Procedimiento legislativo ordinario

El procedimiento legislativo es el conjunto de trámites que sigue un proyecto o proposición de ley que se desarrolla en el Congreso de los Diputados y en el Senado.


A efectos expositivos el procedimiento legislativo ordinario cuenta con tres fases básicas:

 

Fase inicial 
Fase constitutiva
Fase final

 

A) FASE INICIAL


La fase inicial consiste en la presentación de una iniciativa legislativa que se denomina, dependiendo de quién sea su autor, “proyecto de ley” si su autor es el Gobierno o “proposición de ley” si su autor es el Congreso, el Senado, una Comunidad Autónoma o 500.000 ciudadanos.


Aunque lo habitual es que los proyectos de ley del Gobierno y las proposiciones de ley sean presentadas en el Congreso de los Diputados, es también posible que las proposiciones de ley se presenten en el Senado (por un Grupo Parlamentario o 25 Senadores) (artículo 108.1 del Reglamento del Senado). En este caso, una vez publicadas se abre un plazo de quince días en el que pueden presentarse otras proposiciones de ley alternativas.

 

Concluido este plazo la proposición o proposiciones de ley se incluyen en el orden del día de una sesión plenaria para su toma en consideración (artículo 108.3 del Reglamento del Senado). En el Pleno interviene uno de los proponentes para su defensa, seguido de dos turnos a favor y dos en contra, así como un turno de Portavoces de los Grupos parlamentarios que no podrá exceder de diez minutos (artículo 108.4 del Reglamento del Senado). A continuación la toma en consideración se somete a votación y, si es aprobada, la proposición de ley se remite al Congreso de los Diputados para su tramitación. Si no es aprobada, finaliza la tramitación.

 

De los textos que inician su tramitación en el Congreso, los proyectos de ley del Gobierno están exentos de toma en consideración. En cambio se exige el trámite de toma en consideración, que se desarrolla en el Pleno del Congreso de los Diputados, para las proposiciones de ley presentadas por los Diputados y Grupos Parlamentarios del Congreso, Comunidades Autónomas e iniciativa popular.

 

B) FASE CONSTITUTIVA


La fase constitutiva o central es la parte destinada a determinar el contenido de la futura ley, lo que se hace a través de sucesivas deliberaciones y votaciones, que tienen lugar en las Cámaras.
En el Congreso pueden distinguirse las siguientes fases básicas:

 

1. Remisión por la Mesa a la Comisión competente, publicación y apertura del plazo de presentación de enmiendas.
2. Primera lectura y votación en el Pleno en el caso de que se hayan presentado enmiendas a la totalidad.
3.  Reunión de la Ponencia y emisión de informe con su propuesta, que puede incluir variaciones en el texto.
4. Debate y votación en la Comisión competente, que termina con la aprobación de un dictamen que también puede suponer variaciones respecto al texto inicial.
5. Presentación de votos particulares para su defensa ante el Pleno (enmiendas no aceptadas por la Comisión).
6. Debate y votación en Pleno, con la consiguiente posibilidad de nuevas modificaciones.
7. Remisión del texto aprobado por el Presidente del Congreso al Senado.

 

En el Senado se sigue un procedimiento parecido, pero siempre limitado por el plazo de dos meses que establece la Constitución y que se acorta a tan solo veinte días en los proyectos declarados urgentes:


1. Se dispone la publicación del texto recibido del Congreso y la Mesa del Senado decide la Comisión legislativa competente para su tramitación abriendo un plazo de presentación de enmiendas y propuestas de vetos, de diez días, prorrogable a quince a petición de veinticinco Senadores (artículos 104 y 107 del Reglamento del Senado). Si no se presentan, el proyecto o la proposición pasan directamente a deliberación en sesión plenaria.


2. En caso de presentarse enmiendas o propuestas de vetos, la Comisión competente puede designar una Ponencia para que elabore el informe, pudiendo prescindir de este trámite si no lo ve justificado. La Ponencia dispone de quince días para evacuar ese informe, que puede proponer modificaciones al texto y que habrá de discutirse en Comisión (artículos 110 y 111 del Reglamento del Senado).


