Al Excmo. Sr. Presidente del Senado.
Excmo. Sr.:
La Comisión Especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género aprobadas en el marco del Pacto de Estado, en su sesión celebrada el día 22 de marzo de 2023, ha aprobado, por unanimidad y en sus propios términos, el Informe que se acompaña como anexo.
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.
Palacio del Senado, 22 de marzo de 2023.—La Presidenta de la Comisión, María Jesús Álvarez González.—La Secretaria Primera de la Comisión, Estefanía Martín Palop.
ANEXO
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INFORME DEL SENADO SOBRE LAS ESTRATEGIAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO APROBADAS EN EL MARCO DEL PACTO DE ESTADO
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN
1. Constitución de la Comisión y programación de sus trabajos
2. Celebración de comparecencias
II. RESUMEN DEL CONTENIDO DE LAS COMPARECENCIAS Y DE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN
Eje 1
1. Educación
2. Campañas
3. Sectores vulnerables
4. Medios
5. Laboral
Eje 2
1. Internacional
2. Genérico
3. Laboral
4. Seguridad
5. Sectores vulnerables
6. Justicia
Eje 3
1. Justicia
2. Seguridad
3. Administración
4. Laboral
5. Rural
6. Sanidad
7. Diversidad funcional/discapacidad
8. Aplicación de los derechos y prestaciones de la Ley Orgánica 1/2004 a los casos de violencia «por interpósita persona»
Eje 4
Eje 5
Eje 6
Eje 7
Eje 8
Eje 9
Perspectiva de las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas
1. Catalunya
2. Andalucía
3. Cantabria
4. Murcia
5. Valencia
6. Galicia
7. Asturias
8. Madrid
9. Castilla-La Mancha
10. Navarra
11. Aragón
12. Euskadi
13. Canarias
14. Illes Balears
15. La Rioja
16. Castilla y León
17. Extremadura
18. Melilla
19. Ceuta
III. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Eje 1. La ruptura del silencio: sensibilización y prevención.
1. Educación
2. Campañas
3. Sectores vulnerables
4. Medios
Eje 2. La mejora de la respuesta institucional a través de la coordinación y el trabajo en red entre las autoridades y organismos responsables.
1. Internacional
2. Genérico
3. Laboral
4. Seguridad
5. Sectores vulnerables
6. Justicia
Eje 3. Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas.
1. Justicia
2. Seguridad
3. Administración
4. Laboral
5. Rural
6. Sanidad
7. Discapacidad
Eje 4. Intensificar la asistencia y protección de menores.
Eje 5. Impulso de la formación que garantice la mejor respuesta asistencial.
Eje 6. Seguimiento estadístico.
Eje 7. Recomendaciones a comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones como agentes colaboradores necesarios para conseguir erradicar la violencia sobre las mujeres por razón de género.
Eje 8. La visualización y atención de la violencia de género fuera del contexto de la pareja o ex pareja.
Eje 9. El compromiso económico con las políticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Eje 10. Seguimiento del Pacto.
Conclusiones.
I. INTRODUCCIÓN
El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 4 de febrero de 2020, acordó la creación de una Comisión Especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género aprobadas en el marco del Pacto de Estado.
Esta Comisión tiene por objeto el seguimiento y la evaluación de los acuerdos del Informe de la Ponencia de Estudio, constituida en el seno de la Comisión de Igualdad del Senado en la XII Legislatura, para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, Informe que fue aprobado por el Pleno del Senado el 13 de septiembre de 2017, sin introducir modificaciones en el mismo. Este texto, junto al Informe de la Subcomisión, creada en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados en la XII Legislatura, para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017, se remitió al Gobierno siguiendo las previsiones de la Proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 15 de noviembre de 2016. Esta última instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género junto a las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias. Por tanto, los citados Informes aprobados por el Senado y el Congreso de los Diputados, respectivamente, vienen a sustentar los ejes de actuación del citado Pacto de Estado.
Este Pacto, tal como expresa el documento refundido de sus medidas aprobado el 13 de mayo de 2019, surge entonces de la necesidad de buscar el «compromiso de todas las instituciones con la sociedad española para alcanzar los acuerdos que permitan avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres». Para ello se articula en diez ejes de actuación, el décimo de los cuales contempla «el seguimiento del Pacto de Estado facilitando la información necesaria a la Comisión de Seguimiento del Pacto, que permita desempeñar sus funciones de evaluación y control de los avances realizados en el desarrollo del mismo». Esta función se extiende así a las respectivas Comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado.
En concreto, el citado documento de 13 de mayo de 2019 incluye una clasificación de las medidas aprobadas por ambas Cámaras en la XII Legislatura, en esta materia, elaborada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Entre sus criterios de clasificación se incluye la distinción entre medidas cumplidas, en proceso y pendientes. A la vista de esta distinción y de las inversiones acordadas en el citado Pacto de Estado para llevarlas a cabo, a esta Comisión le corresponde realizar su función de control parlamentario para informar sobre la ejecución del Pacto de Estado y la situación actual de la violencia de género en nuestro país.
A efectos de estructurar este Informe, se incluyen en este apartado introductorio los datos relativos a la constitución de la Comisión y programación de sus trabajos, así como las comparecencias celebradas. En un segundo apartado se exponen los puntos tratados en el desarrollo del trabajo de la Comisión, siguiendo los ejes de actuación del Pacto de Estado, cuyo contenido se extrae de las comparecencias celebradas, así como de la documentación remitida a la Comisión por los y las comparecientes. Finalmente, un tercer apartado, a la vista de esta información y de las reuniones de la Mesa y los Portavoces de esta Comisión, enumera una serie de recomendaciones y conclusiones en esta materia.
1. Constitución de la Comisión y programación de sus trabajos
La Comisión se constituyó el día 5 de febrero de 2020, con la siguiente composición:
MESA:
PRESIDENTA: Dña. María Jesús Álvarez González
VICEPRESIDENTE PRIMERO: D. Antonio José Cosculluela Bergua
VICEPRESIDENTA SEGUNDA: Dña. María Carmen Isabel Pobo Sánchez
SECRETARIA PRIMERA: Dña. Estefanía Martín Palop
SECRETARIO SEGUNDO: D. Bienvenido de Arriba Sánchez
VOCALES:
Agudíez Calvo, Dña. Ana María (GPS)
Alós López, Dña. Ana Isabel (GPP)
Asensi Sabater, D. José (GPS)
Bueno Alonso, Dña. Josefina Antonia (GPS)
Cantalapiedra Álvarez, Dña. María de las Mercedes (GPP)
Casal Míguez, Dña. Verónica María (GPP)
Espinosa Moreno, D. Baldomero (GPS)
Etxano Varela, Dña. María Dolores (GPV)
Leyte Coello, Dña. María del Carmen (GPP)
López Martín, Dña. María Teresa (GPS)
Magdaleno Alegría, D. Antonio (GPS)
Martín Larred, Dña. Beatriz (GPMX)
Martín Pozo, Dña. María Teresa (GPP)
Martínez Urionabarrenetxea, D. Koldo (GPIC)
Navarro Garzón, Dña. Micaela (GPS)
Pérez Esteve, Dña. Elisenda (GPERB)
Rivero Segalàs, Dña. Maria Teresa (GPN)
Rodríguez López, D. Ramón (GPP)
Rosa Torner, D. Fernando de (GPP)
Santiago Camacho, Dña. Carlota (GPCs)
Surra Spadea, Dña. Ana Maria (GPERB)
Vázquez Lorenzo, D. Antonio (GPS)
Verdier Mayoral, Dña. Cándida (GPS)
Viso Diéguez, D. Miguel Ángel (GPP)
En la sesión constitutiva la Comisión delegó en su Mesa las facultades a que se refieren los artículos 66.1 y 67 del Reglamento de la Cámara, a efectos de solicitudes de comparecencia y documentación.
Respecto de la composición original de la Mesa de la Comisión, hay que señalar que el día 13 de febrero de 2020 se produjo la baja de D. Antonio José Cosculluela Bergua como Vicepresidente Primero de la Comisión, quedando vacante dicho puesto. El día 7 de septiembre de 2020, para cubrirlo, tuvo lugar la elección de D. Pedro Manuel Ramos Negrín. Posteriormente, el día 28 de septiembre de 2020 se produjo la baja de D. Pedro Manuel Ramos Negrín como Vicepresidente Primero de la Comisión, quedando vacante de nuevo dicho puesto. El día 5 de octubre de 2020, para cubrirlo, tuvo lugar la elección de D. Pedro Anatael Meneses Roqué. En fin, el día 9 de junio de 2022 se produjo la renuncia de D. Bienvenido de Arriba Sánchez al cargo de Secretario Segundo de la Comisión. El día 28 de junio, para cubrir esta vacante, tuvo lugar la elección de Dña. María Adelaida Pedrosa Roldán. A lo largo de la XIV Legislatura se han producido igualmente sustituciones de otros miembros de la Comisión, variando en ello su composición original y, a partir del acuerdo adoptado por la Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, en su reunión del día 31 de agosto de 2022, acrecentando en uno los miembros correspondientes al Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
La composición de la Comisión a la fecha de redacción de este Informe es por tanto la siguiente:
MESA:
PRESIDENTA: Dña. María Jesús Álvarez González
VICEPRESIDENTE PRIMERO: D. Pedro Anatael Meneses Roqué
VICEPRESIDENTA SEGUNDA: Dña. María Carmen Isabel Pobo Sánchez
SECRETARIA PRIMERA: Dña. Estefanía Martín Palop
SECRETARIA SEGUNDA: Dña. María Adelaida Pedrosa Roldán
VOCALES:
Agudíez Calvo, Dña. Ana María (GPS)
Aldea Gómez, Dña. Rosa María (GPS)
Alós López, Dña. Ana Isabel (GPP)
Álvarez Somoano, Dña. María Victoria (GPP)
Asensi Sabater, D. José (GPS)
Azorín Marco, Dña. Mónica (GPP)
Calero Albal, Dña. Gloria Isabel (GPS)
Cantalapiedra Álvarez, Dña. María de las Mercedes (GPP)
Casal Míguez, Dña. Verónica María (GPP)
Espinosa Moreno, D. Baldomero (GPS)
Etxano Varela, Dña. María Dolores (GPV)
Goñi Sarries, Dña. Ruth (GPMX)
Leyte Coello, Dña. María del Carmen (GPP)
Martín Larred, Dña. Beatriz (GPD)
Martín Pozo, Dña. María Teresa (GPP)
Mínguez Sierra, Dña. María del Carmen (GPS)
Mirás Franqueira, D. Manuel (GPS)
Navarro Garzón, Dña. Micaela (GPS)
Pérez Esteve, Dña. Elisenda (GPERB)
Rivero Segalàs, Dña. Maria Teresa (GPN)
Rodríguez Calleja, Dña. Patricia (GPP)
Santos González, D. Jaime Miguel de los (GPP)
Surra Spadea, Dña. Ana Maria (GPERB)
Verdier Mayoral, Dña. Cándida (GPS)
Vidal Matas, D. Vicenç (GPIC)
Por otro lado, a lo largo de esta Legislatura se han celebrado diversas reuniones de la Mesa de la Comisión con asistencia de los y las Portavoces de los grupos parlamentarios en la misma, a efectos de fijar su plan de trabajo y el calendario de celebración de sesiones con los y las comparecientes.
Se acordó en este sentido, en la reunión de la Mesa y los y las Portavoces del 16 de julio de 2020, iniciar el trabajo de la Comisión con las comparecencias de los y las representantes de más alto nivel de las Comunidades Autónomas con competencias en la lucha contra la violencia de género, para analizar esta última desde una perspectiva territorial.
Posteriormente, en la reunión de la Mesa y los y las Portavoces del 17 de diciembre de 2020, se acordó retomar el trabajo de la Comisión con la programación de una serie de comparecencias para el periodo febrero-junio de 2021. Estas incluirían las comparecencias de la Ministra de Igualdad y de la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, así como de una serie de representantes de varias instituciones o asociaciones cuya actividad aborda igualmente la lucha contra la violencia de género.
Al término de este periodo de sesiones, en la reunión de la Mesa y los y las Portavoces del 28 de junio de 2021, se hizo balance del trabajo realizado hasta la fecha y se acordó programar otra serie de comparecencias para el periodo septiembre-diciembre de 2021, a efectos de completar la visión del cumplimiento del Pacto de Estado y la lucha contra la violencia de género en nuestro país.
Una vez celebradas estas comparecencias, la Mesa y los y las Portavoces de la Comisión se fueron reuniendo periódicamente durante los periodos febrero-junio y septiembre-diciembre de 2022, así como febrero-junio de 2023, a efectos de fijar los criterios y realizar las aportaciones necesarias para la elaboración del presente Informe. En particular, entre los meses de noviembre de 2022 y marzo de 2023, se reunieron la Presidenta y las Portavoces de la Comisión para elaborar progresivamente el texto del tercer apartado de este Informe, referido a las recomendaciones y conclusiones.
Finalmente, se convocó sesión de la Comisión, el día 22 de marzo de 2023, para proceder al debate y aprobación del presente Informe, así como para proponer a la Mesa del Senado su inclusión, a efectos de debate y votación, en el orden del día de una próxima sesión del Pleno del Senado.
2. Celebración de comparecencias
En primer lugar, la Comisión celebró un total de siete sesiones con la presencia de comparecientes, en representación de los Gobiernos autonómicos para exponer sus puntos de vista sobre el objeto de la Comisión, con las siguientes fechas:
Sesión del día 7 de septiembre de 2020
— Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres, Dña. Laura Martínez Portell.
— Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Dña. Rocío Ruiz Domínguez.
— Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, D. Pablo Zuloaga Martínez.
Sesión del día 16 de septiembre de 2020
— Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Dña. Isabel Franco Sánchez.
— Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Dña. Mónica Oltra Jarque.
— Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, Dña. María Jesús Lorenzana Somoza.
— Directora General de Igualdad del Principado de Asturias, Dña. Nuria Varela Menéndez.
Sesión del día 21 de septiembre de 2020
— Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, D. Alberto Reyero Zubiri.
— Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Dña. Blanca Fernández Morena.
Sesión del día 29 de septiembre de 2020
— Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, D. Javier Remírez Apesteguía.
— Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Dña. María Teresa Pérez Esteban.
— Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco, Dña. Beatriz Artolazabal Albeniz. Compareció junto a la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, Dña. Izaskun Landaida Larizgoitia.
Sesión del día 30 de septiembre de 2020
— Directora del Instituto Canario de Igualdad, Dña. Mónica Fumero Purriños.
— Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears, Dña. Pilar Costa i Serra.
— Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja, D. Pablo Rubio Medrano.
Sesión del día 5 de octubre de 2020
— Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Dña. María Isabel Blanco Llamas.
— Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura, Dña. Estela Contreras Asturiano.
Sesión del día 8 de octubre de 2020
— Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla, Dña. Elena Fernández Treviño.
— Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Dña. Dunia Mohamed Mohand (la comparecencia se dio por sustanciada con la aportación de la documentación correspondiente en formato digital por parte de la compareciente, quien no pudo asistir a la sesión por causas justificadas).
En segundo lugar, en el periodo febrero-junio de 2021, la Comisión celebró las siguientes comparecencias en un total de siete sesiones:
Sesión del día 17 de febrero de 2021
— Presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Dña. María Eugenia Rufino Morales.
— Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Dña. María del Pilar Martín Nájera.
Sesión del día 17 de marzo de 2021
— Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad, Dña. María Jesús Cantos Cebrián.
— Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, Dña. Yolanda Besteiro de la Fuente.
Sesión del día 15 de abril de 2021
— Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Dña. María Victoria Rosell Aguilar.
Sesión del día 26 de abril de 2021
— Secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Dña. Marta Valencia Betrán.
— Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), Dña. Teresa López López.
— Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Dña. María de los Ángeles Jaime de Pablo.
Sesión del día 24 de mayo de 2021
— Directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI), Dña. María del Carmen Filigrana García.
— Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Dña. Carmen Quintanilla Barba.
— Directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Dña. Rocío Mora Nieto.
Sesión del día 27 de mayo de 2021
— Ministra de Igualdad, Dña. Irene María Montero Gil.
Sesión del día 14 de junio de 2021
— Coordinadora del Departamento Jurídico del Teléfono ANAR de la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo), Dña. Sonsoles Bartolomé García de Acilu, y Director de Programas de dicha Fundación, D. Benjamín Ballesteros Barrado.
— Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Dña. Ana Peláez Narváez.
Finalmente, en el periodo septiembre-diciembre de 2021, se celebraron en la Comisión las siguientes tres sesiones de comparecencias:
Sesión del día 23 de septiembre de 2021
— Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Dña. María Luisa Calcerrada Alcázar.
— Escritora de ensayo y novela y profesora del Ciclo Superior «Promoción de Igualdad de Género» en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Avempace de Zaragoza, Dña. Begoña Garrido Riazuelo.
Sesión del día 18 de octubre de 2021
— Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (UPV), Dña. Miren Ortubay Fuentes.
— Directora de Sortzen Consultoría, S.L., Dña. Norma Vázquez García.
Sesión del día 29 de noviembre de 2021
— Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y periodista, Dña. Ana Isabel Bernal-Triviño.
— Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Dña. María Ángeles Carmona Vergara.
II. RESUMEN DEL CONTENIDO DE LAS COMPARECENCIAS Y DE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA COMISIÓN
Siguiendo lo acordado en la reunión de la Mesa y los y las Portavoces de la Comisión del día 15 de marzo de 2022, el resumen de este contenido se estructura según los ejes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tal y como aparecen resumidos en el folleto elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y detallados en el documento refundido de medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Tales ejes son diez, pero se excluye de esta exposición el último de ellos, ya que se refiere precisamente al seguimiento del Pacto de Estado que corresponde a esta Comisión. El contenido de las comparecencias celebradas en la misma y de la documentación remitida se ordena entonces en nueve ejes, atendiendo a las situaciones a las que buscan responder y a las medidas en torno a las cuales se articulan, para lo que se seguirá la numeración de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el citado documento refundido de medidas del Pacto de Estado. Todo ello sin perjuicio de que tales situaciones y medidas pueden solaparse entre un eje y otro, de manera que dicho contenido aparecerá reflejado en uno u otro siguiendo su ordenación más sistemática.
El citado acuerdo de la reunión de la Mesa y los y las Portavoces de la Comisión del día 15 de marzo de 2022 exige igualmente prestar especial atención a la información proporcionada por los y las comparecientes en representación de las Comunidades Autónomas, por lo que ello también queda reflejado en este resumen. El mismo consta entonces de un segundo bloque, más esquemático y posterior a la división del contenido de las comparecencias según los ejes del Pacto de Estado. En este segundo gran apartado, quedan diferenciadas las aportaciones de cada compareciente a nivel autonómico, de nuevo sin perjuicio de que dicho contenido pueda solaparse parcialmente con el anterior.
Eje 1
La ruptura del silencio mediante el fomento de las acciones de sensibilización de la sociedad y de la prevención de la violencia de género. Como se recoge en los citados folleto y documento del Pacto de Estado, para el cumplimiento de este eje, «se desarrollarán […] acciones dirigidas a sensibilizar a toda la sociedad sobre el daño que producen la desigualdad y las conductas violentas y a ayudar a la toma de conciencia sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres y las consecuencias que tiene para la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas».
1. Educación
Este eje arranca con las medidas 1 y siguientes centradas en la educación, ámbito en el que se detuvo especialmente la escritora de ensayo y novela y profesora del Ciclo Superior «Promoción de Igualdad de Género» en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Avempace de Zaragoza. Insistió en que «la educación es la base de la creación de una sociedad en la que se erradica la violencia de género», y debe asegurarse en todas las etapas educativas, con valores como la prevención de violencia de género y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad. Para ello, detalló, deben trabajarse la programación general anual, el reglamento de régimen interior o las diferentes programaciones de aula, para la utilización del lenguaje inclusivo, la participación de todos los agentes necesarios para la labor educativa del centro, mostrar modelos igualitarios en sexo y género en las diferentes materias, facilitar la verdadera igualdad de oportunidades y visibilizar que las situaciones de violencia de género, en parte, están sostenidas por la sociedad. Al respecto, destacó el papel de las técnicas y los técnicos de promoción de igualdad de género, titulación reconocida en la Orden ECD/1545/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género, importante por ser la única titulación oficial reconocida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para cubrir los puestos de trabajo de promotoras y agentes de igualdad. Por lo demás, indicó que es clave «el papel de las universidades y otros centros de formación superior donde se cursan los itinerarios formativos para alcanzar las diferentes profesiones», incluyendo, tanto en la formación de facultades de educación como en el máster de profesorado, «la aplicación generalizada y transversal de la perspectiva de género, porque constituye una etapa formativa común y obligada para acceder a las pruebas de selección de profesorado».
En este eje, en su comparecencia, la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía destacó las actividades del Instituto Andaluz de la Mujer en coeducación, con el primer congreso al respecto en 2020 y más de 1700 proyectos en esta materia. Aplicaron igualmente las nuevas tecnologías a la educación en igualdad, que en opinión de la compareciente «es la vacuna más potente contra la violencia de género», para «la concienciación de una ciudadanía desde los primeros años».
Por su parte, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria mencionó campañas en el marco educativo dirigidas, por un lado, al profesorado y los orientadores y, por otro lado, al alumnado de secundaria, con entre otros objetivos los de «presentar los derechos sexuales, fomentar la asertividad sexual, favorecer el uso responsable de las TIC como herramienta de prevención contra la violencia sexual».
En relación con esta necesidad de educación, pero igualmente con una perspectiva transversal, la Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia resaltó el proyecto de su región titulado Sensibilízate, para «llegar con sus contenidos a toda la sociedad a través de distintos canales: el empresarial, el educativo, el asociativo, el penitenciario y también a través de colectivos profesionales, siempre con el fin de reforzar la necesidad de convivir y educar en igualdad». Tras las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, insistió en la ambición de este proyecto y recordó en relación con ello la existencia de las unidades de igualdad a través de las dos universidades públicas de la región. Esto se detalló en la documentación que remitió a la Comisión, en conexión con la medida 8 del Pacto de Estado, de manera que para implicar a las Unidades de Igualdad de la Universidad de Murcia existen subvenciones, para la prestación de determinados servicios. Se incluyeron además otras subvenciones con esta finalidad.
La Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana se detuvo en la aprobación del Plan de coeducación, con intervenciones en espacios físicos como los patios inclusivos, para evitar que el fútbol sea «el rey del patio de los centros escolares mientras lo demás está en la periferia», o la adquisición de bibliografía feminista. Por otro lado, insistió en la importancia de trabajar con el agresor, para «resetearlos». Más precisamente, puso en valor la recuperación de la Red Valenciana de Igualdad, pasando de 35 profesionales en 2015 a 193 en 2020 «entre agentes de igualdad y personal técnico superior en promoción de igualdad de género, con una inversión de 5,6 millones de euros»; y la creación de la figura de coordinador de igualdad «en los 1800 centros educativos sostenidos con fondos públicos, con una inversión de 2,5 millones de euros».
En este ámbito, la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia detalló el desarrollo de planes de igualdad y prevención de la violencia de género, así como actuaciones de concienciación en un total de 717 centros de educación infantil y primaria y 318 centros de secundaria, además de acciones formativas, de ocio (con el desarrollo de juguetes igualitarios, conforme a la medida 32 del Pacto de Estado) y de sensibilización. Incluso se distribuyó a los padres de los recién nacidos, afectando a más de 5000 familias, «materiales informativos […] para prevenir y detectar la violencia de género desde la infancia».
Ante la necesidad de renovar la lucha contra la violencia de género, a la vista de los datos conocidos poco antes de su comparecencia, la Directora General de Igualdad del Principado de Asturias insistió igualmente en la coeducación, con el plan Coeducastur del Principado de Asturias, aplicándolo al aula de 0 a 3 años hasta la universidad, insistiendo más adelante en la importancia de la formación en igualdad en el ámbito universitario, así como en la formación profesional.
El Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid hizo referencia en su comparecencia, asimismo, a la prevención de la violencia machista en el ámbito escolar, con acciones de sensibilización desarrolladas en los centros educativos correspondientes. Vio imprescindible, desde edades tempranas, la educación afectivo-sexual basada en la igualdad entre hombres y mujeres.
En el informe del Instituto de la Mujer de 2018 remitido por la Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entre las medidas de prevención, sensibilización y divulgación frente a la violencia de género, se incluyeron actividades de prevención en el ámbito educativo. Además de talleres específicos, a los que se hace referencia en el eje 8, estas integran un currículo experimental de la educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad en centros públicos de enseñanzas de educación primaria o de educación secundaria obligatoria, para el curso 2018-2019; el programa Creciendo en Igualdad; una gira didáctica en centros educativos sobre violencia de género; el proyecto Gouback para tod@s; y otros proyectos relacionados con educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad, así como el proyecto Biblioteca Digital Maleta Violeta Virtual, Igualdad y Prevención de Género. La compareciente llamó además la atención sobre el número de 400 planes de igualdad, para un total de 119 000 alumnos en 2019. Con todo, reclamó la implantación de una asignatura de educación en igualdad a nivel nacional.
En relación con el ámbito educativo, cabe mencionar dos programas resaltados por el Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra en su comparecencia: el programa de prevención de violencia machista en juventud, Iguala, para promover un cambio social de valores desde la colaboración entre iguales; y el programa Impulso-Taupada, de empoderamiento feminista para la prevención de la violencia de género para y en mujeres jóvenes. Más precisamente, entre los planes sectoriales destacó el del Departamento de Educación, para el desarrollo de la coeducación gracias a Skolae, programa que pretende integrar la igualdad en el sistema educativo, así como «analizar, corregir y compensar actitudes y comportamientos que no conducen a la igualdad, además de mostrar e identificar aquellas actitudes y comportamientos que nos ayudarán a conseguirla a lo largo de todas las etapas educativas».
En este mismo ámbito, la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón resaltó en su comparecencia la organización por el Departamento de Ciencia de su Gobierno de un estudio sobre la percepción de la violencia sexual en espacios universitarios, con campañas de prevención y de formación en este sentido, lo cual también conecta con el eje 8.
La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco se detuvo aquí en el II Plan de coeducación para el sistema educativo vasco en el camino hacia la igualdad y el buen trato 2019-2023, con el desarrollo de varios programas: así Nahiko, esto es, «basta», desde el año 2003 en el ámbito de la educación primaria para prevenir la violencia contra las mujeres desde el contexto escolar; Beldur barik, esto es, «sin miedo», creado en 2009, para prevenir la violencia contra las mujeres a través del trabajo con chicas y chicos adolescentes; o Gizonduz, como iniciativa de sensibilización y formación de hombres en aras de la igualdad.
La Directora del Instituto Canario de Igualdad comentó, asimismo, en su comparecencia que, en cooperación con la Consejería de Educación, tienen un área de coeducación para «erradicar la violencia machista» desde su origen y seguir el «camino para la igualdad». Se ha establecido, además, un protocolo educativo contra la violencia de género, en todos los centros educativos, para dirigir la actuación en estos casos.
En la coeducación se centró asimismo la Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears, al asegurar que el Govern tiene el objetivo estratégico de avanzar hacia un modelo de escuela coeducativa basada en el respeto para prevenir la violencia de género, con varios proyectos financiados con el Pacto de Estado, llegando a los centros educativos y desarrollando actuaciones en esta línea como un elemento más del currículum escolar. Mencionó, además, el curso universitario de posgrado inaugurado en 2020, especialista en coeducación, con una duración de 300 horas. Por otro lado, existen convocatorias de subvenciones a los centros de educación pública para realizar actividades continuadas, durante los meses de noviembre y diciembre, de prevención de la violencia machista, participando más de doscientos centros entre enseñanza primaria y secundaria y con un impacto potencial de más de 50 000 alumnos y alumnas. En concreto, para acceder a tal subvención, el centro debe contar con una agente coordinadora de la coeducación, y varios centros pueden unirse para realizar acciones conjuntas.
El Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja llamó asimismo la atención sobre la importancia de trabajar en la prevención y la educación. Más adelante, se centró en los talleres sobre el uso de nuevas tecnologías y violencia de género, sobre violencia de género en la adolescencia, e inmigración, para profesionales; y en el programa sobre la violencia de género destinado a los alumnos de tercero de ESO de toda la Comunidad Autónoma de La Rioja. Adelantó asimismo que la Dirección General de Igualdad prevé la creación de una escuela de feminismo, sin olvidar la revisión de materiales de educación de los niños y sin perjuicio de otras acciones en colaboración con la Universidad de La Rioja.
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León detalló las iniciativas desarrolladas para la educación en igualdad, partiendo de la campaña de sensibilización denominada Entre Iguales. Refirió, en concreto, el trabajo por impulsar el interés de las mujeres por los estudios en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, «para reducir la brecha existente y tender a la consecución de la economía inteligente, ya que, según los datos de la Comisión Europea, la paridad de hombres y mujeres en la industria digital permitiría elevar el PIB de la Unión Europea en unos 9000 millones de euros anuales». También se ha trabajado en la formación en igualdad y prevención de la violencia de género a jóvenes y adolescentes en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León, que aglutina a las formaciones organizadas de participación juvenil, incluyendo la visibilización y participación en el deporte. Por otro lado, en el ámbito universitario, destacó la importancia de cauces de colaboración estables con las universidades, partiendo del convenio marco de colaboración con las universidades públicas y privadas de Castilla y León, junto con convenios específicos. Estos incluyen actuaciones de sensibilización y formación a la comunidad universitaria de investigación en igualdad y violencia de género, el establecimiento de una red de responsables de igualdad o la aplicación a cada universidad de un protocolo de detección y derivación de situaciones de violencia de género, con subvenciones directas de casi 240 000 euros.
En este marco, la Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura comentó el trabajo coordinado con Educación, a través del Plan para la igualdad de género en el ámbito educativo de Extremadura 2020-2024, que incluye un protocolo educativo de violencia de género, con indicadores que ayuden a identificar procedimientos de detección, actuación e intervención.
Gracias a los fondos del Pacto de Estado, la Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla expuso el establecimiento de una línea de coeducación, para crear una figura de apoyo de los y las responsables de igualdad en los centros educativos de la ciudad de Melilla en una dirección provincial. En apoyo de esta figura del responsable de igualdad, los coeducadores sociales apoyan al equipo de igualdad de cada uno de los centros educativos, y se crean en los mismos grupos de trabajo continuos. Por otro lado, detalló que, desde la Dirección Provincial, la Unidad de programas educativos y la Universidad de Granada, se lleva a cabo el programa de Escuelas por la igualdad, acogiendo a ponentes en coeducación, junto a jornadas y actividades de formación. Por lo demás, sobre todo en atención a la situación derivada de la crisis sanitaria que ha reducido la presencialidad de los alumnos, se han creado aulas de conciliación en los centros educativos.
En la documentación remitida a la Comisión, la Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta puso de manifiesto los proyectos desarrollados en el ámbito educativo con los fondos del Pacto de Estado, en particular un programa de intervención socioeducativa para la prevención, sensibilización y formación en esta materia; el proyecto Maletas viajeras, para reforzar la educación en igualdad a través de la lectura; y un ambicioso programa de coeducación, con guías didácticas para el profesorado y cuadernillos para el alumnado de esta ciudad.
La Ministra de Igualdad recogió la importancia de la educación en su comparecencia, para el combate de los estereotipos y los roles de género desde la educación infantil, y lo conectó con el papel de los medios de comunicación, lo cual se desarrolla más abajo. Vio imprescindible la educación afectivo-sexual, desde los 0 años, para la protección de los derechos humanos y frente a los discursos de la extrema derecha.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se recogió en este ámbito el de las siguientes medidas del Pacto de Estado, gracias a la aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 4, sobre la inclusión en todas las etapas educativas de la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad; 5, sobre la promoción en los centros educativos de talleres y actividades formativas para la prevención de la violencia sexual; 6, sobre la designación de un profesor o profesora responsable de coeducación, encargado de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad y prevengan la violencia; 20, sobre los protocolos de detección precoz; 21, sobre contenidos específicos de prevención de la violencia de género en el Proyecto Educativo de Centro; y 22, sobre tales contenidos en los proyectos de dirección del centro por sus candidatos o candidatas. Además, se ha implantado la medida 19, sobre el repositorio de buenas prácticas, estudios y contenido.
Por su parte, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer indicó en su comparecencia que el sistema educativo debe contribuir a conseguir una sociedad mejor, garantizando el principio de coeducación, tanto en la educación infantil como en la educación primaria y en la secundaria. De ahí su apoyo, en nombre también de la Federación de Mujeres Progresistas, a la inclusión de la educación para la igualdad de género en los programas de innovación y mejora de la calidad de los centros escolares, o el incremento en los currículos de primaria, secundaria y bachillerato en los contenidos de igualdad, aun echándolo en falta en la educación infantil, y reclamando la obligatoriedad de la formación y la sensibilización del profesorado en esta materia. Por otro lado, insistió en la necesidad de reforzar la educación afectivo-sexual, frente a la difusión de la pornografía.
La Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis destacó también la importancia de la educación, lamentando que el abordaje de la violencia machista en este ámbito sea objeto de debate. Puso en valor el avance del artículo 4 de la actual Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (en adelante LO 8/2021), que en su apartado 1.k) contempla la «promoción de la igualdad de trato de niños y niñas mediante la coeducación y el fomento de la enseñanza en equidad, y la deconstrucción de los roles y estereotipos de género». Con todo, observó que está pendiente de implementación la educación afectiva y sexual, reclamando entre otras la vigencia de las medidas 13, sobre la formación del profesorado; 21, sobre el seguimiento por el Consejo Escolar de estos contenidos; o de la implementación de las orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad publicadas por la UNESCO en 2018.
La Directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) se detuvo asimismo en este eje, para pedir mejorar las actuaciones incluyendo una perspectiva intercultural, especialmente en los centros escolares con una representación significativa del alumnado gitano, para que puedan sentirse identificados con las actuaciones de sensibilización.
La Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil aludió igualmente a la labor de la Guardia Civil en materia educativa, a través del Plan director de la Secretaría de Estado de Seguridad, «por el que se imparten charlas a padres, educadores y alumnos sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías, igualdad, conductas asociadas a la discriminación, acoso, abuso sexual y cualquier tipo de violencia sobre mujeres y niñas».
La Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (UPV) se detuvo en su comparecencia, tras las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, en la necesidad de educar en igualdad a todos los niveles, desde los más básicos hasta la universidad, pero también en los hogares, donde más se pueden transmitir los estereotipos machistas y las valoraciones patriarcales. Añadió que debe educarse no solo a las niñas, sino también a los niños, en preocuparse por el bienestar de los demás, ya que la educación afectiva no debe ser diferenciada. Con todo, apuntó a continuación que la educación y las campañas de sensibilización, detalladas más abajo, no deben incluir como violencia cualquier comportamiento, ya que ello puede generar reacciones negativas.
La Directora de Sortzen Consultoría, S.L. se refirió especialmente a la educación condicionada por la masculinidad hegemónica, apuntando que según la Asociación Psicoanalítica Americana, en 2019, dicha masculinización es un modelo de socialización en el que se normaliza la violencia como parte de la identidad masculina, e implica un riesgo para las mujeres, para las niñas y niños y para los propios hombres. Por otro lado, pidió superar la imagen de víctima al uso, sumisa y sin autoestima, a través de los cursos y clases, entre otros programas, pues el concepto de víctima de violencia de género abarca realidades distintas. Por lo demás, insistió en la labor de su organización para atender a estas mujeres y ofrecerles un espacio seguro, pero en todo caso promoviendo no solo la autonomía, sino también el reconocimiento de la vulnerabilidad, para que las víctimas puedan pedir ayuda.
2. Campañas
Durante el confinamiento, se establecieron campañas de sensibilización específicas. Así, en relación con la medida 24 del Pacto de Estado, respecto a las campañas de prevención adaptadas a las exigencias del momento, la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres se refirió a la campaña «Establecimiento seguro contra la violencia machista. A través de esta iniciativa se pidió a los establecimientos que estaban operativos esos días de mayor confinamiento que pusieran en un lugar visible en los comercios el cartel con el mensaje: Establecimiento seguro contra la violencia machista. Si estos días de confinamiento sientes que tu casa deja de ser un espacio seguro para ti o para tus hijos e hijas, aquí llamamos por ti al 900 900 120 o al 112; no estás sola, yo actúo». Igualmente, el Instituto Catalán de las Mujeres puso en marcha la campaña Agafa el guant, esto es, «coge el guante», según su Presidenta «con el objetivo de aumentar la protección y seguridad de las niñas, adolescentes y jóvenes ante las violencias machistas en la realidad actual […]. La campaña trató de implicar a toda la sociedad en la denuncia de las violencias machistas, y en especial de las ciberviolencias». En fin, dicho Instituto realizó «campañas dirigidas a jóvenes interpelando no solamente a los posibles agresores, sino también a los que puedan ser cómplices de dichas situaciones», operando para ello a través de redes sociales.
Más allá del refuerzo de la comunicación a través de redes sociales durante el estado de alarma, la Directora del Instituto Canario de Igualdad se refirió a la campaña Mascarilla-19, para pedir auxilio en las farmacias mediante esta palabra clave, gracias a la colaboración de los colegios oficiales de farmacéuticos. Tras la demanda de auxilio, el personal farmacéutico llamaba al 112 y se activaba el protocolo. Esta campaña fue después adoptada por otras comunidades autónomas, como se verá a continuación, e incluso fuera de España. La compareciente terminó este punto resaltando el objetivo de sensibilización de la campaña, que se consiguió con un aumento de las llamadas de emergencia. En cualquier caso, a raíz de las preguntas de los representantes de los grupos parlamentarios, precisó que esta iniciativa no se pudo desarrollar como una campaña al uso, por su inmediatez, que impidió la proyección y el seguimiento propios de otras campañas. Por ello, aseguró, ahora se está desarrollando una campaña con más información, para llegar a las zonas rurales, entre otras campañas dirigidas esencialmente a los hombres.
El Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria también se detuvo en estas campañas específicas de información y sensibilización, así «la campaña Mascarilla-19, en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos o la campaña de inserción de información en medios de comunicación sobre recursos de violencia de género durante la epidemia de la COVID-19».
Por su parte, la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía se refirió a la campaña puesta en marcha el 31 de marzo de 2020 por el Instituto Andaluz de la Mujer, el Consejo Andaluz y el Colegio Oficial de Administradores de Fincas, con el mensaje siguiente: «Si escuchas una situación de violencia de género, actúa y denuncia, no estás sola», para que las comunidades de vecinos pudieran dar la «voz de alarma».
Del mismo modo, la Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia presentó en su comparecencia una campaña comunicativa, para afrontar la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres que debían convivir con sus maltratadores, sin poder salir ni actuar. Para responder a ello, se buscó «apelar a los vecinos», con el mensaje «si la oyes, llama». Y muchos colaboraron en el spot, entre personas famosas y profesionales. Posteriormente se detuvo en la citada campaña Mascarilla-19, para facilitar las denuncias en las farmacias por las mujeres víctimas. Además, en la documentación remitida a la Comisión, y en relación con la medida 30 del Pacto de Estado, para implicar a las entidades locales en el desarrollo de campañas y otras medidas de prevención, se informó de las subvenciones concedidas a los 45 ayuntamientos de la Región.
Respecto de la antedicha iniciativa Mascarilla-19, la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer reconoció que «en Euskadi no cuajó», puesto que las mujeres optaron por otras vías ya consolidadas. En todo caso, se activó una potente campaña publicitaria de comunicación, con medidas que se detallan más abajo.
La Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana mencionó una campaña extraordinaria para que el entorno social de mujeres víctimas denunciara posibles agresiones de las que tuvieran conocimiento durante el confinamiento, con un incremento de denuncias telefónicas presentadas por personas alertadas por la falta de comunicación con esas mujeres.
La Directora General de Igualdad del Principado de Asturias resumió, tras las intervenciones de los miembros de la Comisión, que en su comunidad se hizo durante el confinamiento una campaña de sensibilización hacia el vecindario y los entornos afectivos, insistiendo en la idea de que la violencia de género es un delito público, con implicación de todos. Los medios de comunicación se sumaron a tal campaña, y apuntó que se mantendrá de manera periódica.
El Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid mencionó igualmente, entre otras medidas, las actuaciones de sensibilización en materia de violencia de género como difusión del material editado, por varias entidades que participan en las campañas que diseñan y ponen en marcha las diferentes administraciones. Especialmente durante la pandemia, expuso la campaña de sensibilización, prevención e informativa «Tú no te quedes en casa», seguida de una campaña en redes sociales denominada «El silencio te hace daño». Adelantó que está prevista la distribución de cartelería, concretamente, 1000 carteles en ayuntamientos, puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género y Metro de Madrid, con mensajes en el mismo sentido.
La Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón se refirió en su comparecencia a la campaña de sensibilización «No te dejamos sola», para hacer llegar a todos los rincones de Aragón el teléfono de emergencia, complementada con artículos de prensa para apelar a la solidaridad ciudadana.
En un marco más amplio, en su comparecencia la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia se refirió también a las actividades de prevención y de sensibilización contra la violencia de género en las bibliotecas públicas gallegas, con 153 actividades en total y la participación de 3825 personas, junto al «programa de sensibilización y prevención de la violencia de género a través de la dinamización y promoción de la lengua gallega, Nós contra a violencia de xénero», contando con 74 entidades y la participación de 8157 personas. Han dado, además, ayudas a entidades locales «para realizar campañas contra la violencia sexual en fiestas declaradas de interés turístico gallego, nacional e internacional», y realizado campañas de formación y sensibilización frente a la violencia de género en centros de mayores y discapacidad, con la distribución de 2400 dípticos y 24 actividades formativas. En el ámbito deportivo, puso de relieve la organización de actividades con una campaña de rechazo contra la violencia de género, implicando a 59 entidades y 5600 personas. En esta comunidad autónoma se realizan «acciones específicas de sensibilización contra la violencia de género en las competiciones deportivas organizadas por las federaciones deportivas gallegas», contando con 32 federaciones y 33 671 asistentes. Se detuvo, además, en la colaboración con la Fundación Deporte Galego para realizar campañas de sensibilización en violencia de género, contando con 25 deportistas olímpicos y paralímpicos gallegos y gallegas, cinco equipos de alta competición profesional y 191 equipos de alta competición.
Por su parte, la Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana pidió un cambio de paradigma, considerando que la violencia machista no es «ni una lacra ni una plaga, es un conflicto social y político causado por la desigualdad estructural», y que «las mujeres no mueren, las matan». Por ello, en relación también con las medidas referidas a los medios de comunicación, esta compareciente defendió las campañas y los mensajes dirigidos al conjunto de la sociedad, que «hablan al agresor y no a la víctima», con eslóganes como «No me toques el WhatsApp» (con exposición itinerante y constante), «Señala el machismo» o «Un hombre de verdad», siguiendo las «nuevas masculinidades igualitarias y positivas». Apuntó además que se «ha incidido en la promoción de la igualdad entre la población joven y adolescente, con aplicaciones tecnológicas para que este segmento de población se reconozca en relaciones igualitarias, identifiquen y combatan los micromachismos y separen la realidad de la ficción». Deben promoverse, entendió, las denuncias, hablando antes de éstas que de víctimas, y se sintió orgullosa de que su comunidad autónoma fuera la segunda de España en número de denuncias.
En el informe de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha (en adelante, Ley 4/2018), remitido por la Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también se hizo especial alusión a las campañas de sensibilización, incluyendo las siguientes: la campaña de verano «IgualdadESNOviolencia», con el eslogan «Sin un SÍ, ¡es NO!», lo cual también se configuró como campaña específica, sobre todo dirigida a los jóvenes como añadió la compareciente (lo cual conectaría con la medida 26 del Pacto de Estado); la campaña «Empresas y entidades de Castilla-La Mancha por una sociedad sin violencia hacia las mujeres»; la campaña informativa sobre la prevención de la violencia de género desde la perspectiva de la Agenda 2030 (ODS 5) y el Consumo; además de actos institucionales conmemorativos y otras campañas y actos de promoción. La compareciente se detuvo igualmente en el programa «Quiéreme bien», para promover relaciones igualitarias y positivas en parejas jóvenes.
Por su parte, el Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra mencionó en su comparecencia varias campañas, en particular las del 8 de marzo y el 25 noviembre, esta última denominada «Contra la violencia hacia las mujeres, ¿qué estás haciendo tú?», para dirigirse de forma directa a los hombres, «a quienes se interpelaba sobre el papel que juegan en la lucha contra la violencia hacia las mujeres». Más adelante señaló que los hombres deben desaprender ciertas conductas y luego aprender para poder convivir en igualdad. Además, se impulsó la campaña «Dale la vuelta, comparte en igualdad», para promover la corresponsabilidad en los cuidados y las tareas domésticas. Por otro lado, en relación con el estado de alarma derivado de la crisis sanitaria, se lanzó una campaña informativa a partir del 16 de marzo de 2020 para informar de que seguían funcionando los distintos servicios.
La Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears hizo partir las campañas de sensibilización de que la violencia machista hunde sus raíces en la estructura patriarcal sobre la que se sostiene nuestra sociedad, y de ahí la necesidad de elaborar campañas para la igualdad y de prevención de la violencia machista, como las dirigidas a las y los jóvenes, incluyendo una llamada «Quiere bien, un video con estética Tik Tok en el que se utilizaban códigos de comunicación adolescente para explicar las relaciones tóxicas». Por otro lado, señaló el convenio de colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas para difundir el material de sensibilización, prevención y atención en el interior de los edificios, además de un acuerdo de colaboración con grandes cadenas de supermercados, para tener carteles informativos en las entradas y salidas de los establecimientos, sin olvidar el desarrollo de la propia campaña Mascarilla-19.
La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura reconoció igualmente la puesta en marcha de campañas de prevención para buscar la complicidad de la sociedad, incluida la ya expuesta campaña de Mascarilla-19. Recogió además «campañas de sensibilización para los más y las más jóvenes, como: “si no te dice sí, es no, respétala”, y el establecimiento de espacios de atención, información y ayuda a las víctimas de cualquier tipo de agresión sexista en espacios públicos, especialmente en los de ocio de noche y de ocio para personas jóvenes, a través de los puntos violetas», llegando a 33 000 personas en 2019.
La Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla refirió como segunda gran línea de actuación la de la información, gracias a una caseta de punto violeta que va trasladándose y que alberga varias campañas de sensibilización, dirigidas fundamentalmente a la población juvenil, para promover la reflexión en torno a la desigualdad de género.
En la documentación remitida a la Comisión, la Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta refirió igualmente la implantación de la campaña Mascarilla-19, entre otras campañas de sensibilización difundidas por varios medios (de comunicación y de transporte), más allá de este periodo.
Por su parte, la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género refirió en su comparecencia la campaña en redes sociales «Estamos contigo, la violencia de género la paramos unidas», con banners y carteles traducidos a los idiomas cooficiales y al inglés, francés, chino, árabe y ruso. También aludió a la campaña institucional del 4 de mayo de 2020 «La violencia machista la paramos unidas» en radio, prensa y televisión; la campaña para el inicio de curso «El control es tuyo, que no te controlen», haciendo difusión del canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos; y la campaña del 25 de noviembre de 2020 «La violencia que no ves», junto con un ciclo de seminarios en esa fecha. Añadió con todo que su planificación de campañas pretende extenderlas a lo largo del año, y no solo en fechas señaladas, incluyendo una campaña dirigida a hombres con el lema «Eres parte de la solución» y otra a adolescentes. En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido a la Comisión, refirió aquí el de la medida 26, sobre campañas dirigidas a los jóvenes, citando las campañas #PuesNoLoHagas o #PasiónNoEsPosesión.
La Directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) reclamó que las campañas de prevención y sensibilización conecten con mensajes de personas gitanas para que puedan verse reflejadas. Tras las intervenciones de los miembros de la Comisión, citó en cualquier caso la campaña con el lema «Como tú, como yo, como nosotras», para fomentar un cambio de mirada, amplia e igualitaria, de la sociedad hacia la población gitana, tratando a estas mujeres como a las demás, sin perjuicio de reconocer su diversidad. Por otro lado, y en conexión con la susodicha medida 26, corroboró la importancia de las medidas de prevención e intervención directa en los jóvenes para erradicar conductas violentas.
Sobre las campañas, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer refirió una mayor presencia de las dirigidas a los hombres, que ponen el foco en el rechazo al maltratador, considerándolo fundamental para lograr la erradicación de la violencia de género y acabar con la sensación de impunidad. Pidió también reflejar en ellas la diversidad de las mujeres, incluyendo imágenes referidas a mujeres gitanas, mujeres mayores, mujeres jóvenes, migradas, del mundo rural o con discapacidad, visibilizando otros contextos de vulnerabilidad en los que la violencia suele intensificarse.
En este sentido, respecto de la medida 29 del Pacto de Estado, que exige tener en cuenta en las campañas y materiales informativos los distintos tipos de diversidad funcional/discapacidad y la especial incidencia de la violencia de género sobre dicha condición, la Secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) reclamó más acciones de sensibilización y prevención de la violencia de género accesibles dirigidas a toda la sociedad, que visibilicen la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad y las protejan, además de potenciar el alcance de la sensibilización en formato claro y accesible sobre el uso responsable de Internet y las nuevas formas de violencia en la red, y sensibilizar a la población en general, y a las empresas en particular, sobre las consecuencias del acoso laboral en mujeres con discapacidad.
La escritora de ensayo y novela y profesora del Ciclo Superior «Promoción de Igualdad de Género» en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Avempace de Zaragoza defendió igualmente que las campañas deben poner la atención en quién comete el delito, ya que es la persona responsable, no la mujer maltratada. Al respecto comentó que «la imagen de la mujer víctima no ayuda a la erradicación de la violencia de género, de la misma manera que no ayuda a la imagen de la mujer capaz de salir de la situación». Y compartió la necesidad de campañas dirigidas a modelos menos visibilizados, como las mujeres mayores, las mujeres especialmente vulnerables o las del ámbito rural, así como campañas formativas y específicas según el público al que se dirigen, todo ello como se deriva del propio Pacto de Estado, en todo caso recordando la importancia de las campañas para toda la ciudadanía, pues afrontan una lacra social que es responsabilidad de todos erradicar.
La Directora de Sortzen Consultoría, S.L., para hacer frente a la masculinidad hegemónica, pidió también pensar en campañas y en programas de prevención que pongan el foco de la sensibilización en los responsables de la violencia, ya que consideró que la salida de la misma depende antes de los hombres que de las mujeres. Además, indicó que estas campañas deben buscar la difusión y el conocimiento de los recursos de apoyo, pero también «mensajes que legitimen la petición de ayuda».
La Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y periodista pidió reforzar la confianza de las víctimas en el sistema, sobre todo desde el punto de vista de las campañas, aclarando en particular que una llamada al 016 no implica interponer una denuncia.
Por otro lado, en conexión con la medida 31 del Pacto de Estado, que bajo este eje exige tener en cuenta la situación de las mujeres del medio rural en las campañas de sensibilización, diversas comparecientes reflejaron, en el ámbito de sus competencias, su compromiso con este colectivo. Así, la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres destacó que «Cataluña tiene unas realidades territoriales muy diferentes» y «se han hecho campañas específicas», como el programa de mujeres y mundo rural del departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
Del mismo modo, la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia refirió la ejecución de campañas específicas para la prevención de la violencia machista en el ámbito rural, con 85 inserciones de prensa, 91 spots televisivos y casi 700 cuñas radiofónicas, además de varias «publicaciones, vídeos, charlas, jornadas formativas, etcétera», con un total de 2500 participantes.
En relación con lo anterior, la Directora del Instituto Canario de Igualdad destacó igualmente la especial atención a las zonas rurales, o islas no capitalinas en este caso, mediante campañas y otros recursos, siguiendo su descentralización.
Por su parte, la Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) destacó los programas de su organización en este ámbito. En particular, el programa Cultivando igualdad, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, pretende «la concienciación de las poblaciones rurales a través de campañas adaptadas al medio», además de crear redes de coordinación, intercambio y colaboración entre los distintos recursos disponibles. A partir del estudio publicado en 2020, advirtió que muchas mujeres de los entornos rurales no se sienten identificadas con las campañas porque muestran la violencia que se produce sobre mujeres blancas, de mediana edad, en entornos urbanos, por lo que las campañas deberían tener en cuenta la mayor diversidad y desarrollarse de tal manera que las mujeres rurales se vieran reflejadas. Destacó al respecto el eslogan «En un pueblo todo se sabe, ¿o no?», cuyo spot «ha sido un paso más en la sensibilización con respecto a la violencia de género en el medio rural»; la campaña de street marketing contra el acoso sexual callejero del Ayuntamiento de Güéjar Sierra, en Granada, con el eslogan «Al revés, tú también tendrías miedo»; y la campaña del Ayuntamiento de Manzanares El Real «Liga con juego limpio» contra las agresiones sexuales entre jóvenes.
La Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) apuntó bajo este eje que su organización lleva desde 1996 con acciones de lucha contra la violencia de género, incluyendo jornadas sobre violencia, las cuales sin embargo resulta difícil de convocar en los pueblos, por la estigmatización de las mujeres. Reclamó por ello más campañas para reforzar la ruptura del silencio en torno a la violencia de género en el medio rural y romper los estereotipos en este ámbito, sobre todo en pequeños municipios. Citó como referencia la campaña de su organización «Nunca es tarde para volver a volar».
Por otro lado, la Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, tras las intervenciones de los miembros de la Comisión, recogió en su comparecencia un punto que conectaría con la medida 34 del Pacto de Estado, en cuanto a la protección de la privacidad y sobre los ciberdelitos, como son los expedientes sancionadores de la Agencia Española de Protección de Datos respecto de aquellas conductas constitutivas de sexting, conducta que fue tipificada en el año 2015, sin perjuicio de poder acudir a este mecanismo de protección.
En la documentación remitida a la Comisión, la Directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) puso de relieve asimismo las actividades de su organización para la sensibilización de los y las jóvenes contra el ciberacoso y la ciberviolencia, por lo que se cumpliría en este punto dicha medida 34, además de acciones de formación para el empoderamiento digital de las mujeres gitanas.
El Director de Programas de la Fundación ANAR se detuvo también en la tecnología, apuntando que en torno al 30 % de los casos atendidos supone una influencia en violencia de género, subiendo hasta un 67,4 % en las víctimas de violencia de género adolescentes. Por ello advirtió que la tecnología extiende la agresión a las víctimas, destacando la violencia por control, así como otras formas de violencia como el chantaje, partiendo de conductas como el denominado sexting, así en conexión con esta medida 34, pues se vulnera la privacidad de la menor.
La Coordinadora del Departamento Jurídico del Teléfono ANAR de la Fundación ANAR insistió en este mismo punto, pues su fundación ayuda a menores que acceden a contenidos digitales violentos o pornográficos. Consideró esta compareciente que la pornografía degrada a la mujer y puede favorecer la violencia de género. Por ello reclamó un bloqueo en el acceso de los menores a estos contenidos y mencionó la Carta de Derechos Digitales de Niños, Niñas y Adolescentes, elaborada en 2019 con el respaldo de la Agencia Española de Protección de Datos, para proteger a los menores en su contacto con los medios digitales.
Por lo demás, la Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, entre otras campañas de sensibilización puestas en marcha por este cuerpo, mencionó las del Día contra la violencia sobre la mujer o el Día contra la trata de seres humanos, en medios de comunicación y redes sociales, indicando que estas herramientas tecnológicas también son utilizadas por los victimarios, por lo que se coordinan con el Instituto Nacional de Ciberseguridad para luchar contra la ciberdelincuencia. Al respecto, destacó la evolución de los tipos delictivos en esta materia hacia dicha ciberdelincuencia.
3. Sectores vulnerables
En relación con las medidas 36 y 37 del Pacto de Estado, cabe recoger lo expuesto por la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia en cuanto a la cooperación al desarrollo. La misma integra una serie de acciones formativas, talleres y atención directa en proyectos «con la población refugiada congoleña en Uganda, con la de palestina en Líbano, personas rohinyás refugiadas, en los asentamientos informales de población refugiada en Eastleigh North, en Nairobi, y con la población refugiada, desplazada o retornada en los asentamientos de la región de Diffa, en Níger». Mencionó además los proyectos de concienciación sobre la violencia de género en países de «Latinoamérica, exposiciones, encuentros didácticos, formaciones o creación de redes comunitarias de apoyo, en concreto, en México, Honduras, El Salvador y Guatemala».
4. Medios
La Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y periodista centró su comparecencia en este apartado 4 del eje 1, por lo que procede iniciarlo con su resumen. Empezó recordando que, desde la Conferencia de Beijing, y pasando por nuestra legislación, se marcan pautas que inciden en cómo los medios de comunicación deben perseguir la sensibilización y la prevención en la información sobre violencia de género, «pero las pautas ahí recogidas quedan en una mera autorregulación», con escaso compromiso, por lo que las medidas pueden quedar «en papel mojado». Añadió que hay mecanismos incluso de sanción respecto de la publicidad sexista, pero no en la información, clave para concienciar a la sociedad y para el reconocimiento de las víctimas. Recordó los datos del último barómetro de la juventud, con un aumento de jóvenes de hasta 29 años que consideran que el feminismo no los representa, y en ello influyen los medios, en especial las redes sociales y otros referentes al margen de los medios tradicionales. Al respecto, advirtió de la misoginia de los mensajes de muchos influencers y alertó del aumento de las noticias falsas (desinformación destacada por la Comisión Europea), que además pueden disuadir a las víctimas para pedir ayuda. Mencionó su libro No manipuléis el feminismo, identificando treinta bulos machistas en las dos últimas campañas electorales nacionales, por lo que pidió responsabilidad al respecto y contundencia frente a los discursos negacionistas que llegan a los medios de comunicación. Por lo demás, destacó la importancia de contextualizar los casos en tales medios, para no confundir la violencia intrafamiliar con la violencia de género o para reconocer siempre la violencia vicaria.
En este marco, la Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana señaló que han legislado «para dejar de normalizar la prostitución y el proxenetismo. Por ello, no se financia con recursos públicos aquellos medios de comunicación que incluyen anuncios sobre prostitución».
En el informe de la Ley 4/2018 remitido por la Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cabe destacar el apartado referido al convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el ente Radio-Televisión de esta Comunidad, de diciembre de 2019. Tal convenio «tiene como objeto fundamental el desarrollo de acciones de comunicación dirigidas a la ciudadanía castellano-manchega, con el objeto de frenar conductas machistas que generan violencia de género, y llevar a cabo acciones de formación dirigidas a profesionales de los medios de comunicación y publicidad de Castilla-La Mancha, para promover el rechazo hacia toda manifestación de violencia de género, prevenirla y avanzar en su eliminación».
La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco indicó en este ámbito que en el trabajo de Emakunde se presta atención a los medios de comunicación y la publicidad, con el programa Begira, esto es, mirando, «una comisión de trabajo para una comunicación y una publicidad no sexista». En este sentido, la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer corroboró el trabajo de colaboración con la mayoría de los medios de comunicación, «que se implicaron activamente», y las profesionales del Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica (en adelante, SATEVI) recorrieron radios, televisiones y periódicos para dar a conocer su servicio.
Tras las preguntas de los miembros de la Comisión en su comparecencia, la Directora del Instituto Canario de Igualdad señaló que durante el confinamiento estuvo en contacto con las radios pequeñas, locales, de las distintas islas y con los programas de televisión a nivel nacional, para intentar llegar a las mujeres a través de los programas de mayor audiencia.
Sin perjuicio de su conexión con el eje 5, hay que recoger aquí lo señalado por la Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura respecto de los medios de comunicación, que en 2010 se dotaron de un decálogo para el tratamiento de las informaciones sobre casos de violencia contra las mujeres, además de tener un manual de recomendaciones sobre el tratamiento informativo para la igualdad de género en Extremadura.
Más precisamente, la escritora de ensayo y novela y profesora del Ciclo Superior «Promoción de Igualdad de Género» en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Avempace de Zaragoza aludió a la medida 38 del Pacto de Estado, sobre la publicación de resoluciones y sanciones en la web del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, importante, dijo, para sentir que las diferentes administraciones se hacen eco de la educación en igualdad de género a todos los niveles. En relación con ello, pidió revisar los contenidos divulgados a través de los medios de comunicación, con un protocolo para detectar los que sean contrarios a la erradicación de la violencia de género y con una exigencia de compromiso de defensa de la víctima. Añadió que no pueden normalizarse en tales medios, como se hace, los delitos contra la violencia sexual.
La Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y periodista observó que solo esta medida 38, junto con las medidas 112 y 143 bajo otros ejes, mencionan las redes sociales, algo insuficiente. En todo caso, reconoció la necesidad de reforzar esta medida 38, con una campaña de conocimiento del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, poco conocido; y ante los escasos informes publicados.
La Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis se detuvo asimismo en el papel de los medios, señalando en que en ellos se sigue cuestionando a las víctimas, recordando el caso de Infancia Libre en 2019.
La Directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) citó también la importancia de los medios de comunicación, para que las obras audiovisuales o cualquier contenido digital eliminen los estereotipos y los roles sexistas, recordando que mujeres gitanas se presentan en tales medios como «caricaturas cargadas de estereotipos sexistas que degradan nuestra integridad y promueven un trato desfavorable y despectivo hacia nosotras».
La Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y periodista se refirió por otro lado a la medida 42 del Pacto de Estado, sobre un sistema de coordinación, cooperación y corregulación para eliminar referencias en la web que promuevan la violencia de género, indicando que debe irse más allá y no considerar estos problemas al margen de la realidad informativa.
La Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y periodista mencionó igualmente la medida 43, en cuanto a la divulgación en los medios de sentencias condenatorias en esta materia, criticando que a menudo se trata a la información de violencia de género «más como un suceso que como un delito público», lo que impide reconocer el problema estructural, y se ignora la evolución de los casos. Por ello consideró que debe irse más allá de lo exigido por esta medida, informando sobre todo lo que implica la violencia de género, pues esta no termina al recaer la sentencia. Criticó además el desarrollo de tertulias donde se trata el feminismo como una anécdota en lugar de como un asunto de derechos humanos.
La Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y periodista conectó asimismo con la medida 47, en cuanto a la corregulación, la especialización y formación de profesionales de los medios de comunicación y publicidad. Lamentó la falta de especialistas de la información de violencia de género, y hechos como la difusión de un artículo sobre denuncias falsas basado en una fuente representativa de los hombres «que se sienten maltratados por la Ley de violencia de género». Por ello esta medida 47, comentó, no refleja la realidad diaria de las redacciones, de las tertulias ni de los platós de televisión en España.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se plasmó el cumplimiento de las medidas 52 y 53, sobre la formación y los proyectos cinematográficos de RTVE.
