A través del ejercicio de este derecho, las personas afectadas por los tratamientos pueden conocer si sus datos de carácter personal están siendo tratados por el Senado, qué datos son objeto de dicho tratamiento, la finalidad del mismo, el origen de los citados datos y si se han comunicado o se van a comunicar a un tercero.

El Senado informará a los interesados sobre los siguientes contenidos:

1. los fines del tratamiento;
2. las categorías de datos personales de que se trate;
3. los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales;
4. de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
5. la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;
6. el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
7. cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen;
8. la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

El Senado facilitará al interesado una copia de los datos personales objeto de tratamiento, siempre que no afecte negativamente a los derechos y libertades de otros.

Mediante su ejercicio ante el responsable del tratamiento, el titular de los datos personales tiene derecho a obtener sin dilaciones indebidas la modificación de sus datos personales inexactos o incompletos, debiendo en la solicitud de rectificación indicar qué datos desea que se modifiquen o corrijan.

A dicha solicitud, el titular de los datos -solicitante de la rectificación-, deberá acompañar la documentación justificativa en la que base su pretensión.

El derecho de supresión tiene por objeto la eliminación, sin dilación indebida, de los datos personales cuando su tratamiento no sea lícito o haya desaparecido la finalidad que motivó su tratamiento. Existen excepciones que justifican la improcedencia en la atención del mismo, por ejemplo, cuando deba prevalecer la libertad de expresión o de información, el cumplimiento de una obligación legal, la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o fines de archivo, de investigación o estadísticos.

En particular, el interesado podrá solicitar la supresión de los datos personales que le conciernen cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo;
2. el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad, y este no se base en otro fundamento jurídico;
3. el interesado se oponga al tratamiento, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento;
4. los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;
5. los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal que se aplique al responsable del tratamiento.

Si el Senado hubiese hecho públicos los datos personales y estuviese obligado a atender una solicitud de supresión, adoptará las medidas razonables, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, para informar a terceros que estén tratando dichos datos personales de la obligación de suprimir cualquier enlace, copia o réplica de los mismos.

El derecho a la limitación del tratamiento puede ejercerse cuando se cumpla alguno de los requisitos siguientes:

1. el interesado impugne la exactitud de los datos personales, mientras el Senado verifica la corrección de los mismos.
2. el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso.
3. el Senado ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
4. el interesado se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.

En caso de que el Senado hubiese accedido a la limitación del tratamiento, los datos personales afectados sólo podrán ser tratados con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público.

Si se levantase la limitación del tratamiento, el Senado informará al interesado con anterioridad.

Este derecho permite recibir los datos personales facilitados al Senado en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y poder transmitirlos directamente a otro responsable del tratamiento, y siempre que sea técnicamente posible y además no afecte negativamente a los derechos y libertades de otras personas.

Este derecho tendrá poco margen de aplicación en el Senado, ya que sólo tiene cabida cuando el tratamiento se basa en el consentimiento, o en un contrato, y además el tratamiento se efectúe por medios automatizados.

No se aplica a los tratamientos, habituales en el Senado, cuya base jurídica sea el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.

Su reconocimiento y efectos no obstan al ejercicio del derecho de supresión.

El derecho de oposición es el que ejerce el afectado para que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal, o se cese en el mismo. El derecho de oposición puede ejercerse en cualquier momento, por motivos relacionados con la situación particular del interesado, cuando los datos personales sean objeto de un tratamiento basado en el ejercicio de poderes públicos.

En estos casos, atendiendo a la situación particular alegada por el afectado, el Senado cesará en el tratamiento de los datos, y en especial, en la publicidad de los mismos, salvo que acredite un motivo legítimo imperioso o sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

Asimismo, puede ejercerse cuando el tratamiento tenga por objeto fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, por motivos relacionados con su situación particular, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público.