3. Debate en la Comisión competente dentro de los quince días siguientes (artículo 115 del Reglamento del Senado). Como corresponde al carácter preparatorio de la fase de Comisión, el Reglamento del Senado no establece ninguna regulación o limitación estricta sobre la forma de producirse las deliberaciones en el seno de la misma. Únicamente dispone que comenzarán, en su caso, por las propuestas de veto, para a continuación debatir por su orden de presentación las enmiendas formuladas a cada artículo o apartado del texto, y por último, votar el informe de la Ponencia (artículos 114 y 116 del Reglamento del Senado). Durante el desarrollo del debate cabe la presentación de enmiendas in voce siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo entre las previamente presentadas y el texto legislativo o limitadas a correcciones terminológicas o gramaticales. El dictamen de la Comisión recoge las enmiendas aprobadas.

 

4. Aprobado el Dictamen de la Comisión, se abre un plazo de un día para que los Senadores puedan presentar, a través de sus votos particulares, propuestas alternativas al Dictamen de la mayoría. Los votos particulares deben recoger enmiendas debatidas y rechazadas en Comisión o los textos remitidos por el Congreso de los Diputados y modificados por la Comisión, no siendo posible a través de los mismos formular propuestas enteramente nuevas (artículo 117 del Reglamento del Senado).

 

5. Debate y votación en Pleno antes de que transcurra el plazo constitucional. El debate en sesión plenaria comienza con la presentación del Dictamen de la Comisión por el Senador designado al efecto, turno destinado casi siempre a exponer las líneas fundamentales del proyecto en discusión y sus vicisitudes en la tramitación por la Cámara. A continuación, se abre un debate sobre la totalidad con un turno a favor y otro en contra, seguidos de las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios por un tiempo no superior a diez minutos cada uno (artículo 120 del Reglamento del Senado). Si hubiese propuestas de veto, el debate sobre la totalidad se sustituye por el de tales propuestas, que implican de por sí una discusión sobre el conjunto: defensa del veto por su proponente seguida de dos turnos a favor y dos en contra más la intervención de los Portavoces; cada uno de estos turnos e intervenciones no puede exceder de quince minutos (artículo 121 del Reglamento del Senado).

 

Se exige mayoría absoluta para la aprobación de un veto. Si se produce tal aprobación, que implica un rechazo a la totalidad, ya no se justifica continuar con el resto del Dictamen, y el Presidente del Senado, en consecuencia, da por concluido el debate sobre el proyecto, comunicándoselo así a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Gobierno (artículo 122 del Reglamento del Senado). Si, en cambio, la propuesta de veto es rechazada, se ponen a discusión los votos particulares al articulado, siguiendo su orden. Pueden consumirse dos turnos a favor y dos en contra de cada voto particular, y tras ello, se abre turno de Portavoces. Ninguna de estas intervenciones puede exceder de diez minutos (artículos 123 y 124 del Reglamento del Senado y Norma supletoria de 14/02/84).

 

Concluido el plazo de mantenimiento de los votos particulares, la presentación de propuestas de modificación del Dictamen de la Comisión se sujeta a reglas estrictas: es necesario que se suscriban por la totalidad de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios o bien por la mayoría de los Portavoces que representen la mayoría de Senadores y hayan sido objeto de votos particulares (artículo 125 del Reglamento del Senado).

 

El Presidente de la Cámara tiene la facultad de distribuir los tiempos y ordenar el debate en el Pleno.

 

Si el Senado no aprueba un veto ni introduce ninguna enmienda al texto remitido por el Congreso de los Diputados, éste se remite al Presidente del Gobierno para la correspondiente sanción real.

 

Si el Senado introdujera veto o enmienda, el texto ha de volver, junto con un mensaje motivado, al Congreso de los Diputados para su eventual ratificación. El Congreso de los Diputados puede aprobar o rechazar las enmiendas del Senado por mayoría simple de sus miembros, y levantar el veto por mayoría absoluta o bien por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo (artículo 90.2 de la Constitución y artículos 121, 122 y 123 del Reglamento del Congreso de los Diputados). Cuando el Congreso es el último en intervenir, es él el que realiza la remisión al Presidente del Gobierno a los efectos de la remisión del texto para su sanción y promulgación por el Rey.

 

C) FASE FINAL

 

La fase final consiste en la sanción, promulgación y publicación de la ley (artículo 91 de la Constitución).