En este marco, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, en nombre de la Federación de Mujeres Progresistas, vio positivo el compromiso de Radiotelevisión Española con la igualdad de oportunidades en la programación de sus contenidos audiovisuales, así como la constitución y desarrollo de un observatorio que vele por el cumplimiento de los acuerdos establecidos a nivel de empresa. Resaltó los esfuerzos por introducir la transversalización de género en programas informativos, como Informe Semanal o los telediarios de la televisión pública, pero pidió una revisión más crítica en otros formatos de entretenimiento, «donde no se tiene en cuenta esta óptica y donde se hace más precisa la necesidad de la formación de los y las profesionales, que dotan de contenidos a los mismos, así como, también, de la dirección de esos programas y las productoras que los desarrollen». Vio oportuno fomentar los códigos de autorregulación o deontológicos entre aquellas productoras con las que se colabore, dar visibilidad al Observatorio de la Imagen de las Mujeres (como ya se ha resumido más arriba), atender las necesidades de las personas jóvenes y orientar los contenidos hacia la educación en igualdad.
La Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y periodista se detuvo en la medida 56, sobre las necesidades informativas de la juventud para frenar conductas machistas, teniendo en cuenta lo apuntado previamente sobre los referentes informativos de la juventud y a la vista del papel de los medios para sensibilizar con valores de respeto e igualdad. Dicha medida no se está cumpliendo, apuntó, ante la diversidad de medios a los que atienden los jóvenes, por lo que «las medidas del Pacto de Estado no deben ir dirigidas solo a las empresas de medios de comunicación tradicionales, sino también incorporar empresas de redes sociales con contenido que se alejen del odio y de la misoginia».
Por lo demás, la Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y periodista relató su participación en el programa de Rocío, contar la verdad para seguir viva, con un gran impacto para el reconocimiento de situaciones de violencia de género, que a menudo se desconocen por las propias víctimas, incluso con alta formación educativa o alto nivel económico. Tras las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, la compareciente resaltó en fin otro problema de los medios de comunicación, y es cómo tienden a blanquear la figura del maltratador, al margen de los discursos que critican el feminismo y que dañan a las víctimas.
5. Laboral
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se incluyó el cumplimiento de la medida 58, sobre el impulso de campañas institucionales contra la violencia de género, en colaboración con organizaciones patronales, sindicales y empresas, relatando las iniciativas llevadas a cabo.
En relación con la respuesta institucional y las empresas, la Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y periodista recogió la voz de muchas víctimas que no se sienten escuchadas por las instituciones y que piden cuidar las licitaciones de determinados servicios de violencia de género «a ciertas empresas que no cuentan con profesionales completamente formados sobre esta realidad».
Eje 2
La mejora de la respuesta institucional a través de la coordinación y el trabajo en red, entre las autoridades y organismos responsables. En los términos del Pacto de Estado, «ello implica maximizar el uso de los recursos disponibles, promoviendo recursos de apoyo en el ámbito local, perfeccionando los protocolos de actuación y de comunicación entre los diferentes agentes intervinientes».
1. Internacional
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se detalló el cumplimiento de la medida 63, en cuanto a la colaboración con los consulados en la atención a las víctimas de violencia de género, a partir del protocolo de actuación firmado en 2015 por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Empleo y Seguridad Social, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y más recientemente la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024.
2. Genérico
Este apartado arranca con la medida 65, sobre la relevancia en la estructura institucional dada a las políticas contra la violencia de género, cuyo seguimiento se reflejó en el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, destacando la reestructuración de los departamentos ministeriales en junio de 2018.
Por su parte, la Ministra de Igualdad recordó la reunión del 21 de mayo de 2021 con los representantes del Pacto de Estado para constituir un espacio de trabajo interinstitucional al objeto de trazar un plan de revisión y de modernización de las actuaciones, de las herramientas y de los protocolos contra la violencia de género. Añadió que debe fortalecerse este pacto a nivel institucional para hacer frente al negacionismo, y para dotarlo de carácter permanente más allá de su vigencia inicial de cinco años, con su necesaria ampliación y modernización, lo cual, adelantó, irá acompañado de la estrategia estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025, licitada en junio de 2021. Por otro lado, destacó que España ha sido uno de los tres países europeos que ha creado mecanismos específicos para la prevención y la asistencia especializada a las mujeres víctimas de violencia de género durante el estado de alarma, como se detalla bajo otros ejes. Al respecto, y a raíz del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, se contactó con el Ministerio del Interior, las comunidades y ciudades autónomas, la FEMP y las distintas empresas participantes para asegurar los servicios de asistencia.
Al inicio de su comparecencia, la escritora de ensayo y novela y profesora del Ciclo Superior «Promoción de Igualdad de Género» en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Avempace de Zaragoza corroboró la necesidad de que en el diseño de las medidas y en su ejecución y evaluación haya un «consenso institucional, político y social que muestre, sin otro tipo de intereses, el compromiso de todas las instituciones con la sociedad española para alcanzar los acuerdos que permitan avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres.»
Bajo este eje, las medidas 67 y 68 exigen habilitar un mecanismo de participación de las organizaciones de la sociedad civil a nivel institucional, y ello también se ha tenido en cuenta por las comunidades autónomas. Así, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria se refirió a la recuperación en su comunidad del Consejo de la Mujer, para agrupar a representantes del ámbito rural, ganadero o empresarial, y trabajar con ellas desde el Gobierno de Cantabria. El cumplimiento de esta medida también se destacó en el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, en relación con el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
Mención aparte merece el propio Pacto valenciano contra la violencia de género y machista, aportado como documentación a la Comisión por la Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Dicho Pacto, firmado el 17 de septiembre de 2017, resulta de un informe realizado por una comisión de estudio de las Cortes Valencianas, al que se incorporaron igualmente los representantes de varias organizaciones. Con ello, este Pacto se estructura en cinco ejes y 293 medidas concretas para «transformar la sociedad y erradicar las violencias contra las mujeres». Tales ejes o líneas estratégicas son los siguientes: garantizar una sociedad segura y libre de violencia de género y machista, feminizar la sociedad, coordinar el trabajo en red para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y machista y sus hijos e hijas, romper los muros que invisibilizan la violencia de género y machista y socializarlo como un conflicto político y social, y garantizar la dotación presupuestaria estable para poder desarrollar e implementar los objetivos. A su vez, cada una de estas cinco líneas incluye una serie de medidas, algunas de las cuales recogemos en este resumen y fueron igualmente destacadas por la compareciente. Al respecto, esta citó la unanimidad de las fuerzas parlamentarias en su consecución, y observó que su seguimiento se realiza por un órgano de gobernanza paritario, entre la sociedad civil y las administraciones públicas. Además, al responder a las cuestiones planteadas por los representantes de los grupos parlamentarios, indicó que la página web súmate al pacto.com permite que entidades o personas físicas individuales pueden sumarse a este Pacto, comprometiéndose con una serie de medidas, como el lenguaje no sexista.
Por su parte, la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres aludió al Plan estratégico de políticas de igualdad de género del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022, acorde a una «conceptualización transversal de la perspectiva de género». En relación con la coordinación institucional, resaltó que el cierre de escuelas y otros servicios durante el estado de alarma derivado de la crisis sanitaria exigió establecer comisiones de coordinación entre los diferentes departamentos de la Generalitat de Catalunya, sus Diputaciones provinciales, los municipios y el Consell Nacional de les Dones de Catalunya.
Por otro lado, la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía informó a la Comisión sobre el protocolo de actuación institucional de su comunidad autónoma ante casos de violencia de género, «totalmente coordinado y confeccionado por el Instituto Andaluz de la Mujer, escuchando también todas las voces y todos los agentes, y es el primero que existe en Andalucía para dar una respuesta administrativa unificada y unitaria ante casos de violencia de género», asegurando su seguimiento y la coordinación interdepartamental mediante una comisión de coordinación del protocolo.
El Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria insistió también en la importancia de esta coordinación, señalando que «sin unas buenas herramientas de coordinación interinstitucional muchas de las medidas descritas en el Pacto de Estado no podrían ejecutarse de una forma eficaz y eficiente». Al respecto destacó los tres instrumentos de coordinación en su comunidad: el acuerdo interinstitucional por el que se aprueba el Protocolo general para la coordinación de las actuaciones en materia de lucha contra la violencia de género en Cantabria, de 2017, con participación del Gobierno, la Delegación del Gobierno, la Fiscalía Superior de Cantabria, la Federación de Municipios y el Colegio de Abogados; la Comisión de coordinación de violencia de género de la Audiencia Provincial, entre los órganos judiciales, la Delegación del Gobierno, las fuerzas de seguridad, la Dirección General de Justicia, la Dirección General de Igualdad y Mujer, el Instituto de Medicina Legal y el Colegio de la Abogacía en Cantabria; y la reunión anual de la Fiscalía de Extranjería en relación con el Protocolo marco de la protección de las víctimas de trata de seres humanos, con la fiscal de Extranjería, la Delegación del Gobierno, la Inspección de Trabajo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las entidades representantes del tercer sector.
Siguiendo con este punto de la coordinación interinstitucional, y teniendo en cuenta la antedicha medida 65 del Pacto de Estado, la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia compartió en su comparecencia el VI Plan estratégico para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 2013-2015, que «supuso la incorporación de la perspectiva de género al conjunto de la acción del Gobierno, es decir, integramos el mainstreaming de género», a lo que se sumó en marzo de 2019 el Plan de transversalización del Pacto de Estado, con nuevas medidas.
La Directora General de Igualdad del Principado de Asturias empezó indicando que «en la estructura del Gobierno del Principado de Asturias las competencias en política de igualdad y violencia de género recaen en esta Dirección General de Igualdad, que acoge al Instituto Asturiano de la Mujer y que depende directamente del presidente del Principado de Asturias», y tal estructura «pretende la transversalidad, es decir, responde a un compromiso de todo el Gobierno con las políticas de igualdad y frente a la violencia de género». Al respecto, destacó el Protocolo interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género del Principado de Asturias, de 2007, para abordar dicha coordinación, si bien trabajando especialmente en cuatro ámbitos: sanitario, judicial, sociolaboral y de servicios sociales. Además, comentó, se ha establecido una mesa de igualdad y se va a poner en marcha el Plan de igualdad de la Administración.
El Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid mencionó en su comparecencia que la «Consejería de políticas sociales coordina y supervisa el desarrollo de todos los convenios firmados, facilita los logotipos, modelos de intercambio de información y demás materiales necesarios para el buen desarrollo de los programas ofrecidos». Además, su Consejería, apuntó, está en permanente coordinación con otras consejerías implicadas en esta labor y ha participado en la realización de un protocolo de violencia sexual «que se pondrá en marcha próximamente en los hospitales». Suscribió posteriormente la importancia de la coordinación institucional, incluyendo la coordinación entre su comunidad y los municipios, o con la administración estatal.
En el informe de la Ley 4/2018 remitido por la Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la Comisión figuró la referencia al II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, aprobado en 2018 y en vigor en 2019, desarrollado por el Instituto de la Mujer de esta comunidad. El primer objetivo de este plan es «consolidar la transversalidad de género en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha» y el primero de sus siete ejes estratégicos es la gestión pública con perspectiva de género. Más adelante se detiene este informe en los protocolos de actuación, partiendo del acuerdo de coordinación institucional de aplicación de los protocolos para la prevención de la violencia de género y atención a mujeres de Castilla-La Mancha, firmado en noviembre de 2009. Por lo demás, en su comparecencia la Consejera hizo de nuevo alusión a la expresión «mainstreaming de género» para asegurar la transversalidad de políticas de su gobierno, con unidades de género en todas las consejerías.
Por su parte, el Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra partió en su comparecencia de la adscripción del Instituto Navarro para la Igualdad a su Departamento, que tiene atribuidas las competencias en materia de igualdad conforme a la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres, a efectos de «planificar y coordinar, impulsar y hacer una evaluación de las políticas públicas, así como de promover la colaboración entre las diferentes administraciones públicas en Navarra» en esta materia, a efectos de la transversalidad. Esta se manifiesta en las unidades de igualdad de cada Consejería y en la Comisión Interdepartamental de Igualdad. Por otro lado, se detuvo en el Plan de acción de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, con cuatro ejes, girando el cuatro precisamente en torno a la coordinación y colaboración interinstitucional, y para cuyo seguimiento y evaluación se han creado la Comisión interdepartamental para la Igualdad y la Comisión técnica. Se detuvo asimismo en el III Acuerdo interinstitucional para la coordinación ante la violencia contra las mujeres en Navarra, y en los protocolos locales de coordinación existentes. Esta documentación se remitió a la Comisión, y al respecto procede resumir que las partes firmantes asumen como obligaciones la difusión del contenido del protocolo de actuación conjunta (que integra los ámbitos sanitario, policial, jurídico y judicial, de atención social, educativo, de vivienda y empleo); establecer planes de formación continua (para lo cual nos remitimos al eje 5); y habilitar los recursos necesarios para la aplicación de los contenidos del acuerdo.
La Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón apuntó en general que la ejecución de las medidas del Pacto de Estado exige «la colaboración, la cooperación y la coordinación institucional, tanto de las entidades locales como de las comunidades autónomas, y dentro de las propias comunidades es absolutamente preciso trabajar en equipo de forma coordinada, de manera transversal». El propio pacto de esta comunidad se dividió entonces en un protocolo interdepartamental liderado por el Instituto Aragonés de la Mujer con cinco departamentos del Gobierno, convenios con las entidades locales y programas de sensibilización, de formación de estudios y de atención integral, como se detalla bajo otros ejes.
La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco empezó su comparecencia destacando el trabajo en su comunidad de forma interinstitucional y multinivel entre sus instituciones, partiendo de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, del País Vasco, para orientar la erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco de las políticas de igualdad. Añadió en este sentido la importancia, de nuevo, de la transversalización, por lo que tales políticas deben avanzar desde una «perspectiva interseccional», partiendo de la prevención y la atención. Por lo demás, precisó que Emakunde se encarga de la coordinación, evaluación e impulso de las políticas de igualdad, sin perjuicio de las competencias atribuidas al nuevo departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y otros departamentos. En este sentido, recién declarado el estado de alarma activó el trabajo entre las instituciones integrantes de la Comisión de seguimiento del II acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a las mujeres víctimas, para «reforzar la coordinación interinstitucional en una situación tan complicada». Posteriormente, se detuvo en el VII Plan para la igualdad de mujeres y hombres en esta comunidad, como documento guía, que permite igualmente la implantación coordinada de las medidas. En relación con ello, se remitió a la Comisión el documento operativo para la implementación de dicho Plan, de la Agenda Euskadi Basque Country 2030, del Pacto de Estado y del Convenio de Estambul, en materia de atención a víctimas de violencia contra las mujeres, destacando la alineación directa entre el VII Plan y el Pacto de Estado, cuya evaluación remitimos al eje 9.
Por su parte, la Directora del Instituto Canario de Igualdad recordó que su instituto tiene un proyecto de transversalidad con todos los sectores, para introducir la perspectiva de género en todas las partidas presupuestarias de los programas de los distintos sectores del Gobierno, además de un convenio con la Dirección General de Trabajo, para controlar la discriminación sobre la mujer en el ámbito laboral.
La Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears indicó en su comparecencia que, desde el 1 de enero de 2019, se han traspasado a los consejos insulares las competencias para dotar a cada una de las cuatro islas del archipiélago balear de todos los recursos para la atención directa de las víctimas de violencia machista, «una descentralización que pretende con la proximidad ofrecer una atención lo más directa y personalizada posible y que además cuenta con el apoyo de la Administración autonómica para coordinar políticas y recursos». Por lo demás, comentó que las mesas locales de coordinación y prevención de la violencia machista permiten la coordinación entre las diferentes administraciones públicas, organismos y profesionales de los diferentes ámbitos competentes y responsables en esta materia.
El Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja empezó su comparecencia poniendo de relieve nuevamente la transversalidad de las competencias y políticas en la lucha contra la violencia de género, que corresponden a todo un Gobierno, y también a los distintos poderes públicos territoriales y a las distintas administraciones locales. Recalcó, con todo, el peso del departamento de Justicia e Interior, considerando incorrecta la asociación de la violencia de género con la actuación de los servicios sociales, ya que «poner el foco en la exclusión social […] no es la forma más exacta de abordar las actuaciones en este campo».
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León apuntó que el modelo de su comunidad tiene como fundamento la integración con el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, destacando además la colaboración institucional y el trabajo en red, «entendido como colaboración estable y permanente entre los profesionales de servicios sociales del ámbito judicial, sanitario, educativo, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las entidades del tercer sector». En relación con ello, señaló que, con anterioridad a la declaración del estado de alarma, se elaboró un plan de contingencia global entre las administraciones regional y local y las entidades del tercer sector, para asegurar la respuesta en este contexto. Por ello, añadió posteriormente que la transversalidad es el fundamento de trabajo, para fortalecer las capacidades institucionales de todas las administraciones que intervienen en un territorio, así como la sociedad civil.
La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura indicó que su Gobierno, a través de la Consejería de Igualdad y Portavocía y del Instituto de la Mujer de Extremadura, trabaja para dar respuesta a todas las mujeres que sufren violencia machista con políticas transversales eficaces mediante las nueve consejerías que lo conforman, cada una de las cuales tiene una unidad para la Igualdad de mujeres y hombres, a través de las que se desarrolla, entre otras medidas, la evaluación del impacto de género, con la creación de la Comisión de impacto de género en los presupuestos. Por otro lado, citó el V Plan estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres de Extremadura de 2017 a 2021, con una participación transversal y para cuyo desarrollo se dispone de una dotación de algo más de 241 millones de euros. Desde 2013 existe además la Comisión permanente para la prevención y la erradicación de la violencia de género en Extremadura, organismo encargado de la coordinación institucional en esta materia. En fin, expuso que cuentan en este punto con el protocolo interdepartamental para la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres en Extremadura.
Sobre la transversalidad incidió igualmente la Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla, señalando la necesidad de coordinación entre su Consejería y las demás, así como el funcionamiento coordinado de otras entidades. De ahí la necesidad de que las instituciones trabajen en red. Al respecto, añadió que el plan de igualdad aprobado en 2018, con vigencia hasta 2022 y pendiente de revisión, permite trabajar de forma transversal con todas las administraciones.
En la documentación remitida a la Comisión, la Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta hizo referencia la elaboración de un protocolo de coordinación, colaboración y cooperación interinstitucional pendiente de firma con la Delegación del Gobierno en Ceuta.
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género dio cuenta en su comparecencia del compromiso político de todas las instituciones contra las violencias de género, con una experiencia de co-gobernanza desde el respeto competencial, siguiendo la coordinación interinstitucional y la cooperación con varias instituciones: así con los Ministerios de Justicia y del Interior, con la sociedad civil en el marco del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y del Foro social contra la trata, con el Consejo General del Poder Judicial, con la Fiscalía y el Sistema VioGén, con el sistema sociosanitario, con el Servicio Público de Empleo Estatal y haciendo mención al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para la detección y asistencia en los casos de violencia contra las mujeres españolas en el exterior. Destacó, por lo demás, la puesta en marcha del Plan de contingencia contra la violencia de género, para garantizar los servicios durante el estado de alarma.
En la documentación remitida a la Comisión por la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, se desarrolló la medida 67 del Pacto de Estado sobre la incorporación a este Observatorio de asociaciones representativas de mujeres del ámbito rural, indicando que está en proceso al figurar en el borrador pendiente de aprobación de reforma del real decreto de constitución del Observatorio.
En relación con ello, la Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), para cumplir esta medida 67, propuso en su comparecencia que esta organización fuera incluida en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, respecto de la medida 69 sobre las modificaciones legales para permitir a la Administración local desarrollar actuaciones en esta materia, se recogió la modificación del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el Real Decreto-ley 9/2018, para incluir este punto entre las competencias propias de los municipios.
En cuanto a las medidas 70 y 71 sobre la acreditación de víctimas de violencia de género, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria destacó que en su comunidad se ha diseñado un procedimiento para acceder al estatuto integral de protección, donde la acreditación la realiza la persona responsable de la Dirección General de Igualdad y Mujer, a propuesta de los profesionales de la red de información y atención integral del Gobierno de Cantabria de los servicios sociales de atención primaria. «Ello permite a las mujeres que no han cursado denuncia acceder a los apoyos económicos de la renta activa de inserción o a las ayudas directas para el pago de alquiler».
En esta misma línea, la Directora General de Igualdad del Principado de Asturias expuso la gestión de la acreditación como víctimas de violencia de género a las mujeres víctimas, con independencia de la denuncia. Tal acreditación permitiría recibir el salario mínimo vital.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, respecto de la medida 70 sobre los títulos de acreditación al margen de la interposición de denuncia, se expuso que el Real Decreto-ley 9/2018 modificó a estos efectos el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante, LO 1/2004).
La Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (UPV) defendió el acceso a los recursos y la garantía de los derechos de las mujeres por vías diferentes a la denuncia penal. Pero lamentó que la posibilidad de que los servicios sociales puedan otorgar la credencial de víctima no se ha desarrollado lo suficiente.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se recogió en cambio el cumplimiento de la citada medida 71 sobre la puesta en marcha del nuevo sistema de acreditación, a partir del antes citado artículo 23 de la LO 1/2004 tras su reforma por el Real Decreto-ley 9/2018.
La Directora de Sortzen Consultoría, S.L. reconoció asimismo que «poder acceder a los recursos de apoyo sin necesidad de interponer previamente una denuncia ha sido un gran avance».
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial se detuvo en el mismo punto, destacando como paso importante el que no haga falta denuncia «para que una mujer tenga medidas de carácter social, recursos asistenciales y sociales y medidas de carácter policial», incluyendo en este punto el llamado protocolo cero.
En referencia específica a la medida 73 sobre las Unidades de Apoyo en el ámbito local, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria destacó la red de 40 unidades existente en su comunidad, «de atención permanente, actuación urgente y especialización y multidisciplinariedad profesional».
La Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer consideró en cambio en su comparecencia que esta medida 73 no se cumple en general, porque se está lejos de establecer el plan de atención individualizado que exige.
La medida 74 exige integrar en las unidades de apoyo las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica, y al respecto la Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis refirió las dificultades para desarrollar la asistencia jurídica gratuita por parte de organizaciones como la suya, complementaria del sistema de turno de oficio, ya que los programas de asistencia han sufrido recortes, por lo que reclamó su dotación económica suficiente.
La Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil conectó al inicio de su comparecencia con esta medida 74, al referirse a la colaboración entre la Guardia Civil y las entidades locales y el tercer sector, necesaria para ofrecer una protección integral de las mujeres, sobre todo en el ámbito rural. Por otro lado, apuntó que, para mejorar la respuesta institucional a las víctimas de violencia de género a través de la coordinación, se les facilita un listado de los recursos asistenciales que tienen disponibles y los agentes se pueden poner en contacto con estos. Asimismo, recordó la atención primera de los puestos territoriales, cuyas actuaciones son notificadas a los puntos de atención especializada, con 728 Equipos Mujer-Menor desplegados por todo el territorio, para un total de 269 puntos de atención especializada, asesorados por el equipo central, con seis especialistas. En fin, detalló el contenido del Plan de acción de la Guardia Civil contra la violencia sobre la mujer, de 23 de noviembre de 2020 y aportado como documentación a la Comisión, con cuatro ejes de acción: el ámbito estratégico, incluyendo entre otras actuaciones un protocolo frente al acoso laboral y otro frente al acoso sexual y por razón de sexo; los recursos materiales, humanos e inversiones, reclamando el incremento de la dotación de la plantilla de los equipos Mujer-Menor y de los propios guardias civiles; la formación, concienciación y divulgación, como también se recoge bajo el eje 5, e incluyendo desde julio de 2021 un protocolo de actuación ante situaciones de violencia sobre la mujer que afecten a personal de la Guardia Civil, así como reconocimientos de la Guardia Civil contra la violencia sobre la mujer; y la reorganización y mejora de los procedimientos para adecuar la estructura organizativa, con la figura del coordinador guardia civil en esta materia o la participación de esta institución en organismos dedicados a la lucha contra la violencia sobre la mujer.
En el ámbito laboral, conectando con la medida 75 entre otras, la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres ofreció el dato de las 69 oficinas de trabajo distribuidas en el territorio catalán, con una «red de atención a mujeres en situación de violencia machista», y con 7521 mujeres inscritas a fecha de julio de 2020, «de las cuales un 50 % tiene ya una persona profesional de referencia asignada», lo cual favorece la búsqueda de empleo, como se detalla bajo el eje 3. Por otro lado, refirió las 118 oficinas de información y atención a las mujeres repartidas por su comunidad autónoma, «que dan servicios sobre cualquier materia, como podría ser salud, trabajo o vivienda, pero también atienden violencia sobre la mujer, disponiendo todas ellas de servicio de atención psicológica y jurídica especializada en violencia». Del mismo modo, hizo referencia a los 13 servicios de intervención especializada en violencia machista, dependientes del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, «que ofrecen información, atención y recuperación a las mujeres en situación de violencia machista y de sus hijos e hijas»; así como a los 21 servicios de atención a la víctima de violencia de género en las comisarías de Mossos d’Esquadra con personal especializado.
En este mismo marco, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria advirtió que desde 2019 se ha ampliado la red de unidades de apoyo con la creación de dos centros más de atención integral, con una orientadora laboral para facilitar a las víctimas el desarrollo de habilidades sociales y una cualificación básica, «así como potenciar su motivación y su incorporación o reincorporación al mercado laboral». En concreto, en 2019 los centros de información y atención integral del Gobierno de Cantabria asesoraron a 515 mujeres nuevas, 145 más que en el año 2018, mientras que «el área de trabajo social ha atendido a 595 mujeres; la sección jurídica realizó 1260 intervenciones en materia de violencia de género; la sección de psicología programó 3103 citas y realizó 2498 sesiones de asesoría; el área de agresión, abuso y acoso sexual del Centro de Información y Atención Integral del Gobierno de Cantabria atendió a 29 mujeres en el año 2019, 10 más que en el año anterior, y a 9 niñas.»
Igualmente, la Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia destacó el papel de los 22 centros de atención a víctimas en la región, con profesionales de tres áreas: psicológica, de asesoría legal y de trabajo social, atendiendo a 16 729 mujeres en 2020, hasta el 31 de agosto. En relación con ello, han abierto a la fecha de comparecencia seis puntos de atención especializada. En la documentación remitida a la Comisión, y respecto de la medida 81 del Pacto de Estado, se señaló la existencia de subvenciones a 29 ayuntamientos para asegurar la red de atención integral a las mujeres víctimas, además de programas de inserción y empoderamiento, «Ilusiona-T» y «Empoder-Arte», para el cumplimiento de la medida 75.
Del mismo modo, la Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana hizo alusión a los centros Mujer 24 horas, subiendo de 87 profesionales en 2015 a 197 en 2020, «mejorando también su conexión con el resto de equipamientos públicos y de transporte», y ampliando centros. En relación con ello, apuntó que la red de igualdad, con 193 profesionales, se ha vehiculado a través de los municipios, por lo que «coadyuva en los centros Mujer 24 horas a la detección y, después, a la derivación a los Centros específicos de mujer 24 horas».
En este ámbito, cabe referir el Centro de recuperación integral para mujeres que sufren violencia de género, en Santiago de Compostela, y el centro de emergencia en la ciudad de Vigo, como servicios que, siguiendo lo expuesto por la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia en su comparecencia, siguieron funcionando durante el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria. Por otro lado, esta compareciente señaló que, en lo que se llevaba de 2020, el Programa de atención psicológica a mujeres víctimas de la violencia de género e hijos e hijas y personas dependientes a cargo tuvo 32 personas menos que en 2019: 624 personas, dadas las limitaciones impuestas por la declaración del estado de alarma.
La Directora General de Igualdad del Principado de Asturias hizo referencia en su comparecencia a los dieciséis Centros asesores de la mujer, los CAM, repartidos por todo su territorio, con una abogada y, en su caso, una psicóloga. Destacó su importancia «ya que realizan, junto con los ayuntamientos, las comisiones técnicas para el seguimiento de los casos», con todos los agentes del territorio y la Fiscalía.
El Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid se refirió en su comparecencia a la red de puntos municipales del Observatorio regional contra la violencia de género, que se constituye para abordar la prevención de la violencia machista y la atención integral de las víctimas mediante convenios de colaboración entre los ayuntamientos y mancomunidades de la región y la Consejería de políticas sociales, bajo la supervisión de la Dirección General de Igualdad. Son un total de 54 puntos municipales ubicados en 38 municipios y en 15 mancomunidades de servicios sociales, que se ponen en contacto con las mujeres con orden de protección derivadas desde el punto de coordinación en la citada Dirección General de Igualdad. Observó que tales puntos, durante el mes de marzo de 2020, atendieron a 5836 mujeres y registraron 236 casos nuevos. Comparativamente, en el mes de junio del mismo año fueron atendidas 9665 mujeres.
En relación con este punto cabe recoger lo expuesto por el Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, al señalar que cuentan con 26 técnicas de igualdad en las entidades locales en Navarra, y el objetivo es que toda su población disponga de este personal especializado en políticas de igualdad en el ámbito local. Tras las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, insistió en la importancia de los pactos locales por la igualdad, que deben ampliarse a todas las entidades.
A raíz de las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón se centró en el ámbito local, partiendo de que en el mismo «es más difícil todavía si cabe enfrentarse a una situación de violencia de género», debido a una doble victimización. Llamó la atención sobre el hecho de que un 95 % de los pueblos aragoneses tienen menos de 1000 habitantes, por lo que la organización institucional debe articularse «para que ningún rincón se quede desatendido». Al respecto mencionó dos tipos de convenios: uno para reforzar la red de policías locales, por ahora con cinco ayuntamientos; y por otro lado convenios con las comarcas, «para la prestación del servicio de asesoría psicológica, atención social y educativa familiar» y «para acciones formativas y campañas en materia de prevención y sensibilización».
La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura señaló que el Instituto de la Mujer de Extremadura configura su red de oficinas de igualdad, un total de 36, con 65 profesionales «que orientan y adaptan sus programas de igualdad y no violencia a la realidad y a la particularidad de cada territorio y se sirve a su vez de las mancomunidades y de los municipios mayores de 20 000 habitantes», dada la colaboración necesaria de las entidades locales. En este marco se desarrollan programas para el fomento y el fortalecimiento de los valores igualitarios, el apoyo al movimiento asociativo y la promoción de hábitos saludables en las mujeres, con la participación de unas 40 000 personas en 2019. En tal año, estas oficinas desarrollaron unas 1000 acciones y atendieron a unas 3600 mujeres. Añadió que esta red coordina las mesas territoriales y locales contra la violencia de género, y existen dispositivos públicos de emergencia y atención especializada.
Por su parte, la medida 84 se centra en la intervención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género, y en relación con estas retiradas procede recoger los datos aportados por el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Observó que en 2019 se produjeron 2004 denuncias, una media de 5,5 al día, sin variación respecto de 2018, y un 5,6 % de tasa de renuncias a continuación del proceso, «lo cual nos sitúa en la tercera comunidad autónoma con el mejor porcentaje, siendo la media nacional de 10,2 %».
Aunque en cierto modo desborda este marco, recogemos aquí parte del contenido de la comparecencia de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que la arrancó resumiendo el papel de la FEMP para dar voz al ámbito local en todos los niveles de actuación de los ayuntamientos y servir de interlocutores con el Gobierno, y en particular en la elaboración de las propias medidas del Pacto de Estado, que reflejan la capacidad de decisión política de los municipios.
La Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) dio el dato de que, de media, las víctimas de violencia de género tardan en denunciar casi nueve años, pero esta media sube a veinte o veinticinco años en el caso de los pueblos o pequeños municipios. Precisó que el porcentaje de mujeres víctimas que denuncian su situación es de un 83,3 % en las mujeres que residen en municipios de más de 10 000 habitantes; del 78,5 % en los municipios de entre 2000 y 10 000 habitantes; y del 66,9 % en los municipios de menos de 2000 habitantes, donde además menos se acude a los servicios policiales y judiciales, teniendo en cuenta que muchos pueblos no cuentan con juzgado ni con puesto policial o de la Guardia Civil, y solo disponen de un servicio público. Añadió que tampoco tienen centros de salud abiertos las veinticuatro horas. Por ello defendió el establecimiento del procedimiento de ventanilla única en las zonas rurales, así como un mayor apoyo institucional a organizaciones como la suya.
La Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (UPV) reclamó igualmente una mayor coordinación de los servicios sociales, sanitarios y policiales, así como el establecimiento de una ventanilla única, que no estuviera situada en la vía penal.
Por lo demás, la antedicha medida 75 contiene entre otras exigencias la de elaborar propuestas sobre la necesidad de un reforzamiento psicológico para con las víctimas, con el fin de atajar factores que pudieran incidir en su falta de autoestima y en su capacidad para romper la dependencia con el maltratador, y en ello versó también parte de la comparecencia de la Directora de Sortzen Consultoría, S.L.
En la documentación remitida a la Comisión por la Presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se hizo referencia a la medida 77 del Pacto de Estado, que prevé «encargar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un estudio jurídico sobre las reformas que deberían implementarse, en el ámbito de las ordenanzas municipales, para acabar con la tolerancia y permisividad hacia la publicidad de servicios sexuales que facilitan actuaciones delictivas». Al respecto se recogió que, desde las competencias urbanísticas y vinculadas al concepto de paisaje urbano, algunos ayuntamientos han aprobado ordenanzas que regulan la publicidad, las cuales establecen prohibiciones y limitaciones a la misma con las que se trata de evitar atentados al paisaje urbano, prevenir la contaminación lumínica o acústica, etc. El estudio podría consistir entonces en identificar esas ordenanzas, analizar su contenido y ver en qué medida se pueden introducir en ellas prohibiciones o limitaciones a la publicidad de esos servicios sexuales. En cualquier caso, la compareciente hizo depender la programación de este estudio de su financiación y de las condiciones y objetivos de esta medida. Por otro lado, recalcó la importancia de que los municipios cuenten con estructuras de igualdad sólidas, pese a las dificultades que encuentran algunos para su implantación.
3. Laboral
En cuanto a las medidas 85 y 86 del Pacto de Estado, sobre la difusión y promoción del Protocolo de Movilidad para funcionarias víctimas de violencia de género de la Administración General del Estado, cuyos datos deben incluirse en el Boletín Estadístico del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, en la documentación remitida a la Comisión, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer señaló que ello está pendiente de ejecución, al depender esta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se recogió el cumplimiento igualmente de la citada medida 85, haciendo referencia a la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, y a la Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se incluyó el cumplimiento de la medida 87, sobre el desarrollo reglamentario de las Unidades de Igualdad en las Administraciones Públicas, atendiendo al Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado.
La Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer comentó en su comparecencia lo relativo a la medida 89 del Pacto de Estado, sobre la comunicación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de los casos de violencia de género en las empresas. Apuntó que ello debe impulsarse, pues «en la Federación de Mujeres Progresistas nos consta que no se está analizando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el seguimiento de los casos de violencia, y así poder investigarlos en las empresas cuando las víctimas sufran perjuicios laborales». Ello debería promoverse, mediante más recursos, y sanciones a las empresas incumplidoras.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se dejó constancia también del cumplimiento de la medida 90, sobre la inscripción registral o el depósito de los planes de igualdad obligatorios para las empresas de más de 250 trabajadores/as, a partir del el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
La Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se detuvo asimismo en la medida 92, sobre las medidas y protocolos contra el acoso sexual o el acoso por razón de género en las empresas, indicando que existen algunas empresas con un protocolo por el que las trabajadoras víctimas de violencia de género conocen sus derechos sociales, pero, «desgraciadamente, son muy pocas las empresas que cumplen con este protocolo, por lo que consideramos que sería de gran importancia que se hiciera un esfuerzo para que estos protocolos llegaran al mayor número posible de mujeres». Añadió que la dificultad de esta medida afecta especialmente a las pequeñas y a las medianas empresas, y que apenas existen acciones específicas orientadas a la eliminación de la violencia de género en los planes de responsabilidad social corporativa, por lo que debería impulsarse en este ámbito.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se recogió igualmente el cumplimiento de las medidas 90 y 92, sobre los planes de igualdad y los protocolos en esta materia en las empresas, a partir del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
4. Seguridad
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se destacó lo relativo a la medida 94 del Pacto de Estado, sobre los recursos de las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, atendida con la Instrucción conjunta aprobada el 4 de noviembre de 2019.
Respecto de esta medida 94, la Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) señaló en cambio que no se está cumpliendo, conectándolo con la necesidad de reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en el medio rural.
En relación con las medidas 95 a 97 del Pacto de Estado, que buscan reforzar el funcionamiento del sistema VioGén, la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género indicó en su comparecencia que, durante el estado de alarma, se realizó un seguimiento de este sistema para que ninguna mujer fuera derivada desde el mismo a un servicio cerrado o inactivo.
En la memoria aportada por la Fiscal General del Estado en 2020, y remitida a la Comisión por la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, se dedicó especial atención a la valoración policial del riesgo a través de este sistema. Al respecto destaca la Instrucción 4/2019 aprobada por la Secretaría de Estado de Seguridad, que establece unos nuevos protocolos de valoración del riesgo, provocando un incremento importante de los niveles de riesgo Medio, Alto y Extremo, e incorporando dos llamadas de atención en función de la especial situación de riesgo en que puedan encontrarse la mujer y/o los hijos menores de esta. Al concurrir, VioGén propone la práctica de una prueba pericial complementaria.
La Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad arrancó su comparecencia refiriéndose a la medida 95 del Pacto de Estado, sobre un plan estratégico para avanzar en la coordinación del sistema VioGén. Señaló que, en el Ministerio del Interior, está cumplida la integración de dicho sistema y SIP, de Instituciones Penitenciarias, para el conocimiento por los agentes policiales de las salidas de los presos.
En cuanto al inicio de los trabajos para integración de VioGén, SIDENPOL y SIGO, siguiendo la medida 96, esto es, las bases de datos de Policía Nacional y Guardia Civil que recogen las denuncias, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad indicó que trabajan para el paso de la integración de VioGén 1 a VioGén 2, para integrar estas bases de datos de denuncias. Asimismo, se contempla la integración de SIRAJ, Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia. Gracias al Protocolo de valoración forense urgente de riesgo de violencia de género, expuso, los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses pueden recurrir al formulario de valoración forense de riesgo, a través del Sistema VioGén.
Respecto de la medida 97, para impedir el acceso a Viogén y/o restringirlo en aquellas bases de datos policiales que puedan contener datos de las víctimas, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad aseguró que está cumplida en el ámbito de la Secretaría de Estado, dada la actual configuración del sistema, que impide que un agresor pueda ser a su vez usuario del mismo por bloqueo automático del acceso, y se está trabajando para restringir el acceso a otras bases de datos de los agentes policiales. Además, detalló, la Policía Nacional ha elaborado un protocolo de actuación frente a conductas constitutivas de violencia de género con el fin de erradicarlas, mientras que la Guardia Civil ha aprobado el Plan de acción de la Guardia Civil contra la Violencia sobre la Mujer.
Por otro lado, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad recordó que, en anticipación a la declaración del estado de alarma, se pusieron alertas en el sistema VioGén, y en abril de 2020 se puso en marcha AlertCops, consistente en un botón SOS, que puede pulsar la mujer en el sistema VioGén, alertando a los agentes policiales y transmitiendo automáticamente diez segundos de lo que está pasando en ese momento.
La Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil se detuvo asimismo en el sistema VioGén, recordando su funcionamiento e incidiendo en que «los hijos menores son tenidos en cuenta en las valoraciones policiales de riesgo e incluidos en el plan de protección asociado al nivel de riesgo de su madre, así como en el plan de seguridad personalizado», lo cual conecta con el eje 4. Aludió por lo demás a la Instrucción 5/2021, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que establece el protocolo de primer contacto policial con víctimas de violencia de género en situación de desprotección. Aparte detalló el papel de los equipos VioGén, que deberían desplegarse en todo el territorio para finales de 2021. Dio el dato de que, a 20 de septiembre de 2021, la Guardia Civil es responsable de 27 449 casos, un 40,4 % del total de los recogidos en el sistema. Tras las intervenciones de los miembros de la Comisión, añadió que, para el funcionamiento de este sistema, existe una coordinación y comunicación con los cuerpos autonómicos.
5. Sectores vulnerables
La medida 99 del Pacto de Estado exige tener en cuenta a colectivos como los inmigrantes o las mujeres gitanas en el diseño de políticas específicas. Al respecto hay que detenerse en la comparecencia de la Directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI), dirigida a combatir la discriminación estructural del pueblo gitano y especialmente de las mujeres gitanas, a lo que se suman sus circunstancias sociales, el racismo y la pobreza. Criticó el antigitanismo extendido en la sociedad, citando en particular el VIII Informe FOESSA de 2019 sobre la situación social de la población gitana, en condición de exclusión de hasta un 63,3 %, índice cuatro veces superior al de la población no gitana, llegando al 89 % de pobreza infantil y afectando esta pobreza especialmente a las mujeres. Por ello, indicó que «los discursos sobre la igualdad de género no pueden construirse sobre la estigmatización de unos grupos [las mujeres gitanas] para realzar a otras», y así entendió que el Pacto de Estado «debe incluir nuestras particularidades a la altura de cualquier otro sector de la ciudadanía», con propuestas que se reflejan igualmente bajo otros ejes. Así se deriva también del informe del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (en adelante, GREVIO) de 2021. Añadió que la coordinación interinstitucional es crucial para asegurar un acompañamiento integral de las mujeres gitanas en cuanto a su acceso a los recursos administrativos, educativos, sanitarios o de vivienda; la estrategia nacional gitana debe integrar este extremo; y deben incluirse asociaciones representativas de mujeres gitanas en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
En relación con la misma medida 99, cabe resaltar, con la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, los programas de sensibilización y de formación dirigidos a la prevención y atención de la violencia de género entre la comunidad gitana, con 105 mujeres y 22 hombres gitanos y 27 acciones de sensibilización dirigidos a esta comunidad.
Por su parte, el Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid destacó la existencia en su comunidad de dos centros de día para víctimas de violencia machista, con programas específicos dirigidos a mujeres inmigrantes: Centro Pachamama programa específico para mujeres latinoamericanas, y Centro Ayaan Hirsi Ali, programa específico para mujeres magrebíes, con equipos especializados en intervención, psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, mediadoras culturales y educadoras, al igual que el resto de centros. Precisó que, en marzo de 2020, con un servicio de atención telemática, se atendió a 161 mujeres en el centro Pachamama y 234 en el Ayaan Hirsi Ali. Comparativamente, en el mes de junio del mismo año fueron atendidas respectivamente en tales centros 205 y 243 mujeres.
Dentro de los sectores vulnerables, la medida 100 del Pacto de Estado exige adaptar los recursos a las mujeres mayores. Aunando ambas previsiones, cabe recoger lo expuesto por la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, señalando que la actividad de las empresas colaboradoras para la corresponsabilidad tiene que llegar a todas: «mujeres mayores, con discapacidad, de la comunidad gitana, de otras razas, de otras etnias […] y a las mujeres trans, que también son mujeres».
El Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid hizo referencia entre otras campañas, sin perjuicio de su conexión con el eje 1, a las enfocadas a colectivos vulnerables, como las mujeres mayores de 65 años, mujeres con discapacidad o mujeres en el ámbito rural.
La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer en su comparecencia hizo referencia al servicio de teleasistencia Betion, para personas mayores o con dependencia, en aras de la prevención, detección e intervención ante malos tratos que pueda sufrir este colectivo.
Por su parte, la Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears expuso lo relativo al servicio automático de traducción a treinta idiomas para que las mujeres extranjeras o que no hablan castellano, especialmente vulnerables, puedan comunicarse en los juzgados, en cualquier organismo oficial o en los centros de acogida.
El Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja destacó el apoyo a las personas mayores de 65 años, en centros de participación activa, existiendo un programa concreto con las asociaciones de personas mayores, aunque el estado de alarma ha dificultado su desarrollo.
En este marco, la Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla puso de relieve que el Centro de información y asesoramiento de la mujer, a sus servicios tradicionales, ha sumado un servicio de acompañamiento a mujeres de una intérprete, teniendo en cuenta que «la barrera idiomática puede ser una cuestión difícil a la hora de tratar cuestiones de violencia». En esta ciudad tiene especial relevancia la migración, resaltando la compareciente la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, cuya ocupación pasó de 600 personas a 1400. Ante el agravamiento de la migración, añadió que se complicaron las situaciones de violencia de género, al margen de la disminución de denuncias. Muchas de estas mujeres debían además ampararse en la legislación relativa a «los derechos de las personas extranjeras que vienen y piden asilo político por cuestiones de violencia de género o por cuestiones LGTBI», puntos a abordar desde la Consejería de Igualdad o desde la Unidad de Violencia de Género. En todo caso, aseguró, se las atiende al margen de su situación irregular.
En la documentación remitida a la Comisión, la Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta llamó igualmente la atención sobre la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres marroquíes atrapadas en Ceuta como consecuencia del cierre de fronteras en 2020 y la crisis sanitaria. El programa Integralia integra un servicio de atención psicosocial para las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género, teniendo en cuenta que casi un 30 % de las mujeres víctimas de dicha violencia en esta comunidad son extranjeras (por tanto, con una doble victimización), la mayoría en situación irregular. La Consejera reconoció, por lo demás, que debe mejorarse la atención a las mujeres mayores, mediante programas de detección.
6. Justicia
Atendiendo especialmente a las medidas 102, 103 y 104 del Pacto de Estado, referidas a la perspectiva normativa para ampliar el concepto de violencia contra las mujeres, la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres realizó en su comparecencia algunas consideraciones. Observó en este sentido que, siguiendo la legislación catalana, existe una protección dirigida a todos los casos de violencia de género, pero el tenor de la LO 1/2004, que ciñe este concepto al ámbito de la pareja o expareja, limita la actuación de los operadores jurídicos y policiales. Ello provocaría que ciertos casos de violencia sexual no fueran procesados en un juzgado especializado en violencia de género, sino en «un juzgado general, con menos formación de género por parte de los operadores jurídicos». Por ello, defendió una modificación del ámbito de aplicación de la citada LO, para extenderla a otros casos de violencia.
En relación con la misma medida 102, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria recordó en su comparecencia que su Comunidad Autónoma cuenta con la Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas, la cual «contempla todas las formas de violencia sobre la mujer», conforme al Convenio de Estambul. Mencionó además el avance en Cantabria de la Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que ha permitido la instauración de un Observatorio de Igualdad y de una Comisión de Igualdad, esta con un representante de cada una de las consejerías del Gobierno de Cantabria, reforzando así su actuación transversal en esta materia, dando lugar igualmente a la II Estrategia de transversalidad de género 2019-2022.
Cabe añadir aquí que la Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia se comprometió en su comparecencia a desarrollar el Observatorio de la Igualdad, contemplado en la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.
En su comparecencia, la Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana apuntó que, en cumplimiento de su propio Pacto y a partir de 2018, «se modificó la legislación valenciana para adaptarla al marco del Convenio de Estambul», ampliando los derechos y servicios a las mujeres víctimas de trata, agresiones sexuales, mutilación genital o matrimonios forzosos, entre otras. Opinó que la legislación española debe adaptarse asimismo al citado Convenio, «porque más allá de la violencia de género, que es la que ejerce la pareja o expareja, hay muchas violencias sobre las mujeres, algunas estructurales […] como la violencia económica estructural».
Por su parte, la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia recordó en su comparecencia que la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, es pionera y «más amplia que la ley orgánica estatal a la hora de reconocer las distintas formas de violencia de género».
El Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid se mostró igualmente partidario de reformar la legislación para acoger un concepto más amplio de violencia de género, citando aparte la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid.
La Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hizo referencia al informe del Instituto de la Mujer de esta comunidad aprobado en octubre de 2018 por las Cortes autonómicas y que adapta plenamente la legislación autonómica al Convenio de Estambul. Tal informe fue remitido a la Comisión como documentación, y cumple con lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 4/2018. Pidió en este sentido que también se adaptara la LO 1/2004 a nivel estatal.
El Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra destacó en este marco la ya vigente Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, que sería la primera en España alineada con el Convenio de Estambul, pues su ámbito subjetivo de aplicación «abarca a todas las mujeres que viven y trabajan en Navarra y que sufren cualquiera de las formas de violencia reflejadas en la ley».
La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco hizo referencia a la modificación proyectada de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en esta comunidad, siguiendo lo dispuesto en el Convenio de Estambul, para «garantizar una visión sobre la ubicación de la violencia contra las mujeres dentro del problema sistémico y universal de la desigualdad de las mujeres y hombres». Ello supondrá el refuerzo de varias medidas contempladas bajo otros ejes. En relación con ello, la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer opinó que podría ser conveniente incorporar un capítulo específico sobre violencia contra las mujeres en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
La Directora del Instituto Canario de Igualdad mencionó al comienzo de su comparecencia la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, de Canarias, anterior a la estatal pero más cercana al Convenio de Estambul, al contemplar violencias machistas más allá del ámbito de la pareja. Y esta amplitud, concretó, se está incorporando a los reglamentos de desarrollo de dicha ley.
La Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears señaló también en su comparecencia que la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, en Baleares, tipifica la violencia machista teniendo en cuenta el Convenio de Estambul, incluyendo por tanto todas las tipologías de violencia machista, así como a las hijas e hijos de las mujeres como víctimas.
El Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja resumió que las actuaciones en su comunidad están amparadas por el acervo legislativo, desde el Convenio de Estambul entre otros acuerdos internacionales, hasta la normativa autonómica, apuntando aquí que hay una voluntad de reformar la Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja, para abordar más específicamente la violencia de género.
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León expuso el avance de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León, cuyo desarrollo normativo incluye el Decreto 2/2019, de autorización y funcionamiento de los centros de la red de atención a las víctimas de violencia de género de Castilla y León; el Decreto 22/2015, de 12 de marzo, de organización y funcionamiento del registro unificado de víctimas de violencia de género en Castilla y León, o la Orden FAM/445/2013, de 24 de mayo, por la que se aprueba el fichero del registro unificado de víctimas de violencia de género en Castilla y León, todo lo cual da soporte al modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León, Objetivo Violencia Cero.
La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura se refirió en fin a la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, poniendo de manifiesto la necesaria transversalidad, para reconocer y combatir los diferentes tipos de discriminación y desventajas.
Por otro lado, la Ministra de Igualdad resaltó este marco a lo largo de su comparecencia, refiriendo en particular la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, en fase de anteproyecto a la fecha de su comparecencia, y ya aprobada a la fecha de redacción de este Informe, como Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre. La misma, aseguró, permite definitivamente cumplir con el mandato recogido en el Convenio de Estambul, avanzando en la regulación al respecto y recogiendo el consentimiento como clave en los delitos de agresión sexual, como también se detalla bajo el eje 8.
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género inició igualmente su comparecencia recordando la vigencia del Convenio de Estambul, que obliga a promover reformas legales y a hacer visibles a las víctimas de violencia machista en todas sus manifestaciones, por lo que aseguró que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «tiene la firme voluntad de seguir avanzando en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres». Añadió que el entonces proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la futura Ley integral contra la trata de seres humanos, así como la actual LO 8/2021, conforman un marco protector para abordar algunas lagunas y huecos que los organismos internacionales instaban a llenar. Al respecto precisó posteriormente que, pese a que el principio de concentración y sistematización del ordenamiento jurídico es esencial, la previsión de leyes específicas según la forma de violencia sigue directamente el Pacto de Estado.
En la memoria aportada en 2020 por la Fiscal General del Estado, referenciada por la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer en su comparecencia, se recogió igualmente la necesidad de ampliar el concepto de violencia sobre la mujer establecido en la LO 1/2004, en la línea marcada por el Convenio de Estambul y este Pacto de Estado. La compareciente lo apoyó, frente a las leyes integrales aprobadas al margen de la citada LO, por conllevar esta división problemas jurídicos. Por lo demás, defendió varias reformas penales, en particular para mejorar la regulación de la ciberdelincuencia. Al respecto, tras las intervenciones de los miembros de la Comisión, observó que las redes sociales y otros hábitos de vida extienden los supuestos de violencia más allá del ámbito tradicional de la pareja, y ello también debe atenderse, en todo caso por juzgados especializados. Por lo demás, recordó que la Circular 3/2011, de la Fiscalía General del Estado, trata el tema de las personas transexuales de acuerdo con la legislación de 2007, por lo que si una ocupa la posición masculina y la otra la femenina el ataque a esa víctima se considera violencia de género.
En relación con la medida 104 del Pacto de Estado, que pide incluir entre otras la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados en las formas de violencia contra las mujeres, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer recordó que España ha llevado a cabo varias reformas legislativas dirigidas a promover la sanción y la persecución de ambos supuestos, con la tipificación de la mutilación genital femenina en el Código Penal desde 2003 y del matrimonio forzado desde 2015. De este año data también el protocolo común para la actuación sanitaria en la mutilación genital femenina, para la sensibilización y la formación de los profesionales en esta materia. Pero la compareciente juzgó insuficientes estos avances en relación con el compromiso de proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, considerando que los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina no pueden ser definidos como formas de violencia sexual, sino que van más allá, y ello debería reflejarse en la legislación. Por lo demás, a través de la Federación de Mujeres Progresistas, apoyó regular las distintas formas de violencia de género en distintas leyes, no en una sola, ya que ello podría limitar su aplicación.
La Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil expuso también lo relativo a la lucha contra los matrimonios forzados, gracias a la formación e intercambio de información con servicios sociales, médicos y educadores de colegios e institutos, conectando además con la formación de los especialistas en Policía Judicial para la asistencia a las víctimas de trata, en relación con el eje 8.
La Secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) pidió igualmente ampliar el concepto de violencia contra la mujer, más allá de la ejercida por la pareja o expareja, para incluir, por ejemplo, la violencia ejercida por los cuidadores de los que dependen especialmente las mujeres con discapacidad.
En el mismo sentido, la Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis retomó la necesidad de reformar la LO 1/2004 para extender las medidas de prevención y sensibilización a todo tipo de violencia, y no solo en el ámbito de la pareja. Por otro lado, reclamó la aprobación de una legislación básica estatal en esta materia, respecto de los servicios de atención social, psicológica, de inserción sociolaboral y jurídica, para garantizar la extensión, accesibilidad y adaptación de estos servicios a factores territoriales y sectoriales. En otro orden, pidió atender a la reformulación del artículo 156 del Código Civil, sobre la residencia habitual acordada por los progenitores no privados del ejercicio de la patria potestad, para que ello «no suponga un instrumento para ejercer violencia de control y para vulnerar el derecho fundamental a la libre fijación de la residencia».
La Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (UPV) consideró que la LO 1/2004 y el propio Pacto de Estado tienen una orientación condicionada por el Derecho Penal, «demasiado basada en el castigo», sin que ello estuviera justificado por la aplicación del Convenio de Estambul, que no exigía necesariamente un endurecimiento de las penas. Medidas legislativas posteriores, añadió, también seguirían este enfoque, que criticó porque «el sistema penal no protege a las víctimas ni se preocupa por sus necesidades, no les ofrece reparación y mucho menos refuerza su autonomía y su emancipación». Observó que la violencia de género se basa en relaciones personales y procesos psicológicos complejos, ante lo que la denuncia debe ser el último paso, una vez cumplidas necesidades previas. Por ello, pidió revisar la respuesta del Derecho Penal, además de atender a la problemática de los juicios rápidos o de las pocas condenas por violencia habitual, añadiendo a este respecto que el número de condenas no debe hacer olvidar otras realidades por las que las mujeres huyen de su maltratador. En todo caso, vio imprescindible superar los estereotipos sexistas sobre la condición de víctima. Tras las intervenciones de los miembros de la Comisión, insistió en que la referencia de la LO 1/2004 a la violencia dentro de la pareja no implica ignorar otras formas de violencia, pero sí restringir la tutela y los recursos, que deben ampliarse a todas.
La Directora de Sortzen Consultoría, S.L. corroboró en su comparecencia varios de estos puntos, como el que la denuncia no es la única salida y puede ser adversa o que la violencia va más allá de la pareja. En todo caso, apuntó que por experiencia el promedio que necesitan las mujeres para poder afrontar el proceso judicial con seguridad es de unos cinco años de acompañamiento constante. Asimismo, señaló que la violencia depende esencialmente de una desigualdad estructural, más allá de la conducta concreta, y ello también debe tener su traducción jurídica.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, respecto de la medida 105 relativa a la representación procesal de la víctima por su abogado/a para poder ejercer la acusación particular desde el inicio del procedimiento, se indicó que para su cumplimiento se reformó el artículo 20 de la LO 1/2004 por el Real Decreto-ley 9/2018.
Las medidas 106 y 107 piden suprimir, respectivamente, las atenuantes de confesión de delitos, en su caso, y de reparación del daño. En este sentido, la escritora de ensayo y novela y profesora del Ciclo Superior «Promoción de Igualdad de Género» en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Avempace de Zaragoza solicitó suprimir del Código Penal la circunstancia atenuante de confesión del delito y la de reparación del daño, al entender que «la violencia de género no es un delito más, por su carácter repetitivo, por el daño causado a tantos niveles y por las secuelas que deja». Por otro lado, pidió revisar las circunstancias agravantes de los artículos 178 a 183, relacionados con practicar abuso sexual, agresión sexual y violación, ya que pueden ser consideradas inherentes al delito, lo cual conectaría con la medida 110. Cabe resaltar que estos preceptos han sido ahora reformados por la citada Ley Orgánica 10/2022.
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial también destacó la supresión de la atenuante de confesión del delito, conforme a la citada medida 106, al señalar que en muchas ocasiones el agresor detenido confiesa los hechos y al declarar en el juicio tiene una actitud de jactancia e incluso reivindicación, culpabilizando a la víctima.
En otro orden, en el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se recogió el cumplimiento de la medida 122 del Pacto de Estado, sobre la especialización en el ámbito procesal intermedio, gracias a la Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
La Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer apuntó con todo en su comparecencia que son insuficientes los juzgados especializados de violencia sobre la mujer, al haber solo 31 en España, faltando por ejemplo en Barcelona, y al ser mixtos la mayoría.
La Coordinadora del Departamento Jurídico del Teléfono ANAR de la Fundación ANAR consideró que en los juzgados de menores debería existir uno especializado en violencia de género para los agresores menores de edad de este tipo de violencia, partiendo de que estos juzgados están concebidos para el acceso de toda víctima de violencia de género dentro de nuestro territorio nacional. Añadió que toda mujer o adolescente víctima de violencia de género debería ver enjuiciada su causa por un organismo especializado, así un juzgado de lo penal o la Audiencia Provincial. Por todo ello, entendió que debe haber más juzgados especializados en el territorio.
En relación con esta especialización en el ámbito judicial, la Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial compartió que disponen de una unidad especializada en la inspección de los juzgados con competencia en materia de violencia sobre la mujer, añadiendo que se está en fase de especializar los juzgados en todos los partidos judiciales, lo cual conectaría con la medida 123 y se detalló en el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 13 de febrero de 2020 remitido a la Comisión, sin perjuicio de la necesidad de ampliar la planta judicial. En el documento remitido a la Comisión por la compareciente sobre la implementación por el Consejo General del Poder Judicial de las medidas adoptadas en el seno del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se recogió igualmente el cumplimiento de esta medida 123, así como los pasos dados para la especialización de los Juzgados de lo Penal.
En este ámbito, la Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial resumió que las unidades especializadas realizan un seguimiento y una inspección de cómo se está aplicando la ley y abordando el tema de violencia de género en cada uno de estos juzgados. Además, añadió que cuentan con una unidad en atención ciudadana especializada en víctimas de violencia de género. Detalló que existe ahora una especialidad propia en violencia de género, aprobada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y pendiente de implementación, conectando con la formación que reciben los jueces, conforme al eje 5. Por lo demás, destacó la importancia de ampliar el concepto de violencia de género, relacionado también con la violencia sexual, como se recoge bajo el eje 8. En este sentido, defendió la ampliación del ámbito de aplicación del artículo 1 de la LO 1/2004 a toda forma de violencia sobre la mujer y la necesidad de visibilizar a otras víctimas además de la mujer.
En el documento remitido a la Comisión por la Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial sobre la implementación por este último de las medidas adoptadas en el seno del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sobre la medida 124 tendente a facilitar la formulación de quejas por parte de las mujeres víctimas de violencia de género y de los profesionales sobre posibles irregularidades o anomalías institucionales o judiciales, se destacó el acuerdo de 10 de enero de 2019 adoptado por la Comisión Permanente del citado Consejo, para la especialización en el tratamiento de tales quejas.
En referencia a la medida 125 del Pacto de Estado, esto es, mejorar la coordinación institucional para aumentar la eficacia de la protección de la víctima en los posibles supuestos de que el condenado cambie de domicilio, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad observó que está cumplida en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, atendiendo también al cambio de domicilio de la víctima. En este sentido, el Sistema VioGén permite la asignación y reasignación territorial de casos según donde residan las víctimas, para evitar su desprotección.
La Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (UPV) criticó la aplicación automática de las penas de alejamiento, como se derivaría de la medida 126, ya que su automatismo puede contravenir la voluntad de la víctima, entre otros puntos en que se advierte esta falta de protagonismo de la mujer en el proceso.
La Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (UPV) aludió igualmente al apoyo de las mujeres supervivientes y a la rehabilitación enfocada a los agresores, con programas que reducen la reincidencia. Ello se enmarca en la medida 127 del Pacto de Estado, sobre programas de reeducación en violencia de género y delitos sexuales. La compareciente pidió con todo que tales programas no se limiten a los condenados, sino a quienes puedan acudir antes de incurrir en conductas delictivas.
La Directora de Sortzen Consultoría, S.L. conectó en este marco con la escasa ayuda que solicitan los agresores condenados, incluso en procesos de rehabilitación, donde suelen justificar su agresión en base a la conducta de la víctima. Por ello, la compareciente señaló que tales procesos deben revisarse, para deslegitimar la responsabilidad asignada a las mujeres. Añadió que hay pocos estudios de perfiles psicológicos de los maltratadores, diversos, a los que según el caso se puede rehabilitar.
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial indicó, en cualquier caso, en su comparecencia, que todavía queda mucho por hacer en relación con los programas de reeducación para los maltratadores.
Por otro lado, la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres pidió la reforma del Código Penal en cuanto a la distinción entre agresión y abuso sexual, al considerar que «cualquier acción dirigida hacia nuestros cuerpos sin nuestro consentimiento es una agresión, no es un abuso». Cabe señalar que ello se ha atendido ahora con la citada Ley Orgánica 10/2022.
Del mismo modo, en respuesta a las intervenciones de los Portavoces de los grupos parlamentarios, en su comparecencia el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria se mostró favorable a eliminar «la palabra abuso del marco legal», para tener «un espacio más garante para las mujeres víctimas de la violencia».
La Directora General de Igualdad del Principado de Asturias pidió asimismo hablar de violación, no de abuso, en los supuestos que deben tipificarse como tales.
Igualmente, en respuesta a las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, la Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears manifestó su acuerdo con la modificación del Código Penal para no tipificar de forma distinta las agresiones sexuales y otras conductas relacionadas.
Adicionalmente, la Secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) pidió la reforma del artículo 22.8 del Código Penal para incluir la reincidencia cuando el hombre cometa distintos delitos relacionados con la violencia de género, lo cual se contempla en la medida 128 del Pacto de Estado.
