialistas de
Andalucía. Los socialistas de Andalucía se presentaron con unos recortes
de un periódico y dijeron: nuestro modelo de financiación es el que nos
dé 479.000 millones de pesetas. Gran rigor, grandes estudios y, desde
luego, un gran patriotismo a la hora de comportarse. (El señor González
Príncipe: Dénos la cinta). Por tanto, sigan ustedes en esa línea, sigan
haciendo demagogia. Les reto a algo: presenten ustedes una proposición no
de ley en esta Cámara para que en España haya 17 modelos de financiación.
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Preséntenla
y háganlo con el aval del señor González. A ver si se atreven. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
--PREGUNTA DE DON AGUSTIN GARCIA MILLAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO ACERCA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CONVERGENCIA EN EL AÑO 1996.
(680/000176.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Agustín García Millán, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el
Gobierno acerca del cumplimiento de los criterios de convergencia en el
año 1996.
Tiene la palabra el Senador García Millán.
El señor GARCIA MILLAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, teniendo en cuenta, como punto de partida que, con el
cambio de Gobierno después de las últimas legislativas, el Partido
Popular recibió del Partido Socialista un presupuesto sin aprobar y una
economía cargada de déficit creciente y un cúmulo de turbulencias
económicas --léase agujeros presupuestarios, pasividad en la recaudación,
etcétera--, circunstancias estas que hacían prácticamente imposible poner
en marcha el ambicioso proyecto presupuestario de convergencia del
Partido Popular, y que, dicho sea de paso, señor Ministro, por el que
nadie daba un duro al principio de la legislatura, es público y notorio
que este Gobierno, con un presupuesto sobrio y rigurosamente austero, ha
conseguido frenar la inflación y el déficit público, posibilitar una
bajada espectacular del precio del dinero y reactivar esperanzadamente el
empleo.
Señor Ministro, este Senador desea conocer directamente del Gobierno los
resultados de su gestión durante el pasado año. Por ello, le formula la
siguiente pregunta: ¿Cómo valora el Gobierno el cumplimiento de los
criterios de convergencia en el año 1996?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Millán.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro
de Economía.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas
gracias, señor Presidente.
1996 será el primer año, desde la aparición de los programas de
convergencia, en que las previsiones se cumplan. En ese sentido, me
parece importante la reflexión que puede hacerse la sociedad española:
que desde los debates que se produjeron en la primavera del año 1992 para
redactar el primer programa de convergencia, que fue presentado por el
Gobierno de entonces al Parlamento, no se había producido en ninguna
ocasión un cumplimiento de las previsiones del programa de convergencia,
a excepción, efectivamente, de 1996. En ese sentido, me parece
especialmente significativo resaltar que, desde el punto de vista de la
evolución de los precios, se ha producido incluso una mejora sobre la
previsión, con una finalización del índice de precios al consumo del 3,2
frente a las previsiones iniciales del Gobierno del 3,5 y posteriormente,
revisadas a la baja, del 3,4. Y lo que me parece todavía más
significativo es el hecho de que la inflación subyacente, aquella que
elimina los efectos de los alimentos sin elaborar y de los precios
energéticos, se haya situado en el 3 por ciento.
En 1996, España, desde el punto de vista de los precios, ha dado una
evolución hacia una sociedad estable que permite que los ciudadanos se
beneficien de condiciones económicas no inflacionistas que garanticen el
poder adquisitivo de sus rentas, de sus salarios, de sus pensiones, y, al
mismo tiempo, permitan una reducción de los tipos de interés. Hemos de
tener en cuenta que los tipos de interés entre diciembre de 1995 y enero
de 1997 han descendido más de 3 puntos, y eso es claramente un beneficio
directo en la vida y en la capacidad económica de las familias españolas.
Desde el punto de vista del déficit público, quiero significar que el
presupuesto de 1995, que fue prorrogado, como su señoría ha reconocido,
para 1996, fue muy mal recibido por los mercados, hasta el punto de que
produjo, entre otras cuestiones, una devaluación de la peseta en marzo de
1995. La falta de credibilidad absoluta de ese presupuesto hacía difícil
que su simple prórroga en 1996 fuera fácil de cumplir. Sin embargo, el
Gobierno, tomando medidas de contención del gasto público y sin producir
ningún aumento de impuestos, ha mantenido las previsiones de déficit
público para el conjunto de las Administraciones Públicas y, sobre todo,
para las que son responsabilidad del Gobierno, que son las
Administraciones centrales. En ese sentido, frente a desviaciones
posibles en la Seguridad Social, se ha producido una mejora también aquí
sobre las previsiones iniciales del Gobierno con respecto al déficit
público del Estado.
Quiero resaltar también que en 1996 se ha producido una importante
aceleración en la creación de empleo y que desde el punto de vista de la
capacidad de creación de empleo de la economía española estamos en una
situación en que si se producen, además, en las próximas semanas nuevas
modificaciones del mercado laboral que incentiven la existencia de
estabilidad en el empleo, España puede entrar en una fase clara de
robustecimiento de su capacidad de creación de empleo camino de resolver
uno de sus problemas o, mejor dicho, el problema histórico más grave de
nuestra generación, que es claramente la alta tasa de paro.
En ese sentido a mí me parece no sólo relevante y optimista el reconocer
que 1996 ha sido el primer año en que un Gobierno en España ha sido capaz
de cumplir el programa de convergencia, por cierto, redactado por el
Gobierno anterior, sino que lo que me parece más importante resaltar,
señor Presidente, señor Senador, es que en 1996 nos hemos adentrado en
una nueva política económica que está produciendo resultados en el frente
de los tipos de interés, en el frente de la competitividad de las
empresas, en el frente de la fiabilidad de nuestra moneda.
Acabamos de asistir a una tormenta monetaria importante como consecuencia
de declaraciones, como consecuencia también de las políticas cambiarias
que se pueden producir entre Estados Unidos y el continente europeo. Sin
embargo, la fiabilidad de nuestra economía ha resistido perfectamente
esta situación de los mercados. Quiero recordarles que la distancia entre
el bono alemán a 10 años y el bono español a 10 años era antes de las
pasadas elecciones superior a 400 puntos básicos y ahora es, en muchos
momentos, inferior a 100 puntos básicos y, en cualquier caso, nunca
superior a esa cifra.
Por lo tanto, nos estamos adentrando en una nueva política económica que
da resultados y, al mismo tiempo --y acabo señor Presidente--, estamos
produciendo no sólo resultados macroeconómicos, sino resultados en la
vida diaria de los ciudadanos, y eso es lo que se percibe en la capacidad
que tiene hoy la economía española de integrarse en la primera velocidad
en Europa.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor García Millán tiene la palabra.
El señor GARCIA MILLAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, agradezco su contestación y felicito al Gobierno por su
gestión, permitiéndome animarles a seguir por este camino de seriedad y
responsabilidad totalmente antagónico al seguido por el Gobierno anterior
del Partido Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
INTERPELACIONES:
--DE DON ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA SITUACION DE LOS CULTIVOS HERBACEOS EN ESPAÑA. (670/000033.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día,
Interpelaciones.
En primer lugar, de don Antonio Rodríguez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la situación de los cultivos herbáceos en
España.
El Senador Rodríguez Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, señora Ministra de Agricultura, en la
campaña de cultivos herbáceos 1996-97 que acaba de finalizar, se ha
aplicado a nuestro país por parte de la Unión Europea una penalización de
14.735 millones de pesetas por haberse superado la superficie de base en
secano en dos regiones y en regadío. (El señor Vicepresidente, Rigol i
Roig, ocupa la presidencia.) Esta penalización es tanto más improcedente
cuanto que no se ha llegado a superar la superficie de base nacional en
el secano, antes al contrario, ha habido un excedente de 380.000
hectáreas, según los datos de su propio Ministerio, por lo que hemos
dejado de percibir a mayores unos 10.000 millones de pesetas en concepto
de las ayudas correspondientes.
Al mismo tiempo que esto sucede, por haberse superado la superficie de
secano en Castilla y León y en el País Vasco, las dos regiones
fundamentalmente afectadas, se les ha aplicado las correspondientes
penalizaciones que suponen para los agricultores de esas dos regiones la
reducción de sus ingresos --porque se les detrae de las ayudas-- de unos
6.300 millones de pesetas. Es decir, que con este Gobierno se han
producido unas pérdidas en secano entre lo que dejamos de percibir y las
penalizaciones de unos 16.000 millones de pesetas, y como la penalización
del regadío supera los 10.000 millones de pesetas, las pérdidas por mala
gestión en la campaña de cultivos herbáceos 1996-97 superan ampliamente
la cifra de 25.000 millones de pesetas.
Para que se comprenda bien la magnitud del problema, deberé recordar ante
esta Cámara que la reforma de la Política Agrícola Común de 1992 en lo
que respecta a determinados cultivos herbáceos, los llamados grandes
cultivos, quedó recogida en el Reglamento 1.765, del año 1992, que
estableció un régimen de apoyo a los productores de esos cultivos
consistente, fundamentalmente, en un pago compensatorio fijado en una
cantidad por hectárea y diferenciado por regiones. Como sus señorías
saben, se establecieron dos sistemas de concesión de la ayuda, un sistema
general para todos los productores y un sistema simplificado para los
pequeños productores.
Los acogidos al sistema general deben retirar de la producción parte de
la tierra de sus explotaciones, por lo que perciben una compensación
económica, y se fijan unas superficies máximas por Estado miembro tanto
en secano como en regadío que, en caso de sobrepasamiento --que es el
problema por el que hoy se plantea esta interpelación--, da lugar a
penalizaciones en el nivel de la ayuda y una retirada obligatoria
adicional de tierras equivalente a la superficie superada, si bien esto
último, como su señoría sabe, fue eliminado en el mes de junio del año
1996.
En cada Estado miembro se elaboró un Plan de regionalización sobre el que
se basaron los rendimientos medios utilizados para calcular los pagos
compensatorios, dando lugar a que en algunos países se establecieran,
además, superficies específicas para el maíz, cuyo sobrante se puede
reasignar a otros cultivos en cada campaña si no se alcanza la superficie
para él asignada.
En España, para el secano, quedó fijada una superficie máxima garantizada
de 8.096.192 hectáreas, que corresponden a la suma de las superficies
máximas garantizadas de las 17 Comunidades Autónomas; para el regadío, en
cambio, se estableció una sola superficie de base nacional, de 1.123.521
hectáreas, diferenciando 403.000 para el maíz y 720.000 para el resto de
los cultivos. ¿Qué sucedió desde entonces?
Primero, campaña 1993-94. En esta campaña en el secano no hubo superación
de las superficies de base en ninguna de las regiones y, por lo tanto, no
hubo penalización para el secano, mientras que en regadío la superficie
que se rebasó, según los cálculos del sistema, fue de un 7,9 por ciento.
Reglamentariamente se debería haber aplicado una penalización económica
sobre la ayuda en esa campaña y una retirada adicional de tierras en la
siguiente. Pues bien, por gestiones del Gobierno socialista la campaña se
cerró con una penalización que solamente se aplicó a las ayudas al
girasol por ser éstas entonces muy superiores en relación a los otros
cultivos y por lo que la penalización afectó realmente a un número muy
reducido de hectáreas.
Segundo, campaña 1994-95. En esta campaña se superó la superficie de base
en el secano en tres regiones: Aragón, el 3,7 por ciento; Castilla-La
Mancha, el 6,1 por ciento, y el País Vasco, el 3,24 por ciento. Pero como
no se llegó a superar la superficie de base nacional, el pago de las
ayudas en secano fue íntegro para los agricultores. En regadío la
superficie superada fue del 16,6 por ciento, pero la penalización,
también por negociación del Gobierno socialista, fue únicamente al
girasol y solamente de un 10,2 por ciento por ser este cultivo también en
esa época el que disfrutaba de las ayudas más altas. De ahí que la medida
también afectó a pocas hectáreas e igual que la campaña anterior fue
aceptada sin ningún problema.
Tercero, campaña 1995-96. Hubo rebasamiento en el secano en tres
Comunidades Autónomas --Aragón, 5,5
por ciento, Castilla y León, 9,5 por ciento, País Vasco, 2 por ciento--,
pero continuó sin rebasarse la superficie máxima de secano a nivel
nacional.
En regadío, la superación de superficie de otros cultivos distintos del
maíz fue del 28 por ciento sobre la base. Para esta campaña se pagaron
íntegramente las ayudas, tanto en secano como en regadío, y esto fue
posible, señora Ministra, gracias al acuerdo alcanzado por los
representantes del Gobierno socialista de España y de la Comisión de la
Unión Europea. Esta negociación supuso un ahorro de 20.000 millones de
pesetas y también evitar la retirada de tierra subsiguiente que entonces
estaba vigente.
Y llegamos a la campaña 1996-97, con el Gobierno del Partido Popular. En
esta campaña se ha superado el secano en dos Comunidades Autónomas:
Castilla y León, 10,9 por ciento, y País Vasco, 4 por ciento. Aun cuando
a nivel nacional tampoco esta vez se ha llegado a superar la superficie
de base nacional, es decir, la suma de la superficie máxima garantizada
de 8.096.192 hectáreas, se ha aplicado por primera vez, para los
productores del secano, una penalización del 9,8 por ciento en Castilla y
León y del 3,9 por ciento en el País Vasco.
En regadío, se han aplicado unas penalizaciones para todos los
cultivadores de España del 25,3 por ciento para los agricultores del
sistema general y del 17,9 por ciento para los del sistema simplificado,
los pequeños productores.
Como es lógico, las reacciones no se han hecho esperar. En ninguna
campaña anterior se penalizó el secano, y de la misma manera, creemos
nosotros, podía haberse evitado en ésta si se hubiera negociado a tiempo
y bien y si se hubiera aplicado el criterio de fijar una superficie
nacional subdividida en diecisiete superficies regionales, como está
pendiente desde el acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre de 1995,
así como compensar secano con regadío, de forma que, al no superarse la
superficie nacional, no se habrían penalizado las regionales.
Por otra parte, en esta campaña, al mismo tiempo, los mensajes del
Ministerio de Agricultura en el sentido de que se negociarían las
penalizaciones y serían sustancialmente rebajadas, si no anuladas,
crearon expectativas en los productores, especialmente en Castilla y León
que es la región más castigada, que se han visto defraudadas con el
consiguiente malestar y preocupación. La espera de este resultado
favorable, que no se produjo, ha hecho también que España haya sido el
Estado miembro de la Unión Europea que ha pagado las ayudas al cereal con
más retraso.
Como conclusión de todo ello hay que decir que de cuatro campañas desde
que se puso en marcha la reforma de la política común, en tres, fruto de
la gestión de un gobierno socialista y del entendimiento y negociación
con los responsables de la Unión Europea, o bien no ha existido
penalización --campaña 95-96-- o ésta ha sido realmente mínima. En
ninguna de las campañas anteriores ha existido penalización para los
cultivadores del secano al no haberse rebasado, como he dicho, la
superficie de base nacional, aunque sí se rebasaran algunas regionales,
como en este año. Para la presente campaña, aun sin rebasarse la
superficie de base nacional en el secano, los agricultores de Castilla y
León y del País Vasco han sido penalizados y han visto cómo han ingresado
6.300 millones de pesetas menos. En conjunto, como he dicho al comienzo
de mi intervención, 16.000 millones de pesetas en penalizaciones y unas
pérdidas de más de 25.000 millones de pesetas.
Lo ocurrido, señoras y señores Senadores, señora Ministra, más allá de la
retórica, pone de manifiesto que es una prueba más de la falta de
capacidad negociadora y de entendimiento --y esto nos parece lo más
preocupante-- de los responsables del Partido Popular en la Unión
Europea, que se traduce en penalizaciones para los agricultores
españoles.
No ha habido reflejos ni capacidad de gestión negociadora. Una vez más,
su Departamento y su equipo, en este como en otras cuestiones --la multa
de la leche, de la que ya hemos hablado esta mañana, es otro clarísimo
ejemplo, y me he quedado con las ganas de decir muchas cosas, pero
ocasión habrá--, han ido a remolque de los acontecimientos. Ciertamente,
señora Ministra, que tampoco la ha ayudado el baile de funcionarios que
ustedes han promovido de los buenos profesionales que han sido removidos
de sus destinos sólo por razones ideológicas, tanto en Madrid como en
Bruselas, y así estamos. Usted sabe perfectamente que tiene fundamento lo
que estoy diciendo. Este era un año que, después de varios de sequía,
debiera ser, por la abundancia de las lluvias, un año para una clara
recuperación de las rentas de los agricultores. Ha desaparecido la sequía
y ha sido un año de buenas cosechas, pero con lo que no contaban muchos
es con que, además de la bajada de los precios --lógica del mercado
cuando hay abundancia--, con la llegada del Partido Popular al Gobierno
llegarían las tasas catastrales, las subidas del gasóleo. ¿Sabe usted
que, en este momento, a un agricultor que salga con su tractor en una
jornada normal de ocho horas y que tenga un tractor corriente de 75
caballos le cuesta cada día de trabajo 500 pesetas más de lo que le
costaba cuando ustedes llegaron al Gobierno? Han llegado las multas de la
leche o han llegado las penalizaciones, como estas de los herbáceos. E
intencionadamente no he incluido en el análisis la anunciada penalización
para las oleaginosas que, según los datos que se han publicado,
representan o representarán unos 5.000 millones de pesetas a mayores. Es
decir, un año para la recuperación de rentas, pero menos, muchísimo menos
de lo que debiera ser y de lo que necesita nuestra agricultura en cuanto
a capitalización y competitividad.
Nosotros, señora Ministra, entendemos que esta penalización no está
justificada, que hay que exigir a la Comisión Europea que cumpla sus
propios calendarios y, por tanto, que, de conformidad con el acuerdo del
Consejo de Ministros de noviembre de 1995, desarrollado sin su presencia
en junio de 1996, se lleve a cabo la reforma del Reglamento, y con
efectos retroactivos a cuando debiera haber estado listo, es decir, a
abril o mayo de 1996, y que, por lo tanto, se aplique a tiempo a los
efectos de evitar estas penalizaciones.
Señora Ministra, tiene usted la obligación de deshacer este desaguisado.
Tiene usted la obligación de recuperar
ese dinero o buscar soluciones alternativas para que nuestros
agricultores no pierdan esas rentas que les pertenecen. Tiene usted la
obligación de hacer que el Gobierno, del que usted forma parte, del mismo
modo que se preocupa de otros sectores, como queda periódicamente de
manifiesto, sectores casi siempre bastante más minoritarios y más
privilegiados que éste, se preocupe y se ocupe de los agricultores y de
sus necesidades con hechos reales, más allá de las declaraciones
solemnes, las declaraciones de buenas intenciones, como la que ha hecho
esta mañana en relación con la leche, y de intenciones loables. Yo espero
que esta vez se deduzca claramente de su respuesta que se van a resarcir
y a recuperar las rentas afectadas por las penalizaciones que motivan
esta interpelación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Rodríguez
Rodríguez.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, Senador Rodríguez, por la ocasión que me da, en un
trámite como es el de una interpelación, de explicar con total claridad
qué es lo que ha pasado exactamente, en qué punto estamos y cuáles son
las posibilidades, con vistas al futuro, de solucionar el problema, que
es cierto, de la penalización que se ha producido este año y que hay que
intentar por todos los medios que no se vuelva a dar.
Antes de nada quiero aclarar a su señoría, porque estoy segura de que no
es nada más que un problema de información inadecuada, primero, que no sé
a qué baile de funcionarios en Bruselas se refiere, porque no ha habido
ningún baile de funcionarios. Ninguno, Senador Rodríguez. Sólo ha habido
una sustitución sencillamente porque el funcionario en cuestión ha
conseguido un puesto en el ámbito de la Administración del Consejo
Europeo, es decir, que ha «saltado» a funcionario del Consejo de
Bruselas, lo cual ha sido porque él ha querido y yo, además, le felicito
por lo que ha conseguido. Creo que es muy importante para España tener
funcionarios cualificados precisamente en la Administración del Consejo.
Por lo que se refiere al Ministerio, ya en Madrid, si lo que pretende es
que se deje a los secretarios generales del anterior equipo, eso es
complicado, porque es evidente que los secretarios generales y los
directores generales están comprometidos con un tipo de política, y son
los únicos cambios que de verdad se han producido. A nivel de
subdirectores, la mayor parte de ellos están en sus mismos puestos. Es
más, precisamente el subdirector responsable de los herbáceos es
exactamente el mismo que había con la Administración anterior. En ese
sentido, señor Rodríguez, creo que conviene que aclare y complete su
información, porque o anda un poco incompleta o le han debido de informar
mal.
Respecto de la siguiente cuestión, la recuperación de las rentas, se ha
producido una recuperación importantísima de las rentas agrarias, de lo
cual debemos felicitarnos todos. El sector agrario ha contribuido en el
año 1996 con un 0,5 por ciento en el crecimiento del 2,2 del PIB. Y como
muy bien sabe el Senador Rodríguez, en el ámbito de los cereales el
término medio de aumento de la renta agraria ha estado por encima del 20
por ciento. Por lo tanto, Senador, a pesar de que indudablemente a todos
nos hubiera gustado que no hubiera habido ningún tipo de penalización en
ningún lugar de España, lo cierto y verdad es que la media de incremento
de renta en este sector ha estado por encima del 20 por ciento. En ese
sentido, estése tranquilo, Senador.
Entro ya en el tema que me ha planteado en su interpelación. En primer
lugar, la interpelación de su señoría omite dar un dato esencial, un dato
básico, y es sencillamente que durante unos años España, lamentablemente,
ha sufrido una climatología absolutamente excepcional debido a la sequía,
una climatología que nos ha hecho rondar el desastre y que en algunos
casos incluso ha sido catastrófica. Ocho millones de ciudadanos sin
abastecimiento y con cortes de agua no es lo habitual en un país moderno
como es España, y eso es lo que hemos tenido que soportar hace 14 meses,
en el verano anterior. Es decir, una sequía absolutamente extraordinaria.
En las campañas 94-95 y 95-96 la intensa sequía que se cierne sobre
España provoca unos efectos muy concretos: rebasamientos notables en
determinadas superficies de base de secano, no utilización de superficies
importantes en otras superficies de base regionales de secano y, sobre
todo, rendimientos medios a la baja en todos los cultivos afectados entre
el 25 y el 30 por ciento por debajo de la media nacional normal, tanto en
secano como en regadío. Y en este último, además, una severa reducción de
la superficie de siembra de cultivos altamente consumidores de agua como
algodón, maíz, arroz, alfalfa y productos hortícolas, lo que hace que la
producción de herbáceos en regadío se convierta en cultivo-refugio al no
poder plantar otro tipo de producción los agricultores.
Esta situación propicia que la Unión Europea durante estos años
experimentase un ahorro importante en sus presupuestos gracias a las
malas cosechas que se producían en España. Así, la Unión Europa se ahorró
restituciones a la exportación de todos esos productos. Es más, la
Comisión ingresó unas cantidades nada desdeñables por las tasas a la
importación de algunos de estos productos herbáceos que fue necesario
importar por la escasez debida a las bajas producciones a causa de la
sequía. La Comisión también ahorró al no tener que pagar ayudas
compensatorias al algodón y al maíz, que no se pudieron sembrar en
regadío en España. Y ese incremento de las disponibilidades
presupuestarias de la Unión Europea derivadas de la sequía en España,
además de la absorción por parte del mercado español de gran parte de los
excedentes en cereales que se producían en otros países sin necesidad de
recurrir a las restituciones, fueron las que determinaron, entre otras
cuestiones --una situación de baja de rentas por una mala climatología,
más una serie de ayudas de ahorros presupuestarios en las arcas
comunitarias, además del carácter, y lo ha dicho muy bien su señoría, que
reflejan las ayudas,
que son pagos compensatorios por pérdida de renta, que es la filosofía de
las ayudas que contempla la nueva PAC en cuanto a los herbáceos-- que la
Comisión, en una negociación con el Gobierno español, decida no imponer
las sanciones correspondientes a los rebasamientos observados en algunas
superficies de base de secano y regadío, de tal forma que en el balance
la Unión Europea todavía salió claramente beneficiada en términos
presupuestarios. Recordará su señoría que al hilo de esos beneficios que
se producían en las arcas europeas se planteó la posibilidad de plantear
una especie de fondo de catástrofes que en parte se nutriera con esos
fondos no utilizados.
Se trata, por lo tanto, de una decisión basada en la existencia de una
causa extraordinaria, señoría, que es la sequía, y que motivó,
paradójicamente, un balance de ahorro en el presupuesto comunitario. Y
para evitar esa situación, se recurre a seguir pagando unas ayudas
compensatorias en su totalidad para complementar las rentas bajísimas de
nuestros agricultores.
En la campaña 1996-97 tenemos nuevos regadíos, en los que no me extiendo
porque los ha señalado muy bien su señoría, pero hay una situación de la
cual yo me congratulo y me alegro, y supongo que su señoría también, y es
que no hemos tenido sequía. Hemos tenido una magnífica cosecha, y la
Comisión ha aplicado las reglamentación vigente y nos ha penalizado a
pesar de las gestiones que se han realizado desde el Ministerio y en
contra, evidentemente, de lo que hubiera sido el deseo de esta Ministra y
de la Administración española. Nos ha penalizado como lo ha hecho con
otra serie de países comunitarios: Alemania, Francia, Italia, Portugal,
etcétera, y lo ha hecho --y ahora me referiré a la modificación del
Reglamento actualmente en vigor-- con unas cantidades que ha señalado,
tanto en Castilla y León como en el País Vasco, para el secano y, en
general, para el regadío. En este caso, al no existir ninguna
modificación legislativa que ampare el rebasamiento y no padecer sequía,
porque está en discusión por retrasos de la Comisión, ha sido de todo
punto imposible evitar las penalizaciones.
Me decía su señoría que cómo no hemos exigido el cumplimiento de los
plazos comunitarios. Lo hemos exigido y lo hemos planteado en reiteradas
ocasiones en el ámbito del Consejo y por eso, entre otras cosas, el grupo
de trabajo está discutiendo hoy de nuevo sobre estas cuestiones. El
problema es que la Comisión está muy reacia a llevar a cabo cierto tipo
de compensaciones porque, indudablemente, supondrá unos mayores gastos
presupuestarios, y en este momento la Comisión, para entendernos y
hablando en términos coloquiales, está «racaneando» hasta la última
peseta presupuestaria. Pero hoy, por ejemplo, el grupo de trabajo está
hablando sobre la posibilidad de modificar el Reglamento para permitir
esas compensaciones al margen de que haya o no una situación catastrófica
como la habida en otros años.
Sin embargo es importante, como he dicho, que a pesar de estas
penalizaciones se haya producido un aumento grandísimo, sustancial, de la
renta agraria de nuestros agricultores, de lo cual me alegro
profundamente. Y tengo que decir que prefiero que se haya dado la
situación de este año, es decir, que haya habido una buena cosecha, una
buena climatología, un aumento de la renta, aunque haya habido el
desgaste para esta Ministra de que se hayan producido unas ciertas
penalizaciones. Yo prefiero una buena cosecha a no haber tenido
penalizaciones porque teníamos unas sequías dramáticas como las de otros
años. Ese es mi criterio y creo que todos, con un poco de sentido común,
debemos pensar lo mismo. Hubiera preferido todavía más la buena cosecha y
las no penalizaciones, pero prefiero esta situación a la de años
anteriores. Por ejemplo, en Castilla y León el valor añadido neto agrario
ha tenido un incremento del 24,4 por ciento, a pesar de que ha tenido una
penalización en el secano del 9,8.
Respecto de la situación actual, como ha dicho su señoría, desde la
campaña 1995-96 España está planteando ante la Unión Europea la necesidad
de ajustar sus sistemas de superficie de base. Teniendo en cuenta la
realidad productiva actual, derivada de las solicitudes de los
agricultores, porque ya ha señalado su señoría que hay una división en
subsuperficies en secano y luego hay una superficie de base nacional en
el regadío, la realidad de estos años ha demostrado que esos cálculos de
las subsuperficies, de las superficies de base regionales, no se ajustan
a la realidad, y eso hay que corregirlo. Es algo que ya se había visto en
los años anteriores, y tengo que decirle que eso lo hemos hecho desde la
Administración. En este momento está presentándose en Bruselas la nueva
distribución de superficies de base de secano, y, además, el traspaso de
parte de los excedentes que existen en superficie de secano precisamente
a las superficies de regadío. Esto se ha acordado de común acuerdo con
las Comunidades Autónomas en una serie de reuniones que se han producido,
auspiciadas desde el Ministerio, a lo largo de todos estos meses, y
nosotros entendemos que va a suponer un mayor ajuste de las superficies
de base asignadas a las distintas Comunidades con la realidad productiva
y agraria de éstas.
Evidentemente, la necesidad de modificar la asignación de rendimientos
--realizada también en el plan de regionalización vigente a determinadas
comarcas, subcomarcas agrarias y términos municipales, cuestión que era
una exigencia en algunos casos concretos en los que esa asignación
suponía una discriminación absolutamente clamorosa-- se ha tenido también
en cuenta dentro de lo que se ha podido, porque, como muy bien sabe su
señoría, existe una cuestión, y es que hay que mantener una neutralidad.
Una neutralidad que nos enfrenta a un problema que he denunciado en
distintas ocasiones: el rendimiento medio que nos fue asignado en el año
1995 --con la aquiescencia del Gobierno español del año 1995, señoría--
conforme al cual, y según la cantidad asignada, España es menos fértil y
tiene unos rendimiento medios menores que Portugal o que Grecia; se nos
han asignado unos rendimientos medios de 2,64 toneladas métricas por
hectárea, mientras Portugal --que, como todos sabemos, tiene una
climatología muy parecida a la nuestra y una orografía, incluso, más
complicada que la nuestra-- tiene asignados unos rendimientos medios de
2,9 y Grecia tiene asignados unos rendimientos de 3,36. Y tengo que
decir, señorías, obviamente, que esta discriminación no se justifica ni
climatológica ni edafológicamente
y que esta discusión nos crea enormes problemas de cara al desarrollo del
sector agrario español. ¿Por qué? Porque, tal como se concibe la
reglamentación, la superficie de base es un ente autónomo rígido que
sirve para el control de los pagos compensatorios anuales y permite
exigir a las explotaciones el respeto al modo tradicional del cultivo de
la región, y el conjunto de las superficies de base y el conjunto de los
rendimientos medios supone al final, en su ponderación, lo que es el
rendimiento medio asignado a España. Eso quiere decir que la adscripción
y la sustitución de parte de esas hectáreas de secano al regadío supone
automáticamente una elevación del rendimiento medio histórico para
España. Esto es un hecho, ésa es la realidad y, sin embargo, nos han
puesto un corsé que impide ajustar de verdad esa realidad de la
producción española a la realidad atribuida arbitrariamente desde
Bruselas a la producción del cereal en España.
A pesar de todo, en esos cambios y reasignaciones de superficies nosotros
hemos planteado ante Bruselas una asignación en un cambio uno por uno de
lo que es el paso de superficie de secano a superficie de regadío, lo que
implica exigir en Bruselas un aumento de los rendimientos históricos
medios, que tienen que colocarse por lo menos en tres toneladas por
hectárea. No se oculta a su señoría que esa demanda supone un aumento
presupuestario en Bruselas y que como eso ya está adjudicado, acordado y
asignado para España en función de las negociaciones que se hicieron en
el año 1995 --esos negociadores tan bárbaros que me planteaba su señoría
como ejemplo de buena negociación admitieron esto--, van a existir
enormes problemas para alcanzar una buena solución dada la situación real
que tiene España en este momento.
Como le decía a su señoría, las modificaciones sobre la realidad de
siembra productiva en nuestras superficies de base han sido consensuadas
con las Comunidades Autónomas y estamos intentando negociar con Bruselas
que nos aprueben estas nuevas reasignaciones, que implican, señoría,
insisto, un aumento del rendimiento general, un elevamiento del
rendimiento general, y no se me oculta, ni se le puede ocultar a su
señoría, que va a ser difícil conseguirla, aunque vamos a intentarlo.
Negociación que esperamos culmine en esta misma campaña 97-98 con
resultados satisfactorios, en el sentido de evitar los rebasamientos
tanto en secano como en regadío, sin incurrir --y esto es muy importante
porque afectaría a todos los agricultores por igual-- en la aplicación
negativa del estabilizador de rendimientos históricos porque hayamos
conseguido que se eleve esa estabilización de rendimientos históricos.
Mientras tanto, y como consecuencia de los acuerdos alcanzados en los
Consejos de Ministros de la Unión en septiembre-noviembre de 1995 --a los
que hacía referencia su señoría--, la Comisión Europea adquirió un
compromiso de introducir modificaciones en el Reglamento 17-65/92, en el
sentido de evitar la penalización extraordinaria, retirada de tierras
obligatoria en la campaña siguiente sin remunerar y establecer
compensaciones entre superficie de base regional de secano, siempre y
cuando no se hubiera sobrepasado la superficie base nacional de secano.
Desafortunadamente, como le decía antes, hay una lentitud por parte de la
Comisión que hace que esto todavía no se haya solucionado. Y le tengo que
decir que no es que haya desaparecido de repente la segunda penalización,
la de la campaña siguiente en cuanto a superficies, sino que conseguimos
aplazarlo con motivo de la discusión del paquete de precios; pero,
lamentablemente, eso sigue pendiente, como una espada de Damocles, y hay
que conseguir de una vez por todas que se produzca un cambio estructural
que permita evitar ese tipo de riesgos. Tengo que señalar que en el
último Consejo de Ministros, en enero de 1997, insistimos en la rápida
aprobación de esa modificación del Reglamento, no desconociendo que en el
fondo subyace una cuestión presupuestaria que habrá que resolver para
seguir adelante en la adecuación, sin penalizaciones, de las distintas
superficies de base y, en su caso, no descartar la transferencia, como he
dicho, de superficies entre los distintos cultivos.
En definitiva, esperamos que en los próximos Consejos de Ministros --y,
en cualquier caso, para su aplicación en esta campaña-- se aprueben las
modificaciones reglamentarias, bien en la línea de la propuesta de la
Comisión --que sería nada más que una aplicación de unas compensaciones
internas en el ámbito de los cultivos de secano únicamente--, bien en la
línea de propuestas planteadas por Francia, Alemania e Italia, de la
máxima flexibilización, situando las compensaciones no sólo en el ámbito
del secano, sino del secano con las otras superficies de regadío para
obtener el mayor aprovechamiento de los rendimientos y de las
disponibilidades puestas al servicio de cada país.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Ministra, le ruego que
vaya terminando.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Termino, señor Presidente.
Por encima de todo tengo que señalar la satisfacción que me produce
comprobar que hemos tenido una buena cosecha, que ha aumentado la renta
agraria, que a pesar de que ha habido en algunos casos penalizaciones la
renta agraria ha tenido unos crecimientos por encima del 20 por ciento y
que, por lo tanto, hemos tenido un buen año. Prefiero eso --prefiero eso,
insisto-- a tener sequía, aunque esa sequía permita argumentar en
Bruselas que nos hagan cierto tipo de compensaciones y que, por lo tanto,
los agricultores en vez de tener una renta agraria por la venta de sus
productos, por la venta de sus cosechas, por el producto, precisamente,
de sus esfuerzos y de sus trabajos, tuvieran una mínima compensación
--muy por debajo de los ingresos de una buena cosecha-- sencillamente por
la aplicación de unas subvenciones que al final intentan paliar una
situación absolutamente desesperada como ha habido estos años atrás.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Rodríguez por cinco minutos.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, hay una parte de su discurso que realmente me agrada, y
es aquélla en la que más o menos usted da a entender que este problema se
va a resolver, o por lo menos no está cerrado, y que hay razones para
esperar que estas penalizaciones se recuperen y que, al mismo tiempo, se
lleve a cabo la reordenación del sector que está pendiente desde 1995.
Desde esta Cámara y desde el Grupo al que represento le aseguro que la
vamos a ayudar en este empeño y, consecuentemente, presentaremos una
moción en esa dirección.
Pero hay otra parte de su discurso que, lógicamente, no me satisface, y
es aquélla en la que intenta encuadrar lo que ha pasado fuera del
auténtico contexto --las cifras, sobre todo cuando no se debaten
presupuestos, son muy tozudas y no admiten demasiada discusión--. Ha
hablado usted del tema de la sequía, yo lo voy a hacer también y le voy a
dar un argumento más para que usted tenga éxito en esa negociación
pendiente.
Habiendo sequía, el importe de los pagos compensatorios de los cultivos
herbáceos en nuestro país fue en el 93-94, 209.000 millones de pesetas;
en el 94-95, 298.000 millones de pesetas; en el 95-96, 330.200 millones
de pesetas, con sequía, y en el 96-97, 283.600 millones de pesetas. Es
decir, el tema de la sequía, como ve usted, tiene doble lectura y doble
interpretación, y en este caso las cifras no admiten duda.
Y no quiero olvidarme del argumento. Aunque tiene usted ante la Unión el
argumento de la reforma del Reglamento pendiente, como lo que necesita
sobre todo es capacidad de negociación, puede utilizar otro más, el de la
sequía --pero no en el debate de esta Cámara, sino en el debate en la
Unión Europea--, porque cuando los agricultores hacen la planificación de
sus cultivos --y estamos hablando de la campaña 96-97 en herbáceos, que
es de comercialización-- es precisamente en plena sequía. Por lo tanto,
tiene usted el mismo argumento que tuvieron Gobiernos anteriores para
conseguir la eliminación de esas penalizaciones, y yo espero que así sea.
Respecto a las otras cuestiones que usted ha citado aquí sobre los
cambios de los cargos públicos de su Ministerio, yo me atrevo a
recordarle mi primera intervención con motivo de su comparecencia en la
Comisión de Agricultura del Senado, donde hice un análisis del equipo que
se había conformado, y creo que el transcurrir de los meses me está dando
la razón. Usted se ha visto obligada recientemente a hacer un encierro
--así se ha denominado--, y espero y deseo también que tenga resultados
fructíferos, pero lo cierto es que se han producido más de 50 cambios de
altos cargos en su Ministerio y, desde luego, del análisis que realizan
los sectores profesionales se deduce que es más por razones ideológicas
--alguno se ha ido hasta Rusia-- que por razones de profesionalidad.
Las gestiones que ha realizado usted --ciertamente, creo que por razones
de déficit del banquillo del Grupo Parlamentario Popular y del equipo del
Ministerio-- han ido a remolque de otros países --usted los ha citado
desde esta tribuna--: Alemania y Francia. Pero, señora Ministra, la
situación de esos países es completamente distinta a la nuestra, y aquí
ha habido una equivocación. Ustedes tendrían que haber empezado a
negociar las penalizaciones o el resultado de la campaña en el verano del
año 1996 y, al no haberlo hecho así y haber ido a remolque de estos dos
países, es una de las razones que explica la situación en la que nos
encontramos. Usted, que ha votado favorablemente la eliminación del veto
a la comercialización de determinados productos de bovino al Reino Unido,
no ha contado hasta ahora con el apoyo de este país en las Comisiones
Europeas.
Supongo que la experiencia de la negociación en Bruselas en estos meses
le habrá servicio a usted para saber que es compleja y que, a parte de
los argumentos, hay que utilizar muchos recursos, precisamente en defensa
del sector que usted representa, que es el sector de la agricultura.
En este momento de la interpelación, señora doña Loyola del Palacio,
quiero quedarme aquí. Tiene usted demasiados frentes abiertos: tiene el
frente de la leche, el del vacuno, el de las patatas, la penalización de
herbáceos, las frutas y hortalizas que están arrancando --veremos qué
pasa por ahí--, el tema del gasóleo, las tasas catastrales, y tiene usted
la necesidad de ir cerrando frentes.
La pretensión de esta interpelación es que este tema tenga una buena
solución. Hay una parte de su discurso que me ha agradado en cuanto a la
respuesta, porque asume el compromiso y abre la esperanza de que se van a
resolver las penalizaciones, por lo que yo termino aquí el mío y anuncio
la presentación de la moción subsiguiente.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Turno de portavoces? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nos parece interesante que el Grupo Parlamentario Socialista haya
presentado esta interpelación al Gobierno, y sabemos también que la
señora Ministra había dado una información detallada en la Comisión de
Agricultura sobre esta cuestión con ocasión de una pregunta efectuada por
un Senador de dicho Grupo.
