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El Congreso de los Diputados y el Senado están disueltos desde el 5 de marzo de 2019. Se volverán a constituir el 21 de mayo de 2019. 

Palabras del Presidente del Senado en la inauguración del IV Seminario Multidisciplinar sobre el Plurilingüismo en España (Palacio del Senado)

Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al Senado de España, que hoy tiene el honor de actuar como sede de este cuarto Seminario Multidisciplinar sobre el Plurilingüismo en España, cuyos directores, el ex senador D. Carles Martí Jufresa y D Fernando Rodríguez Lafuente, me acompañan en esta mesa.

 

Como todos ustedes saben, se trata de un seminario organizado por la Fundación Ortega-Marañón y la Fundació Joan Boscà. Y que tiene como razón de ser fundamental el servir de punto de encuentro entre personalidades del mundo académico, expertos y representantes políticos, con el fin de integrar sus distintas perspectivas en un análisis en común sobre la situación del plurilingüismo español.

 

Defender lo evidente es, con frecuencia, un ejercicio mucho más necesario de lo que podría pensarse a primera vista. Sucede así, por lo menos, en un terreno tan dado a los prejuicios y a los errores de concepto como es el de la política, tomando este término en su sentido más amplio.

 

Dentro de ese extenso repertorio de distorsiones políticas de larga tradición, ocupa un lugar destacado aquella que, de modo tan simplista, establece una identidad entre lengua y comunidad política.

 

Por supuesto, no se trata de una distorsión casual, sino muy cargada de intención. Cada lengua es un elemento cultural acusadamente distintivo de la comunidad de sus hablantes. Y, por esa razón, siempre se ha recurrido a ella como uno de los más potentes referentes identitarios dentro del modelo de Estado-nación.

 

De ese modo, invocándolas falazmente como un criterio delimitador de comunidades políticas nacionales, se ha recurrido a las lenguas mayoritarias como un elemento de uniformidad que debía ser impuesto autoritariamente sobre la diversidad lingüística existente de facto en la sociedad.

 

Desde esa perspectiva, reacia a la diversidad interna que es consustancial a las sociedades libres, se ha visto en las lenguas minoritarias más un inconveniente político que un signo de riqueza cultural. Y, por eso, se han emprendido políticas activas para imponer una mal entendida “normalización lingüística”; o, cuando menos, se han desprotegido deliberadamente las lenguas minoritarias esperando su paulatina extinción.

 

 

Al mismo tiempo, la absurda obsesión por igualar los mapas políticos y los mapas lingüísticos, ha servido muchas veces como pretexto de políticas expansionistas de resultados invariablemente catastróficos, como nos enseña la historia de Europa del pasado siglo.

 

La realidad, sin embargo, es tozuda y, por tanto, irreductible a todas las hormas extrañas que buscan deformarla interesadamente.

 

Y esa realidad –tal como empieza recordándonos el Manifiesto sobre la pluralidad lingüística firmado en 2015, en Valencia- nos muestra a las claras que “el plurilingüismo no es la excepción, sino la regla en las sociedades humanas”.

 

Efectivamente, cualquiera puede comprobar que, en la gran mayoría de los países europeos, lo más frecuente es el multilingüismo: basta con el dato de que en Europa coexisten, con mayor o menor número de hablantes, alrededor de sesenta lenguas diferentes.

 

Lejos de ser una excepción, nuestro país es una excelente confirmación de esa regla. Tanto que, incluso, los españoles bien podemos decir que somos doblemente privilegiados.

 

En primer lugar, porque todos compartimos una lengua común, el castellano, que, además, no es exclusivamente nuestra, sino que cuenta con más de 500 millones de hablantes en todo el mundo. El castellano es, por tanto, una de las grandes lenguas universales y, por tanto, un activo de primer valor para nuestra proyección internacional en el moderno escenario global.

 

Al mismo tiempo, somos depositarios de un riquísimo legado histórico que nos permite atesorar no una, sino varias lenguas que merecen por igual el gentilicio de “españolas”.

 

Cerca de la mitad de nuestra población habita en una Comunidad Autónoma en la que se habla más de una lengua oficial. Es decir, forma parte de un entorno social y cultural naturalmente bilingüe, con todas las ventajas de orden intelectual que además eso conlleva.

 

La llegada de la democracia a España, hace ahora cuarenta años, supuso, como no podía ser de otro modo, el establecimiento de las bases jurídico-políticas necesarias para el desarrollo de nuestro actual modelo de convivencia lingüística.

 

No en vano, el reconocimiento de que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección, figura en el frontispicio de nuestra Constitución, concretamente en su artículo 3.

 

Y, consecuentemente, la pluralidad lingüística queda expresamente consagrada y protegida en muchos de nuestros Estatutos de Autonomía, integrantes del bloque de constitucionalidad.

 

Significativamente, el camino que los españoles emprendimos hacia la democracia y hacia nuestro lugar en la Europa desarrollada, tuvo uno de sus hitos fundamentales, hace ahora cuatro décadas, con nuestra incorporación al Consejo de Europa.

 

Y será esta organización internacional la que, años después, en 1992, acuerde la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, instrumento para la salvaguarda y la promoción del pluralismo lingüístico en Europa, firmado y ratificado por España.

 

Por tanto, oportunamente, este documento de referencia será materia de trabajo durante la mañana de hoy, contando con una voz tan autorizada como la del profesor Fernando Ramallo, miembro del Comité de Expertos de la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias.

 

Me referí antes a esas evidencias básicas que nunca debemos cansarnos de recordar, porque son esenciales para la convivencia.

 

Entre ellas está también la idea de que, por encima de cualquier otra cosa, las lenguas –todas, sin excepción- son instrumentos al servicio de las relaciones humanas, del entendimiento entre personas, de su expresión cultural.

 

En este sentido, los únicos dueños legítimos de una lengua son sus hablantes, tanto los nativos como todos aquellos que deciden conocerla y emplearla. Por tanto, cualquier forma de injerencia del poder político en el normal desenvolvimiento social de una lengua, no es más que una usurpación intolerable.

 

Las lenguas jamás deberían ser instrumentos de confrontación o división, sino de comunicación y de convivencia en libertad.

 

Por eso, atentan gravemente contra esa deseable coexistencia entre lenguas, quienes intentan utilizar las palabras como ladrillos de un muro fronterizo.

 

Las políticas lingüísticas jamás deben ser manipuladas como armas de lucha política, sino acordadas sin más interés que el de la preservación de un patrimonio cultural común, de valor incalculable.

 

Celebro, por tanto, todas las iniciativas surgidas de la sociedad civil que, como este Seminario Multidisciplinar sobre el Plurilingüismo en España, persiguen ese encomiable objeto. Y, por ello, les deseo todo el éxito posible en su labor.

 

Muchas gracias.