Por otro lado, la Ministra de Igualdad se detuvo en la medida 129 sobre el síndrome de alienación parental, cuya prohibición se cumple ahora con la LO 8/2021, añadiendo que esta medida permite cumplir a su vez con los estándares internacionales y también con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, además de la recomendación del Consejo General del Poder Judicial en su guía práctica de la LO 1/2004. Reconoció, sin embargo, que prácticas como la coordinación de parentalidad siguen sorteando esta prohibición en la aplicación de la justicia.
En este sentido, la Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis insistió en la formación especializada para «desterrar de la práctica de juzgados e instituciones de protección de menores constructos como el llamado síndrome de alienación parental». Por lo demás, en el Segundo Informe sobre Coordinación de Parentalidad, remitido a la Comisión, se detalló críticamente la aplicación de esta figura en los procesos de familia, poniendo de manifiesto la vigencia oculta de dicho síndrome para imponer, mediante tal coordinación, visitas no deseadas a los menores, lo cual conecta con el eje 4. En otro documento remitido por la compareciente a la Comisión se concretó el posicionamiento de su asociación sobre la coordinación parental, para desmontar la necesidad de esta figura perjudicial, ya que existen instrumentos para resolver estos conflictos sin tener que acudir a ella.
La Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y periodista también aludió tangencialmente al problema del síndrome de alienación parental, que se sigue empleando, bajo otros nombres, por muchos servicios por los que las mujeres no se sienten atendidas.
En fin, cabe mencionar bajo este eje la medida 130, sobre la dispensa a no declarar de los menores no hijos del maltratador, pues a ello aludió la Secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), más precisamente en cuanto a la posibilidad de eximir o dispensar a las personas menores envueltas en una situación de violencia de prestar declaración, aunque no sean hijos o hijas de la persona agresora.
Eje 3
El perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección que se ofrece a las mujeres víctimas de la violencia de género y a sus hijos e hijas. En concreto, «para ello es necesario revisar los planes de atención a las víctimas garantizando un tratamiento personalizado y potenciar y adecuar los recursos existentes, así como facilitar el acceso a los mismos de todas las mujeres, con especial atención a los colectivos de mujeres más vulnerables. Se revisarán y reforzarán los protocolos existentes en el ámbito sanitario y se potenciarán también los planes de inserción laboral de mujeres víctimas, implicando activamente a los agentes sociales, y se simplificarán y mejorarán los sistemas de ayudas previstos por la normativa».
1. Justicia
En este eje, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria informó en su comparecencia de que, en su última reunión anual, la Comisión de coordinación de violencia de género de la Audiencia Provincial abordó «la mejora de la asistencia letrada del turno de oficio», de acuerdo con la medida 140 del Pacto de Estado, «la dotación de los medios materiales y humanos necesarios para la protección de las víctimas» o «la adecuación de las dependencias para evitar la confrontación entre las víctimas y sus agresores», lo cual se ajusta a la medida 132. Incluso adelantó que se estudia la posibilidad de que las víctimas no tengan que declarar en los juzgados, sino en otros espacios.
En relación con ello, la Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil recordó el pretendido impulso para acondicionar las instalaciones de atención a víctimas sensibles. Señaló que se inició en 2018, pero afronta dificultades por la cantidad de obras y las exigencias presupuestarias, si bien se ha fijado el año 2024 como fecha límite para llevar a cabo todo el acondicionamiento previsto en el Plan de acción de la Guardia Civil contra la violencia sobre la mujer.
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial también entró en este ámbito y en otros relativos a la correcta asistencia a las víctimas desde la Administración de Justicia, para que se sientan seguras y no confronten con su agresor, siguiendo las guías de recomendaciones y buenas prácticas.
En su turno de réplica tras las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, y en un punto que acogería la medida 135 del Pacto de Estado, en su comparecencia la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres confirmó la existencia en Cataluña de las unidades de valoración forense, un total de cuatro, y si bien no están aún desplegadas en los juzgados especializados en violencia de género, «estamos en ello; la intención es ir desplegándolas a poco a poco».
La Directora General de Igualdad del Principado de Asturias señaló que cuentan con unidades de valoración forense integral en Oviedo y Gijón, «compuestas por médicas y forenses y psicólogas y psicólogos».
La memoria aportada por la Fiscal General del Estado en 2020, y remitida a la Comisión por la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, recogió igualmente en este punto la necesidad de establecer y dotar adecuadamente las unidades de valoración forense. Al respecto, la Fiscal de Sala, en su comparecencia, recordó las funciones de estas unidades, en particular, corroborar y ampliar el informe de valoración forense de la policía, pero señaló que tales informes integrales no se realizan, ni existen las unidades en cada juzgado de violencia sobre la mujer.
La Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis insistió igualmente en el papel de las unidades de valoración forense integral y su incremento para conseguir una implantación más igualitaria en el territorio, si bien en todo caso integradas por profesionales formados.
Respecto de la valoración del riesgo, la Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (UPV) señaló que la misma requiere mucha formación sobre las manifestaciones y los efectos de la violencia, distinguiendo la violencia sistemática de la situacional, además de seguir investigando y dedicando recursos a la investigación de instrumentos de valoración del riesgo y personal formado para utilizar adecuadamente tales instrumentos.
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial insistió en la valoración forense del riesgo, que se está poniendo en marcha, si bien todavía no lo está en muchas partes del territorio nacional.
En el documento remitido a la Comisión por la Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial sobre la implementación por este último de las medidas adoptadas en el seno del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se recogió lo relativo a la medida 136 sobre la revisión de los protocolos judiciales con el fin de que los Juzgados comuniquen a los Puntos de Coordinación de las Órdenes de Protección determinadas resoluciones, la cual se ha instado por el citado Observatorio y se está controlando su cumplimiento por el servicio de inspección.
En relación con la medida 139 del Pacto de Estado, la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres se detuvo en su comparecencia en el servicio de acompañamiento a la víctima del delito, ofrecido por el Departamento de Justicia de la Generalitat, que tuvo que adaptarse ante las restricciones derivadas de la crisis sanitaria «para continuar dando apoyo y atención a las víctimas que así lo necesitaran. En la medida de lo posible se realizó telefónicamente y, en casos excepcionales, los profesionales acudieron presencialmente, garantizando en todo momento la comunicación con la víctima.» Con todo, la atención telefónica dificultaba el contacto con la víctima, por lo que debía recuperarse la atención presencial, precisó.
Por otro lado, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, tras detenerse en la coordinación que para el proceso judicial efectúa la Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria, aseguró que disponen de un plan de acompañamiento y asesoramiento a las víctimas que acuden a los centros asistenciales.
Por su parte, conectando también con la medida 140, la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia enumeró, entre otras medidas garantizadas durante el estado de alarma en su comunidad autónoma, el asesoramiento jurídico online y «el turno de guardia psicológica permanente para apoyo en momentos iniciales de presentación de la denuncia y apoyo en la sede judicial», así como el apoyo psicológico-social en las oficinas de atención a las víctimas en sede judicial. En cualquier caso, se incorporaron profesionales de trabajo social a las oficinas de atención a las víctimas en los juzgados, una en cada una de las siete oficinas situadas Galicia, «para una atención personalizada a las víctimas».
La Directora General de Igualdad del Principado de Asturias indicó que, en el ámbito judicial, hay una coordinación con la fiscal delegada de Violencia de Género en Asturias, y con el turno de oficio especializado en violencia de género del Colegio de Abogados de Oviedo y del Colegio de la Abogacía de Gijón.
El Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid hizo igualmente referencia al asesoramiento jurídico y al Programa de acompañamiento psicosocial a las víctimas durante el proceso judicial. Tal asesoramiento se ofrece en los puntos municipales del Observatorio regional de violencia de género recogidos bajo el eje 2, y se emiten informes, jurídicos o de otra naturaleza, por los profesionales del punto en cuestión. Con todo, reconoció que debe mejorarse este acompañamiento, importante puesto que entre sus objetivos está el apoyar psicológicamente a la víctima para que continúe con el proceso penal hasta el final, «reduciendo así el número de renuncias y, asimismo, para que recupere su autoestima y retome las riendas de su vida».
El Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra se detuvo asimismo en el servicio de atención jurídica a las mujeres, para la interposición de denuncias por violencia de género y en todo el proceso judicial, además de asesorar a las mujeres sobre varios temas legales. Aunque ello afecta igualmente a otras medidas, enumeró aparte los equipos de atención integral a las víctimas de violencia de género, en las áreas de servicios sociales de Estella, Tafalla, Tudela y comarca de Pamplona zona norte, para la atención social, psicológica y jurídica a las víctimas de violencia hacia la mujer; el Servicio de atención a la mujer del Ayuntamiento de Pamplona; y la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, con atención en los ámbitos jurídico, social y psicológico a las víctimas del delito, que durante el estado de alarma siguió atendiendo telefónicamente.
La Directora del Instituto Canario de Igualdad se centró en el aplicativo llamado Red Vican, Red de Violencia en Canarias, para toda persona que se encuentre en Canarias, según la geolocalización, a efectos de acceder a los recursos de la comunidad para recibir información sobre violencia sexual y asesoramiento psicológico, jurídico, etcétera, así como la ubicación de las farmacias más cercanas.
En relación con la asistencia judicial, la Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears partió del dato de las 6493 denuncias registradas en 2019 en las Islas Baleares, la ratio más alta de España, atribuible según la compareciente a la elevada población flotante de las islas, pero señalando que todos los servicios especializados, y en particular en el ámbito judicial, atienden a las mujeres con independencia de su procedencia.
La medida 147 del Pacto de Estado exige por su parte impulsar las oficinas de asistencia o atención a la víctima del delito, y en este sentido el Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja señaló que tienen tres oficinas de esta naturaleza, con 16 profesionales del ámbito jurídico, psicológico, del trabajo social, administrativo y de la inserción laboral. Esto permitió atender en 2019 a 1067 personas, de las cuales el 45 % eran mujeres atendidas por violencia de género. Con todo, la atención se puede efectuar sin denuncia previa, y así han sido atendidas un 52 % de las mujeres, teniendo en cuenta en cualquier caso que las denuncias bajaron un 39,8 % durante el estado de alarma. El mismo exigió además sustituir en parte la atención presencial por la telefónica o telemática.
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León se detuvo en el servicio de asesoramiento a las víctimas de violencia de género, reforzado con un programa de atención profesional para mujeres y niñas víctimas de agresiones y/o abusos sexuales en todos los procesos y procedimientos vinculados con dicha agresión, para disponer de un abogado especializado en delitos contra la libertad sexual, con independencia de los recursos de la víctima.
La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura recordó que el protocolo de atención integral de su comunidad incluye las oficinas de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual de los juzgados, un equipo multidisciplinar de atención a las necesidades de las víctimas, de carácter público y gratuito, implantado por el Ministerio de Justicia.
La Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla señaló que el Centro de información y asesoramiento de la mujer, dotado en su personal con una persona licenciada en Derecho, ofrece entre otros servicios uno de asesoría jurídica, en temas jurídicos relativos a todo tipo de violencia contra la mujer y los derechos que le asisten y su forma de ejercerlos. A raíz de las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, consideró que las mujeres deben sentirse arropadas en el proceso de acompañamiento global, que no debe enfocarse tanto desde el punto de vista de la denuncia, lo cual sigue la perspectiva patriarcal y las hace pasar por unos procesos inadecuados. Por tanto, añadió, al margen de las denuncias, deben trabajarse otros aspectos, incluyendo la prevención, para no arrojar a la mujer que denuncia «al vacío».
En la documentación remitida a la Comisión, la Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta destacó el papel del Centro Asesor de la Mujer, servicio especializado con cinco departamentos: Atención Social, Apoyo Psicológico, Atención Jurídica, Apoyo Educativo y el departamento de Animación y Talleres. Al respecto indicó que muchas mujeres víctimas sufren una falta de comprensión sobre los procedimientos judiciales y policiales derivados de la interposición de la denuncia, y su inestabilidad jurídica dificulta la salida de la situación de violencia. Esto se incrementó durante el periodo de confinamiento, con una reducción del número de denuncias. Con todo, resaltó el establecimiento de un Servicio de Acompañamiento Psicológico especializado para las Mujeres y sus hijos/as menores, en las dependencias de la policía local de Ceuta.
Respecto de la medida 140 del Pacto de Estado, la Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (UPV) resumió que «lo esencial para dar una buena atención a las mujeres es que cuenten con apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, recursos económicos, recursos de alojamiento antes, durante y después del proceso penal o, mejor, que cuenten con protección al margen de si denuncian o no», como se ha expuesto más arriba.
La medida 141, por su parte, exige reforzar la prohibición de mediación en los casos de violencia de género, y al respecto la Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis lamentó que el próximo proyecto de ley de eficiencia procesal prioriza los medios alternativos de resolución de conflictos, exigiendo la mediación previa a la denuncia, pero tal mediación no permite atender adecuadamente estos casos, como detalló la compareciente, incrementando el riesgo de la víctima.
La Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (UPV) también contempló esta prohibición de la mediación, entendiendo que no es el único sistema de la justicia restaurativa y que el reconocimiento por el agresor, con su arrepentimiento en la medida de lo posible, puede ser una «reparación moral importante».
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial se refirió igualmente a esta prohibición hacia el final de su comparecencia, antes de la intervención de los miembros de la Comisión.
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género destacó en su comparecencia el salvoconducto de habilitación del traslado de víctimas en estado de alarma, con una entidad especializada, para permitir el traslado sin que la policía tuviera que identificar a la propia víctima, en aras de su protección. Por lo demás, observó que el acompañamiento y asesoramiento a la víctima se mantuvo en este periodo de vigencia de estado de alarma, y las peticiones de ayuda a los servicios de asistencia a víctimas de violencia de género fueron 29 700, con un aumento del 57,9 %.
La Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer recordó en su comparecencia que la pandemia ha supuesto a nivel procesal la paralización de los procedimientos, excepto las órdenes de protección y las medidas cautelares. Tal suspensión ha afectado a las comparecencias, informes periciales, otras diligencias y juicios orales. Frente al retraso provocado no cabe después una aceleración de los procesos, como añadió la compareciente, ante la falta de refuerzos en los órganos judiciales y fiscales y por la prohibición sanitaria de concentración de señalamientos y de personas en las mismas dependencias, las cuales además carecen a menudo de ventilación. Por lo demás, en la memoria aportada por la Fiscal General del Estado en 2020, remitida a la Comisión por la compareciente, se contempló la oportunidad de elaborar un protocolo común de actuación para las Oficinas de Atención a las Víctimas, las cuales con todo son insuficientes, como indicó la Fiscal de Sala. En relación con la medida 142 del Pacto de Estado, sobre la dispensa de la obligación de declarar, se pidió la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para evitar supuestos de impunidad derivados de tal dispensa, y en ello insistió la compareciente, lo cual se ajustaría además a las recomendaciones del GREVIO. Por otro lado, criticó la falta de financiación para aumentar plazas, mejorar económicamente las guardias de violencia de género y poder contratar a personal con carácter permanente, lo cual entronca con las críticas recogidas bajo el eje 9.
Por otro lado, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, tras las intervenciones de los miembros de la Comisión, corroboró que debe considerarse a las mujeres víctimas con anterioridad a la denuncia, para que puedan tener un asesoramiento especializado previo que las acompañe, en el ámbito jurídico, pero también social, laboral y psicológico.
La Directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) puso de relieve las dificultades en el acompañamiento y la presentación de las denuncias en el caso de las mujeres gitanas, que tienen mayor desconfianza hacia las autoridades y no gozan del apoyo suficiente. Refirió al respecto el estudio de la organización no gubernamental RIS, de 2020, sobre la discriminación de las personas gitanas en el sistema judicial penal, lamentando por ejemplo el mayor número de retenciones o controles policiales de las personas gitanas, hasta un 60 % por encima de personas de otro perfil. Para mejorar este acompañamiento, su organización presentó en 2020 una guía de buenas prácticas para la prevención e intervención en casos de violencia de género en zonas desfavorecidas.
La Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis se detuvo, por su parte, en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, criticando algunos aspectos que a la fecha «adolecen de falta de perspectiva de género», como la revisión cada tres meses de las órdenes de protección, lo cual se detalla más adelante. No compartió, sin embargo, las peticiones mayoritarias en cuanto a la reforma del artículo 416 sobre la dispensa de la obligación de declarar, ya que dicha dispensa es un mecanismo de protección de la testigo, no del agresor.
La Coordinadora del Departamento Jurídico del Teléfono ANAR de la Fundación ANAR también se detuvo en la medida 142, en cuanto a la impunidad que puede derivar de la regulación de la dispensa de la obligación de declarar, considerando insuficiente la modificación del susodicho artículo 416 acometida por la LO 8/2021.
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial se refirió asimismo a la dispensa de no declarar del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el sentido de asegurar su comprensión por las víctimas, cuya situación condiciona además la valoración del riesgo, observando que «las mujeres extranjeras, las madres, las menores, las mayores de noventa años, mayores de sesenta y cinco a ochenta años son especialmente vulnerables a la violencia», lo cual debe tenerse en cuenta «a la hora de valorar el riesgo y de adoptar medidas para proteger su vida, su integridad física o psíquica». Por lo demás, compartió la experiencia de jueces que comprueban el miedo de las víctimas para no declarar, unido a su sentimiento de culpa y vergüenza. En relación con la protección de los menores desarrollada en el eje 4, resaltó la modificación del citado precepto sin generar impunidad, ya que cuando la mujer se acogía a este derecho, normalmente los procedimientos se sobreseían, se archivaban o se dictaban sentencias absolutorias, y ahora se ha restringido esa posibilidad, al no permitirse la dispensa una vez se ha declarado previamente, ni cuando la víctima es menor de edad.
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial recogió por otro lado la medida 145 sobre la remisión de las denuncias por comparecencias ante el juzgado y los partes de lesiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes territorialmente para su anotación en el sistema VioGén, destacando la necesidad de su cumplimiento.
La Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (UPV) centró una parte de su comparecencia en la reparación del daño, cuyo reconocimiento exige la siguiente medida del Pacto de Estado, la 146. Con todo, entendió que tal reparación no puede ser económica, como se deriva del Derecho Penal: no deja de ser importante, matizó, pero lo puede ser más una petición sincera de perdón, señalando que el reconocimiento del daño causado es un elemento fundamental en la justicia restaurativa.
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial se detuvo, por su parte, en el problema de las denuncias cruzadas, contemplado en la medida 148 del Pacto de Estado, señalando que cuentan con guías de criterios de actuación para cribar la razonabilidad de esa denuncia cruzada, que según el Tribunal Supremo no se puede utilizar para exonerar de responsabilidad, y por eso elaboran esas recomendaciones.
En relación con la medida 149, sobre la carga de trabajo y la plantilla de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, cabe resumir lo señalado por la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, en cuanto al trabajo de los Juzgados de esta naturaleza durante la declaración del estado de alarma: uno de los dos estuvo disponible durante el confinamiento con el 50 % de la plantilla en activo, pero en general no se produjo un retraso en la tramitación de los asuntos. Con todo, en todos los partidos judiciales de esta comunidad se habilitó un refuerzo con el nombramiento de un funcionario interino para la tramitación prioritaria de los procedimientos relacionados con violencia contra la mujer.
La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer observó que durante el estado de alarma el servicio de atención a las víctimas estuvo activo y adaptado a las exigencias sanitarias, junto al acompañamiento integral a las mujeres víctimas en los tres territorios históricos y los servicios de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género. Por lo demás, el servicio de atención psicológica de las instituciones forales reforzó la vía telemática y realizó más de 6000 intervenciones de apoyo psicológico durante los meses de la primera ola de la pandemia.
El Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja refirió por su parte los dos equipos psicosociales para dar apoyo judicial, con la previsión de reforzarlos con otros dos adicionales; convenios con los colegios profesionales de abogados y procuradores que atienden específicamente casos de violencia de género; y los tres turnos creados para la atención de la violencia de género en relación a la demarcación judicial de esta comunidad, dividida en tres zonas: La Rioja Alta, La Rioja Centro y la Rioja Baja.
La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura informó de que Extremadura solo cuenta con un juzgado especializado en materia de violencia de género, con competencia en todo el ámbito territorial de su partido judicial, pero hay previsión de otro juzgado de violencia sobre la mujer en Cáceres. Por otro lado, consideró imprescindible complementar los turnos especiales implantados por el Ministerio de Justicia, mediante la colaboración institucional con los colegios de abogados, además de reforzar la plantilla en Cáceres con un letrado de guardia, y tres en Badajoz.
Por su parte, la medida 150 del Pacto de Estado contempla la efectividad y concesión de las órdenes de protección, y en este punto la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres reconoció que «en Cataluña se dan aproximadamente la mitad de las órdenes de protección solicitadas […] por debajo del resto del Estado». Por ello dicho Instituto encargó al grupo de investigación Antígona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigar las causas al respecto, defendiendo que ello no estaba vinculado a la susodicha «tardanza en el despliegue de las unidades de intervención forense», sino al «ámbito o la gravedad con la que valoran los informes policiales», por lo que aseguró que se abordaría esta cuestión.
En relación con las órdenes de protección, la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía se detuvo en su comparecencia en la cifra de denuncias presentadas a 31 de julio de 2020, un total de 7315; y de órdenes de protección, 1927, señalando que «una democracia consolidada no puede permitir que hoy en día más de 1900 mujeres no puedan salir a la calle sin mirar a un lado».
Igualmente, la Directora General de Igualdad del Principado de Asturias refirió la competencia del Instituto Asturiano de la Mujer respecto del punto de coordinación de las órdenes de protección, recogidas en un registro específico, para garantizar la asistencia integral a las víctimas. El Observatorio permanente de la violencia de género trabaja en el seguimiento de estas órdenes de protección, así como de las denuncias y sentencias, comentó. Con todo, refirió luego un caso concreto de quebrantamiento de una orden de alejamiento, que a menudo queda impune, para cuya solución pidió trabajar más a fondo en igualdad en el ámbito de los juzgados.
En el informe de la Ley 4/2018 remitido por la Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entre las medidas de seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género, se expuso lo relativo a los dispositivos telemáticos de control de medidas de alejamiento, así como el análisis de los dispositivos de seguridad en relación con las órdenes de protección y medidas de protección y seguridad. Por otro lado, y ello conecta con la medida 159 del Pacto de Estado referida más abajo, apuntó que su comunidad cuenta con el sistema DLI, dispositivo de localización inmediata, en caso de que no se haya concedido el servicio ATENPRO, de manera que, en 2019, 742 contaron con este servicio y 111 con el DLI.
En este marco se detuvo la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, para señalar que «el punto de coordinación de las órdenes de protección aseguró la activación de protocolos para todas las mujeres que tenían medidas de protección durante la pandemia». Añadió que las órdenes de protección en este periodo se redujeron notablemente, pero luego fueron aumentando: así se atendieron a 23 mujeres en marzo, 55 en abril y 94 en mayo de 2020, frente a las 133, 123 y 132 en los meses respectivos de 2019. Este punto de coordinación funcionó además como enlace con la red de entidades sociales vinculada a la atención de mujeres víctimas o en procesos de recuperación, y este punto antes prestado por una empresa externa se ha internalizado ahora en el Gobierno de Aragón.
La Directora del Instituto Canario de Igualdad indicó que, a 31 de julio de 2020, en Canarias había 83 dispositivos electrónicos de seguimiento activo, «con medidas de control de los agresores y protección a las víctimas, 39 de ellos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 44 en la provincia de Las Palmas».
El Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja relató en esta materia que en 2019 hubo 77 órdenes de protección, al margen de sistemas de protección para 31 personas, pidiendo atender su desarrollo técnico o tecnológico para dar una respuesta más coordinada.
La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura apuntó al comienzo de su intervención que, en esta comunidad y a la fecha de la comparecencia, más de 1600 mujeres son víctimas de violencia de género, contando con un sistema específico y una orden activa de protección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Su instituto coordina tales órdenes, advirtió, al llegarle todas las resoluciones dictadas por los juzgados de la comunidad autónoma en materia relacionada con la violencia de género, y para su seguimiento se deriva a las oficinas de igualdad y violencia de género repartidas por el territorio.
La Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla aclaró en su comparecencia que el Centro de información y asesoramiento de la mujer funciona como punto de coordinación de las órdenes de protección y constituye un centro de notificación y demás medidas judiciales penales, ya sean cautelares o definitivas, para asignar a las mujeres víctimas de violencia de género la asistencia y la protección necesarias, facilitando su activación inmediata.
En este mismo ámbito, en la memoria aportada por la Fiscal General del Estado en 2020, y remitida a la Comisión por la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, se llamó la atención sobre el aumento de las órdenes de protección solicitadas en 2019, en comparación con años anteriores, así como su porcentaje de concesión, superior al 70 %.
Por su parte, la Secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) aludió a la adaptación de las órdenes de protección a las necesidades de este colectivo.
La Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis retomó, por su parte, las diferencias entre comunidades autónomas respecto del porcentaje de órdenes de protección que se conceden a partir de las solicitadas: así en Cataluña o Madrid dicho porcentaje se sitúa en un 50 %; mientras que en la Comunidad Valenciana es del 86 u 87 %. Ello se suma al bajo porcentaje de sentencias condenatorias, como ya expusieron otras comparecientes, de manera que esta compareciente refirió la insuficiencia de recursos por territorios como explicación; la falta de formación de los operadores jurídicos, como se recoge bajo el eje 5; o la deficiente coordinación entre recursos y órganos de protección.
Respecto de la medida 150 ya citada, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad señaló que la orden de protección es un mecanismo que ha demostrado ser útil para prevenir la reiteración delictiva, especialmente en los casos de violencia de género, pero consideró que existe un importante margen de mejora en relación con la eficacia de las órdenes de protección acordadas por los tribunales de justicia. En todo caso, entendió que, desde el Ministerio del Interior, la medida puede considerarse cumplida, en cuanto a la existencia del protocolo en la Secretaría de Estado dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad y otros mecanismos técnicos en coordinación con el sistema de justicia y los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Esta medida también persigue evitar la victimización secundaria, con la formación y sensibilización de los profesionales, y en ello insistió la Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (UPV), como tarea pendiente en el sistema penal, para que «la víctima se sienta escuchada y en un clima de confianza».
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial resaltó además el avance de los dispositivos electrónicos o pulseras telemáticas, con una implantación a la fecha de su comparecencia de 1500, para vigilar el cumplimiento de las órdenes de protección. Con todo, tras las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, advirtió de que no hay suficientes agentes policiales para vigilar todas las órdenes de protección.
2. Seguridad
En cuanto a la medida 152 del Pacto de Estado, sobre la atención permanente por las unidades policiales, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad expuso que la Policía Nacional cuenta actualmente con 173 unidades especializadas, con 1413 especialistas en unidades de familia y mujer, «que desempeñan su puesto de trabajo con dedicación específica y exclusiva a la violencia sobre la mujer, violencia doméstica y menores», en todas las comisarías y con servicio presencial, como mínimo, todos los días laborables en horario continuado, exceptuando la noche. Las unidades no especializadas de Policía Nacional participan subsidiariamente de las funciones encomendadas en las oficinas de atención al ciudadano ubicadas en todas las comisarías de policía y prestan servicio al ciudadano 24/7, detalló. Del mismo modo, la Guardia Civil cuenta con unidades especializadas, incluyendo puntos de atención especializada en diversos órganos de las unidades de Policía Judicial, y un punto de atención especializada con atención también de veinticuatro horas. Con todo, la compareciente consideró que, para una mejor atención a las víctimas y una completa cumplimentación de esta medida, en ambos cuerpos sería recomendable el reforzamiento de plantillas de unidades especializadas, con un aumento de efectivos en la Policía Nacional hasta los 2249 y un aumento del personal y los programas en la Guardia Civil.
Pasando en este ámbito a la medida 153, sobre la adecuación de los espacios en las instalaciones policiales en las que se asiste a víctimas y testigos, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad explicó que tiene una previsión presupuestaria, de 3 millones de euros aproximadamente por año, por lo que se estudian las distintas dependencias policiales, presupuestando las mejoras y priorizando las obras. Por otro lado, señaló que se ha diseñado un plan para adecuar tales espacios, partiendo de un contacto con el Área de arquitectura y elaborando una ficha para que fuera cumplimentada por cada una de las dependencias policiales. Ello resultó en un informe donde se concluía que en 33 dependencias sería viable una reforma para evitar la confrontación visual entre víctimas y autores, cuyo presupuesto sería de 1 597 200 euros. Por otro lado, informó de que la Guardia Civil atiende a las víctimas en los puestos desplegados en todo el territorio nacional, en total 1968, a los que se unen las 54 instalaciones de nivel provincial, aunque siguen pendientes varias reformas, que deben ser presupuestadas.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género se hizo referencia igualmente a esta medida 153, para justificar su necesario cumplimiento.
Respecto de la medida 154, para incluir a los hijos e hijas en las valoraciones policiales de riesgo de las víctimas, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad indicó que está cumplida, porque los menores dependientes de la víctima están incluidos en el dispositivo de protección asociado al nivel de riesgo de su madre, en el plan de seguridad personalizado de la víctima y en una diligencia específica dirigida a la autoridad judicial y fiscal, para determinar su situación de vulnerabilidad.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género se plasmó asimismo el cumplimiento de esta medida 154.
En relación con la medida 155, para mejorar el sistema técnico de instrumentos de vigilancia electrónica, implicando a los Ministerios de Justicia y del Interior, e instar al Consejo General del Poder Judicial para que fomente su uso, al menos en los supuestos de riesgo medio, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad la consideró igualmente cumplida en el ámbito del Ministerio del Interior, siguiendo la Instrucción 4/2019 de la Secretaría de Estado y el acuerdo con la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, en cuanto al procedimiento a través del cual los agentes deben solicitar el dispositivo telemático de control a la autoridad judicial, siempre para los riesgos medios de especial relevancia, para todos los altos y para todos los extremos.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género se resumió del mismo modo lo anterior.
La Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer reconoció, sin embargo, que esta medida 155, en lo referente al Consejo General del Poder Judicial, no se ha cumplido por su dificultad, pero, gracias a las relaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad, se ha aumentado en más de mil el número de dispositivos activos, ascendiendo a 2147 a la fecha de la comparecencia. Destacó, por lo demás, la importancia de esta medida, para hacer frente al quebrantamiento de las órdenes de protección.
En cuanto a la medida 157, consistente en impulsar la firma de convenios entre el Ministerio del Interior y los ayuntamientos para que la Policía Local pueda realizar la protección de la víctima, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad la consideró cumplida y en cumplimiento continuado, «porque todos los días se continúan firmando convenios con ayuntamientos para que la Policía Local también pueda formar parte del Sistema VioGén», contando a la fecha con 522 municipios integrados en dicho sistema.
Tal cumplimiento de esta medida 157 se detalló a su vez en el citado informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido a la Comisión por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
La Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad abordó posteriormente el cumplimiento de la medida 158, consistente en seguir impulsando el plan personalizado de protección, siguiendo la susodicha Instrucción de la Secretaría de Estado 4/2019, de marzo de 2019, cuyo protocolo introduce novedades en el plan de seguridad personalizado, adaptable en sus medidas de protección a los distintos tipos de víctimas.
A continuación, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad pasó a la medida 159, para evitar duplicidad de dispositivos y priorizar el uso del servicio ATENPRO frente a otros dispositivos similares, en proceso de cumplimiento en el Ministerio del Interior, aseguró, ya que en algunas ocasiones las circunstancias de las víctimas invitan a reforzar su seguridad mediante la entrega de un dispositivo telefónico por parte de algunos cuerpos policiales.
En cuanto a la medida 160, consistente en mejorar las herramientas de los miembros de las unidades especializadas, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad advirtió que está en proceso de cumplimiento, ya que debería haberse incrementado tanto en los recursos humanos como materiales, insuficientes.
Respecto de la medida 161, que consiste en establecer determinados protocolos de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad informó de su cumplimiento, siguiendo lo ya indicado, a efectos de conocimiento de hechos de violencia de género con o sin denuncia, incidiendo en la «actuación policial de oficio al tratarse de un delito público perseguible de oficio, así como la cumplimentación de la valoración policial de riesgo de la víctima y aplicación de las medidas policiales de protección asociadas al nivel de riesgo».
3. Administración
En cuanto a la medida 163 del Pacto de Estado, que exige establecer en el organigrama del Instituto de la Juventud una nueva Subdirección, responsable de los asuntos de igualdad de género, e incorporarla a la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, en la documentación remitida a la Comisión, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer apuntó que está en proceso, al figurar en el borrador del real decreto de constitución del Observatorio.
Lo mismo se reflejó en el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, en relación con esta medida 163.
En el mismo informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, constó igualmente el de la medida 164, sobre la información y el proceso de concesión de ayudas a las víctimas, gracias a la reforma de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Mención aparte merece la medida 167 del Pacto de Estado, respecto de los recursos habitacionales puestos a disposición por las Comunidades Autónomas. En Cataluña, como relató la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres, «existen cuatro tipos de recursos residenciales […] en lo que se refiere a mujeres que han sufrido violencia machista. Los primeros son los recursos de emergencia que prestan normalmente los ayuntamientos a través de convenio con la Generalitat de Cataluña; tenemos también los servicios de acogida y recuperación de la Generalitat, que actualmente acogen a 44 mujeres y 55 menores; los servicios sustitutorios del hogar, que acogen actualmente a 71 mujeres y 96 menores; y luego están las ayudas de alquiler a víctimas de violencia machista, que tiene L’Agència de l’Habitatge de Catalunya —la Agencia de Vivienda de Cataluña— y también los servicios sociales municipales». Por lo demás, durante el referido estado de alarma apuntó que tuvieron que adecuar otros espacios para las mujeres necesitadas, incluyendo apartamentos o albergues de juventud. Respecto de las casas de acogida, el temor a contagios por COVID-19 y el seguimiento de las pautas sanitarias llevó a establecer cuarentenas previas a la acogida.
En este marco, por su parte, la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía indicó que en el primer semestre de 2020 se gestionaron 396 acogimientos en sus casas de acogida, un 15,45 % más que en 2019. Y, en el Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas, se elaboró un protocolo de prevención frente a la COVID-19. En esta comunidad se impuso además un aumento en el presupuesto, del 7 % respecto de 219 para casas de acogida, «donde se incrementaba el personal cualificado; la atención socioeducativa para los niños y niñas; la inversión en mejoras materiales y tecnológicas y en los espacios».
Por su parte, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria destacó que en su comunidad se ha duplicado el número de plazas, con dos centros abiertos de forma permanente, de manera que «en 2019, ingresaron 108 personas en el centro de emergencia, 33 más que en el año 2018, 68 mujeres y 40 personas dependientes de ellas. En el centro de acogida permanecieron 89 víctimas, 29 más que en el año 2018, 54 mujeres y 35 personas dependientes de las mujeres. Los pisos tutelados acogieron a ocho mujeres, tres más que en 2018, y a tres menores». Se aseguró además su traslado a estos centros, y fueron declarados esenciales para preservar su funcionamiento durante el estado de alarma.
Genéricamente, la Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia aludió al centro de emergencia de su región, que «permite la acogida inmediata de las mujeres y de sus hijos e hijas las veinticuatro horas del día», antes de preparar su salida a un «recurso más apropiado». Tal centro acogió en 2020 a 82 mujeres y 49 menores. Como extensión de ello, se detuvo en los recursos de acogida de media estancia: en total siete casas de acogida y un piso tutelado, con 54 plazas, a la fecha totalmente ocupadas, además de un recurso de acogida específico, con 16 plazas, para víctimas con adicciones. Además, informó que «de marzo a junio de 2020, 7200 mujeres recibieron atención en los CAVI [Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia] y los PAE [Puntos de Atención Especializada], 1894 mujeres más que en el mismo periodo de 2019, en el que se atendió a 5306 usuarias. De ellas, 6300 recibieron una atención de continuidad y 892 fueron nuevas usuarias, lo que supone una diferencia de 43 mujeres con respecto al mismo periodo del año anterior, en el que registramos 849 usuarias nuevas y 4457 mujeres inscritas con anterioridad». En relación con ello, hizo referencia a las medidas implantadas durante el estado de alarma por la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, para acoger a las personas sin hogar. Por lo demás, en la documentación remitida a la Comisión, se señalaron las subvenciones concedidas para asegurar la prestación de estos servicios.
En este marco cabe recoger asimismo la aportación de la Comunidad Valenciana, cuya Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas citó en su comparecencia, partiendo de la Ley 26/2018 de esta Comunidad, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia. Tiene que ver con el abandono de la casa familiar impuesto al agresor, comentó, a lo que se suma la red de atención residencial de la Comunidad, con centros de emergencia en cada provincia, centros de recuperación integral y viviendas tuteladas, «así como viviendas especializadas para atender a mujeres víctimas con problemas de adicciones o salud mental». En la línea de lo apuntado por el Consejero de Cantabria, tales centros y servicios fueron declarados esenciales durante el estado de alarma, siguiendo lo dispuesto en la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, y por ello esta compareciente recordó que del 16 de marzo al 20 de junio de 2020, los centros Mujer 24 horas pudieron atender a 3511 mujeres. Durante el confinamiento, hubo 107 nuevos ingresos en la red residencial de la Generalitat (74 mujeres y 33 niños, niñas y adolescentes), se reformaron cuatro viviendas en sendas ciudades e incrementó la oferta en 2 municipios, dando lugar en total a 54 nuevas plazas, sin perjuicio de ayudas específicas en materia de alquiler. Posteriormente, advirtió que hay nuevos proyectos de centros de Mujer 24 horas, uno en Elche y otro en Vinaroz.
La Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia incidió en el refuerzo de la red de centros de acogida, con siete nuevas plazas en la localidad de Chantada, además de albergues, hostales o pensiones que se convirtieron en centros de acogida durante este periodo de declaración del estado de alarma. En las casas de acogida se alojaron sucesiva y temporalmente 142 personas —78 mujeres y 64 menores—, un 13,4 % menos que en el mismo periodo de 2019. El servicio de traslado de víctimas a centros de acogida, ofrecido en colaboración con la Federación Gallega del Taxi, «se amplió en este caso», aseguró. Además, ampliaron el bono de alquiler social para las víctimas de violencia de género, asumiendo el 100 % de su pago, con 120 beneficiarias en 2019. Por otro lado, trasladó el refuerzo de los programas del Centro de emergencia de mujeres víctimas de violencia de género en Vigo, el Cemvi, con programas de asesoramiento jurídico, acompañamiento y mejora de la seguridad y atención a menores, lo cual conecta con el eje 4; al igual que el programa de estancias de tiempo libre para víctimas de la violencia de género y sus hijas e hijos, con 37 mujeres y 52 menores participantes. En fin, refirió la existencia de 27 centros de atención y 72 usuarias para un proyecto dirigido a mujeres sin hogar.
La Directora General de Igualdad del Principado de Asturias se detuvo en la Red de casas de acogida del Principado, cuya cabecera es el Centro de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, conocido como la Casa Malva, inaugurada en marzo de 2007, frente al modelo anterior de casas ocultas por motivos de seguridad. Frente a ello, la Casa Malva es «muy significada y señalada, que pretende que sean precisamente el entorno vecinal y los servicios públicos que la rodean los que protejan todos los procesos de recuperación que allí se tienen y desarrollan». Cuenta con treinta plazas: diez de acogida y veinte de larga estancia, sin perjuicio de las plazas disponibles en otras casas de acogida, y de los veinte pisos tutelados del Principado, con previsión de dos más en Corvera, así como una casa provisional hasta el 31 de agosto de 2020. Observó que no han contado con ningún caso de positivo por COVID-19 en estos centros, y que durante el confinamiento se aseguró la red wifi para mantener el seguimiento de las clases por los niños, red que se mantendrá, aseguró.
Por otro lado, el Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid enumeró entre los recursos de esta comunidad los 25 centros residenciales, con 17 de ellos destinados a víctimas de violencia machista en las relaciones afectivas, incluyendo cinco centros de emergencia, cuatro de acogida y ocho pisos tutelados, además de cuatro centros para jóvenes víctimas de violencia machista de entre 18 y 25 años, y un centro para mujeres reclusas y exreclusas y sus hijos e hijas. Indicó que, con motivo del estado de alarma declarado por la crisis sanitaria, se ampliaron algunas plazas, y hasta la fecha de la comparecencia 10 mujeres dieron positivo en COVID-19, con las consiguientes necesidades de aislamiento.
En el informe del Instituto de la Mujer de 2018 remitido por la Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se detallaron los recursos de alojamiento y protección para mujeres víctimas de violencia de género, incluyendo entre los recursos de acogida el centro de atención urgente, el centro de atención y valoración integral, las casas de acogida, las casas de acogida para mujeres jóvenes y los centros de atención integral, además de un taller de inteligencia emocional y viviendas tuteladas. La compareciente destacó, además, que se publicó el 9 de septiembre de 2020 la convocatoria bianual de centros de la mujer y de recursos de acogida de esta comunidad, con una inversión de 28,6 millones de euros para 2021 y 2022. Explicó que a la fecha de la comparecencia tienen 14 recursos de acogida ordinarios y un recurso extraordinario COVID, al abrirse en pleno confinamiento. En total, cuentan con 280 plazas, con 125 profesionales, que atendieron en 2019 a 334 mujeres y 349 niños y niñas, hijos e hijas de las víctimas. Llamó la atención además sobre la juventud de las mujeres, pues más del 80 % tiene entre 21 y 45 años.
El Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra señaló, por su parte, que Navarra cuenta con un centro de urgencias con capacidad para 12 mujeres y sus hijos e hijas, con posibilidad de ampliación hasta 19 personas; una casa de acogida de 12 personas, y cinco pisos de acogida, con actividades de acompañamiento y seguimiento. Observó, además, que la acreditación como víctima de violencia de género permite el acceso a la reserva específica en las promociones de vivienda pública. Durante el estado de alarma, estos recursos de acogida siguieron funcionando, con un espacio adicional para 20 mujeres y 26 menores, y se suspendieron los tiempos máximos de estancia.
La Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón destacó la ampliación de plazas en la red de recursos habitacionales, recordando que, en mayo de 2020, repartidos por las tres provincias, contaban con tres centros de emergencia, tres casas de acogida y cuatro pisos, suponiendo un incremento de más del doble de plazas disponibles y ocupadas. Además, pusieron en marcha un recurso habitacional alternativo para mujeres en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo aparte un proyecto de cobertura de necesidades básicas de alimentación e higiene mediante tarjetas de compra, sin perjuicio del incremento en más de 40 plazas para poder aislar a las mujeres contagiadas por COVID-19, y del recurso, en su caso, a hoteles y residencias.
En materia de vivienda, durante el estado de alarma, la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer indicó que se aplicó la baremación adicional de viviendas de protección oficial en alquiler, «asignación directa de viviendas de alquiler en casos graves, y se pusieron en marcha las ayudas de pago al alquiler de vivienda libre». Por lo demás, resumió que siguieron abiertos los servicios de atención de acogida inmediata a mujeres víctimas, los centros residenciales para mujeres víctimas o los recursos de urgencia, contando con plazas de refuerzo, en su caso.
En este punto, la Directora del Instituto Canario de Igualdad compartió las reuniones periódicas con el Gobierno para el seguimiento de la red de recursos, del dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, de las casas de acogida, de las casas de acogida inmediata y de los pisos tutelados, acudiendo además en el periodo de confinamiento a hoteles e infraestructura turística para poder acoger a víctimas, ante los recursos desbordados. Se invirtió también para que las casas de acogida y los pisos tutelados mejoraran sus condiciones de habitabilidad.
La Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears expuso que los centros de acogida de esta comunidad contaban con 81 plazas, y con la crisis sanitaria se ampliaron con 23 apartamentos en la isla de Mallorca, gracias a una colaboración con la Federación Hotelera de Mallorca, que facilitó esta cesión; seis plazas en Menorca, 15 en Ibiza y también en Formentera.
El Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja, además del centro asesor de la mujer que atendió en 2019 a 260 mujeres, y 157 en 2020 hasta la fecha, informó sobre las plazas residenciales: 29 plazas para atender a mujeres víctimas de violencia de género, junto con sus hijos e hijas, en su caso. Añadió que está prevista la creación de un piso de tránsito, así como dos pisos con 16 plazas destinadas a jóvenes gestantes y a madres jóvenes, sumado a otro piso añadido durante el estado de alarma. Por otro lado, mencionó la renta media destinada a la vivienda para colectivos vulnerables, incluyendo a las víctimas de violencia de género, de 109 euros mensuales. Estaba entonces pendiente de publicarse una orden sobre el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 con ayudas de unos 700 000 euros para víctimas de violencia de género, a efectos de disponer de una vivienda de titularidad pública o bien una ayuda económica de hasta 600 euros, con posible incremento hasta 900, y gastos de mantenimiento, en su caso.
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León detalló cómo los fondos del Pacto de Estado han mejorado, entre otros, estos recursos habitacionales. En particular, las casas de acogida y centros de emergencia, reguladas por el Decreto 2/2019, garantizan la atención y seguridad de las usuarias, y se fija un régimen con los tipos de centros, sus características, el procedimiento de ingreso y acceso, las condiciones de ordenación y programación, así como las condiciones de personal según la tipología. Durante el estado de alarma, diseñaron un sistema de monitoreo para hacer un seguimiento de la evolución de la COVID-19 en los centros de emergencia y las casas de acogida, entre otros recursos, incluyendo el aislamiento de hasta trece personas; y el incremento en el número de mujeres atendidas en tales centros pudo ser asumido con los recursos ordinarios, con una ocupación, a la fecha de la comparecencia, inferior al 50 %.
Durante el estado de alarma, la Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura comentó que se aseguraron los recursos habitacionales, entre otros servicios, con una respuesta de emergencia y acogida a las víctimas a través de las casas de la mujer; y, en coordinación con otras áreas del Gobierno regional y otras administraciones públicas, se emplearon establecimientos de alojamiento turístico para poder acoger a las víctimas y a sus hijos e hijas en riesgo. Más precisamente, indicó que cuentan con dos espacios de la casa de la mujer, en Cáceres y en Badajoz, con un total de 56 plazas, que atendieron a 66 mujeres y 58 menores en 2019; doce viviendas de estancia temporal para «aquellas mujeres que necesiten de una estancia puente entre los espacios de acogida de las casas y su autonomía plena»; así como un protocolo con la consejería competente en materia de vivienda para la adjudicación directa de viviendas por motivos de violencia de género.
La Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla recogió en su comparecencia la existencia en la ciudad de dos centros de acogida, uno de los cuales es un piso tutelado, en concreto con dos pisos comunicados que forman una unidad, para un máximo de 17 personas; y el otro es la casa de acogida de Cruz Roja, como servicio de atención integral con 16 plazas, cuya finalidad es acoger temporalmente antes de derivar a un piso tutelado. En proyecto anunció un tercer recurso de acogida, como centro de emergencia 24 horas, 7 días a la semana, llevado por Cruz Roja. Los tres recursos dispondrían entonces de un protocolo unificado.
En la documentación remitida a la Comisión, la Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta se detuvo igualmente en los recursos de acogida, que incluyen el Centro de Emergencia, para una atención inmediata y urgente; la casa de acogida, para un tratamiento integral de recuperación; y el piso tutelado, para el apoyo a las mujeres y menores a su cargo que han pasado antes por la casa de acogida. Tales recursos se mantuvieron durante el estado de alarma, en su caso incrementando las plazas de acogida, aunque en este periodo no hubo nuevos ingresos. Con todo, recordó los problemas de vivienda en la ciudad, por los altos precios de alquiler y la escasez de oferta de vivienda pública.
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género señaló en su comparecencia que durante el confinamiento, y tras consultarlo con la Fiscal de Sala y la Presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, se decidió que el domicilio de los hijos e hijas fuera el del progenitor que ostentara la custodia. Hizo además referencia al servicio Viopet, de la Dirección General de Derechos de los Animales, para garantizar la acogida de animales de compañía de mujeres que no querían dejarlos a cargo de su agresor. Por otro lado, observó que, en la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en la cuantía de ayudas del Plan estatal de vivienda para personas en situación de desahucio, se añadió a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos.
Por su parte, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se detuvo en la misma medida 167 del Pacto de Estado, en cuanto al plan de garantía habitacional inmediata a trabajar con las comunidades autónomas, apuntando que las víctimas más vulnerables aún no tienen una respuesta adecuada que garantice una solución a sus necesidades de vivienda, y los procedimientos de acceso a la vivienda protegida de las diferentes comunidades autónomas «siguen siendo muy farragosos», con esperas demasiado largas.
Por otro lado, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer advirtió en este ámbito, respecto de las medidas 168 y 169, en cuanto a las encuestas de evaluación con las mujeres supervivientes y la revisión de los casos de mujeres y menores a su cargo que han sido víctimas de violencia de género para analizar su grado de inserción en la sociedad y reparación, respectivamente, que ambas están lejos de cumplirse.
Hay que detenerse igualmente en este eje en la medida 170, que exige potenciar el Servicio de Información Telefónico. En relación con ello, y para hacer frente a la especial vulnerabilidad de las mujeres en situación o en riesgo de padecer este tipo de violencia, durante el estado de alarma, la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres señaló que se reforzó el servicio de la línea 900 900 120, de atención a la violencia machista; «tanto en profesionales de atención como llevando a cabo una campaña de difusión del servicio en Radiotelevisión y medios digitales», lo cual conecta igualmente con el primero de los ejes del Pacto de Estado. Añadió que, durante el confinamiento estricto, se redujeron las denuncias por violencia de género en comisarías, pero aumentaron las llamadas telefónicas, hasta una media de 50 atenciones diarias. Vinculó entonces la citada línea telefónica con su «conocimiento por parte de la sociedad catalana», teniendo en cuenta que una llamada al 016 lleva a su redirección al 900 900 120. Por ello, han solicitado al Gobierno la gestión directa de esta línea.
Siguiendo con la atención telefónica, la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía informó de que, en lo que se llevaba de estado de alarma, se registraron 19 520 llamadas, 4428 más que en el mismo periodo de 2019, gracias a la atención a las mujeres víctimas de violencia a través de línea telefónica 900 200 999, del Instituto Andaluz de la Mujer, y los recursos de acogida. Dicho teléfono, explicó, funciona veinticuatro horas al día, y tiene un asesoramiento jurídico, psicológico y social especializado, con profesionales cualificados al mando, en 51 idiomas. Por otro lado, indicó que, en el primer semestre de 2020, un total de 1288 personas víctimas de violencia de género han sido acogidas en el Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Instituto Andaluz de la Mujer, esto es, 671 mujeres y 617 menores. «El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) también ha atendido a 553 mujeres víctimas de abusos y/o agresiones sexuales a través del servicio de asesoramiento jurídico, asistencia legal y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia sexual», lo que suponía un incremento respecto de 2019. La compareciente advirtió además que «en los tres meses de confinamiento Andalucía ha dado apoyo a 199 mujeres al día por violencia machista o cualquier otra cuestión», esto es, 64 mujeres más que en 2019. Y del 14 de marzo al 14 de junio de 2020, el Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido a 17 924 mujeres a través tanto del teléfono como de sus delegaciones y centros provinciales de la mujer, siendo de violencia de género el 67 % del total, mientras que en 2019 el porcentaje de usuarias que pidió ayuda por violencia de género fue del 40 %. Esto se debería, según la compareciente, a la violencia latente, posiblemente a la mayor confianza en los recursos de la Administración, y al aumento en las llamadas de otras personas, tales como vecinos, familiares o amigos.
En esta misma línea, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria señaló que «el servicio telefónico 016 recibe 701 llamadas procedentes de Cantabria y 671 incidencias relacionadas con violencia de género en el 112 en el año 2019». Por otro lado, apuntó que la sección de administración atendió en 2019 12 313 llamadas que solicitaron información o atención profesional. En cualquier caso, al igual que la Consejera de la Junta de Andalucía, observó que el aumento de denuncias puede deberse a una mayor confianza en el Estado de Derecho.
Para acceder a los recursos disponibles, la Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia resumió en su comparecencia que existe una línea gratuita, con el teléfono 900 710 061. En cualquier caso, recordó que las llamadas de emergencia se canalizan a través del 112, que se desvían en su caso a profesionales especializados. De marzo a junio de 2020, este número registró 1856 asuntos de violencia contra la mujer, esto es, 277 casos menos que en el mismo periodo de 2019, con 2133 casos. La compareciente opinó que ello podía deberse a la posibilidad de pedir gratuitamente cita en los centros de atención especializada. Añadió que cuentan además con «un servicio de interpretación telefónica denominado Dualia, que permite traducir a más de cincuenta idiomas las conversaciones que mantenemos a través del teléfono 112 y también la comunicación con las usuarias de los recursos de atención y acogida».
Por su parte, la Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana apuntó que «ha habido 13 752 atenciones telefónicas. En muchos casos, el seguimiento se ha hecho de forma más intensa de lo habitual debido a que la convivencia forzada por el confinamiento ha empeorado las circunstancias del contexto de violencia de género».
La Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia trasladó el mantenimiento de la atención telefónica durante el estado de alarma, con el número 900 400 273, operativo 24 horas al día. A raíz de las preguntas de los miembros de la Comisión, precisó que el teléfono de información a la mujer recibió en los primeros seis meses de 2020 1842 consultas, 477 más que en el mismo período del año 2019, la mayoría relacionadas con atención psicológica.
La Directora General de Igualdad del Principado de Asturias reconoció igualmente que la declaración del estado de alarma obligó a reforzar la asistencia telefónica, además de online o por correo, frente a la presencialidad de ciertos servicios. Incidió en la eficacia de los contactos por WhatsApp, por lo que se mantendría este sistema.
El Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid compartió que disponen de un servicio de atención telefónica especializada 012, con información y orientación sobre derechos y recursos a mujeres víctimas de violencia machista, familiares y profesionales. En ese teléfono fueron atendidas 166 mujeres en marzo de 2020. Comparativamente, en el mes de junio del mismo año fueron atendidas 535 mujeres. Entre el 14 de marzo y el mes de julio, hubo 1556 llamadas. Por lo demás, precisó que hay un convenio de colaboración entre el 012 y el 016, para asegurar su comunicación.
En el informe del Instituto de la Mujer de 2018 remitido por la Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se detallaron los servicios de atención telefónica, incluyendo uno de atención permanente, otro de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, otro de atención de urgencias y una línea de ayuda a la infancia. La compareciente explicó aparte que la atención se garantiza mediante la llamada al 016, o al número autonómico 900 100 114, al que es derivado aquel. En abril de 2020, se observó un incremento de llamadas del 55 % respecto de 2019, mientras que las llamadas de emergencia al 112 aumentaron en un 12 %. La movilización de recursos sanitarios y de las fuerzas y cuerpos de seguridad también fue mayor en los primeros meses de 2020. En contestación a las preguntas de los miembros de la Comisión, la Consejera añadió que la existencia de dos números de teléfono no es problemática ya que ambos figuran en las campañas, y se reciben más llamadas directas al 900. Señaló, en fin, que entre marzo y finales de abril de 2020 se interpusieron 136 denuncias, por lo que la policía intensificó el seguimiento telefónico de las víctimas.
La Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón observó que durante el confinamiento por la pandemia varios servicios funcionaron con atención telefónica, incluidos los del Instituto Aragonés de la Mujer. Por lo demás, expuso que en marzo de 2019 se registraron 326 llamadas, y 307 en 2020, lo cual entendió debido «a la inseguridad, al miedo y a la incertidumbre generada por la declaración del estado de alarma en aquellas mujeres que estaban sufriendo violencia de género». Pero el confinamiento implicaba una convivencia con el potencial agresor, y por ello fue aumentando el número de llamadas: así en abril 371, frente a 219 de 2019; en mayo 547, de las cuales 227 se calificaron de urgentes, además de 425 llamadas al Instituto Aragonés de la Mujer para atención social, jurídica y psicológica; en junio fueron 425 llamadas, frente a 406 en 2019; y en julio 532, frente a 408 en 2019. Por lo demás, al igual que en otras comunidades autónomas, recordó que una llamada al 016 es desviada al teléfono 900 504 405 propio de la comunidad.
En relación con la seguridad, la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer se detuvo en la protección de la Ertzaintza con la activación del teléfono «bortxa», a disposición de las mujeres víctimas, así como en el teléfono de emergencias 112 y su app, que permite la geolocalización y activar un chat en su caso; «un teléfono móvil, un wasap, abiertos las 24 horas del día, así como un teléfono gratuito, además de un email de contacto». La posibilidad de atención telefónica se difundió en este periodo mediante carteles. Igualmente, el servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia, SATEVI, garantizó la atención personalizada activa de forma constante. En cuanto a las denuncias, indicó que descendieron casi a la mitad en las primeras semanas de 2020 en comparación con ese mismo periodo de 2019, pero gradualmente se fueron equiparando los datos.
La Directora del Instituto Canario de Igualdad informó de que, hasta finales de julio de 2020, se atendieron 7937 llamadas en el 016, 421 desde Canarias, lo que suponía un 23 % más que en el mismo período de 2019, por lo que según la compareciente «se corrobora una vez más que la violencia en este periodo de confinamiento, desescalada y posterior ha ido en aumento». Añadió que en Canarias las llamadas fueron efectuadas por las propias afectadas en el 65 % de los casos; a 31 de julio de 2020 había 879 usuarias dadas de alta en el servicio ATENPRO y se habían atendido un total de 8923 incidentes relacionados con situaciones de violencia contra las mujeres, con una media diaria de 42 llamadas, lo que suponía un aumento del 7,5 % respecto del mismo periodo de 2019.
La Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears recordó la existencia del servicio de atención telefónica las 24 horas del día, que fue además reforzado durante el confinamiento, junto con un servicio específico de atención a través de WhatsApp para que las mujeres «se pudieran comunicar de una forma fácil e inmediata». Así atendieron durante este periodo a más de 1000 mujeres, con un seguimiento a unas 98 mujeres y 47 acompañamientos presenciales, lo cual suponía un aumento del 20 % en comparación con el mismo periodo de 2019.
El Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja hizo referencia igualmente al servicio de información telefónico. Además de un servicio esencial de información al menor durante las 24 horas del día, la atención telefónica no estaba asociada, aclaró, al tiempo correspondiente de los profesionales, que no es de 24 horas, pero se disponía de un teléfono de información también de 24 horas. Esta atención encauzó además el servicio de mediación y orientación familiar.
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León hizo asimismo balance de la atención telefónica durante el estado de alarma, observando, respecto de las llamadas al 012, que el mayor incremento se produjo en las llamadas para obtener información general sobre la mujer, con el 55,6 % del total; seguidas de aquellas que demandaban atención psicológica, un 28,2 %, y asesoramiento jurídico, un 16,63 %. Con todo, ninguna de las llamadas requirió una actuación de emergencia; ni hubo un incremento general, en comparación con otros meses, en el número de llamadas, de las cuales un 34 % fueron transferidas desde el servicio telefónico 016.
La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura señaló que en Extremadura se declaró el Servicio de asistencia a las víctimas de violencia de género como un servicio esencial, conforme al artículo 2 de la Ley 8/2011, de 28 de abril, incluido dentro de la coordinación con los diferentes recursos, como el 016, teléfono de atención a las víctimas de violencia de género (con 441 llamadas durante el estado de alarma, suponiendo un incremento de 5,09 % respecto de 2019); el 112, Emergencias; el 091, Policía Nacional; el 062, Emergencias Guardia Civil; el correo electrónico del 016; o el WhatsApp del Ministerio de Igualdad. Añadió que, si no se podía llamar, se podía descargar la aplicación AlertCops que, ante una situación de peligro, enviaría una señal a la policía con la localización de la mujer. Por lo demás, recogió el dato de 675 llamadas en 2020 en el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer y la Delegación del Gobierno contra la violencia de género en Extremadura: «456 realizadas por la usuaria, 187 por familiares o personas allegadas, 32 en la categoría de otras o que no constaba».
En la documentación remitida a la Comisión, la Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta apuntó que durante el confinamiento se incrementó la prestación de asesoramientos telefónicos especializados, y se difundieron recursos como el teléfono de información y asesoramiento 016, como el teléfono de apoyo psicológico por WhatsApp; los teléfonos de emergencias 112, 091 y 062; o la app AlertCops del Ministerio del Interior. Todas las consultas telefónicas, en suma, aumentaron durante el periodo de confinamiento.
En este mismo ámbito, y en relación con la crisis sanitaria derivada del COVID-19, la Ministra de Igualdad recordó la puesta en marcha del 016 online, garantizando el teletrabajo de las teleoperadoras; así como la activación del servicio de WhatsApp de apoyo psicológico y contención emocional. Observó que los datos, con un incremento de uso en el primer mes del 486 %, demostraron el acierto de «este mecanismo silencioso de comunicación con los servicios especializados», ampliado a la atención a la violencia más allá del ámbito de la pareja, lo cual conecta con el eje 8. Hacia el final de su comparecencia, recordó además el servicio del teléfono 900 19 10 10, del Instituto de las Mujeres, para el asesoramiento y la comunicación de denuncias de discriminación por motivos de género. Por lo demás, corroboró que el 016 deriva a los teléfonos autonómicos existentes, lo cual garantiza la coordinación.
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género dio cuenta en su comparecencia del refuerzo de la atención telefónica durante el estado de alarma, con los servicios del 016 (cuyas llamadas se incrementaron un 41,4 %, hasta 26 417; y un 74 % en marzo respecto del mismo mes de 2020) y el sistema ATENPRO. Asimismo, recordó la puesta en marcha del WhatsApp, a partir del 21 de marzo de 2020, para la atención psicológica, llegando a tener durante el estado de alarma 2038 consultas. El 016 se extendió a todas las formas de violencia contra la mujer a partir del contrato firmado el 5 de marzo de 2021, además de contar con más profesionales y canales de acceso, incluyendo el WhatsApp 600 000 016, en funcionamiento desde el 10 de marzo de 2021 y con 1557 consultas hasta el día 31 del mismo mes, 680 de ellas pertinentes; el 83 % sobre violencia en pareja o expareja y el 16,8 % sobre otras formas de violencia contra las mujeres.
La Presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se detuvo especialmente en el servicio ATENPRO, que condiciona el reparto de los fondos del Pacto de Estado ya que el mismo atiende al empadronamiento en los municipios de víctimas usuarias de dicho servicio. Resumió que, desde 2005, el número de sus usuarias activas ha crecido progresivamente hasta un 528 %. En 2020 se atendió a 22 219 mujeres y se gestionaron más de 23 000 expedientes. Tal servicio, prestado por Cruz Roja, se gestiona por la FEMP, con una serie de actuaciones, aunque con dos dificultades destacadas por la compareciente: por un lado, la dotación presupuestaria, insuficiente para afrontar el alza del servicio y generando una deuda de 137 332,82 euros al cierre del ejercicio de 2017, o de 152 846,24 euros al cierre del ejercicio de 2018. El Real Decreto 599/2019, de 18 de octubre, reguló la concesión directa de una subvención a la FEMP para la gestión del servicio ATENPRO, pero no contempló la deuda anterior. Por otro lado, el contrato con Cruz Roja está condicionado por dicha deuda, derivada de la «insuficiente dotación económica por parte de la Secretaría de Estado de Igualdad», en palabras de la compareciente. En todo caso, con las últimas aprobaciones presupuestarias, se contempla la modernización y ampliación de los dispositivos de este servicio.
