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12 DESEMBRE 2017

XII LEGISLATURA

El presidente del Senado clausura la Escuela de verano organizada por la Universidad Católica de Ávila y La Razón

El presidente del Senado clausura la Escuela de verano organizada por la Universidad Católica de Ávila y La Razón

21/09/2017

Muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor poder estar hoy, aquí, con todos ustedes en la clausura de esta Escuela de Verano organizada por la Universidad Católica de Ávila y por el periódico La Razón.
 
Sin duda, ha sido ésta una convocatoria de indudable interés académico y social que, a lo largo de dos jornadas, ha hecho posible el concurso de destacados representantes del campo político, judicial, universitario o periodístico.
 
Voces, todas ellas, que han hablado con gran conocimiento de causa; que han podido expresar sus respectivos puntos de vista y debatirlos libremente; y que, precisamente gracias a eso, estoy seguro de que han logrado, al final, que todos los participantes en esta Escuela de Verano vayan a salir de aquí con un mayor conocimiento y una perspectiva más amplia sobre el tema central de este encuentro.
 
Un tema, el de los populismos y nacionalismos, que está condicionando –he de decir que lamentablemente- la actividad política de las democracias liberales en este arranque del siglo XXI.
 
Y que, en este mes de septiembre, en el arranque del curso político, copa la atención y la preocupación de todos los españoles, tras el golpe a la democracia llevado a cabo por los partidos independentistas, los pasados 6 y 7 de septiembre, en el Parlamento de Cataluña.
 
Un despropósito que se sustancia, como todos sabemos, en la convocatoria ilegal, el próximo 1 de octubre, de un simulacro de referéndum encaminado a la ruptura unilateral del orden constitucional.
 
O, lo que es lo mismo, a violentar nuestra soberanía nacional y quebrar las normas más elementales de la convivencia democrática, en España y, especialmente, en Cataluña.
 
Una Cataluña que, por esa vía de ilegalidad, acabaría desconectada, no ya de España, como ellos dicen, sino de Europa y de la democracia occidental.
 
Como la actualidad siempre manda; y como, además, en este caso concreto, sirve perfectamente para ilustrar la cuestión de fondo tratada en esta Escuela de Verano (es decir, el rebrote de los nacionalismos y los populismos), quisiera aportar algunas reflexiones sobre la crisis política que los secesionistas han desatado en Cataluña.
 
Y, sobre todo, explicar las razones por las que su órdago está condenado al más estrepitoso de los fracasos.
 
Pero permítanme que, antes de ello, haga un par de consideraciones generales.
 
Por desalentador que pueda parecernos, vivimos un tiempo en el que no hay más remedio que reivindicar lo evidente. Cuando, como hoy sucede, hay principios fundamentales para nuestro orden político y social que son puestos en solfa, no podemos estar callados. Ni los responsables políticos, ni los representantes más destacados de la sociedad civil, ni, en general, los llamados “líderes de opinión”. Nadie, por pedagogía y por compromiso cívico, debería cansarse de reivindicar a diario la importancia de algunas cuestiones esenciales para nuestra convivencia en paz y libertad.
 
Lo primero, el inmenso valor de la democracia liberal, el sistema político del que los españoles gozamos desde hace cuarenta años, que han sido, con diferencia, los más prósperos de toda nuestra historia.
 
Ese sistema político, que empezó a fraguar hace más de dos siglos en ambas orillas del Atlántico y al que tanto nos costó incorporarnos plena y establemente, es el mejor que nunca se haya inventado para, entre otras cosas:
 
- Garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y su bienestar
- Poner coto al abuso de poder
- Y aproximarnos lo más posible, en la práctica, en el marco de sociedades grandes y plurales, al ideal de un autogobierno colectivo.
 
Gracias a su complejo sistema de controles, equilibrios y garantías legales –eso que conocemos como Estado de derecho-, la democracia liberal ha acreditado, como ningún otro sistema, su validez para resolver pacíficamente los conflictos que son inherentes a la convivencia en el seno de sociedades libres.
 
La democracia se sustenta sobre la libertad de pensamiento y de expresión, sobre la coexistencia de distintos modos de entender el mundo y los llamados “fines de la vida”.
 
Porque, lejos de considerar esa pluralidad como un obstáculo, la auténtica democracia ve en ella una oportunidad de progreso, de avanzar mediante una discusión pública de las ideas, basada en la tolerancia y en la aceptación por todos de unas reglas de juego.
 
Sin embargo, esto, que es una de las mayores grandezas de los sistemas democráticos modernos, constituye también una de sus mayores debilidades.
 
Como señalo Karl Popper, las sociedades abiertas siempre se han de enfrentar con incansables enemigos que se valen, precisamente, de esa misma apertura, para intentar socavarlas y destruirlas desde dentro.
 