Nuestro planteamiento, señora Ministra, va en el siguiente tenor. No se
ha rebasado la superficie de secano en la última campaña a nivel de la
superficie total del Estado --sabemos que este Gobierno y el anterior
estaban negociando la modificación del Reglamento básico de 1992--, por
lo tanto, a nuestro juicio, como posición política defendemos que se
produzca una compensación, una transferencia, primero, de secano a
secano; es decir, de aquellas superficies que no han sido objeto de
cultivo durante la campaña a aquellas que lo han sobrepasado, pues
entendemos que es de justicia que si a nivel estatal no se ha superado la
superficie total asignada no se debería producir esa penalización. Ello
supone que ha habido diferentes Comunidades Autónomas españolas suya
superficie no ha sido
cultivada, lo que conlleva un ahorro importante también para la Unión
Europea, ya que al no haber unas superficies cultivadas, al haberse
producido esas reducciones, también se las ahorra.
Este planteamiento entroncaría con una cuestión que nosotros ya hemos
suscitado en otras ocasiones, señor Presidente, y es el de la reforma de
la reforma; hablamos de la reforma de la PAC, de la que se produjo en el
año 1992 y, por tanto, de la necesidad de una adecuación de esta reforma
de carácter general a los hechos regionales y a la existencia de
peculiaridades, como en el caso español, que por un lado divide la
superficie de secano, la territorializa a través de las comarcas de las
Comunidades Autónomas y, en regadío, que se establece una superficie a
nivel estatal.
En consecuencia, creemos que es coherente --reitero, señor Presidente,
que sabemos que el anterior Gobierno y la actual Ministra está trabajando
en ello políticamente, y lo ha dicho en anteriores ocasiones-- que se
produzca esa modificación del Reglamento de manera que pueda haber
ajustes, compensaciones entre superficies de Comunidades Autónomas para
que no haya esa penalización, la aplicación de ese índice deflactor de la
prima que va dirigida al agricultor y, en definitiva, ese menor ingreso,
puesto que a nivel de España en general no se ha superado esa superficie
de secano.
En segundo lugar, nuestro Grupo Parlamentario cree que, además de esta
compensación de secano a secano, la superficie sobrante debería ser
compensada o transferida a superficie de regadío y no antes, porque el
sobrepasamiento fundamental se ha producido en regadíos, y si tiene que
haber una penalización ésta se debería imputar más al regadío, porque en
estas zonas es donde se ha producido ese sobrepasamiento.
Por lo tanto, ésa es nuestra posición política. El Gobierno ya la sabe
porque se le ha dado a conocer en las negociaciones mantenidas con la
Comunidad Autónoma del País Vasco y creemos que ése es el planteamiento
coherente.
Juntamente con ello hay otra cuestión, y es que, aparte de la superficie
de base asignadas a nivel español y luego territorializadas por
Comunidades Autónomas tiene que haber una redistribución de los
rendimientos porque, en definitiva, la ayuda que recibe el agricultor
viene de dos factores: de la superficie que tiene asignada para cultivar
y del ecu verde que se le aplica al rendimiento que tiene asignado en
función de las cosechas históricas que se produjeron. Ya lo ha dicho
usted, señor Ministra, y es cierto, que en la negociación con la Unión
Europea se produjeron unos acuerdos, así constan y, en consecuencia, se
arrastra ese lastre, así como en otros ámbitos del sector primario, en
otros ámbitos competenciales y en diversas áreas económicas, pero en ésta
en concreto también tenemos esta disfunción importante. Por ello, a
nuestro juicio es necesario que se produzca una reasignación de los
rendimientos. Obviamente, somos conscientes de que ello también tiene su
implicación económica --como se decía anteriormente--, porque significa
incrementar los presupuestos del Feoga, que ya son bastantes --y algunos
países dicen que ya es excesivo el peso de la Política Agrícola Común en
el conjunto del presupuesto comunitario--, pero es necesario.
Como dato curioso debo recalcar, señor Presidente, que la reasignación de
rendimientos en los cultivos herbáceos en el País Vasco --nos ceñimos
fundamentalmente al territorio histórico de Alava-- son los más altos de
las comarcas españoles pero, a su vez, los españoles son los más bajos a
nivel europeo.
Por lo tanto, es de justicia y es una cuestión a resolver por parte de la
señora Ministra de gran envergadura política, quien va a tener el apoyo
de este Grupo Parlamentario con la siguiente posición...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Gatzagaetxebarría, ha
finalizado su tiempo.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Termino, señor Presidente.
Primero, una transferencia de secano a secano, y el sobrante que se
impute en un ajuste al regadío que es, a nuestro juicio, el que ha
producido este sobrepasamiento principal. Esperaremos a ver qué es lo que
dice la moción que ha anunciado el Grupo Parlamentario Socialista que va
a presentar y tomaremos una posición definitiva al respecto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Roig i Grau.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, efectivamente, la interpelación del señor
Rodríguez plantea dos aspectos. Por un lado, lo que hace referencia a los
hipotéticos mensajes por parte del Ministerio en relación a la
negociación sobre unas penalizaciones y, por otro, lo que nos parece
mucho más importante, que es el análisis y el debate de la situación
global de los cultivos herbáceos en España.
Nosotros entendemos que las penalizaciones no es lo sustancial del debate
y, como el Senador Rodríguez ha anunciado ya la presentación de una
moción, haremos simplemente unas breves reflexiones sobre nuestro
posicionamiento en relación al tema que entendemos de fondo. A lo largo
del debate, tanto en boca de la Ministra como del Senador Rodríguez y
finalmente del Senador Gatzagaetxebarría, se han hecho aportaciones que
nos parecen interesantes para fijar este debate. Efectivamente, se trata
de consensuar el ajuste de las actuales superficies de base
regionalizadas en el caso de secano y estatales en el caso de regadío.
También se pretende establecer, a partir de estas reuniones sectoriales,
el plan de regularización que deberá considerarse una vez hecha la
revisión de las superficies de base.
¿Cuáles son los planteamientos que se hacen, básicamente, por parte del
Ministerio en relación a este tema? En primer lugar, la transferencia de
superficies de base entre
las diferentes Comunidades Autónomas en relación a si son excedentarias o
si son deficitarias. Un segundo aspecto que se plantea es el reajuste de
rendimientos, es decir, la modificación al alza y en función de
diferentes peculiaridades y diferentes situaciones de Comunidades
Autónomas. Un tercer aspecto es la disminución generalizada de los
rendimientos; es decir, como consecuencia de las transferencias de base
entre las Comunidades Autónomas de secano y regadío --a ello se ha hecho
referencia aquí-- y por el reajuste que se produce en los rendimientos en
zonas puntuales, la producción de referencia pasa de 24 millones de
toneladas a 25,5 millones de toneladas; por lo tanto, se produce un
desfase de 1,5 millones de toneladas, lo cual supone un incremento
importante de la producción teórica y, por consiguiente, del presupuesto
que tiene que compensarse, tal como ha dicho la Ministra, con el fin de
respetar la neutralidad presupuestaria; hay diferentes propuestas que
plantean la reducción en un seis por ciento aproximadamente de la
producción en toda la zona.
¿Cuál es el planteamiento básico que nosotros hacemos desde Convergència
i Unió a estas propuestas? En primer lugar, tenemos que indicar una
cuestión de planteamiento político, y es que siempre hemos mantenido que
cada una de las Comunidades debe aprovechar al máximo la potencialidad de
sus datos históricos de referencia. Esto nos parece muy importante. Antes
de hacer esta distribución --esto será objeto de un debate o de una
discusión y hoy anuncio que nosotros haremos aportaciones positivas y
colaboraremos con el Ministerio para encontrar las soluciones más
razonables-- cada una de las Comunidades debería resolver su situación
particular y, posteriormente, integrar los excedentes en lo que se
llamaría una bolsa estatal.
Ya sabemos que este planteamiento no se acepta con facilidad, pero me
parece que como base es importante. En esta línea, ya ha anunciado la
señora Ministra, respecto del trasvase entre Comunidades, de la
transferencia de superficies de secano a regadío en la proporción de
hectárea por hectárea sin tener en cuenta el mayor rendimiento del
regadío, una negociación con Bruselas para incrementar los kilos por
hectárea para que se ajusten a las realidades de la producción en
regadío.
Otro aspecto que nos parece importante y que hay que tratar con
suficiente rigor --lo menciono sin ánimo de entrar en polémicas por parte
de Convergència i Unió y del Govern de la Generalitat-- son los
desajustes que se han producido en la superficie de base regionales y de
referencia, pues nosotros entendemos que estos desajustes no hacen
estrictamente referencia a estadísticas erróneas, sino que pensamos que
en muchos casos la reglamentación no se ha cumplido y, por lo tanto, las
Comunidades Autónomas y los ministerios deben actuar en este sentido con
mucho rigor. En este caso, queremos hacer especial mención a que es
posible elegir parcelas, a los índices comarcales de barbecho en secano y
a la calificación como regadío de superficies que realmente no lo son ni
fiscal ni agronómicamente.
En definitiva, a nosotros no nos parece difícil, y en el caso de Cataluña
especialmente, explicar a los agricultores catalanes, pues en Cataluña se
ha hecho cumplir escrupulosamente la normativa en declaraciones y
controles, que se pueden ver afectados por una reducción de rendimientos
porque en otras Comunidades Autónomas han sobrepasado sus niveles de
referencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Roig termine, por favor.
El señor ROIG I GRAU: Acabo, señor Presidente. Muchas gracias.
Hay diferentes alternativas. Nosotros plantearemos en la moción que ha
anunciado el Senador Rodríguez cuáles son nuestras propuestas concretas.
Acabo reiterando nuestro ánimo de colaborar con el Ministerio para
encontrar soluciones razonables para este problema que entendemos que es
realmente importante.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Bernáldez.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con mucho gusto subo a esta tribuna para responder a la
interpelación presentada por el Senador Rodríguez, pero antes quisiera
agradecer su presencia en esta sala a la señora Ministra de Agricultura,
presencia, por cierto, sumamente frecuente en esta casa, y quisiera
también, ya que usted está aquí señora Ministra, agradecerle su
contestación a la interpelación del Senador Rodríguez, contestación que
ha estado, a nuestro juicio, llena, plagada de explicaciones razonadas y
documentadas.
Para contestar con el mismo rigor a esta interpelación yo creo que es
necesario hacer un recordatorio de algunos hechos. Debemos recordar que
en 1992 la reforma de la política agraria comunitaria estableció unos
pagos compensatorios por hectárea teniendo en cuenta dos elementos de
regulación presupuestaria: Primero, las superficies de base, es decir,
aquellas superficies que no deberían ser rebasadas y, segundo, el plan de
regionalización productiva. Este plan de regionalización tenía por
finalidad compensar las pérdidas de renta de las explotaciones agrarias
originadas por el descenso de los precios. Ahora bien, recíprocamente,
los agricultores se comprometían, a su vez, a aceptar un límite máximo en
cuanto a superficies de siembra, así como a retirar del cultivo un
porcentaje determinado de superficie dejándolas sin sembrar, es decir, en
barbecho.
De acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión, tras oír las
propuestas del Gobierno español, el período de referencia elegido para el
cálculo de los valores medios de superficies, producciones y rendimientos
de los cultivos fue el de 1986 a 1990. Partiendo de los datos
suministrados por los anuarios de estadísticas agrarias del Ministerio de
Agricultura, en dicho período se eligieron para cada Comunidad Autónoma
los años de mayor y menor rendimiento. También se calculó la media de las
producciones,
superficies y rendimientos tanto en secano como en regadío. Ajustando los
resultados obtenidos se elaboró el cuadro medio nacional que constituye
la referencia estadística básica para la regionalización productiva. A
estos efectos se decidió que en España, como sus señorías saben, hubiese
tantas regiones como Comunidades Autónomas en secano y que el regadío
fuese una única región. En resumen, 17 superficies de base en secano, con
algo más de ocho hectáreas, y dentro del regadío, aproximadamente,
400.000 hectáreas para el maíz y 700.000 para los otros cultivos de
regadío.
Junto con el establecimiento de este sistema de apoyo a los herbáceos, la
Comisión contemplaba también el pago de aquellas superficies que
obligatoriamente tenían que quedar en barbecho. Por orden ministerial, y
esto es importante decirlo, el MAPA fijó en cada campaña el porcentaje
máximo de barbecho. Pues bien, un seguimiento de las últimas campañas
pone de manifiesto que esta normativa no ha beneficiado los intereses de
los agricultores, ya que el primer año de la campaña de herbáceos
quedaron fuera de ayudas más de 800.000 hectáreas, el segundo, más de
500.000 y el tercero más de 400.000 hectáreas. Esto significa que los
agricultores, a la hora de suscribir sus peticiones de apoyo, a la hora
de solicitar ayudas no han alcanzado la totalidad de hectáreas a las que
España tenía derecho. Estamos contemplando, de alguna forma, que se ha
estado aplicando una normativa lesiva a los intereses de los
agricultores, bien por la limitación de los rendimientos comarcales, bien
por los índices obligados de barbecho, etcétera, porque ningún agricultor
cerealista deja de solicitar ayudas a las que, evidentemente, tenía
derecho.
Por tanto, hemos podido comprobar cómo por limitaciones establecidas
unilateralmente por el anterior Gobierno, índices de barbechos superiores
en algunos casos al 40 por ciento, cientos de miles de hectáreas han
quedado sin petición de ayudas y, por consiguiente, el dinero de las
arcas comunitarias no ha podido llegar a nuestros agricultores. Tampoco
fueron eficazmente defendidos los intereses españoles cuando en 1992 la
Comisión definió y el Gobierno aceptó la superficie elegible. Mientras
que en el resto de los Estados miembros la superficie elegible coincidía
prácticamente con la superficie de base, por no tener barbechos, en
nuestro país la superficie elegible superó en un 50 por ciento la
superficie de base por tener barbechos como práctica agronómica habitual
en el cultivo de herbáceos. Ello provocó la promulgación de una norma
nacional muy estricta --puede recordarla su señoría-- regulando muy
duramente la utilización del barbecho. Pero dejemos los cereales y
pasemos a las oleaginosas.
Como consecuencia de los acuerdos de Blair House, fue necesario en 1994
establecer una superficie máxima de referencia nacional en torno a un
millón 158.000 hectáreas para España y para todas las oleaginosas. La
reducción de superficie de siembra de oleaginosas hubo también que
regularla con una normativa nacional, el llamado «girasolazo», por la que
se prohibía la siembra de girasol en regiones con rendimientos inferiores
a 2,2 toneladas por hectárea en el Plan de regionalización. Estas y otras
han sido algunas de las consecuencias negativas de la aceptación por
parte del anterior Gobierno de un Reglamento comunitario que regulaba y
regula el cultivo de herbáceos en nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bernáldez, termine, por
favor.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Ya acabo, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Señor Rodríguez, señores Senadores del
Grupo Parlamentario Socialista, ustedes han tenido dos legislaturas para
corregir las disfuncionalidades del Reglamento 1765/1992 del Consejo, y
no lo han hecho. Han tenido varias campañas de herbáceos para intentar
modificarlo y no lo han hecho. Sólo a finales de la legislatura anterior,
unos meses antes de las elecciones generales,elMinistrode Agricultura
reaccionó y pidió en el Consejo de Ministros comunitario la modificación
del Reglamento 1765 para evitar penalizaciones y para compensar la
superficie de base regionalizada. Es sorprendente la sensibilidad que
ahora demuestra el Grupo Parlamentario Socialista para corregir errores
del pasado --ahora que ya no hay sequía, por cierto--, hasta tal extremo
que el pasado día 26 de junio el Congreso de los Diputados debatía una
proposición no de ley, presentada días antes por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la modificación de cultivos herbáceos, precisamente
cuando la actual Ministra llevaba sólo veinticuatro días en su cargo.
Como dicho Reglamento comunitario no es el adecuado a nuestros intereses,
el Ministerio de Agricultura viene insistentemente planteando ante la
Unión Europea la necesidad imperiosa de ajustar el actual sistema de
superficie, la necesidad de modificar los rendimientos productivos y el
incremento en el rendimiento medio histórico asignado a nuestro país de
2,64 toneladas por hectárea. El MAPA está intentando resolver estos
problemas a fin de aprovechar al máximo nuestra capacidad productiva.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bernáldez, su señoría me
ha dicho que acababa pero no me ha dicho cuándo.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Acabo en seguida. Muchas gracias por su
benevolencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Prueba de ello son las presiones de la
Delegación española ante la Comisión Europea y la intervención de la
señora Ministra de Agricultura en el Consejo de Ministros comunitario de
enero de 1997.
Señor Senador, anuncia usted la presentación de una moción en el próximo
Pleno. Yo deseo, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, que, en defensa de los intereses del campo,
en defensa de los intereses generales de nuestros agricultores y de
nuestros cerealistas, lleguemos a un consenso el día 26 de junio de 1996
en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir brevísimamente.
Senador Rodríguez, me habla de las transferencias del Feoga y de las
cantidades globales, ya lo sé, pero ya le he dicho muy claro que el
resultado final que importa no son las transferencias en sí sino lo que
al final perciben los agricultores, lo que al final es la renta agraria,
es decir, las transferencias más el producto de la venta de sus cosechas.
En ese sentido tengo que decirle que ha habido un incremento
importantísimo, y que estamos en un año en el que, a pesar de todo, si se
les pregunta a los agricultores qué prefieren, si lo que ha pasado este
año --penalizaciones incluidas--o lo que pasó en años anteriores, van a
contestar que prefieren lo que ha pasado este año. Esto quiere decir que
nos encontramos ante un incremento de la renta agraria, en el caso
concreto de los cereales, que está por encima del 20 por ciento. Como ya
he dicho, el valor añadido neto en Castilla y León está en torno al 24,4
por ciento.
Segunda cuestión, planificación de campañas. Senador, yo le recuerdo
--porque veo que a veces la memoria le juega alguna mala pasada-- que las
lluvias ya empezaron a finales del mes de octubre de 1995, que
continuaron en el mes de noviembre, y que el diluvio universal llegó a
finales de noviembre y continuó en diciembre, con lo cual, en lo que
respecta a la planificación de la campaña, tengo que decirle que en ese
momento ya había unos datos muy concretos.
En cuanto a los funcionarios, yo no sé a qué cincuenta cambios se refiere
su señoría. Le aseguro que le dan los datos mal. Por otra parte, si su
señoría considera que enviar a un funcionario español como Consejero
agrario a cualquier Embajada de España en el mundo es una sanción, su
señoría tiene una idea muy equivocada de cómo consideran los funcionarios
este tipo de destinos, destinos que suponen unas responsabilidades
importantes y una serie de ventajas que son altamente apreciadas por
ellos ya que no sólo se trata de que el Gobierno deposita directamente en
esos funcionarios una responsabilidad y una confianza puesto que tienen
que realizar una gestión directa en defensa de los intereses nacionales
en esos países, sino que tienen además unos complementos altamente
apreciados por esos funcionarios.
En cuanto a los frentes, señoría, es indudable que el Gobierno socialista
anterior ha dejado una serie de situaciones de desventaja o de
discriminación para la agricultura española, para el sector agrario
español, para los agricultores y ganaderos de España, que entre todos,
incluidos su señoría y el Grupo al que pertenece, tenemos que intentar
mejorar --y aquí sí que hago un llamamiento-- y tenemos que intentar
corregir. Ahí sí que le pido un apoyo. Le pido que no intenten hacer
aprovechamientos electoralistas de situaciones indeseadas de las que son
responsables por haberlas creado, tanto el Gobierno anterior como el
Grupo de su señoría.
En cuanto a lo que han manifestado los portavoces que han intervenido
anteriormente, tengo que agradecerles lo que han planteado. Quiero
señalar que, efectivamente, el criterio es, en primer lugar, hacer una
compensación para el secano, quiero que esto quede muy claro. En el
secano es donde hay márgenes. En algunas Comunidades Autónomas hay
incluso 200.000 hectáreas que no son utilizadas --saben sus señorías a
cuál me refiero en concreto--, y me parece que de esas hectáreas a unas
ciento y pico mil se les ha dejado un margen para que en un momento dado,
si lo considera oportuno esa Comunidad, ella misma pueda aumentar sus
cultivos al poder seguir disponiendo de ese margen. Es decir, que lo
primero que se ha hecho es un reequilibrio dentro del secano. En alguna
ocasión se ha hecho alguna reasignación, algún ajuste, pero ha sido en
casos muy concretos, se han hecho diez o quince, es decir, poquísimos,
dado que se habían producidos unos errores --no puedo pensar en otra
cosa-- a la hora de asignar un rendimiento en una comarca. En una zona
muy concreta se han hecho unos pequeños ajustes dentro de que hay que
seguir manteniendo, como he dicho, la neutralidad general.
En lo que al regadío se refiere, nos enfrentamos a un problema que ya he
señalado claramente: en principio nos sobran casi 300.000 hectáreas de
secano que habría que reasignar a regadío. Pues bien, el problema está en
que en su día se negoció y se aceptó un rendimiento global totalmente
inadecuado para el rendimiento global español. Por tanto, tenemos que
enfrentarnos a dos cosas: o no se transfiere hectárea por hectárea, con
lo que perdemos superficie de cultivo, lo que en mi opinión sería muy
grave; hay que intentar que no sea así puesto que utilizamos
prácticamente en su globalidad la superficie de base si sumamos hectáreas
en regadío y hectáreas en secano; o conseguimos claramente una elevación
de rendimientos en Bruselas, con lo cual ajustamos de verdad los
rendimientos asignados a España a la realidad española --cosa que en su
día lamentablemente no se consiguió--; o intentamos seguir manteniendo
esa neutralidad a través de la solución que he planteado como óptima,
conseguir un aumento de rendimientos históricos medios para España; o
hacemos una compensación de esas nuevas hectáreas de regadío entre las
mismas hectáreas de regadío por cuanto que no creo que sean las hectáreas
de secano las que puedan absorber los reequilibrios que aportaría el
aumento de las hectáreas de regadío.
Estos son los criterios, pero antes de adoptar una de estas dos
soluciones, que creo son las menos aceptables, hay que intentar convencer
a Bruselas de que en su momento el Gobierno español aceptó unas
condiciones que no se ajustan a la realidad, de que en cuanto se ha
normalizado la climatología las cosechas nos hacen saltar por los aires
esos
datos que se nos adjudicaron desde Bruselas, y de que se haga un reajuste
a la realidad de lo que en Bruselas nos tienen adjudicado de manera
arbitraria. En eso estamos. Si no lo conseguimos, habrá que recurrir a un
reequilibrio interno dentro del regadío, pero antes de eso hay que
intentar que no sea el regadío el que absorba esa mala negociación en su
momento de lo que son los rendimientos históricos españoles y que, por el
contrario, sea la propia Comunidad la que reabsorba esa mala negociación
y esa asignación arbitraria que se hizo en su momento.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON LLUIS ARMET I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS MEDIDAS DE TIPO FINANCIERO Y FISCAL QUE PIENSA DESARROLLAR EL
GOBIERNO PARA RESTABLECER EL EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS ACTIVOS
FINANCIEROS ACTUALMENTE EN EL MERCADO. (670/000034.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Pasamos a la siguiente
interpelación, que la formula el Senador don Lluís Armet i Coma, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas de tipo financiero y
fiscal que piensa desarrollar el Gobierno para restablecer el equilibrio
entre los distintos activos financieros actualmente en el mercado.
Tiene la palabra el Senador Armet i Coma.
El señor ARMET I COMA: Señor Presidente, quiero hacer una consideración
previa. Me cuesta imaginarme a qué Ministro estoy interpelando, por lo
que estoy dispuesto a esperar su presencia. Simplemente, ha sido una
constatación del don de la ubicuidad del Vicepresidente.
La interpelación que presento en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista puede tener elementos delicados por la naturaleza de la misma
--cuando se habla de activos financieros se ha de ser muy riguroso para
no crear sentimiento de alarma o de preocupación--, pero es necesaria,
porque ya tenemos una experiencia de seis meses de lo que ha sucedido con
las medidas del mes de junio de 1996 y de sus repercusiones concretas en
instituciones y en hábitos del consumidor. Y es bueno hacer una reflexión
después de este período para ver exactamente lo que ha ocurrido, para
analizar lo que puede suceder y especialmente cuál debe ser la actitud
del Gobierno para poder incidir de forma positiva en esta evolución.
Las medidas de tipo financiero y fiscal, básicamente las medidas de tipo
fiscal que se establecieron en relación a los activos financieros,
primaron extraordinariamente los fondos de inversión, se les dio una
orientación muy clara: 20 por ciento, dos años de mantenimiento. Esto,
para las personas que tienen rentas medias-altas, significa una mejora
muy ostensible, ya que se separan de los tipos medios y marginales del
Impuesto sobre la Renta. Se hizo un especial énfasis en esta situación,
mientras que los depósitos se mantenían estabilizados en su tratamiento
fiscal. Por tanto, aparecía la potenciación de un activo financiero con
mucha fuerza, con un respaldo de fiscalidad especial, delante de otros
activos financieros que estaban situados dentro de la misma senda de
fiscalidad. Esta era la situación que irrumpió en el mercado.
Evidentemente, los especialistas ya han señalado las discriminaciones que
esto crea. Es obvio que crea unas discriminaciones: en la agencia no
tiene un tipo del 20 por ciento, puede tener unos ingresos derivados de
operaciones de inversión mobiliaria y, por tanto, se pueden ver
claramente penalizadas en relación con otras personas que tenían tipos
muy superiores al 20 por ciento, ya que todas éstas salen beneficiadas.
Se produce una discriminación de sectores sociales, de rentas modestas y
populares en relación a rentas medias-altas.
Pero vamos a analizar y a profundizar en el asunto. Toda la promoción del
sistema crediticio español en relación al nuevo producto fondos de
inversión con fiscalidad favorable se ha basado estrictamente en la
defensa de su especial consideración fiscal y, por tanto, ha sido
defendido por todas las instituciones de nuestro sistema crediticio como
un activo financiero con una potente carga fiscal, carga fiscal favorable
a quien estaba dispuesto a entrar en este mercado en relación a la
situación que ofrecían los depósitos de las entidades crediticias.
Desde este punto de vista, existen propagandas del tipo de cómo cambiar
de fondo sin pagar impuestos, sobre la base de una operación combinada de
fondo de inversión y seguros. Se podría ir saltando de fondo a fondo sin
tener penalización desde la perspectiva impositiva. Hay un conjunto de
propagandas y, si ustedes quieren, les pongo un ejemplo muy simple: van
por la Gran Vía, entran en cada una de las entidades financieras y verán
que es la oferta de una fiscalidad favorable en relación con un activo
financiero que está caracterizado por su rentabilidad potencial, por su
riesgo potencial. Esto es lo que caracteriza a un activo financiero y
complementariamente existe el elemento de fiscalidad.
¿Qué quiere decir esto? Que se está haciendo una política de «marketing»
muy potente, en la que se sitúa a estos activos financieros dentro de la
senda de una fiscalidad muy favorable en relación a otros activos
financieros. Alguna entidad ha llegado a hacer una propaganda tan
divertida como decir que elimina la tención de origen fiscal. Es decir,
los fondos de inversión eliminan las tensiones de origen financiero.
¿Qué consecuencias se pueden sacar de esta situación? Las consecuencias
son negativas, porque un activo financiero es un activo financiero, que
tiene su base de fiscalidad, pero que tiene su base de riesgo, de
rentabilidad y que tiene, por tanto, una estructura fiscal compleja,
sobre todo en el momento en que en España ya hemos pasado los mil fondos
y en el momento en que hay un cambio de orientación entre fondos de
naturaleza muy estable, en cuanto a rentabilidad, para pasar a fondos de
mayor riesgo, bien sean mixtos, incorporando renta variable, o bien de
renta variable, que son los que se están estableciendo en estos momentos.
Esta irrupción comporta un cambio, por primera vez, en el crecimiento de
los depósitos a plazo. Por primera vez, a partir del mes de julio del año
pasado los depósitos a plazo no crecen, en el caso de la banca decrecen y
en el caso de las cajas de ahorro crecen al mismo nivel que decrecen. Se
produce un incremento negativo global y todo ello va a los fondos de
inversión. Es un desplazamiento importantísimo que puede tener
consecuencias muy concretas.
Y aquí llegamos a un segundo elemento de análisis. Esta Cámara es la
Cámara territorial. La estructura del sistema crediticio español se
compone, obviamente, de dos grandes actores: de los bancos y de las
cajas. La distribución de bancos y cajas en cada uno de los territorios
es distinta, lo cual comporta que haya habido un actuación mucho más
agresiva por parte de los bancos en la colocación de los fondos y que
haya tenido una incidencia territorial en función de su peso específico
en cada una de las zonas geográficas. Esto quiere decir que en las zonas
donde ha habido mayor presencia o existe mayor peso específico de los
bancos ha habido una irrupción de fondos de inversión mucho más fuerte
que en otras zonas.
Es decir, nos encontramos con unos fondos de inversión especialmente
primados, fiscalmente primados, que favorecen a sectores de renta
media-alta de la población, que van incrementando a unos niveles muy
fuertes su participación en el mercado financiero y este último semestre
asistimos a un crecimiento notable y espectacular, que hace que en el
último año se observe un incremento del 50 por ciento en estos activos
financieros. Por primera vez se produce un asentamiento en el mercado muy
potente, muy fuerte, muy considerable.
En el mes de enero se produce un fenómeno, que los especialistas llaman
el efecto retrovisor, y es que las rentabilidades del pasado animan a
continuar considerando posiciones compradoras o de mantenimiento de los
propios fondos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mes de
enero asistimos a una eclosión, como consecuencia de una alta
rentabilidad de los fondos. Se ha observado un crecimiento anual de más
del 50 por ciento y un patrimonio acumulado de los fondos de más de
20.000 billones de pesetas. Entramos en una senda donde las expectativas
de crecimiento seguramente no serán tan fuertes como las del último
semestre, elevadas a tasa anual, pero serán muy fuertes y considerables.
Consecuencias de esta situación. La simetría entre activos financieros se
incrementa notablemente. La simetría de tratamiento fiscal, de
consecuencias, por tanto, en los sectores de la población que tienen y no
tienen información sobre los mismos, o por la forma de actuar de las
propias entidades financieras, que juegan más o menos agresivamente. Es
decir, no nos encontramos --y vuelvo a repetir-- con unos activos
financieros sobre los que los consumidores tienen toda la información,
sino unos activos financieros presididos por elementos de fiscalidad
favorable en su colocación.
En el mes de enero se observa por primera vez una canalización muy
notable de 200.000 millones de pesetas, aproximadamente, en renta
variable. Es un cambio, un sesto. Lo que eran unos fondos que podían
servir para dar soporte a las políticas de acumulación de deuda pública y
otros activos financieros de renta fija empiezan a derivar hacia la renta
variable. Nos encontramos con más de cuatro millones y medio de personas
que están manteniendo estos fondos, en virtud de las posiciones que han
escogido y las indicaciones de las entidades financieras, pero por
primera vez se producen excedentes que van al mercado variable y todo
hace pensar, y los analistas así lo han verificado, que del crecimiento
de 1997, que puede ser un crecimiento de seis-siete billones de pesetas,
sólo tres o tres y medio podrán canalizarse a renta fija, lo cual quiere
decir que hay un excedente muy notable para renta variable. Empieza a
aparecer la voluntad del Gobierno de hacer fondos de alto riesgo o, en
otro sentido, la voluntad de favorecer fondos de rentas periódicas, es
decir, intentar que los depósitos de ahorro también se puedan canalizar a
través de los fondos de inversión, por su magnífica fiscalidad.
Esta situación es preocupante porque esta asimetría de comportamiento ha
tenido una repercusión en los ahorradores españoles, y los más
preparados, ambiciosos, de rentas más altas saben seguramente a lo que se
lanzan y saben medir bien sus riesgos, pero hay otros menos orientados
por las instituciones financieras, cuando el peso de las cajas es más
grande, o de los que tienen niveles de renta más bajos o aquellos que, no
teniendo la obligación de hacer la declaración de la renta, habían
obtenido rentas positivas gracias a los ingresos de rentas de capital, es
decir, hay un conjunto de sectores que se encuentran al margen de esta
vorágine que empieza a tener una fuerza un tanto preocupante.
Y la alerta no la señalamos nosotros ni queremos señalar dramatismo
alguno, sino que queremos que vean los señores Senadores en nuestra
posición una preocupación porque se produzcan discriminaciones en el
trato fiscal. Nosotros vemos poco riesgo en las operaciones de fondos de
inversión de renta fija o mixtos, con una parte de renta variable, pero
vemos, por otro lado, una situación que nos preocupa porque empiezan a
producirse declaraciones significativas de responsables sobre los temas
de inversión, su presidente, su especialista en los fondos de inversión,
que deberían preocuparnos. Esto no lo dice ni el Gobierno ni ningún grupo
de la oposición, sino que lo dicen los que están viendo día a día cómo
van evolucionando esos activos financieros. Algunos alertan del riesgo de
que el globo se pinche, y esto no lo dice un personaje cualquiera, sino
que lo dice el Presidente de Inverco, que es una persona que,
lógicamente, tiene información; tiene la información histórica de lo que
ha sucedido en este país; conoce exactamente el estrechamiento de los
mercados cuando se produce una irrupción muy fuerte en renta variable;
sabe perfectamente que las rentabilidades que se han obtenido han sido
espectaculares en los últimos años, excepto en 1994, y, por tanto, que
hay un contexto de preocupación en el ambiente, por lo que, desde esta
perspectiva, conviene que el tema sea orientado por parte del Gobierno.
Se habla de que el flujo excesivo de dinero hacia la Bolsa podría
recalentar las cotizaciones, que la liquidez ha retornado al mercado con
mucha fuerza, y esto puede crear una burbuja especulativa, movimientos de
inversión claramente
financiera que superan en mucho las necesidades de financiación de renta
fija, con una Bolsa que tiene unos límites de funcionamiento y con poca
interconexión con las Bolsas internacionales, todo lo cual, obviamente,
puede provocar una situación de dificultad.
Se comenta también que es preciso dar una información clara del riesgo
que se asume al invertir en Bolsa, ya que ésta puede subir o puede bajar.
Por ello, nunca se debe dar en política el triunfalismo de decir: Hemos
entrado nosotros, y la Bolsa sube. Esto es absurdo, porque la subida
puede obedecer a movimientos erráticos que no corresponden a factores
estructurales, y si después baja, evidentemente, quien ha hecho estas
consideraciones tiene una responsabilidad.
Por tanto, nos encontramos en un contexto en el que, después de una
disposición del mes de junio, se produce un cambio espectacular: por
primera vez, los depósitos a plazo bajan, concretamente en los bancos
bajan una cantidad muy importante, y todo se desplaza a los fondos de
inversión, produciéndose, por tanto, una situación de activos financieros
con una trepidante rapidez. Y que conste que nosotros no estamos en
desacuerdo con que nos vayamos uniendo a las expectativas que se han
creado en otros países después de 20 y 25 años, que hace que el peso de
los depósitos en el conjunto del ahorro pueda llegar a un 30 por ciento.
Nosotros aún estamos en un 50 por ciento, pero la bajada que se ha
producido y el proceso de adaptación ha sido de una brutalidad --lo digo
desde el punto de vista del ritmo trepidante en que se ha producido-- muy
considerable. Piensen ustedes que, según nuestros cálculos, los depósitos
representan aún una cantidad superior al 50 por ciento, cuando en Francia
es el 34, Italia el 32 y en Estados Unidos el 22. Pero si comparamos el
factor tiempo --que es fundamental en los temas financieros-- en que esto
se produce, veremos que el movimiento fuerte que se ha producido en estos
seis últimos meses produce y alienta todo tipo de sospechas,
incertidumbres y problemas de cara a las políticas de ahorro.
Me gustaría comentar que la consecuencia más preocupante de la evolución
real de estos últimos meses es que el ahorrador que desea un actuación
mesurada, que se ve castigado, obviamente, por la baja de tipos de
interés, que no se atreve a moverse en campos de inversión especulativa,
entendiendo por tales las ofertas de fondos que no se entienden
convenientemente, se ve con la misma fiscalidad, en la misma situación en
que estaba en el mes de junio, cuando no se tocó ninguna de sus
posibilidades. Los depósitos han sido los grandes perdedores, porque
cuando se hace una fiscalidad discriminatoria, que favorece a otro
activo, obviamente, el otro activo ha tenido un crecimiento muy notable.
Y el error es haber centrado la aparición con fuerza de este activo
básicamente en el elemento fiscalidad, y no en el de diversificación de
riesgos, rentabilidad posiblemente superior, rentabilidad contrastada a
partir de experiencias muy notables y de una tutela permanente, y ahora,
en este último período, se están alentando posiciones de mayor riesgo y
mayor dificultad. Piensen ustedes que las tasas de rentabilidad que se
han obtenido estos últimos años están alrededor del 10-15 por ciento en
renta fija --excepto en 1994, que es el único año-- en un mixto de fija
de 19 y 14, renta variable mixta de un 30-22 y variable de 40-25. Han
sido los dos años de mayor rentabilidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Armet, lleva ya invertido
todo su tiempo.
El señor ARMET I COMA: Acabo enseguida porque tendremos la oportunidad de
replicar.
La preocupación es elemental cuando se produce un recalentamiento tan
fuerte, unas plusvalías tan fuertes, unos tratos fiscales tan
específicamente favorables a un sector, una bajada tan fuerte de los
depósitos y la aparición en el horizonte cercano de una necesidad de
vehicular el nuevo ahorro hacia renta variable. Y existe también la
preocupación de los responsables de los fondos de inversión, que alertan
sobre que no se pinche el globo. Por tanto, todo ello requiere que el
Gobierno restablezca el equilibrio entre activos financieros, que
restablezca la fiscalidad, porque sería bueno para todos, y que, sobre
todo, el ciudadano pueda ser informado, porque nunca debe encontrarse en
la difícil situación de ver mermada una rentabilidad pensando que todo va
a crecer indefinidamente en el futuro. En este país todos tenemos la
experiencia suficiente para saber que en todos, desgraciadamente, ha
habido movimientos cíclicos en el terreno financiero.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Armet.
Señor Ministro, tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Senador.
Senador Armet, su señoría plantea un tema, pero lo plantea desde un
principio sobre bases erróneas, por lo que es muy difícil que su señoría
pueda llegar a conclusiones acertadas. Yo espero que si es capaz de hacer
el esfuerzo no de contemplar mayo de 1996 como un momento crítico, aunque
el Grupo de su señoría haya perdido el Gobierno, sino de contemplar la
experiencia fiscal de los fondos de inversión desde sus tratamientos
privilegiados en 1991, su señoría se dará cuenta de que su intención, que
ha calificado de preocupación elemental, es una preocupación política muy
legítima: su señoría quiere criticar al Gobierno y tiene una preocupación
elemental por hacerlo. Pero elija otro tema, porque en este tema su
señoría se va a encontrar con que, primero, la evolución de los fondos en
el año 1996, como después voy a demostrar, no es distinta de la que se ha
venido produciendo desde 1991; la evolución de los depósitos, tampoco; el
tratamiento fiscal selectivo hacia los fondos, tampoco; y lo que ya es
sorprendente --y ésta es una valoración política que su señoría hace y
que yo también hago-- es que su señoría considere que el tratamiento que
beneficiaba a los ahorradores de pocas capacidades era el que les
obligaba a estar durante más de 15 años sin mover un activo, para poder
obtener beneficios fiscales.
Esa es una concepción que yo no comparto en absoluto, pero como es una
valoración política, su señoría es muy dueño de hacer las que quiera, y
yo también. De lo que su señoría no es dueño es de contar una historia
empezando en mayo de 1996, tratando de decir al resto de la Cámara que en
mayo de 1996 se toma una decisión sobre fondos de inversión, porque no es
así. Es en la Ley de renta del año 1991 cuando se priman fiscalmente los
fondos de inversión sobre los depósitos. Señoría, yo creí que no lo
sabía, pero si lo sabe, la cosa es más sorprendente; es mejor que su
señoría, si quiere realmente estudiar este fenómeno, lo haga desde su
comienzo. A eso es a lo que yo voy a dedicar mi intervención, para que en
el resto del debate sobre estas cuestiones que su señoría pretende
mantener podamos todos saber exactamente de lo que estamos hablando.