El Director de Programas de la Fundación ANAR recogió las líneas de ayuda de esta organización, en particular la línea telefónica, 900 20 20 10, para la atención de todos los menores de 18 años, además del teléfono de la familia y los centros escolares; el teléfono para casos de niños desaparecidos, 116 000, número armonizado declarado de interés social por la Unión Europea y gestionado por la Fundación ANAR con el Ministerio del Interior; el teléfono para los casos de violencia de género; y el teléfono de acoso escolar con el Ministerio de Educación. En relación con ello, añadió el uso del chat para ayudar a las víctimas, y resaltó que todas estas líneas están atendidas permanentemente, de forma confidencial y gratuita, por psicólogos y psicólogas apoyadas por juristas y trabajadoras sociales.
En el marco de la información telefónica, la Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres mencionó dos aplicaciones: la aplicación Pormí, para teléfonos móviles accesibles; y la app para teléfono MeRespetas, para niñas con discapacidad.
En fin, la Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil recogió en su comparecencia que los centros operativos de servicios reciben llamadas telefónicas al 062 las 24 horas del día todos los días de la semana, y derivan a las patrullas para atender cualquier urgencia. Aparte adelantó que se está desarrollando un proyecto de teléfono de atención a víctimas sensibles, para que puedan contar, además del servicio del 062, con una línea 900 en la que obtengan un trato personalizado y especializado.
En términos de indemnizaciones a las víctimas (lo cual conecta con la medida 172 del Pacto de Estado), la Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana puso de relieve que su comunidad autónoma es la única en equiparar las indemnizaciones por violencia machista y las contempladas para las víctimas de terrorismo, abarcando aquellas los casos de asesinato y los de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Lo enfatizó como medida «de reparación y de reconocimiento del daño causado», pidiendo su ampliación al conjunto del Estado. Por otro lado, indicó que inicialmente las ayudas a las víctimas se consideraban subvenciones en lugar de indemnizaciones, lo cual impedía su abono cuando la víctima tuviera deudas tributarias o con la Seguridad Social, conduciendo a una «doble victimización». Por ello, explicó, en la Comunidad Valenciana pasaron a ser indemnizaciones, creciendo las ayudas directas de 498 420 euros en 2015 a 1 200 000 en 2019. Asimismo, se vinculó el fondo de emergencia al salario mínimo interprofesional, pasando de 100 000 euros en 2015 a 900 000 en 2020.
La Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por su parte, hizo referencia a las ayudas de solidaridad destinadas a víctimas con secuelas graves, como una especie de indemnización. En 2019 fueron dos sus beneficiarias.
4. Laboral
En este marco, la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres hizo hincapié en el Programa de trabajo y formación del Servicio de Ocupación de Cataluña, «para dotar de experiencia laboral a través de contrataciones de doce meses, a jornada completa, y dentro de la jornada laboral realizar también acciones de formación consideradas como tiempo de trabajo efectivo», programa destinado a mujeres en situación de violencia y de desempleo y mujeres en situación de paro de larga duración y mayores de 52 años, con aproximadamente unas 500 beneficiarias al año.
En otro punto, la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía se centró en el trabajo del Instituto Andaluz de la Mujer para avanzar en la corresponsabilidad, gracias a la elaboración de una Guía informativa sobre medidas de conciliación en tiempos de COVID-19. Asesoran igualmente a empresas, con más de 100 empresas colaboradoras que fomentan la conciliación, que «tiene que ser una realidad», precisó.
En este mismo ámbito, la Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia aseguró el refuerzo del proyecto de empleabilidad Carmen, para «favorecer la reinserción de las mujeres en el ámbito laboral, consiguiendo así autonomía económica, empoderamiento y autosuficiencia». Observó al respecto que más de 200 víctimas han accedido a sus recursos de empleabilidad específicos, teniendo en cuenta la colaboración con el Servicio Regional de Empleo y Formación; y se ha incluido en el anteproyecto de ley de servicios sociales un apartado de atención para mujeres víctimas de violencia de género en situación de desamparo, «atendiendo así, a su vez, las recomendaciones del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia».
Respecto de la renta activa de inserción, cuyo estudio exige la medida 173 del Pacto de Estado, la Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana apuntó que su comunidad autónoma sigue con la prestación complementaria para las mujeres que cobran dicha renta, pero, además, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto-ley 7/2020, de 26 de junio, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión, cuando las mujeres dejan de percibir la renta activa de inserción, «no tienen que volver a solicitar otra modalidad de la renta valenciana de inclusión, sino que directamente pasan a la renta de garantía de inclusión del sistema de renta valenciana de inclusión». Destacó igualmente el complemento del seguro obligatorio de vejez e invalidez, que atestigua una «feminización de la pobreza», ya que su proporción de beneficiarias es de diez mujeres por cada hombre, por lo que protestó contra el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el citado Decreto-ley por esta medida, entre otras. Más específicamente, en materia de inserción, refirió el trabajo en los centros de atención ambulatoria y residencial y en los Espai Labora, el Servicio Valenciano de Empleo, con atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género en sus 55 oficinas: en 2019 atendieron a 2204 mujeres víctimas de violencia de género. En fin, en respuesta a las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, informó de que la contratación de mujeres víctimas de violencia de género puntúa a la hora de concurrir en una licitación pública y lograr la adjudicación.
Por su parte, la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia mencionó las ayudas directas para la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, con la participación de doce entidades locales y la contratación de 77 mujeres, incluyendo a empresas de los sectores agrario y forestal y entidades sin ánimo de lucro en el marco rural. Tales entidades, además, «diseñan e implementan itinerarios personalizados y acciones específicas de formación o prácticas laborales», participando diez entidades y 311 mujeres, sin perjuicio de otras ayudas para las entidades locales.
La Directora General de Igualdad del Principado de Asturias mencionó el coordinador de violencia de género en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, del que dependen veinticuatro tutores y tutoras, para elaborar los itinerarios personalizados de inserción laboral. Del mismo modo, añadió, la renta activa de reinserción se gestiona desde estas oficinas, y se ha duplicado el presupuesto destinado a las unidades de trabajo social. Por otro lado, llamó la atención sobre la violencia económica, con un Centro de Innovación y Economía en Igualdad, dependiente del Instituto Asturiano de la Mujer, para hacerle frente; y pidió excepcionar la violencia de género en la legislación contractual. Por lo demás, aludió a la corresponsabilidad, con un plan que incluye, por ejemplo, medidas específicas para familias monoparentales y monomarentales.
Por su parte, el Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid señaló simplemente que se impulsan acciones para la inclusión en el mercado laboral de las mujeres «que salen de nuestros recursos y se enfrentan a una nueva vida».
En el informe de la Ley 4/2018 remitido por la Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, hubo un capítulo dedicado a las actuaciones y ayudas en el ámbito socioeconómico, incluyendo ayudas sociales, la aplicación de la renta activa de inserción, ayudas para la autonomía de las mujeres residentes en los recursos de acogida, becas para cursar estudios universitarios o ayudas para acceso a vivienda. Más precisamente, la integración laboral, partiendo del Decreto 213/2015, de 27 de octubre, integra una serie de medidas, como el incremento de la subvención para la transformación de contratos en indefinidos cuando la persona contratada sea mujer víctima de violencia de género, sin perjuicio de la formación para el empleo, las actuaciones en esta materia desde los puntos de atención de las Oficinas de Empleo, las actuaciones desde el área laboral de la red de centros de la mujer del Instituto de la Mujer de esta comunidad o el programa de inserción laboral en el marco, precisamente, del Pacto de Estado. Existen además otros proyectos, como el proyecto DANA empleo y emprendimiento en igualdad, y el II Plan para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y de los empleados públicos de esta Comunidad. En su comparecencia la Consejera se refirió especialmente a las ayudas al alquiler. En materia de conciliación, señaló que existe un dispositivo de excelencia que reconoce a las empresas y entidades que trabajan en ello. Y aparte se detuvo en el plan de empleo especial, para mujeres en situación de vulnerabilidad en el medio rural y mujeres víctimas de violencia de género, con 686 contratadas en 2019.
El Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra indicó que también en su comunidad se asesora a las empresas y organizaciones en materia de igualdad, se apoyan los planes de igualdad en las empresas mediante subvenciones y se contribuye a la promoción y desarrollo de mujeres empresarias y directivas, al margen de estudios para conocer la situación de ciertos colectivos de mujeres. Asimismo, el Instituto Navarro para la Igualdad tramita ayudas a las víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos económicos y unas especiales dificultades para obtener un empleo. Además, informó el compareciente, el citado Instituto está coordinando el Grupo Interdepartamental de Conciliación Corresponsable, para participar en un pacto foral de cuidados.
La Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón mencionó en su comparecencia la convocatoria de casi 400 000 euros para «corresponsabilizar de la vida familiar y social a hombres y mujeres». Tras las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, especificó que existe un plan de empleo para dotar de herramientas y «formar a las mujeres para que sean autónomas, para que puedan emanciparse y, en función de sus necesidades y su cualificación, poder encaminarlas a un futuro laboral, con su asesoramiento y su formación».
La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer señaló que durante el confinamiento, en el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, se adoptaron los protocolos con una mayor flexibilidad en la atención telemática y con renovación automática en el pago de la renta de garantía de ingresos, además de mantenerse la atención por los equipos de tutoras sociolaborales, que dirigen a las mujeres víctimas en su orientación laboral.
La Directora del Instituto Canario de Igualdad expuso que, en los cuatro primeros meses del periodo de confinamiento, entregaron 500 000 euros en ayudas directas a mujeres víctimas de violencia de género, un total de 74.
La Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears se detuvo especialmente en las medidas de restitución, y en particular en el programa SOIB Dona, puesto en marcha desde 2018, para garantizar un año de trabajo a mujeres víctimas de violencia de género y superar su dependencia económica. Indicó que cerca de cuatrocientas mujeres se han beneficiado de este programa (con un 30 % de éxito de inserción posterior), que va a proseguirse, con un nuevo acuerdo con el Servicio de Ocupación de las Illes Balears. Por lo demás, se ha lanzado un plan piloto, con la Cámara de Comercio en las Illes Balears, para asesorar a mujeres en la creación de empresas, con prioridad para las víctimas de violencia machista.
Por su parte, el Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja expresó su satisfacción por el funcionamiento de un programa específico sobre 44 empresas solidarias, a efectos de favorecer el empleo de las mujeres víctimas de violencia de género.
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León enumeró en este punto dos líneas de trabajo: el Programa empleo mujer en Castilla y León, para la formación de cada mujer en aquellas áreas que permiten incrementar sus oportunidades de inserción laboral; y la línea de subvenciones cofinanciadas con el Fondo social europeo para las empresas y entidades que contraten a mujeres víctimas de violencia de género, al margen de ayudas económicas dirigidas a favorecer la autonomía e independencia económica de las mismas. Aparte refirió el convenio suscrito entre la Gerencia de Servicios Sociales y la Fundación Santa María La Real, para mejorar la empleabilidad de mujeres en distintas situaciones de vulnerabilidad, con el Programa empleo mujer Castilla y León, que incluye sesiones grupales y entrevistas personales para el acompañamiento en la reinserción sociolaboral, además de una red empresarial de apoyo a las mujeres participantes mediante la intermediación laboral. La compareciente informó asimismo de la concesión de una subvención a los agentes económicos y sociales de 728 500 euros para las anualidades 2020 y 2021, «para financiar actuaciones en el ámbito laboral y para la promoción de la igualdad, el fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la prevención de la violencia de género».
Al margen de lo recogido bajo el eje 2 en cuanto a la plataforma VioGén, la Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura indicó que las y los agentes de igualdad del Servicio Extremeño de Empleo, organismo autónomo perteneciente a la Consejería de Educación y Empleo, participan en los itinerarios de inserción laboral de las mujeres víctimas. En relación con ello, concretó, existe un programa de recuperación integral de mujeres víctimas de violencia de género, Primex, para asegurar un acompañamiento individualizado de las mujeres y sus necesidades, y proponer las ayudas correspondientes. Más precisamente, para la inserción laboral existen los proyectos Emma y Enrédate, sobre todo para mujeres en riesgo de exclusión social, minorías étnicas y mujeres de etnia gitana; así como las oficinas de igualdad de género en el empleo, que trabajan en la materia junto con las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras, y que atendieron en 2019 1230 consultas, en particular relacionadas con la conciliación familiar y laboral. Sobre esto último, se activó un plan de un millón de euros, para favorecer la contratación de mujeres ocupadas en tareas de cuidados.
La Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla apuntó que el Centro de información y asesoramiento de la mujer, entre otros servicios, apoya la formación e inserción laboral de las mujeres víctimas, mediante el servicio de asesoría laboral. Por otro lado, advirtió que, en los distritos cuarto y quinto de la ciudad, existe una oficina de integración social, con formación de alfabetización para la inserción sociolaboral para mujeres, y un servicio de conciliación a la vista de la tenencia de hijos. Al respecto incidió en la importancia de los programas de formación y conciliación para la inserción laboral de las mujeres víctimas, dada su especial vulnerabilidad, muchas además con poca formación básica y un alto grado de analfabetismo.
En la documentación remitida a la Comisión, la Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta observó que el nivel de estudios de un 64 % de las mujeres víctimas de violencia de género es muy bajo en esta ciudad, por lo que un 75 % de las mujeres atendidas están en situación de desempleo. A ello se suma la escasez de recursos económicos, con una vulnerabilidad agravada en el periodo de confinamiento, lo cual requiere una atención específica. Al respecto se ha puesto en marcha el Programa de Inserción Sociolaboral dirigido a Víctimas de Violencia de Género, cualificando profesionalmente a mujeres en ramas profesionales como comercio, hostelería, administración/contabilidad/ofimática.
La Ministra de Igualdad, en este marco laboral, reconoció que el teletrabajo puede acrecentar la desigualdad, partiendo de que el trabajo sigue siendo el principal mecanismo de inserción en la vida pública. Con todo, recordó que la distribución de las mujeres en el mercado de trabajo es desigual, pues muchas se dedican a tareas esenciales como las del ámbito sanitario, la limpieza o los trabajos del hogar donde no cabe el teletrabajo, si bien se plantean otros problemas. Por otro lado, refirió los avances en corresponsabilidad (con un plan financiado en 200 millones de euros), la igualdad retributiva y la necesidad de extender la conciliación más allá del empleo.
La Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se refirió igualmente a este ámbito laboral, y en particular a las que serían las medidas 174 y siguientes del Pacto de Estado. Destacó al respecto que el trabajo permite a las mujeres víctimas de violencia de género salir del círculo de la violencia, accediendo a la independencia económica y laboral necesaria. Más precisamente, la medida 174 busca potenciar el plan de inserción sociolaboral de las víctimas, pero la compareciente juzgó insuficiente su desarrollo, con pocas iniciativas en la realidad y sin atender a las necesidades de conciliación. Alertó también del riesgo del teletrabajo, que podría suponer una vuelta de la mujer al hogar.
Sobre la medida 176, en cuanto a la adhesión de empresas a la Red de Empresas por una Sociedad libre de Violencia de Género, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer señaló que se busca aprovechar el potencial que supone la empresa como agente de concienciación social y promover la sensibilización en materia de violencia de género, fomentar la integración social y laboral de las víctimas y, en su caso, facilitar su movilidad geográfica. Pero todavía no existe un número grande de empresas adscritas y son pocas las que consiguen ese compromiso de contratación, advirtió.
Respecto de la medida 177, en cuanto a incorporar en las guías de recursos a disposición de las víctimas el protocolo para la prevención de violencia de género en los lugares de trabajo, elaborado por la Asociación de auditores sociolaborales, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer vio necesario que se sepa que existen tales guías y que las empresas también las conozcan.
La Secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) recalcó la importancia de promover el empleo para las mujeres con discapacidad, teniendo en cuenta que el 65 % de las mismas están inactivas, por lo que el 33 % está en situación de pobreza y el 17 % en situación de pobreza extrema.
En su comparecencia, la Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis reconoció la ampliación del acceso a ayudas económicas y sociales, no supeditadas a la condición de víctima en el ámbito judicial o a la residencia legal en España.
La Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) también se sumó a la reivindicación de las empresas libres de violencia de género, la renta de inserción activa y otras ayudas públicas de empleo y formación, en especial en el medio rural. Tras las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, puso el acento en el empleo como pilar para la igualdad y la lucha contra la despoblación, y dio como ejemplo el dato de que las mujeres lideran el 67 % de las casas de turismo rural, turismo fomentado históricamente por AFAMMER.
La Directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) puso en valor igualmente la importancia del empleo para las víctimas de la prostitución, pues ello permitiría acabar con «la espiral de la trata», como también se detalla en el eje 8.
En fin, la Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil remitió a la Comisión la Guía para la aplicación de medidas de conciliación en la Guardia Civil, que detalla los distintos supuestos de conciliación en este cuerpo, en términos de salud; embarazo, nacimiento, adopción y acogimiento; atención a la familia; violencia de género y violencia terrorista; asuntos personales y otro tipo de permisos.
5. Rural
En relación con las medidas 178 y siguientes del Pacto de Estado, en la medida en que puede reconducirse a la atención en el ámbito rural, la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía destacó la creación una subvención especial de 8,5 millones de euros para el refuerzo y la creación de nuevos centros de información provinciales y municipales en pueblos de Andalucía, «para poder llegar a todas las mujeres, incluso en el ámbito rural, donde sabemos que son doblemente vulnerables».
Por su parte, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria reconoció en su comparecencia que los recursos asistenciales se acercan a cualquier zona rural de la comunidad, en su caso mediante el desplazamiento de uno de los equipos multidisciplinares «al lugar solicitado por la víctima». Insistió en este punto tras las intervenciones de los Portavoces de los grupos parlamentarios, ya que, en el ámbito rural, a la brecha de género se suma la brecha territorial y la digital. De ahí la necesidad de «equipos itinerantes tanto en lo jurídico como en lo asistencial y en lo psicológico», amparados por los ayuntamientos.
La Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia conectó igualmente el funcionamiento de los puntos de atención especializada con la atención en el ámbito rural, ya que en este, por el mayor conocimiento en la comunidad, es más difícil acceder a un Centro CAVI, identificado como tal, mientras que tales puntos pueden estar ubicados «junto a una oficina tributaria o una oficina de información municipal».
Respecto de los susodichos Centros mujer, la Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana señaló que se han impulsado en el ámbito rural, «donde más difícil resulta acceder a estos servicios, garantizando así la equidad territorial y, de paso, acercando estos recursos a territorios con tendencia a la despoblación». A ello se suma el carácter itinerante de los servicios, si bien el cribado universal sanitario, en los centros de salud, permitió en 2019 identificar a 1329 víctimas de violencia de género, entre un total de 78 540 mujeres.
En este ámbito, la Directora General de Igualdad del Principado de Asturias mencionó el concierto con el «Consorcio de Transportes de Asturias para que cualquier mujer, viva donde viva, tenga un vehículo a su disposición si necesita salir de su casa» o acudir a algún servicio.
El Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid expuso, respecto de los puntos municipales, que se pretende introducir una unidad móvil por área en el horario en el que los puntos fijos no están disponibles, para ofrecer el servicio en todo el territorio, teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid tiene un componente rural muy importante, sobre todo en la zona norte de Madrid, con poblaciones muy pequeñas, en total 179 municipios, a los que esta unidad puede atender, aseguró, con un equipo multidisciplinar.
En su comparecencia, la Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha comentó que cuentan con una red de 84 centros de la mujer con carácter comarcal, con profesionales de varios ámbitos, que permiten la atención a toda mujer con independencia de su lugar de residencia: se atienden así una media de 23 000 mujeres al año. Con todo, precisó que, para la atención psicológica presencial, según la localidad, es necesario el desplazamiento, sin perjuicio de estar asegurada la atención telemática. Por otro lado, apuntó que la Consejería de Agricultura y de Desarrollo Rural ha puesto en marcha el Estatuto de las Mujeres Rurales, para favorecer en este marco los proyectos empresariales liderados por mujeres y en aras de la representación paritaria. Aseguró por lo demás que la participación de los ayuntamientos, tanto económica como estratégica, logística o de gestión, es imprescindible para llegar al conjunto del territorio.
La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco, tras las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, reconoció asimismo la importancia de la atención en el ámbito rural, gracias a la colaboración de las diputaciones forales, y persiguiendo un sistema de ventanilla única, para asegurar dicha atención a través de numerosos canales de contacto.
El Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja indicó que se ha apoyado en esta comunidad el «traslado de mujeres a zonas del medio rural, fundamentalmente a centros judiciales, a dependencias policiales o a oficinas de atención de la víctima y de retorno, con la asistencia correspondiente».
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León mencionó en su comparecencia la concesión directa de subvenciones por importe de 800 000 euros para la realización por parte de las diputaciones provinciales y ayuntamientos de municipios de más de 20 000 habitantes de Castilla y León de actuaciones en esta materia, dirigidas entonces por mayor número de entidades locales de la comunidad, «con el objetivo de poder llegar a la totalidad de la población», en «una comunidad tan grande y tan dispersa». Al respecto, añadió posteriormente el proyecto de la red social, para llegar a todas las mujeres del medio rural a través del tercer sector.
La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura prestó igualmente atención al medio rural, para garantizar el acceso a los servicios y a los derechos de la población rural extremeña y evitar que la brecha poblacional «ensanche la desigualdad y sitúe en desventaja a una parte de la ciudadanía». Al respecto, se refirió a la red de oficinas de igualdad y la red extremeña de atención a víctimas de violencia de género, complementadas con varios programas y actuaciones recogidos bajo otros ejes. A raíz de las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, recordó que Extremadura es eminentemente rural, lo cual supone un hándicap, y de ahí la atención de los antedichos servicios y a las asociaciones de mujeres en los ámbitos rurales.
Tras las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, la Ministra de Igualdad hizo referencia a varias medidas para la atención en el medio rural, empezando por la ya señalada disposición de centros de crisis abiertos de forma permanente, con uno por provincia, si bien reconociendo la necesidad de mayor financiación. Añadió que están trabajando en atender las dificultades de desplazamiento de las mujeres en el ámbito rural; así como la necesidad de fortalecer los servicios públicos. En cualquier caso, quedó a disposición de la Comisión para recabar propuestas de mejora de las formas de comunicación en el medio rural.
La Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) expuso la labor de su organización, centrada en este ámbito, para «lograr la igualdad y el progreso de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural», con proyectos y programas diversos. Se refirió a la necesidad de crear espacios seguros, incluyendo sus sedes y las de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que permitan la confianza y el anonimato en estos casos.
La Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) se centró igualmente en su comparecencia en la atención en este ámbito, ya que su organización trabaja «por romper la invisibilidad de las mujeres rurales y por poner en la agenda política de los Gobiernos […] la voz de las mujeres rurales». Estas, recordó, sufren una especial vulnerabilidad, con dificultades de acceso y de recorrido por el procedimiento para hacer frente a su situación. Se refirió a la fuerte masculinización en el entorno rural, con escaso liderazgo y mayor desempleo (de un 51 %) femeninos, lo cual aumenta su desigualdad. Por ello, detalló, su organización ofrece asesoramiento específico a víctimas o en riesgo de violencia de género, mantenido durante el confinamiento; una campaña anual de información y prevención de violencia de género a la población rural; y acciones informativas para conocimiento de las mujeres del ámbito rural y sus familias a efectos de acudir a los servicios correspondientes, desarrollando además un convenio con los colegios farmacéuticos bajo el lema «Tu farmacia es tu refugio».
Más específicamente, la Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) aludió a la medida 178, respecto del incremento de los centros de acogida e información en las zonas rurales, señalando que «queda un largo camino por recorrer», dadas las carencias de la colaboración interinstitucional en este punto, ante la falta de datos y estudios específicos. De ahí la importancia de los antedichos espacios seguros, precisó, más de 350 a la fecha de su comparecencia, repartidos en el medio rural, gracias a varios convenios y acuerdos de colaboración.
La Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), en relación con esta misma medida 178, consideró que se está «cumpliendo a medias», pidiendo potenciar y coordinar adecuadamente los recursos existentes y el acceso a ellos de todas las mujeres, con especial atención a las mujeres en este ámbito y a las mujeres mayores.
En cuanto a la medida 179, sobre el impulso de las Asociaciones de Mujeres en el ámbito rural, la Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) apuntó que aún son pocas las organizaciones nacionales de mujeres especializadas en la violencia de género en el mundo rural, frente a las organizaciones en el ámbito territorial, por lo que debe apoyarse su labor, formar a sus miembros y dotarles de medios económicos y materiales, con el incremento de las partidas presupuestarias correspondientes. En relación con ello, recordó el triple aislamiento provocado por la pandemia: geográfico, social y el confinamiento, contra el que FADEMUR ha luchado con el programa «Cumpliendo cuarentena con tu maltratador, ¿qué puedes hacer?».
La Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) también se centró en la medida 180 del Pacto de Estado, que exige realizar un estudio de la situación de las mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural. Tal estudio, encargado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se publicó en noviembre de 2020, con datos recogidos en municipios de hasta 20 000 habitantes. La compareciente lamentó que el mismo revela «que aún perduran de forma notable la desigualdad de género, los roles sexistas tradicionales y la dominación masculina». Se constató que el tiempo medio que las mujeres entrevistadas tardaron en salir de su situación de violencia era de veinte años, con dificultades para acceder al mercado laboral; una falta generalizada de conocimiento de las mujeres víctimas de violencia de género sobre sus derechos y recursos, junto con la escasa utilización de los mismos; y la hostilidad en los entornos rurales más conservadores hacia las mujeres, que sienten vergüenza, culpa o miedo, y ello condiciona su salida de la violencia. Por ello la compareciente defendió la mejora y accesibilidad de los recursos de protección y de las ayudas económicas y materiales; agilizar los trámites judiciales de separación y divorcio; o la formación en igualdad de género de las y los profesionales de tales recursos y servicios, lo cual conecta con el eje 5.
La Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) se detuvo asimismo en la medida 181, sobre el impulso de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Criticó su falta de implementación, pues de las más de 900 000 explotaciones agrarias que existen en España, a fecha de abril de 2021, solo 804 tienen titularidad compartida, y esta «es un instrumento fundamental para garantizar» la independencia económica. Tras las intervenciones de los miembros de la Comisión, detalló igualmente la dificultad para reconocer una explotación de titularidad compartida, por lo que debería facilitarse, así como incorporar la perspectiva de género en la Política Agrícola Común.
La Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), en relación con esta medida 181, recordó en su comparecencia que fue ponente y defendió ante la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo la citada Ley 35/2011, si bien lamentó su escaso impulso hasta la actualidad. Dio el dato de que solo 708 mujeres están inscritas en los registros de las comunidades autónomas de titularidad compartida, por lo que pidió seguir impulsando esta ley y más medidas especiales y específicas que incentiven la inserción laboral y la creación de pequeñas y medianas empresas en el medio rural, como también se ha recogido más arriba. En relación con ello, defendió posteriormente la feminización de las explotaciones agrarias en el relevo generacional, para superar la masculinización en este ámbito.
En este marco cabe destacar el dato ofrecido por la memoria aportada por la Fiscal General del Estado en 2020, y remitida a la Comisión por la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, en tanto que en 2019 casi el 80 % de los asesinatos tuvieron lugar fuera de las capitales, de ahí la necesidad «de un mayor despliegue territorial para que los medios y recursos lleguen a todas y cada una de las mujeres víctimas de violencia de género dondequiera que residan». Al respecto indicó en su comparecencia que el ámbito rural está muy desprotegido, pues es difícil que una mujer que quiera denunciar pueda acudir a órganos especializados. Para paliarlo, han elaborado guías de actuación disponibles para todos los fiscales.
Por su parte, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, en su comparecencia y a través de la documentación remitida a la Comisión, expresó la insuficiencia en el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado dirigidas a la atención de las mujeres en el ámbito rural, ante la falta de activación de protocolos sanitarios o la escasa formación, pese a las campañas de sensibilización y la mejora de los servicios que se han llevado a cabo.
La Directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), tras las intervenciones de los representantes de la Comisión, conectó igualmente la extensión de la prostitución con el medio rural, donde hay menos recursos de atención, por lo que insistió en ponerle freno y penalizar el proxenetismo.
Por lo demás, la Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) enumeró en su comparecencia otras propuestas en este ámbito, como: promover los centros municipales de la mujer y casas de la mujer; realizar una distribución geográfica racional de los recursos de emergencia, acogida y recursos especializados; favorecer la creación de equipos itinerantes especializados de atención a mujeres y menores de carácter multidisciplinar; favorecer el desarrollo de la red de empresas contra la violencia de género en el medio rural; desarrollar respuestas innovadoras ante situaciones especialmente complejas; promover las asociaciones de mujeres rurales también para la ejecución de los fondos del Pacto de Estado; promover la creación de comisiones y consejos locales de igualdad en los ayuntamientos rurales, conforme a la medida 182; promover unidades de apoyo locales que ayuden a la identificación de las víctimas; incorporar módulos de igualdad y de lucha contra la violencia de género en todas las actividades formativas de las zonas rurales financiados con recursos públicos; revisar los recursos de atención a víctimas de violencia de género en municipios de hasta 20 000 habitantes, en atención igualmente a la medida 183 sobre el desplazamiento de las mujeres víctimas; trabajar para disminuir los índices de victimización secundaria de las mujeres víctimas en el ámbito rural; fomentar los sistemas de ventanilla única en las zonas rurales; o promover la realización o la revisión de los protocolos sanitarios de detección precoz en atención primaria rural.
La Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil resaltó en su comparecencia la importancia de los protocolos de colaboración y adelantó el proyectado con FADEMUR para la protección de las mujeres víctimas en el ámbito rural.
La escritora de ensayo y novela y profesora del Ciclo Superior «Promoción de Igualdad de Género» en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Avempace de Zaragoza incluyó también en su comparecencia la referencia al ámbito rural, observando que «la casuística que se puede encontrar al tratar de erradicar la violencia de género se incrementa cuando se trabaja en la zona rural», y pidiendo por tanto inversión en personal y medios técnicos para que ninguna población quede exenta de los medios necesarios para abordar la violencia de género. En relación con ello y la citada medida 183, propuso una ayuda real en los desplazamientos necesarios para la asistencia a los servicios especializados. En fin, tras las intervenciones de los miembros de la Comisión, insistió en la orografía de ciertas localizaciones, que debe tenerse en cuenta para que los medios sean efectivos, por lo que no existe una única ruralidad y las medidas no pueden generalizarse en este ámbito, sino atendiendo a las distintas poblaciones, con servicios distintos.
6. Sanidad
En este ámbito, la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía destacó la actualización en esta comunidad de los protocolos de salud, comentando que se trabajó sobre un proyecto de atención del servicio de apoyo individualizado y personalizado a mujeres y se desarrolló un programa llamado «detección por la voz», para detectar posibles situaciones de violencia de género en los centros de atención primaria desde los primeros momentos de una llamada.
Siguiendo con los protocolos sanitarios, contemplados en las medidas 185 y siguientes del Pacto de Estado, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria resumió que «tienen como objetivo proporcionar pautas de actuación homogéneas para la atención sanitaria a las mujeres que sufren una agresión o abuso sexual o malos tratos en contexto de pareja», con tres unidades especializadas en salud mental.
La Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia mencionó igualmente el protocolo específico que se activa «cuando un profesional del ámbito sanitario detecta que una mujer puede estar siendo víctima de violencia».
Por su parte, la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia incluyó entre los servicios mantenidos durante el estado de alarma en su comunidad autónoma el apoyo psicológico, presencial o en sesiones telemáticas, y el apoyo psicológico específico para víctimas de violencia sexual, en la medida en que puede reconducirse al ámbito sanitario.
La Directora General de Igualdad del Principado de Asturias compartió la existencia de ocho profesionales del Sespa, el Servicio de Salud del Principado de Asturias, responsables de violencia de género en cada una de las ocho áreas sanitarias, además de tres equipos especializados en atención psicosocial, en Oviedo, Gijón y Avilés.
La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura se centró como las demás comparecientes en la atención psicológica, recogiendo la existencia de la red de atención psicológica con 22 puntos repartidos por toda la comunidad autónoma y con 24 profesionales, que en 2019 atendieron a 1609 mujeres. Igualmente, expuso, disponen de un programa de atención psicológica de urgencia siempre operativo, cuyos profesionales se desplazan a la localidad de las víctimas y, en su caso, las acompañan en los primeros momentos de los procesos judiciales, con 188 intervenciones en 2019.
La Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla señaló que el Centro de información y asesoramiento de la mujer, entre otros servicios, garantiza atención psicológica y social a las víctimas, trabajando de forma fluida con los servicios sanitarios.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se recogió el cumplimiento en este ámbito de las medidas 184 a 187, a partir de distintos protocolos y códigos de buenas prácticas aprobados, recordando con todo que la formación continuada de los profesionales sanitarios es competencia de las comunidades autónomas.
La Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer señaló en su comparecencia que están elaborando, junto con la Delegación de Gobierno, un protocolo con los servicios sociosanitarios para que puedan transmitir a la fiscalía la información sobre situaciones de violencia de género a que tengan acceso, lo cual conecta con la formación recogida bajo el eje 5.
En relación con las medidas 185 y siguientes, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer indicó que cualquier avance en la detección precoz de la violencia de género en el ámbito sanitario se ha visto frenado con los cambios sanitarios impuestos por la pandemia, de manera que el protocolo de actuación sanitaria es de difícil cumplimiento en la actualidad. Respecto de la medida 188, en concreto, sobre la atención sanitaria a las víctimas independientemente de su situación administrativa, la compareciente observó que tampoco se cumple.
La Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) expresó en su comparecencia que los protocolos sanitarios han quedado en desuso y han envejecido, por lo que exigió retomarlos, al igual que otros protocolos para la detección temprana y la derivación de las mujeres víctimas de violencia de género. En relación con la pandemia por COVID-19, añadió que debe saberse hasta qué punto los espacios sanitarios han pasado a ser espacios de detección de la violencia de género. Y se detuvo en el necesario cumplimiento de la medida 187 del Pacto de Estado, en concreto sobre la elaboración por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de un programa de actuación específico para la formación de los y las profesionales de los centros de atención primaria ubicados en el ámbito rural.
7. Diversidad funcional/discapacidad
La Secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) empezó su comparecencia resumiendo la labor de su organización, incluyendo acciones informativas de concienciación, de apoyo, de empoderamiento y el fortalecimiento del movimiento asociativo de mujeres; proyectos de cooperación como «Ciudadanía activa contra la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad en República Dominicana o Hacia una sociedad pacífica e inclusiva, defendiendo los derechos de las mujeres con discapacidad en Perú»; o más concretamente el Programa Estratégico Nacional de Lucha contra las Discriminaciones y Violencia hacia las Mujeres con Discapacidad Física y Orgánica. Alertó de la mayor discriminación que sufren las mujeres con discapacidad, acentuada durante la pandemia debido a la dificultad de acceso a los servicios y las nuevas tecnologías, recordando algunos datos de la macroencuesta de 2019, como el que un 23,4 % de las mujeres que han vivido una situación de violencia física o sexual de alguna pareja afirman que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas; y del estudio sobre mujer, discapacidad y violencia de 2020, señalando que el 71 % de las participantes de la encuesta afirmaron haber vivido violencia de género en algún momento de su vida. Con todo, reconoció también la escasez de datos, lo cual conecta con el eje 6.
La Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres centró igualmente su comparecencia en la atención a este colectivo, ya que su organización es «la plataforma que representa en España todas las voces de mujeres y niñas con discapacidad», sin perjuicio del trabajo previo desarrollado por el propio Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Destacó que su organización parte del artículo 6 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, en el marco de la igualdad y no discriminación, sin olvidar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979; o el propio Convenio de Estambul. La fundación cuenta por lo demás con un Consejo de participación que atiende a la representación de mujeres y niñas con discapacidad (aproximadamente 2,5 millones en España según datos de 2008) y a su representación territorial. Añadió que uno de los factores que influyen en el mayor porcentaje de mujeres con discapacidad (en muchos casos no acreditada) respecto de los hombres (60 frente a 40 % aproximadamente) es la violencia de género. Por otro lado, esta compareciente se detuvo en la conceptualización de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la violencia que sufre este colectivo, como «violencia practicada en forma de fuerza física, coacción legal, coerción económica, intimidación, manipulación psicológica, engaño y desinformación, en la cual la ausencia de consentimiento libre e informado constituye un componente fundamental». Se refirió además al empeoramiento de esta violencia como consecuencia del confinamiento y el aislamiento derivados de la pandemia por COVID-19. En todo caso, advirtió que las medidas de este eje son insuficientes y que el Pacto de Estado debería proteger a las mujeres con discapacidad sin excepción.
Respecto de estas medidas, cabe recoger por otro lado las palabras de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, indicando que «durante los meses de confinamiento la Dirección General de Discapacidad ha adaptado a lectura fácil la Guía de recursos para mujeres víctimas de violencia de género».
El Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, en cuanto a la medida 191 sobre el acceso fácil, informó de la ampliación de los recursos asistenciales en su comunidad, facilitando su acceso a las mujeres y niñas con diversidad funcional.
En este ámbito, sin perjuicio de su conexión con el desarrollo de campañas previsto en el eje 1, la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia destacó que 77 mujeres emplearon el servicio de intérpretes en su comunidad autónoma, y se realizaron dos jornadas de formación y sensibilización para 61 asistentes.
El Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid puntualizó que uno de los ocho pisos de acogida de la comunidad está reservado a víctimas de violencia machista con discapacidad intelectual. Además, enumeró entre los servicios de que disponen una unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual.
La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer puso de relieve la colaboración con Edeka, coordinadora vasca que agrupa a las entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad, para adaptar los materiales a las mujeres afectadas por aquella, que pudieran estar sufriendo violencia machista durante el confinamiento; y se avanzó en una mejor atención en el teléfono SATEVI a las mujeres con discapacidad auditiva, de la mano de la Asociación Euskal Gorrak.
La Directora del Instituto Canario de Igualdad expuso el plan de seguridad elaborado durante el confinamiento, con cuatro guías traducidas y con el sello de lectura fácil para mujeres con discapacidad intelectual, para mujeres extranjeras sin un buen conocimiento del castellano o mujeres mayores sin una comprensión lectora exhaustiva del castellano, así como para mujeres con discapacidad auditiva, al contar tales guías con su video correspondiente.
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León señaló que los recursos habitacionales incluyen dispositivos especializados para atender a víctimas de violencia de género especialmente vulnerables, como es el caso de mujeres víctimas de género drogodependientes, mujeres con discapacidad o con enfermedad mental grave, entre otras.
La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura apuntó, en relación con la declaración del Servicio de asistencia a las víctimas de violencia de género como un servicio esencial, que se coordinó con la atención telefónica conforme a lo resumido más arriba, pero debiendo destacarse aquí el número 900 11 60 16, como teléfono de atención para las mujeres con diversidad auditiva y del habla. Del mismo modo, desarrollaron distintas acciones relacionadas con la detección, atención e intervención en violencia de género ejercida hacia las mujeres con diversidad funcional.
La Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres se detuvo igualmente en la medida 191 al hacer referencia a los obstáculos en el acceso a la información y en la comunicación, por las carencias de habilidades técnicas y alfabetización de este colectivo. Indicó que debe cumplirse la adaptación de la información a formatos accesibles, exigible por el Pacto de Estado. En este sentido, desde su fundación publicaron una guía digital y accesible titulada No estás sola, dando nombre igualmente a una serie de webinarios. Se refirió además a las aulas de derechos humanos y al IV Foro Social de Mujeres con Discapacidad, para el conocimiento e información de estas mujeres. Pero resumió que esta medida no se cumple plenamente.
La Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil aseguró que esta última se adapta, en la medida de lo posible, a las características de las víctimas «para proporcionar la respuesta integral y personalizada», ante el caso de personas con diversidad funcional. Así, detalló que adaptaron la información sobre violencia de género y abuso a menores, así como las medidas de protección del Plan de seguridad personalizado para víctimas de violencia de género y sus hijos menores a Lectura Fácil, para aumentar la detección de estos delitos; al igual que las actas y diligencias de uso más frecuente para la lengua de signos, la grabación subtitulada y locutada y el braille. Consideró que tales adaptaciones «situaron a la institución a la vanguardia del fomento de la accesibilidad cognitiva española y europea al constituirse en el primer cuerpo policial en adquirir un compromiso de este tipo». Por lo demás, recordó la elaboración en 2017 de la Guía de intervención policial con personas con discapacidad intelectual, distribuida a las unidades territoriales junto con la Guía básica de primeros auxilios en violencia de género, sin olvidar la atención experimentada de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo en la atención a personas con discapacidad intelectual. Al respecto, mencionó el primer curso de formación básica, en 2021, en facilitación para apoyos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en procesos judiciales.
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género observó en su comparecencia que los servicios son accesibles a través de las plataformas SVISUAL, Telesor y ATENPRO, a través del módulo SOTA, para las mujeres con discapacidad, para quienes existen además documentos de orientaciones prácticas de la Fundación Cermi Mujeres y el servicio ALBA con la Confederación Estatal de Personas Sordas. En su informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido a la Comisión, se detalló igualmente el cumplimiento de las medidas orientadas a este colectivo mediante estudios y campañas promovidas bajo su competencia.
En cuanto a la medida 192, sobre los protocolos específicos para este colectivo, la Secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) pidió contar con protocolos que garanticen la protección de las mujeres y niñas con discapacidad, teniendo en cuenta los factores de riesgo y exclusión que pueden acompañar a la situación de violencia, «que faciliten mecanismos de denuncia accesibles, y que ofrezcan una respuesta coordinada de los servicios sociales sanitarios y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».
La Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres comentó aquí que, además de la realización de varios estudios, han desarrollado un protocolo para atender a víctimas de violencia de género con discapacidad, con el apoyo de la Fundación Mutua Madrileña y del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Con todo, recordó más adelante que el informe del GREVIO de 2020 reconoce «una falta de formación y concienciación sobre situaciones particulares de dependencia y las intersecciones entre discapacidad y género», así como la ausencia de protocolos estandarizados. En cualquier caso, lamentó que esta medida 192 realmente no se cumple.
La Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad se detuvo en su comparecencia en la medida 193 del Pacto de Estado, sobre la activación de los protocolos de violencia machista ante los casos de violencia ejercida sobre mujeres con diversidad funcional/discapacidad, del mismo modo que se activan para el resto de mujeres, señalando que está cumplida en la Policía Nacional y la Guardia Civil, siguiendo la citada Guía de intervención policial con personas con discapacidad intelectual. Añadió que ambos cuerpos tienen a disposición de los ciudadanos, al presentar la denuncia, una adaptación de las diligencias policiales por el sistema de lectura fácil, y los documentos se han adaptado a otros sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, así lengua de signos, subtitulado y locutado. Por lo demás, recordó, la Guardia Civil dispone desde el año 2012 de una guía de atención policial a personas con discapacidad intelectual, elaborada en colaboración con la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.
En cambio, en la documentación remitida a la Comisión por la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, se indicó que no consta una completa puesta en marcha de los protocolos específicos a que se refiere la medida 193 del Pacto de Estado.
La Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres entendió que esta medida 193 tampoco se cumple, porque se sigue derivando a las mujeres con discapacidad a los servicios sociales, ya que los servicios especializados no son inclusivos ni accesibles. Añadió que el personal carece de formación adecuada y muchas veces no admite a este colectivo.
En relación con la medida 194, en tanto que pretende que las mujeres con diversidad funcional/discapacidad puedan tomar el control de sus propias vidas, la Secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) pidió las herramientas necesarias para garantizar un acceso a la información que permita la intimidad y la toma de decisiones autónomas de las mujeres y niñas con discapacidad; así como evitar que las mujeres y niñas con discapacidad se encuentren en una situación de desigualdad en el acceso a los servicios públicos de atención psicológica, ni por barreras derivadas de la propia discapacidad ni por motivos socioeconómicos. Del mismo modo, exigió implantar acciones que promuevan el empoderamiento de este colectivo y que garanticen sus derechos libres de prejuicios, roles y estereotipos, así como su participación para la elaboración de informes, estudios y protocolos y para su difusión e implementación, en relación con el desarrollo de la figura de la asistencia personal.
En este mismo sentido, la Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres se refirió igualmente a la institucionalización, que provoca que muchas mujeres con discapacidad vivan en centros segregados y con un mayor aislamiento, lo cual se debe superar. Añadió que el cumplimiento de esta medida es desconocido.
La Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad destacó igualmente el cumplimiento de la medida 195, de garantizar la plena accesibilidad en lengua de signos de las personas sordas usuarias de esta lengua al 112, al 062 y al 091, y todos aquellos teléfonos públicos a disposición de la ciudadanía, gracias a la colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas, contando con el antedicho servicio SVisual, para que las personas sordas puedan llamar a los teléfonos de emergencia 091 y/o 062.
La Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres expuso, con todo, que esta medida no debe limitarse a las personas sordas, sino extenderse a todas las mujeres con discapacidad, así como con discapacidad intelectual, sordociegas o con parálisis cerebral entre otras.
Pasando a la medida 196, en concreto sobre la presencia de intérpretes de lengua de signos, así como de mediadoras especializadas en la atención a personas sordas durante todas las fases del proceso de salida de la violencia, la Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres lamentó que muchas mujeres con discapacidad no tienen acceso a la justicia y quedan indefensas, añadiendo que el propio sistema de justicia es injusto, ya que consideró que muchas resoluciones judiciales reflejan los estereotipos negativos hacia este colectivo, sin poner a su disposición, por ejemplo, un guía-intérprete u otra asistencia especializada. La compareciente añadió que su fundación ofrece asesoramiento legal, pero debe apoyarse más, para unirse a la asistencia legal. Por lo demás, volvió a reclamar la extensión de esta medida más allá de las personas sordas.
Seguidamente, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad aludió a la medida 197, para formar en violencia de género a intérpretes de lengua de signos que se encarguen de realizar labores de interpretación en esta materia en comisarías o juzgados, en proceso de cumplimiento en su ámbito competencial, entendió, en tanto que existe atención por intérpretes en lengua de signos en dependencias policiales a mujeres que lo precisen, pero añadiendo que la formación está en proceso de mejora.
La Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres también se detuvo en esta medida 197, para pedir que esta formación no se limite a tales intérpretes, sino que se realice asimismo para otros profesionales que intervienen en el acceso a la comunicación y a la información de las mujeres con discapacidad en todo el proceso y, «muy especialmente, en los servicios de tribunales de justicia».
Por lo demás, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad se refirió a la medida 199 del Pacto de Estado, consistente en «dotar de correcta formación a los y las profesionales de los servicios de información, emergencia, sanitarios, policiales y jurídicos, para que toda la formación sea adaptada, accesible e inclusiva, así como para que el trato sea digno y respetuoso y proteja la intimidad de la mujer con diversidad funcional/discapacidad». La consideró en parte cumplida, ya que la Dirección General de Coordinación y Estudios está trabajando con Plena Inclusión, federación de todas las asociaciones que trabajan en pro de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y con la Universidad Autónoma de Madrid, «para crear, formar y acreditar la figura profesional del facilitador, como experto neutral que ayudará a los operadores jurídicos a adaptar los procedimientos a las necesidades para cada persona con discapacidad intelectual o de desarrollo». Está en cambio en proceso de cumplimiento en cuanto al plan de seguridad personalizado en formato de vídeo con lenguaje de signos, pendiente de implantar en el sistema VioGén.
Por otro lado, en relación con la discapacidad y entre otras críticas dirigidas a la atención insuficiente y la escasa coordinación institucional, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer advirtió que «la situación se complica aún más al carecer los y las profesionales de las herramientas necesarias para manejarse con este tipo de mujeres y ante la inexistencia de recursos especializados que puedan dar una respuesta adecuada a sus necesidades».
La Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (UPV) resumió igualmente la necesidad de mejorar la atención en los casos de interseccionalidad o de doble discriminación, que afectan a las mujeres migrantes, con diversidad funcional o discapacidad, o personas adictas, dependientes o especialmente vulnerables, por su edad u otras condiciones.
8. Aplicación de los derechos y prestaciones de la Ley Orgánica 1/2004 a los casos de violencia «por interpósita persona»
En este punto, la medida 198 del Pacto de Estado exige extender determinados apoyos y derechos contemplados en la LO 1/2004 a quienes hayan padecido violencia vicaria o violencia «por interpósita persona», y al respecto la Ministra de Igualdad lamentó el cumplimiento solo parcial de esta medida, con la modificación introducida en el artículo 1.4 de esta Ley Orgánica, al extender la condición de víctima a los familiares y allegados menores de las mujeres víctimas de violencia de género. Al respecto insistió en modernizar las medidas del Pacto de Estado, como esta, adaptándolas a la realidad que viven las mujeres.
Eje 4
La intensificación de la asistencia y protección de menores. Esto es, «la protección específica de los y las menores parte de su reconocimiento como víctimas directas y lleva aparejada la necesidad de ampliar y mejorar las medidas dirigidas a su asistencia y protección con la implantación de nuevas prestaciones en los casos de orfandad como consecuencia de la violencia de género; de revisar las medidas civiles relativas a la custodia de los menores; y de fomentar las actuaciones de refuerzo en el ámbito educativo».
Este eje fue tratado especialmente, extendido a la violencia sufrida por los propios menores, en la comparecencia de la Coordinadora del Departamento Jurídico del Teléfono ANAR de la Fundación ANAR y del Director de Programas de dicha Fundación, si bien en conexión con las medidas de otros ejes, pues esta organización ofrece servicios de acogida y asistencia. El Director de Programas partió del dato de 166 433 peticiones de ayuda en 2020, cifra llamativa dadas las condiciones de confinamiento, y con una mayoría de casos relacionados con la violencia. Señaló que tienen un convenio de colaboración con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para la atención de todos los casos de los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia de género en cualquiera de sus formas. Resumió que trabajan con tres niveles sucesivos, en su caso: de orientación, de derivación y de intervención, en los casos más graves para la vida del niño y con la colaboración de la Policía y la Guardia Civil, sin olvidar el trabajo con otros organismos para la protección de la infancia. Compartió el aumento anual de casos atendidos, así como de los menores con conciencia de estar sufriendo violencia de género, de un 35,8 % en 2015 a un 44,9 % en 2019, si bien advirtió que la mayoría (hasta un 55 %) sigue sin identificar la violencia de género que sufren. Dio igualmente el dato de que los casos de violencia de género incluyen un 16,1 % entre los 12 y los 14 años; y en casi el 50 % de los casos la violencia es ejercida por una persona mayor de edad. Añadió que en el 100 % de los casos había agresión psicológica, en un 67 % violencia social, un 44,3 % violencia física y un 28,2 % violencia sexual.
La Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil se detuvo además en el protocolo de comunicación e intervención con la Fundación ANAR, para la protección de los menores, aludiendo también a la herramienta Safe School para conectar a los escolares con los psicólogos de ANAR y, en su caso, con el Equipo Mujer-Menor de la Guardia Civil.
La Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer celebró en su comparecencia el avance de la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, en cuanto a la prestación reconocida a tales huérfanos y huérfanas, conforme a la medida 200 del Pacto de Estado. Con todo, señaló que todavía no dan respuesta a la totalidad de los casos que lo necesitan, o a supuestos como en los que el padre no es el condenado por asesinato u homicidio. Además, advirtió de que se estima en 1 678 959 menores los que sufren violencia de género y no están detectados.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, figuró el cumplimiento de las medidas 200 y 201, sobre las prestaciones y pensiones a los huérfanos en esta materia, a partir de la citada Ley 3/2019.
En el mismo informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se constató la atención a la medida 202, enumerando los estudios impulsados por esta Delegación en 2020 y 2021 sobre la situación de los menores víctimas de violencia de género: sobre «Menores y Violencia de Género», a partir de una encuesta realizada en el ámbito escolar; sobre «La respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas»; y sobre la situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España.
Respecto de esta medida 202, la Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) reclamó una mayor realización de tales estudios, para analizar las condiciones específicas de riesgo y desprotección de los menores, su relación con el maltratador, el régimen de visitas, la custodia, etcétera.
La Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, conectando antes con las medidas 200 y 201 sobre la pensión de orfandad, expuso las dificultades iniciales para su reconocimiento, como prestación no contributiva, por su desconocimiento por parte de quienes debían otorgarla. De ahí la necesidad de aumentar las prestaciones y garantizar su pago. Esta compareciente resaltó igualmente la exclusión de la custodia compartida en su caso, la suspensión del régimen de visitas y la prohibición de visitas al padre condenado en prisión por violencia de género, conforme a las medidas 203 a 205 del Pacto de Estado que se detallan más abajo, si bien advirtió de la excepción de dicha prohibición en atención al interés del menor.
La Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer se detuvo también en su comparecencia en la atención a los menores, referenciada en la memoria aportada por la Fiscal General del Estado en 2020. Además de la oportunidad de la adecuación de las dependencias para la declaración de los menores, que sigue pendiente, destacó la medida 203 sobre la prohibición de la custodia compartida en casos de violencia de género. La misma debe ponerse en relación con la regulación de esta materia por la normativa autonómica, y con el interés superior del menor, indicó, cuyo examen llevaría igualmente a evitar la custodia compartida. Con todo, concluyó que esta prohibición solo puede aplicarse si existe una denuncia, y muchas veces no es así, pese a existir violencia.
La escritora de ensayo y novela y profesora del Ciclo Superior «Promoción de Igualdad de Género» en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Avempace de Zaragoza aludió igualmente a la violencia vicaria y pidió la libertad de los menores respecto del maltratador, que no puede asumir su custodia ni otras responsabilidades. Las víctimas no son solo los huérfanos, añadió, sino los menores que viven en un hogar con violencia, o deben visitar a dicho maltratador. Pidió por ello diseñar todos los medios necesarios para poder atenderles desde todos los ámbitos ante esta situación, incluyendo la posibilidad de rehacer sus vidas.
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial refirió el número de asesinatos de niños contabilizados en España, y añadió que en el 71 % de los asesinatos por violencia de género la víctima es madre de hijos menores de edad, en un 13 % de los cuales los hijos fueron testigos de tal asesinato, poniendo de manifiesto una máxima vulnerabilidad. Reconoció que la LO 8/2021 puede contribuir a mejorar la vida y la integridad física y psíquica de estos menores respecto del padre maltratador. Además de la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contemplada bajo el eje 3, mencionó aquí la del artículo 261 para obligar a denunciar cualquier acto de violencia sobre un niño o niña menor de edad. Recogió igualmente las medidas de suspensión del régimen de visitas y privación de la patria potestad en su caso, como se detalla seguidamente. Por lo demás, recordó las medidas de protección de los niños en el juicio, donde no pueden declarar, sino en salas especiales y con psicólogos.
Más precisamente, la medida 205 del Pacto de Estado exige prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género, y sin embargo la Directora General de Igualdad del Principado de Asturias refirió en su comparecencia casos de órdenes de alejamiento a las madres y órdenes de acercamiento a los hijos y las hijas, por ejemplo, de una «niña menor de edad que estaba visitando a su padre, porque él tenía derecho a visitas por orden judicial, en la cárcel por haber asesinado a su madre». Por ello insistió en parar esa transmisión de la violencia de generación en generación.
La protección de los menores perseguida por las medidas de este eje comprende, conforme a la medida 208, la especificidad de los menores hijos e hijas de víctimas mortales. En este punto, la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres, a la fecha de su comparecencia, citó los nueve feminicidios cometidos en Cataluña durante ese año 2020, por lo que su Instituto «proporciona un servicio de intervención en crisis graves» en tales casos, con apoyo psicológico a las hijas y e hijos de las víctimas.
Al inicio de su comparecencia, la Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia tuvo también un recuerdo para los niños huérfanos por violencia de género. Añadió que cuentan con el «Servicio de atención psicológica para las y los menores expuestos a la violencia de género, que pone a disposición de los hijos e hijas menores de mujeres que sufren o han sufrido malos tratos o que hayan sufrido directamente esas situaciones de violencia o estén expuestos a ella y que tienen su residencia en la comunidad autónoma un programa de intervención psicológica», siendo 569 menores los que han accedido a este servicio hasta el 31 de agosto de 2020. Al respecto expuso que el servició prestó atención telefónica o telemática a 482 menores durante el estado de alarma, frente a los 120 de 2019. Por lo demás, en la documentación remitida a la Comisión, se dejó constancia de la subvención nominativa a la Asociación para el Desarrollo de la Salud Mental de la Infancia y la Juventud, Quiero Crecer, para la realización de proyectos de intervención psicológica con menores y otros servicios.
En relación igualmente con la medida 208, cabe referir lo señalado por la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia en su comparecencia, respecto de la asistencia integral a los menores huérfanos por violencia machista, de manera que, en 2019, apoyaron económicamente y acompañaron en la realización de sus trámites administrativos a cinco menores en tal situación. Reforzaron por lo demás la atención psicológica a menores víctimas de la violencia de género, siguió explicando, atendiendo a 225 menores en 2019. Y el bono de alquiler referido bajo el eje 3 podía reconocerse asimismo a los menores de 30 años hijos de víctimas mortales de violencia de género.
En conexión con la medida 209, respecto a la formación específica de los operadores jurídicos para atender a los menores, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria dejó constancia en su comparecencia de la dotación de profesionales especializados en menores en los centros de emergencia y acogida de la Comunidad, referidos bajo el eje 3.
La protección de los menores fue igualmente resaltada en la comparecencia de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, afirmando que el Instituto Andaluz de la Mujer «ha atendido durante el primer semestre [de 2020] a 713 menores en los diferentes programas de ayuda psicológica dirigidos a adolescentes, a hijos e hijas víctimas de violencia de género y violencia sexual. Asimismo, ha ofrecido asesoramiento a 598 padres, madres y tutores legales. En definitiva, durante estos primeros seis meses del año se ha prestado atención a más de 1311 personas entre menores y familias, víctimas directas o indirectas de la violencia machista». Más específicamente, en la atención de menores, pusieron en marcha el programa COVID Warriors, de actividades socioculturales y educativas, en su caso online, para «preservar la continuidad de su educación aun estando en confinamiento».
Por su parte, la Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana pidió trabajar para considerar a los hijos de las víctimas de violencia de género como víctimas directas, no secundarias.
La Directora General de Igualdad del Principado de Asturias hizo alusión en su comparecencia al proyecto Canal prioritario, que permite denunciar supuestos de violencia online ante la Agencia Española de Protección de Datos, y que afecta sobre todo a la violencia que sufren los jóvenes entre 14 y 18 años.
El Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid enumeró entre otros servicios la Unidad de atención a familiares de víctimas de violencia de género y la Unidad de atención a adolescentes víctimas de violencia de género en sus relaciones de pareja y a sus familias. Como novedad, añadió que en 2020 se ha unido al equipo multidisciplinar básico una psicóloga infantil permanente, integrando el equipo junto con un psicólogo, un asesor jurídico y un trabajador social.
En el informe del Instituto de la Mujer de 2018 remitido por la Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se concretaron los programas de atención a menores víctimas de violencia de género, incluyendo un servicio de atención psicológica a tales menores, un programa de intervención psicosocial a menores afectados por esta violencia y talleres de fortalecimiento del vínculo materno-filial con mujeres y menores víctimas de violencia de género. La compareciente apuntó que en 2019 atendieron a 184 menores, y cuentan también con ayudas de orfandad para los hijos o hijas de una mujer asesinada.
La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer destacó para la protección de menores que, durante el estado de alarma, estuvo operativo el teléfono Zeuk Esan 116111, servicio de atención de ayuda a la infancia y adolescencia, reforzado para poder atender posibles casos.
La Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears dio a comienzo de su comparecencia el dato de las ayudas adicionales a la pensión de orfandad, de 438 euros mensuales para las hijas e hijos de mujeres víctimas mortales de violencia de género.
El Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja señaló que durante el estado de alarma se continuó con el programa de atención a la violencia filioparental en hijos menores, y con el programa de reencuentro, sin perjuicio de elaborar otros documentos específicos.
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, en relación con el servicio de asesoramiento a las víctimas de violencia de género, indicó que se refuerza con el programa de atención profesional para huérfanos menores de edad y personas dependientes de las mujeres fallecidas por violencia de género o a sus tutores o representantes legales en sus asuntos: «civil, tributario, administrativo, sucesorio, hipotecario, etcétera, que se deriven del fallecimiento de la mujer por violencia de género», existiendo además un servicio de atención psicológica para los familiares de la mujer fallecida, y de nuevo una ayuda a huérfanos de víctimas mortales de violencia de género, regulada por el Decreto 15/2018, «que supone la concesión de 5000 euros de pago único anual hasta la mayoría de edad de cada huérfano, o el acceso gratuito a estudios universitarios tanto para las víctimas como para sus hijos e hijas».
La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura refirió el servicio de atención especializada, para la atención a los menores, cuyos profesionales tienen un carácter itinerante, atendiendo a 305 menores y 203 familias en 2019.
La Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla apuntó que el Centro de información y asesoramiento de la mujer, entre otros servicios, ofrece apoyo educativo a la unidad familiar en casos de violencia de género. Reconoció la situación complicada de muchos menores en la ciudad, que sufren violencias machistas, con los peligros de niñas que viven en centros de acogida y que pueden estar en peligro de prostitución, lo cual conecta con el eje 8. Por lo demás, hizo referencia a un proyecto de danza con menores, con una profesora que trabajaba con ellos, y participaron con menores no acompañados en el programa de televisión Got Talent, todo lo cual apoyó la atención y formación de estos jóvenes.
En la documentación remitida a la Comisión, la Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta explicó como peculiaridad de la situación de violencia de género en esta ciudad el que la mayoría de las mujeres víctimas tienen menores a su cargo, debido a la elevada tasa de natalidad, lo cual requiere una atención específica. Al respecto se ha desarrollado además un Programa Integral de Prevención y Atención al maltrato infantil y otras formas de violencia a niños, niñas y adolescentes.
Retomando las medidas 204 y 205, la Ministra de Igualdad destacó que la ya citada LO 8/2021 y la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, permiten dar cumplimiento a las mismas, persiguiendo la medida 204, como hemos adelantado, la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia.
Como precisó la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, tal suspensión está ahora contemplada en la modificación del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la LO 8/2021.
Asimismo, la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer se centró en esta suspensión del régimen de visitas, observando que existe una resistencia por parte de los órganos judiciales y fiscales a suspender y a oír a los menores, porque se les revictimizaría, pero en todo caso el juez de violencia sobre la mujer puede decidir posteriormente sobre esta suspensión.
La Coordinadora del Departamento Jurídico del Teléfono ANAR de la Fundación ANAR, en relación con la suspensión del régimen de visitas y las órdenes de protección, advirtió que puede no suspenderse el régimen de visitas, una vez dictada una orden de protección por el juez, lo cual se apartaría del carácter imperativo de la suspensión de las visitas en estos casos. Ello conecta con los datos ofrecidos a continuación, reclamando, en cualquier caso, como ha recogido su organización, la protección de las mujeres madres que vayan a denunciar, para no quebrar la custodia de sus hijos. Por lo demás, respecto de la medida 205, indicó que esta prohibición es importante para no utilizar a los hijos menores en una prolongación de la violencia de género una vez separados los progenitores.