Son enemigos que siempre están ahí, de modo más o menos latente, y que invariablemente asoman la cabeza en los  momentos de dificultad o de debilidad, para intentar sacar tajada.
 
Esos enemigos de la libertad han adoptado históricamente diversos nombres: fascismo, nazismo, comunismo o cualquier otro “ismo” precedido del nombre personal del líder carismático de turno.
 
De modo más general, hablamos también de nacionalismos y populismos: términos cuyos contornos siempre son difusos, a veces equívocos, y que  muchas veces se mezclan entre sí.
 
Porque, por ejemplo, nos encontramos tanto con populismos con gorro de extrema izquierda, como con gorro de extrema derecha.
 
O porque tampoco es justo meter a todos los nacionalismos en un mismo saco. Aunque con una simplificación quizá excesiva, pero esclarecedora, algunos estudiosos de la ciencia política distinguen entre dos tipos de nacionalismos muy distintos:
 
Uno que podríamos catalogar como cívico y que se basa en una idea de nación entendida como entidad política enraizada, sí, en una tradición histórica y cultural; pero en la que prima la idea de comunidad voluntaria de ciudadanos libres e iguales.
 
 
 
Este concepto de nacionalismo -asimilable con eso que también se conoce como patriotismo constitucional- ofrece una visión abierta e integradora de la diversidad propia de las sociedades modernas; y hace posible la coexistencia de distintas sensibilidades identitarias dentro de un orden jurídico-político común.
 
Se trataría, por tanto, de un nacionalismo perfectamente democrático.
 
Frente a este nacionalismo cívico e inclusivo, encontramos otro radicalmente cerrado en sí mismo, incluso con tintes etnicistas.
 
Esta versión, que podríamos calificar como ultra nacionalista, antepone siempre la homogeneidad a la pluralidad, la pureza a la mezcla. Y, en su obsesión por distinguirse, acaba parapetado tras un bunker identitario, que construye por todos los medios a su alcance:
 
Ya se trate del conflicto inacabable contra un supuesto enemigo externo; del victimismo a todo trance; o de la invención de fantásticos relatos “nacionales” (grandes comillas) para adoctrinamiento de fieles y bochorno de historiadores.
 
Esta es la versión del nacionalismo que conocemos tan bien, porque es la que, desgraciadamente, hoy se ha hecho hegemónica en Cataluña, al menos en lo que se refiere al acaparamiento del espacio público.
 
Es el nacionalismo que ha degenerado en abierto secesionismo, instalándose en una deriva enloquecida, que lo ha llevado ya a situarse fuera del tablero de juego democrático.
 
Así es: el soberanismo es hoy un tren a ninguna parte en el que quienes, hasta no hace tanto, eran nacionalistas moderados que podían presumir de su contribución a la gobernabilidad de España, ahora han encontrado asiento –no sé de qué clase- entre populistas de extrema izquierda y grupos antisistema.
 
Cabe preguntarse el porqué de una alianza estratégica que, hace unos pocos años, nos hubiera parecido inconcebible.
 
Seguramente, de eso, entre otras muchas cosas, se habrá hablado aquí en estos dos días. Por mi parte, sólo querría apuntar algunas características comunes de estas dos orientaciones políticas que, quizá, puedan ayudarnos a entender su actual confluencia.
 
En primer lugar, tanto populistas como ultra nacionalistas coinciden en sus incomodidad frente al pluralismo político y, por consiguiente, frente al esfuerzo de diálogo y transacción a que ello obliga.
 
Es una incomodidad que, seguramente, guarda relación con ese equivocado sentimiento de superioridad moral del que suelen hacer gala en la defensa de sus planteamientos.
 
Y que, además, parece justificarles en la usurpación del título de portavoces exclusivos de la voluntad popular, del que tanto alardean.
 
Lo escuchamos a diario: escuchamos a todos los líderes independentistas decir que debemos plegarnos a sus deseos, por la sencilla razón de que ellos hablan en nombre del pueblo catalán y que, por consiguiente, quienes no estén de acuerdo con sus planteamientos son enemigos de Cataluña.
 
De modo similar, siempre que los líderes populistas expresan su parecer, nos dicen que lo hacen en nombre de la “gente” y, por lo visto, eso basta por sí solo para que sus juicios sean irrebatibles.
 
Sin embargo, todos ellos, los unos y los otros, saben –o deberían saber- que tanto la sociedad catalana como el conjunto de la sociedad española, son sociedades libres y, por tanto, plurales. Y que, en democracia, ni siquiera la mitad más uno de los votos te legitima para monopolizar la voz de todos.
 