La segunda consideración que hago, como preámbulo, es que yo no comparto
en absoluto la posición de su señoría de que lo ideal para la sociedad
española es que haya altos tipos de interés, que el ahorro se dedique
sólo a renta fija, que la gente pueda vivir sin riesgo alguno y que
vivamos en una sociedad en la que lo ideal sea lo que se denominaba hace
muchos años «las manos muertas». No sé si eso es lo que ha querido decir
su señoría, pero al menos es lo que a mí me ha transmitido. Ya me dice
con el dedo que no, me alegro mucho de que sea así. Es más, considero
extraordinariamente positivo --y esto sí que lo digo con toda rotundidad,
no sé si su señoría lo compartirá-- que en España empiece a haber cada
vez un mayor mercado de capitales en el que los ahorradores diferencien
sus beneficios por el riesgo que corran, de manera que en una situación
con bajos tipos de interés, empecemos a contemplar cómo una parte
importante de la financiación de la empresa española se realiza, no sólo
de las grandes empresas, sino de las pequeñas y medianas, a través de
instrumentos financieros, y vamos a un proceso de modernización del
mercado de capitales en el que se disminuye la intermediación. No sé si
su señoría es partidario de que los intermediarios financieros sean los
que graven la relación entre ahorradores e inversores; nosotros no. Su
señoría no se ha referido a ello, pero creo que es una parte del debate.
Empecemos por el principio, a ver si somos capaces de superar una barrera
imprescindible: saber de lo que estamos hablando. Su señoría plantea como
cuestión principal de esta interpelación el crecimiento de los fondos de
inversión. ¿Desde cuándo se produce? No desde mayo de 1996, y su señoría
lo sabe, sino desde el año 1991. ¿Por qué se producen desde el año 1991?
Porque en la Ley 18, de junio de 1991, del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas, se introdujo un cambio en el tratamiento fiscal de las
plusvalías que dejaba exentos de tributación los incrementos del
patrimonio por el simple transcurso del tiempo. Ahí es donde se produce
el crecimiento de los fondos de inversión. Porque desde el año 1984 se
habían regulado las instituciones de inversión colectiva, pero hasta el
año 1991 no se produce un crecimiento de los fondos de inversión,
precisamente porque desde el año 1991 se les da un tratamiento fiscal
discriminatorio.
Para que su señoría y, sobre todo, para que la Cámara se haga una idea,
voy a leer cuál ha sido el ritmo de crecimiento de los fondos de
inversión entre 1991 y 1996, para que no siga usted afirmando, con la
rotundidad con la que lo hace, que el tratamiento cambia a partir del mes
de junio, porque, pura y simplemente, no es así.
Mire usted, el crecimiento de los fondos de inversión en el cuarto
trimestre de 1991, sobre el cuarto trimestre de 1990, fue del 232,90 por
ciento; en el año 1992, sobre el cuarto trimestre anterior, fue del 62,28
por ciento; en el cuarto trimestre del año 1993, sobre el cuarto
trimestre anterior, fue del 63,92 por ciento; en los años 1994 y 1995,
que es en el único momento de su intervención --y he estado muy atento--
en que su señoría ha reconocido que no era exacta esa frase que ha
repetido tantas veces de «por primera vez» --no, de por primera vez
nada--, en los años 1994 y 1995, efectivamente, se produce un menor ritmo
de crecimiento como consecuencia de la crisis de los mercados financieros
--y no entraremos ahora a discutir sobre por qué se produjo--, y el
rendimiento de los fondos cae de ritmos del 63,92 por ciento en el año
1993 al 9,28 por ciento en el año 1994, y al 8,39 por ciento en el año
1995. Pero a partir del cuarto trimestre de 1995 se produce un
crecimiento que hace que durante todo el año 1996 el crecimiento haya
sido del 53,43 por ciento.
Señoría, si el crecimiento medio de los fondos de inversión del año 1991
al año 1996 ha sido del 63,26 por ciento, y en el año 1996 sólo han
crecido el 53 por ciento --el sólo lo digo entre comillas--, no me venga
su señoría a decir que el crecimiento de los fondos de inversión depende
de las medidas del Gobierno de junio del año 1996, porque, pura y
simplemente, los datos demuestran taxativamente que no es así. Por tanto
dejemos eso aparte.
Si su señoría no es partidario de las medidas del Gobierno de junio de
1996, busque otros argumentos, critíquelas políticamente, pero no me
traiga los fondos de inversión a paseo, porque éstos han empezado a
crecer de manera espectacular a partir del año 1991 como consecuencia de
la Ley de renta del año 1991. Es más, en el año 1996 han crecido menos
que la media del período. Por si su señoría vuelve a recurrir al ejemplo,
que ha presentado tan magníficamente, del crecimiento en un solo mes de
un billón de pesetas de los fondos, quiero recordarle que eso ya pasó en
el año 1994, y que, por tanto, si usted quiere criticar al Gobierno,
hágalo, pero no me traiga a pasear los fondos de inversión porque nos
estamos todos equivocando, y creo que no es lo que su señoría pretende y,
desde luego, no es lo que yo pretendo.
A partir de ahí, una vez que ya sabemos dónde estamos --y si quiere la
Cámara, leo año por año lo que ha ido sucediendo-- sabemos dos cosas:
primera, que el extraordinario crecimiento de los fondos que se inicia a
raíz de la aprobación por las Cortes de la Ley del IRPF del año 1991,
establece un nuevo sistema de tributación de plusvalías que dejaba
exentos los incrementos de patrimonio por el simple transcurso del
tiempo. El crecimiento del patrimonio de los fondos, y especialmente de
los FIM, se ha acelerado en el período, que ha sido precedido de mejoras
en la rentabilidad de los fondos, y viceversa, cuando la rentabilidad de
los fondos ha caído, vuelven a caer. Eso ya lo sabemos todos.
Por lo que se refiere a la reciente aceleración, que comienza a
producirse en el último trimestre de 1995, el tratamiento fiscal no ha
producido modificación alguna, porque siguen estando privilegiados los
incrementos de patrimonio. Lo que hemos introducido es que en vez de
tener que producirse efectos fiscales por el paso del tiempo, éstos sean
iguales a partir de dos años para cualquier tipo de ahorro, y hemos
explicado por qué: para que los pequeños ahorradores puedan tener la
posibilidad de cambiar de instrumento de ahorro frente a las
posibilidades que tienen las sociedades o los grandes ahorradores, que
podían hacer uso de instrumentos jurídicos que les daban mayor
flexibilidad.
Segunda cuestión. Su señoría plantea el recalentamiento de la Bolsa por
las inversiones de los fondos, y nos trae algunas citas de los
periódicos. Mire usted, podrá acusar a este Gobierno de haber dicho que
la inflación ha mejorado con nosotros, que hemos controlado el déficit
público, que estamos siendo capaces de crear empleo, pero, en ningún caso
hemos ligado nuestra acción del Gobierno con la Bolsa, ésta se mueve por
expectativas que no dependen exclusivamente de quién gobierne, que tiene
mucho que ver con los tipos de interés, y eso sí tiene que ver con quién
gobierne; pero no me diga ahora su señoría que el Gobierno está encantado
con el crecimiento de la Bolsa, para que cuando se produzcan otras
circunstancias su señoría me pueda criticar. Eso se lo quiero dejar
claro. La evolución de la Bolsa es un mercado independiente de la acción
política del Gobierno, y éste lo único que ha hecho ha sido enviar una
ley nueva del mercado de valores para poner al día la que se aprobó hace
unos años e incorporar las directivas. Ahí veremos cuáles son sus
propuestas sobre la cuestión.
Si a su señoría le preocupa la relación entre nuestra Bolsa y otras
Bolsas, le diré que desde el punto de vista de los medidores de los
diversos valores, la Bolsa española no es especialmente significativa. Si
hablamos del PER, que es una manera de medir la relación entre precios e
ingresos de las sociedades, veremos que en el mercado español se sitúa en
el 16,9, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se sitúa en el
18,8 y en Estados Unidos en el 19,3; y si medimos el ratio por precio
«cash-flow», es decir, por los movimientos de liquidez que se produzcan
en las sociedades, en España es del 7, en Europa, del 9,2, y en Estados
Unidos, del 11,2. Por lo tanto, no me parece a mí que haya que traer
grandes alarmismos a la Cámara ni a la opinión pública sobre una burbuja
especulativa, que es posible que se produzca. Pero en este momento: ¿por
qué está recreciendo la renta variable? Su señoría, lo ha explicado muy
bien, lo que pasa es que ha dicho que era preocupante, y yo no comparto
su tesis. ¿Por qué? Porque han caído los tipos de interés. Quiere decir
que en este momento la bolsa está creciendo porque los ahorradores
prefieren, y no les queda más remedio si quieren mantener unos niveles de
rentabilidad mínimos, empezar a correr algunos riesgos y no mantenerse en
la renta fija. Yo creo que la caída de los tipos de interés es una buena
noticia para el conjunto de la sociedad española, para la creación de
empleo y para lo que debe ser un fomento de un mayor nivel de
desintermediación financiera y un aumento del mercado de capitales en
España. Lo digo con toda rotundidad.
Pero para que se haga una idea su señoría sobre la Bolsa española, es
importante que veamos que los fondos --que es lo que su señoría ha traído
a debate--, en España dedican a renta variable el 2 por ciento de su
patrimonio. Estamos sólo por encima de Grecia y Portugal. Señoría, me
parece que tenemos un largo camino por recorrer para llegar a niveles de
Francia, de Alemania, de Bélgica o de Holanda, ya no digo de Inglaterra,
y no me parece extraordinariamente preocupante. Desde luego, el Gobierno
sí que está interesado en que haya cada vez mayor posibilidad de
financiar a la empresa española a través del mercado de capitales y no
simplemente a través de los intermediarios financieros.
Es cierto que según vamos reduciendo el déficit público estamos dando
posibilidades de que una parte considerable del ahorro en vez de
financiar el déficit público, es decir la renta fija, tenga que dedicarse
a financiar actividades empresariales y actividades de riesgo, si se
quiere mantener algunos niveles de rentabilidad; y vuelvo a reiterarle
que eso me parece extraordinariamente positivo y no puedo compartir para
nada el calificativo de su señoría de preocupante sobre esa cuestión.
Su señoría en algún momento ha dicho que los inversores con menos
información no podrían acceder a este tipo de decisiones. No se ha debido
de enterar de la privatización de Telefónica. Ha habido 1.200.000
españoles que han querido suscribir acciones de Telefónica, por ejemplo.
Eso quiere decir que hay un montón de gente que su señoría considera que
son pequeños inversores y que no tienen información, que al parecer
tienen mejor información de la que su señoría supone; lo cual no está
mal, porque es bueno que la gente tenga mejor información de la que
nosotros pretendemos que la gente tenga.
Hay mucha gente en España que está preocupada por la rentabilidad de su
ahorro, y lo que el Gobierno le ha dado con la modificación de la
legislación de junio, que para nada ha afectado a la evolución de los
fondos de inversión, que ya estaban primados fiscalmente, es que hoy haya
que esperar el paso del tiempo, sino que el pequeño ahorrador pueda tomar
decisiones en función de la rentabilidad de sus inversiones. Eso que su
señoría parece indicar que le preocupa y que lo ideal es que tengamos a
los pequeños ahorradores protegidos por el manto protector de no se sabe
quién, quiero decirle que nosotros no lo compartimos y que precisamente
lo que esperamos es que haya muchos pequeños ahorradores que en este país
tomen sus decisiones, como ese 1.200.000 pequeños ahorradores han tomado
con respecto al tema de Telefónica; por cierto, para aquellos que decían
que la privatización de Telefónica se iba a hacer para los amigos del
Partido Popular, 1.200.000 amigos no está nada mal.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Vicepresidente, le ruego
vaya terminando.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Sí, señor
Presidente, soy plenamente consciente de que el tiempo ha ido
transcurriendo.
Su señoría ha hecho algunas referencias al tema de los depósitos. Miren,
aunque no sé si se podrá ver, este gráfico de la evolución de las tasas
de variación interanual de los depósitos a plazo (El señor Rato Figaredo
muestra un documento a la Cámara); esta flecha que cae en picado es la
evolución de los depósitos enero-noviembre de 1996. Aquí no hay cambio
alguno; están cayendo los depósitos; llevan cayendo años. ¿Por qué?,
porque cada vez hay más españoles que no quieren tener su dinero sólo en
una cuenta corriente rentando a unos niveles, sino que pretenden correr
algún riesgo. En una época no hacía falta que corrieran riesgos porque el
crecimiento del déficit público llevaba a mantener unos altos tipos de
interés que permitían a los ahorradores ganar dinero sin riesgo, y ahora
se está produciendo otro fenómeno. Pero, su señoría, tiene que saber --y
si no lo sabe se lo voy a contar yo ahora-- que la evolución de los
depósitos es la siguiente --y es importante que lo sepa para que su
señoría no siga alarmando a la Cámara sobre la evolución de los
depósitos--, entre 1985 y 1990 el peso relativo del efectivo y los
depósitos en la cartera de activos financieros de las familias se redujo
3,6 puntos; sin embargo, entre 1990 y 1996 se ha reducido más del doble,
8,6 puntos, y han aumentado los fondos de inversión, no tanto los fondos
de pensiones por razones de legislación, y también mucho los seguros de
vida, como lo demuestra el hecho de que las reservas técnicas del seguro
han continuado ganando importancia, pasando de suponer el 12,2 de los
activos frente al 7,7 que representaban en el año 1990.
Además, su señoría ha hecho referencia, y después no ha rematado la
jugada --si me permite la expresión--, a la diferencia entre cajas y
bancos y la política regional. Me gustaría saber dónde quiere ir su
señoría en esa cuestión. Desde luego, los bancos y las cajas cada uno
tiene su propia estrategia, y no sé si su señoría pretende dirigirla
desde aquí; si lo pretende hacer es bajo su responsabilidad; yo, desde
luego, no la comparto, y no voy a entrar en esa discusión. Si los
clientes de las cajas son incentivados a mantener depósitos pagándoles
más por sus depósitos --y es ahí donde su señoría no ha hecho bien al
mencionar el tema o, por lo menos, no lo ha matizado completamente-- y
los bancos pretenden orientar a sus clientes en otra dirección, es un
problema de los clientes y no nuestro; a no ser que su señoría y su Grupo
Parlamentario quieran compaginar su actividad política con el
asesoramiento financiero, cosa para la que son absolutamente libres, pero
nosotros no vamos a hacer ese tipo de compaginación. Por lo tanto, quiero
decirle, que si usted compara la evolución de los fondos entre el cuarto
trimestre de 1994 y el cuarto trimestre de 1996, tanto desde el punto de
vista de los fondos gestionados por los bancos, como de los fondos
gestionados por las cajas, su señoría comprobará --y es bueno que lo
compruebe-- que en ese período la evolución ha sido muy similar: en el
caso de los bancos los fondos gestionados han crecido el 69,5 por ciento
y en el caso de las cajas han crecido el 64,66 por ciento. Luego esa
impresión que su señoría ha querido transmitir de que los bancos se
dedican a los fondos y empujan ahí a sus clientes y las cajas no se
dedican no se compadece con la realidad. Lo que sí se compadece con la
realidad, y es bueno que la Cámara lo conozca, es que efectivamente las
cajas remuneran las cuentas corrientes de sus clientes con unos tipos de
interés que han evolucionado de manera distinta que el de los bancos, y
eso es bueno que se sepa; la gente es bastante más consciente de sus
intereses de lo que su señoría podría haber insinuado. ¿Por qué la gente
ha mantenido sus depósitos en las cajas y no en los bancos? Porque los
bancos han reducido la rentabilidad de las cuentas corrientes y las cajas
no; así de simple; es así de racional. ¿Y qué ha sucedido con los
depósitos? Pues que las cajas remuneran un 0,5 más los depósitos que los
bancos de promedio, y la gente prefiere quedarse en las cajas en vez de
quedarse en los bancos.
¿Su señoría, considera que deben escucharle bancos y cajas y cambiar de
estrategia? Su señoría es muy libre de dar todos los consejos que quiera,
pero no me saque conclusiones políticas de un hecho tan simple como que
la gente prefiere los depósitos en las cajas más que en los bancos porque
se los pagan mejor. Fíjese usted qué explicación más racional. Su señoría
parece querer poner sobre los pequeños ahorradores esa protección, manto
protector, y ya son ellos bastante conscientes de lo que les interesa.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Vicepresidente, por favor,
vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (de Rato y Figaredo): Sí, señor
Presidente, voy acabando.
Ya entro en la última parte de su intervención que ha sido los objetivos
para modificar la legislación sobre el ahorro, que comparto
absolutamente.
Creo que efectivamente en España tenemos que ir hacia una legislación
sobre el ahorro que tenga las siguientes características: primero, que
sea global, que afecte a todos los instrumentos de ahorro y, segundo, que
sea neutral fiscalmente; lo cual no implica que determinados instrumentos
no puedan gozar de un tratamiento fiscal beneficioso que pretenda
dirigirse, por ejemplo, a determinadas necesidades sociales, como pueden
ser los sistemas de previsión social; que esta nueva legislación deba
orientarse a favorecer el ahorro a largo plazo, que es uno de los
instrumentos básicos sobre el que podemos asentar un crecimiento
sostenido y estable y también una situación de excedencia de nuestras
cuentas exteriores. Comparto la necesidad y urgencia que su señoría
plantea sobre esta cuestión. Quiero indicarle que el Gobierno entiende
que debería de formar parte de un cambio global de la fiscalidad del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Ya terminando, señor Presidente, quisiera decirle a su señoría que existe
una subcomisión en el Congreso de los Diputados, que está estudiando la
fiscalidad del ahorro a largo plazo, cuyos trabajos finalizan el día 31
de marzo de 1997 y que el Gobierno entiende que sería bueno --más bien
imprescindible-- esperar a esa fecha para que el Gobierno conozca la
opinión de los grupos.
Quisiera subrayar que ya que su señoría es del Grupo Parlamentario
Socialista, hiciera un real esfuerzo para que su Grupo en el Congreso de
los Diputados opinara algo sobre esta cuestión. Estamos esperando oír si
tiene alguna
opinión y será muy interesante escucharla, porque cualquier modificación
de los instrumentos de ahorro a largo plazo debería de contar, desde
luego, con la colaboración del primer Grupo de la oposición. En ese
sentido yo espero que, de aquí al 31 de marzo, pueda haber una mayor
actividad del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los
Diputados referente a la fiscalidad de la que ha habido en la subcomisión
hasta el momento.
Es indudable que, además de tener en cuenta el Gobierno todo lo que he
mencionado, es decir, la neutralidad, la globalidad, el incentivo del
ahorro a largo plazo y la acción que lleve la subcomisión en el Congreso
de los Diputados, también tendrá que tener en cuenta lo que se está
produciendo en Europa desde el punto de vista de la armonización fiscal
que, como su señoría sabe, ha estado más o menos paralizada desde el año
1994, pero últimamente empieza a tener, al menos en términos de
declaraciones políticas, alguna revitalización, y también las
consecuencias que se puedan producir de la aplicación del euro.
En resumen, señor Presidente, señorías, la evolución de los fondos de
inversión no es un buen ejemplo para traer a debate las medidas del
Gobierno sobre ahorro del mes de junio. ¿Por qué? Porque los fondos de
inversión están evolucionando de manera considerable desde las medidas
tomadas en el año 1991.
Segundo, es verdad que se está produciendo una modificación de la actitud
de los ahorradores como consecuencia de nuevas opciones que afectan a los
depósitos de los bancos, que se llevan produciendo desde el año 1990.
Tercero, en el año 1996 se ha producido una caída de los depósitos que es
prácticamente lineal desde enero hasta noviembre y que, seguramente,
demuestra la percepción que tienen en este momento los ahorradores de que
las bajadas de los tipos de interés les aconsejan abandonar los depósitos
e ir a instrumentos que les puedan dar mayor rentabilidad.
Cuarto, la distinta estrategia entre bancos y cajas se explica por
razones absolutamente racionales, como es, por ejemplo, la remuneración
de los depósitos. Dentro de este punto, como un segundo apartado, tengo
que incluir que no se puede decir --porque los datos no lo confirman,
sino lo contrario-- que los fondos de inversión sean un instrumento que
está creciendo exclusivamente en manos de unas determinadas instituciones
financieras.
Y quinto --me parece el más importante--, el Gobierno, efectivamente,
debe abordar una reforma de la tributación del ahorro, dentro de la
reforma global del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que
busque la neutralidad fiscal, que incentive algunos instrumentos, como
puede ser al ahorro previsión, que incentive la fiscalidad a largo plazo,
que recoja las propuestas de los grupos de la subcomisión que está
realizándose en el Congreso de los Diputados y que, además, tenga muy en
cuenta si realmente se agiliza el proceso de armonización fiscal en
Europa.
Todo lo expuesto, sin duda, son temas importantes que el Gobierno está
dispuesto a abordar.
Quiero agradecer a sus señorías la atención y la paciencia con que me han
escuchado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor
Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Armet i Coma.
El señor ARMET I COMA: Señor Vicepresidente, vaya de entrada nuestra
voluntad de colaboración en todos los temas importantes de Estado:
política antiterrorista y temas centrales de la política internacional;
pero, evidentemente, no estaremos de acuerdo en rebajar ostensiblemente
la fiscalidad a los perceptores de rentas medias y altas de este país.
Que quede claro. Esto es importante para clarificar las cuestiones que
estamos debatiendo aquí.
En primer lugar, si hablamos de tasas de crecimiento, de fondos de
inversión y depósitos, todo va creciendo; unos más que otros. Pero lo que
es importante es situarlo en una cesta, es decir, comportamiento de
fondos de inversión y de depósitos. Usted debe saber --página número 17
del Boletín Estadístico del Banco de España, y lo puede comprobar-- que
desde el mes de agosto de 1996, por primera vez, los depósitos de ahorro
bajan cuantitativamente. No estamos hablando de tasas.
A lo largo de los años que usted ha señalado, el crecimiento cuantitativo
de los depósitos a plazo se mantendría cercano a los dos billones, pero
es precisamente en el mes de agosto cuando se produce el cambio, y como
consecuencia de las medidas fiscales que ustedes lanzan que, lógicamente,
discriminan a los activos financieros, que eran los tradicionales, en
relación a la favorable fiscalidad de los fondos de inversión. Esto se
produce así, señor Vicepresidente. Es exactamente así. Por primera vez
los depósitos bajan y lo hacen con un ritmo fuerte. En siete meses bajan
800.000 millones de pesetas. Lógicamente afecta más a la banca que a las
cajas de ahorro. Si usted mira las diferentes bases cuantitativas, verá
claramente que es así. Lo que la Banca pierde las cajas lo mantienen.
Pero hay una baja de depósitos.
La Banca juega más claramente, no por lo que dice el señor Ministro, es
decir, por una mejor rentabilidad de las cajas de ahorro en relación a
los depósitos a plazo. No hagamos jugar el tipo de interés en aquello que
no sea jugar al tipo de interés. La Banca crece más porque hace una
política de «marketing» agresiva, señalando productos de fiscalidad muy
favorable, y se lanza en picado a sus clientes --con toda la razón; actúa
correctamente-- para intentar obtener situaciones más favorables y
positivas. Juega con unas comisiones de un 1,5 y seguramente tiene unos
costos de transformación más bajos. Sin embargo, las cajas han jugado más
a retener depósitos a plazo, intentando favorecer ligeramente, pero no
dar la noticia ni la información al consumidor. Esto produce la doble
discriminación que nosotros vemos en este aspecto. Existe una
discriminación por sectores sociales que se ven desfavorecidos por la
política que ustedes hicieron en el mes de junio. Esto se produce a corto
plazo. Hay otra política de repercusión territorial obvia, es la
siguiente: el peso específico de los bancos
y cajas es distinto en cada una de las nacionalidades y regiones de
España. Donde es más grande el peso de las cajas que el de los bancos o
comparativamente más grande que la media, se produce una irrupción menor
de fondos de inversión, porque los agentes financieros que han actuado en
función de su libertad lo han hecho en estas direcciones. Esto es así.
Por esta razón, señor Vicepresidente, supone un gran peligro lanzar
cambios radicales en política, que tienen cambios de hábitos de consumo,
sin que exista la tutela por parte del Gobierno. Es muy peligroso dejar
que todas las entidades financieras lancen como un producto fiscal lo que
es un producto de activo financiero bien tratado fiscalmente --y la
diferencia es importante; es muy importante de cara al futuro--.
Imagínese usted el día --que puede pasar, y digámoslo con toda claridad--
en que la rentabilidad de un fondo sea negativa. En este país, que es un
país de pánicos en muchas oportunidades, si no se ha avisado a tiempo que
esto puede suceder con toda normalidad, que forma parte de una tasa
media, que es la que tenemos que prever, creo que iríamos muy mal. Por
tanto, queda perfectamente aclarado el tema de bancos y cajas porque
juegan de una forma decisiva en la distribución o en el peso que este
factor tiene en cada una de las nacionalidades y regiones.
En relación a otros temas sobre los que usted ha hablado, yo estoy de
acuerdo con usted en que la política de tipos de interés baja es buena.
¿Que esto favorece a la renta variable? De acuerdo. ¿Usted cree normal,
con los tipos de interés en que nos estamos moviendo, que se esté
hablando de rentabilidades del 20, 22 y 42 por ciento? ¿Usted cree normal
que esto se pueda mantener mucho tiempo? Porque, evidentemente, el
diferencial ente la renta fija y la variable no puede estar situado a
estas cuotas, que son de peligro. Usted ha señalado unos rankings y unas
comparaciones, en este caso unos ratios concretos de comparación de
nuestra bolsa con las bolsas del exterior, pero también usted sabe que la
nuestra es menos permeable; es un mercado que no tiende al incremento de
oferta de la misma forma que se está produciendo un incremento de demanda
y si no hay una cierta inteligencia en la dirección política de estos
procesos iríamos muy mal.
En algunos aspectos usted y yo estaríamos de acuerdo en lo que son las
tendencias a largo plazo y en cómo se tienen que mover, pero, en cambio,
estamos en profundo desacuerdo con los efectos a corto plazo de
determinadas políticas que ustedes han lanzado.
Les hizo mucha ilusión lanzar un producto fiscal, cuando nos tenía que
haber hecho mucha ilusión lanzar fondos de inversión diversificados, lo
más ricos posible, lo más claros posible, lo más orientados posible de
cara a que el consumidor pueda entender claramente lo que compra, es
decir, el riesgo que asume. Hubiera sido una actuación mucho más
favorable, de la misma forma que se tendrían que haber garantizado planes
de ahorro popular para la gente que no quiera entrar en las vorágines
--sectores determinados lo piensan-- financieras. Me complace que usted
haya reconocido que este tema tendrá su contemplación en la política que
usted piensa diseñar de cara al futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Armet, debería terminar
cuanto antes.
El señor ARMET I COMA: Acabo muy rápidamente.
El problema es que una medida gubernamental incide en un crecimiento
exponencial de fondos de inversión que, por primera vez, produce una baja
cuantitativa de depósitos a plazo. Es importantísimo. Esto crea una
asimetría muy notable de los fondos de inversión con otros medios
posibles de ahorro que, evidentemente, tiene unos efectos en capas
sociales; las capas sociales medias-altas quedan claramente favorecidas y
las capas populares quedan desfavorecidas. Y después el último factor,
obviamente, el juego territorial, la falta de información, la opacidad y
el centrar todo un proceso fiscal, y dado el peso de cada una de las
entidades financieras en cada territorio, también ha tenido unos efectos
desfavorables.
En esta interpelación lo único que pedíamos simple y exclusivamente es
que usted reequilibrara la situación, porque si usted no admite que se ha
producido un grave desequilibrio es que a usted no le pasan bien los
números o que usted no ha leído aún la página número 17 del Boletín
Oficial del Banco de España. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Turno de portavoces.
El Senador Cambra tiene la palabra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señoría, intervengo brevemente para posicionarme sobre
esta interpelación del Senador Armet.
La primera reflexión que hacemos es que creemos que se ha utilizado mucho
el término «discriminación» en cuanto al tratamiento fiscal de los fondos
de inversión, y lo que sí pensamos que se está produciendo es una
diferenciación. La discriminación existiría si no hubiera libertad por
parte del ahorrador para tomar sus decisiones respecto a sus inversiones
a la hora de encaminarlas a depósitos bancarios o de cajas o a los fondos
de inversión. Por tanto, es la diferenciación de tratamiento fiscal que,
sin duda, incide en sus decisiones de ahorro, como inciden otros
aspectos, como los comentados por el señor Ministro sobre la diferente
remuneración que pueden dar las cajas o los bancos, o quizá también de
las políticas que esas instituciones siguen respecto a sus clientes en
cuanto a que éstos tengan una mayor fidelidad respecto a su tratamiento
del ahorro.
Creo que ésos son aspectos que influyen, como influye muchísimo --lo ha
citado en su última intervención el Senador Armet-- la evolución de los
tipos de interés en el mercado de activos financieros que se ha producido
en los últimos meses en este país.
El único aspecto que queremos introducir como reflexión, y sin ningún
tipo de gravedad respecto al tema, es si a largo plazo esta evolución de
los activos financieros, esta evolución de dónde se aplica el ahorro,
pudiera llegar a tener
repercusión en la capacidad de financiación externa de la empresa, sobre
todo de la pequeña empresa. Es evidente que la pequeña empresa hasta hoy
se ha mantenido casi exclusivamente de la financiación bancaria y que la
falta de recursos hacia las instituciones bancarias pudiera generar una
dificultad de financiación para la pequeña empresa. Realmente es un
problema que, en todo caso, podría aparecer a largo plazo y quizá es una
buena reflexión que hay que tener presente en cuanto al tratamiento, de
lo que ha anunciado el señor Ministro, de los cambios en el IRPF que
puedan tener una mayor tendencia a la neutralidad fiscal en cuanto a los
distintos tratamientos de los activos financieros.
Por otro lado, también creemos que lo que ha anunciado el Gobierno en
cuanto a permitir que los fondos de inversión puedan invertir en
sociedades no cotizadas, paliaría también este posible problema que, en
todo caso, sería a largo plazo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El Senador Armet tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor ARMET I COMA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señalaré la posición del Grupo Parlamentario Socialista, que lógicamente
su portavoz ha comentado aspectos más concretos y con mayor profundidad,
pero intentaré centrar temas de preocupación.
Hay que superar lo que significaría el tratamiento necesario a un ahorro
popular, como se ha hecho en otros países, hay que encontrarle una
salida, una ubicación, porque, si no, la discriminación actual es fuerte
desde nuestro punto de vista. Hay que encontrar soluciones operativas de
lo que algunos llaman la economía productiva, pero para ser más concreto
nos referiremos a lo que serían actividades inversoras desarrolladas en
el territorio mediante empresas que por su nivel de complejidad no
acceden normalmente a los mercados financieros. Y hay que encontrar vías
y fomento de actuaciones en esta lógica, porque se puede producir, y se
está produciendo, una baja de los coeficientes de inversión comercial en
las zonas donde existe menos desarrollo y menos impulso económico de
nuestro país.
Hay que tener una política que impida las exageraciones o los movimientos
fuertes, y esto sólo es posible si valoramos la necesidad de un activo
financiero tan importante como los depósitos a plazo y que permite una
seguridad y una serenidad en el sector, no se van fundiendo con
alternativas de renta fija u otras alternativas a través de las mil y una
forma de los fondos de inversión que, como he dicho antes, hemos llegado
a más de mil.
Hay que garantizar --y esto sí que es una recomendación desde nuestro
punto de vista-- que las burbujas especulativas, expresión no acuñada por
nosotros, sino por los especialistas del sector, no tengan fuerza y no
puedan ser pinchadas por el descalabro que podría significar desde el
punto de vista de las motivaciones colectivas de nuestro país, en un
país, sobre todo, en el que en los últimos meses no se ha dado la
orientación adecuada a las formas de inversión, sino que ha habido una
exagerada orientación por favorecer todo lo que son formas alternativas
de mejoras fiscales. No hay ni una entidad financiera que haya ofertado
los fondos de inversión al margen de la consideración de la propia
fiscalidad. Y a partir de aquí la opacidad y el desconocimiento ahora
empiezan a ser peligrosos porque vamos a derivar gran cantidad de fondos
en la renta variable.
En síntesis, nuestra posición pasa por entender que las políticas en el
tiempo, simplificadoras y efectuadas con una cierta brutalidad
conceptual, comportan unos desajustes que obligan a un reequilibrio de
actuación por parte del Gobierno. No hacerlo significaría que habríamos
creado unas lógicas que después no podríamos controlar, y lo digo con
toda la responsabilidad. Estoy convencido de que en este tema existe la
capacidad de reacción, debe existir, de la misma forma que no estoy
convencido de que el Gobierno quiera rectificar lo que son
discriminaciones fiscales que tenemos hoy día en nuestro territorio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas
gracias, señor Presidente.
Creo que la Cámara ya sabe que los fondos de inversión no han sufrido una
evolución distinta de la que llevan produciendo desde 1991. Por tanto, es
importante que la Cámara sepa que las medidas de junio del año 1996 no
son las que han dinamizado el crecimiento de los fondos de inversión,
puesto que he dado datos que no han sido, como no podrían serlo, opuestos
al crecimiento de los fondos de inversión; los fondos de inversión crecen
en este país a partir del año 1991 como consecuencia del tratamiento
fiscal, eso sí es cierto, pero el tratamiento fiscal de las plusvalías
del año 1991. La diferencia de que las plusvalías puedan mantenerse a
plazo para poder producir efectos fiscales de exención o que las
plusvalías tengan una tributación lineal del 20 por ciento, no es la que
ha afectado a los fondos de inversión. Ahora se han centrado las
apreciaciones en una caída que se dice espectacular de los depósitos.
Creo que el Boletín del Banco de España, que ha sido utilizado como
instrumento de referencia, debe ser útil. Por lo tanto, invito a sus
señorías a que abran la página 82 del Boletín de diciembre de 1996 y
vean: entidades de depósito, balance, y podrán comprobar cómo en
depósitos a plazo, a partir del mes de abril de 1996, se produce una
caída; no a partir del mes de agosto, sino del mes de abril. ¿Por qué?
Por una razón muy simple, porque están cayendo los tipos de interés, no
nos torturemos más. Es como si en este momento hubiera personas en esta
Cámara que quisieran que hubiese explicaciones sobre la evolución de los
mercados financieros distintas de las absolutamente racionales.
Están cayendo los tipos de interés, y la gente que no necesita que le
demos explicaciones de cómo tiene que hacer para tener mejores
oportunidades cambia de depósitos. ¿Por qué? Porque gana menos dinero y
empieza a irse a fondos de inversión o a otros activos, pero a partir de
abril.
Por lo tanto, si ya sabemos que las medidas de junio no son las que
afectan a los fondos de inversión, cualquiera de sus señorías que vaya a
la página 82 del Boletín Estadístico del Banco de España del mes de
diciembre, podrá comprobar que la caída de los depósitos se produce desde
el mes de abril. Por lo tanto, dejemos de montar especulaciones en el
aire que no responden a la realidad.
A partir de ahí, se produce, en efecto, una diferencia en la estrategia
de unas entidades sobre otras, que seguramente también se ha producido
con anterioridad, a la cual yo no le doy ninguna importancia. Me parece
lo razonable, y esa estrategia está en función de la remuneración de los
instrumentos de ahorro. No veo ninguna razón para que esa estrategia
tenga efectos negativos desde el punto de vista regional, más bien al
contrario. Si como ha apuntado el Senador Sixte Cambra, de Convergència i
Unió, somos capaces de canalizar el ahorro sin intermediación hacia las
pequeñas y medianas empresas, empezaremos a ver florecer posibilidades de
inversión en pequeñas y medianas empresas en este país, no sólo a través
de los bancos. Y cualquiera de nosotros que dedique un poco de su tiempo
a hablar con los pequeños y medianos empresarios españoles comprobará
cómo ésa es una petición del sector absolutamente razonable y que
permitirá a la economía española entrar en un proceso de modernización,
que es el proceso de desintermediación financiera.
Decir que las medidas del mes de junio sólo benefician a los grandes
ahorradores es desconocer por completo cuál es el perfil del sujeto
pasivo del impuesto de ganancias de capital en nuestro país. Es
importante que sus señorías sepan --más bien recuerden, porque ya lo he
dicho en esta Cámara-- que el 60 por ciento de las personas que
declaraban y estaban sujetas a impuestos que gravaban las plusvalías
declaraban plusvalías inferiores a un millón de pesetas, y que el 40 por
ciento de esas plusvalías eran inferiores a 200.000 pesetas. Como
precisamente el Gobierno ha declarado exentas las primeras 200.000
pesetas, estamos favoreciendo de forma clara a los pequeños ahorradores
que, por cierto, como estas estadísticas demuestran, eran los únicos que
pagaban por el impuesto de ganancias de capital. Porque ya me explicarán
ustedes si, de todas las ganancias de capital que se producen en este
país, el 60 por ciento son inferiores a un millón de pesetas, de qué tipo
de sujetos pasivos estamos hablando. Si algún Grupo Parlamentario quiere
proteger a los pequeños ahorradores debería buscarse otro instrumento.
En cualquier caso, yo he pedido varias veces en el Congreso y en el
Senado, y vuelvo a demandarlo ahora, si hay algún grupo que quiera volver
al sistema de ganancias de capital anterior, es decir, que el paso del
tiempo produzca la exención, y si es así, que lo diga y que lo plantee en
las enmiendas, porque quiero recordar a sus señorías que, en la Ley de
Presupuestos, ningún grupo planteó la vuelta al sistema anterior.
Peligro. Queremos transmitir a la opinión pública que estamos al borde de
una burbuja especulativa que va a explotar en la Bolsa. Yo no lo haré. Me
parece una irresponsabilidad monumental. En cualquier caso, el Gobierno
no lo cree en absoluto. Actualmente estamos en un momento de reducción de
los tipos de interés, lo cual es extraordinariamente favorable. Y vuelvo
a repetir: los fondos de inversión dedican un 2 por ciento de sus activos
a renta variable, y es bueno que ese 2 por ciento aumente para que
podamos estar financiando operaciones productivas y no simplemente renta
fija.
En resumen, señor Presidente, señorías, creo que el debate sobre la
fiscalidad del ahorro es un debate importante; que hay una subcomisión en
el Congreso a la que los grupos pueden aportar sus propuestas y, sin
duda, pueden hacerlo directamente en esta Cámara; que el Gobierno va a
abordar esa fiscalidad, pero no traigamos a este debate ni el de los
fondos de inversión ni la caída de los depósitos, porque resulta que los
depósitos han empezado a caer mucho antes, los fondos de inversión han
empezado a crecer mucho antes y, como ya he podido demostrar teniendo que
acudir a una página concreta del Boletín Estadístico del Banco de España,
los depósitos a plazo están cayendo desde el mes de abril. Por lo tanto,
a partir de ahí me parece que el debate debemos orientarlo hacia
posiciones mucho más constructivas, reconociendo la necesidad de
modificar la legislación sobre el ahorro, dentro de una modificación
global del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y dentro
también de lo que debe ser una mejora de la existencia de mercados de
capitales más profundos en nuestro país, que respondan a las
preocupaciones que planteaba el Senador Sixte Cambra claramente de
financiación de las pequeñas y medianas empresas, en un sistema cada vez
con menos intermediación financiera.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor
Vicepresidente.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY DE ASIMILACION DE JORNADAS A LOS EFECTOS DEL SUBSIDIO POR
DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES INCLUIDOS EN EL REGIMEN ESPECIAL
AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (S. 621/000009.) (C. D. 121/000005.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tercer punto del orden del día:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados.