En relación con lo anterior, y en conexión con la susodicha medida 205, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer recordó que, durante el año 2019, según el Consejo General del Poder Judicial, tan solo un 3 % de las medidas tuvieron como finalidad la suspensión del régimen de visitas a la espera de sentencia, frente al interés superior del menor. Observó que en la realidad no está garantizada ni la suspensión, ni la retirada de las visitas, ni la supervisión, en el caso de celebrarse. Y en cuanto al establecimiento de custodias compartidas, expuso que la realidad muestra que muchas relaciones de parejas en las que hay violencia de género se resuelven en procesos de separación contenciosos, en torno a un 70 % de estos procesos. Por ello insistió en reforzar la citada medida, y tener cautela ante la figura no regulada del coordinador de parentalidad.
Por otro lado, la Ministra de Igualdad se detuvo en su comparecencia en la medida 207, sobre la desvinculación de la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad, con la consiguiente modificación del artículo 156 del Código Civil.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, respecto de esta medida 207, se señaló su cumplimiento mediante la reforma de dicho artículo 156 del Código Civil por el Real Decreto-ley 9/2018.
La Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer aludió también a esta medida 207, si bien advirtiendo que la gran mayoría de los y las menores víctimas no pueden acceder a la intervención psicológica que necesitan, al faltar el requisito de una sentencia firme o causa penal en curso.
También la Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis pidió en su comparecencia impulsar la atención psicológica de los menores, en casos de violencia reconocida judicialmente, sin necesidad de consentimiento del padre.
La Coordinadora del Departamento Jurídico del Teléfono ANAR de la Fundación ANAR, en relación con esta misma medida 207, recalcó la importancia del tratamiento psicológico, y para ello consideró que debería ser suficiente el consentimiento de uno de los progenitores por el propio interés superior del menor. Al respecto, insistió en la reforma del artículo 156 del Código Civil, para desvincular la intervención psicológica con los menores de edad expuestos a la violencia de género del contenido de la patria potestad, algo reforzado con la antedicha Ley 8/2021, de 2 de junio. En fin, destacó el reconocimiento de la violencia vicaria y la privación automática de la patria potestad al padre que asesina a la madre, que debería imponerse con carácter retroactivo.
En cuanto a la medida 210, relativa a los Puntos de Encuentro Familiar, la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres observó que su actividad «se vio alterada durante el estado de alarma». Recalcó la atención de este recurso al cumplimiento del régimen de visitas para las hijas y los hijos, contando con 18 servicios de esta naturaleza en Cataluña. Pero durante el estado de alarma quedó suspendido en los juzgados, con un total de 470 menores afectados. Esta compareciente reclamó por lo demás una mayor dotación económica para su despliegue, con ampliación territorial y de horarios de apertura, a efectos de cumplir la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
En este mismo ámbito, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria informó de que el punto de encuentro familiar autonómico «atendió a 124 progenitores y 83 menores; el de Castro Urdiales a 73 progenitores y 54 menores y siete personas de familia extensa de las y los menores», además de ponerse en marcha otro punto de esta naturaleza en Torrelavega.
La Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia se refirió asimismo al punto de encuentro familiar de su región, con 161 usuarios y usuarias en 2020, teniendo en cuenta que su actividad quedó suspendida hasta el 21 de junio, mientras no pudo garantizar la asistencia presencial.
La Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia compartió en su comunidad autónoma el refuerzo de los puntos de encuentro familiar, «con la ampliación de sus horarios de atención y llevando a cabo actividades específicas de formación y de sensibilización», además de un programa para trabajar en la prevención y la rehabilitación de menores agresores en casos de violencia de género, con dos talleres de prevención y 52 sesiones.
En el informe de la Ley 4/2018 remitido por la Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hubo un apartado específico dedicado a los puntos de encuentro familiar, enumerando sus objetivos: facilitar el régimen de visitas en un lugar físico neutral; garantizar el derecho fundamental de las hijas y los hijos a relacionarse con el padre y la madre y con su familia extensa; apoyar a las madres y los padres para que puedan tener una relación normalizada respecto de sus hijas e hijos; y prevenir situaciones de violencia en relación con el cumplimiento del régimen de visitas. Se hizo constar más adelante que, desde 2003, todas las capitales de provincia cuentan con tales puntos, existiendo además dos en Alcázar de San Juan y en Talavera de la Reina.
La Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón reconoció asimismo un refuerzo de los puntos de encuentro familiar gracias a los fondos del Pacto de Estado.
La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer advirtió que durante el confinamiento se cerraron los puntos de encuentro familiar, «asimilándose a la decisión adoptada en torno a los centros educativos, tratando de preservar la salud de las y los menores».
El Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja resumió que disponen de tres puntos de encuentro familiar, a los efectos previamente expuestos, en La Rioja Alta, La Rioja Centro y La Rioja Baja. Su cierre durante la declaración del estado de alarma se compensó con la atención telefónica y telemática, ya resumida. Posteriormente se reabrieron, y se buscaron alternativas para instalar nuevos puntos de encuentro familiar, siguiendo los criterios de los juzgados.
En contestación a las preguntas de los miembros de la Comisión, la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León confirmó que durante el confinamiento los puntos de encuentro familiar estuvieron cerrados por razones de salud pública, «pero se atendió a todas las familias, se hizo un seguimiento telefónico de las situaciones de todas las familias que asistían a esos puntos de encuentro y se les fue dando a cada una de ellas la ayuda que necesitaban en ese momento para solucionar los distintos problemas que surgían».
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se recogió también el cumplimiento de esta medida 210, gracias al grupo de trabajo creado en enero de 2020 con las comunidades autónomas.
La Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) apuntó con todo en su comparecencia que es importante conocer en qué situación están los puntos de encuentro familiar y «ver cómo se ha visto afectado este servicio durante la pandemia en el medio rural».
La Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer señaló en su comparecencia que los puntos de encuentro familiar deben efectivamente ampliarse y especializarse, siguiendo las medidas del Pacto de Estado, pero igualmente las recomendaciones del ya citado GREVIO. Para ello recordó la necesidad de un protocolo a nivel nacional que regule los puntos de encuentro familiar.
En el mismo informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se dejó constancia del cumplimiento de la medida 213, sobre la incorporación como personas beneficiarias del derecho de preferencia de acceso a vivienda protegida, a quienes asumen la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del menor huérfano, a partir del artículo 7.4 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
En este eje, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, en nombre de la Federación de Mujeres Progresistas, se refirió a la medida 216, sobre la aplicación práctica en el reconocimiento de los menores como víctimas de violencia de género, destacando su avance en los últimos años.
La Coordinadora del Departamento Jurídico del Teléfono ANAR de la Fundación ANAR contempló esta misma medida 216, insistiendo en que en la ley debe reconocerse a los menores como víctimas directas. Por demás, se detuvo en los avances de la LO 8/2021, como la figura del coordinador de bienestar al que pueden acudir los menores en el centro escolar, o la creación de juzgados de violencia contra la infancia y la adolescencia.
Eje 5
El impulso de la formación de los distintos agentes para garantizar la mejor respuesta asistencial. Más precisamente, «para ofrecer a las víctimas de violencia de género la mejor asistencia posible es necesario que se amplíe la formación especializada de todos los profesionales que intervienen en el sistema como jueces y juezas, fiscales, equipos psicosociales, médicos forenses, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal sanitario y personal docente, entre otros. El compromiso estriba en que los contenidos formativos sean obligatorios, estén homologados por los organismos especializados y sean evaluables para todos los operadores».
En el marco de las restricciones derivadas de la declaración del estado de alarma, la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres reconoció en su comparecencia la obligación de «elaborar formaciones dirigidas a profesionales en formato virtual», con un «ciclo de webinars en materia de herramientas de investigación para el abordaje de violencias machistas». Ello tuvo la ventaja de una mayor difusión y más fácil conexión, con una inscripción de 955 asistentes. En particular, se difundió por esta vía un estudio sobre las ciberviolencias machistas, como «amplificación de las violencias analógicas, que causan un impacto grave, permanente y reiterado en mujeres y niñas. Por este motivo es indispensable identificar estas nuevas formas de violencia, y esto nos indica la urgencia de ampliar también el marco normativo para dar respuesta a estas nuevas realidades», lo cual conecta con lo expuesto bajo el eje 2.
Más generalmente, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria expuso que en su comunidad «se ha incrementado el número de acciones formativas desarrolladas en el Centro de Estudios de la Administración regional de Cantabria con contenido sobre violencia de género e igualdad y se ha incrementado, igualmente, el número de cursos o actividades dirigidos a la formación de profesionales de diferentes entornos públicos», con más de 40 actividades formativas distribuidas entre hasta 700 profesionales de todos los ámbitos.
En la documentación remitida a la Comisión por la Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, y en cumplimiento de la medida 228 del Pacto de Estado, se dejó constancia del proyecto de la Consejería de Salud para la formación del personal sanitario a efectos de detectar la violencia de género en la atención primaria.
En el ámbito sanitario, la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia compartió el dato de la formación especializada en violencia de género para profesionales sanitarios, con seis acciones formativas con 250 participantes, sin perjuicio de la implicación de los colegios profesionales para el desarrollo de catorce cursos formativos y 21 jornadas y mesas redondas, con un total de 1500 participantes. Enumeró asimismo acciones formativas dirigidas al profesorado, tanto en los centros escolares como universitarios; a profesionales de la abogacía de Galicia, con la asistencia de 2225 abogados y 235 procuradores; a las fuerzas y cuerpos de seguridad operantes en Galicia, con 39 cursos a la Policía local, siete a la Policía autonómica, ocho a la Policía Nacional, 25 al personal de la Guardia Civil y la participación total de 800 efectivos; al personal de las administraciones públicas, contando con un programa formativo conjunto en materia de igualdad y violencia de género para todo el personal empleado público de Galicia, con la participación de 2000 personas; y, en fin, al voluntariado gallego y la organización de actividades de tiempo libre, en este caso con 1165 participantes.
La Directora General de Igualdad del Principado de Asturias también recalcó la importancia de la formación, partiendo de que, por ejemplo, es «imposible hacer presupuestos con perspectiva de género si el funcionariado no está formado en igualdad. Podemos imponer la obligación de que todos nuestros presupuestos vayan con perspectiva de género, o que todos nuestros datos estén desagregados —a lo que tenemos obligación—, o que nuestro lenguaje sea inclusivo, pero tú necesitas que el personal que haga ese trabajo esté formado». Pidió por tanto reforzar dicha formación.
El Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid se detuvo en la formación de los profesionales en general, para la atención a las víctimas. A estos profesionales se les exige una experiencia al menos de un año y haber recibido o impartido por lo menos cien horas de formación especializada en materia de violencia machista en sus áreas específicas de actuación. Añadió que en la Dirección General de Igualdad se organizan continuamente jornadas de formación dirigidas a los profesionales de toda la red de atención integral a las víctimas de violencia machista.
En el informe de la Ley 4/2018 remitido por la Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entre las medidas de prevención y sensibilización en el ámbito educativo, se recogió como apartado específico la formación a docentes, con planes de igualdad y prevención de violencia de género, para generar igualdad en las aulas. Asimismo, se hizo referencia al convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá de Henares para la creación de la cátedra de investigación «Isabel Muñoz Caravaca». Por otro lado, se detalló la formación a entidades y profesionales, incluyendo la dirigida a profesionales de la red de recursos del Instituto de la Mujer; a profesionales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Escuela Regional de Formación, con una serie de cursos; a cargos electos y personal de entidades locales en materia de prevención de violencia de género; y a las personas voluntarias de Protección Civil. Respecto de las plantillas de los ayuntamientos, precisó la compareciente, se asegura la formación gracias a un convenio entre la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Por lo demás, reconoció que está pendiente la formación del urbanismo con perspectiva de género, para integrar la igualdad también en esta materia.
El Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra adelantó en su comparecencia que en su comunidad se contempla igualmente la formación en violencia de género dirigida a la Policía Foral, al personal de emergencias y al personal del ámbito judicial. Posteriormente reconoció los avances realizados en la formación de los profesionales de la justicia.
La Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón también aludió en general a las actividades de formación de los profesionales, en el ámbito sanitario y docente universitario. Más adelante, indicó que la formación realizada a nivel comarcal se dirige en parte a los profesionales de los servicios sociales de las comarcas, con cursos y talleres sobre materias como matrimonios forzados, normativas sobre identidad y expresión de género o trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, lo cual conecta con el eje 8.
La Directora del Instituto Canario de Igualdad reconoció igualmente la importancia de la formación de los profesionales, en particular en los juzgados, con los fondos del Pacto de Estado, para que los juzgados especializados en violencia sobre la mujer puedan funcionar adecuadamente. Además, se refirió a la formación de los docentes, sanitarios y de las fuerzas de seguridad, en relación con la cadena del protocolo interinstitucional ante casos de violencia de género.
En relación con la educación, la Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears se centró en la formación docente, y más allá de la educación mencionó acciones formativas en el sector agrario y pesquero, entre otros, así como para el personal de servicios generales de la Administración, y cursos destinados a policías, personal de los juzgados, fiscalía, educadores de calle o servicios sociales.
El Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja se detuvo en su comparecencia en la formación a policías locales o al personal de la Administración de Justicia, además de un máster específico destinado a los trabajadores sociales de servicios especializados, sin olvidar la formación de los profesionales de los medios de comunicación. Igualmente existe en la Escuela de Administración pública de esta comunidad, señaló, un programa para formar al personal de administración sobre violencia de género, con «una adecuada respuesta de los funcionarios de la Administración».
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León se detuvo en la formación de profesionales de todos los ámbitos que intervienen en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, dando el dato de 5534 profesionales formados en esta materia en Castilla y León en 2019. Detalló que las actuaciones formativas se diseñan ad hoc, adaptadas a los destinatarios, con formato presencial, online, centralizado o descentralizado, todo ello siguiendo el Plan de formación 2019-2022. En concreto en 2020, en formato online, se han desarrollado varias formaciones: así la formación para coordinadores de caso, con 300 profesionales; la formación para profesionales de la psicología, con una previsión de 150 participantes; o la formación para profesionales de la abogacía, con una previsión inicial de 900 participantes.
La Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla hizo referencia a los talleres de formación para las ONG y asociaciones de la ciudad, así como a la integración de una enseñanza en igualdad en la formación inicial del profesorado que acababa de sacar su plaza, para maestros de educación primaria y secundaria.
En la documentación remitida a la Comisión, la Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta reconoció la importancia de la formación online, con la Escuela Online para la Formación Multidisciplinar de Profesionales que intervienen en la atención y la prevención de la violencia de género, dirigida a un gran número de profesionales del ámbito de la justicia, la sanidad, los servicios sociales, etc. Con todo, al ser ello competencia estatal, hizo un llamamiento para que se forme al profesorado en esta materia, «no con carácter voluntario como se hace actualmente sino como materia de oposición para que se tenga presente desde el momento en se quiere acceder a la carrera docente». Asimismo, pidió formación especializada para los profesionales sanitarios, para poder detectar indicadores de maltrato en las mujeres que acuden a las consultas.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se recogió el cumplimiento de la primera medida de este eje, la 221, sobre la formación de los farmacéuticos y las farmacéuticas, a partir del Convenio de 2018 firmado con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Esta compareciente recogió además el compromiso de llevar formación en perspectiva de género a la Oficina de Asilo y Refugio y a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. Por otro lado, dio el dato de 1145 funcionarios de nuevo ingreso que han recibido, en febrero y marzo de 2021, formación específica en violencia de género. Por lo demás, hizo referencia a la formación en el ámbito de las fuerzas de seguridad y la Administración de Justicia, destacando aquí el proyecto con el Centro de Estudios Jurídicos para formar a este personal y su especialización pretendida por el anteproyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual (ya aprobada).
La Presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) mencionó en su comparecencia el banco de buenas prácticas que han puesto en marcha, para su consulta por los ayuntamientos, a efectos de elaborar planes de igualdad mediante cursos de formación, a través de la Fundación Mujeres, para el personal técnico de las administraciones.
La Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer también puso de relieve la importancia de la formación, en particular del personal sociosanitario y asistencial, para transmitir a la fiscalía las situaciones de violencia de género que conozcan, aunque no exista denuncia. Por otro lado, adelantó que se ha modificado el temario de acceso a las oposiciones de jueces y fiscales para incluir temas específicos sobre esta materia, existiendo también un bloque de formación al respecto. Remitió además a la Comisión la guía de actuación con perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de violencia de género, elaborada por la unidad de coordinación de violencia sobre la mujer de la Fiscalía General del Estado, que recoge documentos, sentencias y conclusiones extraídos de los seminarios de los fiscales especialistas en violencia de género, para ayudar en el trabajo diario de los fiscales y fortalecer su unidad de actuación en los procesos.
La Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y periodista desarrolló especialmente en su comparecencia la necesidad de formación de los y las profesionales de los medios de comunicación, en conexión también con el eje 1, lo cual se contempla en la medida 222 del Pacto de Estado.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se expuso el cumplimiento de la medida 223, consistente en ampliar la formación especializada que reciben los y las profesionales de la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta materia, en cuanto a los cursos de formación del Ministerio del Interior.
La Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad recogió en este marco el cumplimiento de la misma medida 223, gracias a la colaboración del Área de violencia de género, estudios y formación con la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado y el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, en cuanto a la impartición de múltiples cursos dirigidos a los profesionales en el ámbito de justicia sobre prevención de la violencia de género, al margen de otras actividades dirigidas a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destacando ahora la formación online.
La Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, conectando con esta medida 223, refirió el primer Plan de igualdad en la Guardia Civil, de 2019, para la formación y sensibilización para todo el personal del cuerpo en materias como la igualdad, la conciliación y el acoso sexual o por razón de sexo. Añadió que se ha elaborado una guía para el uso no sexista del lenguaje y en todas las academias se imparte formación en igualdad, previendo que en los próximos tres años esté formado todo el personal. Por lo demás, detalló el sistema de formación de la Guardia Civil, con varios niveles: en toda su trayectoria; en los cursos de especialización en Policía Judicial; para la especialización en equipos Mujer-Menor, atención a víctimas vulnerables y en trata de seres humanos, además de jornadas de actualización para todos los agentes o el Curso de Experto Universitario, puesto en marcha en septiembre de 2021, organizado por el Centro Universitario de la Guardia Civil, en colaboración con la Jefatura de Policía Judicial y la Universidad Carlos III de Madrid. Esta formación, insistió, incluye la educación en igualdad y diversidad previa a las asignaturas de violencia sobre la mujer.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se enumeró el cumplimiento de las medidas 223, ya citada; y 224, sobre el temario de las oposiciones a judicatura y la formación correspondiente, mediante la Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial puso de relieve el esfuerzo realizado en la formación en la carrera judicial, tanto en el temario de oposición de acceso a la misma, como en la formación inicial en la escuela judicial, así como en la formación continua especializada, retomando las medidas 223 y 224. Apuntó que su Comisión de Igualdad garantiza que todos los principios de igualdad y de acceso en condiciones de igualdad de las magistradas a los altos cargos de la justicia sean efectivos. Desarrolló los datos de las distintas ediciones de los cursos con perspectiva de género para los jueces, recordando además la existencia de guías de recomendaciones y buenas prácticas, «para homogeneizar sobre todo los criterios interpretativos en todo el territorio nacional». Al final de su comparecencia, expuso las fases del curso de especialización: una baremación de puntos para quien haya estado muchos años haciendo cursos especializados, una parte teórica y una parte práctica, esto es, seis meses en la escuela judicial, con esa formación especializada. Todo este proceso de estudio y formación se desarrolló igualmente en la documentación remitida a la Comisión, recogiendo los distintos módulos, áreas y actividades de que se componen tales cursos, incluyendo el acuerdo reglamentario del Pleno del Consejo General del Poder Judicial por el que se modifica el Reglamento 2/2011, de la carrera judicial, de conformidad con la antedicha Ley Orgánica 5/2018. Asimismo, compartió el Protocolo de Actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y al acoso y violencia en la Carrera Judicial.
A las medidas 224, recién mencionada, y 225, sobre la formación en Derecho Antidiscriminatorio para los colegiados y colegiadas, aludió en general la Ministra de Igualdad en su comparecencia, al objeto de aplicar e interpretar las normas sin reproducir roles y estereotipos de género, siguiendo también el artículo 49.2 del Convenio de Estambul. En este sentido, recalcó la importancia de la formación de los operadores jurídicos. Por lo demás, aclaró que la formación y especialización no cuestiona la profesionalidad del personal que trabaja en los ámbitos judicial, policial o sanitario, sino que reclama una atención especializada de las víctimas para no revictimizarlas.
La Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad se detuvo igualmente bajo este eje en la medida 226, a efectos de establecer un programa calendarizado para difundir el manual de la Unión Europea de buenas prácticas policiales para combatir la violencia contra las mujeres en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no solo de las especializadas, cumplida «porque la difusión está completada y hay recordatorios periódicos en marcha», aseguró.
Tras las intervenciones de los miembros de la Comisión, la Ministra de Igualdad aludió a las personas trans, lo cual conectaría con la medida 227, que pide atender las necesidades de este colectivo. Recordó la reciente aprobación de varias leyes autonómicas sobre la libre determinación de la identidad de género y adelantó los trabajos que está realizando su Ministerio a estos efectos.
En cuanto a la medida 228, sobre un programa formativo especializado en prevención de la violencia de género a profesionales sanitarios y de la educación, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer manifestó la falta de información sobre la inclusión de asignaturas especializadas en los grados sanitarios o temas específicos en las oposiciones. Tras las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, observó que, en general, la formación no se está aplicando de una manera sistematizada y continua, y criticó que, por ejemplo, la formación judicial consista a menudo en explicar el funcionamiento de la ley, sin implicar a organizaciones que trabajan con las víctimas.
En este marco, la Secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) reclamó la dotación de recursos para la formación y especialización de los equipos profesionales que atienden estos casos, e «incluir en cualquier formación específica o relacionada con el ámbito del género y la violencia hacia las mujeres un decálogo de buenas prácticas basado en el momento en el que se recibe o se contacta con una mujer que manifiesta estar viviendo una situación de violencia, haciendo hincapié en la importancia de validar la experiencia de la mujer y creando un espacio seguro». Terminó insistiendo en la formación de los profesionales del ámbito sanitario, policial o judicial, para garantizar adecuadamente la atención de las mujeres con discapacidad.
La Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis insistió igualmente en la formación en esta materia, tanto del profesado como de los medios de comunicación, así como policías, jueces o forenses, incluyendo a equipos psicosociales, personal de los juzgados de violencia sobre la mujer, profesionales de los puntos de encuentro y centros de atención a la infancia o personal de las oficinas de empleo. Defendió además las unidades especializadas policiales permanentes o los sistemas de evaluación teórica y práctica para el acceso a órganos judiciales o secciones especializadas.
La Directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) incidió asimismo en la necesaria formación de los profesionales, del ámbito sanitario y judicial, siguiendo el informe del GREVIO. Apuntó que la comunidad gitana busca apoyo en el ámbito sanitario antes que en el judicial, pero la escasa formación y coordinación en esta materia dificulta una respuesta adaptada a sus necesidades. Destacó la importancia de la formación en este ámbito en el conocimiento sobre la idiosincrasia del pueblo gitano, su situación social, el antigitanismo y el fomento del respeto y las competencias interculturales, así como de los y las profesionales de la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los operadores jurídicos en esta materia, sin olvidar los y las profesionales de los medios de comunicación, todo lo cual conectaría con la medida 231. Con todo, señaló que la mayor parte de estas formaciones están mediadas por las ONG gitanas, sin medios suficientes, por lo que solicitó que tal formación se asuma dentro de las administraciones competentes «en el marco de sus propios planes de formación y de manera permanente».
La Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) incidió igualmente en la importancia de la formación de los agentes sociales, jurídicos y de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde sigue habiendo deficiencias, por lo que debe mejorarse, de forma presencial o mediante una plataforma digital.
En fin, la Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (UPV) se sumó a la necesidad de la formación especializada de todas las profesionales que intervienen en la atención a las víctimas, en particular en la Administración de Justicia, más allá de la formación técnico-jurídica; en los servicios sociales y en el ámbito sanitario, incluyendo formación de las aplicaciones informáticas para atender estos casos.
Eje 6
La mejora del conocimiento como complemento indispensable para contribuir de forma eficaz a la lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio de Estambul, aportando datos más fiables, completos y detallados sobre sus formas, incidencia, causas y consecuencias. Siguiendo la descripción de este sexto eje, «para ello se asume el compromiso de asegurar el seguimiento estadístico de todos los tipos de violencia sobre las mujeres, teniendo en cuenta variables como la edad, la discapacidad, precariedad laboral o la incidencia en el mundo rural, y la realización de estudios e informes, haciendo especial hincapié en el impacto sobre las hijas e hijos de las víctimas, sobre la violencia sexual y sobre la situación laboral de las mujeres víctimas».
Este eje, siguiendo el antedicho documento refundido de medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, se centra en el seguimiento estadístico, por lo que recogeremos aquí esencialmente los datos aportados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en su documentación, al margen de los que se desprenden de sus boletines estadísticos mensuales. Los datos aportados por otros u otras comparecientes, en relación con medidas determinadas del Pacto de Estado, tienen cabida bajo otros ejes, sin perjuicio de que en este proceda resumir igualmente algunos de estos datos cuando su exposición tenga carácter general respecto de los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres o cuando hagan referencia específicamente a este eje.
La Ministra de Igualdad resaltó así en su comparecencia la importancia de la recogida de datos, aludiendo a la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 como relevante operación estadística, a la que harían referencia otras comparecientes. La propia ministra adelantó por lo demás el dato de que el 90 % de las mujeres nunca llega a denunciar una agresión sexual.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se recogió el cumplimiento de las medidas 233 y siguientes del Pacto de Estado, en referencia a dicha macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, los formularios de recogida de datos y los estudios publicados en la web de la Delegación.
En este sentido, la Secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) hizo referencia a este eje 6 en su comparecencia, que a partir de la medida 233 y siguiendo el Convenio de Estambul, exige «asegurar el seguimiento estadístico con datos fiables, completos y detallados, incluyendo a la variable de discapacidad», como también se recoge bajo el eje 3 en su apartado específico. Insistió en que debe incluirse la variable de discapacidad en la divulgación de los datos recogidos en materia de violencia «en aquellos casos que siguen sin tenerse en cuenta», como en los boletines estadísticos mensuales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y como se detalla más abajo. Reconoció el avance de la última macroencuesta, con un apartado específico para mujeres con discapacidad, pero lamentó que la cifra de entrevistadas, de 556, es demasiado pequeña.
En su comparecencia, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria dio unos datos generales sobre su comunidad, informando de que la misma tiene 580 000 habitantes, con un 51,5 % de mujeres. Empleando los datos de «la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y los indicadores basados en la macroencuesta del año 2015, estimamos que en Cantabria sufren violencia física y sexual en torno a 7000 mujeres, cerca de 20 000 violencia psicológica, casi 25 000 violencia de control y unas 6000 mujeres violencia económica», expuso, sin perjuicio de que las mismas se solapen. Hizo además expresa referencia al seguimiento estadístico exigido por este eje, de manera que en su comunidad trabajan en la elaboración de una memoria anual en materia de violencia de género, disponible para todos, sin olvidar la labor desempeñada por el Instituto Cántabro de Estadística.
Por su parte, la Directora General de Igualdad del Principado de Asturias adelantó una macroencuesta asturiana que se pretende realizar en 2021. Advirtió que la muestra de la última macroencuesta para Asturias se ha ampliado, a más de 400 mujeres, pero sigue siendo pequeña, y por ello quieren aumentarlo, trabajando igualmente en las zonas rurales.
El Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra agradeció iniciativas como la citada macroencuesta realizada por el Ministerio de Igualdad, pero juzgó de interés que se ofrecieran más datos a las comunidades autónomas.
En relación con los datos estadísticos, la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón recordó los datos de la encuesta de población activa, representando las mujeres el 51 % del personal médico, el 84 % de enfermería, el 72 % en farmacia, el 82 % en psicología y el 85 % del personal que trabaja en residencias de mayores y personas dependientes, entre otros servicios, por lo que han sido especialmente vulnerables durante la pandemia, y de ahí la puesta en marcha de un servicio atendido por el Colegio Profesional de Psicólogos en Aragón, «para generar un espacio de apoyo profesional y contribuir, así, a mejorar la situación emocional de las trabajadoras».
La Directora del Instituto Canario de Igualdad resumió que, durante el primer trimestre de 2020, en España se presentaron un total de 36 185 denuncias por violencia de género, con un total de 2092 denuncias en Canarias, esto es, el 6 % del total en España. A nivel estatal las denuncias por violencia de género disminuyeron un 10 % respecto al mismo periodo de 2019, mientras que en Canarias el descenso fue del 7 %. En todo caso, apuntó más adelante que Canarias está entre las comunidades con mayor tasa de denuncias y feminicidios, considerando que ello podía deberse a las dificultades de la protección a nivel insular. Por otro lado, se refirió a un proyecto de la Dirección General de Justicia para analizar las características de las víctimas de violencia de género y sus agresores en las distintas zonas del territorio de la comunidad, para estudiar las diferencias entre cada isla.
Siguiendo la descripción de este eje, cabe incluir aquí la referencia de la Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears sobre un diagnóstico referido a la situación de la prostitución y la trata y la explotación sexual de la infancia y la adolescencia en las Islas Baleares, elaborado con la Universidad de las Illes Balears, a partir de entrevistas realizadas a mujeres en situación de prostitución, sin perjuicio de su conexión con el eje 8.
En este marco, hacia el final de su comparecencia, la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León reclamó la construcción de un sistema de indicadores de evaluación estatal y desagregados por comunidades autónomas, para definir objetivos, consolidar procesos de evaluación y seguimiento, en la medida en que se necesita información para tomar decisiones, lo cual relacionó con el necesario fomento de la investigación e innovación.
En cuanto a los estudios emprendidos, la Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura destacó el estudio realizado por Comisiones Obreras junto con la Universidad de Extremadura sobre la percepción de las mujeres respecto al acoso sexual en el ámbito laboral, para mejorar también las actuaciones en este marco. Por otro lado, adelantó que la Consejería de Igualdad y Portavocía y el Instituto de la Mujer de Extremadura trabajan en la elaboración de un estudio diagnóstico acerca de la conciliación, la corresponsabilidad y la brecha salarial en Extremadura, primer paso para la puesta en marcha de la Estrategia de conciliación y corresponsabilidad y la Estrategia de igualdad salarial y laboral.
Respecto de la necesidad de datos, igualmente, la Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla pidió una macroencuesta de la ciudad para tener datos, conectarlos y poder implementar mejor las políticas en esta materia, a lo que contribuirá la unidad de igualdad que se quiere establecer, dependiente de su consejería.
En la documentación remitida a la Comisión, la Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta enumeró varias investigaciones y estudios promovidos para mejorar el conocimiento sobre los colectivos más vulnerables a la violencia sobre la mujer: así sobre la percepción de la igualdad en la Ciudad de Ceuta; sobre la condición de Ceuta como ciudad transfronteriza, su impacto y repercusión en la población mujer; sobre la incidencia e impacto de violencia sobre las mujeres mayores; sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual en Ceuta y sus determinantes en la violencia hacia la mujer; y sobre la prostitución en Ceuta y sus determinantes en la violencia hacia la mujer.
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género detalló en su comparecencia lo relativo a la citada macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, poniendo en valor sus criterios estadísticos, conforme al Sistema Estadístico Europeo. Entre sus datos, incidió en que una de cada dos mujeres, el 57,3 %, residentes en España mayores de 16 años, han sufrido algún tipo de violencia contra la mujer en algún momento de sus vidas, y que el acoso sexual afecta al 40,4 %. Aludió igualmente a otras operaciones estadísticas realizadas, como la estadística de otras formas de violencia, la violencia de género y mujeres con discapacidad; así como el proyecto de encuesta europea de violencia de género, como estadística de recursos autonómicos en materia de violencia contra la mujer, en marcha desde 2015. Asimismo, reconoció la insuficiencia de datos sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, al estar enfocados solo a la persecución del crimen organizado, estando pendiente un macroestudio de trata bajo responsabilidad de la compareciente. Por lo demás, anticipó un próximo estudio sobre protocolo antiacoso en el ámbito laboral.
Cabe recoger aquí en particular los datos aportados por la Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, a partir de la memoria aportada por la Fiscal General del Estado en 2020, destacando el punto 1 de su capítulo III, sobre violencia de género y violencia doméstica. Procede reproducir al respecto el siguiente cuadro comparativo de víctimas fallecidas:
En relación con ello, la compareciente resumió que el número de denuncias fue de 168 057 en un año, pero solamente se hicieron 58 232 escritos de acusación, de manera que solo un tercio de todas las denuncias llegaron a juicio oral, y a partir de los mismos solo se dictaron 36 534 sentencias, un 70,5 % de condenas. Tras las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, apreció además que el argumento de que se utilizan las denuncias para conseguir mejoras en las separaciones o divorcios no se sostiene, porque de las 168 000 denuncias referidas, los asuntos civiles incoados fueron solo 22 000.
La Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil recogió estas estadísticas en su comparecencia y en particular hizo referencia a las víctimas mortales, observando que hasta el año 2010 era habitual que el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas fuera superior a 70, mientras que el promedio anual desde 2003 hasta 2019 era de 60 feminicidios al año. En 2021, hasta la fecha de la comparecencia, «35 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 14 en demarcación de la Guardia Civil. De esas 14 víctimas mortales, tan solo 4 habían denunciado en algún momento haber sufrido violencia por parte de su homicida. 3 de estas mujeres se encontraban ya inactivas en el sistema y una de ellas tenía medidas judiciales en vigor».
Sobre las medidas 235 y 238 (referidas a la incorporación de indicadores específicos relativos a menores y el alcance de los estudios), en la numeración aquí adoptada, y a la vista de la última macroencuesta de violencia contra la mujer publicada en 2020, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer consideró que se ha «realizado una aproximación parcial a lo que confiamos será una recogida de datos más exhaustiva con el paso del tiempo, esperando que en un futuro puedan tener su propio espacio en el portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género no solamente las víctimas mortales, sino también todos los niños, niñas y adolescentes que viven expuestos a esta violencia». Por otro lado, hizo referencia al estudio publicado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género sobre la situación de violencia contra las mujeres en la adolescencia en España, mostrando que un amplio porcentaje de mujeres jóvenes han reconocido haber vivido situaciones de violencia en el ámbito de la pareja, como el abuso emocional, por el 17,3 %; el control abusivo general, por el 17,1 %; y el control a través del teléfono móvil, por el 14,9 %; mientras que un 14,1 % reconoció haberse sentido presionada para participar en actividades de tipo sexual en las que no quería participar.
En relación con la medida 236, que hace referencia a los indicadores de diversidad funcional o discapacidad en los estudios realizados, cabe recoger lo expuesto también por la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, sobre el estudio realizado por la Federación de Mujeres Progresistas con la financiación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, sobre mujer, discapacidad y violencia de género. El mismo revela una violencia psicológica por la pareja en un 85 % de las participantes, y en el 97,8 % en caso de parejas pasadas. Por lo demás, en la documentación remitida a la Comisión, apuntó que la ejecución plena de esta medida depende de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y está en proceso.
Por su parte, la Directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) se centró en este eje para denunciar la práctica inexistencia de datos, estudios e investigaciones sobre su colectivo en esta materia, ausentes en los boletines estadísticos del Consejo General del Poder Judicial o en la antedicha macroencuesta de 2019. Por ello, pidió elaborar estudios aproximativos sobre «cómo se desarrolla y cuáles son los elementos particulares que pueden describir la situación de las mujeres gitanas y la violencia de género», así como introducir el factor de pertenencia étnica o condición gitana en las futuras recopilaciones y estudios, ampliando la citada medida 236 para la recogida de datos del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer o incorporando la condición de mujeres gitanas en la futura macroencuesta.
Más allá de esta medida, pero en relación con los indicadores de los estudios centrados en la diversidad funcional o discapacidad, la Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres enumeró en su comparecencia cuatro estudios: la citada macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019; sobre la violencia sexual contra mujeres con discapacidad intelectual; mujer, discapacidad y violencia de género; y sobre la situación de la violencia contra las mujeres con discapacidad en Extremadura 2020. Respecto de la primera, advirtió que han podido participar pocas mujeres con discapacidad, ya que muchas de entrada quedan excluidas de la entrevista. En todo caso, expuso que el 20,7 % de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja frente al 13,8 % de las mujeres sin discapacidad; y el 17,5 % de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física, sexual, emocional o han sentido miedo de sus parejas afirman que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas. Respecto al tercer estudio citado, con la participación de 150 mujeres con discapacidad, ofreció entre otros datos el que el 71 % ha sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Este porcentaje pasaba a ser del 67,1, respecto a la violencia ejercida por una pareja presente o pasada, entre las 70 participantes del cuarto estudio. Con todo, pidió realizar una macroencuesta centrada en este colectivo, sin restricciones.
En cuanto a la medida 237, de incluir en los informes anuales del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer indicadores del seguimiento de las actuaciones de la Inspección Educativa, conecta con la promoción de planes de igualdad a nivel educativo que se ha resumido bajo el eje 1, si bien en la documentación remitida a la Comisión por la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, se indicó que esta medida está pendiente de ejecución.
La Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad se detuvo aquí en la medida 240 del Pacto de Estado, relativa a incluir en los informes del Ministerio del Interior las variables sobre las alertas con intervenciones policiales en relación con la utilización de los dispositivos electrónicos, señalando que en referencia a los dispositivos telemáticos de control Cometa, se está trabajando la integración de la información sobre las alertas de los dispositivos telemáticos de control en el Sistema VioGén.
Sobre la medida 242, que exige visibilizar a las víctimas indirectas de violencia contra las mujeres, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer comentó que no se han difundido avances en el interés por conocer la magnitud de tales víctimas indirectas, «ni que se hayan puesto en marcha recursos atencionales para darles una respuesta».
Bajo este mismo eje, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad se refirió a la medida 243, consistente en homogeneizar estadísticas sobre víctimas, atendiendo a los criterios de los Ministerios de Justicia, Interior, Sanidad, Derechos Sociales e Igualdad, lo cual está cumplido en el Ministerio del Interior, aseguró, pues se ha creado el Sistema VioGén y se ha ofrecido al resto de departamentos ministeriales y organismos implicados la posibilidad de compartirlo.
La Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis realizó igualmente un repaso estadístico a partir de los datos de la última macroencuesta a la fecha de su comparecencia, recordando que la violencia de la pareja solo se denunció un 21,7 % de las ocasiones, reducido al 10 % en caso de violencia sexual; o añadiendo que en 2019 se interpusieron 168 057 denuncias, mientras que en 2020 las denuncias bajaron a 150 785. En relación con la violencia sexual o la concesión de órdenes de protección, como se recoge bajo el eje 3, pidió mayor estudio e investigación para su explicación estadística.
La Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) destacó en su comparecencia otro dato de la encuesta de 2015, y fue el que el 77 % de las mujeres que habían sufrido violencia de género habían conseguido salir de tal situación. Por ello, añadió, en el Pacto de Estado se situaría a España como país referente en materia de igualdad y en la lucha contra la violencia machista. En todo caso, reclamó un mayor compromiso para el seguimiento estadístico de todos los tipos de violencia sobre las mujeres, con variables como la edad o la incidencia en el mundo rural; así como la realización de estudios e informes con incidencia en el impacto sobre las hijas y los hijos de las víctimas, sobre la violencia sexual y sobre la situación laboral de las mujeres víctimas.
Sobre el seguimiento estadístico, la escritora de ensayo y novela y profesora del Ciclo Superior «Promoción de Igualdad de Género» en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Avempace de Zaragoza recordó que algunas de las mujeres que mueren asesinadas por sus parejas no aparecen registradas como tales, cuando su muerte no es causa directa de una sola agresión, sino, por ejemplo, de una dolencia crónica ocasionada por múltiples maltratos.
Por su parte, la Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial inició su comparecencia destacando estudios, informes, estadísticas y análisis realizados por dicho Observatorio, desde 2002. Tales estudios, entre otros, así como la exhaustividad de los datos estadísticos, han contribuido al prestigio internacional de España en la lucha contra la violencia de género, apuntó. Detalló que elaboran boletines trimestrales y un informe anual exhaustivo en el ámbito de la violencia de género en los juzgados, a partir del trabajo realizado por magistrados y magistradas especializados. Por otro lado, destacó el concepto de silencio cómplice de las personas que rodean a la víctima, según el Tribunal Supremo, y de ahí que, en los estudios estadísticos sobre denuncias, se comprueba que las provenientes de familiares, amigos, allegados o terceros, constituyen apenas un 1 % del total. Por otro lado, se refirió a los estudios de víctimas mortales desde el año 2003, incluyendo un informe de las 1000 primeras muertes que se produjeron en España desde entonces, de donde se extrae que hubo más asesinatos en diciembre de 2009: 11, pero el promedio es de una mujer asesinada cada 6,7 días; en las zonas limítrofes costeras es donde suele haber más asesinatos; la víctima menor tenía trece años y la mayor noventa y cinco, lo cual demuestra que no existe un perfil de mujer víctima, aseguró la compareciente. Añadió que en un 75 % de las ocasiones el asesinato se produce en el domicilio, teniendo en cuenta además la agravante de alevosía de género; y en un 16 % mediante golpes con o sin objeto. Por lo demás, resumió, los datos señalan que el 66,4 % de los agresores eran españoles y un 33,6 % extranjeros.
Eje 7
Recomendaciones a Comunidades Autónomas, Entidades Locales y otras instituciones, como agentes colaboradores necesarios para conseguir erradicar la violencia sobre las mujeres por razón de género. Como se apunta en el Pacto de Estado, «teniendo en cuenta sus competencias se recogen medidas directamente relacionadas con ellas».
La Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y periodista contempló en su comparecencia la medida 244 incluida bajo este eje, que pide «instar al Gobierno de España a liderar, en el ámbito de la UE, la promoción de un Pacto sobre medios de comunicación y violencia de género». Recordó al respecto el caso de la guía del Ayuntamiento de Marbella en cuya primera página se blanqueaba la prostitución, documento financiado con los fondos del Pacto de Estado, lo cual se criticó y sirvió para «ridiculizar el feminismo», por lo que la compareciente pidió superar estos casos para poder cumplir esta medida 244. De lo contrario, añadió, España no estará en condiciones de liderar esta posición, pues, como se ha recogido bajo el eje 1, tiene un elevado número de noticias falsas, por lo que deben crearse planes de alfabetización mediática.
En la documentación remitida a la Comisión por la Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia se hizo también referencia al cumplimiento de este eje, en concreto de la medida 245, en cuanto a la adaptación de los recursos de apoyo y atención para recibir a cualquier mujer independientemente de su diversidad funcional o discapacidad, mediante una subvención de concesión directa a la fundación TEMEHI, para mujeres víctimas de violencia de género con problemas de adicciones.
Siguiendo la numeración aquí adoptada, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se detuvo igualmente en esta medida, considerando que aún no se cumple y siendo imprescindible que el derecho a la información y a la asistencia social integral que contempla la LO 1/2004 se haga realidad, que los recursos de información, asistencia y acogida estén disponibles de forma suficiente para las mujeres; y que sean accesibles, independientemente de las barreras que se puedan presentar a las víctimas.
En la documentación remitida a la Comisión por la Presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se hizo referencia, bajo este eje, a la medida 249 del Pacto de Estado, que insta «a la Federación de Municipios y Provincias a realizar un estudio sobre las consecuencias de la ejecución de la hipoteca por impago, cuando víctima y agresor figuran como responsables de crédito hipotecario a efectos de identificar qué problemática se está produciendo y adecuar la legislación para evitar situaciones de violencia económica». Al respecto recogió que algunas Entidades Locales han establecido un Servicio de Intermediación Hipotecaria, que tiene por objeto facilitar información, asesoramiento e intermediación con las entidades bancarias para las personas y familias que tienen dificultades para hacer frente a los pagos de los préstamos hipotecarios y están en riesgo de perder su vivienda. En cualquier caso, la compareciente hizo depender la programación de este estudio de su financiación y de las condiciones y objetivos de esta medida.
Eje 8
La visualización y atención de las formas de violencia de género fuera del contexto de pareja o ex pareja. Más detalladamente, «se prestará especial atención a la violencia sexual, a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, a la mutilación genital femenina y a los matrimonios forzados».
Sin perjuicio de la conexión de este eje con los ejes 1 y 2, en tanto que varias de sus medidas implican también una visualización de estas otras formas de violencia, conforme al Convenio de Estambul, abordamos aquí las aportaciones de los y las comparecientes donde se destacó especialmente la atención a tales formas de violencia. Para ello se incluye primero el contenido relativo a estas últimas, seguido del específico para la trata y la explotación sexual.
Así, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria se refirió en su comparecencia a la campaña de Cavas, el Centro de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y prevención del maltrato infantil, dirigida sobre todo a los centros de educación y la población más joven. Para ello aseguraron espacios en el ocio nocturno y en el sector hostelero, «promoviendo la reflexión y la concienciación en materia de la violencia sexual», además del lema «Solo sí es sí».
En este marco, la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia en su comparecencia se detuvo en el apoyo psicológico específico para víctimas de violencia sexual, con cinco profesionales participantes y, hasta el momento, 41 mujeres usuarias, además de un programa de intervención específico con niñas y adolescentes víctimas de abusos sexuales, así como tratamiento terapéutico y acompañamiento y asesoramiento a las familias, participando 66 personas. Añadió la mención de la campaña «Agresión off contra la violencia sexual», con 40 eventos, 2891 participantes y 10 000 unidades de material de promoción distribuidas.
La Directora General de Igualdad del Principado de Asturias refirió, por su parte, las oficinas de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual en Oviedo, Gijón y Avilés, así como la próxima apertura de un centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales, abierto de forma permanente. Tras las preguntas de los representantes de los grupos parlamentarios, observó que han aumentado las denuncias de violencia sexual, en el conjunto del territorio, pero queda la duda de si es por una mayor sensibilización o por una mayor violencia real.
En el informe del Instituto de la Mujer de 2018 remitido por la Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se hizo especial referencia al Programa Contigo, para la prevención e intervención integral en materia de agresiones y abusos sexuales, así como a las oficinas de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Por su parte, la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer destacó que el antedicho servicio SATEVI no se ciñe a la atención de casos de violencia en el marco de la pareja o expareja, sino que incorpora otras formas de violencia contra las mujeres, conforme al Convenio de Estambul, atendiendo a mujeres víctimas, a personas allegadas y a profesionales, por un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogas, trabajadoras y educadoras sociales.
La Ministra de Igualdad recogió los avances de la proyectada Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual (actual Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre), que extiende a las violencias sexuales todos los aspectos preventivos de atención, sanción, especialización o asistencia integral vigentes para otras violencias, incluyendo el derecho a la reparación. Por lo demás, compartió el avance de la creación de centros de crisis en todo el territorio, para la protección de las mujeres víctimas de violencia sexual con independencia de la denuncia, siguiendo el artículo 25 del Convenio de Estambul y en el marco del Plan España te protege contra las violencias machistas, que también persigue el control del agresor.
La Profesora Titular del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (UPV) también se detuvo en esta Ley Orgánica, en fase de anteproyecto a la fecha de su comparecencia, para señalar que su conocimiento apenas se extiende a los nuevos sistemas de protección, a la formación o a los centros de atención en crisis, sino que se limita a la tipificación de los delitos contra la libertad sexual. Por ello, lamentó que, al igual que la LO 1/2004, pone el foco en la denuncia y la condena penales, esto es, en una perspectiva punitiva, antes que en mecanismos de atención.
La Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres destacó por su parte cómo la violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad trasciende el ámbito de la pareja, al provenir de sus propias familias o de asistentes personales. Exigió atender a estas formas de violencia, a menudo desconocidas, lo cual se agravó también durante el confinamiento, y teniendo en cuenta conductas como la esterilización (punto referido por el GREVIO en su informe de 2020, si bien superado con la reforma del artículo 156 del Código Penal) o el control de la menstruación, por lo que los abusos sexuales no resultan en un embarazo (si bien el GREVIO ha reconocido igualmente «obstáculos para ofrecer apoyos especializados en situaciones de violencia en los casos de violación»). Añadió que estas circunstancias han incrementado igualmente la explotación sexual de estas mujeres. Por lo demás, puso de relieve la necesidad de atender sus derechos sexuales y reproductivos, a menudo vulnerados; así como la participación de la fundación en un estudio de ONU Mujeres sobre el acoso sexual en mujeres y niñas con discapacidad.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se refirió el cumplimiento de la medida 253 del Pacto de Estado, sobre el desarrollo de programas integrales de atención a la violencia sexual en todo el territorio, a partir de las partidas presupuestarias aprobadas y los planes desarrollados.
En el mismo informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se plasmó el cumplimiento de la medida 254, sobre las campañas y materiales informativos contra la violencia sexual, con las campañas #SomosUna o #RespetaLosLímitesSíoSí.
Esta medida también exige tener en cuenta la situación de diversidad funcional o discapacidad, y en este sentido la Secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) pidió información accesible sobre las prácticas que atenten contra los derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres.
En relación con esta misma medida 254, la Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil mencionó la campaña «No te calles» contra los abusos sexuales en la infancia, con material para luchar contra ese tipo de prácticas; así como la campaña «Pasaporte de indicadores de trata», con la distribución de un folleto con los principales indicadores de trata de seres humanos para que las víctimas pudieran reconocerse en ellos y tomar conciencia de las circunstancias en las que se encontraban. Por lo demás, recogió que, a fecha de 30 de julio de 2020, en la Guardia Civil constan un total de 2463 delitos contra la libertad e indemnidad sexual, prácticamente el 30 % de los registrados por el total de fuerzas y cuerpos de seguridad.
La medida 256 del Pacto de Estado, por su parte, pide incluir nuevos baremos e indicadores en la Macroencuesta de la Delegación del Gobierno para la violencia de género, sobre todos los tipos de violencia sexual, y al respecto la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer celebró que en la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 se incorporaran por primera vez preguntas para medir el acoso sexual. Además, destacó las modificaciones legislativas emprendidas para atender estos casos, reclamando mayor formación para todos los integrantes del sistema de justicia penal en esta materia, para evitar la infradenuncia.
Por otro lado, la escritora de ensayo y novela y profesora del Ciclo Superior «Promoción de Igualdad de Género» en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Avempace de Zaragoza se detuvo en el significado de la violencia sexual, en relación con la educación, las campañas y los medios de comunicación, cuyas medidas corresponden al eje 1, ya que se enfoca como un delito contra el que hay que protegerse, lo cual revela que esta violencia está lejos de llegar a ser anecdótica, alertó. Por ello, expuso que es «importante fomentar un tratamiento de la imagen de las mujeres libre de estereotipos y prejuicios», sin transmitir imágenes, palabras, actuaciones y conductas que vejen a la mujer por el hecho de serlo, que normalizan esta violencia, teniendo en cuenta también lo habitual de las escenas de maltrato sexual en las proyecciones audiovisuales.
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial ofreció en su comparecencia ejemplos de sentencias del Tribunal Supremo donde se aprecia la evolución en la incorporación de la perspectiva de género, en particular en el tratamiento de la violencia sexual. Refirió una sentencia de 2019 donde se define que no es necesario en una agresión sexual que se acredite una lesión física en la víctima y cuándo concurre la fuerza requerida en el tipo. Siguiendo también las intervenciones de los miembros de la Comisión, recordó la sentencia de 21 de junio de 2019, en el caso llamado de La Manada, donde se plasmó tal perspectiva en la definición del círculo de violencia de la víctima, así como en el reconocimiento de la dificultad de denunciar una agresión sexual, el valor de la declaración de la víctima y la aplicación del agravante de género, conforme al Código Penal, no solo en el ámbito de la pareja. Compartió, por lo demás, un estudio sobre violencia sexual que revela que, de todas las sentencias dictadas en esta materia por el Tribunal Supremo, el 68 % son abusos o agresiones a niños menores de edad y un 31 % a adultos, donde el 97,7 % de las víctimas son mujeres.
Respecto de la trata y explotación sexual, en su comparecencia la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres la conectó con la necesidad de ampliar el concepto de violencia de género (explicada bajo el eje 2) para incluir a estas víctimas, y así lo hicieron en su comunidad autónoma con un plan de contingencia. Vinculó además a este colectivo con las mujeres en situación administrativa irregular: todas «estas mujeres se encuentran totalmente desprotegidas, ya que no denuncian y no acuden a los servicios por el miedo que les genera su situación irregular y porque estos recursos que se ofrecen no están adaptados ni pensados para ellas.» De ahí la necesidad de dirigir la protección a las mismas, siguiendo especialmente la medida 252 del Pacto de Estado.
En conexión también con el eje 5, la atención a las víctimas de trata y explotación sexual fue destacada por la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, con un proyecto en aras a su erradicación, contando con profesionales y otras entidades. Ello incluiría cursos de formación al personal del Instituto Andaluz de la Mujer, la edición de una guía básica de sensibilización y un manual dirigido a tales profesionales, además de una línea 900 nueva, con dos profesionales especialistas en trata, a la que se buscaría hacer frente también mediante programas de empleo.
Respecto de la reunión anual de la Fiscalía de Extranjería en relación con el Protocolo marco de la protección de las víctimas de trata de seres humanos, mencionada bajo el eje 2, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria añadió que la misma atiende, bajo este eje 8, «las dificultades con las que nos encontramos para perseguir estos delitos y cómo defender y ofrecer mejor respuesta a las mujeres que se encuentran en esta situación tan vulnerable», pidiendo una mayor implicación de los ayuntamientos en la lucha contra la trata de seres humanos. Indicó además que se está trabajando en la implantación de un turno de oficio especializado para las víctimas de trata. Especialmente en lo referido a la prostitución, contemplada en las medidas 265 a 267 del Pacto de Estado, este compareciente relató la muerte reciente en su comunidad de dos mujeres que la sufrían, y destacó que el mismo día de su comparecencia, 7 de septiembre de 2020, la Consejería de Sanidad de Cantabria aprobaría una orden para el cierre de un prostíbulo en Santander. En cualquier caso, reclamó un mayor compromiso para el cierre definitivo de todos estos locales en España, por «motivos de humanidad». Reclamó una legislación específica para facilitar el cierre de los clubes donde se ejerce la prostitución, vinculándola a la desigualdad y la explotación.
Este punto se destacó igualmente por la Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, ya que en 2019 «iniciamos el turno de oficio de trata para la asistencia letrada gratuita a víctimas de trata con fines de explotación sexual». Además, el estado de alarma no interrumpió el servicio de asistencia letrada gratuita. Por otro lado, adelantó la celebración del primer Congreso Internacional sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual, organizado junto con la Universidad Politécnica y el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Fundación Cepaim. Señaló que su región cuenta con el Centro de atención integral a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, el CAVAX, que atiende a estas víctimas. En 2020, hasta el 31 de agosto, se atendieron aquí a 75 mujeres. Sobre este centro, añadió que se adaptó durante el estado de alarma hacia una atención telefónica con carácter transitorio, y así «30 usuarias recibieron atención en el CAVAX frente a las 20 que fueron atendidas en el mismo intervalo de tiempo de 2019. Se realizaron 411 atenciones, lo que supone un aumento de 134 intervenciones con respecto al periodo de marzo a junio del año anterior, en el que se atendió a 277 usuarias». Igualmente, destacó la tramitación de dos contratos por la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, «para la atención de mujeres vulnerables en entornos de prostitución y trata», gestionados por Cruz Roja y Oblatas, para la acogida temporal y el servicio de acompañamiento, sin perjuicio de la previsión de otros recursos específicos de acogida. En fin, en la documentación remitida a la Comisión, y en cumplimiento de la medida 262 del Pacto de Estado, para la protección de las personas explotadas, se destacó la subvención nominativa a la asociación APRAMP, para la realización del proyecto «Unidad Móvil de rescate de mujeres y menores de edad, víctimas de trata con fines de explotación sexual».
Por añadidura, la Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana aseguró la atención en su comunidad a las mujeres prostituidas, «invisibles entre las invisibles, que han tenido en los poderes públicos valencianos el acompañamiento necesario en momentos de gran dificultad, cuando los proxenetas las dejaban simplemente en la calle».
Procede recoger aquí el dato aportado por la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia en su comparecencia, de que, en 2016, con consenso parlamentario, ampliaron la prestación a las víctimas de trata, dentro de las ayudas periódicas previstas en dicha comunidad autónoma desde 2006. En 2019 se abrió la prestación a las mujeres cuyos hijos o hijas fueran asesinados por su agresor, y a las mujeres gravemente heridas, con cinco beneficiarias. Por lo demás, entre los nuevos recursos de acogida, uno se dirigió concretamente a las víctimas de trata.
La Directora General de Igualdad del Principado de Asturias recordó en esta línea que, en el mes de julio, se creó en Asturias un turno específico para víctimas de trata, así como una nueva acreditación para víctimas de trata y mujeres en situación de prostitución, para poder percibir el salario mínimo vital. Respecto de las plazas residenciales para mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución, en 2020 se abrieron dos pisos más para asegurar un servicio más completo. Indicó aparte que la previsión de apertura del referido centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales se extienda más adelante para víctimas de trata y mujeres en situación de prostitución.
El Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid apuntó que, entre los recursos de acogida, su comunidad dispone de 3 centros destinados a víctimas de trata con fines de explotación sexual o «mujeres que desean abandonar el ejercicio de la prostitución». Entre los recursos no residenciales, existe un centro para víctimas de violencia sexual denominado CIMASCAM y un centro de día para mujeres víctimas de trata denominado Proyecto Esperanza. Por otro lado, mencionó el Servicio de detección e identificación de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, con un teléfono de emergencia, disponible las veinticuatro horas, y una unidad móvil. Siguiendo la recomendación del Convenio de Estambul, expuso también el trabajo para la apertura de un nuevo Centro de crisis 24 horas en esta materia. Comentó que, en marzo de 2020, con un servicio de atención telemática, se atendió a 116 mujeres en el CIMASCAM. Comparativamente, en junio del mismo año fueron atendidas aquí 262 mujeres.
En el informe del Instituto de la Mujer de 2018 remitido por la Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se contemplaron talleres formativos de sensibilización y prevención de la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, dirigidos al ámbito educativo de Castilla-La Mancha, desarrollados por las siguientes asociaciones: ACCEM, de Investigación y Especialización sobre Temas Latinoamericanos, Colombine, Guada-Acoge, Médicos del Mundo y Cruz Roja España. Igualmente, se desarrollaron talleres formativos de sensibilización en el ámbito educativo en prevención de la mutilación genital femenina, con participación de las asociaciones Colombine Castilla-La Mancha, Médicos del Mundo y Kikira, al margen de otros proyectos dirigidos a la prevención de la mutilación genital femenina en esta Comunidad. La compareciente consideró que la trata con fines de explotación sexual es la esclavitud del siglo XXI, de manera que «para los proxenetas las mujeres valen menos que el ganado». Para hacerle frente, diseñaron un programa de intervención social, gracias a los fondos del Pacto de Estado, mediante un decreto de urgencia, pero reclamó una ley nacional contra la trata. Recordó que Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma en «decretar el cierre de prostíbulos por causa de la COVID, pero esto tiene sus dificultades».
El Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra recordó, por su parte, la constitución en 2011 del Foro navarro contra la trata de las mujeres con fines de explotación sexual, cuya comisión técnica se reúne periódicamente, añadiendo que el Instituto Navarro para la Igualdad cuenta con un recurso para mujeres víctimas de trata. En 2018, además, se reformó la Ley Foral 14/2015 para incluir la prostitución como forma de violencia contra las mujeres, a las cuales se apoya con dos pisos de acogida. El 21 de septiembre de 2020 el Parlamento de Navarra se manifestó en contra de la prostitución, para orgullo del compareciente, que reclamó asimismo una «ley integral abolicionista del sistema prostitucional a nivel estatal».
La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer también se refirió a las medidas adoptadas durante el confinamiento para proteger a las mujeres más vulnerables, como las mujeres en contextos de prostitución, «de la mano de las entidades del tercer sector social a través de un trabajo colaborativo con la Mesa contra la exclusión, de la Mesa de diálogo civil de Euskadi».
Hacia el final de su comparecencia, la Directora del Instituto Canario de Igualdad mencionó la campaña del 23 de septiembre de 2020, en marcha en ese momento, contra la trata con fines de explotación sexual.
Por su parte, la Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears resaltó el Plan autonómico para la lucha contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y el abordaje de la prostitución, aprobado en 2019, con sesenta acciones para luchar contra la prostitución y la trata desde todos los ámbitos. Por otro lado, informó de que cuentan con centros de atención y acogida para víctimas de trata y mujeres en situación de prostitución en cada una de las islas, con 11 plazas aumentadas a 40, junto con tres pisos de acogida para tales víctimas y la subvención al centro Casal Petit. En este sentido, han colaborado con entidades del tercer sector para financiar ayudas a mujeres en situación de prostitución, para cubrir sus necesidades básicas, y facilitar recursos habitacionales: atendieron en concreto a 548 mujeres, tras la suspensión de actividad en los prostíbulos durante el estado de alarma. Todas estas medidas de apoyo, defendió la compareciente, son necesarias si se quiere abolir la prostitución.
El Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja mencionó en este punto los proyectos de detección, intervención y recuperación integral de mujeres en riesgo de trata, explotación sexual y vulnerabilidad en contextos de prostitución, pendientes de desarrollo; así como propuestas de recursos habitacionales en situaciones de emergencia para estos colectivos, sin perjuicio de algunas actuaciones desarrolladas ya durante el estado de alarma.
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León indicó que los recursos habitacionales incluyen dispositivos especializados para atender a víctimas de violencia de género especialmente vulnerables, así entre otras a mujeres víctimas de trata, a las que la legislación ya considera víctimas de explotación sexual. En relación con el ámbito educativo, por otro lado, expuso que organizaron dos jornadas de formación y sensibilización en esta materia dirigidas al profesorado, alumnado y padres y madres de varios centros educativos en las provincias de Ávila y Zamora. En fin, a raíz del estado de alarma, se puso en marcha el proyecto mujeres Atrapadas, a través de cinco entidades especializadas, para dar una respuesta urgente que permitiese llegar a todas las mujeres prostituidas o víctimas de trata con fines de explotación sexual, en situación administrativa irregular, con una cobertura global. Se le destinaron inicialmente 200 000 euros de fondos propios, atendiendo a más de 900 mujeres, con 8400 intervenciones, en particular para la ayuda de alimentos, seguida de la ayuda de productos de higiene y el apoyo psicológico.