Sucede, pues, que populistas y secesionistas confluyen en un mismo afán por acaparar, no ya la representación del pueblo, sino su dirección política.
 
Probablemente, lo que más les gustaría  a todo ellos es que la sociedad fuera un bloque compacto. Pero, como no es así, su modo de proceder sólo sirve para generar tensiones y división social: entre “los de aquí y los de allí”, entre “buenos” y “malos” catalanes, entre los que son genuino “pueblo” y los que sólo forman parte de “la casta” o conspiran en “la trama”.
 
Nada de esto, sin embargo, es casual. Porque, actuando así, no buscan otra cosa que alimentar concienzudamente un escenario de conflicto, el que consideran que más puede favorecer a su estrategia de “río revuelto”.
 
En realidad, nada de esto es nuevo: la historia del siglo XX nos ha dejado abundantes páginas sobre esto. Sobre esto y también sobre otros procedimientos que, tanto populistas como ultra nacionalistas, hoy vuelven a practicar con infatigable tesón.
 
Me refiero, por ejemplo, al desprecio por la verdad de los hechos –los presentes y no digamos ya los históricos- y la preferencia, en su lugar, por la elaboración y divulgación masiva de relatos ficticios que, no es que busquen imponer una interpretación alternativa de la realidad, sino incluso sustituirla por completo. Es la “posverdad” de la que hoy tanto se habla.
 
Para ello, además, nada mejor que apelar a las emociones, en perjuicio de los argumentos; que centrarse en la excitación primaria de las pasiones, en lugar de apelar a la razón y el sentido crítico.
 
Últimamente, se escribe mucho sobre este supuesto déficit emocional de la democracia liberal, que, como buena heredera de la Ilustración, es básicamente racional. Un déficit que la sitúa en situación de desventaja frente a aquellos que saben hacer uso de técnicas de manipulación social emocional.
 
Es evidente que los seres humanos somos seres racionales, pero también somos emocionales, y que la razón no debe servir para anular la emociones, sino para atemperarlas.
 
Por eso, es indudable que los sentimientos siempre deben formar parte esencial de la política. Pero no se puede hacer política exclusivamente con sentimientos. No, al menos, en democracia.
 
Porque jugar interesadamente con las emociones sirve para eludir razones. Y también allana el terreno para otro recurso espurio, del que también estamos teniendo sobradas muestras en este intenso mes de septiembre: me refiero a la adulteración, a la perversión incluso, de conceptos fundamentales, que se tergiversan y se revuelven sin ningún pudor.
 
Hablo de “ley”, de “soberanía nacional”, de “voluntad popular” o, por supuesto, de “democracia”.
 
Sobre esto sólo quiero recordar que la democracia es, ante todo, un régimen de garantías. Y que, por consiguiente, en un sistema democrático absolutamente nada ni nadie pueden estar por encima de la ley.
 
Por tanto, ni las más vehementes llamadas al pueblo soberano, ni la sacralización de las urnas, ni la enunciación solemne de los términos que expresan los principios y valores nucleares de la democracia, puede justificar la violación del marco jurídico ni, menos aún, de su referencia máxima, que es el orden constitucional.
 
Y, desde luego, menos que nadie, pueden incurrir en esto quienes ostentan cargos públicos o son representantes políticos de los ciudadanos.
 
De ahí la extrema gravedad y el inmenso bochorno que a todos nos produjeron los sucesos que tuvieron lugar, hace dos semanas, en el Parlamento de Cataluña.
 
Porque, por las bravas, lo que allí se intentó llevar a cabo fue la sustitución de la legalidad democrática, la que está amparada por la Constitución y el Estatuto de Cataluña, por un simulacro de legalidad alternativa, frontalmente antidemocrática.
 
Sobre esto, me gustaría recordar algo que dejó escrito Hannah Arendt:
 
“La grandeza de las leyes en una sociedad libre consiste en que nunca nos dicen lo que debemos hacer, sino únicamente lo que no debemos hacer.”
 
Por eso decimos que las llamadas leyes de referéndum, de transitoriedad y las otras de este tipo, son intolerables para un auténtico demócrata:
 
Porque los independentistas, además de hacer lo que no deben, quieren dictarnos a todos qué es lo que debemos hacer: callarnos y obedecer su voluntad.
 
Porque, burlándose del Estado de derecho, buscan imponer a los catalanes y al conjunto de los españoles la ruptura de la nación que todos compartimos.
 
Una nación, la española que no data de 1978, como algunos se creen, sino que cuenta con más de quinientos años de historia política común.
 
Por eso, la soberanía nacional, única e indivisible, de todos los españoles, no se deriva de la Constitución. Es justo al revés: la nación española es el sujeto político preexistente, del que nace la Constitución de 1978, aprobada por las Cortes Generales y ratificada mediante un referéndum celebrado con plenas garantías democráticas.
 