 

La sanción y promulgación por el Rey son actos formales, que deben tener lugar en los quince días siguientes, sin que el Rey o el Gobierno puedan variar su contenido, suspender su tramitación o devolverla a las Cortes Generales para nueva consideración. Finalmente, la ley es publicada en el Boletín Oficial del Estado.

 

Procedimientos de elección de otros órganos

Última revisión 15/02/2024

El Senado interviene en la elección de los siguientes órganos:

Esta función se desarrolla con arreglo al siguiente procedimiento, con excepción del caso de los miembros del Consejo de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno: 

  • Cuando proceda legalmente la elección de un órgano, la Mesa del Senado abre un plazo de presentación de candidaturas.
  • Las candidaturas pueden formularse por los grupos parlamentarios en número igual al de puestos a cubrir. 
    Una excepción es la de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, ya que corresponde a los parlamentos autonómicos esta propuesta, mediante la presentación de hasta dos candidatos cada uno de ellos. Otra excepción es la correspondiente a los seis vocales del Consejo General del Poder Judicial que deben elegirse entre jueces y magistrados. En este caso la presentación de candidaturas corresponde al conjunto de jueces y magistrados en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  • La Mesa del Senado comprueba el cumplimiento de los requisitos legales para desempeñar el cargo correspondiente por los candidatos, pudiendo decidir su inadmisión en caso contrario.
  • Las candidaturas admitidas a trámite son remitidas a la Comisión de Nombramientos que debe emitir un informe sobre la idoneidad de los propuestos. Esta Comisión está presidida por el presidente del Senado y forman parte de ella los portavoces de los grupos parlamentarios. Antes de emitir el informe, la Comisión puede acordar la comparecencia de los candidatos a efectos de demandar información sobre su trayectoria profesional o méritos personales. Están exentos de este trámite los candidatos del turno de jueces y magistrados al Consejo General del Poder Judicial, pero sí deben someterse al mismo los candidatos por el turno de juristas de reconocida competencia. La comparecencia es obligatoria para el llamado, quien si no se presenta no puede ser elegido por la Cámara. 
    En la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, la Comisión de Nombramientos no emite un informe de idoneidad, sino que formula una propuesta al Pleno.
  • El informe citado, o la propuesta en el caso del Tribunal Constitucional, se somete a deliberación del Pleno. Después se procede a las votaciones, resultando elegidos los candidatos que obtengan más votos, siempre que se alcance la mayoría establecida por la Constitución y las leyes. Es de destacar que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, vocales del Consejo General del Poder Judicial, consejeros del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo requiere una mayoría de los tres quintos del Senado. Por su parte, los cuatro vocales del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE deben ser elegidos por dos tercios del Senado.

Tribunal Constitucional

 

Corresponde al Senado la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo nombramiento ha de proponerse al rey (artículo 159.1 de la Constitución y Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional).

El procedimiento se desarrolla conforme a lo establecido en los artículos 184 a 186 del Reglamento del Senado. Los candidatos son propuestos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Cada asamblea legislativa podrá presentar hasta dos candidatos.

La Comisión de Nombramientos eleva propuesta al Pleno con tantos candidatos como puestos a cubrir, que deberán haber comparecido previamente en la Comisión. Si no se hubieran presentado candidaturas suficientes, la propuesta que se eleve al Pleno podrá incluir otros candidatos.

La votación en el pleno se realiza por papeletas y para resultar elegido cada candidato ha de obtener tres quintos del número de senadores.

(Ver la página web del Tribunal Constitucional )

Consejo General del Poder Judicial

Corresponde al Senado la elección de diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (artículo 122.3 de la Constitución y Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

El procedimiento se desarrolla conforme a lo establecido en los artículos 184 a 186 del Reglamento del Senado y en las Normas de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de 11 de julio de 2006.

 

De los diez vocales:

  • Los seis que corresponden a la categoría de jueces y magistrados son elegidos por el Pleno directamente entre los treinta y seis propuestos por los propios jueces y magistrados, salvo los que previamente haya elegido el Congreso de los Diputados.
  • Los cuatro que corresponden a la categoría de abogados y juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional son elegidos por el Pleno, a propuesta de los grupos parlamentarios. La Comisión de Nombramientos, integrada por el presidente del Senado y los portavoces de los grupos parlamentarios, puede examinar la idoneidad de los candidatos propuestos y convocados a comparecer ante la Comisión. 