La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura apuntó que su comunidad cuenta un protocolo para la prevención y atención de violencia sexual; la Mesa extremeña contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual; y el protocolo que capacita a las instituciones y a las entidades no gubernamentales a realizar una atención integral a mujeres víctimas de trata y explotación sexual y a otras mujeres en situación de prostitución. Añadió que en 2017 se aprobó el I Plan extremeño de prevención y sensibilización contra la trata de mujeres, y se está trabajando en el segundo plan, así como en un plan de recuperación integral en esta materia. En relación con la crisis sanitaria, se pusieron igualmente en marcha medidas de urgencia en esta materia, como ayudas al alquiler de viviendas dirigidas a mujeres víctimas de explotación sexual y trata en contextos de prostitución, en coordinación con la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. En fin, a raíz de las intervenciones de los miembros de la Comisión, se detuvo en el trabajo en materia de alojamientos, manutención, asistencia legal, asesoría jurídica y otros medios para la atención integral a mujeres víctimas de trata y en contextos de prostitución, invirtiendo 300 000 euros del Pacto de Estado.
La Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla señaló en este punto que el tejido asociativo de la ciudad tiene un contacto muy directo con mujeres en situación de prostitución y trata, incluyendo a niñas en situación o en riesgo de prostitución, con las que se ha iniciado un programa específico. Remitiéndonos a lo expuesto en los recursos habitacionales del eje 3, el tercer recurso de esta naturaleza que está previsto desarrollar persigue la atención de este colectivo.
En este ámbito, en su comparecencia, la Ministra de Igualdad se refirió a la Instrucción 6/2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, a efectos de la acreditación de las mujeres víctimas de trata o explotación sexual, sin necesidad de interposición de denuncia ni identificación policial. Añadió que ello permitió el acceso de estas víctimas a un ingreso mínimo vital, teniendo en cuenta en cualquier caso las dificultades de acceso a sus derechos. Igualmente recordó la carta enviada a las comunidades autónomas en agosto de 2020 instando al cierre de los prostíbulos, como se ha expuesto. Por otro lado, anticipó la elaboración de una ley integral contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, iniciada ya la consulta pública a la fecha de su comparecencia y atendiendo al Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, o a la Directiva 2011/36/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011. Hizo hincapié en la importancia de la detección e identificación de la trata, recordando de que el 96 % de las víctimas de explotación sexual en el mundo son mujeres y niñas, y apenas un 1,5 % son identificadas.
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género recordó en su comparecencia que el 21 de abril de 2020, previa reunión del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, el entonces anteproyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual se amplió a las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y víctimas de explotación sexual. Detalló también que la citada Instrucción 6/2016 recomendaba ponerse en contacto con las entidades especializadas en trata y en explotación sexual, incluyendo el Foro social contra la trata, de lo que resultó un documento común de acreditación de las víctimas por entidades especializadas a efectos socioasistenciales de las comunidades autónomas y servicios sociales municipales, en aras de su protección inmediata. Por otro lado, destacó otra modificación del citado anteproyecto, y es que en la obtención de pruebas en el ámbito sanitario de violencias sexuales se incluya una toma de muestras biológicas no supeditada a la interposición de denuncia en ese momento. Recogería, por lo demás, otras medidas para atender a las recomendaciones del último informe del GREVIO. La necesidad de avanzar en la atención a la violencia sexual deberá recoger igualmente, indicó, la apertura de centros de crisis 24 horas para estas víctimas.
La Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se refirió en su comparecencia a la medida 257 del Pacto de Estado, sobre la aprobación de una ley orgánica de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pendiente.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se incluyó así esta medida bajo las reformas en tramitación, al haber comenzado los trabajos para la elaboración de una ley integral contra la trata. En todo caso, expuso los avances conseguidos en la percepción para estas víctimas del Ingreso Mínimo Vital y en el incremento de sus subvenciones en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Por su parte, la Directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) partió en su comparecencia de la concepción de la prostitución como forma de violencia contra las mujeres. Así consideró que la legitimidad de la prostitución «desprecia la desigualdad estructural que aboca a miles de mujeres a venderse y no considera la irrelevancia del consentimiento de la víctima». Lamentó las escasas medidas del Pacto de Estado referidas a esta materia, teniendo en cuenta la existencia de previos informes, aunque destacó en todo caso la citada medida 257, cuya ley debería seguir cinco ejes: la prevención, la protección de las víctimas, el encausamiento penal de los autores y colaboradores, la reparación del daño y el seguimiento y evaluación de las políticas específicas.
La Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se detuvo en la identificación y protección de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, lo cual conectaría con la medida 258, entendiendo que se debe seguir mejorando, articulando un sistema integral basado en la existencia de indicios razonables, independientemente de la situación administrativa de las víctimas, que esté formado por un equipo multidisciplinar de representación de todos los organismos implicados y las entidades especializadas acreditadas.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se destacó por lo demás la publicación en agosto de 2020 del II Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
La Directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) se detuvo igualmente en esta medida 258, en relación con la medida 267, sobre el análisis estadístico de la violencia de género que sufren las mujeres que ejercen la prostitución. Al respecto señaló que tales datos no deberían limitarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las fiscalías, sino que debería atenderse también a los datos de otras entidades y las ONG, incluido el estudio de APRAMP denominado A pie de calle, que tiene en cuenta la edad de inicio de la prostitución, revelando que casi el 60 % de las mujeres afectadas empezaron siendo menores de edad.
Por otro lado, la Directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) se refirió a la medida 260, sobre la cooperación internacional en materia de trata de personas con fines de explotación sexual, pidiendo ser exigentes en su cumplimiento y no limitarse a las medidas de cooperación contempladas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, sino considerar igualmente la mirada de las supervivientes y colaborar con las entidades especializadas en origen.
La Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil puso el acento igualmente en la colaboración policial internacional para luchar contra la trata y explotación sexual, y en concreto para desarticular las organizaciones criminales en sus países de origen evitando la captación de nuevas víctimas. Para ello, añadió, existe la figura del interlocutor social, para facilitar el acercamiento a las víctimas, así como la coordinación con ONG a efectos de identificación.
Bajo este eje, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad se detuvo en su comparecencia en la medida 262 del Pacto de Estado, que pretende reforzar la persecución de oficio del delito de trata y poner en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las personas explotadas. En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consideró que está cumplida, «puesto que desde el Ministerio del Interior se viene persiguiendo este delito por denuncia de las víctimas o de oficio en cuanto se detecta»; y hay una parte en proceso de cumplimiento, pues se requiere un esfuerzo en dotación de efectivos destinados a esta especialidad.
En relación con esta medida 262, cabe recoger lo expuesto por la Ministra de Igualdad sobre el plan de inserción sociolaboral destinado a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución desarrollado, en el marco del Plan de recuperación, para ofrecer «alternativas reales y dignas tanto laborales como sociales y económicas para poder salir de los contextos de prostitución o de las redes de trata y de explotación sexual», teniendo en cuenta además que entre el 80 y el 90 % de las mujeres afectadas son migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular, lo cual conectaría asimismo con la medida 263.
La medida 264 del Pacto de Estado contempla la realización de un estudio sobre las nuevas realidades de la trata, y al respecto la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer comentó que sería necesario elaborar un estudio que diera cuenta de la magnitud de esta violencia contra las mujeres a nivel estatal, más allá de los datos parciales de las intervenciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las intervenciones de las ONG especializadas.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se dio cuenta de la previsión de realización de un macroestudio en este sentido, al igual que hizo en su comparecencia la Ministra de Igualdad.
La Directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), en relación con esta medida 264, recordó las dificultades para la identificación de las víctimas de trata, dado el aumento progresivo de la prostitución en viviendas privadas y la diversificación del proxenetismo, de manera que reclamó modificaciones normativas para evitar que avance el sistema prostitucional frente a los derechos de las mujeres.
La Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer conectó igualmente en su comparecencia con la medida 265, respecto de las campañas de concienciación para desincentivar la demanda de prostitución, señalando que no se conoce el impacto que estas han tenido en la ciudadanía, por lo que sería recomendable que las campañas tuvieran más presencia a lo largo del año y no se concentrarán en torno al 23 de septiembre. Juzgó, en cualquier caso, insuficientes tales campañas y, ante ello, opinó que sería preferible la criminalización de la prostitución, en aras de prohibirla en lugar de desincentivarla.
En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se recogió asimismo el cumplimiento de esta medida 265, con la campaña #NoTrates con la explotación sexual.
Sobre esta medida 265, la Directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) observó que apenas se ha atendido por campañas gubernamentales, sino por algunos ayuntamientos o entidades del tercer sector. Pidió al respecto una financiación específica para la formación en relación con talleres de sensibilización dirigidos a los jóvenes; y reclamó que las campañas se hagan en dos direcciones: enfocadas a la demanda (alertando luego sobre la alta demanda de prostitución en España en comparación con el resto de Europa), pero también de alerta social para colectivos vulnerables.
La Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) insistió en esta medida 265, lamentando del mismo modo que apenas existen campañas específicas al respecto y haciendo referencia a la prostitución en los pueblos, por lo que consideró esenciales la formación y las acciones educativas para erradicar esta lacra. Por lo demás, recalcó en su comparecencia la pertenencia de su organización, entre otros órganos e instituciones, al Foro social contra la trata con fines de explotación sexual. Corroboró que debe lucharse contra la violencia sexual, fuera de la pareja, siguiendo las recomendaciones del Convenio de Estambul y del antedicho informe del GREVIO, teniendo en cuenta además el informe sobre la percepción social de la violencia sexual de 2018. Aludió igualmente a la mutilación genital femenina y al matrimonio forzoso, e indicó que resulta oportuna una ley integral contra la trata para luchar contra la misma y transponer toda la legislación europea.
Por otro lado, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad se refirió a la medida 269, para identificar y eliminar las trabas existentes para la obtención del derecho de asilo de las víctimas de matrimonio forzado, apuntando que el ámbito del Ministerio del Interior está cumplida, «porque la Oficina de Asilo y Refugio de la Subdirección General de Asilo y Refugio de la Subsecretaría de Interior del Ministerio del Interior trabaja continuamente en la instrucción de los expedientes, intentando proporcionar un tratamiento adecuado a las mujeres y niñas solicitantes de protección internacional con necesidades específicas y adoptar una perspectiva de género a la hora de resolverlas».
Más adelante, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad entró en la medida 270, para mejorar la información a las víctimas de trata sobre el derecho de asilo, cumplida en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siguiendo lo previsto en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Igualmente, la Responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad recogió el cumplimiento de la medida 271, sobre identificación de las víctimas con acompañamiento de ONG, añadiendo que «es habitual que los operativos policiales de lucha contra la trata de seres humanos que ambos cuerpos policiales llevan a cabo integren personal adscrito a las ONG especializadas en asistencia a las víctimas de trata de seres humanos».
La Directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) también comentó esta medida 271, al conectar con el propio trabajo de su organización. Para su cumplimiento consideró vital la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que aplican la susodicha Instrucción 6/2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad; y la Fiscalía, pero también la incorporación de mediadoras, dadas las dificultades de identificación de las víctimas. Por lo demás, esta compareciente reclamó un mayor apoyo económico a las víctimas de prostitución, así como una ley «que unifique y dé coherencia a las actuaciones tanto públicas como privadas» y que modifique el Código Penal para el castigo del proxenetismo, al igual que la recuperación del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, firmado en Nueva York en 1950.
Por su parte, la Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis indicó en su comparecencia que «hay que identificar, abordar y eliminar las causas profundas y desalentar la demanda que fomenta todas las formas de explotación de mujeres y niñas a través de la trata, incluyendo, desde luego, la demanda de prostitución ajena, la pornografía no consentida y que naturaliza violaciones, y el turismo sexual», ya que la prostitución impide la libertad de las mujeres.
La Directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) vinculó las medidas de este eje 8, siguiendo el Convenio de Estambul, con la violencia psicológica, sexual, material o económica derivada de las agresiones físicas.
La Comandante Jefa del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil destacó en este marco la labor de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo, reconocida por la Federación de Asociaciones para la Prevención de Maltrato Infantil, junto a ECPAT, para eliminar la prostitución y la pornografía infantil y la trata de niños y adolescentes con fines sexuales. Por otro lado, alertó de que el cierre de los establecimientos de explotación sexual ha derivado en el traslado de las víctimas a viviendas particulares, con la consiguiente disminución de las inspecciones en los lugares donde se ejerce la prostitución, mientras que las inspecciones en el ámbito laboral «prácticamente se han duplicado con respecto al año 2020». En fin, apuntó que, «en lo que va de año, se ha liberado a un total de 143 víctimas de trata de seres humanos y que esos servicios son fruto de la investigación policial, porque se trata de delitos que no suelen ser denunciados por las víctimas».
La escritora de ensayo y novela y profesora del Ciclo Superior «Promoción de Igualdad de Género» en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Avempace de Zaragoza cuestionó la dualidad de la trata y la prostitución, ya que, en su opinión, terminar con la esclavitud sexual permitirá erradicar la trata. Al respecto apoyó los avances realizados para luchar contra la prostitución, ayudar a las mujeres afectadas y resumió que el problema reside en «el consentimiento legal y social de consumo de carne humana para la satisfacción de poder que tienen algunas personas». En todo caso, pidió seguir aportando salidas reales a la prostitución, ofreciendo algo «cierto, duradero y adaptado a las circunstancias» para las mujeres que quieren salir de esta situación.
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial remitió a la Comisión la Guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos, haciendo referencia a los indicadores para la detección de la misma, las dificultades de su investigación policial, recogiendo los distintos derechos de tales víctimas, así como la tutela penal, incluyendo un análisis de las líneas jurisprudenciales en la materia y las buenas prácticas durante las fases de instrucción, juicio oral y ejecución. En tal documento se recogió, en fin, información sobre la tutela administrativa en esta materia y la cooperación internacional.
Eje 9
El compromiso económico con las políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres. Esto quiere decir que «la implementación de las medidas contempladas en el Pacto de Estado requiere el respaldo presupuestario correspondiente, a cuyo fin los Presupuestos Generales del Estado destinarán a cada una de las administraciones, en el ámbito de sus competencias, la cuantía económica necesaria».
En la mayoría de las comparecencias celebradas, las agentes y autoridades con competencias en la aplicación del Pacto de Estado hicieron referencia a la ejecución de sus fondos y a las necesidades presupuestarias, aportando una serie de datos y sugerencias de mejora. Hay que recordar al respecto lo dispuesto, bajo este eje, en la medida 279 del Pacto de Estado, por la que «el compromiso económico global destinado a desarrollar este Pacto supone un incremento de mil millones de euros durante los próximos cinco años desglosados de la siguiente forma: 100 millones de euros adicionales destinados a las Entidades Locales, 500 millones de euros adicionales destinados a las Comunidades Autónomas y otros 400 millones de euros adicionales destinados a competencias estatales contra la Violencia de Género dentro de los Presupuestos Generales del Estado».
Así pues, en la primera comparecencia celebrada, la Presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres observó que este Instituto, «como organismo que impulsa y coordina las políticas de igualdad de género y de lucha contra las violencias machistas en Cataluña, es el responsable de la distribución y gestión de dichos fondos y la coordinación entre diversos departamentos de la Generalitat de Catalunya, que disponen de fondos y que trabajan en temas de violencia machista». Se mostró agradecida por la llegada de tales fondos, si bien considerándolos «insuficientes», ante la cantidad de programas a desarrollar. Añadió que la falta de una dotación extraordinaria ante las nuevas circunstancias derivadas de la pandemia en 2020 solo se compensó con los remanentes del año 2019, pero ello no se pudo aplicar en comunidades autónomas como la suya ante la falta de tales remanentes, por la más completa ejecución de dichos fondos en 2019.
En su comparecencia, la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía dio asimismo varios datos al respecto. Así, a 31 de diciembre, en 2019 su comunidad ha recibido 30,5 millones de euros: 15,2 correspondientes al año 2018 y 15,3 al 2019. En 2018 se ejecutaron solo 250 000 euros, pero, conforme a lo ya indicado, se pudo incorporar el remanente al ejercicio 2019. La coordinación de estos fondos corrió entonces a cargo del Instituto Andaluz de la Mujer, con 97 iniciativas, repartidas en seis consejerías. Gracias a ello, en el ejercicio 2019, se comprometió el gasto del 74,64 % del montante total del crédito disponible, y pudieron destinarse 4,2 millones de euros para la Consejería de Educación, con más de 1700 proyectos de educación, de coeducación, de educación afectiva emocional; más de 3,5 millones de euros en formación, prevención y protocolos en el ámbito sanitario y familiar; 2,7 millones de euros para formación y empleo; en Justicia se duplicaron el número de unidades de violencia de género, entre otras medidas; y, en fin, se dedicaron 3,8 millones a las competencias específicas de Igualdad. Con todo, la compareciente objetó que «el retraso de las transferencias de los fondos del pacto de Estado y las limitaciones que impone la asignación del gasto suponen una enorme dificultad para los gobiernos a la hora de articular las políticas desde la Administración». Pidió en este sentido ampliar las anualidades y superar la prohibición de gasto en los capítulos 1 y 6 del Presupuesto para ayudas directas a la víctima, ya que no se pudo invertir en más recursos habitacionales o en mobiliario nuevo para hacer frente, sobre todo, a las situaciones derivadas del confinamiento.
Por su parte, el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria destacó el funcionamiento en su comunidad de los mecanismos de financiación, que permiten iniciar la ejecución de medidas, a través de su previsión presupuestaria, «con independencia de cuándo llegan los fondos del Estado». Añadió que «el 86,40 % de los fondos de 2018 y de 2019 han sido ejecutados. Estamos haciendo un gran esfuerzo para ejecutar en plazo los fondos del pacto de Estado y esperamos que los fondos del año 2020 se ejecuten también en su totalidad», comentó.
La Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana compartió que se ejecutaron un 40,30 % de los fondos del Pacto de Estado en 2018, porque las ayudas solo llegaron a finales de año, a causa de la moción de censura. Se trasladó entonces la partida a 2019 y se pudo ejecutar un 148 % del presupuesto de las ayudas en ese año, teniendo en cuenta la posibilidad de ejecutar los fondos del año anterior hasta el 31 de marzo del siguiente. Señaló con todo que las medidas previstas en su comunidad «requieren sustento presupuestario, el compromiso del Consell para incluir anualmente 12 millones de euros en ayudas directas o centros y programas especializados de la Dirección General del Institut Valencia de les Dones. En 2020, el presupuesto es de 19,5 millones, lo que supone un 157 % más que en 2015 y un 39 % más de lo comprometido en el pacto con el movimiento feminista, que eran esos 12 millones».
En su comparecencia, la Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia relató que, con el actual Gobierno, correspondieron a Galicia alrededor de ocho millones de euros anuales, pero la anualidad de 2018 fue ingresada tardíamente, y su mayor parte se transfirió y ejecutó durante el año 2019, sin perjuicio de que esta comunidad autónoma había ido avanzando ya en la implantación de varias medidas. Tras las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, detalló que en Galicia la ejecución del Pacto de Estado es del 80 %, con un seguimiento a través de un informe llevado por el Consello de la Xunta, añadiendo que «se están desarrollando el cien por cien de las medidas previstas para ese año [2019] dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género». Reclamó sin embargo la posibilidad de poder financiar el gasto corriente del capítulo 1 y el gasto de capital del capítulo 6, dada la necesidad de mejorar determinados servicios, como los puntos de encuentro familiar, o la procedencia de contrataciones directas de mujeres por parte de la Administración.
Por otro lado, a raíz de las preguntas de los representantes de los grupos parlamentarios, la Vicepresidenta y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia hizo referencia a la existencia en su comunidad de un pacto regional de lucha contra la violencia de género, dotado en 2020 con 400 000 euros, detallando el presupuesto de la Consejería, de 380 millones de euros, «de los que 300 son para el Instituto Murciano de Acción Social y los otros 80 millones, para políticas de igualdad, de familia, de protección al menor, de servicios sociales, etcétera».
La Directora General de Igualdad del Principado de Asturias planteó igualmente problemas para la ejecución de los fondos del Pacto de Estado, ante las diferencias entre comunidades autónomas y la imposibilidad de establecer proyectos plurianuales, lo cual a su juicio impide hacer las «políticas transformadoras» necesarias. La ya referida prohibición de gasto en los capítulos 1 y 6, añadió, «es un problema, porque hay muchísimos proyectos que se quedan arrinconados. Es decir, el pacto te aboca a hacer las cosas más superficiales: a hacer mucha sensibilización, a hacer este tipo de cosas, pero no a entrar en la estructura y a fondo en los problemas». En cualquier caso, reconoció en la línea de lo ya expuesto que las previsiones presupuestarias en la comunidad autónoma se anticipan a la llegada de los fondos y permiten la cobertura de las medidas a adoptar.
Por su parte, el Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid relató que «cualquier organismo de la comunidad […] que tenga previsto llevar a cabo algún proyecto o programa encaminado a desarrollar alguna medida del Pacto de Estado podrá generar en su programa presupuestario el presupuesto necesario para ello, debiendo justificar posteriormente el destino dado a esos fondos en los términos indicados en la resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad». Precisó que en 2018 el importe total asignado a la Comunidad de Madrid fue de poco más de 10 millones de euros, aunque los fondos correspondientes al ejercicio 2018 podían ejecutarse a lo largo de 2019. Tras ello, en la distribución de fondos para el año 2019 le correspondieron a la Comunidad de Madrid casi 10,5 millones de euros, con tres pagos en julio, septiembre y octubre. Desde esta comunidad se pidió una ampliación temporal de la ejecución de la totalidad del pacto, pero no se concedió al no incluirse la excepcionalidad expresada en el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a los remanentes comprometidos al final del ejercicio, por lo que en 2019 existía la obligación de comprometer los créditos recibidos en el año 2018 y los recibidos en el año 2019, lamentó. Y ello dificultaba la atención a proyectos que por su naturaleza debían desarrollarse en un periodo mayor. Por lo demás, a raíz de las preguntas de miembros de la Comisión, corroboró la necesidad de ampliar la aplicación de los fondos del Pacto de Estado a los capítulos 1 y 6, así como la conveniencia de una ejecución plurianual.
La Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha señaló en su comparecencia que su comunidad ha ejecutado el 100 % de los fondos del Pacto de Estado en 2018 y 2019, y para 2020 tenían entonces comprometida la práctica totalidad de los fondos, a falta de comprometer 285 000 euros a la fecha de la comparecencia. Añadió entonces que «nos vendría muy bien que hubiese más dinero». Más adelante, reclamó asimismo una institucionalización del Pacto de Estado, «de una manera flexible y con carácter plurianual», para facilitar la gestión. Apuntó que en su comunidad no se puede comprometer el gasto hasta que no se reciben los fondos de manera efectiva, y por ello sería aconsejable dicha flexibilización, también para el plazo de justificación de los gastos.
El Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra indicó que esta Comunidad no ha recibido aún ningún fondo del Pacto de Estado, debido a la existencia del Convenio Económico, por lo que puede afrontarse esta especialidad mediante una reducción de la aportación al Estado por parte de la Comunidad Foral de Navarra, que debe ser partícipe en el reparto de los fondos a nivel autonómico. En cualquier caso, consideró que la igualdad «no es un gasto, sino una inversión» y aseguró que el grado de cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado en esta comunidad es «equivalente al del conjunto del Estado».
Respecto del protocolo interdepartamental referido en el eje 2, la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón detalló que pretendía hacer más operativa la ejecución de los fondos del Pacto de Estado, en concreto 4 650 000 euros correspondientes a esta comunidad, correspondiendo la gestión de la mitad de este importe al Instituto Aragonés de la Mujer y el resto a los Departamentos de Educación, Sanidad, Ciencia, Ciudadanía y Economía. Por lo demás, en contestación a las preguntas de los miembros de la Comisión, reclamó igualmente mayores posibilidades en la justificación del gasto y que el Pacto de Estado contemplara la inversión en vivienda.
Al igual que comparecientes anteriores, la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco señaló que muchas de las medidas incluidas en el Pacto de Estado ya venían implantándose en su comunidad, lo cual afecta al balance de su cumplimiento. Por su parte, la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer dio el dato de la inversión por el Gobierno vasco en 2018 de más de 25 millones de euros en servicios de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, sin olvidar la inversión de las diputaciones y ayuntamientos. Aclaró con todo que esta comunidad, al igual que en Navarra, por su sistema de financiación propio, no ha recibido fondos extraordinarios del Pacto de Estado hasta el acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico de marzo de 2020. En todo caso, como precisó la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco, de las 114 medidas que el Pacto de Estado pide atender a las comunidades autónomas, en Euskadi 91 de ellas están ya cumplidas o programado su cumplimiento, y está previsto que otras 14 se implementen durante los años 2020 y 2021, lo cual supone un elevado grado de cumplimiento. Con todo, juzgó oportuna la existencia de un fondo extraordinario para la atención de las necesidades de esta materia.
La Directora del Instituto Canario de Igualdad advirtió en su comparecencia sobre la escasa distribución de los fondos del Pacto de Estado en 2019, con la prórroga de los remanentes para 2020, como ya expusieron otros y otras comparecientes, de manera que en Canarias se distribuyeron 5 500 000 euros del Pacto de Estado de remanentes de 2019, teniendo en cuenta que esta comunidad recibe cada año del Pacto de Estado 5 903 779,52 euros. Añadió, sin embargo, que el crédito anual llega tarde, y a ello debía seguir un proceso con Hacienda para poder empezar a aplicar los créditos, coordinados por el Instituto Canario de Igualdad. Además, indicó que la llegada de los créditos en julio de cada año deja pocos meses de aplicación, con proyectos pequeños, por lo que sería preferible la plurianualidad, para que los proyectos tuvieran una mayor continuidad. En relación con ello, reclamó también la posibilidad de contratar personal, ante la susodicha prohibición de destinar los fondos al capítulo 1 del Presupuesto, así como superar la prohibición referida al capítulo 6, de inversiones propias.
La Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears expresó su satisfacción respecto de la ejecución del Pacto de Estado, donde Baleares recibe unos 4 200 000 euros. Sin embargo, retomó la demanda compartida con otras comunidades autónomas, como es considerar capítulos que en estos momentos no se tienen en cuenta, como el capítulo 1.
Hacia el final de su comparecencia, el Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja reconoció problemas de cumplimiento en cuanto a la financiación del Pacto de Estado, por lo que consideró que deben destinarse recursos a la adecuación de esos fondos a las limitaciones ya mencionadas de los capítulos 1 y 6, o a la propia gestión. Dudó, en cambio, sobre si el paso a una financiación plurianual supondría una clara mejora en esta materia.
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León señaló que, en 2018, Castilla y León ejecutó 7 508 928,87 euros con cargo a los fondos del Pacto de Estado, con complicaciones por las fechas en que se produjeron las transferencias de los fondos y «por la poca claridad de las indicaciones contenidas en su normativa reguladora». Más precisamente, se destinaron cerca de 5 millones de euros al área de asistencia, con actuaciones en materia de equipos de acción social, apoyo psicológico y jurídico a las víctimas, servicios de traducción e interpretación telefónica a víctimas o recursos de atención integral a víctimas de violencia de género con una doble vulnerabilidad. En 2019, expuso la compareciente, su comunidad comprometió 7 440 357,22 euros, el 100 % del crédito transferido, pero pidió mejorar las condiciones de ejecución de las medidas financiadas con créditos del pacto, las fechas de transferencia del crédito y dotar de flexibilidad y dinamismo a los procesos de aplicación, de nuevo con referencia a los capítulos 1 y 6. En este sentido, al haber ejecutado el 100 % de los fondos, no pudieron utilizar los remanentes en 2020, como hicieron otras comunidades autónomas, concluyó.
La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura compartió que en 2018 se recibió en esta comunidad un total de 4 620 611,29 euros, de los que se ejecutó un 75,25 %, mientras que en 2019 a Extremadura le correspondieron 4 631 572,52 euros y se ejecutó el 99,68 % de las transferencias del 2019, además de emplear los remanentes de 2018, esto es, 1 143 736,93 euros.
En respuesta a las preguntas de los miembros de la Comisión, la Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla asumió igualmente la preferencia por una ejecución plurianual de los fondos del Pacto de Estado, que «tardan en llegar y eso nos deja muy poco tiempo de ejecución, no nos permite contrataciones ni otras cosas que supondrían cambios más estructurales», comentó.
En la documentación remitida a la Comisión, la Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta puso de relieve dificultades que se observan en la ejecución del Pacto de Estado, reclamando que sus partidas económicas puedan ser justificadas en períodos bianuales e invertidas en las áreas más deficitarias que se detecten desde la administración, para intervenir transversalmente y poder acometer una gran reforma estructural y no coyuntural.
En relación con las posibilidades de aplicación de los fondos del Pacto de Estado, la Ministra de Igualdad indicó en su comparecencia que, a la fecha de la misma, la última Ley de Presupuestos Generales del Estado permite que la financiación del Pacto de Estado se destine no solo a proyectos del capítulo 4, esto es, a programas de asistencia social para víctimas de violencia y otros, sino también al capítulo 6, añadiendo que «la reducción de la violencia contra las mujeres es un factor catalítico para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible».
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género recordó en su comparecencia que el Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, garantizaba la posibilidad de que las comunidades autónomas y ciudades autónomas dispusieran de los remanentes del año anterior de los fondos del Pacto de Estado, y aplicaran en su caso tales fondos para adaptarse a la respuesta frente a la violencia de género en el contexto de la pandemia. Aparte se detuvo en la medida 277 del Pacto de Estado, respecto de los compromisos económicos en los ejercicios sucesivos, lo cual se ha visto reflejado en los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2021.
La Ministra de Igualdad puso así de relieve la necesidad de destinar recursos económicos suficientes para el cumplimiento de este Pacto. En este sentido, y en concreto en cumplimiento de su medida 278 sobre los compromisos económicos en cada ejercicio, detalló que «durante el año 2021, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se van a invertir en la lucha contra las violencias machistas 268 000 000 de euros, de los que 100 son para transferencias directas a las comunidades autónomas y 80 para la Administración General del Estado». Recalcó el incremento presupuestario previsto durante los próximos cinco ejercicios, en particular pasando de 20 000 000 de euros a 40 000 000 para los ayuntamientos.
En relación con ello, la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género desarrolló los criterios de reparto a los municipios, subiendo el mínimo por entidad local a 1000 euros e incluyendo para los remanentes, junto a los ayuntamientos en el sistema VioGén, a los ayuntamientos con víctimas de ATENPRO empadronadas. En el informe sobre el cumplimiento del Pacto de Estado remitido a la Comisión, se plasmó con ello el cumplimiento de la medida 278. Señaló aparte que a partir de 2021 se ha permitido un 10 % de inversión para el capítulo 6 para gasto plurianual, ante las demandas de las comunidades autónomas. En fin, aludió a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para el desarrollo de programas de protección contra la violencia de género, pendientes de distribución.
La Presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) apuntó en su comparecencia que, en el ámbito local, se contó para el ejercicio de 2018 con una dotación presupuestaria de 20 millones de euros y el compromiso del nuevo Gobierno de otros 20 millones de euros en los presupuestos del ejercicio siguiente. En julio de 2018, la FEMP acordó trasladar a la Secretaría de Estado de Igualdad su posición respecto a la transferencia reservada a las entidades locales en los Presupuestos Generales del Estado para el cumplimiento del Pacto de Estado, defendiendo que esta debe ser directa y finalista, no pudiendo existir intermediario alguno entre la Administración General del Estado y los ayuntamientos. Además, se hizo llegar una propuesta de criterios para hacer efectivo este reparto: un 15 % a tanto alzado para garantizar una mínima asignación a todos los ayuntamientos, un 75 % en función de la población total del municipio para asegurar una distribución equitativa a la población residente en aquel y un 10 % en función del saldo positivo de población femenina existente en cada municipio. La referida recepción directa de las cuantías por los ayuntamientos, con su reconocimiento competencial, se concretó en el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Tras ello la FEMP solicitó la creación de una oficina técnica de apoyo local para facilitar la tramitación de las ayudas (lo cual se sigue reclamando) y, como relató la compareciente, en agosto de 2019 se fijó una nueva transferencia de 20 millones de euros, exigiendo realizar las actuaciones entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, aunque con motivo del estado de alarma el plazo de ejecución se extendió hasta el 17 de diciembre de 2020. Para el ejercicio 2020 se contó con una dotación presupuestaria, de nuevo, de 20 millones de euros, y en junio del mismo año la FEMP trasladó al Ministerio de Igualdad un informe solicitado sobre el proyecto de real decreto por el que se actualizan los criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de competencias reservadas a las entidades locales. Tal informe incluía una propuesta sobre nuevos criterios de distribución, en particular una cantidad fija por municipio para el año 2020, de 1000 euros; y otra cantidad fija en función del número de habitantes de derecho del municipio, de 0,18 euros por habitante (como se recogería en el Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre). Con todo, el proyecto de real decreto citado preveía que las transferencias de los fondos correspondientes a los municipios que no sean capital de comunidad autónoma o de provincia o no tengan más de 100 000 habitantes no se reciban directamente por los ayuntamientos, sino por las diputaciones provinciales y forales y los consejos insulares y cabildos, que podían optar entre transferir los fondos recibidos o ejecutar ellas mismas los programas, algo que criticó la Presidenta de la Comisión de Igualdad de la FEMP, por ser contrario a las competencias municipales. También criticó la insuficiencia de los fondos de 20 millones de euros, reclamando en suma «la dotación total e imprescindible de los fondos de las entidades locales y la necesidad de una profunda reflexión sobre los criterios de reparto».
La Ministra de Igualdad expuso en su comparecencia que se atendieron las peticiones de la FEMP en este marco, en cuanto a la actualización en los criterios de reparto según el número de municipios existentes en la actualidad y la evolución de la población, aumentando así la cuantía mínima fija que recibe cada municipio de 689 a 1000 euros, y aumentando el número de municipios beneficiaros, más allá de los 392 incorporados al Sistema Viogén, para incluir los 1620 donde está operativo el servicio de ATENPRO.
Por su parte, la Vicepresidenta Primera del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer criticó en su comparecencia el uso por parte de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos de los fondos que deben gestionar, cuando no se devuelven o reintegran, y en ocasiones de manera contraproducente. Frente a ese uso descentralizado por cada administración, reclamó la supervisión y el control exhaustivo de cada una de las medidas, así como la participación en la gestión y aplicación de esos fondos de más organizaciones.
La Secretaria de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), en particular respecto de las inversiones necesarias en accesibilidad, lamentó que las comunidades autónomas no recibieron los fondos de 2020 del Pacto de Estado hasta finales de año, con el consiguiente problema para planificar tal inversión y poner en marcha los programas y servicios. En todo caso, reclamó la aplicación del Pacto de Estado en igualdad de condiciones en todas las comunidades autónomas.
La Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis recogió asimismo la queja, trasladada por los ayuntamientos, de no poder aplicar los fondos del Pacto de Estado a proyectos existentes, lo cual limitaba esta financiación. Subrayó, además, a partir del ya mencionado informe del GREVIO, de enero de 2021, que es necesario reconocer las especificidades territoriales, pero también evitar una plena discrecionalidad en la utilización de los fondos.
En relación con este eje, la Directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) reclamó incluir la diversidad de las mujeres gitanas en el despliegue económico de las medidas del Pacto de Estado, lo cual conecta con sus reclamaciones efectuadas bajo otros ejes.
La Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) compartió la necesidad expresada por otras organizaciones para participar en mayor medida en la ejecución de los fondos del Pacto de Estado, dado su conocimiento de la realidad social y el acceso que a ellas tienen las mujeres.
Hacia el final de su comparecencia, la escritora de ensayo y novela y profesora del Ciclo Superior «Promoción de Igualdad de Género» en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Avempace de Zaragoza también se detuvo en los criterios de aplicación del Pacto de Estado, que podrían ser objeto de revisión para potenciar algunas medidas como los recursos de acogida, frente a otras como la publicidad.
La Profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y periodista recogió en fin las interpelaciones que se le han dirigido sobre la escasa apuesta económica para cumplir el Pacto de Estado, indicando «que en algunos casos no llega ni al 1 % de los presupuestos en sus respectivas áreas; que no se garantiza una respuesta integral, y la necesidad de que los proyectos puedan ejecutarse a medio y largo plazo». Insistió por tanto en la importancia de una suficiente dotación presupuestaria para cumplir las medidas de este Pacto.
Una vez resumido el contenido de las comparecencias siguiendo los ejes del Pacto de Estado, procede centrarse en el mismo desde la:
Perspectiva de las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas
Teniendo en cuenta que el Senado es la Cámara de representación territorial, se acordó convocar, en primer lugar, a representantes de las diecisiete Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas. En sus comparecencias los y las responsables autonómicos de las políticas de igualdad trasladaron a la Comisión mucha información acerca de la situación de la violencia de género en cada comunidad, de las medidas y de los recursos de que disponen y del grado de desarrollo del Pacto de Estado a nivel territorial. También se refirieron a cómo afrontaron el confinamiento derivado del estado de alarma decretado entre los meses de marzo y junio de 2020.
Disponemos de un análisis territorializado de la realidad de la violencia machista —realizado entre los meses de septiembre y octubre de 2020— que incorpora una descripción por autonomías de la forma en que se abordó el confinamiento derivado de la pandemia del COVID-19 desde el punto de vista del riesgo de las mujeres que sufren violencia de género, así como un balance de las medidas y los recursos disponibles a nivel autonómico, y del desarrollo del Pacto de Estado.
En general se puede afirmar que el Pacto de Estado ha venido a reforzar las políticas públicas y los recursos con que cuentan las autoridades autonómicas para abordar la violencia de género, acompañando y apoyando a las mujeres que la sufren y promoviendo itinerarios que fomenten su autonomía personal y una vida independiente.
La participación de los y las responsables autonómicos y locales en la Comisión fue muy interesante y la información aportada útil y relevante tanto para disponer de un diagnóstico de la realidad de las políticas públicas que se llevan a cabo en cada territorio, como para contribuir a realizar el seguimiento y la evaluación del Pacto de Estado, todo ello según los datos aportados a la fecha de las respectivas comparecencias.
Se recogen a continuación de forma esquemática las aportaciones que efectuaron a la Comisión, tratando de sintetizar y homogeneizar sus intervenciones que, obviamente, fueron heterogéneas porque cada compareciente utilizó con libertad el tiempo de que disponía para explicar el marco normativo y de organización autonómicos, recursos y medidas, programas y políticas públicas, etcétera.
1. Catalunya
Marco normativo.
— Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
— Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
I. El Institut Català de les Dones es el organismo de la Generalitat de Catalunya, adscrito al Departamento de la Presidencia, que impulsa y coordina las políticas de igualdad de género y de lucha contra las violencias machistas en Cataluña, y diseña y evalúa las estrategias de transversalidad para garantizar que todas las políticas públicas incorporen la perspectiva de género.
El marco normativo contempla las distintas formas de violencia machista: física, psicológica, sexual y económica, y los distintos ámbitos en los que se produce: pareja o expareja, familiar, laboral y sociocomunitario.
II. Plan estratégico de políticas de igualdad de género del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022.
Elaborado con una amplia participación de entidades e instituciones, lo integran 6 ejes de acción —el eje 3 está dedicado a la prevención y erradicación de las violencias machistas—, apuesta por la planificación estratégica y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas.
III. Red de recursos para mujeres en situación de violencia machista.
Oficinas de información y atención a las mujeres. 118 oficinas de titularidad tanto municipal —con el soporte técnico y económico del Institut Català de les Dones— como autonómica. Prestan asesoramiento sobre salud, trabajo o vivienda y también sobre violencia sobre la mujer. Cuentan con servicio de atención psicológica y jurídica especializada en violencia.
Servicios de intervención especializada (SIE) en violencia machista. Hay 13 en total (está prevista su ampliación a 16); dependen del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y ofrecen información, atención y recuperación a mujeres en situación de violencia machista y de sus hijos e hijas.
Servicios de Atención a la Víctima de violencia de género, en 21 Comisarías de los Mossos d’Esquadra. Cuentan con personal especializado.
Recursos residenciales para mujeres que han sufrido violencia machista:
— Emergencia, que prestan los ayuntamientos a través de convenio con la Generalitat de Catalunya.
— Acogida y Recuperación de la Generalitat: 6 servicios que, a fecha de la comparecencia, acogían a 44 mujeres y 55 menores.
— Servicios Sustitutorios del Hogar: 35 servicios, con 71 mujeres y 96 menores en esa fecha. Se prevé abrir 4 más en octubre de 2020.
— Ayudas de alquiler a víctimas de violencia machista de L’Agència de l’Habitatge de Catalunya —la Agencia de Vivienda de Cataluña— y también los servicios sociales municipales.
Puntos de encuentro. 18 en total, que quedaron suspendidos durante los meses en que el estado de alarma por COVID-19 obligó al confinamiento ciudadano.
IV. 19 Juzgados de Violencia sobre la mujer y 4 unidades de valoración forense.
• Pacto de Estado.
Ha permitido ampliar los recursos tanto económicos como profesionales en materia de sensibilización, prevención, atención y recuperación de las violencias machistas.
Coordinados por el Institut Català de les Dones, trabajan en temas de violencia machista los departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias; de Justicia; de Presidencia; de Salud; de Educación; de Territorio y Sostenibilidad; de Interior y el Departamento de Empresa y Conocimiento.
Medidas impulsadas:
○ La Subdirección de lucha contra la violencia machista del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales y Familias ha reforzado los servicios de la red de atención y recuperación integral de las mujeres (los datos de los servicios que integra la red se han recogido más arriba).
○ Creación, en las Oficinas de Trabajo y Ocupación de la Generalitat, de la Red de atención a mujeres en situación de violencia machista. Cuenta con 69 oficinas distribuidas en el territorio catalán y es un dispositivo de atención personalizada a mujeres en situación de violencia machista, a las que se ofrece acompañamiento personalizado para el acceso al empleo.
○ Programa de Trabajo y Formación, del Servicio de Ocupación y Empleo, para mujeres en situación de violencia y desempleo a las que se ofrecen contratos de trabajo que incluyen acciones de formación.
○ Protocolo de Violencias Sexuales en espacios de ocio nocturno, del Departamento de Interior de la Generalitat. Formación específica a trabajadores de locales de ocio nocturno para detectar y tratar las posibles situaciones de agresiones o abusos sexuales.
• COVID-19.
— Refuerzo del 900 900 120 de atención a la violencia machista, con más profesionales y campaña de difusión en radio, TV y medios digitales. WhatsApp para facilitar el acceso de mujeres, aunque no pudieran realizar una llamada telefónica.
— Campaña «Establecimiento seguro contra la violencia machista» con la colaboración de ayuntamientos, Mossos d’Esquadra y los Sindicatos de Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.
— Llamadas a la sociedad a través de las redes sociales para incrementar la atención a posibles violencias de género en el entorno social.
— Se establecieron comisiones de coordinación entre la Generalitat de Catalunya, las diputaciones, los municipios, el Ayuntamiento de Barcelona y el Consell Nacional de les Dones de Catalunya.
— Reorganización de servicios garantizando la atención a mujeres durante el período de confinamiento, priorizando la atención telemática y telefónica, aunque se mantuvo presencial siempre que fue necesario, con especial seguimiento de mujeres usuarias de estos servicios y que estaban confinadas con su agresor.
— Durante el confinamiento más estricto, las denuncias por violencia de género en comisarías de Mossos d’Esquadra se redujeron en un 50 % respecto al mismo período en el año anterior. A principios de mayo la reducción ya estaba en el 30 % y a finales de junio en valores similares a los del año anterior. En 2019 se habían registrado 13 162 denuncias por violencia de género en el ámbito de la pareja y 3412 en el ámbito familiar.
— Se produjo un aumento de llamadas al 900 900 120 durante el estado de alarma, llegando a atenderse un volumen superior en un 98 % respecto del período anterior, con una media de 50 atenciones diarias. En 2019 se habían recibido un total de 10 570 llamadas.
— Respecto a los recursos de atención a las mujeres durante el estado de alarma, se atendió a 1441 mujeres por vez primera. Y se contabilizaron 1345 casos de especial urgencia, sobre todo durante la desescalada.
— En 2020, a la fecha de la comparecencia, se habían producido 9 feminicidios, 7 en el ámbito de la pareja y 2 en el ámbito familiar. El Institut Català de les Dones proporciona un servicio de intervención cuando se produce un feminicidio: durante el estado de alarma el servicio funcionó con relativa normalidad, siendo activado una vez en el período de más estricto confinamiento y tres veces durante los meses de julio y agosto.
— En cuanto al uso de recursos residenciales, durante el confinamiento se registraron 216 casos de mujeres en situación de violencia machista que requerían salida del domicilio. Se adecuaron albergues para atender el número de casos, además de dotarlos de servicios de atención psicológica y de asistencia social. Como emergencia se hizo uso de apartamentos de uso turístico.
— El punto de encuentro también se vio alterado durante el estado de alarma, al pasar a funcionar de manera telemática, lo que afectó a 356 casos y un total de 470 menores. De estos 356 casos, 209 eran de unidades familiares con resolución de visita supervisada, 105 con resolución de intercambio y 42 con visita tutelada.
— El servicio de acompañamiento a la víctima del delito se adaptó para continuar dando apoyo y atención a las víctimas telefónicamente y, en casos excepcionales, presencialmente garantizando en todo momento la comunicación con la víctima. No obstante, se produjo una disminución de las atenciones realizadas: durante los meses de enero y febrero se realizaron 1378 atenciones a víctimas en el proceso judicial; sin embargo, en los meses de marzo y abril, esta cifra cayó a 613. A partir del mes de mayo comenzó a aumentar progresivamente y en junio se realizaron unas 1480 mensuales, cifra similar a la de periodos anteriores.
— Programa mediación y COVID-19 del Departamento de Justicia, nuevo servicio gratuito para resolver conflictos y consultas durante el estado de alarma referentes a dicho departamento con un importante peso de las consultas relacionadas con los regímenes de visitas.
2. Andalucía
La competencia reside en:
— Dirección General de Violencia de Género y Diversidad.
— Instituto Andaluz de la Mujer.
• Elaboración por el Instituto Andaluz de la Mujer, con participación de todos los agentes concernidos, del I Protocolo de Actuación Institucional ante casos de Violencia de Género. Ofrece una respuesta unificada por parte de todos los actores de la administración implicados. Es una guía que visibiliza la violencia sufrida por las víctimas de violencia de género de una manera crítica hacia la conducta del agresor y presenta a las hijas y a los hijos menores como víctimas directas de dicha violencia, establece criterios sobre cómo informar dirigidos a los medios de comunicación y aspira a fomentar mecanismos de coordinación entre las asociaciones de mujeres y otras organizaciones que luchan por la igualdad.
• Creación de la Comisión de Coordinación, para garantizar la coordinación interdepartamental y hacer un seguimiento y una valoración general del protocolo y su activación.
• Atención a las mujeres víctimas a través de línea telefónica 900 200 999: funciona 24 horas al día y ofrece asesoramiento jurídico, psicológico y social especializado, en 51 idiomas.
• Servicio Integral de Atención y Acogida a mujeres víctimas, que está formado por:
— pisos de emergencia,
— casas de acogida y
— pisos tutelados.
• Política de Igualdad y lucha contra la Violencia de Género que se desarrolla de forma transversal:
— Se destinan 4,2 millones de euros para la Consejería de Educación, para más de 1700 proyectos de educación, coeducación y educación afectiva emocional.
— A la de Salud y Familia, más de 3,5 millones de euros en formación, en prevención, en protocolos.
— 2,7 millones de euros para Formación y Empleo, con el objetivo de que las mujeres víctimas puedan salir de la espiral de violencia y recuperar una vida autónoma.
— Justicia y Administración Local: Se ha duplicado el número de unidades de violencia, se ha formado al personal, se han creado salas Gesell.
• COVID-19.
— Mantenimiento de los servicios para asegurar la atención a las víctimas.
— Atención telemática y a través de la línea 900 200 999, operativa 24 horas al día, que ofrece asesoramiento jurídico, psicológico y social especializado y en 51 idiomas.
— Protocolo y medidas de protección para prevenir el COVID-19 en el Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas, que en Andalucía consta de pisos de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados.
— Plan para posible ampliación de plazas en función de la demanda, que no fue necesario activar.
— Aumento presupuestario y nuevo contrato, con 27 millones de euros, para casas de acogida —un aumento del 7 % con respecto al año anterior—. Más personal cualificado, atención socioeducativa para niños y niñas, inversión en mejoras materiales y tecnológicas y en los espacios, nueva casa de acogida en Sevilla.
— Campaña Mascarilla-19 en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que entra en funcionamiento el 30 de marzo y es activada por nueve mujeres.
— Guía de recursos para mujeres en situación de violencia de género y campaña: «Si escuchas una situación de violencia de género, actúa y denuncia, no estás sola».
— COVID Warriors: programa de actividades socioculturales y educativas online para hijos e hijas de víctimas. Adquisición también de 60 tablets para ellos y financiación de la instalación de wifi en casas de acogida para preservar la continuidad de su educación en confinamiento.
— La Dirección General de Discapacidad adaptó a lectura fácil la Guía de recursos para mujeres víctimas de violencia de género por el COVID-19.
— Subvenciones urgentes de atención directa a víctimas por valor de 685 000 euros, incremento en más de 700 000 euros, hasta 2 millones, de las ayudas y subvenciones para mujeres en riesgo de exclusión social y creación de una subvención especial de 8,5 millones de euros para el refuerzo y la creación de nuevos centros de información provinciales y municipales.
— Proyecto piloto orientado a víctimas de trata que incluye cursos de formación al personal del IAM, edición de una guía básica de sensibilización y un manual para profesionales que atiendan a víctimas, una línea telefónica 900 nueva, contratación de dos profesionales especialistas en trata y revisión del itinerario de intervención y de atención a trata en la línea.
— Guía informativa sobre medidas de conciliación en tiempos de COVID-19, con todos los recursos y herramientas disponibles a través del Instituto Andaluz.
— En los tres meses de confinamiento se dio apoyo a 199 mujeres al día por violencia machista o cualquier otra cuestión. Eso supone 64 mujeres más que en 2019. En concreto, por violencia de género se ha atendido a 134 mujeres, 79 más. Del 14 de marzo al 14 de junio de 2020, el Instituto Andaluz de la Mujer atendió a 17 924 mujeres a través tanto del teléfono como de sus delegaciones y centros provinciales de la mujer, el 67 % del total por violencia de género. Si en 2019 el porcentaje de usuarias que pidió ayuda por violencia de género fue del 40 %, en 2020 se ha acercado al 70 %.
— También ha aumentado en un 348 % el número de llamadas de la ciudadanía alertando de situaciones de violencia machista durante el confinamiento. Se han producido 10 200 llamadas, de las que el 69 % del total estaba en relación con la violencia de género.
— En los centros de acogida se produjeron en este periodo un total de 316 ingresos: 181 mujeres y 135 menores de edad.
3. Cantabria
Marco normativo.
— Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas.
— Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
I. Comisión de Igualdad, órgano colegiado y permanente de apoyo a la integración del principio de igualdad y la perspectiva de género en las actuaciones del Gobierno de Cantabria en el marco de una estrategia de transversalidad.
II. II Estrategia de transversalidad de género 2019-2022, que establece las medidas que cada consejería debe abordar en materia de igualdad de género, abarcando la globalidad del gobierno.
III. Observatorio de Igualdad, recientemente puesto en marcha, que garantiza la participación de agentes sociales y la sociedad civil cántabra y promueve la consecución de la igualdad de género.
IV. Coordinación interinstitucional.
— Protocolo general para la coordinación de las actuaciones en materia de lucha contra la violencia de género en Cantabria (2017). Participan el Gobierno, la Delegación del Gobierno, la Fiscalía Superior de Cantabria, la Federación de Municipios y el Colegio de Abogados.
— Comisión de coordinación de violencia de género de la Audiencia Provincial, que permite la coordinación entre los órganos judiciales, la Delegación del Gobierno, las fuerzas de seguridad, la Dirección General de Justicia, la Dirección General de Igualdad y Mujer, el Instituto de Medicina Legal y el Colegio de la Abogacía en Cantabria.
— Reunión anual de la Fiscalía de Extranjería en relación con el Protocolo marco de la protección de las víctimas de trata de seres humanos. Lo componen la Fiscal de Extranjería, la Delegación del Gobierno, la Inspección de Trabajo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las entidades representantes del tercer sector.
V. Red de unidades de apoyo local, con 40 unidades repartidas en los 102 ayuntamientos de Cantabria que, entre otras funciones, prestan seguimiento individualizado de los casos en los que existen medidas judiciales y policiales de protección.
VI. Procedimiento básico de acreditación que permite acceder al estatuto integral de protección que establece la LO 1/2004 —y a los apoyos económicos derivados— a todas las mujeres que sufren violencia, aunque no haya denuncia, a propuesta de los profesionales de la red de información y atención integral del Gobierno de Cantabria de atención primaria.
VII. Centros de atención integral de Santander, Laredo y Torrelavega. En 2019 asesoraron a 515 mujeres que acudieron por primera vez al área de malos tratos, 145 mujeres más que en el año 2018, y a 116 menores. La sección de administración atendió 12 313 llamadas que solicitaron información o atención profesional, el área de trabajo social atendió a 595 mujeres, la sección jurídica realizó 1260 intervenciones en materia de violencia de género, la sección de psicología programó 3103 citas y realizó 2498 sesiones de asesoría, el área de agresión, abuso y acoso sexual del Centro de Información y Atención Integral del Gobierno de Cantabria atendió a 29 mujeres en el año 2019, 10 más que en el año anterior, y a 9 niñas.
VIII. Centros de emergencia y acogida. Se ha duplicado el número de plazas. Cuentan también con pisos tutelados.
IX. Medidas de apoyo y acompañamiento a mujeres víctimas coordinadas por la Dirección General de Igualdad y Mujer.
— Plan de acompañamiento individualizado.
— Refuerzo del turno de oficio.
— Ayudas a la vivienda y suministros básicos.
— Impulso al Consejo de la Mujer, el órgano de participación de las asociaciones de mujeres de Cantabria.
— Protocolos de detección de violencia de género en el ámbito sanitario.
— Formación específica a profesionales, teniendo en cuenta a las personas con discapacidad.
• COVID-19.
— Declaración como esenciales de los servicios de atención, asesoramiento y asistencia a víctimas de violencia de género.
— Campañas específicas de información y de sensibilización: Mascarilla-19, en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos; campaña de información en medios de comunicación sobre recursos de violencia de género durante la epidemia del COVID-19.
— Atención telefónica y telemática a víctimas, incluyendo a mujeres que habían sido usuarias en el año 2019.
— 200 plazas habitacionales más para mujeres víctimas, que siguen en funcionamiento.
4. Murcia
Marco normativo.
Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.
• Consejo Asesor de Violencia de Género y Observatorio de la igualdad, cuya puesta en funcionamiento está prevista.
• Recursos.
I. 22 Centros de Atención a Víctimas de Violencia (CAVI) que atienden a los 45 municipios de la región. Cuentan con un equipo multidisciplinar con profesionales para prestar atención psicológica, asesoría legal y desde el punto de vista del trabajo social.
Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2020 atendieron a 16 729 mujeres.
II. 6 Puntos de Atención Especializada. Complementan el servicio que prestan los CAVI.
III. Centro de atención integral a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales (CAVAX), que atiende a mujeres nacionales o extranjeras víctimas de violencia sexual. En 2020, hasta el 31 de agosto, había atendido a 75 mujeres, con un total de 865 intervenciones por parte de los profesionales del recurso.
IV. Servicio de Atención Psicológica para menores expuestos a la violencia de género, que les atiende mediante un programa de intervención psicológica específico.
V. Punto de encuentro familiar específico para situaciones de violencia machista. En el momento de la comparecencia había atendido a 61 usuarios y usuarias.
VI. Dispositivo de atención telefónica urgente a través del 112 y servicio de interpretación telefónica (Dualia), que posibilita la comunicación traduciendo las llamadas a más de cincuenta idiomas.
VII. Centro de Emergencia para primera acogida a mujeres víctimas. En los primeros ocho meses de 2020 había acogido a 82 mujeres y 49 menores.
VIII. 7 casas de acogida y 1 piso tutelado. Son de titularidad municipal, subvencionados por la comunidad autónoma. También se subvencionan plazas en recursos de entidades sin ánimo de lucro. Suman 54 plazas, que en el momento de la comparecencia estaban ocupadas.
IX. 16 plazas en un recurso de acogida específico para mujeres víctimas de violencia de género que presentan adicciones.
• COVID-19.
— Adopción de medidas para el mantenimiento de los recursos y atención a mujeres víctimas a través del servicio telefónico o telemático.
— Habilitación por parte de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector de recursos habitacionales en distintos municipios.
— Puesta en marcha, en colaboración con entidades sin ánimo de lucro, de un recurso de cobertura de necesidades básicas y atención social para mujeres en contextos de prostitución y trata, así como de un servicio de acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad por la crisis sanitaria derivada del COVID-19.
— Campañas: «Si la oyes, llama» para sensibilizar a la población sobre violencia contra las mujeres; Mascarilla-19, desarrollada por el Colegio de Farmacéuticos; infografías con información de recursos que se difundieron a través de las redes sociales, institucionales, etc.
• Medidas de sensibilización y otras acciones.
— Proyecto «SensibilízaT». Tiene como objetivo reforzar la necesidad de convivir y educar en igualdad y está dirigido a toda la sociedad a través de distintos canales: empresarial, educativo, asociativo, penitenciario, etc.
— Centro de acogida para mujeres víctimas de trata y explotación sexual y Servicio gratuito de asistencia jurídica.
— I Congreso Internacional (en el mes de octubre de 2020) sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual, organizado con la Universidad Politécnica y el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Fundación Cepaim.
— Puesta en marcha de nuevos recursos de acogida para gestantes y mujeres con problemas de salud mental debido a su situación de maltrato.
— Refuerzo del proyecto de empleabilidad denominado «Carmen» para la reinserción en el ámbito laboral.
— Previsión de puesta en funcionamiento de un Punto Violeta para abordar la violencia sexual y de un programa integral de sensibilización y formación.
5. Valencia
• Pacto Valenciano contra la Violencia de Género (septiembre de 2017).
• Adaptación de la legislación autonómica al Convenio de Estambul.
• Equiparación de las indemnizaciones por asesinatos machistas a las de crímenes terroristas, siendo la única comunidad autónoma que establece esta equiparación.
• Campañas de sensibilización: «No me toques el WhatsApp», «Señala el machismo» o «Un hombre de verdad».
— Dirigidas al conjunto de la sociedad, hablan al agresor y no a la víctima.
— Fomentan las nuevas masculinidades y los referentes masculinos positivos.
— Se dirigen al público adolescente y preadolescente.
• Red Valenciana de Igualdad, con 193 profesionales en 2020, entre agentes de igualdad y personal técnico superior en promoción de igualdad de género.
• En los 1800 centros educativos sostenidos con fondos públicos hay un Coordinador de igualdad y se ha aprobado el Plan de coeducación.
• Se ha legislado para dejar de normalizar la prostitución y el proxenetismo. Por ello, no se financia con recursos públicos a los medios de comunicación que incluyen anuncios sobre prostitución.
• Promoción de la igualdad entre la población joven y adolescente, con aplicaciones tecnológicas para que este segmento de población se reconozca en relaciones igualitarias, identifiquen y combatan los micromachismos y separen la realidad de la ficción.
• Centros Mujer 24 horas. Cuentan con 197 profesionales (2020) y funcionan también en ámbitos rurales.
• Itinerarios para el fomento de la autonomía personal, la vida independiente y el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas.
• Ejes de actuación.
— Prestaciones públicas: son un derecho subjetivo, tienen la consideración de indemnizaciones y son un crédito ampliable. El presupuesto en ayudas directas creció un 150 % entre 2015 y 2019. El Fondo de emergencia está en relación con el salario mínimo interprofesional y se actualiza automáticamente. La Renta Valenciana de Inclusión, con el modelo puesto en marcha por la Generalitat valenciana, asegura la percepción de la prestación, sin interrupciones. Existe además una complementación del seguro obligatorio de vejez e invalidez.
— Alternativa residencial: la Ley valenciana 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia contempla que los agresores son quienes deben abandonar la casa familiar, porque un agresor contra una mujer no puede ser un buen padre.
No obstante, existe una Red de Atención Residencial formada por centros de emergencia en cada provincia, centros de recuperación integral y viviendas tuteladas, así como viviendas especializadas para atender a mujeres víctimas con problemas de adicciones o salud mental.
— Inserción sociolaboral: en «Espai Labora» —Servicio Valenciano de Empleo— hay una atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género en sus 55 oficinas. En 2019 se atendió a 2204 mujeres víctimas de violencia de género. Existen los Itinerarios del Fondo Social Europeo especializados en la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género, mujeres prostituidas o víctimas de trata.
• COVID-19.
— En aplicación de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana se garantizó la continuidad de la prestación de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Del 16 de marzo al 20 de junio, los centros Mujer 24 horas atendieron a 3511 mujeres, de las cuales 795, un 22,6 %, eran mujeres que acudían a esta red por primera vez.
— Campaña extraordinaria para que el entorno social de mujeres víctimas denunciara posibles agresiones de las que tuvieran conocimiento durante el confinamiento: estas llamadas aumentaron un 36 % durante la primera quincena del estado de alarma.
— Se reforzó con 54 plazas la atención a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas (un incremento del 15 %) y se atendió a las mujeres prostituidas.
— Decreto 60/2020, de 15 de mayo, del Consell, de aprobación de bases reguladoras y concesión directa de ayudas en materia de vivienda para paliar situaciones de especial vulnerabilidad por la Covid-19: 7,5 millones de euros para ayudas al alquiler destinadas, entre otros, a mujeres víctimas de violencia de género.
6. Galicia
• COVID-19.
Plan de refuerzo durante el estado de alarma, mantenimiento y reforzamiento de los servicios de atención a las víctimas, incluyendo lo siguiente:
— Teléfono de atención 24 horas al día.
— Asesoramiento jurídico online.
— Apoyo psicológico, presencial y telemático, y también específico para víctimas de violencia sexual.
— Turno de guardia psicológica permanente para el apoyo en los momentos iniciales de presentación de la denuncia, y apoyo en la sede judicial.
— Punto de coordinación de las órdenes de protección.
— Centro de recuperación integral para mujeres que sufren violencia de género de Santiago de Compostela.
— Centro de emergencia de Vigo.
— Refuerzo de la red de centros de acogida: nuevo recurso de acogida con siete plazas en Chantada.
— Los centros municipales y de ONG y entidades sociales se mantuvieron abiertos para acoger a las mujeres, y se pusieron en marcha recursos alternativos (hostales o pensiones).
— Ampliación del bono de alquiler social para víctimas de violencia de género.
Marco normativo.
— Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.
— VI Plan Estratégico para la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2013-2015, que supuso la incorporación de la perspectiva de género al conjunto de la acción del Gobierno.
— Plan de transversalización del Pacto de Estado.
• Medidas y recursos.
— Asistencia integral a los menores huérfanos por violencia machista.