De modo que no podemos tolerar que nadie juegue ni con la soberanía, ni con el marco de convivencia de todos los españoles.
 
Debemos ser firmes, actuando con la seguridad y la serenidad que nos proporciona nuestro sistema constitucional. Porque los poderes del Estado disponen de los procedimientos y de los recursos necesarios para hacer frente a este desafío. Ya lo estamos comprobando y seguiremos haciéndolo en los próximos días.
 
Y que nadie se engañe, ni pretenda engañar a los demás: aquí no se están aplicando políticas de excepción, como algunos van diciendo.
 
Lo que se están activando son mecanismos escrupulosamente legales y amparados por la Constitución, para plantarle cara a una situación que, esa sí, es excepcional. Y se están empleando, y van a seguir empleándose, todos los que sean necesarios y siempre con justicia y proporcionalidad.
 
La dimensión del desafío al que hoy nos enfrentamos exige también que los partidos constitucionalistas mantengamos nuestra unidad, sin fisuras ni titubeos.
 
Sabemos que hay interesados en clavar cuñas para agrietar esa unidad, y nadie debería caer en esa trampa.
 
Así que no debemos confundirnos, ni dejar que nadie nos confunda. Tampoco podemos desviar el foco que señala dónde se encuentran las únicas responsabilidades.
 
La situación en la que hoy nos encontramos tiene unos responsables políticos, perfectamente identificables: son todos aquellos que han decidido saltarse la ley e instalarse en la desobediencia a los poderes del Estado, como forma de hacer política.
 
Ellos, y nadie más, son los exclusivos responsables. Y hay que recordarles que, al proceder del modo que lo han hecho, no sólo han renunciado a la ley, sino también han renunciado a la política para instalarse en la algarada.
 
Por eso resulta absolutamente sorprendente (por no emplear otro calificativo) que, tanto los secesionistas como sus compañeros de viaje, tengan el desparpajo de seguir invocando el diálogo político sin apearse del burro de la ilegalidad y mientras siguen burlándose del Tribunal Constitucional, de los jueces o de los fiscales.
 
 A todos ellos hemos de decirles que la democracia, en efecto, sirve para poder negociar. Pero lo que nunca puede ser negociable es la propia democracia. Como tampoco lo son ni el principio de legalidad, ni la soberanía nacional.
 
No se puede dialogar por encima la ley, sino dentro de la ley. Para empezar a hablar, lo primero es que todos respeten las reglas del juego y actúen con lealtad. Si no, por mucho voluntarismo que se le quiera poner, el diálogo es imposible.
 
Hace cuatro décadas, los españoles fuimos capaces de entender que el único medio posible de resolver pacíficamente nuestras diferencias y conciliar nuestros distintos modos de entender España, era ponernos de acuerdo para erigir un sistema político con plenas garantías democráticas.
 
Actuando así, con lealtad mutua y con tolerancia, es como dimos carta de naturaleza a la Constitución de 1978.
 
No diré que, gracias a ello, hoy vivamos en el mejor de los mundos posibles, pero sí que nos ha ido indiscutiblemente bien y que tenemos margen para seguir avanzando mucho más.
 
Eso es lo importante: que dentro de la Constitución tenemos los medios suficientes para poder seguir progresando, por la vía de un diálogo basado en el respeto mutuo y en el sometimiento a las normas.
 
Incluso, claro que sí, podemos hablar de reformas de rango legal o constitucional que sirvan, por ejemplo, para perfeccionar y poner al día nuestro modelo territorial descentralizado. 
 
Reformas éstas que, en todo caso, para ser sólidas, exigirían un consenso equivalente al que en su día respaldó la aprobación de nuestra Norma Suprema.
 
Pero lo que no podemos hacer, de ningún modo, es actuar ni permitir que nadie actúe al margen de los procedimientos constitucionales.
 
Como tampoco, en ningún caso, deberíamos caer en la ingenuidad de abordar una reforma de la Constitución, con el solo objeto de aplacar a quienes no tienen el menor interés en reformarla, en el sentido de profundizar en los principios que la orientan, porque lo que pretenden es exactamente lo contrario: liquidar esos principios.
 
Es decir, acabar con la soberanía nacional, y con la libertad y la igualdad de todos los españoles.
 
Todo aquello que no es de nadie en particular, sino de todos en general. Y a lo que jamás renunciaremos, porque sería tanto como renunciar a nuestra identidad, nuestra historia y nuestro destino común.
 
Muchas gracias por su atención.
 
 [Queda clausurada esta Escuela de Verano organizada por la Universidad Católica de Ávila  y La Razón, sobre “Populismos y nacionalismos en el siglo XXI]