La votación se realiza por papeletas y para resultar elegido cada candidato ha de obtener tres quintos del número de senadores.

(Ver la página web del Consejo General del Poder Judicial)

Defensor del Pueblo

El procedimiento viene fijado por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo y por la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado sobre organización y funcionamiento de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo de 21 de abril de 1992. La Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, ante la cual puede comparecer el candidato propuesto, propone, por mayoría simple, a los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado el candidato, que requerirá una mayoría de tres quintos en cada Cámara. En caso de no obtenerla, las nuevas propuestas requerirán tres quintos del Congreso de los Diputados y mayoría absoluta del Senado.

Por otra parte, la Comisión Mixta ha de otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos que le sean propuestos por el Defensor del Pueblo.

(Ver la página web del Defensor del Pueblo)

Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo Comparece el candidato Propone candidato CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pleno) SENADO (Pleno) Si no se alcanza tal mayoria 3/5 3/5 Comision Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo Nuevas propuestas CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Pleno) SENADO (Pleno) 3/5 Mayoria absoluta

Tribunal de Cuentas

 

Corresponde al Senado la designación de seis consejeros del Tribunal de Cuentas (Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas).

El procedimiento se desarrolla conforme a lo establecido en los artículos 184 a 186 del Reglamento del Senado. Con carácter previo a la votación, la Comisión de Nombramientos integrada por el presidente del Senado y los portavoces de los grupos parlamentarios examina la idoneidad de los candidatos propuestos, que podrán ser convocados a comparecer ante la Comisión.

La votación se realiza por papeletas y para resultar elegido cada candidato ha de obtener una mayoría de tres quintos del número de Senadores.

(Ver página web del Tribunal de Cuentas)

Consejo de Administración de la Corporación RTVE

 

Corresponde al Senado la designación de cuatro miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE (Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos, Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal y Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 12 de noviembre de 2007, sobre el ejercicio de las funciones atribuidas a las Cortes Generales mediante la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal).

El procedimiento se desarrolla de acuerdo con lo establecido en los artículos 184 a 186 del Reglamento del Senado, de conformidad con los cuales, y con carácter previo a la votación en el Pleno, la Comisión de Nombramientos, integrada por el presidente del Senado y los portavoces de los grupos parlamentarios, examina la idoneidad de los candidatos propuestos, que han de comparecer ante la Comisión.

La votación se realiza por papeletas y para resultar elegido cada candidato ha de obtener una mayoría de dos tercios del número de senadores.

(Ver página web de la Corporación RTVE)

Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos

Corresponde al Gobierno el nombramiento de un senador, a propuesta de la Cámara, como miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El nombramiento es para un período de cuatro años y el procedimiento consiste en poner en conocimiento de los portavoces de los dos grupos parlamentarios más numerosos en ambas cámaras la necesidad de proceder a elevar a las Mesas respectivas las correspondientes propuestas.

(Ver página web de Agencia Española de Protección de datos)

Observatorio de la Vida Militar

Corresponde al Senado la designación de cuatro miembros del Observatorio de la Vida Militar (artículo 55.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas) por un periodo de cinco años.

El procedimiento se desarrolla de acuerdo con lo establecido en los artículos 184 a 186 del Reglamento del Senado, de conformidad con los cuales, y con carácter previo a la votación en el pleno, la Comisión de Nombramientos, integrada por el presidente del Senado y los portavoces de los grupos parlamentarios, examina la idoneidad de los candidatos propuestos, que han de comparecer ante la Comisión.

La votación se realiza por papeletas y por llamamiento y para resultar elegido cada candidato ha de obtener mayoría absoluta de la Cámara así como el apoyo de, al menos, tres grupos parlamentarios.

Comisión de Transparencia y Buen Gobierno

Corresponde al Senado la propuesta de un senador como vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno (artículo 36.2.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) por un periodo de cinco años.

La designación la realiza la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas previa presentación de candidaturas por los grupos parlamentarios.

La propuesta deberá ser elevada al Gobierno por conducto del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (artículo 14.3 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno).

 

Procedimiento legislativo ordinario

Última revisión 15/02/2024

Esquema de tramitación de una proposición de ley iniciada en el Senado.