— Puesta en marcha de turnos de guardia psicológica y social para atención a las víctimas, con 21 profesionales en el turno de guardia psicológica y 115 en el social.
— Refuerzo de la atención psicológica a menores víctimas de la violencia de género.
— Incorporación de profesionales de trabajo social a las 7 oficinas de atención a las víctimas en los juzgados.
— 3 nuevas casas de acogida en Lugo —una dirigida a víctimas de trata y otra a víctimas de violencia de género con enfermedad mental— y en Ourense.
— Refuerzo del Centro de Emergencia de Mujeres Víctimas de Violencia de género (CEMVI) de Vigo con programas de asesoramiento jurídico, acompañamiento y mejora de la seguridad, y atención a menores.
— Bono de ayuda al alquiler. Se amplió durante el estado de alarma al 100 % del alquiler, con previsión de mantenerlo.
— Programa de estancias de tiempo libre para víctimas de la violencia de género, hijas e hijos.
— Encuesta sobre la percepción social de la violencia de género y violencia sexual en Galicia.
• Medidas del Pacto de Estado (datos actualizados a la fecha de la comparecencia).
a) En el ámbito educativo: desarrollo de planes de igualdad y prevención de la violencia de género; actuaciones de concienciación en educación infantil y primaria (717 centros) y secundaria (318 centros). 32 acciones formativas en igualdad y prevención de la violencia de género para el profesorado no universitario y 50 en el universitario, 15 cursos y apoyo a un total de 69 estudios o proyectos de investigación. Apoyo al desarrollo de proyectos de sensibilización y formación de las familias a través de 113 asociaciones de madres y padres de alumnos.
— Refuerzo de los puntos de encuentro familiar, ampliando horarios de atención.
— Talleres de prevención y rehabilitación de menores agresores en casos de violencia de género: se realizaron dos, con 17 participantes en cada uno.
b) En el ámbito sanitario: formación especializada en violencia de género para profesionales sanitarios y, en colaboración con los colegios profesionales, cursos formativos, jornadas y mesas redondas, con un total de 1500 participantes.
c) En el ámbito de la cultura: prevención y sensibilización contra la violencia de género en las bibliotecas públicas con 153 actividades y la participación de 3825 personas.
— Campaña «Nós contra a violencia de xénero».
— En colaboración con las entidades locales, campañas contra la violencia sexual en fiestas declaradas de interés turístico gallego, nacional e internacional.
d) En el ámbito de la inserción laboral de las mujeres víctimas: ayudas directas para la inserción laboral, con participación de 12 entidades locales, se contrató a 77 mujeres. A través de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro se organizan itinerarios personalizados y acciones específicas de formación o prácticas laborales, con la participación de 10 entidades y 311 mujeres.
e) Campañas de formación y sensibilización frente a la violencia de género en centros de mayores y discapacidad, y campañas específicas para la prevención de la violencia machista en el ámbito rural. Programas de sensibilización y de formación dirigidos a la prevención y atención de la violencia de género entre la comunidad gitana y entre mujeres con discapacidad.
f) Apoyo psicológico para víctimas de violencia sexual, que incluye un programa de intervención específico con niñas y adolescentes víctimas de abusos sexuales. Campaña de sensibilización «Agresión Off».
g) Formación a profesionales de la sanidad, educación, abogacía, a las fuerzas y cuerpos de seguridad en Galicia y al personal de las administraciones públicas.
7. Asturias
Las competencias en materia de igualdad residen en la Dirección General de Igualdad, que depende directamente del Presidente del Principado de Asturias, y de la que forma parte el Instituto Asturiano de la Mujer.
• Recursos.
○ Red de casas de acogida del Gobierno del Principado de Asturias.
— Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género o Casa Malva de Gijón (2007). Dispone de treinta plazas: diez de acogida y veinte de larga estancia. Con su apertura se cambia el modelo de intervención y ese nuevo modelo se extiende por toda la red de casas de acogida del Principado.
— Casa de acogida de Oviedo, con 19 plazas.
— Casa de acogida de Avilés, con 7 plazas.
— 20 pisos Tutelados: 12 en Gijón, 4 en Oviedo, y uno respectivamente en Avilés, en Castrillón, en Valdés y en Langreo.
El sistema pretende llegar no solo a espacios urbanos sino también a las zonas rurales. Está previsto ampliar la red de casas de acogida con dos pisos tutelados más en el concejo de Corvera.
○ Centros Asesores de la Mujer (CAM), 16 en total, en Gijón, Oviedo, Avilés, Llanes, Teverga, Piloña, Valdés, etc. distribuidos por todo el territorio, incluidas las zonas rurales.
Cuentan con una abogada, que no solo atiende casos de violencia de género, sino todas las demandas que puedan tener las mujeres. Gracias al Pacto de Estado, la mitad de los CAM se han reforzado con una psicóloga.
Realizan, junto con los ayuntamientos, las comisiones técnicas para el seguimiento de los casos. En esas comisiones están integrados todos los agentes del territorio y en muchos casos se incorporan la Fiscalía u otros agentes, importantes para la protección de las víctimas.
○ Instituto Asturiano de la Mujer.
— Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección, recogidas en un registro específico, con lo que se garantiza la asistencia integral a las víctimas.
— Observatorio Permanente de la Violencia de Género, creado con la finalidad de recoger datos sobre violencia de género y medidas de atención integral, sobre todo en el ámbito judicial. Trabaja especialmente en el seguimiento de denuncias, órdenes de protección y sentencias.
— Protocolo interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género del Principado de Asturias (2007), que permite la coordinación entre todos los departamentos y trabaja en cuatro áreas: sanidad, justicia, sociolaboral y servicios sociales.
a) Ámbito sanitario.
Coordinación con la Dirección General de Salud Pública, con dos profesionales especializadas en violencia de género y ocho profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias responsables de violencia de género en cada una de las ocho áreas sanitarias. Además, hay tres equipos especializados en atención psicosocial, dentro de este ámbito de recursos sanitarios, que están en Oviedo, Gijón y Avilés.
b) Ámbito judicial.
Coordinación con la Fiscal Delegada de Violencia de Género en Asturias, con el turno de oficio especializado en violencia de género del Colegio de Abogados de Oviedo y del Colegio de la Abogacía de Gijón. Y recientemente se ha creado un turno específico para víctimas de trata.
Unidades de valoración forense integral en Oviedo y Gijón, compuestas por médicas y forenses y psicólogas y psicólogos, además de oficinas de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual en Oviedo, Gijón y Avilés.
c) Ámbito sociolaboral.
Coordinador de violencia de género en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, del que dependen 24 tutores y tutoras, también especializados en violencia, que están ubicados en las oficinas de empleo distribuidas por todo el territorio, que son quienes elaboran los itinerarios personalizados de inserción laboral.
También la Renta Activa de Inserción (RAI) se gestiona desde estas oficinas.
d) Ámbito de servicios sociales.
— Coordinación con las unidades de trabajo social de los ayuntamientos.
— Ayudas directas a mujeres víctimas de violencia de género y a huérfanos y huérfanas de las víctimas, con fondos del Pacto de Estado.
— Acreditación como víctimas de violencia de género a las mujeres víctimas, incluso sin denuncia.
— Nueva acreditación para víctimas de trata y mujeres en situación de prostitución que les permita acceder al salario mínimo vital.
— Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, a punto de ponerse en marcha en la fecha de la comparecencia y que sería el primero de España. Abierto 24 horas, los 365 días del año y acompañará a las víctimas en el momento en que sufran la agresión.
— Previsión, para el próximo año, de un Centro para víctimas de trata y mujeres en situación de prostitución.
— Incorporación, para el cierre de la estructura, del Centro de Innovación y Economía en Igualdad —dependiendo del Instituto Asturiano de la Mujer— para enfrentar la violencia económica.
• COVID-19.
— Elaboración de un Protocolo para el control del virus en la Red de Casas de Acogida.
— Organización adaptada: servicios telefónicos, online o canales de correo electrónico y WhatsApp.
— Ampliación de la red con una casa provisional y dos pisos para mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución.
— Instalación de wifi en todas las casas y pisos de la red que no lo tenían, asegurando la educación online de los menores residentes.
En el momento del confinamiento estaban residiendo en la red de casas de acogida 168 personas: 82 mujeres y 86 hijos e hijas. Durante el confinamiento se produjeron 41 ingresos de mujeres.
• Otras iniciativas.
— Incorporación a los Acuerdos Autonómicos de Concertación Social de una mesa específica de igualdad con varios ejes: violencia de género, educación, brecha salarial, corresponsabilidad, etc.
— Elaboración del Plan Asturiano de corresponsabilidad.
— Campaña en medios para promover la igualdad.
— Plan de coeducación de Asturias invitando al ciclo 0-3 años.
— Acuerdo con el Consorcio de Transportes de Asturias que facilita un vehículo a toda mujer que lo solicite, especialmente en el medio rural.
8. Madrid
Marco normativo.
Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid.
• Servicios y Recursos.
Red de asistencia integral.
25 centros residenciales.
— 17 destinados a víctimas de violencia machista y sus hijos e hijas: 5 son de emergencia, 4 son de acogida y 8 son pisos tutelados, uno de ellos para víctimas de violencia machista con discapacidad intelectual.
— 3 destinados a víctimas de trata con fines de explotación sexual o mujeres que desean abandonar el ejercicio de la prostitución.
— 4 para mujeres jóvenes víctimas de violencia machista de entre 18 y 25 años.
— 1 para mujeres reclusas y exreclusas, y sus hijos e hijas.
5 recursos no residenciales.
— Centro de atención psicosocial (Programa Mira).
— Centro para víctimas de violencia sexual (Cimascam).
— Centro de día para mujeres víctimas de trata (Proyecto Esperanza).
— 2 Centros de Día para víctimas de violencia machista con programas específicos dirigidos a mujeres inmigrantes: Centro Pachamama (programa específico para mujeres latinoamericanas), y Centro Ayaan Hirsi Ali, (programa específico para mujeres magrebíes).
Todos ellos cuentan con equipos especializados en intervención, psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, mediadoras culturales y educadoras.
• Otros servicios.
— Programa Atiende. Unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual, proyecto conjunto desarrollado entre la Consejería de Sanidad y la Dirección General de Igualdad.
— Servicio de atención telefónica especializada 012.
— Unidad de atención a familiares de víctimas de violencia de género.
— Unidad de atención a adolescentes víctimas de violencia de género en sus relaciones de pareja y a sus familias.
— Programa de acompañamiento psicosocial a las víctimas durante el proceso judicial.
— Servicio de detección e identificación de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, que incluye un teléfono de emergencia, disponible las 24 horas, y una unidad móvil.
Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género.
Para prevenir la violencia machista y garantizar la atención integral de las víctimas, mediante convenios de colaboración entre los ayuntamientos y mancomunidades de Madrid y la Consejería de Políticas Sociales, bajo la supervisión de la Dirección General de Igualdad.
54 puntos municipales ubicados en 38 municipios y en 15 mancomunidades. Funcionan como puerto de entrada a la mayoría de los recursos de la red de atención integral para la violencia de género de la Comunidad de Madrid.
• Pacto de Estado.
○ Renovación de los convenios de colaboración con los ayuntamientos para ofrecer asistencia integral y multidisciplinar a las víctimas de violencia machista y a sus hijos e hijas y otras personas dependientes. Protocolo de atención a víctimas de violencia machista; atención psicosocial individualizada y grupal. Asesoramiento y asistencia jurídica. Cumplimiento de las medidas de protección.
○ Servicio de Información y Atención telefónica para mujeres víctimas de violencia machista de la Comunidad de Madrid, 012 Mujer.
○ Sensibilización: difusión del material editado por las diferentes administraciones y otras entidades. Participación en campañas.
○ Formación dirigida a profesionales sanitarios educativos y del ámbito social.
○ Plan de formación y coordinación dirigido a los profesionales que prestan atención a las víctimas.
○ Incorporación en 2020 de una psicóloga infantil permanente.
○ Previsión de implantación de una unidad móvil, integrada por un equipo multidisciplinar que prestará servicio 24 horas al día de forma itinerante en todas las zonas de la comunidad.
○ Previsión de apertura de un Centro de atención a víctimas de violencia sexual abierto 24 horas al día.
• COVID-19.
— Reorganización de los centros de atención a las víctimas y adaptación a los protocolos de la pandemia.
— Atención telefónica y telemática.
— Ampliación del número de plazas residenciales: 12 para víctimas de violencia machista y 3 para víctimas de trata.
— Campaña «Tú no te quedes en casa» al entrar en vigor el estado de alarma. Segunda campaña en redes sociales denominada «El silencio te hace daño», difundida por los ayuntamientos.
• Información adicional.
En marzo de 2020 fueron atendidas 49 mujeres en los centros de emergencia madrileños, de las que 23 eran casos nuevos. En los puntos municipales del Observatorio regional de violencia de género se atendieron 5836 —236 eran casos nuevos—.
Desde que se implantó el servicio de atención telemática, se atendió a 116 mujeres en el Cimascam, 161 en el centro Pachamama y 234 en el Ayaan Hirsi Ali. Se atendió a 133 mujeres y 49 menores en el programa Mira, de atención psicosocial, y a 74 adolescentes y a 41 familiares. En el teléfono 012 de atención especializada en la violencia machista fueron atendidas 166. En los puntos municipales del Observatorio regional de violencia de género, durante el mes de marzo, se atendieron 5836 y se registraron 236 casos nuevos.
Comparando los datos con los del mes de junio, mes en el que finalizó el estado de alarma, se aprecia un aumento de las mujeres que acudieron a la red de atención integral: 51 casos nuevos en los centros de emergencia; 262 mujeres en el Cimascam, 205 en el centro Pachamama —especializado en personas latinas— y 243 en el centro Ayaan Hirsi Ali —para personas del Magreb—.
Fueron atendidas 121 mujeres y 80 menores en el programa Mira, así como 65 adolescentes y 31 familiares.
En el teléfono 012 fueron atendidas 535 mujeres. Por último, en los puntos municipales fueron atendidas 9665 mujeres.
9. Castilla-La Mancha
Marco normativo.
— Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
— Protocolo para la prevención de la mutilación genital femenina en Castilla-La Mancha.
• Recursos.
Para la recuperación emocional y psicológica de las mujeres víctimas y dotarlas de habilidades sociales suficientes para afrontar una vida autónoma.
— 84 centros de la mujer repartidos territorialmente que disponen de profesionales del ámbito jurídico, social, psicológico y laboral. Se atiende a una media de 23 000 mujeres al año y se resuelven más de 100 000 consultas.
— 14 recursos de acogida y 1 recurso extraordinario COVID que se pretende mantener siempre que sea necesario: 280 plazas, 90 para mujeres, 120 para menores, atendidas por 125 profesionales de la psicología, abogadas, trabajo social, educadoras, etc.
○ Centro de Urgencias.
○ Centro de Atención y Valoración Integral.
○ 5 centros de Atención Integral.
○ 5 casas de acogida.
○ 2 casas de acogida para mujeres jóvenes.
○ Nuevo Centro COVID.
En 2019 se atendieron casi 700 personas: 334 víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas (349). Más del 80 % tienen entre 21 y 45 años y casi el 70 % tienen cargas familiares. El 31 % de ellas lleva sufriendo la violencia más de 7 años y el 62 % la sufren o la han sufrido diariamente.
— Teléfono 016, conectado al autonómico 900 100 114. Dispone de un equipo multidisciplinar que ofrece apoyo psicológico, asesoramiento, y puede derivar a un recurso de acogida.
• Medidas.
— Dispositivo de Localización Inmediata (DLI), que amplía el previsto en ATENPRO tras una valoración por los profesionales del Centro de la mujer. En 2019 se protegió a 853 mujeres, 742 lo fueron a través del ATENPRO y 111 a través del DLI.
— Sistema de ayudas para la autonomía personal de mujeres víctimas. Cubren gastos básicos y alquiler.
— Convenio entre la Consejería de Fomento y el Instituto de la Mujer para la reserva de un número de viviendas públicas y convocatoria específica de ayudas al alquiler para víctimas de violencia de género.
— Convenio con el Colegio de Profesionales en Educación Social para acompañamiento de víctimas que lo necesiten.
— Programa de atención psicológica para menores hijos e hijas de víctimas de violencia machista. En 2019 se atendió a 184.
— Programa de terapia psicológica —«Contigo»— para víctimas de agresiones sexuales y programa «Menores» de la Consejería de Bienestar Social para aquellas que no alcanzan la mayoría de edad.
• Programas específicos del Instituto de la Mujer.
— 12 líneas de subvenciones y 5 de ayudas que financian, con 1,7 millones de euros (el 40 % del Pacto de Estado), programas de 400 asociaciones, ayuntamientos y empresas para:
a) promoción en valores igualitarios y atajar la discriminación múltiple.
b) impulsar la investigación en materia de igualdad y de género.
c) prevención de la mutilación genital femenina y de la trata con fines de explotación sexual.
d) favorecer los planes de igualdad en ayuntamientos, entidades y empresas.
— Sensibilización y Campañas.
○ «Sin un sí, es no», iniciada en 2017, de prevención de la violación.
○ «Quiéreme bien» programa para fomentar en parejas adolescentes y jóvenes relaciones igualitarias y positivas.
○ Dispositivo de excelencia: reconoce a empresas y entidades que destacan por su trabajo y su lucha por la igualdad o por sus planes de igualdad, conciliación y corresponsabilidad.
— Ayudas.
○ Indemnización para mujeres víctimas con secuelas muy graves derivadas de la violencia e incapacidad laboral, con dos beneficiarias en 2019.
○ Becas universitarias Leonor Serrano Pablo para víctimas de la violencia de género y/o sus hijas e hijos.
○ Ayudas de orfandad y para las personas dependientes de mujeres asesinadas por violencia machista.
○ Plan de empleo especial 2019, dotado con 5 millones de euros, dirigido a mujeres en especial situación de vulnerabilidad en el medio rural y para víctimas de violencia de género. Se beneficiaron 686 mujeres, que fueron contratadas en 125 entidades locales, una empresa y dos entidades sin fin de lucro.
— Coordinación y transversalidad.
En todas las consejerías existen unidades de género.
Acciones en materia de formación de funcionarios, plantillas, medidas de conciliación, programación educativa (con la incorporación de la asignatura Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad), 400 planes de igualdad en 2019 en centros escolares públicos, Estatuto de las mujeres rurales, etc.
Centro de documentación Luisa Sigea, con 12 000 ejemplares especializados en igualdad y feminismo.
• COVID-19.
— Se adaptó el funcionamiento a lo previsto en la declaración de pandemia (no presencial) y se reforzaron los recursos de atención y acogida a víctimas con un recurso de acogida extraordinario y el programa Libres, dedicado a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
— Campañas específicas de sensibilización en medios.
— A lo largo del mes de abril, el incremento de llamadas a través del 900 100 114 o del 016 fue de un 55 % más que en el mismo periodo del año anterior. En los meses siguientes ese incremento se fue reduciendo, pero siempre fue superior que en el mismo periodo del año anterior.
— Las llamadas de emergencia al 112 también se vieron incrementadas en un 12 %. Hubo que movilizar en un 30 % más de ocasiones recursos sanitarios para atender a las víctimas —por tanto, hubo más agresiones— y también hubo que movilizar casi un 13 % más a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atender a las víctimas. Hubo un repunte de la violencia.
10. Navarra
Marco normativo.
— Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres.
— Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres.
• Estructura y organización.
Instituto Navarro para la Igualdad, adscrito al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, departamento responsable de planificar y coordinar, impulsar y hacer una evaluación de las políticas públicas, así como de promover la colaboración entre las diferentes administraciones públicas en Navarra. Esta posición dentro de la estructura del Gobierno es clave para consolidar y avanzar en la transversalidad del principio de igualdad entre hombres y mujeres en toda la actuación de los poderes públicos.
Comisión interdepartamental para la Igualdad, presidida por la Presidenta del Gobierno de Navarra.
Comisión técnica, con el impulso y apoyo del Instituto Navarro para la Igualdad como máximo responsable de su ejecución.
Foro navarro contra la trata de las mujeres con fines de explotación sexual.
Plan de acción de la Ley Foral 14/2015, documento estratégico en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
— Eje 1. Cambio de valores y generación de condiciones para una vida libre de violencias contra las mujeres: investigación, prevención y sensibilización.
— Eje 2. Atención integral a las mujeres, a sus hijas e hijos: detección, atención, protección, justicia y reparación para las víctimas.
— Eje 3. Formación de los profesionales para la identificación y el abordaje de las violencias contra las mujeres.
— Eje 4. Coordinación entre las instituciones.
• Acciones.
Eje 1.
a) Programas de empoderamiento de mujeres.
b) Programa de prevención de violencia machista en juventud —Iguala—; y programa Impulso-Taupada de empoderamiento feminista y prevención de la violencia de género para y en mujeres jóvenes.
c) Asesoramiento a empresas y organizaciones en materia de igualdad. Subvenciones a planes de igualdad en empresas. Promoción y desarrollo de mujeres empresarias y directivas.
d) En colaboración con la universidad, elaboración de estudios: sobre violencia, mujeres mayores, y empleadas del hogar (análisis de sus condiciones laborales y proceso de regularización).
e) Campañas. «Contra la violencia hacia las mujeres, ¿qué estás haciendo tú?». «Dale la vuelta, comparte en igualdad», para promover la corresponsabilidad en los cuidados y las tareas domésticas.
Eje 2.
a) Centro de urgencia, con 12 plazas para mujeres y sus hijos e hijas, ampliables hasta un total de 19 personas.
b) Casa de acogida, 12 plazas.
c) 5 pisos que ofrecen acogida, acompañamiento y seguimiento individualizado para la normalización de su situación personal. 2 pisos para mujeres que desean abandonar la prostitución, uno de ellos se abrió para apoyar a las mujeres prostituidas a raíz del estado de alarma.
d) Servicio de atención jurídica.
e) 4 equipos de atención integral a víctimas en Estella, Tafalla, Tudela y comarca de Pamplona zona norte. Prestan atención social, psicológica y jurídica.
f) Servicio de atención a la mujer del Ayuntamiento de Pamplona.
g) Oficina de atención a las víctimas del delito, que presta atención jurídica, social y psicológica.
h) La acreditación del Instituto Navarro de Igualdad de las víctimas permite el acceso a la reserva específica en las promociones de vivienda pública y tramita ayudas a las que acrediten insuficiencia de recursos económicos y especiales dificultades para obtener un empleo.
Eje 3.
a) Curso de formación en violencia de género dirigida a la Policía Foral, al personal de emergencias y al personal del ámbito judicial en ejecución.
b) Formación en violencia en el ámbito de la discapacidad.
Eje 4.
a) III Acuerdo interinstitucional para la coordinación ante la violencia contra las mujeres en Navarra.
b) Protocolos locales de coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres.
• COVID-19.
— Refuerzo de la atención y protección de las mujeres víctimas, incluyendo un nuevo espacio de acogida, duplicando el número de plazas disponibles y acogiendo a 20 mujeres y 26 menores.
— Garantizar el funcionamiento de los recursos y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia machista.
— Campaña informativa sobre recursos disponibles y de concienciación social.
— En coordinación con los distintos cuerpos policiales, Policía Foral, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, se desarrolló el seguimiento del número de denuncias: 136 desde el inicio del estado de alarma hasta finales del mes de abril.
— Con asesoramiento del Instituto Navarro para la Igualdad, el Gobierno de Navarra elaboró el plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu, que incorpora la perspectiva de género a la reconstrucción económica y social.
— El Instituto también coordina el Grupo Interdepartamental de Conciliación Corresponsable que, entre otras propuestas, está trabajando en el diseño y la elaboración de un pacto foral de cuidados con participación del Parlamento, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, empresas, sindicatos y la sociedad civil.
11. Aragón
• COVID-19.
Plan de refuerzo para garantizar atención a las mujeres víctimas de violencia machista y de sus hijos e hijas:
a) Atención a lo urgente. Asegurar que cualquier mujer en situación de violencia machista pudiera recibir atención urgente, cobertura de necesidades básicas y una alternativa habitacional.
— Campaña de sensibilización: «No te dejamos sola».
— Atención telefónica y equipo de emergencias presencial.
— Punto de coordinación de las órdenes de protección: activación de protocolos para mujeres que tenían medidas de protección, haciendo seguimiento y asesoramiento continuo.
Las órdenes de protección se redujeron notablemente en marzo de 2020 pero, a medida que pasaron los meses, fueron aumentando. En marzo se atendió a 23 mujeres con órdenes de protección frente a las 133 del mismo mes en 2019, en abril fueron 55 frente a 123, y en mayo 94 frente a 132.
— Ampliación y reorganización de plazas en la red de recursos habitacionales: en mayo se disponía de tres centros de emergencia, tres casas de acogida y cuatro pisos, un incremento de más del doble de plazas disponibles y ocupadas.
b) Crear redes de apoyo con los diferentes colectivos y movimientos sociales. Asegurar la actuación en una emergencia y ser más eficientes frente a eventuales rebrotes de violencia.
— Nuevo recurso habitacional alternativo para mujeres en situación de prostitución y otras situaciones de vulnerabilidad, en colaboración con colectivos y movimientos sociales que trabajan de manera habitual con estas mujeres.
— Segunda red de apoyo con colectivos de mujeres sobrevivientes a la violencia machista y en procesos de recuperación.
A través de estas dos redes se aseguró la cobertura de necesidades básicas de alimentación e higiene mediante tarjetas de compra para mujeres en situación de vulnerabilidad.
c) Cuidar a quien nos cuida. Atención psicológica a las trabajadoras que así lo precisaban en unos momentos complicados de mucho esfuerzo y mucha tensión acumulada.
— En colaboración con el Colegio Profesional de Psicólogos en Aragón, servicio de apoyo profesional de atención a la situación emocional de las trabajadoras.
— Guía: «Que tus emociones no se queden confinadas». Consejos para el confinamiento y Gestión de las emociones durante la pandemia.
En un primer momento se redujo el número de llamadas respecto al año 2019. Luego ese número fue creciendo a la par que se prolongaban las semanas de confinamiento. En abril se recibieron 371 llamadas frente a 219 del año anterior. El agravante fue que, del total, de esas 371, 178 se produjeron en situaciones de emergencia, por lo que necesitaban de este modo una respuesta inmediata. En mayo se alcanzó la cifra más alta de la serie histórica del servicio, 547 llamadas, un incremento de un 60 % con respecto al mismo mes del año anterior y, del total, 227 se calificaron de urgentes. Se constata que durante el confinamiento se recrudeció la violencia contra la mujer.
Mayo fue también el mes en el que se demandó más atención social, jurídica y psicológica del Instituto Aragonés de la Mujer, con 425 llamadas, por delante de abril y junio, donde estuvieron en torno a las 220 mensuales.
El Instituto reforzó el servicio y las diversas soluciones de urgencia, sobre todo habitacionales, para las mujeres, sus hijos e hijas en el caso de sufrir estas situaciones de violencia.
El diagnóstico realizado por el gobierno aragonés indica que, en situaciones como las creadas por COVID-19, las mujeres sufren mayor precariedad, pobreza laboral y quedan situadas con mayor desventaja, mayor vulnerabilidad para afrontar un nuevo periodo de crisis, especialmente mujeres jóvenes de baja cualificación, mujeres migrantes, o quienes padecen algún tipo de discapacidad. El género determina la diferencia del impacto de la crisis entre mujeres y hombres.
Además, durante el confinamiento las mujeres siguieron sufriendo la violencia machista.
• Ámbito judicial.
En Zaragoza uno de los dos juzgados especializados en violencia de género estuvo siempre disponible con el 50 % de la plantilla tramitando todo tipo de asuntos.
En todos los partidos judiciales de Aragón se habilitó un refuerzo con el nombramiento de un funcionario interino para la tramitación prioritaria de los procedimientos relacionados con violencia contra la mujer.
• Pacto de Estado.
Aragón recibió 4 650 000 euros del Pacto de Estado en 2020. Para hacer más operativa la ejecución de los fondos, el Consejo de Gobierno aprobó un protocolo que fija las características, especifica las competencias y atribuciones, tanto del Instituto Aragonés de la Mujer —que gestiona prácticamente la mitad del importe— como de los órganos gestores.
a) Protocolo interdepartamental liderado por el Instituto Aragonés de la Mujer con los Departamentos de Educación, Sanidad, Ciencia, Ciudadanía y Economía para hacer más operativa la ejecución de los fondos provenientes del Pacto de Estado.
El Departamento de Presidencia dirige las iniciativas con un mayor matiz emancipador: vivienda y formación cualificada, además de dar respuesta asistencial en los primeros momentos tras la agresión.
Actividades de sensibilización y formación, mayor presencia en redes sociales y publicaciones, actividades relacionadas con información, asesoría y elaboración de distintos protocolos, refuerzo de recursos habitacionales y asistencia y formación laboral a mujeres víctimas de violencia.
Con Sanidad se plantea la mejora y la atención de mujeres, menores con problemas de salud mental y la formación del personal sanitario.
Con Ciudadanía, un refuerzo de puntos de encuentro familiar y políticas de conciliación; convocatoria de casi 400 000 euros para la corresponsabilidad familiar y social de hombres y mujeres.
En el ámbito de la vertebración del territorio, mejora y adecuación de la red de atención y alojamientos alternativos.
Departamento de Ciencia: estudio sobre la percepción de la violencia sexual en espacios universitarios, con campañas de prevención y de formación y formación a los docentes universitarios.
b) Convenios con las entidades locales, comarcas y otras entidades.
○ Dotación de una red de recursos humanos, potenciando y formando de manera específica la figura de los policías locales para que actúen como escudos de protección ante situaciones de violencia, junto al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Incremento de los recursos materiales e infraestructuras: recursos habitacionales y servicios de orientación y asesoría.
○ Veintitrés comarcas de treinta y tres han firmado convenios para la prestación del servicio de asesoría social, asesoría psicológica para mujeres e hijos e hijas en situación de conflicto y asesoría jurídica, empresarial, laboral y atención social y educativa familiar, ampliando los servicios que el Instituto Aragonés de la Mujer tiene en las capitales de provincia.
○ Convenio con el Colegio de Abogados de Aragón para la prestación del servicio de asesoramiento jurídico individualizado a mujeres.
c) Programas de sensibilización y formación.
Cursos de formación relacionados con violencia de género para profesionales y campañas de sensibilización y prevención.
— Dirigidos a trabajadores sociales, psicólogos y educadores: cursos y talleres sobre matrimonios forzados, identidad y expresión de género, trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
— Sensibilización sobre violencia de género online y comunicación no sexista a través de creación de videoclips y cortometrajes con perspectivas de género.
12. Euskadi
Marco normativo.
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. (Está prevista su reforma en esta Legislatura garantizando lo establecido por el Convenio de Estambul. Se prevé también el refuerzo de los recursos económicos, humanos y técnicos para el desarrollo de las políticas de igualdad, la obligatoriedad de formación en igualdad del personal público, el impulso de la prevención y la sensibilización, la generalización de los permisos parentales iguales e intransferibles, el incremento de las medidas para combatir la brecha salarial y la ampliación de las ayudas a todo tipo de víctimas de violencia contra las mujeres, así como para sus hijos e hijas huérfanos a consecuencia de la violencia machista).
• Emakunde (creado en 1988).
— Organismo autónomo cuyo consejo de dirección preside el lehendakari, es el responsable de la coordinación, evaluación e impulso de las políticas de igualdad.
Euskadi desarrolla una política de igualdad que aborda la violencia contra las mujeres desde dos grandes ámbitos: la prevención y la atención. También se trabaja en la visibilización de todo tipo de violencia de género y en su relación con la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres.
a) II Plan de coeducación para el sistema educativo vasco, en el camino hacia la igualdad y el buen trato 2019-2023.
Fruto de un trabajo prolongado realizado por Emakunde (desde principios de los años noventa), incluye la creación de estructuras, de planes, de normativa, de programas o materiales coeducativos.
○ Programa Nahiko («Basta», en castellano). Iniciativa desarrollada desde 2003 en educación primaria para prevenir la violencia contra las mujeres desde la escuela y promover relaciones basadas en el respeto, la autonomía y la libertad.
○ Programa Beldur barik («Sin miedo», en castellano). Emakunde lidera Beldur barik junto con Eudel —asociación de municipios vascos— y las tres diputaciones forales para prevenir la violencia contra las mujeres a través del trabajo con chicas y chicos adolescentes.
○ Programa Gizonduz (aproximadamente, «haciéndose hombre» en castellano). Sensibilización y formación de hombres dirigida a implicarles en la tarea de la igualdad.
— Medios de comunicación y publicidad.
○ Programa Begira («Mirando»), comisión de trabajo para una comunicación y una publicidad no sexista.
b) VII Plan para la igualdad de mujeres y hombres de la comunidad autónoma de Euskadi.
Documento operativo para garantizar la igualdad de mujeres y hombres y una vida libre de violencia: está alineado con el Convenio de Estambul, el Pacto de Estado y la Agenda Euskadi Basque Country 2030.
Bajo la coordinación de Emakunde se trabaja en sus objetivos estratégicos: consecución de vidas libres de violencia contra las mujeres, y en programas de sensibilización y prevención, detección, atención y reparación del daño, así como de coordinación interinstitucional.
El VII plan amplía, profundiza y ofrece un contexto de trabajo coordinado de medidas que están en el Pacto de Estado y en la planificación autonómica, como la reparación del daño de las víctimas, y con la labor hacia los medios de comunicación a través de Begira y la comisión asesora para un uso no sexista de la publicidad y la comunicación.
Para medir el grado de cumplimiento en Euskadi del Pacto de Estado en relación con las medidas concernidas a las comunidades autónomas, se ha sistematizado un mecanismo de análisis. Sus conclusiones dicen que de las 114 medidas que el Pacto de Estado pide atender a las comunidades autónomas, en Euskadi 91 de ellas están ya cumplidas o programado su cumplimiento, más del 80 %. Concretamente 77 están cumplidas y 14 están en proceso —estando previsto que se implementen durante los años 2020 y 2021— y se está trabajando en la estrategia interdepartamental para el cumplimiento de las tres restantes.
Los resultados reafirman la coherencia de las acciones del VII Plan y, en consonancia con los objetivos del Pacto de Estado, buscan ofrecer una mejor atención a las víctimas de la violencia contra las mujeres:
○ El servicio de atención a víctimas identifica un profesional de referencia para todo el proceso.
○ Las acciones del II Plan de coeducación caminan hacia la igualdad y el buen trato.
○ Accesibilidad del servicio de atención telefónica de información a mujeres víctimas de violencia, Satevi.
○ Guía «Qué hacer ante la violencia contra las mujeres», adaptada al lenguaje claro y lectura fácil y al sistema Braille.
○ Programas coeducativos Nahico y proyecto Beldur barik.
○ Protocolos de detección de víctimas y tipos de la violencia en el ámbito sanitario.
○ Evaluación de la calidad de la atención ofrecida por la Ertzaintza a las víctimas de la violencia.
• COVID-19.
Emakunde asumió las tareas de coordinación y derivación. Todo su equipo estuvo activo desde el primer momento.
Se mantuvo un canal de comunicación y encuentros online periódicos con las asociaciones de mujeres víctimas y supervivientes de la violencia, así como numerosos contactos interinstitucionales a nivel técnico y político.
El departamento de seguridad aseguró la protección que lleva a cabo la Ertzaintza con la activación del teléfono «bortxa», que se pone a disposición de las mujeres víctimas, e intensificó los protocolos, sobre todo en los casos de mujeres víctimas que vivían con sus agresores. Todos los operativos estuvieron siempre activos.
Teléfono de emergencias 112 y una app que permite la geolocalización de las víctimas. Dispositivo telefónico, WhatsApp y email —24 horas al día— para víctimas de trata.
Se produjo un descenso de las denuncias —casi a la mitad— en las primeras semanas en comparación con ese mismo periodo del año anterior para, gradualmente, asemejarse a las de años anteriores.
El Servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia, SATEVI, garantizó atención personalizada activa todos los días, 24 horas. Este servicio es prestado por un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogas, trabajadoras y educadoras sociales a mujeres, familiares y profesionales que lo soliciten. Experimentó un aumento medio de un 10 % durante los meses de la primera ola.
Diseño de materiales de difusión por Emakunde y otros departamentos. Políticas Sociales activó una campaña publicitaria de comunicación difundida por la mayoría de los medios.
Desde la iniciativa de comunicación a ADICOVIC, atención COVID, dirigida hacia la población migrante, se generó en nueve idiomas un activo movimiento en redes sociales y cartelería y en colaboración con EDEKA (coordinadora vasca de entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad) se adaptaron los materiales para poder llegar a mujeres con discapacidad.
Se mantuvo la gestión administrativa de todos los expedientes y la prestación económica de pago único a mujeres víctimas de violencia de género.
Se mantuvieron operativos el teléfono Zeuk Esan 116111, servicio de atención de ayuda a la infancia y adolescencia, y el servicio de teleasistencia BetiOn para la prevención, detección e intervención ante malos tratos sufridos por mujeres mayores o con dependencia.
El Gobierno Vasco adoptó, junto con las entidades del tercer sector presentes en la Mesa contra la exclusión y la Mesa de diálogo civil de Euskadi, medidas para reducir el impacto del confinamiento en las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad: trabajadoras del empleo doméstico, mujeres mayores solas, familias monomarentales, mujeres en contextos de prostitución y víctimas de violencia contra las mujeres.
En el Servicio vasco de empleo, Lanbide, se adoptaron protocolos para la renovación automática en el pago de la renta de garantía de ingresos. Los equipos de tutoras sociolaborales también mantuvieron una especial atención a las víctimas.
El Servicio de atención a las víctimas, del departamento de Justicia, garantizó el acompañamiento integral a las mujeres víctimas. Los servicios de asistencia jurídica gratuita permanecieron activos.
En Vivienda se aplicó la baremación adicional de VPO en alquiler, asignación directa de viviendas de alquiler en casos graves, y se pusieron en marcha ayudas de pago al alquiler de vivienda libre.
Además, hay que añadir los servicios y los recursos de diputaciones y ayuntamientos, destacando que el servicio de atención psicológica de las instituciones forales realizó casi 6000 intervenciones de apoyo psicológico vía telemática, atendiendo en los primeros meses de la pandemia a más de 1500 casos activos e iniciando en este periodo la intervención en 332 nuevos casos.
Siguieron abiertos los servicios de atención de acogida inmediata a mujeres víctimas, los centros residenciales para mujeres víctimas o los recursos de urgencia, dando respuesta a la demanda, y se reforzaron las plazas por si fueran necesarias.
13. Canarias
Marco normativo.
Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, que, como establece el Convenio de Estambul, incorpora todas las violencias machistas: abuso, acoso sexual o violación, la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, etc.
• Datos de violencia de género.
Durante el primer trimestre de 2020, en España se presentaron un total de 36 185 denuncias por violencia de género. En Canarias se recibieron 2092 denuncias, lo que representa el 6 % del total del Estado español. Mientras que a nivel estatal las denuncias por violencia disminuyeron un 10 % respecto al mismo periodo del año anterior, en Canarias el descenso fue tan solo del 7 %.
A 31 de julio de 2020, en Canarias había 83 dispositivos electrónicos de seguimiento activo, con medidas de control de los agresores y protección a las víctimas, 39 de ellos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 44 en la provincia de Las Palmas. Hasta finales de julio, en el teléfono de información y asesoramiento 016, en materia de violencia de género se atendieron 7937 llamadas, 421 desde Canarias, lo que supone un 23 % más de llamadas que en el mismo período del año anterior. Los datos corroboran que la violencia en el periodo de confinamiento, desescalada y posterior ha ido en aumento.
En las Islas, las llamadas fueron efectuadas mayoritariamente por las propias afectadas en el 65 % de los casos. Por provincias, Las Palmas acumula el 57 % de las demandas, y Santa Cruz de Tenerife, el 43 %.
A 31 de julio de 2020, había 879 usuarias dadas de alta en el servicio ATENPRO, lo que supone el 6 % de las usuarias a nivel nacional. Por último, hasta el 31 de julio de 2020 se han atendido un total de 8923 incidentes relacionados con situaciones de violencia contra las mujeres, con una media diaria de 42 llamadas: respecto al mismo periodo del año anterior, la demanda aumenta un 7,5 %.
• COVID-19.
Canarias fue el primer territorio en que se puso en marcha, en colaboración con los Colegios de Farmacéuticos, la campaña «Mascarilla-19» mediante la que mujeres víctimas de violencia podían acudir a solicitar ayuda a la farmacia. La campaña se trasladaría después a diferentes comunidades autónomas y países.
Durante el confinamiento y la desescalada 25 mujeres hicieron uso de «Mascarilla-19» y aumentaron un 21 % las llamadas de terceras personas, porque entre sus objetivos estaba sensibilizar al vecindario.
Se está procediendo a la recogida de datos para evaluar el impacto de «Mascarilla-19» a nivel estatal y valorar la oportunidad de mantenerla como un recurso permanente.
También hubo un 33 % de incremento de llamadas de emergencia al 112.
Se elaboró un Plan de seguridad para víctimas de violencia de género durante el confinamiento, que incluye 4 guías con medidas de protección, para evitar agresiones de la pareja, y también cómo actuar si se sospecha que alguna persona del entorno puede estar siendo víctima de violencia, detallando los recursos disponibles.
Se destinaron 500 000 euros en los cuatro primeros meses del estado de alarma a ayudas directas a mujeres víctimas de violencia de género.
Seguimiento continuo, en colaboración con los Cabildos, de la situación de la red de recursos, del dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, de las casas de acogida, de las casas de acogida inmediata, de los pisos tutelados, y de la evolución de lo que ocurría. Se recurrió a hoteles e infraestructura turística para poder acoger a víctimas.
• Pacto de Estado.
Las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género son coordinadas por el Instituto Canario de Igualdad. Los fondos del Pacto de Estado que recibe Canarias suman 5 903 779,52 euros al año.
A pesar de las dificultades de gestión derivadas de los retrasos en las transferencias, la imposibilidad de destinar los fondos a programas plurianuales o de financiar gastos de los capítulos 1 y 6, se trabaja para una más eficiente gestión de estos.
Destaca la inversión en la mejora de casas de acogida y pisos tutelados y se ha desarrollado un aplicativo, Red Vican: Red de violencia en Canarias, que ofrece información acerca de los recursos existentes para recibir información sobre violencia sexual y asesoramiento psicológico, jurídico, etc. y su geolocalización.
Campañas de sensibilización en relación con el 25 de noviembre y el 23 de septiembre, contra la trata con fines de explotación sexual, en las que los protagonistas son los hombres que se interpelan entre sí y señalan a sus iguales.
Canarias es la tercera comunidad autónoma con la tasa más alta de violencia de género. Desde el Instituto Canario de Igualdad se está intentando fortalecer al máximo posible el protocolo interinstitucional que actúa en los casos de violencia de género, así como superar las dificultades que surgen a la hora de llevar recursos a determinadas islas, trabajando en la descentralización de acciones, campañas o actividades.
Desde la Dirección General de Justicia se está realizando un análisis de los perfiles de agresores y víctimas, tanto en ámbitos urbanos como rurales, para tener una fotografía lo más exhaustiva posible del territorio en materia de violencia de género, en cuanto a víctimas y en cuanto a agresores. Se aborda también la formación de profesionales del ámbito de la justicia para el óptimo funcionamiento de juzgados especializados.
El Gobierno de Canarias trabaja en un proyecto de transversalidad para introducir la perspectiva de género en todas las partidas presupuestarias de los distintos programas que tienen los distintos sectores del Gobierno.
Convenio con la Dirección General de Trabajo a través del proyecto ADELA, Atención a las desigualdades laborales, para la interposición de quejas o reclamaciones sobre discriminaciones en el entorno laboral. Incluye un formulario en la web para la tramitación a través de la inspección de trabajo.
Impulso a la coeducación en cooperación con la Consejería de Educación para erradicar la violencia machista y construir el camino para la igualdad desde el origen que está en la educación.
Protocolo contra la violencia de género en todos los centros educativos, incluyendo formación de los profesionales que intervienen ante un caso de violencia de género: cuerpos de seguridad, personal de justicia y personal de sanidad.
14. Illes Balears
Marco normativo.
Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, que tipifica la violencia machista como establece el Convenio de Estambul.
• Datos sobre violencia de género en Baleares.
En el 2019 se registraron 6493 denuncias en los juzgados de violencia contra la mujer en Baleares: la ratio más alta de España, lo que probablemente está relacionado con la distorsión estadística que incorpora la presencia de una numerosa población flotante (trabajadores del sector turístico y visitantes).
• Recursos y Pacto de Estado.
La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es un objetivo primordial del Govern.
El 1 de enero de 2019 se traspasaron a los consejos insulares las competencias de gestión de los recursos de atención a víctimas de violencia machista. Se da una descentralización para una atención directa y personalizada, y el apoyo de la administración autonómica para coordinar políticas y recursos.
En cada isla hay servicios de atención social, psicológica y jurídica para mujeres y sus hijas e hijos, así como centros de acogida, que han aumentado su capacidad en 37 plazas durante el estado de alarma, plazas que se han mantenido.
Iniciativas del Gobierno de las Illes Balears: Se financian 62 proyectos con fondos del Pacto de Estado para prevención, intervención y restitución del proyecto de vida.
En prevención destacan:
a) Campañas de sensibilización para la igualdad y de prevención de la violencia machista, destacando las dirigidas a las y los jóvenes: «Quiere bien», video con estética Tik Tok en el que se utilizan códigos de comunicación adolescente para explicar las relaciones tóxicas, que se hizo viral.
b) Coeducación. El Govern tiene el objetivo estratégico de avanzar hacia un modelo de escuela coeducativa basada en el respeto para prevenir la violencia de género y cualquier violencia en cuyo origen esté el sexismo.
— Proyecto para dinamizar e implementar la coeducación y la prevención de las violencias machistas en los centros educativos de Baleares. Promoción de la figura de la coordinación en coeducación en todos los centros escolares que han ido aumentando en los dos últimos años.
— Formación del personal docente como agente de coeducación.
— Proyecto para promover la igualdad a través de la formación en los centros, consensuando, planificando y ejecutando actuaciones encaminadas a trabajar en la coeducación como un elemento más dentro del currículum escolar.
— Cofinanciación de un curso universitario de posgrado, posgrado especialista en coeducación, con una duración de 300 horas.
— Convocatorias de subvenciones a centros de educación pública para la realización de actividades de prevención de la violencia machista. En 2019 participaron más de doscientos centros de primaria y secundaria, con un impacto potencial de más de 50 000 alumnos y alumnas.
c) Acciones formativas en sectores profesionales (sector agrario y pesquero), personal de servicios generales de la Administración, docentes y universitarios, así como cursos destinados a colectivos relacionados con la violencia machista: policías, personal de los juzgados, fiscalía, educadores de calle o servicios sociales.
d) Plan autonómico para la lucha contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y el abordaje de la prostitución (2019), con sesenta acciones para luchar contra la prostitución y la trata.
e) Diagnóstico sobre la situación de la prostitución y la trata y la explotación sexual de la infancia y la adolescencia en las Illes Balears, elaborado juntamente con la Universidad.
En el ámbito del abordaje o de la intervención en todas las islas:
a) Servicio 24 horas con atención telefónica y acompañamiento a las víctimas.
b) Centros de atención y centros de acogida para víctimas de violencia machista, y centros específicos para víctimas de trata y mujeres en situación de prostitución. En 2020 se cedieron tres pisos más para acogida de víctimas de trata o mujeres prostituidas que quisieran abandonar la prostitución.
c) Mesas de coordinación y prevención de la violencia machista. Proyecto de coordinación entre diferentes administraciones públicas, organismos y profesionales competentes y responsables en materia de detección, de prevención, atención y tratamiento de las situaciones de violencias machistas.
d) Protocolo de actuación frente al tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y abordaje de la prostitución.
e) Servicio automático de traducción a treinta idiomas para mujeres extranjeras.
Medidas de restitución:
a) Desde 2018 el programa Dona del Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB) y el Institut Balear de la Dona garantizan doce meses de trabajo a mujeres víctimas de violencia de género. Casi cuatrocientas mujeres se han beneficiado del programa que permite el acceso a puestos de trabajo relacionados con la administración o con entidades empresariales y aproximadamente un 30 % de inserción en el mundo laboral una vez finalizado.
b) Servicios de atención psicológica para víctimas de violencia y sus hijos e hijas.
c) Plan piloto, con la Cámara de Comercio, para el asesoramiento en creación de empresas en el que las víctimas de violencia de género tienen prioridad.
• COVID-19.
Medidas que se pusieron en marcha tras la declaración del estado de alarma.
— Refuerzo del servicio de atención telefónica y de acompañamiento del Institut Balear de la Dona.
— Servicio específico de atención a través de un número de WhatsApp.
Durante el confinamiento se atendió a más de 1000 mujeres, se hizo seguimiento a unas 98, y 47 acompañamientos presenciales, lo que supone un aumento del 20 %, si lo comparamos con el mismo período del 2019.
— Convenio de colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas para difundir material de sensibilización, prevención y atención en el interior de los edificios; con grandes cadenas de supermercados para colocación de carteles informativos sobre recursos y servicios de veinticuatro horas, y con el Colegio de Farmacéuticos para desarrollar la campaña Mascarilla-19.
— Incremento del número de plazas de acogida (se disponía de 81 plazas) con 23 apartamentos en la isla de Mallorca, en colaboración con la Federación Hotelera de Mallorca; en Menorca 6 plazas más, otras 15 en Ibiza y también en Formentera.
— Incremento del número de plazas de acogida para víctimas de trata y en situación de prostitución, pasando de 11 plazas a 40.
En la fecha de la comparecencia se mantenían abiertos estos nuevos recursos.
— Durante el estado de alarma se atendió a 548 mujeres en situación de prostitución, se establecieron ayudas al alquiler y para alimentación e higiene. Abono de la renta social garantizada de Baleares.
15. La Rioja
Marco normativo.
En la actualidad, Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja, no específicamente sobre la violencia de género, siendo voluntad del Gobierno presentar un proyecto de ley para ello.
• Medidas.
a) Legislativas.
b) Campañas de sensibilización.
c) Actuaciones en materia de educación y formación de profesionales.
d) Diseño de programas preventivos de intervención y tratamiento.
e) Intercambio de actuaciones con los medios de comunicación.
f) Medidas de protección y apoyo a las víctimas: alojamientos residenciales.
g) Promoción en la búsqueda de empleo.
h) Respuesta de los servicios de salud y los servicios sociales.
i) Acompañamiento y servicios de apoyo especializado en el ámbito asistencial: casas de acogida, atención e información por vía telemática o telefónica.
j) Protección a los menores.
k) Asistencia jurídica y asesoramiento por profesionales en las denuncias efectuadas.
• Recursos.
a) Oficinas de atención a la víctima de delito, con 16 profesionales del ámbito jurídico, psicológico, del trabajo social, administrativo y de la inserción laboral.
En 2019 se atendió a 1067 personas, de las que el 45 % eran víctimas de violencia de género. La atención se realiza, aunque no haya denuncia (lo que ocurre en un 52 % de los casos). Hubo 77 órdenes de protección y 31 personas dispusieron de sistemas de protección.
b) Circuitos de integración laboral y búsqueda de empleo.
c) 3 puntos de encuentro familiar.
d) En Justicia, formación a policías locales y a profesionales de la Administración de Justicia.
Convenios con los colegios profesionales de abogados y procuradores, y creación de 3 turnos para violencia de género: La Rioja Alta, La Rioja Centro y la Rioja Baja.
e) Máster específico para trabajadores sociales de servicios especializados. 2 equipos psicosociales compuestos por un psicólogo y un trabajador social. Está previsto reforzarlos con dos adicionales.
f) Centro asesor de la mujer. En 2019 atendió a 260 mujeres, de las cuales 222 eran víctimas de violencia de género. En 2020, han sido atendidas 157 mujeres.
g) 29 plazas residenciales. Está prevista la creación de un piso de tránsito, y dos pisos con 16 plazas destinadas a jóvenes gestantes y a madres jóvenes.
h) Campaña de sensibilización, incluida formación de profesionales de los medios de comunicación.
i) Con el Instituto Riojano de la Juventud se realizan talleres sobre el uso de nuevas tecnologías y violencia de género, sobre violencia de género en la adolescencia, e inmigración, para profesionales.
j) Programa sobre la violencia de género destinado a alumnos de tercero de ESO de La Rioja.
k) Proyectos para colectivos vulnerables —trata, explotación sexual y contextos de prostitución—.
l) Macroencuesta sobre violencia de género, y previsión de creación de una escuela de feminismo, denominada así por la Dirección General de Igualdad.
m) Revisión de materiales educativos, en infantil y primaria, en materia de igualdad y contra la violencia de género.
n) Centro de documentación de la mujer, y realización del informe «COVID-19 e impacto de género».
o) Campañas de sensibilización y elaboración de cuatro guías: para mujeres en situación de riesgo; para madres y padres; sobre violencia sexual, para jóvenes; y sobre recursos para la reconstitución integral de las mujeres.
p) Programa de formación sobre violencia de género de la Escuela de administración pública.
q) Ayudas al alquiler de vivienda.
• COVID-19.
Se aprobó el Plan de contingencia asegurando atención a víctimas tanto presencial como telefónica o telemática y se aumentaron los recursos con un piso más en la comunidad.
Se mantuvo la atención al menor con un servicio esencial de información y un teléfono de información, ambos de 24 horas. Se resolvieron las peticiones de alojamiento por vía de urgencia, y se mantuvieron el servicio de mediación y orientación familiar, a través del teléfono, y el de apoyo utilizando la red de alojamiento de mujeres.
Se adoptaron las medidas de prevención frente al COVID-19.
— Acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia para seguimiento telefónico y telemático, tras el cierre del punto de encuentro familiar.
Las oficinas de atención a la víctima mantuvieron la atención mediante seguimiento telefónico y telemático, y presencial cuando fue preciso, a través de cita previa. Ha habido un seguimiento a través también de tecnologías, de videoconferencias, de intervención telefónica, integral y de medidas, en coordinación con el ámbito judicial.
Se mantuvo el programa de atención a la violencia filoparental en hijos menores y el programa de reencuentro. Se han desarrollado también documentos específicos, ante la situación del estado de alarma.
— Medidas de coordinación con los servicios sociales de base o servicios sociales en atención primaria a través de las corporaciones locales, así como coordinación con otras instituciones, como la Delegación del Gobierno.
16. Castilla y León
Marco normativo.
— Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León.
— Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León.
— Decreto 22/2015, de 12 de marzo, de organización y funcionamiento del registro unificado de víctimas de violencia de género en Castilla y León.
— Decreto 15/2018, de 31 de mayo, por el que se regula la ayuda económica a huérfanos y huérfanas de víctimas de violencia de género en Castilla y León y el acceso gratuito a estudios universitarios.
— Decreto 2/2019, de 7 de febrero, de autorización y funcionamiento de los centros de la red de atención a las víctimas de violencia de género de Castilla y León.
— Orden FAM/445/2013, de 24 de mayo, por la que se crea el fichero denominado Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León.
• Pacto de Estado.
Ha coadyuvado a través de sus fondos a consolidar y reforzar el modelo regional de atención, ha permitido desarrollar nuevas medidas y mejorar o reorientar otras preexistentes.
El modelo Objetivo Violencia Cero y la financiación procedente del Pacto de Estado han consolidado el compromiso de la Junta de Castilla y León con las políticas públicas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En el año 2018 se ejecutaron 7 508 928,87 euros con cargo a los fondos del Pacto de Estado, a pesar de que la transferencia se produjo avanzado el ejercicio. Cerca de 5 millones de euros se destinaron al área de asistencia, incluyendo actuaciones en materia de equipos de acción social, apoyo psicológico y jurídico a las víctimas, servicios de traducción e interpretación telefónica a víctimas, recursos de atención integral a víctimas de violencia de género con una doble vulnerabilidad, etc. En 2019, la Comunidad Autónoma de Castilla y León comprometió 7 440 357,22 euros, el 100 % del crédito transferido y continuó colaborando con las corporaciones locales en atención social y psicológica a las víctimas de violencia de género. Más de 600 profesionales atendieron a 2789 mujeres.
Es esencial mejorar las condiciones de ejecución, las fechas de transferencia del crédito y dotar de flexibilidad a los procesos de aplicación.
a) Educación.
— Campaña «Entre Iguales», de sensibilización en el ámbito educativo.
— Impulso al interés de las mujeres por estudios STEM.
— Jornadas, en centros educativos de Ávila y Zamora, de formación y sensibilización sobre trata de mujeres y la explotación sexual.
— Con el Consejo de la Juventud de Castilla y León se trabaja en la formación en igualdad y prevención de la violencia de género con jóvenes y adolescentes.
— Firma del convenio marco de colaboración con las universidades públicas y privadas de Castilla y León para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género, y su concreción en convenios específicos para sensibilización y formación, investigación en igualdad y violencia de género, establecimiento de una red de responsables de igualdad y aplicación a cada universidad de un protocolo de detección y derivación de situaciones de violencia de género. Subvenciones directas por casi 240 000 euros.
b) Empleo.
— Colaboración con organizaciones sindicales y empresariales, en el ámbito del diálogo social, para la mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres, la promoción de la igualdad de oportunidades, la atención a las víctimas de violencia de género y la conciliación.
○ Subvención a los agentes económicos y sociales por importe de 728 500 euros —anualidades 2020 y 2021— para financiar actuaciones en el ámbito laboral y promoción de la igualdad, fomento de la conciliación y prevención de la violencia de género.
— Convenio suscrito entre la Gerencia de Servicios Sociales y la Fundación Santa María La Real para mejorar la empleabilidad de mujeres en distintas situaciones de vulnerabilidad.
○ Programa Empleo Mujer Castilla y León, en todas las provincias, dirigido a mujeres víctimas de violencia: evalúa y mejora la empleabilidad y establecimiento de una red empresarial de apoyo a las mujeres participantes mediante la intermediación laboral.
— En colaboración con las entidades locales, subvenciones por importe de 800 000 euros a diputaciones y ayuntamientos de más de 20 000 habitantes para la promoción de la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género.
• Medidas.
Formación y especialización permanente, a través del Plan de formación 2019-2022, de los profesionales que intervienen en la atención a víctimas de violencia de género. En 2019 se formaron 5534 profesionales. Las actuaciones formativas se diseñan ad hoc y se desarrollan tanto presencial como online, en todo el territorio.
Prevención y atención integral.
— Casas de acogida y Centros de emergencia: dan protección y alojamiento temporal a las víctimas de violencia y a las personas que dependen de ellas. Se han reforzado los recursos existentes tanto en emergencia como en acogida, aumentando el número de plazas disponibles y buscando la especialización en la atención.
— Dispositivos especializados para víctimas especialmente vulnerables (drogodependientes, con discapacidad, con enfermedad mental grave o víctimas de trata con fines de explotación sexual).
— Servicios de atención e información especializada sobre recursos existentes, tanto presenciales como telefónicos a través del 012 mujer.
— El servicio de asesoramiento a las víctimas complementa el asesoramiento jurídico con la orientación social a todas las víctimas. Hay dos nuevos programas: asistencia de abogado especializado en delitos contra la libertad sexual a lo largo del proceso judicial, y atención letrada profesional a huérfanos en materia civil, tributaria, administrativa, hipotecaria, etc. derivadas del fallecimiento de la mujer por violencia de género.
— Servicio de atención psicológica ilimitado en el tiempo en el caso de familiares de una víctima mortal de violencia de género.
— Programa de apoyo psicológico a los maltratadores, el programa Fénix.
— Servicios de inserción laboral para víctimas de violencia: Programa empleo mujer en Castilla y León, PEMCYL, ofrece formación en áreas que incrementen oportunidades de inserción laboral. Subvenciones, cofinanciadas con el Fondo social europeo, a empresas y entidades que contraten a mujeres víctimas de violencia de género.
— Ayudas económicas para la autonomía e independencia económica de las mujeres víctimas, y ayudas a huérfanos de víctimas mortales de violencia de género, regulada por el Decreto 15/2018, que supone la concesión de 5000 euros al año hasta la mayoría de edad de cada huérfano y el acceso gratuito a estudios universitarios tanto para las víctimas como para sus hijos e hijas.
Detección precoz, intensificando la colaboración con la administración sanitaria y educativa, desarrollando pautas y guías específicas para la detección y derivación a servicios sociales para la atención a estas víctimas.
• COVID-19.
Se elaboró un Plan de contingencia global que vinculaba a las administraciones regional y local y a las entidades del tercer sector, para dar una respuesta ágil y coordinada a las nuevas necesidades.
Se dio continuidad a todas las prestaciones garantizando atención integral a las víctimas.
— Sistema de monitoreo para seguimiento de la evolución del COVID-19 en centros de emergencia y casas de acogida. El incremento en el número de mujeres atendidas en las casas de acogida y centros de emergencia se hizo con recursos ordinarios. Finalizado el estado de alarma, la ocupación está por debajo del 50 %.
De las llamadas al 012 el mayor incremento se dio en las que buscaban información general sobre la mujer (55,6 % del total), un 28,2 % demandaban atención psicológica y un 16,63 %, asesoramiento jurídico.
El número de llamadas durante el estado de alarma se mantuvo en números similares a los de los meses anteriores. De ellas, un 34 % fueron transferidas desde el servicio telefónico 016.
Se puso en marcha el proyecto «Mujeres Atrapadas» (al que se destinaron 200 000 euros de fondos propios), para articular, a través de cinco entidades especializadas, una respuesta urgente a mujeres prostituidas y víctimas de trata con fines de explotación sexual en situación administrativa irregular. Se atendió a más de 900 mujeres y se realizaron 8400 intervenciones.
17. Extremadura
Marco normativo.
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.
• COVID-19.
En consonancia con el Plan de Contingencia del Ministerio de Igualdad, fue declarado esencial el Servicio de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género, y se estableció una coordinación con diferentes recursos: los números de teléfono 016, 112, 091, 062, el número 900 11 60 16 de atención para mujeres con diversidad auditiva y del habla, correo electrónico del 016, WhatsApp del Ministerio de Igualdad, aplicación AlertCops.
Se mantuvo y garantizó la atención a víctimas y el funcionamiento de los servicios de asistencia integral dando respuesta de emergencia y acogida a las víctimas a través de las casas de la mujer, la asistencia jurídica, social y psicológica.
— Nuevos recursos de acogida en establecimientos de alojamiento turístico y campañas de prevención, incluida Mascarilla-19.
— Ayudas de urgencia a víctimas de trata y mujeres en contextos de prostitución para alquiler de vivienda.
Del 16 de marzo al 21 de junio de 2020 se recibieron 146 denuncias, lo que es una reducción del 11,93 % con respecto al mismo período del 2019. El Observatorio estatal de violencia sobre la mujer y la Delegación del Gobierno contra la violencia de género en Extremadura trasladan durante el periodo de vigencia del estado de alarma 441 llamadas en los teléfonos de urgencia del 016, lo que supone un incremento de un 5,09 % con respecto al mismo período del año 2019.
