Intervención del Presidente del Senado en la XVIII Reunión de la Asociación de Senados Europeos (Liubliana, Eslovenia)

Tema de la Conferencia: “Las Segundas Cámaras afrontando los retos de la época”


Excmos. Señores Presidentes, es para mí un honor participar en la Reunión de la Asociación de Senados Europeos, que nos convoca hoy a su sesión decimoctava en Eslovenia. Por eso, quería que mis primeras palabras fueran de agradecimiento para el Presidente del Consejo Nacional, por la excelente organización de este encuentro.

 

El tema elegido se refiere a los retos actuales a los que se enfrentan las segundas Cámaras parlamentarias en Europa. Y ello nos remite, en primer lugar e inevitablemente, al debate sobre las reformas planificadas, estudiadas o proyectadas en cada uno de nuestros países para reforzar la utilidad política de los distintos sistemas bicamerales.

 

Un debate de utilidad para todos nosotros, pues nos ayuda a comprender mejor nuestro entorno y aprender de las distintas experiencias. Y en el que, también, me gustaría añadir algunas reflexiones acerca de la gran importancia actual de la transparencia parlamentaria.


En España, en el seno del Senado, se han constituido en las dos últimas décadas, y en casi todas las Legislaturas, Ponencias especializadas para estudiar las líneas de una posible reforma de nuestra Cámara de representación territorial. También ha sido así en la presente Legislatura, con la intención de recoger y continuar los trabajos realizados hasta ahora.

 

Hasta la fecha, nuestros esfuerzos se han centrado en la reforma de las funciones del Senado, dentro del modelo de bicameralismo imperfecto definido por nuestro texto constitucional. Es decir, respetando la prevalencia del Congreso en caso de discrepancia, pero mejorando la posición del Senado en el ejercicio de las funciones parlamentarias, y atendiendo sobre todo a su dimensión territorial.

 

En nuestro caso, partimos del problema de que las diferencias entre las funciones atribuidas al Congreso de los Diputados y al Senado no quedan lo suficientemente claras para la ciudadanía.

 

Es así porque el Senado, que –según su definición constitucional- debería ser la Cámara de representación territorial, tiende a reproducir en su funcionamiento la misma confrontación por bloques ideológicos que se produce en el Congreso de los Diputados.

 

Es esta una realidad de hecho que, lógicamente, juega en contra del Senado. Especialmente en un sistema parlamentario asimétrico, como es el nuestro, en el que, en caso de discrepancia entre las voluntades de las Cámaras, siempre prevalece la del Congreso de los Diputados.

 

Les recordaré que la norma general que establece nuestra Constitución es que el Senado, en su labor de segunda lectura, puede introducir vetos o enmiendas a los textos legislativos que le remite el Congreso, con un plazo de tramitación total de dos meses.

 

Sin embargo, cuando el Senado impone un veto a un proyecto de ley aprobado por el Congreso, este puede ser levantado por la Cámara baja mediante la ratificación del texto inicial por mayoría absoluta, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del veto.

 

Asimismo, si el Senado introduce enmiendas, éstas pueden ser aprobadas o rechazadas por el Congreso de los Diputados mediante mayoría simple.

 

Sobre esta base, y con la meta de reforzar la posición del Senado en el procedimiento legislativo, las líneas de reforma posibles que se han considerado, dentro de una eventual reforma de la Constitución española, han sido las siguientes:

 

  • En primer lugar, establecer que, en las leyes con incidencia autonómica, el Senado realice la primera lectura; y que, en caso de discrepancia, se acuda a procedimientos de conciliación entre ambas Cámaras.
  • En segundo lugar, realizar en el Senado (y no en el Congreso de los Diputados, como es ahora) la toma en consideración “o aceptación” de las iniciativas legislativas propuestas por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas.
  • Y, en tercer lugar, establecer unos requisitos más exigentes para que el Congreso de los Diputados pueda rechazar las propuestas del Senado en el procedimiento legislativo ordinario.
  • Incluso, también, se ha propuesto aumentar los plazos de tramitación del Senado, de dos a cuatro meses, en el procedimiento legislativo ordinario.
  • O, con el mismo fin, se ha planteado la posible introducción de un debate previo de aquellos textos legislativos que sigan iniciando su tramitación en el Congreso de los Diputados, cuando incidan sobre competencias autonómicas especialmente relevantes, como la sanidad, la educación o las infraestructuras.