El primero es el de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en
relación con el proyecto de ley de asimilación de
jornadas a los efectos del subsidio por desempleo de los trabajadores
eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social.
¿Ha designado la Comisión a algún Senador para la presentación del
dictamen?
Tiene la palabra el Senador Sanz.
El señor SANZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, me cabe el honor de presentar en este trámite parlamentario el
dictamen formulado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del
Senado, relativo a la tramitación, por el procedimiento de urgencia, del
proyecto de ley de asimilación de jornadas a los efectos del subsidio por
desempleo de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social, procedente éste del Real Decreto 9/1996,
de 7 de junio, y publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», número 9, de fecha 7 de febrero de 1997.
Haciendo historia, con fecha 26 de diciembre de 1996 tuvo entrada en esta
Cámara el texto aprobado por la Comisión de Política Social y Empleo, del
Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena.
Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordena la
remisión de este proyecto de ley a la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social. Declarado urgente, se comunica, a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 135.1 del Reglamento del Senado, que el plazo para
presentación de enmiendas finalizará, como así lo hizo en tiempo y forma,
el pasado 30 de diciembre de 1996.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del
Senado se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales» de las enmiendas presentadas al proyecto de ley por los
Senadores don José Luis Nieto Cicuéndez y don José Fermín Román Clemente,
pertenecientes al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, se
presentaron tres enmiendas al proyecto de ley, al apartado 3 del artículo
único y al párrafo tercero del preámbulo.
Señorías, el objetivo esencial del proyecto de ley extiende su aplicación
a las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura como consecuencia
de la sequía sufrida en sus campos, afectando ésta a la marcha normal de
determinados cultivos en amplias zonas de la mitad sur peninsular. Con el
fin de evitar sus efectos en la obtención del subsidio por desempleo en
favor de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social, regulado por el Real Decreto 1.387/1990, de 8 de
noviembre, y modificado en su redacción por el Real Decreto 273/1995, de
24 de febrero, se pretende, con el indicado proyecto, regular la
asimilación, considerando procedente mantener esa medida a las
solicitudes formuladas entre el 27 de mayo de 1996 y el 31 de octubre del
mismo año.
Una de las enmiendas presentadas es de modificación, y solicita la
sustitución en todos los casos de «octubre» por «diciembre», pretendiendo
que se incluyan todas aquellas solicitudes presentadas hasta el 31 de
diciembre de 1996.
Otra enmienda, la número 2, también es de modificación. Los enmendantes
plantean sustituir «El presente Real Decreto-Ley...» y «... del presente
Real Decreto-Ley» por «La presente Ley...» y «... de la presente Ley».
La enmienda número 3 consistía en añadir una disposición derogatoria.
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social se reunió el pasado 4 de
febrero y acordó dictaminar directamente, sin designar ponencia al
efecto, el citado proyecto de ley, elaborando el presente dictamen que se
somete a debate en esta sesión plenaria.
Es todo cuanto tengo que informar a sus señorías.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Antolín
Sanz.
En el debate de totalidad, ¿desea algún Senador hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Lógicamente, tampoco habrá turno a favor. (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos al debate de las enmiendas referentes al artículo único,
disposiciones finales, primera y segunda, y preámbulo.
Hay un voto particular de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente,
que corresponden a las enmiendas números 1 y 3.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Como habrán observado sus señorías, tanto la enmienda número 1 como la
número 3 --porque la número 2 ha sido retirada por redundante-- pretenden
que, en vez de que el cómputo de las jornadas para tener derecho al
seguro de desempleo finalice el 31 de octubre, se haga extensivo hasta
del 31 de diciembre. Y esto está motivado, fundamentalmente, porque
creemos que aunque no afectaría a muchos posibles perceptores de dicho
seguro de desempleo, sí puede crear algunos agravios, puesto que algunas
peonadas, en lo que se refiere tanto a Andalucía como a Extremadura, se
realizan a partir de octubre y sobre todo en diciembre, cuando en algunos
sitios se empieza ya a recoger la aceituna o la poda de la vid temprana,
también en ambas Comunidades. Además, creemos que es mucho más correcto
establecer el cómputo en la terminación del año natural. El resto es una
apreciación técnica sobre este tema.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto
Cicuéndez.
Turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Sanz Pérez.
El señor SANZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra para anunciar nuestro voto en contra de las
enmiendas propuestas, principalmente de la
que tiene más importancia y es a la que se refería el señor Nieto
Cicuéndez, porque, a nuestro entender, desvirtúan el sentido del proyecto
de ley, dado que con éste en estudio, procedente, como decía en mi
intervención anterior, del Real Decreto 9/1996, se amplía el término del
sistema que existía en esos momentos, alargándolo hasta el 31 de octubre,
postura que mantiene y sigue defendiendo el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.
La modificación propuesta por el señor Nieto Cicuéndez persigue, a
nuestro entender, la ampliación del concepto de jornadas asimiladas a las
realmente cotizadas al período del año anterior a las solicitudes del
subsidio formuladas entre el 27 de diciembre de 1996 y el 31 de diciembre
del mismo año, en vez del 31 de octubre del pasado año, según consta en
el texto del proyecto de ley. La ampliación de la asimilación hasta el 31
de diciembre de 1996, propuesta por la enmienda, no parece fundamentada
en razones de fondo que justifiquen que las sequías de los períodos
anteriores y sus efectos se hayan prolongado con carácter general y en el
ámbito de las Comunidades Autónomas mencionadas, Andalucía y Extremadura,
durante los meses de noviembre y diciembre y finalicen, además,
coincidiendo con el año natural.
Por el contrario, hemos de decir que, a partir de octubre de 1995, las
lluvias han tenido una influencia positiva y progresiva en las regiones a
las que estamos haciendo referencia y que, además, mejora los cultivos. Y
como consecuencia, en la producción agraria y en la mejora de empleo en
este sector, según datos de la Encuesta de Población Activa, conocido por
sus señorías, en estas Comunidades Autónomas, Andalucía y Extremadura, el
cuarto trimestre del año 1995 el número de ocupados se incrementó el 2,41
por ciento, al igual que el número de parados, que descendió en 6,4 por
ciento.
Por estas razones, y profundizando más aún en el porqué de votar en
contra de estas enmiendas, si durante los meses de noviembre y diciembre
de 1996 se produjeran, si es que se producen, algunas situaciones
puntuales de desprotección real, desde el Instituto Nacional de Empleo se
podrían activar o arbitrar acciones reflejadas en el nuevo acuerdo sobre
empleo agrario firmado por el Gobierno en el mes de noviembre, donde se
pueden aplicar en realidad medidas activas de empleo y formación, medidas
que, estarán de acuerdo sus señorías, son mucho más positivas que las
propias medidas pasivas de protección.
Por todo ello, insisto, señor Presidente, vamos a seguir manteniendo
nuestro voto en contra de la enmienda presentada por el señor Nieto
Cicuéndez, del Grupo Mixto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Sólo un minuto para decir que, efectivamente,
lo que se pretende con las enmiendas es introducir una mejora para que al
cortar ese cómputo un par de meses antes no puedan quedar algunos
trabajadores perjudicados. Ese es el sentido de la enmienda. El que haya
llovido y que haya habido «milagro» etcétera afectará menos en la medida
en que la sequía desaparezca, pero de lo que se trata aquí es de
establecer el cómputo en el año natural, y a nuestro juicio esto no
desvirtúa absolutamente en nada la ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, en principio, entiendo que
estamos en un turno de portavoces relativo no sólo a las enmiendas sino a
todo el proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Exactamente estamos en un turno
en contra de las enmiendas, pero su señoría puede intervenir en turno de
portavoces.
El señor ALBISTUR MARIN: Es que en el documento que se nos ha entregado
no figura esa distinción. Figura un turno de portavoces directamente
después del turno en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Como sabe su señoría, en el
momento del debate a la totalidad he ofrecido la posibilidad de
intervenir en el turno de portavoces.
El señor ALBISTUR MARIN: De acuerdo, señor Presidente, por eso quiero
decir que intervendré en el turno de portavoces posterior; pero lo que
quiero que me aclare es si es éste definitivamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, les he ofrecido un turno
de portavoces en el debate a la totalidad que no se ha adoptado.
El señor ALBISTUR MARIN: Eso es lo que no tenía claro, señoría, y por eso
he pedido la explicación. Tenía una confusión respecto de si había un
turno, o dos con la posibilidad que usted había abierto. Sólo era eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muy bien. Usted puede expresarse
sobre la enmienda y sobre lo que crea conveniente alrededor de este
proyecto de ley.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
No creo que le falte razón a la propuesta que don José Nieto Cicuéndez
plantea, fundamentalmente porque sería triste que quedaran trabajadores
que por efectos ajenos a su voluntad pudieran no disfrutar de esta
situación. Sin embargo, creo que ése es un procedimiento que debe ser
solucionado por una vía administrativa más que necesariamente por la
modificación del texto legal planteado, que ha
sido aprobado prácticamente por unanimidad en las dos Cámaras.
Daremos nuestro apoyo a esta propuesta del proyecto de ley confiando en
que se abra ya una dinámica nueva para el tratamiento de situaciones que
merecen la solidaridad de todas las regiones y Comunidades Autónomas del
Estado, precisamente en un Estado que sufre con cierta periodicidad
situaciones similares.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir en el turno de portavoces para decir que nuestro Grupo
Parlamentario va a abstenerse en lo que hace referencia a las enmiendas
números 1 y 3, presentadas por los Senadores José Nieto Cicuéndez y José
Fermín Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto. Y vamos a votar
favorablemente al informe de convalidación de este Real Decreto de
asimilación de jornadas a los efectos de subsidio por desempleo de los
trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social.
Nuestro Grupo piensa, y yo lo afirmo, que debemos sentirnos solidarios
con los trabajadores, y en este caso concreto, con los del campo andaluz
y del campo extremeño sobre todo, cuando estamos hablando de dos
Comunidades en las que la ocupación está muy por debajo de los índices de
ocupación del resto de España.
Y creo sinceramente que este proyecto de ley viene a solucionar, en
parte, el problema, aunque sea una medida que yo denominaría de tránsito,
porque lo que de verdad necesita la población rural es una reforma en
profundidad, previa negociación con todas las partes implicadas.
Evidentemente, este proyecto de ley viene a solucionar el problema que
existe en el sur debido a la sequía, aunque en este año quizás podríamos
cambiar el encabezamiento y en vez de hablar «La sequía sufrida...» poner
«Las lluvias continuadas...». Sí debemos reconocer que la disminución de
las superficies sembradas, sea por agua o sea por sequía, conducen a una
importante pérdida de jornadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vidal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Gracias, señor Presidente, voy
a ser breve al utilizar este turno de portavoces para manifestar nuestra
opinión tanto sobre las enmiendas, como sobre el conjunto de la norma a
debate.
Vamos a votar favorablemente las enmiendas planteadas por Izquierda Unida
por entender que, de ser aprobadas, podría facilitarse que no se
produjeran situaciones de desprotección, puesto que nosotros pensamos que
sería mejor que esas situaciones de desprotección ni siquiera pudieran
llegar a producirse. De todas maneras hemos acogido de forma positiva las
palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, del Partido que
sustenta al Gobierno, en el sentido de que si esas situaciones se
produjeran habría mecanismos administrativos para solucionarlas. El
problema es que se solucionen o que se impida que quede un conjunto de
trabajadores en situación de desprotección. Por eso, vamos a votar a
favor de las enmiendas planteadas.
Aclarado ya esto, vamos a apoyar la norma por diversas razones. En primer
lugar, porque es una norma que reproduce en este momento normas que en
años anteriores ya se habían dado en circunstancias parecidas y que
fueron promovidas por Gobiernos precedentes. En segundo lugar, porque
pensamos que la protección, en concreto de los trabajadores eventuales
agrarios en Andalucía y Extremadura, no es sólo un problema de
solidaridad para con esos trabajadores, sino que es un problema de
solidaridad para con unos territorios, para con unas Comunidades
Autónomas que, por su estructura y su configuración social, tienen menos
posibilidades de incorporarse, o han tenido históricamente, mejor dicho,
menos posibilidades de incorporarse a la modernidad, entre otras cosas a
la producción industrial, como sí lo han podido hacer otras zonas de
España.
Y concluyo diciendo que gracias a mecanismos como el presente --es decir,
mecanismos que permiten que los trabajadores del campo, demostrando que
son realmente trabajadores del campo y garantizando, por tanto, la
prestación de una actividad agraria año a año, perciban subsidios de
desempleo por el no disfrute de un puesto de trabajo-- ha sido posible
que en los últimos años la población activa agraria andaluza y extremeña
haya ido decreciendo en su importancia relativa y absoluta en cada una de
esas sociedades, y todo eso se ha producido sin traumas y sin rupturas
sociales. Por lo tanto, pensamos que es una norma que completa un sistema
que se ha ido demostrando como positivo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sanz
Pérez.
El señor SANZ PEREZ: Gracias, Presidente.
Intervengo para fijar varias cuestiones, lógicamente, en la línea de lo
manifestado anteriormente.
Primero, que el Partido Popular y el Gobierno del Presidente Aznar,
siendo conscientes de los problemas que acontecen en las Comunidades de
Andalucía y de Extremadura, elaboran este proyecto de ley para dar
solución a esos problemas. Por lo tanto, es consciente de ese problema y
plantea un proyecto de ley para solucionarlo.
Por otro lado, en el supuesto de que existan casos puntuales a los que
haya que dar solución, en mi intervención anterior he manifestado qué
soluciones se pueden adoptar y que, como bien decía el señor Albistur,
pueden ser vía administrativa --de hecho, dadas las últimas
conversaciones y acuerdos que se han mantenido con las organizaciones
agrarias a nivel nacional, se pueden encontrar--. Profundizando más aún:
si existen casos puntuales, es importante que se puedan identificar las
posibles zonas afectadas por la sequía --que se hayan visto afectadas o
que sigan estando afectadas en casos concretos en los meses de noviembre
y diciembre-- y que se planteen las soluciones. ¿Cuáles son esos posibles
planteamientos? Están reflejados en uno de los acuerdos sociales
suscritos por el Gobierno, según el cual el INEM, si se produjesen casos
puntuales de desprotección real, podría arbitrar asignaciones, dentro de
sus posibilidades, para llevar a cabo políticas activas de empleo.
Al señor Rodríguez de la Borbolla quiero decirle varias cuestiones.
Primera, que me congratulo de que él también se congratule de que, en
función de esos acuerdos, el propio Gobierno pueda plantear, a través del
INEM, soluciones alternativas vía administrativa. Me alegra que usted
tenga esa confianza.
Asimismo, ha manifestado su señoría que las Comunidades de Andalucía y
Extremadura tienen o han tenido menos posibilidades que otras Comunidades
Autónomas. Pues pregunte en su mismo Grupo, ustedes han gobernado durante
trece años en este país y, a más de todo eso, siguen gobernando en esas
Comunidades Autónomas.
En vista de todo ello, le planteo la solución que está recogida en los
acuerdos sociales con las organizaciones sindicales agrarias para ese
problema.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación el voto particular presentado por los
Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente al proyecto de ley de
asimilación de jornadas a los efectos del subsidio por desempleo de los
trabajadores eventuales incluidos en el régimen especial agrario de la
Seguridad Social.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 84; en contra, 121; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, vamos a someter a votación el texto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 222.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda, por tanto, definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de asimilación de
jornadas a los efectos del subsidio por desempleo de los trabajadores
eventuales incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad
Social.
Debo señalar a sus señorías que el Presidente de la Comisión Especial
sobre la Prevención y Asistencia en situaciones de catástrofes me
comunica que la reunión de la Mesa y Portavoces de dicha Comisión,
prevista inicialmente para la mañana del jueves, día 13, se adelanta a la
finalización de la sesión plenaria del día de hoy.
Se suspende la sesión hasta las dieciséis horas. (Pausa.)
Eran las trece horas y cuarenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS
LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y DE COLEGIOS PROFESIONALES
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/1996, DE 7 DE JUNIO). SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 621/000011.) (C. D. 121/000002.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se reanuda la sesión.
El punto del orden del día que vamos a tratar es el del dictamen de la
Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones
en relación con el proyecto de Ley de medidas liberalizadoras en materia
de suelo y de colegios profesionales.
Para la presentación del dictamen por parte de la Comisión tiene la
palabra el Senador Vicente Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el proyecto de Ley de medidas liberalizadoreas en materia del
suelo y de colegios profesionales que vamos inmediatamente a debatir
consta de dos capítulos netamente diferenciados. El primero de ellos
aborda diversas medidas tendentes a incrementar la oferta del suelo y,
consiguientemente, abaratar el suelo disponible y facilitar el acceso a
la vivienda. Asimismo, se simplifican los procedimientos y acortan los
plazos vigentes. En el segundo capítulo se modifican diversos aspectos de
la regulación de la actividad de los colegios profesionales que limitan
la competencia, eliminando la potestad de los mismos para fijar
honorarios mínimos, si bien podrán establecer baremos de honorarios
orientativos.
El proyecto de Ley consta de cinco artículos, una disposición adicional,
una transitoria, una derogatoria y tres disposiciones finales. Tuvo su
entrada en esta Cámara el 7 de enero del corriente año, tramitándose por
el procedimiento de urgencia. Se presentaron una propuesta de veto, del
Grupo Socialista, y 65 enmiendas: una del Senador Vicente Ferrer, cinco
de la Senadora De Boneta, once de los
Senadores Román y Nieto, tres del Senador Ríos Pérez --todos ellos del
Grupo Mixto--, cinco del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, dos del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, once del Grupo Socialista y siete del Grupo Parlamentario
Popular.
El debate en Comisión tuvo lugar el pasado día 6, siendo incorporadas al
texto del dictamen seis enmiendas del Grupo Popular y una del Grupo
Parlamentario Socialista. La propuesta de veto fue rechazada, siendo
aprobado el dictamen de la Comisión por mayoría.
Dada la limitación del tiempo disponible que este procedimiento de
urgencia ha tenido --recordemos que el plazo de presentación de enmiendas
finalizó hace tan sólo ocho días--, hemos de agradecer especialmente a
los servicios de la Cámara el trabajo realizado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Beguer.
Se ha presentado una propuesta de veto que se debatirá a continuación y
para su presentación tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
El veto que mi Grupo ha presentado a este proyecto de ley de medidas de
liberalización en materia de suelo y colegios profesionales se plantea
desde distintos ámbitos o aspectos.
De una parte, en términos de oportunidad legislativa, el proyecto que
pomposamente el Gobierno ha llamado de liberalización entendemos que es
inoportuno. La vigente Ley del Suelo está pendiente de resolución de
varios recursos de inconstitucionalidad. Por tanto, no comprendemos la
urgencia de este Gobierno para acometer una reforma de este tipo y no
esperar a disponer de esa sentencia del Tribunal Constitucional para
abordarla según los términos y criterios de la misma.
Es una reforma, por otra parte, con cuyos contenidos mi Grupo no está de
acuerdo. Disentimos profundamente de la filosofía, especialmente en
materia de suelo, que plantea este proyecto de Ley. No compartimos lo que
el Gobierno entiende en este texto por liberalización del mercado del
suelo, y ello es fácil de entender, señorías, porque este proyecto de Ley
no liberaliza el mercado del suelo, entre otras cosas, porque éste es un
mercado libre. En todo caso, lo que hace este proyecto de ley es
desregularizarlo e, incluso, en algunos aspectos supone un retroceso de
la competencia de ese mercado del suelo. Tampoco compartimos el concepto
de lo público que se deriva de las modificaciones que en materia de
legislación urbanística introduce el texto del proyecto que hoy estamos
tramitando.
No es extraño, evidentemente, que los socialistas tengamos una visión
diferente de la que tiene el Grupo Parlamentario Popular que sustenta al
Gobierno respecto de la finalidad y de la utilización de lo público. La
tenemos habitualmente, pero, sin duda, en este proyecto de ley en materia
de suelo, el Gobierno Popular da un paso más y antepone los intereses
particulares, los intereses de los propietarios del suelo a los intereses
generales de los ciudadanos, especialmente de aquellos ciudadanos que
necesitan acceder a una vivienda y no disponen de recursos suficientes
para ello.
En efecto, de hecho el Gobierno con este proyecto de ley reduce la
superficie de suelo público existente a partir de las cesiones
obligatorias al patrimonio municipal de suelo. Con ello, señorías, impide
en parte el desarrollo de una política de vivienda destinada a cubrir las
necesidades de los más desfavorecidos. Y todo ello, a pesar, insisto, de
que el Gobierno ve en este proyecto de ley una solución para evitar la
escasez de vivienda a través de esa llamada liberalización del suelo.
La realidad, señoría, es bien distinta. El propio Ministro de Fomento
reconocía el pasado mes de junio, con ocasión del debate de convalidación
del Real Decreto, hoy proyecto de ley, que las medidas contempladas en
este proyecto no irían finalmente a abaratar el precio final de la
vivienda. ¿Y por qué? La respuesta es muy fácil señoría, basta con que
analicemos las medidas que se concretan en este texto que hoy debatimos
para que al ver sus efectos tengamos la convicción de que son exactamente
contrarios a la finalidad invocada por el Gobierno en la exposición de
motivos de garantizar con mayor facilidad el acceso a la vivienda.
Voy a empezar analizando --si me lo permiten-- la primera medida que
contempla este proyecto de ley: la eliminación de la categoría de suelo
urbanizable no programado. Con esta medida se introduce, sin duda, un
aumento del control por parte de los propietarios de ese suelo
urbanizable no programado sobre el desarrollo urbanístico de ese suelo.
Pero no sólo tiene este único efecto de control, tiene, además, otro
efecto más perverso y, sin duda, malo para los resultados finales del
precio de la vivienda: aumenta la expectativa del beneficio; tiene, por
tanto, un efecto inflacionista en los precios del suelo y,
consecuentemente, en los precios posteriores de la vivienda.
En la medida que los suelos urbanizables no programados tenían un valor
legal que era rústico, gracias a este proyecto de ley, de la noche a la
mañana, han pasado a tener la consideración de suelo urbanizable
programado, es decir, han pasado a tener un valor legal diez veces
superior al que tenían. Luego, la eliminación de la distinción de suelo
urbanizable programado y no programado no va a resolver el problema de la
vivienda, sino muy al contrario, señorías, pues mi Grupo tiene la
convicción de que la escasez no es de suelo urbanizable, sino que es de
suelo urbanizado. Por eso, en nuestras enmiendas iremos concretando las
propuestas que como Grupo presentamos a este proyecto.
Por tanto, la supresión de la categoría de suelo urbanizable no
programado no beneficia precisamente a los ciudadanos que necesitan
acceder a una vivienda, beneficia a los propietarios de ese tipo de
suelo. Y hay otra medida, también muy importante, que recoge este
proyecto de ley y que quiero analizar. Se refiere a la disminución de las
cesiones obligatorias del 15 al 10 por ciento del aprovechamiento medio a
los municipios.
¿Qué efecto tiene en principio esta medida? Sin duda alguna --y lo hemos
debatido aquí con ocasión de una interpelación al Ministro de Fomento en
materia de vivienda-- tiene un efecto político inmediato: acomodar la Ley
del Suelo a las cesiones del 10 por ciento que se prevé en la Ley de la
Comunidad Autónoma de Cataluña. Este Gobierno trata de evitar un antiguo
conflicto relacionado con ese 10 y ese 15 por ciento, y también trata de
acomodar la legislación de carácter estatal a la de una Comunidad
Autónoma que, por cierto, soporta con su apoyo a este Gobierno.
Pero esta medida tiene también en sí misma otro efecto no político sino
económico y perverso que disminuye en un 33 por ciento, es decir, en una
tercera parte, lo que es la aportación a actuaciones de política de
vivienda a través de la reducción de esos patrimonios públicos de suelo.
Eso preocupa al Grupo Socialista pero también preocupa, y mucho, a la
Federación Española de Municipios y Provincias, y buena prueba tuvo de
ello el Ministro de Economía y Hacienda este mismo mes cuando el Consejo
Federal de la Federación Española de Municipios y Provincias le trasladó
su acuerdo de rechazo a la aplicación de lo que hoy es proyecto de ley y
que como Real Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación.
Y es que, señorías, las repercusiones económicas preocupan a la
Federación Española de Municipios y Provincias ya que tienen un efecto
sobre la gestión del urbanismo y la vivienda, gestión que se encuentra
disminuida en un cinco por ciento por parte de los ayuntamientos.
Señorías, esto es preocupante. Nosotros entendemos que esta reducción de
patrimonio público de suelo sin duda va a tener un efecto negativo en
relación con el acceso a la vivienda, especialmente por parte de las
personas más desfavorecidas, es decir, que tendrá un efecto negativo
sobre las viviendas de protección oficial.
Recoge también este proyecto de ley un tercer bloque de medidas que se
dirigen a reducir los plazos de los trámites para los expedientes del
planteamiento, lo que resulta curioso, ya que el proyecto no hace lo
mismo con los expedientes de gestión y ejecución de la urbanización,
carencia que, amén de sospechosa, conlleva sin duda la agilización sólo
de los trámites que conducen a la recalificación del suelo, pero el
proyecto de ley no contempla --ni aparece en su texto preocupación alguna
al respecto-- la agilización de los trámites para la obtención de lo que
es en sí el producto final, sea solar o sea vivienda, que es donde
realmente radican tanto el problema como la necesidad.
En cuanto a materia de suelo hay un cuarto bloque que se contempla en
este proyecto de ley y que modifica la actual distribución de
competencias para la aprobación de esos instrumentos de planteamiento que
la Ley de Bases de Régimen Local atribuye tanto a los Plenos municipales
como a los alcaldes. Entiende mi Grupo que esta medida hurta al Pleno
capacidad de decisión sobre una materia de trascendencia social y
económica, que yo catalogaría de vital para el municipio y para los
ciudadanos, cual es el urbanismo. Por tanto, consideramos que estas
modificaciones tampoco van por el camino adecuado.
Para finalizar diré que en lo que se refiere a la liberalización de los
colegios profesionales --que se recoge también en el texto de este
proyecto de ley que aborda dos materias tan distintas como son la
legislación urbanística o de suelo y la legislación en materia de libre
competencia de Colegios profesionales--, aquí también se trata de una
liberalización supuesta. Tampoco se trata en este caso de una
liberalización de colegios profesionales; ni siquiera se trata, como he
dicho antes al referirme a materia de suelo, de desregularización.
Afortunadamente no es así, porque el proyecto de ley, en materia de
colegios profesionales, prácticamente no modifica la situación que hoy se
da respecto de la actuación de los colegios profesionales. Por cierto, el
texto que remitió el congreso de los Diputados a esta Cámara recogía
aspectos tan importantes, y que mi Grupo no comparte, como la limitación
del visado a aspectos técnicos del proyecto o el papel que desempeñan las
tarifas en determinados Colegios y las garantías de libertad de las
partes en cuanto al cobro de honorarios a través de esos Colegios.
Es cierto, y así quiero dejar constancia de ello, que en el trámite de
Comisión en esta Cámara se mejoró el texto, y entiendo que en el trámite
de hoy también vamos a mejorarlo con algunas transaccionales y algunas
enmiendas que se introdujeron. A pesar de ello, la colegiación única
aparece en el texto del Gobierno sujeta a ciertas condiciones de carácter
económico que pueden establecer los colegios profesionales. Las
exigencias de fianza, de garantía u otras prestaciones de carácter
económico siguen siendo una condición para el acceso a la colegiación.
Como pueden ver, señorías, para el Grupo Parlamentario Socialista existen
suficientes elementos de divergencia en el fondo y en la forma de los
contenidos y medidas que recoge este proyecto de ley que hoy debatimos.
Sin duda, y así lo creemos, hubiera sido más oportuno abordar por parte
del Gobierno Popular la reforma de la ley del suelo una vez conocida la
posición del Tribunal Constitucional y oídos los ayuntamientos y las
Comunidades Autónomas, ya que se ven afectados en su política urbanística
y de vivienda. Ha sido una norma, ha sido habitual en los últimos años
oír a la Federación Española de Municipios y Provincias y a las
Comunidades Autónomas cuando se compartían competencias, y sobre todo en
estas materias donde el desarrollo último de esas políticas corresponde a
otras administraciones, no a la del Estado.
Por tanto, abordar esta reforma en esas condiciones hubiera sido lo
adecuado y además, y quisiera con esto concluir, abordarla desde el
consenso y la serenidad porque es un asunto vital para todos los
ciudadanos y ciudadanas el urbanismo de sus ciudades, de las ciudades en
las que van a vivir, de las ciudades que disfrutan, y es una materia que
aborda las posibilidades de acceso a sus viviendas que deben ofrecer los
poderes públicos.
Señorías, concluyo diciendo que este veto que ha presentado mi Grupo
plantea una concepción profundamente distinta de la que el Gobierno
recoge en este proyecto de ley y, por tanto, solicitamos de los grupos de
esta Cámara su apoyo al mismo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Clemente Sanz.
El señor SANZ BLANCO: Señor Presidente, señores Senadores y señoras
Senadoras, Senadora Pleguezuelos, pienso que ha formulado una serie de
criterios en esta tribuna demasiado gruesos si nos atenemos de una forma
muy especial al modelo del mercado de suelo que tenía concebido el
Partido Socialista, y no creo que el Grupo Parlamentario Socialista esté
en condiciones de hacer la afirmación de que este decreto liberalizador
del suelo y de los colegios profesionales sea inoportuno.
Entiendo que estamos en una situación dramática, en una situación
drástica en lo relativo a vivienda y sueldo, que es una de las variables
que impiden que nuestros ciudadanos, los más pobres, los más necesitados
tengan acceso a una vivienda digna, porque ese derecho constitucional la
legislación anterior se lo impedía, y eso no son hechos o afirmaciones
que diga yo desde esta tribuna, sino que son hechos que están en la
realidad y la sociedad está reclamando su solución.
En lo que afecta a las medidas liberalizadoras en materia de suelo, este
proyecto tiene objetivos muy claros. Como ha dicho su señoría, el primer
objetivo es ampliar el mercado del suelo y, para ello, la unificación del
régimen del suelo urbanizable programado y no programado; el segundo
objetivo es reducir las cargas y los costes de urbanización y, para ello,
la reducción de las cesiones; tercero, agilizar la tramitación de los
instrumentos urbanísticos, y para conseguir este último objetivo, se
concretan medidas de acortamiento de plazos y simplificación de trámites.
Estos tres objetivos, señoría, constituyen las razones que abonan el voto
en contra del veto a la totalidad y del texto alternativo.
Estas medidas, que son un anticipo del nuevo modelo de ordenamiento
jurídico y gestión del suelo que el Partido Popular remitirá a las Cortes
mediante una nueva ley del suelo, son urgentes y reclamadas unánimemente
por todos los sectores implicados en el suelo y en la vivienda, porque
los problemas que padece este sector no sólo son de gestión, sino también
de normativa, de ordenamiento jurídico, que han imposibilitado en muchas
ocasiones, en gran medida, una gestión eficaz y transparente del suelo,
con repercusiones graves en el producto final, como es el caso de la
vivienda.
La situación del mercado del suelo ha llegado a un extremado grado de
encarecimiento, fruto de una legislación urbanística que ha alcanzado un
nivel de inadecuación, complejidad y cargas para la propiedad y para la
promoción pública de viviendas y viviendas de protección oficial en
general. Las consecuencias son de sobra conocidas por todas sus señorías:
escasez de suelo y suelo caro, escasez de viviendas y viviendas caras y
no asequibles para las rentas bajas y medias. Esta es la grave realidad
en la que está sumergida nuestra sociedad, y me reconocerá su señoría que
los diferentes gobiernos socialistas no han sabido resolverla.
Para atajar este gravísimo problema que afecta a sectores muy amplios de
nuestra sociedad, resulta imperioso revisar el complicado entramado de
disposiciones que integran el ordenamiento urbanístico jurídico. Una
primera y urgente aportación son las medidas presentes que el Gobierno
trae hoy a esta Cámara. Un primer bloque de medidas se refiere al régimen
urbanístico de suelo y, a través de éste, a su planeamiento. Los planes
generales, según el texto refundido de 1992, clasifica el desarrollo de
suelo urbanizable en dos categorías: programado y no programado. En las
medidas que se adoptan en este proyecto de ley que estamos debatiendo,
los planes generales unificarán el régimen de planeamiento y de gestión
de este tipo de suelo. Queda suprimida la distinción entre suelo
urbanizable programado y no programado establecida por el Decreto de
1992, refundiéndose ambas clases de suelo y denominándose suelo
urbanizable. Las consecuencias ventajosas de esta medida, contempladas en
el artículo 1, serán un planeamiento general más sencillo, un desarrollo
evolutivo menos sometido a periódicas revisiones, una gestión
simplificada; desaparece el concurso y elimina el programa de actuación
urbanística, si se juzga necesario; todo el suelo urbanizable se podrá
desarrollar mediante la redacción de planes parciales. Si la ordenación
básica establece el planeamiento general, no hay necesidad de un
instrumento de planeamiento previo a la finalización del proceso de
maduración urbanística, como es el caso de los programas de actuación
urbanística y el concurso.
Por otra parte, se obvia la posible discrecionalidad a que estaba
sometido el suelo urbanizable no programado en su incorporación al
proceso urbanístico a través de un incierto procedimiento concursal. La
unificación resuelve el problema, se suprime la exigencia de una
autorización discrecional para desarrollar el suelo antes clasificado
como no programado y, por otra parte, se suprime el concurso obligatorio
cuando la iniciativa es privada.
También se favorece con esta medida la transparencia de los procesos
urbanísticos, que dejarán de estar sometidos a actos de autorización no
siempre libres de sospechas. Queda claramente establecido que este suelo
se ejecuta a través de los mismos sistemas de actuación que el
programado, es decir, compensación, cooperación o expropiación. Además,
para tranquilidad de su señoría, quiero recordarle que esta medida estaba
en el pensamiento del Gobierno anterior; a veces se tiene la impresión de
que una pérdida de poder no bien digerida lleva a graves incoherencias.
Desde esta valoración positiva del proyecto de ley y desde las medidas
que inspira, no compatibles con los argumentos expuestos por la portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, nuestro voto será negativo a su
propuesta.
No podemos compartir ni sus argumentos ni sus afirmaciones. No es verdad
que la unificación del suelo urbanizable programado y no programado se
haga en beneficio exclusivo de los propietarios, como su señoría acaba de
decir, que sean los únicos que puedan acometer el desarrollo urbanístico.
No es verdad. Antes al contrario, sigue viva la posibilidad de iniciativa
pública, como no podía ser de otra manera.
Lo que sucede, señoría, es que ustedes entienden que la única iniciativa
válida es la pública, olvidando que en los modelos urbanísticos más
modernos el doble juego de la iniciativa pública y privada da mejores
resultados. Este doble juego es el que hay que seguir manteniendo para
bien de la sociedad y para bien del mercado del suelo y de la vivienda.
Dentro de las medidas relativas al régimen urbanístico del suelo, el
artículo 2 del proyecto de ley aporta una gran novedad, ajustando a
límites razonables y soportables las cesiones de suelo lucrativo a la
administración municipal. No es que el Partido Popular haya querido, por
interés político, avenirse a las exigencias del Grupo nacionalista de
Convergència i Unió; probablemente es que Convergència i Unió lo estaba
haciendo bien, y el Partido Popular ha reconocido que era una buena
medida para el suelo y para la vivienda.
Tenemos un exceso de repercusión del valor del suelo en el coste final de
la vivienda. Les voy a poner un ejemplo más significativo y llamativo: la
repercusión del coste del suelo en el centro de París es del 37 por
ciento sobre el coste final de la vivienda. En España, en el año 1985,
esa repercusión ascendía al 25 por ciento; en 1994 es del 45 por ciento.
Todo esto ha ocurrido mientras sus señorías apoyaban al Gobierno
Socialista y mientras la especulación y consecuentemente el precio de la
vivienda se disparaba a niveles inalcanzables para la mayoría de los
ciudadanos españoles, como casi nunca había ocurrido en la historia de
nuestro país.
Todas las cargas que se ponen al mercado del suelo repercuten al final
sobre el precio de la vivienda que en última instancia paga el comprador.
Las cargas que soporta el suelo han de ser las imprescindibles para
obtener un suelo bien urbanizado y bien equipado, pero nada más, señoría.
El propietario cede los terrenos precisos para viarios, espacios libres y
dotaciones públicas y ejecuta las obras de urbanización. De este modo,
señoría, la administración participa en las plusvalías. Por lo tanto, las
cesiones de suelo lucrativo deben ser moderadas porque la plusvalía,
señoría, no se debe sólo a la clasificación de suelo por un acto de la
Administración, se debe también a una inversión privada.
No es cierto que las cesiones no vayan a tener impacto en los precios
finales y fundamentalmente en los precios de las viviendas. Puede que no
haya una relación causa-efecto, dadas las peculiaridades del mercado del
suelo. Evidentemente es un mercado muy peculiar, como su señoría ha
dicho, donde inciden otros factores, como el mercado financiero, las
infraestructuras, las propias dificultades estructurales de la
Administración, pero no me podrá negar que en una economía de mercado, en
un mercado tan peculiar como el suelo la reducción de los costes de
urbanización, sobre todo en un mercado de oferta --y el objetivo que
perseguimos es aumentar la oferta de suelo--, conducirá inexorablemente a
reducir los precios de la vivienda. Es cuestión de tiempo, señoría, como
decía nuestro portavoz en el Congreso.
Usted ha aludido al señor Ministro respecto a que no había una relación,
que no iba a producir un efecto. Señoría, no tergiverse las palabras del
señor Ministro. El señor Ministro dijo que no iba a tener un efecto
inmediato. La baja de precios de la vivienda como consecuencia de la
reducción de los costes no es inmediato, pero tendrá su incidencia en el
futuro. Pero esta reducción de los costes de urbanización --ahora las
cesiones, pero habrá que actuar sobre otras-- acabará generando una baja
en los precios de la vivienda.
Por otra parte, señoría, las medidas orientadas a la simplificación de
plazos en el texto alternativo del Grupo Socialista representan
ciertamente un gran esfuerzo de adaptación a las nuevas exigencias que
marca una economía competitiva, pero me reconocerán que también entrañan
la aceptación de un cierto fracaso legislativo anterior.
Pensamos que los plazos que se indican en el proyecto del Gobierno para
los diferentes procesos del planeamiento urbanístico salvaguardan mejor
la seguridad jurídica de todas las partes implicadas en el proceso. Nos
parece bien cuanto se haga en beneficio de los patrimonios municipales,
del suelo, pero pensamos que la reducción de las cesiones no les va a
afectar tan gravemente como el Grupo Parlamentario Socialista dice. Yo me
atrevería a afirmar que globalmente le va a ser beneficioso, si tenemos
en cuenta la fiscalidad que grava la vivienda. Por otra parte, son
también muchos los ayuntamientos que tienen suelos cedidos, que no los
han utilizado o lo han hecho en muy pequeña medida.
El texto que ustedes presentan adolece de los mismos defectos que la
legislación anterior: mitifican lo público y anatematizan lo privado,
olvidándose de que el modelo intervencionista diseñado en la Ley de 1956
y posteriormente en la Ley aprobada de 1990 y en el Texto Refundido de
1992 ha fracasado rotundamente, con las graves consecuencias que todos
conocemos para el precio de la vivienda.
En esta línea está el texto alternativo del artículo primero porque
asienta el axioma de que el derecho a urbanizar no pertenece al
propietario, sino a la comunidad, y establece un mecanismo de concurso
que soslaya al propietario, llevando a cabo algo parecido a una verdadera
nacionalización del suelo. En esa misma línea están también las cesiones
que ustedes reclaman.
La razón de nuestro voto negativo es clara. No aceptamos el modelo
intervencionista que ustedes proponen y defienden, porque ha fracasado y
no sirve para resolver los problemas graves que afectan al precio de la
vivienda. Con las medidas propuestas en su texto alternativo lo único que
se conseguiría sería aumentar el intervencionismo y, consecuentemente,
generar un mayor caos en el mercado del suelo e incrementar el precio de
la vivienda.