Esquema de tramitación de una ley.

El procedimiento legislativo es el conjunto de trámites que sigue un proyecto o proposición de ley que se desarrolla en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

A efectos expositivos el procedimiento legislativo ordinario cuenta con tres fases básicas: 

Fase inicial

La fase inicial consiste en la presentación de una iniciativa legislativa que se denomina, dependiendo de quién sea su autor, “proyecto de ley” si su autor es el Gobierno o “proposición de ley” si su autor es el Congreso, el Senado, una comunidad autónoma o 500.000 ciudadanos.

Aunque lo habitual es que los proyectos de ley del Gobierno y las proposiciones de ley sean presentadas en el Congreso de los Diputados, es también posible que las proposiciones de ley se presenten en el Senado (por un grupo parlamentario o 25 senadores) (artículo 108.1 del Reglamento del Senado). En este caso, una vez publicadas se abre un plazo de quince días en el que pueden presentarse otras proposiciones de ley alternativas. Concluido este plazo la proposición o proposiciones de ley se incluyen en el orden del día de una sesión plenaria para su toma en consideración (artículo 108.3 del Reglamento del Senado). En el Pleno interviene uno de los proponentes para su defensa, seguido de dos turnos a favor y dos en contra, así como un turno de portavoces de los grupos parlamentarios que no podrá exceder de diez minutos (artículo 108.4 del Reglamento del Senado). A continuación la toma en consideración se somete a votación y, si es aprobada, la proposición de ley se remite al Congreso de los Diputados para su tramitación. Si no es aprobada, finaliza la tramitación.

De los textos que inician su tramitación en el Congreso, los proyectos de ley del Gobierno están exentos de toma en consideración. En cambio se exige el trámite de toma en consideración, que se desarrolla en el Pleno del Congreso de los Diputados, para las proposiciones de ley presentadas por los diputados y grupos parlamentarios del Congreso, comunidades autónomas e iniciativa popular.

Fase constitutiva

La fase constitutiva o central es la parte destinada a determinar el contenido de la futura ley, lo que se hace a través de sucesivas deliberaciones y votaciones, que tienen lugar en las cámaras.

En el Congreso pueden distinguirse las siguientes fases básicas:

  • Remisión por la Mesa a la comisión competente, publicación y apertura del plazo de presentación de enmiendas.
  • Primera lectura y votación en el Pleno en el caso de que se hayan presentado enmiendas a la totalidad.
  • Reunión de la ponencia y emisión de informe con su propuesta, que puede incluir variaciones en el texto.
  • Debate y votación en la comisión competente, que termina con la aprobación de un dictamen que también puede suponer variaciones respecto al texto inicial.
  • Presentación de votos particulares para su defensa ante el Pleno (enmiendas no aceptadas por la comisión).
  • Debate y votación en Pleno, con la consiguiente posibilidad de nuevas modificaciones.
  • Remisión del texto aprobado por el presidente del Congreso al Senado.

En el Senado se sigue un procedimiento parecido, pero siempre limitado por el plazo de dos meses que establece la Constitución y que se acorta a tan solo veinte días en los proyectos declarados urgentes: 