• Pacto de Estado.
En 2018 Extremadura recibió 4 620 611,29 euros del Pacto de Estado y ejecutó un 75,25 %. En 2019, recibió 4 631 572,52 euros y ejecutó el 99,68 %, además de los remanentes de 2018 —aproximadamente 1 143 736,93 euros—.
• Medidas y recursos.
V Plan estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres de Extremadura (2017-2021). Elaborado con participación de grupos de trabajo, asociaciones profesionales, ciudadanía en general, y consensuado con los agentes económicos y sociales y con los grupos parlamentarios. Está dotado con más de 241 millones de euros.
— Estrategia contra la violencia de género (23 millones de euros).
— Estrategia integral para prevención y atención a mujeres y menores víctimas.
— Comisión permanente para la prevención y la erradicación de la violencia de género en Extremadura (2013).
— Coordina, impulsa, supervisa y evalúa actuaciones en la lucha contra la violencia de género.
— Protocolo interdepartamental para la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres en Extremadura (actualizado en 2019).
El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) cuenta con 36 Oficinas de igualdad y 65 profesionales. Desarrollan:
— Acciones de prevención y sensibilización. En 2019 aproximadamente 1000 acciones llegaron a 24 000 personas.
— Atención directa a víctimas. En 2019 atendieron a 3600 mujeres.
El Juzgado de Badajoz es el único especializado en materia de violencia de género en Extremadura. Está prevista la puesta en marcha de otro en Cáceres.
Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género.
— Casa de la mujer (en Cáceres y en Badajoz):
○ 56 plazas de acogida que en 2019 atendieron a 66 mujeres y 58 menores.
○ Servicio de Atención integral social, psicológico y jurídico. Se atendió a 6289 víctimas.
— 12 viviendas de estancia temporal. Protocolo con la consejería competente en materia de vivienda para la adjudicación directa de viviendas por motivos de violencia de género.
— Red de atención psicológica, con 22 puntos repartidos por la comunidad autónoma y 24 profesionales. En 2019 atendieron a 1609 mujeres.
— Servicio de atención a menores, de carácter itinerante. En 2019 y atendió a 305 menores y 203 familias.
— Programa de atención psicológica de urgencia. Operativo 24 horas y 365 días al año. Los profesionales se desplazan a la localidad de las víctimas y las acompañan en los primeros momentos de los procesos judiciales. En 2019, realizaron 188 intervenciones.
Programa de Recuperación integral de mujeres víctimas de violencia de género (PRIMEX), para un acompañamiento individualizado y recuperación integral de las víctimas. En 2019 se trabajó con 427 mujeres.
Programa de intervención para la detección, atención y prevención de las violencias sexuales.
Campañas de sensibilización: «Si no te dice sí, es no. Respétala», y espacios de atención, información y ayuda a las víctimas a través de los puntos violetas.
I Plan extremeño de prevención y sensibilización contra la trata de mujeres (2017). Se trabaja ya en el diseño y planificación de estrategias y acciones del segundo plan y en un Plan de recuperación integral para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y para mujeres en contextos de prostitución.
Políticas dirigidas a mujeres mayores de 60 años, por la especial situación de indefensión que padecen ante la violencia de género, y con discapacidad. Acciones para la detección, atención e intervención en violencia de género ejercida hacia las mujeres con diversidad funcional.
Inserción laboral.
— Proyectos «Emma» y «Enrédate» para mujeres en riesgo de exclusión social, minorías étnicas y mujeres de etnia gitana.
— Oficinas de igualdad de género en el empleo, con UGT y Comisiones Obreras, desde la que se trabaja en diferentes vertientes. En 2019 se atendieron 1230 consultas, entre las que destacan las relacionadas con la conciliación familiar y laboral.
Elaboración de un estudio sobre conciliación, corresponsabilidad y brecha salarial en Extremadura. Es el preámbulo para la Estrategia de conciliación y corresponsabilidad y la Estrategia de igualdad salarial y laboral.
18. Melilla
• Centro de Información y Asesoramiento de la Mujer, puesto en marcha en 2002, y adscrito a la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla, es el centro de información y asesoramiento de la mujer y el punto de coordinación de las órdenes de protección.
Presta atención integral a las mujeres: información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de sus derechos, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva dirigida a su desarrollo personal y apoyo a su formación e inserción laboral.
Está integrado por una trabajadora social, una licenciada en Derecho y un psicólogo, todos con titulaciones en violencia de género.
• Recursos.
— Oficina de Integración Social. Dirigida a los distritos más desfavorecidos de la ciudad —los distritos cuarto y quinto—, ofrece formación de alfabetización para la inserción sociolaboral para mujeres y un taller en el área infantil para favorecer la conciliación.
Es, también, punto de información y orientación para mujeres de esas zonas.
— 2 centros de acogida financiados juntamente con fondos propios y del Pacto de Estado.
○ Piso tutelado que puede acoger hasta a 17 personas.
○ Casa de acogida de Cruz Roja, servicio de atención, protección y promoción a la mujer, así como servicio de emergencia y acogida temporal. Dispone de 16 plazas y ofrece atención integral, apoyo psicológico, alojamiento y atención jurídica, social y laboral.
— Taller de Refuerzo Educativo para hijos e hijas víctimas de violencia de género.
— Formación y colaboración con ONG que trabajan con mujeres y menores en situación de prostitución y de trata.
• COVID-19.
— Creación de un recurso extraordinario para mujeres en contextos de prostitución y trata, y víctimas de agresiones sexuales para dar respuesta a la especial idiosincrasia de la ciudad.
• Pacto de Estado. Proyectos.
a) Coeducación.
Responsables de coeducación en colegios e institutos. Para prevenir y sensibilizar en violencia de género y violencia hacia la mujer.
Coeducadores sociales. Para apoyar al equipo de igualdad de cada uno de los centros educativos.
b) Punto Violeta.
Espacio itinerante, público y seguro, de información, atención y sensibilización frente a la violencia. Las distintas campañas están dirigidas a la población juvenil y buscan promover la reflexión en torno a la desigualdad de género y las relaciones respetuosas y bien construidas.
c) Programa de conciliación.
Destinado a víctimas de violencia para facilitar su formación e inserción laboral.
• Otros programas.
a) Educación.
La Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial y la Universidad de Granada organizan el programa «Escuelas por la igualdad», que cuenta con algunos de los mejores ponentes en coeducación. También se organizó formación en educación para la diversidad.
b) Tercer recurso de acogida.
Centro de emergencia 24 horas, 7 días a la semana, para mujeres en contextos de prostitución y de trata. Gestionado por Cruz Roja, se pondrá en marcha de forma inminente.
c) Revisión del Plan de igualdad.
19. Ceuta
• Recursos.
Centro Asesor de la Mujer. Servicio social especializado de planificación, impulso y coordinación de las políticas de igualdad y atención a mujeres víctimas de violencia de género, equipo multidisciplinar y cinco departamentos: Atención Social, Apoyo Psicológico, Atención Jurídica, Apoyo Educativo y el departamento de Animación y Talleres (alfabetización, teatro, gimnasia y corte y confección).
Programa Integralia. Cuenta con dos áreas:
— Servicio de Atención Psicosocial para Mujeres y Menores Hijos e Hijas de Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
— Servicio de Atención Psicosocial para la población extranjera inmigrante víctima de violencia de género.
Recursos de acogida.
— Centro de emergencia. Da atención especializada de carácter inmediato y urgente, las 24 horas al día, a mujeres y a sus hijos e hijas menores en situación de violencia.
— Casa de acogida. Ofrece tratamiento integral de recuperación desde el ámbito psicológico, educativo, sociolaboral y jurídico.
— Piso tutelado. Recurso para mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo, que han finalizado su proceso de atención en la casa de acogida, pero que continúan precisando de apoyo en la consecución de su autonomía personal.
— Punto de encuentro familiar.
• Aspectos que destacar de la intervención con las víctimas de violencia de género en la Ciudad de Ceuta.
En la mayoría de los casos las mujeres tienen menores a su cargo.
Casi un 30 % son extranjeras, la mayoría en situación irregular, algunas con permiso de residencia o trabajo. En la casi totalidad de los casos, tienen hijos y en algunos casos estos hijos son españoles, aunque sus madres no lo son.
El nivel de estudios de un 64 % de las mujeres es muy bajo (sin estudios o primarios incompletos) lo que repercute en la alta tasa de desempleo observado (un 75 % de las mujeres atendidas están en situación de desempleo).
La atención a mujeres mayores víctimas de violencia de género por parte de las instituciones es escasa, por lo que habría que incidir en programas de detección de mujeres mayores víctimas de violencia.
• Obstáculos y problemáticas específicas de las mujeres víctimas de violencia de género en la Ciudad de Ceuta.
— Falta de comprensión sobre procedimientos policiales y judiciales subsiguientes a la denuncia. Situaciones de irregularidad en mujeres extranjeras.
— Baja autoestima y problemas de ansiedad, culpabilidad, depresión, etc.
— Escasez de recursos económicos. Desempleo. Problemas de vivienda. Déficit de competencias educativas, culturales y lingüísticas.
— Débiles redes de parentesco, sociales y de amistad. Soledad. Aislamiento.
• COVID-19.
Se mantuvieron la atención y el funcionamiento en el Centro de emergencia y la casa de acogida, incrementando la prestación de asesoramiento especializado telefónico.
Se planificó el incremento de plazas de acogida de mujeres víctimas en caso de saturación de los recursos existentes y se difundieron los recursos de titularidad estatal: teléfono 016; apoyo psicológico por WhatsApp; AlertCops del Ministerio del Interior.
— Campaña «Mascarilla-19» en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos.
— Notable descenso de denuncias durante el confinamiento y 0 ingresos en los recursos de acogida. Incremento significativo en las consultas telefónicas con las asesorías jurídicas, sociales y psicológicas.
Finalizado el confinamiento, las consultas recuperaron cifras similares a los momentos anteriores a la declaración del estado de alarma. Se observa que se han incrementado significativamente las solicitudes de información relacionadas con prestaciones económicas y sociales.
El agravamiento de la situación económica ha incrementado la vulnerabilidad de las víctimas, pues la precariedad laboral y económica incide negativamente en la toma de iniciativas o decisiones para salir de una situación de violencia de género.
• Pacto de Estado.
○ La mayor inversión se ha destinado al ámbito educativo, aunque es una competencia de la Administración General del Estado.
a) Programa de intervención socioeducativa para la prevención, sensibilización y formación en materia de educación para la igualdad de género, prevención de la violencia machista y las agresiones sexuales y educación para evitar cualquier discriminación por orientación sexual o identidad de género.
b) Proyecto «Maletas viajeras» de refuerzo de la educación en igualdad a través de la lectura. Las maletas contienen un surtido de libros para todas las edades y temática adecuada.
c) Programa Integral de Prevención y Atención al maltrato infantil y otras formas de violencia a niños, niñas y adolescentes.
d) Programa de coeducación muy ambicioso, guías didácticas para el profesorado y cuadernillos para el alumnado de los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
○ Campañas de sensibilización en todos los medios de comunicación locales: prensa, radio y TV, redes sociales y pantallas leds. Inserción en medios de transporte públicos (autobuses y taxis).
○ Mejora de la respuesta institucional a las víctimas.
a) Protocolo de coordinación, colaboración y cooperación interinstitucional con la Delegación del Gobierno y la ciudad autónoma.
b) Proyectos de investigación:
— Estudio sobre la percepción de la igualdad en la Ciudad de Ceuta.
— La condición de Ceuta como ciudad transfronteriza, su impacto y repercusión en la población mujer y, más concretamente, en el fenómeno de la violencia de género.
— Investigación y diagnóstico acerca de la incidencia e impacto de la violencia sobre la mujer en situación de vulnerabilidad: Mujeres mayores.
— Estudio diagnóstico sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual en Ceuta y sus determinantes en la violencia hacia la mujer.
— Estudio diagnóstico sobre la prostitución en Ceuta y sus determinantes en la violencia hacia la mujer.
c) Servicio de acompañamiento psicológico especializado y permanente para las mujeres y sus hijos/as menores que sufren violencia de género en Ceuta.
○ Programa de inserción sociolaboral para víctimas.
Cualificación profesional en comercio, hostelería, administración / contabilidad / ofimática.
Escuela Online para la Formación Multidisciplinar de Profesionales que intervienen en la atención y la prevención de la violencia de género. Dirigida a profesionales del ámbito de la justicia, sanidad, servicios sociales, etc.
III. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
La Comisión Especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género aprobadas en el marco del Pacto de Estado tiene encomendada la tarea de evaluar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Senado y que —sumados a los suscritos por el Congreso— sirvieron de base para la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del año 2017.
Para desarrollar este cometido, y también con el objetivo de conocer la realidad de la violencia de género con un enfoque territorial, la Comisión diseñó un plan de trabajo que se inició en septiembre de 2020. Se planteó también el interés en analizar si las medidas del Pacto de Estado habían servido para dar respuesta a la situación de confinamiento domiciliario derivado de las medidas adoptadas por la COVID-19 entre los meses de marzo y junio de 2020. Se trataba de una situación inédita y especialmente difícil para las mujeres que sufren violencia en su entorno inmediato, mujeres que se vieron obligadas a convivir con sus agresores las 24 horas de cada día, los siete días de la semana.
Teniendo en cuenta que el Senado es la Cámara de representación territorial, se convocó, en primer lugar, a las comunidades autónomas y a los municipios, representados por la Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante, FEMP); también han comparecido en la Comisión las máximas responsables del Ministerio de Igualdad, de la Fiscalía, del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, como órgano colegiado interministerial responsable del seguimiento, evaluación y asesoramiento de esta política pública, y representantes de mujeres juristas, rurales, con discapacidad, gitanas o que trabajan para la recuperación de mujeres víctimas de trata y prostitución, así como profesionales del periodismo, la educación, la consultoría, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La primera de las sesiones tuvo lugar el 7 de septiembre de 2020 y, desde entonces, la Comisión se reunió en 17 ocasiones dando la palabra a 39 comparecientes: la ministra de Igualdad, Irene Montero Gil; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell Aguilar; la vicepresidenta del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, Yolanda Besteiro de la Fuente; responsables de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, en concreto, la presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres, Laura Martínez Portell; la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz Domínguez; el consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga Martínez; la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Isabel Franco Sánchez; la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra Jarque; la consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana Somoza; la directora general de Igualdad del Principado de Asturias, Nuria Varela Menéndez; el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero Zubiri; la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández Morena; el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez Apesteguía; la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, María Teresa Pérez Esteban; la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco, Beatriz Artolazabal Albeniz y la directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, Izaskun Landaida Larizgoitia; la directora del Instituto Canario de Igualdad, Mónica Fumero Purriños; la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad del Gobierno de las Illes Balears, Pilar Costa i Serra; el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja, Pablo Rubio Medrano; la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, María Isabel Blanco Llamas; la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Estela Contreras Asturiano; la consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla, Elena Fernández Treviño; la consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Dunia Mohamed Mohand; la presidenta de la Comisión de Igualdad de la FEMP, María Eugenia Rufino Morales; la Fiscal de Sala delegada de Violencia sobre la mujer, Pilar Martín Nájera; la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, María Ángeles Carmona Vergara; la responsable del Área de Violencia de Género, Estudios y Formación de la Secretaría de Estado de Seguridad del ministerio del Interior, María Jesús Cantos Cebrián; la comandante jefa del Grupo de Delitos Contra las Personas de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, María Luisa Calcerrada Alcázar; la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, María de los Ángeles Jaime de Pablo; la secretaria de COCEMFE, Marta Valencia Betrán; la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez Narváez; la presidenta de FADEMUR, Teresa López López; la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla Barba; la directiva de FAKALI, Carmen Filigrana García; la directora de APRAMP, Rocío Mora Nieto y la coordinadora del Departamento Jurídico del Teléfono ANAR, Sonsoles Bartolomé García de Acilu y el director de programas de dicha fundación, Benjamín Ballesteros Barrado. Participaron también la profesora de derecho público de la Universidad del País Vasco, Miren Ortubay Fuentes; la directora de Sortzen Consultoría, Norma Vázquez García; la escritora y profesora Begoña Garrido Riazuelo; y la periodista Ana Isabel Bernal Triviño.
Las intervenciones de quienes comparecieron han servido para trasladarnos una imagen tan dura como real de la situación de la violencia machista en nuestro país. Esta realidad se refleja también de forma muy clara en los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019. La persistencia de la violencia que se ejerce sobre las mujeres —de la que las 1192 mujeres asesinadas desde el año 2003, y los y las 49 menores asesinadas desde 2013 constituyen el más dramático y doloroso ejemplo— pone de manifiesto que estamos ante un fenómeno estructural, en muchas ocasiones silenciado; un fenómeno que representa una grave vulneración de los derechos de las mujeres en España frente al que no podemos ni queremos permanecer impasibles.
Todas las personas que comparecieron coincidieron, sin ambages, en una valoración positiva del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y manifestaron que es importante mantener el acuerdo político y social, y garantizar su permanencia, al tiempo que alertaron del riesgo derivado de cierto incremento de discursos que niegan la violencia machista. En este sentido, resulta imprescindible trabajar de forma consensuada entre todos los agentes implicados y los partidos políticos para que la lucha contra la violencia de género siga teniendo la consideración de una política de Estado.
Efectivamente, el Pacto de Estado, además de ser una herramienta esencial en la lucha contra la violencia de género, constituye un verdadero hito político al situar a esta violencia concreta y singular en el centro de las políticas públicas.
Quienes comparecieron valoraron muy positivamente el consenso político, social e institucional de este Pacto, así como su carácter de política integral y transversal y su dotación presupuestaria. También es general el pronunciamiento sobre la necesidad de mantener su vigencia —una vez evaluado y actualizado— y consolidar su dotación presupuestaria más allá del periodo temporal inicialmente previsto. Se valora además positivamente la participación social del movimiento asociativo de mujeres en su elaboración y en el seguimiento de sus ejes y medidas.
En consecuencia, la Comisión considera imprescindible:
La permanencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para continuar vertebrando nuestra respuesta como país frente a la violencia machista, con la actualización y renovación del mismo.
Contar con una financiación estable. Renovar y mantener el Pacto de Estado debe llevar aparejado un compromiso de financiación para que las políticas públicas que lo integran, y que permiten avanzar en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, dispongan de un presupuesto suficiente y adecuado, con independencia del ciclo económico.
Consolidar un sistema de co-gobernanza, de cooperación institucional y de actuación especializada, por parte de todas las administraciones, respetando el ámbito competencial y siguiendo el espíritu del Pacto de Estado.
A lo largo de las reuniones de la Comisión se constató la necesidad de profundizar en las medidas de prevención de la violencia para avanzar en su erradicación. En este sentido, hay coincidencia en la necesidad de poner el acento en la educación, en la formación de los y las diferentes profesionales que intervienen en el proceso de apoyo a las víctimas, y en la importancia de abordar la lucha contra la violencia de género con una perspectiva integral.
Además, deben equilibrarse la necesidad perentoria de atender a las víctimas, de protegerlas y acompañarlas a lo largo del complicado y, en muchos casos, doloroso proceso que las ayude a salir de la espiral de violencia que sufren, a recuperar su autoestima, y a iniciar una vida autónoma, sin maltrato, con los esfuerzos y atención al también necesario impulso que se debe dar a las políticas de igualdad. Sin esto último, se redunda en la cronificación del problema porque, mientras persista una desigualdad estructural, no se podrá erradicar la violencia machista.
Eje 1. La ruptura del silencio: sensibilización y prevención.
1. Educación
Hay un amplio consenso acerca de que el sistema educativo es una herramienta imprescindible en la consecución de una sociedad en la que hombres y mujeres tengan igualdad real de oportunidades y de desarrollo personal.
En las sesiones de la Comisión hubo comparecientes que se refirieron al papel catalizador de la educación para el cambio social y como garante del logro de los derechos humanos fundamentales.
La escuela, desde la etapa 0-3 años, además de formar al alumnado en contenidos, es el ámbito en el que se establecen mecanismos de socialización y donde se trabajan la tolerancia y el respeto interpersonal. Es en las primeras etapas educativas (0-3 años, infantil y primaria) donde se puede avanzar en la eliminación de estereotipos y en la superación de los roles tradicionalmente asignados a niños y niñas, objetivos que se mantienen, adaptados a la evolución del alumnado, en la educación secundaria, bachillerato y formación profesional.
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ambas aprobadas en esta XIV Legislatura, así como las leyes de educación y planes educativos de distintas comunidades autónomas, y sus pasos hacia escuelas coeducativas, suponen avances importantes para la puesta en marcha de programas que fomenten la igualdad y la prevención de la violencia machista en el ámbito educativo, dando cumplimiento a lo previsto en el Pacto de Estado y estableciendo nuevos compromisos que deben incorporarse a su renovación, como son:
— el valor de la coeducación,
— el papel de la educación en la conformación de un pensamiento crítico ante el sexismo,
— formación afectiva y sexual en igualdad,
— inclusión de la prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas,
— potenciar la figura del profesor o profesora responsable de coeducación,
— establecimiento de protocolos de detección precoz de la violencia,
— promoción de actividades formativas para la prevención y la actuación ante la violencia sexual,
— incorporar la concienciación sobre nuevas formas de violencia contra la mujer (por medios digitales, mediante sumisión química, etc.) en la formación y educación,
— insistir en la perspectiva de género en la educación física y deportiva.
Sin olvidar la necesidad de incluir la educación para la igualdad de género en los programas de innovación y mejora de la calidad de los centros escolares, de potenciar el trabajo en el seno de las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas y de incrementar los contenidos de igualdad en los currículos de primaria, secundaria y bachillerato, incorporándolos al currículum de la educación infantil.
Ello debe realizarse en coherencia con el régimen competencial en materia de educación y la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas en lo relativo a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas.
Se valora positivamente el impulso de actuaciones contra la violencia de género en los consejos escolares, y también la inclusión del Plan Estratégico de Convivencia Escolar como desarrollo del eje de educación en igualdad y socialización para la prevención de la violencia de género. Entre otras medidas, se propone trabajar en un repositorio de buenas prácticas y contenidos que permitan el intercambio de experiencias eficaces en el ámbito educativo, y en una escuela tolerante e igualitaria.
Hemos constatado que algunas comunidades autónomas tienen experiencia en el diseño y desarrollo de planes educativos que incorporan propuestas de coeducación y ya tienen experiencia en la planificación, creación de estructuras, de normativa, de programas o materiales para una escuela inclusiva. También se afirma la importancia de que la coeducación incorpore todas las etapas, desde 0-3 años hasta la universidad.
Se manifestó asimismo la necesidad de que la universidad incorpore un área de conocimiento específica en violencia de género, considerándose inexplicable que aún no exista. Al mismo tiempo, se hizo hincapié en que las administraciones públicas se ven obligadas a invertir recursos públicos para formar en violencia de género a profesionales de otras áreas.
En este sentido, desde el respeto a las competencias de las comunidades autónomas, se señala la importancia de:
— potenciar la introducción de materias de igualdad y prevención de la violencia de género en las titulaciones universitarias, tanto en la formación inicial como en la permanente.
— Fomentar la investigación en las universidades.
— Establecer protocolos educativos de violencia de género con indicadores que ayuden a identificar procedimientos de detección, actuación e intervención.
— Tener en cuenta la perspectiva intercultural.
2. Campañas
Es necesario que se sigan realizando campañas de información dirigidas a las mujeres que sufren violencia, difundiendo las medidas y los recursos públicos de que disponen para hacerle frente, así como campañas de sensibilización, elaboradas por profesionales, y dirigidas al conjunto de la sociedad.
Dichas campañas de sensibilización deben dirigirse a los hombres, también jóvenes y adolescentes, y poner el foco en el rechazo social al maltratador, acabando con la sensación de impunidad y evitando revictimizar a la mujer que sufre esta violencia.
En el diseño de campañas informativas y de sensibilización hay que tener en cuenta, además de los formatos tradicionales, el importante papel que desempeñan las redes sociales en la comunicación actual, incluyendo a los jóvenes desde una temprana edad, para prevenir comportamientos que se pueden manifestar según vayan creciendo.
Las campañas también deben reflejar más y mejor la diversidad de las mujeres, incluyendo imágenes referidas a mujeres gitanas, mujeres mayores, mujeres jóvenes, emigradas, trans, del mundo rural o con discapacidad, visibilizando otros contextos de vulnerabilidad en los que la violencia de género suele intensificarse.
Respecto de la medida 29 del Pacto de Estado, que exige tener en cuenta en las campañas y materiales informativos los distintos tipos de discapacidad, se hacen necesarias más acciones de sensibilización y prevención de la violencia de género que sean accesibles a las mujeres y niñas con discapacidad para garantizar su protección.
En suma, las campañas de sensibilización tienen que ser específicas y con poblaciones diana.
3. Sectores vulnerables
Una mejor atención a mujeres especialmente vulnerables por su origen étnico y/o racial, a mujeres con discapacidad, migrantes, rurales, trans o mayores, requiere de programas concretos que tengan en cuenta sus especificidades.
Los programas de formación de los profesionales deben incorporar también la realidad de estas mujeres y su doble vulnerabilidad.
4. Medios
Los medios de comunicación pueden y deben desempeñar un papel más importante en la prevención y la erradicación de la violencia de género, fomentando un cambio de actitud y rompiendo estereotipos y roles sexistas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se señala lo siguiente:
— Es necesario reforzar la medida 38 del Pacto de Estado con una campaña de conocimiento del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, organismo poco conocido, así como dar una mayor difusión a sus informes. De la misma manera, se deben conocer los distintos observatorios y Comisiones asesoras de las comunidades autónomas y entidades locales y la necesaria colaboración y cooperación entre los observatorios nacionales, autonómicos y locales.
— También la medida 42, sobre el sistema de coordinación, cooperación y corregulación para eliminar referencias potencialmente nocivas en la web que promuevan la violencia contra las mujeres, debe ir más allá y no considerar estos problemas al margen de la realidad informativa.
— Respecto a la medida 43, sobre la divulgación en los medios de comunicación de sentencias condenatorias, hay que insistir en que se debe tratar la información de violencia de género como un delito, no como un suceso.
— En lo que tiene que ver con la medida 47, en cuanto a la corregulación, la especialización y formación de profesionales de comunicación y publicidad, se hace evidente la necesidad de especialistas de la información de violencia de género, por lo que la Comisión insiste en la importancia de la formación de estos profesionales para realizar una adecuada comunicación y un uso correcto del lenguaje en esta materia. Además, constatamos que existen mecanismos de sanción respecto de la publicidad sexista, pero no en la información, clave para concienciar a la sociedad y para el reconocimiento de las víctimas.
Asimismo, es interesante compartir las distintas iniciativas de las comunidades autónomas, con relación a cómo deben los medios de comunicación informar sobre los casos de violencia machista contra las mujeres.
Finalmente destacamos, en lo que hace referencia a la medida 56, sobre las necesidades informativas de la juventud, que las medidas del Pacto no solo deben ir dirigidas a los medios de comunicación tradicionales, sino también incorporar empresas de redes sociales, con contenidos que alejen del odio y la misoginia.
Eje 2. La mejora de la respuesta institucional a través de la coordinación y el trabajo en red entre las autoridades y organismos responsables.
Las medidas incluidas en este eje implican maximizar el uso de los medios e instrumentos disponibles, para la mejora de la atención en el ámbito de la violencia machista contra las mujeres, aumentando los recursos y perfeccionando los protocolos de actuación y de comunicación entre los diferentes agentes intervinientes.
En este sentido, en las reuniones de la Comisión se planteó la importancia de apostar por un enfoque integral a la hora de diseñar las políticas de igualdad y contra la violencia machista, considerando que su gestión debe ser multidimensional, multisectorial y transversal, sin olvidar que uno de los elementos centrales de la respuesta institucional a la violencia de género es la coordinación entre instituciones y administraciones, ya que constituye una garantía para que la atención sea integral, multidisciplinar, sistemática y sostenida.
Por otro lado, teniendo en cuenta que los recursos humanos de los ayuntamientos pequeños son muy limitados y con el objetivo de que puedan desarrollar las campañas de sensibilización para las que están previstos los fondos del Pacto de Estado, se proponen fórmulas de cooperación interadministrativa con el objetivo de que determinadas actuaciones puedan impulsarse desde varios municipios.
1. Internacional
Destaca aquí el cumplimiento de la medida 63 del Pacto de Estado a partir del protocolo de actuación de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Empleo y Seguridad Social, y Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, firmado en el año 2015, y, más recientemente, la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024.
2. Genérico
En relación con la medida 65, hay que destacar el Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y su colaboración con los órganos homólogos o similares de igualdad de las comunidades autónomas, lo que ha permitido la creación de un espacio de trabajo interinstitucional, que facilita el conocimiento de las actuaciones, herramientas y protocolos contra la violencia de género.
No obstante lo anterior, se considera que:
— debe fortalecerse el pacto a nivel institucional para hacer frente al negacionismo,
— y asegurar su permanencia temporal, evaluación permanente y actualización,
— promoviendo el consenso institucional, político y social en el diseño de las medidas y en su ejecución y evaluación, como muestra del compromiso de todas las instituciones.
Durante la pandemia de la COVID-19, escuchadas las distintas comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Igualdad, se crearon mecanismos específicos a través del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, destacando, especialmente, que los servicios directos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género tuvieran la consideración de servicios esenciales.
Sobre la necesidad de poner en marcha un mecanismo de participación de las organizaciones de la sociedad civil a nivel institucional, como establecen las medidas 67 y 68 del Pacto, contamos con el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, así como con los diferentes órganos de coordinación y planes estratégicos de las comunidades autónomas, y con otras medidas de coordinación básicas para poder ejecutar de forma eficaz y eficiente las medidas del Pacto.
En todo caso, se debería incorporar al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer a asociaciones representativas de las mujeres rurales, como la presidenta de FADEMUR solicitó en su comparecencia.
El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, modificó el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para permitir el acceso de las mujeres víctimas a los recursos de apoyo del Título II de la misma sin necesidad de interponer previamente una denuncia. La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, ha perfeccionado nuevamente el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, ampliando el acceso a todos los recursos de la ley integral sin la interposición de la denuncia. Y las comunidades autónomas han diseñado procedimientos para hacer efectivo su desarrollo. Se atiende así la recomendación de las medidas 70 y 71 del Pacto de Estado, lo que cuenta con una unánime valoración positiva.
Sin embargo, teniendo en cuenta que con la aprobación de la antes citada Ley Orgánica 8/2021 los y las menores pueden ser considerados víctimas, se hace conveniente analizar la posibilidad de tener en cuenta su situación y facilitar, si fuera necesario, el acceso a todos los recursos, incluidos los tratamientos psicológicos, siempre que cuenten con la acreditación previa de los servicios sociales. En este sentido, la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, contempla una reforma del artículo 156 del Código Civil por la que, en determinados supuestos, basta el consentimiento de uno de los progenitores para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad. Tales supuestos incluyen ahora el que, aunque no se haya interpuesto denuncia previa, la mujer esté recibiendo asistencia en un servicio especializado de violencia de género, siempre que medie informe emitido por dicho servicio que acredite dicha situación.
En cualquier caso, más allá del necesario refuerzo del sistema de acreditación de las víctimas, no supeditado a la interposición de una denuncia, deben mantenerse y acentuarse las medidas de sensibilización y apoyo para dicha interposición de la denuncia, tanto por la propia mujer como por su entorno, teniendo en cuenta que muchas víctimas no acuden a los servicios alternativos que les pueden acreditar dicha condición.
Por otro lado, hay que reforzar todo lo relacionado con la medida 73 del Pacto, sobre las unidades de apoyo o las unidades de referencia en el ámbito local para el seguimiento individualizado, que se cumple parcialmente porque, en general, todavía se está lejos de establecer planes individualizados para las víctimas. Esta planificación requiere una atención permanente, una actuación urgente y la especialización y multidisciplinariedad profesional, así como una dotación económica adecuada.
Por otra parte, y atendiendo a la medida 74 del Pacto sobre la asistencia jurídica en las referidas unidades de apoyo o de referencia, se debe incrementar la dotación económica para que puedan seguir prestando asistencia jurídica aquellas organizaciones y asociaciones que lo vienen haciendo.
Los planes estratégicos o acuerdos interinstitucionales para la coordinación de la atención a víctimas de violencia machista contra las mujeres de las comunidades autónomas deben asegurar la protección de las mujeres víctimas que retiran la denuncia (conforme a la medida 84) mediante una intervención integral que asegure una mayor coordinación de los servicios sociales, sanitarios y policiales, en la medida de las competencias de cada administración.
En la consecución de este objetivo juegan un papel importante los ayuntamientos como administración más cercana, por lo que se debe incentivar la firma de pactos locales por la igualdad o protocolos municipales de coordinación frente a la violencia machista.
Igualmente, se hace necesario promover la especialización en violencia machista de los y las trabajadores sociales, de las agentes de igualdad y de aquellos profesionales que intervienen en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género para que desarrollen el papel de coordinación de los planes y protocolos, evitando la revictimización de las mujeres que sufren violencia machista. E incorporar el establecimiento de una «ventanilla única» que no esté situada en el ámbito penal.
Es importante que el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, haya modificado el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, incorporando a las competencias propias de los municipios la igualdad entre hombres y mujeres y la protección de las víctimas de la violencia machista.
Para finalizar, se valora positivamente la colaboración que en los distintos planes y protocolos se da entre las entidades locales con los distintos agentes, a nivel sanitario, policial, judicial, social, educativo, asociaciones de mujeres, movimiento feminista y tercer sector.
3. Laboral
Sigue siendo necesario reforzar todas las medidas que faciliten la autonomía económica de las mujeres víctimas, incluyendo las formativas y de inserción laboral.
En el ámbito de la función pública se debe seguir haciendo efectivo el cumplimiento de las medidas 85 y 87 del Pacto de Estado con la difusión y promoción de:
— El protocolo de movilidad para funcionarias víctimas de violencia machista que regula la Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el I Acuerdo de movilidad del personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado.
— El Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado.
Sobre la previsión de trasladar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para su seguimiento, los casos de violencia identificados en las empresas cuando suponen perjuicios laborales o económicos por bajas o ausencias, de la medida 89 del Pacto de Estado, hacen falta más recursos para hacerla efectiva.
Teniendo en cuenta que son aún pocas las empresas que cuentan con protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de género, previstos en la medida 92, que son las pequeñas y medianas empresas las que presentan más dificultades en su cumplimiento y que apenas existen acciones específicas orientadas a la eliminación de la violencia de género en los planes de responsabilidad social corporativa, se constata la necesidad de promoción de esta medida, regulada en el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, con el seguimiento y sanción en su caso por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
4. Seguridad
Hay que seguir mejorando el sistema de seguimiento integral y valoración del riesgo en los casos de violencia de género, rediseñando el cuestionario que se realiza a las mujeres víctimas en el sistema VioGén o en los sistemas de las comunidades autónomas con competencia integral en el ámbito policial, fomentando la presencia de profesionales de la psicología especializados en todas las etapas del proceso de introducción de datos e implantando un mecanismo humano de revisión y supervisión.
Asimismo, es necesario mantener el incremento de efectivos en el medio rural, que se va acometiendo con el número de profesionales especializados en relación con el sistema VioGén y los equipos EMUME.
Se señala también que es imprescindible que todos los dispositivos de telealarma dispongan de acceso a la red, por lo que es necesario mejorar la conectividad en todo el territorio, incluidos los espacios rurales.
5. Sectores vulnerables
Las comunidades autónomas han desplegado, desde su ámbito competencial, diferentes herramientas normativas y de planificación en desarrollo y ejecución del Pacto de Estado. A través de las comparecencias de quienes tienen la responsabilidad de la gestión de las políticas públicas en materia de igualdad y de lucha contra la violencia machista de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, la Comisión ha conocido de primera mano los recursos con que cuentan y las políticas que desarrollan cada una de ellas.
En general se puede afirmar que las autoridades autonómicas disponen de políticas públicas y recursos para abordar la violencia de género, acompañando y apoyando a las mujeres que la sufren y promoviendo itinerarios que fomenten su autonomía personal y una vida independiente.
Desde las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y la FEMP se valora la importancia de lograr la máxima y mejor coordinación entre las instituciones implicadas en la prevención de la violencia contra las mujeres y la atención y protección a las víctimas derivadas de ella, de establecer pautas de actuación homogéneas y de garantizar la mejor atención en los distintos ámbitos: sanitario, policial, judicial y social, así como una labor preventiva a través de medidas educativas y de sensibilización.
Con todo ello, se señala la importancia de tener en cuenta en los programas desarrollados por las administraciones públicas a las mujeres que viven en el medio rural por las especiales características sociológicas de su entorno y porque allí la red de recursos es menos tupida. En este espacio territorial juega un papel muy relevante el movimiento asociativo de mujeres, aportando asesoramiento y apoyo. Entre sus reclamaciones destacan las relacionadas con medidas que promuevan la mejora de las condiciones laborales de las mujeres rurales y la realización de estudios que permitan un mejor conocimiento de las violencias que sufren.
Esta misma necesidad de un mejor y más profundo conocimiento de la realidad de la violencia machista se suscita para el caso de las mujeres con discapacidad, al tiempo que se sugiere la incorporación de una visión integradora e inclusiva a las medidas del Pacto que tenga en cuenta a las mujeres con discapacidad, a las de etnia gitana o a las migrantes.
6. Justicia
Varias comparecientes señalaron la necesidad de ampliar el concepto de violencia sobre la mujer teniendo en cuenta lo establecido en el Convenio de Estambul, y que esta reforma de la normativa se ha llevado a cabo en la legislación de algunas comunidades autónomas.
Además, se observa la necesidad de reformas penales para mejorar la regulación de la ciberdelincuencia.
Igualmente, se destaca la necesaria reformulación del artículo 156 del Código Civil sobre la residencia habitual acordada por los progenitores no privados del ejercicio de la patria potestad, para que ello no suponga un instrumento para ejercer violencia de control y para vulnerar el derecho fundamental a la libre fijación de la residencia.
Por lo demás, en relación con las medidas 122 y 123 del Pacto de Estado, se insiste en la necesidad de seguir promoviendo la creación y especialización de los Juzgados de Violencia sobre la mujer (106 a la fecha de redacción de este Informe), para que puedan atender todos los casos de violencia machista, como prevé el desarrollo de la citada Ley Orgánica 10/2022.
Eje 3. Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas.
En este eje, la Comisión destaca las mejoras más importantes a llevar a cabo respecto de sus principales medidas.
1. Justicia
Con el objetivo de dar una mejor atención a las víctimas se considera que hay que seguir mejorando la asistencia letrada y la adecuación de las dependencias que reciben los casos de violencia de género, siguiendo en este caso lo dispuesto por las administraciones competentes. La medida 132 del Pacto de Estado exige esta adecuación para evitar la victimización secundaria y, al respecto, es imprescindible la separación entre los espacios que corresponden a la víctima y al maltratador.
También es necesario seguir reforzando los medios de las unidades de valoración forense y se propone realizar un mapa de los recursos en el territorio español, incorporando tanto los que son competencia del gobierno del Estado como los que dependen de las comunidades autónomas.
En relación con la medida 139 del Pacto de Estado, sobre el servicio de acompañamiento y asesoramiento de la víctima, la pandemia por COVID-19 impuso la prestación de determinados servicios por vía telemática. Frente a ello, con la superación de la crisis sanitaria, debe favorecerse en todo caso la atención presencial, más teniendo en cuenta que la legislación ya prevé que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género son servicios esenciales. Y este asesoramiento debe ampliarse a la contratación de personal especializado de atención directa, sin olvidar las previsiones de la medida 140 del Pacto en cuanto al refuerzo y formación de las letradas y letrados del turno de oficio.
2. Seguridad
En este punto se pone el acento en el refuerzo de las plantillas especializadas y en la mejora de las instalaciones policiales y de seguridad. Con todo, se reconoce que el número de agentes nunca será suficiente para atender todos los casos de violencia de género con un seguimiento continuo, por lo que resulta imprescindible, en relación con los medios de protección, avanzar, por parte de las administraciones competentes, en la utilización de dispositivos electrónicos, pulseras y otras herramientas de control y seguimiento telemático o informático, poniendo el foco en que quien debe ser controlado es el agresor.
3. Administración
Respecto de los recursos habitacionales, las y los comparecientes de las comunidades autónomas han ofrecido una información detallada, por lo que procede valorar el mantenimiento de estos servicios incluso durante la vigencia del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria por COVID-19.
Efectivamente, el acceso a una vivienda adecuada a las mujeres en situación de vulnerabilidad que no pueden permanecer en su domicilio habitual es fundamental, por lo que se deben establecer los diferentes alojamientos, que cubran las necesidades de las mujeres que sufren violencia machista y de sus hijos e hijas, que se pueden necesitar en los diferentes momentos de la intervención, se debe contar con centros de emergencias, casas de acogida y viviendas tuteladas, además de facilitar el acceso a viviendas de alquiler social.
Se llama la atención, por otro lado, sobre la necesidad de cumplir la medida 168 del Pacto de Estado en cuanto a las encuestas de evaluación de las mujeres supervivientes, ya que sin esta evaluación no puede mejorarse el proceso ni corregirse los errores en esta materia.
En cuanto a las indemnizaciones a las víctimas, en especial referidas en la medida 172 del Pacto de Estado, la Comisión considera oportuno el establecimiento de un mínimo que deba aplicarse en todo el territorio, para que exista una base que impida la diferencia de trato entre las distintas víctimas, si bien, atendiendo a las competencias de las comunidades autónomas, estas podrían establecer en función de criterios políticos y objetivos mejoras en estas indemnizaciones.
4. Laboral
En este ámbito se destaca la importancia de la formación e inserción laboral, conforme a la medida 174 del Pacto, para garantizar la autonomía y la independencia económicas, por lo que deben potenciarse los planes de reinserción y la red de empresas para contratar a las víctimas, también respetando el marco competencial autonómico.
Estas medidas de orientación laboral deben tener en cuenta, asimismo, y en especial, la situación de las mujeres con discapacidad, así como las víctimas de trata, para adaptar a ellas tales medidas.
Por lo demás, las acciones de formación deben ser consideradas como tiempo de trabajo efectivo, a efectos del reconocimiento de prestaciones de la Seguridad Social, para que el tiempo invertido en dicha formación no retrase el cómputo para percibir tales prestaciones.
5. Rural
Deben existir protocolos específicos para abordar la violencia machista que tengan en cuenta y sean adecuados a la diversidad rural. Es importante utilizar esta terminología, para poner de manifiesto la existencia de distintas ruralidades, de tal manera que las medidas contempladas en este punto no pueden ser homogéneas, sino adaptadas a cada realidad del ámbito rural.
Además, hay que seguir reforzando la presencia policial y promover equipos itinerantes de actuación. El medio rural favorece la conexión entre la guardia civil, los trabajadores sociales y sus demás residentes, lo cual permite una atención más cercana pero también exige atender al riesgo de visibilidad de las víctimas y consiguiente revictimización.
En cuanto a los recursos habitacionales específicamente en este ámbito, su presencia en un pueblo pequeño puede acarrear también dicho riesgo de revictimización. Los recursos y la información deben estar a disposición de las personas afectadas en cualquier parte del territorio, pero debe posibilitarse el distanciamiento geográfico respecto del origen de la situación de violencia de género y del medio más vulnerable.
Por lo demás, es clave el impulso al asociacionismo rural y la incorporación de sus instalaciones como espacios seguros y libres de violencia machista. Se consideran especialmente relevantes las propuestas realizadas por la Presidenta de FADEMUR en su comparecencia ante esta Comisión, tal como aparecen recogidas en el apartado II, eje 3, punto 5 de este Informe.
6. Sanidad
En el ámbito sanitario de cada administración competente, se considera que hay que continuar profundizando en las medidas de formación específica en la detección precoz, manejo de indicadores de sospecha, valoración del riesgo y desarrollo de destrezas para la entrevista, de los equipos profesionales involucrados en la atención integral y recuperación de las víctimas de violencia de género de atención primaria y hospitalaria (Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería, Matronas, Trabajo Social, Urgencias, Salud Mental y Toco-Ginecología), lo cual conecta a su vez con el eje 5.
7. Discapacidad
Debe seguir trabajándose en el formato accesible a la información y los recursos, dados los problemas de accesibilidad real, así como en la formación para atender a las mujeres con discapacidad.
Existen, además, varios tipos de discapacidad, por lo que los protocolos también deben adaptarse a esta diversidad, teniendo en cuenta que, en general, la mayor vulnerabilidad en situaciones de violencia de género se produce en supuestos de discapacidad intelectual.
Se destaca el elevado porcentaje de mujeres víctimas con discapacidad institucionalizadas, por lo que debe trabajarse para evitar esta institucionalización, conforme a la medida 194 del Pacto de Estado.
Eje 4. Intensificar la asistencia y protección de menores.
La valoración general entre quienes comparecieron es que se ha avanzado en el cumplimiento de las medidas de este eje. En este sentido, señalamos que leyes como la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que están en relación con los compromisos y metas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suponen un claro avance en la protección de menores que sufren o pueden sufrir violencia, considerándolos víctimas directas y no secundarias.
Además, la Comisión tuvo conocimiento de las medidas desarrolladas por las comunidades autónomas para la protección de los y las menores en sus territorios. En relación con ello, se consideran relevantes los estudios promovidos, tanto a nivel autonómico como estatal, sobre los riesgos específicos de estos menores ante las situaciones de violencia de género, por lo que tales estudios se deben seguir impulsando.
No obstante, debe difundirse mejor la existencia de las prestaciones e indemnizaciones a disposición de las mujeres y menores víctimas de violencia de género, que en muchas ocasiones no solicitan por desconocimiento.
Por otro lado, el incremento del número de casos de violencia vicaria que acaba con el asesinato de niños y niñas por sus progenitores obliga a poner en marcha todos aquellos recursos que contribuyan a la más eficaz protección de menores hijos e hijas de padres maltratadores, promoviendo la adopción de las medidas que, a tal efecto, incorpora la ley, especialmente, la exclusión de la custodia compartida y el régimen de visitas porque un maltratador no es un buen padre. Además, teniendo en cuenta el superior interés del menor, se deben prohibir las visitas de niños y niñas a la cárcel cuando sus padres estén condenados por violencia de género. Estas medidas deben ser adoptadas incluso en aquellos casos en los que no haya denuncia cuando la evaluación del riesgo de la madre así lo determine, y sería oportuno que todas las medidas fueran coordinadas por el juzgado especializado que ha conocido de la denuncia por violencia de género, en su caso.
Asimismo, hay que establecer las medidas que sean necesarias para asegurar que los y las menores reciben atención psicológica, aunque no dispongan de consentimiento paterno, cuando se trate de casos de violencia de género reconocida judicialmente o no. Al respecto, hay que tener en cuenta lo establecido en el artículo 156 del Código Civil citado más arriba y en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004.
Es necesario un esfuerzo sostenido para seguir poniendo en marcha dependencias judiciales especiales para que los menores puedan prestar declaración en salas especiales y acompañados de profesionales de la psicología.
También hay que reforzar los Puntos de Encuentro Familiar teniendo en cuenta tanto el número de recursos y su distribución territorial como su especialización.
Eje 5. Impulso de la formación que garantice la mejor respuesta asistencial.
Aunque se ha avanzado mucho, se considera muy necesario seguir impulsando, reforzándola, la formación de quienes intervienen y participan en los procesos de atención a las mujeres víctimas —fuerzas y cuerpos de seguridad, forenses, trabajadores y trabajadoras sociales, profesionales de la sanidad, abogados y abogadas, jueces y fiscales, etcétera— para que puedan desarrollar su trabajo en las condiciones más favorables de respeto, empatía, apoyo y auxilio a la víctima. La formación debe llegar a todos los profesionales, tiene que ser obligatoria, continuada, específica, especializada, de calidad e incluso preceptiva para el desempeño de determinados perfiles profesionales, entre los que destaca el ámbito judicial.
La Comisión tuvo conocimiento de que el desarrollo de programas de formación se vio interrumpido por las medidas adoptadas durante el estado de alarma derivado de la pandemia, aunque algunos se mantuvieron de forma no presencial. En cualquier caso, y teniendo en cuenta que se trata de una mejora de las capacidades profesionales que requiere de un continuo aprendizaje, se entiende que esta medida debe mantenerse dando formación a nuevos profesionales y mejorando las capacidades de los ya incluidos en programas previos de formación.
En este punto, se considera que la formación tiene que incidir más en el análisis de la complejidad del fenómeno violencia porque no hay un único perfil de maltratador ni de víctima, así como incorporar la violencia que sufren las minorías étnicas y raciales, las mujeres trans, las mayores de 65 años y las mujeres con discapacidad.
En todo caso, sería importante una evaluación precisa acerca de cómo se está ejecutando este eje del Pacto de Estado, incorporando al análisis cuantitativo una valoración cualitativa. Esto puede conectar con el contenido antes que con el número de cursos de formación, o con el referido enfoque, necesario, hacia nuevas formas de violencia contra la mujer.
Eje 6. Seguimiento estadístico.
Se valora positivamente el disponer de información sobre las diferentes formas de violencia que se ejerce sobre las mujeres. En este sentido, la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, realizada sobre una muestra de más de 9500 mujeres mayores de 16 años, es una herramienta imprescindible para conocer mejor el alcance y la situación de la violencia contra la mujer en sus diversas formas en España.
Teniendo en cuenta que quienes comparecieron valoraron positivamente la realización de estudios que permitan conocer mejor la violencia machista y coincidieron en la necesidad de disponer de un seguimiento estadístico actualizado de esta violencia, herramientas como la macroencuesta de 2019 se consideran especialmente relevantes. Es importante, además, insistir en la difusión y el conocimiento de estos datos para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía en su conjunto, para lo cual resulta oportuno sintetizar los datos de la macroencuesta a efectos informativos (como ya recogen varias administraciones), para contrarrestar la existencia de datos parciales que no se ajustan a la realidad.
La Comisión comparte con quienes comparecieron que hay que profundizar en este seguimiento estadístico a gran escala —por el número de encuestas realizadas— incorporando todos los tipos de violencia y teniendo en cuenta variables como la edad de las mujeres, la incidencia de la violencia en el mundo rural, en situaciones de precariedad laboral, o la violencia que sufren las mujeres con discapacidad, lo cual conecta con la medida 236 del Pacto de Estado.
En este caso, el de las mujeres con discapacidad, se plantea además la necesidad de que los boletines estadísticos mensuales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género incluyan la variable discapacidad, lo que permitiría un conocimiento real de cómo la violencia afecta a este colectivo especialmente vulnerable.
También se considera necesario disponer de los datos desagregados por comunidades autónomas en el sistema de evaluación estatal, para definir objetivos y consolidar procesos de evaluación y seguimiento.
Finalmente, es imprescindible seguir fomentando la investigación y la innovación sobre la violencia machista, así como incidir más en el estudio de colectivos como el de las mujeres gitanas, al que se ha prestado escasa atención en los estudios y las investigaciones.
Eje 7. Recomendaciones a comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones como agentes colaboradores necesarios para conseguir erradicar la violencia sobre las mujeres por razón de género.
Es evidente que, en el ejercicio del principio de subsidiariedad, cada gobierno autonómico despliega aquellas políticas públicas frente a la violencia de género que considera más adecuadas y que mejor se adaptan a las características territoriales, demográficas, sociológicas y, no podemos obviar, también de la voluntad política de cada comunidad. Igualmente debemos tener en cuenta que el Primer Informe de evaluación del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO) sobre España alerta acerca del diferente nivel de desarrollo de las disposiciones contenidas en el Convenio de Estambul a nivel regional. Precisamente el objetivo del Pacto de Estado es ir a la vanguardia de las políticas y esta labor en ningún caso debe suponer un retroceso de políticas que figuren a esa vanguardia, sino su aprendizaje y avance.
No obstante lo anterior, la Comisión aprecia también un elevado compromiso político de todas las administraciones con capacidad ejecutiva —Gobierno central, comunidades autónomas y entidades locales— lo que se debe preservar para consolidar un sistema de co-gobernanza, cooperación institucional y de actuación especializada.
En todo caso, hay que potenciar el papel de los ayuntamientos como administración más cercana a las mujeres víctimas, por lo que pueden ser los primeros en atenderlas y ofrecerles recursos de apoyo y acompañamiento especializados.
Nuevamente en este eje se insiste en la importancia de que el acceso tanto a la información como a los diferentes recursos sea accesible para todas las mujeres, con especial atención a las que tienen discapacidad, eliminando aquellas barreras que les dificultan o imposibilitan el acceso a los mismos. En efecto, esto implica el pleno cumplimiento de la medida 245 del Pacto, en cuanto a la adaptación de los recursos de apoyo y atención a estos efectos.
Finalmente, hay que destacar el relevante papel de los medios de comunicación para una información veraz y rigurosa sobre violencia de género, así como para contrarrestar la influencia de las noticias falsas, como ya se ha expuesto también bajo el eje 1.
Eje 8. La visualización y atención de la violencia de género fuera del contexto de la pareja o ex pareja.
En el aspecto normativo se han producido novedades, sin perjuicio de su eventual modificación, como la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que extiende a las violencias sexuales todos los aspectos preventivos de atención, sanción, especialización o asistencia integral vigentes para otras violencias, incluyendo el derecho a la reparación. Por su parte, las representantes de las comunidades autónomas, en sus comparecencias, en su mayoría trasladaron cómo las normas de igualdad y contra la violencia machista contra las mujeres se habían adaptado en el ámbito de sus competencias al Convenio de Estambul.
Destaca también el Plan integral de Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y la creación de centros de crisis para la protección de las mujeres víctimas de violencia sexual, con independencia de la denuncia, siguiendo el artículo 25 del Convenio de Estambul. Está, además, pendiente de aprobación la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, en fase de Anteproyecto a la fecha de redacción de este Informe, compromiso del Gobierno y demandada por varias ponentes.
En todo caso, para dar cumplimiento a lo establecido por el Convenio de Estambul, las políticas públicas deben seguir creando y sosteniendo los recursos necesarios para proteger a todas las mujeres (sin olvidar a las trans, gitanas, mayores de 65 años, mujeres con discapacidad, mujeres rurales) de todas las violencias.
En este contexto, hay que incluir la realización de un macroestudio que analice la trata con fines de explotación sexual y, consecuentemente, la ampliación del marco normativo para abordar la lucha contra la explotación de seres humanos y la trata con fines de explotación sexual.
Eje 9. El compromiso económico con las políticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Como ya se puso de manifiesto, es imprescindible que el Pacto de Estado siga contando con una financiación pública estable y suficiente, garantizando, con independencia del ciclo económico, el mantenimiento de políticas públicas dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, mejorar su detección y asegurar una respuesta integral y especializada a las víctimas. Estas políticas públicas podrán ser desarrolladas también por parte de entidades sin ánimo de lucro.
Tanto las comunidades autónomas como la FEMP han coincidido en señalar algunos problemas a la hora de ejecutar los fondos del Pacto de Estado y han solicitado cambios en la normativa para una gestión más eficiente. Entre las propuestas se señaló la necesidad de que los fondos del Pacto puedan destinarse a gastos del capítulo 1, así como a inversiones del capítulo 6 (reclamación esta última que ya se ha hecho efectiva en los Presupuestos Generales del Estado para los años 2021 y 2022); que se contemplen gastos e inversiones plurianuales para poder acometer proyectos de una mayor envergadura, dando una mejor respuesta a las necesidades de la lucha contra la violencia de género; y, por último, que se permita una mayor flexibilización del gasto, de forma que se pueda atender a proyectos realmente transformadores y ajustados a la realidad territorial, estableciendo las necesarias excepciones legales para contratos y subvenciones que se ejecuten en el marco de las políticas vinculadas al Pacto de Estado.
Todo lo anterior, obviamente, procede sin renunciar a la necesaria supervisión y control que una eficiente gestión de los recursos públicos exige. Tal control debe asegurar, asimismo, que estos fondos no se destinan a medidas o políticas ajenas a los fines para los que se han establecido. Al respecto, resulta oportuno reforzar la transparencia y la publicidad en la gestión y el destino de los fondos del Pacto de Estado, para su conocimiento por la ciudadanía en su conjunto.
En fin, se sugiere que se valore la posibilidad de que con los fondos del Pacto de Estado se articulen partidas específicas en los distintos departamentos ministeriales, favoreciendo de esta manera la colaboración interministerial en sentido institucional y también económico.
Eje 10. Seguimiento del Pacto.
Todas las representantes de las administraciones públicas que han comparecido han trasladado a la Comisión su evaluación sobre el grado de cumplimiento del Pacto de Estado, con mayor o menor detalle, por ejes y medidas, lo que ha sido recibido con el mayor interés y valorado positivamente por quienes integramos la misma. En este sentido, todas las intervenciones y sus datos han quedado integrados en el apartado II de este Informe.
Por lo demás, la Comisión constata que es necesario disponer de un mecanismo de evaluación continua del Pacto, consolidando un sistema de análisis objetivo y objetivable, favoreciendo la integración de los datos de las diferentes administraciones y departamentos. Un sistema que incorpore, además, un análisis cualitativo del desarrollo de las medidas y contribuya a la evaluación permanente de las medidas del Pacto de Estado.
La medida 282 del mismo contemplaba la constitución, como Comisión Permanente no legislativa del Congreso de los Diputados, de una Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto. A su vez, la Comisión creada en el Senado obedece al acuerdo del Pleno de esta Cámara de 4 de febrero de 2020. Con todo, la medida 255 del Informe de la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, aprobado por la Comisión de Igualdad del Senado en su sesión de 28 de julio de 2017, preveía ya la «creación de una Comisión Mixta parlamentaria Congreso-Senado de seguimiento del Pacto, formada por representantes de ambas cámaras con la misma composición y distribución entre las Cámaras que el resto de Comisiones Mixtas». A la vista del trabajo desarrollado en esta XIV Legislatura por las Comisiones respectivas de ambas Cámaras, puede resultar conveniente recuperar esta recomendación y, en la próxima Legislatura, acordar la creación de una Comisión Mixta encargada de este seguimiento, lo cual facilitaría la coordinación de sus trabajos, en lugar de una Comisión en cada Cámara.
Las recomendaciones expuestas se pueden sintetizar en las conclusiones que se enumeran a continuación, que en todo caso procede atender siguiendo el reparto competencial entre las distintas administraciones competentes para el desarrollo y cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
1. Consolidar un sistema de co-gobernanza, de cooperación institucional y de actuación especializada en la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las Diputaciones Forales y en las entidades que integran la Administración Local, incluyendo a las diputaciones, a los Consejos Comarcales, a los Cabildos y Consejos Insulares, respetando su ámbito competencial y siguiendo el espíritu del Pacto de Estado de situar a los municipios en el primer plano de respuesta.
2. Hacer permanente la obligación de dotar de una financiación pública estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo económico, para sostener las actuaciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, mejorar su detección y asegurar una respuesta integral y especializada a las víctimas por parte de la Administración General del Estado —valorando la posibilidad de que con los fondos del Pacto de Estado se articulen partidas específicas en los distintos departamentos ministeriales—, de las comunidades autónomas, de las entidades locales y de los territorios forales dentro del marco de la Disposición adicional primera de la Constitución. La financiación pública debe tener la flexibilidad y la capacidad de ser ejecutada de forma plurianual para poder llevar a cabo la continuidad de los proyectos y asegurar que las actuaciones realizadas tengan un mayor impacto.
3. En cumplimiento de los artículos 8 y 9 del Convenio de Estambul, garantizar la financiación de los fondos del Pacto de Estado para el desarrollo por parte de entidades sin ánimo de lucro, tanto estatales como autonómicas, de programas de prevención y sensibilización, así como de acompañamiento y atención a víctimas y sobrevivientes de cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres, incluidas las víctimas menores de edad, y su evaluación.
4. Asegurar la especialización profesional, en colaboración entre las diferentes administraciones y respetando su ámbito competencial, de todos los sectores que intervienen, directa o indirectamente, en la prevención de la violencia, en la atención a las víctimas y/o tienen relación directa con los perpetradores, especialmente en el ámbito de la justicia, así como la formación especializada para aquellos profesionales que tengan un contacto habitual con niños, niñas y personas menores de edad.
5. Establecer la obligación de aprobar cada cinco años una Estrategia Estatal frente a la violencia contra las mujeres, como marco de política pública que ponga las bases para el desarrollo efectivo de la normativa sobre la materia, respetando en todo caso el ámbito competencial.
6. Hacer permanente el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención como la política específica de prevención y sensibilización que, siguiendo las previsiones del Convenio de Estambul, deberá englobar las cuatro iniciativas principales: programas de educación; campañas institucionales de concienciación social, dirigidas en particular a hombres y niños; políticas dirigidas al sector de las tecnologías de la información y los medios de comunicación, con especial atención a la prevención de la violencia en el ámbito digital; y campañas de toma de conciencia o autopercepción sobre las violencias machistas dirigidas a mujeres, así como su evaluación.
7. Adecuar la normativa estatal al Convenio de Estambul, asegurando una respuesta integral y contextualizada a todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en este tratado, con previsión expresa de la violencia económica, la violencia vicaria y la violencia en el ámbito digital, tal y como establece el mandato legislativo aprobado por la mayoría de los grupos parlamentarios.
8. Reforzar la protección de aquellas mujeres que enfrentan otras formas de discriminación y obstáculos añadidos en la salida de la violencia y la reparación y son doblemente vulnerables, como las mujeres mayores, las mujeres migrantes, las mujeres rurales, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans o mujeres en situación administrativa irregular.
9. Perfeccionar los circuitos de atención integral de la violencia machista declarando servicios esenciales todos los servicios y recursos de reparación y atención integral a las víctimas, y extender la asistencia integral especializada a todas las formas de violencia contra las mujeres.
10. Reforzar las medidas que faciliten la autonomía económica dirigidas a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, especialmente en el ámbito laboral. Ampliar la red de recursos, según los estándares de disponibilidad, accesibilidad y calidad, como establecen los organismos internacionales de derechos humanos, con especial atención a la accesibilidad en zonas rurales, a través, entre otras medidas, de la digitalización de los servicios de atención y la garantía de movilidad interterritorial.
11. Establecer un sistema de recogida de información homogéneo y permanente de monitoreo de la acción de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, diputaciones y entidades locales, tanto municipios, como Cabildos y Consejos, así como de la Fiscalía y el Poder Judicial, por parte del departamento ministerial competente. Se elaborarán informes cuatrienales de cumplimiento por parte del Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas y se remitirán a las Cortes Generales y a las administraciones competentes, como medida de evaluación y rendición de cuentas sobre los procesos de implementación de la normativa y de las políticas públicas y su impacto en la violencia contra las mujeres.
12. Crear una Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que elaborará y presentará un informe de actividad y de evaluación del cumplimiento de las medidas del Pacto, con una periodicidad cuatrienal o condicionada a la duración de cada mandato parlamentario, en caso de disolución anticipada de las Cámaras. A tal efecto, se valorará la previsión normativa correspondiente para la permanencia de esta Comisión Mixta.