Yo daré un consejo a su señoría. No defienda con tanto interés lo
público, que demasiados problemas les ha generado y les está generando.
Todo, señoría, en su justa medida.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sanz
Blanco.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, yo creo que éste es
un tema importante por varias razones. Es un tema que, como se pone aquí
en evidencia, refleja efectivamente filosofías distintas. Voy a expresar
cuál es nuestra filosofía en torno a la política de suelo. (El señor
Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.) La filosofía de que
contra menos público, contra menos intervención de la Administración, es
decir, contra menos Estado, mucho mejor, es la que defiende el Grupo
Parlamentario Popular, argumentando que más sociedad, más iniciativa
privada.
Estamos tratando un tema capital y primero habría que plantearse si el
suelo es una mercancía más, si es un bien finito e irrepetible o no. El
suelo, en definitiva, no es una mercancía cualquiera, y si no lo es, su
uso, el cambio del uso del suelo, es lo que genera las plusvalías de
éste. Si es así, esas plusvalías deberían dirigirse en lo fundamental a
servir a la sociedad para hacer factible el derecho constitucional de
todos los españoles a una vivienda digna. En la medida en que los poderes
públicos, las administraciones, renuncien a intervenir y controlar el
suelo y dejarlo como una mercancía más, ese objetivo constitucional se
cumplirá cada vez menos.
Por tanto, no es verdad que al intervenir menos la Administración se vaya
a abaratar la vivienda. Eso es mentira. Ya tenemos un gran déficit e
incluso lo teníamos con la legislación anterior, pero lo que ustedes
plantean aquí es darle una nueva vuelta de tuerca que hará inviable que
se pueda construir, no ya vivienda en alquiler --¿quien va ha hacerla,
siendo una necesidad, si no intervienen los poderes públicos?--, sino la
modalidad en régimen de VPO --no digamos ya el régimen especial,
inviable-- y ni siquiera, e incluso con muchas dificultades, el régimen
general.
Por tanto, el objetivo que quieren cumplir de que comprando más suelo,
desentendiéndose la Administración y dejándolo a la iniciativa privada,
se va a abaratar la vivienda, eso no se lo creen ni ustedes mismos. Por
eso vamos a apoyar el veto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.
El señor Gatzagaetxebarría Bastida tiene la palabra por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario en
relación al proyecto de ley planteado por el Gobierno.
Hemos de decir, en principio, que no tenemos coincidencias con el
planteamiento que ha justificado el veto del Grupo Parlamentario
Socialista. Tenemos expectativas de que la reforma que ha planteado el
Gobierno en cuanto a la modificación del suelo va a tener resultados
efectivos o, por lo menos, estamos esperanzados.
En primer lugar, nos parece bastante razonable la unificación en la
calificación del suelo entre el no programado y el programado.
Evidentemente todo va a estar sujeto luego a una actuación de un poder
público, que va a ser una Administración Municipal, porque hasta ahora la
urbanización de lo no programado venía a través de un programa de
actuación urbanística. Con la unificación el desarrollo va a tener que
venir a través de un plan parcial; plan parcial es el que determina los
usos, los equipamientos, las infraestructuras que va a tener, en
definitiva, esa parte de suelo que tiene su desarrollo en la norma
subsidiada o del plan general a través de este instrumento expedido que
es plan parcial. Pero no olvidemos que este plan parcial es aprobado por
una Administración, es tutelado por un poder público, esto no lo aprueba
un particular con unos intereses concretos y determinados, sino que, en
definitiva, es un ente público, es la Administración Municipal la que
aprueba el plan parcial. Por tanto, a nosotros nos genera unas ciertas
expectativas positivas.
El problema del suelo va imbricado con el problema de la vivienda. Gran
parte, casi el 90 por ciento del suelo español, es un suelo calificado
como no urbanizable ni programado ni no programado, es un suelo rústico,
en definitiva, afecto a otra serie de protecciones y a otros usos. Eso
tiene un problema y es necesaria la agilización en la calificación del
suelo. Pero es que además de la unificación en la calificación del suelo
que ha planteado el Gobierno, el gran problema español en la gestión del
mercado de la vivienda es la gestión urbanística. El problema que tienen
los ayuntamientos españoles es que la Ley del año 1990 de Ordenación y
Valoración del Suelo, donde se establece un mecanismo de adquisición
gradual de facultades, es decir, la adquisición de los derechos de
urbanización mediante el sistema conocido doctrinalmente como de
escalera, no ha funcionado; no ha funcionado porque no ha habido
capacidad para gestionar la complicación que originaba el desarrollo de
las actuaciones urbanísticas mediante el sistema de adquisición gradual
de facultades de la urbanización, de la licencia y, en definitiva, del
derecho a la edificación.
Señor Presidente, ése es uno de los temas nucleares que afectan a la
gestión del suelo en España y que no aborda esta reforma, pero tenemos
conocimiento de que el Gobierno está elaborando un texto articulado que
modifique la Ley de Ordenación del año 1990 que actualmente se regula a
través del Texto Refundido de 1992. Por lo tanto, nuestro Grupo
Parlamentario coincide, básicamente, con esa filosofía que ahí se plantea
en cuanto a la unificación del suelo.
Tenemos también una discrepancia en cuanto a lo que concierne a la
imputación del aprovechamiento urbanístico. Nuestro Grupo Parlamentario
cree que quizá no debería haberse dado ese paso, fundamentalmente porque
hay una sentencia pendiente del Tribunal Constitucional, a través de
recursos de inconstitucionalidad presentados al Texto Refundido de 1992
por diferentes Comunidades Autónomas, y hubiera sido garantista y
cautelar no haber entrado a regular en esta materia. Algunas Comunidades
Autónomas,
en el ejercicio de su facultad de ordenación urbana y título competencial
específico contenido en algunos Estatutos de Autonomía, sí lo han
realizado, y nuestro Grupo Parlamentario entiende que políticamente
hubiera sido más pertinente esperar a realizar el texto articulado y
homogéneo de ordenación urbana, es decir, la nueva Ley del Suelo y, sobre
todo, vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional de hasta
dónde pueden llegar estas Cámaras, Congreso y Senado, a actuar en una
materia que es de competencia de las Comunidades Autónomas, que es el
urbanismo. Podrá llegar a regular lo que es el núcleo esencial del
derecho de propiedad, pero no más allá. Por lo tanto, vamos a ver qué
campo de actuación establece el Tribunal Constitucional para los poderes
centrales del Estado y para las Comunidades Autónomas.
En segundo lugar, señor Presidente, nuestro Grupo tampoco coincide con el
planteamiento que usted ha hecho de las críticas totales al proyecto de
ley en la parte que concierne a los colegios profesionales. No obstante,
también existen aspectos que se podían haber mejorado. Evidentemente,
caminar hacia una desregulación puede ser bueno, pero es necesario que el
Gobierno aborde el asunto de los colegios profesionales de una manera
uniforme y homogénea, porque nos encontramos con un problema y un
galimatías jurídico impresionante, y es que en este momento tenemos una
legislación preconstitucional del año 1974, la modificación puntual
realizada el año 1988, y ahora esta modificación que viene en los mismos
planteamientos de liberalización y desregulación de la economía, que
había planteado Carlos Solchaga en la reforma que presentó en las Cortes
en 1992. A nuestro Grupo le parece bien, pero también cree que es
importante que se preserven funciones esenciales de los colegios
profesionales, funciones que tradicionalmente no han realizado, y para
ello, desde nuestro punto de vista, es necesaria una ley que actualice
esta cuestión, pero una ley implicada siempre de acuerdo con la
competencia que tienen determinadas Comunidades Autónomas, porque no
todas ellas tienen la misma para regular la materia de profesiones
tituladas y organización de los colegios profesionales. Por ejemplo, las
dos únicas Comunidades Autónomas que disponen de una acción normadora en
materia de colegios y profesiones tituladas son la Comunidad Autónoma de
Canarias y la Comunidad Autónoma de Cataluña.
En consecuencia, nuestro Grupo Parlamentario desea manifestar que si al
amparo del artículo 149.1.18.º se quiere realizar una desregulación
general, tiene que ser uniforme y homogénea, no parcheada como en este
momento se ha planteado. Por consiguiente, en ese aspecto sí coincidiría
en que la regulación general en el régimen de competencias se debe hacer
de una manera modulada.
En líneas generales, señor Presidente, éstas son las consideraciones que
hace nuestro Grupo, por lo que no estamos de acuerdo con la propuesta de
veto que se ha hecho, y vamos a posicionarnos de manera contraria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la ley que vamos a debatir, en cuanto hace referencia al suelo,
tiene sus antecedentes en el ordenamiento jurídico en esta materia, que
procede de la Ley de 1956, hace ya cuarenta años, y de la posterior de
1975.
Es evidente que no participamos en su discusión pero sí lo hicimos en la
posterior, en la ley de 1990, la denominada Ley de Reforma del Régimen
Urbanístico y de Valoraciones del Suelo, que dio lugar a un decreto
legislativo de 1992, y al texto refundido correspondiente. Como decía
antes, debatimos en su momento sobre esa Ley, y estuvimos prácticamente
en contra, si no en su totalidad, sí en múltiples aspectos de ella, y
ello por dos motivos. Por una parte, porque es una ley invasora de
competencias autonómicas, pues dio lugar, si no recuerdo mal, a siete
recursos de distintas Comunidades Autónomas, recursos que no están
fallados todavía por el Tribunal Constitucional. Era al mismo tiempo una
normativa intervencionista y que podríamos calificar de poco efectiva en
los seis o siete años que han transcurrido desde su entrada en vigor. No
creemos que pueda constituirse como un modelo de legislación en materia
urbanística. Los plazos fijados para las administraciones nos parecían
largos --sabemos que las administraciones no acostumbran a acortarlos--,
lo que ciertamente ha perjudicado la puesta a disposición de terrenos y,
por tanto, la oferta de suelo.
A nuestro entender, el proyecto de ley que estamos debatiendo elimina
trámites innecesarios y complejos, como era el programa de actuación
urbanística. Unifica en un solo concepto suelo urbanizable y, por tanto,
prescinde de la división anterior entre programado y no programado, lo
cual facilita un mayor aporte de oferta, y entendemos que el interés
público queda suficientemente salvaguardado con el desarrollo del plan
parcial que, evidentemente, permanece en este proyecto de ley con unas
tramitaciones algo más acortadas en cuanto a los períodos de información
pública.
Por lo tanto, entendemos que este nuevo proyecto de ley guarda un
adecuado equilibrio entre el interés social y la rapidez de tramitación.
Aun respetando los argumentos de la Senadora Pleguezuelos, creemos que la
propuesta de veto no está suficientemente justificada.
Existe otra parte de ese proyecto de ley, que ciertamente no constituye
la base esencial de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario
Socialista, que es la que se refiere a colegios profesionales. En
términos generales podríamos manifestar nuestro acuerdo en cuanto
reconoce la libre competencia, que evidentemente es un principio básico
dentro de nuestro actual ordenamiento jurídico; establece la
colegialización única y da un carácter orientativo a los honorarios,
eliminando, por tanto, el honorario mínimo obligatorio que existía en
algunas profesiones.
En cambio, existen algunos aspectos en este Capítulo II del proyecto de
ley que debatiremos posteriormente y que nos parecen sinceramente
erróneos e incluso que están empeorando
su trámite por esta Cámara. Hablaremos luego de ello, pero, en cualquier
caso, y respecto a la propuesta de veto formulada por la Senadora
Pleguezuelos, entendemos, como decía, que no está suficientemente
justificada y, por lo tanto, votaremos en contra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía el Senador Clemente Sanz que no estábamos en el Grupo Parlamentario
Socialista en condiciones de hablar de estas modificaciones de suelo. Y
no tanto, creo yo, o por lo menos quiero entenderlo así, por la pérdida
mal digerida del poder que podía llevar a incalculables consecuencias.
Yo creo que el subconsciente le ha fallado, Senador, porque nunca se le
puede decir a grupo político alguno que no está en condiciones de hablar
de alguna modificación. Y nunca, y es más grave todavía, se debe cometer
el lapsus de decir que no se ha asimilado la pérdida del poder cuando
este grupo político al que represento lleva haciendo oposición desde el
día 4 de marzo y ustedes continúan haciendo oposición. No han digerido
que han ganado las elecciones, no como ustedes quisieran, sin duda; no
han digerido que tienen que hacer muchas concesiones, y las hacen,
desafortunadamente para muchos ciudadanos, a otros grupos políticos; y
ustedes, en definitiva, no han entendido que los ciudadanos han decidido
que ustedes desde el Gobierno de la nación y nosotros desde la oposición
construyamos el mejor futuro para ellos. Y desde ese momento mi fuerza
política y yo misma estamos tan legitimados como los votos que nos
respaldan para modificar cualquier cosa, incluso en materia de suelo,
porque parece que usted lanza, como es habitual en el Grupo Parlamentario
Popular, una última afirmación planteando que cómo es posible que
defendamos lo público con tanto ardor con los problemas que nos ha
traído. Señoría, los problemas son para resolverlos. Y los problemas los
han traído ustedes a esta Cámara, los llevaron a los ciudadanos, con la
aprobación del decreto del que procede este proyecto el 7 de junio.
Y dice usted que cómo podía yo hablar de oportunidad. Mire usted, no lo
dice sólo el Grupo Parlamentario Socialista: lo dicen juristas, técnicos,
profesionales. Léase, se lo recomiendo, revistas, encuentros, de derecho
urbanístico en las que uno tras otro confirman las chapuzas jurídicas de
este primer Real Decreto-ley, hoy proyecto de ley, y su inoportunidad por
no tener la paciencia de esperar a ver si de verdad el Tribunal
Constitucional determinaba o no qué era legislación básica y, por tanto,
igual no tenían ustedes el problema con sus socios de Convergència i
Unió. Espérense, porque igual ni siquiera lo tenían.
Señoría, oportunidad la que le faltó --no tenga usted la menor duda-- a
su Ministro Rato cuando acusó el 28 de noviembre a los ayuntamientos de
impedir el abaratamiento del suelo. Oportunidad que perdió de callarse
porque la propia Junta Directiva de la Federación Española de Municipios
y Provincias el otro día le recriminó su actitud al Ministro Rato y tuvo
que decir que en el ardor del debate parlamentario había dicho que
quienes eran los culpables de impedir que el suelo se abaratara eran los
ayuntamientos. Señoría, por tanto, oportunidad la que tuvo el Ministro
Rato de callarse y no acusar a las Corporaciones locales de no abaratar
el suelo.
¿Por qué le digo esto? Pues mire usted, porque, en efecto, no tengan la
menor duda de que en este proyecto de ley quienes han cambiado de
posición han sido ustedes. En octubre de 1995, en el Congreso de los
Diputados, presentaron ustedes una proposición de ley para modificar el
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, y qué casualidad que
introducían ustedes una serie de modificaciones en materia de régimen
urbanístico y en ningún caso ninguna, señoría, ninguna de las tres
sustanciales que se contemplan en esta modificación que hoy debatimos. Ni
ustedes reducían del 15 al 10 por ciento las cesiones de suelo, ni
ustedes suprimían la distinción entre suelo urbanizable programado y no
programado y ni siquiera ustedes, ni siquiera en esa proposición,
reducían los plazos. Por tanto, señorías, quien ha cambiado de posición
ha sido el Grupo Popular, ha sido el Gobierno popular, que ha tenido que
ceder, una vez más, a los intereses de otros grupos políticos.
Decía el Senador Clemente Sanz que la mayor especulación inmobiliaria se
había producido durante los años de Gobierno socialista. Es verdad que
hemos gobernado muchos años y en algunos de ellos, en algunos, sin duda,
la carestía de la vivienda ha sido alta pero por la edad que usted y yo
tenemos --y usted tiene más aún-- seguro que no ha olvidado el
desarrollismo inmobiliario que en este país sufrimos en otras décadas
--seguro que no--. Y sí le digo una cosa: el Gobierno socialista --y lo
ha reconocido el propio Ministro de Fomento, su Ministro-- ha hecho una
buena política de vivienda, correctora cada vez, de forma que el I Plan
fue mejor, el II mejoró y, eso sí, ahora ustedes, con los elementos y la
financiación adicional para el II Plan de Vivienda, bien que se han
encargado una vez más de reducir la financiación para las Comunidades que
no le son dóciles, al contrario que para otras que lo son bastante más.
Señoría, no hay duda de que los ayuntamientos no han hecho política de
vivienda en el sentido que posiblemente todos hubiéramos deseado de
abaratar el suelo y de construir, sobre todo, viviendas de protección
oficial. Sin duda, eso depende de cada uno de los ayuntamientos, y esta
Cámara y este Gobierno están obligados a dar a los ayuntamientos los
instrumentos para que puedan hacer esa política de vivienda. Por el
contrario, ustedes lo que han hecho es someter --porque hoy se puede
decir que han sometido-- a parte de la Federación Española de Municipios
y Provincias, que, a pesar de todo, todavía tiene que trasladarle al
Ministro Rato los probremas porque el Consejo Federal los aprueba, pero
la señora Barberá lo hace con bastante docilidad --desgraciadamente, hoy
no se oye
tanto a parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, y me
temo que ustedes acaben hasta con ese instrumento.
Para terminar, quería añadir algo más. Decía usted que no defendiera
tanto lo público porque bastantes problemas nos había traído. Yo nunca
pretenderé --y sé que usted tampoco, Senador Sanz-- cerrarle la boca a
nadie, por muchos problemas que haya traído. No queremos hablar de
problemas; queremos hablar de soluciones de los problemas. En el
encuentro que usted nos anuncia de esa modificación de la Ley del Suelo
global --como debería haberse abordado, y no como se hace en este
momento--, espero la oportunidad de su grupo político para hacer una ley
consensuada, oídos los ayuntamientos, las Comunidades y, desde luego,
este grupo político, así como el resto de los grupos de la Cámara.
Decía usted que la especulación, de alguna manera, la habíamos fomentado
los gobiernos socialistas. Sólo deseo decirle algo que creo que usted
sabe, pero quiero que también lo conozcan aquellos que no están tan
metidos en este debate: ¿No es especular con el suelo recoger en este
proyecto de ley la supresión de la figura del suelo programado y no
programado, que no es un capricho de la Administración? ¿No es eso
especular cuando se multiplica por diez el valor del suelo de aquellos
propietarios que tenían suelo urbanizable no programado? Eso es
especular, por una razón muy elemental, y es que los suelos no
programados lo son en función de la lejanía de las áreas que están más
consolidadas y urbanizadas en una ciudad; el propietario que tiene un
suelo rústico y alejado de esas zonas consolidadas debe invertir, debe
abonar y pagar para convertir ese suelo urbanizable no programado en
programado.
Por lo tanto, sólo en esas condiciones se puede abordar el problema.
Señoría, no lo olvide, el problema --lo dicen todos los especialistas--
no es de clasificación de suelo. Si quiere le leo una cita. En la primera
convocatoria que se celebró en esta ciudad para analizar con detalle el
Real Decreto-ley de medidas de liberalización del suelo, por parte de
todos los técnicos, juristas y urbanistas, en relación con el acceso a la
vivienda decían lo siguiente: el interés específico de la vivienda
requiere el siguiente comentario particular: garantizar una mayor
facilidad al acceso a la vivienda no es sólo disponer de suelo
clasificado; se trata de disponer de suelo urbanizado y calificado
adecuadamente en cada espacio, en cada tiempo, para el usuario. Eso
reclama que los que tienen un suelo urbanizable no programado paguen al
resto de la sociedad lo suyo, y no que se especule con que, al final,
esos propietarios sean los beneficiados de esta norma y se perjudiquen el
resto de los ciudadanos.
Ustedes en este proyecto han antepuesto, sin ninguna duda, los intereses
de los propietarios de suelo sobre los intereses generales de los
ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sanz
Blanco.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señores Senadores, señora Pleguezuelos, voy a iniciar mi intervención por
su última sugerencia.
Usted, señora Pleguezuelos, nos acaba de decir que espera que la próxima
ley del suelo que el Gobierno del Partido Popular traiga a las Cortes sea
consensuada. Yo le puedo garantizar que el Gobierno popular va a traer
una ley del suelo a estas Cámaras previamente consensuada con los
afectados, con los particulares, con los ayuntamientos, con las
Comunidades Autónomas y, por supuesto, vamos a intentar conseguir un
mayor consenso que el que ustedes rechazaron en la Ley del Suelo de 1990
y en el Texto Refundido de 1992, donde aplicaron de forma automática el
rodillo socialista. Nosotros vamos a aplicar el consenso --ustedes
aplicaron el rodillo socialista--, y tendrá ocasión de comprobarlo cuando
se traiga esta ley al Parlamento.
Decía su señoría que este proyecto de ley es inoportuno. Si se considera
la gravedad de la situación de la vivienda, respecto de la que tenemos
tantos cientos de familias que no tienen acceso a una de ellas y que la
sociedad española no puede cumplir con ese mandato constitucional, estoy
convencido, señora Senadora, de que no está usted acertada al manifestar
que este proyecto es inoportuno.
Por otra parte, decía usted que tenía informes. Señora Senadora, no sé
qué informes habrá leído usted. Lo que sí le puedo decir es que el
Ministerio, antes de presentar este proyecto de ley, ha tenido los
informes adecuados correspondientes y todo lo que es preceptivo antes de
presentar un proyecto de ley. Asimismo, le puedo asegurar que ha habido
muchas revistas especializadas en urbanismo que han apoyado rotundamente
la necesidad del mismo.
Hablaba usted también del suelo urbanizable no programado. Parece que
tiene un problema al respecto, no olvide que estamos ante dos
concepciones totalmente diferentes. Ustedes no terminan de creer en el
mercado y, por tanto, no terminan de concienciarse de que el suelo
urbanizable, que ya no será programado ni no programado, sino simplemente
urbanizable, estará sometido a los mecanismos del mercado y que,
lógicamente, al haber más suelo urbanizable, será menor su coste puesto
que habrá mayor oferta. Y esto, lógicamente, lo dilucidarán las leyes del
propio mercado del suelo. Pero para ello, señora Senadora, hay que creer
en los mecanismos de un mercado y de una sociedad de libre competencia.
Por supuesto, si creemos en una sociedad intervencionista, ciertamente
esto le generará muchísimos problemas. Pero si creemos en una sociedad de
libre competencia, le puedo asegurar que el propio mercado será el que
corrija los defectos que usted ha manifestado.
Por otra parte, fíjese, señora Senadora, en qué situación nos encontramos
en este país. Tenemos escasez de suelo y de viviendas; tenemos una
población de cuarenta millones de habitantes que está estancada y, por
desgracia, sin previsiones de crecimiento; tenemos, por kilómetro
cuadrado,
la media más baja de toda la Comunidad Europea y sólo el seis por ciento
del suelo urbanizado y, sin embargo, continuamos con gravísimos problemas
de escasez de suelo. Creo que el intervencionismo es necesario cuando un
bien escaso hay que repartirlo, pero cuando un bien es amplio no creo que
sea necesario tanto intervencionismo como ustedes proclaman.
Por otra parte, hacía usted alusión a las palabras del señor Rato. Señora
Senadora, le voy a decir algo muy importante: el derecho constitucional
de todos los españoles a tener acceso a una vivienda se está financiando
en los ayuntamientos: hasta un treinta por ciento con los ingresos
procedentes de la vivienda. Si le parece que es resolver un problema
constitucional, el del derecho a una vivienda, el gravar una
financiación, con unas cargas tan importantes a la vivienda, más bien
creo que es denegar ese derecho constitucional a los españoles, en
concreto, a los españoles más pobres. Y con las medidas que ustedes
quieren adoptar me da la impresión de que en la práctica están denegando
ese derecho a que todos los españoles, especialmente los más pobres,
tengan acceso a la vivienda, porque no me podrá negar que el suelo barato
influirá en que la vivienda sea más barata. Otra cosa es que los
mecanismos del mercado abaraten el suelo, pero eso nos lo dirá el propio
mecanismo del mercado, nunca lo podremos decidir nosotros.
El problema que estamos ventilando en estos momentos, señora Senadora, es
que tenemos dos concepciones completamente distintas sobre urbanismo y
sobre el mercado del suelo. Nuestra concepción es la de un mercado más
libre, la suya es la de un mercado más intervencionista. No obstante, les
preguntaría --y termino, con lo que decía al principio de mi
intervención--: ¿quieren ustedes continuar en el entramado, en la maraña
que actualmente tenemos en la gestión del urbanismo y del suelo, o, por
el contrario, prefieren resolver este problema de una vez, en un marco
más amplio y adecuado? Esto es por lo que tendrán ustedes que decidirse.
Nosotros nos decidimos por tener un marco adecuado, un nuevo modelo donde
el problema de la vivienda se resuelva. Y no se trata de hacer 600.000
viviendas, porque eso puede dar respuesta a un problema inmediato, pero
ésa no es la solución al problema. La solución es generar un modelo
adecuado para que el suelo sea barato y para que las familias más pobres,
las más necesitadas, las de las rentas más bajas tengan acceso a una
vivienda, que es un derecho constitucional.
Muchas gracias. (La señora Pleguezuelos Aguilar pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Sanz Blanco.
Por el artículo 87 del Reglamento, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos por dos minutos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador sólo ha dicho usted una verdad en su última intervención, y
es que sólo hay un seis por ciento de suelo urbanizado. En efecto, la
escasez es de suelo urbanizado no de suelo en cualquier condición. Si eso
usted no lo entiende quizás es que no quiera entenderlo. Yo le voy a
preguntar una cosa, si usted cree que el Ministerio de Fomento tiene
tantos datos ¿por qué no ha dicho en la tribuna cuánto se ha abaratado la
vivienda desde que está este Decreto en vigor que entró al día siguiente
de su publicación? ¿Por qué no ha dado esos datos? Pues porque no los
tiene, porque no es verdad. Lo mismo que no es verdad --y usted lo sabe
muy bien-- que el Ministerio de Fomento tuviera los estudios hechos
cuando elaboró el Decreto. ¡Si tomaron ustedes posesión el seis de mayo y
el siete de junio nos desayunamos con el Decreto! El siete de junio, un
mes exacto después de su toma de posesión, teníamos ya un Decreto sobre
un problema que ha cambiado sustancialmente la concepción de lo que
ustedes inicialmente planteaban en sus propuestas en el Congreso.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senadora Pleguezuelos, le ruego
que concluya.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Finalmente, para terminar, quiero decirle
que claro que tenemos distintas concepciones de lo público. El mercado
tiene que compatibilizarse. Hay actuaciones en las que tenemos que estar
vigilantes, pero ustedes con vigilar la plataforma digital están bastante
más contentos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias.
Senador Blanco Sanz, tiene la palabra por el artículo 87. Tiene dos
minutos su señoría.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Senadora Pleguezuelos, no nos considere, ciertamente, tan madrugadores.
El Gobierno tomó posesión hace escasamente pocos meses. Lo que sí le
puedo decir es que se han incoado cientos de expedientes con la nueva
legislación. Y por la información que tenemos, eso lo sabe su señoría,
¿cuáles son los datos dados anteriormente? Que hay más carencia de
vivienda y que hay, también, más carencia de suelo.
Voy a darle una contestación a lo que ha dicho usted sobre la plataforma
digital. Ustedes creen, ciertamente, en lo privado, pero cuando lo
privado se convierte en monopolio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Vamos a proceder a votar la
propuesta de veto a este proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 83; en contra, 132; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.
Pasamos a debatir el articulado del proyecto de ley. (Fuertes rumores.)
Hay enmiendas presentadas a los artículos 1 a 4, voto particular número
5, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponden a las enmiendas
números 15 a 17, originariamente presentadas por el Senador Ríos.
(Fuertes rumores.)
Ruego a sus señorías que abandonen la sala o que guarden silencio, por
favor.
Tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Señorías, entiendo que después de este intenso
debate, indudablemente lo que voy a decir ahora tiene menos importancia.
Ustedes habrán visto que me he abstenido en el veto; si les interesa
saber el motivo me oyen, y si no, no me oyen.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Adelante, Senador Ríos. Dialogue
con la Presidencia. Su señoría está en el uso de la palabra.
El señor RIOS PEREZ: Ocho meses después la promulgación del Decreto-ley
da la impresión de que huele a naftalina; parece que es un Decreto-ley ya
muy viejo, pero estamos debatiéndolo como proyecto de ley en su doble
aspecto, también sorpresivo, es decir, sobre el suelo y los colegios
profesionales. Realmente no ha sido muy afortunada la relación entre una
cosa y otra.
Empecemos por lo del suelo. Indudablemente, en cada Comunidad hay
aspectos totalmente distintos, aunque parece que se trata de un proyecto
de ley perfectamente permeable a todos los ayuntamientos. En los
ayuntamientos y en las Comunidades en que hay un minifundio importante la
Ley del Suelo adquiere unas características distintas a las que adquiere
donde no lo hay. Por tanto, mis enmiendas números 15, 16 y 17 van
dirigidas fundamentalmente al tema del suelo urbanizable.
Por un lado, pretendemos mantener la distinción entre suelo urbanizable
programado y no programado. No está nada claro que la supresión propuesta
en el proyecto de ley suponga un aumento de la oferta del suelo y un
abaratamiento de su precio ya que ello depende más de la libre decisión
de su propietario de acuerdo a sus necesidades de venta. Además, esta
supresión no lleva aparejado un estímulo a la actividad, sino más bien
puede favorecer nuevas tendencias a la retención especulativa del suelo.
No hay que olvidar que la calificación de suelo urbanizable no programado
que se quiere suprimir es potestativa, no se impone a ningún
ayuntamiento, sino que son ellos los que lo eligen de forma voluntaria.
Así que es necesario recordar que cuando un ayuntamiento se plantea hacer
un planteamiento general, ellos pueden decidir entre planes generales,
como hasta ahora, o normas subsidiarias. Si se elegían normas
subsidiarias, no cabía la posibilidad de calificar suelo urbanizable no
programado. Si se elegía el plan general, la calificación de suelo
urbanizable no programado era potestativa. Así lo recoge el artículo 11.2
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, cuando dice que dentro
del suelo urbanizable el plan establecerá todas o algunas de las
siguientes categorías: programado o no programado.
Con la existencia de esta calificación de suelo urbanizable no programado
se permite que un tercero no propietario ejecute un plan parcial en un
terreno donde los mismos propietarios quizá no estén dispuestos a ello y
el ayuntamiento no tiene capacidad suficiente. No entendemos cómo se
trata de eliminar una figura urbanística que es, en todo caso, voluntaria
para los ayuntamientos y que permite a algunos de ellos que se ejecute un
plan parcial cuando los propietarios no quieren o no están dispuestos.
Creemos que esta medida va contra el aumento de la oferta del suelo y
también del abaratamiento de su precio.
Por otro lado, pretendemos mantener los actuales porcentajes de cesión de
terreno por parte de los propietarios del suelo a los ayuntamientos. La
rebaja de las cesiones, pasando de un 15 a un 10 por ciento, la
consideramos un error, pues disminuye peligrosamente la capacidad de los
ayuntamientos de disponer de suelo para vivienda de protección oficial
pública y para otros usos de interés social. Esto supone una merma del 33
por ciento en la formación del patrimonio público de suelo urbanizable.
En lo que respecta a la Comunidad canaria, por su propia escasez de
territorio, este hecho pondría en serias dificultades la ejecución del
III Plan de Viviendas de Canarias, aumentando también el endeudamiento de
los ayuntamientos, pues tendrían que comprar ese suelo.
Por último, señorías, Coalición Canaria, en relación con el artículo 5
sobre colegios profesionales, tiene que aseverar que es una asignatura
pendiente que tiene el Estado español que resolver y, por lo tanto, esto
que se ha hecho ahora es un amago de intentar resolver cosas que hay que
plantear abiertamente. La Comunidad canaria ha establecido dos formas de
enfocar los problemas de los colegios profesionales: los colegios
profesionales que afectan en su ejercicio profesional a las personas con
sus planteamientos éticos y aquellas otras que son sobre cosas u objetos.
Creo que es un planteamiento sobre el que reflexionar.
Finalmente, quiero decir que lo que ha venido del Congreso de los
Diputados es bastante mejor, por primera vez, que lo que se pretende
reformar ahora en el Senado. Dejemos las cosas, en relación con los
colegios profesionales, tal como vienen del Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señorías y señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ríos.
La Senadora De Boneta, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene presentado el
voto particular número 7, que engloba las enmiendas 1 a 3.
Para su defensa, la Senadora De Boneta tiene la palabra. (Pausa.)
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, he pedido una explicación a la Presidencia, puesto que yo había
entendido que inicialmente íbamos a tratar las enmiendas referidas al
apartado de suelo y con
posterioridad las enmiendas relativas a colegios profesionales.
En ese sentido, me ha aclarado que en este momento mi turno debe abarcar
las enmiendas números 1, 2 y 3, que se refieren a las medidas
liberalizadoras de suelo.
Poco puede añadirse a lo que ya se ha dicho aquí en el debate del veto,
puesto que la mayoría de las argumentaciones por las cuales esta
Senadora, en nombre de Eusko Alkartasuna, ha presentado estas enmiendas
se han tratado ya. No obstante, quiero referirme a las razones por las
que seguimos manteniendo nuestra discrepancia con la desaparición de la
distinción entre suelo urbanizable programado y no programado.
Consideramos que una de las herramientas urbanísticas que han permitido a
la Administración, a los ayuntamientos construir viviendas protegidas se
ha derivado, precisamente, de la intervención en materia de suelo y en
las reservas de terrenos de posible adquisición que esta distinción
permitía a la Administración municipal y que a la vez permitía --valga la
redundancia-- ampliar el patrimonio municipal de suelo.
Desaparecida esta distinción, nos encontramos con que todas aquellas
plusvalías que genera la urbanización de terrenos y que deberían revertir
en la comunidad y en la posibilidad de que los sectores más
desfavorecidos pudieran ejercitar su derecho a acceder a una vivienda
digna, consagrado, por otra parte, por la Constitución...
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senadora De Boneta, me dicen que
no se oye, y yo rogaría silencio a los señores Senadores. Muchas gracias.
Puede continuar.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
No voy a insistir en lo que ya he dicho; supongo que se ha entendido.
Quiero decir que esta distinción permite a los ayuntamientos acceder a
una reserva de suelo, lo que permite a la vez aumentar su patrimonio de
suelo y permite también construir vivienda protegida para aquellos
sectores menos favorecidos de la comunidad que no pueden acceder a una
vivienda libre y que deben tener también parte en las plusvalías que se
generan en estas urbanizaciones.
Yo creo que no hace falta dar más argumentos sobre la enmienda a este
punto, puesto que muchos de los razonamientos que yo pensaba plantear se
han debatido en las enmiendas de veto.
Nuestras enmiendas 2 y 3 se refieren, fundamentalmente, al mismo tema,
pero en relación al artículo 2, apartado 1, y al artículo 2, apartado 2.
Pedimos la supresión porque entendemos que es mejor mantener el Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y porque queremos también
incidir en los problemas que genera el incremento del aprovechamiento
patrimonializable del suelo por los titulares de terrenos, que redunda de
alguna manera en la capacidad de los ayuntamientos de adquisición de
suelo y, por consiguiente, en la posibilidad de edificación de viviendas
protegidas que, concretamente, y ya centrándonos en este caso en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, tiene todavía mayores repercusiones,
toda vez que dificulta la aplicación de la Ley 17/94, que impone al
planeamiento de los municipios con población superior a 7.000 habitantes
la calificación como suelo destinado a la construcción de viviendas
sujetas a aportación pública la superficie de terreno que resulte
necesaria para materializar en suelo urbano el 20 por ciento de
aprovechamiento total residencial previsto en operaciones integradas de
reforma interior, que deben ser ejecutadas mediante unidades de ejecución
y en suelo urbanizable programado para cada uno de los cuatrienios, y en
suelo apto para urbanizar, el 65 por ciento del total residencial
previsto.
Entendemos que estas medidas impiden el acceso de los Ayuntamientos y su
intervención en un tema tan importante, como es el derecho de todos los
ciudadanos a tener una vivienda digna, como he dicho antes. Creemos que
estas medidas son regresivas en ese sentido y creemos también que no se
puede dejar en este caso hacer al mercado aquello que realmente puede
estar mejor administrado en manos de la Comunidad, en manos de las
instituciones. Por otra parte, el portavoz popular argumentaba en las
propuestas de veto que estas herramientas urbanísticas, como todas,
podían ser mal utilizadas o podía haber sospechas de mala utilización.
Efectivamente, toda ley es susceptible de ser mal utilizada o cualquier
ley tiene a su lado una trampa. Pero, en todo caso, yo creo que aunque
pretende evitar males este cambio en la legislación, en el Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, lo único que hace es empeorar la
situación de aquellos que no pueden acceder a una vivienda de libre
mercado y su única esperanza está en las viviendas protegidas.
Yo también, para terminar, quiero decir, como el Senador Ríos --aunque no
me voy a referir a las enmiendas relativas a colegios profesionales--,
que por estas razones y por las que aduciré en relación a las enmiendas a
colegios profesionales no he votado a favor del veto, pero no he
encontrado suficientes argumentos para votar en contra del mismo, y por
eso me he abstenido.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senadora De
Boneta.
Voto particular número 8, del Grupo Mixto, enmiendas 4 a 13, presentadas
por los Senadores Román Clemente y Nieto Cicuéndez.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, las 11 enmiendas que tenemos presentadas se refieren a tres
aspectos de la ley y van encaminadas a cumplir los objetivos que señala
el proyecto de ley en su declaración de intenciones, que es contribuir al
abaratamiento de la vivienda; bajo nuestro punto de vista, nuestras
enmiendas van encaminadas a esos fines declarados. Lo que ocurre es que
no creemos que esos fines declarados se puedan cumplir con la ley
conforme está planteada, porque, efectivamente, la poca claridad en torno
al suelo urbanístico programado, no programado, etcétera, creemos que,
aparte de introducir un elemento confuso, introduce también,
bajo nuestro punto de vista, un elemento especulativo, y todo elemento
especulativo, desde luego, no contribuye a esos fines de abaratamiento de
la vivienda.
Creemos que a las administraciones públicas se les pone en una situación
más complicada y más difícil de la que tienen ahora. En las
argumentaciones hemos oído --y me voy a referir brevemente a ello-- de
todo, pero todas sus señorías saben o la inmensa mayoría, sobre todo
aquellos que han sido concejales o alcaldes o tienen alguna relación con
la administración local, que el gran problema de las haciendas locales ha
sido la falta de financiación y todavía sigue siéndolo. Indudablemente,
al tener las haciendas locales una falta de financiación, han solucionado
este problema, en la mayoría de los casos, a través del urbanismo. Quizá
no era una manera ortodoxa de hacerlo, pero se han visto obligados por la
falta de financiación de las haciendas locales.
Por tanto, si esta Ley no ha corregido ni corrige el tema de las
deficiencias de las haciendas locales, este proyecto de ley las agota
todavía más. Es un elemento que también quería resaltar, ya que, si no se
corrige, puede tener consecuencias en esta ley.
Si los ayuntamientos, si las administraciones públicas no tienen una
capacidad de intervenir y de regular el mercado del suelo, en aras de que
haya más suelo libre, más oferta de suelo, y se deja al libre albedrío,
sin la intervención --repito-- de las administraciones públicas, sin esa
medida, será impensable la construcción de viviendas de protección
oficial. Yo voy a hablar un poquito desde Madrid, aunque creo que puede
extenderse a otros lugares. Aun con deficiencias, con todas esas
dificultades, con no ser perfecta la regulación anterior, en estos
últimos cuatro o cinco años, sobre todo en lo que respecta al área
metropolitana e incluso a Madrid capital, aproximadamente el 48 o el 49
por ciento de las viviendas construidas han sido de protección oficial,
es decir, en régimen general de VPO, etcétera. Esto ha podido realizarse
porque, a través de las normas urbanísticas existentes, se han hecho
cesiones del suelo de hasta el 35 por ciento. Ha sido posible crear
consorcios en los que han intervenido los ayuntamientos y la Comunidad de
Madrid, pero con las cesiones antedichas. Eso ha permitido abordar la
vivienda de protección oficial, de VPO, tanto en régimen especial como en
general.