  • Se dispone la publicación del texto recibido del Congreso y la Mesa del Senado decide la comisión legislativa competente para su tramitación abriendo un plazo de presentación de enmiendas y propuestas de vetos, de diez días, prorrogable a quince a petición de veinticinco senadores (artículos 104 y 107 del Reglamento del Senado). Si no se presentan, el proyecto o la proposición pasan directamente a deliberación en sesión plenaria.
  • En caso de presentarse enmiendas o propuestas de vetos, la comisión competente puede designar una Ponencia para que elabore el informe, pudiendo prescindir de este trámite si no lo ve justificado. La ponencia dispone de quince días para evacuar ese informe, que puede proponer modificaciones al texto y que habrá de discutirse en comisión (artículos 110 y 111 del Reglamento del Senado).
  • Debate en la comisión competente dentro de los quince días siguientes (artículo 115 del Reglamento del Senado). Como corresponde al carácter preparatorio de la fase de comisión, el Reglamento del Senado no establece ninguna regulación o limitación estricta sobre la forma de producirse las deliberaciones en el seno de la misma. Únicamente dispone que comenzarán, en su caso, por las propuestas de veto, para a continuación debatir por su orden de presentación las enmiendas formuladas a cada artículo o apartado del texto, y por último, votar el informe de la ponencia (artículos 114 y 116 del Reglamento del Senado). Durante el desarrollo del debate cabe la presentación de enmiendas "in voce" siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo entre las previamente presentadas y el texto legislativo o limitadas a correcciones terminológicas o gramaticales. El dictamen de la comisión recoge las enmiendas aprobadas.
  • Aprobado el dictamen de la comisión, se abre un plazo de un día para que los senadores puedan presentar, a través de sus votos particulares, propuestas alternativas al dictamen de la mayoría. Los votos particulares deben recoger enmiendas debatidas y rechazadas en comisión o los textos remitidos por el Congreso de los Diputados y modificados por la comisión, no siendo posible a través de los mismos formular propuestas enteramente nuevas (artículo 117 del Reglamento del Senado).
  • Debate y votación en Pleno antes de que transcurra el plazo constitucional. El debate en sesión plenaria comienza con la presentación del dictamen de la comisión por el senador designado al efecto, turno destinado casi siempre a exponer las líneas fundamentales del proyecto en discusión y sus vicisitudes en la tramitación por la Cámara. A continuación, se abre un debate sobre la totalidad con un turno a favor y otro en contra, seguidos de las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo no superior a diez minutos cada uno (artículo 120 del Reglamento del Senado). Si hubiese propuestas de veto, el debate sobre la totalidad se sustituye por el de tales propuestas, que implican de por sí una discusión sobre el conjunto: defensa del veto por su proponente seguida de dos turnos a favor y dos en contra más la intervención de los portavoces; cada uno de estos turnos e intervenciones no puede exceder de quince minutos (artículo 121 del Reglamento del Senado).

Se exige mayoría absoluta para la aprobación de un veto. Si se produce tal aprobación, que implica un rechazo a la totalidad, ya no se justifica continuar con el resto del dictamen, y el presidente del Senado, en consecuencia, da por concluido el debate sobre el proyecto, comunicándoselo así a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Gobierno (artículo 122 del Reglamento del Senado). Si, en cambio, la propuesta de veto es rechazada, se ponen a discusión los votos particulares al articulado, siguiendo su orden. Pueden consumirse dos turnos a favor y dos en contra de cada voto particular, y tras ello, se abre turno de portavoces. Ninguna de estas intervenciones puede exceder de diez minutos (artículos 123 y 124 del Reglamento del Senado y Norma supletoria de 14/02/84).

Concluido el plazo de mantenimiento de los votos particulares, la presentación de propuestas de modificación del Dictamen de la Comisión se sujeta a reglas estrictas: es necesario que se suscriban por la totalidad de los portavoces de los grupos parlamentarios o bien por la mayoría de los portavoces que representen la mayoría de senadores y hayan sido objeto de votos particulares (artículo 125 del Reglamento del Senado). El Presidente de la Cámara tiene la facultad de distribuir los tiempos y ordenar el debate en el Pleno.

Si el Senado no aprueba un veto ni introduce ninguna enmienda al texto remitido por el Congreso de los Diputados, este se remite al presidente del Gobierno para la correspondiente sanción real.

Si el Senado introdujera veto o enmienda, el texto ha de volver, junto con un mensaje motivado, al Congreso de los Diputados para su eventual ratificación. El Congreso de los Diputados puede aprobar o rechazar las enmiendas del Senado por mayoría simple de sus miembros, y levantar el veto por mayoría absoluta o  bien por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo (artículo 90.2 de la Constitución y artículos 121, 122 y 123 del Reglamento del Congreso de los Diputados). Cuando el Congreso es el último en intervenir, es él el que realiza la remisión al Presidente del Gobierno a los efectos de la remisión del texto para su sanción y promulgación por el Rey.

Fase final

La fase final consiste en la sanción, promulgación y publicación de la ley  (artículo 91 de la Constitución).

La sanción y promulgación por el rey son actos formales, que deben tener lugar en los quince días siguientes, sin que el rey o el Gobierno puedan variar su contenido, suspender su tramitación o devolverla a las Cortes Generales para nueva consideración. Finalmente, la ley es publicada en el Boletín Oficial del Estado.