 

Todas estas son cuestiones sobre la mesa, aún pendientes de dilucidar.

 

En cualquier caso, el gran reto que afronta el Senado de España es el de poder establecer cauces parlamentarios que auspicien el dialogo político territorial entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, y entre estos entre sí.

 

Para ello contamos ya, desde hace más de veinte años, con un órgano ad hoc, dentro de la Cámara, que es la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

 

Esta Comisión se concibió para albergar debates generales sobre política autonómica y sobre asuntos sectoriales, con presencia del Gobierno nacional y también, como peculiaridad, de los Gobiernos autonómicos (que no tienen posibilidad de participación en ninguna otra Comisión, ni del Senado, ni del Congreso de los Diputados).

 

En un Estado con una organización territorial tan altamente descentralizada como es España, existen muchas materias que, en todo o en gran parte, son competencia de los Gobiernos autonómicos. Y, por tanto, en todas ellas, la cooperación y la coordinación multinivel son, más que convenientes, imprescindibles.

 

Nuestra Comisión General de las Comunidades Autónomas se creó con ese fin y ofrece grandes posibilidades que, por desgracia, todavía no hemos sido capaces de aprovechar.

 

Es así porque, en este como en otros muchos casos, las instituciones ofrecen un marco de actuación, pero precisan de la voluntad y el acuerdo de los actores políticos para dar todo su rendimiento. Por eso, se trata de una línea de trabajo por la que debemos seguir progresando.

 

Finalmente, quisiera referirme, brevemente, al esfuerzo que venimos realizando en los últimos años para incrementar la transparencia de nuestro Senado en dos aspectos fundamentales: por un lado, en todo lo que se refiere a los asuntos económicos y administrativos de nuestro funcionamiento interno; por otro, a la actividad puramente política como Cámara parlamentaria.

 

La desafección política de los ciudadanos con el funcionamiento de las instituciones democráticas, es una grave amenaza que hoy debemos combatir con firmeza, especialmente nosotros, los representantes políticos.

 

Es preciso eliminar las distancias y los recelos que minan la confianza, entorpeciendo la normal relación entre política y sociedad.

 

Así, el acercamiento de los Parlamentos a los ciudadanos es un asunto de la máxima prioridad, por lo mucho que puede aportar a la denominada regeneración democrática y a la puesta al día de los mecanismos representativos. Y, en suma, por lo que supone para el fortalecimiento de la legitimidad del sistema político.

 

Con este fin, y en el marco de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada en España hace pocos años, el Senado de nuestro país puso en marcha, en 2014, un Portal de Transparencia dentro de su sitio web.

 

Este portal es el núcleo de la nueva cultura de transparencia por la que hemos apostado fuerte, y que estamos implementando, día a día, sobre la base de un amplio consenso entre todos los Grupos políticos representados en la Cámara.

 

Nuestro objetivo es ser accesibles y comprensibles para todos los ciudadanos, con agilidad y con información permanentemente actualizada:

 

- Sobre la actividad parlamentaria;
- Sobre los presupuestos, la planificación de obras e instalaciones y los contratos realizados por la Cámara;
- Sobre las subvenciones que reciben los Grupos Parlamentarios;
- O sobre el régimen de retribuciones de los parlamentarios, sus declaraciones de bienes y rentas, o los desplazamientos nacionales o internacionales que realizan.

 

Nuestro deseo es profundizar por esta vía. Y por ello, como novedad más reciente, la Mesa del Senado de España ha autorizado que todas las actas de sus sesiones se publiquen en la web y sean así de conocimiento público.

 

Creo que es vital que hoy, cuando tantas voces se oyen queriendo poner en duda la validez de la democracia parlamentaria, seamos nosotros, tanto senadores como diputados, quienes lideremos la reivindicación de su valor insustituible para la convivencia en paz y libertad.

 

Este es, sin duda, uno de los mayores desafíos de nuestra época, y a él debemos enfrentarnos con decisión y responsabilidad. Y pienso que, para este fin, no podemos encontrar mejor aliada que la transparencia y la eliminación de cualquier sombra de duda sobre la labor que realizamos al servicio de la sociedad.

 

Muchas gracias por su atención.