Limitando las cesiones al 10 por ciento, eso no será posible. La
iniciativa privada no lo va a realizar. Incluso ayuntamientos de esta
Comunidad, gobernados por el Grupo Parlamentario Popular, empezando por
el de Madrid, que tiene la empresa EMV, dedicada a promover suelo y
vivienda y que hace vivienda de protección, tiene un elemento corrector,
aunque no sea importante, ya que son 400 ó 500 viviendas al año, pero es
una función reguladora. A partir del momento en que no tengan suelo
público, no van a poder jugar ni siquiera esa función reguladora del
mercado del suelo y abordar temas como los del realojo, de la población
marginada, etcétera. Las cosas se van a complicar más y van a ser más
difíciles.
Por tanto, nosotros creemos que en ese sentido, tal y como está formulada
la ley, no va a cubrir el objetivo, la declaración de intenciones que
ustedes incluyen en la misma. Tampoco nos parece que el acortamiento de
los plazos vaya a agilizar los trámites y la transparencia del desarrollo
urbanístico. No creemos que dicho acortamiento sea un elemento
fundamental y, sin embargo, creemos que sí que es fundamental e
importante que haya el suficiente tiempo en la elaboración de cualquier
plan de desarrollo urbanístico para que haya participación, para que
pueda haber aleaciones, etcétera. Porque, repito, el urbanismo es un
aspecto importante y fundamental de la ciudad, por lo que tiene que ir
precedido de una gran información, precisándose los plazos adecuados para
ello.
Por último, voy a terminar con una reflexión en la que yo creo que
deberíamos intentar ponernos de acuerdo o, por lo menos, clarificar
porque tiene relación con varias cuestiones. Aquí ya se ha hablado de que
está sometida a un proceso de inconstitucionalidad, porque creemos que
esta ley es un retroceso, invade las competencias de las Comunidades
Autónomas. Precisamente en política de urbanismo, en la medida que
estamos avanzando en el desarrollo del Estado de las Autonomías, el tema
de la ordenación territorial tiene que ser forzosamente competencia de
las Comunidades Autónomas.
Ustedes en esta ley, al introducir el 10 por ciento de las cesiones, han
anulado --vamos a ver si tiene fuerza de ley para anular-- un consenso
aprobado en la legislatura anterior por todos los grupos en la Asamblea
de Madrid --también por el Grupo Popular-- de cesiones mínimas del 15 por
ciento, y decimos mínimas en la Ley aprobada en la Comunidad de Madrid en
la legislatura pasada. Hablamos de mínimas, porque la experiencia es que
se habían hecho y se estaban haciendo planes urbanísticos con cesiones
del 20, del 25 y hasta del 35 por ciento. Eso es lo que permitía abordar
un tipo de programa de vivienda, no todo el que se necesita, pero con
ello se iban paliando las necesidades más urgentes.
Por tanto, deberían ustedes intentar, en este trámite si se está a tiempo
o en el trámite del Congreso, reflexionar, y si el objetivo que declaran
en su exposición de motivos es el que persiguen, con esta Ley lo
empeoran.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado el
voto particular número 1, enmiendas 18 a 20.
Para su defensa tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado un grupo de enmiendas a este
Título del proyecto de ley. Me voy a centrar, principalmente, en la
enmienda relativa al régimen jurídico del derecho de propiedad, que es la
número 19, en virtud del cual se establece que el aprovechamiento del
titular de un suelo va a corresponder a un 90 por ciento. Eso supone, en
definitiva, un incremento de facultades que integran el derecho de
propiedad y con una serie de consecuencias
jurídico-administrativas de carácter urbanístico, en la medida en que
todo el planeamiento urbanístico, aprobado por las corporaciones locales
y la legislación urbanística de las Comunidades Autónomas en cuanto
trasponen y trasladan la legislación estatal en esta cuestión, es
competencia de esta Cámara en cuanto incide en el derecho de propiedad,
por lo menos hasta que el Tribunal Constitucional dictamine lo contrario
en ese conflicto material que está planteado, a través de diversos
recursos de constitucionalidad, en dicho Tribunal.
Nuestro Grupo Parlamentario defiende el mantenimiento del régimen de
patrimonialización previsto en el texto refundido del año 1992. Creemos
que contiene una finalidad social muy importante, una finalidad social
que integra la parte no patrimonializada por quien va a ejecutar la
actuación urbanística con una finalidad pública, que en este caso se
integra en el patrimonio municipal del suelo regulado en la parte última
del texto refundido de 1992, y que se manifiesta bien en inmovilizado
material o bien en recursos financieros para las corporaciones locales
que han de destinarlos, como dice la Ley, al desarrollo de viviendas de
construcción oficial o a otros usos de interés social. Evidentemente, eso
también ha originado diferentes problemas de interpretación en salas de
lo contencioso-administrativo de diferentes tribunales superiores de
Justicia de las Comunidades Autónomas en la medida en que se quería
determinar cuál es el alcance del concepto «otros usos de interés social»
que establece el texto refundido en su parte final cuando regula el
patrimonio municipal del suelo.
Nosotros creemos que se han hecho actuaciones muy importantes por parte
de corporaciones que han sabido gestionar adecuadamente el uso y el
disfrute del patrimonio municipal del suelo, que se integra, como uno de
sus elementos, por la parte no patrimonializada, por el que ejecuta la
actuación urbanística, y por ello creemos que es conveniente, por la
finalidad público-social que contiene, el mantenimiento de la regulación
del texto refundido vigente, que da al titular una patrimonialización del
85 por ciento dentro de las unidades de ejecución urbanísticas
correspondientes.
La siguiente enmienda, señor Presidente, la número 20, está referida a la
patrimonialización en unidades de ejecución urbana en suelo urbano. Es
decir, que tiene muchas dosis de racionalidad y de sensatez jurídica el
que el Gobierno haya planteado a la Cámara que no se produzca esa
disminución de la patrimonialización en áreas, en unidades de ejecución
urbanas donde ya exista una edificación plasmada y consolidada. En
definitiva, estamos hablando de las áreas consolidadas en las cuales
puede ocurrir un suceso o bien un incendio o bien su ruina, y nosotros lo
manifestamos con un carácter excepcional, de manera que no se produzca la
patrimonialización en aquellos supuestos excepcionales de rehabilitación
por derribos o por sustituciones que tienen su sustento en el concepto de
fuerza mayor.
El Gobierno ha presentado a la Cámara una regulación distinta, y en el
trámite de debate parlamentario político en el Congreso se ha modificado
el proyecto de ley original del Gobierno sobre esa cuestión concreta,
admitiendo o ampliando el ámbito de la no patrimonialización en aquellas
actuaciones en suelo urbano que se encuentren ya consolidadas. Ahora
bien, la cuestión puede ser discutible, y es evidente que también tiene
su dosis de racionalidad y de sensatez lo que se plantea en la enmienda
incorporada al artículo 2.2, pero nuestro Grupo Parlamentario entiende
que nuestro planteamiento tiene los mismos visos de fundamentación
jurídico-política y, por lo tanto, nos sometemos al juego de la mayoría
en una democracia parlamentaria.
Señor Presidente, éste es el planteamiento que hace nuestro Grupo
parlamentario. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
Deseo recordarle que tenemos una enmienda, la número 18, en la que se
contiene una regulación con una llamada a la legislación urbanística.
Nosotros habríamos preferido que el aprovechamiento urbanístico del
titular de un terreno no incluido en una unidad de ejecución, es decir,
las actuaciones que el texto refundido llama actuaciones asistemáticas,
hubieran quedado vinculadas, más que directamente a la legislación
urbanística, a lo que diga el planeamiento sobre esas actuaciones que no
se realizan en unidades de ejecución. Es decir, no vincular el
aprovechamiento directamente a través de este proyecto de ley o de la
legislación urbanística, sino dejarlo a la autonomía municipal en
aquellas actuaciones que no se realizan en unidades de ejecución o
denominadas también actuaciones asistemáticas. Ese es el alcance y el
sentido de las enmiendas que nuestro Grupo parlamentario ha presentado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Socialista para defender su
voto particular número 2, referente a las enmiendas números 37 a 40.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender las enmiendas relativas a la exposición de motivos y al
articulado en materia de suelo.
La enmienda número 36, a la exposición de motivos, plantea globalmente un
texto alternativo que, como se ponía de manifiesto en el debate anterior,
recoge una filosofía distinta de la que inspira el proyecto de ley del
Gobierno.
El proyecto de ley del Gobierno entendemos que se basa en la idea de que
el suelo calificado como urbanizable programado es lo que resulta escaso,
y así se ha puesto de manifiesto en el debate anterior. Para mi Grupo, el
Socialista, el problema de suelo en nuestro país está precisamente en la
escasez de suelo urbanizable a un coste que compatibilice la construcción
de viviendas asequibles para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.
Señorías, el hecho de que exista suelo calificado como urbanizable no
garantiza ni directa ni tampoco inmediatamente que sobre ese suelo se
produzcan todos los procesos de desarrollo urbanístico que permitan
abaratar el producto
inmobiliario final y, en particular, el producto inmobiliario
residencial, es decir, la vivienda. Los objetivos, por tanto, de esta
enmienda número 36, a la exposición de motivos, se plantean en términos
de una reforma en materia de suelo que entendemos debe tener como
prioridad favorecer la disminución del precio de las viviendas. Y para
ello hay que reducir el precio del suelo urbanizado y hay que incrementar
la oferta del suelo urbanizado. Pero no sólo con eso, porque esa medida
sería, sin duda, insuficiente. También hay que favorecer esa disminución
del precio de la vivienda, en general, estimulando la construcción de
viviendas protegidas, de viviendas destinadas a familias con ingresos
medios y bajos. Y con estas dos medidas, con estos dos objetivos, también
ha de simultanearse un tercero, que recogemos en nuestra enmienda y que
trata de estimular una actividad que hasta ahora, en nuestro país, no ha
tenido el desarrollo deseable en un país moderno como el nuestro, y que,
además, creemos que cumple un papel básico en el mercado inmobiliario, y
es que tenemos que fomentar la actividad urbanizadora, puesto que
partimos del hecho de que la escasez de suelo es de suelo urbanizable.
Pues bien, señorías, la oferta de suelo, como decíamos antes, no se
produce ni se va a producir a partir del Real Decreto, hoy proyecto de
ley, sino desde un planteamiento general de que cada municipio, según sus
criterios y consideraciones, establezca la oferta de suelo clasificado y
de suelo urbanizable. Por lo tanto, fruto de esa consideración, la
exposición de motivos tiene el objetivo básico y real, no el que
entendemos que planteaba el proyecto de ley del Gobierno de garantizar o
abaratar el precio de la vivienda y que, sin ninguna duda, vemos que no
está cumplido, y por eso lo planteamos en estos términos.
Señorías, dispongo de un informe de la Gerencia Urbanística del
Ayuntamiento de Sevilla, de no dudosa proximidad socialista, en el que se
pone de manifiesto cómo a partir del Real Decreto, sólo en 135 días, el
patrimonio municipal de suelo de Sevilla, en terrenos con un
aprovechamiento del que buena parte va destinado a viviendas y
equipamiento, se ha reducido, ni más ni menos, que en la cantidad de
269.189 metros cuadrados. Tememos, por tanto, que con esta calificación,
con esta actuación, no se va a abaratar el precio de la vivienda.
Las enmiendas números 37, 38, 39 y 40 se refieren a los correspondientes
artículos. Las tres primeras, 37, 38 y 39, plantean textos alternativos a
los artículos 1, 2 y 3. La enmienda número 40 plantea la supresión del
artículo 4.
Por una parte, la primera de las enmiendas, al artículo 1, pretende, como
decíamos en la exposición de motivos, potenciar la actividad urbanística.
Permite que los urbanizadores puedan tener una cierta prioridad en el
desarrollo de los suelos, entendiendo, además, que todo el suelo
urbanizable se vaya programando, como decía antes, con las necesidades y
propuestas de la iniciativa pública o privada, porque creemos, sin duda,
en un mercado mixto. Y no se trata de dar exclusividad a la acción
urbanizadora, y, en ese sentido, al sector público, sino también de
procurar que la iniciativa privada encuentre el instrumento, la
herramienta eficaz para abordar esos programas de actuación urbanística
necesarios en nuestro país. Esto no es nuevo, señorías. El modelo que
hemos elegido es la experiencia de la Comunidad Valenciana, que empezó a
gestionarse durante un Gobierno socialista y hoy un Gobierno de la
derecha, por su eficacia, lo mantiene como procedimiento urbanístico.
La enmienda número 38, al artículo 2, es también una alternativa a la
supuesta ventaja que hoy hemos visto aquí y que el Proyecto de ley
atribuye a una disminución de las cesiones obligatorias de
aprovechamiento urbanístico. En ese sentido, tenemos claro que nuestra
enmienda vuelve a incidir en la finalidad de reforzar el patrimonio
público del suelo, y no lo hacemos sólo con los patrimonios
municipales...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora Pleguezuelos, le ruego
que vaya terminando.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Termino enseguida, señor Presidente.
De forma que la utilización preferente debe ser para la construcción de
viviendas de protección oficial o, en su caso, sin duda alguna, para
fines de interés general. En este sentido, entendemos que, incluso, todas
las entidades o empresas públicas que puedan tener tal naturaleza para
uso de la colectividad deberían aportar al menos el 50 por ciento de su
utilización.
La enmienda número 39 incorpora también medidas de agilización en los
trámites de planeamiento, pues el proyecto de ley daba mayor capacidad de
decisión en solitario al alcalde, hurtándoselo al Pleno, al mismo tiempo
que añadimos otras medidas de agilización de forma que, como decía antes,
el procedimiento del Gobierno supondría ocho meses y en la propuesta
socialista se acortaría tal proceso.
Por último, la enmienda número 40 pide la supresión del artículo 4,
porque entendemos que en materia de distribución de competencias la Ley
de Bases de Régimen Local establece claramente cuáles son esas
competencias tanto para los alcaldes, como para los Plenos municipales, y
no hurta capacidad de decisión a estos últimos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Clemente Sanz.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de entrar a valorar las diferentes enmiendas presentadas por sus
señorías, quiero resaltar, para dejarlo claro, que las medidas
liberalizadoras contempladas en el proyecto de ley son unas medidas
urgentes --dada, como hemos dicho reiteradamente, la grave situación del
suelo en la que nos encontramos-- y que tienen una finalidad muy clara
aparte de esos objetivos, que es intentar preparar el camino para adecuar
un nuevo modelo de urbanismo y gestión del suelo. Y no podía ser de otra
manera, primero, porque estamos pendientes del fallo del Tribunal
Constitucional
en los siete recursos interpuestos por otras tantas Comunidades
Autónomas, al objeto de que defina con claridad cuáles son las
competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas y cuáles son
las competencias de ámbito estatal. Por otra parte, estas cuatro medidas
--por decirlo así-- son urgentes porque estamos pendientes de que el
Gobierno del Partido Popular envíe a esta Cámara un nuevo proyecto del
suelo que, lógicamente, encuadrará el nuevo marco urbanístico en el cual
este país se deberá mover en el futuro.
Yo he dicho que el Partido Popular, el Gobierno Popular, quiere un debate
serio y riguroso sobre este tema; un debate serio y riguroso partiendo de
la realidad, del fracaso o de la experiencia del marco urbanístico
anterior, y a partir de las experiencias de ese marco constituir un
modelo nuevo que, lógicamente, nos conduzca a una situación mejor, a una
situación global en la cual encontremos soluciones cuasi definitivas para
ese problema tan grave --como estamos reiterando constantemente-- que es
la escasez del suelo y poder dar acceso a ese derecho constitucional de
todos los españoles a tener una vivienda.
Ciñéndome ya a las enmiendas --que, en general, suelen ser
coincidentes--, me referiré en primer lugar a las que afectan al artículo
1. Unas se formulan a través de un texto alternativo o de sustitución,
como las del Grupo Parlamentario Socialista, y otras piden la supresión
de dicho artículo. Me voy a referir en primer término a la enmienda
número 37, que es sobre la que ha hecho más hincapié la Senadora
socialista, señora Pleguezuelos. Como podrá comprender su señoría,
debemos rechazar esta enmienda, porque yo diría que es el antagonismo de
nuestro propio proyecto, de nuestro propio modelo. Para nosotros es
altamente intervencionista, y lo es porque sigue la trayectoria del
planteamiento jurídico anterior y yo creo que incrementado. Se apoya en
el principio de que el derecho a urbanizar pertenece a la comunidad y no
al propietario y, además, acumula un mecanismo de concurso en el que se
obvia al propietario.
Se ha dicho por parte de algunos parlamentarios que es de dudosa
constitucionalidad y, por otro lado, que entrañaría una auténtica
nacionalización del suelo. Dado el tono en el que se está celebrando el
debate en estos últimos momentos, yo no me atrevería a decir tanto, pero
sí puedo afirmar que con esta enmienda se incrementaría mucho más la
maraña urbanística que actualmente existe en el ordenamiento jurídico.
La Senadora Pleguezuelos nos ha dicho que el Partido Popular de Valencia
está aplicando el ordenamiento jurídico aprobado en la ley valenciana. Yo
tengo que decir que no es cierto; el Partido Popular en Valencia ha
formulado iniciativas encaminadas a desarrollar su propio modelo conforme
a la doctrina del Partido Popular a nivel nacional y estatal.
Lógicamente, al Partido Popular en Valencia lo que le ha ocurrido es que
ha estado sufriendo ese ordenamiento jurídico que no era su propio
modelo, era el modelo del Partido Socialista. Por ello, en estos momentos
se han acometido ya diferentes iniciativas para hacer un nuevo modelo y
una nueva ordenación del territorio y, por supuesto, una nueva
organización urbanística.
Yo estoy de acuerdo en un tema importante. Creo que el urbanismo que
tenemos en estos momentos en este país no es el urbanismo adecuado, es un
urbanismo utópico y poco pegado a la realidad. Igual vale para Madrid que
para el pueblo más pequeño de La Mancha o de Castilla y León. Valencia,
en concreto, tiene su peculiaridad, y el urbanismo que se recoja en el
futuro en la nueva Ley del Suelo debe tener muy en cuenta las diferentes
peculiaridades en función de las características que existen en cada
territorio, en función de la escasez de suelo en cada territorio porque,
si no, lógicamente, haremos una ley tan general que probablemente no
tenga aplicación. De ahí la intención del Grupo Parlamentario Popular de
que esa ley sea consensuada con todos los sectores implicados: con los
ayuntamientos, con las Comunidades Autónomas y, por supuesto --y les
invitamos a ello también--, con todos los grupos parlamentarios que
componen esta Cámara y la del Congreso.
También se ha dicho por parte de algún portavoz que este proyecto no será
eficaz, que tendrá muy escasa influencia o que será negativo para los
fines que se propone. Aún más, la Senadora Pleguezuelos ha dicho que es
retrógrado porque parece ser que, en Sevilla, según unos datos y una
estadística --lógicamente los datos y las estadísticas dependen de cómo
se presenten y de cómo se hagan, dependen también de cómo se organicen--,
así lo ponen de relieve. Creo que esos informes, de entrada, hay que
tomarlos siempre con cierto recelo. Lo que sí es cierto es que, a partir
de la entrada en vigor del Real Decreto, se han incrementado
considerablemente los procesos urbanísticos en este país.
Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, rasgándose las
vestiduras, que las Haciendas municipales iban a quedar maltrechas. Si
las Haciendas municipales quedan maltrechas bajando el porcentaje del 15
al 10 por ciento, creo que éste no sería el caso. No obstante, estoy de
acuerdo con el portavoz de Izquierda Unida en que hay que buscar un nuevo
sistema, un nuevo modelo de financiación de los ayuntamientos para que no
tengan que recurrir de forma constante a la vivienda, siendo precisamente
ésta una de las fuentes de financiación más importantes que tienen los
ayuntamientos en estos momentos. Por otra parte, no sé cómo el portavoz
de Izquierda Unida se ha rasgado tanto las vestiduras, cuando sabe que a
través de convenios entre las partes esas cesiones no solamente eran del
15 por ciento, sino que en muchas ocasiones llegaban a corresponder hasta
el 30 o el 35 por ciento.
El artículo primero lo que realmente persigue es la unificación del suelo
programado y no programado, como hemos dicho anteriormente, lo que
permitirá, lógicamente, la actuación de planes parciales, suprimiendo
otros mecanismos anteriores a la propia aprobación del plan. ¿Por qué?
Porque se eliminan trámites innecesarios, lo que supone, lógicamente, una
clara simplificación técnica. Se elimina, como hemos dicho también,
discrecionalidad y se potencia la iniciativa privada, a pesar de que la
Senadora Pleguezuelos no crea en la misma y siempre esté poniendo reparos
a nuestro esquema urbanístico. Diré a esta Senadora y al portavoz de
Izquierda Unida que no se preocupen, porque
el mercado es implacable. Les puedo asegurar que la ley de la oferta y la
demanda lo corregirá.
Desde esta perspectiva de valoración positiva de este proyecto de ley,
lógicamente tenemos que rechazar las enmiendas que se orientan a la
sustitución o supresión del artículo primero.
En cuanto a las enmiendas al artículo segundo, que hace referencia a las
cesiones de suelo, se han presentado enmiendas coincidentes, en general,
todas ellas reclamando menos cesiones para los ayuntamientos, del 15 al
10 por ciento, a excepción de la del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos que es de modificación.
A este respecto, diré que las cesiones del suelo, desde el punto de vista
de nuestro Grupo, son cargas y éstas en un mercado competitivo tienen
traslado a los distintos procesos de producción y, por lo tanto, el
proyecto final, que es la vivienda, se verá afectado, lógicamente, en
función de las cargas que tenga el producto inicial, que en este caso es
el suelo.
Estas cargas, como decíamos, eran del 15 por ciento después de la Ley de
1990 en lo que se refiere al suelo urbanizado programado y no programado
y al suelo urbano en unidades de ejecución, con la peculiaridad de que
hasta ahora también se aplicaba al suelo urbano consolidado, al suelo ya
convertido en solar, al suelo que corresponde a la ciudad acabada, lo que
equivalía a una auténtica confiscación.
¿Por qué exigir, señorías, una cesión al propietario de una vivienda, o
de un edificio cuando no hay plusvalía que lo justifique y cuando ya se
han cumplido todos los trámites reglamentarios? Esta es la razón, porque
el proyecto de Ley elimina cualquier tipo de cesión en el suelo urbano
consolidado. En lo referente al suelo urbanizable, el proyecto de Ley
contempla una reducción del 15 al 10 por ciento por la razón
anteriormente expuesta, es decir, para reducir las cargas a fin de que la
vivienda sea más barata.
Somos conscientes, como decía anteriormente, de que estas cesiones
afectan al patrimonio municipal, pero, sinceramente, creemos que tendrán
la mínima repercusión en el suelo, y ello por una razón obvia: si la
economía y las finanzas municipales se encontrasen en mal estado,
lógicamente, no será por ese paso del 15 al 10 por ciento, será por
razones distintas, aparte de que la que se esté perjudicando en esta
situación sea la vivienda, porque no la podemos convertir en fuente de
financiación.
Pero estamos ante un grave dilema. Ante la disyuntiva de afectar
ligeramente a los patrimonios municipales o iniciar una lucha contra el
precio del suelo mediante la reducción de las cargas o cesiones, nosotros
hemos optado por esto último porque ello afectará positivamente al precio
de la vivienda, lo que para el Partido Popular es prioritario. Yo no sé
si para ustedes es prioritaria la vivienda o es prioritario el patrimonio
municipal. Para nosotros es prioritario el que los españoles y las
familias más necesitadas puedan acceder a una vivienda digna. Esto no
quiere decir que el Partido Popular no esté preocupado por el patrimonio
municipal, por supuesto que sí, quiere decir que nos preocupa seriamente
el drama de muchas familias que no tienen acceso a una vivienda digna y
el de muchos jóvenes que se ven obligados a vivir ininterrumpidamente en
casas de sus padres «sine die» porque tampoco tienen acceso a una
vivienda.
A la vista de estos criterios no podemos aceptar la enmienda número 3 de
supresión de la Senadora De Boneta o la número 8 de los Senadores Ramón
Clemente y Nieto Gutiérrez, ni tampoco la de modificación del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos o la 9 de los mismos
Senadores mencionados anteriormente, porque consideramos que son
restrictivas para la rehabilitación de los cascos urbanos. Tampoco,
lógicamente, podemos aceptar las enmiendas de sustitución del Grupo
Parlamentario Socialista porque son contrarias al espíritu y a la
literalidad del proyecto de ley presentado por el Gobierno.
El objetivo del artículo tres, que tiene si quiere menos densidad
conceptual pero una gran importancia práctica, es la reducción de plazos,
dando mayor agilidad al procedimiento urbanístico, pero también
protegiendo la seguridad jurídica de las partes integrantes. Nosotros,
Senadora Pleguezelos, pensamos que los plazos que nosotros hemos
propuesto son adecuados. En ellos se asegura, por una parte, la
participación ciudadana y, por otra parte, la seguridad jurídica tanto
para los ayuntamientos como para los ciudadanos.
El propósito del artículo cuatro es transferir a los alcaldes
competencias que tenían atribuidas los plenos municipales que no
afectarán, en ningún caso, a los procesos del procedimiento urbanístico,
como son la aprobación inicial o provisional, ni, por supuesto, a los
actos que ponen fin a la tramitación urbanística, como es el caso de la
aprobación definitiva, que siempre será competencia exclusiva de los
plenos municipales. Lógicamente, he de decir respecto de aquellas
enmiendas que han mostrado su preocupación porque se han restado
competencias al Pleno, que se han restado aquellas competencias que son
simplemente de pura tramitación. No se han restado las competencias que
son fundamentales en toda la tramitación urbanística, como son la
aprobación inicial, provisional y, lógicamente, definitiva del plan de
urbanismo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sanz.
Turno de portavoces. Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré con brevedad. Creo que algunos de los argumentos no se tienen
en pie. Se dice que aumentar el patrimonio del suelo público no tiene que
ver nada con el abaratamiento de la vivienda. Pues bien, yo les hago una
pregunta: ¿quiénes harían en este país la vivienda en alquiler y la
vivienda en régimen especial si no las hicieran las administraciones
públicas? La iniciativa privada no lo hace. Ese es el problema de fondo.
El abaratamiento de la vivienda está relacionado directamente con la
actuación de las administraciones públicas que, además, no pueden
renunciar al mandato constitucional. Por eso, precisamente,
el argumento cae por su propio peso. Todo lo que sea restringir el suelo
a las administraciones públicas supone el encarecimiento de la vivienda
y, sobre todo, que no se atienda a la demanda de la gente, a la llamada
demanda insolvente, que es insolvente porque no gana lo suficiente para
pagarse un piso en el mercado libre. Ese es el problema de fondo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto
Cicuéndez.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
La consideración previa del Senador Popular nos ha dejado a todos, como
se diría en el argot andaluz, «pasmaos». Que usted diga que debemos
esperar a que se nos envíe el proyecto de ley del suelo para hablar
sosegadamente de eso, cuando en el debate anterior al veto le hemos
instado y le instan los ciudadanos de este país y todos los ayuntamientos
a hablar de ello, no podemos entenderlo. Y su otro argumento era la
urgencia, la urgencia de un Decreto que es verdad que se está aplicando
con efecto muy negativo, y no se trata de estadísticas, señoría. Escuche:
Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla. Gerencia Municipal de Urbanismo.
Servicio de Gestión Urbanística.
Señoría, yo comprendo que resulta muy duro que yo le enseñe a usted un
documento de un Ayuntamiento gobernado por el mismo color de su Grupo y
que disienta, pero la coherencia en el Partido Popular últimamente
(Rumores.) brilla por su ausencia, como brilla también por su ausencia en
el diseño del modelo valenciano.
Señoría, se está aplicando en urbanismo el ordenamiento jurídico que se
aprobó por el anterior Gobierno en Valencia, y se está haciendo así
sencilla y llanamente porque al sector inmobiliario y a los ciudadanos
les va muy bien con él, y cuando intentan ustedes modificarlo, el «lobby»
les tira de las orejas y los ciudadanos también, pero el señor Zaplana
entiende perfectamente que le va mejor con eso que haciendo caso a otras
consideraciones que, por otros intereses --repito--, por otros intereses
de mantenimiento en La Moncla, se han hecho en este Real Decreto.
Señoría, usted decía que nosotros somos intervencionistas. Yo no voy a
entrar de nuevo en el debate de si el modelo es o no intervencionista.
Nosotros entendemos que hay que intervenir en el mercado porque éste
necesita que algunas de sus reglas se organicen. Yo creo que el mercado
es implacable para todo, para el fútbol y para la vivienda. Yo quisiera,
sencillamente, que eso sea algo que interese a todos. No sean ustedes tan
maniqueos con el debate financiación-ayuntamientos-vivienda. No se trata
de eso. La financiación de los ayuntamientos es un tema que tenemos que
abordar en su globalidad, y precisamente uno de sus elementos es que el
patrimonio municipal de suelos no es sólo para viviendas de protección
oficial y para los más protegidos y necesitados, que usted hace ahí
demagogia (Señalando a la tribuna de oradores.) de protegidos y
necesitados, pero después, a la hora de legislar para ellos eso se le
olvida. No, señoría, no, no lo haga así porque va por muy mal camino. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Señoría, el patrimonio municipal de suelos es importante porque el modelo
de ciudad y el modelo urbanístico que proponemos los socialistas sin duda
tiene que tener
--como usted decía, creo que acertadamente-- unas normas generales y
una aplicación urbanística específica para cada ciudad. Pero eso no
quiere decir que entremos en el urbanismo salvaje que parece que ustedes
están manteniendo.
Señoría, para terminar quiero decirle sencilla y llanamente que de
intervencionismo, ninguno. Sólo protección de los intereses generales de
los ciudadanos, intereses que son hoy por hoy la vivienda --en eso
estamos-- y el suelo --y el suelo repercute en la vivienda-- además de
otros intereses.
Y me va a permitir que finalice diciéndole una cosa, y es que en este
país estamos todos últimamente muy sensibilizados, ayer me lo decía un
taxista cuando me llevaba a mi casa. En este país últimamente al Gobierno
sólo le interesa el fútbol. Interésense por la vivienda; interésense por
el parto; interésense por lo que nos interesa a los ciudadanos y no tanto
por otros «lobbies».
Gracias. (Varios señores Senadores desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el Senador Sanz Blanco.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
En relación con el portavoz del Grupo Mixto, quiero manifestar lo
siguiente. Dice que solamente los ayuntamientos pueden acometer el
régimen de viviendas de protección oficial y sobre todo aquellas de las
familias más necesitadas, las que se califican como de protección
especial o antiguamente como vivienda pública.
Señoría, si esto hubiera sido así, no me explico cómo en Madrid hay
tantos problemas de vivienda cuando solamente una tercera parte de las
viviendas de protección oficial se han construido en suelo de titularidad
municipal. Si hubiera sido así, se hubieran hecho muchísimas más
viviendas; se hubiera empleado todo el suelo ante una grave necesidad que
tiene un país que ve que hay familias viviendo en chabolas. Lógicamente,
se hubieran hecho muchas más viviendas en suelo de titularidad municipal
y no hubiéramos tenido solamente una tercera parte de esas 600.000
viviendas en suelo de titularidad municipal.
En cuanto a la Senadora Pleguezuelos, tengo que decirle varias cosas.
Probablemente sea verdad el informe que usted ha mencionado del
Ayuntamiento de Sevilla,
pero posiblemente el Ayuntamiento de Sevilla está padeciendo los efectos
negativos de que en la Junta de Andalucía haya un Gobierno socialista,
porque algunos de los trámites afectan a la Junta de Andalucía.
En relación con el señor Zaplana, no intente meter discordias en nuestro
partido porque no lo va a conseguir. Solamente tengo que decir que por
parte de la Comunidad Autónoma de Valencia se han iniciado, y valga la
redundancia, varias iniciativas para liberarse del proyecto urbanístico
que tenía el Partido Socialista, y el proyecto urbanístico que está
generando el señor Zaplana se está acomodando a la normativa y al modelo
urbanístico que tiene el Partido Popular a nivel nacional y estatal.
Señora Pleguezuelos, claro que es importante el patrimonio municipal.
Nosotros estamos de acuerdo con que los ayuntamientos tengan patrimonio
municipal, pero lo que no puede ser es que la vivienda se convierta en
una fuente de financiación para los ayuntamientos. El urbanismo tiene que
pagarse con el urbanismo y lo que no puede ser es que el urbanismo esté
pagando la mayor parte o el 30 por ciento de las actividades de los
ayuntamientos. Habrá que buscar una ley de financiación de los
ayuntamientos y habrá que traerla a este Parlamento, donde se diseñará el
modelo de financiación de los ayuntamientos, pero lo que no se puede
hacer es estar jugando con un derecho básico de los ciudadanos, como es
el acceso a la vivienda.
En cuanto al fútbol, señora Pleguezuelos, claro que se habla mucho de
fútbol, pero se habla mucho de fútbol porque los ciudadanos se han
rebelado y quieren más codificadores, no quieren un solo codificador no
homologado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.
--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Sanz.
Pasamos a debatir el artículo 5.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente
a la enmienda número 23, originariamente presentada por el Senador Ferrer
Roselló.
Tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER ROSELLO: Hubiéramos deseado, señor Presidente, la
inclusión de los aranceles de los procuradores en la excepción contenida
en la disposición derogatoria, al no tratarse de un acuerdo colegial,
sino de aranceles impuestos por Real Decreto, para ser más exactos el
Real Decreto 1.162/1991, de 22 de julio. No ha sido posible. En cualquier
caso, considerando recogida en una de las enmiendas transaccionales parte
de la problemática planteada por este colectivo, en este momento procedo
a retirar la enmienda presentada.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer Roselló.
Voto particular número 7, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente
a las enmiendas 24 y 25, originariamente presentadas por la Senadora De
Boneta y Piedra.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta por tiempo de tres minutos.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, presento en nombre de Eusko Alkartasuna una enmienda al
artículo 5.3, pidiendo que se añada en el primer párrafo un apartado que
diga: «... colegio correspondiente, si la ley de creación de cada colegio
así lo exige.»
Lo que estoy planteando es dejar la medida de plantear como obligatoria
la colegiación a la ley de creación de cada colegio. Entiendo que es una
cuestión elemental. Antes lo decía en su intervención en el turno de
portavoces, en el turno de defensa y de posicionamiento al veto
presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, el Senador
Gatzagaetxebarría. No todos los estatutos, no todas las Comunidades
Autónomas tienen las mismas competencias en materia de colegios
profesionales. El Senador Gatzagaetxebarría ha citado los estatutos
catalán y vasco. Efectivamente, el Estatuto de Guernica en el artículo
10, competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, número 22, habla de
colegios profesionales. Esta sería la primera objeción de esta Senadora a
la tasación por esta ley de la obligatoriedad de los colegios. Pero es
que, además, yo creo que aquí habría que plantearse otra cuestión; habría
que plantearse la cuestión de fondo, que es el debate sobre si tiene
sentido o no la obligatoriedad de pertenencia a un colegio profesional.
No me contesten diciendo --y me refiero a algunas de sus respuestas en el
Congreso-- que la colegiación es obligatoria porque es un aspecto básico
de la ley. Estamos tratando al menos de un aspecto de la ley y estamos
planteándonos el mismo espíritu de la Ley del año 1974, que es el que
creo que habría que debatir y el que habría que plantear, al margen de
los problemas que este artículo ofrece para nosotros, desde el punto de
vista de la defensa de las competencias de las Comunidades Autónomas.
Ese debate no se ha celebrado ni se ha puesto sobre la mesa. Yo creo que
después de 23 años y de haber pasado de una dictadura a un régimen
democrático, hay cuestiones que se tienen que poner encima de la mesa, se
tienen que debatir, sea cual sea el final. También decía algo de esto
antes el Senador Ríos. Yo creo que el debate de fondo debe centrarse en
los diferentes modelos. Por un lado está la colegiación voluntaria, que
existe, por cierto, en la mayoría de los países de nuestro entorno, y,
por otro lado, el modelo francés, que tiene colegiación obligatoria, pero
no olvidemos que en Francia el número de colegios se pueden contar con
los dedos de la mano, a diferencia del caso del Estado español, donde
tenemos multitud de colegios y se crean otros nuevos todos los días. Yo
creo que éste es el debate de fondo.
Por todo lo anterior, nosotros estamos en contra de este artículo y
pretendemos que la colegiación sea obligatoria únicamente en el caso de
que la legislación de creación, la ley de creación del colegio, así lo
determine, y en este caso y en este contexto se tendrá que apreciar si el
contenido y las características que el trabajo que se desempeña por las
profesiones de ese colegio deben estar, por razones éticas, sujetos a la
colegiación o no. Ese sería nuestro planteamiento.
El señor PRESIDENTE: Senadora Boneta, vaya terminando, por favor.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: En segundo lugar --y ya termino, señor
Presidente--, con la enmienda número 5 pretendemos añadir un nuevo
apartado que diga textualmente: Los funcionarios públicos, en el
ejercicio de sus funciones y en representación de las instituciones en
las que prestan sus servicios, así como el personal de las
Administraciones públicas en general, interinos, contratados, etcétera,
quedarán exentos de la obligación de colegiación cuando actúen en tales
funciones. Hasta ahora existían funcionarios de primera, en el sentido de
la obligatoriedad de colegiación, y los demás funcionarios. Me estoy
refiriendo, obviamente, por ejemplo, a los abogados del Estado.
Estimo, en todo caso, que ningún funcionario, cuando actúa frente a
terceros y en representación de la institución, tiene por qué estar
obligado a colegiarse. Si se extiende la colegiación obligatoria a todos
los funcionarios y en todos los casos y no se hace excepción alguna, yo
me pregunto quién tiene que abonar la colegiación obligatoria y las
mutualidades que se derivan, obligatorias también, de esa colegiación.
Pues serán las Administraciones, no serán los funcionarios los que,
además de soportar la congelación, tengan que soportar la reducción que
supone esto en sus emolumentos ya congelados.
El señor PRESIDENTE: Senadora De Boneta, por favor, está doblando el
tiempo, y creo que no es normal.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señoría.
Esto provoca un grave problema a las Administraciones, no tiene sentido
alguno, y yo les ruego que se lo piensen y que tengan en cuenta que esta
cuestión no es básica y sólo afecta al sentido común, que, al parecer, no
es el más común de los sentidos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Voto particular número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos que corresponde a las enmiendas números 21 y 22.
El Senador Gatzagaetxebarría tiene la palabra por tres minutos.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para manifestar que nuestro Grupo Parlamentario retira la
enmienda número 21, relativa al artículo 5.2, porque está ya incluida en
el dictamen elaborado en la Comisión. En segundo lugar, tenemos la
enmienda número 22 donde nuestro Grupo Parlamentario vincula el requisito
de la obligatoriedad de colegiación a lo que establezca la ley propia de
creación de cada colegio.
No olviden sus señorías que los colegios se crean por ley, pero que la
ley, en función de un sistema de distribución de competencias,
corresponde a quien tenga competencia en colegios profesionales y en
profesiones tituladas. Por lo tanto, esta Cámara nunca aprueba leyes que
hacen referencia a la creación de colegios. Obviamente, no lo hace porque
no tiene competencia según la Constitución y el Estatuto de Autonomía
como normas jurídicas integrantes del bloque de la constitucionalidad. La
creación de colegios profesionales corresponde a leyes autonómicas. Por
lo tanto, no entendemos por qué debe tener naturaleza básica la
vinculación a la creación expresamente de lo previsto en el artículo 5.2.
Porque la obligatoriedad la determinará la ley que crea cada colegio, y
el colegio se crea en base a una petición de una organización
profesional, en base a una problemática y una organización de
profesionales que solicitan a la administración competente --y la
competente son las comunidades autónomas según el bloque de la
constitucionalidad-- y será la ley que cree el colegio, evidentemente
autonómica, la que determinará si es obligatoria o no la colegiación en
el ejercicio de esa profesión titular. No entendemos por qué tiene que
ser obligatoria aquí; no entendemos por qué se da el carácter básico y no
se da preeminencia al principio de competencia, porque aquí no estamos
hablando de jerarquía; estamos hablando de competencia, y si la
competencia es autonómica, a la ley autonómica de creación de colegio le
deberá corresponder disciplinar, ordenar y regular el ámbito nuclear de
las funciones y de los requisitos y, en definitiva, de las potestades que
a ese colegio corresponden para normar esa profesión titulada. Esa es la
enmienda que nuestro Grupo Parlamentario plantea para que esa regulación
del artículo 5 fuera acorde con el sistema de distribución de
competencias en la materia de profesiones tituladas y colegios
profesionales.
Y quería, señor Presidente, con su benevolencia, porque luego no voy a
hacer ningún otro turno de portavoces y doy por terminada mi intervención
aquí, hacer hincapié o fijación en relación a una enmienda transaccional
que se nos ha pasado a la firma que hace referencia a la Disposición
Final Segunda. En ella, y llamo la atención del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, se contiene una regulación, desde nuestro punto de
vista, grave porque a través de la tramitación parlamentaria se han
incluido en el artículo 5.4 añadidos concretos, el ñ), p), q), a los
cuales, mediante esa Disposición Final Segunda, se les está implicando
una naturaleza de básica. Por lo tanto, yo creo que éste es un tema
importante, y uno puede estar de acuerdo en que se dé un matiz o una
visión de la regulación de las profesiones tituladas, tal y como ahí se
establece, pero no estamos de acuerdo en que tenga competencias esta
Cámara para eso. Creemos que es una competencia de las Comunidades
Autónomas fijar esas funciones que a los colegios profesionales
corresponde. Por lo tanto, manifestamos nuestro profundo rechazo a la
previsión contenida en la Disposición Final Segunda en la medida en que,
a nuestro juicio, invade las competencias de las Comunidades Autónomas al
declarar naturaleza básica a unas funciones que ahí se asimilan con las
cuales materialmente podemos coincidir, pero que por orden político
y, sobre todo, por entendimiento del sistema de distribución de
competencias creemos que corresponde a las Comunidades Autónomas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Voto particular número 9 del Senador Beguer i Oliveres, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que propone el
mantenimiento de la redacción inicial del párrafo 2 del apartado 1 y el
párrafo 2 del apartado 2, volviendo así al texto remitido por el Congreso
de los Diputados.
El Senador Beguer i Oliveres tiene la palabra.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Como quiera que tenemos inmediatamente el voto particular sobre la
enmienda número 34, si a su señoría le parece, acumularíamos en un solo
turno las dos intervenciones que son consecutivas.
El señor PRESIDENTE: Puede hacerlo su señoría.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
El voto particular número 9 propone el mantenimiento del texto del
Congreso de los Diputados en el párrafo 2 del apartado 1 y en el párrafo
2 del apartado 2 de este artículo quinto.
En el apartado 1, por la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario
Popular, se modificó el texto original, de modo que en el nuevo texto la
legislación de cada profesión sólo es aplicable en determinados aspectos
del ejercicio, estando sujetas las profesiones a la Ley de Defensa de la
Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal.
Entendemos que el texto del Congreso de los Diputados era más concreto y
que existen unas leyes sustantivas propias de cada profesión, y si bien
estarán sujetas, en cuanto a oferta de servicios y remuneración, a la Ley
de Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal,
debieran invertirse los términos y mantener el texto original por
prevalecer las leyes específicas de cada profesión.
En cuanto a la supresión del párrafo 2, del apartado 2, resulta
lamentable que no se entienda que los colegios de médicos --incluso
podría extenderse a otras profesiones sanitarias, como odontólogos y
farmacéuticos-- con contratos de prestación de servicio con organismos,
muchas veces oficiales, mutuas, entidades aseguradoras, tienen una
peculiaridad que debería permitir obviar la autorización singular del
artículo tercero de la Ley de Defensa de la Competencia. Confiamos que,
en su caso, se acepte volver al texto del Congreso de los Diputados,
tanto en un caso como en otro, porque nos parecía más claro, más
explícito y, en el caso de los colegios de médicos, aceptando una
singularidad que entendemos debiera comprenderse sin muchas dificultades.
Respecto a la enmienda número 34, añadimos un nuevo apartado 6 al
artículo 5 que precisa la función que cumple el visado en los trabajos
profesionales. En el proyecto de ley se habla del visado, pero éste queda
sin aclarar, sin definir. Creemos que éste es el momento procesal
adecuado para determinar qué es el visado, que acredita frente a la
Administración y a la sociedad la autoría del trabajo, su titulación, la
competencia y habilitación del autor. Evidentemente, el visado no
comprende los honorarios que, en todo caso, se dejarán al libre acuerdo
entre las partes. Los derechos del visado y su cuantía se determinarán en
base a parámetros objetivos en los estatutos de los correspondientes
colegios. Nos parece que dejar al aire un apartado tan importante, como
es el del visado, es dejar a la ley falta de temas esenciales que, sin
duda, luego pueden dar lugar a discusiones que nosotros queremos evitar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Socialista,
corresponde a las enmiendas números 41 --objeto de una transaccional-- a
43 y 45 a 56. La enmienda número 54 también es objeto de una
transaccional.
Tiene la palabra el Senador Galán Pérez.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En el proyecto de ley que hoy debate esta Cámara, junto a las medidas en
materia de suelo, que ya hemos discutido rigurosa y acaloradamente, se
plantean modificaciones de la Ley de Colegios Profesionales, de 13 de
febrero de 1974, cuya adaptación al marco constitucional, desde una
perspectiva estructural, se realizó por la Ley 74/1978, de 26 de
diciembre, pero que está necesitada de medidas liberalizadoras de este
sector, conforme a las exigencias del informe de la OCDE de 1985, sobre
profesiones liberales, de las demandas del programa de convergencia y
también de las propuestas del informe que en junio de 1992 elaboró el
Tribunal de Defensa de la Competencia, a petición del Ministerio de
Economía del anterior Gobierno.
Se trata, por tanto, de adaptar hoy la regulación de las profesiones
colegiadas a las nuevas reglas del funcionamiento económico, en concreto,
al bloque de normas sobre competencia constituida por las Leyes 34/1988,
de Publicidad, y 3/1989 y 16/1989, de Competencia Desleal y de Defensa de
la Competencia respectivamente, liberalizando plenamente un sector --el
de servicio-- que, en el IPC, viene a representar algo más del 35 por
ciento. Y lo que, a nuestro juicio, es aún mucho más relevante, supone al
inicio de esta década un 63,5 por ciento del producto interior bruto y
casi un 60 por ciento de la población activa ocupada.
Dentro del subsector de servicios profesionales, el de las profesiones
colegiadas es, indudablemente, el que presenta mayores rigideces. Si el
artículo 36 de la Constitución consagra la exisentencia de los colegios
profesionales encomendando al legislador la regulación de las
peculiaridades propias de su régimen jurídico y del ejercicio de las
profesiones tituladas con la exigencia de que su estructura interna y
funcionamiento sean democráticos, el artículo 38 del texto constitucional
exige que la oferta de servicios
profesionales en el mercado se rija por la libertad de entrada y de
ejercicio. Tal libertad no existe con el marco legal todavía vigente, o
no existía hasta la entrada en vigor del Decreto-ley; había barreras de
entrada, como la exigencia de titulación, sólo rechazable cuando no hay
conexión entre la actividad profesional que algunos colegios monopolizan
y una titulación determinada, caso, por ejemplo, del Colegio de Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria, la obligatoriedad de colegiación y los
requisitos de la misma.
Hay restricciones también en la vida colegial respecto a precios, como
las tarifas o baremos de honorarios mínimos, cuasi tasas a veces para la
financiación de los colegios y cobro de honorarios a los clientes, a los
usuarios a través de éstos con carácter obligatorio.
Y hay, por último, restricciones de la competencia no relativas a precio,
bien de carácter territorial, bien respecto a la publicidad y a la
estructura del negocio, bien de otro carácter, como puede ser la venia o
el numerus clausus.
¿Consigue el proyecto que llega aquí al Senado los objetivos
liberalizadores que proponía el informe del Tribunal de Defensa de la
Competencia y que inspiraban el proyecto socialista de junio de 1995 que
no acabó su tramitación por la disolución de las Cámaras? Como dijimos en
la tramitación de la convalidación del Decreto-ley 5/1996 en el Congreso
de los Diputados, creemos que no, incluso la colegiación única aparecía
sujeta a condiciones económicas que los colegiados profesionales pueden
establecer. Tampoco la limitación del visado a aspectos técnicos del
proyecto o el papel que desempeñan las tarifas existentes en determinados
colegios se recogía en el texto inicialmente remitido por el Congreso,
así como las garantías de la libertad de las partes en cuanto al cobro de
honorarios a través de los colegios o la plena adaptación de éstos a las
normas sobre competencia desleal e intrusismo.
No obstante, reconocemos que las enmiendas introducidas en Comisión, la
gran mayoría de ellas a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, han
mejorado el contenido del proyecto, así como las introducidas en el
trámite del Congreso sólo colaboraron, a nuestro juicio, a hacerlo más
confuso y poco acorde con los objetivos liberalizadores pregonados por el
Partido Popular en su campaña electoral.
Nuestro Grupo mantiene vivas, en este voto particular número 2, diversas
enmiendas. La primera pretende explicitar el sometimiento de los
profesionales colegiados a la Ley General de Publicidad y la legitimación
de los colegios para ejercitar las acciones de cese y rectificación de la
publicidad ilícita. Sobre ella hay una transaccional acordada que
realmente recoge lo esencial de nuestra pretensión y que, de aceptarse su
tramitación, produciría nuestro voto afirmativo y la retirada de la
enmienda.
La enmienda número 42 pretende que el informe preceptivo de los Consejos
Generales o, en su caso, colegios de ámbito nacional en las disposiciones
generales sobre funciones profesionales se extienda también a lo relativo
a retribuciones u honorarios. Coherente también con esta enmienda en
materia de liberalización de la remuneración de los servicios, tenemos la
enmienda número 50, destinada a derogar la posibilidad de fijación por
los colegios de baremos de honorarios de cualquier clase, incluso de los
orientativos.
La enmienda número 51 determina que el encargo de cobro de honorarios a
través de los colegios sólo debería hacerse a petición de parte. Está
recogido ya en el texto del dictamen de la Comisión y, por lo tanto,
anunciamos su retirada, al igual que la de la número 52, que pretendía
excluir del visado cualquier cuestión que no respondiera a los aspectos
técnicos del proyecto y se refiera a honorarios o a cualquier otra
condición contractual, que creemos que debe quedar libremente a la
voluntad de las partes contratantes.
Retiramos la enmienda número 52.
La enmienda número 54 sirve también de soporte a una enmienda
transaccional que pretende dejar el régimen de cobro de honorarios, no a
las disposiciones mínimas obligatorias de los estatutos, sino a la
libertad de los contratantes.
Finalmente, está la enmienda número 56, que sí prevé baremos
orientativos, pero no fijados por el colegio sino por el Ejecutivo
correspondiente --Gobierno o Comunidad Autónoma, en su caso-- previo
informe de la Junta Superior de Precios y del Consejo del colegio
correspondiente a fin de poder facilitar el cumplimiento de las normas
procesales en materia de costas judiciales o para asegurar claramente el
interés público en el caso de que el ejercicio profesional del colegiado
se preste como consecuencia de un contrato con las distintas
administraciones públicas.
Por lo que se refiere a las barreras de entrada, nuestra enmienda número
47 pretende que, cuando el ejercicio profesional en territorio diferente
al de la colegiación vaya a ser habitual, en vez de comunicar a los
colegios distintos al propio cada actuación, baste con poner en
conocimiento de los mismos tal circunstancia, es decir, la habitualidad.
También es relativa a las barreras de entrada la enmienda número 53, que
pretende garantizar que la colegiación no pueda quedar sometida a fianzas
o cargas con el colegio correspondiente, salvo que la administración
competente las imponga como condición de acceso al ejercicio privado de
la profesión colegiada.
Intentando suprimir también barreras de entrada, pero ahora referidas a
los órganos de gobierno de los colegios profesionales, nuestra enmienda
número 55 liberaliza las condiciones de elegibilidad entre todos los
colegiados para acceder a estos órganos de gobierno.
Por lo que respecta a otras restricciones no relativas a precios, las
enmiendas números 48 y 49 --no entiendo por qué el Grupo mayoritario no
ha reconsiderado su posición sobre ella-- completan la legitimación de
los colegios para luchar contra la competencia desleal entre los
colegiados en la represión contra el intrusismo a través del ejercicio de
las acciones legales oportunas.
Pasando ya a la última parte, defendemos la enmienda número 46 como
alternativa a todas las demás. Ya hice constar en Comisión al Senador
Calvo Poch que la retiraríamos en caso de que fueran aceptadas las demás.
Sólo pretende excluir de la colegiación obligatoria, tal y como
se regula toda la materia de colegios en este proyecto de ley, a los
titulados que ejercen sus funciones en exclusiva para las
administraciones públicas por su condición de funcionarios o bien como
contratados en régimen laboral. Eso no quiere decir que, al no exigirse
la colegiación obligatoria, las normas que garantizan la práctica bien
hecha, la deontología de la profesión, no vayan a funcionar respecto a
esos colegiados, sino que debe ser la Administración contratante en
exclusiva la que garantice esa normativa de carácter profesional.
Anuncio la retirada de la enmienda número 61, a la última parte,
anticipándome al debate del último bloque.
La enmienda número 63 también soporta otra transaccional que apoyaremos,
al igual que creo que lo hará el Grupo Parlamentario Popular.
Termino, por lo tanto, con una valoración de un acuerdo que creo que ha
sido positivo, al menos entre los grupos mayoritarios en esta fase de
tramitación en el Senado; que, a mi juicio, mejora el decreto-ley
original y el proyecto de ley tal como nos fue remitido por la Cámara
baja, y que, en definitiva, también pretende no hacer exclusiones, no
hacer normas específicas para el colegio A o el colegio B, que deben
tener su consideración en otro tipo de reglamentación, sino hacer una
norma genérica válida para el conjunto de la regulación de los colegios
profesionales, que nosotros defendemos, que creemos que hay que
potenciar, pero siempre entendiendo bien el sentido que a los colegios
profesionales da el marco constitucional y que la sentencia del 84 dejó
expuesto con toda claridad.
Creo, señorías, para finalizar, que hay que extraer del control de los
colegios profesionales lo que tan sólo sirve a los intereses de los
colegiados y puede perjudicar el interés de los ciudadanos, y dejar en su
ámbito lo relativo a la calidad y deontología de la prestación de los
servicios, que no sólo favorece al prestigio de los profesionales sino al
conjunto de la sociedad. Suprimir, en definitiva, privilegios utilizados
exclusivamente en provecho de un sector de la población sin beneficio
alguno para el resto de los ciudadanos. Esa es la pretensión de nuestras
enmiendas, señoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Galán.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Popular, que
corresponde a la enmienda número 28, que soporta una transaccional.
Para su defensa, por tiempo de tres minutos, tiene la palabra el Senador
Calvo.
El señor CALVO POCH: Señor Presidente, si no hay inconveniente, me
gustaría acumular el turno del voto particular con el turno en contra.
El señor PRESIDENTE: No hay ningún inconveniente.
El señor CALVO POCH: Señor Presidente, señorías, en este proceso de
tramitación del proyecto de ley de medidas liberalizadoras en materia de
suelo y colegios profesionales, me gustaría expresar mi pesar, al igual
que lo han hecho otros Senadores, ante el breve, brevísimo tiempo de que
hemos dispuesto para estudiar el texto y las enmiendas que se han
presentado. Estoy convencido de que, de haber dispuesto de más tiempo,
hubiera hecho de este proceso algo más fructífero; esperemos, en
cualquier caso, que el último trámite pendiente, que es el de su vuelta
al Congreso, pueda, si así se desea, serlo también.
Precisamente por ese motivo, en aras de que fuera fructífero, aunque
corta su estancia en el Senado, y en aras de posibilitar el diálogo y
avanzar en cuanto a obtener acuerdos, nuestro Grupo ha presentado un voto
particular sobre una enmienda del mismo que fue rechazada en Comisión. Y
aprovecho la ocasión para agradecer a todos los grupos parlamentarios su
disposición también favorable a que esto pudiera realizarse así.
Este proyecto de ley contiene medidas que por su propio peso, alcance y
sentido común en muchos casos no necesitan de profundas justificaciones.
Los argumentos en su defensa son ampliamente conocidos y compartidos por
la mayoría de los españoles. En definitiva, el Gobierno, en un corto
espacio de tiempo, como se ha puesto de manifiesto también en la
discusión en la parte de suelo, ha acordado medidas positivas tendentes a
liberalizar materias que estrangulaban nuestra economía. Y todo parece
indicar que surten los efectos deseados.
Las medidas que se contienen en este proyecto también son de
liberalización, concretamente de las profesiones colegiadas y, por lo
tanto, de la modernización de los colegios. Una muestra de ello es que se
pretende respetar la existencia de éstos y sus características básicas,
por ejemplo, el criterio de que son ellos quienes, a través de la
autorregulación, deben velar por la buena práctica, luchar contra el
intrusismo, la competencia desleal y la publicidad engañosa. Lo que pasa,
Senador Galán, es que es innecesario introducir cautelas de ley sobre
todas las cuestiones. Yo he cedido en establecer una cautela de ley,
porque creía que iba más allá, en el asunto de la publicidad, pero
establecer una cautela de ley en el asunto del intrusismo y de la
competencia desleal, cuando en el artículo 5.uno sometemos todas las
decisiones de los colegios a la ley general de competencia,
sencillamente, me parece una obviedad. En cualquier caso, los colegios
deben ser capaces de velar por estas medidas. En este sentido, las
reformas introducidas a la Ley 2/1977 suponen una modificación de la
relación entre los colegiados y los colegios, entre los usuarios y los
colegios, y me atrevería a afirmar que esa modificación constituye un
reto, fundamentalmente para los primeros, y creo que esta apreciación no
debemos pasarla por alto.
El proyecto contiene muchas novedades respecto a la regulación vigente
hasta la fecha y, por mucho que se pretenda, no se pueden minimizar.
Estas novedades se resumen fundamentalmente en tres grandes bloques. En
primer lugar, y en coherencia con un proyecto que se pretende
liberalizador, introduce la normativa de Defensa de la Competencia
--concretamente el artículo 5, puntos uno y dos, del proyecto-- y somete
a ella, como recordaba hace un momento, todos los acuerdos,
recomendaciones y decisiones
de los colegios o, lo que es lo mismo --porque se puede expresar de otra
manera si a algunas señorías les complace más--, serán los colegios los
que, como decía anteriormente, velen por el cumplimiento de esta
normativa. Precisamente por ello nuestro Grupo, en su trámite en
Comisión, presentó una enmienda de supresión --que yo me atrevería a
llamar de corrección--, porque, y explico algo que ha comentado el
portavoz de Convergència i Unió, nos parecía poco correcto, por lo menos
en técnica legislativa, hacer una excepción nominal para una sola
profesión y, además, porque en realidad se trata de una cautela de ley
que consideramos innecesaria, puesto que lo que no se niega formalmente
en la ley no está negado.
El segundo bloque de novedades al que hacía referencia es una primera
consecuencia de la medida anterior y está, además, en coherencia con
ella, es decir, libre competencia y, por tanto, supresión de los
honorarios mínimos estableciendo baremos de carácter orientativo y
referencial. Competencia que mantienen los colegios, protegiendo de esta
forma, creemos, los derechos del consumidor y también de los colegiados,
que nosotros no creemos que deban enfrentarse, pero sobre todo ofreciendo
un instrumento muy útil también, y es evidente, a la administración de
justicia.
Dentro de este bloque también se ha introducido el que se excluyan los
honorarios del trámite del visado, de forma que se limita su contenido,
su verdadero valor añadido, a los aspectos técnicos y los honorarios se
establecen de libre acuerdo entre el cliente y el colegiado. Por eso no
podemos aceptar la enmienda número 34 mantenida a través de voto
particular de Convergència i Unió, porque en su último párrafo se dice:
«Los derechos de visado y su cuantía se determinarán en base a parámetros
objetivos en los Estatutos de los correspondientes Colegios.» No se trata
de dejarlo en manos de los Estatutos, sino que se trata de regularlo a
través de esta ley e impedir que el visado incluya en su trámite los
honorarios. Por otro lado, será voluntario hacer el cobro a través del
Colegio; a partir de ahora será un servicio del colegio de libre elección
por parte del consumidor.
Nuestra enmienda número 28, al artículo 5, suprime la mención a las
condiciones económicas que en cada supuesto puedan establecerse. Se ha
intentado presentar una transaccional cuando ya prácticamente no era
posible. Sobre la posibilidad de presentar algo parecido en trámites
posteriores no me quiero pronunciar, pero, en cualquier caso, el cambio
de la redacción, que ya se ha corregido en el dictamen, no nos parece
adecuado. En primer lugar, porque al suprimirse la mención que se
pretende, que es con las condiciones económicas que en cada supuesto
puedan establecerse, que está referida a las obligaciones del profesional
con el colegio del territorio donde ejerce su trabajo, se está evitando
--creemos que con la aceptación de esta enmienda se ha conseguido-- que
la colegiación única quede anulada en la práctica por el establecimiento
de condiciones económicas que equivalgan al propio coste de la
colegiación.
Dentro de ese tercer gran bloque de novedades del que hablaba se
encuentra la colegiación obligatoria y única, que abre la posibilidad a
los profesionales colegiados de actuar en todo el ámbito del Estado, lo
cual conllevará, sin duda, un mayor esfuerzo de coordinación entre los
colegios. Sin duda, esto supone también otro reto para los propios
colegios, y aquí entro en la defensa de nuestro voto particular.
Pretendemos en este punto del proyecto introducir una modificación
respecto del texto remitido por el Congreso y aprobado en Comisión: el
párrafo 2 del punto tres del artículo 5 del proyecto --o como preferiría
el Senador Galán, el párrafo 2 del artículo 3, punto 2 de la Ley 2/1974--
en su tenor literal podría interpretarse de tal forma que fuera un
obstáculo a la pretendida colegiación única. De ahí nuestra primera
enmienda de supresión, la número 28. Pero en aras del diálogo y del
acuerdo, al que me he referido al comienzo de mi intervención, optamos
--y, reitero, con el apoyo de todos los grupos-- por no incorporar dicha
enmienda al Dictamen y así, al salir rechazada, poder presentar el voto
particular que ahora mismo defiendo.
El objetivo que todos perseguíamos --de acuerdo o no, pero se facilitó su
tramitación-- era recoger la situación de los procuradores. Esta
profesión no puede ceñirse al marco de la colegiación única, porque su
colegio está organizado territorialmente y, tal y como dice el proyecto,
atendiendo a la exigencia necesaria del deber de residencia. Se puede
decir y argumentar --y sería cierto-- que otras profesiones comparten
esta característica, pero su actual regulación hace innecesario recogerlo
en este texto. Sin embargo, no es así en el caso de los procuradores, y
por eso proponemos la enmienda que hemos presentado como voto particular,
que salva la situación de este colectivo y, sobre todo, impide un uso
inadecuado que se podría dar con el texto inicial remitido por el
Congreso.
En cuanto a la colegiación obligatoria, poco hay que decir. Existen
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario Mixto, de la
Senadora De Boneta y, en cualquier caso, aunque esta última no esté en
este momento en el hemiciclo --supongo que lo estará oyendo--, se esté de
acuerdo o no con su enmienda, patrimonializar el sentido común creo que
es de poco sentido común. Todas las enmiendas giran en la misma medida:
se pretende eliminar la obligatoriedad que establece este proyecto para
que sean --como se ha explicado-- las leyes de creación de los colegios
quienes decidan sobre la cuestión, y en esto no podemos estar de acuerdo.
La obligatoriedad es un precepto que tiene carácter de legislación
básica. Además, es evidente que la ley de creación de cada colegio es una
norma de rango inferior a la Ley de los Colegios Profesionales y,
sinceramente, no se puede venir con posturas excluyentes como enfrentar
los criterios de jerarquía con los de competencia porque, en cualquier
caso, ni unos son superiores a los otros ni tan siquiera en todos los
casos tienen por qué excluir los unos a los otros.
Se ha argumentado que vulnera las competencias exclusivas del Estatuto de
Autonomía del País Vasco, concretamente del artículo 10, punto número 22.
Yo estoy convencido de que no es así, de la misma manera que estoy seguro
de que los proponentes de dicha enmienda no
buscan dejar sin contenido real y formal los artículos 36 y 139 de la
Constitución. La colegiación obligatoria o no obligatoria debe ser igual
en todo el territorio del Estado y, por lo tanto, debe tener, como decía,
carácter de legislación básica.
Por otro lado, en lo relativo a unas enmiendas del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Mixto Eusko Alkartasuna, abrir
las puertas a la no colegiación obligatoria en función del profesional,
es decir, del objeto contratante, además de modificar la unidad de
criterio que creemos debe guardarse en este asunto, vaciaría de contenido
formal a los colegios y, lo que es más importante, impediría que a través
de la autorregulación se vigilara la buena práctica.
Quedan otras enmiendas relativas a las Disposiciones Derogatorias,
Finales y Adicionales que comentaremos más adelante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el artículo 5, que regula los colegios profesionales, empeoró
en el debate en Comisión. Se aprobaron las enmiendas 26, 27 y 29, del
Grupo Popular, y este artículo empeoró. Ya hemos hecho referencia a ello
en la defensa de nuestro voto particular y hemos dado las argumentaciones
esenciales sobre ello.
La verdad es que el mal todavía hubiese podido ser peor de haberse
aprobado la enmienda número 28, del Grupo Popular, que hoy se resolverá a
través de la enmienda transaccional que precisa que la colegiación
habilita solamente para ejercer en el ámbito territorial que corresponde
a cada colegio. Concretamente, los procuradores de los tribunales,
señorías, como ustedes saben, deben residir, por su propio cometido, en
el lugar de colegiación. En consecuencia, quedará suficientemente
explicitado en esta enmienda transaccional.
El colectivo médico entendemos que ha quedado mal tratado al no aceptarse
el texto que vino del Congreso de los Diputados, un texto que, como he
dicho anteriormente, daba suficiente claridad. Evidentemente, era una
excepción, pero una excepción clara de un hecho que se produce en este
colectivo. Además, señor Calvo, portavoz del Grupo Popular, no es el
único colectivo que sería mencionado en la ley. Existen otros colectivos
que no es necesario mencionar --concretamente, incorporamos el de los
procuradores de los tribunales hoy mismo-- que están también citados
explícitamente en la ley. No vamos a seguir insistiendo en ello, pero
entendemos que es un error y confiamos en que sea subsanado en el
Congreso de los Diputados.
Tampoco creemos que los colegios de abogados pueden quedar satisfechos
con el nuevo redactado. El no favorecer la compensación de los servicios
cuando se ejerce en un territorio distinto al de colegiación va a suponer
un duro golpe para los colegios pequeños y medianos, que en España son
bastantes, y, concretamente, en Cataluña son mayoría.
A este respecto, el Senado, con la incorporación de la enmienda 29, del
Grupo Popular, ha empeorado también el texto y es una lástima que la
premura de tiempo no haya permitido el trámite de una enmienda
transaccional que ofrecíamos al Grupo Popular y que hubiese podido
compensar la utilización de los servicios, una enmienda que decía así: La
publicidad de los profesionales colegiados se regirá por lo dispuesto en
la Ley General de Publicidad, salvo la relativa al ejercicio de la
abogacía, en atención a su especial colaboración en la administración de
justicia, que seguirá rigiéndose por sus normas específicas. Los colegios
están legitimados para ejercer las acciones de cese y rectificación de la
publicidad ilícita a que se refiere el artículo 25 de la Ley General de
Publicidad.
Esta enmienda que ofrecíamos referente a la publicidad --no como acabo de
mencionar, referente a la habilitación que afectaría a los colegios
pequeños y medianos-- es una propuesta para que la publicidad de los
colegios de abogados esté limitada concretamente a su propia legislación,
de forma que en este caso debe tener en cuenta, sobre todo, el aspecto
deontológico.
Entendemos que la incorporación de la enmienda 41, del Grupo Socialista,
es un error y que, por tanto, la publicidad de los abogados debiera tener
esta especificidad por su carácter deontológico y de colaboradora de la
administración de justicia.
En cuanto a la utilización de los servicios del colegio, de no aprobarse
esta enmienda que hoy no podemos tramitar, pero, en cualquier caso, de no
tenerla en cuenta en el Congreso de los Diputados para resolver esta
cuestión, puede suponer, como decía anteriormente, un golpe duro para los
colegios pequeños y medianos.
Esta enmienda, que no hemos podido tramitar, debido a que el Grupo
Parlamentario Popular, por la premura de tiempo, no lo ha considerado
oportuno decía así: Cuando una profesión se organice por colegios de
distinto ámbito territorial, los estatutos generales o, en su caso, los
autonómicos podrán establecer la obligación de los profesionales, que
ejerzan ocasionalmente en un territorio diferente al de colegiación, de
comunicar, a través del colegio al que pertenezcan, a los colegios
distintos al de su inscripción las actuaciones que vayan a realizar en
sus demarcaciones, a fin de quedar sujetos a las competencias de
ordenación, visado, control deontológico y potestad disciplinaria, con
las condiciones económicas que en cada supuesto puedan establecerse con
el fin de compensar la utilización de los servicios del colegio de
destino. Ello significa, evidentemente, que aquellos colegios que tienen
un pequeño número de colegiados, pero que, en cambio, habilitan la
actuación en su colegio, en su demarcación, toda vez que ahora la
colegiación será única, podrían percibir una compensación económica por
la utilización de sus servicios.
De no hacerse así podemos llevar verdaderamente a la ruina a estos
colegios profesionales, en este caso colegios de abogados que son
pequeños o medianos.
Entendemos, por tanto, y con esto finalizo señorías, que el artículo 5
está empeorando sensiblemente con la tramitación que se está llevando a
cabo en Comisión y en este Pleno. Confiamos que con la enmienda
transaccional pueda mejorarse un poco; que el Congreso vuelva al texto
original y que, en su momento, el Grupo Parlamentario Popular lo estudie
y tenga en cuenta estas observaciones. Confiamos --como decía-- en que en
el Congreso pueda quedar resuelto un artículo muy importante que hace
referencia a los colegios profesionales que está empeorando sensiblemente
en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecerle el tono de su intervención al Senador
Calvo y decirle que, efectivamente, nuestro Grupo, en modo alguno,
desconoce los cambios sustanciales que en lo relativo a la materia de
colegios profesionales este proyecto de ley representa sobre la situación
actual: la Ley 2/1974.
Hay, en primer lugar, una serie de cambios muy importantes a la hora de
garantizar el sometimiento de los colegios profesionales y de la relación
de los colegios y los colegiados con los usuarios o clientes, sobre todo,
en cuanto a la oferta de servicio y a la fijación de la remuneración por
el pago de su servicio a las leyes de la competencia desleal que yo creo
que queda perfectamente claro y mejorado en el texto del proyecto en
relación con el texto del Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio.
El segundo bloque hace referencia a la liquidación de los baremos mínimos
de carácter obligatorio para transformarlos en baremos orientativos. Esa
posición, como conoce el Grupo Parlamentario Popular, nos parece
insuficiente porque creemos que la inercia de lo que han representado las
tarifas mínimas, los baremos mínimos, va a determinar en muchos colegios
que esos baremos orientativos jueguen el papel de baremos mínimos, lo
mismo que la libertad del colegiado para cobrar a través del colegio va a
transformarse en la firma de aceptación de ese cobro en el mismo momento
de la colegiación. Por lo tanto, respecto de ambos temas nos parece que
hay un avance positivo en el trámite del Senado, pero que ese avance no
es suficiente.
En tercer lugar, tocaré el tema de la explicitación relativa a la
colegiación única. Yo creo que el debate producido con la intervención
del señor Calvo y, finalmente, con la intervención del señor Beguer, por
el Grupo Parlamentario Catalán, ha sido enormemente revelador. Nosotros
no creemos que este proyecto haya empeorado en el Senado. Creemos que ha
mejorado. Y fruto de eso es que nuestro Grupo no va a votar en contra del
mismo, sino que va a abstenerse a diferencia de lo que se hizo en el
Congreso y en Comisión. Vamos a abstenernos en esta votación.
Para acabar, señorías, creo que sobre este tema de los colegios
profesionales no caben más que tres posiciones equivocadas y una
correcta. Las posiciones equivocadas son las siguientes: en primer lugar,
una posición corporativa y arcaica que antepone siempre el interés de los
colegios y de los colegiados al interés general. En segundo lugar, una
posición intervencionista que asfixia la vida profesional mediante
continuas interferencias de los poderes públicos respecto a estas
profesiones, con lo que la organización colegial queda vacía de
contenido, viene a ser un artificio inútil. Por último, y en tercer
lugar, una posición estatalizadora que, en su afán de eliminar cualquier
instancia intermedia entre el Estado y el individuo, desnaturaliza los
colegios reduciéndolos a una mera asociación profesional o a un mero
sindicato de defensa de intereses profesionales.
Creo que frente a esas tres posiciones hay una posición correcta, la
nuestra, a la que se ha acercado notablemente el Grupo Popular en el
trámite de este proyecto de ley. Yo les pediría que cuando este proyecto
sea devuelto al Congreso no caigan en esa posición arcaica, antigua,
trasnochada y representativa de la derecha más tradicional que yo he
creído entrever clara y nítidamente en la intervención del Senador del
Grupo Catalán al defender intereses de los colegios médicos, de los
colegios de procuradores, de los de estomatólogos, farmacéuticos,
etcétera.
Señorías, aquí tenemos que defender, como legítimos representantes de la
soberanía popular, los intereses generales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Galán.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Calvo por
tiempo de diez minutos.
El señor CALVO POCH: Señor Presidente, lamento profunda y sinceramente la
apreciación del portavoz del Grupo de Convergència i Unió, quien
considera que este texto empeora en su trámite en el Senado.
Señoría, le digo con toda la sinceridad del mundo que lo que lamento es
que esta conclusión la extraiga usted, no de la marcha o de la buena
suerte que han sufrido sus enmiendas --tan sólo dos, la referente al
visado de los proyectos y la relacionada con la disposición derogatoria,
que todavía no hemos visto--, sino en función de las novedades que se han
introducido en el trámite de esta Cámara y que realmente no se han
llegado a materializar en enmiendas. En cualquier caso creo que su juicio
ha sido un poco exagerado.
Con referencia a las enmiendas números 26, 27 y 29, creo sinceramente que
la número 26 no puede desagradar a nadie. Esta enmienda nuestra, que
modifica el artículo 5 en su apartado uno, solamente supone una mejora
técnica. Viene a redactar de una mejor forma lo que es la pretensión del
proyecto, es decir, someter todos los acuerdos y decisiones
de los colegios a la Ley de Defensa de la Competencia y a la Ley de
Competencia Desleal, con lo cual, entiendo que se trata de una enmienda
--repito-- que no puede desagradar.
En cuanto a la número 27, tengo que discrepar de usted. No es cierto que
el caso de los médicos sería el único no mencionado en el proyecto. Es
cierto que al final van a ser otros colectivos los que también se van a
mencionar en el proyecto, pero no me podrá decir que nuestro Grupo
Parlamentario ha sido el que ha pedido que se mencione a alguno de los
colectivos. Al contrario, ha sido con el ánimo de llegar a acuerdos, con
el ánimo de establecer el diálogo, por lo que al final se hacen menciones
explícitas a los procuradores y más adelante --ya lo veremos-- a los
arquitectos, pero en ningún caso ha sido iniciativa de nuestro Grupo
Parlamentario que en el texto puedan ser mencionados o no distintos
colectivos.
En cuanto a la enmienda introducida sobre la vigilancia de la publicidad,
tengo que decir que la enmienda que nosotros hemos introducido no hubiera
venido a modificar la situación del texto sin ella, porque en cualquier
caso la libre competencia, que ya se establece a través del artículo 5,
en las profesiones colegiadas debe interpretarse, en nuestra opinión, de
la siguiente manera, y es que no pueden imponerse restricciones a la
publicidad más allá de las establecidas en la Ley General de Publicidad.
O sea, que en cualquier caso la salvedad que usted ofrece para la
abogacía debería haberse presentado igual, se hubiera o no transaccionado
la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista con el Grupo Parlamentario
Popular. En cualquier caso, su enmienda hubiera tenido sentido, con lo
cual no se justifica a raíz de nuestra transaccional, porque las
limitaciones al uso de la publicidad, y no sólo sus limitaciones sino su
ejercicio, quedaban establecidas en el artículo 5.uno.
En lo referente a la enmienda número 29, usted dice que puede afectar a
los colegios pequeños. Yo puedo llegar a estar de acuerdo con usted en
eso, pero en lo que no puedo estar de acuerdo es que su enmienda venga a
corregir ese problema. Es decir, su texto --que no se ha materializado en
enmienda, sino el que usted amablemente me ha dado a mi lectura--, no
viene a corregir el problema de los colegios pequeños. El texto que yo he
tenido la posibilidad de leer lo único que posibilita es que las
condiciones económicas que se permiten entre colegios, habida cuenta de
que ahora estamos en un sistema de colegiación única, pueda corregir los
efectos de la colegiación única. Es decir, no creo que la enmienda 29 sea
la causante de ese problema. En cualquier caso, el texto que usted me ha
dado a leer no mejora el contenido de la actual redacción.
A las palabras del Grupo Parlamentario Socialista tan sólo quiero decir
que no se preocupe el señor Galán. Si ya hemos dado ahora un paso
adelante, no creo que volvamos a dar pasos atrás. En cualquier caso, el
trámite en el Congreso de los Diputados, por respeto entre Cámaras, nunca
debe ser considerado como una vuelta atrás. Lo que cambie el Congreso de
los Diputados podrá ser de nuestro gusto o no, pero nunca será un paso
atrás, ya que tienen la misma legitimidad que nosotros para hacerlo.
Agradezco su intervención y su buen estilo al reconocer los aciertos de
este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Calvo.
Entramos en el debate de la disposición adicional, disposición
transitoria, disposición derogatoria, disposiciones finales, exposición
de motivos y título de la ley.
En primer término, voto particular número 8, del Grupo Parlamentario
Mixto, que corresponde a la enmienda número 14, originariamente
presentada por los Senadores Román Clemente y Nieto Cicuéndez.
Tiene la palabra el Senador Nieto. (El señor Vicepresidente, Rigol i
Roig, ocupa la Presidencia.)
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve. En coherencia con las enmiendas presentadas, las
defiendo en sus justos términos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no hace uso de
la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vicent Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro voto particular número 4 corresponde a la enmienda 33, que se
refiere a que el texto del Congreso de los Diputados deroga cuantas
normas legales o disposiciones administrativas se opongan a la presente
ley. El texto aprobado en Comisión explicita un conjunto de materias
derogadas y otras que permanecen vigentes, pero olvida que de no hacer
una salvedad la derogación del Real Decreto 2.512/1977, de 12 de junio,
dejaría sin especificar los cometidos profesionales de los arquitectos e
incluso aspectos de dicho Decreto que afectan a definiciones técnicas y
su derogación, en consecuencia, originaría verdaderos problemas para la
concesión de licencias de obra.
Asimismo, consideramos que la fórmula de cálculo de honorarios debiera
mantenerse en vigor en los contratos con la Administración del Estado.
Ello es normal toda vez que los contratos con la Administración del
Estado frecuentemente son objeto de concurso y, por tanto, entendemos que
ahí debería haber unos honorarios, cuando menos de carácter orientativo.
En cualquier caso, se nos ha ofrecido una enmienda transaccional que
mejora --entendemos que esta vez sí, Senador Calvo-- el texto anterior,
y, por tanto, daremos nuestro visto bueno y aprobación, en su momento, a
esa enmienda transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Beguer.
Para la defensa del voto particular número 2, del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Las enmiendas números 37 y 38 las defendí en el turno anterior. Voy a
defender en este turno las enmiendas a las disposiciones adicionales,
transitorias y finales.
En primer lugar, la enmienda número 57 introduce una nueva disposición
adicional, la que nosotros titulamos Disposición Adicional Primera, que
insta al Gobierno a que elabore y establezca un programa estratégico de
suelo entre las distintas Administraciones; un programa que entendemos
debe ser concertado, mediante convenios con las Comunidades Autónomas,
que debe contemplar objetivos, que debe contemplar asignaciones
presupuestarias, y, en todo caso, todo ello debe permitir que avancemos
en materia de suelo destinado a viviendas asequibles.
La enmienda número 58 introduce una Disposición Adicional nueva, que
nosotros denominamos segunda, que consideramos muy importante. ¿Por qué?
Porque pretende graduar la aplicación de lo que hoy es proyecto de ley en
razón del número de habitantes en los municipios para poder equilibrar
los efectos de esta ley en municipios medianos y pequeños. La pérdida del
5 por ciento en cesiones obligatorias de aprovechamiento de suelo para
los ayuntamientos afecta también a la libertad que el régimen jurídico
vigente otorgaba a los municipios pequeños. En efecto, el artículo 27 del
texto refundido de la Ley del Suelo de 1992, en relación con su
Disposición Adicional Primera, regulaba sobre el porcentaje de
aprovechamiento susceptible de apropiación por los particulares en suelo
urbano, y esto no lo aplicaba a municipios inferiores a 25.000 habitantes
y sí en el caso de los municipios de entre 25.000 y 50.000 habitantes,
salvo en aquellos casos en que las Comunidades Autónomas, por sí mismas o
a instancias de los municipios, dispusiesen lo contrario.
Por tanto, como la Disposición Derogatoria de este texto del proyecto de
ley deroga todas aquellas normas legales o disposiciones administrativas
que se opongan a lo previsto en este texto, derogaría esa disposición, y,
con ello, los ayuntamientos, independientemente del número de habitantes,
no podrían otorgar a los propietarios del suelo más del 90 por ciento de
los aprovechamientos tipo del área de reparto en que se encuentre la
unidad de ejecución o el correspondiente sector donde se halle. El
problema es que los propietarios de suelo urbano a los que este proyecto
de ley obliga a ceder el 10 por ciento de su aprovechamiento tipo
normalmente rehúsan llevar a cabo acuerdos de urbanización con los
ayuntamientos, y ésa es una situación muy crítica y que se agrava en los
municipios de 25.000 habitantes y también en los que tienen entre 25.000
y 50.000. La aprobación de esta Disposición Adicional Segunda que propone
el Grupo Parlamentario Socialista supondría la resolución de este
problema.
La enmienda número 59 propone una Disposición Adicional nueva que
pretende resolver numerosos litigios que se han producido, derivados de
la aplicación práctica de las normas legales en cuanto a las áreas de
extensión de redes y al reparto de los derechos de acometida eléctrica.
En muchos casos, han sido los propietarios de las viviendas los que han
acabado finalmente pagando este dinero, y no han sido precisamente las
compañías eléctricas, aunque en otros casos los litigios aparecen con los
promotores. Por tanto, instamos al Gobierno a que modifique el reglamento
de acometida eléctrica en el sentido de clarificar ese problema.
La Disposición Transitoria Primera pone plazo a los ayuntamientos para
que fomenten la adaptación de los procedimientos ya iniciados en las
modificaciones que se agilizan y que se disponen en esta ley.
Quiero anunciar que la enmienda número 61 la retiramos en este trámite;
la 63 va a soportar una enmienda transaccional y posteriormente se
retirará para ello; la 64 prevé el desarrollo reglamentario de la ley y
la 62 el carácter de legislación básica, que entendemos es preceptivo
para los artículos 2 y 3 de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.
El Senador Clemente Sanz tiene la palabra en un turno en contra.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
En relación a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, números 57, 58 y 59, quiero decir a la Senadora Pleguezuelos
que, estando en algunos aspectos en el fondo en cierta conformidad con lo
planteado, sin embargo pensamos que en lo que se refiere al Plan
estratégico del suelo --que yo creo que es un documento que ustedes
incorporaron a la Ley de Acompañamiento-- estoy seguro de que el Gobierno
tomará en consideración este documento, y que podría ser útil, sin género
de duda, como elemento muy importante para la elaboración tanto del Plan
de Viviendas, como para el propio nuevo modelo de la Ley del Suelo. Pero
dado que este Plan propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista tiene
su importancia, pensamos que debe remitirse lógicamente a esa nueva Ley
del Suelo, que el Gobierno se ha comprometido a presentar en breve a las
Cortes Generales.
Igualmente, en lo referente a los ayuntamientos, enmienda número 58, yo
creo que la Senadora Pleguezuelos no conoce realmente en profundidad los
ayuntamientos pequeños. Yo conozco a muchos ayuntamientos pequeños que en
los proyectos de urbanización y en los proyectos de planeamiento que
inician los particulares no están tan desamparados. Hay muchos
ayuntamientos pequeños que hacen convenios y, como le decía antes, las
cesiones no solamente son del 15 por ciento; también hacen convenios
entre el 30 y el 35 por ciento. Además, los argumentos que el Partido
Popular ha dado en el debate anterior creo que también son válidos para
estos ayuntamientos. No obstante, como hemos dicho anteriormente, el
urbanismo y el nuevo modelo que se presente a estas Cortes será un modelo
en el cual se tengan en consideración las peculiaridades no solamente
de los ayuntamientos grandes, como puede ocurrir en la actual normativa
urbanística, sino que se haga un urbanismo homologado con la realidad y
aplicable para aquellos ayuntamientos que tienen entidad menor desde el
punto de vista demográfico.
En cuanto a la Disposición Adicional Tercera, enmienda número 59, yo soy
consciente de que ha habido innumerables litigios en este tema en
relación con las compañías eléctricas; y al haber estos litigios
importantísimos, al final, cuando se trata de viviendas de promoción
pública o de protección especial, quien ha pagado siempre las
consecuencias son los usuarios o los posibles destinatarios, porque
tienen que esperar para ocupar las viviendas, también es la propia
Administración, que en muchos momentos, y originado por estos litigios,
se ve implicada e imposibilitada de entregar esas viviendas a los
usuarios a los cuales van a ser destinadas.
Sobre esta enmienda hemos tenido conversaciones, su señoría sabe que está
pendiente un reglamento por parte del Ministerio de Industria y nos
parece lógico que dentro del mismo se contemple esta situación de las
compañías eléctricas, en relación con el enganche y con las viviendas.
En cuanto a la enmienda del portavoz del Grupo Parlamentario Mixto,
simplemente quiero decirle que ya que la ha defendido en sus propios
términos, el Grupo Parlamentario Popular la rechaza en los propios
términos y en los motivos en que se apoya este proyecto presentado por el
Gobierno a este Parlamento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sanz.
En turno de portavoces no se hace uso de la palabra por parte del Grupo
Parlamentario Mixto ni por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Voy a intervenir brevemente, señor
Presidente, señorías.
Las disposiciones que debatimos ahora mejoran, si se me permite
señalarlo, con la incorporación de la enmienda transaccional a la
enmienda número 33, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Evita, tal y como hemos manifestado anteriormente,
derogar las competencias y definiciones profesionales de los arquitectos.
Creemos que hubiese sido mejor mantener la enmienda en su totalidad, que
establecía, sólo respecto a la Administración del Estado, la vigencia en
los honorarios --porque dicha Administración contrata mediante
concursos--, pero en su caso la enmienda mejora el texto y concretamente
la Disposición Derogatoria.
Queremos recordar --nos sabe mal insistir en ello, señor portavoz del
Grupo Parlamentario Popular-- que en Comisión había empeorado el texto
con la incorporación de la enmienda número 32, salvado en parte ahora con
la transaccional referida.
En cambio, con esas modificaciones que se han producido en el Senado,
sorprende que en la Disposición Derogatoria no se haga referencia a
exceptuarse a los procuradores de los tribunales, que no perciben
honorarios, sino aranceles y, en cambio, no son salvados explícitamente,
siéndolo los notarios, los corredores de comercio, los registradores de
la propiedad y mercantiles. Consideramos que ahí vamos a tener otra
laguna legal.
No obstante, señalamos --termino, señorías-- que esta disposición
derogatoria ha mejorado en este caso respecto a la que aprobó en su
momento la Comisión, al incorporarse esta enmienda transaccional.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Beguer.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que hubiera deseado que ya que hay esa cierta aproximación
en el fondo, la hubiera habido en la forma y, al menos, hoy dispusiésemos
de alguna aprobación por parte de su Grupo.
De todas formas, quiero clarificarle algo porque creo que no me ha
entendido. Cuando hablábamos de la enmienda número 58, relativa a los
ayuntamientos pequeños y medianos, quiero entender que usted no ha debido
comprender lo que yo le decía. Cuando usted dice que no conozco los
ayuntamientos pequeños, sin duda debe de referirse a que no he tenido
responsabilidades públicas en un ayuntamiento pequeño, respecto a lo que
tiene toda la razón. Pero conozco la legislación urbanística, conozco la
Disposición Adicional Primera del texto refundido de la Ley del Suelo de
1992 y hace una serie de especialidades de aplicación, que usted conoce
perfectamente, para los ayuntamientos pequeños. Esto es lo que yo quería
trasladar aquí, es decir, cuál es la situación. Es una situación de facto
ya que nos encontremos con que un Real Decreto, hoy proyecto de ley, ha
decidido que las cesiones del suelo para los ayuntamientos se reduzcan
del 15 al 10 por ciento. Señorías, vamos a tratar de resolver aquellos
otros problemas que plantea también la cesión del 10 por ciento, como lo
planteaba el 15. En ese sentido, yo le decía que los ayuntamientos
pequeños, fundamentalmente los menores de 25.000 habitantes, tienen el
problema de que los propietarios de suelo urbano, a los que este proyecto
les obliga a ceder el 10 por ciento, no quieren hacer esos convenios ni
esos acuerdos con los ayuntamientos y, en muchos casos, éstos bajan o
suben el listón en función de los intereses puntuales, del patrimonio y
de la autosuficiencia municipal de patrimonio, que no tienen estos
ayuntamientos. Por tanto, no sería malo que ustedes hubieran aceptado esa
división que ya hoy contempla la Ley vigente.
De todas formas, quiero decirle que, sin duda, la Ley vigente en este
momento sí que ampara a los ayuntamientos pequeños, a los medianos y a
los grandes, lo que pasa es que el Decreto se ha llevado para adelante a
todos en el mismo saco y ése es un grave problema.
Para terminar, quiero decirle algo que ha salido a lo largo del debate de
esta tarde. Se trata de que lo interesante
de todo esto es que estábamos debatiendo la incidencia del suelo
definitivamente en el precio de la vivienda. Y quería decirle, Senador
Sanz, para su conocimiento, que la Comunidad Valenciana no ha modificado
su texto legislativo en materia de suelo; lo que ha hecho ha sido
establecer en el Decreto de vivienda una serie de medidas, entre otras,
reducir las subvenciones del 10 al 35 por ciento, eliminar las viviendas
de precio tasado y algunas otras actuaciones que son las que, al final,
ha modificado y que han encarecido en la Comunidad Valenciana el precio
de la vivienda en 10 puntos, señoría. No creemos que esto deba ser un
precedente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Señoría.
El Senador Sanz tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero advertir a la presidencia que vamos a repartir el tiempo de
portavoces entre el Senador Calvo y yo mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): De acuerdo.
El señor SANZ BLANCO: En relación con los ayuntamientos de menos de
25.000 habitantes, Senadora Pleguezuelos, la he entendido perfectamente,
pero cuando le dije que no conocía los ayuntamientos no me refería, por
supuesto, a que usted no conociera la legislación referente a los
ayuntamientos, sino a que, probablemente, no ha tenido ocasión de conocer
esos mecanismos puestos en la práctica por los ayuntamientos, y no es,
señoría, como usted ha afirmado en estos momentos. Los ayuntamientos
pequeños y aquellos en los que hay proyectos de urbanización, como pueden
ser ayuntamientos relativamente grandes dentro de ese grupo, le puedo
asegurar que tienen buenos asesoramientos y que a los propietarios que
tienen que urbanizar no les quedará más remedio que someterse a esas
normas que en muchas ocasiones son más exigentes de las que contempla
este proyecto de ley.
En cuanto a lo que dice usted de la Comunidad Valenciana, señora
Senadora, no voy a entrar más en este tema. Lo único que le digo es que
esta Comunidad ha padecido durante muchos años el proceso
intervencionista propuesto por el Gobierno anterior del señor Lerma y
que, lógicamente, la Comunidad Valenciana, presidida por el señor Zaplana
en estos momentos, está intentando reformarlo para que la vivienda en
dicha Comunidad no sea como usted dice, porque no es así, sino para que
sea más asequible a los valencianos y a los habitantes de esa Comunidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Señoría.
El señor Calvo tiene la palabra.
El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero aclarar muy brevemente lo que creo que vuelve a ser un argumento
inconsistente, aunque creo que es bueno en sus intenciones. Cuando el
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió afirma que le sorprende que no se hable de los procuradores en la
Disposición Derogatoria, creo que pretende buscar un culpable, y a mí lo
que me sorprende es que, si ustedes fueron los primeros en presentar una
enmienda a esta Disposición Derogatoria, no la presentaran para todos los
colectivos y, sin embargo, que pretendieran hacerlo cuando políticamente
ya no era posible.
Si usted pretende que nosotros seamos los culpables de la situación que
se puede producir en la Disposición Derogatoria, estoy de acuerdo, pero
siempre con una responsabilidad compartida con ustedes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la votación.
Sometemos a votación en primer lugar las enmiendas presentadas por el
Grupo Mixto, originariamente de la Senadora De Boneta y Piedra, números
1, 2 y 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 84; en contra, 124.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 y 14, originariamente presentadas por los Senadores Román Clemente y
Nieto Cicuéndez. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene su señoría la palabra.
El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor Presidente.
Pedimos votación separada. En primer lugar, opinamos que la enmienda
número 14 habría que votarla con el grupo de las enmiendas a las
adicionales.
En segundo lugar, en cuanto a las enmiendas a los artículos 1 al 4,
solicitamos votación separada, en un bloque, de las números 4, 7, 8, 9 y
13, de la número 12, en otro bloque, y de las restantes, en otro tercer
bloque.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muy bien, vamos a someter primero
a votación la enmienda número 12.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, uno; en contra, 203; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, vamos a someter a votación las enmiendas números 4, 7, 8,
9 y 13.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 81; en contra, 125; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas números 5, 6, 10 y 11.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, dos; en contra, 126; abstenciones, 81.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
La enmienda número 14 la votaremos en su momento.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 15, 16 y 17.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 83; en contra, 125.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Señorías, sometemos a votación las enmiendas números 18 a 20, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. (El señor Beguer i
Oliveres pide la palabra.)
¿Pide su señoría votación separada?
El señor BEGUER I OLIVERES: Sí, señor Presidente, solicitamos votación
separada de la enmienda número 22.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Estamos sometiendo a votación las
enmiendas números 18 a 20.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 84; en contra, 125.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Vamos a someter a votación las enmiendas números 37 a 40.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 82; en contra, 124; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas números 24 y 25. (El señor Aleu i
Jornet pide la palabra.
--Rumores.)
Señorías, estamos intentando complacer al Grupo Parlamentario Socialista
para segregar las enmiendas a la primera parte del proyecto de ley de la
segunda, que no se corresponden con el guión que tiene el Presidente. Por
lo tanto, para poder complacer al citado Grupo, pido a sus señorías que
comprendan esta situación. Se puede hacer perfectamente.
Tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, pedimos votación separada.
Renunciamos a esta pretensión si se va a votar así, pero como se inició
la votación con las enmiendas de la Senadora De Boneta, votando las tres
formuladas a los capítulos I al IV, pensábamos que éste era el criterio.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): No era ése.
El señor ALEU I JORNET: En este caso concreto, pedimos votación separada
de estas dos enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muy bien.
Sometemos a votación la enmienda número 24.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 84; en contra, 125.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, sometemos a votación la enmienda número 25.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, seis; en contra, 203.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Sometemos a votación la enmienda número 22, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, seis; en contra, 193; abstenciones, 10.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación vamos a someter a votación el voto particular número 9 del
Senador Beguer i Oliveres, que propone el mantenimiento de la redacción
inicial del párrafo segundo del apartado Uno y del párrafo segundo del
apartado Dos del artículo 5, volviendo así al texto remitido por el
Congreso de los Diputados.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 10; en contra, 195; abstenciones, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazado.
Votamos la enmienda número 34.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 10; en contra, 193; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación vamos a someter a votación el voto particular del Grupo
Parlamentario Socialista, enmiendas números 41 a 43 y 45 a 56, excepto la
enmienda número 41, que soporta una transaccional, así como la número 54,
y tampoco las números 51 y 52, que han sido retiradas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 80; en contra, 125; abstenciones, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
La enmienda número 28 soporta una transaccional y, por lo tanto, votamos
la enmienda número 14 del Senador Nieto Cicuéndez.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, dos; en contra, 130; abstenciones, 76.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
La enmienda número 33, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, soporta una transaccional.
Vamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista números 35, 36 y 57 a 64, excepto la enmienda número 61, que
ha sido retirada, y la número 63, que soporta una transaccional. (El
señor Beguer i Oliveres pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, ¿vamos a votar también la
enmienda número 33, transaccional, de Convergència i Unió, o solamente
las del Grupo Parlamentario Socialista?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Las enmiendas transaccionales de
momento quedan pendientes y las votaremos todas al final.
Vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista tal y como se han enumerado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a
favor, 76; en contra, 124; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Vamos a someter a votación las transaccionales. Primeramente votaremos
solamente la que se apoya en la enmienda número 63.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 193; en contra, 15; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
A continuación, vamos a someter a votación las enmiendas transaccionales
que se apoyan en las números 28, 33, 41 y 54. (Los señores Beguer i
Oliveres y Aleu i Jornet piden la palabra.) Tiene la palabra el Senador
Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, solicitamos votación
separada de las que se apoyan en las enmiendas números 28 y 33 por un
lado, y las restantes por otro en un solo bloque.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Pedimos votación separada de la que soporta la
número 28.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Vamos a someter a votación la enmienda que se apoya en la número 28.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 127; en contra, 82.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
Votamos la enmienda transaccional soportada por la número 33.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 205; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
A continuación, vamos a someter a votación las enmiendas transaccionales
soportadas por las números 41 y 54.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 196; en contra, 11; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobadas.
Vamos a someter a votación el texto del Dictamen. Primeramente se votarán
los artículos del 1 al 4, segregando el artículo número 2. Votamos el
artículo número 2 del texto del Dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 125; en contra, 82; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
A continuación, sometemos a votación los artículos números 1, 3 y 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 128; en contra, 79; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobados. Vamos a someter
a votación el artículo 5. (El señor Beguer i Oliveres pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, dentro del artículo 5,
solicitamos votación separada del apartado 1, 2, 4 y el nuevo apartado
consecuencia de la enmienda transaccional número 54 en un bloque, y el
resto en otro bloque.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación los
apartados números 1, 2 y 4 y el nuevo apartado que ha sido introducido a
través de una transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 117; en contra, 17; abstenciones, 74.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobados.
A continuación, sometemos a votación el resto del artículo 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 128; en contra, seis; abstenciones, 75.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Vamos a someter a votación las disposiciones adicional, transitoria,
derogatoria y finales, exposición de motivos y título de la Ley, según el
dictamen. (El señor Beguer i Oliveres pide la palabra.) Tiene la palabra
su señoría.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, solicitamos votación
separada de la disposición final primera.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Sometemos a votación la
disposición final primera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 118; en contra, 89; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
A continuación, sometemos a votación las disposiciones adicional,
transitoria, derogatoria y finales, la exposición de motivos y el título
de la Ley, según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 127; en contra, 81.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULA LA CONFERENCIA PARA ASUNTOS
RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS. (S. 621/000008.) (C. D.
121/000010.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación, vamos a debatir y
a votar el texto de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en
relación con el proyecto de Ley por el que se regula la Conferencia para
asuntos relacionados con las Comunidades Europeas.
¿Ha designado la Comisión a un representante para presentar el dictamen a
esta Cámara? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tengo el honor de subir a esta tribuna para presentar, en
nombre de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, su dictamen
al proyecto de Ley
por el que se regula la Conferencia para asuntos relacionados con las
Comunidades Europeas.
El objetivo del mismo es llevar a cabo una regulación normativa de la
conferencia, de acuerdo con la experiencia adquirida y la propia práctica
de funcionamiento llevada hasta la fecha. Con ello se refuerza la
articulación del mecanismo de cooperación, garantizando un procedimiento
para la participación efectiva de las Comunidades Autónomas en la
elaboración y ejecución del derecho comunitario, así como el desarrollo
de la construcción europea, participando estas Comunidades Autónomas
tanto en la fase de formación de la voluntad del Estado en el seno de las
Comunidades Europeas como en la aplicación del derecho comunitario y de
los actos de las instituciones. El proyecto recepcionado constaba de
cuatro artículos, una disposición adicional y una disposición final,
precedidos de la exposición de motivos.
Tramitado por el procedimiento de urgencia, con fecha 4 de diciembre de
1996 tuvo entrada en esta Cámara el texto remitido por el Congreso y
aprobado en la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas con
competencia legislativa plena, siendo publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», sección Senado, serie II, número ocho, de la misma
fecha.
El plazo para la presentación de enmiendas que terminaba el 17 de
diciembre fue ampliado hasta el día 23. En dicho plazo se presentaron 43
enmiendas, siete de las cuales lo fueron por el Grupo Parlamentario
Mixto, una de la Senadora De Boneta y seis del Senador Ríos, 25 del Grupo
Parlamentario Socialista, dos del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió y nueve del Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia asignada para estudiar el proyecto, integrada por los
Senadores Ferrer, Huidobro, Yebra, Pimentel, Onaindía, Ríos, Uriarte y
Zubía, emitió su informe con fecha de 4 de febrero de 1997, acordando por
unanimidad incorporar al texto la enmienda número uno de la Senadora De
Boneta, las enmiendas números 33 y 34 del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió y la introducción de una enmienda
transaccional que afecta a la rúbrica de todos los artículos y
disposiciones adicionales en relación a la enmienda número 3 del Senador
Ríos. Asimismo, acuerda por mayoría incorporar el texto de las enmiendas
números 35 a 43 del Grupo Parlamentario Popular con la inclusión de una
nueva disposición adicional.
En relación al resto de las enmiendas, acuerda también por mayoría no
incorporarlas al texto sin perjuicio de su posterior estudio del acuerdo
definitivo que sobre la misma adopte la Comisión General de las
Comunidades Autónomas. Dicha Comisión, con fecha 6 de febrero, acordó
aceptar como dictamen de la misma el texto del informe presentado y
emitido por la Ponencia. Para su debate en este Pleno se han presentado
tres votos particulares, el número uno del Senador Ríos para la defensa
de sus enmiendas números 4 y 7; el número dos, también del Senador Ríos,
de supresión de la disposición adicional segunda introducida en virtud de
la enmienda 43 del Grupo Parlamentario Popular, y el número tres del
Grupo Parlamentario Socialista para la defensa de las enmiendas números
9, 12, 13, 26, 27 y 31.
Finalmente, señor Presidente, señorías, creo coincidir con el sentir de
todos los miembros de la Comisión si expreso la satisfacción con que se
han desarrollado los trabajos propios del trámite correspondiente a ese
proyecto de ley por el que se regula la Conferencia para asuntos
relacionados con las Comunidades Autónomas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cardona.
Entramos en el debate de totalidad. No hay turno a favor. Tampoco hay
turno en contra ni turno de portavoces. Pasamos a la defensa de las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el Senador Onaindía.
El señor ONAINDIA NACHIONDO: Muchas gracias, señor Presidente.
El objeto de mi intervención es explicar cuál es el sentido del voto del
Grupo Parlamentario Socialista y defender media docena de las 25
enmiendas que habíamos presentado al comienzo de la tramitación.
El voto del Grupo Parlamentario Socialista va a ser afirmativo, como no
podía ser de otra manera, pues no en vano el Grupo Parlamentario
Socialista está totalmente de acuerdo con cada uno de los artículos de
este proyecto de ley. Pero es su voto relativamente desilusionado y
relativamente decepcionado o, por lo menos, es un voto bastante
preocupado. Esto es lo que me voy a limitar a explicar en estos momentos.
Hay que tener en cuenta el proceso que se ha seguido para llegar a este
punto en que se va a probar este proyecto de ley. Ha habido un proceso
doble, por una parte un proceso pragmático llevado a cabo en la década de
los años ochenta y hasta 1993 por parte del Gobierno socialista en
colaboración con las Comunidades Autónomas. Un proceso pragmático con
marchas adelante y atrás que se concreta en tres Decretos-leyes, el
Decreto-ley de 1984, el de 1992 y el de 1994 en los que se regula
precisamente la participación de las Comunidades Autónomas en la
construcción europea y, sobre todo, las conferencias sectoriales.
Pero hay también otro proceso que se ha llevado en esta Cámara. Se trata
de un proceso que surge del debate mantenido en la Comisión General de
las Comunidades Autónomas por parte del Presidente del Gobierno, a la
sazón Felipe González, y por parte de todas las Comunidades Autónomas y
sus Presidentes, a excepción del de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
uno de los acontecimientos más importantes de la pasada Legislatura, no
sólo por la trascendencia del debate en sí sino porque se crearon cuatro
Ponencias que si hubieran funcionado, si hubieran emitido un informe del
que hubieran surgido unas leyes, habrían significado una profunda
transformación del Estado de las Autonomías en un Estado autonómico. Es
decir, un Estado heredero por una parte de unas estructuras del viejo
centralismo, y junto a esta Administración estatal unas Comunidades
Autónomas surgidas «ex novo» después
de la transición. Con este aparato tan complejo --si se hubieran llevado
a cabo estas Ponencias y esta transformación-- nos habríamos encontrado
ante un Estado autonómico, es decir, ante un Estado con un funcionamiento
mucho más racional, mucho más democrático, mucho más transparente, y en
el que los valores de la solidaridad y la cooperación habrían sido más
importantes.
No en vano, en la primera fase el aspecto más característico de ese
proceso era la colaboración bilateral entre cada una de las Comunidades
Autónomas y el Gobierno central porque, como decía la Constitución, era
así como se tenía que hacer la transferencia de todos los servicios para
que las Comunidades Autónomas pudieran ejercer sus competencias. Sin
embargo, si hubiéramos sido capaces durante la pasada Legislatura de
dictaminar en el Senado la financiación autonómica, la participación de
las Comunidades Autónomas en la Unión Europea, y de realizar la reforma
del Senado, y por otra parte hubiéramos llevado a cabo una Ponencia sobre
la aplicación y evaluación de los fondos europeos y evaluación del Fondo
de Compensación Interterritorial en el sistema de financiación autonómica
--éste era el título de la cuarta Ponencia--, nos encontraríamos ahora
ante una realidad muy diferente.
Creo que todavía estamos a tiempo. No en vano dentro de un mes, los días
11 y 12 de marzo, se celebrará otra vez un debate sobre el Estado
autonómico. Creo que se debería dar un nuevo impulso dentro de esa
estrategia de transformar esta Cámara, Cámara que se convierte por una
parte en garante del autogobierno de las Comunidades Autónomas y por otra
en valedora de los hechos diferenciales y asimismo de los instrumentos
necesarios para vehicular la solidaridad entre las Comunidades Autónomas
y los ciudadanos españoles.
Nosotros mantenemos seis enmiendas que nos parecían fundamentales para
que este proyecto no se dirigiera simplemente a regular la Conferencia
sectorial sino para que a través del mismo se diera una respuesta global
al problema de la participación de las Comunidades Autónomas en la
construcción europea. Nos parecía importante que hubiera una declaración
de principios respecto de que las Comunidades Autónomas tienen derecho a
participar en la Unión Europea. Nos parecía importante que el Ministro de
Asuntos Exteriores participara en las Conferencias sectoriales ya que de
esta manera éstas serían mucho más eficientes. Nos pareció también
importante que se le garantice un papel al Senado, es decir, que las
Comunidades Autónomas o las Conferencias sectoriales dieran cuenta una
vez al año de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de cuál ha
sido su funcionamiento y su labor a lo largo de ese ejercicio, algo que
aparece ya en el propio Reglamento del Senado. Además, puesto que este
proyecto de ley se convierte en ley y da un rango superior a unos
determinados Decretos-leyes --los tres que he citado antes--, parece
lógico que para dar más coherencia al conjunto del sistema debería
recogerse esa pretensión.
Por otra parte, nos parece también de importancia que la evolución que
tiene que sufrir el Estado de las Autonomías en un Estado autonómico, sea
mucho más importante la preocupación por la transparencia y por el
autogobierno de las Comunidades Autónomas, que haya un sistema que
garantice el autogobierno y los hechos diferenciales --como he dicho--,
que éstos no dependan ni estén al albur de coyunturas políticas
determinadas, del resultado de las elecciones o de una voluntad de
autogobierno de determinados partidos, sino que sea el conjunto del
sistema el que los garantice. Por eso es clave la existencia de una
transparencia.
Siempre se ha criticado, y yo creo que con razón, que todo el proceso de
construcción europea implicaba un grado de opacidad muy peligroso para la
democracia y, por tanto, nos parece fundamental que estas conferencias
sectoriales fueran transparentes, que sus resoluciones fueran publicadas
y que los acuerdos tumbaran el grado de recomendaciones al Gobierno.
Finalmente, nos parece que hay una asignatura pendiente en este proyecto
de ley, y en general en toda la problemática que se plantea de la
participación de las Comunidades Autónomas en la construcción europea, y
es el asunto no sólo de la configuración de la voluntad del Estado o de
la aplicación de la normativa europea en el Estado y en las Comunidades
Autónoma, sino también que pueda haber una representación. Que una
Comunidad Autónoma pueda representar al conjunto del Estado ante la Unión
Europea es un derecho reconocido en determinados decretos y, sin embargo,
es muy difícil ponerlo en práctica. De acuerdo con el informe de la
ponencia, que se aprobó en la legislatura pasada, se consideraba que
podían arbitrarse mecanismos, como por ejemplo, que las Comunidades
Autónomas pudieran --y poder no es obligar-- celebrar reuniones sin la
presencia de la representación de la Administración central para que
pudieran elaborar su propia voluntad general.
Por tanto, nosotros vamos a votar a favor, pero nos parece que hay unas
asignaturas pendientes, que han quedado orilladas y que debemos asumir
que debemos intentar resolver, porque si no puede haber un cierto grado
de desconfianza, como ha ocurrido en la financiación autonómica. A mí me
ha sorprendido profundamente la actitud, en concreto, de los partidos
nacionalistas, que hace sólo una legislatura ponían el acento en
determinados aspectos, como la participación en el IRPF, etcétera, que no
figuran en este decreto ley y, sin embargo, parece que su disposición es
bastante favorable a aceptar.
Creo que cometeríamos un error si no respetáramos y mantuviéramos ese
pulso del impulso racionalizador que significó en su día la creación de
esas cuatro ponencias e hiciéramos una tarea más bien rutinaria de poner
orden en las cosas que se han ido haciendo, sin dar unos pasos más
adelante hacia esa tarea que yo pienso que es la principal del Senado;
adaptar el Senado a la Constitución y transformar de hecho un Estado de
las Autonomías, insisto, en un Estado autonómico.
Entiendo que estos asuntos no deberíamos dejarlos al margen ni olvidarnos
de ello, sino que dentro de un mes, cuando se celebre ese debate,
reflexionar sobre si merece la pena crear ponencias para estudiar estas
cuestiones. Yo creo que sí, porque me parece que ese espíritu que existió
en la legislatura pasada, en esa Ponencia que llegó a elaborar un
dictamen por absoluta unanimidad de todos los grupos
es la base y el fundamento sobre el que se puede llevar a cabo una
transformación democrática, en favor de la transparencia y de la
participación en la construcción española por parte de los ciudadanos y
de las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Onaindía.
Tiene la palabra el Senador Huidobro.
El señor HUIDOBRO DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, el debate de este proyecto de ley en el
Congreso de los Diputados y el debate que se ha llevado a cabo en el
Senado ha puesto de manifiesto que hay una opinión unánime sobre la
necesidad de que las Comunidades Autónomas participen en la elaboración
de la voluntad del Estado, la que ha de representar ante las Comunidades
Europeas, y que participen también en las formas, métodos e instrumentos
que han de llevarse a cabo para que las normas jurídicas, para que el
derecho creado en las Comunidades Europeas se aplique de manera efectiva
en todo el territorio nacional y para que además de aplicarse de manera
efectiva se establezcan signos de responsabilidad en el caso de que no se
hayan cumplido estos requisitos, puesto que, como sabemos, quien tiene
que responder de ese cumplimiento o incumplimiento es el Estado español,
el Reino de España y no cada una de las Comunidades Europeas.
Por lo tanto, partimos de la base de que este proyecto de ley es un
proyecto de ley que a todos nos interesa, cuyo texto, según se ha
manifestado en varias ocasiones, es un texto aceptado por todo el mundo,
y lo único que ocurre es que para algunos grupos políticos este proyecto
de ley no resuelve todos los problemas que la participación de las
Comunidades Autónomas en la construcción europea y no en la formación de
la voluntad del Estado, que debe representar ante las Comunidades
Europeas, plantea.
Creo que éste es el sentido de las enmiendas que se han mantenido por el
Grupo Parlamentario Socialista. Así se ha hecho saber en algunas
ocasiones: El texto de este proyecto de ley no nos disgusta, pero nos
parece que nos hemos quedado cortos en relación con lo que habría que
hacer.
Respecto a ese problema, y en términos generales, yo quiero hacer una
manifestación: este proyecto de ley se llama proyecto de ley que regula
la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, es
decir, tiene un contenido muy concreto, no habla de la participación de
las Comunidades Autónoma en toda la construcción europea. Quiere esto
decir que con este proyecto de ley no cerramos camino alguno que en el
futuro pueda seguir adelante, sino que es un proyecto de ley que regula
algunas materias en exclusiva.
Dicho esto, y agradeciendo a todos los grupos el trabajo que se ha
realizado en Ponencia y en Comisión, teniendo en cuenta las enmiendas que
se han retirado y las que se han aceptado, voy a hacer una breve
referencia a las enmiendas que quedan vivas.
La primera de ellas es la número 9, en la que se pide concretamente que
se haga constar de manera más incisiva el reconocimiento del derecho que
corresponde a las Comunidades Autónomas para participar en la formación
de la voluntad del Estado. Yo creo que el simple hecho de presentarlo y
el texto que tiene el proyecto son suficientes para que esto quede
reconocido y no sea necesario hacer más hincapié en esta materia.
La enmienda número 12 propone un simple cambio gramatical: donde dice
«esta Conferencia está constituida», que diga: «está constituida esta
Conferencia». Puesto que creemos que dice lo mismo y no tiene ninguna
importancia, vamos a seguir el sistema de mantener el texto que tiene el
proyecto.
En la enmienda número 13 se hace referencia a unas conferencias
sectoriales de las Comunidades Autónomas, es decir, que las Comunidades
Autónomas pueden reunirse previamente o con posterioridad a una
Conferencia sectorial en la que interviene el Gobierno de la nación y que
pueden fijar su postura. Nada impide que así sea, pero ésa no es la
Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, sino
que es otra Conferencia, otra que no se puede regular aquí, otra en la
que no interviene el Gobierno de la nación, y por tanto nada impide que
se celebren estas reuniones, y no solamente no lo impide, sino que sería
conveniente que cuando las Comunidades Autónomas comparecen o se reúnen
con el Gobierno de la nación para algún tema concreto, lleven una postura
única o una postura divergente para poder presentar esta materia; es
decir, está claro que es necesaria esta reunión y está claro también que
éste no es el lugar adecuado para regularlo.
Otra de las enmiendas es la número 26, en la que se pide que haya una
dación de cuenta de esta Conferencia en el trabajo que se está
realizando. ¿Qué inconveniente hay para que desde los grupos
parlamentarios se pida la comparecencia del Ministro que preside esta
Conferencia para que dé cuenta de lo que ha pasado en las reuniones que
han tenido lugar? Punto primero. ¿Qué inconveniente hay para que el
propio Ministro pida comparecer ante la Comisión de las Comunidades
Autónomas para dar cuenta de los debates que ha habido en esta Comunidad
Autónoma?
Por tanto, no añade nada, y como no añade nada, decimos que estamos de
acuerdo con la idea general, es decir, que tendrá que comparecer el
Ministro para dar cuenta como Presidente de esta Conferencia sectorial de
lo que se ha tratado, de cuál es esta voluntad. Pero no añade nada.
Tenemos cauces e instrumentos adecuados para llevarlo a cabo. El que las
decisiones que se tomen adopten la forma de resolución, y que se
publiquen en el Boletín Oficial del Estado y de las Comunidades
Autónomas, nos parece peligroso porque en esta Conferencia no todas las
decisiones o acuerdos que se toman hacen referencia propiamente a la
formación de la voluntad. A veces no es eso lo que se decide; a veces se
deciden cuestiones que no son verdaderas recomendaciones al Gobierno,
que, por otra parte, está dentro de la propia Conferencia, y publicar en
el Boletín Oficial del Estado algo que se refiere, por ejemplo, al
funcionamiento
interno de la Conferencia u otras razones parecidas nos parece excesivo.
Por otra parte, es una costumbre que se viene aplicando cuando hace
relación a terceros o surte efecto frente a terceros el hecho de que
acuerdos que realmente son aprobados por todos los miembros de la
Conferencia ya han sido publicados y se seguirán publicando.
Por último, para terminar, tengo que referirme a algo que se dice
respecto a que se da un año al Gobierno para que regule toda la materia
relativa a la participación de las Comunidades Autónomas en la
construcción de Europa. Nosotros pensamos que, puesto que aquí se ha
venido trabajando de manera unánime e insistente, como lo demuestra la
Ponencia que aquí se llevó a cabo y que, por unanimidad, tenía un texto
que no llegó a aprobarse en el Pleno del Senado, pero que sí era un texto
adecuado, sigamos en ese camino, pero no adelantemos acontecimientos,
porque en este momento, incluso en las propias Comunidades Europeas hay
un proceso que no está terminado. El hecho de que hace muy pocos años se
creara un Comité de las regiones que antes no existía, que ha venido a
sustituir en buena parte a otras conferencias que existían con
anterioridad, demuestra que el proceso está en marcha, que no ha
terminado, pero no ha terminado ni en las Comunidades Europeas ni en la
Unión Europea. No vamos a dar nosotros pasos excesivos adelantándonos a
algo que lógicamente tendremos que hacer, pero que necesariamente no
tenemos que hacer en esta Ley.
Por esa razón pedimos al Grupo Parlamentario Socialista que muestre su
satisfacción por cómo está el texto --que ya ha dicho que sí-- y al resto
de los Grupos que aprueben el dictamen, que lo voten afirmativamente, y
que tengan en cuenta que sus enmiendas que tienen razón de ser en un
conjunto de la participación de las Comunidades Autónomas en la
construcción europea, no tienen nada que hacer en este proyecto de ley
porque no aportan nada nuevo y en algunos casos complican la situación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Huidobro.
En turno de portavoces, el Senador Nieto tiene la palabra.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad, quiero manifestar por parte del señor Ríos y de la señora
De Boneta, que han tenido que marcharse, el apoyo al dictamen.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Vamos a someter a votación, primero, las enmiendas números 9, 12, 13, 26,
27 y 31 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a
favor, 69; en contra, 119; abstenciones, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación vamos a someter a votación la propuesta de modificación
del dictamen, firmado por todos los grupos. Se refieren a los artículos
2, 3.a) y 3.b).
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a
favor, 190; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
Sometemos a votación el texto del dictamen, de los artículos uno a
cuatro, disposiciones adicionales primera y segunda, disposición final y
exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a
favor, 192.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo
por Su Majestad el Rey. (Los señores Senadores comienzan a abandonar el
Hemiciclo.)
Senadores, ahora debería decir las palabras rituales de se levanta la
sesión, pero creo que ya no hace falta.
Eran las veinte horas y cuarenta y cinco minutos.